APUNTES DE ECONOMÍA

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Nº 15

NOTAS SOBRE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. IZQUIERDA UNIDA ANTE LA PRÓXIMA REFORMA FISCAL. REUNIÓN CON LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTANQUEROS DE ESPAÑA.

NOTAS SOBRE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA El Grupo Parlamentario Izquierda Verde-IU-ICV ha jugado un papel exigente en la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2005. Fruto de la negociación con el Gobierno y el Grupo socialista, se han logrado algunas mejoras en capítulos importantes para nosotros: incremento en las plantillas de inspección laboral, aumento en las dotaciones para investigación, más recursos para atención a la dependencia, creación de un fondo municipal para la inmigración, incremento de la ayuda al desarrollo, y cierto impulso a las energías renovables y el ahorro energético. Así mismo y como complemento a esta tramitación, nuestro Grupo Parlamentario planteó diversas prioridades en forma de enmiendas para conformar cierto giro inversor, social y ambiental, en el Presupuesto. Así, algunas fueron incorporadas a la Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley, otras fueron aceptadas o transaccionadas en la Comisión de Presupuestos y, por último, el resto lo fueron en la sesión del Pleno de la Cámara. En su aprobación definitiva por el Congreso, los créditos incorporados a los Presupuestos Generales del Estado para 2005 que traducen las enmiendas que planteamos afectan a diversas secciones y son de distinta naturaleza, de tal forma que hasta el reconocimiento de las obligaciones derivadas de los gastos aprobados y comprometidos puede pasar un tiempo prudencial. Por tanto y vencidos ya tres meses desde la aprobación de los Presupuestos, se han realizado las preguntas parlamentarias respectivas para conocer el estado de diferentes partidas y sus previsiones de ejecución en el ejercicio. Otro punto interesante relacionado con la tramitación de los PGE ha sido terminar con el abuso de la conocida como “ley de acompañamiento”, reivindicación histórica de IU, ya que esta Ley ha sido utilizada desde principios de los años 90 para aprobar, dentro del trámite presupuestario, normativas dispares y en muchos casos ajenas completamente al hecho presupuestario. Pero sobretodo, hemos comprometido desarrollos legislativos que sí van a afectar a la política presupuestaria, como son la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el plan de lucha contra el fraude fiscal o la reforma fiscal, donde nuestra pretensión es superar el dogmatismo del déficit cero y mejorar la progresividad, equidad y suficiencia de nuestro sistema fiscal. Estos desarrollos forman parte de la Agenda Social pactada con el Gobierno para el año 2005, donde uno de sus puntos más importantes tendrá que ver con la regulación de la subcontratación para reducir la siniestralidad laboral, como proponía la Iniciativa Legislativa Popular promovida por CC.OO. en la legislatura pasada y bloqueada por el Partido Popular. Así el Congreso de los Diputados, por 166 votos a favor, 158 en contra y 4 abstenciones, ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción presentada por nuestro Grupo, iniciativa que comienza su trámite parlamentario el 10 de marzo, que pretende reforzar la prevención de riesgos laborales para reducir contundentemente la siniestralidad laboral y mejorar la calidad del empleo.

IZQUIERDA UNIDA ANTE LA PRÓXIMA REFORMA FISCAL A la espera de conocer las propuestas definitivas sobre la reforma fiscal en materia de IRPF que prepara el Gobierno, Izquierda Unida rechaza la reducción de tipos máximos adelantada por el departamento que lidera el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya que desde nuestro punto de vista no existen argumentos ni se dan las condiciones reales para seguir reduciendo tramos y tipos, sobre todo en el caso de contribuyentes con ingresos máximos, en un país que disfruta de una presión fiscal , 5 puntos por debajo de la media de la UE-15. Las disminuciones que se plantean, una vez más, serán especialmente beneficiosas para los españoles con rentas más altas, siguiendo así la senda de la política neoliberal de recorte de tipos máximos del IRPF que iniciaron los gobiernos de la derecha de José María Aznar en las dos legislaturas anteriores. Por tanto, se trata de una medida continuista y errónea, que da un paso más en una política fiscal

regresiva que nos conducirá a un modelo fiscal cada vez más injusto, descompensado e insuficiente para los nuevos retos que se debe plantear un Gobierno, como primar el impulso a las medidas sociales, -véase la futura Ley para la Atención a personas Dependientes-, o el acabar con el desfase de 7 puntos en gasto social que nos separan de nuestros vecinos comunitarios, por no hablar de los compromisos de gasto adquiridos ya con otros grupos parlamentarios. NECESIDAD DE MEJORAR LA ESTRUCTURA FISCAL Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL En lo que respecta a la estructura impositiva, en general, se puede observar que en España la capacidad recaudatoria del IRPF es muy baja respecto a la media de la Unión Europea (con los datos de Eurostat en 2002, un 2,8% del PIB menos) lo que conduce a que su peso en los ingresos fiscales sea un 5% inferior a la media. Resulta obvio, por lo tanto, la necesidad de incrementar la capacidad recaudatoria del impuesto. Eso ayudaría a que el peso de los impuestos directos se reequilibrase respecto al de los indirectos. No hay que olvidar además que entre 1995 y 2002 mientras la recaudación en la Unión Europea por IRPF aumentó un 0,4% del PIB en España disminuyó un 0,8% del PIB. Resultaría inexplicable que se siguieran los mismos pasos que los anteriores gobiernos del PP que, además de reducir la recaudación, hicieron el impuesto menos progresivo y lo fueron vaciando de sentido, consiguiendo una estructura fiscal más regresiva e insolidaria. Las orientaciones básicas de nuestra propuesta serían: A) Una reforma en el IRPF orientada a corregir los principales problemas que afectan al tributo para mejorar su equidad y suficiencia, como son: 1.- El que la carga tributaria recaiga básicamente sobre los rendimientos del trabajo asalariado, siendo por tanto preciso obtener más recursos de los rendimientos del capital (empresarial y financiero), siendo en este punto la lucha contra el fraude fundamental. 2.- El que la equidad horizontal brille por su ausencia: por ejemplo, solo habría que ver como dos contribuyentes con la misma capacidad económica son tratados de forma distinta dependiendo de la procedencia de sus rentas. 3.- El que la equidad vertical también está cuestionada: las rentas más altas son las que tienen un tratamiento fiscal más favorable. Una explicación son las deducciones en la base que favorecen, en mayor proporción, a los contribuyentes de mayores ingresos; pero también las reducciones en tramos y tipos marginales, que benefician en mayor medida a esos mismos contribuyentes. 4.- El que las dos últimas reformas han provocado una importante pérdida potencial de recaudación (anualmente, alrededor de 7.800 millones de euros) y las previstas con esta nueva propuesta pueden rondar los 2.000 millones de euros anuales, cosa en cierta forma poco asumible. Desde el punto de vista de Izquierda Unida, para solucionar estos problemas y mejorar la equidad y suficiencia del impuesto se debería, al menos, tener en cuenta los siguientes aspectos: 1.- Hacer públicos todos los datos que permitan a cualquier ciudadano tener una opinión cabal y fundada sobre lo que está en juego antes de cualquier consideración parlamentaria de esta reforma fiscal. Es decir, hacer público un estudio detallado, tanto de los efectos de las reformas de los gobiernos del PP en el tributo, como la que se piensa adoptar. En particular, sobre su impacto en la distribución de la carga tributaria por fuentes de renta y nivel de ingresos, así como el efecto operado de las distintas deducciones sobre la equidad del tributo. 2.- Asegurar la progresividad de la tarifa con más tramos y tipos más elevados para los contribuyentes de mayor capacidad económica. Siendo este tema el más complejo dado que existe la sensación de que quien no apueste por reducir tramos y tipos está alejado de la realidad (una realidad

que se encargó del conformar el PP). La progresividad del tributo depende de muchas cosas (mínimo exento, deducciones, etc.), es verdad, pero es fundamental el número de tramos y los tipos marginales. La carga tributaria se ajusta mejor cuanto mayor es el número de tramos y esto no tiene nada que ver con mayor o menor sencillez (como a veces se razona), no existiendo argumentos sólidos para seguir reduciendo tramos y tipos. El IRPF es un tributo relativamente complejo, como corresponde a un impuesto directo progresivo que intenta reconocer las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes. Reducir su complejidad revisando las exenciones, deducciones u otro tipo de particularidades es una buena noticia, siempre que estas intenciones se orienten a aumentar la equidad horizontal y vertical, y a mejorar la progresividad. Ahora bien, el mayor o menor número de tramos de la tarifa no es un elemento que afecte a la complejidad del tributo. Se dice (ya lo hizo el PP en su día) que los tipos marginales “elevados” desincentivan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y que esta elusión o fraude es mayor cuanto más diferencia existe entre los tipos marginales máximos del IRPF y el tipo del Impuesto de Sociedades, porque es rentable realizar operaciones de ingeniería fiscal. Son argumentos falaces. Es cierto que la elusión y el fraude se concentran en los tramos de rentas elevadas y en las rentas no salariales, pero la solución a esta cuestión pasa por potenciar la prevención y lucha contra el fraude y la elusión fiscal, y no por continuar concediendo regalos fiscales a las rentas más elevadas. Así habría que: 3.- Mejorar de forma efectiva el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo de menor cuantía. 4.- Equiparar la tributación entre rentas del trabajo y del capital. En particular, integrar las plusvalías en la base general del tributo. Podría establecerse un mínimo exento. 5.- Igualar las deducciones personales y familiares para todos los contribuyentes reconociéndolas en la cuota del tributo. 6.- Revisar el tratamiento fiscal de la vivienda, trasladando parte del gasto fiscal existente como consecuencia de las deducciones actuales por compra de primera vivienda a incentivar el alquiler o a realizar gasto público directo relacionado con esta materia. Respecto de este apartado se podría: a) Establecer un Plan Plurianual de reeequilibrio entre el Gasto Público directo y el Gasto por Desgravaciones Fiscales con el fin de que al final de la Legislatura los gastos estuvieran a la par, esto es al 50% y con el objetivo de situarse en el 70% - 30% respectivamente al término de la próxima legislatura. b) Una aplicación rigurosa de los ingresos fiscales suplementarios obtenidos por el Estado, a los Programas en Gasto Público en Vivienda básicamente dirigidos a: -

El control de los precios de las viviendas de Protección Pública y el incremento sustantivo de la producción de éstas. El incremento sustantivo y la generalización de ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas y barrios. Incremento de ayudas públicas directas para la adquisición de viviendas de demandantes con poco recursos.

c) Como instrumentos técnicos que resultarían indispensables para que tales objetivos políticos pudieran materializarse se podrían tener en cuenta, los siguientes: -

La congelación de la cuantía máxima sobre la que se establece la desgravación fiscal a lo largo de la legislatura, con un calendario que contemple a partir del final de esta legislatura una disminución de esta cuantía.

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La eliminación del tramo desgravatorio del 25% y aplicación a toda la cuantía de la cuota del 15%. La supresión de la desgravación en el IVA en las sociedades por la adquisición de viviendas, en paralelo con la reducción del IVA para todo tipo de vivienda principal libre.

7.- Revisar y reducir los incentivos fiscales por aportaciones a planes privados de pensiones. B) Revisar y reducir, en el Impuesto de Sociedades, el conjunto de beneficios fiscales para lograr una mayor aportación de las rentas del capital empresarial al sostenimiento del gasto público. C) En los impuestos cedidos a las CC.AA. sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, potenciar su progresividad y potencial recaudatorio, básicamente en lo que respecta a las grandes fortunas para mejorar la participación de estas rentas en la imposición directa y en la estructura fiscal global. Hay que recordar que las CC.AA. tienen capacidad normativa plena sobre estos tributos por lo que se precisa un consenso entre ellas y la Administración Central D) Introducir tributos de aplicación ecológica para su implantación armonizada en el espacio europeo. Estos tributos tendrán carácter finalista y su recaudación se destinará a la promoción de programas de investigación y desarrollo de energías renovables, medidas de ahorro y eficiencia energética, procesos anticontaminantes y mejora medioambiental. E) En el IVA, reducir los tipos a ciertos bienes y servicios de primera necesidad de acuerdo con la Sexta Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (77/388/CEE) y procurar ante Bruselas que se incluya la posibilidad de autorizar a los Estados miembros una ampliación de los servicios a los que se aplica un tipo inferior al reducido. Ejemplos que proponemos: aplicación del 4% a la prestación de los servicios de suministro domiciliario de electricidad, gas, agua y telefonía fija; aplicación del 4% al transporte colectivo; o tipos reducidos para la construcción de redes básicas de abastecimiento de agua. F) Así mismo habría que recoger algunos aspectos relacionados con la Fiscalidad Internacional aunque este apartado exceda respecto de la pura modificación de nuestro sistema presupuestario y fiscal, más cuando estamos asistiendo a un proceso de globalización que está produciendo una presión fiscal creciente hacia el trabajo por ser un facto menos móvil que el capital. Por ello creemos que debemos defender al menos tres medidas que puedan reequilibrar en parte esta situación, ya que con ellas se podría, en cierta medida: reestructurar la imposición del capital a nivel internacional impidiendo movimientos especulativos, frenar movimientos de este factor relacionados con las deslocalizaciones industriales, dumping fiscal y otros fenómenos que actúan como auténticas “termitas fiscales” que destrozan los sistemas impositivos nacionales socavando las bases fiscales, los mercados de trabajo y las actividades económicas reales. Estas medidas serían: a) Defensa en los distintos foros internacionales para la creación de una Tasa sobre los movimientos especulativos internacionales de capital a corto plazo (Tasa Tobin). b) Creación de un impuesto sobre las Inversiones Extranjeras Directas que podría contrarrestar tanto la evasión fiscal derivada de la movilidad de capitales como la erosión de los derechos fundamentales de los trabajadores en los países que las acogen. c) Puesta en marcha de una Tasa Unitaria, al estilo de la existente en EE.UU., que pusiera coto a la manipulación que las compañías multinacionales hacen con los precios de transferencia para decidir en qué países declaran beneficios.

G) Una reforma fiscal sin un Plan real de Lucha contra el Fraude Fiscal podría suponer un retroceso recaudatorio añadido al provocado por las modificaciones fiscales realizadas por el anterior gobierno del PP. El Gobierno al anunciar al inicio de su mandato la presentación de un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal generó ciertas expectativas positivas en aquellos contribuyentes que perciben que la carga tributaria recae básicamente sobre los rendimientos del trabajo asalariado y en la imposición indirecta, así como el distinto tratamiento que tienen los rendimientos del trabajo respecto de los del capital y la existencia de una gran bolsa de fraude fiscal. Tras conocerse el contenido de este Plan el resultado ha sido justamente el contrario, al producirse una frustración en las expectativas generadas, debido a la eliminación, en su trámite de redacción, de gran parte de aquellas medidas significativas para la lucha y persecución de este tipo de comportamientos al tiempo que se suavizaban las disposiciones a adopta, poniendo de relieve quienes son los verdaderos grupos de presión o de poder fáctico que pueden doblegar la voluntad de un Gobierno que muestra una cierta cobardía a la hora de tomar las decisiones oportunas con el fin de erradicar la existencia de comportamientos fraudulentos con la Hacienda Pública. Desde el punto de vista de Izquierda Unida el Gobierno debería tener en consideración las orientaciones y criterios que desde las Organizaciones Profesionales se le han trasladado. Siendo en este sentido prioritario la aprobación de un Estatuto de la Agencia Tributaria que lleva 13 años pendiente, y un Estatuto donde la Oficina Nacional de Investigación del Fraude tenga mayores competencias legales, programáticas y jurídicas. Por último, sería un grave error el mantener el actual nivel de burocratización existente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la decisión de no dotar de los medios necesarios legales, materiales y de financiación a la para mejorar la eficacia en la lucha contra comportamientos fiscales fraudulentos, así como el renunciar a la creación de una Policía Fiscal o la adopción de medidas, tanto penales como administrativas, encaminadas a exigir responsabilidades solidarias a despachos o instituciones que comercialicen productos susceptibles de originar fraudes fiscales.

REUNIÓN CON LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTANQUEROS DE ESPAÑA Con el fin de analizar el conjunto de más de 100 medidas que el pasado 25 de febrero dio luz verde el Consejo de Ministros con el fin de impulsar la productividad, que afectan a distintos mercados entre los que se encuentran los financieros, energéticos, el de la vivienda y el de tabacos entre otros y que serán tramitadas en breve como leyes en el Congreso de los Diputados, se han mantenido distintas reuniones con representantes de sectores afectados por éstas. Así, el pasado día 8 en los locales del Grupo Parlamentario de IV-IU-ICV se mantuvo una reunión solicitada por los secretarios generales de la Unión de Estanqueros de España y de la Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros. En esta reunión se analizaron las medidas que les afecta directamente y que pueden poner en grave riesgo a los minoristas de este sector. Partiendo de la premisa de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, y en especial los contenidos en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de tabaco, se llegó a la conclusión de que las medidas presentadas por el Gobierno para este sector, además de no haber sido consultadas con representantes de éste y no parecer que estén influidas por ningún tipo de directiva o norma al respecto que nos obligara a realizar esta reforma, sólo servirán para “dejar en bandeja” a medio plazo el control de todo el sector a las multinacionales tabaqueras, con lo que quizás se aumente la productividad pero a costa de que se refuercen los oligopolios y disminuya la competencia y el servicio actual prestado.

Esto se produciría como consecuencia de la eliminación de ciertas restricciones que en la actualidad tiene la distribución mayorista, como por ejemplo: la eliminación de la obligatoriedad de tener que contar con almacenes propios y con una dirección exclusiva del transporte, o que los mayoristas puedan obtener concesiones de expendedurías, aunque este último apartado es posible que se elimine en su tramitación. Y por la adopción de una serie de medidas para reformar e impulsar la eficiencia y la productividad en el funcionamiento de la red de distribución minorista (estancos): -

permitiendo que éstos puedan transportar el tabaco a sus clientes del segundo canal, suavizando para ello las restricciones que se les imponía para realizar este suministro permitiendo la transmisión intervivos a personas no familiares del titular de la expendeduría, restringiendo, al tiempo, el plazo de las concesiones que se efectúen a partir de la entrada en vigor de la Ley así como las que se transmitan, a 25 años. Medida que podrá favorecer la existencia de un cierto tipo de especulación al respecto (pujo-compro-vendo).

Por último y respecto de los vendedores del segundo canal, estos podrán pasar a suministrarse de los 6 estancos más cercanos, siendo en la actualidad de 3, con lo cual aumentará el espacio de competencia entre concesionarios, con lo que a medio plazo no se puede descartar que algunos desaparezcan... o vendan, afectando a corto plazo a la calidad y al volumen del servicio público prestado, en especial en pequeñas localidades. Para Izquierda Unida estas medidas son un despropósito total y atacan la neutralidad del sistema. En el mismo sentido habría que decir que parecen estar diseñadas para favorecer a los que en la actualidad no cumplen con la normativa vigente en el mercado de tabacos, como consecuencia de la inoperatividad y dejación del Comisionado del Mercado de Tabaco para la aplicación de lo dispuesto en la Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos y que conlleva a que exista un gran problema de competencia desleal en el sector, sobre todo en lo relativo al reparto de tabaco al segundo canal, con lo que una de las mejores formas de quitarse responsabilidades de encima es legalizar la situación (muerto el perro se acabó la rabia). Esta situación hace necesario que se adopten otro tipo de medidas distintas, que sirvan para resolver realmente los problemas del sector: Potenciar la labor del Comisionado con unos medios humanos y técnicos suficientes, no solamente para realizar tareas de recaudación, sino para potenciar las tareas de inspección, luchando así contra las irregularidades que se estén cometiendo y protegiendo al tiempo a los concesionarios que cumplen con la legalidad vigente, el mantenimiento del empleo estable, la recaudación, la pervivencia del pequeño comercio del tabaco, el fomento del asociacionismo, la puesta en marcha de programas de modernización de la red, planes de formación, etc, revirtiendo así en cierta medida parte de los recursos que la propia red genera y no por el contrario complicando más su existencia favoreciendo la penetración de las grandes multinacionales del sector en este tipo de distribución. Por último, para Izquierda Unida, cabría preguntarse si a la hora de adoptar estas medidas se ha tenido en cuenta la situación que podrán alcanzar los productores y fabricantes nacionales, ya que podrían ver afectada tanto su producción como el empleo que generan como consecuencia de una mayor penetración de multinacionales extranjeras, y que podría tener consecuencias funestas para el sector tabaquero Canario. O si se han tenido en cuenta otro tipo de medidas, como por ejemplo, combatir el posible fraude existente en torno a la publicidad del tabaco y su venta a través de máquinas expendedoras, o el que las expendedurías tengan que ser el sitio natural en donde se venda el tabaco y por tanto que exista un mayor rigor en la asignación de licencias de venta al segundo canal.

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