Boletín BOLFOR Edición No. 19, Enero 2000

BOLFOR Proyecto de Manejo Forestal Sostenible

Contenido Las Agrupaciones Sociales del Lugar en el Régimen Forestal de la Nación William Cordero

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Proyecto BOLFOR

Uno de los tantos cambios que ha significado el régimen forestal de la nación a partir de Julio de 1996, ha sido la incorporación de usuarios tradicionales del bosque a actividades legales enmarcadas en la normativa vigente. Uno de los grupos más importantes de estos usuarios tradicionales son las Agrupaciones sociales del lugar (ASLs). Las Agrupaciones sociales del lugar son “colectividades de personas con personalidad jurídica o que la adquieran para tal efecto, conformadas por usuarios tradicionales, comunidades campesinas, pueblos indígenas y otros usuarios del lugar que utilizan recursos forestales, dentro de la jurisdicción de una Municipalidad o Mancomunidad de Municipalidades, constituidos y calificados conforme a la Ley y el presente reglamento para ser beneficiarios de concesiones en las áreas de reserva destinadas para tal fin” (Reglamento Ley Forestal 1700). En otras palabras son cualquier grupo de vivientes de un lugar, de los que tradicionalmente han utilizado recursos forestales, y que estén dispuestos a agruparse y acogerse a la normativa vigente.

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continúa en la página 2

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Las ASLs de la Provincia Velasco: un Modelo para el Resto del País Daniel Nash............................……..

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BOLFOR y las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) Raúl Lobo Anthony Stocks….............................

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Atribuciones Municipales en el Régimen Forestal de la Nación............

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Apoyo del Proyecto BOLFOR a las ASLs y UFMs José Ledezma....................................

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Fortalezas y Debilidades de algunas Agrupaciones Sociales del Lugar Freddy Contreras...............................

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Avances en el Proceso de Certificación de Tierras Fiscales para Concesiones Forestales y Areas Forestales de Reserva Municipal William Cordero...............................

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Nuestras Publicaciones.......................

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viene de la página 1. La consideración que hace el régimen forestal de la Nación de estos grupos se origina en la situación que se había presentado durante años en diferentes zonas madereras, como por ejemplo, en la provincia Velasco. Los contratos forestales otorgados por el Centro de Desarrollo Forestal incluían grandes superficies en pocas empresas, estas superficies incluían hasta los mismos pueblos y la no-disponibilidad de bosques para los vivientes del lugar, promovía que los mismos tuvieran que ejercer actividades ilegales dentro de las áreas otorgadas en contrato a las empresas. El acceso “ilegal” a los recursos, promovía la informalidad, las malas relaciones entre empresas y pobladores del lugar y la degradación del bosque. Por otra parte se reconoce que los habitantes de estas regiones forestales tradicionalmente habían hecho uso de los recursos del bosque y lo más importante, seguirían haciendo uso de los mismos, por lo que era indispensable establecer una alter-nativa para que ese uso de los recursos fuera legal. La alternativa planteada por la Ley Forestal, fue agruparlos y otorgarles concesiones de tal manera que trabajaran en áreas definidas y no en cualquier parte. A poco más de tres años de la promulgación de la Ley Forestal, no cabe duda, que los parlamentarios de esa época, conocían de estos problemas y plantearon algunas alternativas. Los beneficios de estas alternativas todavía están por verse, pero ya al menos se dan pasos en esta dirección. Los usuarios tradicionales han aceptado los retos planteados, se han agrupado, se han capacitado y se han acogido a las diferentes regulaciones establecidas por la Ley Forestal y sus otros instrumentos. Hasta la fecha hay ASLs en funcionamiento o en proceso de conformación en los departamentos del Beni, Pando, La Paz y Santa Cruz. Algunas ASLs ya han completado sus inventarios y planes de manejo y otras han inclusive realizado aprovechamientos. El trabajo no ha sido fácil y a pesar de los esfuerzos que han hecho las ASLs todavía hay obstáculos burocráticos que no logran vencerse, obstáculos que lamentablemente los legisladores de 1996 no podían prever.

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Por otra parte, al igual que todas las otras empresas forestales, las ASLs se han visto afectadas por la crisis económica general que vive el país reflejada en la caída de precios y de las ventas. Cuando se toma en cuenta que estas agrupaciones recién están naciendo y que en muchos casos sus bosques ya habían sido aprovechados anteriormente, los efectos de falta de ventas y bajos precios son todavía más críticos. Aparte de los problemas de mercado, las ASLs tienen el reto de convertirse en empresas rentables, que cumplan la función social que deben cumplir con sus miembros y así se hagan sostenibles en el tiempo. Igualmente, deben ser empresas transparentes en los que los costos y los beneficios sean compartidos entre todos los miembros. Estos no son retos fáciles para estas organizaciones y las relaciones comerciales que lleguen a concretarse entre las ASLs y las otras empresas forestales ya establecidas serán clave para el éxito de las ASLs y el beneficio mutuo de todos los participantes. Las empresas establecidas tienen en las ASLs una fuente más de materia prima y las ASLs pueden también ver ampliadas sus posibilidades de mercados. Como muchas otras cosas en el nuevo régimen forestal de la Nación, todo lo referente a las ASLs apenas ha iniciado su aplicación, un inicio que no ha sido fácil y un inicio que pudo haber sido más productivo, pero lo más importante es que se dan estos esfuerzos hacia la implementación del la normatividad forestal del país y que Bolivia puede verse muy beneficiada en el corto y el largo plazo de los resultados a los que se llegue. Una vez más, esta es otra oportunidad para que Bolivia se muestre al resto del mundo como un buen ejemplo.

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Las ASLs de la Provincia Velasco Un Modelo para el Resto del País

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Daniel Nash1

n 1996, al promulgarse la Ley Forestal 1700, se reconoce oficialmente a las Agrupa-ciones Sociales del Lugar señalando que éstas serían constituidas por “colectividades de personas con personalidad jurídica o que la ad-quieran para tal efecto, conformadas por usuarios tradicionales, comunidades campesinas, pueblos indígenas y otros usuarios del lugar que utilizan recursos forestales, dentro de la jurisdicción de una Municipalidad o Mancomunidad de Munici-palidades, constituidos y calificados conforme a la Ley y su reglamento para ser beneficiarios de concesiones en las áreas de reserva destinadas para tal fin”. Durante el proceso consultivo previo a la promulgación de la ley, el principal impulsor del concepto de Agrupaciones Sociales del Lugar fue el exSenador Jorge Prestel, quien, junto con la Sra. Neisa Roca, actual Viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, trabajó intensamente para incluir a las ASLs entre los actores del sector forestal. La inquietud del Sr. Prestel se basaba en la magnitud de la actividad maderera informal que se desarrollaba en la provincia Velasco, a la cual representaba en el Senado, como consecuencia de la falta de alternativas de acceso legal a los recursos del bosque. Hoy, tres años después de la promulgación de la ley, las ASLs de la provincia Velasco ya cuentan con áreas donde trabajar, están en proceso de elaboración de los planes de manejo y han recibido aprobación legal para operar sus Areas de Aprovechamiento Anual (AAA), si bien el trámite oficial de otorgación de concesión aún no se ha dado. Aproximadamente 350.000 hectáreas han sido propuestas por los concejos municipales de los tres municipios de la provincia Velasco (San Rafael, San Miguel y San Ignacio) al Ministerio de

Desarrollo Sostenible y Planificación, para que éstas sean otorgadas por la Superintendencia Fo-restal a diez ASLs. La SF autorizó, en primera instancia, la realización de Planes Operativos Anuales Forestales (POAF) para el aprovecha-miento de 1999, los cuales no incluían censos pero sí implicaron un muestreo de los bosques y la delimitación de las AAA.

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Marcador de una de las picas de inventario en la concesión de la ASL “Mucha Miel”

____________ 1. Proyecto BOLFOR

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Superficies en concesión y bajo aprovechamiento de las ASLs en la provincia Velasco Nombre de la ASL

Sección de Provincia

Superficie en concesión (ha)

Superficie bajo aprovechamiento (ha)

AFOMASAN

San Miguel

45.963

1.843

AMAISAN

San Miguel

49.000

2.790

Mucha Miel

San Rafael

20.474

710

Cortadores de Madera

San Rafael

30.576

1.131

Agroforestal

San Rafael

59.586

2.129

Tuná

Tuná/S. Rafael

25.005

992

Santa Ana

San Ignacio

44.193

2.257

Madereros

San Ignacio

44.191

2.000*

*Aproximadamente

Del mismo modo que se efectuó ante-riormente con algunas empresas, a partir de junio de 1999 el Proyecto BOLFOR apoyó a ocho ASLs de la provincia en la realización de inventarios forestales y planes de manejo, cuya ejecución es un requisito indispensable para que éstas se enmar-quen debidamente en el Régimen Forestal de la Nación a partir del año 2000. El apoyo del proyecto ha consistido en brindar los materiales necesarios para la ejecución de los inventarios forestales, apoyo logístico parcial para el apro-visionamiento de víveres y agua a los campamentos, y un equipo de seis profesionales fores-tales encargados de la coordinación del trabajo y del levantamiento de la información, quienes, conjuntamente con los profesionales y personas capacitadas de las agrupaciones, se encargaron, tam-bién, de la elaboración de los respectivos planes de manejo. Al respecto, debe destacarse que las ASLs cuentan con técnicos o profesionales forestales de contraparte al personal de BOLFOR. Asimismo, es importante señalar que, como una colaboración especial, el proyecto prestó su apoyo en el pago de alrededor del 50% de los jornales necesarios para las labores de inventario y el 50% restante fue aportado por las ASLs. Hasta la fecha, gran parte del aprovecha-miento de las distintas AAA se ha llevado a cabo y la madera se encuentra lista para la comercializa-ción, si bien los efectos de la recesión económica que actualmente experimenta el país, se han dejado sentir en la falta de compradores. La crisis no sólo ha afectado a las grandes empresas madereras ya establecidas, sino también a los nuevos participantes del sector forestal. Sólo cabe esperar que este último obstáculo sea superado y que la voluntad y el dinamismo mostrados por las autoridades y los integrantes de las ASLs de la provincia Velasco continúe, para demostrar, me-diante la rentabilidad

económica de sus opera-ciones, que el modelo forestal sí funciona en lo que se refiere a las Agrupaciones Sociales del Lugar y que esta experiencia se puede repetir, con re-sultados similares, en otras regiones productoras de madera del país.

Troncas provenientes del área de aprovechamiento de la ASL “Mucha Miel”

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BOLFOR y las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs)

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Raúl Lobo1 Anthony Stocks2

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n los últimos años, después de la promulgación en 1996 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715), se han cambiado por completo las reglas del juego para los actores que trabajan en los bosques del trópico de Bolivia. Las tierras indígenas actual-mente tituladas, en vías de titulación o manejadas por grupos indígenas bajo el mandato del Tados, representan más del 18% de la superficie de Bolivia y casi 40% de la región oriental. Los datos son los siguientes: 8 “territorios indígenas” con títulos 16 demandas nuevas bajo inmovilización 1 demanda nueva bajo inmovilización preliminar 3 demandas en elaboración 1 parque nacional bajo manejo indígena exclusivo

Entonces, para un Proyecto con los objetivos y el alcance de BOLFOR, el nuevo panorama de tenencia de tierra presenta un desafío grande. ¿Qué debería o podría ofrecer un proyecto forestal para hacer que el manejo de los bosques en las TCOs sea sostenible?. Para una respuesta ade-cuada a esta interrogante, BOLFOR encargó un estudio de las iniciativas forestales en los bosques de las TCOs. Los resultados del estudio de tres meses, contienen los siguientes puntos importantes: Hay una degradación rápida de los recursos forestales en las TCOs, especialmente en Cocha-bamba, Sur del Beni y partes de la Chiquitania en Santa Cruz, por razones de colonización, expansión ganadera, y aprovechamiento forestal irracional e ilegal. La arremetida de terceros seguirá así, en tanto las TCOs no refuercen la capacidad de gestión de sus territorios. Si bien los títulos garantizan el derecho jurídico, en el sector rural el título en sí no asegura propiedad si no hay posesión permanente. Pero, la mayoría de las TCOs no ha consolidado una representación política interna adecuada, en parte debido a las presiones sobre la venta de madera. Además, muchas combinan grupos de varias etnias con diversas condiciones culturales y organizativas sin mecanismos para la plena participación de todos en la gestión de la TCO. La tenencia de la tierra queda en duda. La situación se complica en muchos casos por falta de apoyo político de las Prefecturas y Gobiernos Municipales para la gestión indígena. Un aspecto central es que las TCOs, aparentemente, tendrán que contribuir al desarrollo económico de la región y de sus propias poblaciones para gozar del apoyo político y establecer derechos de facto sobre la tierra. Esto implica que una acción suma-mente lógica que podrían tomar las nuevas TCOs es la consolidación de los reclamos de tierra a través de planes de uso de tierra en general y planes de manejo forestal el marco de la Ley Forestal. Tales acciones contribuirían enormemente a la consolidación de una representación política en la TCO si se desarrollan sobre la base de una participación pública muy fuerte.

= 2.9 millones de hectáreas = 11.7 millones de hectáreas = 1.4 millones de hectáreas = >1.0 millones de hectáreas = 3.4 millones de hectáreas

Aunque solamente una pequeña parte de esta superficie está saneada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aún con las reducciones de superficie inevitablemente asociadas con la legalización de las tierras privadas de propietarios con derechos adquiridos en el pasado, la probabilidad es que los grupos indígenas serán propietarios comunales de hasta 14 millones de hectáreas del oriente boliviano quedando con un total de siete millones de hectáreas de bosques de producción. La Ley Forestal (Ley 1700) otorga a los indígenas derechos exclusivos sobre los bosques dentro las TCOs que no están afectadas por derechos anteriores como en el caso de concesiones forestales. 1. Especialista en Forestería Comunal, 2. Consultor

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base, hecho que exige de la organización política una metodología y la capacidad de llegar a todos los niveles para mantener, a largo plazo, una base social informada y consensuada sobre la relación y comunicar las inquietudes a los socios empresariales. Obviamente, el trabajo del futuro para BOL-FOR (y tal vez otros posibles proyectos en el futuro) es grande con respecto a las TCOs. Es un trabajo que abarca líneas de acción sociales y organizativas y una metodología de trabajo distinta al pasado. El tiempo de duración de un proyecto como BOLFOR, posiblemente, no permitiría cambios tan profundos y un impacto a la escala necesaria para cambiar la situación del manejo de bosques en las TCOs. Por esta razón, existe un espacio, muy sentido, para un proyecto futuro con financiamiento internacional que po-dría refortalecer las capacidades indígenas para el manejo de bosques y los recursos naturales dentro de las TCOs. Tal programa podría dejar una herencia de instituciones indígenas centralizadas de apoyo técnico a las TCOs, y a la vez instituciones locales técnicas/administrativas, al nivel de las TCOs, que podrían garantizar un futuro sostenible para los bosques indígenas bajo cualquier modelo de manejo.

Entonces, el establecimiento de planes de manejo forestal podría tener tres efectos importantes: 1) protección del bosque que permita frenar la arremetida permanente de terceros, 2) fortalecimiento de los gobiernos internos de las TCOs a través de una participación fuerte en la elaboración de los planes para el manejo de recursos y 3) posibilidad de generar ingresos adicionales a la economía de las familias indígenas. Pero hay un problema muy serio: el proceso no será efectivo para proteger los bosques de las TCOs si los planes no abarcan áreas grandes. Cuando pensamos en áreas grandes hay, al menos, cuatro factores limitantes severos en el mundo indígena: la falta de capital, la falta de capacidad organizativa local, la baja capacidad técnica y la falta de instituciones de apoyo con la capacidad logística y técnica para trabajar en gran escala. ¿Y si superan estos obstáculos y logran planes de manejo sobre áreas grandes, qué pasa después? ¿Cómo van a implementar los planes para posesionarse del espacio como la situación exige?. Las instituciones privadas, ONGs, proyectos, Iglesia, etc. de algún modo han mostrado una importante preocupación para apoyar el manejo forestal sostenible en las TCOs. Sin embargo, la falta de recursos, de metodologías apropiadas, de enfoques de trabajo coherentes y de experiencias exitosas previas no ha permitido un avance sustancial acorde con las necesidades, para evitar la degradación de los bosques que influye en el empobrecimiento de las comunidades indígenas y la debilitación de su representación política. Obviamente se necesita una acción profunda y oportuna. Es este contexto, muchos observadores piensan que una conexión entre empresas privadas y bosques indígenas, en el marco de la Ley Forestal y bajo las condiciones reglamentadas por la certificación “verde”, podría ayudar en la “ocupación” del espacio y, por lo tanto, en el fortalecimiento del ejercicio del gobierno interno en las TCOs. En otras palabras, el manejo de bosques, para fines comerciales a través de contratos y bajo certificación, está visto por muchos como una posible solución a los problemas de inseguirdad de tenencia, y problemas políticos y económicos que sufren ahora las TCOs. Si bien es cierto que hay precondiciones muy alentadoras para que estas relaciones puedan tener éxito, la capacidad de negociación de las TCOs tiene que ser mucho más fuerte con instituciones democráticas propias, llevando adelante negociaciones basadas en información exacta sobre la calidad, cantidad y valor de sus recursos naturales. Para que esto sea realidad, las TCOs tienen que contar con equipos técnicos/administrativos bien adiestrados y capaces de establecer las condiciones técnicas de los planes de manejo, monitorear el cumplimiento de contratos, y llevar la contabilidad para que los beneficios puedan ser distribuidos de manera equitativa por las organizaciones políticas para el desarrollo de la TCO. Toda la información tiene que ser transmitida a la 6

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Atribuciones Municipales en el Régimen Forestal de la Nación*

♠ Proponer al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) la delimitación de áreas de reserva por el 20% de tierras fiscales de producción forestal permanente destinadas a concesiones para Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs). ♠ Calificar a las ASLs para su aprobación por el MDSP. ♠ Proponer al MDSP programas de concesiones a las ASLs. ♠ Prestar apoyo a las ASLs en la elaboración e implementación de sus planes de manejo. ♠ Apoyar en la elaboración, implementación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Predial (POPs). ♠ Ejercer la facultad de inspección de: actividades forestales, desmontes, quemas controladas, planes de ordenamiento predial y programas de abastecimiento de materia prima, elevando a la Superintendencia Forestal (SF) los informes y denuncias. ♠ Proponer a la SF la realización de una auditoría forestal de cualquier concesión.Inspeccionar, en el terreno, el cabal cumplimiento de las autorizaciones de aprovechamiento y permisos de desmontes y comunicar los resultados a la SF. ♠ Disponer medidas preventivas de inmediato cumplimiento antes hechos flagrantes. ♠ Solicitar a la autoridad competente el decomiso preventivo de productos ilegales y medios de perpetración. ♠ Desempeñar otras facultades que le sean delegadas por la SF previo acuerdo de partes.

_____________ * Según lo establece la Ley Forestal 1700, su Reglamento (D.S. 24453) y las Resoluciones Ministeriales # 130, # 131, # 133 aprobadas en 1997.

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Apoyo del Proyecto BOLFOR a las ASLs y UFMs José Ledezma1

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La SF ha aprobado un total de 19 POAF, de los cuales 8 corresponden a la Provincia Velasco (Santa Cruz), 4 a la Provincia Ballivián (Beni) y 7 a la Provincia Iturralde (La Paz). Es importante indicar que para alcanzar los resultados mencionados, el Proyecto BOLFOR aportó varios profesionales y técnicos forestales, quienes apoyaron cada una de las etapas de trabajo, tanto de campo como de gabinete, y las ASLs contribuyeron, también, con sus propios técnicos. Asimismo, durante la ejecución de los inventarios forestales, se dispuso de instrumentos de medi-ción, equipos de comunicación, materiales y dos camionetas para movilizar gente, proveer agua y víveres, trasladar campamentos, etc. Otro aspecto importante en el que BOLFOR prestó su apoyo permanente fue la capacitación, que se brindó desde el inicio de las actividades de las ASLs. Para este fin, se organizaron varios cursos sobre temas diversos como la ley forestal y las normas técnicas, planificación del aprovecha-miento forestal, manejo de instrumentos, inventarios y censos forestales, tala dirigida, certificación forestal, etc. También, se impartieron cursos a todas la UFMs en temas relacionados con la ley forestal y las normas técnicas, elaboración de planes de manejo, planes operativos, inventarios y censos forestales, SURFER, sistema de posiciona-miento global (GPS), parcelas permanentes de medición (PPM’s), identificación de problemas y soluciones, etc. Para finalizar, cabe señalar que en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz, en un total de 36 municipios, existen alrededor de 64 ASLs, de las cuales ya 34 han sido calificadas por los respectivos concejos municipales. Los mencionados municipios han elevado al MDSP solicitudes de Areas Forestales de Reserva Municipal (AFRMs) por una superficie total de 2.006.205 ha.

l Proyecto de Manejo Forestal Sostenible BOLFOR ha contribuido a las acciones de las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs) y las Unidades Forestales Municipales (UFMs), brindando el apoyo técnico y la orientación necesarios para poder promover el uso sostenible de los recursos naturales en sus respectivas jurisdicciones, dentro del marco establecido por la nueva ley forestal, su reglamento y las normas técnicas vigentes. Hasta fines del año 1999, se concluyó la mayoría de los trabajos que se habían planificado para dicha gestión, en un esfuerzo conjunto entre BOLFOR, ASLs y UFMs. Se realizaron muestreos de baja intensidad en las Áreas de Aprovecha-miento Anual (AAA) para elaborar, posterior-mente, los correspondientes Planes Operativos Anuales Forestales (POAF) y presentarlos a la Superintendencia Forestal (SF). También, se realizaron inventarios forestales para siete ASLs, abarcando un área de aproximadamente 242.000 ha; cinco en la Provincia Velasco con las ASLs Agroforestal, Mucha Miel, AMAISAN, AFOMA-SAN y Madereros San Ignacio, y dos en la Provincia Iturralde con las ASLs Siete Palmas y San Antonio. Por otra parte, se encuentran en proceso dos inventarios forestales, también en la Provincia Velasco, en un área de 80.000 ha perteneciente a las ASLs Santa Ana y Cortadores de Madera. Asimismo, se han elaborado y presentado a la SF los Planes de Manejo de las ASLs Agroforestal y Mucha Miel, esperándose su pronta aprobación, y los Planes de Manejo para las ASLs AMAISAN, AFOMASAN, Madereros San Ignacio, Siete Pal-mas y San Antonio se encuentran casi totalmente concluidos. _____________________ 1 Especialista en Manejo Forestal - BOLFOR

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Fortalezas y Debilidades de algunas Agrupaciones Sociales del Lugar Freddy Contreras1 partir de la promulgación de la ley 1700, en 1996, las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs) pasan a ser nuevos actores del manejo forestal en el país. Desde 1997 se comienzan a formar, califican inician actividades de planificación del manejo forestal y en algunos casos se llega a ejecutar aprovechamiento forestal. Durante este período, se ha podido evidenciar, que como en toda actividad nueva, se presentan fortalezas y también debilidades; aspectos que son comunes a todas las ASLs. Entre algunas de las fortalezas de las ASLs se pueden citar que: (1) conocen bien el recurso forestal, (2) cuentan con concesiones, (3) tienen experiencia en trabajos de corta y arrastre y (4) el acceso a las concesiones es relativamente bueno Las debilidades se presentan en los siguientes aspectos: Organización: si bien las ASLs han presentado para su calificación estatutos y reglamentos internos, éstos han sido sólo un requisito para lograr la personería jurídica. Esto ha provocado que la aplicación de las normas al interior de las agrupaciones no se manifieste, además de que el conocimiento de cada miembro sobre dicha reglamentación es escaso o nulo. Esta situación ha provocado que los miembros de la ASL tengan cierta desconfianza de las directivas, puesto que no saben cómo y cuándo solicitar una rendición de cuentas, cuándo se debe renovar la directiva, cuáles son los derechos y obligaciones de los miembros y la directiva, cuáles son los aportes, etc. También se ha observado que los reglamentos internos no están adecuados a la realidad de las ASLs. Estructura de costos: los precios de la madera que fijan las ASLs no están en función de una estructura de costos, sino que se toman precios referenciales de alguna ciudad o de consultas con los compradores de madera. Estos precios no toman en cuenta los pagos que se tienen que hacer como patente forestal, pago del profesional forestal, funcionamiento del proceso (censos), compra de equipos y distribución de beneficios entre los miembros. Debido a

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esto, no se estaría aprovechando la oportunidad que brindó la Superintendencia Forestal para que las ASLs se capitalicen y accedan a recursos para ejecutar los inventarios y censos. Contratos de compra y venta de madera: muchas ASLs han procedido a la elaboración de contratos de compra y venta de madera, éstos, en muchos casos, sólo mencionan el nombre del comprador, el nombre del vendedor, las especies y los precios de éstas; sin especificar, por ejemplo duración del contrato, las calidades, dónde se entregará la madera, dónde se realizará la medición de la troncas, los precios por especies, la modificación de los precios según oferta y demanda, quién paga la patente forestal, quién es el responsable del aprovechamiento, y otros aspectos cuya aclaración beneficiaría a ambas partes. En al-gunos casos, los miembros de las ASLs mencionan que dichos contratos benefician sólo a los dirigentes, ya que no se realizan consultas al respecto. Mercado de la madera: existe inseguridad, tanto entre dirigentes como miembros de las ASLs, en cuanto al mercado de la madera, puesto que, en algunos casos, existe una elevada oferta de madera ilegal, lo que obliga a bajar los precios de la madera proveniente de áreas manejadas; se ha mencionado, además, que existe tráfico de certificados de origen lo que crea una competencia desigual. Administración en general: los conocimientos de administración y contabilidad básica son incipientes o nulos, pasando toda la responsabilidad administrativa a las directivas o éstas asumen por sí mismas toda ésta responsabilidad, especialmente cuando se trata de comercialización y ventas. Estas debilidades deben ser asumidas como un nuevo reto de la profesión forestal o como un espacio para la complementación con otras profesiones como la administración de empresas. Los proyectos, ONG’s y el Estado deben volcar su apoyo a fortalecer a las ASLs en las debilidades señaladas, además de que las ASLs en formación deben tomar en cuenta sus errores y enmendarlos para mejorar su organización y administración.

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_____________________ 1. Coordinador de Operaciones de Manejo ForestalBOLFOR

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Avances en el Proceso de Certificación de Tierras Fiscales para Concesiones Forestales y Areas Forestales de Reserva Municipal William Cordero

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etc.), con áreas de CAT-SAN o SAN-SIM y también con derechos de propiedad de terceros. Sobre esta base, se produce un informe que declara la calidad de tierra fiscal en estado de libre disponibilidad (excluyendo las superficies sobre las que se identificaron derechos de terceros).

a Resolución Administrativa del INRA #098/99 estableció el Procedimiento para la certificación de disponibilidad cierta de tierras fiscales para concesiones forestales, conservación de la biodiversidad, investigación y ecoturismo. Este procedimiento se estableció con base en lo señalado por el Art. 18 de la Ley #1715 (Ley INRA) que señala como atribución del INRA, certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal y lo que busca es evitar que se otorguen en concesión tierras que no son fiscales y, de esta manera, evitar conflictos de tenencia de las mismas. Por otra parte, el procedimiento es necesario para cumplir con lo especificado en la Ley Forestal #1700 y su reglamento, que establecen que esta certificación es válida para el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación como informe circunstanciado para evitar superposiciones y como paso previo de la aprobación de las áreas forestales a ser licitadas, así como para las concesiones forestales que otorgue la Superintendencia Forestal. El establecimiento de este procedimiento fue un paso importante que se dio antes de que pudieran definirse las AFRM's (Areas Forestales de Reserva Municipal) y, por lo tanto, antes de que se tuvieran definidas áreas sobre las cuales se pudieran otorgar concesiones a ASLs. A continuación se describen los pasos princi-pales que implica el mencionado procedimiento: ♠

Solicitud: en el caso de concesiones nuevas, el MDSP debe elevarla al INRA adjuntando los planos respectivos de las áreas a ser certifica-das. En el caso de concesiones ya otorgadas, la solicitud de certificación es presentada por la Superintendencia Forestal, en cuyo caso, además de adjuntar los planos respectivos, incluye también información sobre los conflictos que se presentan.

♠

Estudio de gabinete: con base en la solicitud, el INRA procede a la evaluación de información disponible, con el fin de determinar la existencia o no de superposición con TCOs debidamente reconocidas, con áreas clasifica-das (reservas forestales, áreas protegidas, áreas inmovilizadas,

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♠

Publicación: el informe mencionado en el punto anterior es publicado ampliamente (radio, cedulón, prensa, etc.), con el fin de que terceros puedan invocar la existencia de otros derechos que no hubieran sido identificados en el trabajo de gabinete.

♠

Presentación de oposición: los terceros presentarán su oposición, por escrito, ante el INRA, adjuntando los documentos que la justifican y los comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble.

♠

Pericias de campo: se realizan con el fin de determinar, en el terreno, la existencia de las propiedades/posesiones legales que se presentaron, determinar la fecha de su asentamiento y verificar la ubicación geográfica, superficie y límites de la tierra fiscal para concesiones.

♠

Resolución: con base en los dictámenes legales y técnicos, el Director Nacional del INRA dictaminará en un plazo máximo de 20 días sobre la validez de los derechos de terceros, pudiendo instruir sobre la exclusión de estas áreas como áreas susceptibles de concesión o instruyendo el proceso de reversión cuando no se hubiere acreditado el pago de impuestos. También, podrá resolver la invalidez de la oposición si no se hubiere acreditado el derecho de propiedad y se haya verificado en campo y/o a través de imágenes de satélite la inexistencia de posesiones legales. Finalmente, puede resolver declarando la disponibilidad cierta de la tierra fiscal para concesiones.

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♠

Es importante resaltar que estas superficies todavía no son definitivas, pues algunos de los derechos de terceros que se identificaron dentro de estas concesiones pueden ser sujetos de reversión por abandono, debido a que se ha verificado que son superficies cubiertas de bosque, en las que nunca se ejerció ningún derecho propietario, ni actividades de manejo de bosque u otras funciones económico sociales. También puede suceder que se hayan excluido de la certificación áreas fiscales que han sido afectadas por procesos de SAN-SIM anormales y que los derechos pueden ser anulados por incluir información falsa. El desarrollo del procedimiento y su primera aplicación a nivel piloto en la Chiquitanía ha sido un gran avance; en este momento se está aplicando el procedimiento en otros polígonos que suman casi 2 millones de hectáreas y se podría aplicar a todo el resto de las concesiones forestales actuales contribuyéndose de esta manera a aumentar la seguridad jurídica de los derechos forestales y con ello a la conservación de los recursos forestales de Bolivia.

Certificación: el directo del INRA remite a la instancia que lo solicitó la certificación de disponibilidad cierta de tierras fiscales para concesiones, adjuntando información sobre su ubicación, superficie, los planos y antecedentes correspondientes.

El tiempo de duración del trámite de certificación de disponibilidad cierta de tierras fiscales para concesiones forestales será de 60 días a partir de dictada la resolución provisional que declare la calidad de tierra fiscal en estado de libre disponibilidad. Como parte de la primera implementación de este procedimiento, el Proyecto BOLFOR, en colaboración con el INRA y a través del MDSP, ha logrado la certificación de disponibilidad cierta de un total de 852,539.38 hectáreas en la zona de la Chiquitanía. Esta prueba piloto incluyó la certificación de algunas concesiones existentes, la certificación de áreas para nuevas licitaciones de concesión y la certificación de áreas solicitadas por varios municipios para sus ASLs. Las concesiones existentes que fueron certifica-das son: Concesión

Superficie Original (Ha)

Superficie Certificada (Ha)

MABONAL

50,005.00

35,664.35

CIMAL-SFS

372,130.00

330,993

SAN JOSE

60,000.00

50,986.64

SURUTÚ

111,730.00

111,730

593,865

529,373.99

TOTAL

11

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NuestrasPublicaciones

Guía de Operación del Sistema de Censos Forestales

Cartografía y Uso de la Tecnología GPS

Los censos forestales se encuentran entre los principales instrumentos para la planificación del manejo forestal. Su utilidad se ha comprobado en diferentes pro-piedades y concesiones del país, donde se estima haber ahorrado hasta un 50% en costos de aprovechamiento, con respecto a la extracción no planificada que se realizaba en el pasado. Para divulgar este aspecto clave de la planificación forestal, BOLFOR pone a disposición de las personas que trabajan en este campo la Guía del Sistema de Procesamiento de Censos Forestales. Mediante esta publicación, se espera facilitar el procesamiento de información y la elaboración de mapas requeridos en la Norma Técnica 248/98. Esta guía acompaña el software de procesamiento de censos que fue producido en BOLFOR y estará disponible a fines de marzo.

Una de las herramientas más utilizadas en la planificación forestal es el GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Di-cha tecnología se aplica, en su mayoría, en inventarios forestales, determinación de vértices de concesiones y áreas de corta, establecimiento de Parcelas Perma-nentes de Muestreo (PPM), evaluación del aprovechamiento y ajuste de mapas tipológicos. Esta guía, publicada conjuntamente por BOLFOR y la Escuela Técnica Superior Forestal, constituye un medio para que estudiantes y profesionales conozcan me-jor el uso de la tecnología GPS, para así tomar decisiones acertadas en cuanto al manejo de recursos forestales.

CD: Memoria del Simposio Internacional sobre Posibilidades de Manejo Forestal Sostenible en América Tropical El CD-ROM de la memoria del Simposio sobre Posibilidades de Manejo Forestal Sostenible en América Tropical consta, por una parte, de la mencionada memo-ria y, por otra, de la página Web del Pro-yecto BOLFOR. Con ambas, se pretende divulgar, en formato digital, información sobre el proyecto, en general, y sobre manejo forestal sostenible, en particular.

Es una publicación trimestral de BOLFOR Proyecto financiado por USAID y PL480 en convenio con MDSP Coordinación: Edición: Diseño/Diagramación:

William Cordero, Daniel Nash Daniel Nash Delicia Gutiérrez R.

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