1 Nueva Sociedad Nro. 156 julio-Agosto 1998, pp. 6-14.

Brasil. Las dificultades de Cardoso Brasilio Sallum Jr. Brasilio Sallum Jr.: profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de San Pablo; investigador del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea - Cedec, San Pablo. Palabras clave: situación económica, situación política, elecciones, Brasil.

En octubre próximo, por encima de 100 millones de electores escogerán los candidatos para las principales funciones públicas brasileñas. Se elegirá al presidente de la República, a los 513 diputados federales y a un tercio de los senadores, en el ámbito federal; y a 27 gobernadores y todos los diputados estaduales. Hace algunos meses, no había duda de que el actual presidente, Fernando Henrique Cardoso, sería reelecto con facilidad contando con más del 50% de los votos válidos, sin ser necesaria una segunda vuelta en noviembre. Recientemente, sin embargo, las encuestas están mostrando un notable cambio en las intenciones de voto. Entre fines de abril y comienzos de junio, según Datafolha, Cardoso cayó 8 puntos, de 41 a 33%. Luiz Inácio da Silva –Lula– candidato de los partidos de izquierda –el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT)– creció de un 24% a un 30%. La diferencia entre los dos se redujo, entonces, de 17% a 3%, muy poco si se considera que el margen de error estadístico de la encuesta es de 2%. En la última consulta, la simulación de una segunda vuelta entre los dos candidatos dieron al presidente una ventaja de apenas 1% contra el 20% de diferencia a fines de abril. Los demás candidatos no alteraron significativamente sus posiciones. El principal de ellos es Ciro Gomes, disidente del PSDB, el partido de Cardoso, y candidato del Partido Popular Socialista (PPS), de centro-izquierda, que reúne excomunistas; Gomes tiene un 8%. Es importante señalar, sin embargo, que la caída de Cardoso parece haberse interrumpido. De hecho, si comparamos los últimos resultados (comienzos de junio) no con los de fines de abril, sino con los intermedios, de finales de mayo, se percibe que es muy probable que la carrera descendente se haya interrumpido: Cardoso mantuvo el mismo 33% de fines de mayo; y a pesar de que su ventaja sobre Lula ha disminuido en el interior del país, en las grandes ciudades Cardoso

2 recuperó parte del terreno perdido. Con estos resultados, la mayoría de los analistas cree todavía que Cardoso puede vencer, pero sólo después de una victoria contundente en la segunda vuelta. Esta alteración de la escena electoral ya comienza a tener consecuencias sobre las coaliciones partidarias que apoyan a los candidatos. Se redujeron las disputas entre las facciones del PT y las tensiones con su aliado el PDT. Por otra parte, la gran coalición de apoyo a Fernando Henrique –constituida por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), su partido; el Partido del Frente Liberal (PFL), su principal aliado; el Partido Progresista Brasileño (PPB); el Partido Laborista Brasileño (PTB); y la mayoría del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido que aunque en baja y desorganizado en términos nacionales aún ocupa varias gobernaciones estaduales y buena parte de las municipalidades– empezó a mostrar señales de inestabilidad. El PTB amenaza con dejar la alianza y unirse a Ciro Gomes, del PPS. Y la corriente de oposición del PMDB de nuevo intenta lanzar un candidato propio a la presidencia. Los candidatos y coaliciones de apoyo deberán estar definidos para fines de junio porque así lo impone la ley electoral. En caso de que el PMDB lance un candidato propio, se habrá desarticulado la estrategia de Cardoso de ocupar todo el espacio político existente, desde el centro hasta la derecha del espectro partidario. Mientras tanto, el candidato con mayor potencial, el ex-presidente José Sarney, hoy no parece estar en condiciones de ser un serio competidor, no solo porque su nombre se encuentra muy asociado al periodo de hiperinflación, sino también porque solo una pequeña parte del partido le daría apoyo efectivo. Además, aunque desviase votos de Cardoso, Sarney absorbería también parte de la votación que podría recibir Lula. Para Cardoso, muy probablemente, sería más preocupante un eventual apoyo del PTB a Ciro Gomes, cuyo potencial de crecimiento no debe ser despreciado. Hay dos razones para eso. En primer lugar, Gomes tendrá, con el apoyo del PTB, cerca de 5 minutos diarios gratuitos en la red nacional de televisión y de radio. Esto es poco, comparado con el tiempo que tendrán los partidos mayores, pero Ciro es un excelente comunicador y hoy su espacio en los medios de comunicación de masas es prácticamente nulo. Además, el PTB tiene una estructura partidaria mucho más amplia que el PPS y competirá con ciertas posibilidades por la gobernación de varios estados, lo que reforzaría la campaña de Ciro Gomes a la presidencia. En segundo lugar, Gomes se orienta por una perspectiva política y económica muy semejante a la de Cardoso, lo que puede volverlo punto de atracción de los electores que desean renovación pero temen la posible inestabilidad económica y política que traería una victoria de Lula. Podría llegar a ser un tertius conveniente entre los dos principales candidatos. A su vez, las posibilidades de ruptura de la coalición en torno a Cardoso son, de hecho, poco probables. Aunque a corto su posición pueda empeorar, es considerado favorito porque dispone de medios poderosos para revertir la

3 situación –básicamente, la difusión de las obras de su gobierno, el lanzamiento de nuevas políticas públicas y el uso más sistemático del espacio privilegiado de que dispone en los medios de comunicación de masas. Sin embargo, hay límites para la acción de la presidencia. No solo porque debe someterse a las regulaciones de conducta fijadas por la legislación electoral, sino también por los condicionamientos impuestos a su desempeño tanto por la propia estrategia de desarrollo que ha adoptado, como por la volatilidad del escenario internacional. Tales condicionamientos explican, además, buena parte de las dificultades actuales de Cardoso y pueden, en el futuro, generar nuevos problemas a su candidatura. Por esta razón, examinaremos esta cuestión en primer término. En una sección posterior, discutiremos brevemente otra fuente importante de cambio en la escena electoral, como el estilo de hacer política del gobierno de Cardoso. En la conclusión, sugeriremos ciertas hipótesis sobre desdoblamientos posibles de la campaña para elegir al presidente de Brasil. Estrategia económica y malestar social No hay una manera sencilla de caracterizar al gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Ha llevado adelante cambios extraordinarios en el ámbito económico con la ayuda –en verdad por momentos poco entusiasta– de las fuerzas más tradicionales del sistema político brasileño. En el plano económico-social, la orientación del gobierno fue ganando forma en poco tiempo. Su gestión económica se inició bajo directrices liberales pero, respondiendo a los estímulos económicos y políticos externos y a las presiones políticas internas, el Estado tomó iniciativas que fueron configurando una nueva estrategia de desarrollo, que se puede caracterizar como liberal-desarrollista. Este término apunta a un cierto hibridismo en la estrategia adoptada: el desarrollo deja de tener la forma estatista, dominante hasta la década de 1980 y comienza a subordinarse a una orientación liberal. Esto significa que, a lo largo del gobierno de Cardoso, se dio prioridad al «ajuste macroeconómico» para asegurar la estabilidad de la moneda y las reformas institucionales que le diesen un peso creciente a los mecanismos de mercado en la regulación del sistema económico. Fueron aspectos importantes de esa orientación la política de apertura de la economía a la competencia internacional, la privatización progresiva de las empresas estatales y la transferencia hacia la iniciativa privada de las funciones empresariales antes atribuidas al Estado. Esta orientación liberal fue iniciada, en verdad, en el gobierno de Collor de Melo; pero sólo con el Plan Real, lanzado por el equipo de Cardoso en julio de 1994, ganó consistencia. En otras palabras, el proyecto liberal se viabilizó a partir de la estabilización de la moneda, que se obtuvo gracias a su paridad con el dólar norteamericano y la garantía de abundantes divisas como reservas. Con la estabilización y la liberalización se creó un clima propicio para retomar el crecimiento y las inversiones. Mientras tanto, la sobrevalorización del real frente al dólar acabó produciendo un desequilibrio en los flujos económicos entre Brasil y el exterior, porque los más de diez años de estagnación e inestabilidad monetaria hicieron que el sistema económico local fuera muy poco competitivo en relación al mercado mundial. Este desequilibrio, que exigía

4 constantemente un voluminoso ingreso líquido de flujos extranjeros –haciendo al país muy dependiente del mercado internacional de capitales– sometió la moneda nacional a eventuales ataques especulativos que tendían a devaluarla. La crisis mexicana de fines de 1994 dio lugar al primer ataque de este tipo, provocando cambios en la política económica que la alejaron un poco del modelo liberal. En primer lugar, a partir de la crisis, las autoridades monetarias comenzaron a promover una lenta depreciación del real frente al dólar, que intentaba reequilibrar a largo plazo el comercio exterior brasileño. En segundo lugar, la orientación liberal comienza a ser modulada por una redefinición de las funciones del Estado que, en lugar de eliminar, recalifica su papel de agente promotor del desarrollo. La redefinición de sus funciones refuerza su papel de agente regulador de las actividades económicas. Esto sucede, principalmente, en las áreas en que el Estado dejó de ejecutar servicios públicos o actividades productivas (total o parcialmente) y se convirtió en autoridad otorgadora, como en los sectores de energía eléctrica, telecomunicaciones y petróleo y gas natural. Para regular y controlar la ejecución de los servicios en las áreas mencionadas, se constituyeron agencias públicas que, por los recursos materiales y el poder de que disponen, están en condiciones de imponer mayor autoridad sobre los concesionarios privados que la ejercida antes por los órganos centrales del Estado sobre las empresas estatales. Hay que subrayar que, en estos casos, la función reguladora de las agencias implica también inducción de actividades económicas, tales como la atención del conjunto de los consumidores, incluso los de menor poder adquisitivo, o el estímulo a la mejora progresiva de la calidad de la atención a los usuarios. Además, aunque la presencia del Estado en la producción directa de bienes y servicios tienda a ser muy reducida, el gobierno está desarrollando –dentro de los parámetros del «equilibrio macroeconómico» y de valorización del mercado– una intensa labor de inducción y/o protección de actividades económicas. Por un lado, el gobierno central ejecuta, solo o en sociedad con la iniciativa privada y los estados, un enorme programa de recuperación y de desarrollo de la infraestructura (puertos, producción y distribución de energía, telecomunicaciones, puentes, carreteras, canalización de ríos, etc.) destinado a aumentar la productividad de las actividades. El programa, denominado «Brasil en Acción», prevé inversiones de cerca de 60.000 millones de dólares en el bienio 1997-98. Por otro lado, el Estado está actuando de manera creciente como agente industrializante. Para eso el gobierno federal concede beneficios a sectores específicos –textil, electrónico, telecomunicaciones, calzado, etc.– bajo la forma de protección aduanera y/o programas especiales de financiamiento. En este cuadro, la industria automovilística recibió tratamiento prioritario, mostrando una verdadera política industrial, que vincula exensiones tributarias a inversiones y exportaciones. Estas políticas sectoriales se combinan con estímulos horizontales, del tipo de los concedidos a las exportaciones y a las pequeñas y medianas empresas. Por ello, están completamente engañados los analistas que atribuyen al gobierno de Cardoso una política neoliberal, queriendo referirse no solo a la reducción de

5 las funciones económicas desempeñadas por el Estado en favor del mercado sino también a una supuesta política de adaptación pasiva de la economía nacional a la dinámica globalizante del capitalismo actual. Esta interpretación ha sido desmentida tanto por las formas de intervención en la economía que se acaban de resumir, como también por la política de integración sudamericana seguida por Brasil. La diplomacia brasileña viene construyendo una red de alianzas regionales en dos círculos concéntricos. En el círculo interno, más fuerte, se alió con Argentina, Uruguay y Paraguay para construir una unión aduanera, el Mercosur, que quiere ser transformado en el futuro en mercado común. En el círculo externo, más débil, el gobierno brasileño está estableciendo con el resto de sus vecinos de América del Sur una red de acuerdos que, aisladamente o a través del Mercosur, refuerzan la integración del continente en varias dimensiones, desde la energética hasta la comercial. Este regionalismo es, obviamente, un intento de inserción controlada y no pasiva en el mercado mundial. Pero a pesar del esfuerzo gubernamental por reducir los impactos negativos de la estabilización y de la liberalización, la economía aún no consiguió un desempeño satisfactorio. En primer lugar, el país todavía depende de la situación cambiaria y de un enorme volumen de reservas para mantener la estabilidad del real, pues no logra sostener su valor a partir de bases fiscales sólidas (equilibrio de las cuentas públicas). De hecho, el déficit nominal del sector público (ingresos totales, sin contar los de las privatizaciones, menos los gastos, incluyendo los intereses) se está elevando progresivamente desde agosto de 1997, habiendo sobrepasado la tasa de 6% del PIB desde diciembre último. En segundo lugar, a pesar de la devaluación progresiva del real frente al dólar, de la contención de la economía, de los estímulos a las exportaciones y de las restricciones a las importaciones, Brasil aún no consiguió superar el desequilibrio en sus transacciones comerciales y de servicios con el resto del mundo (déficit de más de 4% en las transacciones corrientes). En consecuencia, la economía brasileña necesita captar una enorme suma anual de dólares en el exterior para equilibrar su balanza de pagos, bajo riesgo de perder sus reservas cambiarias y, por lo tanto, el arma con que puede defender una moneda estable. Por lo tanto, la estabilidad alcanzada es precaria. El equilibrio se mantiene, pero bajo la condición de un ingreso continuo y abundante de capital extranjero, lo que supone buenas condiciones internacionales de oferta de capitales y una situación interna atractiva para los inversores del exterior. Es esta fragilidad económica la que está en la base del crecimiento de las tasas de desempleo y, en consecuencia, de la pérdida de prestigio político de Cardoso. De hecho, incluso sin considerar el agravamiento de la situación en los últimos meses, el desempleo es resultado, ante todo, de la política gubernamental que induce a la economía a mantener un ritmo lento de crecimiento. Esta política de contención del crecimiento se está manteniendo desde la crisis mexicana de 1994, pues se intenta evitar que una expansión acelerada provoque un aumento exagerado de las importaciones y, en consecuencia, un desequilibrio mayor que el que ya existe en los intercambios comerciales con el exterior. En suma, la preservación de la

6 estrategia gubernamental de estabilización tiene como resultado un crecimiento insuficiente para absorber la masa de nuevos trabajadores que intentan obtener su primer empleo o para reaprovechar a los que pierden sus puestos en función de los extraordinarios cambios tecnológicos y organizacionales que están ocurriendo en la industria y en los servicios. Además de imponer parámetros estrictos al crecimiento de la economía, la fragilidad de las cuentas externas abre un flanco débil frente a los ataques especulativos de los agentes del mercado internacional. Por esa vía, la economía brasileña terminó siendo duramente afectada por la crisis económica que se desencadenó en los países asiáticos en el segundo semestre de 1997. Como se sabe, en octubre de ese año el real sufrió un fuerte ataque especulativo que significó pérdidas por más de 10.000 millones de dólares en las reservas e hizo que el gobierno tomara medidas drásticas para defender el valor de la moneda –aumento de impuestos, reducción de gastos y elevación extraordinaria de los intereses (a más de 40% al año). Las medidas tuvieron éxito, ya que el nivel del real se mantuvo, pero la reducción de la actividad económica produjo efectos extremadamente negativos sobre el empleo: a partir de marzo de este año la tasa de desempleo superó el 8% de la población económicamente activa (PEA) en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades del país. Hay cierto consenso entre los analistas de que buena parte de la caída del prestigio electoral de Cardoso se debe al malestar producido por el elevado desempleo. ¿Hay alguna posibilidad de que haya mejora en este aspecto hasta las elecciones? Aunque actualmente la situación económica esté mejor, aunque el índice de los intereses haya caído en mayo al nivel anterior a la crisis de octubre (alrededor de 21% al año), aunque haya menos desequilibrio en la balanza comercial, no hay perspectivas de una mejora en el área social y en las cuentas externas del país. Las derivaciones de esta situación son notorias: las condiciones económicas tienden a ser estables o potencialmente negativas para la candidatura de Cardoso. Las tasas de desempleo no van a reducirse de manera significativa hasta las elecciones y pueden incluso empeorar en caso de que Brasil sufra, en función de la inestabilidad internacional, otro ataque especulativo contra su moneda y el gobierno se vea obligado a defenderla con medidas de restricción monetaria. Efectos psico-sociales de un estilo de gobernar Las dificultades en el plano económico-social fueron, como vimos, factores sólo parciales de la caída del prestigio electoral de Cardoso. El propio estilo de hacer política del Ejecutivo contribuyó decisivamente a su propio desgaste. Acabó generando la imagen de un poder político «distante» de la población y disociado de los problemas concretos de la sociedad. Esa imagen fue producida, en primer lugar, por la aparente inacción o por la demorada reacción del gobierno frente a

7 problemas graves enfrentados por la población pobre, como el megaincendio en las selvas de Roraima, en el Norte del país, la sequía en el Nordeste, la epidemia de dengue y el aumento extraordinario de las tasas de desempleo. Las reacciones del gobierno en relación con la sequía fueron típicas: dudó en reconocer la existencia misma de los problemas (pues las evaluaciones de sus órganos técnicos no los precisaban con claridad); demoró en elegir el modo de tratarlos (intentó evitar las soluciones paliativas como la distribución de alimentos y la contratación temporaria de trabajadores para la realización de pequeñas obras) pero no consiguió encontrar alternativas, y sus iniciativas prácticas sólo aparecieron una vez que múltiples asociaciones civiles y religiosas ya habían enviado alimentos a las poblaciones afectadas por la sequía. La demora fue tan grande que el Movimiento de los Sin Tierra consiguió «legitimar», en parte, la organización de saqueos de alimentos en la región. En todas estas situaciones, el gobierno intentó actuar sobre bases «técnicas» pero mostró no tener organización para hacerlo de forma eficiente. Se comprende, así, por qué las encuestas de opinión indican que la población pobre considera que «el gobierno no entiende sus problemas...». En segundo lugar, las decisiones, negociaciones y declaraciones del presidente y sus ministros, cuando hablan sobre los cambios en el propio gobierno o en la administración pública, han provocado enorme desgaste principalmente frente a la clase media educada. Aunque aquí se respete la «sensación de distancia» entre el poder político y la sociedad. Una de las fuentes de esa sensación de distancia es la contradicción entre la aspiración de la clase media a una acción gubernamental pautada cada vez más por intereses públicos –aspiración acentuada por el proceso de impeachment del ex-presidente Collor– y la forma particularista como el gobierno federal y las fuerzas políticas, partidarias y regionales, parecen negociar sobre cuestiones controvertidas. Los medios de comunicación de masas, que expresan en buena parte las aspiraciones morales de la clase media, transmiten una imagen muy negativa de tales negociaciones políticas, enfatizando siempre la subordinación de los intereses públicos a los intereses particulares, por cargos, prebendas y otros recursos políticos de importancia electoralista. Ejemplos de esta situación fueron las disputas por cargos durante la reciente reforma ministerial, en la que fueron sustituidos los ministros que se presentarán a las próximas elecciones, y las disputas por cuotas presupuestarias cuando el gobierno intentó obtener, en los últimos meses, mayoría parlamentaria para reformar la administración pública y el sistema de jubilaciones. En verdad, las pujas entre facciones partidarias y líderes regionales por recursos político-electorales distribuidos por el Ejecutivo son inherentes al sistema político brasileño y derivan también de la situación específica del actual gobierno, cuya mayoría parlamentaria es poco consistente. Eso significa que Cardoso sólo puede desarrollar un programa reformista sin romper con las fuerzas políticas tradicionales y explorar los recursos que el propio sistema le proporciona. De cualquier modo, aunque el analista pueda «comprender» este tipo de conducta y reconozca que hoy los modelos de moralidad pública son mucho mejores que los vigentes en el pasado, su impacto popular no deja de ser

8 negativo. Otro mecanismo que tiende a «distanciar» al gobierno de Cardoso del electorado ha sido la retórica reformista usada para defender los cambios en el sistema previsional y en los sectores de la administración pública responsables de las políticas sociales. Hay aquí dos aspectos a destacar. Por un lado, en el discurso gubernamental la justificación para las reformas es predominantemente negativa –se reforma la previsión para cortar el déficit público, se intenta reformar la enseñanza superior porque las universidades gastan de más, etc. La retórica negativa no genera esperanza sino que tiende a desvalorizar a los sectores específicos que son objeto de la reforma; hace de ellos un mero obstáculo para la realización de una gestión económica «adecuada». Por otro lado, las declaraciones de algunos miembros del gobierno en favor de las reformas –sean las de la previsión, de la enseñanza universitaria o de la administración pública– tienden a estigmatizar a grupos enteros de funcionarios o sectores de la administración como enemigos de la democratización de la sociedad. Con mucha frecuencia, su lenguaje se desliza de la parte hacia el todo. Por ejemplo, la inepcia característica de algunas de las decenas de universidades federales se convierte en «ineficiencia de la universidad». Con eso, se justifica la reforma que de manera unilateral se desea imponer al sistema de enseñanza superior. Y en lugar de que el gobierno consiga aliados en cada sector a reformar, para negociar con su ayuda los cambios y realizarlos de forma progresiva y consensuada, las autoridades acostumbran a imponer su política –como si no hubiese alternativas– gracias al poder administrativo de que disponen. De una forma o de otra, transformando retóricamente servidores públicos en obstáculos al «ajuste» o en enemigos de la democratización de la sociedad, el gobierno de Cardoso genera para sí la imagen de arrogancia autoritaria y tecnocrática que lo aleja del electorado. Este patrón de conducta gubernamental es, sin duda, una de las raíces –la otra es la salarial– de la huelga que está afectando desde el 31 de marzo todo el sistema universitario federal –en, por lo menos, cada uno de los 27 estados hay una universidad del gobierno central. ¿Cómo explicar este tipo de retórica tecnocrática que roza el autoritarismo en un gobierno electo y presidido por un sociólogo de convicciones democráticas incuestionables? Una hipótesis que parece razonable es la de que ella resulta del aislamiento político de la presidencia en relación con las fuerzas sociales que podrían, eventualmente, apoyar una política de reforma del Estado y de las políticas sociales. El gobierno de Cardoso casi no movilizó sectores sociales, clase media urbana u obreros, para apoyar las reformas en el aparato del Estado. Difundió ideas, es verdad, pero no estimuló la participación de las organizaciones de la sociedad en el proceso. Así, el reformismo en esta área se transformó en voluntarismo de un grupo limitado de técnicos ligados a la presidencia y de algunos ministros, verdadero «bunker reformista», que lucha para «ajustar» la previsión, la salud pública, la educación superior, entre otros, guiándose por una receta tecno-universalista en buena medida importada del exterior. Este pequeño grupo reformista arremete contra la resistencia mayoritaria de los cuadros

9 administrativos de esas áreas, ligados tanto a las fuerzas políticas que componen la coalición que sostiene políticamente a Cardoso como a la oposición política. Como resultado, las reformas en el área de las políticas sociales avanzan a ritmo lento y producen gran desgaste electoral, ya sea por la ineficiencia para atender a los usuarios, ya sea por la oposición persistente de los cuadros administrativos. Perspectivas electorales El análisis anterior muestra que los mejores chances electorales de Cardoso dependen, por un lado, de que no haya un deterioro grave del escenario internacional que obligue a tomar medidas drásticas de contención económica; y, por otro, a la capacidad que el presidente tenga de mejorar la imagen que está generando en la población. Eso significa diluir la «sensación de distancia» que ha producido, estableciendo lazos de solidaridad con los sectores medios y populares. Este cambio significaría involucrarse constructivamente con el sufrimiento causado por el proceso de transición económica que promueve; dejar de multiplicar enemigos por la retórica generalizante, identificando con precisión los adversarios; y así en las otras áreas. Ya hay señales de que el gobierno de Cardoso se mueve en esta dirección. Ellas son visibles tanto en la actuación del nuevo ministro de Salud, José Serra, como en las últimas manifestaciones públicas del propio Cardoso. Pero no hay cómo saber si el Presidente conseguirá, de hecho, rehacer su imagen y recuperar el terreno perdido, pues constituye un símbolo muy fuerte de las esperanzas de democratización de la sociedad brasileña, todavía más que su adversario principal, Lula. En realidad, el principal candidato de oposición tiene problemas de imagen opuestos a los del presidente. Lula se identifica, obviamente, con las masas populares y con los sectores medios del sector público, pero tendrá que disipar en los electores el temor de perder la estabilidad monetaria y política conquistada a tan duras penas. Por ello, si se mantienen estables las condiciones económicas, la reelección del presidente dependerá de que el electorado pueda percibir en él a alguien que se solidariza con sus dificultades y encarna sus esperanzas y/o de que se difunda y exacerbe en la sociedad el miedo a la inestabilidad que la elección de Lula podría ocasionar. San Pablo, junio de 1998