INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) Área de Ciencias Sociales y Humanidades Centro de Estudios del Género

Brechas de género: entre el dicho y el hecho de la autonomía de las mujeres en la República Dominicana

Santo Domingo, 7 de marzo, 2016 1

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Contenido 1. Marco de análisis ..................................................................................................................................... 4 2. Avances y retrocesos en la igualdad de género en la República Dominicana ......................................... 6 2.1 Autonomía económica ........................................................................................................................ 6 2.1.1 Ingresos propios ........................................................................................................................... 7 2.1.2 Brechas de género en el mercado laboral ................................................................................... 8 2.1.3 Bajo empoderamiento económico y mayores niveles de pobreza .......................................... 132 2.1.4 Uso del tiempo y la división sexual del trabajo........................................................................ 143 2.1.5 Educación ................................................................................................................................. 154 2.2 Autonomía Física ............................................................................................................................. 165 2.2. 1 Derechos sexuales y reproductivos......................................................................................... 165 2.2.2 Violencia de Género y contra la Mujer .................................................................................... 198 2.3 Autonomía en la Toma de Decisiones............................................................................................... 20 3. Conclusiones .......................................................................................................................................... 23

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Brechas de género: entre el dicho y el hecho de la autonomía de las mujeres en la República Dominicana 1. Marco del análisis A propósito de la conmemoración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) entrega a la sociedad un balance de la situación de las mujeres dominicanas al 2016. Este trabajo constituye un análisis de los avances como país y los desafíos pendientes en el ejercicio de los derechos de las mujeres dominicanas, observando las tendencias más recientes sobre su situación y posición en la sociedad dominicana. Este examen se basa en datos estadísticos sobre distintas esferas del quehacer económico político y social, y revisa los principales problemas que resultan de las desigualdades entre hombres y mujeres, con especial énfasis en las particularidades que condicionan la posición y las autonomías económica, física y de participación social y política de las mujeres en el país. Con esta entrega, el CEG-INTEC busca aportar al análisis y la formulación de propuestas de políticas y programas que impacten positivamente sobre la inequidad y la desigualdad que caracterizan la realidad de las mujeres en el país. Asimismo, procura contribuir a la visibilidad y la comprensión de las formas de la desigualdad que los datos evidencian, apuntando a la generación de conocimientos e iniciativas que potencien cambios estructurales en la condición y posición de las mujeres y el disfrute efectivo de oportunidades y derechos en condiciones de igualdad. Así mismo, indicar vías hacia donde deben dirigir sus esfuerzos los principales actores responsables de la definición e implementación de políticas públicas, para contribuir al empoderamiento de las mujeres y a la igualdad entre los géneros, a partir de evidenciar el peso de su presencia en la vida pública y privada en la sociedad dominicana. Se trata de un material con información actualizada al 2015, accesible para informadores de opinión pública, instituciones estatales, grupos feministas y de mujeres, gremios, sindicatos y asociaciones profesionales y todas las personas interesadas en mejorar la calidad de la vida de las mujeres, en reducir los niveles de discriminación, potenciar el ejercicio de su ciudanía y, con ello, la sociedad en su totalidad. La data disponible es analizada desde el enfoque de igualdad de género, una perspectiva teóricometodológica que asume una forma particular de analizar la realidad y obtener diagnósticos sobre la situación de hombres y mujeres, diseñar nuevas intervenciones e implementarlas, y evaluar y dimensionar sus resultados. Mediante esta forma de abordar la realidad, es posible visualizar y reconocer la manera en que operan las relaciones de género en los distintos ámbitos del desarrollo de las personas y la sociedad, así como la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, y las personas desde sus identidades. También posibilita observar la manera de cómo impactan los sesgos de género existentes en las políticas públicas. 4

La igualdad entre los géneros además de que es derecho humano fundamental y una condición básica para el avance de las democracias, es un aspecto imprescindible para conseguir un país próspero y un desarrollo sostenible. La igualdad real, la eliminación de la discriminación y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres tienen como condición básica lograr la autonomía de las mujeres en la vida privada y pública. El análisis de este tema y las demandas derivadas por feministas, ha sido puesto en la agenda púbica por el movimiento de mujeres, quienes junto a organismos internacionales para el desarrollo han demostrado que la meta de la igualdad entre los género no será alcanzada mientras las mujeres no posean autonomía en todos los ámbitos de la vida. Se ha llegado así al convencimiento que la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres tienen como condición la autonomía de las mujeres en la vida privada y pública. Analizar los diversos tipos de autonomía de las mujeres se sustenta en el carácter multidimensional de las desigualdades. En tal sentido, los avances y retrocesos en cada ámbito influyen en los demás, por lo que es preciso considerar de manera integral los procesos de transformación requeridos, considerando la interacción entre la independencia económica, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y la paridad en la participación social y política y en las instancias de toma de decisiones. De manera resumida se entiende la autonomía como “el grado de libertad que tiene una mujer para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros” 1 en diferentes ámbitos de su vida. En ese orden, existe una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan establecer, tanto individual como colectivamente. 2 Las autonomías y el empoderamiento de las mujeres han sido un tema de reflexión y demanda de las organizaciones feministas y feministas independientes desde el pasado siglo, considerado un aspecto fundamental para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres, al vincular sus relaciones y accionar en temas considerados privados y visibilizar el carácter público de los mismos. Se entiende que las mujeres, en su diversidad de clase, edad, origen étnico y racial, nivel educativo, opción sexual, entre otras formas de diferenciación social, deben tener la posibilidad real de decidir y actuar sobre su propio cuerpo y sexualidad, su trabajo generador de ingresos y de cuidados y sus beneficios, su accionar en diferentes ámbitos de la sociedad, su forma de pensar y sentir, entre otros aspectos, sin atados a normas impuestas por el poder masculino. A partir del aporte del pensamiento feminista, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, viene trabajando de manera sistemática desde el 2009 en tres pilares esenciales del análisis de la autonomía, asociados a participación en la toma de decisiones que afectan su vida privada y la colectividad: i) autonomía económica, relacionada a la capacidad para generar ingresos propios mediante su participación en el mercado laboral y el acceso 1

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe anual 2013-2014.El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (LC/G.2626), Santiago de Chile, 2014. 2

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe anual 2013-2014.El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (LC/G.2626), Santiago de Chile, 2014.

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control a recursos productivos, incluido el uso de tiempo, y la posibilidad de decidir sobre el uso de sus ingresos y tiempo; ii) autonomía física, referida a la posibilidad de vivir una vida libre de violencia y de decidir sobre el propio cuerpo en torno a su salud sexual y reproductiva; y autonomía en la toma de decisiones en torno a la participación política y social. Para cada uno de los diferentes ámbitos de la autonomía se han propuesto indicadores para medir los niveles de avances en las autonomías. Las políticas macroeconómicas, sociales y culturales implementadas en el país en las últimas décadas han tenido efectos muy limitados en revertir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres persistiendo brechas desventajosas para las mujeres en distintos aspectos de sus vidas, a nivel de las condiciones, posiciones y oportunidades. Los datos que se presentan en este documento muestran que al 2016, persisten condiciones y posiciones desiguales en mujeres y niñas, y permanecen prácticas discriminatorias, expresadas en distintos aspectos de la vida de las mujeres. Los datos evidencian, que a pesar de las altas tasas de crecimiento de la riqueza nacional, donde el PBI crece a tasas record en América Latina, cuyo incremento se estima en 7.0% en 200153, la redistribución continua siendo muy desigual, no solo entre ricos y pobres, sino también entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen menores niveles de ingresos propios, hay desigualdad en el acceso a recursos productivos y al control de bienes, persisten altas tasas de desempleo femenino, salarios desiguales, diferentes oportunidades al empleo decente, a la protección social y a la generación de ingresos propios, mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad, vergonzosas tasas de mortalidad materna, preocupantes tasas de embarazo en adolescentes, altos niveles de violencia física, sicológica, sexual y económica, además y preocupantes cifras de feminicidios, bajos niveles de participación en espacios de toma de decisiones a nivel público y privado. En adición, se mantiene en los hombros de las mujeres la amplia carga del trabajo de cuidados de la familia, que en tanto trabajo no pagado ni reconocido significa subsidio por parte de las mujeres al crecimiento económico del país. Esto constituye una limitante para su inserción en diferentes ámbitos de la vida pública. Tales desigualdades persisten en magnitud importante, a pesar de que el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres tiene rango constitucional en el país desde 2010, y donde el Estado tiene el rol de tomar todas las medidas necesarias para que la igualdad sea real y efectiva. La definición e implementación de políticas públicas que no consideran la realidad antes planteada continúan siendo un desafío central del Estado dominicano, el cual debe dirigir sus esfuerzos para construir sociedades más democráticas y menos desiguales, por tanto, deberá trabajar en la ejecución de políticas públicas orientadas al logro de la autonomía física, económica 3

Banco Central de la República Dominicana. 2016. Resultados Preliminares de la Economía Dominicana, EneroDiciembre 2015. Santo Domingo.

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y política de las mujeres. Con este re- direccionar de las políticas públicas, el país estaría dando cumplimiento a los compromisos asumidos en la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, donde la igualdad de género es una condición indispensable para el logro de las metas establecidas. El logro de la autonomía implica que el Estado dominicano y la sociedad generen un marco de políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales que permitan a las mujeres participar en la vida privada y pública en igualdad de condiciones con los hombres. Este tipo de accionar incluye políticas como son: la redistribución de los beneficios del crecimiento económico a través de las políticas de acceso y control a los recursos productivos, la promoción de la participación laboral, y el aseguramiento de que dicha participación represente suficiente generación de ingresos para disfrutar de autonomía, inclusión en los sistemas de seguridad social y de protección social, redistribución de las tareas reproductivas y de cuidado para que sean compartidas entre hombres y mujeres y entre las familias, el estado y las organizaciones e instituciones. Estas deben ser políticas que garantice el ejercicio de los derechos reproductivos y una vida sin violencia de género, que se defienda y asegure la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones en los distintos niveles.

2. Avances y retrocesos en la igualdad de género en la República Dominicana 2.1 Autonomía económica y pobreza La igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres tienen como condición esencial la autonomía de las mujeres en la vida privada y pública. Para las mujeres la autonomía económica está sustentada en el grado de liberta personal que tenga para actuar y decidir sobre aspectos económicos y sociales de acuerdo con su elección, y en el ámbito social significa que mediante las políticas públicas se favorezca el acceso a recursos, empleo, a los mercados y al comercio en condiciones de igualdad. Desde la óptica de los derechos humanos, la autonomía económica está relacionada con el conjunto de condiciones establecidas para desarrollar capacidades y acceso real de las personas para ejercer sus derechos económicos y sociales y culturales.4 Aunque la inserción laboral y la autonomía económica no son equivalentes, es necesario ampliar el concepto de autonomía económica considerando la coexistencia de los tres mecanismos que generan las desventajas para las mujeres: a) la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres las principales responsabilidades del cuidado y la reproducción, trabajo no pagado, lo que a vez influye en que las ocupaciones feminizadas que se caractericen por baja remuneración en el mercado laboral; b) la alta participación y el tiempo dedicado al trabajo no remunerado por las mujeres lo que determina una mayor dependencia económica y mayores dificultades para 4Batthyány

Dighiero Karina. La mirada regional. 2012. En “Construyendo Autonomía”; Karina Batthyány Dighiero y Montaño Virreira, Sonia, Coordinadoras. Cuaderno 100. CEPA, Naciones Unidas, Santiago de Chile. Pág. 50.

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acceder a ingresos propios; y c) las desigualdades de género en el mercado laboral, que se reproducen en los sistemas de previsión social, y determina una sub representación de las mujeres dentro de las personas jubiladas por derecho propio5..

2.1.1 Ingresos propios Ingresos propios es un indicador que expresa las barreras y dificultades que enfrentan las mujeres para disponer de recursos mediante actividades remuneradas en el mercado laboral, así como a la propiedad o al crédito, entre otros recursos productivos. Aunque los ingresos no permiten determinar la calidad de vida que pueden tener las personas, permite reflejar la frontera entre la precariedad y desprotección de las personas. A pesar de la tendencia a reducción de la proporción de mujeres dominicanas sin ingresos propios en la última década, todavía 31 de cada 100 mujeres dependen económicamente de otras personas para su subsistencia, proporción ligeramente mayor al promedio ponderado de América Latina (30.8%), frente al 13.5% de los hombres. Las diferencias en la generación de ingresos propios entre hombres y mujeres son más marcadas en las mujeres que habitan en zona rural (37.3%) que las de zonas urbanas (27.6%) y en mujeres jóvenes de 15 a 24 años (50.5% mujeres 30.2% hombres). De igual manera, se estima que el ingreso medio de las mujeres dominicanas representaba el 71.1% del ingreso promedio de los hombres a nivel nacional, casi el 67.3% a nivel urbano y el 68.0% en zonas rurales. Esta realidad evidencia que una alta proporción de las mujeres dominicanas depende de otras personas para su subsistencia y las sitúa en una situación de desigualdad de base, de mayor vulnerabilidad y dependencia económica. 6 La generación de ingresos propios depende fundamentalmente del acceso de las mujeres al mercado de trabajo remunerado y las condiciones en que se insertan, además de su acceso, la capacitación para el empleo y autoempleo, y al uso y toma de decisiones sobre los recursos productivos como la tierra, el crédito, nuevas tecnologías productivas y de organización de negocios, información oportuna, mercados, entre otros. En tal sentido, las posibilidades de conseguir empleo o auto emplearse son más reducidas para las mujeres, evidenciada en altas tasa de desocupación femenina (22.4%) la masculina (8.2%)7; y sus ingresos laborales mensuales apenas representan en promedio el 81.4% de los recibidos por los hombres 8. Esta realidad se origina en la confluencia de varios factores: a pesar del crecimiento económico no se han creado los suficientes empleos para absorber el creciente número de mujeres que demandan trabajar en el mercado laboral, la falta de políticas de fomento al empleo femenino y de aplicación de

5Batthyány

, 2012, referenciando a Aguirre y Scuro, 2010.

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Estimaciones realizadas por la CEPAL al 2013. 7 Datos del 2015 proporcionados por Banco Central de la República Dominicana 8 Datos para el 2014 reportados por el Sistema de Indicadores Sociales Dominicanos (SISDOM) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

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mecanismos para garantizar la igualdad salarial, y por las diferencias de ingresos que perciben hombres y mujeres por igual trabajo. Además de disponer de ingresos propios, la toma de decisiones por las mujeres sobre los ingresos percibidos por ellas y su familia es aspecto a trabajar para avanzar en la autonomía económica. La ENDESA 2013 reporta que solo la mitad de las mujeres deciden acerca del destino de sus ingresos y un 45% dice tomar esta decisión conjuntamente con su esposo o compañero.

2.1.2 Brechas de género en el mercado laboral En la República Dominicana hay alrededor de 7. 7 millones de personas en edad para trabajar (mayores de 15 años), siendo ligeramente superior la cantidad de mujeres (51%) que de hombres (49%)9. Sin embargo persisten amplias brechas en los niveles y las condiciones de participación de hombres y mujeres en las actividades generadoras de ingreso. Estas diferencias se resumen en:  A pesar de la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, todavía al 2015 apenas el 44.5 de cada 100 mujeres forman parte de la fuerza laboral, mientras en los hombres esta proporción sube a 74.510. Las mayores tasas de participación laboral se registran en las mujeres comprendidas entre 20 y 39 años (69.2%), con mayores niveles educativos formales (73.6% nivel universitario y 52.5% en secundaria), mayores niveles de ingresos (52.5% y 59.8% en los quintiles 4 y 5), mientras en los estratos de menores ingresos, la tasa de participación laboral es menor (32.9% en el quintil 1)11. Tales cifras indican que las mujeres más pobres, y con menor nivel educativo presentan mayores dificultades para insertarse al mercado laboral y mayores obstáculos para compartir o delegar las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos e hijas y dependientes12. 

Del total de mujeres en edad de trabajar (mayores de 15 años), el 47.8% se define inactiva en el mercado laboral (Vs 22.1% en los hombres), y dentro del total de personas inactivas (2,705,683 personas), hay 1,868,933, mujeres (69%) con dicha condición.13 La inactividad femenina se origina fundamentalmente en su dedicación a labores del hogar y cuidado de su familia y estudios (34 % y 38.6%, respectivamente); mientras la inactividad en los hombres está motivada esencialmente por estudios (65%). Llama la atención que las tasas más altas de inactividad se registran en las mujeres en edad productiva (25 a 49 años) 14 . Esta realidad obedece al rol socialmente asignado a las mujeres como responsables de las labores de cuidado de la familia, que limita su integración al trabajo remunerado. Esta situación se constituye en un gran desafío para el Estado Dominicano,

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Datos reportados por Banco Central de la República Dominicana Dato al 2015, tomado del Banco Central de la República Dominicana 11 Datos al 2014 del SISDOM 10

12Comisión

Económica para América Latina. 2014. Informe anual 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (LC/G.2626), Santiago de Chile. 13 14

Datos al 2015 del BC Las causas de inactividad y su magnitud son reportadas por el SISDOM para el 2014.

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el cual debe dar cumplimiento al mandato constitucional -Art.55 numeral 11-, donde se reconoce que el trabajo de los cuidados crea valor, estando en la obligación de reconocer y valorar el aporte del mismo a la riqueza nacional y de definir y ejecutar políticas para su atención. 

Un grupo importante dentro de las personas inactivas es la cantidad de jóvenes de 15-24 años que no estudia ni trabaja, estimado en 394,434 personas, de las cuales, 263,208 son mujeres jóvenes que no están desarrollando ni aprovechando sus capacidades 15 . La población joven, especialmente las mujeres, es un grupo que demanda de una inminente respuesta a su situación de desatención.



Continúan verificándose altas cifras de desempleo en las mujeres (22.4%) en relación a los hombres (8.2%), a pesar de disponer de mayores niveles educativos (10.3 años Vs 8.4 años), registrándose las mayores tasas de desempleo en población más joven (15 a 24 años), con mayor énfasis en las mujeres jóvenes (54.4% de 15-19 años y 26.5% entre 20 y 39 años16; y los grupos más pobres (45.9% y 30.2% en los quintiles 1 y 2). Destacar que dentro de las mujeres, tener educación universitaria implica menor tasa de desempleo (16.6%), mientras las que tienen educación secundaria el desempleo afecta a 28 de cada 100 mujeres dispuestas a trabajar. La cantidad de tiempo sin empleo de las mujeres desempleadas es mayor que en los hombres, evidenciando que la economía no está creando los suficientes empleos para absorber a la creciente PEA femenina, además de que persisten prejuicios en torno a la contratación de mujeres en edad reproductiva.



La tasa de ocupación masculina es sustancialmente más alta que la femenina (71.5% y 40.5% respectivamente). La educación es una variable esencial para las mujeres obtener un empleo, ya que se registra una mayor proporción de ocupación dentro de las mujeres con estudios universitarios (62 de cada 100 mujeres) que primarios o secundarios (33% y 38% respectivamente). Resalta también que las mujeres más pobres tienen menores niveles de ocupación (18% de las ubicadas en el grupo de menor ingreso - quintiles I), que indica el vinculo entre tener un empleo remunerado y pobreza17.

 Las principales oportunidades laborales de las mujeres se verifican esencialmente en el sector servicios, que absorbe el 89.8% de las ocupadas, esencialmente en otros servicios (48.1%), comercio (21%) y hoteles bares y restaurantes (9.6%). Le sigue en nivel de ocupación en manufactura (8.1%), y en menor proporción en agricultura (2%). En tanto, la inserción laboral masculina es más diversificada: el 68.8% en servicios (comercio, otros servicios, transporte, telecomunicaciones), el 10.9% en industria y el 19.9% en agricultura 18 . Esta segregación laboral según género implica que las mujeres se han 15

Datos reportados por la ONE para el 2014. Datos a 2015 emitidos por Banco Central de la República Dominicana 17 Datos al 2015 emitidos por Banco Central de la República Dominicana 18 Ibídem 16

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concentrado tradicionalmente en ocupaciones ubicadas en los peldaños más bajos en la estructura ocupacional y en actividades similares a las que realizan en el ámbito doméstico y comunitario, acorde al rol socialmente asignado como cuidadoras, en actividades más desprotegidas (trabajo doméstico remunerado).  Destaca el creciente y significativo porcentaje de mujeres ocupadas (14.4%) que realiza trabajos domésticos remunerados, sector que emplea 232,212 mujeres y 18,063 hombres 19 . Una tarea inminente del Estado Dominicano es la reforma del Código de Trabajo para considerar el trabajo doméstico remunerado junto a las otras actividades de servicios contratados, y la puesta en operación de Convenio 189 de la OIT ratificado por el país, donde se establece lineamientos para regular el trabajo doméstico remunerado, su incorporación a la seguridad social y a otros mecanismos de protección social.

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

En las últimas décadas se registra una tendencia decreciente de los ingresos laborales reales de la fuerza laboral, manteniéndose rezagados en relación al crecimiento de la productividad laboral. El Banco Central estima que los salarios reales permanecen estancados, considerando que el poder de compra de los ingresos es prácticamente igual al vigente en 1991, a pesar de que la productividad aumentara en 82.5% en esos 22 años20. A la depreciación sostenida en el poder adquisitivo de ingresos laborales reales de trabajadores y trabajadoras, se adicionan diferencias salariales según género, ya que la proporción del ingreso laboral promedio mensual de la PEA femenina equivale al 81.4% del recibido por los hombres, el 88.2% en el sector formal y el 62.3% en el informal21. Las diferencias salariales por género se mantienen independientemente del nivel educativo, considerando que el ingreso laboral de las mujeres con estudios universitarios y post universitarios representa el 72.37% del ingreso de los hombres con igual nivel, y el 65.67% cuando se tienen estudios secundarios y técnicos.



Los salarios pagados, tanto para las empresas grandes, medianas y pequeñas han permanecido relativamente estancados en la última década, a excepción de los salarios públicos, los cuales se incrementaron en los últimos 5 años22. A enero del 2016, los salarios mínimos pagados en República Dominicana (RD$11,292 para empresas grandes) para resultan ser menores al costo de la canasta básica de bienes y servicios, estimada en

Datos reportados por el Ministerio de Trabajo para finales del 2015

20Banco

Central de la República Dominicana. 2014. Algunas consideraciones sobre la Informalidad y los Ingresos en el Mercado Laboral de la República Dominicana (Parte I y II). 21

Datos del SISDOM para 2014.

22Organización

internacional del trabajo (OIT). 2013. Crecimiento, empleo y cohesión social en República Dominicana. Informe de la Consulta tripartita de FMI-OIT sobre Crecimiento incluyente y generador de empleo en la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana.

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RD$28,291.22 a nivel nacional, incluso por debajo de la canasta básica para el grupo más pobre de la población, cuya canasta se calculada en RD$13,108.31 por mes. Esta realidad, demanda de un aumento en los salarios de la población trabajadora que les permita aumentar los niveles de vida, considerando que los salarios promedios a finales del 2015 se estimaron en RD$15,200 para el sector informal y RD$18,000 para el sector formal. Al 2016 es un gran desafío para el Estado Dominicano garantizar la aplicación efectiva de la Constitución 2010, el Código Laboral y los convenios de la OIT ratificados por el Estado Dominicano garantizar el derecho al trabajo. En el Art. 62 de la Constitución se establece el trabajo como un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, el cual tiene la responsabilidad de fomentar el empleo digno y remunerado; se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio garantizar la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo; el garantizar el derecho a toda persona trabajadora de un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales; y garantizar el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad.

2.1.3 Brechas de género en la cobertura de seguridad social La aplicación de la Ley No. 87-01 sobre el Sistema de la Seguridad Social presenta niveles de cobertura por debajo del calendario establecido para su implementación, tanto para hombres como para mujeres, por tipo de régimen y según tipo de seguros. A diciembre del 2015, 6,657,243 personas estaban cubiertas por un seguro de salud, donde 3,409,639 son mujeres (equivalente al 51.2%), principalmente porque son mayoría dentro del grupo de personas afiliadas a través del régimen subsidiado (52.6% del total), a la vez que son minoría dentro del régimen contributivo (49.9%)23. La población afiliada al Sistema Dominicano de Pensiones ascendió a 3,269,757 personas, donde la población masculina supera a la femenina en 459,711 personas, significando el 57% del total, mientras las mujeres representan el 43% del total de personas afiliadas. De igual manera, los hombres superan a las mujeres en la cantidad de personas cotizantes (55% y 45% respectivamente). 24 El salario cotizable promedio del Sistema Dominicano de Pensiones a diciembre 2015, fue de RD$14,090, para un promedio ponderado de RD$20,235 para hombres y RD$20,760 para las mujeres. No obstante, tales promedios con ligera ventaja en las mujeres, el 68.9% de la población cotizante salarios iguales o inferiores a dos salarios mínimos nacionales para fines de cotización, establecido en RD$9,855.00.

23 24

Datos reportados por la Superintendencia de de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) al 31 diciembre del 2015. Datos reportados por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) al 31 de diciembre del 2015.

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Es un reto para el Estado Dominicano garantizar la aplicación efectiva de Constitución 2010 (Art. 60, derecho a la seguridad social), los convenios de la OIT ratificados por el Estado Dominicano y la Ley de Seguridad Social para garantizar este derecho sin discriminación alguna, especialmente por razones de género. Debe asumir el compromiso de acelerar la cobertura de la seguridad social para asegurar el acceso universal de la población a una adecuada protección frente a enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez, especialmente a las personas más pobres y vulnerables25 y el apoyo a la maternidad, en materia de aumentar la cobertura de las estancias infantiles. Una tarea pendiente en el país es la revisión de la ley que crea el Sistema de Seguridad Social para garantizar que las mujeres en edad avanzada, ya sea por derecho propio o como pensión solidaria, puedan ejercer el derecho a seguro de salud y a una pensión digna.

2.1.4 Bajo empoderamiento económico y mayores niveles de pobreza Las altas tasas de crecimiento del producto bruto interno de manera sostenida en el país (solo en 2015 creció en 7.1%) no se han traducido en mejoras sustantivas en la calidad de vida de la población ni en la reducción de las brechas y en los niveles de pobreza de hombres y mujeres en el país. Las estimaciones oficiales26 muestran una reducción en los niveles de pobreza monetaria general en país de 40.9%% a 35.8% entre 2012 y 2014, y para el 2015 se proyecta en 25%. La pobreza afecta a una mayor proporción de personas en la zona rural (44.1%) que en la urbana (31.8%). Destaca que 22 de cada 100 personas están afectadas por pobreza crónica, el 22.6% por pobreza estructural, y el 13.7% viven en pobreza reciente. A pesar de tales descensos, los niveles de pobreza registrados al 2014 todavía superan el nivel verificado al 2002 (32.7%).27 Los datos oficiales difieren de las estimaciones realizadas por la CEPAL, que estima al 2013 que el 40.7% de la población vive en condiciones de pobreza y el 20.2% en la indigencia, situación que es más marcada en zona rural que urbana (44.7% Vs 38.8%). Esta realidad también afecta a una mayor proporción de mujeres que de hombres, tanto a nivel de pobreza extrema (10.5% mujeres y 9.6% hombres) como moderada. Según este organismo, por cada 100 hombres que vivían en condiciones de pobreza, había 134 mujeres en zona urbana y 135.7 en la zona rural; y por cada 100 hombres que se hallaban en indigencia existían 145.1 mujeres en las ciudades y 167.8 en el campo. Estas diferencias en los niveles de pobreza entre hombres y mujeres dominicanas, superan el promedio de la región latinoamericana (116.9 el índice de feminidad de pobreza y 120.9 de indigencia).28 Existe una relación directa entre hogares con jefatura femenina y pobreza, evidenciando una mayor vulnerabilidad de la población que vive en hogares con jefatura femenina. Al 2013 el 25

Estimaciones realizadas por ENDESA 2013 indican una relación positiva entre la cobertura del seguro de salud y el nivel de ingreso per cápita o de riqueza de la población, lo que implica que las personas más pobres son las que continúan aún más desprotegidas. 26 Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. 2015. SISDOM 2014. MEPYD, Santo Domingo, República Dominicana. 27

SISDOM 2015, datos para 2014. Datos calculados por la CEPAL para el 2013.

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13

50.3% de la población que vive en hogares encabezados por mujeres es pobre, y dentro de este grupo, el 28% se encuentra en indigencia; mientras se calcula que en los hogares encabezados por hombres, el 35.9% de la población es pobre y la indigencia alcanza al 16.2% de sus habitantes29. Según las estadísticas del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), a agosto del 2015 el 62.3% de los hogares incluidos en el mismo tenían jefatura femenina, datos que confirman la alta vulnerabilidad de estos hogares, en los cuales habitan la mayoría de las personas que viven en pobreza en el país. También sus programas reporta a las mujeres como mayoría de las personas beneficiarias de los programas de asistencia social desarrollados por el Gabinete de Políticas Sociales. En un contexto de crecimiento de la economía dominicana y de reducción de la pobreza en términos generales, la proporción de mujeres pobres e indigentes es un fuerte indicador de los sectores que más se benefician del crecimiento de la economía, donde las mujeres en sentido general son las menos favorecidas. Tal realidad, demanda la realización de importantes modificaciones en las políticas sociales y económicas en ejecución, de manera que se produzca una mayor redistribución de las riquezas nacionales, se reduzcan los niveles de pobreza general, y las brechas de pobreza entre hombres y mujeres. Se debe enfatizar especialmente aquellas intervenciones relativas al empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, para lo cual se requiere de la eliminación de todas las barreras económicas, sociales, culturales e institucionales, que impiden el acceso equitativo de las mujeres al mercado laboral, a los recursos productivos, incluyendo la formación para el desarrollo de las empresas.

2.1.5 Uso del tiempo y la división sexual del trabajo Para hacer efectivo el ejercicio real de los derechos y la autonomía de las mujeres es importante el reconocimiento social del trabajo del cuidado de la familia y de reproducción de la fuerza de trabajo que éstas realizan en los hogares, sin pago ni reconocimiento social, pero que contribuye a la creación de riqueza nacional. Los estudios sobre uso del tiempo en la región de Latinoamérica evidencian que el número de horas destinadas al trabajo no remunerado es muy alto entre las mujeres ocupadas en el mercado laboral y en algunos casos llega a ser hasta cuatro veces superior al dedicado por los hombres. Tal sobrecarga de horas de trabajo de las mujeres ocupadas, evidencian la inequitativa distribución del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, el cual se constituye en un aspecto esencial para explicar las limitantes que enfrentan las mujeres para participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres y acceder a recursos económicos que les posibilite mayores grados de autonomía30. En la República Dominicana, aún no se han realizado estudios que permitan cuantificar la jornada de trabajo total que realizan las mujeres y hombres, donde se incluya el tiempo dedicado al trabajo remunerado, y el tiempo dedicado al cuidado de su familia y a la participación social, a los fines de aportar insumos y evidencias fundamentales para la formulación de políticas públicas de igualdad de género. Hasta el momento, en el país solo se cuantifica la cantidad de horas que 29

Datos calculados por la CEPAL para el 2013

30CEPAL

2014.

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la población económicamente activa dedica a su ocupación principal en el mercado laboral. Por tanto, es una tarea impostergable para el Estado Dominicano dedicar los recursos necesarios para realizar este tipo estudios, tal como acontece en otros 18 países de la región latinoamericana. La República Dominicana ha formado parte de todos los países latinoamericanos que a finales del 2015 adoptaron en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un instrumento regional para armonizar encuestas de uso del tiempo. El establecimiento de políticas para redistribuir las labores de cuidados de las personas, es otra tarea inminente para el país, las cuales deben partir que esta labor no es responsabilidad exclusiva de las familias, y dentro de ellas, de las mujeres, sino que es una responsabilidad que debe ser compartida entre hombres y mujeres, y también entre el Estado, las empresas y organizaciones sociales.

2.1.6 Educación Crear capacidades es un tema central para avanzar en la autonomía económica de las mujeres y para aumentar sus conocimientos y su accionar para el ejercicio de sus derechos. La educación general, técnica y profesional es un factor clave para las mujeres y personas jóvenes ingresar y permanecer en el mercado laboral y obtener mejores salarios. A mayor nivel educativo en la PEA femenina aumenta la tasa de ocupación (62% nivel universitario vs 33% nivel primario) se reduce la tasa de desempleo (16.6% nivel terciario vs 22.4% nivel primario) y se reduce la brecha salarial de las mujeres con relación a los hombres (72.4% es la proporción de salario de las mujeres con relación a los hombres con estudios universitarios). Un estudio reciente utilizando técnicas econométricas comprueba que, los años de estudios de la mujer son mejor recompensados económicamente que en los hombres, al estimarse una tasa de retorno de 7.1% vs. 6.1%. También la población joven (18-29 años) obtiene mayor beneficio de la educación en comparación (7.9%) con la población de mayor edad (30-65 años), cuyo retorno se estima en 7.2%. Sin embargo, esta realidad no cambia el hecho de que los hombres reciben en promedio mayores salarios que las mujeres31. Se registran avances importantes en la integración de las mujeres a la educación, las cuales superan a los hombres. La ONE (2015)32 reporta que las niñas y las mujeres son mayoría en todos los niveles educativos. La feminización de la educación se evidencia a través del índice de paridad de género, donde existen 102 niñas por cada 100 niños para el nivel primario, 132 en educación secundaria y 180 en la terciaria de 1.833. Aunque la matrícula universitaria es mayoritariamente femenina (por encima del 62%), las mujeres predominan en disciplinas como humanidades, educación, ciencias de la salud, administración, economía, negocios y ciencias sociales, las cuales están en su mayoría vinculadas al rol tradicionalmente asignado. Sin embargo, las carreras relacionadas a tecnologías como la ingeniería electrónica, licenciatura en informática, 31Domínguez,

Boanerges; García Carmen y Gómez Evalina. 2015. República Dominicana: Tasa de retorno de la Educación 20002014”. Presentado en VI Congreso Internacional de Investigación Educativa organizado por el Instituto Dominicano para la Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE). Santo Domingo.

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 2015. ENHOGAR MICS 2014. Santo Domingo

32

33ENDESA

2013.

15

tecnologías de la comunicación (redes y conectividad) están aún muy masculinizadas, al mismo tiempo que son aquellas donde se están creando mayores oportunidades laborales y son mejor pagadas. Esta realidad releva la necesidad de promover en la educación superior políticas públicas con enfoque de género que contribuyan a superar los obstáculos, barreras y estereotipos que determinan que las jóvenes dominicanas opten de forma masiva por ampliar su participación en los estudios técnicos y universitarios. La Constitución de la República Dominicana del 2010, establece la obligatoriedad del Estado en la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales, formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes y garantizar la educación pública gratuita y obligatoria a inicial, básico y medio, mientras a nivel de educación superior, solo la universidad pública es financiada por el Estado. También debe velar por la calidad de la educación, garantizar la libertad de enseñanza, reconocer la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios educativos y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Para cumplir con este mandato y avanzar en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, el Estado Dominicano debe propiciar cambios en el sistema educativo dominicano y definir políticas públicas para una educación igualitaria e inclusiva en todos los niveles del sector educativo público y privado, que propicie desmontar estereotipos de género, modificar la división sexual del trabajo y los imaginarios de género que refuerzan los patrones de discriminación y exclusión existentes. Accionar para una educación transformadora de las desigualdades de género, implica diseñar e implementar programas sobre educación no sexista desde el enfoque de derechos humanos en todos los niveles educativos; cambios en la currícula en todos los niveles; la promoción de oficios técnicos y carreras entre hombres y mujeres que apunten a eliminar la segregación ocupacional existente; políticas de orientación vocacional y de adquisición de competencias digitales por parte de las mujeres y niñas, a fin de incrementar su participación en el quehacer científico, las ingenierías y las carreras de tecnologías de la información y la comunicación; la inclusión de la educación sexual y la salud reproductiva en los niveles de educación inicial, básica y secundaria, como prevé el Código de NNyA, la formación de docentes desde este nuevo enfoque, entre otras acciones. Tales políticas pasa por involucrar al personal directivo, técnico y docente, tanto del sistema público como privado.

2.2 Autonomía Física Cuando se analizan los principales indicadores de salud en el país se observan estancamientos en algunos de ellos y avances poco significativos en otros en los últimos 6 años. A continuación se presentan algunos de los principales indicadores relativos a salud, salud sexual y salud reproductiva y violencia, destacando las diferencias existentes entre hombres y mujeres.

2.2. 1 Derechos sexuales y reproductivos La mortalidad materna continúa registrando altos niveles en el país, siendo uno de los indicadores más importantes para describir el estado de la salud reproductiva. Esta problemática está fuertemente asociada a factores como atención médica inadecuada a través del sistema de 16

salud, bajo nivel educativo de la población, altos niveles de pobreza, entre otras causas. Aun cuando se reporta una reducción de las muertes maternas del 2010 al 2013, de 130.7 a 108.7 por cada 100 mil nacidos vivos34, esta cifra supera el promedio de América Latina y el Caribe (77 por cada 100 mil nacidos vivos)35, únicamente más alto en Haití, Guyana y Bolivia36. Para el 2015 se proyecta una tasa de 107.7, estando 30 puntos porcentuales superiores al promedio de la región.37 La causa principal de las muertes maternas se atribuye a razones obstétricas directas (71%), seguida por toxemia (22.5%), hemorragias (15%) y abortos (13%) 38 . Estas altas tasas de mortalidad materna indican que las mujeres dominicanas continúan teniendo alto riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y el aborto inseguro, lo cual está relacionado con la permanencia de su penalización en todas sus causales, Todo esto a pesar de la alta cobertura de la atención prenatal39, donde el 97.9% de los partos son realizados por personal calificado en centros de salud (72% en centros públicos y 27% en clínicas privadas) al 201340, porcentaje que aumenta a 98.9% al 2015 41. Destaca la alta proporción de partos por cesárea (58.1% de los partos durante 2 años anteriores a la encuesta)42, que coloca a República Dominicana como el país con más alta tasa de partos por cesárea en el mundo. El uso de métodos anticonceptivos es un indicador importante para medir la autonomía física de las mujeres. ENHOGAR MICS 2014 reporta que solo 69 de cada 100 mujeres en edad fértil casadas o unidas usa algún método anticonceptivo (moderno o tradicional). ENDESA 2013 reporta importantes brechas en la cobertura de planificación familiar, principalmente en las mujeres jóvenes de 15-19 años (27%) y para las de 20-24 años (21%) y en menor proporción (11%) en las mujeres casadas o unidas. Para el 2014 se calcula en 11.4% la necesidad de anticonceptivos para mujeres de entre 15 y 49 años que actualmente están casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los nacimientos o limitar la cantidad de niños y niñas.43 Constituyen tareas inminentes para reducir las vergonzantes altas tasas de mortalidad materna, acciones dirigidas a mejorar sustancialmente la calidad de atención sanitaria, expandir la educación sexual y el manejo de los derechos sexuales y reproductivos, propiciar el acceso a métodos anticonceptivos, la aprobación de normativas como un código penal que despenalice el aborto en sus diferentes causales, entre otras iniciativas. 34 35

Oficina Nacional de Estadísticas, 2014. Base de datos de la CEPAL, consultada en febrero del 2016.

36

Datos publicados por CEPAL Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. 2016. Informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 215. Santo Domingo, República Dominicana. 37

38

SISDOM 2014. ENDESA 2013 reporta que el 100% de las mujeres tuvo algún control prenatal por personal de salud, esencialmente por ginecólogo/obstetra, entre el 75% y 95% de las embarazadas tuvo 4 o más controles prenatales. 39La

40

ENDESA 2013. Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. 2016. Informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 215. Santo Domingo, República Dominicana 42 ONE, 2015. ENHOGAR MICS 2014. Santo Domingo. 4343 ONE, 2015. ENHOGAR MICS 2014. Santo Domingo 41

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La maternidad en la adolescencia continúa siendo una situación de preocupación en el país, cuya incidencia se calcula en 89 la tasa de natalidad entre adolescentes, y en 21.4% el porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que tuvo al menos un nacido vivo antes de los 18 años. La prevalencia del embarazo y la maternidad adolescente se asocian directamente a la pobreza y la baja educación, considerando que el riesgo de una adolescente quedar embarazada es 6 veces superior en las mujeres de educación primaria respecto a las que tienen educación superior y 4 veces superior en las mujeres más pobre con relación al grupo más rico. Estas cifras sitúan a la RD con la tasa de incidencia de embarazo en adolescentes más alta de Latinoamérica y Caribe, situación que permanece y contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza, en la medida en que se vincula con la deserción escolar y a dificultades para enfrentar la vida laboral y desarrollar sus proyectos de vida.44 Entre las mujeres de todo el mundo que están sexualmente activas, el SIDA es una causa importante de mortalidad. En la República Dominicana la tasa de prevalencia general de VIH se ha reducido en la última década, situándose en 1%, siendo superior en los hombres (0.9 %) que en las mujeres (0.7%). En el caso de las mujeres, la incidencia esta vinculada a causas de carácter cultural, social y económico, las cuales se conjugan para limitar las posibilidades de que se protejan y puedan decidir por sí mismas el uso de métodos de protección45. Para el 2014, el país califica le incidencia del VIH en categoría concentrada, debido a su prevalencia en grupos de poblaciones especificas, entre estos la población gay y de hombres que tienen sexo con hombres con una prevalencia de 5.02%, las mujeres trabajadoras sexuales (prevalencia de 4.5%) y las mujeres sin instrucción formal (prevalencia de 5.4%)46. Se ha demostrado que el uso de métodos anticonceptivos, especialmente preservativos en las relaciones sexuales en poblaciones de alto riesgo es una medida muy efectiva para evitar el incremento del VIH y SIDA, así como también el conocimiento amplio en los factores que contribuyen a la condición y desarrollo de la enfermedad. ENDESA 2013 indica que un grupo importante de las mujeres reportaron algún problema para acceder a servicios de salud y tratarse algún episodio de enfermedad, siendo el principal motivo “conseguir el dinero necesario para la consulta o tratamiento” (38%), especialmente dentro de las mujeres sin educación y más pobres (66% y 55% respectivamente); seguido por “la distancia al establecimiento de salud” (22% de las mujeres); “no querer ir sola” (16%), causa principalmente declarado por las adolescentes entre 15-19 años; y porque se le hace “difícil conseguir permiso para ir al doctor”.

44

CEPAL 2014.

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ENDESA, 2013. Datos recopilados por Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. 2016. Informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 215. Santo Domingo, República Dominicana. 46

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República dominicana se ha comprometido a garantizar el acceso universal a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en diversas convenciones y conferencias internacionales y locales. Garantizar el derecho a la salud y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos requiere invertir en sistema sanitario adaptado a las necesidades de mujeres y niñas, que ofrezcan servicios de mayor calidad, más integrales y accesibles. De igual manera, la sociedad debe involucrarse en su conjunto, en erradicar prácticas que ponen gravemente en peligro la salud y el bienestar de las mujeres, entre ellas, todas las formas de violencia de género, y de manera particular, la violencia obstétrica. Así mismo, desde el sistema educativo, el sistema de salud y distintos medios socializantes debe contribuirse a la educación por una salud integral que promueva el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y respete el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo,

2.2.2 Violencia de Género y contra la Mujer La violencia constituye un obstáculo para el desarrollo de las mujeres hacia una vida plena y con igualdad, que se manifiesta no solo en su autonomía física, sino que también tiene repercusiones importantes para la autonomía económica y la toma de decisiones. La ENDESA 2013 evidencia un incremento de la violencia contra las mujeres entre 2007 y 2013 en la República Dominicana, especialmente aquella ejercida por la pareja, la cual fue reportada por el 35% de las mujeres entre 15 a 49 años de edad casada o unida o que estuvieron en esa condición, siendo la violencia emocional la más frecuente de todas (31%), seguida por la violencia física (19%). Las mujeres más afectadas por alguna forma de violencia son: las separadas, viudas o divorciadas (48%), las que tienen cinco o más hijos/as (50%), las que tienen educación primaria 5-8 (42%), las más pobres (40%), las adolescentes y jóvenes (40%) y quienes residen en la zona urbana (36%)47. La violencia domestica está altamente asociada al consumo de alcohol, al grado de control ejercido por el esposo o marido, relaciones que han sido demostradas en también en otros países. El 64% de las mujeres cuyo esposo actual o anterior se emborracha a menudo, fue víctima de algún tipo de violencia en comparación con un 26% por ciento de mujeres cuyos esposos o marido no consumen alcohol o lo hace de forma moderada. De igual manera, en la medida en que un hombre tiene un comportamiento más controlador se incrementa de un 17%48. La dimensión más visibilizada en nuestra sociedad son los feminicidios, debido a la alta cantidad de mujeres que mueren cada año por su condición de género, principalmente el ámbito familiar. La Procuraduría General de la República ha registrado 2, 074 homicidios de mujeres y feminicidios entre 2005 y 2015, dentro de los cuales 1,078 fueros feminicidios (52%).49 CEPAL 47

ENDESA 2013. ENDESA 2013.

48

49Consulta

a través de la web institucional de la Procuraduría General de la República en febrero 2016.

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(2014) reporta que en todos los países de la región latinoamericana, a excepción de la República Dominicana se registra una disminución del total de feminicidios, ocupando el segundo lugar en feminicidios de la región, solamente superado por Perú. La cantidad de mujeres que realizan denuncias ante la justicia ha ido en aumento con los años. Al 2015 se registraron 67,187 denuncias por violencia de género e intrafamiliar, 58,553 fueron por violencia intrafamiliar, 8,669 por violencia de género (física, sicológica y verbal) y 6,741 denuncias por delitos sexuales. No obstante llama la atención, la baja cantidad de ordenes de protección emitidas (15,093) con relación a la magnitud de las denuncias, especialmente por violencia intrafamiliar50. Otra forma de violencia que afecta de manera desigual a las mujeres es la trata de personas y la explotación sexual, considerando que es país es tipificado como nación de origen, tránsito y destino para la trata y tráfico de personas, calificación que le otorga un carácter tridimensional. La magnitud de este problema no es visible al no disponerse de cifras precisas sobre el alcance de esta problemática. Sánchez (2012)51sugiere que miles de dominicanas han sido y siguen siendo objeto de este tipo de violencia, y considerando la feminización de las migraciones y el número de la diáspora dominicana en distintos países, y reporta estimaciones en más de 800,000 mujeres viven en el exterior, parte de las cuales han sido víctima o están siendo víctimas de tráfico y trata de personas. Diferentes investigaciones referenciadas por Sánchez (2012) califican al país como un proveedor importante de mujeres al negocio ilícito de la trata de personas y la industria del entretenimiento a nivel mundial, colocando al país entre las primeras naciones que más expulsan mujeres a esas redes. También releva la conexión directa entre hogares llevados por mujeres, la pobreza y la vulnerabilidad del grupo familiar, situación atribuida al sesgo de género en el acceso a las oportunidades sociales lesivo a la autonomía económica y social de las mujeres, que favorece el interés de emigrar.

Todavía en el país no se tiene mucha conciencia de la violencia económica ni del acoso callejero que sufren las mujeres. Aunque se tiene la percepción de que ambos tipos de violencia afectan a un amplio grupo de mujeres de diferentes estratos sociales, se sabe de las repercusiones que tiene la violencia patrimonial en otros tipos de violencia a nivel de la familia y el vinculo entre el acoso e inseguridad en las calles con el libre tránsito de las mujeres en espacios públicos, son problemáticas aún no estudiadas en el país, ni relevadas como problemas públicos que requieren intervención. Una tarea pendiente es desarrollar este tipo de investigaciones para crear evidencias que sustentes acciones para de políticas públicas. Una forma de violencia contra las niñas que es invisibilizada en el país es el matrimonio o las uniones a edad temprana, una problemática que limita el desarrollo de las mujeres y en muchos casos se convierte en una situación delictiva, la cual es legitimada por la cultural predominante. Se estima que el 11.7% de las mujeres entre 15 y 49 años se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años de edad; el 37.1% de mujeres entre 20 y 49 años se casaron o unieron antes de los 18 años y un 27.5% de jóvenes entre 15 y 19 años esta actualmente unida o casada. Llama la atención, que el 23.4% de las mujeres jóvenes actualmente casadas o en unión sus compañeros son 10 años o más mayores que ellas, y el 23.9% 50

Datos publicados por la Procuraduría General de la República. Página Web consultada en febrero 2016.

51Sánchez, Cristina. 2012. El tráfico ilícito y la trata de mujeres dominicanas en el exterior. Realidades y Lineamientos de Políticas

Públicas. Fondo de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. Santo Domingo, República Dominicana.

20

dentro del grupo de 20 y 24 años52. El matrimonio a edad temprana tiene causas diversas como son los patrones culturales, la violencia intrafamiliar y contra las niñas y la pobreza. Se mantienen importantes retrasos en las reformas legislativas como las del Código Penal, la ley sobre salud sexual y salud reproductiva, y la legislación para la atención integral a la violencia contra las mujeres, con un enfoque de prevención que combata sus causas y sea concebida desde enfoques multidisciplinarios, para su prevención y atención desde las diferentes instituciones públicas, incluyendo el enjuiciamiento y castigo los infractores, y especialmente la

prestación de apoyo y protección a las víctimas, que constituyen grandes retos para el país en materia de derechos humanos de las mujeres. Se reconocen avances en algunas normativas como las del Código para el Sistema de Protección a los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana, la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, entre otras. En esos órdenes tiene sentido destacar es la necesidad de trabajar la problemática de la violencia en todas sus formas desde diferentes espacios, en las escuelas, la comunidad, la familia, hombres y mujeres, y desde las entidades que deben ser garantes de derecho a vivir una vida sin violencia. La escuela es un ámbito esencial para construir una cultura de resolución pacífica de los conflictos y las diferencias, la eliminación de estereotipos y mitos de género, esencialmente a partir de los estudios que demuestran la persistencia de altos niveles de violencia en el estudiantado, el profesorado y la familia y del bajo entendimiento del estudiantado sobre la violencias, sus diferentes causas y manifestaciones, además del alto porcentaje de estudiantes (77%) 53 que justifican conductas violentas contra las mujeres.

2.3 Autonomía en la Toma de Decisiones La participacion política y social de las mujeres en espacios de toma de decisiones es fundamental para el fortalecimiento del sistema democrático representativo y participativo y el Estado de derecho, y el avance económico, político y social del país de manera inclusiva de las necesidades e intereses de las mujeres y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

52

ONE, 2015. ENHOGAR MICS 2014. Santo Domingo. Informe preliminar de investigación de violencia en las escuelas, elaborado por el UNFPA 2015.

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En la República Dominicana coexistes avances y déficits en materia de participación. Se ha avanzado en la creación de un marco jurídico nacional a favor de la igualdad y equidad de género, el cual abarca disposiciones para el ejercicio del poder y la toma de decisiones por parte de las mujeres, pero todavía lejos de la paridad. Entre estas normas está la Constitucion de la República 2010 (Artículo 39) que establece la paridad en los puestos electivos, estableciendo en el acápite 5 derechos a la participación política equitativa, disponiendo que “el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”. Además destacan la adhesión a Conferencias internacionales que abortan diversos temas, incluidos la participacion política como son las Conferencias Mundiales de la Mujer, las Conferencias Regionales de la Mujer de CEPAL, la Convenciones sobre los Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y recientemente los ODS, entre otros. Con esta disposición constitucional se superan las leyes de cuotas mínimas de 33% de mujeres en el listado de los cargos de elección de las candidaturas congresuales y municipales; y la Ley 13-2000, que dispuso la alternancia entre hombres y mujeres en los puestos de Síndico/a y ViceSíndico/a en la boleta electoral municipal de los partidos. A pesar de las normativas, existe una amplia brecha en la participación de las mujeres en los cargos de tomas de decisiones en los distintos poderes del Estado con relación a los hombres, en un país donde actualmente el 52% del electorado son mujeres. Aunque se cuenta con una mujer ocupando la vicepresidencia de la República, la composición de los gabinetes ministeriales, no registra variaciones significativas en los últimos períodos presidenciales, y actualmente apenas hay 4 ministras de 22 ministerios que conforman el gabinete. La CEPAL reporta que a Agosto del 2014, solo el 15.8%, el 10.7% y el 18.2% de mujeres desempeñaban cargos para la toma de decisiones en gabinetes ministeriales, en niveles I, II y III respectivamente. A nivel del Congreso Nacional las diferencias en la representación de hombres y mujeres en significativa. En la Cámara de Diputados, solo el 20.8% de los escaños es ocupado por mujeres y en el Senado, apenas hay 4 senadoras de 32 escaños. Estos niveles de participacion están muy por debajo de la meta de paridad establecida en los Objetivo de Desarrollo del Milenio que concluyeron en 2015. Situación similar se observa en el poder Local, donde existe un amplio déficit de representación en la gerencial principal, pues solo el 7.7% de las alcaldías son gerenciados por mujeres, de un total de 155 alcaldías, y el 33.2% se las regidurías con desempeñadas por regidoras (383 de 1,149 escaños).

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Dentro del poder judicial se han logrado avances en la participación de las mujeres. La proporción de mujeres juezas se ha incrementado de 36.8% en el 1999 a 50% en el 2010. En la Suprema Corte de Justicia, es de 31.3% y en la Corte Civil de Apelación de 33.3%. En la Corte Penal de Apelación la representación de las mujeres como juezas es de 38.5% y de 67.0% en la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes. En los Juzgados de Paz el porcentaje de mujeres alcanza el 74.0%. De igual manera las mujeres son el 60.0% de las y los defensores públicos y el 42.0% de las abogadas/os de oficio54. En el caso del Ministerio Público, la CEPAL reporta que las mujeres representan el 29.4% de las juezas en el máximo tribunal de justicia o corte suprema, el 42.0% de las autoridades que dirigen el sistema de investigación y persecución, el 35.0% de Procuradores Generales, el 41.0% de los Procuradores Fiscales y el 48.0% de Fiscalizadores. Las mujeres enfrentan obstáculos importantes para competir en los puestos electivos. Tales limitaciones se originan en un contexto político que no promueve la paridad, en un sistema electoral que afecta negativamente a las mujeres para competir con equidad con los hombres, la persistencia de una cultura política y de prácticas clientelares que demandan cada vez más recursos para competir, a lo que se une el acceso a recursos de forma inequitativa. Estas situaciones muestran como los sistemas electorales no son neutros, ni en sentido general, ni en lo relativo al género, lo que aumenta la desventaja para las mujeres. La cultura patriarcal predominante limita a las mujeres en la participación en las nominaciones para los puestos de toma de decisiones tanto al interno como fuera de los partidos. Por un lado están los roles de cuidados socialmente asignados a las mujeres limitan sus posibilidades de participacion política fuera como dentro de los partidos. Por otro lado, los mecanismos que se establecen al interno de los partidos (nominaciones bloqueadas, cuotas reservadas) bloquean el avance de las mujeres en las nominaciones para puestos de poder tanto dentro de las estructuras partidarias, como en los puestos electivos y en el poder ejecutivo. El papel del movimiento de mujeres ha sido esencial para el avance de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, a través de su contribución analítica y crítica acerca de la estructuración social, el aporte de perspectivas de análisis sobre las principales problemáticas sociales y mediante propuestas conceptuales y metodológicas relacionadas con temas como son las relaciones de poder, lo público-privado, los biológico-social, la universalidad y la especificidad, los conceptos de derechos, la vinculación entre democracia y ciudadanía, entre otros, que desmantelan los postulados que sustentan la cultura patriarcal y las formas de organización

54Ministerio

de la Mujer. 2014. Informe de la República Dominicana sobre la Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en el contexto del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 2015.

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derivadas de estas. También han sido las impulsoras de las políticas de acciones afirmativas como las cuotas, hasta las propuestas de paridad. Son tareas urgentes para propiciar la paridad en la participación política de las mujeres establecer y reglamentar a través de la Ley de Partidos la paridad de género a nivel político, sobre todo para las candidaturas a cargos congresuales y municipales, así como en la composición de ministerial del gobierno central, que reglamente el financiamiento a los partidos políticos y el acceso equitativo de las mujeres a los recursos de los partidos, Así mismo, disponer de políticas para la formación en igualdad de género y derechos humanos a nivel interno de los partidos políticos, estableciendo sanciones por incumplimiento y restringir la entrega de fondos estatales si no se cumple con la capacitación.

3. Conclusiones: Las desigualdades de género en el ejercicio de los derechos humanos, como el de vivir sin violencia, a tener una salud física y mental, participar en igualdad de condiciones en los espacios de toma de decisiones, tener ingresos propios y acceso y control de activos productivos, tener un empleo decente, no sólo son obstáculos para que las mujeres aprovechar las oportunidades que puede ofrecer la sociedad y la economía, sino que también restringen el ejercicio de sus derechos y el goce de una ciudadanía plena. Tales déficit tienen repercusiones importantes en el desarrollo económico sostenible (incremento de la productividad, crecimiento de la producción, obstáculo para la seguridad alimentaria y el desempeño comercial, entre otros problema macros en el país) y social, y en la consolidación de la democracia representativa y participativa. Las desigualdades de género son resultado de una relación compleja de estructuras políticas, sociales, culturales y económicas, que para su transformación se requieren definir e implementar políticas integrales que exigen de un papel activo del Estado, coherencia entre las políticas económicas y sociales, fortalecimiento de la institucionalidad democrática, superación de la desigualdad territorial y un profundo cambio cultural. Además de comenzar a desarrollar políticas macroeconómicas que tomen en cuenta los sesgos de género, y la superación de la persistencia histórica del modelo del hombre proveedor como norma de la división sexual del trabajo. El rol de las políticas públicas con la participación activa de diferentes actores sociales, especialmente de las mujeres, es esencial para avanzar en el logro de las autonomías en las mujeres, que implica el diseño e implementación de políticas dirigidas a posibilitar a las mujeres participar en la vida privada y pública en igualdad de condiciones con los hombres. En tal sentido, se demanda acciones concretas para aumentar los niveles de empoderamiento de las mujeres, poner fin a la discriminación contra las mujeres y la niñas, cerrar las brechas de género en los ámbitos político, social y económico, eliminar la violencia en todas sus formas contra la mujer y crear las condiciones jurídicas y administrativas necesarias para avanzar en la igualdad de género. 24

Es necesario aumentar los esfuerzos para hacer efectiva la titularidad de derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, esto implica propiciar: mayor igualdad en el acceso a la educación con calidad y promotora de la igualdad de género, salud integral que reconozca los derechos sexuales y reproductivos y la atención a la violencia, empleos dignos y sin discriminación, políticas para la generación de ingresos propios, acceso a vivienda y servicios básicos, acceso a seguridad social y políticas para garantizar la representación en los puestos y procesos de adopción de toma de decisiones políticas y económicas , de modo de ir cerrando brechas para avanzar en condiciones de igualdad. De igual manera, se requieren acciones concretas establecer un sistema integral de prevención y atención a la violencia de género y contra las mujeres, eliminar las prácticas nocivas del matrimonio precoz por la violencia y la pobreza, para que las tareas reproductivas y de cuidado sean compartidas entre la familia y el estado, y entre las mujeres y hombres dentro del hogar. Para que hombres y mujeres puedan compartir derechos y obligaciones en la vida pública y privada es necesario que el Estado, el mercado y las familias asuman un nuevo papel en el cuidado de las personas, incluida la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la implementación de nuevos tipos de servicios y nuevas formas de organización de la vida cotidiana y de los organismos públicos y privados, que deben ser orientados a través de políticas públicas. Estas son algunas de las metas sobre las que debemos avanzar, ya que la sociedad y el Estado Dominicano se ha comprometido en la END 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenibles (ODS). Santo Domingo, 7 de marzo, 2016

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