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ENERO-MARZO

01/2016

Las opiniones contenidas en los siguientes artículos sólo compromenten a sus autores y no constituyen posiciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

OFICINA DE INFORMACIÓ DIPLOMÁTICA

José Lorenzo Outón1 OFICINA DE DERECHOS HUMANOS. MINISTERIO DE DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

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La Resolución del Consejo de seguridad 2242 (2015) sobre Mujeres, Paz y Seguridad: de la teoría a la práctica España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

a desigualdad entre mujeres y hombres es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. Con estas palabras el pasado 13 de octubre de 2015, el presidente del Gobierno Sr. Mariano Rajoy Brey, prácticamente comenzaba su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas2. Se trataba de la primera vez que un presidente del Gobierno español presidía un debate en el Consejo de Seguridad, marcando de esta manera la importancia que España concedía a la ocasión: la revisión de la llamada Agenda Mujer, Paz y Seguridad, iniciada con la Resolución 1325 del año 2000. En efecto, convencida de que la igualdad entre mujeres y hombres es, no sólo un pilar fundamental de las sociedades democráticas, sino una condición ineludible para la paz y seguridad internacionales, España ha hecho de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad una de las prioridades de su política exterior, en el contexto de su El autor desea agradecer a Florencia Restom, colaboradora de la Oficina de Derechos Humanos su ayuda para la redacción de este artículo. 1

2. Intervención disponible: en http://www. spainun.org/2015/10/mariano-rajoy-preside-la-reunion-del-consejo-de-seguridad-en-la-que-se-aprueba-por-unanimidad-la-resolucion-2242-sobre-mujer-paz-y-seguridad/

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, posan con miembros de organizaciones de Mujeres, antes de asistir a la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lleva por título “Mujeres, Paz y Seguridad”, celebrada en octubre de 2015.

membresía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante el bienio 20152016. Por esta razón, en octubre, durante su presidencia del Consejo de Seguridad, España impulsó, con la colaboración de otros Estados miembros, la mencionada revisión de la Agenda, en coordinación con las otras dos revisiones de paz y seguridad en curso en 2015, Operaciones de Paz y Arquitectura de consolidación de la Paz. En el caso de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, dos eran los objetivos confesos de la revisión: reducir la distancia entre la teoría y la práctica y avanzar en la puesta en práctica del marco normativo ya existente en esta materia y, en segundo lugar, completar este marco con referencia a nuevas circunstancias no tenidas en cuenta en las resoluciones anteriores, tales como el importante papel de la mujer en la lucha contra el terrorismo y la radicalización. El primer objetivo: pasar de la teoría a la práctica La Agenda, Mujer, Paz y Seguridad se inició en el año 2000 con la Resolución 1325. Desde entonces hasta octubre de 2015 un total de siete resoluciones del

Consejo de Seguridad han llamado la atención sobre la necesidad de adoptar una perspectiva de género en el análisis de los conflictos, con referencia específica a cuestiones tales como violencia contra las mujeres en estas situaciones, en especial la violencia sexual o el nexo entre la participación de las mujeres y la sostenibilidad de los procesos de paz. Y sin embargo, esta participación sigue siendo marginal, al ser considerada más como una cuestión adicional, importante si se quiere pero tangencial, que como un elemento esencial para la construcción de una paz sostenible. Al tiempo, en las guerras, como señalaba el Presidente del Gobierno en su intervención ante el Consejo de Seguridad, “es a veces y más peligroso ser mujer que soldado”. Se hacía por tanto necesario encontrar los mecanismos para pasar de la teoría a la práctica. Escuchar a la sociedad civil En la búsqueda de estos mecanismos pronto la Diplomacia española se dio cuenta de la necesidad de trabajar con las organizaciones que operan en países en conflicto, con los hombres y mujeres que conocen de primera mano la realidad a la que mujeres y niñas se enfrentan so-

bre el terreno, los obstáculos que frenan su protección y las barreras que impiden su participación. No en vano fue esa misma sociedad civil quien hace ya más de 15 años impulsara la adopción de la primera resolución en esta materia, la mencionada 1325 del año 2000. En consecuencia, durante los meses previos a la revisión de la Agenda, se organizaron encuentros con representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta materia, en especial a través de la Misión ante Naciones Unidas en Nueva York, encuentros que culminaron con la reunión que el SEAEX, Ignacio Ybáñez y el Director General de Naciones Unidas, Javier Sanabria, mantuvieron, a finales de septiembre, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con más de 50 ONGs, al objeto de compartir impresiones sobre el proceso de revisión y asegurarse de que se incorporaba al mismo el punto de vista de la sociedad civil. En este mismo contexto, no puede dejar de mencionarse aquí el llamado Estudio Global sobre la Implementación de la Resolución 1325. Encargado por el Secretario General de Naciones Unidas a Radhika Coomaraswamyy, antigua Representante Especial para los niños y los conflictos

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armados y fruto de del trabajo de 17 expertas, sus análisis y recomendaciones inspiraron la redacción de la nueva Resolución 2242 y continuarán durante mucho tiempo siendo los cimientos para seguir trabajando en este tema. El debate del 13 de octubre Antes de analizar los instrumentos a través de los cuales la nueva Resolución busca acelerar la aplicación de esta Agenda, se impone una referencia a las circunstancias que rodearon la aprobación de la Resolución 2242. Tanto España como el resto de los implicados en la revisión, entre los que es obligado mencionar a ONU Mujeres y al Reino Unido, relator en el Consejo de Seguridad de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, eran conscientes de que una nueva resolución no lograría el objetivo de acelerar la aplicación de la Agenda sin el compromiso de todos los implicados, Estados, Organizaciones Internacionales, incluso hombres y mujeres trabajando en el terreno. Por esta razón, el 1 de octubre, el Embajador Román Oyarzun, Representante

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Permanente de España ante Naciones Unidas, envió una carta a todos los Estados Miembros y Organizaciones Internacionales invitadas al debate del día 13 de octubre instándoles a asumir compromisos concretos en esta materia. Esta carta, la presencia del Presidente del Gobierno y de nuevo, el esfuerzo conjunto de toda la Diplomacia española, hicieron un éxito del Debate del 13 de octubre, que contó con 110 intervenciones, el mayor en la historia del Consejo de Seguridad. Además, guiados por las palabras de mujeres que trabajan en esta Agenda, como la congolesa Julienne Lusenge, la iraquí Yanar Mohammad y la activista libio-canadiense Alaa Murabit, los dirigentes mundiales anunciaron compromisos concretos en la materia. Todos estos compromisos fueron compilados por ONU Mujeres y posteriormente hechos públicos como documento del Consejo de Seguridad al objeto de poder fiscalizar su cumplimiento. La Resolución 2242 (2015): las principales novedades La Resolución 2242 (2015), la octava del

Consejo de Seguridad sobre mujer, paz y seguridad, es la que mayor número de copatrocinios ha obtenido (72), lo que prueba de nuevo la importancia de la Agenda y el trabajo realizado en su preparación. Como se ha señalado, su primer objetivo es la creación de mecanismos que contribuyan a lograr la verdadera aplicación de la Agenda. Este artículo no estaría completo sin la inclusión aquí de estos mecanismos, siquiera sea a modo simplemente enumerativo: 1. La creación, en el seno del Consejo de Seguridad, de un Grupo Informal de Expertos (IEG, según sus siglas en inglés) que proporcione al Consejo de Seguridad el marco analítico necesario para identificar, en relación con la situación de países de la Agenda del Consejo, los retos existentes en materia de mujeres, paz y seguridad, al objeto de su toma en consideración en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz, regímenes de sanciones o durante los briefings, viajes del Consejo o reuniones de sus órganos subsidiarios. 2. Las múltiples referencias a la necesidad de trabajar con la sociedad civil y

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las organizaciones de mujeres, en sede y sobre el terreno, ya sea en relación a la celebración de reuniones internacionales sobre paz y seguridad y a la capacitación de mujeres que participan en procesos de paz;; en la elaboración de los Planes Nacionales de Acción; en las necesidades de financiación de estas organizaciones; en el trabajo sobre el terreno de las misiones de paz; en el propio trabajo del Consejo de Seguridad; en el trabajo de los órganos subsidiarios del Consejo, tales como Comité contra el Terrorismo (CCT) y a la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT); o, por último, en relación a la elaboración de las estrategias de lucha contra el terrorismo. 3. La decisión de integrar los temas de género en los análisis, por parte del Consejo de Seguridad, de las situaciones de países concretos, teniendo en cuenta las especificidades en cada uno de ellos y dedicando de forma específica consultas periódicas a la aplicación y desafíos que la Agenda presenta en países determinados. 4. Los exhortos a incrementar la financiación para esta Agenda, con mención específica de la necesidad de proporcionar más ayuda “en las situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos para programas que promuevan la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres” (PO 3). 5. El mandato a todos los órganos de NNUU, en especial a aquellos con competencias en relación a las misiones, para que integren la perspectiva de género en todas las fases de su labor, desde la planificación a la rendición de cuentas, con previsión expresa de que el cumplimiento de metas relacionadas con el género se tengan en cuenta como indicador de desempeño individual del personal directivo. 6. La previsión de que la perspectiva de género sea tenida en cuenta al aprobar o prorrogar las sanciones selectivas en situaciones de conflicto. 7. La previsión de mejoras relacionadas con la estructura de la organización de NNUU, como el llamamiento a una mayor cooperación entre el Departamento de Asuntos Políticos, el Departamento de Mantenimiento de la Paz y la propia ONU-Mujeres o la necesidad de presupuestar los puestos de asesores de género en el momento de su nombramiento y la previsión de que todos los representantes especiales de Secretario General cuenten

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con uno de estos asesores. 8. Los exhortos, en fin, para que los países que aportan contingentes otorguen a los mismos la capacitación necesaria para evitar abusos sexuales y el hecho de que la propia Resolución se haga eco de la decisión del Secretario General, en el contexto de su política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales, de que se prohíba la participación en las operaciones a los países que figuran en los anexos de sus informes sobre niños y conflictos armados y sobre violencia sexual en conflictos. Objetivo 2: completar el acervo En cuanto a las cuestiones hasta la fecha fuera del marco normativo de esta Agenda, la principal novedad reside en la ya mencionada necesidad de integrar la perspectiva de género en la lucha contra el extremismo violento y el terrorismo. Como señala la nota de concepto distribuida por España antes del debate, “ a pesar de que la utilización de la violación, la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual han sido identificadas como parte de los objetivos estratégicos, ideología y las bases de grupos extremistas como el ISIS (…) y Boko Haram, el análisis del papel de las mujeres como víctimas (…) así como perpetradoras y agentes de prevención y respuesta (…) continua sin ser abordado de forma adecuada”. Precisamente por esta razón, al objeto de integrar la Agenda Mujer, Paz y Seguridad en la respuesta de la comunidad internacional frente al extremismo violento y el terrorismo, la Resolución requiere a los comités del Consejo de Seguridad que trabajan en esta otra Agenda, tales como el Comité contra el terrorismo (CCT) o la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT), que integren en sus trabajos la perspectiva de género de forma transversal e incluso celebren consultas con las organizaciones de mujeres para que “les orienten en su labor”, alentando al Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo a adoptar este mismo enfoque. Igualmente se exhorta a los Estados Miembros y a entidades de Naciones Unidas para que realicen estudios y recopilen datos con perspectiva de género sobre, por ejemplo, el impacto de las estrategias antiterroristas en los derechos humanos de las mujeres y para que aseguren la participación de las mujeres y las organi-

zaciones de las mujeres en la elaboración de las estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, llamando de forma específica a la capacitación y empoderamiento de las mujeres con el fin de que puedan contra-argumentar con eficacia frente al extremismo violento y puedan abordar las condiciones que propician la propagación del extremismo violento y el terrorismo. Un punto de partida Todas estas previsiones sin embargo no son un punto y final. Como ya se ha dicho, la aplicación de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad exige el compromiso decidido de Estados, Organizaciones Internacionales, órganos e instituciones del sistema de Naciones Unidas y, en último término, mujeres y hombres que trabajan en relación a zonas y países en conflicto, en sede y sobre el terreno. Por esta razón una parte importante de la revisión lo constituye el ya aludido documento del Consejo de Seguridad en el que se contienen los compromisos en esta materia de todos los participantes, cuyo cumplimiento deberá ser fiscalizado por todos en los próximos años. Y por esa misma razón es obligada la referencia aquí a los compromisos asumidos por España, entre los que destacan los siguientes: - La actualización de nuestro Plan de Acción Nacional, de 2007 y la aprobación de informes periódicos de seguimiento, presentando ambos en sede parlamentaria. - El Incremento de los esfuerzos de la cooperación española para dedicar una parte creciente de nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, tomando como punto de partida el 6% que ya destinamos a la aplicación de la Resolución 1325 en el marco de las aportaciones a la construcción de la paz. - La profundización de los esfuerzos de formación en esta materia, por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado especialmente los que se desplieguen en Misiones Internacionales, impulsado iniciativas tales como el curso “Enfoque Integral de Género en Operaciones de Paz”, que organizan en la actualidad cada tres meses los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa de Países Bajos y España, en Ámsterdam, Nairobi y Madrid. La XV edi-

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ción de este curso se celebró en Ámsterdam en diciembre de 2015 y contó con 47 participantes de 17 países diferentes. - El impulso de la presencia de mujeres españolas en las misiones internacionales en las que España participa, en especial entre sus cuadros de mando, asegurando también su participación en los equipos de mediación (la participación en la actualidad se acerca al 12%, porcentaje prácticamente igual al de participación de la mujer en las FFAA). - La aplicación de una política estricta de tolerancia cero en relación con acusaciones de violencia sexual que afecten a miembros civiles y militares españoles en misiones en el exterior, con el compromiso de repatriar de forma inmediata a cualquier miembro de sus misiones en el exterior objeto de denuncias por agresión sexual para que sea juzgado por un tribunal español en el plazo máximo de seis meses - La realización de contribuciones por un monto total de 1 millón de euros al nuevo Instrumento de Aceleración Mundial, al Fondo Multiagencia UN Action contra la violencia sexual en conflicto y a al curso de aprendizaje electrónico que lidera ONU-Mujeres en colaboración con el Instituto de Formación de Operaciones de la Paz. - El compromiso, por último, de seguir trabajando en el impulso en esta Agenda, como evidencian el gran número de iniciativas y proyectos en esta materia que en los últimos meses han sido impulsadas, cuando no directamente llevadas a cabo, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. A título de ejemplo de este esfuerzo, deben mencionarse aquí las siguientes: el evento organizado por la Representación Permanente de España ante la UE el 16 de diciembre, dedicado al papel de la mujer en el extremismo violento y su prevención; el impulso al foro en el que en la UE se trabajan estas cuestiones, la “Task Force” Informal de la 1325, la inclusión de referencias al papel de la mujer en negociaciones en paz en curso (vgr, Colombia); la participación en el nuevo Grupo de amigos de la 1325 con sede en Ginebra; la organización en los próximos meses, de un evento preparatorio de la Cumbre de Estambul sobre Acción Humanitaria, dedicado al nexo entre estas otras dos Agendas, en cumplimiento de lo previsto en la propia Resolución; y so-

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bre todo, la co-presidencia (con el Reino Unido) e impulso del mencionado Grupo Informal de Expertos del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad, instrumento clave para la puesta en práctica de todos los mecanismos descritos, siquiera someramente, a lo largo de este artículo. Conclusión Pocos temas ilustran el nexo entre seguridad y respeto de los derechos humanos como el de la discriminación de mujeres y niñas. Con frecuencia alejadas de las luchas de poder que presiden las acciones de beligerantes e insurgentes y con preocupaciones más centradas en el bienestar de sus comunidades, estudios recientes demuestran, por ejemplo, los efectos positivos de la participación de las mujeres en los procesos de paz. El ya mencionado Estudio Global para la Aplicación de la Resolución 1325 señala que la participación de las mujeres aumenta hasta en un 20 por ciento la sostenibilidad de los procesos de paz, 35, si hablamos de que el proceso dure por lo menos 15 años. Lo cual por otro lado no deja de ser una obviedad si tenemos en cuenta que lo contrario significaría dejar fuera de estos acuerdos, con frecuencia, a más del 50 por ciento de la población afectada. Fue precisamente la evidencia empírica de ese nexo entre paz y seguridad e igualdad entre mujeres y hombres, la que llevó a España a elegir, el pasado mes de octubre, este tema como uno de los ejes de su presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con la adopción en ese contexto de la Resolución 2242 (2015) se completa el marco normativo del Consejo de Seguridad en esta Agenda y se incluyen mecanismos destinados a reducir las diferencias entre la norma y la realidad sobre el terreno, a menudo diferente de lo que dicen los papeles. Entre estos mecanismos destaca el impulso de la participación de la sociedad civil y la creación de un grupo informal de expertos en el Consejo de Seguridad que sirva de nexo entre este y la realidad sobre el terreno. Todos estos mecanismos serían sin embargo estériles en ausencia de la voluntad política para aplicar efectivamente esta Agenda. Todos nosotros, Estados, Organizaciones e individuos que las integramos

debemos colocar el respeto de los derechos de la mujer, el respeto de los derechos humanos, en un lugar prioritario en nuestras propias agendas, en nuestras acciones, en el convencimiento de que ese respeto, no sólo es un fin en sí mismo, sino también una exigencia de seguridad. Por eso España ha enviado a ONU Mujeres una lista de compromisos nacionales en esta materia; por eso la cooperación española en 2015 tiene proyectos en ejecución en esta Agenda por valor de más de 20 millones de euros; por eso el Presidente del Gobierno anunció el 13 de octubre un millón de euros adicional y por eso, en fin, hemos adquirido el compromiso de aprobar antes de octubre de 2016 un nuevo Plan de Acción Nacional para la aplicación de esta Agenda. Porque además de tratarse de uno de los pilares en los que se asientan las sociedades democráticas, la seguridad internacional, nuestra seguridad, está en juego.

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¿Qué Unión Europea? Ricardo López-Aranda OFICINA DE ANÁLISIS Y PREVISIÓN

Which European Union? Sergio Fabbrini Cambridge University Press, 2015

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ace unos meses Sergio Fabbrini presentó en el Real Instituto Elcano su libro Which European Union? (ver https://www.youtube.com/ watch?v=pLUsecS7Qhk). En él parte de la constatación de que en la UE no coexisten diversas percepciones en cuanto al ritmo más adecuado de integración, sino tres uniones distintas que responden a lógicas en parte contradictorias. Está en primer lugar la concepción de la Unión como comunidad económica, defendida por los países de la primera integración, y en particular en Reino Unido. Para Fabbrini, esta concepción no se compadece ya, si es que alguna vez lo hizo, con la realidad del proceso de integración europeo, en que, como han recordado otros, los Estados integrantes han pasado de ser Estados soberanos a ser Estados miembros de una Unión que ha alanzado un nivel de institucionalización incompatible con una concepción en la que cada Estado pueda elegir las políticas de su conveniencia. La segunda de las concepciones que coexisten en la actual Unión, concepción cuyo predominio se inicia con el Tratado de Maastricht, se confirma con el Tratado de Lisboa y se refuerza con los mecanismos puestos en pie para hacer frente a la crisis del Euro, es la intergubernamental, defendida tradicionalmente por Francia y, tras Helmut Kohl, por Alemania. Esta unión se caracteriza por la cooperación entre Estados, en el marco del Consejo y sobre todo, a partir del Tratado de Lisboa, del Consejo Europeo. Para Fabbrini, dado que en ella el peso específico de cada Estado es crucial para determinar su capacidad de influencia, la unión intergubernamental

desemboca indefectiblemente en un directorio, primero franco-alemán, y ahora sólo alemán. Fabbrini considera que, en su manejo de las diversas crisis a las que se ha enfrentado la Unión estos últimos años, y en particular la crisis del Euro, este método, que viene a suponer la imposición de los intereses de los más fuertes frente a los más débiles, ha demostrado su incapacidad para resolver problemas básicos, ni en cuanto al fondo (eficacia) ni en cuanto a la aceptación de las soluciones propuestas (legitimidad). La tercera concepción es la unión parlamentaria, que pone el énfasis en el papel de la Comisión y el Parlamento europeo en el proceso de toma de decisiones, en una transposición al nivel europeo de la lógica democrática de los Estados nacionales. Sin embargo, para Fabbrini esta lógica choca con la realidad de las profundas diferencias demográficas y culturales existentes entre los Estado miembros, que no se pueden reducir a un esquema ideológico de oposición izquierda y derecha. Esta unión resulta insuficiente para acomodar el papel necesario de los gobiernos nacionales en el proceso de toma de decisiones. A partir de esta constatación Fabbrini se atreve a hacer una propuesta de salida del actual callejón en el que se encuentra la Unión, propuesta que pasa por una combinación de las perspectivas intergubernamental y parlamentaria, que llama unión compuesta, mientras que la opción de comunidad económica quedaría extramuros, limitada al andamiaje institucional mínimo (que no es pequeño) necesario para el funcionamiento del mercado único, andamiaje que sería compartido con la unión compuesta. El embrión de esta última podría ser una Eurozona en la que la responsabilidad presupuestaria de cada Estado miembro se viera completada por la existencia de una política fiscal común. La clave para el funcionamiento de esta unión sería la aplicación del principio de separación de poderes de tal manera que se evitara el predominio tanto de la lógica interguber-

namental como de la lógica exclusivamente parlamentaria. Para ello sería necesario un pacto fundacional que no descansara en el principio de unanimidad de los Estados miembros, sino en el de mayoría reforzada, a ejemplo del procedimiento de reforma constitucional estadounidense. Fabbrini no deja de reconocer las dificultades para pasar a esa unión compuesta, que requeriría una reforma de los Tratados: la complejidad del nuevo esquema, la tendencia a la inercia y al mantenimiento del satus quo y la necesidad (y falta) de un liderazgo capaz de llevar adelante una agenda de tal envergadura, que requeriría, desde una perspectiva comparada, un pacto fundacional a la altura del que alumbró la constitución de los EEUU. Más allá de la dificultad técnica y política de lo que propone Fabbrini, resulta relevante su crítica de la situación actual y cómo pone en evidencia que la incapacidad de la Unión para dar soluciones eficaces y legítimas a los retos a los que se enfrenta no obedece a su mal funcionamiento, sino a un diseño que no ha acabado de cohonestar los diversos proyectos que coexisten en la Unión. En la Europa actual nadie quiere ni oír hablar de una reforma de los Tratados, y sin embargo resulta difícil ver cómo podrán resolverse los problemas que acosan a la Unión en el actual marco institucional (predominantemente intergubernamental). En última instancia, apunta Fabbrini, se trata de que la valentía y la visión política estén a la altura de la crisis a la que la UE se enfrenta.

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Mucho que celebrar… Defensa del 12 de Octubre como Fiesta Nacional de España y consideración de posibles alternativas. Luiz Zaballa [email protected]

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a última celebración de la Fiesta Nacional estuvo marcada por diversas críticas expresadas en los medios de comunicación contra la significación histórica del 12 de Octubre. Su idoneidad como motivo de celebración fue cuestionada tanto desde presupuestos éticos como políticos. Todo apunta a que en futuras ediciones de la Fiesta Nacional se reproducirá la misma polémica, con el consiguiente ensombrecimiento de un día

concebido precisamente para unir a todos los españoles por encima de las diferencias de opinión. No parece aceptable que los ciudadanos españoles tengan que vivir la Fiesta Nacional como una experiencia anual de bochorno, o defendiéndose de acusaciones gruesas sobre la supuesta responsabilidad histórica de España; mucho menos en un momento en que la unidad política del país está siendo cuestionada, y se hacen más necesarios que nunca los actos de reforzamiento de la conciencia nacional. Ante esta situación, sólo caben dos posibles líneas de actuación por parte de los poderes públicos: una defensa bien articulada del 12 de Octubre como motivo de

la Fiesta Nacional de España, o un examen de posibles fechas alternativas que pudieran conectar mejor con los valores de la ciudadanía española, tanto en términos de profundidad (reflejando los valores más queridos por los españoles) como de amplitud (reflejando los valores más extensamente aceptados). El propósito de este artículo no es otro que el de examinar brevemente estas dos líneas de actuación. No desarrolla la posibilidad de dejar las cosas como están por entenderse manifiestamente contraria al interés público. Oposición al 12-0 Las manifestaciones de rechazo del 12 de Octubre, así como las ausencias de líderes políticos importantes en los actos protocolarios de ese día, encuentran su contexto más amplio en un sentimiento de oposición a esta fecha que ha venido extendiéndose especialmente en el hemis-

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ferio americano a lo largo de las últimas décadas. Muchos de los países que, con un nombre u otro, han venido celebrando el 12 de Octubre desde el siglo XIX, ven cómo el día se convierte en motivo de polémica e incluso de confrontación. Es el caso del Columbus Day, por ejemplo, conmemorado en EEUU desde 1907, y que ahora es denunciado anualmente por las organizaciones de nativos norteamericanos como ‘la celebración de un exterminio’, contando, entre otros apoyos, con el respaldo del National Council of Churches de EEUU.3 Algunos países han dado un nuevo nombre a la fiesta del 12 de Octubre con el fin de transformar lo que tradicionalmente era una fiesta de la hispanidad en una fiesta del mestizaje cultural iniciado en 1492. Es lo que ha hecho Chile, por ejemplo, que en el año 2000 le dio el nombre de Día del Encuentro de Dos Mundos; de Perú, que en 2009 adoptó el nombre de Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural; o de Ecuador, que en 2011 instauró el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Otro grupo de países ha tendido más bien a suprimir cualquier forma de celebración de la hispanidad, como es el caso de Cuba, que no festeja el 12 de Octubre de ningún modo; o Uruguay, que celebra el Día de las Américas, aunque en este caso la decisión se remonta a 1915. Finalmente, hay otros países que han cambiado el nombre de la fiesta del 12 de Octubre con objeto de celebrar la oposición a la presencia hispana, como es el caso Venezuela y Nicaragua, que en 2002 adoptaron el nombre de Día de la Resistencia Indígena; o de Bolivia, que desde 2011 celebra el Día de la Descolonización. Puede entenderse que estos nombres no reflejan necesariamente una oposición a la presencia hispana propiamente dicha, sino a la dominación hispana, pero no cabe duda de que con ellos se interrumpe abruptamente la tradicional celebración de una cultura compartida. Aunque otros tantos países latinoamericanos siguen celebrando el día de la hispanidad en sus diversas modalidades,

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se advierte una clara tendencia a limitar o suprimir las referencias a la hispanidad en la celebración al 12 de Octubre, lo que puede atribuirse a dos factores fundamentales: uno de orden político y otro de orden ideológico. El factor político sería la proliferación de gobiernos de izquierda antiimperialista surgidos en la estela de Hugo Chávez a lo largo de las últimas décadas, cuyas bases sociales tienen un mayor componente indígena; el factor ideológico sería el auge de los llamados estudios poscoloniales en todas las universidades occidentales desde los años 80, orientados a la emancipación cultural de las sociedades ya políticamente descolonizadas. Ambos factores habrían tenido una incidencia directa en la formación de una oposición externa al 12 de Octubre, que a su vez parecen haber ejercido una notable influencia en la oposición interna a esa celebración.  Defensa del 12-0 Las diatribas públicas expresadas el pasado 12 de Octubre vinieron a reproducir las críticas históricas conocidas sobre el descubrimiento y la conquista de América. La más radical, sin duda, es la afirmación de que en esa fecha España estaría celebrando un ‘genocidio’. Es una acusación fácil de rebatir, ya que la Ley de 1987 que establece el 12 de Octubre como Fiesta Nacional justifica explícitamente la elección de esa fecha porque en ella se ‘inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos’. Y en esta materia lo declarativo es constitutivo; si los españoles se dan democráticamente una ley en la que dicen celebrar su ‘proyección lingüística y cultural’, pues eso es lo que celebran, punto, sin que quepa una atribución externa de intenciones por parte de nadie. Con esto queda definitivamente resuelta la cuestión de qué celebra España el 12 de Octubre, así como la cuestión de la legitimidad moral de esa celebración, que es inatacable, pero deja sin respuesta la acusación de que en esa fecha se inició un proceso de genocidio. Se trata de un asunto lateral, ya que no afecta rigurosamente

al objeto de la celebración, pero no cabe duda de su importancia sustancial, ni del impacto real que una valoración de este tipo puede tener sobre la percepción del 12 de Octubre por parte de la propia ciudadanía española. Resultaría conveniente, en este sentido, que los poderes públicos asumieran una labor de pedagogía, empleando todos los instrumentos a su disposición (como RTVE o el sistema educativo) para que los españoles tuvieran el necesario conocimiento de la realidad histórica. No es una cuestión que pueda resolverse brevemente en unos párrafos, pero resulta imprescindible entender y hacer entender algo fundamental, y es que para poder hablar realmente de genocidio debe identificarse necesariamente una política genocida, y que el Estado español nunca ha adoptado una política de este tipo. Hay millones de documentos oficiales de la administración de las Indias disponibles en los archivos históricos, y ningún historiador ha podido encontrar un solo documento oficial que revele una política explícita o tácitamente genocida. Y no es el caso de otros imperios coloniales, donde esa política está perfectamente documentada. Por el contrario, pueden encontrarse innumerables documentos oficiales que revelan una política exactamente opuesta, es decir, dirigida a evitar la extinción de la población colonizada, algo que carece de precedentes históricos. Los instrumentos jurídicos más notables a este respecto son las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de 1542-3. Las Leyes de Burgos establecieron una normativa laboral humanitaria para los indígenas en régimen de encomienda, disponiendo unas mínimas condiciones de vida y de trabajo, un calendario de descanso, y una exención de los trabajos más exigentes para las mujeres embarazadas y los niños. Junto a eso creó un sistema de ‘visitadores’ encargados de registrar a todos los trabajadores con el fin de saber ‘si aumentan o disminuyen los dichos indios’. Las Leyes Nuevas fueron más lejos en todos los sentidos, llegando incluso a disponer que las menguadas poblaciones

3. La polémica por el Columbus Day se inscribe en el contexto de la pugna entre comunidades étnicas que caracteriza la historia de EEUU. Su celebración fue promovida desde medios italianos como reivindicación de la presencia originaria de latinos y católicos en el Nuevo Mundo. No debe extrañar, por tanto, que desde su institución encontrase el rechazo de otras iglesias, como las evangélicas o las ortodoxas, que hoy se integran precisamente en el National Council of Churches, y piden la supresión de Columbus Day del calendario de fiestas oficiales.

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indígenas de Cuba, La Española y San Juan (de Puerto Rico), sencillamente dejasen de trabajar para poder recuperarse demográficamente. Que ‘se dejen holgar—decía el texto literalmente—para que mejor puedan multiplicar’. Es difícil que alguien conozca estos documentos de primera mano y siga sumido en el mito del genocidio. Otras críticas se centran en el hecho mismo de la conquista y el dominio colonial ejercido sobre los indígenas americanos, y es algo que debe admitirse naturalmente, siempre que no se intente singularizar arbitrariamente a España por esas prácticas, que eran comunes a todos los imperios del Viejo y del Nuevo Mundo, y que ningún estado rechazaba en términos de principio. Hubo, de hecho, un estado que se lo planteó seriamente, que fue España, hasta el punto de considerar la paralización de toda la empresa colonial en respuesta a las denuncias de ciertas figuras éticas de dimensión excepcional, como Francisco de Vitoria o Bartolomé de Las Casas, que concibieron por primera vez una comunidad internacional regida por el Derecho, y no por la ley del más fuerte. En virtud de esa nueva visión, Vitoria negó la legitimidad de la conquista americana, y Las Casas proclamó el ‘derecho de autodeterminación’—literalmente—de los pueblos americanos ya colonizados. Tiene interés resaltar estos hechos en la medida en que ponen de relieve una práctica dialéctica común consistente en denunciar enconadamente a España como nación histórica desde categorías éticas y jurídicas aportadas precisamente por España a la conciencia universal moderna. En todo caso, la defensa de la Fiesta Nacional debe ir más allá de la mera argumentación, y dirigirse a asegurar una amplia participación de la ciudadanía en sus actos de celebración—algo que constituye una grave debilidad del 12 de Octubre en comparación con otras fiestas nacionales. Hay que reconocer, a este respecto, que los últimos gobiernos han tenido iniciativas interesantes. El gobierno del Presidente Zapatero dispuso la gratuidad total de las visitas a museos y monumentos históricos, y el del Presidente Rajoy promovió el año pasado un espectáculo de luz y sonido, con fuegos artificiales, en el Palacio Real. Son pasos en la buena dirección, aunque la segunda de las iniciativas

tamientos. Si el evento tuviese éxito en España, podría incluso proyectarse hacia países iberoamericanos, con el consiguiente reforzamiento de los vínculos culturales. Finalmente, habría que sopesar un cambio de fecha para el desfile militar, que refleja unos valores que sólo comparte un sector de la sociedad española, y que suscita un rechazo considerable en otro sector nada desdeñable. Es comprensible la voluntad de realizar algún acto anual de encuentro entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, pero no es necesario que ese acto tenga lugar precisamente el día de la Fiesta Nacional, cuya debilidad en términos de arraigo popular no le permiten soportar eventos que puedan generar desafección en parte de la ciudadanía.

Francisco de Vitoria. FOTO: JACOB BURCKHARDT

necesitaría extenderse de algún modo a toda España, para lo que habría que disponer la necesaria dotación presupuestaria del Estado. Aun así, habría que encontrar algún modo de involucrar a la juventud española, de modo semejante a como los jóvenes franceses participan en los bailes del 14 de Julio en las plazas públicas, o los estadounidenses en los picnics del 4 de Julio. Hay una manifestación cultural de carácter festivo que podría llenar este vacío brillantemente gracias a su poder para identificar y vincular a los pueblos iberoamericanos, y que al mismo tiempo es apreciada en el resto del mundo: los bailes iberoamericanos (tango, merengue, sevillanas, etc.), que podrían ser el motivo de fiestas y conciertos al aire libre organizados por los ayun-

FOTO: GARRY KNIGHT

Alternativas al 12-0 Es justo reconocer que, junto a los exabruptos políticos, hubo también propuestas constructivas en la polémica del pasado 12 de Octubre, destinadas fundamentalmente a sugerir fechas alternativas. Así, por ejemplo, el Coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, propuso el 2 de Mayo como fecha capaz de suscitar el consenso de la ciudadanía, a semejanza de otros muchos países que han adoptado la lucha por la independencia como motivo fundamental de su fiesta nacional. La fecha podría tener, en efecto, una amplia aprobación social, especialmente en Madrid, pero tampoco sería invulnerable ante eventuales críticas que identificasen esa fecha con el ‘vivan las caenas’ de la ‘España Negra’ en oposición al supuesto esfuerzo civilizador francés. También habría que valorar los efectos internos y externos de celebrar una guerra contra Francia, con la que España desea mantener las relaciones más estrechas posibles. Pero, sobre todo, cabe preguntarse por la suficiencia de celebrar simplemente la independencia política de un país como España, que ha tenido una proyección y una significación histórica universales. (EEUU celebra el Independence Day, pero en su caso la independencia está ligada a una revolución política de indudable alcance universal.) El periodista Pedro J. Ramírez, por su parte, sugirió el 6 de Diciembre como fecha simbólica del logro de la convivencia política en España, uniendo el Día de la

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Constitución y la Fiesta Nacional en una sola celebración. Es una idea razonable, sin duda, pero tampoco cabe esperar que suscite un especial entusiasmo popular, ya que esa fecha no lo suscita en su formato actual. Por otra parte, y como reconoce el propio Ramírez, la propuesta responde a la filosofía del ‘patriotismo constitucional’, formulada por el filósofo Jurgën Habermas para cimentar un nuevo sentimiento nacional alemán ligado a la Ley Fundamental de 1949. Pero la situación de la España actual difiere radicalmente de la de la Alemania de posguerra. Alemania era una potencia vencida que había adoptado una constitución que muchos politólogos actuales no dudan en calificar como una carta otorgada—por las potencias vencedoras. De ahí derivaba una renuncia tácita a la nación histórica de Alemania, y la consiguiente reducción del sentimiento nacional a una adhesión ciudadana al texto constitucional. España, en cambio, no tiene que renunciar a sí misma como nación histórica, y no hay motivo para limitarse a celebrar el pacto político vigente, que puede seguir celebrándose como hasta ahora, separadamente. Otra propuesta sugerente fue la formulada a título particular por el Secretario de Podemos, Íñigo Errejón. Su idea sería fijar el 19 de Marzo como día de la Fiesta Nacional para conmemorar la aprobación de la Constitución de 1812, también en el entendido de que el evento sería capaz de congregar la adhesión general de la sociedad española. Y, en efecto, los valores plasmados en ese texto coinciden en buena medida con los valores compartidos por la actual sociedad española. Pero tampoco puede olvidarse que esa constitución supuso una victoria de la España liberal sobre la España tradicional, en línea con la costumbre constitucional española—sólo superada en 1978—de intentar imponer una España sobre otra. A la propuesta puede subyacer, además, la narrativa política de que España fue salvada de sí misma por la Europa ilustrada, que a veces se lleva al extremo de situar en 1812 el origen mismo de la nación española. Pero nuestro país tiene una rica histo-

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Frontispicio de las Leyes Nuevas. FOTO: ARCHIVO EL COMERCIO

ria anterior a esa fecha, con expresiones políticas y culturales de origen autóctono y de dimensión global—como el humanismo ético universal del Renacimiento—a las que no tiene por qué renunciar, y que identifican mejor su contribución al mundo moderno. Hay otras posibilidades, esbozadas desde diferentes sectores de la sociedad española, como la fecha del 8 de Septiembre para conmemorar la conclusión de la Primera Vuelta al Mundo en 1522, o el 22 de Abril para conmemorar la muerte de Cervantes en 1616. La primera fecha sería interesante si se concibiese como símbolo del proceso de globalización renacentista protagonizado por España, junto a Portugal, en los siglos XV y XVI, aunque tiene el pequeño inconveniente de que ese viaje incluyó también la conquista de Filipinas, lo que podría suscitar las habituales críticas contra el imperialismo español. La segunda parece inspirarse en la fiesta

nacional de Portugal, que conmemora la muerte de Camoens en 1580, y tiene el atractivo de dar a la Fiesta Nacional un sentido netamente cultural, libre de polémicas políticas. En todo caso, habría que sopesar la idoneidad de fusionar la Fiesta Nacional con el Día del Libro que se celebra precisamente ese día, así como la posibilidad de que esa elección proyectase involuntariamente la imagen internacional de España como país de un solo escritor. Hubo, finalmente, una propuesta para celebrar un referéndum en el que los españoles pudieran escoger la fecha de la Fiesta Nacional, formulada por la diputada de Podemos Carolina Bescansa. No es en absoluto una idea disparatada, ya que el motivo de la Fiesta Nacional es un reflejo de los valores de la ciudadanía, y su sometimiento a la soberanía popular facilitaría su aceptación general. Pero sería contraproducente que los partidos se posicionasen públicamente por una u otra fecha, ya que podrían generar en otros partidos automatismos competitivos que dificultarían el consenso en torno a una fecha. Lo ideal sería que se propusiese al electorado una fecha con un amplio consenso parlamentario, capaz de atraer a los españoles tanto como el 12 de Octubre, y que ellos elijan entre esas dos fechas. Una propuesta adicional: el 4 de Junio El 4 de Junio de 1543 es la fecha en que se firmó en Valladolid la segunda de las ordenanzas que integran las Leyes Nuevas de 1542-3 (la primera se firmó en Barcelona el 20-N de 1542). Inspiradas e impulsadas por Bartolomé de Las Casas, las Leyes Nuevas fueron el primer instrumento jurídico de protección de los derechos humanos jamás aprobado. Tuvieron, en efecto, como fundamento filosófico, la doctrina de los derechos naturales, articulada inicialmente por Vitoria, y desarrollada después por otros miembros de la Escuela de Salamanca, como Domingo de Soto, Vázquez de Menchaca, Francisco Suárez, y el propio Las Casas. Estos autores acuñarían la expresión ‘derechos naturales’, e identificarían cada uno

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de esos derechos (a la vida, la libertad, la igualdad, etc.) sobre la base de una naturaleza humana universalmente compartida. Así entendidos, los derechos naturales se verían reflejados en el texto de las Leyes Nuevas, y dos siglos después en la Declaración de Independencia de EEUU de 1776, culminando con la Declaración de Derechos del Hombre de 1789. Esta última emplearía literalmente la expresión ‘derechos naturales’ alternándola con la de ‘derechos del hombre’, sin hacer ninguna distinción. Los derechos naturales no son, como a veces se afirma, ‘antecedentes’ o ‘precursores’ de los derechos humanos. Son los derechos humanos. Entre los argumentos en favor de la adopción de esta fecha cabría mencionar los siguientes: - La Fiesta Nacional tendría como motivo la celebración de los derechos humanos, que constituyen, sin duda, el valor más ampliamente compartido y más profundamente arraigado en la sociedad española. - Serviría para dar a conocer una de las mayores contribuciones de la cultura española al mundo moderno, tanto hacia adentro (para una población que desconoce el hecho y su significación histórica) como hacia fuera (para una comunidad internacional que lo desconoce igualmente). - Mantendría el carácter iberoamericano de la Fiesta Nacional, aunque escogiendo cuidadosamente de la historia de Iberoamérica aquello que se considera más digno de ser celebrado (y evitando o minimizando la posibilidad de que se atribuya a España la celebración de cualquier otro aspecto de esa historia). - Tendría lugar en primavera, que es la estación ideal para salir a la calle y celebrar la fiesta en los espacios públicos. No es casualidad que las fiestas nacionales más celebradas, como el 4 de Julio de EEUU o el 14 de Julio de Francia, tengan lugar en fechas de buen tiempo. En Espa-

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ña, el 4 de Junio sería generalmente un día soleado y no demasiado caluroso. Sólo cabría señalar un inconveniente aparente, y es el hecho de que el motivo de la celebración sea desconocido para el público en general. Pero si se considera esta idea con detenimiento, se comprenderá que esto no es un verdadero inconveniente, ya que el Estado no tiene realmente una dificultad para ‘posicionar su producto’ entre el público, como lo tendría un emprendedor privado que quisiera posicionar un producto o concepto en el mercado. Basta con discutir públicamente la decisión, y adoptarla finalmente, para poner en marcha una enorme maquinaria mediática que la daría a conocer a todo el público. Y la celebración anual de la Fiesta serviría para extender y profundizar su conocimiento. Cabría entender más bien que se le presenta a España una gran oportunidad de transformar sustancialmente su autoimagen, así como su imagen internacional, con un coste mínimo. Conclusión La identidad nacional de un país moderno no se construye ni se mantiene por sí sola, sino que requiere la acción de los poderes públicos. La fecha y el motivo de la Fiesta Nacional constituyen un instrumento esencial en la formación y preservación de esa identidad, por lo que reclaman un tratamiento político que sea a la vez imaginativo y responsable. Corresponde naturalmente a los representantes políticos de la sociedad española interpretar el momento histórico, y determinar si la cuestión ha de tener prioridad.

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