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CONVERSATORIO “LA GUAJIRA: DINÁMICAS DEL CONFLICTO, SITUACIÓN HUMANITARIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS” Riohacha, Mayo 31 y Junio 1 de 2011
Objetivos
Hacer un recuento histórico de la presencia de grupos armados ilegales (guerrillas, autodefensas, paramilitares y grupos pos-desmovilización) en La Guajira, desde la perspectiva particular de cada entidad, y analizar la situación actual e impacto de estos actores en el departamento.
Analizar el impacto de los modelos de desarrollo que se están implementando en La Guajira, en particular algunos megaproyectos, así como analizar la situación humanitaria y el conflicto armado..
Analizar la visión de la situación actual en el departamento desde un punto de vista regional. ¿Cómo se percibe en la región, la situación actual en términos humanitarios?
Mayo 31 1. Recepción y registro de Participantes 2. Bienvenida – Gabriel Turriago / PNUD Comparte los objetivos del foro y la metodología. 3. Introducción - Pastoral Social Riohacha Resalta la necesidad de estos espacios para la reflexión, con objetividad, claridad, veracidad y concreción, para encontrar alternativas reales de solución. Fernando López – Defensor del Pueblo 4. PANEL “Dinámica pasada y reciente del conflicto armado en La Guajira”
Dirección de Derechos Humanos (MIJ): María Forero.
Hace un recuento de la situación de riesgo en la Guajira, resaltando la presencia de Urabeños, Paisas y del Frente 59 de las FARC. Señala la disputa por parte de estos grupos de corredores estratégicos y zonas de megaproyectos, como los puertos. Resalta como escenarios de riesgo: desplazamiento, amenazas contra líderes que reclaman tierras, desaparición forzada y homicidios selectivos, reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, la afectación a los territorios de los pueblos indígenas y reclutamiento para tráfico y cobro de extorsiones en particular en Riohacha y Dibulla. Además, se resalta la presencia de cultivos ilícitos y debilidad de los procesos organizativos locales. Se han tomado acciones de gestión preventiva del riesgo con organizaciones como Fuerza de Mujeres Wayuu y líderes comunitarios. Se busca fortalecer los componentes de prevención y protección en los PIU locales con enfoque diferencial e implementar la ruta étnica de protección de territorios. Además se busca fortalecer procesos organizativos comunitarios como estrategia de prevención frente a las amenazas y el reclutamiento forzado.
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Señala que existe un plan de prevención departamental y están en construcción los planes de prevención municipales.
MAPP OEA: Camilo Martínez.
Hace un recuento de las acciones de verificación que desde 2005 viene adelantando la MAPP en la Guajira. Señala las dificultades de verificar el cese de hostilidades que tuvieron al inicio de sus actividades, dado que las AUC podían ser objetivo de operaciones militares y en consecuencia se mantenían en acción. Entre las principales problemáticas encontradas en la Guajira tenemos: desplazamiento, amenazas, bloqueos, confinamientos, homicidios, desapariciones, etc. Señala que en un comité de verificación que se reunía en Santa fe de Ralito, conformado por el OAP, la MAPP y los comandantes de las AUC, al que se presentaron 148 denuncias de violación del cese de hostilidades, de las cuales 48 fueron presentadas por la MAPP, 14 de eses denuncias provenían del departamento de la Guajira, de las cuales sólo 4 fueron confirmadas. Describe el operar “mafioso” de las AUC en particular en las ciudades. En cuanto al proceso de desmovilización, recuerda que del Bloque Norte de las AUC se desmovilizaron 2521 miembros, quienes entregaron 830 armas y señala que el segundo grupo de mayor tamaño al interior de este bloque era el Bloque Contrainsugencia Wayuu. Entre algunos de los obstáculos que tuvo el proceso se encontraron la falta de identificación y conocimiento de la tropa de las AUC y la falta de articulación de las instituciones locales con el proceso. Entre abril y mayo de 2006 la MAPP denunció el rearme de grupos del Bloque Contrainsurgencia Wayuu en la alta y media Guajira, la cual no percibe un real desarme en varios departamentos de la región Caribe. Maicao, Riohacha, Dibulla, son los municipios donde se verifica el rearme de estas estructuras, las cuales empiezan a hacer alianzas con estructuras del narcotráfico. Señala que desde 2006 a la fecha, la afectación en la Guajira continúa en las mismas zonas, pese a los esfuerzos institucionales, por contrarrestar las disputas y las alianzas de estos grupos. En total hay 205 desmovilizados en la Guajira, de los cuales el 95% son de las AUC. Se han verificado dos casos concretos de reame en la Guajira. Finaliza indicando el porque la situación de riesgo de las comunidades continúa pese a al proceso de desmovilización y a los esfuerzos institucionales.
Corporación Nuevo Arco Iris Observatorio del Conflicto Armado: Ariel Ávila
Colombia vive una nueva etapa de violencia que no puede ser medida con los indicadores típicos del conflicto armado. Alto grado de desconcentración de mandos, de actividades y de estructuras que operan como redes y no como organizaciones. Señala que estas estructuras son neo-paramilitares. Resalta que el 28% de las estructuras criminales y delincuenciales se encuentran en centros urbanos Advierte que el 30% de estas estructuras realizan las mismas actividades que sus predecesoras, mantienen relaciones con instituciones y conservan el mismo “modus operando” de las AUC, como ocurre con los Rastrojos y los Paisas.
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Indica que el 25% de estas estructuras se han constituido en brazo armado de élites locales con fuertes nexos con la institucionalidad local, como es el caso de las Águilas Negras. Asimismo señala que el 15% de estas estructuras opera en los llanos orientales y su accionar no está determinado. Advierte que no hay cambios significativos en la violencia luego del proceso de desmovilización y que las AUC traficaban antes de la desmovilización y no tenían estructuras de mando, al igual de lo que ocurre con las Bacrim hoy. A continuación hace una breve caracterización de cómo están organizados estos grupos: Confederados: Rastrojos y Paisas. Tiene fuertes vínculos con la institucionalidad. Se les atribuyen 80 homicidios de líderes. Dependen de economías emergentes como la minería y el petróleo. Cumplen labores contrainsurgentes, son los únicos que están combatiendo contra las FARC. Federados: ERPAC, Urabeños, Alias “Valenciano”. Se sienten traicionados por el proceso de desmovilización, tienen relaciones con la clase política local, pero son los más perseguidos a nivel nacional. Han hecho acuerdos de no agresión con las FARC. Dependen mayormente de las economías del narcotráfico. Operan en el Pacífico y en los llanos orientales, las cuales son las regiones de mayor afectación. Estos grupos se acercan cada vez más a grupos de seguridad privada. Se oponen a procesos de restitución de tierras. La ley 1102 de 2008, presentada por el Ministro Arias, de saneamiento de la falsa propiedad, reduce a 5 años el periodo para sanear estos procesos, mecanismo a través del cual se está legalizando el despojo. La tierra está concentrada en los políticos locales y empresarios, y sólo el 20% en manos de testaferros. Hay una tercerización de la tierra. Se han urbanizado las estructuras criminales, por la necesidad de promover el consumo interno debido a la pérdida de control de los mercados norteamericano y europeo, por parte de las mafias colombianas. Lavado de activos, microtráfico, prostitución, son actividades de estos grupos en centros urbanos. Estos grupos subcontratan con estructuras de delincuencia común. Para Nuevo Arco Iris, la Guajira y Cesar se encuentran en riesgo electoral. Señala que el descenso en las tasas de homicidios, no es atribuible a mayores garantías sino por el mayor control territorial de un actor armado y la cooptación de estructuras, como se dio en el caso de alias “Pablo”. Prevén que se va a dar gran resistencia a la restitución de tierras y que la disputa electoral será entre élites mafiosas Señala que debe construirse una política de seguridad urbana, que no esté en función de la seguridad nacional, que de cuenta de los nuevos indicadores de violencia, a la par que implementa una estrategia de lucha contra la corrupción. Finalmente comenta la preocupación por los procesos de corrupción en las instituciones estatales incluida la policía y los jueces, lo cual es un nuevo reto para la política de seguridad.
Organización Poder Civil Salvaguarda de Riohacha: Miguelángel López-hernández
Recrea un cuadro histórico en dónde se explica la actual presencia del Conflicto armado colombiano en La Guajira.
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Este conflicto se asume, en La Guajira, de una manera particular: la población relaciona la violencia al margen de la ley como resultado de la relación irregular del Estado Colombiano con La Guajira. Es asunto de conflicto de poder: tanto los dirigentes políticos de partidos tradicionales como dirigentes económicos y delincuentes armados buscan el control del territorio fronterizo, rico en recursos naturales y singular en su expresión cultural. Se hace un recuento de tres periodos de violencia en La Guajira. El primero en el S. XVI es la relación Nación–Estado Europea con la Nación no estatal – Wayuu. Predomina la visión de enclave económico y no un proyecto político de construcción de un territorio, donde prima el interés privado en detrimento de la integridad del territorio Wayuu. El proceso de mestizaje fue lento y espurio. La fuerza militar protege la economía de enclave de las granjerías perleras y se relaciona directamente con la metrópoli de la Corona española. Con la decadencia de la economía perlera, luego de la incursión de Francis Drake, la ciudad pasa a ser administrada por Santo Domingo. Segundo periodo S. XVII – XVIII. Prima el proyecto político por encima del económico. Riohacha se convierte en un eje articulador entre Santa Marta y Venezuela. Surge la figura para la interlocución con los nativos: cacique de indios, que dominaba el bilingüismo y facilitó la relación de españoles y nativos. Primer intento de institucionalizar el control del territorio desde el seno mismo de las comunidades nativas. Guarniciones militares se establecieron en los cruces de caminos y se da la evangelización sistemática de los Wayuu. Se le permite a algunas comunidades nativas hacer pequeños intercambios comerciales. En 1769 se da un levantamiento wayuu contra los abusos y las restricciones al comercio con otros países distintos a la corona española. A inicio de la siguiente década se dan los primeros acuerdos que amplían los canales de comercio, luego del levantamiento Wayuu; se visiona un reconocimiento a su singularidad. Tercer periodo S. XIX y XX. Colombianización de La Guajira. El Estado busca integrar a los pueblos indígenas a la sociedad mayoritaria blanca (nación), a través de la evangelización de la educación. Ejemplo de ello son los internados como el de Nazareth que cumple 100 años en el 2011. Persisten los enclaves de multinacionales. En La Guajira se asume que Colombia es un estado fallido y prueba de ello son el paramilitarismo y la insurgencia. La delincuencia común se constituye como fuerza laboral barata. Los actores ilegales buscan el control de los puertos y otros sectores estratégicos locales. El paramilitarismo busca el control de la singularidad Wayuu y de su territorio para integrarla a la nación colombiana, a partir de su fuerza intimidatoria y para su beneficio primero. Actualmente un grupo de organizaciones de la sociedad civil están trabajando en un Acuerdo Municipal para Riohacha sobre seguridad con 5 componentes: cultural, ambiental, económica, político (Institucional) y de derechos humanos, el cual requiere el acompañamiento de la institucionalidad nacional y de la comunidad internacional. La sociedad civil, la administración municipal, los organismos de control y la comunidad internacional, son los actores de la propuesta y señalan la necesidad de hacer seguimiento al comportamiento de los miembros de la Policía para sancionar moral y públicamente sus abusos y reorientar sus esfuerzos hacia el bien de todos. Señala que los consejos de seguridad deben ser abiertos y públicos, de cara a la ciudadanía y no a puerta cerrada como se ha hecho hasta el momento. En resumen el conflicto armado, en La Guajira, debe asumirse desde el contexto histórico, en donde su privilegiada posición geográfica ha sido objeto de intervención coactiva y no dialogada; su singularidad cultural ha sido vista como
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obstáculo para el control desde un ideario nacional… y su riqueza natural como objeto de explotación desde la superioridad tecnológica que reducirá a los nativos a ser menores de edad protegidos. Esta tensión asimétrica entre La Guajira y el resto del país debe tratarse desde un espacio horizontal hacia la composición de una nueva relación regiónnación humanista, participativa y en corresponsabilidad autonómica.
Defensoría del Pueblo SAT Guajira ‐ Cesar: Juan Carlos Gamboa
El trabajo de la Defensoría en la Guajira comienza desde 2002. Señala la ilegalidad y el ejercicio del contrabando, como características de la dinámica departamental, así como la presencia de actores armados de vieja data: combos marimberos, etc. Desde 1998 desde el norte del Cesar comienza la incursión paramilitar en la Guajira. En 1997 se da la captura de Mancuso y Jorge 40. En diciembre de 2001 ocurre la masacre de 13 indígenas Wayuu en Hatonuevo. En ese mismo año se da el asesinato de 3 “hombres fuertes” en Maicao y Dibulla. Igualmente se da la confrontación entre el Bloque norte de las AUC y el grupo de Hernán Giraldo. La estrategia de alianzas y confrontaciones con hombres fuertes, caracteriza el conflicto en la Guajira. Frente Contrainsugencia Wayyu operaba en alta Guajira, Riohacha, Carraipía, Dibulla y sur de Riohacha, y se estructura luego de la derrota de Hernán Giraldo. Entre 2002 y 2003 se da la masacre de El Limón, donde 16 Wayuu son asesinados y al de Potrerito, donde mueren 13 personas. Se dieron 72 masacres en total en la Guajira, sobresaliendo Maicao con 19, San Juan del Cesar y Riohacha con 11 masacres cada una. Tras estos eventos son desplazadas la gran mayoría de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre 1995 y 2011 han sido asesinados 253 Wayuus, principalmente en Maicao. Las facciones de los Buitres y Escorpión no se desmovilizaron en 2006, con la desmovilización del Bloque Norte de las AUC. La para-política y para-economía se consolidaron en la Guajira, como consecuencia del paramiltarismo. También se consolidaron los megaproyectos y se desintegró completamente la movilización y la organización social. Actualmente los Urabeños se encuentran en la alta Guajira, Maicao, Riohacha, Dibulla y Fonseca. Los Rastrojos en la Troncal del Caribe, Dibulla, Riohacha, Maicao y Carraipía. El Grupo denominado Alta Guajira, opera en la alta Guajira y Maicao, mientras los Paisas lo hacen en este último municipio. Debate concepto Bacrim vs. Paramiltares. La denominación Bacrim distrae su origen paramilitar. Unos y otros manejan redes de prostitución y trata de personas, han generado desplazamiento, son responsables de homicidios selectivos, cometen secuestro y extorsionan. En la Guajira operan los Frentes 19, 41 y 59 de las FARC y dos frentes del ELN Luciano Ariza y Gustavo Palmesano. El Frente 59 de las FARC o Frente “Resistencia Wayuu” ha recogido elementos de los frentes 41 y 19, y opera a lo largo de toda la frontera con Venezuela, constituyéndose en el frente más fuerte del Bloque Caribe de las FARC, hoy denominado Bloque Martín Caballero. El ELN por su parte, se fusionó en el “Comisión Mixta” que opera conjuntamente con las FARC. El cambio en la política internacional ha generado mayor presencia de las FARC en la Serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que ha generado desplazamiento en El Molino y Barrancas en diciembre de 2010, por combates entre el Ejército y la guerrilla. Señala que esta dinámica ha llevado al incremento de los señalamientos y la estigmatización de la población civil por parte de los actores armados.
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Finaliza haciendo un recuento de los informes de riesgo emitidos por el SAT para la Guajira, siendo las zonas de riesgo identificadas la alta Guajira (Charapilla), Maicao, Dibulla, la Troncal del Caribe, Riohacha y Fonseca.
Se da paso a la discusión y a las intervenciones de los asistentes.
La Campaña Colombiana Contra Minas, señala que el tema de MAP y MUSE no es visible para el Ministerio del Interior, ni para las demás instituciones. Asimismo señala que las AUC no entregaron el inventario de caletas de explosivos y campos minados, lo que genera riesgo para las comunidades. El Personero de Uribia señala la controversia que han tenido con la Defensoría sobre el tema de reclutamiento y trata de personas, y resalta que estos hechos no han sido comprobados. En el último caso señala que el DAS advirtió de un caso aislado. Defensoría resalta que los informes de riesgo buscan advertir de posibles riesgos, con base en información recolectada en terreno. De la trata de personas señala los 4 grupos de personas del África sub-sahariana que fueron capturados en la Guajira intentando salir del país. Nuevo Arco Iris señala que en el informe que han hecho para el Ministerio del Interior sobre riego electoral por persistencia de grupos armados o por financiación ilegal de campañas, han mostrado su preocupación por municipios como Maicao, Uribia y Dibulla, así como por las Gobernaciones de Guajira y Cesar. Defensoría pregunta sobre los planes de prevención locales y su enfoque diferencial, y sobre si están recogiendo aspectos atinentes a la consulta previa. Un representante de pueblos indígenas, señala la necesidad de promover la vigencia de los derechos humanos y en particular del derecho al voto. Señala que en ocasiones conocen mejor las problemáticas locales funcionarios europeos que los funcionarios locales. Se pregunta porque no hay avances en el saneamiento y titulación de los resguardos y porque no se habla de los impactos negativos de la represa Ranchería o de la masacre cultural de los pueblos indígenas. Señala que hay 26 casos de ejecuciones extrajudiciales de miembros del pueblo Wayuu por parte de miembros de la fuerza pública, de los cuales ninguno ha sido juzgado. Otra representante de pueblos indígenas señala su preocupación por la inseguridad en Marquetalia, alta Guajira, donde han sido robados varios vehículos en los últimos días. Señala la pérdida de los cultivos a causa del invierno, lo cual ha llevado a que los Wayuu sean vulnerables a los ofrecimientos de los grupos ilegales. Particularmente los jóvenes están siendo reclutados para ser informantes. Se denuncian casos de reclutamiento y desplazamiento en El Molino, municipio en el que se iniciará la explotación minera el próximo año. Las comunidades señalan la necesidad de acompañamiento por parte de las instituciones y la comunidad internacional, ya que los líderes están expuestos a riesgos que no han sido atendidos por las autoridades. Se señala que las instituciones están a espaldas de la realidad Wayuu y que no hay garantías para los derechos humanos del pueblo Wayuu. Señalan que hay un grave problema de confinamiento de las comunidades en la alta Guajira, las cuales son controladas por los actores armados y advierten de los riesgos a los que están siendo expuestos los Wayuu por iniciativas como la escuela de policía Wayuu. Se señala que hoy existen nuevas formas de esclavitud Wayuu, especialmente de mujeres, las cuales son difíciles de documentar por tratarse de pueblos indígenas. Nuevo Arco Iris señala que las primeras violencias desplazaron a los pueblos indígenas hacia las zonas altas por la disputa de sabanas fértiles para la agroindustria y la ganadería. Hoy las zonas altas son de interés para grupos económicos y actores armados, por el auge de la minería y la explotación de hidrocarburos, que se encuentran en estas zonas, especialmente minería ilegal. Del 22 al 24 de junio de 2011 se reunirá la Mesa Wayuu en Guajira, con participación del Ministerio del Interior para analizar los temas que afectan al pueblo Wayuu.
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Defensoría señala que en la Guajira están dadas las condiciones para el agravamiento de la situación humanitaria, tales como megaproyectos, riesgo electoral, economía ilegal de la gasolina, monopolizada por Rastrojos, Urabeños y las FARC, despojo de tierras especialmente en los municipios del sur que limitan con Cesar. Esto elementos los han llevado a concluir que en la Guajira se consolidó el modelo paramilitar y el modelo económico vinculado a los megaproyectos. Una organización comunitaria señala que su trabajo se articula con numerosas organizaciones comunitarias y con los pueblos indígenas Wayuu y Wiwa. Señalan que la centralización de las regalías y la locomotora minera y de hidrocarburos, contrastan con las demás iniciativas del actual gobierno. 5. PANEL “Visiones de Desarrollo y Políticas Públicas”
INDEPAZ: Yamile Salinas
Trata el caso de la represa de Ranchería, para abordar el análisis del modelo de desarrollo planteado para la Guajira y su aporte al desarrollo humano. En la Guajira está la explotación a cielo abierto más grande del mundo, se piensa desviar el cauce del río Ranchería para aprovechar su potencial carbonífero, entre otros megaproyectos. En total hay 172.000 hectáreas explotadas actualmente y 173.000 solicitadas en títulos mineros. Resalta los megaproyectos portuarios como el de Puerto Brisas y el puerto de MPX, empresa de hidrocarburos brasilera. Resalta que a pesar de las regalías no hay avances en los indicadores de la calidad de vida de la población en la Guajira y por el contrario los megaproyectos si han afectado la vida y la salud de la población. Señala como Corpo-Guajira entregó la licencia ambiental al proyecto de Ranchería, el cual está priorizado en el plan de desarrollo nacional como uno de los nueve megaproyectos a nivel nacional. La consulta previa para este proceso no se surtió de manera adecuada, ni se socializó ampliamente entre los pueblos indígenas, ni entre las autoridades de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. No se trató de una consulta previa, pues se adelantó cuando ya se había avanzado en diversos estudios. El proceso consultivo de redujo a un simple trámite. Este proceso generó tensiones internas en los pueblos, luego de lo cual estos instauraron una acción de tutela contra la aprobación de la licencia de la represa sin consulta previa, la cual fue rechazada por la Corte Constitucional alegando que ya habían pasado 2 años desde la aprobación, no obstante, este fallo está en impugnación. Señala como este proceso se dio sin consideración a las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales han sido víctimas tanto Wiwas, como Kankuamos, ya que sus territorios fueron convertidos en escenarios de guerra. No obstante, las instituciones aprobaron la licencia mientras el pueblo Wiwa permanecía desplazado fuera de su territorio Señala los aportes de Naciones Unidas en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de la consulta previa. Resalta que las decisiones judiciales y las licencias para este tipo de proyectos, deben considerar las afectaciones a los derechos humanos.
Consultor Independiente: Oscar Sánchez
Resalta que el departamento de la Guajira, es el de mayor diversidad étnica y el que concentra la mayor población indígena del país. Señala que tiene una geografía variada y una gran riqueza del subsuelo. Pero a su vez, la Guajira tiene una alta concentración de la riqueza, al igual que en el resto del país ya que Colombia es la sexta economía más desigual del mundo, después de Bostwana, Namibia y Haití.
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Señala indicadores en educación, salud, para mostrar su comportamiento negativo en la Guajira. Mortalidad infantil, tasa nacional 26, tasa región caribe 29, Guajira 43. Mortalidad materna, tasa nacional 76, tasa región caribe 115, Guajira 163. En la región hay un incremento de los homicidios hasta 2004, luego de lo cual se da un leve descenso, al igual que en el caso de la muerte de civiles en medio de combates. Señala una lista de programas y proyectos para la Guajira, que se han formulado en los últimos años, pero los cuales tiene baja o nula implementación. El 80% de estos planes señalan que la mayoría de la economía de la Guajira es de enclave, por lo cual es necesario avanzar hacia el desenclave para que las riquezas se queden en el territorio. Señala las dificultades del Sistema General de Participaciones Indígena, los cuales son administrados por los municipios quienes acuerdan sólo con algunas autoridades y no llegan a las comunidades. La Corte Constitucional tuteló el derecho de las autoridades de la media y la alta Guajira a la administración de estos recursos, para que se suscribiera el contrato de administración de estos recursos con ellos, el cual fue firmado por 4.000 autoridades Wayuu. Para el Plan de Aguas, se pignoraron las regalías futuras con el Banco Mundial, aunque finalmente decidió no endeudarse y el plan de departamental de aguas está paralizado. Cerca de la mitad de las regalías que hoy recibe el departamento se reducirán con la reforma a las regalías. Contrasta el ejemplo de Barrancas y Fonseca, donde se demuestra que con mayores recursos, estos no necesariamente se destinan a mayor inversión social. Propone “el empoderamiento ciudadano basado en el reconocimiento genuino de la diversidad” para construir ciudadanía y transformar la realidad en la Guajira. Hace un listado de las distintas visiones del progreso: Conservacionista Tradicional ancestral Informalidad económica y política Economía y sociedad basadas en industrias de enclave Empleo, capital humano y diversificación productiva Derechos y desarrollo humano Caos e ilegalidad Advierte que las distintas visiones de progreso no se reconocen unas a otras y que hay un profundo desconocimiento de las visiones de progreso de los pueblos indígenas. El diálogo de las diversas visiones de progreso, requiere un ámbito público común, para poder construir acuerdos y requiere una ciudadanía empoderada. También implica aceptar las asimetrías entre visiones, generar reglas iguales para todos y cumplirlas, ganar espacio regional frente a las empresas y el gobierno nacional, y finalmente, políticas y planes.
OWYBT: Pedro Loperena.
Explica como los pueblos indígenas están entendiendo los derechos y el desarrollo. Señala que defender los derechos humanos de los pueblos indígenas implica defender la biodiversidad del planeta. Comenta que nunca pensaron estar desplazados y que hoy se encuentran en Riohacha 380 familias Wiwa, en E Molino 400 mas, y en Valledupar otras 380. Señala las comunidades que sufrieron desplazamiento, entre las que se encuentran El Limón y Potrerito y las que sufrieron confinamiento entre las que se encuentra la de Marocazo. Comenta cómo fueron bloqueados y sólo podían llevar pequeñas cantidades en compras.
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Explica que han escrito la memoria del conflicto armado del pueblo Wiwa y hace un recuento de los líderes asesinados por los actores armados. Señala como aprendieron a tenerle miedo a las personas fruto del conflicto armado. Recuerda como tenían que permanecer escondidos y con miedo, y que nadie quería asumir el liderazgo de ningún proceso, por el estigma que pesaba sobre quienes defendían los derechos humanos. Señala como la represa Ranchería significaba desarrollo hacía afuera, pero para el pueblo Wiwa implicaba destrucción y eliminación, con gran impacto ambiental. Recuerda que diversos estudios revelaron que el costo de potabilizar el agua con la represa salía mas costoso que otros proyectos de potabilización, mientras que otros estudios señalaron que no se podía construir este proyecto por encontrarse en una falla geológica. Gracias a la represa la comunidad de Caracolí sufre de múltiples enfermedades hoy. Comenta que el Puerto MPX, la vía férrea, Puerto Brisa y el Puerto Mendihuaca, son presentados como polos de desarrollo y que si hay desarrollo debe haber vida. Destaca que desarrollo es dejar que la tierra se genere, dejarla para los nietos, para que los bosques, la flora y la fauna vivan. Se pregunta por quienes son los reales beneficiarios de los megaproyectos y señala que los Wiwas, no tendrán oportunidad de beneficiarse de la represa Ranchería, pero si están siendo afectados negativamente por ella.
SINTRACARBÓN: Basilio Arzuaga
Comienza resaltando que en la Constitución quedaron garantizados los recursos de las regalías con los cuales se mitigarían los efectos negativos de los grandes proyectos en las zonas de explotación en materia de educación, salud. Señala en la construcción de la represa Ranchería, no se removieron 340 hectáreas de biomasa, por lo cual se ha contaminado el agua de la represa y se han generado múltiples enfermedades para las comunidades, que se encuentran cerca como Caracolí y para las comunidades que se surten de esta fuente hídrica, aguas abajo. Comenta que Cerrejón desviará en 26 kilómetros el río Ranchería, 15% de su cauce para explotar el carbón que se encuentra en el lecho del río, cerca de 500 millones de toneladas de carbón cuya explotación será más barata. Este río recorre la región entre Montes de Oca y la Serranía del Perijá. Señala que no se ha respetado la consulta previa y que casos como el del parque eólico son paradójicos, ya que aunque es un proyecto para generar energía, las comunidades a su alrededor no tienen este servicio, pues se argumentó que de darles el fluido eléctrico cambiaría su cultura, pero no se ha hecho la misma consideración para la vía férrea. El 95% de los impuestos que recibe el Estado colombiano por la explotación del carbón en el Cerrejón se los lleva el gobierno central y solamente el 5% se queda en la Guajira. Señala que habrá que discutir la destinación de las regalías, pero no su centralización. Señala que le han pedido al Cerrejón que ponga sus programas de responsabilidad social empresarial al servicio de las comunidades y la generación de riqueza en la Guajira. Señala que el acto legislativo 013 sobre la reforma en las regalías, acabará con la gratuidad en la educación básica, secundaria y superior, así como también con la salud en la Guajira.
Se abre el espacio para la discusión y preguntas.
El Personero de Urbilla resalta que con 8.200 km2 es el área total, Uribia el segundo municipio en extensión del país, no obstante carece de infraestructura y de vías. El Personero señala que a pesar de la desviación de las regalías lo poco que se ha invertido ha tenido un gran impacto. Comenta sobre el mega-colegio Alfonso López, al cual le hicieron veeduría la comunidad educativa, no tuvo sobre-costos y fue entregado antes de la fecha definida para su entrega.
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Un representante de una comunidad afectada por la construcción del puerto de MPX, señala que la empresa llegó desde hace 3 años prometiendo infraestructura y dotación para los colegios, pero la propuesta se ha socializado a puerta cerrada sólo con algunos líderes. Resalta que la comunidad entró en paro desde el 20 de mayo para exigir que no sea aprobada la explotación a cielo abierto de MPX en Cañaverales, la cual tendrá graves afectaciones ambientales y comunitarias. El Capitán del cabildo Zenú en Riohacha, quien representa a 1400 familias desplazadas en la Guajira, señala que algunas familias Zenú empezaron a llegar desde los 70’s buscando trabajo, por el despojo que sufrieron en Sucre y Córdoba. Comenta que les quitaron sus tierras en los 50 alegando que no tenían lengua propia y que por ello no tenían derecho a la tierra. Hoy ya han constituido su resguardo, integrado por 500 familias y cuentan con apoyo de la alcaldía de Riohacha. Comenta que los zenúes trabajan en las salinas de Manaure sin garantías salariales, ni de salud. Enfatizó que el estado no reconoce a los cabildos que están en las ciudades. Se señala que la oficina para la consulta previa es financiada por la agencia nacional de hidrocarburos, lo que evidencia hacia donde se está direccionando la política para los pueblos indígenas. Señala que es necesario que la comunidad nacional debe conocer el costo que su desarrollo representa para los pueblos indígenas, incluso su desaparición. Una representante comunitaria pregunta porque si hay afectaciones a los derechos de los pueblos de la SNSM, porque hay tanto apoyo al Presidente Santos incluso para su posesión y pregunta al sindicato cual es la reivindicación de los derechos indígenas más allá de sus reivindicaciones laborales. Pedro Loperena responde que el pueblo Wiwa no invitó al presidente y es el único pueblo de los cuatro que se ha mantenido prudente a invitar a las instituciones a su territorio. Sintracarbón señala que han apoyado técnica y logísticamente a los pueblos que han sido afectados por el Cerrejón, pero señala que los líderes Wayuu han traicionado los intereses de su pueblo para su beneficio personal. La base material es un medio no el fin para lograr el progreso, el fin son las personas, sus necesidades y propósitos. Los participantes reclaman por la ausencia de las instituciones en el foro, ante lo cual los organizadores aclaran que las instituciones fueron invitadas pero sólo algunas aceptaron la convocatoria, como la alcaldía de Maicao, la Personería de Uribia, Acción Social, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Los participantes pidieron la integración de una perspectiva humana y diferencial a los programas de desarrollo, así como el fortalecimiento de las capacidades del territorio Junio 1 6. PANEL “Panorama actual humanitario en La Guajira”.
Acción Social: Andrea Soler.
Comienza enumerando algunas características de la Guajira, entre ellas la existencia de puertos marítimos, una extensa zona de frontera, baja o débil presencia institucional en el territorio, desarrollo en torno al comercio informal transfronterizo y baja densidad poblacional predominantemente indígena. Asimismo resalta la presencia de actores armados, la disputa del territorio por Bacrim, el control de las FARC en algunas zonas rurales donde se producen drogas y la disputa por corredores de armas y drogas. Los delitos extorsivos, desplazamiento, amenazas, reclutamiento, incremento del microtráfico y sicariato. Señala como zonas críticas los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla, Maicao, Riohacha y Fonseca.
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Comenta que entre 2009 y 2010 aumentaron las acciones terroristas contra la infraestructura carbonífera y contra establecimientos comerciales por el no pago de extorsiones. El índice de masacres tiende a disminuir pues cambió el modo de operar de los actores ilegales, quienes recurren más el homicidio selectivo. Resalta que accidentes con MAP y MUSE disminuyeron, pero se mantienen, al igual que el secuestro extorsivo. Afirma que en la mayoría de los casos, el blanco de los ataques de los actores armados son civiles o sus bienes, además de la fuerza pública, y señala que se mantienen los contactos armados por iniciativa de está última. El 2010 cerró con 256 homicidios siendo los municipios más afectados Riohacha, Dibulla, Maicao, Fonseca y San Juan del Cesar. Hay registradas 72.850 personas expulsada Dibulla, El Molino, Fonseca, Riohacha y San Juan del Cesar, siendo Dibulla el mayor expulsor en 2011. Predomina el desplazamiento individual. En diciembre de 2010 se dio un desplazamiento masivo en Barrancas. Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar concentran el 70% del desplazamiento. La mayoría de la población expulsada va a otras zonas del departamento. Continúa señalando los desplazamientos masivos ocurridos desde 2009: En Mayo de 2009, por combates contra el Frente 59 de las FARC y un accidente con MAP, en Villanueva, se desplazaron 132 familias. En Agosto 2009, por combates contra el Frente 59, en Fonseca se desplazaron 90 familias. En Abril del 2010, en Riohacha por amenazas y homicidios selectivos atribuidos a las Águilas Negras, se desplazaron 54 familias. En Diciembre de 2010 en Barrancas, por combates contra el Frente 59 de las FARC, se desplazaron 900 personas, 303 familias. Preocupa la situación de Dibulla, corregimiento de Palomino. Rastrojos, Urabeños y el Frente 59 de las FARC, se disputan el control de este municipio, donde hay cultivos ilícitos y puertos, y donde se vienen presentando reclutamiento, desaparición forzada, homicidios selectivos y extorsiones.
No hay denuncias de la población sobre estos hechos por la desconfianza en las instituciones, la falta de implementación de los instrumentos referentes a la prevención y la atención (Planes de contingencia, PIU y planes de prevención) y la baja participación de funcionarios públicos en escenarios de concertación con comunidades. Asimismo se han presentado quejas por no inclusión en le Registro Único de Población Desplazada (RUPD), principalmente en el municipio de Dibulla, por lo que fue un compromiso y directriz desde el nivel Nacional hacer un mayor análisis de las declaraciones provenientes de este municipio. Acción Social ha nombrado un funcionario que pertenece al equipo de Prevención de Emergencias, Retornos y Reubicaciones en la Guajira.
Fuerza de Mujeres Wayúu: Evelin Acosta Gutiérrez
Comienza por preguntar ¿cómo se percibe la crisis humanitaria en la Guajira? ¿Cómo se entiende lo humanitario en la Guajira? Se ha tenido la percepción que en la Guajira no ocurre nada y las organizaciones indígenas han tenido que llevar el mensaje de que la situación es otra. Señala que el pueblo Wayuu ha sufrido diversas violaciones a sus derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, siendo particularmente afectadas las mujeres y los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Señala que esto ha sido confirmado por los relatores especiales de Naciones Unidas y la Corte Constitucional, la cual ha priorizado 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción en Colombia. Asimismo informes de la Defensoría han señalado la situación de riesgo a la que están expuestas las comunidades en la Guajira.
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Señala las afectaciones de género y la violencia sexual basada en género de la que han sido víctimas las mujeres en la Guajira, en particular las mujeres indígenas que se encuentran en situación de desplazamiento. Señala el vacío del enfoque diferencial que tiene la política de atención a población desplazada, como lo ha señalado la Corte Constitucional. Señala que el reto es cómo avanzar en la construcción de una Política Pública con enfoque diferencial y teniendo en cuenta el contexto donde se desarrollan, a pesar de que se comparten problemáticas. Señala la necesidad de avanzar en el compromiso de los funcionarios locales y de los entes territoriales, en la construcción de estas políticas y su realización. Señala la Resolución de Naciones Unidas en la que se resalta la necesidad de participación de las mujeres por su afectación particular, el Convenio 169 de la OIT y los autos de la Corte Constitucional, donde se tutelan los derechos de las mujeres indígenas. Resalta el efecto negativo que tendrá la salida de ACNUR del territorio. Señala que el pueblo Wayuu ha sido estigmatizado a nivel internacional como terrorista, por supuestos vínculos con Hezbolá. Cierra señalando que si no hay paz para los pueblos indígenas, no habrá paz para el pueblo colombiano.
Pastoral Social Diócesis de Riohacha: Giovanny Pérez en representación de Monseñor Héctor Salah Zuleta.
Comienza explicando la labor de SEPAS, la cual se centra en la vida humana. Corrobora que en las visitas a terreno, han constatado lo expuesto por quienes lo han antecedido en la exposición. Pregunta por ¿qué caracteriza la acción humanitaria? Que se haga con humanidad, escuchando a las personas y tratándolas con dignidad. Los funcionarios públicos han olvidado esto y es necesario revalorar a la persona. La neutralidad y la independencia, centradas en las necesidades de las personas y no en los intereses de los gobiernos, son las motivaciones que deben prevalecer en la acción humanitaria. Los cambios y el auge de la criminalidad han puesto en riesgo a muchas comunidades en la Guajira. La acción humanitaria implica la provisión de bienes y servicios, pero fundamentalmente la protección de las víctimas y sus derechos fundamentales. Señala que ha crecido el miedo y la desconfianza entre las comunidades, así como la insatisfacción de sus necesidades básicas y la precariedad en la prestación de servicios públicos. La desigualdad es protuberante en la Guajira y se materializa en aspectos como salud, educación y vivienda. Señala la importancia del foro como un espacio para poder hablar sin miedo, ya que los líderes y las comunidades se sienten amenazados y tiene temor de hablar. En cuanto a la ocupación laboral y la generación de ingresos, las instituciones han hecho un gran esfuerzo en particular para la población desplazada, aunque sin el impacto esperado y han dejado por fuera a los pobres históricos. Señala la preocupación por la ausencia de los entes territoriales y resalta que las organizaciones sociales deben avanzar en su fortalecimiento y en la construcción de propuestas propias. Señala la preocupación por la salida del ACNUR del territorio y en particular por su trabajo en frontera.
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Comenta las estadísticas de muertes en el departamento, donde de 441 muertes, 241 correspondieron a muertes por arma de fuego. Del total de muertes ocurridas en la Guajira, 125 ocurrieron en Maicao y 154 en Riohacha. Hay accidentes e incidentes de MAP y MUSE y sospecha de campos minados. Desde 1999 a la fecha, han ocurrido 58 eventos con MAP y MUSE. Barrancas, Dibulla y la Peña del Indio, entre otras, son las zonas más afectadas. 27 de las víctimas han muerto y se presentaron tres incidentes en Maicao en 2009. A pesar de los esfuerzos institucionales en seguridad, el departamento está sumido en una crisis social y se ve afectado por un fenómeno de corrupción sin control. Plantea la necesidad de sentarnos todos a pensar y a discutir que futuro queremos para la Guajira. Señala que la iglesia tiene la labor de anunciar y denunciar, y así lo ha hecho ante la grave situación de la Guajira. Cierra invitando al trabajo colectivo y tender lazos de solidaridad para avanzar juntos.
ACNUR Oficina para la Región Caribe: Reem Alsalem
Comienza señalando que el ACNUR inició su trabajo en la Guajira desde mediados desde 2008 y no pretende tener una comprensión total de la situación en la Guajira. Hace un breve recuento de las acciones adelantadas en este departamento y señala que presentará las impresiones del ACNUR, basadas en su trabajo en terreno. Destaca la debilidad institucional. Señala que 11 de los municipios de la Guajira son fronterizos con Venezuela, lo cual implica un mayor impacto de las problemáticas binacionales. El impacto de la ola invernal, la extensión del territorio y sus dificultades geográficas, aumentan la vulnerabilidad de las comunidades y lo hace un territorio atractivo para el tráfico de personas, drogas, armas, carros y gasolina. Señala los índices de desplazamiento, los cuales han disminuido en los últimos años, pero señala que esto no necesariamente significa que el problema ha disminuido y pone como ejemplo el caso de Uribia, señalado en el Informe de Riesgo # 007 de 2010 del SAT, donde se señala la dinámica de desplazamiento de la alta Guajira y el problema del sub-registro. Señala que el desplazamiento predominante se está dando en principio gota a gota, con 2 o 3 excepciones. Personas que están amenazadas o temen por su vida, frecuentemente deciden irse manteniendo un bajo perfil y no se atreven a declarar. Cuando declaran, muchos de ellos se quedan fuera del registro, porque no se considera que se hayan desplazado por razones de conflicto armado. Este desplazamiento se atribuye a diversas causas que van desde la explotación minera, que ha afectado los territorios indígenas, al igual que por la valorización de territorios estratégicos que están en disputa de los actores armados. Señala que aunque la consulta previa es obligatoria, en muchos casos no se ha hecho en buena fe o fue restringida a algunos representantes de las comunidades sin participación amplia de toda la comunidad, incrementando las divisiones dentro de las comunidades. En general, las comunidades indígenas y afros temen que los procesos de consulta previa sea un simple trámite y no sirva de instrumento real y sincero para construir consensos con las comunidades y sus autoridades. Resalta que Urabeños, Paisas y Rastrojos, son los principales responsables de los homicidios selectivos, de las amenazas, del reclutamiento forzado especialmente de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y del despojo de tierras, en particular en los grandes centros urbanos como Riohacha, Maicao, y Dibulla. Estos grupos han pretendido involucrar a algunos indígenas Wayuu en sus disputas territoriales, lo que ha generado desplazamiento interno en los resguardos de la Alta y Media Guajira, hacia Venezuela.
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Señala el vacío de participación de las comunidades en la construcción del PIU Departamental y los PIU’s municipales, por lo cual esta política no responde a las necesidades de las comunidades. Asimismo señala la preocupación por la ausencia institucional en los escenarios de construcción de la Política Pública, como ha sido el caso en San Juan del Cesar a pesar de las reiteradas convocatorias a la alcaldía. Los planes de Prevención y Protección está en mora de construcción y donde existen, exigen ser actualizados y adecuados a los contextos locales. Además, faltan planes reales y concretos de contingencia en particular en municipios donde se hayan emitido ya informes de riesgo Hay desconocimiento por parte de las víctimas de las rutas de atención, en particular por la ausencia de una UAO operativa y efectiva. Señala que los retornos no han sido acompañados en parte porque cuando salieron desplazados no fueron incluidos en el RUPD. Señala que la Guajira está siendo utilizada como zona de tránsito para el tráfico de personas, gasolina, carros, narcóticos, y armas. Cada vez mas, la Guajira esta siendo utilizada por redes internacionales de trata de personas y de migrantes que vienen en principio de África y Asia con destino a Canadá y los Estados Unidos. Además, y durante épocas de tensión entre Colombia y Venezuela, el índice de deportaciones de colombianos desde Venezuela ha sido alto. En todos estos casos, la inquietud principal del ACNUR ha sido que se ponga en marcha un sistema de atención a casos vulnerables de deportados e interceptados, y también asegurar que solicitantes de asilo, y otros que han huido de sus países buscando protección, tengan acceso a procesos correctos para determinar sus estatus como refugiados. Explica los motivos de la salida del ACNUR de la región y señala que se harán los esfuerzos necesarios para que se de continuidad al seguimiento de la situación regional y comparte la iniciativa del foro humanitario que se realizará en agosto y el cual busca resaltar las necesidades humanitarias en la región Caribe y los vacíos de protección.
Se abre la discusión.
Un representante de la comunidad árabe explica la labor de la Sociedad Benéfica Islámica en Maicao y explica la diversidad organizativa y religiosa que existe al interior de esta comunidad. Señala que la situación del municipio se mira de manera simplista y que se ha reforzado un falso estigma generado por un informe socializado por el señor Daniel González Epiayú, de origen Wayuu (o Teodoro Pernot, como figura en su cédula Venezolana), en el que señaló los supuestos vínculos de las comunidades árabes y Wayyu con Hezbolá, partido político Chiita en medio oriente. La información acompañada con fotomontajes busca estigmatizar al pueblo Wayuu y deslegitimar el trabajo de la comunidad árabe en Maicao. Señala que este hombre fue capturado en Venezuela, cuando presuntamente preparaba un atentado contra la Embajada de EEUU. Señala que esta situación se ha aclarado y se ha demostrado que el señor González fue el único responsable de que la información haya circulado en Internet. La Campaña colombiana contra minas, lamenta la ausencia de la fuerza pública en particular para el debate del tema humanitario y de la situación de seguridad. Resalta que las víctimas de MAP y MUSE no han tenido atención. Señala que los retornos no cumplen con los mínimos de seguridad, no sólo en cuanto a la presencia de actores armados, sino frente a la existencia de artefactos explosivos. Señala que la policía antinarcóticos ha cometido abusos en su afán de perseguir a los grupos ilegales y pone como ejemplo la destrucción de unas pistas de caballos para competencias Wayuu, por parte de la fuerza pública. Señala que las agencias internacionales no han tenido en cuenta la situación de MAP y MUSE en su trabajo en la región. Plantea que una de las propuestas del foro sea una comunicación a las instituciones en la que se solicite que se cumpla con todas las garantías de seguridad, incluyendo la presencia de MAP y MUSE.
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Los asistentes preguntan por el rol que tendrá Acción Social en la nueva estructura institucional aprobada en la ley de víctimas y sobre cuando se dará el retorno de la población desplazada de Bahía Portete. Asimismo se pregunta porque miembros de Fuerza de Mujeres Wayuu, trabajan para el Cerrejón a pesar de las denuncias que se hacen del daño que causan los megaproyectos a la nación Wayuu. Se señala que las instituciones nacionales no están respondiendo de manera adecuada a la situación humanitaria en la Guajira y se limita sólo a misiones puntuales y con poco tiempo, lo cual no les permite tener una lectura completa de la situación. Acción Social señala que existe un programa de atención a víctimas de MAP y MUSE. Igualmente menciona que el protocolo de retornos, contempla el principio de seguridad y está garantizado por la fuerza pública. Reconoce que el 7 de abril de 2011 se presentó la masacre de 7 Wayuus en zona de frontera colombo-venezolana. Comenta que Mauricio Rodríguez viene acompañando el retorno de Portete y que existen vacíos sobre el censo de la población a retornar. Señala que las acciones de Acción Social tienen enfoque diferencial. Finalmente señala que se ha nombrado una comisión institucional para acompañar el retorno de Portete. Pastoral Social hace un breve recuento de sus acciones en la Guajira por temas de intervención y zonas priorizadas y señala que estas acciones están encaminadas a que las personas y comunidades superen los riesgos que los victimizaron y puedan reconstruir su proyecto de vida. ACNUR señala que ha tenido en cuenta el problema de MAP y MUSE, y que donde se han identificado, el rol del ACNUR ha sido el de visibilizarlo. Señala que el tema de seguridad debe ser considerado de manera integral con el fortalecimiento de comunidades e institucionalidad local, y no limitarse a la policía o al Ejército. Resalta que los retornos ya se han dado de hecho, sin acompañamiento y por no encontrar oportunidades en los sitios de recepción. Señala que Acción Social debe avanzar en el reconocimiento del desplazamiento causado por el conflicto actual y tener mayores elementos para valorar las solicitudes de inclusión en el RUPD. Ministerio del Interior señala que en el marco de “Retornar es vivir” se están identificando escenarios de riesgo que pudieran generar nuevos desplazamientos, para avanzar en la garantía de medidas de no repetición. Los asistentes señalan que el sistema educativo es un entorno protector contra la vinculación a grupos armados ilegales. Pero señalan que los niños asisten con precarias condiciones de alimentación, vestido y salud, y que la calidad de la educación es baja, ya que los docentes no son idóneos, pues no tienen la formación necesaria y en la mayoría de los casos están mal remunerados. Señalan que el fin no es encerrar a los niños en centros educativos de baja calidad, sino darles posibilidades de vida de manera incluyente. Señalan el rol de los medios de comunicación frente al tratamiento del conflicto armado y la situación humanitaria y resaltan que en Maicao van 39 homicidios en lo que va corrido de este año. Proponen hacer un llamado a los medios para que formen a sus profesionales y propongan de manera constructiva alternativas, especialmente para los jóvenes. El Personero de Uribia señala frente a la destrucción de pistas de caballos en marzo de 2011, que la fuerza pública ha señalado que estás eran utilizadas como pistas clandestinas, lo que ha sido desmentido por la comunidad. Frente a la masacre de abril, comenta que la fuerza pública ha señalado que el hecho se dio del lado venezolano. Señala su preocupación por la proliferación de ONG’s y fundaciones en la atención humanitaria. Señala que en Uribia el desplazamiento ha sido esporádico y no ha sido declarado por las víctimas ante las instituciones competentes. Pone como ejemplo el desplazamiento de una familia hace un año, ya que algunos de sus miembros fueron asesinados en la masacre de abril en la zona fronteriza. Señala que ya hay varios municipios que cuentan con caracterización para poder avanzar en la construcción de sus respectivos PIU. Los asistentes señalan la ausencia de estadísticas de violencia sexual basada en género para la Guajira y las estadísticas de homicidios de mujeres. Una representante Wayuu señala el caso de una comunidad Wayuu en Barrancas la cual fue desalojada de un resguardo indígena, que ahora tiene dueño. Fueron intimidados con motosierras y se señala el interés que tiene MPX sobre este territorio, ya que por allí pasará su vía férrea. El 25 de mayo de 2011 la Defensoría hizo una visita de verificación, cuyo informe será remitido a las instituciones competentes para el seguimiento a esta situación.
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El Comité Internacional de la Cruz Rojas (CICR), explica su mandato y dinámica de trabajo en la región, y agradece la invitación al evento, lo cual les da más elementos de análisis para su intervención en la Guajira.
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CONVERSATORIO “LA GUAJIRA: DINÁMICAS DEL CONFLICTO, SITUACIÓN HUMANITARIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS” Riohacha, Mayo 31 y Junio 1 de 2011 TRABAJO POR MESAS TEMÁTICAS Junio 1
Mesa “Dinámica del conflicto”
Agenda 1. 2.
Recuento de las presentaciones del día anterior. Discusión.
Se hace énfasis en la necesidad de la intervención integral del Estado. Se señalan como factores de riesgo: ‐ Desplazamiento ‐ Amenazas líderes / comunidades ‐ Reclutamiento ‐ Homicidios selectivos / desaparición ‐ MAP – MUSE ‐ Secuestro / extorsión ‐ Territorio ‐ Autonomía Cultural Presencia de actores armados: ‐ Guerrilla: FARC / ELN ‐ Bacrim: Urabeños, Paisas, Rastrojos, Alta Guajira. ‐ Fuerza Pública. ‐ Vulnerabilidades: ‐ Aislamiento geográfico ‐ Vías de acceso ‐ Débil presencia institucional ‐ Expansión minera ‐ Escasa participación ciudadana en los espacios de decisión ‐ Débil organización social ‐ Cierre de espacios de participación, planeación y decisión por parte de las autoridades locales. ‐ Impunidad e inoperancia del aparato de justicia ‐ Corrupción en todos los niveles de gobierno. ‐ Desconocimiento de mecanismos de exigibilidad de derechos. ‐ Inequidad y desigualdad, social y económica (altos índices de NBI). ‐ Planes, programas y proyectos no responden a las necesidades locales. ‐ Ausencia de una perspectiva pluri-étnica y multicultural en el diseño de planes, programas y proyectos. ‐ Visión del desarrollo basada en economías extractivas que no respetan el medio ambiente ni los territorios indígenas. ‐ Presencia de cultivos ilícitos. ‐ Ilegalidad ‐ Megaproyectos ‐ Dispersión Wayuu ‐ Disputa interna Wayuu por el territorio
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Capacidades: ‐ Fortaleza organizativa de los pueblos de la SNSM ‐ Presencia comunidad internacional ‐ Riquezas naturales ‐ Multiculturalidad / Usos y costumbres tradicionales ‐ Presencia de la Defensoría del Pueblo ‐ Presencia de organizaciones nacionales ‐ Marco normativo e institucional ‐ Manejo de la palabra – resolución de conflictos Propuestas: 1. Mayor coordinación institucional para tener mayor impacto sobre las comunidades 2. Adecuación institucional: proponer a la Gobernación la creación/reactivación de la Secretaría de Paz y DDHH, en atención al nuevo marco institucional de la ley de víctimas. 3. Reactivar el observatorio de “Vida y convivencia” para que sirva de espacio permanente de encuentro, articulación y análisis de la sociedad civil. 4. Que los candidatos a alcaldías y gobernación incluyan en sus planes de gobierno y en sus planes de desarrollo, los PIU y los planes de prevención y protección. 5. Acompañamiento permanente del Ministerio Público a las comunidades en escenarios de participación y decisión. 6. Adopción por parte del estado colombiano de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de UN. Socializar dicha resolución en el territorio.
Mesa “Desarrollo”
Hacen énfasis en el apoyo internacional a los procesos de consulta previa. MPX está haciendo exploración sin licencia en San Juan del Cesar y Fonseca. Puerto entre Palomino y Mingueo. Proponen construir una vía férrea entre el puerto y los sitios de explotación. Cañaverales está a 700 metros de las zonas de explotación y están en asamblea permanente pues no han sido consultados por MPX, ni por las instituciones. Señalan que hace 30 años vino Cerrejón y sacó arbitrariamente a las comunidades, y temen que será peor con MPX por estar más cerca de centros poblados y porque no se ha surtido la consulta previa. Los alcaldes de 5 municipios fueron invitados por MPX a Brasil y les prometieron la erradicación de la pobreza extrema en sus municipios. Propuestas ‐ ‐
Solicitar a las empresas que socialicen los proyectos de la ciudadanía en general. Exigir a las empresas que cumplan con la obligación de realizar una consulta previa libre e informada con las comunidades afro e indígenas que resulten involucradas en el proyecto. Lo cual debe implicar: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Construir el proyecto con las comunidades Contar con acompañamiento del Ministerio Público Garantías para las comunidades (Empleo, capacitación, reubicación en condiciones dignas, etc.) y para la protección del medio ambiente Que las decisiones de las comunidades sean vinculantes para el proyecto. Preparar a las comunidades para entender y afrontar el impacto del megaproyecto. Contar con el acompañamiento de la comunidad internacional.
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Promover mecanismos para otras visiones de desarrollo a través de votos responsables, y la participación comunitaria en los planes de desarrollo municipales y departamentales -
Mesa “Situación humanitaria”
Se destacan como principales aspectos en este tema: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Desconocimiento de las rutas de atención Falta de funcionarios Falta de conocimiento de las obligaciones de los funcionarios hacia las víctimas. Incumplimiento y falta de voluntad institucional. Participación de las comunidades en los escenarios de definición de las Políticas Públicas, es limitada. Las convocatorias se hacen de manera parcial. Falta la caracterización de las comunidades y no se toman en cuenta las necesidades de las comunidades. Falta de hogares de paso. Falta de PIU municipales. Es necesario profundizar en estudios sobre violencia sexual basada en género y sobre violencia intrafamiliar. Abandono estatal y militarización de los territorios indígenas. Desconfianza en las instituciones civiles y militares. Falta de garantías de no repetición e inoperancia del aparato de justicia: impunidad frente a graves violaciones de DDHH y frente a casos de corrupción. Desconocimiento de la cultura Wayuu por parte del Ejército y desconocimiento de los usos y costumbres Wayuu.
Propuestas: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Capacitación a funcionarios, fuerza pública y a comunidades sobre rutas de atención Mejorar valoración de las declaraciones con enfoque diferencial Construir las Políticas Públicas con enfoque Diefrencial Seguimiento a la Política Pública por parte de la Procuraduría. Acción Social y la Gobernación con apoyo de la Defensoría deben promover la constitución de la Mesa Departamental de Fortalecimiento de OPD’s. Garantizar la participación de los Wayuu en la construcción de los planes de salvaguarda de manera amplia, incluyente y transparente, ya que se conformó un comité para tal fin con poca representatividad. Dar garantías para la participación amplia de las comunidades. Fortalecimiento de las comunidades y organizaciones sobre el tema de DDHH y DIH. Defensoría debe propiciar el diálogo interno entre las diversas organizaciones Wayuu, como tercero neutral y garante. Se propone socializar las conclusiones del conversatorio a través de un comunicado.
Se discute acerca de cómo socializar los resultados del conversatorio con las autoridades locales. Se señala que lo novedoso del evento es la convocatoria por parte de las agencias del SNU y se propone que sea presentado por el sistema a los entes territoriales. Se plantea definir el seguimiento a las propuestas y compromisos hechos en cada una de las mesas, con la conformación de una mesa de seguimiento integrada por un delegado de cada mesa de trabajo. Juan Carlos Gamboa hace un breve recuento del proceso que motivó el conversatorio. Los asistentes resaltan la importancia de la iniciativa y agradecen la convocatoria a los organizadores y la posibilidad de este primer paso en la reconstrucción de confianzas para el trabajo colectivo. Ministerio del Interior resalta el esfuerzo de los organismos internacionales por generar el espacio. Señala que seguirán apoyando las iniciativas que surjan en el territorio. Resalta que en la estrategia del Ministerio se ha contemplado la necesidad de vincular a los candidatos a las propuestas hechas por las comunidades y la inclusión de los PIU en los
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planes de desarrollo, pero resalta la necesidad de concertar cómo implementar está estrategia con las comunidades y las organizaciones. Señala que adelantarán un taller con medios para sensibilizarlos frente a los temas humanitarios. Pastoral Social invita a los asistentes a ser voz en cada una de sus comunidades y a continuar con el esfuerzo común de construir propuestas por el territorio.
Intervención de la Gobernacion
El secretario de Gobierno de la Gobernacion. El Dr. Edgar Mejida propone hacer una mesa de concertación con los pueblos indígenas y las comunidades. Primero las personas antes que los intereses económicos, es la prioridad de la Gobernación. Señala que MPX está adelantando exploración con licencias temporales, lo que es desmentido por el Ministerio del Interior. La Gobernacion apoya la protesta de la comunidad de Cañaverales siempre y cuando sea pacífica. Señala que esta zona ha sido corredor de las FARC por lo que la ha pedido a la fuerza pública establecer un cordón de seguridad. Señala que ha pedido a la policía impedir que los contrabandistas de gasolina se infiltren en la asamblea permanente. Invita a la comunidad internacional a la próxima mesa de concertación, para acompañar los intereses de las comunidades. Se plantean hacer propuestas de desarrollo con perspectiva multicultural, que tengan carácter vinculante, la no intervención en sitios sagrados de los pueblos indígenas y hacer mapa sobre sitios sagrados en el departamento, en los resguardos indígenas Wayuu y Kogui, Ika y Wiwa.
Rueda de Prensa
Pastoral presenta al equipo facilitador del evento y la Defensoría explica la metodología del mismo. Se comparten aspectos generales de las temáticas tratadas. El Secretario de Gobierno Departamental, señala que el 5 de mayo en sesión del Comité Departamental de Atención Integral a Población Desplazada, se delegó a la Defensoría para adelantar las gestiones necesarias para el retorno de Bahía Portete. Señala que se está adelantando la concertación del mismo con las familias desplazadas en Venezuela. Resalta su preocupación por la ausencia de los entes territoriales que tienen mayores factores de riesgo y reitera su compromiso por construir un PIU con la participación activa de la Población Desplazad. ACNUR señala elementos generales de la situación humanitaria, tales como la falta de compromiso e incumplimiento institucional, limitada participación de comunidades en la construcción de las Políticas Públicas, razón por la cual esta no da respuesta a las necesidades de las comunidades, entre otras. En cuanto al tema del desarrollo se destaca la necesidad de introducir una perspectiva de desarrollo socio-económico que tenga en cuenta la diversidad y las distintas miradas del desarrollo. Se resalta que las comunidades se enteran de los proyectos destinados para la Guajira al momento de su implementación. Se destaca la necesidad de fortalecer los procesos de consulta previa hecha con las comunidades y que no se limiten sólo a informar, sino que promuevan la participación real de las comunidades. Se pregunta sobre que pueden hacer los convocantes frente a iniciativas como la de MPX. Se señala que se pueden propiciar espacios para que las comunidades estén mejor informadas.
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La Gobernación señala la necesidad del acompañamiento de la comunidad internacional no sólo en casos de minería, sino en casos como el de las afectaciones de las 400 familias de Caracolí a consecuencia de la represa Rancherías.
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