Cuadernos Interculturales ISSN: 0718-0586 [email protected] Universidad de Playa Ancha Chile

Álvarez San Martin, Roberto Ranquilco: notas sobre estrategias de resistencia de los mapuche de Cerro Chiguaihue Cuadernos Interculturales, vol. 11, núm. 21, 2013, pp. 13-38 Universidad de Playa Ancha Viña del Mar, Chile

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Cuadernos Interculturales. Afio11, Nº 21. Segundo Semestre 2013, pp. 13-38

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Ranquilco: notas sobre estrategias de resistencia de los mapuche de Cerro Chiguaihue' Ranquilco: notes about resistance strategies Mapuche of Chiguaihue Hill Roberto Álvarez San Martin-

Resumen A partir de un recuento de los principales hitos que marcan eI proceso de ocupación militar y colonización chilena y extranjera, hasta eI traspaso de tierras indígenas a empresas forestales en la comunidad indígena Ranquilco Nag, emplazada en eI valle de cerro Chiguaihue, comuna de Ercilla, Chile, se revisa la dinâmica comunitaria y sociopolítica de la misma; para concluir identificando los mecanismos de resistencia desplegados ante la amenaza de violencia y desintegración comunitaria a la que ha estado expuesta la comunidad. Palabrasclave: cerro Chiguaihue, comunidad indígena Ranquilco, conflicto mapuche, mecanismos de resistencia indígena

Abstract From a count of the milestones that mark the process of military occupation and Chilean and foreign colonization, until the transfer of indian Iands to forestry companies in the indigenous community of Ranquilco Nag, Iocated in the Valley of Chiguaihue Hill, commune Ercilla, Chile, community and sacio-politicaI of the sarne dynamics is reviewed; to conclude by identifying resistance mechanisms deployed to the threat ofviolence and community disintegration to which the community has been exposed. Key words: Chiguaihue Hill, indigenous community Ranquilco, Mapuche con-

flict, indigenous resistance mechanisms

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Recibido: enero 2013. Aprobado: noviembre 2013.

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Antropólogo, Universidad Santo Tomás, Temuco, Chile. Correo electrónico: [email protected]

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1. Introducción

Desde este lugar se domina la soberbia hermosura del valle y puede verse, hacia el este, de fondo y lejana la cordillera, cubierta de nieve, cuando los inviernos son muy fríos, y la exuberante vegetación alrededor del río Malleco, el cual avanza serpenteando en su búsqueda hacia el mar, y va dividiendo al valle en dos; con sus riberas cubiertas de pasto, mientras sus aguas son una verdadera bendición durante la corta estación del verano para ser gozadas por quienes quieran bañarse en ellas. (La Rosaura de Chiguahue)

La comunidad indígena Ranquilco se ubica en el sector Cerro Chiguaihue (latitud 37,95; longitud 72,5), comuna de Ercilla, provincia de Malleco, región de La Araucanía, Chile. Berdichewski (1977) define al sector del valle de Chiguaihue como una unidad ecológica de aproximadamente 10 mil hectáreas. Para sus residentes:

«la comunidad Ranquilko, está ubicada en la zona norte de la comuna de Ercilla, sus límites son, lado Este con la comunidad Antonia Panitruf (de la comuna de Collipulli); al lado Norte con el río Malleco; al Oeste con la comunidad Requen Cabrapan (Cercana a la comuna de Angol); al lado Sur en la actualidad con la comunidad Requen Pillan y Juan Collio. Esta comunidad está compuesta por aproximadamente 284 personas de un total de treinta grupos familiares. Todos descendientes de la comunidad antigua, ‘Juan Collio’, de las familias (Collio, Curipan, Levipan, Pillan, Colin, Lemun, Nahuel, Neculpan, Mellio, Coli, Marileo, Lebu).» (Comunidad Ranquilco, 2006a)

Esta comunidad tiene sus orígenes en el antiguo territorio del longko Manuel Pillan, lof que fue dividido y subdividido a partir de la ocupación militar de fines del siglo XIX. Las relaciones establecidas desde el Estado chileno con los antiguos habitantes del valle del cerro Chiguaihue, donde se emplaza Ranquilco, desde las primeras pérdidas territoriales, han sido conflictivas, caracterizadas por abusos y atropellos hacia los pueblos originarios (Berdichewski 1977; CEPAL, 2012; Pinto, 2012). Durante los primeros meses de 2010, en el contexto de la realización de una pericia antropológica solicitada por la Defensoría Penal Pública en la región de La Araucanìa, sobre el proceso de reivindicación de las tierras de la comunidad indígena Ranquilco, su dinámica sociopolítica y el rol de uno de sus dirigentes (entonces imputado por usurpación violenta de un predio agrícola), este autor recabó los antecedentes históricos, sociopolíticos y antropológicos que sustentan el presente artículo. El informe elaborado en aquella ocasión tuvo un carácter

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eminentemente administrativo–descriptivo de la dinámica socio–histórica en la cual se situaba la imputación penal de uno de los residentes de cerro Chiguaihue. Desde una perspectiva diferente a la pericia antropológica, los antecedentes recopilados para ella son el punto de partida y llegada para una reflexión en torno a las estrategias de resistencia desplegadas por los mapuche de Ranquilco en su relación con el Estado y colonos chilenos. Para ello, este artículo comienza con una reseña teórica sobre la resistencia indígena; sigue con la revisión de los principales episodios asociados a la pérdida territorial y el periplo iniciado a comienzos del siglo XXI con la finalidad de recuperar las tierras reivindicadas en el valle del Chiguaihue; para finalizar –a modo de conclusión– con la contrastación de los principales mecanismos de resistencia desplegados por los mapuche de Ranquilco ante las pérdidas territoriales y reivindicaciones contemporáneas.

2. Resistencia y resistencias indígenas

Las dinámicas socio–históricas en torno a la ocupación espacial por parte de los Estados español y chileno al sur de Bio Bio, han sido latamente observadas desde enfoques tan diversos como estudios fronterizos (León, 2001, 2002, 2007; Pinto, 1990, 2000; Villalobos, 1982,1985, 1995), de historia mapuche (Caniuqueo, 2006; Nahuelpan, 2012), de identidades (Aravena, 1999; Bello, 2002; Valenzuela, 2007), historiográficos (Bengoa, 2000, 2007; Salazar y Pinto, 1999), entre otros. El desarrollo de los procesos de ocupación en el vasto territorio mapuche, y la respuesta indígena, da lugar a que sea observado desde los denominados estudios de la resistencia. Éstos, se han expandido a partir «de los recursos y perspectivas de las comunidades indígenas que tienen que enfrentar las consecuencias de violencia, racismo y el despojo de la naturaleza en muchos países» (Beristain, 2006: 611), donde destacan las experiencias maya (Guatemala), nasa (Colombia) y quechua (Perú). La resistencia indígena, definida como «el proceso, a través del cual, los pueblos o naciones indígenas, primero colonizados y, luego integrado al estado–nación, se han opuesto y se oponen sistemáticamente a una asimilación homogeneizadora y reclamaron sus derechos a tomar decisiones sobre sus propios recursos» (Morales, 1993: 494), es un elemento fundamental en la preservación de la identidad cultural de los pueblos originarios. Según Scott (Garduño, 2004), la resistencia puede manifestarse en forma abierta y pública o encubierta y cotidiana; la primera expresada en protestas, boicots, invasiones y rebeliones; la segunda, en la forma de rumor, chisme, cuentos tradicionales, bromas, canciones, rituales, códigos intragrupales, eufemismos y, en general, las más variadas manifestaciones de la cultura tradicional.

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Los mecanismos para enfrentar la violencia o la desintegración son de muy variada naturaleza. Beristain (2006) identifica la búsqueda de significado, la reevaluación o aprendizaje positivo o revalorización de la identidad, la organización comunitaria, el manejo de la responsabilidad y la culpa, la escucha y acompañamiento, el autocontrol emocional, la solidaridad práctica, las actividades lúdicas, la confrontación directa, el apoyo informativo, los ritos y prácticas religiosas o culturales, los procesos comunitarios, las organizaciones de apoyo mutuo, y las tradiciones orales y formas de interpretación cultural. La búsqueda de significado es útil para afrontar la opresión y la represión con la finalidad de aminorar su impacto sobre las poblaciones subalternas. Esta significación y resignificación tiene bases ideológicas y culturales que permite comprender el porqué de la opresión/represión y, desde ahí, responder activamente (Beristain, 2006). La reevaluación, el aprendizaje positivo y la revalorización de la identidad permiten la resignificación positiva que mueva a la acción colectiva; sería una manifestación del desarrollo de la capacidad resiliente; a partir de la vivencia de experiencias adversas, como la guerra, la esclavitud, la expoliación o la exclusión, las comunidades indígenas han sido capaces de sobrevivir, sobreponerse y salir adelante, recomponerse identitariamente y empoderarse. Particularmente ilustrativa de esta estrategia sería la «construcción de campos de acción social por encima de las fronteras étnico–territoriales, nacionales y étnico–culturales» (Graduño, 2004: 57) basadas en la movilidad transfronteriza de los indígenas de la frontera mexicano–estadounidense. La organización comunitaria representa uno de los mecanismos recurrentes para hacer frente a la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y consecuencias, «la organización y el sentido comunitario son aspectos clave de la resistencia indígena» (Beristain, 2006: 620). Tal es el caso de los palenque y otras comunidades indígenas de Venezuela (Tapia, 2008). El manejo de la responsabilidad y la culpa aparece como un mecanismo fundamental en el afrontamiento de situaciones traumáticas, más cuando ello exige un examen crítico de las propias actuaciones a nivel individual. Esta aceptación de la responsabilidad, individual y/o colectiva:

«se relaciona con una mayor percepción de control y puede evitar la sensación de impotencia total (…) La aceptación pasiva y la culpabilización de los hechos ocurridos, no se ve como un mecanismo eficaz, ya que conlleva inhibición de la acción e interiorización del daño.» (Beristain, 2006: 620–621)

La escucha y el acompañamiento están asociados a compartir con otros miembros significativos de la comunidad, la vivencia de las experiencias de represión y violencia, con la finalidad de ayudar aceptar a afrontar los he-

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chos. Esto ha sido observado en mujeres maya de Guatemala en las décadas de 1980 y 1990. El autocontrol emocional se relaciona con la manera que tienen los individuos de hacer frente a pensamientos intrusivos ocasionados por las amenazas o memorias traumáticas por hechos de violencia; así, aparecen la mantención de la calma y la serenidad ante situaciones que ponen en riesgo la vida individual y comunitaria. La solidaridad práctica, expresada en «la búsqueda y obtención de apoyo instrumental y material (y) la solidaridad entre los propios afectados ha sido la base de muchas formas de denuncia» (Beristain, 2006: 622) y resistencia. Una expresión singular de esta estrategia se observa entre los indios mojo, próximos a Santa Cruz (Bolivia), quienes «habrían establecido con los misioneros (jesuitas) una suerte de ‘pacto reduccional’, por el cual aceptaron la presencia misionera a cambio de su protección frente a las incursiones españolas, de la posibilidad de extender sus circuitos comerciales incorporando manufacturas europeas, y de su apoyo frente a sus enemigos indígenas tradicionales.» (Santos, 1992: 9) Las actividades lúdicas, desde todo punto de vista, son un importante mecanismo cultural de socialización y de enculturación, de afirmación de la vida y la cultura de un pueblo. Como estrategia de resistencia han sido utilizadas para «hacer frente a los recuerdos intrusivos de las muertes, (…) a la rumiación de amenazas» (Beristain, 2006: 622) y a la liberación de tensiones en forma posterior a episodios violentos. La confrontación directa ha sido el mecanismo más utilizado por grupos y comunidades «con un mayor sentimiento de identidad colectiva y en las que la confianza interna es mayor» (Beristiain, 2006: 623). Quizás sea ésta una de las formas de resistencia más latamente documentada a lo largo de la historia colonial y estadual de los pueblos indígenas latinoamericanos, siendo la expresión más recurrente el levantamiento en armas, muchas veces fortalecido por las alianzas entre etnias y parcialidades haciendo frente a los invasores. Conocidas son las sublevaciones de Santos Atahualpa a mediados del siglo XVII en la selva peruana, los constantes alzamientos a lo largo de la costa Caribe venezolana desde los primeros años de ocupación hispana, las rebeliones de los indígenas normexicanos durante los siglos XVII y XVIII, las rebeliones araucanas del siglo XVIII y el alzamiento mapuche de 1881. Una forma particular de confrontación es la que se dio durante la primera mitad del siglo XIX entre los indígenas yucatecos, quienes hicieron del abigeato una estrategia de resistencia y supervivencia ante la explotación clerical, estatal y hacendal (Güémez, 1989). El control informativo por las estructuras jerárquicas es muchas veces un factor que tensiona y crea incertidumbre al interior de las comunidades, por lo que el apoyo informativo resulta ser un mecanismo útil para prevenir rumores y para la toma de decisiones:

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«El apoyo informativo puede ayudar a objetivar mejor la realidad, proporcionando elementos para una reevaluación más realista de las situaciones, evitando las imágenes congeladas en el pasado o la alteración del sentido de la realidad.» (Beristain, 2006: 623)

Los ritos y prácticas religiosas o culturales forman parte del cotidiano de los pueblos indígenas y, definidos como mecanismos de resistencia:

«ya sea a través de la cosmovisión indígena o de las formas de sincretismo religioso con que ésta se desarrolla muchas veces, el afrontamiento cultural–religioso ayuda a dar significado a los hechos, afirmar el sentido de la acción y recuperar para la comunidad la dignidad y la relación de cotidianidad con los muertos. Por otro lado, las conmemoraciones y los rituales refuerzan las reacciones emocionales y la movilización social (…). La posibilidad de celebrar ritos y ceremonias hace que la gente pueda expresar sus emociones y se encuentre menos bloqueada» (Beristain, 2006: 624)

Ramírez (1992), para el caso de la Amazonía colombiana, destaca las formas mágico rituales de resistencia como mecanismos para hacer comprensible para sí mismos los efectos adversos de la dominación española. Los procesos comunitarios como:

«la consulta, las formas propias de resolver los conflictos, o el mantenimiento de estructuras comunitarias de gestión del poder y la participación, han sido también parte de las formas colectivas de enfrentar la represión y reconstruir la cotidianidad de la vida (…) En las sociedades colectivistas, las personas tiene en la comunidad su principal fuente de refuerzo y gratificación, los vínculos con la tierra, la comunidad y la familia son muy importantes…» (Beristain, 2006: 625)

La experiencia de los pueblos indígenas de naciones latinoamericanas como Guatemala o Perú, ha demostrado que las organizaciones de apoyo mutuo son formas colectivas eficaces para la confrontación de las consecuencias de los hechos traumáticos, la reconstrucción de las redes sociales y la lucha contra las causas del sufrimiento. Resulta particularmente ilustrativo de estos mecanismos de resistencia lo acaecido en la región de Canelos (Ecuador), convertida en una «’zona de refugio’, es decir, un área en donde individuos o pequeños grupos de familias provenientes de diversas etnias (…), podían establecerse sin correr el riesgo de caer nuevamente en manos de los invasores» (Santos, 1992: 19). A fines del siglo XVII, los palenques en la costa peruana y los valles limeños fueron un importante lugar de refugio para

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quienes escapaban de las prácticas esclavistas (Glave, 2005); en tanto que en las montañas del río Uriche (Venezuela) los guaribe se aliaron con los tomuza para resistir la ocupación hispana (Tiapa, 2008). Las tradiciones orales y formas de interpretación cultural suponen la existencia de mitos, leyendas y hechos históricos transmitidos de generación en generación, así como la presencia de agentes sanadores que aplican terapias reparadoras y restauradoras de los equilibrios alterados a causa de las acciones violentas. El puerto de La Canoa (Ecuador) testimonia la existencia de una mítica tierra siempre libre, con costas de ensoñación y riquezas incomparables, refugio de negros y mulatos libres (Glave, 2005). La alianza con los invasores se reconoce como estrategia de resistencia cultural en tanto representa «una forma alternativa de preservación de la integridad étnica y autonomía política» (Santos, 1992: 16). En los Andes centrales y en la región amazónica los indígenas establecieron suertes de pactos reduccionales con misioneros y con representantes de la Corona española. En el territorio mapuche existió lo que Vergara (2005) refiere como instituciones mediadoras Estado–indígenas.

3. Ranquilco: relato de una pérdida y la reivindicación territorial en La Araucanía En el año 1862 el ejército chileno inicia la ocupación militar del territorio ubicado al sur del río Malleco. Tres años más tarde, el coronel Pedro Lagos, bajo las órdenes de Basilio Urrutia, toma posesión de los territorios de Chiguaihue y Collico. Con la finalidad de asegurar la ocupación castrense, siguiendo las recomendaciones realizadas por el Coronel Cornelio Saavedra en Memoria dirigida al Ministro de Guerra José Manuel Pinto, en 1867 se inicia la construcción de la serie de fuertes militares de Curaco, Perasco, Collipulli, Mariluan, Chiguaihue, Lolenco, Cancura y Huequen (Pinto, 1869). En lo particular, la construcción del fuerte de Chiguaihue fue ordenada por el Coronel Saavedra:

«consistiendo éste en un recinto bastionado de cien metros de frente. El cuartel mide setenta metros de largo con capacidad para ciento cuarenta hombres de guarnición, con las dependencias necesarias de almacenes i piezas para oficiales.» (Saavedra, 1870: 84)

Tras el enfrentamiento de 1869 entre el ejército chileno y los mapuche encabezados por Lonko Kilapan, a 2 kms. al norte de Chiguaihue (Guevara, [1898] 1902), las tropas del Ejército de La Araucanía mantuvieron la ocupación del territorio con las plazas y fuertes de Chiguaihue, Lolenco, Cancura,

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Collipulli, Mariluan, Perasco, Curaco, Torre 5 de enero, Huequen, Tijeral, Rucapillan, Angol, Colhue, Torres del Maipú, de Alcázar y Las Heras, Puente del Malleco, Coronado y Esperanza. Esta línea de fuertes se levantó como una cuña en el territorio mapuche (Bengoa, 2000). A la ocupación, le seguiría la hijuelación de las tierras del Cerro Chiguaihue pasadas a dominio del Estado chileno mediante la ley de 4 de diciembre de 1866. En 1876 las tierras que van desde Chiguaihue hasta Huequen y Pidenco fueron parceladas por un total de 48.000 hectáreas, y el 5 de febrero de 1878 en Valparaíso se remataron 77.776 hectáreas ubicadas al sur del río Malleco, Chiguaihue, Los Sauces, Purén y Lumaco. Mientras esto ocurría al norte de la capital nacional, el 6 de enero de 1878 La campaña militar dejaba 36 mapuches de Chiguaihue muertos y 944 cabezas de ganado robadas3 por los soldados chilenos (CEPAL, 2012). Antes de iniciada la ocupación militar de La Araucanía, en el sector del Cerro Chiguaihue, entre los ríos Malleco y Huequen, la población mapuche que lo habitaba conformaba el lof Lonko Manuel Pillan:



«Según lo que me contaba mi abuelo, (…) las tierras que hoy queremos recuperar nosotros, son las tierras de la familia Pillan; los cuales ocupaban grandes extensiones de tierra desde el río Malleco por el Norte; hasta el río Huequen por el lado Sur, lado Oeste con el lonco Cabrapan, lado Este con el Lonco Panitru.» (Testimonio de Eugenio Curipan, en Comunidad Ranquilco, 2006a)

«… inicialmente todo el sector fue la tierra del longko JUAN CURIPAN, también llamado JUAN COLLIO, pero con el tiempo los funcionarios del gobierno fueron dividiendo la tierra, y entregando sectores a diversos grupos de familias que antes eran una sola gran familia, la del logko COLLIO. De esta forma surgieron lo que hoy son otras comunidades vecinas, con diferentes nombres, pero antes de la reducción todo el lugar era un gran lof.» (Testimonio de Rosario Mendoza, en Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 2007)

Tras la hijuelación y posterior remate fiscal de las tierras, en subasta pública Juan Mackay adquiere varias hijuelas colindantes, las que inscribe en el Conservador de Bienes Raíces constituyendo, en 1897, el Fundo Chiguaihue. Sobre dicho proceso, Correa y Mella plantean que:

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«bajo un manto de legalidad se formó la propiedad particular no mapuche en Chiguaihue: se parceló el territorio, se remataron las hijuelas, se adjudicaron las hijuelas, se inscribieron ante el Conservador de Bienes

Entre el 6 de enero y el 21 de febrero de 1878 el ejército de ocupación, en el territorio que en la actualidad corresponde a la comuna de Ercilla, robó a los mapuche más de 5.000 cabezas de ganado.

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Raíces, y luego, sumando el conjunto de ellas, se dio forma al fundo Chiguaihue. Un clásico en cuanto a la forma de constituir la gran propiedad latifundaria en el territorio mapuche.» (Correa y Mella 2009: 76)

Según se observa en la tabla Nº1, paralelamente a los remates de las tierras declaradas fiscales por el Estado chileno, la Comisión Radicadora de Indígenas que operó en Chiguaihue entre 1884 y 1927, otorgó siete Títulos de Merced4 a las comunidades del sector, reconociéndoles el dominio y propiedad sobre 2.283 hectáreas del valle; con el tiempo, estos títulos dieron lugar a ocho comunidades. Tabla Nº1. División de tierras en Chiguaihue, 1884–1927

Reducción

Título de Merced Localidad Pidima

Hijuela

Superficie

Juan Collio o Juan Curipan

Nº 520 Nº 663

Requen

Nº 364

375 hás.

Juan Antinao

Eugenio Cabrapan Juan Coli Marileo

Ramón Chequepan Ignacio Lemun

Nº 557

Dividida de Juan Collio Nº 555 Nº 545

José Millacheo Levio Nº 1.611 Antonio Panitru

Nº 1.137

Paso de Mula Requen Limpeo

Requen

Chequenco

Loncomahuida

Fuente: Elaboración del autor, a partir de Berdichewsky, 1977.

Nº 380 Nº 355

Nº 364–A Nº 32

Nº 354–B Nº 381 Nº 352

295 hás. 150 hás. 125 hás 300 hás

200 hás. 338 hás. 500 hás.

Finalizada la denominada etapa de constitución de la propiedad austral, en 1930 los comuneros de Requen Pillan, representados por Antonio Curipan Curi-

4 Diversos estudios indican la inequidad con la que actuó el Estado chileno en la entrega de Títulos de Merced a los mapuche en comparación a los títulos de propiedad otorgados a colonos extranjeros: «mientras que se distribuía en promedio 6,1 hectáreas a cada mapuche, se entregaba a cada colono lotes de quinientas hectáreas» (Jeannot, 1972: 8); «… a sólo un millar de colonos no indígenas, se les entregó casi la misma extensión de tierras que a 83.000 mapuche» (Hernández, 2003: 185); en la comuna de Ercilla se adjudicaron «22 Títulos de Merced con 6.430 hectáreas para 924 radicados, con un promedio aproximado de 7 hectáreas por persona» (CEPAL, 2012);en el valle de Chiguaihue, considerando «la cantidad real de menos de 1.500 hectáreas trabajadas, la relación alcanza apenas a 1,6 (por persona). En cambio la relación en las haciendas es de cerca de 12 hectáreas y en los predios menores, de cerca de 11» (Berdichewski, 1977: 66). Al término del proceso reduccional, «se reconoció en dominio una superficie correspondiente solo a alrededor del 6% de los efectivamente ocupado; y (…) hubieron al menos 30.000 personas (mapuche) que quedaron sin tierra» (Bengoa, 2004: 366).

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pan, Juan Paine Mellio y Juan Lican Curipan, ante el Juzgado de Indios de Victoria, demandaron a Roberto Anguita, entonces propietario del Fundo Chiguaihue, pidiendo la restitución de alrededor de 150 hectáreas, recuperando catorce de ellas. En octubre de ese mismo año, los mapuche de Chequenco, encabezados por José Millacheo Levio, ante el Juzgado de Indios de Victoria presentaron una orden de amparo en contra de Roberto Anguita por amenazas contra su integridad física y por el acceso al bosque y leña del Fundo Chiguaihue. El relato de ancianos de la comunidad Ranquilco indica que recién en la década de 1940 se toma conciencia del despojo y sus consecuencias para la vida del pueblo mapuche: «las comunidades no aceptaron la decisión que les impuso el estado, pero no se pronunciaron hasta unos treinta años más tarde. En 1940 se tiene conciencia que durante esta década se organizaron las primeras intenciones de recuperar las tierras que ya estaban en manos de colonos» (Comunidad Ranquilco, 2006a). A partir de entonces, y previo a la implementación de la política de reforma agraria, las tierras dentro del Fundo Chiguaihue fueron reiteradamente ocupadas por familias mapuche que reivindicaban la propiedad de 175 hectáreas, entonces bajo la tenencia de la familia Silva Correa. Los episodios de reivindicación territorial quedan consignados en una publicación de octubre de 1961 del diario El Siglo, culminando con la recuperación de las tierras reclamadas tras la muerte de un comunero baleado por Ignacio Silva Correa (Comisión Verdad Histórica y Nuevo trato, 2003). Con la reforma agraria en marcha, en 1962 las tierras de las comunidades de Loloco son adquiridas por el Fundo Chiguaihue. En este período (1964–1970) surgen el Sindicato de Trabajadores Agrícolas El Toqui, también conocido como Boyeco o Galvarino (que agrupaba a campesinos mapuche de Loncomahuida e inquilinos de los Fundos Alaska y Chiguaihue) y la Asociación Regional Mapuche (compuesta exclusivamente por comunidades mapuche afiliadas a la Confederación Nacional Mapuche). En diciembre de 1966 la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) compó el Fundo San Ramón, con una superficie de 1.240 hectáreas, con la intención de entregarlo al fisco, para luego transferirlo a título gratuito, a las comunidades de Pidima (Berdichewsky, 1977). Por la vía de la ocupación reiterada, en agosto de 1969 la Comunidad Requen Lemun recupera las tierras del Fundo Chiguaihue, exigiendo la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Sin embargo, según relata el longko Eduardo Lemún, el Estado chileno desconoció su derecho ancestral «excluyéndolos de la repartición de tierras, las que fueron asignadas a la formación de un asentamiento, y en la que inclusive se beneficiaron algunos campesinos de Victoria» (Berdichewski, 1977: 57). En la misma época fueron ocupados los predios Alaska y Pidenco, en la comuna de Ercilla, lo que motivó que el gobierno en julio de 1970 decretara

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la vigilancia policial permanente del predio Chiguaihue y se declarara el Departamento de Collipulli como Zona de Emergencia, quedando a cargo de la vigilancia el regimiento Húsares de Angol. Con la finalidad de incorporar a todos los campesinos –incluidos los campesinos mapuche– del valle en el proceso de reforma agraria, durante el segundo semestre de 1971 la Corporación de Reforma Agraria (CORA), en acuerdo con las comunidades de la zona, estableció tres unidades productivas en Chiguaihue: •

•

•

Asentamiento Miguel Cayupan: creado el 25 de junio de 1971 con comunidades de Lemun y Pillan y propiedad efectiva de 2.200 hectáreas. El Sindicato Boyeco presionó y logró la constitución de este asentamiento de reforma agraria, obteniendo por parte de la CORA la expropiación definitiva del Fundo Chiguaihue.

Comité de Producción Unión Mapuche: creado el 18 de agosto de 1971 con población mapuche de Loncomahuida y la propiedad de 1.044 hectáreas provenientes del Fundo San Ramón. A pocos meses de su establecimiento, el comité se dividió en dos grupos encabezados por Pablo Calabran y Antonio Cariqueo, respectivamente. Unidad 3: comunidades de Loloco y Chequenco, las que recibirían tierras del Fundo Chiguaihue.

Los mapuche que quedaron excluidos del Asentamiento Miguel Cayupan se organizaron en dos frentes: uno encabezado por el Lonko Millacheo (comunidades de Loloco y Chequenco) y el otro por el Lonko Lemun (comunidades de Pillan y Lemun), ocupando cada uno tierras asignadas al nuevo asentamiento. Al año siguiente, 1972, la CORA hace entrega al grupo de reducciones de Lemun–Pillan, del cerro Quilaco, la cantidad de 614 hectáreas y a la reducción Loloco de José Millacheo 715 hectáreas. Por otra parte, las comunidades Loloco y Chequenco, en conflicto con el Asentamiento Miguel Cayupan, formaron cada una un Comité de Producción, quedando con 715 y 338 hectáreas, respectivamente:

«Los campesinos que tomaron posesión de las tierras del fundo San Ramón procedían de las comunidades de Juan Antinao y de José Millacheo Levío de la zona del valle, más los de la comunidad de Leon Catrimil de la zona de Tricauco. Los dos últimos grupos, en su mayoría, volvieron a sus comunidades de origen. Parte del grupo de la comunidad de Juan Antinao se estableció en la punta nororiental del fundo, utilizando una superficie aproximada

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de 300 hectáreas; tierras que, según ellos, les pertenecían de antes, cuando formaban parte de la comunidad de Juan Antiqueo, pero en la época de la Comisión Radicadora de Indígenas, habían sido desalojados de esas tierras y obligados a anexarse a la reducción de la comunidad de Juan Antinao, aunque mantuvieron siempre una relativa separación interna, como grupo diferente de parentesco. El otro grupo, formado por la mayoría de la comunidad de Juan Antinao y algunos de la de José Millacheo se establecieron en la punta sur poniente del fundo.» (Berdichewsky 1977: 58–59)

Con el proceso de reforma agraria, hacia finales del gobierno de la Unidad Popular, la situación de tenencia de tierras de las comunidades indígenas del valle Chiguaihue si bien estaba muy lejos de lo que era antes de 1884, pasó de 2.283 hectáreas en el año 1927, a 4.864 hectáreas en el año 1973 (ver tabla N°2). Tabla Nº2. Tenencia de tierras valle Chiguaihue, 1973

Comunidad Chequenco (ex J. Millacheo) Requen Pillan (ex Collío) Loloco Requen Lemun (ex I. Lemun) Asentamiento Miguel Cayupan Eugenio Cabrapan

Loncomahuida (A. Panitru o Loncho Chico) Limpeo (ex Chenquepan)



Superficie (hectáreas) 415 633 715 436 2.200

Fuente: Elaboración del autor, a partir de Berdichewsky, 1977.

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Luego del golpe de Estado de septiembre de 1973 se dio inicio al proceso de contrarreforma agraria, dando lugar a la disolución del Asentamiento Miguel Cayupan. Parte del Fundo fue devuelto a sus antiguos dueños (familia Silva Correa) y lo restante comenzó un circuito administrativo para terminar siendo destinado a la explotación forestal en la década de los ochenta. Aquella parte del asentamiento que quedó en propiedad del fisco, en 1974 fue traspasada a la CORA; ésta en 1978 la cede a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la que a su vez en 1980 la transfiere al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), siendo adquiridas por la empresa Forestal Arauco en subasta pública. Así, en poco más de medio siglo tierras ancestrales de las comunidades del valle Chiguaihue fueron transformadas, vía acción estatal, en propiedad privada empresarial y el bosque nativo drásticamente metamorfoseado en explotación forestal de especies exóticas.

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En un contexto político adverso, la década de los ochenta vio silenciadas las reclamaciones territoriales mapuche, Con el retorno a un régimen democrático, a partir de los noventa renacen las voces que reivindican la restitución de las tierras en el valle del cerro Chiguaihue. El diálogo con los mapuche quedó en manos de la nueva institucionalidad indígena creada en 1993, por la ley Nº19.253, sin avances para los mapuche de Ranquilco. Luego de los hechos de Lumaco5, en diciembre de 1997, se inició un activo proceso de reivindicaciones territoriales en la provincia de Malleco. Esta nueva etapa se caracterizará por las ocupaciones simbólicas y ceremoniales en las tierras ancestrales reivindicadas. Hacia 1998 el Fundo Chiguaihue, entonces en propiedad de Forestal Mininco y parcelado en predios más pequeños, vuelve a ser demandado, ocupado y desalojado en múltiples ocasiones por familias mapuche, de lo cual da cuenta en extenso la prensa de la época6. En diciembre de 2000 comuneros que mantenían en toma el fundo Chiguaihue fueron desalojados por fuerzas policiales, quienes, en opinión de representantes de Organizaciones mapuche habrían hecho «uso indiscriminado de bombas lacrimónegas, [varias de las cuales fueron] arrojadas al interior de una escuela de educación primaria (…) afectando a los niños mapuche que se encontraban en su interior» (Organizaciones Mapuche, 2009: 59)7. 5 Tras el we xipantu de 1997, la Asociación Ñankucheu de la comuna de Lumaco invitó a diversas autoridades de los gobiernos municipal y regional a reuniones de trabajo sobre los problemas que histórica y actualmente han afectado a las comunidades mapuche; ante la ausencia de los representantes gubernamentales, interpretada por los comuneros como expresión de la falta de voluntad de diálogo, el 13 de octubre de aquel año las comunidades de Pichilonkoyan y Pililmapu iniciaron un proceso de recuperación de tierras ancestrales, procediendo el 1 de diciembre a la quema de tres camiones de la empresa forestal Bosques Arauco.

6 Ver Diario El Mercurio: http://www.mapuche.info/lumaco/merc991204.html); http://www.emol.com/noticias/ nacional/2000/12/30/42074/afirman–que–araucania–se–encuentra–en–verdadero–estado–de–sitio.html; http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7Bfaa468e1–ab39–4271–9158– 9f903b6a7b85%7D; http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={6dc45ad3–2183–43dc–b7d2– 57cc4fc4db81}; http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={41a9f36c–66fe–4afa– 8d16–dcd61a3ec7cd}; Diario La Segunda: http://www.lasegunda.com/Noticias/nacional/2000/12/19021/afirman–que–araucania– se–encuentra–en–verdadero–estado–de–sitio; Diario La Tercera: http://www.mapuche.info/news01/terc000414.html. 7 No sería ésta la única vez que niños de Ranquilco serían víctimas de la acción policial. El 18 de junio de 2007 «tres niños de la comunidad Ranquilco sufren el interrogatorio del personal del Servicio de Inteligencia Policial de Carabineros de Collipulli. El hecho se produce en el

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A partir de enero de 2002 tiene lugar una seguidilla de acciones destinadas a lograr la devolución de tierras del fundo Chiguaihue, cuya reseña forma parte del informe presentado ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (Mella, 2007). Dicha síntesis, encomendada por la Cooperativa Eléctrica de Temuco a la Corporación de Desarrollo y Energía (CDE), consistió en un catastro de los delitos denunciados ante las policías y tribunales de justicia entre enero de 1999 y octubre de 2001 en las provincias de Malleco y Cautín. De los 599 episodios consignados en una inserción publicada por la CDE en el diario El Mercurio el 10 de marzo de 2002, 36 involucrarían a descendientes de los antiguos habitantes del valle de Chiguaihue (Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, 2003) (Ver catastro). Catastro de delitos denunciados –en los cuales podría haber participación de miembros de la etnia mapuche– en las provincias de Cautín y Malleco, abarcando el período comprendido entre el año 1999 y octubre de 2001

05–01–2000. Robo y daños a Forestal Mininco, desconocidos cortaron 100 metros de eucaliptus de 10 años, predio ubicado 14 km. de Comunidad Requen Lemun. 26–01–2000. Mapuches de la comunidad Los Lolocos provocaron daños a portón metálico al interior del predio Chiguaihue, de propiedad de Forestal Bosques Arauco. 27–01–2000. Incendio forestal Fundo Chiguaihue Forestal Arauco 0.3 hectáreas de desechos de pino insigne, sin sospechas.

06–02–2000. Aproximadamente 20 mapuche atacaron con piedras un camión que transportaba madera desde el fundo Chiguaihue, destruyendo vidrios del vehículo.

29–02–2000. Mapuche de la Comunidad Los Lolocos, Requen Pillan y Lonco Mahuida provocaron ocupación de oficinas Bosques Arauco, Collipulli, al interior de las oficinas empresas Bosques Arauco de propiedad de Forestal Arauco. 03–03–2000. Incendio al parecer intencional, al interior del fundo Chiguaihue. 09–03–2000. Incendio forestal en fundo Chiguaihue, el fuego consumió 0,3 hectáreas de desechos forestales. 11–03–2000. Incendio forestal en fundo Chiguaihue, el fuego consumió 0,7 hectáreas de desechos forestales. interior de la escuela pública Villa Chiguaigue a la que asisten los niños, donde los propios docentes confirman que no es la primera vez que este grave e irregular hecho acontece en el establecimiento. En dicho interrogatorio –bajo la amenaza de que los carabineros allanarían la comunidad– se les pregunta a los niños, entre otras cosas, si hay armas en las comunidades, si conocen a quienes pelean por las tierras y si algunos de ellos son parientes de estos últimos» (Toledo, 2007: 293), lo cual motivó la presentación de un recurso de protección a favor de niños de la comunidad mapuche Ranquilco Bajo por parte del abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin.

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20–03–2000. Mapuche de la comunidad Lonco Mahuida provocaron ocupación ilegal impidiendo talar bosques a su dueño al interior del fundo El Copihue perteneciente al comerciante Pui Sandoval. 20–03–2000. Aproximadamente 80 mapuche de la Comunidad Antonio Pañitrur, sector Loncomahuida, Collipulli, se toman fundo «Los Copihues». Se abandonó el mismo día. 21–03–2000. Incendio fundo Chiguaihue, quemadas 2 hectáreas y desecho forestal.

26–03–2000. Mapuche de la comunidad Lonco Mahuida provocaron ocupación ilegal de 163 hectáreas y bosque de pino al interior del fundo Lonco Mahuida perteneciente al comerciante Pui Sandoval. 26–03–2000. Aproximadamente 30 mapuche de la Comunidad Antonio Pañitrur, ocuparon fundo El Mirador, de 263 hectáreas de Luis Orlando Parra Balboa, ubicado a 7 km. de Collipulli. Se abandonó el predio el 27–03–2000. 12–04–2000. Aproximadamente 55 mapuche atacaron con hondas y boleadoras en el fundo Chiguaihue.

13–04–2000. Interrupción del tránsito ruta 5 Sur, altura km. 581. Quince desconocidos de las Comunidades Los Loloco de Agua Brava y Requem Piñan encienden neumáticos. 13–04–2000. Interrupción del tránsito de ruta 5 Sur, altura km. 581, a 7 km. de Ercilla, por indígenas de Comunidad Los Lolocos e Ignacio Lemún.

29–08–2000. Daños fundo Villa–Tuve Forestal Arauco, daños a toda la estructura de torre, sospechas participación miembros de las reducciones Loncomahuida, Antinao y Requen Pillan. 17–11–2000. Usurpación de terreno y daños Fundo Chiguaihue, 50 mapuche liderados por Lonco José Levin Levinao incendiaron puente, comunidades Chequenco, San Ramón y Temucuicui.

22–12–2000. Tala parcela N°7 Forestal Crecex, administrada por Mininco, 15 matas eucaliptus, comuneros Requen Pillan.

23–12–2000. Hurto y daños en plantación de eucaliptus, adhesión al hecho denunciado el 22–12–2000 por Leandro Pacheco Cid, parcela N°7 Forestal Crecex, ubicada en comunidad Requen Pillan, 16 matas eucaliptus. 04–01–2001. Ocupación ilegal fundo Chiguaihue, Ercilla, por parte de 60 mapuche de comunidad Chequenco, Lolocos y San Ramón. Liderados por José Levin Levinao, ingresaron al fundo, propiedad Magdalena Silva Correa. Desalojo 06–01–20001.

14–01–2001. Usurpación en fundo Chiguaihue, 30 mapuche aproximadamente ingresaron al predio procediendo a cortar trigo trasladándolo a la casa de Jorge Melinao, domiciliado en comunidad Chequenco. 23–01–2001. Mapuche de la comunidad Chequenco, Los Tolocos, San Ramón, provocaron un incendio en la siembra 80 hectáreas de avena y trigo al interior del predio Chiguaihue de propiedad de María Silva Correa. 23–01–2001. Incendio en siembra de trigo y avena, interior fundo Chiguaihue, Ercilla; 35 hectáreas de siembra de trigo e igual número de hectáreas de avena.

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24–01–2001. Incendio forestal en fundo Nopangue de Forestal Bosques Arauco, 1.8 hectáreas afectadas de pino de 11 años, sospecha participación miembros de las comunidades mapuche de Chiguaihue, Los Lolocos, Requen Lemun y Requen Pillan. 25–01–2001. Robo y daños al interior del fundo Chiguaihue, 8 mapuche comunidad Chequenco ingresan a casa deshabitadas del fundo, destruyen 40 vidrios y descerrajan una bodega sustrayendo avena y un televisor.

05–02–2001. Ocupación ilegal fundo Ginebra por Comunidad Juan Ahilla Varela de Collipulli y fundo Chiguaihue por José Millacheo Levio de Ercilla. Se ocupó un potrero colindante a la comunidad reclamando 400 hectáreas, además de 190 hectáreas del Fundo Curaco de propiedad de Mario Galvarini, colindante a la comunidad aludida. Abandono 05–02–2001.

20–02–2001. Abigeato en predio vecino fundo Chiguaihue de Olga Sánchez; desconocidos cortaron 3 hebras de alambre y sustrajeron vaquilla. Sospecha recayó en comuneros mapuche que se encontraban ocupando el fundo Chiguaihue liderados por el Lonco Juan Millacheo. 12–03–2001. Incendio de galpón fundo Chiguaihue por 12 personas, afectados 12 metros aproximadamente.

15–03–2001. Mapuche de la comunidad Lonco Mahuida provocaron ocupación ilegal de terreno perteneciente a Juan Dute, al interior del predio Los Copihues de propiedad de Raúl Maldonado.

03–04–2001. Usurpación de terreno en fundo Los Maitenes de Forestal Arauco por 50 mapuche de comunidad Requen Lemun Bajo liderados por el Lonco José del Carmen Garrido Marileo. Mapuches se retiraron a las 19:30 horas. 03–04–2001. Mapuches del sector Loncomahuida, comuna Collipulli, pertenecientes a comunidad Antonio Pañitur, ocupan ilegalmente el fundo Los Copihues de propiedad de Luis Sandoval Bascur, con una extensión de 120 hectáreas.

05–04–2001. Mapuches de la comunidad Lonco Mahuida provocaron un incendio de 4 hectáreas de pino al interior del predio Los Copihues de propiedad de Luis Sandoval. 24–04–2001. Tala y robo de madera fundo Pidenco de Bosques Cautín; 25 matas eucaliptus glóbulos 9 años, sospechas recaen en miembros de la comunidad Chiguaihue.

09–08–2001. Obstrucción y ocupación ruta 5 Sur por aproximadamente 20 mapuche que colocaron e incendiaron neumáticos y palos; carabineros despeja el lugar, el hecho se atribuye a comunidades Chequenco y Lolocos. 31–08–2001. Daños en parcela N°7 sector Requen Pillan de Forestal Mininco. Desconocidos talaron 10 árboles de eucaliptus 7 años abandonándolos en el lugar. Sospechas en comunidades de Requen Pillan y Requen Lemun.

En noviembre de 2002, comuneros de Montitui Mapu residentes del cerro Chiguahue, ocupan el Fundo Santa Alicia que era parte del antiguo Fundo Chiguaihue. En los años 2003 y 2004 se producen algunos conflictos internos en la Comunidad Juan Collio, lo cual tiene como consecuencia la división de

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hecho en dos comunidades, ambas bajo el alero del mismo Título de Merced (Nº633 de 1898): Comunidad Indígena Juan Collio (antigua) y Comunidad Indígena Ranquilco (nueva). Esta etapa de movilizaciones tiene un primer punto de inflexión el 3 de noviembre de 2005, cuando Juan Carlos Curipan Levipan y Francisco Levipan Lemun, dirigentes de la Comunidad Ranquilco Bajo –aún sin reconocimiento legal por parte de la CONADI– y la empresa Bosques Arauco S.A. representada por Jorge Serón Ferré, firman una declaración de voluntad mediante la cual la empresa forestal:





«manifiesta su voluntad de transferir todo o parte del predio denominado Peumo Malleco rol de avalúo Nº 182–027 y Santa Adela y Elcira rol de avalúo Nº 183–020 de la comuna de Collipulli, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), si ésta acepta adquirirlo, a objeto de posteriormente sea traspasado a la comunidad indígena ya singularizada precedentemente. 2. Lo anterior queda sujeto y condicionado a la inexistencia total de actos de fuerza o de violencia por parte de la comunidad indígena Ranquilco Bajo, que perturben el dominio y el normal desarrollo de las actividades forestales que Bosques Arauco S. A. realice en el predio Peumo Malleco y Santa Adela y Elcira (…). Ante cualquier acto de fuerza o violencia, de parte de las comunidades, que afecten al predio, la empresa quedará liberada en forma inmediata de todo compromiso.» (Comunidad Ranquilco Bajo y Bosques Arauco S.A., 2005)

Tras dicho acuerdo, los miembros de la Comunidad Indígena Ranquilco Bajo abandonan la participación en la ocupación simbólica y ceremonial de las tierras ancestrales reivindicadas, optando por la demanda pacífica al amparo de la aplicación del Artículo 20, letra b, de la Ley Nº19.253. Sin embargo, el 5 de octubre de 2006, un grupo de comuneros de Requen Lemun, Antonio Panitru Bajo y Ranquilco Bajo, iniciaron una recuperación de tierras en poder de las forestales Arauco y Mininco y de algunos particulares, instalándose en los fundos el Retiro Tres y Santa Alicia, ambos de Forestal Mininco. Con la finalidad de ser reconocida oficialmente e incorporada en el Registro de Comunidades Indígenas de la CONADI8, en octubre de 2006 los di8 Esta situación recuerda la forma en que el Estado chileno operó durante la reforma agraria: con la finalidad de verse favorecidas las comunidades indígenas con la restitución de tierras ancestrales usurpadas, debieron organizarse según lo dictaba la política estatal a cargo de la Corporación para la Reforma Agraria (CORA). En la década de 1960 y comienzos de 1970, las comunidades indígenas debieron constituirse en asentamientos campesinos y, tras la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), de 1993 a la fecha han debido constituirse en comunidad indígena reconocida por el Estado chileno a través de la corporación.

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rigentes de la Comunidad Ranquilco Bajo, iniciaron el trámite de solicitud de personalidad jurídica, siendo ésta concedida el 2 de noviembre del mismo año, fecha en la cual representantes de la comunidad Juan Collio presentan ante la Corporación la solicitud formal de demanda de tierras para dar apertura a la carpeta administrativa en conformidad al procedimiento que regula la aplicación del Artículo 20, letra b, de la Ley Nº 19.253. En dicho texto se lee:

«El título de merced original era de 375 has y luego el estado volvió a dividir el Título de Merced entregando las tierras a Juan Collio, Ignacio Lemun y a Juan Coli Marileo. (…) La comunidad indica además que pertenecen al mismo tronco familiar de la comunidad Juan Collio que actualmente tiene aplicabilidad de la Ley indígena y que nuestra comunidad recientemente inscrita en los registros de Conadi hace su reivindicación hacia el lado norte del T.M. en dirección al río Malleco en el lugar donde estuvo el fuerte Chiguaihue. Nuestra demanda alcanza aproximadamente a 1.200 has.» (Comunidad Ranquilco, 2006b)

En febrero de 2007, en la sede social de Ranquilco Bajo por mayoría absoluta de los asistentes a un xawun9 los comuneros acuerdan constituir la Comunidad Indígena Ranquilco Nag o Ranquilco Bajo. Un informe sociocultural elaborado por la Unidad de Cultura y Educación de la Subdirección Nacional Sur de la CONADI, del 19 de marzo de 2007, concluye que la demanda presentada por la comunidad de Ranquilco Bajo se ajusta a lo indicado en el Art. 9, letras a y b de la Ley Nº19.25310, por lo que se puede proceder a otorgar la autorización para constituirse en comunidad indígena jurídicamente reconocida. Resulta relevante consignar que en dicho estudio sociocultural se concluye la existencia de una definición de identidad a partir de una delimitación territorial, metas colectivas compartidas, un acervo de tradiciones mapuche vigente (asociadas a religiosidad y organización sociopolítica), relaciones de parentesco y una línea de descendencia identificable por la totalidad de los comuneros. En agosto de 2007, dirigentes de la Comunidad Ranquilco Bajo y la empresa Bosques Arauco S.A., ratifican la declaración de voluntad firmada el 3 de noviembre de 2005. Casi un año más tarde, el 22 julio de 2008, un conjunto de 35 comunidades, entre ellas Ranquilco Nag, denuncian públicamente a través de la organización

9 «Reunión, junta o encuentro encabezada por el o los lonko y en los cuales se ventilan y resuelven asuntos variados de interés colectivo: político, de justicia, religioso, entre otros» (Mariman et al., 2006: 278). 10 El Artículo 9 de la Ley Nº19.253 establece que se entenderá por comunidad indígena toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que provengan de un mismo tronco familiar (letra a) y que reconozcan una jefatura tradicional (letra b).

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Identidad Territorial Lafkenche «la falta de voluntad política del gobierno en cuanto a asumir una verdadera solución del conflicto», pues los recursos comprometidos por la presidenta Bachelet para las comunidades que mantienen conflictos de tierras con empresas forestales y particulares no estaban disponibles. Ese mismo año, la comunidad reunida en asamblea el 2 de diciembre acuerda la renovación del mandato de la directiva por un nuevo período hasta el 2 de diciembre de 2010. Los fundamentos de esta ratificación se encuentran en el acta de dicha asamblea que afirma que el acuerdo es unánime «por el bien de la estabilidad organizativa y la solidez de sus planteamientos como comunidad». A poco más de dos años de haber sido solicitada formalmente la apertura de la carpeta de demanda de tierras, el 5 de febrero de 2009 dirigentes de la Comunidad Ranquilco Nag informan a la CONADI que las personas que figuran en la actualidad como propietarios de los predios particulares que la comunidad demanda por ser tierras ancestrales son Luis Miguel Palma, Lusvenia Aguilera, Manuel Navarrete, Marcelino Vallejo, Clemira Soto, Guillermo San Martín, Vangelista Toro, Edmundo Pérez, Alicia Urrutia, Tolla Beltrán, Inés Beltrán y Mena Beltrán. Dos meses después de esta acción, el 3 de abril, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena resuelve conceder la aplicabilidad del Art. Nº20, letra b de la Ley Nº19.253 a la comunidad indígena Ranquilco Nag. Esta resolución fue notificada al Presidente de la comunidad el 14 de abril de 2009, en dependencias de la Subdirección Nacional Temuco de la CONADI. Tras el reconocimiento oficial del Estado chileno de la legitimidad de la demanda territorial de la Comunidad Indígena Ranquilco Nag, el 2 de julio de 2009 la CONADI, representada por su director nacional Álvaro Marifil Hernández, acuerda con el representante indígena Juan Carlos Curipan Levipan que:



«Esta comunidad forma parte de las 308 comunidades que en el Pacto Reconocer se establecieron como prioridad para los estudios de Aplicabilidad del art. 20 letra b) de la Ley 19.253 y que tienen actualmente Resolución de Aplicabilidad positiva, y además está pronto a obtener la priorización ya que se presentará esta comunidad al próximo Consejo Nacional de CONADI que sesionará en julio de 2009. 1. La comunidad actualizará su listado de familias antes del 20 de julio de 2009, en la respectiva Unidad Operativa. 2. La Dirección nacional se encargará de hacer las gestiones para programar reunión con la Forestal Mininco y Arauco (…). 3. En cuanto a las conversaciones con los particulares, respecto de las compras de predios, ésta se generará después de obtener la priorización por el Consejo Nacional de CONADI.» (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 2009)

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Al poco tiempo de acogida la reclamación de tierras, el director del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas, Víctor Toledo Llancaqueo (2009: 7), refiriéndose a cómo había sido la dinámica de diversas comunidades ante la CONADI, declaró al periódico Azkintuwe: «si sus reclamos son admitidos, deben esperar años y años, porque no hay fondos disponibles». Transcurridos varios años desde que la CONADI reconociera la legitimidad de la demanda territorial y a otros tantos más del acuerdo logrado por la Comunidad Ranquilco Bajo con Bosques Arauco y finalizada la ejecución de la segunda etapa del Programa Orígenes11, los mapuche de Ranquilco no han sido beneficiados por la aplicación del Art. 20, letra b de la Ley 19.253.

4. Conclusiones

Los antecedentes de la reivindicación de tierras de la comunidad indígena Ranquilco Bajo, valle de Chiguaihue, datan del período pre–reduccional a través de la antigua comunidad indígena Manuel Pillan, de la cual –tras la entrega de Títulos de Merced– surge la comunidad Juan Collio, desde donde se desprende la actual Ranquilco Bajo. La demanda de tierras de esta última considera algunos predios en propiedad de las empresas forestales Mininco S.A. y Arauco S.A., y otros en manos de propietarios particulares. En el año 2005, tras lograr un acuerdo con Forestal Arauco S.A., la comunidad opta por la reivindicación de tierras por la vía pacífica acogiéndose al Art. 20, letra b de la Ley Nº 19.253. La dinámica comunitaria gira en torno a la territorialidad y actual reivindicación de tierras ancestrales. En palabras de sus dirigentes, el proceso de reivindicación es histórico y data desde el período en que comenzó la aplicación de la política reduccionista del Estado chileno a mediados del siglo XIX. En el proceso reivindicativo, todas las comunidades comparten un fin común: la recuperación del territorio ancestral, siendo cada comunidad autónoma en la definición de la estrategia a seguir. Así, si bien hay un fin común, los miembros de las comunidades que han optado por la vía pacífica al amparo del Art. 20, letra b de la Ley Nº19.253 (como es el caso de Ranquilco Bajo) 11 El Programa Orígenes correspondió a un convenio de préstamo firmado por el Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya finalidad fue contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas aymara, likanantay, quechua y mapuche, promoviendo el desarrollo con identidad de las comunidades intervenidas, fortaleciendo sus capacidades y generando mayores oportunidades económicas, sanitarias, educacionales y culturales. La primera fase del programa se ejecutó entre los años 2001 y 2006, la segunda fase se extendió desde 2007 hasta 2011.

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dejaron de participar en diversos tipos de manifestaciones como las ocupaciones simbólicas y productivas. La dinámica sociopolítica de la comunidad da cuenta de una organización basada en una red de relaciones socioculturales que tienen su origen en el lof Manuel Pillan, lo que les permite no solamente mantener las tradiciones ancestrales, sino que también compartir con las demás comunidades originarias que se desprenden del lof, la reivindicación de tierras: Antonio Panitru de Collipulli, Antonio Panitru de Ercilla, Requen Pillan, Juan Collio e Ignacio Lemun. Tras el reconocimiento jurídico de la Comunidad, ésta se acogió a los beneficios que otorga la Ley Indígena, aprobándosele la aplicabilidad al Fondo de Tierras y Aguas y siendo priorizada entre las comunidades favorecidas por el Pacto Reconocer e incorporada a la segunda fase del Programa Orígenes. Sin embargo, a más de un lustro de dicho reconocimiento el Estado chileno no ha cumplido con el compromiso de restitución de las tierras usurpadas. Los hechos relatados en los párrafos anteriores junto con dar cuenta del tipo de relación que el Estado y colonos chilenos establecieron con el pueblo mapuche desde que se inició la ocupación de la frontera al sur del Bio Bio, también permiten observar dicha dinámica a la luz del enfoque de resistencia indígena, entendida como el proceso de oposición sistemática a la asimilación y de reclamación de derechos sobre sus propios recursos, incluido el territorio ancestral (Morales, 1993). A modo de conclusiones preliminares, se identifican los mecanismos de resistencia que han sido señalados como característicos de comunidades indígenas en situaciones de opresión y/o resistencia (Beristain, 2006). Tal como algunas comunidades maya (Guatemala) y nasa (Colombia), la comunidad de Ranquilco ha resistido a la ocupación militar chilena y a la colonización chilena y extranjera a través de la búsqueda de significado a la acción de unos y otros. El significado atribuido a la ocupación militar del siglo XIX y la militarización y judicialización de la «causa mapuche» de fines del XX y comienzos del XXI está asociado directamente con la política de asimilación del indio en el período post reduccional o su incorporación a los beneficios del desarrollo (etnodesdarrollo) de 1990 en adelante. Esta «atribución de significado incluye reconocer los objetivos que la represión persigue, para poder afrontarla de una manera más activa» (Beristain, 2006: 618) a través de las ocupaciones simbólicas y productivas de las antiguas tierras mapuche hoy día en manos de privados. La reevaluación aparece como forma constructiva de hacer frente a la criminalización (Beristain, 2006) que los gobiernos o Estados pretenden ante las reclamaciones territoriales. En este caso la criminalización de la protesta social mapuche desde la última década del 1900, ampliamente documentada (FIDH, 2003, 2006; Human Rights Watch y Observatorio de Derechos Indígenas, 2004; Mella, 2007; Yáñez y Aylwin, 2007), ha permitido a los integrantes de la comunidad indígena Ranquilco Nag tener más conciencia de su reivindi-

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cación, saber los motivos de su lucha y estar más conscientes de sus derechos como indígenas. Un mecanismo de resistencia tan importante como los anteriores es la organización comunitaria que, en el caso de Ranquilco Nag, es evidente y adquiere fuerza interna –como colectivo– en dos momentos de su historia reciente: cuando se separan de la antigua comunidad Juan Collio, y cuando formalizan su existencia legal ante el Fondo de Comunidades Indígenas de la CONADI. Sin duda, ambos episodios son clave en la comprensión de la movilización reivindicativa de las tierras antiguas. Incluso, la organización en función de las leyes chilenas (con presidente y secretario de la comunidad) se vuelve compatible con la estructura organizacional tradicional (lonko, werken). No cabe duda que la historia que sigue a la ocupación militar de Ranquilco (Valle Chiguaihue) y la pérdida y arrinconamiento territorial de sus antiguos residentes fue traumática, cuyas consecuencias siguen afectando a sus actuales descendientes. Pues bien, asumir la responsabilidad, «manejar la propia actuación, y modificarla si es necesario, es también un mecanismo muy útil para afrontar» (Beristain, 2006:620) hechos de tal naturaleza. Así las cosas, la opción por abandonar la vía de las ocupaciones simbólicas y productivas de predios por parte de los comuneros de Ranquilco y seguir la vía administrativa a partir de fines del 2005, a través de su formalización organizativa ante la autoridad estatal, el acuerdo logrado con una forestal para la restitución de tierras ancestrales en proceso de reclamación y su incorporación a la segunda fase del Programa Orígenes, serían el resultado del análisis de la actuación propia. La solidaridad práctica es una constante como estrategia de resistencia de los comuneros de Ranquilco, pues según se desprende del informe sociocultural evacuado por CONADI en marzo 2007, la lógica de la solidaridad comunitaria se ha transmitido generacionalmente y fortalecido en forma posterior a la ocupación del Ngulumapu. En la cultura mapuche la oralidad es el principal mecanismo de transmisión cultural e histórica. La tradición oral, junto a la recopilación de antecedentes burocráticos y académicos escritos, han resultado en un apoyo informativo esencial en la memoria colectiva de Ranquilco en la década de 1960 y 1970 durante el proceso de reforma agraria que representó la restitución de tierras perdidas durante el período reduccional; así como en los inicios del siglo XXI, como apoyo a los procesos de constitución legal como comunidad indígena y de demanda de tierras en conflicto. «La celebración de los ritos y ceremonias, los aniversarios o las oraciones, son parte de los procesos de duelo, pero también son útiles como formas de enfrentar el miedo y la amenaza vital» (Beristain, 2006:623–624). La comunidad Ranquilco Nag mantiene sus prácticas ancestrales mágico religiosas. Los testimonios que consigna el informe sociocultural de CONADI son una evidente muestra de la vitalidad de su ritualidad y ceremoniales asociados a la preser-

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vación de sectores sagrados dentro del territorio del Valle Chiguahue, para la práctica curativa (menoko), las rogativas (nguillatun) y la celebración de los ciclos de vida anuales (wexipantu). Estas prácticas se complementan con la existencia de actividades lúdicas que reafirman la vida, la cultura y los lazos entre comunidades del antiguo lof, pues no sólo se practica el palin sino que además es una preocupación constante la mantención del paliwe. Procesos comunitarios como el mantenimiento de estructuras de gestión del poder y la participación, son también parte de las maneras de hacer frente colectivamente a la represión y la reconstrucción de la vida cotidiana (Beristain, 2006). En este sentido, el proceso sociopolítico de Ranquilco Nag, en sus diversos episodios (separación de la comunidad antigua Juan Collio, constitución como nueva comunidad, elección de sus representantes políticos e interlocutores con la autoridad estatal), no son más que un mecanismo de resistencia reeditado en la primera década del siglo XXI.

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