DE LA PROMOCIÓN ESTATAL DE NORMAS Y ESTÁNDARES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL HACIA LA CERTIFICACIÓN SOCIO LABORAL1 SUMARIO: 1. Introducción; 2. Responsabilidad de las políticas públicas en las relaciones laborales y la Responsabilidad Social Empresarial; 3. Las Normas Laborales y la Responsabilidad Empresarial; 4. El rol promotor del Estado en los estándares laborales; 5. Perspectivas hacia una certificación socio laboral; 6. Conclusiones.

1. Introducción

El presente trabajo es una aproximación a la situación socio laboral desde la perspectiva de las certificaciones sociales en el Perú y la participación estatal. Si bien es cierto, actualmente tenemos una incipiente certificación laboral que podría revertirse en el mediano plazo, como consecuencia de la implantación y establecimiento de crecientes políticas y prácticas empresariales en responsabilidad social cuyos contenidos e impactos se viene difundiendo, al igual que el no menos importante esfuerzo estatal en la promoción de Normas y Estándares Sociales. Veamos como se esta desarrollando el tema, es cierto que hoy en día, en el país como en el mundo el capital humano esta siendo cada vez reconocido como el más importante factor dentro de una empresa, puesto que el sustento del valor que se le concede al trabajador emana de su propia condición humana y esto nos lleva a que buena parte de organizaciones, empresas varias, en su gestión realicen múltiples acciones dirigidas a su bienestar en distintos aspectos que deben significar su desarrollo personal, profesional y que ello debe reflejarse en la labor de las empresas. Sin embargo, del análisis en nuestra realidad diaria, estos reconocimientos distan mucho de los actos efectivos; encontrando que por ahora no son muchas empresas con esta nueva sintonía ya implantada, pero progresivamente aumentan, entre ellas las que muestran un interés genuino en la realización de sus negocios mediante la adopción de comportamientos éticos y socialmente responsables, que impliquen principalmente, las mejoras en el frente interno: los trabajadores; casos un tanto alejados a pesar de las múltiples iniciativas empresariales, que muy pocas veces son bien difundidas. A manera de comparación, así, como la producción misma ha alcanzado estándares de calidad para obtener una relación más uniforme y horizontal, y ser aceptados en muchas partes del mundo como garantía de productos o servicios óptimos en calidad total, tal es el caso de las Normas ISO; la certificaciones de las condiciones laborales en el libre mercado se esta convirtiendo en un nuevo requerimiento de consumidores y clientes. Es por ello, que ante esta exigencia se hace necesario promover la adopción de normas y estándares de responsabilidad social laboral, siendo deseable llegar a la Certificación en aras de la competitividad empresarial y que sirva de manera ejemplificadora a las 1

La autora, Srta. Estrella E. Cordero Vergara, es abogada por la UNIFE, egresada de la Maestría de Derecho de la Empresa de la PUCP, adscrita a la lista de árbitros del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP, actualmente se encuentra laborando como Asesora corporativa en una empresa privada del sector pesquero).

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iniciativas empresariales, sobre todo en el actual contexto comercial de aprobación del Tratado de Libre Comercio con los EEUU (TLC) y los otros que ya se encuentran en negociación. En este sentido, creemos que el Estado debe cumplir su rol promotor, pues no solo es la implementación de políticas públicas en las relaciones laborales de manera aislada sino, que se debe conjugar con su obligación de promoción de estándares de Responsabilidad social Empresarial (RSE). Aún cuando la adopción de la RSE es voluntario, la globalización del comercio y la competitividad requieren incentivos que refuercen los niveles de cumplimiento de los derechos humanos fundamentales en el trabajo y eleven el nivel de involucramiento que muestran actualmente las empresas con el desarrollo social inmediato, puesto que como observamos la inclusión de los derechos laborales dentro de los acuerdos comerciales es una exigencia que se viene consolidando en países como el nuestro2. 2. Responsabilidad de las políticas publicas en las relaciones laborales y la RSE Hasta donde conocemos en el marco de la política estatal que se viene implementando, las medidas adoptadas en los temas laborales van encaminadas notoriamente a un sistema de relaciones productivas; se espera que se incremente el refuerzo en la promoción de normas y estándares de RSE y que formen parte de manera permanente de un Plan Nacional Laboral de corto, mediano y largo plazo para afrontar en mejores condiciones los próximos acuerdos comerciales, con Europa, China y otros, que son mucho mas exigentes en materia de certificación. Todo ello esta siendo posible gracias a la necesidad de haber creado condiciones para la aprobación del TLC en el Senado Norteamericano. Así las repercusiones de su aprobación y sus implicancias en lo laboral, la Política Nacional de Cumplimiento de la Normativa Laboral: descentralización fiscalización, inversión en inspecciones laborales, así como también, los vigentes temas de libertad sindical y negociación colectiva, y las salidas a la problemática de los ceses colectivos termina siendo importante para cualquier trabajador peruano. Para evaluar los efectos que se producirían luego de acercar la RSE a las políticas públicas, es necesario establecer la conexión entre las responsabilidades jurídicas derivadas del establecimiento de políticas públicas en las relaciones laborales y la RSE teniendo presente la fijación de límites tanto en el primero como en el segundo. Puesto que, en la responsabilidad jurídica las limitaciones al accionar de los sujetos son fijadas por el Estado o los sujetos colectivos del derecho laboral, conducta tipificada que genera responsabilidad, y es asumida valiéndose de coacción; y en la responsabilidad social empresarial las limitaciones a la conducta los sujetos son básicamente autoimpuestas tomando en cuenta a los grupos de interés (stakeholders), entre ellos el Estado. Ahora bien, respecto a que esta haciendo el Estado para desarrollar políticas públicas que anticipen los efectos negativos y sacar sólo los provechos positivos en temas que 2

Al respecto Véase: Canessa Montejo, Miguel. “Un núcleo duro de derechos humanos laborales para el comercio internacional. y “Los convenios de la OIT. y la nueva Constitución peruana”. p. 8 – 15. En: Asesoría Laboral. Año IV. N° 37.15.

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impliquen elevar los estándares laborales y comprometan al empresariado peruano a coadyuvar en el cumplimiento de dichos planes. Por ahora, están dadas en políticas comprometidas con el TLC, siendo lo positivo que los estándares laborales se elevarán de manera permanente, ya que las cláusulas laborales del TLC obligan a ajustar nuestra legislación a los derechos contenidos en la Declaración de la OIT de 1998, nos permiten modificarla, en sentido de mejora o de disminución; nos impiden derogar normas que reconocen derechos, con el propósito de obtener ventajas en materia de comercio e inversión; y nos exigen cumplirla a cabalidad. Para el Dr. Javier Neves3, el compromiso en las políticas públicas debe de señalar respecto de cada uno de los derechos que forman parte de la Declaración su situación actual, en el ordenamiento y en la realidad, cuales son las magnitudes del déficit existente para alcanzar la plena vigencia de ese derecho y cuales las acciones que tenemos en proyecto o en ejecución, para superar ese déficit 4; y de otro lado, ejecutar la política de cumplimiento efectivo de la legislación y promover el reforzamiento del servicio inspectivo del ministerio de Trabajo (consideramos como positivas las modificaciones a la Ley de Inspecciones de Trabajo al reforzar facultades y responsabilidades), ya que se espera contar en la próxima Ley General de Trabajo con reglas mas flexibles 5 En tanto que, en el empresariado la adopción voluntaria de iniciativas, de autoimposición empresarial se verán impulsadas por factores externos que motivan la opción por la RSE, puesto que tendrán la necesidad de mejorar la posición competitiva de una empresa frente a otras, ante la urgencia de dar respuestas a aperturas económicas; trascendiendo a los objetivos puramente comerciales por existir la habilitación de políticas de atención de ciertas preocupaciones sociales integradas a la identidad empresarial, que no solo despierte y motive el interés sino cree una verdadera conciencia social. Hay que resaltar que por estos días se esta comprendiendo mejor el papel potencialmente benéfico que pueden jugar las empresas en el bienestar colectivo, respeto a los derechos fundamentales del trabajo y el establecimiento de un clima laboral de cooperación que promueva la integración interna y el dialogo entre las partes. Porque se suman a una discusión técnica de normas, donde haya más respeto del diálogo social, paz laboral (con disminución de huelgas y marchas por razones técnicas y espacios diferenciados) que apueste por la productividad y capacitación laborales. También hay que mencionar que más empresas comienzan o afianzan su intervención en actividades como aportaciones económicas a distintos programas sociales, contratación de personal con minusvalías, patrocinio o fundación, apoyo a la gestión de organizaciones sociales, o campañas de voluntariado, trascendiendo a otros planos no empresariales; siempre y cuando el marco que fijan las políticas públicas fomente RSE 3

Neves Mujica, Javier. Análisis de la implementación de políticas publicas en el marco actual de las relaciones laborales en el Perú. En Derecho & Sociedad, N° 23, año 2004. 4 Este es un tema relacionado a la informalidad, que requiere un compromiso del Estado y la Sociedad; en su caso la informalidad laboral, tiene que determinarse en función del conjunto de medidas que se están adoptando para una eficaz lucha en este asunto; hay que anotar que esta probado que en los costos y sobrecostos laborales, el rebajar la protección laboral conlleva más informalidad. 5 Toyama, Jorge, Víctor Ferro, y Carlos Blancas. Análisis de la regulación laboral en el Perú: comentarios y perspectivas hacia una nueva Ley General del Trabajo. En Ius et Veritas, Lima , N° 29, año XIV

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y se otorgue beneficios a las buenas prácticas empresariales, que va del simple cumplimiento estricto de la legislación a la implementación de estrategias que beneficien al trabajador. 3. Las normas laborales y la Responsabilidad Empresarial

Si bien es cierto, el Perú tiene ratificado los principales convenios internacionales del trabajo referidos a derechos fundamentales, y la legislación vigente recoge y desarrolla esos derechos compatiblemente. Sin embargo, entendemos que el problema es el cumplimiento efectivo del ordenamiento, osea, es el plano aplicativo y no el normativo. Es pues en el sector informal, parte considerable de la economía, donde no se cumple, y en parte en el formal, por eso se pide que se refuerce la verificación del cumplimiento del ordenamiento con las inspecciones laborales, como lo hemos anotado antes. Por ello coincidimos con aquellos que plantean como de gran importancia la formalización del empleo como condición básica de prevención de futuras infracciones a normas fundamentales de trabajo, puesto que atender este problema puede incluso conllevar la generación de una cualidad diferencial a favor del Perú en materia de Derechos Humanos sociales6. Lo que logra la RE es entender que cuando una norma reconoce un derecho, el trabajador aspira legítimamente a que se cumpla y que la inserción del país en la economía mundial no trae solamente beneficios sino también responsabilidades, y la primera es el cumplimiento efectivo de la legislación nacional; y segundo la importancia de la revalidación social de las disposiciones laborales y la profundización de ciertos derechos con alto contenido moral7. En general, la valoración de la conducta empresarial basada en patrones jurídiconormativos en el plano interno con el cumplimiento de las normas laborales y prácticas gerenciales como en el plano externo (preocupación por el medio ambiente, relaciones con consumidores, proveedores y comunidad en general) de las estrategias de RSE suelen adoptar como indicadores de efectividad el cumplimiento de la legalidad; así la legalidad conforma un primer parámetro efectivo de apreciación de un comportamiento socialmente responsable8, pero no es un indicador absoluto de adopción de patrones morales. Por ello, si no solo se promovieran normas y estándares de responsabilidad social, (que contengan grandes directrices o lineamientos con ubicación dentro de los sistemas jurídicos, sino también con proyección universal como es el caso, por ejemplo la

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Ríos Segura, Carlos Alberto. El Uso de los Estándares Laborales en la Regulación del Comercio Internacional: Apuntes para una Posición Peruana. Academia Diplomática del Perú, marzo 2006. 7 Algunos critican que con frecuencia se incurre en una visión reduccionista de la responsabilidad en la relaciones de trabajo: observancia de la legalidad. Edgardo Balbín. Sobre Responsabilidad Social Empresarial, Derecho y Derechos Laborales. En Derecho & Sociedad, N° 23,2004, Pág 58 8 Balbín Torres, Edgardo. Opus cit, Pág. 56

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certificación social SA80009 en materia laboral se garantizaría la efectividad legal y moral. El mensaje es claro, lo que se busca es erradicar temas tan sensibles como la explotación infantil, horarios forzosos sin retribución u otros importantes10 pero no tan sensibles como que las normas laborales deberían permitir una moderación de costos diferenciados para nuevos trabajadores, como por ejemplo en las vacaciones, o también lo referido a una norma de transición de formalidad: aplicación de costos y beneficios progresivos etc. Cabe señalar que se originan protestas no solamente por parte de los consumidores y de los defensores de los derechos humanos, quienes vienen promoviendo la conciencia entre los compradores, de no apoyar sistemas que son condenados, sin importar que se efectúen por empresas grandes, medianas o pequeñas, sean en países desarrollados como en vías de desarrollo como el Perú.

4.

El rol promotor del Estado en los estándares laborales

La Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Ley N° 27711 en su Art 5° respecto a sus principales atribuciones, en el ámbito del sector de promoción del empleo y la micro y pequeña empresa, establece: “…f) Promover normas y estándares de responsabilidad social empresarial, así como el desarrollo de ventajas competitivas basadas en la difusión y certificación independiente de las mismas…” Dado que el proceso evolutivo de las iniciativas responsables, como lo hemos comentado, líneas arriba es aún lento, se requiere que se cumpla dicha atribución estatal en la promoción de normas y estándares de responsabilidad social para garantizar la efectividad del cumplimiento de la legislación y sus componentes morales y éticos; sino también para que se fortalezca y fomente el desarrollo de iniciativas empresariales responsables en el ámbito interno o de los derechos de los trabajadores. Es cierto también, que por un lado el nuevo protagonismo empresarial, en el contexto de una reducción de las funciones estatales y de ampliación de las fuerzas del mercado, plantea nuevos retos; entonces la solución señalada, es el fortalecimiento y el fomento de políticas, programas y prácticas empresariales positivas que obedecen a normas y estándares de responsabilidad social empresarial. Sin embargo, la empresa no es el único grupo de interés o estakeholders, en la marcha de una organización productiva: los trabajadores, los sindicatos o las organizaciones en general, lo son también las ONG, las asociaciones sociales de base y el propio Estado, más allá de las funciones que le competen.

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La Norma SA8000, es un sistema de verificación que tiene por objeto promover el mejoramiento continuo de las condiciones en el lugar de trabajo. Está basada en los principios de la OIT, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 10 El menos abordado en las iniciativas de RSE es el referido a los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, y es difícil verificar una autentica política empresarial de fomento.

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Es conveniente también hacer notar cual es la posición de las ONG y sindicatos que le atribuyen al Estado un rol en la promoción de políticas de responsabilidad social empresarial, así la adopción de políticas de gestión socialmente responsables por parte de las empresas debería ser una decisión autónoma y libre de cualquier tipo de interferencia estatal, mientras que para los sindicatos es fundamental la función promotora y difusora del Estado en el tema de la responsabilidad social a través de metodologías de certificación e incentivos que deberían ser discutidos y coordinados en espacios de dialogo y concertación social, según comenta Felipe Portocarrero 11 . Por este tema de los incentivos hay que mencionar que cumpliendo el rol promotor en los estándares laborales el Ministerio de Trabajo tiene iniciativas que se están ejecutando con la eficacia del caso12. Pero igual debería retomarse los beneficios de buenas prácticas: licitaciones, contratación de estables, inversión en capacitación, premios, empresas “VIP”, etc., al margen de la coyuntura política y del temperamento gubernamental. Si miramos las iniciativas internacionales más conocidas en el ámbito de la responsabilidad social, que establezcan estándares laborales que podrían promocionarse puesto que, contienen normas internacionalmente acordadas como los convenios fundamentales de la OIT de la Declaración del 98’ por su carácter universal la base mas apropiada para dichas iniciativas; tenemos la Norma SA8000, mencionada anteriormente, y la Global Reporting Initiative que se centran en la internacionalización de las normas sociales, la información pública y la elaboración de informes sociales. Entonces no sólo es necesaria la labor de los organismos internacionales para su difusión y utilización, pues creemos que si la adopción de esta certificación es voluntaria es necesaria la difusión estatal por cuanto ayudaría mejorar los estándares laborales en el país. Precisamente de los modelos que permiten la medición de la responsabilidad social a través de la productividad laboral. Una forma que se espera conocer y promover la acción empresarial socialmente responsable es a través del sistema de evaluación por excelencia de la responsabilidad social de las empresas que es el Balance Social, de manera que se puedan establecer parámetros acerca de la acción social; si bien su fundamento es que se genera en el interior de la empresa esta posee baja normativa y certificación, pensamos que por lo menos esta podría ser exigible siempre que se beneficie con incentivos estatales. Al respecto en el gobierno actual se ha creado las certificaciones de buenas practicas laborales, que ha sido publicando el 3.5.2007 la Resolución Ministerial Nº 118-2007TR; teniendo como fundamento que paralelamente a la labor inspectiva que realiza Ministerio del Ministerio de Trabajo, es necesario que se cree mecanismos que permitan difundir y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores para garantizar el compromiso de las empresas peruanas en esa labor; también se ha creído necesario identificar y premiar a aquellas empresas que constituyen paradigmas nacionales en la 11

Portocarrero, Felipe. Derechos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial en el Perú. Lima, CEDAL, agosto, 2004, Pág.8 12 El Plan Nacional de Fomento del Trabajo Decente y la Competitividad empresarial, contiene incentivos y reconocimientos estatales, para lo se cuenta con indicadores de promoción del trabajo decente que conlleve a la dación de incentivos y un reconocimiento a las empresas que voluntariamente se insertarán en el programa-

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defensa, respeto y promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores a fin de conseguir el compromiso empresarial. Esta Certificación reconoce a las empresas que demuestren mejores y creativas prácticas de responsabilidad socio laboral; además de un adecuado clima laboral que genere mayores niveles de productividad. Este Certificado tiene la validez de un año desde que lo emiten; por lo menos con este incentivo se esta dando inicio a la labor de promoción estatal en materia de responsabilidad social.

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Perspectivas hacia una certificación socio laboral

Si el balance del ejercicio gubernamental de estos últimos años, en relación a la atribución para promover normas y estándares de responsabilidad social empresarial, ha sido poco explotado así como el desarrollo de ventajas competitivas, sea porque no ha sido lo suficientemente difundido o por el poco conocimiento sobre la utilidad de las certificaciones laborales; hoy se hace necesario difundirlo, mas aún cuando se puede medir la responsabilidad social, usando criterios internacionales que determinen cuan socialmente responsable es una empresa, que permita realizar en el país comparaciones reales y claras sobre los diversos aspectos en materia laboral que atañen al Estado. Asimismo, aportaría mucho la difusión de iniciativas para la medición o establecimiento del impacto de las labores de responsabilidad social de las empresas por parte del Estado13; ya que los informes sobre comportamiento empresarial en materia social no son masivos (con gran diversidad de enfoques), y menos aún los que abordan temas como los derechos humanos y el trabajo infantil por ejemplo. Lo que usualmente se reconoce son las normas para la presentación de informes en términos de rendición de cuentas de la responsabilidad social (primero rinden cuentas ante sus accionistas, trabajadores y acreedores), y de las auditorias que elaboran las diversas organizaciones14. El enfoque varía de unas normas a otras, así, tenemos que existen normas sobre los procesos y los resultados, normas voluntarias u obligatorias, normas relativas a uno o varios temas; sólo algunas, sin embargo, cubren todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social. Con las herramientas diseñadas para la medición de la responsabilidad social empresarial15, lo que nos interesaría saber es si se puede certificar prácticas socialmente responsables en términos laborales como lo es la Certificación Social SA8000. Puesto

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Por ejemplo, el índice social danés. Instrumento de autoevaluación elaborado por el Ministerio de Asuntos sociales de Dinamarca, para determinar en que medida una empresa asume sus responsabilidades sociales (va de 0 a 100) y se hace fácil comunicar a los trabajadores y a los interlocutores externos el nivel de responsabilidad social de la empresa. 14 Schwalb, Maria Matilde y Emilio García. Instrumentos y Normas para evaluar y medir la Responsabilidad Social Empresarial, documentos de trabajo N° 66, Universidad del Pacífico, 2004. 15 En términos de aceptación empleo y difusión son: el Balance Social, Códigos de Conducta y los sistemas de Gestión Ambiental, memorias de sostenibilidad, etiquetas sociales, las Norma SA8000 y AA1000 además de las Normas ISO (9000 y 14000)

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que, sus disposiciones son más fuertes y de lenguaje más detallado y preciso que los códigos similares, tales como el FLA y WRAP16 La certificación SA8000, busca mejorar las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas alrededor del mundo, y cubre ocho elementos sociales y un noveno sobre los sistemas de gestión, reunidas en dos áreas: responsabilidad social (normas mínimas sobre derechos laborales básicos, seguridad e higiene, niveles de remuneración, etc.), y elementos del Sistema de Gestión (política de la empresa, responsabilidades de gestión, documentación, etc.) Además, el cumplimiento de la Norma SA8000 puede aplicarse a empresas, proveedores y subcontratistas de las mismas, sea por exigencia del cliente o por decisión propia. Incluso una empresa puede estar en cualquiera de estas categorías o, haciendo un gran esfuerzo, en todas ellas; vale decir, que las empresas podrán utilizar la Norma SA8000 de diferentes maneras, aplicándose a aquellas que de forma independiente buscan no solo verificar la situación social de su empresa sino también la de sus concesionarios. Sabemos que por lo menos existen tres empresas que ya han certificado con la SA8000 y ya hay algunas otras empresas peruanas que han mostrado su interés por obtener esta certificación, pues se ha convertido en requisito al momento de iniciar relaciones con grandes corporaciones extranjeras, sobre todo europeas; si bien se habla de algunos vacíos en este sistema, es el único hasta el momento que en materia de RSE estaría dando la pauta en el área laboral, por ello creemos que debería promoverse las mismas para acelerar el proceso evolutivo, ya que a la fecha solo dos empresas que exportan han certificado con las misma.

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Conclusiones

Está claro que vertientes de autorregulación empresarial y la regulación estatal, aportarían en la misma dirección de mejorar y expandir no sólo la RSE, sino al encuentro de más confluencias entre los intereses privados e intereses públicos para que mejoren los estándares laborales, pero una de las partes no esta promoviendo lo suficiente ni dando incentivos adecuados para la obtención de resultados conjuntos. A lo que se debe apuntar es a buscar marcos jurídicos definidos y coherentes (políticas generales), que permitan que en materia laboral se favorezca la inversión social de las empresas, por ejemplo mediante diversos mecanismos tributarios, adecuadamente fiscalizados. El Estado debe aprovechar el poder de la empresa al representar una fuerza socioeconómica con potencial emprendedor, de expansión y creatividad que debería incidir positivamente en la calidad de vida y en el entorno de trabajo de sus miembros y complementar con la política de cumplimiento normativo.

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El código de conducta multiempresa de la Asociación por la Labor Justo (FLA). El Programa de Certificación de Responsabilidad Mundial en la Producción Indumentaria (WRAP), sus principios son más débiles que los otros códigos con pocas disposiciones que requieran más que el cumplimiento con las leyes locales.

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Puesto que según la experiencia internacional, la sola autorregulación empresarial es insuficiente para garantizar la correcta aplicación de políticas empresariales en responsabilidad social empresarial. Pero, la intervención estatal no es la implantación concreta de políticas empresariales sino intervención promotora o de fomento que esté dirigido hacia las políticas, programas y prácticas empresariales en los ámbitos internos y externos de los derechos humanos y fundamentales. Entonces, se requiere incentivos como beneficios a buenas practicas en general, una legislación promotora, con reducción de ciertos costos pero maximizando sistemas de cumplimiento de normas laborales, que se apueste por diálogo social con los diferentes grupos de interés, prever regulación a largo plazo (combinándose la flexibilidad y la protección para ambos lados interesados) además de instituir una cultura de formalidad. El cumplimiento de las normas laborales no necesariamente garantiza una conducta empresarial acorde con patrones morales adecuados, porque el cambio o modificaciones en la legislación actual dejan mucho que desear, por ello es importante la promoción de normas y estándares en Responsabilidad social concordante con lineamientos y sistemas jurídicos de proyección universal , ya que nuestra legalidad en esta materia se encuentra debajo de estos mínimos de aceptación universal, por ello no necesariamente las normas jurídicas en general y en especial las laborales, se realizan los contenidos morales que las inspiran, (cumplimiento de la dimensión ética de la norma jurídica) Por último diremos que como la RSE implica el cumplimiento cabal de la normativa laboral, por tanto la existencia de un derecho que rescata la dignidad de la persona en el trabajo y en este sentido el obtener una certificación social como la SA8000, significa más que aprobar el examen, en la aprobación de estándares laborales sino en la excelencia, ya que la certificación SA8000 como parte de una estrategia de RSE no es una realidad, es un proceso que ya se ha iniciado con el desarrollo en inversión social en algunas empresas del sector textil sobre todo.

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