Story Transcript
Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia
Derechos humanos en Bolivia, 2003 La situación de los derechos humanos: Introducción Durante este año han aumentado los niveles de tensión en la sociedad boliviana. Una buena parte de la población, en particular los grupos indígenas y rurales, se sienten excluídos de los órganos de poder de la sociedad. El contexto histórico se caracteriza, desde hace bastantes generaciones, por la penuria económica y la alienación política. Ello ha llevado, entre otras cosas, al cuestionamiento de la legitimidad del gobierno por parte de amplios grupos de la población. Con ocasión del aumento de las protestas sociales de este año, se han registrado desapariciones y más de 100 muertes violentas. La participación del ejército en tareas policiales contra la población civil ha sido especialmente llamativa. Las mayores protestas sociales de los últimos 20 años desembocaron en octubre de 2003 en la dimisión del presidente y en la designación para ese puesto del vicepresidente, Carlos Mesa. El nuevo gobierno no tiene afiliación política. El nuevo presidente ha prometido, entre otras cosas, una mayor receptividad a los planteamientos de los colectivos más expuestos, una apertura al diálogo sobre el desarrollo futuro de la sociedad, una asamblea constituyente, la intensificación de la lucha para erradicar los diversos tipos de corrupción y una investigación sobre los abusos perpetrados durante las protestas sociales. El cuerpo normativo en materia de derechos humanos aplicado en Bolivia se basa en las convenciones internacionales ratificadas y en la legislación nacional. Su cumplimiento se ve lastrado por la extensión de la pobreza, la desigual distribución de los recursos, el déficit democrático y la corrupción. Como expresión de ello hay que destacar los siguientes puntos:
La impunidad es uno de los principales problemas en el terreno de los derechos humanos: los tribunales militares juzgan con frecuencia delitos comunes cometidos por personal militar, donde los imputados suelen resultar absueltos. La corrupción está presente en todos los ámbitos de la sociedad: el nuevo gobierno se ha comprometido a intensificar los esfuerzos en este sentido.
2
El sistema de administración de justicia es lento y corrupto: la mayoría de los reclusos del país son presos preventivos, pese a la adopción de un nuevo código penal. La alienación de las población rural y, en particular, de los grupos indígenas, con respecto a los ámbitos de decisión político-económicos. El machismo imperante hace de la mujer una víctima propicia a la violencia. La población femenina está subrrepresentada en los pasillos del poder. Ahora bien, desde las últimas elecciones se ha multiplicado por dos el número de mujeres parlamentarias (18%). Los menores son objeto de diversos tipos de abusos: malos tratos, condiciones de semiesclavitud, trabajos peligrosos y explotación sexual. Se están implementado mejoras en el ámbito legislativo, pero con resultados escasamente apreciables. El uso de la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de orden público con ocasión de los conflictos sociales y manifestaciones, que resultan a veces en detenciones arbitrarias y víctimas mortales. Chapare, la región boliviana productora de coca, ha sido escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del estado y los cocaleros, en los cuales se han registrado violaciones de derechos humanos en forma de agresiones, detenciones arbitrarias y muertes violentas. Todavía no se han aclarado una serie de casos (desapariciones y asesinatos) ocurridos durante la época de la dictadura. Se ha designado para ello una comisión investigadora. El derecho a la educación, a la salud y a un trabajo digno se ven coartados por la escasez de recursos públicos y una falta de capacidad política. Se han realizado algunas mejoras en este ámbito.
Si bien no se han registrado vulneraciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos por el gobierno como parte de una estrategia a nivel nacional, el respeto de los derechos humanos se ha visto debilitado a lo largo del año en diversos campos. Simultáneamente a dicho debilitamiento, se ha podido apreciar una mayor concientización por parte de la opinión pública con respecto a los derechos humanos. Esta sensibilización se puede detectar en representantes de la sociedad civil, los medios de comunicación, destacados intelectuales y en las capas de la población con un mayor nivel de formación.
3 2. Ratificación de las principales convenciones sobre derechos humanos Bolivia no ha ratificado durante este año ninguna convención o protocolo internacional. Sí ha firmado, al igual que otros países latinoamericanos, un acuerdo con Estados Unidos sobre las excepciones aplicables al artículo 98 del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional. Anteriormente, Bolivia ya había reconocido las siguientes convenciones y protocolos internacionales:
Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966) – 12-8-1982. Primer protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966) – 12-8-1982. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) – 12-81982. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965) – 22-9-1970. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) – 8-6-1990. Convención sobre los derechos del niño (1989) – 26-6-1990. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984) – 12-4-1999. Convenio sobre el estatuto de los refugiados (1951) + Protocolo facultativo (1966) – 9-2-1982. Convención interamericana de derechos humanos (1969) – 19-7-1979. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belém”, (1994) – 5-12-1994. Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994) – 5-51999. Convenio nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989) – 11-12-1991. Convenio nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil – Dic. 2002. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad – 26-4-2002. Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional – 27-6-2002.
No obstante, Bolivia no ha ratificado aún los siguientes acuerdos:
Segundo protocolo facultativo sobre el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1989) Protocolo adicional de la Convención Interamericana sobre los derechos humanos (1990).
Estos últimos acuerdos tratan de la abolición de la pena de muerte. Los procesos de ratificación han sido iniciados, pero aún están por concluir. Ante el mencionado proceso, el gobierno ha efectuado una revisión de los instrumentos aún no ratificados, lo cual ha exigido mucho tiempo. No se ha podido demostrar que exista una estrategia deliberada de dilación en los procesos de ratificación.
4 Bolivia tampoco ha ratificado:
Las dos convenciones interamericanas sobre los derechos civiles y políticos de la mujer (1948), a pesar de que sí se ha aprobado la convención correspondiente a nivel de las Naciones Unidas (1953). Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
En relación al proceso de ratificación de las convenciones a continuación especificadas, Bolivia ha comunicado recientemente sus resultados al comité de seguimiento respectivo de las Naciones Unidas: Comité contra la Tortura (CAT), a fecha 16-5-2000, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), a fecha 2-5-2001, y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), a fecha 1-10-2002. Se han registrado demoras en la presentación de informes a los comités de seguimiento (en el caso del CESCR, de 17 años; un informe sobre el CEDAW con fecha límite de remisión en 1995 aún no se ha presentado). 3. Derecho a la vida, derecho a la integridad física y prohibición de la tortura Durante el año en estudio no se han dado casos de desapariciones o asesinatos de carácter político. No obstante, varias personas han perdido la vida en los conflictos registrados entre la población civil y las fuerzas de seguridad. Se han registrado casos en que grupos determinados, desconfiando de la eficacia de la policía, se han tomado la justicia en sus propias manos, produciéndose linchamientos. También se ha acusado de diversas agresiones a grupos paramilitares. La tortura está expresamente prohibida tanto por la constitución del país como por la convención sobre la tortura de las Naciones Unidas ratificada en 1999. La legislación penal boliviana estipula que sólo la información obtenida mediante caucas legales (es decir, sin el recurso a la tortura) podrá ser utilizada en los procesos judiciales. En el dictamen del CAT de 2001, se señalaban deficiencias en la tipificación del delito de tortura en el marco de la legislación boliviana y se indicaba que las penas contempladas al respecto son relativamente débiles. También se hacía constar que han habido denuncias contra la policía, el personal penitenciario y el ejército por la presunta comisión de actos de tortura y otras prácticas crueles, inhumanas o denigrantes, así como casos de malos tratos en los cuarteles del país. El CAT denuncia casos de tortura que no han desembocado en investigaciones criminales, lo cual ha evitado a los presuntos culpables cualquier tipo de consecuencia penal. Amnistía Internacional ha destacado la importancia de investigar de forma exhaustiva e imparcial todos los casos de supuestas torturas llevadas a cabo por representantes del estado (fuerzas de seguridad y cuerpo policial), y afirma que la aparente inacción de las autoridades en este tipo de situaciones produce la negativa impresión de que dichas acciones son toleradas. Ninguna de las recomendaciones del CAT han resultado en actuaciones concretas. El cultivo de la coca está prohibido en el Chapare. En el curso de la campaña de erradicación de plantaciones, apoyada por EE.UU., se ha informado de casos de violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad, en ocasiones con víctimas mortales. Las autoridades a cargo no han investigado
5 estos casos de forma satisfactoria, ni han depurado responsabilidades por dichas agresiones. Según Amnistía Internacional, se han iniciado varios procesos judiciales por estos hechos, pero sólo en tribunales militares. Durante el primer semestre de 2003 perdieron la vida 8 civiles y 3 miembros de los cuerpos de seguridad en Chapare. En este mismo período, la Defensoría del Pueblo recibió 77 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos. A lo largo del año, los diversos conflictos sociales han dado un balance de más de 100 muertos. Destacan los enfrentamientos en el mes de enero en el Chapare, los días 12 y 13 de febrero de 2003 en La Paz y, en particular, el período de septiembre-octubre del mismo año en Warisata y El Alto, entre otros lugares, donde se registraron varios heridos y muertos entre la población civil y también entre las fuerzas de seguridad, durante una serie de manifestaciones sociales y políticas. Los conflictos sociales registrados durante este año son considerados los más graves desde 1982. Hasta la dimisión del anterior presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, acaecida el 17 de octubre de 2003, pudo apreciarse una progresiva criminalización de las protestas populares, con la adopción de medidas más rigurosas contra los bloqueos de carretera, que es una de las forma más habituales de protesta. Aparte de ello, el ejército se hizo cargo y participó en actuaciones de carácter policial destinadas al mantenimiento del orden público, erigiéndose en aval del sistema democrático, lo cual fue motivo de sorpresa en buena parte de la población. Se ha informado de casos de abusos de fuerza, en los que se ha relegado a un segundo plano la posibilidad de lograr una salida negociada a las situaciones concretas de conflicto. Tras la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el nuevo mandatario, Carlos Mesa, ha dejado clara su intención de investigar esos supuestos abusos de autoridad. Hay una serie de puntos de discordia, como la comercialización de las reservas de gas natural del país, las condiciones aplicables a los acuerdos de libre comercio, la introducción de una nueva ley tributaria y la reforma de la legislación en materia de seguridad, que han dado paso a un conjunto de problemas históricos subyacentes relacionados con la exclusión social, económica y política de gran parte de la población del país. Unos 10.000 menores viven en condiciones prácticamente de esclavitud como consecuencia del sistema de “criaditos”. Este sistema anima a las familias de pocos recursos a solventar sus dificultades económicas enviando sus hijos a la ciudad, a casas de familias de clase media y alta, donde los niños, a cambio de los servicios que prestan en el hogar, reciben educación, ropa, comida y cama. Se dan casos de abusos graves sobre los niños de este grupo. Los menores, en teoría, están amparados por el Código del Niño, Niña y Adolescente. Por otra parte está el sistema de “cautivos”, un sistema de labrantía que tiene sus raíces en el período colonial y que se mantiene en varias regiones de explotación intensiva agrícola y forestal, en la zona de los Llanos. Los obreros obtienen sus ingresos básicamente en forma de comida y alojamiento. A menudo ocurre que los trabajadores se endeudan con sus patronos, lo que para muchos puede resultar en una situación de servidumbre económica durante varias generaciones. También se ha informado de trabajos forzados con reclutas, entre los que destaca un caso especialmente sonado en Santa Cruz, donde se obligó a un grupo de reclutas a trabajar en una finca de propiedad privada. La cárceles bolivianas se encuentran todavía en estado de hacinamiento, a pesar de la puesta en libertad de numerosos reclusos con ocasión de la entrada en
6 vigor del nuevo código penal y de la Ley de Concesión de Indulto y Libertad Extraordinaria “Jubileo 2000”. En diciembre de 2002, las cifras oficiales eran de 5.535 reclusos en unos centros penitenciarios con una capacidad aproximada para 4.700 internos. Diversas organizaciones que operan dentro de las prisiones indican que la ocupación es aún mayor. El estado de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios se debe en gran medida a la lentitud y a la situación de desbordamiento que sufre el sistema judicial del país. Los que verdaderamente mandan intramuros son los propios reclusos, mediante el uso de la violencia. No se aplica todavía ningún sistema eficaz de distribución de los internos de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos. Las condiciones de vida pueden resultar fatales en el caso de los presos sin capacidad económica para “adquirir” privilegios. Las celdas de aislamiento pueden calificarse prácticamente como cámaras de tortura. Existen indicios de que las mujeres son sometidas con frecuencia a agresiones sexuales. Se ha iniciado la ampliación del sistema de correccionales juveniles. El gobierno permite a los supervisores de derechos humanos y a los medios de comunicación visitar los centros. En caso de no contar con otro lugar donde ser acogidos, los niños pueden estar con sus progenitores en la cárcel hasta los seis años de edad, pero, en la práctica, hay niños de hasta 12 años con sus padres. Según cifras oficiales de diciembre de 2002, hay 803 menores que conviven en prisión con sus padres. La presencia de menores en los centros penitenciarios ha sido duramente criticada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC), en su dictamen acerca del informe presentado por Bolivia en 1997. La Defensoría del Pueblo ha propuesto una serie de medidas destinadas a solventar dichas deficiencias. Amnistía Internacional, tras las visitas realizadas a un conjunto de penales bolivianos en el año 2000, ha declarado que Bolivia no cumple con los requisitos mínimos establecidos por Naciones Unidas acerca del tratamiento de la población reclusa. 4. Pena de muerte La pena de muerte no existe. La constitución boliviana establece 30 años de cárcel como pena máxima para delitos como asesinato o alta traición. Sin embargo, la jurisdicción militar todavía contempla la pena de muerte en tiempos de guerra. Bolivia no ha ratificado los dos protocolos sobre la abolición de la pena de muerte. 5. Protección legal Según el artículo 2º de la constitución, el poder judicial es independiente del poder legislativo y ejecutivo. En la práctica, dicha independencia es relativa, puesto que los cargos judiciales son designados por motivos claramente políticos, lo cual dota al poder ejecutivo de una gran influencia sobre el judicial. La corrupción está muy extendida dentro del sistema de administración de justicia y su ineficacia es un hecho demostrable. Durante el año, el anterior ministerio de Justicia, con su viceministerio de Derechos Humanos, ha sido transformado a un viceministerio dentro del gabinete presidencial. Aún no se ha adoptado el proyecto de ley elaborado por el antiguo ministerio de Justicia acerca de “la estrategia nacional sobre derechos humanos”.
7 El sistema judicial incluye tres niveles: juzgados de instrucción, cortes superiores de justicia y Corte Suprema. El Consejo de la Judicatura, creado en 1998, es la instancia disciplinaria en el ámbito judicial. También tiene como misión proponer al parlamento la candidatura de miembros a la Corte Suprema y a las cortes superiores de justicia de los distritos. En 1999, el Tribunal Constitucional arrebató al Consejo de la Judicatura su facultad para licenciar a jueces sin previo examen judicial. Esta medida, que no ha sido revisada, supuso una desvirtuación del poder disciplinario del Consejo, el cual, no obstante, ha recurrido a sus atribuciones para suspender temporalmente de sueldo a los jueces acusados de prevaricación o sometidos a expedientes disciplinarios. También se ha acusado de corrupción e ineficacia al Consejo de la Judicatura. Las autoridades respetan en teoría el derecho a un juicio público y gratuito. La constitución garantiza al imputado el derecho de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, el derecho a abstenerse a declarar en ausencia de un abogado, la asistencia letrada de un abogado defensor, la presentación de testigos y pruebas exculpatorias y la apelación de los fallos judiciales. Entre los avances registrados, está la agilización del proceso de instrucción de las causas y la implementación de juicios orales. Sin embargo, en la práctica ninguno de estos derechos están amparados de forma extensiva por el estado, pese a las mejoras introducidas con la aprobación del nuevo código penal. A pesar de que la ley garantiza a todo ciudadano la asistencia de un abogado defensor, resulta muy difícil contar con los servicios de un abogado de oficio, dado su escaso número. En el dictamen del CAT se señalan dos importantes limitaciones en la protección legal de los ciudadanos bolivianos: 1) La mayor parte de los detenidos no gozan de su derecho constitucional de recibir asistencia letrada. 2) La lentitud del sistema judicial ha desembocado en que dos tercios de los internos aún estén a la espera de juicio. Según estimaciones de AI y de la Defensoría del Pueblo, aproximadamente un 80% de los reclusos todavía no han sido enjuiciados. En la práctica, se da, así pues, una situación de grave desigualdad ante los tribunales, aunque la ley permita el empleo de los tres principales idiomas indígenas en el ámbito de la administración de justicia. Los tribunales militares tienen como misión juzgar los delitos de carácter militar. No obstante, se recurre a ellos en gran medida como árbitros en delitos comunes cometidos por personal militar, también sobre la población civil. Éste, en la práctica, es uno de los principales motivos de la situación de impunidad ante la ley que se vive en Bolivia, la cual se ha visto acentuada este año durante los conflictos sociales en los que el ejército ha desempeñado funciones policiales. A la policía se le acusa a menudo de corrupción. De hecho, una revuelta policial tuvo un papel decisivo en el desarrollo de los acontecimientos durante los conflictos vividos en febrero de 2003. El gobierno ha lanzado una iniciativa de reforma del cuerpo de policía del país, pero sin resultados tangibles. Desde 1998 funciona la Defensoría del Pueblo, que responde directamente ante el congreso. Una de las misiones de la Defensoría del Pueblo es recibir denuncias y quejas sobre supuestas vulneraciones de los derechos humanos e investigar las acciones que puedan constituir una violación de dichos derechos.
8 La Defensoría tiene también competencia para intervenir cuando hay indicios de anticonstitucionalidad en un asunto determinado, así como para formular recomendaciones destinadas a la elaboración de propuestas de actuación que tengan como fin la protección de los derechos individuales. En 2001, la Defensoría del Pueblo recibió 6.486 denuncias, a comparar con las 6.531 presentadas sólo en el primer semestre de 2003. Cerca del 75% de las denuncias se efectuaron en los distritos de las principales ciudades. La Defensoría también ha firmado acuerdos de colaboración con el ejército y el cuerpo de policía en el ámbito de formación sobre derechos humanos. El 31 de marzo de 2003 concluyó su mandato de 5 años el primer defensor del pueblo. A causa de diferencias políticas, el congreso boliviano no llegó a un acuerdo sobre su sucesor hasta principios de octubre. La elección despertó considerables críticas, lo que hizo que el nuevo defensor del pueblo dimitiera ese mismo mes. Todavía no se ha escogido a nadie para ese puesto. La Defensoría ha participado asimismo de forma habitual como mediadora en diversos conflictos y pasa por ser una instancia fiable entre la gran mayoría de la población, excepto en octubre de 2003, durante el fugaz período de mandato del último defensor del pueblo. 6. Libertades individuales Una buena parte de los reclusos de los centros penitenciarios están todavía a la espera de su juicio. El nuevo código penal exige una orden formal de arresto para mantener bajo custodia a las personas detenidas. La policía debe comunicar el arresto al fiscal en un plazo máximo de ocho horas. El fiscal, por su parte, dispone de 16 horas para que un tribunal confirme dicha orden de detención hasta la celebración del juicio. De lo contrario, deberá poner en libertad bajo fianza al imputado. La policía ha expresado su descontento con el escaso margen de tiempo del que disponen para la gestión de estos trámites. El número de fiscales es bastante reducido y, en muchos casos, son sobornables. En caso de que se sospeche que hayan cometido un delito o se desee asegurar su protección, los menores de entre 11 y 16 años pueden ser retenidos en centros de menores por las autoridades sociales durante un período indefinido de tiempo, sin necesidad de una resolución judicial al respecto. Se estima que unos 12.000 menores se encuentran en esa situación. La constitución garantiza el derecho a la intimidad y a la vida privada de los ciudadanos. Aunque esta norma por lo general es respetada por las autoridades, se han lanzado varias acusaciones fundadas en las que se atribuye a integrantes de las fuerzas de seguridad el robo de bienes privados, especialmente en la región de Chapare. No se han dado casos de restricciones al derecho de libertad de movimientos (excepto los reiterados bloqueos de carretera). La ley permite abandonar el país y garantiza el derecho de retorno. El Gobierno no revoca la nacionalidad de ningún ciudadano por razones políticas. Según las autoridades responsables de inmigración, el plazo de emisión de los pasaportes es de sólo 24 horas. No obstante, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), una organización no gubernamental que opera en el campo de los derechos humanos, afirma que el procedimiento a seguir para la obtención del pasaporte se caracteriza por su lentitud y engorrosa burocracia.
9
7. Imparcialidad de la justicia Existe un alto grado de impunidad en todos los niveles de la sociedad boliviana. A continuación, algunos ejemplos: 1) Atropellos y desapariciones no esclarecidos que fueron cometidos durante el período de la dictadura: a) En julio de 1997, el gobierno anterior presentó una lista en la que figuraban un total de 93 muertos y 19 desaparecidos. El 18 de junio de 2003 se constituyó una comisión investigadora encabezada por el entonces vicepresidente Carlos Mesa, con el propósito de esclarecer sobre la suerte corrida por los desaparecidos de la dictadura. Además de representantes de los ministerios correspondientes, en la comisión participa la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASOFAMD). b) El 26 de enero de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia por la desaparición del estudiante José Carlos Trujillo Oroza, ocurrida durante el primer mandato de Hugo Banzer. La madre de la víctima fue la que denunció el caso ante este tribunal en 1992. El estado boliviano fue condenado a identificar y enjuiciar a los responsables de la desaparición, así como al pago de una indemnización a la familia. Bolivia aún no ha cumplido la sentencia en el plazo establecido de 6 meses. 2) Abusos no aclarados supuestamente cometidos por la policía y el ejército a) Los tribunales militares son los principales promotores de la actual situación de impunidad. Un ejemplo de ello es la absolución del capitán Robinson Iriarte, al que se filmó disparando su arma en Cochabamba durante la denominada “Guerra del Agua”, en abril de 2000, en un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden. b) Las fuerzas de seguridad actuaron en 2003 en el curso de diversas manifestaciones populares, entre otras, en La Paz (febrero), Warisata (septiembre) y El Alto (octubre). Esta intervención no ha tenido aún ninguna consecuencia judicial. Ahora bien, el nuevo presidente se ha comprometido a investigar los atropellos denunciados. c) Waldo Albarracín, presidente de la APDH (una de las principales ONG’s bolivianas en materia de derechos humanos), fue secuestrado y maltratado en 1997, tras haberse manifestado acerca de un conocido caso de vulneración de los derechos humanos. La causa iniciada contra el principal imputado (un jefe de policía) ha sido archivada. Así pues, el caso no ha tenido hasta el momento respuesta judicial alguna. 3) Impunidad de la clase política Los diputados bolivianos disfrutan en principio de inmunidad parlamentaria. La Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, aprobada en 2002, introduce cambios en este sentido: el Fiscal General y la Corte Suprema de Justicia (y no los políticos) serán los encargados de investigar los posibles delitos cometidos por los representantes electos. Por otra parte, hay una ley que establece un período de cinco años para la prescripción de los delitos cometidos por los
10 políticos, lo que reduce sensiblemente las posibilidades de llevar ante los tribunales a los presuntos culpables durante el ejercicio de su mandato. 4) Deficiencias del sistema judicial por falta de recursos económicos y corrupción La corrupción dentro del sistema judicial trae a menudo como consecuencia que los delitos cometidos por grupos de alto nivel económico sean tramitados más rápidamente y con consecuencias más leves que los perpetrados por personas con menos medios. 5) Impunidad por prescripción de los delitos El nuevo código de derecho penal establece la prescripción de los delitos no juzgados en el plazo de cinco años desde la implantación de dicho código, es decir, el 31 de mayo de 2004. Teniendo en cuenta la lentitud de los procesos judiciales, se puede vaticinar una situación de impunidad de facto. 8. Libertad de expresión, libertad de prensa y otros puntos relacionados La constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. El código penal contempla, sin embargo, penas de hasta 24 meses por los delitos de difamación e injurias sobre funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Si se trata del presidente, vicepresidente o un ministro, la pena se puede ver incrementada en un 50%. Las compañías de radio y televisión públicas y privadas operan con libertad y la oferta es amplia. A menudo, los medios de comunicación están vinculados a partidos políticos, pero la gran mayoría aceptan la difusión de críticas al gobierno. Durante estos últimos años de mayor conflicto social, algunas organizaciones de derechos humanos consideran que la versión de los hechos ofrecida por el gobierno coincide casi siempre con la presentada por los principales medios de comunicación. Durante los enfrentamientos de septiembre-octubre de 2003, varios medios denunciaron censuras o amenazas de censura en el desempeño de su labor. La libertad de asociación está garantizada por la ley. Las autoridades respetan por lo general estos derechos. Existe y se respeta la libertad de confesión. La religión católica romana es la religión oficial. Los demás grupos y confesiones deben registrarse ante las autoridades para obtener la licencia de representación religiosa. Algunas comunidades se han topado con dificultades a la hora de su establecimiento, como, por ejemplo, los Hare Krishnas. 9. Las instituciones políticas Bolivia es una república constitucional con una figura de presidente dotada de amplios poderes. El parlamento, cuyo presidente ocupa también el cargo de vicepresidente del gobierno, cuenta con un poder bastante limitado. En la práctica es el presidente quien dirige el orden del día de la cámara y quien presenta los anteproyectos de ley. El ejército se articula dentro del sistema democrático. Existe el pluralismo político y el multipartidismo. Las elecciones presidenciales, generales y municipales son abiertas y libres, y el voto es obligatorio. En 1989 se creó una corte electoral independiente. Desde ese año, la OEA puede corroborar que no ha habido prácticamente irregularidades en
11 las consultas electorales efectuadas. La edad mínima para votar es de 18 años. La mitad de los diputados son elegidos por sufragio directo unipersonal y la otra mitad en base a las listas oficiales de los partidos. La nueva Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, aprobada el 1 de agosto de 2002, garantiza la posibilidad de que también las personas y grupos sin afiliación política puedan presentarse como candidatos. El 30 de junio de 2002 se celebraron las últimas elecciones presidenciales y generales en Bolivia. Se registraron un 89% de las personas con derecho a voto y hubo una participación del 72%. Las tres principales agrupaciones políticas obtuvieron cada una de ellas casi el 20% de los sufragios. El 18% de los representantes electos son mujeres (a comparar con el 9% anterior). El MNR, un partido de centro nacido bajo la estela de la revolución de 1952, fue el partido más votado. Este partido tuvo dificultades para formar un gobierno de mayoría en coalición con otros partidos. El gobierno resultante ha sido considerado durante mucho tiempo como relativamente débil. Al frente del MNR ha estado Gonzalo Sánchez de Lozada hasta su dimisión del cargo presidencial el 17 de octubre de 2003. Carlos Mesa, el nuevo presidente y anterior vicepresidente, no pertenece a ningún partido político. Dada la escasa credibilidad del sistema de partidos entre la población, el presidente ha formado un gobierno compuesto por personas sin vinculación con ningún partido político. Durante este año, la desconfianza del pueblo con respecto a los partidos en el poder se ha hecho aún más palpable. Existe una idea bastante generalizada de que los partidos se basan en un contenido ideológico cada vez más escaso, que hacer política es sólo una forma de enriquecerse y que el aparato del estado ya no se preocupa por el ciudadano medio de pocos recursos. La legitimidad del aparato estatal y de sus instituciones electas, tales como el congreso, es un tema que se ha discutido abiertamente entre los diversos grupos de intereses y las organizaciones de derechos humanos. Muchos ven en ello una de las causas de las manifestaciones populares que se han desarrollado durante el año. 10. Derecho al trabajo y otras cuestiones relacionadas Un 70% aproximadamente de la población trabajadora opera dentro del sector de la economía sumergida y, por lo tanto, son pocos los que disfrutan de cobertura en el ámbito laboral. La legislación laboral permite la organización de los trabajadores y los convenios colectivos, prohibiendo la discriminación de los afiliados y representantes sindicales. Las mujeres y las personas de procedencia indígena están subrrepresentados en los puestos de decisión dentro del sector público y privado. El salario mínimo actual es de 57 USD mensuales (440 Bs), una cantidad insuficiente para mantener a una familia en condiciones dignas. La legislación laboral se respeta en raras ocasiones. La tasa de desempleo oficial se estima en cerca de un 13%. En el informe del CESCR se critica a Bolivia por su arbitrariedad a la hora de fijar los salarios mínimos, los cuales no permiten condiciones de vida dignas. Existen dos grupos de trabajadores particularmente expuestos: los mineros y los empleados del hogar. Los mineros se ven obligados a utilizar herramientas anticuadas en un entorno peligroso y nocivo para la salud, con un sueldo ínfimo y largas jornadas laborales. La esperanza de vida de los mineros es de 50 años. El nivel de afiliación sindical es relativamente elevado. El 9 de abril de 2003 se aprobó una
12 nueva ley que tiene como objetivo la equiparación de las condiciones laborales de este grupo con las del resto de categorías profesionales que operan dentro del mercado. Todavía no se ha elaborado ninguna directriz de implementación, motivo por el cual aún no se ha procedido a la aplicación de esta ley. El grupo de empleados del hogar agrupa a unas 113.000 personas, de los cuales un 95% son mujeres. El CESCR ha denunciado en particular la discriminación de jure que padecen los empleados del hogar por razón de su pertenencia étnica, extracto social y sexo. 11. Derecho a servicios sanitarios accesibles El estado boliviano destina al sistema sanitario un 7,1% del total de su presupuesto. Para poder darse de alta en el sistema de seguridad social estatal (CSS) se requiere un empleo. El sistema cubre a aproximadamente el 24% de la población, pero sólo cerca del 10% hace uso de él. Además, existe un servicio asistencial general que cubre al 30% de los ciudadanos, el cual no exige estar contratado pero cobra una tarifa. En el marco de la seguridad social pública hay un seguro básico de salud (SUMI) que abarca a los niños menores de cinco años y a las madres hasta seis meses después del parto. La mortalidad maternal durante el parto ha descendido ligeramente en los últimos años, hasta situarse en una media de 390 por cada 100.000 nacidos vivos (602 en el Altiplano). El aborto es ilegal excepto en casos excepcionales. La mayor parte de las muertes durante el alumbramiento se deben a la práctica de abortos ilegales y a la falta de asistencia médica adecuada. Hay un seguro que cubre a los agricultores pertenecientes a los grupos indígenas. Los servicios de salud no están adaptados a las diferencias culturales existentes, particularmente en lo que se refiere a la población de mujeres y a los grupos originarios. Por otra parte, la difusión geográfica de los servicios es muy incompleta, si bien se está intentando instaurar un sistema de salud móvil. Un 24% de la población no tiene acceso a ningún tipo de asistencia sanitaria. La frecuencia del VIH/SIDA se ha incrementado desde niveles muy bajos a una media de 1,25 por cada 100.000 habitantes en todo el país (1999). 12. Derecho a la educación La proporción del presupuesto nacional destinado a la educación es de un 15%. El nivel de escolarización dentro de la enseñanza primaria ha aumentado en estos últimos años hasta cerca del 94% (ambos sexos por igual), pero la diferencia entre chicos y chicas se acrecienta con la edad. En las zonas rurales, sólo un 7% de los estudiantes completan la formación primaria de 6 años de duración. Se estima que la tasa de analfabetismo entre los mayores de 15 años es de un 13% de media (varones 6% y mujeres 25%; centros urbanos 10% y zonas rurales 38%). La enseñanza infantil es obligatoria y gratuita. Los padres, no obstante, deben costear a los niños el material escolar y los uniformes y, además, en las zonas rurales con frecuencia también deben hacerse cargo de los costos de internado. La ley no establece diferencia alguna en cuanto al derecho a la educación de niños y niñas. En 1993 Bolivia se embarcó en una reforma de la enseñanza primaria y secundaria, con un apoyo importante por parte de Suecia. Uno de los pilares de dicho proyecto es la consolidación del bilingüismo en el sistema educativo. En el plan de estudios se recogen temas
13 relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la temática de los derechos humanos dentro de diferentes asignaturas. En el plan de enseñanza de la escuela primaria se incluyen los derechos del niño como materia diferenciada de estudio. 13. Derecho a un nivel de vida digno Bolivia es el país más pobre de América del Sur. Un 64% aproximadamente de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (80% en el campo). Un 37% sobrevive en una situación de extrema pobreza, la gran mayoría de ellos en las zonas rurales. Estas cifras se han mantenido prácticamente constantes durante los últimos diez años. Un 80% de la población rural cultiva el 3% de la superficie cultivable, mientras que el restante 20% posee el 97% del área de explotación agrícola. La diferencia de renta entre las clases pudientes y las más deprimidas está entre las mayores de toda Latinoamérica. La presión fiscal es muy baja. No existe todavía un impuesto directo sobre la renta, si bien próximamente está prevista su instauración. En los últimos años, el índice de necesidades básicas no satisfechas (sobre todo educación y servicios sociales) ha descendido del 70 al 59%. La diferencia entre zonas urbanas y rurales sigue siendo considerable. Existe un flujo migratorio importante y un 43% de la población urbana es originaria de las zonas rurales (lo que supone un incremento del 7% respecto a 1992). En virtud de un reforma descentralizadora, la mayor parte de los recursos públicos se han destinado estos últimos 10 años a las municipalidades ubicadas en zonas rurales.
SITUACIÓN DE LOS DIVERSOS GRUPOS 14. Situación de la mujer Las mujeres bolivianas están particularmente expuestas a los delitos violentos. Según un estudio extraoficial, 9 de cada 10 personas que denuncian agresiones en el hogar son mujeres. 7 de cada 10 mujeres afirman ser objeto de actos de violencia (de carácter psicológico o físico) un mínimo de 3-5 veces al año. 4 de cada 10 dicen sufrir abusos de tipo económico por parte de su pareja (distribución de los recursos de la familia). Se estima que sólo 1 de cada 10 mujeres denuncia lo sucedido ante las brigadas de protección de la policía boliviana, lo cual, pese a todo, supone un incremento con respecto a años anteriores. La legislación en el ámbito de propiedad de tierras y herencia establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, entre los propietarios de tierras hay sólo un 6% de mujeres; un 24% son hombres y un 59% propiedades compartidas por hombres y mujeres. La proporción de mujeres cabeza de familia se ha incrementado en los últimos 10 años, pero ello no ha afectado a la imagen del hombre como cabeza de familia por excelencia. La distribución dentro del mercado laboral sigue las pautas tradicionales. El salario de las mujeres es, de media, un 55% inferior al de los hombres. La legislación laboral es discriminatoria contra la mujer, puesto que recorta en una
14 hora su jornada laboral respecto a la del hombre, y no le permite trabajar de noche. En 1997 se adoptó una ley que obligaba a incluir en las listas de los partidos a un tercio de candidatos de sexo femenino. En las elecciones municipales se reservó una cuota del 50% para las mujeres. El sistema de seguridad social permite a los hombres incluir a sus esposas, pero no a la inversa. La prostitución es legal. Se ha informado de la existencia de redes de trata de blancas. La circuncisión femenina es un fenómeno inexistente en el país. 15. Derechos de los niños Bolivia presentó en 2002 un nuevo informe ante el Comité de los Derechos del Niño (CRC) de Naciones Unidas, que será abordado en 2004 por dicho comité. En el último dictamen del CRC, que data de 1997, se hace constar que la gran diferencia de ingresos, unido a la difícil situación económica que atraviesa el país, son los principales obstáculos para el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la convención. Entre las opiniones del comité se indicaba que el estado boliviano no ha adoptado las medidas necesarias para el adecuado registro de los niños recién nacidos, que debe garantizar el acceso universal de los menores a la asistencia médica primaria, que tiene que hallar soluciones al problema del pernicioso trabajo infantil y que debe separar a niños y adultos en los centros penitenciarios. Bolivia aprobó en 2000 el denominado “Código del Niño, Niña y Adolescente”. Dicho código regula, entre otras cosas, las adopciones, y mejora la protección de los menores respecto al trabajo infantil y a la violencia practicada sobre ellos. La normativa establece una escolarización obligatoria mínima de cinco años, si bien se trata de un requisito que raras veces se respeta. La convención sobre los niños ha sido incorporada a la legislación nacional a través de la ley 1152, y en diciembre de 2002 Bolivia ratificó el convenio nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. La legislación en materia de protección de la infancia se ha reforzado considerablemente estos últimos años. No obstante, pervive la cultura de no “ver” a los niños y, por lo general, no se les considera como individuos dotados de derechos. Aproximadamente la mitad de la población del país está constituida por niños. Actualmente, la inscripción de los niños recién nacidos en el registro es gratuita. En 2001 había cerca de 500.000 menores no registrados. En 2002 se habían abierto oficinas del Defensor del niño en 201 municipalidades. En Bolivia se da la explotación sexual de menores y la prostitución infantil, especialmente en Chapare, donde algunos miembros del ejército y la policía abusan de los niños. 1 de cada 4 niños menores de tres años sufre de desnutrición crónica. Casi 75 de cada 1000 mueren antes de cumplir los cinco años. 6 de cada 10 niños son víctimas de violencia física en sus hogares y 4 de cada 10 sufren “malos tratos” en el sentido literal del término. Un tercio de los jóvenes de entre 7 y 19 años trabajan para mantener a su familia (800.000 aprox.) – una cifra en aumento, también en lo que se refiere a los más pequeños. Se calcula que existen entre 2.000 y 5.000 menores que viven en la calle. La edad mínima para realizar el servicio militar es de 18 años
15 16. La situación de los pueblos originarios Un 62% de la población boliviana se considera de origen indígena. Un 33% tiene un idioma originario como lengua materna (19% quechua, 13% aymará y 0,5% guaraní). Estas cifras, no obstante, han experimentado un importante retroceso en los últimos años. La constitución de 1994 define por primera vez el estado boliviano como multicultural y multiétnico, reconociendo además los derechos específicos de los pueblos originarios. Los representantes del estado consideran que el bilingüismo introducido en la reforma educativa y el seguro de salud específico para la población indígena constituyen importantes avances. En el dictamen del CESCR se recomienda que Bolivia adopte las medidas necesarias para combatir la marginalización y discriminación de los pueblos indígenas en todos los sectores de la sociedad. El comité también insta a Bolivia a que, en su próximo informe, detalle las iniciativas emprendidas para evitar el despoblamiento de las zonas rurales y, en particular, la emigración de los indígenas, así como los esfuerzos realizados para la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de este grupo. Bolivia remitió a fecha 1-10-2002 un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Los grupos indígenas muestran una salud más precaria, menor esperanza de vida, un nivel más bajo de formación, ingresos más reducidos, más analfabetismo y una mayor tasa de desempleo que el resto de la población. El motivo de ello hay que buscarlo en la situación de opresión económica, social y cultural a la que se han visto sometidos durante muchos siglos, desde la misma época colonial. Además, los partidos con representación indígena que han entrado en el parlamento defienden fundamentalmente los intereses de los sindicatos agrarios y no a la población indígena en su totalidad. En los últimos años, se ha asociado cada vez en mayor medida los derechos de la población originaria con el derecho a la tierra, así como con la reforma agraria de 1952, cuya divisa era “la tierra es para el que la trabaja”. En la parte oriental del país, que es la más fértil, la reforma agraria se ha aplicado en mucha menor medida que en la zona occidental, menos productiva. La reforma agraria aprobada en 1996 (ley INRA) concede el derecho a la tierra a las organizaciones territoriales indígenas y cede a los campesinos la propiedad de la tierra que trabajan. Buena parte de las protestas sociales tienen su raíz en el descontento popular sobre la forma en que el gobierno está aplicando la ley. La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica han realizado con frecuencia labores de mediación en estos conflictos. 17. La situación de los homosexuales En octubre de 1999 se aprobó una nueva ley contra las agresiones de carácter sexual, la denominada “Ley de Protección a las Victimas de Delitos contra la Libertad Sexual”. Sin embargo, no existen estadísticas específicas sobre el grado de aplicación de esta nueva normativa. En los últimos años, la colectividad de homosexuales y bisexuales ha mejorado su organización y su grado de presencia en la sociedad. Dichas organizaciones denuncian la discriminación sostenida que sufren en los ámbitos educacional, laboral, sanitario y familiar, así como por parte de la policía, una discriminación que se describe como cultural e institucionalizada.
16
18. Derechos de los refugiados En Bolivia no existen flujos de desplazados por motivos políticos. El exilio interno es un fenómeno inexistente que ni siquiera contempla la legislación boliviana. La ley prevé la concesión de asilo político y del estatuto de refugiado de conformidad con el Convenio sobre el estatuto de los refugiados de Naciones Unidas, que data de 1951, y su protocolo adicional de 1967. Se han dado casos de devolución al país de procedencia de algunas personas sospechosas de terrorismo. El Gobierno colabora con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias en cuestiones de asilo político. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) hace las veces de representante del ACNUR en el país. Bolivia ha acogido a personas que han solicitado ser reubicadas. La CEB estudia las peticiones de asilo y asesora a la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que es la instancia encargada de conceder el estatuto de refugiado. Es al Ministerio Público al que le corresponde ejecutar la decisión. Durante este año, se ha concedido, gracias a una amplia colaboración, documentos de identidad a más de 100 refugiados políticos después de más de tres años de espera. Durante el período de tramitación, los solicitantes no cuentan con ningún tipo de protección o apoyo. 19. La situación de los discapacitados Esta colectividad goza de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, en lo referente al trabajo, la salud o la educación, según se establece en una ley de 1995. Actualmente se está elaborando un registro de personas discapacitadas de ámbito nacional. La mencionada normativa estipula, entre otras cosas, la eliminación de barreras arquitectónicas en todos los inmuebles públicos, la importación exenta de impuestos de suministros ortopédicos, un 50% de descuento en los medios de transporte públicos y el fomento de la enseñanza del lenguaje de signos y del braille (el sistema de escritura de los ciegos). Esta ley no ha traído consigo una modificación sustancial de las condiciones de vida de los discapacitados, pero sí se han apreciado varios cambios positivos. El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) se encarga de velar por la adecuada implementación de la ley. Sin embargo, muchos discapacitados permanecen encerrados en instituciones o se les oculta en los hogares a causa, entre otras cosas, de los prejuicios culturales existentes.
OTROS PUNTOS 20. Organizaciones no gubernamentales en el ámbito de los derechos humanos Existen varias organizaciones independientes que actúan en el terreno de los derechos humanos. Entre ellas debe destacarse la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH). Las autoridades les permiten
17 desarrollar sus actividades con normalidad y sus peticiones son atendidas en ocasiones. En años recientes se han presentado varios anteproyectos de ley con el fin de regular las actividades específicas de estas organizaciones. 21. Proyectos sobre el terreno o asesoramiento en el ámbito de los derechos humanos La Organización de Estados Americanos (OEA) desarrolla en Bolivia labores de asesoramiento en el campo de la democracia, investiga casos específicos de vulneraciones de derechos humanos (como los acontecimientos de febrero de 2003) y envía observadores a las elecciones que se celebran en el país. También han prestado su apoyo la Comisión Andina de Juristas y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).