RGSA – Revista de Gestão Social Ambiental Set. – Dez. 2008, V. 2, Nº 3, pp. 18-38 www.rgsa.com.br

DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA EN ARGENTINA. PERÍODO 2000 -2007

Nora Gorrochategui1 Resúmen El propósito del trabajo consiste en describir y evaluar conceptualmente la evolución de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Se identifican tres etapas, instalación, expansión y una nueva en conformación y se analizan cuatro aspectos: el marco normativo, las adecuaciones estructurales y de gestión realizadas por las empresas, la interrelación entre sector público y privado y los premios específicos de RSE. Partiendo del supuesto que la RSE incluye aquellas acciones que emprende la empresa que exceden el marco legal, se analiza la ley como base a partir de la cual se construye la RSE respecto a los grupos de interés y cuestiones medioambientales. Se considera que la RSE es un concepto institucionalizado y, tomando como referencia investigaciones realizadas en el medio académico local, se presentan las adecuaciones estructurales que han efectuado las empresas para incorporar la RSE y el impacto en la gestión respecto a la comunicación, herramental utilizado y tipo de programas adoptados. Se analizan tres experiencias de interrelación entre el sector público y privado en materia de RSE caracterizándose vínculos, contenidos y aportes, extrayéndose las lecciones aprendidas. Por último, se presentan cuatro premios sobre RSE considerándolos como exponentes simbólicos de lo que la sociedad considera valioso para ser ejecutado por las empresas, analizándose los objetos de premiación. Palabras Clave: Responsabilidad Social de la Empresa - RSE; Responsabilidad Social de la Empresa – Argentina; RSE – Público y Privado. Abstract This paper aims to describe and assess the evolution of Corporate Social Responsibility (CSR) on a conceptual basis. Three stages are identified: installation, expansion and a new one being developed; and four aspects are analyzed: normative framework, structural and managerial adjustments made by the companies, the interrelation between the public and private sectors, and the specific CSR prizes. Considering that CSR includes actions undertaken by the company exceeding the legal framework, the law is analyzed as the basis upon which CSR is built up regarding groups of interest and environmental matters. The structural adjustments already made by the companies to incorporate CSR and its impact on management as regards communication, tools applied and types of programs adopted are introduced considering CSR as an institutionalized concept and taking local academic research as a reference. 1

Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. E-mail: [email protected]

Three experiences of interrelation between the public and private sectors in CSR matters are analyzed to feature links, contents and contributions drawing the lessons learnt. Finally, four CSR prizes are presented as symbolic representatives of what the community considers valuable to be executed by the companies, the goals of prizing being analyzed. Key Words: Enterprises Social Responsibility – ESR; Enterprises Social Responsibility – Argentine; ESR – Public and Private. Resumo O objetivo deste trabalho é descrever e avaliar conceitualmente a evolução da Responsabilidade Social de Empresas (RSE) na Argentina. Identificam-se três etapas: instalação, expansão e adaptação; e quatro aspectos: o marco normativo, as adequações estruturais e de gestão realizadas pelas empresas, a inter-relação entre o setor público e privado e os prêmios específicos de RSE. Partindo do pressuposto que a RSE inclui aquelas ações da empresa que vão além do marco legal, analisa-se a lei como base a partir da qual se constitui a RSE com respeito aos grupos de interesse e questões ambientais. Considera-se a RSE como um conceito institucionalizado, e tomando como referência pesquisas acadêmicas realizadas no país, apresentam-se as adequações estruturais que as empresas fizeram para incorporar a RSE e o impacto na gestão com respeito à comunicação, ferramental utilizado e tipos de programa adotados. Analisamse três experiências de inter-relação entre o setor público e o privado em matéria de RSE, caracterizando-se vínculos, conteúdos e apoios para se extrair as lições dos casos. Por último, apresentam-se quatro prêmios sobre RSE considerando-se como expoentes simbólicos do que a sociedade considera valioso para ser executado pelas empresas, analisando-se os objetos de premiação. Palavras-chave: Responsabilidade Social de Empresas - RSE; Responsabilidade Social de Empresas – Argentina; RSE – Setor Público e Privado. 1. Introducción El trabajo tiene por objeto realizar una primera aproximación a la descripción de la evolución de la responsabilidad social empresaria (RSE) en el período 2000 -2008. Se identifican con nitidez dos etapas marcadas por el hito de la crisis del 2001 y una tercera que se insinúa pero que, aún no se define con claridad. El universo de situaciones vinculadas a la RSE es amplio, lo que obliga a la selección. El relato se construye a partir de cuatro interrogantes: ¿qué dice la ley?, ¿qué han hecho las empresas?, ¿qué relación se ha establecido entre el sector público y las empresas?,¿qué acciones ha considerado valiosas la sociedad? La etapa de instalación de la RSE abarca la década del 90 hasta el 2001. Se caracteriza porque las empresas se adaptan a factores mutuamente interrelacionados, toman visibilidad como actores sociales y reformulan la tradición filantrópica en acción empresaria. El proceso de incorporación de la RSE a la agenda de las empresas ha sido la resultante de un conjunto de factores mutuamente interrelacionados. Entre los factores externos, se pueden mencionar el cambio tecnológico y la globalización de los negocios, circunstancias a las cuales, los organismos internacionales han respondido generando un conjunto de recomendaciones a gobiernos y empresas para que adapten sus modalidades de actuación. Entre los factores locales se puede señalar, la consolidación del proceso de democratización, con la irrupción de la sociedad civil, como actor social significativo,

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que se tradujo en un crecimiento sostenido de las organizaciones del tercer sector (Paladino y otros, 2006). En la década del noventa, hace implosión el modelo del estado benefactor y la reforma del estado se caracteriza por las medidas de privatización y descentralización. La competencia en el mercado internacional, demandaba a las empresas el logro de altos requerimientos, no sólo, de calidad y eficiencia sino también de elevados estándares éticos (Debeljuh, 2004). Sector privado y tercer sector cobran protagonismo como actores sociales frente a un sector público que se debilita en sus funciones, al mismo tiempo que se instala la corrupción como tema prioritario de la agenda pública. Las empresas adaptan una tradición filantrópica de larga data desarrollada por “empresarios” en acción empresaria, encontrando en la RSE una filosofía adecuada. (Paladino y Milberg, 2006; Newell y Muro, 2006). Al comenzar el milenio, se suma un factor catalizador; la visibilidad que toman las condiciones sociales de incremento de la pobreza y la desigualdad, con su peculiaridad en Argentina, de que se registra, tanto en períodos de crecimiento como de recesión. La toma de conciencia por parte de las empresas de este fenómeno calificado como “pobreza paradojal” (Kliksberg, 2006), fue central en el momento de decidir la inclusión de los aspectos sociales dentro de los intereses de las empresas. La etapa de expansión de la RSE, 2001 -2007. Se caracteriza por el debate en torno al concepto de la RSE, la multiplicidad de actores vinculados a la temática, la diversidad de modalidades de actuación y gestión empresaria, con énfasis en el aspecto externo de la RSE, atendiendo emergencias sociales y el avance de la legislación. El debate sobre la RSE ha sido intenso y fructífero, aunque no existe una definición aceptada de forma unánime. Los acuerdos conceptuales giran en torno a:1) los límites: considerando RSE, las acciones que excedan lo que establece la ley y 2) la materia: comprende lo relacionado con los grupos de interés y las cuestiones medioambientales, lo cual incide sobre 3) la gestión empresaria de la RSE, que distingue entre aspectos internos y externos. La cantidad de actores organizacionales e individuales que se han vinculado a la temática es un indicador de su carácter movilizador. De este modo, el medio académico, comenzó a producir reflexiones teóricas sobre el concepto de RSE, dando origen a núcleos de investigación en diversas universidades del país e incluyendo la temática en cursos de capacitación dirigidos a directivos de las empresas. La prensa especializada, incrementó el número de artículos de manera significativa. Se crearon entidades promotoras de la RSE, con el objetivo de capacitar y colaborar en la implementación de programas y un registro de entidades vinculadas al tema, el Mapeo de Promotores de RSE. El Capítulo Argentino del Pacto Global de Naciones Unidas, fue impulsado en 2004 por un Grupo Promotor constituido por 30 organizaciones. Reconoce a la RSE como uno de los pilares para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio e invita a todo el empresariado nacional a suscribir los 10 principios universales. Tuvo una adhesión rápida y masiva. En 2007, al autoevaluarse, señala la adhesión de 280 organizaciones, el desarrollo de actividades de formación y aprendizaje y la conformación de un banco de experiencias exitosas de acceso libre y gratuito. La Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Responsabilidad Social Empresaria (2004) originariamente convocada por Fundación Poder Ciudadano y la Fundación SES (Sustentabilidad-Educación-Solidaridad) es una coalición conformada por organizaciones no gubernamentales y sindicales. Nace con el propósito de generar una visión de la RSE compartida por distintos actores sociales que tienda al desarrollo del ser humano en un contexto de inclusión social y equidad.

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En 2005, se inició un activo y participativo proceso de discusión sobre el estudio de la futura Norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social que puede ejercer significativa influencia, entre otras razones, por los esfuerzos para clarificar el tema multifacético y el carácter “multi stakeholder” del proceso de elaboración. La diversidad de modalidades de gestión y programas instrumentados (tratados en el título: La RSE en las empresas) son indicadores de la voluntad de incorporar la RSE a la gestión empresaria. Pero, diversidad y multiplicidad no facilitan la comparación ni la evaluación de los resultados. La legislación (tratada en el título: Marco normativo) es amplia, avanzada y su instrumentación trae aparejados costos económicos que a veces las empresas, particularmente las medianas y pequeñas tienen dificultades para afrontar. Una nueva etapa parece estar conformándose aunque no pueda identificarse un hito que marque su inicio. Como indicadores de tal situación pueden mencionarse: 1) los resultados de investigaciones que comienzan a señalar déficit de implementación de las estrategias de RSE y prácticas exitosas, 2) cambio en la percepción de las necesidades sociales, que viran la atención de la emergencia social a la inequidad social; 3) modificación en los criterios de premiación que establecen las organizaciones, que comienzan a hacer hincapié, en la gestión de la RSE al interior de las empresas o en el impacto de los proyectos en la sociedad. El hecho es que la RSE es un concepto que ha llegado para quedarse con un enorme potencial de cambio social, puesto que induce a reformular el rol de la empresa (Paladino y Willi, 2007). 2. Marco Normativo Respecto al primer interrogante formulado: ¿qué dice la ley?, se ha generado consenso acerca de que la RSE abarca las acciones de la empresa que exceden el marco de lo que establece la ley. Ésta establece el límite de lo obligatorio. La cuantía de RSE, está dada por la distancia entre el límite de la ley y el que cada empresa fija voluntariamente. La legislación que regula los temas que configuran la temática de la RSE no ha sido desarrollada únicamente, en función de dicho concepto. Así, la legislación argentina contempla cuestiones vinculadas a las obligaciones de los accionistas, los empleados y cuestiones medioambientales específicas, que datan en algunos casos, de la década del 50. En otros, es el resultado de un proceso de evolución, iniciado a mediados de la década del 80, con la incorporación de los derechos difusos, que se ha mantenido constante, adoptando las orientaciones más avanzadas y las recomendaciones de la normativa internacional. La reforma constitucional de 1994, coincidente cronológicamente con la etapa de instalación de la RSE, facilita la incorporación de nuevos aspectos relacionados con los consumidores y el medio ambiente. La etapa de expansión se caracteriza por incorporar aspectos cualitativos relativos a la regulación de todos los grupos de interés, la cuestión medioambiental en temas estrictamente vinculados con la gestión empresarial y el intento de regular específicamente la temática de la RSE. De tal manera, se ha configurado un plexo normativo complejo, profuso y que fija un estándar alto de exigencia. Además, existe la percepción generalizada de que en la Argentina existe una brecha entre la ley y su observancia. Expuestas las razones que explican la importancia del marco normativo para contextualizar la RSE, y a fin de ordenar la exposición, se hará referencia a la norma específica de RSE, y se describirán los aspectos destacados de la legislación nacional vigente relativa a los accionistas, empleados, consumidores, competidores y las

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cuestiones medioambientales, señalándose en cada caso su correspondencia con la etapa de la evolución de la RSE. 2.1. Legislación específica sobre RSE La preocupación por generar un marco legal que regulara integralmente la RSE corresponde a la etapa de expansión, identificándose dos iniciativas, que han corrido suerte diferente. Una de ellas consiste en un anteproyecto de ley sobre RSE, que data del 2005, elaborado en el Congreso de la Nación, pero hasta el momento no ha tenido tratamiento legislativo. La otra, corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha promulgado la Ley 2594 de febrero de 2008, que tiene alcance limitado territorialmente. Tiene por objeto la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables y fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA), obligatorio para las grandes empresas con más de 300 empleados. El balance reflejará los procedimientos internos que serán aplicables por las mismas y que satisfagan requisitos de ser: objetivos, concretos y mensurables, trazables, auditables, públicos y de libre acceso por parte de la población. Además, la información mínima que la organización deberá indicar en el BRSA serán los lineamientos e indicadores desarrollados por el Instituto ETHOS (Brasil) o bien, el estándar inglés AA 1000 – Accountability (Institute of Social and Ethical Accountability), a elección de la empresa. A la fecha, la ley no está reglamentada. Además, algunas asociaciones empresariales han presentado observaciones sobre la inadecuada naturaleza del reporte social y ambiental, o informe de sostenibilidad, como elemento de control para las autoridades públicas, dado el carácter voluntario con el que fue concebido para que lo aplicaran las empresas y que todavía se encuentra en etapa de desarrollo a nivel mundial. 2.2. Grupos de interés Respecto a los accionistas se destaca su relación con el cuerpo directivo de la empresa, bajo la denominación de gobierno corporativo. Además de los estatutos de cada empresa, la relación es regulada por nueve normas, de las cuales la fundamental, la ley de sociedades es anterior al período considerado. La mayor parte de la normativa se ha elaborado claramente durante la etapa de expansión de la RSE, correspondiendo el 55%, entre el 2001 y 2003 y el resto entre 2006 y 2007.2 Los especialistas legales consideran que el Decreto 677/01, crea un subtipo de sociedad anónima abierta, para las que cotizan en bolsa, que se puede denominar “sociedades anónimas cotizadas”. Contiene requisitos para los directores, mecanismos específicos de protección de todos los actores involucrados y especificación de creaciones organizacionales. Respecto al primer aspecto, las exigencias para directores, administradores y fiscalizadores de las sociedades emisoras consisten en hacer prevalecer, sin excepción, el interés social de la emisora en que ejercen su función y el interés común de todos sus 2

Las prácticas de gobierno corporativo se rigen por un conjunto de normas compuesto básicamente por la Ley N° 19500 de Sociedades Comerciales (B.O: 25/04/1972) y sus ochenta y siete modificaciones; el Decreto 677/01(B.O: 22/05/2001) que aprueba el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, el cual es modificado por seis Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores Nº 371/2001; 400/2002; 401/2002 ; 493/ 2006 y 516/2007 y una correspondiente a la Sindicatura General de la Nación, Res. 37/2006 relativa a las normas mínimas de control interno, además de los respectivos estatutos de cada empresa.

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socios por sobre cualquier otro interés. Se especifica el contenido del denominado “deber de lealtad de los administradores”, invirtiendo la carga de la prueba estableciendo un régimen especial para la acción social de responsabilidad, que permita perseguir tanto el daño de la entidad como el particular del accionista. En lo relativo a la implementación de sistemas y mecanismos preventivos se destaca la protección del interés social, de modo de reducir el riesgo de conflicto de intereses. A título de ejemplo, se pueden mencionar: actividades en competencia con la emisora, utilización o afectación de activos sociales, determinación de remuneraciones, utilización de información no pública y aprovechamiento de oportunidades de negocios en beneficio propio o de terceros. En cuanto a las creaciones organizacionales, modifica la competencia de las asambleas en orden a la celebración de contratos de administración o gerenciamiento y se crea el Comité de Auditoría, integrado por un mínimo de tres miembros y de los cuales la mayoría debe ser independiente. La Res. Gral. Nº 516/07 (11/10/2007) de la Comisión Nacional de Valores promulga el “Código de Buenas Prácticas de Gobierno Societario”. Contribuye a esclarecer, por un lado, las relaciones entre administradores y ejecutivos y por el otro, entre accionistas -especialmente los minoritarios- y terceros. La nueva información requerida se enmarca en el concepto de información relevante. Las empresas deberán publicar anualmente la Memoria del Directorio sobre la gestión, incluyendo la memoria de los Estados Contables del ejercicio. El Directorio de cada sociedad deberá informar si sigue y de qué modo las recomendaciones del Código y explicar por qué no se aplican aquellas que no han sido implementadas. La normativa tiende a incrementar el número de informes, actores participantes en la información y su frecuencia, resultando significativos los avances en materia de protección de los derechos del inversor y la transparencia del mercado de capitales. A pesar de ello, algunos especialistas en la materia sostienen que se debería promulgar una ley que integrara todos los aspectos de la normativa e incluyera penalizaciones para prácticas no deseadas, como la información privilegiada, la realización de la adquisición de las propias acciones (self –dealing) y los casos en los que la sociedad controlante imparte directivas a su controlada para que ésta se sacrifique, perjudicándose en beneficio de la controlante o del grupo en el que está inmersa (cross-holdings). Si bien, los resultados de una encuesta realizada por la Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia (FUNDECE), en 2006, indican que en la Argentina existe un buen nivel de concientización sobre el gobierno corporativo entre las empresas líderes, los académicos señalan que hay un bajo cumplimiento de la legislación. (APREDA, 2006; GARCÍA FRONTI, 2006; JUVENET BAS, 2006). Con relación a los empleados, las cuestiones laborales de la RSE están contempladas en veinticuatro normas, de las cuales el 26% fueron elaboradas antes de la década del noventa, el 52% corresponde a la etapa de instalación de la RSE y el 22% fue elaborado durante la etapa de expansión de la RSE. Dichas normas legislan sobre la libertad de asociación y sindical, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de cualquier forma de trabajo infantil y la discriminación en materia de empleo y ocupación.3

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Ordenamiento del Régimen Laboral: Ley 25. 877 (B.O. 19/03/2004); Asociación Sindical: Res 123/2003; Ley 25674 (B.O.29/11/2002); Ley Nº 23551(B.O 22/04/1988) Decreto reglamentario 467/88; Ley Nº 19549 (B.O. 27/04/1972); Decreto 1759/72; Decreto 1883/91;Trabajo Infantil: Ley Nº 24.650 (B.O. 01/07/1996); Decreto Nº 719/00; Discriminación en materia de empleo y ocupación: Ley N° 25.674 (B.O.29/11/2002);Decreto 514/2003; Resolución N° 656/02; Decreto 258/98; Discapacidad y

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Una de ellas, la Ley Nº 25.877 (B.O.19/03/2004) dedica un capítulo al balance social, estableciéndose la obligatoriedad de presentarlo anualmente para las empresas que tienen más de 300 trabajadores. El balance debe recoger información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Se prevé que este documento sea girado por la empresa al sindicato con personería gremial, signatario de la convención colectiva de trabajo que le sea aplicable y una copia sea depositada en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, la que será considerada estrictamente confidencial. Este hecho, si bien protege las características de la negociación colectiva, está en colisión con el derecho a la información pública. Según información suministrada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Expte.Nº 1.275.985/08) se puede afirmar que solamente 37 empresas han cumplimentado el requisito de presentar el balance social ante la autoridad gubernamental. Las empresas del sector alimentación y bancos en conjunto representan alrededor del 50% del total de las que han presentado el balance. Este es otro indicador del bajo cumplimiento de la ley. A partir del momento en que se estableció la obligatoriedad de presentación del balance, o sea el 2004, la cantidad de balances presentados ha crecido levemente hasta el 2006, decreciendo significativamente en el año 2007. La mayoría de las empresas informa al Ministerio de Trabajo sobre los sindicatos a los cuales gira la información. Las empresas de servicios, excepto la de transporte y las AFJP, no han indicado el sindicato al cual han remitido el balance. Las empresas envían el balance a los sindicatos con los que tienen relación que se deriva de la naturaleza de su actividad. Solamente las empresas del sector alimentación y energía lo remiten a varios sindicatos; la mayoría lo remite a un solo sindicato. Los consumidores están contemplados expresamente en la Constitución Nacional, modificada en 1994, hito que corresponde a la etapa de instalación de la RSE. Los consumidores están protegidos en lo relativo a la: relación de consumo, protección de su salud, seguridad e intereses económicos, información adecuada y veraz, libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. Para reglamentar este derecho se han dictado 139 normas, de las cuales aproximadamente el 50% corresponden a la etapa de expansión de la RSE.4 La Ley Nº 26361 (B.O. 07/4/2008) constituye un avance sobre la especificación de los derechos del consumidor asumiendo una posición favorable a él, en caso de duda sobre la interpretación de la ley. Adopta posiciones de tres tipos: 1) preventivas, cuyo ejemplo más claro es la educación del consumidor; 2) esclarecedoras, vinculadas a la precisión de conceptos sobre el consumidor y sus relaciones: trato digno, prácticas grupos vulnerables: Ley N° 25.212 (B.O. 6/01/2000); Ley N° 22.431 (B.O. 20/03/1981) ; Ley N° 23.462 (B.O. 12/06/1987) Ley N° 24.147 (B.O. 27/10/1992); Ley N° 24.716 (B.O. 25/10/1996); Ley N° 24.308 (B.O.14/01/1994); Decreto N° 795/94; Decreto N° 771/96; Decreto N° 230/99. Riesgos del Trabajo: Ley N° 24.557 (B.O. 4/10/1995)

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Defensa del Consumidor: Constitución Nacional: Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a la información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Ley Nº 24.240 (B.O. 15/10/1993). Esta norma es complementada o modificada por 64 normas, de las cuales 33 normas se han sancionado a partir del año 2000; Ley Nº 22. 802 (B.O. 05/5/1983). Esta norma es complementada o modificada por 71 normas, de las cuales 31 normas se han sancionado a partir del año 2000; Ley Nº 26361 (B.O. 07/4/2008); Decreto 565/2008.

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abusivas y daño directo y 3) instrumentadoras, respecto a la caracterización de la información a ser suministrada y procedimientos de reclamos, especialmente para las empresas prestadoras de servicios públicos; la legitimación de la acción de las asociaciones de consumidores y usuarios cuando resulten afectados los intereses de los consumidores y la creación de Tribunales Arbitrales que actuarán como amigables componedores para resolver las controversias. Las relaciones con los competidores están reguladas por la Ley Nº 25.156 (B.O. 20/09/1999) de Defensa de la Competencia, cuya sanción corresponde a la parte final de la etapa de instalación de la RSE. La ley contempla “los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”. 2.3. Cuestiones medioambientales El tema del medio ambiente se incorpora a la Constitución Nacional en el Capítulo II de la Primera Parte, referido a los “Nuevos Derechos y Garantías”, que en el artículo 41, reconoce el derecho a un medioambiente sano y a la necesidad de conservarlo. Entre el año 2002 y 2006 se han sancionado seis leyes que establecen los estándares mínimos de protección ambiental sobre: la gestión integral de residuos de origen industrial o de actividades de servicio, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, la preservación de aguas y el acceso a la información ambiental.5 Constituyen el núcleo central de la legislación medioambiental de última generación, que se agrega a un conjunto normativo que se ha desarrollado durante las últimas tres décadas, que abarca más de 30 normas que contemplan aspectos específicos, entre otros, sobre: control de emisiones, aire, agua, pesticidas y agroquímicos, conservación del suelo, protección forestal y pesca. Además, existen 13 tratados y convenciones internacionales ratificados por ley, que regulan diversos aspectos medioambientales. Así, la evolución de la cuestión medioambiental resulta un proceso de relativamente larga data, que se inicia antes de la década del noventa y que se formaliza en 1994, en la etapa de instalación de la RSE, con la reforma constitucional. La etapa de expansión, particularmente entre 2002 y 2006, es significativa por el esfuerzo por regular temas medioambientales específicos relacionados con las actividades de las empresas. 2.4. Comentarios •

La evolución del marco normativo relativo a la situación de los accionistas, empleados y algunos aspectos específicos sobre medioambiente son anteriores a la década del 90.

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Cuestiones Medioambientales: Ley Nº 25.612 (B.O. 29 / 07/2002) Complementada por tres normas; Ley Nº 25.670 (B.O. 19 / 11 / 2002) Modificada por cinco normas; Ley Nº 25.675 (B.O. 28 /11 / 2002). Modificada por 10 normas; Ley Nº 25.688 (B.O. 3/01/2003). Modificada por tres normas; Ley Nº 25.831 (B.O. 7/01/ 2004) Modificada por dos normas; Ley Nº 25.966 (B.O. 21/10/2004).

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La etapa de instalación de la RSE coincide con la reforma constitucional de 1994, generando condiciones propicias para la incorporación de los derechos de los consumidores y legislación medioambiental de última generación. La etapa de expansión se distingue por: 1) la cantidad de normas que se dictan sobre múltiples aspectos vinculados a cada uno de los grupos de interés relacionados con la RSE; 2) los intentos de diseñar legislación específica sobre RSE, de los cuales, sólo el de la Ciudad de Buenos Aires ha sido convertido en Ley pero no ha logrado ser reglamentada y ha recibido numerosas observaciones. El plexo normativo es complejo por la cantidad de normas a respetar, muchas de las cuales se superponen en sus orientaciones y requisitos de cumplimentación. Son varios los organismos que tienen competencias de aplicación de las normas con carácter de tutela, verificación o punición, superponiéndose en algunos casos su actuación. Esta situación dificulta la capacidad de ejercer el control gubernamental y desalienta, en algunos casos, el cumplimiento estricto de la ley. Las menciones expresas a la RSE, son las que fijan la obligatoriedad de la presentación del balance social, cuyo grado de cumplimiento por parte de las empresas es bajo. La ley de RSE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sirve como caso testigo para evaluar la respuesta de las empresas ante la obligatoriedad de la presentación de un BRSA en función de indicadores preestablecidos. La legislación recoge las tendencias más modernas de las recomendaciones presentadas en el plano internacional; el mínimo a partir del cual se construye la RSE es muy exigente. Existe una brecha entre la letra de la ley y su grado de aplicación. Por ello, será necesario tener en cuenta la realidad, para poder evaluar el grado de aplicación de la RSE.

3. RSE en las Empresas Respecto al interrogante ¿qué han hecho las empresas? los aspectos que se consideran corresponden a la etapa de expansión de la RSE, dado que la mayor parte de los estudios en los que se fundamentan, han sido realizados en el período comprendido entre 2001 y 2007. Asimismo, tomo como referencia la teoría institucional que supone la preexistencia de un marco institucionalizado para la RSE, cuya configuración corresponde a la etapa de instalación de la RSE, que abarca la década del 90 hasta el 2001. Además, al formularse los comentarios, se insinúan las brechas entre lo actuado y los déficit identificados y las tareas pendientes de realización, que implican los desafíos a los que se enfrentarán las empresas en el futuro cercano y que bosquejan una nueva etapa que comienza a perfilarse. La incorporación de la RSE en las empresas se puede explicar en el marco de los estudios organizacionales por medio de la teoría institucional. Sostiene que las estructuras de organización formal surgen en contextos muy institucionalizados; así, las organizaciones incorporan prácticas y procedimientos definidos por conceptos racionalizados y arraigados en la sociedad. (Powell y DiMaggio, 1999). De tal modo, la RSE es un concepto institucionalizado, que puede reconocer sus raíces en un medioambiente caracterizado por “historias de filantropía (de larga data) y funciones sociales llevadas a cabo por la sociedad civil” (Newell y Muro, 2006). 26

Desde esta perspectiva, la RSE genera nuevas situaciones organizativas, redefine las existentes y especifica los medios para tratar racionalmente con cada una de ellas. Se difunde rápidamente y genera extensos campos de actividad en programas institucionalizados. En menos de una década, la energía empresarial, tal como estipula la teoría, integra, los elementos dispersos en el panorama social (tradición filantrópica, necesidades sociales insatisfechas y la crisis 2001) en una estructura para el tratamiento de la RSE. La empresa considera que dichas situaciones deben ser atendidas por ella a fin de evitar la ilegitimidad porque socialmente se considera que es adecuado, correcto, racional y necesario. El tamaño de la empresa y su carácter, multinacional o nacional incide sobre la disponibilidad de recursos financieros e incentivos para llevar adelante una estrategia de RSE. También, empresas medianas y pequeñas realizan acciones de RSE, aunque, ellas mismas las denominan de otra manera. Según los sectores, existen diferencias entre las estrategias de las empresas sobre RSE que se relacionan con aspectos críticos de sus actividades (Newell y Muro, 2007). Hay coincidencia en señalar que los sectores industriales con impactos sociales y medioambientales tienen incentivos para instrumentar acciones de RSE, tales como, entre otros, electricidad y servicios de telecomunicaciones, tabaco, minería, petróleo, gas y químicos. (García Fronti, 2007 y Newell y Muro, op.cit). Las estructuras para la administración de la RSE registran un cierto grado de isomorfismo. A mediados de la década del 2000, las empresas incorporaron la RSE en las áreas de relaciones institucionales, asuntos corporativos, relaciones con la comunidad y, en menor medida, en recursos humanos. Según da cuenta una investigación, de las empresas relevadas, el 86% adopta códigos de ética; el 56% cuenta con un comité encargado de analizar los problemas de ética; el 56% desarrolla algún tipo de voluntariado corporativo y el 25% cuenta con fundaciones corporativas. (Berger y otros, 2005). Otra encuesta realizada sobre el voluntariado corporativo señala que las motivaciones e iniciativas en el desarrollo de programas bajo esta modalidad se vinculan con el hecho de poder contribuir desde la empresa a la sociedad, 40%; mejorar la relación de la empresa con las comunidades en las que opera, 33%; correspondiendo la iniciativa, en el 75% a la sede de la empresa en Argentina y un 30% a las casas matrices en el exterior. Los programas, según el 90% de los voluntarios entrevistados, forman parte de los objetivos estratégicos de las empresas y son coordinados por comités, integrados por directivos de la línea media de la empresa. El 80% de los voluntarios tienen entre 20 y 40 años, siendo 52% hombres y 48% mujeres. (Fundación Compromiso, 2007). Respecto a las relaciones que las fundaciones corporativas establecen con las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de la RSE, se ha efectuado una investigación que concluye, que la mayoría de las fundaciones se aleja de un modelo de “financiación”, o sea, la fundación asume el rol de financiar una acción puntual ante un pedido de la organización de apoyo. Así, la función de donar tiende a combinarse con otro tipo de programas que corresponden a un modelo “de acuerdo” (la fundación financia programas), o incluso, a otro denominado “sistémico” (intenta un vínculo más allá de la implementación de programas que favorezca la interacción entre distintos actores). Con relación a las organizaciones de apoyo, se afirma que si bien mayoritariamente sus comportamientos se aproximan al modelo “del acuerdo”, es posible observar otros, que son funcionales al modelo “de la financiación”. Dicha manera de obrar corresponde a instituciones que operan sobre poblaciones muy vulnerables y que deciden o se ven obligadas a trabajar sobre la emergencia, realizando

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acciones de tipo existencialistas. Aquí, la transferencia hacia el beneficiario es vista como un mero dar y, éste es apreciado como sujeto pasivo. (Rigou y Moreno, 2005). La comunicación de las acciones de RSE ha sido tema de debate interno dentro de las organizaciones pero ya se ha generado consenso respecto al hecho de que apuntala el principio de la transparencia. En tal sentido, otra encuesta, señala que la opinión pública, en un 87%, considera que las empresas deben comunicar sus acciones a la comunidad en general y a la de negocios en particular. Además, revela que el 78% de las empresas encuestadas comunica sus acciones por medio de la publicación de informes especiales, solamente en un 39%. (Datos Claros, 2007). Hay coincidencia en señalar que se ha incrementado la cantidad y calidad de la información que suministran las empresas. En el caso de las que operan en el mercado de capitales y sus balances son publicados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su mayoría han incorporado información de carácter cualitativo en “ la memoria y en las notas y anexos que forman parte de los estados contables anuales”. (García Fronti, 2007). Las herramientas de la RSE son conocimientos de libre disposición que tienen propósitos múltiples: orientar la gestión, diagnosticar, autoevaluarse, rendir cuentas, certificar y comunicar. Según una encuesta del 2005, ya mencionada, solamente el 61% de las empresas que publican reportes lo hacía siguiendo estándares preestablecidos. En orden decreciente, los modelos utilizados con mayor frecuencia son: Global Reporting Initiative, SA 8000 de Social Accountability Internacional AA1000 de AccountAbility o el del Instituto Ethos. (Berger, op.cit). En los últimos años, las empresas han adquirido conocimientos más específicos sobre dichas herramientas. Además, se han desarrollado una serie de propuestas locales para compatibilizar la RSE con tecnologías administrativas tales como: la calidad, la planificación estratégica o el cuadro de mando integral. (Gilli, 2007). Los programas que desarrollan las empresas, en la dimensión externa de la RSE pueden agruparse en torno a tres tipos de preocupaciones. El primero y predominante, corresponde al sector educativo y específicamente a educación básica; la acción social y la superación de la pobreza. El segundo incluye problemáticas de salud, niñez y medioambientales. Y el tercero constituido por cuestiones de diversa naturaleza: cultura, discapacidad, contribuciones a la educación universitaria, transparencia en los negocios, mejora y creación de empleo. Se observa cierta correspondencia entre los programas que desarrollan las empresas y lo que percibe la sociedad respecto al tipo de acciones que debe realizar la empresa. Una encuesta de opinión pública considera la filantropía como las acciones menos valoradas de RSE; que ésta debe contribuir al bienestar general y que su destinatario debería ser la sociedad en general. (Datos Claros, op.cit.). 3.1. Comentarios En la etapa de instalación, la institucionalización del concepto de RSE, puede resultar explicativo de la rápida incorporación del concepto en las empresas argentina. Durante la etapa de expansión, el concepto de isomorfismo se aplica a las similitudes observadas en las estructuras administrativas, estrategias de gestión, herramientas de autoevaluación y procesos de comunicación adoptados por las grandes empresas. La creatividad y diversidad caracteriza a las experiencias incipientes de RSE en medianas y pequeñas empresas y a los programas ejecutados por las grandes empresas.

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Lo realizado hasta el momento resulta significativo en cuanto a la capacidad de adaptación de las compañías a las demandas y presiones contextuales. Sin embargo, la vertiginosidad del proceso implica la revisión crítica y nuevas readaptaciones, para avanzar a un estadio superior de gestión empresaria, lo que hace vislumbrar el camino por el que podría transitar la nueva etapa de la RSE. Al interior de las empresas, se debería revisar la coordinación entre las áreas responsables de la RSE y el resto de las unidades de las compañías, el funcionamiento efectivo de comités de ética y la articulación y armonización de la gestión de la RSE. Esto último implica verificar la congruencia entre lo que la organización expone como resultado de estrategias de RSE en alguna dimensión de la RSE, con procedimientos o políticas que se ejecutan en otras dimensiones. Por ejemplo, empresas que realizan acciones sociales que benefician a la comunidad y, al mismo tiempo, venden productos nocivos para la población, contaminan el medioambiente o no cumplen con los contratos contraídos. El voluntariado corporativo debería ser revisado en: 1) su esencia, resolviendo la contradicción entre el trabajo voluntario y la presión organizacional de ejercer una actividad voluntaria en el marco de una organización en la que se desarrolla el trabajo formal, más allá de lo inspirador del propósito de la tarea; 2) sus principios, como compatibilización de la vida profesional y personal y 3) sus debilidades, respecto al diseño y gestión de programas y en el reconocimiento y evaluación de desempeño de la tarea voluntaria al interior de las empresas. Las relaciones entre las empresas/ fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil deberían tender a actuar bajo una “modalidad integrada”. Ella se caracteriza por: 1) considerar en el momento de la selección del tema de acción conjunta, no sólo los objetivos particulares de las empresas y las ONG’s involucradas, sino también la contribución a políticas públicas identificadas como prioritarias desde el sector público y 2) la participación de todos los actores involucrados, incluso a los beneficiarios directos de las acciones de RSE, en todas las fases del proceso de decisión y acción. La comunicación debe superar dos contradicciones: 1) entre valores declarados y los valores expresados en sus comunicaciones externas, que se materializan a través de la publicidad de los productos y en la selección de los medios en los que se publicita; 2) entre los valores declarados por medio de la cultura organizacional y en los documentos de la empresa y los valores que se exige o postula a los integrantes de la organización. (Álvarez Tejeiro, 2007). Los desafíos radican en “la elección de qué cultura empresarial desea crearse comunicativamente y en la elección de los modos comunicativos más adecuados para concretar ese proyecto”. (Costa, 1992). Sobre las herramientas se pueden hacer observaciones vinculadas a: 1) La selección y aplicación de los instrumentos por parte de las empresas La variedad y cantidad de herramientas disponibles posibilita que las empresas elijan las que se adecuen mejor a sus posibilidades y propósitos. La selección diversificada de las herramientas por parte de las empresas dificulta la comparación del avance de la RSE entre empresas. En una misma empresa, varía la aplicación sobre los mismos ítems en aplicaciones correspondientes a diferentes años, lo que dificulta la comparación de la evolución de la RSE de la empresa a lo largo del tiempo. 2) De orden metodológico.

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Los instrumentos posibilitan medir dimensiones de las diferentes variables que configuran el concepto de RSE, pero no se ha avanzado en una “medida síntesis cualitativa” que pondere el comportamiento integral de la empresa en materia RSE. Ejemplo: el grado de avance de la RSE en esta empresa es alto, medio o bajo. Las herramientas no miden el impacto efectivo de la RSE. Indicadores tales como cantidad de alumnos capacitados, aunque sean miles, en cursos de medio día de duración; becas otorgadas, aunque se eleven a cientos, pero que no son sostenidas en el tiempo, no son indicadores reales de impacto de la acción de la RSE. Algunos especialistas sostienen que mediciones de la RSE están vinculadas a la contabilidad social. Consideran que la “unidad de medida exclusivamente monetaria no sirve para las mediciones de la Contabilidad Social, tanto macro como micro, pues este segmento contable necesita de unidades de medidas no monetarias tales como unidades físicas, kilos, litros, personas e indicadores de calidad de vida, de duración de vida, de libertad cultural” (García Casella, 2004). Tal vez, una medida ética de la RSE expresada en unidad monetaria, sea la cantidad porcentual de las ganancias de la empresa que destina a la RSE en programas de impacto social. El hecho es que, la RSE como concepto dinámico, situado y en evolución requerirá de nuevos instrumentos que se irán adaptando para captar una realidad que muta. Los programas de RSE deben ser balanceados en su justa medida entre los que tienen por objetivo la dimensión interna y la externa. Se corre el riesgo de privilegiar la RSE a la acción social externa de la empresa en desmedro de consideraciones internas. Dado que la RSE no es una panacea, cobra importancia que las empresas redefinan constantemente prioridades, direccionen los recursos que se invierten y evalúen el impacto de sus acciones. Las acciones que emprendan las empresas deben tener relación directa con el tipo de responsabilidades que la empresa tiene con sus distintos grupos de interés. Las responsabilidades tienen distinto grado de precedencia. Primero, las que se contraen con los miembros nucleares: accionistas y empleados. Luego, con grupos de interés periféricos aunque habituales, clientes y proveedores. En tercer lugar, competidores, comunidad local y sociedad en general. En la Argentina se ha dado mucha importancia al aspecto externo de la RSE y existen numerosos ejemplos para emular por la relevancia de los problemas que pretenden solucionar, el involucramiento de actores, las metodologías dialógicas adoptadas, los resultados obtenidos y el impacto producido. Sin embargo, no dejan de ser considerados como “casos” más que como prácticas habituales de las empresas. La empresa que focaliza la atención en los problemas centrales como el déficit de desarrollo y la inequidad social, “acompaña”, no reemplaza, a un Estado que no puede eludir su responsabilidad primaria en estas cuestiones pero que se encuentra débil para afrontar las soluciones, requiriendo el auxilio de todos los actores sociales. Así como en el 2001, la RSE surgió para atender la “emergencia social”, en los próximos años la inclusión social y la desigualdad social parecieran ser los objetivos prioritarios de la RSE. Los temas y programas podrían versar sobre apoyo a planes comunitarios de vivienda, prestación de servicios integrales y especiales de salud física y empoderamiento psicológico, instrucción de calidad para mejorar el rendimiento de sectores vulnerables, educación no formal, acciones sociales compensatorias en materia de alimentación y

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trabajo e inclusión de grupos desfavorecidos a través del acceso a los medios financieros, jurídicos e informáticos. La magnitud del esfuerzo a realizar no augura pronósticos favorables para acciones aisladas, puntuales, individuales. Las empresas deberían esforzarse por articular e intensificar su accionar en materia de RSE, con los distintos actores sociales. Las cámaras empresarias deberían cobrar protagonismo, conjugando esfuerzos y diseñando aportes creativos en los temas de sus respectivas áreas de actividades. Las empresas deberían profundizar su capacidad de trabajar articuladamente con ONG’s, el sector académico y el sector gubernamental. 4. Iniciativas de RSE Generadas desde el Sector Público El interrogante ¿qué relación se ha establecido entre el sector público y las empresas?, lleva a presentar tres iniciativas originadas en el sector público que corresponden a la etapa de expansión de la RSE. La primera fue puesta en marcha en 2003, desde el área social y las otras dos comienzan a instrumentarse en el 2006, una en el área de trabajo y la otra, en el organismo responsable técnico de aplicar las regulaciones oficiales de calidad y de asistir para la competitividad a empresas industriales. En los tres casos, las lecciones aprendidas sirven de fundamento para acciones intersectoriales futuras y constituyen la base de la nueva etapa de la RSE. Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. Ministerio de Desarrollo Social. El Plan reconoce sus antecedentes en la crisis del 2001, se lanzó en 2003 y durante 2005 y 2006 se instrumentaron las acciones con el sector empresario. Los objetivos consisten en contribuir a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social, promover la economía social, mediante el apoyo técnico y financiero a emprendimientos productivos de inclusión social, generados en el marco de procesos de desarrollo local y fortalecer organizaciones públicas y privadas. Tiene implícito una concepción que articula lo social y lo económico colocando en la agenda de las políticas públicas el abordaje socioproductivo de las políticas sociales. Los componentes del Plan son: 1) apoyo económico y financiero para la obtención de herramientas, insumos y bienes de capital, a través de modalidades que se adecuan a las diferentes necesidades y realidades locales; 2) fortalecimiento institucional, generando espacios de encuentro, debate e intercambio; 3) asistencia técnica y capacitación para las iniciativas productivas. Las empresas evalúan las experiencias en tres planos de análisis: el conceptual, el interrelacionamiento sectorial y al de los proyectos concretos. En el plano conceptual se mencionó la necesidad de debatir la doctrina sobre RSE, considerándola como algo más que voluntariado o “atributo optativo”, como una obligación para las empresas. Debe tender a la búsqueda de coherencia entre la ejecución hacia fuera y hacia adentro de la organización potenciando la noción de ciudadanía corporativa y la incorporación en las estrategias empresarias de la noción de la responsabilidad por las externalidades, es decir, aquellos efectos negativos no buscados que parten de la acción individual o colectiva afectando a otros actores. En el plano del interrelacionamiento entre las empresas y los emprendimientos se señalaron los obstáculos que actuaron con fuerza, tales como: 1) los prejuicios que cada uno de los sectores mantenía sobre el otro sector y 2) las diferencias culturales,

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sociales y económicas que se manifestaron entre los actores provenientes de las empresas y de los emprendimientos. Los métodos que se utilizaron para superar los obstáculos se centraron en intensificar la comunicación y la interacción, a través del “coaching”, la introducción de mediadores de la comunicación entre empresas y emprendimientos, la identificación de las personas adecuadas en la empresa para trabajar en las acciones específicas, que cuenten con características de empatía, el acercamiento de las partes como condición necesaria para que se produzca la transferencia de know - how. Respecto a la relación específica entre sector público y sector empresario, parece haber sido importante la definición de las competencias y aportes de cada uno, visualizándolo como una gestión compartida. Como aspectos positivos de la articulación sectorial se señalaron la potenciación de los resultados de las acciones y la probabilidad de replicabilidad de los emprendimientos, la disminución de los riesgos, la identificación de oportunidades, el reforzamiento de los activos intangibles y la contribución a la construcción de una sociedad mejor. Respecto al plano de los proyectos se destacaron dos condiciones: 1) trabajar sobre el área de impacto directo de la empresa priorizando el enfoque de desarrollo local y 2) apoyar emprendimientos desde el enfoque de “cadena de valor” para que las empresas concentren su aporte en aquellos aspectos en los que tienen mayor conocimiento y experiencia. Iniciativa de Responsabilidad Social Empresaria y Trabajo Decente Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social El programa se comienza a instrumentar en 2006 y continúa en la actualidad. Su objetivo es promover el trabajo decente en el marco de la RSE, para su desarrollo entre las empresas líderes y sus directivos en particular. La responsabilidad social se entiende como el compromiso empresarial de llevar a cabo en la medida de sus posibilidades, las acciones y políticas necesarias para el logro de los objetivos del trabajo decente, reducción de la informalidad, erradicación del trabajo infantil, combate a cualquier tipo de discriminación, promoción del empleo juvenil, extensión y mejora de la cobertura de la protección social, derechos laborales y del diálogo social, inclusión y desarrollo socioeconómico de su entorno y crecimiento personal y profesional de sus trabajadores. La iniciativa se materializa a través de tres instrumentos y se efectúa una evaluación que se expresa en términos cuantitativos que resulta significativa para captar la intensidad de la interacción. Ellos son: 1) Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y las empresas del sector privado para la conformación de la “Red de Empresas Jóvenes con Futuro”; cuyo objetivo consiste en capacitar y dar oportunidad real de trabajo de calidad a jóvenes de entre 18 y 24 años con problemas de empleo, debido a sus bajos niveles formativos o a su escasa o nula experiencia laboral. En un año de funcionamiento forman parte de la red, 30 empresas líderes y 4 cámaras. Se han firmado 25 protocolos individuales de formación y entrenamiento laboral en prácticas calificantes. 2) Declaración de lineamientos y compromisos sobre RSE para la promoción del trabajo decente. Las empresas declaran el compromiso de llevar adelante, en la medida de sus posibilidades y dentro de sus respectivas competencias, programas de acción que amplíen los contenidos de la negociación colectiva más allá de la cuestión salarial. Los temas a incluir son: la cadena de valor, en pro del empleo de calidad y su

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competitividad, la erradicación del trabajo infantil, la igualdad de género, la seguridad e higiene, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento del tripartidismo, el derecho a la capacitación y el reconocimiento explícito de la dimensión ética de las relaciones laborales. Suscripto por 81 empresas; otras 20 celebran el Convenio de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el marco de la RSE; 15 empresas líderes acercan su cadena de valor al espacio de sinergia público – privado a los efectos de discutir la problemática del trabajo decente en relación a la competitividad y productividad laboral; 21 empresas líderes realizan actividades de concientización sobre la importancia de la promoción del trabajo decente; 15 empresas diseñan y adoptan una guía para el desarrollo de proveedores; 12 cámaras empresarias integran la iniciativa de RSE y trabajo decente como socias estratégicas actuando de enlace y promoción hacia sus asociados. 3) Banco de Buenas Prácticas Empresarias de RSE tiene como propósito favorecer el reconocimiento público de buenas experiencias. Un total de 80 empresas líderes compartieron sus experiencias que han sido incorporadas a una base de datos, a fin de que se facilite su transferencia a las pequeñas y medianas empresas. Versan sobre: a) capacitación para los empleados como para grupos externos, tales como desocupados, mujeres de mediana edad y jóvenes en busca de sus primeros empleos; b) mejora de la calidad de vida y c) reestructuración organizacional realizada en forma socialmente responsable. Programa de Certificación de Compromiso Social Compartido para empresas de indumentaria. Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Se inicia en el 2006 reconociendo como antecedente las denuncias y escándalos respecto a las condiciones de trabajo en talleres del sector textil. No ha tenido continuidad en el tiempo tal como fue diseñado. Tiene por objetivo la promoción y certificación independiente del cumplimiento de los requisitos del Compromiso Social Compartido. Definido por el INTI para las empresas que se incorporen en forma voluntaria, demostrando que desarrollan sus actividades en condiciones humanas, éticas y legales de forma de asegurar un comportamiento que no sólo cumple plenamente lo que establece la ley, sino que va más allá. Pretende por parte de las empresas relaciones y condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables hacia los trabajadores, y condiciones de cuidado por el medio ambiente y una integración en la comunidad equilibrando sus intereses con los de la sociedad. (INTI, 2006). El alcance del programa se define a través de formas: 1) certificación y 2) sistema progresivo de certificación, dependiendo del grado de cumplimiento de los requisitos y el avance en la implementación del sistema de gestión integrada. A fines de 2007, no ha logrado la certificación ninguna empresa pero se encuentran en el proceso alrededor de cuarenta empresas. Desde el INTI se ha intentado estimular la exigencia por parte del consumidor de la observancia de los principios del Programa. Se ha procurado ampliar la red de contactos, firmando convenios con asociaciones de consumidores y organismos públicos, para que la observancia de los requisitos del Programa sean tenidos en cuenta en las licitaciones públicas.

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La conceptualización del programa es avanzada. Presenta mecanismos que intentan crear una “contracultura”, para cambiar la tradición del sector textil que no se caracteriza por el cumplimiento efectivo de la ley. 4. Comentarios • •

La etapa de expansión de la RSE, en lo relativo al proceso de interrelación entre sector público y privado en materia de RSE se puede calificar como positivo; la naturaleza de la relación es la colaboración y la complementación. El foco es la RSE en su aspecto externo, el interés público es predominante.

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La definición de la política pública sobre la que se actúa es exclusiva del sector público.

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El proceso de gestión de programas seleccionados en sus distintas fases se realiza de manera conjunta entre el sector privado y el sector público, sin involucramiento de los beneficiarios hasta el momento de la ejecución.

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La calidad de la RSE se manifiesta en la capacidad para generar diálogo entre los sectores con diferentes intereses en torno a acciones que apuntan a solucionar cuestiones socialmente problematizadas.

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La nueva etapa de la RSE hace vislumbrar la continuación de las líneas de acción iniciadas desde las áreas gubernamentales que ya han adquirido experiencia en el tema y la incorporación de programas de RSE, desde otras unidades ministeriales que tienen competencia sobre temas medioambientales y consumidores. Probablemente se profundice el ejercicio del “soft power” por parte de las agencias gubernamentales, como mecanismo incentivador para las empresas con el propósito de diseñar programas que vayan más allá de lo que la ley estipula.

5. Premios La pregunta ¿qué acciones ha considerado valiosas la sociedad?, remite a la búsqueda de un indicador que ayude a construir una respuesta. Los premios, además de constituir un elemento de recompensa a empresas concretas son exponentes simbólicos de lo que las organizaciones otorgantes, como expresión de la sociedad, consideran valioso a ser ejecutado por las empresas en el marco de la RSE. Son otorgados por asociaciones sin fines de lucro. El fundamento de los premios debe buscarse en el estímulo de determinadas actividades, por ello, los orígenes de los premios directamente vinculados a la RSE se encuentran en la etapa de instalación. Durante la etapa de expansión se incrementó el número de organizaciones otorgantes diferenciándose entre ellas por el objeto que pretendían estimular. En todos los casos se registra un cambio casi constante en el objeto de premiación, lo cual señala un camino de deseabilidad para que transiten las empresas. El Premio Enrique Shaw de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, el más antiguo de los aquí considerados, fue instituido en 1989 con el propósito de fomentar la adopción de estilos de gestión que contribuyan al afianzamiento de valores humanos y sociales en la comunidad empresaria y reconocer a aquellas organizaciones que se distingan por su compromiso con dichos valores. Su entrega es bianual. En las versiones del 2004 y 2006 el objeto del reconocimiento ha sido la coherencia entre las prácticas organizacionales y sus valores, que permitan 34

desarrollar una gestión plenamente humana, altamente productiva y socialmente responsable. En la versión 2008, el objeto de premiación son las empresas que “incluyen” a través del trabajo, a personas excluidas del sistema productivo, por razones personales (edad, salud, religión), familiares (número de hijos, potenciales embarazadas) y sociales (lugar de residencia, antecedentes penales, indocumentados). El objetivo del premio son los valores. Es flexible, dado que en cada edición se ponderan los factores que parecen significativos para actuar como incentivo para determinadas conductas empresariales. El Premio a la Ciudadanía Empresaria creado por la American Chamber of Commerce (AmCham), cuya primera edición data de 1999. Interpreta la RSE como la contribución de la iniciativa privada al bienestar y a la sustentabilidad de la sociedad. Desde su creación se establecieron tres categorías: educación, medioambiente y participación ciudadana. En el 2002, las categorías se ampliaron: educación y cultura; salud y medio ambiente y promoción social e infraestructura. Los programas premiados se refieren a acciones sobre la comunidad vinculadas a formación y educación, con énfasis en borrar la brecha entre educación formal y el mundo del trabajo. A partir del 2001, el foco se colocó en la atención de necesidades diagnosticadas por los propios beneficiarios de los proyectos, o bien, en la satisfacción de necesidades básicas en materia de alimentación y salud. En la edición 2008, se modifican nuevamente las categorías. Ellas son: gestión empresaria orientada a la sustentabilidad (GES) y proyectos o prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (PRSE) considerando: público interno, medio ambiente, comunidad y proveedores. El Premio Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (CCIFA) RSE tiene por objetivo promover, en todo el territorio argentino, programas de RSE desarrollados por empresas privadas y fundaciones clasificándolas de acuerdo a su tamaño, en función del número de empleados, en cuatro categorías: mega empresa (más de 1000); gran empresa (250 a 999); mediana empresa (de 50 a 249) y pequeña empresa ( 1 a 49 ). Expresamente se adhiere a la definición de RSE presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas en el Libro Verde (2001). En su primera edición, 2005, se premiaron proyectos tendientes a satisfacer las necesidades básicas en educación y salud; en el 2006, otros que promueven la educación formal y el carácter emprendedor y en 2007, programas sociales dirigidos a poblaciones de riesgo. Como rasgos distintivos de los proyectos premiados se pueden destacar la dispersión geográfica y la orientación al desarrollo local, la articulación intersectorial y la ponderación de la aplicación de metodologías participativas. El Foro Ecuménico Social, asociación civil sin fines de lucro, desde su origen, en 2001, se propuso extender sus actividades hacia Latinoamérica para promover la Responsabilidad Social, a nivel empresario y de organizaciones no gubernamentales, rescatar valores fundamentales y resaltar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y de los empresarios en la transformación de los países. En 2007, se instrumentó la primera edición del Premio Latinoamericano a la Responsabilidad de las Empresas. Su objetivo coincidente con la misión del Foro consiste en fortalecer la cultura de la responsabilidad social, mostrar el estado de las empresas y exponer las mejores prácticas de responsabilidad social. Los proyectos deben tener al menos un año de ejecución, como mínimo en dos países de la región. Se ponderan los proyectos que se presentan teniendo en cuenta: recursos aportados, relevancia de las problemáticas que pretenden contribuir a solucionar y resultados obtenidos, así como los beneficiarios y las alianzas desarrolladas.

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El premio se otorgó a una organización bancaria por la integralidad de la acción social desarrollada en Latinoamérica vinculada a la reducción de desigualdades a través de la educación y por lo significativo del monto de su contribución (0,7% de su beneficio neto anual en América). 5.1. Comentarios • •

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Tanto en la etapa de instalación como en la de expansión el objetivo de los premios es el estímulo. Los premios que se otorgan en la Argentina vinculados a la RSE tienden a promover su incorporación definitiva a la cultura empresaria. Se pondera la introducción de los valores en la gestión, la acción social de la empresa y su contribución al bienestar o la sustentabilidad. La variabilidad en el objeto de premiación en las distintas ediciones es un indicador de los cambios en los ejes de interés en la sociedad que son acompañados por la acción de las empresas. Así, las versiones más antiguas galardonaban a empresas por cuestiones de gestión interna vinculada a valores. A partir del 2001, se premia a las empresas que atienden situaciones críticas en la sociedad. Al promediar la primera década del siglo XXI se comienza a distinguir a las empresas que se orientan a la dimensión externa de la RSE, por su acción social y, a ponderar el renunciamiento de una parte de las ganancias empresarias para contribuir a bien común.

6. Conclusiones El potencial de cambio social que trae implícito el concepto de RSE es alto. Queda en los actores sociales el compromiso de velar para que no se desnaturalice su esencia, evitando convertirla en una RSE “decorativa” más que “transformadora”. Así, un esbozo del posible escenario de desarrollo de la RSE, podría señalar algunos lineamientos de la nueva etapa que se está vislumbrando. Avanzar sobre el cumplimiento de la ley es condición necesaria para la existencia de RSE. El sector empresario tendrá que incrementar su compromiso adoptando las actitudes correctivas que sean necesarias. El sector público deberá fortalecerse en su función de control y en el diseño de mecanismos de incentivo que favorezcan comportamientos ajustados a la ley. El sinceramiento de las prácticas organizacionales buscando congruencia es una tarea de autoevaluación a cargo de las empresas, que producirá una “nueva ola” de cambios organizacionales. Es posible que los avances más significativos en los aspectos internos de la RSE se produzcan sobre los temas en los que es fuerte el grupo de presión que articula los intereses. (sindicatos principalmente, en menor medida asociaciones de consumidores). Las acciones de RSE en los aspectos externos se orientarán a la inclusión social y la desigualdad social. Aumentará la demanda de rendición de cuentas sobre el impacto real de las acciones. La mayor exigencia social por la evaluación del impacto real de las acciones de RSE, producirá dos efectos: 1) la selección rigurosa de los proyectos en los que se aplican los recursos y 2) la necesidad de articular esfuerzos entre las distintas empresas para ejecutar acciones de mayor impacto social. Esto generará la necesidad de reforzar la asociación, lo cual, a su vez, producirá un papel más activo por parte de las cámaras empresarias.

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