III Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual Área Académica Queer | Montevideo | Setiembre 2010

DIÁLOGOS COLECTIVOS ENTRE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y LOS MOVIMIENTOS LGTTTBQs EN URUGUAY RESUMEN | Este artículo pretender aportar algunas líneas interpretativas acerca del camino en conjunto que han recorrido en los últimos años los movimientos feministas y los movimientos de la diversidad sexual en nuestro país. Buscamos reflexionar sobre sus particulares trayectorias como movimientos sociales, las cuales hace algunos años se han visto más cercanas, puntualmente, en la última década. Ambos movimientos que construyen su retórica sobre la idea de la sexualidad politizada, que reclama ser vista porque es, también, objeto de olvido e invisibilización. Es por ello que, particularmente nos interesa detenernos en cómo se han ido construyendo estos puentes y puntos de lejanía entre unos y otros. Haremos especial énfasis en los mecanismos de articulación que definen la agenda política y trazan los lineamientos comunes a la hora de establecer un discurso compartido que potencie los esfuerzos hacia la construcción de un paradigma alternativo de ciudadanía.

Soc. Fernanda Ferrari Soc. Lucía Pérez

INTRODUCCIÓN | La perspectiva de ciudadanía sexual propone nuevas interpretaciones de lo que significa “ser ciudadano”, significa problematizar la sexualidad en sí misma, sacarle el velo de lo privado y reconocer sus consecuencias socio-políticas. Las pujas por la legitimación simbólica son luchas políticas que se plasman permanentemente en lo público. Poner en clave de derechos humanos reivindicaciones que históricamente se han considerado de “minorías” abre un complejo abanico de caminos y de decisiones que deben ser tomadas por los protagonistas de estas batallas. Hablar en términos de derechos humanos significa que deben ser libremente ejercidos por todos los ciudadanos y ciudadanas y que, por tanto, deben exigirse por parte del conjunto de la sociedad. Sin embargo, la distancia que existe entre la realidad y la idealidad requiere de constantes exposiciones argumentativas y negociaciones que habiliten el reconocimiento de todas las personas en el amplio sentido de la Justicia. La adopción del estandarte de los derechos sexuales y reproductivos significó el diseño de tácticas de irrupción en la esfera pública que, ante los nuevos contextos socio-políticos demandan la redefinición de las consignas en clave de derechos humanos. La sexualidad como campo de conocimiento había sido secuestrada por instituciones de control como la medicina, la iglesia y el Estado. De hecho, los primeros reclamos se hicieron en términos de salud sexual y reproductiva, dejando colarse el tinte medicalizado de la temática. A medida que las demandas son colocadas pueden distinguirse algunos cambios en la tónica discursiva como el hablar de derechos sexuales y reproductivos (Correa, 1997:108), pero lo primero que se pone sobre el tapete es la idea de derecho sexual, la sexualidad expuesta a batalles que aún faltan conquistar. La necesidad de una mirada integral de los derechos de las personas exige fijar nuevas metas, nuevas herramientas para la acción y, consecuentemente, innovadoras estrategias de incidencia política. De esta forma, Estado-sociedad civil, activismo-academia se presentan en un escenario con algunas conquistas y con nuevas luchas por delante. Este trabajo pretende generar algunas pistas para desentrañar cómo se han ido construyendo los puntos en común y los diálogos colectivos entre los movimientos feministas y LGTTTBQs. En este sentido, intentamos identificar algunas de las estrategias políticas que se han implementado para instalar sus reivindicaciones en la esfera pública: 1. Construcción de las demandas, 2. Discursos que las sostienen e instalan en el debate público, 3. Espacios de articulación entre Estado y sociedad civil, y 4. Acciones concretas que se llevaron a cabo.

LA SEXUALIDAD SALE DEL CLOSET: Lo privado también es político | “La ciudadanía sexual trasciende los límites de la esfera personal haciéndose pública, este movimiento es tan necesario como paradójico: se trata de proteger las posibilidades de la vida privada y de las opciones privadas en una sociedad más inclusiva” (Weeks, 1998:37). La historia de la sexualidad refiere a las preocupaciones cambiantes acerca de cómo deberíamos vivir, disfrutar o negar nuestro cuerpo. El cuerpo no es sólo una forma biológica o social: es un campo político y económico, es un terreno intervenido por diferentes fuerzas que impactan sobre él. Las preocupaciones en torno a la sexualidad que comienzan a erigirse de la mano de los movimientos feministas ponen de manifiesto la exigibilidad de derechos en torno a la sexualidad. Lo que comenzó con reclamos de tipo civil y político, encontró en el desarrollo de la noción de derechos económicos, sociales y culturales un espacio de lucha mucho más amplio, espacio en el que había que instalarse. De acuerdo con Weeks, hablar de una ciudadanía sexual implica revisar tres conceptos claves para profundizar de manera equitativa en nuestras sexualidades: la democratización de las relaciones, la emergencia de nuevas subjetividades y el desarrollo de nuevas narrativas que contemplen “historias” de la vida personal. Destradicionalizar el sistema heteronormativo de valores sobre el cual se construye nuestra institucionalidad, cuestionar el binarismo totalitario heterosexual/homosexual que patologiza sexualidades no heteronormativas, transformar la intimidad en relaciones más equitativas entre varones y mujeres, promover la elección autónoma de las personas frente a las decisiones que refieren a sus sexualidades y sus arreglos eróticos-afectivos son algunas de las pistas para la búsqueda política de una ciudadanía que no menoscabe lo personal. La construcción de nuevas subjetividades tiene que ver con reconocer “el proyecto identitario”, es decir, la identidad no es algo que uno asume, sino que es algo que uno construye en la negociación consigo mismo y con los otros. La performatividad de la identidad está asociada a la capacidad de cada persona para relatar su propia historia; desarrollar la capacidad de posicionar nuevos relatos, nuevas historias sobre género, sobre sexualidades y sobre nuestros cuerpos es una iniciativa de resistencia. Giddens proclama la índole intrínsecamente reflexiva de la modernidad, etapa que se caracteriza por una radicalización del dinamismo de las propias instituciones modernas y por un constante pensarse y repensarse de los proyectos de vida de las personas. Esta capacidad de pensar sobre nosotros mismos y sobre las decisiones que tomamos nos lleva a pensar en lo que el autor llama políticas de la vida [política de las opciones de los estilos de vida]. La economía limita la vida sexual y reproductiva, organiza la fuerza de trabajo y, consecuentemente, la fuerza sexuada. En el plano

político,

se

presentan

binomios

femenino-masculino,

homosexual-heterosexual,

convencional-diverso que muestran hegemonías de poder y campos en lucha. Los actos sexuales

son, entonces, actos políticos también. Es el movimiento feminista quien inaugura esta línea de politización de lo personal. “El objetivo es utilizar las pautas de estilo de vida como medios para combatir o eliminar la opresión […] la identidad de la mujer estaba tan definida por el hogar y la familia que su las llevó a ámbitos sociales donde las únicas identidades disponibles eran las que les ofrecía estereotipos masculinos” (Giddens, 1991: 273). Los actuales debates jurídicos en torno al matrimonio de personas del mismo sexo, la ley sobre el cambio de sexo registral, la vetada despenalización del aborto son discusiones sobre derechos humanos que se insertan en el marco de las políticas de la vida; para decirlo de otro modo, son temas de debate de nuestra ciudadanía sexual. Estos procesos suceden sobre nuestros cuerpos, interviniendo en ellos y siendo parte constitutiva de nuestras identidades. Lo que hoy nos parecen “nuevos” problemas no son más que nuevas interpretaciones y formas de manifestar temas de preocupación de una inmensa parte de la ciudadanía. Una ciudadanía que ha ido logrando conquistar un terreno homogeneizante como es lo público. Paradojalmente, las luchas por el reconocimiento de personas y colectivos de las más diversas características son luchas que han de darse en este espacio. Tanto los movimientos feministas como los movimientos de la diversidad sexual tienen una vital relevancia a la hora de marcar agenda en el terreno público; la politización de la sexualidad es una tarea del día a día que requiere de esfuerzos articulados y estrategias mancomunadas si hablamos de ciudadanía sexual en el sentido más amplio del término.

RECONOCIMIENTO: Del dicho al hecho | Reconocimiento y dignidad son dos conceptos estrechamente vinculados. El acto de reconocerse y de ser reconocido significa una práctica social cooperativa, significa que uno es miembro parte de una comunidad social y goza de las mismas garantías y obligaciones que los demás miembros. El aparece en el reconocimiento recíproco, base de la convivencia social. La falta de reconocimiento o el no-reconocimiento implica la negación de la dignidad de la persona que, de acuerdo con Honneth plantea una experiencia de desvalorización a distintos niveles (personal, jurídico y social). Concretamente, lo excluye de las formas colectivas de vida y apartamiento del respaldo jurídico. Honneth plantea tres modelos éticos del reconocimiento: el amor (relaciones afectivas primarias y sólidas), el derecho (el marco normativo permite plasmar la idea de un , lo cual habilita a concebirnos a nosotros mismos y a los otros como sujetos de derecho), y la solidaridad (valoración social de los otros, de acuerdo a las diferencias). La solidaridad es la forma de reconocimiento que habilita las relaciones interpersonales basadas en el

respeto mutuo. Es esta última forma la que habilita la resistencia y la voluntad de transformación de una realidad social que se entiende debe ser cambiada. Los movimientos feministas y los movimientos LGTTTBQs ponen en práctica esos sentimientos de injusticia y de indignidad y los hacen motores de lucha y de movilización necesarias para buscar el reconocimiento social. “Ciertamente las tres esferas de reconocimiento no contienen de manera absoluta el tipo de tensión moral que permita desencadenar conflictos o confrontaciones sociales, pues una lucha sólo puede caracterizarse como social en la medida en que sus objetivos pueden generalizarse por encima de los propósitos individuales, hasta el punto en que pueden ser la base de un movimiento colectivo” (Honneth, 1997:195). Las injusticias no se plasman únicamente en lo cultural, sino que abarcan otros espacios de lo social como el político y el económico. Fraser propone discutir sobre las categorías analíticas que construimos para dar explicaciones, incluso sobre la propia idea de igualdad y justicia. De hecho, para Fraser, la injusticia es mucho más profunda y multidimensional que la que podemos interpretar desde el reconocimiento (plano cultural). El factor económico es decisivo a la hora de generar desigualdades distributivas. “Cuando consideramos colectividades ubicadas en el medio del espectro conceptual, encontramos híbridos que combinan rasgos de las clases explotadas con los de la sexualidad menospreciada. Estas colectividades son bivalentes. Se distinguen como colectividades en virtud tanto de la estructura político-económica como de la estructura cultural-valorativa de la sociedad” (Fraser, 1997: 31). El ámbito privilegiado para plantear las demandas y exigir el pleno ejercicio de las libertades y los derechos es, sin duda, la esfera pública en tanto espacio democrático por excelencia. El concepto de esfera pública definido por Habermas es un ámbito social participativo, diferente al Estado y a la sociedad civil. Es decir, es un espacio en donde se conjugan y negocian las demandas colectivas (diferentes a las privadas) en su afán de ser escuchadas y atendidas por la organización estatal. Fraser critica esta noción ya que sostiene que frente al concepto de esfera pública nos encontramos con el problema de la “paridad participatoria”. La esfera pública no logra concretar sus pretensiones de “universalización”. Esconde en su propia lógica una accesibilidad a este espacio que no es real. En esta falsa inclusión se pone de manifiesto las inequidades sociales existentes. Fraser propone incluir discursivamente estas mismas inequidades en las discusiones de la esfera pública para lograr un debate que permita la eliminación de dichas desigualdades y, por tanto, habilitar la construcción de lo público como tal. Entonces, ¿cómo podemos articular las desigualdades en cuanto al acceso mismo a lo público?, ¿cómo construir representatividad en la diversidad?, ¿qué estrategias discursivas proponer y qué acciones concretas tomar? Estas son algunas de las inquietudes que motivan estas reflexiones,

ordenadas en función de los cuatro ítems propuestos: construcción de la demanda, discursos para posicionar las demandas, espacios de articulación con el Estado y acciones concretas emprendidas.

1. Construcción de la Demanda | Hablar de una única demanda establecida por estos movimientos sería erróneo. Con mayor claridad podemos identificar campos de lucha compartidos que se sostienen a partir de grandes principios unificadores y constitutivos de cada uno de los movimientos. Estos principios se erigen a partir de la denuncia activa frente a la existencia de sistemas de poder y dominación que producen y reproducen modelos hegemónicos de sexo-género, modelos hegemónicos de sexualidad y modelos etnocentristas en América Latina. Estos modelos proclaman una sociedad:

heterocentrada, androcéntrica,

etnocéntrica,

falocéntrica, adultocéntrica

y

reproductivista. Estas formas de hacer, sentir y pensar que impone la cultura dominante se construyen sobre la base de relaciones desiguales de poder generando múltiples inequidades en diversas esferas de la vida social, política y económica de las mujeres, los afrodescendientes y las personas de la diversidad sexual. El lugar histórico desde donde los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual construyen sus demandas es desde la desigualdad, desde el lugar de grupos vulnerados en sus derechos es que estos colectivos se expresan y son visibles en el espacio público. “El nuevo contexto de la realidad latinoamericana desafía a los movimientos sociales en general y a las feministas en particular. En algunos países de la región se ha creado un mayor espacio para el avance de la igualdad y emergen nuevos liderazgos políticos y colectivos. En algunos países las voces y propuestas de sectores históricamente excluidos, adquieren protagonismo político, y ello genera esperanzas en amplios sectores sociales” (Celiberti. L, 2010:6). En este sentido, la reapertura democrática es un punto de inflexión en la historia del Uruguay en clave de derechos humanos habilitando el surgimiento de colectivos organizados preocupados por estos temas. Los movimientos de mujeres o feministas y más tarde los movimientos de la diversidad sexual se constituyen como sujetos políticos que luchan desde distintos ámbitos contra la discriminación y la violencia, y en la defensa de los derechos humanos. Uno de los puntos de encuentro entre estos movimientos es la agenda política en que reivindican y su incidencia en el espacio público se traduce en demandas concretas referidas a: la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, cuestionamiento a la división sexual del trabajo, autonomía sexual y reproductiva, nuevos arreglos familiares, despenalización del aborto, erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por razón de sexo, género, etnia, clase, orientación sexual y edad, defensa de ley de cambio de identidad de género, nombre y sexo, acceso equitativo al mundo productivo y al empleo, etc.

Entre estas demandas podemos señalar claramente que la campaña por la despenalización del aborto y el proceso de debate social y político (2002-2008) en defensa del proyecto de ley denominado “Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva”1 generó un marco político y social clave para la alianza entre las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual que habilitó el fortalecimiento en la articulación, coordinación, lucha conjunta y visibilidad para ambos colectivos en la esfera pública. Sin embargo quienes instalan inicialmente el debate en lo público fueron los movimientos organizados de mujeres: “Desde el año 1985, las organizaciones de mujeres y feministas comenzaron a colocar en la arena pública y política la necesidad de adecuar los marcos normativos sobre la práctica del aborto. Este debate ha sido parte del desarrollo de una agenda social basada en una perspectiva integral de los derechos humanos, que ha buscado reflejar el surgimiento y maduración de nuevos consensos sociales y la ampliación del ejercicio ciudadano, en particular de las mujeres organizadas”. (López Gómez, A, Abracinskas, L, 2009: Nº 3) A continuación nos gustaría traer a colación un elemento interesante que surge de las entrevistas2 que realizamos para la creación del presente artículo y que se refiere a los intentos de cada colectivo por “diferenciar” sus demandas específicas. Cada colectivo en la búsqueda y construcción de una identidad particular se encuentra y se diferencia con un “otro” necesariamente. Entre los colectivos analizados encontramos que existen esfuerzos por diferenciarse en torno a: la población a la que se dirigen o “salvaguardan” sus derechos (mujeres, mujeres negras, mujeres jóvenes, travestis, transexuales, gays, lesbianas, personas viviendo con VIH, transgénero, trabajadoras sexuales, etc), problemáticas específicas (violencia doméstica, ley unión concubinaria, VIH/ITS, equidad racial, etc) y participación en espacios públicos. Más allá de las intersecciones, existen pugnas por la representación de determinadas demandas y colectivos que establecen conflictos y luchas de intereses por acceder a recursos y espacios de poder. Estas pugnas se dan entre movimientos de mujeres y colectivos de diversidad sexual como a la interna de cada unos de ellos entre organizaciones fuertes y débiles. En palabras de Lilian Celiberti: “el espacio público como aquél donde se disputa la definición de las agendas políticas, no es un espacio abierto y habitable para todos los actores y sujetos por igual. Hay quienes pueden intervenir en los debates públicos y quien por razones de clase, raza o género, tienen limitado el acceso”. (Celiberti. L, 2010: 15).

1

El mismo fue aprobado el 1º de Diciembre de 2008 por el Poder Ejecutivo promulgando la Ley 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Los capítulos del proyecto de ley referidos a la despenalización del aborto fueron vetados por el ex Presidente de la República, el Dr. Tabaré Vázquez. 2 Para elaborar el presente artículo entrevistamos a informantes calificadas referentes de movimientos feministas y de la diversidad sexual con el objetivo de recoger perspectivas, reflexiones y experiencias en el diálogo colectivo entre estos movimientos en el Uruguay.

2. Discursos que sostienen e instalan en el debate público demandas colectivas: Universalismo vs. Pluralidad | Para la comprensión de los discursos es necesario reconocer el contexto socio-histórico y socio-político en el cual se enmarca lo acontecido en torno al género y la diversidad sexual desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Estos cambios suceden en un contexto latinoamericano plural y diverso que se encuentra en una época de debate, de reconfiguraciones, reconceptualizaciones y revisión de muchas teorías para interpretar al cuerpo, la sexualidad y las construcciones de género de “lo” femenino y “lo” masculino. “(…) Las mujeres han insistido en sus demandas no sólo como un problema de justicia, sino en nombre de una visión que transforme el mundo.” (Phillips en Celiberti, L: 2010: 7). Comprender este punto es crucial, ya que la construcción de los discursos y los “meta discursos”, tanto de las mujeres como de los movimientos de la diversidad sexual apuntan a evidenciar las desigualdades e injusticias que genera el presente sistema social a estos colectivos y así plantear la defensa de la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Se trata de la construcción de un proyecto de sociedad más justa que trascienda las particularidades. Los discursos de estos movimientos tienen en común como objeto de estudio y campo de lucha las sexualidades y el cuerpo como núcleo central de acción. La teoría inglesa de la ciudadanía sexual propone que la sexualidad es susceptible de ser abordada políticamente y en este sentido han trabajado intensamente ambos movimientos a nivel regional y nacional en torno a la defensa y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, los discursos de estos movimientos se han concentrado también en conceptualizar las relaciones de género y la identidad de género y aquí aparecen más disonancias que en el campo de la sexualidad, o por lo menos mayor incertidumbre. La nueva teoría Queer y algunas perspectivas actuales de la diversidad sexual cuestionan los enfoques más clásicos de género, aún vigentes en algunos estudios y movimientos feministas. De esta manera, la teoría de género despolitiza las discusiones sobre algunas identidades que plantean los colectivos de la diversidad sexual. Los discursos se construyen en función de diferentes sujetos. La oratoria de los movimientos feministas (mujeres blancas, clase media-alta, de occidente) tiende a ser universalista dejando fuera, sin quererlo, a otros sujetos colectivos en situación de desigualdad que no son representados por ese discurso totalizador. En el movimiento de mujeres un ejemplo es el movimiento feminista afro. Lo mismo sucede con la diversidad sexual, es decir, la presencia de organizaciones de la diversidad sexual desestabiliza los discursos simplificadores - binariosporque gays y lesbianas pueden ser comprendidas en el marco de las categorías de hombre y mujer, pero identidades como las trans requieren de nuevos marcos conceptuales de comprensión. “Toda nuestra cultura está normatizada. Tendemos a generar universales que no existen como tales, que

no logran representar todas las identidades”3. En este sentido el lenguaje, la “denominación” y la construcción de categorías hacia la estrategia de la incidencia se convierte es también un desafío. Por último, el discurso político, ideológico y social de estos movimientos tiene como eje común la pluralidad y diversidad como valor y no como algo instrumental. La diversidad como paradigma esencial permite que estos movimientos se crucen, se apoyen, articulen e incidan juntos en el espacio público. Cabe reconocer que ha sido el movimiento de mujeres quienes han habilitado desde la retórica y la acción esta unión con las organizaciones de la diversidad sexual: “El feminismo ha abierto la posibilidad de que las mujeres nos construyamos como sujetos políticos constructoras de nuestra propia trayectoria y desde esa perspectiva también ha abierto el campo para la diversidad y la pluralidad”. 3. Espacios de articulación entre Estado y sociedad civil | En los últimos 5 años ha crecido la sociedad civil organizada por la diversidad sexual. Esto se relaciona directamente con la asunción, por primera vez en el Uruguay, en el 2005, de un gobierno de izquierda. No obstante, hace 25 años que apareció el grupo Escorpio, denominado como el primer grupo de la diversidad sexual el Uruguay. En el marco del primer gobierno de izquierda “se dio un salto cualitativo importante en cuanto a la formulación de políticas de género, de diversidad sexual y mecanismos de promoción de la equidad racial. Sin embargo, se debe considerar que se partía de una situación comparativamente muy retrasada en la región en cuanto a institucionalidad y enfoque de género en las políticas públicas”. (Celiberti. L, 2010: 8). Así como destacamos los avances no podemos dejar de mencionar el trágico veto al capítulo de la despenalización del aborto. Las experiencias de articulación entre los movimientos de mujeres y las organizaciones de la diversidad sexual son varias y distintas. Existen organizaciones como el Colectivo “Ovejas Negras” y la Asociación de Travestis del Uruguay (ATRU) que integran colectivos de organizaciones de mujeres como la CNS Mujeres Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía. Existen pertenencias a colectivos o articulaciones puntuales para el logro de objetivos específicos e incidencia en temáticas particulares. Claramente se identifican temáticas y luchas que congregan indistintamente a todos los colectivos de mujeres y de la diversidad sexual: despenalización del aborto, derechos sexuales y reproductivos y discriminación. Pero luego existen agendas particulares de cada organización (matrimonio gay, violencia doméstica, cuota femenina en el sistema político, VIH, ley identidad de género y cambio registral, etc.). La trayectoria, el acumulado y el reconocimiento público que tienen las organizaciones de mujeres y feministas son mayores que la de las organizaciones de la diversidad sexual y en este sentido existen alianzas estratégicas de las segundas con las primeras para legitimar su agenda en la 3

Entrevistada B.

esfera pública y fortalecer la capacidad organizativa e incidencia en políticas públicas (un ejemplo es la articulación entre Ovejas Negras y Mujer Ahora). De todas maneras, cada colectivo presenta sus debilidades en la representatividad y legitimidad en espacios de poder y participación que presentan fisuras entre las organizaciones de mujeres y entre los movimientos de la diversidad sexual. Ambos movimientos polemizan, articulan y co-ejecutan acciones con el Estado. En las entrevistas realizadas se identificaron los siguientes espacios estatales de articulación con la sociedad civil, algunos débiles y otros más sólidos: Ministerio de Educación y Cultura (Comisión Honoraria contra la Discriminación), Ministerio de Salud Pública (Comisión Asesora de Salud Sexual y Reproductiva, Programa Salud Nacional de Mujer y Género, CONASIDA), Ministerio Desarrollo Social (Inmujeres-Consejo Nacional de Políticas de Género), Intendencia Municipal de Montevideo (Secretaría de la Mujer). Los principales obstáculos que se detectaron en las entrevistas fueron, por un lado, la generación por parte del Estado de espacios de articulación con objetivos poco claros donde no se explicitan los roles específicos de las partes. Por otro, las luchas de poder y representatividad de los movimientos de mujeres y diversidad sexual frente a los espacios de articulación con Estado.

4. Acciones concretas que se llevaron a cabo | A continuación presentaremos aquellas acciones que se realizaron conjuntamente o con el apoyo mutuo de las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual que permitieron a los movimientos visibilidad e incidencia en la esfera pública: 1) Campaña por la despenalización del aborto y promoción de la Ley Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva (2002-2009). 2) Campaña a favor de la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación (Agosto 2004Ley Nº 17.817). 3) Campaña a favor de la Ley Unión Concubinaria (Diciembre 2007- Ley Nº 18246).4) Campaña a favor del derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios (Octubre 2009-Ley Nº 18620). 5) El curso de capacitación laboral para personas trans organizado por Mujer Ahora y el Colectivo Ovejas Negras (2010). 6) Marchas por la Diversidad como fruto de la coordinación de varias organizaciones sociales. 7) Campaña aborto Legal 2010. 8) Campañas a favor de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 9) Campaña por los Derechos Sexuales y Reproductivos de MYSU. Estas acciones, logros y conquistas son avances significativos para la legislatura uruguaya así como también para los procesos de participación e incidencia democrática.

ALGUNAS PISTAS PARA LA REFLEXIÓN | Presentaremos a continuación algunas de las principales preguntas que surgen de lo analizado: 1. Con respecto a la construcción de las demandas podemos encontrar puntos de conexión y articulación muy fuertes entre ambos movimientos. Demandas en conjunto han permitido el posicionamiento de las necesidades y reclamos de cada uno de los colectivos, a la vez que les ha permitido ejes de trabajo conjunto. De alguna manera, coordinar estrategias de visibilidad conforma un salto cualitativo a la hora de construir agendas colectivas, superando muchas veces las particulares. Esto habilitó y seguirá habilitando conquistas hacia el reconocimiento (simbólico y material) de los colectivos. 2. En el plano discursivo, surge la necesidad de redefinir los sujetos de los derechos reclamados. Los marcos teóricos interpretativos para denominar a estos sujetos muchas veces aparecen escasos e insuficientes para dar cuenta de una realidad muy amplia y diversa. La definición de identidades supone expandir los encuadres referenciales para que la representación sea representativa e inclusiva. 3. En cuanto a los espacios de articulación entre sociedad civil y Estado aparecen algunos desafíos planteados de manera muy clara. Si bien se señala una cierta apertura en cuanto al diálogo y al trabajo en conjunto, brotan algunas interrogantes que vale la pena señalar: ¿cómo maneja el Estado estos espacios de articulación y coordinación que habilita?, ¿son espacios de calidad?, ¿cómo se definen los roles a jugar en cada instancia?, ¿quién representa a quién en estos espacios?, ¿son todas las voces representadas?, ¿desde dónde se realizan las demandas por parte de la sociedad civil?, ¿cómo acuerda esta última la agenda que se le presenta al Estado y cómo son tomadas las decisiones? Otra vez surge el dilema de quiénes son representados en esos espacios y cuál es el lugar que se le asigna a las temáticas de género y diversidad sexual en el presupuesto público. Cabría preguntarse también, cuál es el papel de los organismos de cooperación internacional en este terreno y, sobre todo, en cuanto a las prioridades de financiamiento. Con este último punto se abre otra discusión sobre las luchas de poder que se generan a la interna de la sociedad civil (y otras tantas veces del Estado) a la hora de procurar recursos para el financiamiento de las acciones y de las organizaciones per se. 4. Como ejemplos de acciones concretas que pueden considerarse mojones fundamentales en el esfuerzo conjunto podemos mencionar la campaña por la despenalización del aborto como la más significativa y enriquecedora en términos ideológicos-simbólicos y de visibilidad en

el espacio público para ambos movimientos. La campaña fue un proceso claro de intersección y transversalización de agendas que apuntó a colocar el aborto desde un enfoque de derechos, género y diversidad. Implicó posicionar los derechos sexuales y reproductivos de las personas en la agenda pública.

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