Diego Cornejo Menacho

CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS

1996

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Diego Cornejo Menacho (Quito, 1949), es escritor y comunicador social, editor general del diario "Hoy". Para la elaboración de este informe contó con la colaboración de Juan Francisco Freire y María Gabriela Paz y Miño, periodistas de "Hoy". Las fuentes informativas consultadas fueron, principalmente, varias ediciones de los diarios "Hoy", "El Comercio", "Expreso", "El Universo" y revista "Vistazo".

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EL CASO: Fondos reservados de la Vicepresidencia de la República del Ecuador en el Gobierno de Sixto Durán Ballén. LO PRESUNTOS DELITOS: prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito LA CIFRA: 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres LOS SINDICADOS: Alberto Dahik, ex presidente de la República (con orden de prisión, prófugo, tramita un estatuto de refugiado político en Costa Rica); Diego Paredes, ex ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador (con orden de prisión, prófugo, destino desconocido); Mauricio Pinto, ex ministro de Finanzas (sin orden de prisión); Juan Carlos Faidutti, contralor general del Estado (sin orden de prisión); Francisco Costales, subcontralor (sin orden de prisión); Ricardo Muñoz Chávez, ex superintendente de Bancos (sin orden de prisión); Gladys Isabel Merchán Merchán, ex secretaria de la Vicepresidencia de la República (con orden de prisión, prófuga, destino desconocido); Juan Mario Crespo Burgos, ex secretario de la Vicepresidencia de la República (con orden de prisión, prófugo, destino desconocido). LA ACUSACION FISCAL: Autores de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito: Alberto Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. Autores del delito de peculado: Diego Paredes Peña y Mauricio Pinto. Cómplice del delito de peculado: Juan Carlos Faidutti. Encubridores del delito de peculado: Ricardo Muñoz Chávez y Francisco Costales. LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS: 287 personas naturales y/o jurídicas. 3

LOS DENUNCIANTES: Xavier Neira y Rafael Cuesta, los dos diputados del Partido Social Cristiano en el periodo 1994-1996 del Congreso Nacional. EL JUEZ: Carlos Solórzano Constantine, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. EL FISCAL: Fernando Casares, ministro fiscal general de la Nación.

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CONTENIDO Prólogo 1. El escenario 2. El pez por su propia boca muere 3. Los gastos reservados 4. La historia de Radio Democracia 5. El juicio en el Congreso 6. De acusado a acusador 7. Intermedio patético 8. Las cuentas secretas 9. La aritmética del contralor 10. La lista de Dahik 11. Un incidente procesal 12. Poder y clientelismo 13. La opinión pública 14. La teoría de la venganza 15. Posfacio 16. Anexos

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PROLOGO Por Alberto Acosta "Habían sido inútiles las muchas y arduas diligencias oficiales para aplacar el ruido público de que la matriarca de la patria se estaba pudriendo en vida, divulgaban cédulas médicas inventadas, pero los propios bandos confirmaban que era cierto lo que ellos mismos desmentían, que los vapores de la corrupción eran tan inmensos en el dormitorio de la moribunda que habían espantado hasta a los leprosos, que degollaban carneros para bañarla con la sangre viva, que sacaban sábanas ensopadas en una materia tornasol que fluían de sus llagas y por mucho que las lavaran no conseguían devolverlas su color original..." "El otoño del patriarca", Gabriel García Márquez

La corrupción se ha transformado en un tema de urgente actualidad en el Ecuador. Los medios de comunicación están llenos de denuncias y escándalos. Sin embargo, a pesar de la creciente difusión, en pocas ocasiones se realiza un análisis profundo sobre este fenómeno social y menos aún se llega a alguna sanción. La mayoría de las veces las denuncias que devienen escándalos son olvidadas por la llegada de nuevos escándalos, con lo que la corrupción se complementa con una rampante impunidad. En esta oportunidad Diego Cornejo Menacho, uno de los investigadores periodísticos más perseverantes y profundos, nos 6

ofrece una crónica pormenorizada de un delito de blancos. Una crónica apasionante sobre la aritmética del poder, en la cual la suma del despilfarro y del cinismo pretende ser minimizada o aún anulada, restando las responsabilidades en el marco de leyes insuficientes y confusas. Operación en la cual también se resta desde el exterior, a través de un "asilo político", que hoy sirve para proteger a un reo de la justicia... En concreto estamos frente a un delito de blancos, digámoslo más claramente de "cuello blancos", que implica a la cúpula del poder gubernamental, empezando por su vicepresidente, ahora prófugo. Y, a pesar de su resonancia, este es un delito que aparece condenado a la desmemoria, perdido en los vericuetos legales que no desembocarán en una sentencia legal contra sus implicados. Algo que no es inédito en nuestra República. Cuántas veces los implicados en un atraco, pasado el tiempo de la prescripción o aún antes, retornan libres de cualquier sospecha, envalentonados para volver a figurar en la vida pública: en la acción política, en la gran empresa, en los mismos medios de comunicación... Si pudiéramos escribir una historia de la corrupción y de su complemento, la impunidad, ésta sería una suerte de telón de fondo del devenir en nuestra sociedad. Corrupción e impunidad que serían impensables sin el cinismo y la prepotencia. A tal nivel hemos arribado que hay quienes reconocen haber realizado prácticas corruptas y que, al mismo tiempo, intentan erigirse como campeones en la lucha contra la corrupción: basta observar la actuación del propio ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik Garzozi, quien pretendió liderar una gran campaña en contra de los corruptos al tiempo de aceptar públicamente que su Gobierno, en repetidas ocasiones, tuvo que recurrir a arbitrios poco santos, digámoslo mejor, corruptos, al ceder ante diversas presiones políticas o chantajes, según sus diversas versiones, destinados a impulsar su programa "modernizador", entre otros a aprobar la ley que permita privatizar la Empresa Estatal de Telecomunicaciones o a reformar la Ley de Hidrocarburos, con el fin de crear las condiciones para que las transnacionales del petróleo sienten sus bases oligopólicas en el mercado doméstico. Y este personaje poderoso, el de mayor trascendencia e influencia en el Gobierno de Durán Ballén, desde su autoexilio en Costa Rica, luego de recibir el malhadado asilo, no tiene empacho en afirmar que "no me arrepiento de lo que dije y si se presenta la oportunidad, lo diré las cien veces que sea". 7

El pez por su propia boca muere, demuestra Cornejo en su texto. El autodenunciante, que presidía el Consejo Directivo de Transparencia Internacional, una organización creada para combatir globalmente a la corrupción, acató, además, una norma generalizada en los diversos gobiernos del mundo: en sus acusaciones de corrupción no asomaron sus correligionarios y tampoco sus compañeros de régimen, sino exclusivamente los opositores... Y por igual, cual si fuera otra norma del oficialismo de todo tiempo y lugar, los allegados a Dahik, empezando por el propio presidente, echan tierra sobre los escándalos propios y desatan presiones para propiciar su olvido. Lo cual es factible por la debilidad de las instituciones y la fragilidad de la trama social. Lo notable de este delito de blancos, deshuesado meticulosamente por Cornejo, es que en pocas ocasiones como en ésta hemos registrado una situación de corrupción tan flagrante como el manejo de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República: apenas una tercera parte del problema, en tanto faltaría por indagar el destino de los gastos reservados de la Presidencia y del Ministerio de Gobierno; no se diga los gastos reservados correspondientes a anteriores administraciones. Un acto de corrupción indudable y no solo por estar vinculado al mal uso de recursos económicos o porque habría provocado una serie de violaciones, susceptibles de ser castigadas legalmente. Insisto, la corrupción no consiste sólo en la comisión de actos ilícitos, que competen a los tribunales, o en el simple mal manejo o malversación de recursos económicos. La corrupción, en una amplia definición cultural, es la esencia del abuso del poder e incluye también actos incorrectos, aunque éstos no sean antijurídicos. Incluye, por tanto, abusos económicos, sociales y políticos, sea en la órbita estatal o privada. Y en este caso, que lo recordaremos simplemente como el caso Dahik, se sintetiza lo ilícito y lo incorrecto. En tanto representa un claro abuso del poder público, que alcanzó un inusitado nivel en manos del vicepresidente Dahik. Abuso destinado a provocar una serie de transformaciones para reorganizar la sociedad y la economía en función de objetivos aperturistas y liberalizadores a ultranza, útiles a los intereses de reducidos grupos dominantes y de sus aliados externos. Abuso que favoreció a sus allegados políticos y religiosos. Abuso que, también, habría funcionado en beneficio particular de Dahik, de sus amistades y familiares. A pesar de su singularidad, no es un acto de corrupción aislado el que nos preocupa. Hay que ubicarlo en un contexto de multiplicación 8

de casos corruptos, en un ambiente de clara consolidación del individualismo y de una extrema valoración del dinero. En un ambiente donde la modernidad justifica los medios, permitiendo que demasiadas personas den muestras públicas de un endurecimiento de su percepción sobre lo corrupto. Tanto, que algunos pretendieron voltear apresuradamente la página del caso Dahik para no afectar la estabilidad económica, otros no siquiera encontraron motivo de crítica en la actuación del vicepresidente y no faltaron algunos -como el cardenal- que se solidarizaron con el vicepresidente. Sin embargo, así como afloró el declive moral o la simple conveniencia crematística, experimentamos también una suerte de progreso social que no podemos negar y que debemos destacar. En esta ocasión, "los medios de comunicación del Ecuador, y diversas organizaciones sociales, jugaron un papel importante para que los presuntos delitos cometidos en el manejo de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República fueran puestos en evidencia y sometidos a los procesos político y penal". Esta acción según Diego Cornejo- articuló la opinión pública "que, a la larga, imposibilitó que la verdad se esfumara en arreglos de personajes 'notables' y que se mantuviera en reserva, bajo la protección tutelar del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, en una inexpugnable bóveda del Banco Central del Ecuador". Episodio que constituye otro de los capítulos bravos de este libro. Libro escrito con fuerza y singular agilidad, que se inscribe como un texto de obligada elaboración para consolidar la democracia. Sí, la democracia. En tanto ésta no se caracteriza por la ausencia de corrupción, sino por la forma en que la hace frente. Y, también, por supuesto, por la forma en que se la sanciona. Importa, entonces, rescatar la democracia, nuestro frágil y a veces tan vilipendiado proceso democrático, como un espacio donde pueden aparecer y ser denunciados los escándalos de la corrupción. Allí, a pesar de todas las limitaciones, hay posibilidades para descubrirlos y combatirlos, aún en los casos cuando en éstos están involucradas las altas esferas del poder. Si profundizamos nuestra reflexión desde la democracia, podemos llegar a una serie de conclusiones renovadoras. En especial cuando nos adentramos en la corrupción del poder. En ese terreno, la corrupción, desde esta perspectiva democrática, no sería otra cosa que la privatización del poder, en la medida que un burócrata del nivel que sea, o indirectamente un agente privado, instrumenta el

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aparato estatal y sus recursos -los gastos reservados en el caso Dahik- para su beneficio particular o de clase. Entonces, el punto de partida pasa por descubrir e individualizar estas prácticas corruptas, que dependen de mecanismos que garantizan no sólo su funcionalidad sino también su ocultamiento y olvido. Por eso resulta imprescindible reforzar la transparencia y la memoria, como medios para robustecer los espacios orientados a combatir la corrupción individual y la institucional. Entendiéndola en su verdadera magnitud y comprendiendo sus repercusiones, para no quedarnos en la simple denuncia de los culpables y menos aún solo para contribuir a un vulgar ajuste de cuentas entre compadres resentidos: hipótesis de la venganza, que también encuentra cabida en estas páginas de Cornejo. Busquemos la verdad y apoyemos su difusión. Que el control social se concrete en primera línea a través de la opinión pública, con una auténtica de libertad de prensa y de independencia para los medios de comunicación. Permitamos a los comunicadores sociales el acceso a la información. Acabemos con toda forma de secretismo. En este empeñó la transparencia y la memoria asoman como las herramientas de mayor importancia. La transparencia desbrozará el camino si queremos que la corrupción sea la excepción y no la norma. Y la memoria impedirá que la corrupción encuentre su asilo en la impunidad... Entonces, para no perder el sentido de violación moral del caso Dahik, sobre todo cuando la violación política no fue censurada por el Parlamento y la violación legal al parecer no encontrará una salida adecuada, es preciso recurrir a este tipo de investigaciones periodísticas que garanticen la sanción moral a los actores, tanto como a sus pretensiones. Reportajes como éste, de Cornejo, facilitan no solo un expansivo e intensivo conocimiento de los casos de corrupción, sino que ofrecen elementos para combatirlos. Son instrumentos para alertar y comprometer a la sociedad sobre la necesidad de enfrentar a la corrupción y a sus vapores. Un esfuerzo que crecerá en el futuro, en la medida en se multipliquen trabajos como éste y en tanto nuevos investigadores, contando con el respaldo de los medios de comunicación, refuercen esta tarea. 20 de abril de 1996

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1. EL ESCENARIO El 28 de septiembre de 1995, durante un "juicio popular" en la Casa de la Cultura de Quito, un ciudadano hizo notar que ninguno los sindicados en el escándalo del presunto mal uso de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República era de raza negra. La inesperada referencia parecería carecer de sentido alguno, si no fuese porque quien habló era un negro y porque, pocos días antes, el sábado 9 de septiembre de 1995, en un país que presume de democrático e igualitario, como es el Ecuador, dos jefes policiales -los coroneles Edmundo Egas, jefe del Regimiento Quito, y Aníbal de la Torre, jefe de la Oficina de Investigación del Delito (OID)- responsabilizaron a la "raza morena" de la ola de violencia delincuencial que vivía la ciudad de Quito. El juicio popular, organizado por la agrupación civil anticorrupción "Manos Limpias", y varias otras organizaciones de la llamada sociedad civil, fue denominado "Etica y Legalidad de los Fondos Reservados". El proceso fue representado al modo de los estrados estadounidenses: un juez, el fiscal, un equipo de defensores y un jurado encargado de evaluar los argumentos de la parte acusadora y de la defensa, para emitir el veredicto. Como juez actuó el escritor y periodista Simón Espinosa. El fiscal fue el abogado Galo Chiriboga. La defensa no concurrió al juicio: se había invitado a Jorge Zavala Egas (un político próximo al vicepresidente Alberto Dahik), a Rodrigo Bucheli (para entonces abogado de Dahik) y a Freddy Bravo (diputado conservador estrechamente vinculado con el vicepresidente). Por ese motivo, Raúl Moscoso hizo de defensor de oficio. En calidad testigo de la parte acusadora actuó Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. 12

El fiscal admitió como válido el testimonio del coronel (r) Jorge Cevallos F., ex director nacional del Movilización del Consejo de Seguridad Nacional, con el cual se evidenció que cuando los gastos reservados están sometidos a las leyes y a los fines y objetivos lícitos que persigue un gobierno, "son éticos". "Un país requiere tener una estructura jurídica que le permita tener estos gastos de seguridad si se los utiliza para fines absolutamente éticos en función del bien común de toda la sociedad ecuatoriana y no de una parte de esta", según palabras del fiscal Galo Chiriboga. El Jurado estuvo conformado por personalidades de diversos ámbitos de la cultura, la economía y la política ecuatoriana, como el escritor Jorge Enrique Adoum, el vicealmirante (r) Raúl Jaramillo del Castillo, la periodista Luz Elena Coloma y la economista y profesora universitaria Zonia Palán, entre otros. Mientras ellos deliberaban a puerta cerrada, el público debatió en un foro abierto acerca de la crisis de corrupción que atraviesa el país. Fue en esas circunstancias que un ciudadano negro rechazó las declaraciones racistas de la Policía, e insistió en que "los casos Flores y Miel-Irandina, y gastos reservados, no los hemos cometido los negros". Madres de familia, trabajadores y profesores intervinieron y rechazaron una posible renuncia del vicepresidente Dahik para eludir el juicio político en el Congreso Nacional: a la sazón el Parlamento se alistaba para la audiencia del juicio político al vicepresidente. Finalmente, el Jurado leyó su veredicto: "El Estado es culpable de un manejo poco ético e ilegal de los fondos para los gastos reservados." Este hecho fue comentado por el diario "Hoy" así: "La sociedad se divide. La clase política en el Parlamento, la sociedad civil en un espacio cultural. En el juicio popular la gente tomó la justicia en sus manos -aunque sea de forma simbólica-". La dimensión escénica y teatral del juicio fue una expresión de la crisis institucional que vivía -y vive- el Ecuador como consecuencia de varios escándalos de corrupción y, especialmente, del relacionado con la presunta utilización dolosa de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República, al que, a nivel penal, se añaden otros posibles delitos.

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En una dimensión propiamente política, las irregularidades detectadas fueron juzgadas bajo los cargos de cohecho y grave ofensa al honor nacional: el 5 de octubre de 1995, sin embargo, aunque luzca paradójico, el Congreso Nacional absolvió al vicepresidente Alberto Dahik de tales acusaciones. Pero ya que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, sindicó el 11 de octubre al vicepresidente de la República como presunto autor de los delitos penales que dieron lugar al proceso, y dictó orden de prisión preventiva en su contra, Alberto Dahik renunció a su alta dignidad y fugó subrepticiamente del país, refugiándose en San José de Costa Rica, en donde tramitó con éxito un estatuto de refugiado político. El polémico Alberto Dahik Garzozi, guayaquileño de ascendencia árabe, es matemático y "master" en Economía, graduado en Princeton, EEUU. No tuvo éxito en la empresa privada pero sí en la vida política. Asesor económico de León Febres Cordero, fue en el gobierno socialcristiano de 1984-1988 presidente de la Junta Monetaria (febrero-junio de 1986) y ministro de Finanzas (junio-agosto de 1986), antes de cumplir 35 años de edad. Dahik -según lo reveló el ex presidente León Febres Cordero el 14 de julio de 1995- fue, luego de haber sido destituido, asesor del Gobierno socialcristiano (aun cuando ya estaba imposibilitado legalmente de serlo). "Se lo mantuvo a sueldo inclusive con gastos de los fondos reservados", precisó Febres Cordero quien, por añadidura comentó que, en una ocasión, como producto del juicio político del que Dahik fue objeto como ministro de Finanzas, "sufrió una crisis de nervios que lo llevó a llorar en mis hombros, por lo que fue trasladado a una clínica ayudado de altos oficiales militares, en una claro acto de cobardía". Autor de radicales medidas de ajuste económico, Alberto Dahik fue objeto de una de las interpelaciones parlamentarias más importantes de la década. Destituido, su prestigio se acrecentó a tal punto que en 1988 fue elegido diputado nacional por el Partido Conservador, al que se había afiliado en julio de 1987. Para 1992 estuvo ya enfrentado con León Febres Cordero y el Partido Social Cristiano, quienes lo califican de "terrorista económico". El Partido Conservador, en alianza con el Partido de Unidad Republicana (PUR), tomó el poder el 10 de agosto de 1992, luego de derrotar en las elecciones al socialcristiano Jaime Nebot:

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Sixto Durán Ballén asumió la Presidencia de la República; Alberto Dahik la Vicepresidencia. Antes de aquello Dahik tuvo notable éxito como diputado en el Congreso Nacional, lo que le permitió "conseguir" presidente para las elecciones de 1992. Según algunos analistas, Dahik buscó la presencia de Sixto Durán Ballén como una alternativa a la candidatura socialcristiana de Jaime Nebot, ya que por su escasa popularidad necesitaba alguien que portara la banda presidencial "en su nombre". Tuvo más poder que cualquier otro vicepresidente de la época republicana en el Ecuador. Cerebro del proceso de modernización y de privatizaciones, su gestión y capacidad económica es destacada por los analistas, incluso por los más críticos. Su "fundamentalismo" ideológico lo condujo, sin lugar a dudas, a concebir y desarrollar de una manera muy particular el ejercicio de la segunda más alta magistratura de la Nación.

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2. EL PEZ POR SU PROPIA BOCA MUERE Este delito de blancos, este penoso episodio de la historia política nacional -quizás el más vergonzoso de los últimos años- empezó a tomar la forma de un mayúsculo escándalo la tibia noche del 5 de junio de 1995 en la ciudad de Guayaquil, cuando el vicepresidente Alberto Dahik reveló a un selecto grupo de periodistas -entre los que se encontraba el editorialista y subdirector del diario "Expreso", Jorge Vivanco-, que ciertos diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia exigieron dinero al Gobierno para aprobar leyes y dictar fallos de interés gubernamental. La reunión, según lo reveló el periodista Jorge Vivanco, tuvo lugar en la sala de sesiones de la Junta Monetaria, en el Banco Central de Guayaquil, "una de las principales oficinas públicas del país". A ella asistieron, además del vicepresidente de la República y de Vivanco, Patricia Estupiñán de Burbano, editora general de la revista "Vistazo"; Nicolás Ulloa Figueroa, director del diario "Extra"; Carlos Pérez Perasso, directo de "El Universo"; Roberto Hanze Salem, director de "El Telégrafo"; Rafael Guerrero Valenzuela, director de la radioemisora CRE; Armando Romero Rodas, director de radio "Cristal"; Carlos Manzur, director de diario "El Meridiano"; Luis Hanna Musse, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER; Manuel Maldonado, editor de Noti 10, el noticiero de Canal 10 de TV y editorialista de diario "El Telégrafo"; Mario Valdez, de Radio "Caravana"; y Carlos Gil Loor. El asunto no tomó mayor gravitación en la opinión pública, hasta que los comentarios de Vivanco sobre las revelaciones vicepresidenciales trascendieron a otros medios. El diario "Hoy" dio la campanada el 4 de julio: "Borrasca política en torno a Dahik", tituló en la primera página. Las denuncias del vicepresidente Dahik, recogidas por Jorge Vivanco, eran las siguientes:

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1. Un bloque legislativo exigió 200 mil millones de sucres para ser canalizados por los organismos seccionales controlados por él y para realizar proselitismo político; 2. Deciséis diputados exigieron medio millón de dólares, cada uno, para aprobar la ley de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL); 3. Ministros de la Corte Suprema exigieron dinero para declarar constitucional una resolución que interesaba al Gobierno; y, 4. Se entregaron varios nombramientos en el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) y Petroecuador a cambio de apoyos legislativos. Inmediatamente el régimen se percató de dos peligros, pues la difusión de tales revelaciones obligaba al vicepresidente Alberto Dahik a confirmarlas o negarlas. Si las negaba, varios periodistas que estuvieron en la reunión junto a Jorge Vivanco podían confirmarlas contra la versión de Dahik; si las aceptaba, admitía implícitamente la participación del Gobierno en supuestos actos de cohecho. Entonces se abrió un periodo de silencio por parte del vicepresidente, al que se añadieron maniobras defensivas de funcionarios como Carlos Larreátegui Nardi, entonces secretario general de la Administración, y del ministro de Gobierno para esa fecha, Abraham Romero. Poco después, el 10 de julio, Jorge Vivanco precisó ante la Corte Suprema los términos de las denuncias formuladas por Alberto Dahik. Según Vivanco, el vicepresidente habría llegado a afirmar, inclusive, que se entregaron cinco nombramientos a funcionarios que "se dedicaron a robar desaforadamente". Esa misma fecha, los diputados opositores Santiago Bucaram (PRE), Oscar Célleri (PRE) y Juan José Castelló (MPD) iniciaron el trámite constitucional para llamar a Alberto Dahik a juicio político en el Parlamento. Y tres días más tarde, dos testigos de la conversación en la sala de sesiones de la Junta Monetaria, ratificaban lo afirmado por el subdirector de "Expreso". Ellos fueron Nicolás Ulloa, director de Diario "Extra", Carlos Armando Romero Rodas, director de radio "Cristal". Esto dio lugar a que el Gobierno, como tal, anunciara el apoyo al vicepresidente. Sin embargo ello no pudo impedir que, el 19 de julio, veinte diputados formalizan ante la Presidencia del Parlamento 17

un pedido de enjuiciamiento político a Dahik, bajo las acusaciones de cohecho y de atentado al honor nacional. Como respuesta, Sixto Durán Ballén lanzó una campaña contra la corrupción en las dependencias públicas, y ordenó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas personales de sus colaboradores, los ex presidentes y los ex vicepresidentes, mientras que Alberto Dahik admitía que el Gobierno cedió a presiones políticas "para no poner en peligro el sistema democrático", pero negando haber cometido cohecho. Pero el 15 de agosto de 1995, los diputados socialcristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia que dos secretarios de Alberto Dahik depositaron, en cuentas privadas, 1.100 millones de sucres en veintisiete días, y acusaron al vicepresidente de la República de manejo ilegal de fondos del Estado. Dahik replicó acusando a esos diputados de haber violado el sigilo bancario de las cuentas de gastos reservados de la Vicepresidencia en un banco privado. Y el 16 de agosto el presidente de la Corte Suprema de Justicia entonces Miguel Macías Hurtado- abrió el sumario del juicio penal contra Alberto Dahik y sus secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. La acusación: prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito. Luego de cinco días, el vicepresidente Dahik acudió al Congreso Nacional a explicar cómo la Vicepresidencia usó los fondos reservados, negándose así a comparecer ante la Corte Suprema, como lo había solicitado su presidente. En respuesta, Macías Hurtado dictó auto de prisión preventiva en contra de los secretarios de Dahik, que desaparecieron de inmediato. Poco después, el 29 de agosto de 1995, el propio Miguel Macías Hurtado fue censurado y destituido por el Congreso Nacional -por razones aparentemente lejanas al caso fondos reservados de la Vicepresidencia-. Su censura se produjo en el marco de un juicio político a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el fallo dentro de un juicio que mantenían el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el constructor Jorge Aguilar. El diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD), Juan José Castelló, acusó a Miguel Macías Hurtado, Jorge Fantoni 18

Camba y Alejandro Bermúdez Arturo, ministros jueces de la Sala de lo Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, de "haber incurrido y transgredido expresas disposiciones constitucionales y legales, perjudicando deliberadamente los intereses del IESS y contribuyendo, de esta manera, a desestabilizar económicamente a esta institución de los trabajadores, para así continuar en la campaña de desprestigio, orquestada con el objeto de pretender su privatización." Según el acusador, con el fallo judicial se pretendía que el IESS pagara aproximadamente 9 mil millones de sucres, "no obstante que la acción propuesta se encontraba prescrita". El presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, negó que la Legislatura pretendiera "descabezar" a la Corte Suprema de Justicia para favorecer al vicepresidente Alberto Dahik. Y, por fin, el Congreso, con una mayoría de cuarenta y ocho votos, censuró y destituyó a los acusados. Votaron por la censura los diputados del Movimiento Popular Democrático, Partido Roldosista Ecuatoriano, Partido Conservador, Izquierda Democrática, Democracia Popular, siete independientes, y el socialista Diego Delgado. Por la absolución de los magistrados votaron los diputados socialcristianos, los dos cefepistas y se abstuvo el ex conservador Rodrigo Suárez Morales.

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3. LOS GASTOS RESERVADOS A lo largo de la época republicana, y especialmente en los últimos gobiernos, los mandatarios han dispuesto de recursos del Estado que se los ha manejado en secreto, pues se estima que sirven para ejecutar acciones especificas que tienen que ver con la seguridad pública. Así se los ha venido entendiendo, y utilizando, conforme a un reglamento expedido en 1967. Tal documento especificaba que los fondos o gastos reservados son asignado en el Presupuesto General del Estado y su inversión es necesaria para el mantenimiento de la seguridad interior o exterior del Estado, y/o del orden público. Así, los funcionarios autorizados para disponer de estos fondos tenían la obligación de mantenerlos en una cuenta especial, en el Banco Central o en sus agencias, bajo la denominación de "Gastos Secretos o Reservados del Ministerio" tal o cual. El Reglamento advertía que para movilizar los fondos de esta cuenta, tan pronto hubiesen tomado posesión para el desempeño de su cargo, dichos funcionarios debían registrar sus firmas en la institución bancaria depositaria, sin que esta facultad pudiera ser delegada a persona alguna. En cuanto al control de esos gastos, era el contralor general del Estado quien tenía las atribuciones para adoptar las medidas necesarias destinadas a conseguir la identificación de quien suscribiría el o los documentos que respaldasen un egreso, o evacuar las pruebas conducentes a establecer la legitimidad del egreso. Sin embargo, el 19 de julio de 1984 Pedro Pinto, ministro de Finanzas en el Gobierno de Osvaldo Hurtado (DP), expidió una resolución que estableció una nueva definición de los gastos reservados.

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"Son gastos en que se incurre para asegurar la estabilidad del Estado o del Gobierno", decía la referida resolución. "Incluyen también los gastos que el presidente y vicepresidente de la República y el ministro de Gobierno ordenen cubrir con este rubro, así como el resto de ministros de Estado, previa autorización del contralor general del Estado". De modo que los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República se crearon en el mes de agosto de 1984, con el carácter de asignación permanente en el Presupuesto General del Estado. Aunque no se menciona expresamente en ninguna disposición legal, los fondos reservados para la Vicepresidencia constan en una partida del Presupuesto de la Vicepresidencia. Y seguían siendo restringidos a fines específicos de seguridad, hasta que el 10 de junio de 1993, ya bajo el Gobierno de Sixto Durán Ballén, otro ministro de Finanzas, Mario Ribadeneira, expidió el llamado "clasificador por objeto de gastos para el sector público" (COG), como parte de las Ley de Presupuestos. Lo hizo con conocimiento y previa autorización- del contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti. El COG es un instrumento contable que rige obligatoriamente en todas las entidades del sector público y busca actualizar los códigos, clasificaciones y la nomenclatura de los gastos según su objeto, para identificar el destino final de los recursos presupuestarios. En el anterior clasificador se tenía un renglón especial para los gastos reservados. Con el COG, esos gastos se incorporaron a la partida de "imprevistos", eliminándose su categoría de "rubro especial". Según explicó al autor de este informe uno de los técnicos que elaboró el sistema, el COG es un instrumento que sirve para fines de formulación presupuestaria, "pero los gastos reservados, durante su ejecución, son desagregados en conceptos específicos para dar mayor transparencia a la acción presupuestaria". Lo claro, según el técnico, es que el clasificador no tiene otro papel que el de nomenclator y codificador, lo que permite una mayor transparencia en el registro de las operaciones presupuestarias. También es evidente que, al momento de ejecutarse la formulación presupuestaria, se les otorga conceptos específicos, aunque estén dentro de la carpeta de imprevistos. Desde ese punto de vista, tienen que ser supervisados por el contralor general del Estado y el ministro de Finanzas. 21

Antes de la Ley de Presupuestos y de la vigencia del COG, los gastos reservados de ciertos ministerios de Estado estaban -como se ha dicho- en la categoría de imprevistos, con el carácter de circunstanciales y, en consecuencia, no incorporados en la programación presupuestaria. Incluían también los gastos que el presidente de la República o el ministro de Gobierno ordenaban cubrir con este rubro, así como el resto de ministros, previa autorización del contralor. Pero con el nuevo clasificador se trasladaron a la partida de erogaciones globales, con el criterio de que son gastos que por su naturaleza no son previsibles durante la formulación de los presupuestos. Y solamente pueden ser presupuestadas por el Ministerio de Finanzas. Es decir imprevistos, con un concepto mucha más amplio: "gastos amparados en las leyes vigentes, destinados a cubrir actividades y proyectos para gastos circunstanciales no susceptibles de programación durante la formulación del Presupuesto. Estos gastos se aplican en conceptos específicos durante la ejecución presupuestaria". Un punto de vista ilustrativo, de Andrés Vallejo, ex ministro de Gobierno de Rodrigo Borja, consta en los anexos de este informe. En medio del creciente escándalo que atrapó al ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, el contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti, explicó este tema del clasificador en una comparecencia pública televisada, el 29 de agosto de 1995, y en una entrevista en su despacho de la Contraloría, en Quito, con el autor de este informe, el 11 de septiembre de ese mismo año. Faidutti pretendió entregar toda la responsabilidad al Ministerio de Finanzas respecto a la autoría del COG pero, después, admitió haber puesto el visto bueno a esa ley: Faidutti había firmado un oficio con observaciones al sistema. El contralor insistió en que el nuevo clasificador amplió el horizonte de los gastos reservados y rebasó el concepto de seguridad interna y externa. Señaló, además, que él no había justificado los gastos imprevistos de la Vicepresidencia. Y mencionó que se debería dictar una nueva ley, que dividiera los gastos de seguridad interna y externa del país y los imprevistos. De cualquier manera, Faidutti se vio obligado realizar una serie de reformas al "obsoleto" reglamento de gastos reservados el 25 de noviembre de 1995. Se eliminó la disposición que permitía que la Vicepresidencia de la República maneje dichos gastos y quedó establecido que "los fondos asignados para gastos reservados o 22

secretos deberán mantenerse depositados en cuentas especiales y secretas del Banco Central del Ecuador o sus sucursales". Pero ya era tarde. Durante la audiencia del juicio político en su contra, los días 2 y 4 de octubre de 1995, el ex vicepresidente Alberto Dahik insistió en el nuevo carácter "amplio" que se dio a los gastos reservados, para lo cual recurrió al nuevo clasificador por objeto del gasto. De ese modo, Dahik afirmaba que no había cometido ningún delito sino, a lo sumo, ciertos "errores administrativos": se refería con ello a la apertura de cuentas en un banco privado (el Banco del Pacífico), a su nombre o el de sus secretarios, cuentas que se alimentaron con fondos reservados que los obtenía del Banco Central. Según el diario "Expreso", del 22 de febrero de 1996, los peritos designados por la Corte Suprema de Justicia para auditar los microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia y los documentos anexos, revelaron que Alberto Dahik y sus dos secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, mantuvieron siete cuentas en el Banco del Pacífico. En seis de las siete cuentas, Dahik y sus secretarios depositaron un total de 9 mil 281 millones de sucres; giraron 8 mil 798 millones de sucres. De la séptima cuenta salieron 75 mil 681 dólares, en cheques (189 millones 204 mil 450 sucres, al cambio de 2 mil 500 sucres por dólar). Gladys Merchán se desempeñaba de secretaria de la Vicepresidencia de la República. Según diversas publicaciones, ella fue asesora particular de Alberto Dahik desde antes de que Dahik se iniciara en la política. Henry Raad ("El Telégrafo", 31 de agosto de 1995) reveló que ella -que había sido secretaria del diario "El Universo"-, seguía recibiendo sueldo de esa empresa periodística para actuar de secretaria en la Vicepresidencia, donde manejaba todos los asuntos o negocios políticos que tenía Alberto Dahik. Merchán conocía también todos los asuntos privados y bancarios del ex vicepresidente. A la vez, mantenía una estrecha relación con la familia Dahik. Juan Mario Crespo Burgos, especializado en Administración de Empresas, actuó como secretario particular de Alberto Dahik. Conforme a diversas informaciones, su vinculación con el ex vicepresidente se inició cuando Crespo era secretario de Francisco Swett, ex ministro de Finanzas del Gobierno socialcristiano de León Febres Cordero. Cuando Dahik asumió el Ministerio de Finanzas, en junio de 1986, Juan Mario Crespo quedó como legado de Swett para el nuevo ministro. Desde esa época acompañó al ex 23

vicepresidente. Manejaba su agenda personal. Diseñaba cada día de Dahik, minuto a minuto. Determinaba todas sus citas y actividades.

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4. LA HISTORIA DE RADIO DEMOCRACIA El 24 de agosto de 1995, cuando se profundizaban las indagaciones en torno a los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, el conocido radiodifusor Gonzalo Rosero -propietario de Radio Democracia, que emite su señal desde Quito- denunció que el ex canciller de la República del Gobierno de Sixto Durán Ballén, Diego Paredes Peña, negoció la compra de su radioemisora con fondos que él, Rosero, presumía que provinieron de gastos reservados del Estado. Fue por esta presunción, según él lo admitió, que decidió hacer público el asunto. El 25 de agosto, el diario "Hoy" registró el siguiente testimonio de Rosero: "Para salvaguardar mi honor hago conocer al magistrado mi preocupación por el origen de los fondos de un cheque girado a mi favor por Gladys Merchán. Me anticipo a las indagaciones que hagan las autoridades de justicia a las cuentas de la Vicepresidencia". Según se conocería más tarde, el 2 de agosto de 1995 el ex canciller Paredes comunicó a Gonzalo Rosero que desechaba el negocio. ¿Se veía venir el escándalo? La denuncia de "cheques calientes" de las cuentas de la Vicepresidencia la hicieron los diputados socialcristianos el 16 de agosto de 1995, catorce días después de que Paredes abortó la compra de la radioemisora. Diego Paredes Peña es un diplomático quiteño de carrera que, siendo un personaje irrelevante de la derecha política, se había desempeñado como subsecretario de Relaciones Exteriores en el Gobierno de León Febres Cordero. También fue embajador del Ecuador ante la Comunidad Económica Europea. Durante el gobierno de Rodrigo Borja fue embajador en Guatemala. Paredes se incorporó al grupo íntimo de Sixto Durán Ballén un año antes de las elecciones presidenciales de 1992. Fue un activo propulsor del llamado Partido de Unidad Republicana (PUR), tienda 25

política bajo cuyas banderas llegó el ex socialcristiano Sixto Durán Ballén a la Presidencia de la República. Integró el comité que se llamó el Grupo de los Nueve, que dirigía Mauricio Gándara. Luego fue director de campaña electoral en la Sierra de Sixto Durán Ballén y, tras la expulsión de Gándara, director del PUR. Un hermano suyo está casado con Susana Durán Ballén Villalobos, una de las hijas de Durán Ballén. Desde el 10 de agosto de 1992, Diego Paredes fue integrante del gabinete presidencial, ni más ni menos que en calidad de ministro de Relaciones Exteriores. Dos años después, el 30 de septiembre de 1994, el Congreso Nacional lo censuró en un juicio político. Los interpelantes fueron Mauricio Gándara (ex FRA y ex PUR) y Rafael Cuesta (PSC). Entonces, desde el Gobierno se sostuvo que el proceso respondía a "venganzas personales", pues había el antecedente de que Rafael Cuesta recibió presiones para que renunciara a su cargo, cuando era periodista en Gamavisión, luego de una entrevista con el ex canciller; y Gándara -uno de los fundadores del PUR- fue desplazado por Diego Paredes de la Presidencia de ese partido. La censura se produjo después de trece horas de sesión en el Congreso. El Gobierno no pudo impedirlo, aun cuando alcanzó una alianza con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y buscó por todos los medios que Paredes no fuese destituido, pero la sanción se produjo con cuarenta y dos votos a favor de la moción de censura. Los argumentos para procesarlo fueron que Paredes tenía impedimentos legales para asumir el cargo de canciller, por un documento -presentado por Rafael Cuesta- en que constaba como deudor del fisco; se le acusó de "sospechosa" actuación en el arreglo de la devolución de un terreno fronterizo que estaba en manos peruanas; se aseguró que boicoteó la candidatura del ex presidente de la República, Rodrigo Borja, a la Secretaría General de la OEA; también de "política deficiente en la Cancillería" -sin más explicaciones-; y de la compra e internación ilícita al país de un vehículo de lujo, para su uso personal, cuando Paredes era embajador en Guatemala. También se presentaron acusaciones en contra de Paredes por su vinculación con las financieras NAFINSA Y FINANSA, que estafaron 18 mil millones de sucres a sus ahorristas, "sin considerar la cuantiosa cifra en dólares con la que fueron embaucados 26

aquellos ecuatorianos ingenuos que a través de FINANSA depositaron en Financiera del Centro de Panamá los ahorros de toda su vida, los ahorristas que fueron engañados por la campaña publicitaria de ECADFIN y NAFINSA y las entidades estatales que adquirieron inexplicablemente certificados financieros cuando FINANSA se hallaba en estado de coma", conforme lo afirma María Albán Estrada en su libro "Las financieras. El atraco del siglo". Luego de haber sido censurado y, por tanto, imposibilitado de ejercer algún cargo público, este hombre de confianza del presidente Durán Ballén mantuvo una oficina en la Presidencia de la República, como discreto asesor político del primer mandatario, invitado permanente a las cenas de Palacio. Desde allí, según se puede presumir, planificó la compra de Radio Democracia con gastos reservados, quizás para usarla como instrumento de la política de difusión del Gobierno, posiblemente en la campaña electoral de 1996. La denuncia del radiodifusor Gonzalo Rosero tuvo repercusión en el Congreso Nacional, donde el diputado Heinz Moeller (PSC) la hizo pública ese mismo 24 de agosto. Según testificó ante Fernando Casares, fiscal general de la Nación, Gonzalo Rosero había convenido con Paredes un anticipo de 50 mil dólares "previo a la suscripción de un compromiso de compra-venta notariado y la entrega de alícuotas mensuales de 25 mil dólares cada una, hasta la cancelación definitiva". Aunque las negociaciones del ex canciller empezaron en enero de 1995, el 27 de abril Rosero recibió la primera parte del anticipo, 66 millones 100 mil sucres, equivalente a 25 mil dólares a la cotización de esa fecha. El cheque, firmado y entregado por la secretaria de Alberto Dahik, Gladys Merchán, provenía de la cuenta vicepresidencial en el Banco del Pacífico: luego se llegaría a establecer que el referido cheque era de la cuenta No. 2598377, calificada por el propio vicepresidente Alberto Dahik como cuenta de gastos reservados. De acuerdo a lo manifestado por el radiodifusor, el ex canciller Paredes le informó -ese 27 de abril de 1995- que "en los próximos ocho días se entregarían otros 25 mil dólares en el propósito de suscribir y notarizar el compromiso". Sin embargo, en los tres meses subsiguientes no se concretó ninguna otra entrega. Y el 2 de agosto Diego Paredes descartó el negocio: todo conduce a pensar que lo hizo porque el escándalo en torno a los gastos secretos de Alberto Dahik sacaba del control del 27

vicepresidente y sus más cercanos colaboradores el manejo secreto de esos fondos. Nada de esto se pudiera registrar en este informe si no fuese porque, curiosamente, los 25 mil dólares del primer cheque quedaron en manos de Gonzalo Rosero, "como una reposición de los daños y perjuicios causados" al abortar la negociación. A día siguiente de que el asunto se hizo público, es decir el 25 de agosto de 1995, Diego Paredes negó haber intervenido en negociación alguna con el propósito de adquirir Radio Democracia con dineros provenientes de fondos reservados. Y emplazó al diputado socialcristiano, Heinz Moeller, a que demostrara documentadamente sus afirmaciones. Inclusive el ex canciller Paredes pidió ser sindicado en el proceso penal por el presidente de la Corte Suprema y por el fiscal, con el propósito de presentarse a declarar en la etapa sumarial del juicio. Dijo, además, que las afirmaciones del propietario de Radio Democracia no tenían fundamento alguno. Las acciones legales anunciadas por Paredes para defender su honorabilidad "hasta las últimas consecuencias" únicamente fueron dirigidas en contra de Moeller, pero no incluyeron al director de la emisora, Gonzalo Rosero, a quien calificó de "buen amigo" suyo. En días posteriores, los abogados de Paredes procuraron demostrar que el cheque entregado a Gonzalo Rosero correspondía a pagos por servicios prestados durante el conflicto bélico entre Ecuador y Perú. Luego, el 24 de agosto, Diego Paredes testificó ante la Corte Suprema de Justicia y rechazó la versión de una negociación de la radiodifusora con fondos del Estado. Durante el desenvolvimiento del sumario, el 6 de septiembre, Gonzalo Rosero testificó ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El periodista nombró a varios testigos que podían rendir testimonio sobre la frustrada compra de su emisora por parte del ex canciller, y sobre las conversaciones que mantuvo con él con ese motivo. Según Rosero, el principal testigo era el abogado Julián Trueba, funcionario la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. Trueba había redactado la minuta de compra-venta de la radio y fue la persona encargada de recolectar todos los documentos para la transacción. El otro testigo citado por Rosero fue Judith Ramírez, secretaria de los asesores de la Presidencia. Según el denunciante,

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Ramírez incluso conversó con la esposa de Rosero y sus tres hijos sobre los trámites de la venta de la radioemisora. Asimismo, Rosero puso como testigo a Alberto Rivadeneira, técnico de varias radios, quien hizo un informe junto con otro técnico delegado por Paredes (cuyo nombre no recordó) de las instalaciones de la radio. Rosero desvirtuó las afirmaciones de los defensores de Paredes, que afirmaron que a aquél se le pagó por trabajos cumplidos durante el conflicto bélico: la prueba de descargo fue que su emisora no estuvo en el aire durante el conflicto, por lo que rechazó que hubiera podido cumplir cualquier trabajo durante esa circunstancia. También exhibió la minuta del contrato de compra-venta que no se llegó a firmar porque Paredes desistió de la negociación, y porque Juan Mario Crespo y Gladys Merchán -secretarios del vicepresidente Alberto Dahik- desaparecieron. Los testigos mencionados por Rosero, los periodistas Pilar Núñez y Rubén Darío Buitrón -funcionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (SENACOM)- confirmaron que vieron dialogando a Gonzalo Rosero y Diego Paredes en la Vicepresidencia de la República. Eso también lo ratificó el ex secretario de Comunicación del Estado, Enrique Proaño. Con esos antecedentes, el 20 de septiembre, Carlos Solórzano, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, dictó orden de prisión preventiva en contra de Diego Paredes. Esa misma fecha Carlos Julián Trueba ratificó lo que había dicho doce días antes, que redactó el proyecto de minuta compra-venta de Radio Democracia. Al día siguiente, el 21 de septiembre de 1995, Diego Paredes también desapareció.

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5. EL JUICIO EN EL CONGRESO El mes de septiembre de 1995 se le abrió al vicepresidente de la República, Alberto Dahik, con un desafío doble: las amenazas de un juicio político con la intención de destituirlo, por un lado, y el desarrollo del proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, por otro. En esos días ya Miguel Macías había sido relevado en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por Carlos Solórzano Constantine. Solórzano es un abogado manabita (1939) que vivió en Guayaquil desde los dos años de edad. Tiene fama de hombre duro -según una crónica del 1º de enero de 1996 aparecida en "Hoy", publicación que designó "el hombre del año" 1995, luego de una encuesta interna entre 50 periodistas y editorialistas- y durante el sumario del juicio penal contra Dahik se ha demostrado absolutamente parco: "hablo a través de providencias", lo ha repetido una y otra vez. Es un apasionado por lo que él llama "el cumplimiento del deber". Abrumado por los reconocimientos que ha recibido por su insospechada lucha contra la corrupción, ha dicho que "lo que ocurre es que en el Ecuador muy pocas personas cumplen con su deber y cuando alguien lo hace parece algo de otro mundo". Fue compañero de estudios de Derecho -Universidad de Guayaquil- del ex presidente de la República Jaime Roldós (19791981), embajador en Italia durante ese Gobierno. También gerente regional del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (1988-1989), y por 25 años profesor universitario. Fue designado ministro juez de la Corte Suprema de Justicia en 1991. En septiembre de 1995 el Gobierno de la alianza PUR-Partido Conservador pretendió entrampar en sus propios argumentos a la oposición: el juicio político contra el vicepresidente -según los abogados de Dahik- sólo podía tener sustento previa una sentencia 30

judicial que culpabilizara al segundo mandatario de cohecho. Ellos consideraba que no tenían sustento las otras dos causales de enjuiciamiento político del vicepresidente Dahik por el presunto mal uso de los gastos reservados: atentado al honor nacional y traición a la Patria. A la vez, argumentaban que el proceso penal tenía inspiración política y que adolecía de errores jurídicos de fondo. Es decir, como lo haría notar posteriormente uno de sus acusadores, el diputado Xavier Neira (PSC), Alberto Dahik primero pretendió tachar de incompetente al Congreso para juzgarlo, aduciendo que el cohecho tenía que ser previamente establecido por medio de una sentencia penal. Luego, cuando el juez Macías lo procesó penalmente, dijo que su juez natural era el Congreso. Y cuando compareció al juicio político declaró -y consta en actas- que ni el Congreso ni la Corte eran competentes puesto que su único y privativo juez era el contralor del Estado, ante quien ya había rendido cuentas, éstas habían sido aprobadas, y los comprobantes incinerados, por supuesto. Pero el 8 de septiembre el abogado Carlos Julián Trueba, ex asesor de la Presidencia de la República, admitió públicamente que redactó la minuta de la fallida compra de radio "Democracia" por parte del ex canciller Diego Paredes -lo que ratificó las versiones de Gonzalo Rosero y puso en una situación insostenible al ex canciller. Esto condujo a que Solórzano pidiera la prisión del ex canciller quien, ni corto ni perezoso, se dio a la fuga. Luego, el 27 de septiembre, considerando que Ricardo Muñoz Chávez, el superintendente de Bancos, obstruía la acción de la justicia por no facilitar el acceso a los cheques de los gastos reservados, el presidente de la Corte Suprema dictó orden de prisión preventiva en contra de aquél. Ante esa situación Muñoz Chávez renunció a su cargo y se refugió en una clínica de Cuenca -su ciudad natal- para evitar la prisión en un centro penitenciario común. Desde su aséptico refugio, Muñoz Chávez argumentó su rechazo a la decisión del juez y dijo que "no se ha encontrado todavía delito alguno contra el vicepresidente de la República Alberto Dahik", y que el presunto mal manejo de fondos reservados "solo se trata, hasta ahora, de fallas administrativas menores, que no constituyen delito alguno, por lo que no entiende y le causa sorpresa el verse sindicado en esta causa". Muñoz dijo que él sí colaboró con la justicia, "pues en la Superintendencia de Bancos se revisó más de 15 millones de documentos, y se seleccionó únicamente lo que se necesitaba, labor 31

que hubiera demorado años a la Corte Suprema, y que solo con la ayuda de los Bancos Central y del Pacífico, se pudo entregar al juez Solórzano lo que éste pidió. Fácil hubiera sido hacer lo que me aconsejaban muchos, que entregue todos los documentos y me olvide del problema, pero no, eso demuestra mi ímproba actuación y mi afán de colaborar, no de obstruir a la justicia", declaró. Muñoz, sin embargo, anotó que había ordenado que los microfilmes fuesen depositados en las bóvedas del Banco Central a nombre de la Contraloría General del Estado, y no de la Corte Suprema, y que había entregado al contralor la clave de la bóveda del Banco Central donde se guardaron los microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia. Se quejó de que la Contraloría no le había proporcionado la ayuda adecuada. Meses más tarde, en una comparecencia ante el juez (el 19 de diciembre) Ricardo Muñoz Chávez ratificó que le insinuaron y sugirieron cortar, destruir e incinerar los microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, antes de depositarlos en las bóvedas del Banco Central. Pero no precisó los nombres de las personas que le hicieron esa sugerencia. Mientras esto sucedía en el ámbito jurisdiccional, en el Congreso cuarenta y dos legisladores suscribieron la moción de censura y destitución de Dahik y, enseguida, el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, citó a juicio político al vicepresidente para la tarde del 2 de octubre. En esas circunstancias, el presidente de la República intentó recurrir a un viejo artificio que, en otras ocasiones y en otros gobiernos, permitió superar los conflictos políticos graves: la reunión de "notables". Pero a Durán Ballén no le dio resultado. Una prolongada reunión en el Palacio de Gobierno, el 28 de septiembre, entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso Nacional, los jefes de las FFAA y los jerarcas de la Iglesia Católica no pudieron torcer el curso de los acontecimientos. En una maniobra desesperada, Dahik intentó infructuosamente que el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), el mismo que el propio Gobierno había cuestionado en otras oportunidades, evitara el desarrollo del juicio penal, argumentando la inconstitucionalidad. Y, en una polémica decisión, la noche del 29 de septiembre, tres días antes de que Dahik compareciera a juicio político al Congreso, haciendo uso de un enlace nacional de televisión, el presidente

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Sixto Durán Ballén solicitó la renuncia del vicepresidente Alberto Dahik "para que el país recupere la tranquilidad".

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6. DE ACUSADO A ACUSADOR Una carga de rumores y tensiones antecedieron al juicio político de Alberto Dahik. En los últimos días de septiembre el escándalo se tornó insostenible: la Policía se tomó las instalaciones del Banco Central para impedir que el presidente de la Corte Suprema de Justicia revisara los microfilmes de las cuentas reservadas; manos fantasmas secuestraron un vehículo de Carlos Solórzano; en el Congreso se cocinaban las posibilidades de que el vicepresidente fuese absuelto de los cargos en su contra o depuesto del cargo. Bueno, eso de "fantasmas" es un decir. El 29 de septiembre los vehículos del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados Carlos Julio Arosemena y Raúl Coronel, fueron retirados de circulación y llevados a los patios de la Contraloría, por orden del contralor Juan Carlos Faidutti, según lo confesó un funcionario que no quiso identificarse ante los periodistas. El contralor, en apariencia inocente del incidente, explicó que el operativo se hizo para sacar de circulación automóviles oficiales "que no cumplían con las disposiciones vigentes" (la nota de prensa no explicó cuáles). "Vamos a ver si me detienen a mí", dijo Solórzano al ocupar el vehículo a su servicio y ordenar al chofer conducirlo fuera de la Contraloría. El incidente no pasó de lo anecdótico, aun cuando tuvo el mismo sello autoritario de los piquetes de Policía que ocuparon "por órdenes superiores"- las bóvedas del Banco Central, donde estaban los microfilmes de los cheques de los gastos reservados de la Vicepresidencia. En esos días se empezaban a sentir con más rudeza las consecuencias de una recesión económica que afectó al sector financiero e industrial del país. La crisis energética por la escasez de lluvias en la central hidroeléctrica más importante del Ecuador y el impacto del conflicto territorial con el Perú a inicios de año, reflejado 34

en tasas de interés bancarias inaccesibles para buena parte de los sectores productivos, llevaba a la quiebra a dos mil empresas de la mediana y pequeña industria. Sin embargo, el ambiente noticioso tenía su escenario predilecto en la política. El país entero volvió la vista al Palacio Legislativo, lugar donde Alberto Dahik debía comparecer el lunes 2 de octubre y responder a la petición del presidente por su renuncia. El Partido Social Cristiano (PSC), que había sido su padrino nueve años antes, ahora lo llevaba al banquillo. La noche del 2 de octubre su exposición podría resumirse como una arremetida valiente, inusitadamente frontal, en contra de León Febres Cordero -ex presidente de la República por el Partido Social Cristiano y alcalde de Guayaquil a la fecha del juicio-, y sus más cercanos colaboradores. Jugó todas sus cartas para tomar la calidad de acusador del Partido Social Cristiano, en lugar de la calidad de acusado. Tras una primera parte destinada a defenderse de la acusación de cohecho, Dahik entró a acusar al ex presidente León Febres Cordero y a sus colaboradores por la corrupción de su gobierno. Exigió que la esposa de Joffre Torbay abriese tres cuentas con depósitos de millones de dólares en Miami. Luego reveló documentos de los que se deduce que se depositó una comisión de 447.533 dólares por la compra de medicamentos a la empresa MEDICORP de Hungría, previa la autorización decretada por Febres Cordero para que se comprasen medicamentos por 11 millones 164 mil 95 dólares. "Todo esto ocurrió nueve días antes de que se eligiera a un nuevo presidente del Congreso", recordó. Insistió en que es un perseguido político en razón de haber pedido que se investigaran las cuentas de Febres Cordero en el exterior. "Todos los ex presidentes están dispuestos a abrir sus cuentas menos Febres Cordero. Todos declararon sus bienes al entrar y salir del poder, menos Febres Cordero", insistió. Dahik también acusó a León Febres Cordero de haber casi duplicado su patrimonio -solo en La Florida- en los cuatro años de su Gobierno. Presentó una larga lista de empresas inmobiliarias y cuentas bancarias de Febres Cordero en La Florida, sobre las cuales se pidió información en un juicio que Febres Cordero tuvo con el Banco de Bilbao. "Sin embargo el ex presidente -aseguró Dahik- se opuso a la entrega de esa información". Tampoco -dijo- presentó el

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pago de impuesto a la renta sobre ese patrimonio. "¿Si no tiene nada que ocultar por qué no abre esas cuentas?", preguntó. Luego se refirió a Miguel Orellana, secretario privado de Febres Cordero durante su Gobierno. "En 1987 compró en Miami un departamento en 140 mil dólares. Y luego se compró una casa en un millón 200 mil dólares". Además, apuntó: "Queda demostrado que la cifra de seis millones de dólares (aceptada por Febres Cordero como su patrimonio) no es cierta". Al terminar la parte de su exposición dedicada a denunciar a los socialcristianos, juró por Dios, con la mano sobre la Biblia, que accidentalmente fue testigo de una llamada (se supone que de Febres Cordero) al entonces gobernante panameño Manuel Noriega, en que le manifestaba que le enviaba un emisario y que "lo que él le pida será como si lo pido yo". En algún momento dijo temer por su vida y la de sus hijos por denunciar lo que estaba denunciando. En la última parte de su intervención, el ex vicepresidente de la República se refirió someramente al manejo que hizo de los gastos reservados y dedicó buena parte de su tiempoa algunas disquisiciones políticas, éticas y personales que, a momentos, según las notas de prensa, "adquirieron un tono patético". Al hablar sobre los gastos reservados, dijo que se han cometido, por parte de sus detractores, abusos y violaciones contra los derechos de las personas y del sigilo bancario, aunque al respecto no aportó nuevos elementos distintos de aquellos que anteriormente había esgrimido. Argumentó que no ha habido transferencias de una cuenta a otra de las abiertas en el Banco del Pacífico. "Esas cuentas no se han utilizado en beneficio personal ni para obtener créditos en otros bancos". Además expresó que, tras las revelaciones contra Febres Cordero y el Partido Social Cristiano, teme por su vida, la de su mujer y la de sus hijos. Se declaró perseguido, aunque reafirmó su convicción de que "era necesario" decirle al país lo que le había dicho. Reveló también que durante el último conflicto con el Perú, en una reunión en el Palacio presidencial se explicó a los legisladores la verdad sobre el costo de la guerra: "ellos aceptaron las cifras y el tamaño de la brecha fiscal", subrayó. Sin embargo, para que el informe sobre la brecha se aprobara, algunos legisladores exigieron

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nuevas partidas, reveló Dahik. "Ni la sangre del Cenepa sirvió para que no nos chantajearan", dijo en tono dramático. Luego manifestó que no se puede seguir con un sistema político como el actual y terminó diciendo que él no guarda odio en su corazón, "aunque es inconcebible que él sea una víctima expiatoria de ese sistema". Dahik también reveló que el Partido Social Cristiano pactó con el gobierno a cambio de partidas presupuestarias y cargos en las comisiones del Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo Electoral y en el Tribunal de Garantías Constitucionales. A cambio, la administración podría contar con el apoyo del Partido Social Cristiano, el bloque legislativo con mayor número de diputados para llevar a cabo sus proyectos. La exposición de Dahik fue calificada de contundente por diversos sectores de la opinión pública. Sorprendió por las denuncias. Provocó la ira del ex presidente Febres Cordero, quien lo llamó cobarde y cínico. En declaraciones televisivas hechas a Gamavisión, la misma noche del juicio, León Febres afirmó: "He concluido que Alberto Dahik o es un cómplice o es un cobarde, porque se quedó callado. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de escuchar a un tipo de tal cinismo". Apenas cumplida la primera jornada del juicio político en contra del vicepresidente de la República, la suerte del acusado estaba echada. Dahik sería absuelto, no por su extraordinaria capacidad histriónica y verbal demostrada en el banquillo, tampoco por la contundencia de sus testimonios. Simplemente se había confirmado el respaldo del Partido Roldosista Ecuatoriano, que su líder, Abdalá Bucaram, había anunciado con antelación, mas los votos de los diputados independientes. Sin el apoyo de esos dos bloques, que contenían nueve votos roldosistas y trece independientes -aunque al final de la contienda solo serían once- y los ocho del Partido Conservador -que dirige Alberto Dahik- no era posible alcanzar la suma de votos indispensables para censurarlo (cincuenta y dos). Sin embargo, los interpelantes dieron rienda suelta a sus acusaciones a partir de las 17h50 del martes 3 de octubre. Fueron seis diputados acusadores. Podemos decir que se trató de tres legisladores socialcristianos, dos candidatos a la Presidencia y el hermano de otro "presidenciable". 37

En la segunda jornada del juicio político intervinieron los tres primeros: Juan José Castelló, del Movimiento Popular Democrático y luego candidato a la Presidencia de la República; Frank Vargas Pazzos, también candidato a la primera magistratura de país por el APRE; y, Santiago Bucaram, hermano de Abdalá Bucaram y dirigente del PRE, agrupación política que finalmente apoyó a Dahik. Castelló denunció que el ex vicepresidente cayó en cohecho para ejercer el poder. Hizo extensiva su acusación contra Sixto Durán Ballén y pidió al Congreso iniciar un juicio político en su contra. Hizo también acusaciones en contra de los líderes socialcristianos, para quienes pidió investigaciones de sus cuentas bancarias. Por su parte, Vargas Pazzos presentó 33 "pruebas" de la culpabilidad de Dahik, de índole más bien administrativa y fundamentadas en un informe de Contraloría. Entre ellas se destacan partidas presupuestarias entregadas a municipios presididos por socialcristianos, las declaraciones del periodista Jorge Vivanco ante la Corte Suprema, pagos indebidos, acusaciones contra los secretarios de Dahik por el manejo de fondos reservados. En tanto, Santiago Bucaram fue concordante con la posición de apoyo al ex vicepresidente, asumida por el líder de su partido, Abdalá Bucaram. Sostuvo que primero debió darse el juicio penal, que estableciera la culpabilidad de Dahik, para luego dar paso al enjuiciamiento político. A día siguiente tomaron la posta aquellos catalogados de interpelantes "fuertes". Fueron los diputados socialcristianos Xavier Neira, Rafael Cuesta y Marco Flores. Sus acusaciones se dirigieron a responsabilizar a Alberto Dahik de diversos delitos. Cuesta denunció que el vicepresidente Alberto Dahik posee una cuenta cifrada en un banco de Ginebra (Prive de Rothchild), la cual dijo- es manejada por el señor Pietro Solari. Dijo Cuesta que a dicha cuenta no se hacen transferencias directas sino por medio del Banco Lambert, de Bruselas. Pidió que Dahik dé el número de esa cuenta y exigió que la abriera. Además, solicitó que algunos de los amigos más íntimos del segundo mandatario abrieran las cuentas que tienen en el país o en el extranjero. "Si ellos no son testaferros no tienen nada que temer", dijo Cuesta y citó los nombres de Carlos Gil, Gladys Merchán, Jorge Carrillo, Roberto Gómez, Luis Rueda, Mario Elgarresta, Franklin Maldonado,

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Diego Paredes, Hernán Benítez, José Vicente Maldonado, Ana Lucía Armijos, Mario Ribadeneira, Jacinto Jijón y Hernán Pérez. En otra parte de su intervención, Cuesta señaló que Dahik es socio de Matricsa, empresa encargada de fabricar losetas de hormigón, creada con el objeto de ganar una licitación para la construcción del terminal terrestre de Guayaquil. Matricsa -dijo Cuesta- estafó a la ciudadanía porque la deficiente construcción de las losetas produjo que el terminal esté en trance de destrucción. Expresó que el país no ha conocido este hecho hasta el momento, "porque el socio de Dahik en esa empresa es el dueño del diario 'El Universo', Carlos Pérez". Cuesta se refirió también al patrimonio declarado por el vicepresidente, que asciende a 600 mil dólares. Su vida de funcionario público -dijo- merece que explique de dónde proviene esa fortuna que, además, aseguró que es mayor. El diputado también señaló que Dahik dispuso que durante el conflicto bélico del Alto Cenepa (enero-febrero de 1995), se pagaran 100 millones de dólares de intereses de la deuda externa y que, además, se hizo entregar 4,5 millones de dólares de fondos reservados, que "no se gastaron en la defensa nacional". Por su parte, Xavier Neira ocupó su tiempo en desmentir un cogobierno entre Sixto Durán Ballén y el Partido Social Cristiano. En cuanto a las denuncias vertidas por Dahik, Neira aseveró que el contrato entre el Ministerio de Salud y MEDICORP no se ejecutó durante el régimen de Febres Cordero, y que "por tanto no hay razón para hablar de una comisión pagada por dicho contrato". Desmintió también que la empresa Caribe National Rialty pertenezca a Febres Cordero. Señaló también que el Partido Social Cristiano solicitó abolir los gastos reservados y la facultad del Congreso para designar a los jueces. También comparó el volumen de 19 mil millones de sucres de gastos reservados del vicepresidente Dahik, con un volumen de 329 millones de sucres de gastos reservados ejecutados durante el régimen de Febres Cordero. Neira denunció que mientras el Ministerio de Finanzas entregó a la Vicepresidencia de la República 19 mil millones de sucres para gastos reservados, apenas 8 mil millones fueron transferidos a las dos cuentas de gastos reservados del Banco del Pacífico. "¿Qué ocurrió con el faltante de 11 mil millones de sucres?", se preguntó el diputado.

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Sin embargo, la participación de los interpelantes fue, a voz de muchos analistas, poco menos que la sombra del discurso del vicepresidente. La capacidad argumental de Dahik resaltó en los días de juicio político y mantuvo a la opinión pública en expectación. Los resultados, registrados por una encuestadora nacional, destacaban que 66 por ciento de la población calificaba las declaraciones del ex vicepresidente de buenas o muy buenas, aunque 78 por ciento de los encuestados pedía su renuncia y 63 por ciento su destitución. En los primeros tres días de juicio político se registró uno de los mayores "ranking" de sintonía televisiva. Cerca de 85 por ciento de hogares en Quito y Guayaquil tuvo encendido su televisor en la primer jornada del suceso. Con el paso de los días el interés fue bajando. En la contrarréplica Dahik presentó una larga lista de denuncias de inmoralidades y arbitrariedades que cometió el gabinete febrescorderista en su gobierno. Sus declaraciones siguieron la misma tónica con la que se presentó dos días antes, al inicio del juicio. A las 07h30 del viernes 6, luego de las discusiones de rigor, que tardaron más de cuarenta y ocho horas, el Congreso concluyó la votación de la moción de censura y destitución del vicepresidente de la República. El resultado no sorprendió a nadie. La acusación de cohecho político y de lesión a la dignidad nacional, levantada contra el vicepresidente de la República por socialcristianos, bucaramistas, emepedistas y apreístas, no pudo ser sostenida con la misma fuerza de los argumentos del acusado. El PRE pagó el favor que recibió del Gobierno y de los diputados oficialistas, qlos que días antes ayudaron a los roldosistas a decapitar al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Macías Hurtando, quien mantenía vivo un juicio en contra de la hermana de Abdalá Bucaram, Elsa, ex alcaldesa de Guayaquil quien, así, se salvó de una acusación de peculado en la compra de carros recolectores de basura cuando ocupó la Alcaldía. El resultado final de las votaciones se compuso de nueve votos del bucaramismo -ocho abstenciones (entre los que estaban los votos de la Democracia Popular) y uno en contra de la moción de censura-, once de los trece independientes y ocho del Partido Conservador, por la absolución del vicepresidente.

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Veintiún votos del Partido Social Cristiano, ocho del MPD, cinco de la Izquierda Democrática, dos del APRE, uno de los socialistas, uno del Frente Radical Alfarista y un independiente, sumaron los treinta y nueve votos, que estuvieron muy lejos de los cincuenta y dos necesarios para la censura, conforme lo dispone la Constitución. Cuatro diputados se ausentaron. A dos de ellos, de la ID, se los acusó de haber recibido 200 millones de sucres por cabeza para que no asistieran a la sesión. La ID los expulsó de sus filas. Dahik salvó el cuello, pero por muy poco tiempo. Cinco días después fugaría del país en un avión de su propiedad, porque ya había caído en las redes del juicio penal.

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7. INTERMEDIO PATETICO Las cuentas del precandidato presidencial independiente, que luego confirmaría su candidatura, Ricardo Noboa Bejarano, fueron sometidas a investigación en el mes de noviembre por el juez del proceso penal contra Dahik, quien procesó, así, la denuncia de que la campaña del referido candidato había recibido fondos reservados de la Vicepresidencia. Mientras, el contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti, decidió realizar una serie de reformas al "obsoleto" reglamento de gastos reservados. Como ya se mencionó, uno de los principales cambios fue eliminar la disposición de que la Vicepresidencia de la República manejara dichos gastos. En las reformas se anotó -porque ya era inevitableque "los fondos asignados para gastos reservados o secretos deberán mantenerse depositados en cuentas especiales y secretas del Banco Central del Ecuador o sus sucursales". Y José Iturralde, ex superintendente de Bancos encargado, denunció que fue objeto de presiones de altas figuras del Gobierno para obstaculizar el acceso a los microfilmes de los gastos reservados. Pocos días después, ante el juez, daría los nombres de quienes, presumiblemente, lo presionaron: los conservadores Ana Lucía Armijos, presidenta de la Junta Monetaria, y José Vicente Maldonado, ministro de Industrias; también el ex secretario general de la Administración, Carlos Larreátegui Nardi. Pero el aria más sonora en el intermedio sumarial de los meses de noviembre y diciembre estuvo a cargo del cardenal Bernardino Echeverría. Él afirmó, el 6 de diciembre, que diversas iglesias recibieron recursos de los fondos reservados de la Vicepresidencia. Sus revelaciones provocaron declaraciones de sorpresa por parte de la jerarquía episcopal, por supuesto en sentido contrario. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana insinuó, públicamente, que Echeverría estaba trastornado por la senectud. 42

Esto, por supuesto, animó el debate nacional hasta que, el 22 de diciembre, fue el propio Echeverría quien, en confesión judicial, ratificó que templos parroquiales, capillas, escuelas y otras obras sociales recibieron fondos reservados. La publicación de la "lista de Dahik" -semanas más tarde- demostró que no era la senectud lo que le hacía "cantar" de ese modo al cardenal pues, en efecto, algunas iglesias recibieron dineros de los gastos reservados. Pero lo más patético del episodio es que el cardenal también había dicho otras palabras, meses atrás. Aparecieron publicadas precisamente en "El Universo", el 25 de agosto de 1995: "El Ecuador está viviendo momentos de confusión, de oscuridad, de caos. Como nunca, hemos perdido los valores del respeto a la persona, del respeto a nosotros mismos y a los demás; juzgamos sin madurez, acusamos sin responsabilidad, sembramos el odio y así destruimos la unidad nacional. Es muy doloroso lo que está ocurriendo con la Segunda Autoridad del Pueblo Ecuatoriano, con el economista Alberto Dahik Garzozi. Quienes hemos tenido la oportunidad de tratarlo muy de cerca, hemos tenido el privilegio de apreciar la profunda fe cristiana que inspira la rectitud de su conducta, la firmeza de su criterio, la responsabilidad en el desempeño de sus deberes sociales. Por esto, me ha causado un gran dolor presenciar la campaña de desprestigio que se ha producido en contra de su persona, de su honorabilidad, en general de su proceder como Segundo Mandatario del Pueblo Ecuatoriano. Por lo que estima que es una obligación solidarizarse con el Segundo Mandatario y ratificarle los sentimientos de grande afecto y admiración por la altura con que ha enfrentado todas estas duras pruebas de la vida, manifestarle así mismo que hoy más que nunca se siente unido a su persona". Estas frases emocionadas del cardenal fueron reproducidas, poco después, el 22 de septiembre de 1995 (también en "El Universo"), seguidas de 400 firmas, en un remitido que se tituló "El cardenal se solidariza con el vicepresidente". El primer nombre de esa lista fue el de Mariana Argudo Chejín, ex ministra de Bienestar Social del gabinete de Sixto Durán Ballén antes, en el Gobierno de Rodrigo Borja, ella había ocupado la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno-. Ese nombre volvió a aparecer el 29 de enero de 1996, en el décimo quinto lugar de la lista de presuntos beneficiarios de gastos reservados de la Vicepresidencia (ver anexos). Junto a él una cifra: 10 millones de

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sucres... Meses más tarde, el 23 de marzo de 1996, al ex ministra devolvió el dinero recibido.

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8. LAS CUENTAS SECRETAS Según las investigaciones periciales ordenadas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un total de siete cuentas corrientes en el Banco del Pacífico, tres a nombre de Juan Mario Crespo, dos a nombres de Gladys Merchán, una compartida por Alberto Dahik y Gladys Merchán, y una compartida por Juan Mario Crespo y Gladys Merchán, sirvieron para disponer de los gastos secretos de la Vicepresidencia de la República entre 1992 y 1995. Esas cuentas constan en el auto cabeza de proceso penal y, de acuerdo a una certificación escrita por Luis Rueda, ex secretario de la Vicepresidencia de la República, todas ellas fueron alimentadas con fondos del Estado. Una información publicada por Milton Arroba ("Expreso", 22 de febrero de 1996), cuya fuente es la documentación del proceso penal, aseguró que Juan Mario Crespo abrió tres cuentas a su nombre. Dos de ellas el 27 de agosto de 1992 y la tercera al día siguiente. La misma fuente indicó que Gladys Merchán abrió una de sus cuentas el 28 de agosto del mismo año, 17 días después de que Dahik llegó a la Vicepresidencia. Casi un año después, Merchán volvió a abrir otra cuenta, pero esta vez conjunta con Alberto Dahik. La última fue abierta el 19 de mayo de 1994, conjuntamente por Merchán y Crespo. En estas siete cuentas del Banco del Pacífico se depositaron un total de 9 mil 281 millones 308 mil 837 sucres. De ellas se giraron cheques por 8 mil 798 millones 634 mil 379 sucres. CUENTA

FECHA

TITULAR

DEPOSITOS

CHEQUES

2598361

28.08.92

Crespo

4.254.270.775

4.158.243.159*

2592495

27.08.92

Crespo

513.437.260

499.821.816*

45

2632939

27.08.92

2598377 28.08.92

Crespo

75.4681,78**

Merchán

2433729 30.07.92***Merchán

4.032.641.720

274.504.641

2955423 23.07.93

Merchán y Dahik

2997843 19.05.94

Merchán y Crespo****

TOTAL

3.583.410.871 247.508.516

145.754.441

120.445.567

9.281.308.837

8.789.634.379

* Hasta agosto de 1995 ** Cifra en dólares. Los peritos designados por la Corte Suprema de Justicia aplican l cotización de 2 mil 500 sucres por dólar. *** Abierta 11 días antes de asumir el cargo de secretaria de la Vicepresidencia. **** No registra depósito ni cheques en el informe de los peritos, aunque sí un saldo promedio de 596 millones 568 mil sucres. Fuente: diario "Expreso" (22.02.96).

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9. LA ARITMETICA DEL CONTRALOR A las cuentas reservadas de la Vicepresidencia, manejadas por los secretarios de Alberto Dahik, Mario Crespo y Gladys Merchán, sólo se les hizo un peritaje "aritmético" en la Contraloría General del Estado.. Esto se estableció solo el 31 de enero de 1996, cuando declaró ante el presidente de la Corte Superior de Quito el director de Control de Ingresos Públicos, Rafael Gutiérrez. Según él, nunca se verificaron los saldos, ni se auditaron, ni se revisaron justificativos, pues la solicitud del contralor, Juan Carlos Faidutti, era que se limitara a un examen de los reportes presentados por Mario Crespo y Gladys Merchán, los cuales solo contenían cifras globales de ingresos y egresos por un determinado lapso. Luego se procedía a comprobar si el saldo inicial correspondía al saldo final del acta anterior. El perito declaró, respecto a los ingresos por concepto de intereses sobre saldos en cuentas corrientes y regulación anulación de cheques, que aquellos sí constaban en los reportes de los secretarios de Dahik, lo cual, incluso, quedó escrito en el acta del 19 de julio de 1994, que levantó este funcionario y donde se lee: "valor que se ingresa por regulación anulación de cheque Nº 270 del 1 de julio de 1993, cuenta corriente 2598377 del Banco del Pacífico." Sin embargo, el contralor Juan Carlos Faidutti negó insistentemente conocer sobre la existencia de las cuentas en bancos privados. Gutiérrez precisó ante el juez que "la cuenta de gastos reservados estaba sujeta al juzgamiento del contralor, los demás elementos de juicios relacionados con las cuentas privadas fueron examinadas por el señor contralor general del Estado, doctor Juan Carlos Faidutti".

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El procedimiento regular del juzgamiento lo describió, ante la misma instancia judicial, el ex contralor Oswaldo Molestina (Gobierno de Rodrigo Borja, 1988-1990): "Se iniciaba con la certificación de los saldos oficiales que informaba el Banco Central del Ecuador, luego de lo cual comparecían los titulares de los ministerios y organismos sometidos a control de los gastos reservados, para proceder a hacer un examen pormenorizado de dichas cuentas y, luego, proceder a solicitar justificativos adicionales si así se lo consideraba procedente, una vez que se estaba conforme con los resultados y estaban conciliados tanto los ingresos como los egresos. Con la aceptación de las justificaciones que se habían emitido se procedía a levantar el acta de juzgamiento de los gastos reservados, conciliando de forma exacta las cuentas y, una vez que la firmaba el contralor, se entregaba una copia al declarante y otra quedaba archivada en el Registro de la Contraloría para, finalmente, proceder a la destrucción de todos los comprobantes que habían sido presentados para la debida justificación dentro del período que estaba siendo revisado". A pesar de estos testimonios, el contralor Juan Carlos Faidutti insistió en que a él le correspondía únicamente examinar los recibos y no los cheques. Su opinión también entró en conflicto con la expresada por el ex superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, también sindicado en el caso, quien insistió en que Faidutti debió revisar los microfilmes de los cheques girados contra las cuentas de gastos reservados del Banco del Pacífico. Pero para el contralor Faidutti, los microfilmes de los cheques eran parte de la esfera de acción del superintendente, mientras que para Muñoz Chávez esos cheques debían ser revisados por el contralor, "por ser de cuentas reservadas". Faidutti finalmente argumentó que él había sido engañado por los ex asesores de la Vicepresidencia de la República, al momento de recibir de ellos los justificativos de los gastos reservados. Pero la defensa de Dahik insistió, una vez más, en que aquél sabía perfectamente que los gastos reservados se manejaron en cuentas del Banco del Pacífico y que, además, revisó todos los documentos que justificaron los pagos. "El contralor no puede dejarse engañar por ninguna persona, ni engañar al pueblo ecuatoriano, cualquiera puede ser engañado, menos el contralor", dijo el abogado Walter Guerrero Vivanco, pocos días antes de que se cerrara el sumario. 48

Las afirmaciones del contralor tuvieron consecuencias procesales. A partir de ellas, el fiscal Fernando Casares sostuvo que las actas de juzgamiento de los fondos reservados, de la Contraloría, no tienen valor dentro del juicio penal, ya que el fue el propio contralor que admitió que pudo ser engañado durante el proceso de justificación de esas actas. Su criterio, por supuesto está reñido con el del defensor de Dahik, Walter Guerrero, y el de Merchán y Crespo, Rodrigo Bucheli. Esta discrepancia se insertó en un marco estupendo: una inspección de diez actas de juzgamiento -efectuada el 7 de marzo de 1996- demostró que la suma total de las actas aprobadas por el contralor Faidutti no coincidió con el determinado en el informe contable de los peritos. Según esos documentos, los ex secretarios de Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, manejaron 17 mil 663 millones 51 mil 716 sucres; pero de acuerdo al peritaje usaron 19 mil 580 millones 500 mil 9 sucres. La diferencia es de 1.917 millones 448 mil 293 sucres. ¿Se despejará esta incógnita? Nadie lo sabe. Lo cierto es que, como corolario de su polémica actuación, Juan Carlos Faidutti renunció al cargo de contralor el 11 de marzo de 1996, ante la inminencia de un juicio político en su contra, en el Congreso Nacional, por motivos distantes al caso fondos reservados. Y, después, el 2 de abril, un ausente Faidutti fue censurado y destituido por el Congreso Nacional. Al dimitir, Faidutti dejó una extensa carta para el presidente del Congreso. En ella respondió a las preguntas planteadas del bloque legislativo de la Izquierda Democrática. Al cargo de haber aceptado la función de contralor a pesar de haber sido deudor moroso del IESS, el ex funcionario señaló que su nombramiento emanó del Congreso, en cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución y por reunir los requisitos específicos del artículo 307 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Además, puntualizó que el Seguro Social no es parte del fisco. Acerca de la deuda a la empresa CADASA, de la cual fue gerente, por el supuesto incumplimiento de un convenio de purga de mora, con el IESS, argumentó que esa firma contrajo una obligación antes de su ingreso a ella, pese a lo cual, indicó, "cancelé la obligación que se me imputó". Faidutti también rechazó la acusación de haber incurrido en perjurio al declarar sus bienes, omitiendo mencionar algunos bienes

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de menor cuantía. "Más tarde amplié mi declaración juramentada", aseguró en la carta. A la tercera pregunta, sobre el supuesto pago de cinco mil dólares por parte de la Cancillería, como cancelación de su menaje cuando concluyó las funciones de embajador en Canadá, señaló que ese portafolio le pagó apenas dos mil 500 dólares, "a pesar de haber justificado un importe de siete mil dólares". Sobre la base legal que lo llevó a vender una casa de propiedad del Estado, en Guayaquil, el ex contralor indicó que se trataba de un bien que no prestaba ningún servicio a la Contraloría, y que la venta se la hizo mediante concurso público. También explicó que fue el sub contralor, Jorge Cevallos, quien dio informes favorables para la realización de dos contratos con la compañía "MITSUI del Ecuador SA.", de la cual Faidutti -según él mismo- es accionista en 0.20 por ciento.

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10. LA LISTA DE DAHIK El 29 de enero de 1996, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, dictó una providencia por la cual declaró la nulidad absoluta el decreto reservado Nº 64 del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, con el que se había impuesto la reserva de los microfilmes y demás documentos de los gastos reservados de la Vicepresidencia, bajo custodia del propio Durán Ballén. Además, el juez incorporó al proceso los informes periciales de dichas cuentas. De esa manera hizo públicos un total 287 nombres -de personas naturales y jurídicas- que recibieron cheques de las cuentas secretas de la Vicepresidencia de la República, y los involucró en el juicio penal. Así se estableció que los depósitos del Ministerio de Finanzas en la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, en el Banco Central del Ecuador, totalizaron 21 mil 527 millones de sucres (luego, la cifra sería precisada con exactitud por los peritos: 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres). "Si Dahik, como lo manifestó en cadena nacional de televisión, manejó un tercio del total de gastos reservados del Gobierno, pues el secretario de la Administración y la Presidencia de la República tenían cuentas iguales, el total ascendería aproximadamente a 66 mil millones", escribió el 8 de febrero de 1996 la periodista Patricia Estupiñán de Burbano, en la revista "Vistazo". Ella también advirtió: "Una cifra escalofriante, que equivale a casi dos años del presupuesto total del Ministerio de Relaciones Exteriores: 35 mil millones en 1995. También lo es si se la compara con lo que gastaron otros gobiernos de esta etapa democrática en gastos reservados. La administración Durán Ballén-Dahik habría gastado 21 millones de dólares frente a 9 millones del quinquenio

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Roldós-Hurtado; 5,7 de León Febres Cordero y 12 de Rodrigo Borja". Al hacerse pública una primera lista de los beneficiados, en base al informe pericial, se encontraron cantantes, restaurantes, tiendas exclusivas, asesores políticos, diputados, grupos religiosos y otras personas particulares. Los personajes más conocidos que, inmediatamente, llamaron la atención, fueron Pablo Lucio Paredes (ex secretario del CONADE), el diputado conservador Freddy Bravo, el diputado conservador Wilman Costa, el gerente del Banco Central Augusto de la Torre, el consultor cubano Mario Elgarresta, el ministro de Industrias José Vicente Maldonado (conservador), el político izquierdista René Maugé, el ex canciller Diego Paredes, y el ex secretario de Comunicación Enrique Proaño, entre muchos otros. Según esa primera lista, 242 personas entre naturales y jurídicas recibieron cheques en sucres de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República que eran administrados por los dos secretarios del ex vicepresidente Alberto Dahik en cuentas del Banco del Pacífico. El monto total: 8 mil 832 millones 144 mil 102 sucres, en 834 cheques (ver anexos). Una semana más tarde, el 6 febrero, se reveló una lista adicional de 29 presuntos beneficiarios de la compra de divisas del Banco de la Producción con cheques del Banco del Pacífico, de las cuentas de gastos reservados manejadas por los secretarios Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. Suma un total de 276 mil 964 dólares con 3 centavos (ver anexos). Sin embargo, el informe consolidado de la cuenta dólares, realizado por los peritos Lionel López y Washington Pacheco, conocido el 26 de febrero de 1996, estableció que se compraron 845 mil 564 dólares y, además, 12 mil 738 francos (el presunto beneficiario de esta divisa es Maurice Roosin). De acuerdo con los peritos, se realizaron las transacciones en los bancos De la Producción, De Préstamos, Del Pacífico y la cambista Casa Paz. Los cheques de dólares llegaron a 44 personas. Los propios secretarios de Dahik, Juan Mario Crespo y Gladys Merchán recibieron 208 mil dólares y 558 mil 535 dólares, respectivamente. Se ratificó que Rodrigo Mera, esposo de la diputada conservadora, Teresa Minuche, recibió 100 mil dólares; y que se entregaron 68 mil 113 dólares a la firma AFAC Cía. Ltda., de propiedad del ex vicepresidente Alberto Dahik.

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Entre otros presuntos beneficiarios de los dólares se mencionaron también a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (101 mil 240 dólares); el consultor político (ya mencionado) Mario Elgarresta (8 mil dólares); la popular cantante Silvana Ibarra (10 mil dólares); el consultor económico Fidel Jaramillo Buendía (22 mil 588 dólares); la "University of Miami" (mil 820 dólares). El 18 de febrero de 1996 el diario "Expreso" hizo pública una información según la cual los secretarios de Dahik giraron 125 cheques por un total de 384 millones 923 mil 759 sucres, de dos cuentas no auditadas, con las que, conforme a dicha publicación, se pagaron "desde diputados hasta supermercados". Ahora bien, si el total de depósitos del Ministerio de Finanzas en la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia, en el Banco Central, fue de 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres, y lo detectado en las cuentas del Banco del Pacífico suman 9 mil 288 millones 862 mil 497 sucres, existe un saldo sin justificar de 10 mil 291 millones 637 mil 512 sucres: de ellos 1.324 en cheques a nombre de o endosados por el modesto conserje de la Vicepresidencia, Luis Andrade, y 8 mil 967 millones 637 mil 512 sucres que se manejaron en contante y sonante. Además, los peritos informaron que los intereses que ganaron los fondos reservados en el Banco del Pacífico totalizan 8 mil 305 millones de sucres. ¿Dónde está ese dinero? Por fin, los peritos no pudieron aclarar cómo se realizaron transacciones bancarias por 3 mil 155 millones 145 mil 704 sucres: se giraron con cheques al portador, que presumiblemente se hicieron efectivo. RESUMEN DE LOS GASTOS RESERVADOS DE DAHIK Agosto de 1992-septiembre de 1995 (en sucres) Concepto

Montos

Total de gastos En actas de Faidutti Diferencia Gastos en cheques Gastos sin respaldo Gastos en cheques al portador Intereses según Dahik Intereses según Faidutti Intereses según los peritos

19.580'500.009 17.663'051.716 1.917'448.293 9.288'862.497 10.291'637.512 3.155'145.704* 30'000.000 14'967.457 8'305.000

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Supuestos beneficiarios Justificaron

287 250

*El dato es de "El Expreso". En "El Comercio" se señaló que no se conocía la cifra en efectivo Fuente: Diario "El Comercio" (14.03.96), que cita el informe de los peritos, las actas de juzgamiento de la contraloría, y los documentos de la defensa de Alberto Dahik.

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11. UN INCIDENTE PROCESAL La decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, de declarar nulo el decreto presidencial reservado Nº 64, con lo que incorporó al proceso e hizo públicos documentos y cuentas de los gastos reservados de la Vicepresidencia, fue criticada de inconstitucional. Según la Constitución, corresponde al Tribunal Constitucional o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la capacidad de declarar si un decreto es constitucional o no. Hernán Pérez Loose, consultado por Patricia Estupiñán en "Vistazo" (Nº 683 de 8 de febrero de 1996), argumentó que "si bien la Constitución prevé que los jueces pueden suspender la vigencia de una norma inconstitucional, la misma ley suprema aclara que esa facultad le está permitida solo a los tribunales de última instancia, y el presidente de la Corte Suprema no lo es". No opinó igual el rector de la Universidad de Guayaquil y ex vicepresidente de la República, León Roldós: "Creo que el presidente de la Suprema tenía facultad para descartar un decreto al margen de la Constitución... creo que está haciendo bien a la justicia", dijo. Existía un antecedente: Italo Ordóñez (ID) y Diego Delgado (PS), impugnaron ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) el decreto reservado. Pero el TGC, como un perro que se muerde la cola, no podía llegar a conocerlo por la propia calidad secreta del decreto. Según "Vistazo", los argumentos que tuvo Solórzano para tomar una decisión que conmocionó al país y dio un salto en el proceso penal, fueron: 1. El juez consideró la expedición del decreto reservado como un incidente procesal, porque impidió el reconocimiento de la prueba documental depositada en las bóvedas de seguridad del Banco Central. Lo que, según el juez, "traduce objetivamente la intención de incidentar el proceso, estorbando y entorpeciendo el normal desarrollo del sumario, 55

puesto que al calificarla de secreta prohíbe su divulgación a través de su incorporación a un proceso penal que es público". Y, 2. Según Solórzano, el decreto reservado no tiene fuerza obligatoria, debido a la nulidad absoluta y manifiesta que la invalida de pleno derecho. Según el juez, el decreto vulneró la Constitución y varias leyes secundarias. En consecuencia, "el decreto ejecutivo llamado reservado no es más que una episódica y circunstancial interferencia en el proceso penal, que proviene de una inconstitucional intromisión del señor presidente de la República en los asuntos propios de la administración de justicia".

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12. PODER Y CLIENTELISMO La publicación de la "lista de Dahik" permitió conocer la profunda vocación clientelar del ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, aun cuando su discurso público siempre fue el de un político moderno, reñido, en teoría, con la corrupción política, sustentado en firmes bases ideológicas. La publicación también mostró los evidentes abusos de poder del Partido Conservador, en el Gobierno de Sixto Durán Ballén. El grueso de las cifras justificadas de los gastos reservados (no hay que olvidar que 52 por ciento de lo que entregó a la cuenta de gastos reservados en el Banco Central no están justificados por la Vicepresidencia ni comprobados por los peritos designados por la Corte Suprema de Justicia) se destinaron a compensaciones salariales de ciertos funcionarios del Gobierno de Sixto Durán Ballén. La justificación es que los salarios nominales son extremadamente bajos para expertos, profesionales y técnicos, razón por la que sus sueldos deben ser cubiertos con asignaciones adicionales. La pregunta es, ¿por qué esas asignaciones salieron de fondos reservados y no de otras fuentes presupuestarios? Además, estos fondos fueron manejados con un criterio laxo: ayudas a actrices para actividades en el exterior, apoyo para la atención de la salud del esposo de una ex diputada conservadora, viáticos para los negociadores de la deuda externa, adquisición de muebles, pago de hoteles y pasajes aéreos nacionales e internacionales, publicidad, rastreo de información, propaganda política, apoyo a judocas de la provincia del Guayas, compra de libros, ayudas a iglesias, financiamiento para exposiciones florales y para reuniones gremiales de choferes. Podríamos decir que se usaron para todo lo imaginable: ayudas a ex funcionarios del Gobierno para tratamientos médicos, a diputados próximos al régimen, pagos de tarjetas de crédito, adquisición de combustible, 57

licores y alimentos, sondeos de opinión y estudios técnicos, elaboración de esculturas bajo pedido y adquisición de obras de arte, etc. En otro importante momento de este melodrama, los familiares de Alberto Dahik dijeron públicamente, luego de difundirse la lista de presuntos beneficiarios, que se demostraba que el ex vicepresidente no usó dineros del Estado para beneficiarse personalmente: su nombre no aparecía en la lista. Esa es una cuestión -la de ausencia de beneficio personal- que el propio Dahik hizo notar en una reunión con periodistas del diario "Hoy", en pleno escándalo, el 11 de septiembre de 1995. Y que siguió destacándola luego del 1 de abril de 1996, en que recibió el amparo de Costa Rica como asilado político. Pero mientras no se aclaren las cuentas fehacientemente (lo cual luce imposible), las suspicacias seguirán viviendo, a pesar de las manifestaciones perfectamente explicables de la familia Dahik y del ex vicepresidente. No vamos a olvidar que, al desatarse el bochorno de los gastos reservados, mucho se habló de la casa de habitación de Dahik en la urbanización Biblos, en Guayaquil. Y, se dijo y se repitió y se comprobó que el constructor -ConBaquerizo Cía. Ltda.- recibió depósitos en efectivo. Ya en los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 1995 se acusó públicamente al vicepresidente de que, además de haber depositado 270 millones 722 mil 837 sucres contantes y sonantes en la cuenta 50099160 de la firma constructora en el Banco Amazonas, hizo otros depósitos hasta llegar a un total de 771 millones 959 mil 587 sucres. Se exhibieron cheques del Banco del Pacífico, girados a favor de ConBaquerizo, de una cuenta compartida por el propio Alberto Dahik y su secretaria Gladys Merchán. Estos cheques fueron identificados, luego, en febrero de 1996, como parte de una cuenta "escondida" que había eludido la acción pericial dispuesta por Carlos Solórzano y que, a la sazón, estaba en "etapa preprocesal". Ese calificativo de "escondida" fue usado por el diario "Expreso" del 17 de ese mes. Es la cuenta 2955423, cuyos titulares son (o fueron) Alberto Dahik y Gladys Merchán. De esa cuenta sus titulares giraron 52 cheques, pero 30 de ellos están ilegibles: se presume que los microfilmes fueron velados o alterados de alguna manera intencional. Pero, sin embargo, entre los legibles aparece como beneficiaria la constructora ConBaquerizo.

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Con cheque del mismo libretín también se pagaron -entre otras cosas- cuentas de tarjetas de crédito: Cash, 9 millones 327 mil sucres; Magna, 2 millones 86 mil; Filancard, un millón 618 mil 910; Visa B.G., 5 millones 218 mil 687; y, Diners, 900 mil sucres. Una segunda cuenta de estas (2592495), a nombre de Juan Mario Crespo, sirvió para que él, según el Partido Social Cristiano, hiciera pagos para su vivienda y para tarjetas de crédito, igualmente. En lo que tenía que ver con su persona, la explicación del ex vicepresidente fue que el dinero en efectivo -el de las bolsas de papel- provenía de un negocio que compartía con su primo, Alejandro Dahik, en La Libertad. Lo que es ilógico, y se lo manifestó en su oportunidad, era que desde tan lejos se trajeran bolsas de billetes -30 millones de sucres cada mes-, en vez de usar los modernos sistemas que dispone la red bancaria nacional para hacer giros entre distintas ciudades. La hielera no ha sido investigada en profundidad. Solo se supo que en 1992 soportó problemas financieros y judiciales. Tanta plata en efectivo, que no deja rastro, permite mantener la duda: ¿Levantó Dahik su casa con plata de los fondos reservados? ¿Usó para ello parte de los 10 mil 291 millones y pico, que, según parece, nadie nunca justificará? ¿Qué más hizo con esos sucres? De cualquier modo que haya sido, la mayoría de los presuntos beneficiarios de la generosidad de Dahik dijo que no conoció de dónde provenían los dineros ni tenía por qué saberlo. Todos suponían la legalidad de procedimientos del segundo mandatario. La lista, en toda su extensión, consta en los anexos de este informe. Sin embargo, a modo de ilustración, se desmenuzan seis casos: 1. LA HACIENDA CHILLO JIJON: Los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República sirvieron, entre otras cosas, para hacer mejoras a la hacienda Chillo Jijón, ubicada en el Valle de los Chillos, y lugar de descanso del ex vicepresidente Alberto Dahik. Varias de las personas, cuyos nombres constan en la lista de los beneficiarios de los gastos reservados de la Vicepresidencia, por llamado de Carlos Solórzano acudieron a la Corte Suprema de Justicia para presentar los justificativos de por qué recibieron el dinero. Uno de ellos, Wilson Velásquez, secretario de la empresa Eléctrica Quito, precisó que los 7 millones 896 mil sucres, que recibió la empresa, correspondieron a un pago por concepto de un estudio de transmisión eléctrica en la hacienda Chillo Jijón. De igual 59

manera, Franklin Canelos dijo que recibió un millón 245 mil sucres por el mejoramiento de la cancha de tenis de la casa descanso de Dahik. 2. LA CAMPAÑA SUCIA: La publicación de la "lista de Dahik" permitió confirmar que con gastos reservados de la Vicepresidencia de la República se financió la campaña de un llamado Comité de Información y Contacto Externo (CICE) contra los partidos políticos y el Congreso, que se difundió en diversos medios, pero especialmente en televisión, antes de la consulta popular del 28 de agosto de 1994. Parte de esos fondos también se usaron en la campaña del Partido Conservador para renovar diputados el 1 de mayo de ese año. La confirmación la realizó Horacio Chavarría, gerente de la agencia de publicidad Veritas que, en un primer momento, admitió haber recibido alrededor de 663 millones de sucres de la Vicepresidencia de la República, a veces bajo el membrete del CICE, para producir y difundir la campaña de la Consulta Popular de 1994. Sin embargo, ante el juez y luego -seguramente- de haber hecho bien las cuentas, el 26 de febrero de 1996, Chavarría precisó haber recibido dos cheques de 250 millones de sucres cada uno, y no cuatro por un total de 660 millones. La pregunta que queda es: ¿dónde están los 160 millones restantes? ¿Qué se hizo con ellos? Chavarría, al igual que otros supuestos beneficiarios, dijo que no sabía que esos cheque provenían de la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, "que se nos entregaron para cancelar las planillas de los diferentes medios de comunicación". Ya en octubre de 1994, el diario "Hoy" había revelado que el CICE jamás tuvo una cuenta bancaria y que los fondos para financiar la campaña provenían, según se presumió, de los gastos reservados de la Presidencia y de la Vicepresidencia. Estos gastos, según la información que publicó el suplemento "Blanco y Negro", había crecido en 1994 un 385 por ciento en relación a 1993. Añadido este crecimiento a los montos de las cuentas denominadas "Inversiones y aportaciones especiales el Estado" y "Asignación Global", sumaban la cantidad de 161 mil millones de sucres. La mayor parte de estos recursos, según una denuncia presentada por el entonces director de la Izquierda Democrática, Jorge Gallardo, habían sido destinados a financiar la campaña 60

electoral de los actuales diputados conservadores y, más adelante, la campaña del CICE. El 18 de octubre de 1994, el entonces ministro de Gobierno, Marcelo Santos, se negó a emitir comentario alguno. "Sobre gastos reservados, de acuerdo con las regulaciones y las normas vigentes, quienes manejamos gastos reservados respondemos única y exclusivamente ante el contralor general del Estado", declaró en esa oportunidad. El CICE, según la información oficial, era un organismo privado financiado por los directivos de las Cámaras de la Producción, lo cual fue oportunamente desmentido por los gremios empresariales. Se conformó, entonces, una comisión especial en el Congreso, presidida por el socialcristiano Rafael Cuesta, para investigar qué era, cómo, cuándo y de dónde provenían los fondos del CICE. Entonces, Víctor Manuel Peñaherrera, quien aparecía como presidente del CICE, aseguró que las Cámaras de la Producción financiaban la campaña (incluso cuando ya lo habían desmentido). Pero no pudo establecer de dónde provenían los fondos. Ocultó información sobre los costos de la campaña, y dijo que ni siquiera conocía el presupuesto de la entidad que presidía y aseguró que las cuentas estaban a nombre del CICE (aun cuando la Superintendencia de Bancos ya había señalado que no existía en ningún banco del país una cuenta corriente a nombre de esa institución). Fue cuando Rafael Cuesta (quien después, con Xavier Neira, presentó ante la Corte Suprema de Justicia la denuncia sobre los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República) estableció que "si bien es imposible comprobar el destino de los fondos reservados, resulta sumamente extraño que las fechas de la campaña publicitaria firmada por el CICE coincide con las transferencias del Ministerio de Finanzas de las cuentas especiales." 3. UNA PELEA PERDIDA: La "lista de Dahik" reveló que se usaron gastos reservado para financiar un encuentro boxístico del peleador ecuatoriano Segundo Mercado con el norteamericano Bernard Hopkins, en diciembre de 1994. El espectáculo estuvo "garantizado" por el conocido empresario estadounidense Don King y, por si fuera poco, condimentado con la presencia del ex campeón mundial Mohamed Alí -ya lamentablemente afectado por el mal del Alsenheimer- en Quito.

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Como dato anecdótico hay que recordar que Don King no consignó los impuestos en el Ministerio de Finanzas sobre lo que obtuvo de la taquilla y de su contrato. Se le permitió salir del país con su promesa de liquidarlos en la pelea de revancha, que se la realizaría en Quito. El desquite se dio en abril de 1995, solo que en la ciudad de Nueva York: allí volvió a perder el púgil ecuatoriano y también el Estado, que vio producirse una evasión tributaria bajo sus propias barbas. En febrero de 1996, Flérida Alicia de Mercado, esposa del boxeador, dijo en la Corte Suprema de Justicia que Segundo Mercado no recibió ni endosó el cheque por 22 millones de sucres de la cuenta de gastos reservados manejada por Juan Mario Crespo, secretario personal de Alberto Dahik, como apareció en la lista. Señaló que el dinero fue directamente a la cuenta de Marco Aguirre, el promotor y empresario de la pelea. Marco Aguirre aseguró, en el diario "Hoy", que Mercado endosó el cheque y que éste fue depositado en una cuenta abierta en Filanbanco con ese valor y denominada "Marco AguirreCampeonato Mundial de Box". Aguirre presentó una copia del cheque con una firma y el número de cédula del boxeador. Afirmó también que invirtió 100 mil dólares en peleas preliminares para la preparación de Mercado y que durante ese tiempo la manutención del púgil y su familia corrió de su cuenta. Aguirre aseguró que fue el propio Alberto Dahik, "interesado por la promoción del país", quien le invitó a ser el promotor de la pelea entre Mercado y Hopkins. Según Aguirre, el diputado conservador Leonardo Escobar sirvió de enlace entre él y Dahik, y el director de DINADER, Miguel Nasser, estuvo directamente encargado del apoyo oficial al evento. Además, ambos estuvieron presentes en la entrega del cheque. En compañía de Leonardo Escobar y de Miguel Nasser, Aguirre realizó varios viajes y contactos internacionales para organizar la pelea. En su informe a Dahik el propio Aguirre aseguró que el aporte de DINADER, que es como le llegó el dinero de gastos reservados, fue utilizado para pagar los hoteles de un viaje de promoción a México. El empresario afirmó que en julio de 1995 habló con Dahik, quien le ofreció que el Estado asumiría las deudas de la pelea perdida. Aguirre añadió que nunca supo que el cheque de Juan Mario Crespo fue de gastos reservados y que no recibió más dinero del 62

Gobierno. Sin embargo, mencionó que "le llamó la atención" que no fuera un cheque del Banco Central. 5. TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: "Gracias al vicepresidente Alberto Dahik, Ecuador fue el primer país que implantó el pacto anti soborno concebido por la organización", dijo Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional, el 1 de septiembre de 1995, cuando anunció que el vicepresidente del Ecuador había sido removido de la organización internacional de lucha contra la corrupción. Para esa fecha, Dahik estaba ya enfrentando los momentos más altos del escándalo público por el supuesto mal uso de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República: el 26 de septiembre cuarenta y dos legisladores cumplieron con los requisitos reglamentarios para instaurar el juicio político, y el 27 el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, llamó a Dahik a comparecer en una audiencia para la tarde del 2 de octubre. De modo que siempre quedará abierta la posibilidad de que la remoción de Alberto Dahik de la Presidencia Consultiva de Transparencia Internacional, estuvo directamente vinculada con los acontecimientos que sucedían en el Ecuador. Peter Eigen, quien según los peritos que revisaron los microfilmes de los gastos reservados, recibió dos cheques de 10 mil dólares adquiridos con correspondientes de la cuenta del Banco del Pacífico que giraba la secretaria Gladys Merchán, anunció que Dahik sería sustituido por Olusegun Obasanjo, ex presidente de Nigeria, a la fecha en prisión. Su elección fue decidida por el Consejo Consultivo de Transparencia Internacional, cuya sede está en Berlín. Alberto Dahik presidió Transparencia Internacional desde la fecha de su fundación, en mayo de 1993. Otros miembros del Consejo Consultivo son los ex presidentes Oscar Arias, de Costa Rica; Richard von Weizsaecker, de Alemania; y, Amadú Tumani Ture, de Mali. También lo es el vicepresidente de Botswana, Festus Mogae. Transparencia Internacional es una organización multinacional no gubernamental, incorporada como una entidad sin fines de lucro por las leyes de Alemania. Uno de sus objetivos es construir una coalición internacional de países desarrollados y en vías de desarrollo, con el apoyo de lo que denomina "capítulos nacionales" en diferentes países.

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"Transparencia Internacional se opone a la corrupción en transacciones internacionales de negocios y está lista para colaborar con todos aquellos que compartan sus objetivos", señaló un documento divulgado por la propia organización en 1994. Lo paradójico de la situación es que una organización como Transparencia Internacional recibía financiamiento de dineros del Estado ecuatoriano, cuyo uso esta restringido a otros fines. Es decir, el dinero provenía de una situación de abuso del poder, de uso "alegre" de los dineros públicos, de un procedimiento corrupto en las más alta esferas gubernamentales del Ecuador. La revista "Vistazo", del 8 de febrero confirmó, además, que 15 millones 243 mil 720 sucres, que se pagaron a la Hostería La Mirage, fueron destinados a cubrir los costos de la convención de Transparencia Internacional en ese lugar. El "contacto" de Transparencia Internacional en el Ecuador es Valeria Merino, pero no su vocero o representante oficial, según precisó. Ella dijo al autor de este informe que la entrega de 10 mil dólares al presidente del Directorio de esa Organización, Peter Eigen, posiblemente se debía a una contribución del Gobierno del Ecuador al organismo anti corrupción -cuando hizo estas declaraciones por vía telefónica, el 6 de febrero de 1996, solo se conocía que un primer cheque de 10 mil dólares había sido entregado a Transparencia Internacional; la noticia del segundo cheque fue revelada por los peritos el 21 de febrero-. Según la información recibida de los peritos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, esos 10 mil dólares fueron transferidos a la cuenta Nº 0219094-, del Bank Food Staff Federal, en Washington D.C. Valeria Merino explicó que no había ninguna razón para que Eigen o cualquier otro miembro de Transparencia Internacional pudieran conocer que esos fondos provenían de la cuenta de gastos secretos de la Vicepresidencia que, conforme a la ley, lo repetimos una vez más, solo podían ser destinados al mantenimiento de la paz pública o a la defensa de la seguridad interna y/o externa del Estado. Peter Eigen hizo públicas las cuentas de banco que muestran esos depósitos. "El pago que recibimos del ex vicepresidente fue una contribución", ratificó al diario "Hoy" a través del teléfono, desde Berlín. Eigen mostró preocupación por el hecho de que, a raíz de esto, se pudiera insinuar que la organización que él preside hubiese actuado de manera irregular. 64

Según Eigen, Alberto Dahik anunció en la reunión anual de Transparencia Internacional en Quito, en marzo de 1994, que el Gobierno de Sixto Durán Ballén haría una contribución de 10 mil dólares. "El dinero fue utilizado en las gestiones regulares de Transparencia", precisó Eigen. "Nosotros siempre reconocimos públicamente que el Gobierno ecuatoriano hizo ese pago de 10 mil dólares, dijo, mencionando que la contribución consta en el Informe Anual 1994 de su organización. Sobre el hecho de que la estadía también fue sufragada con fondos reservados del Gobierno ecuatoriano, Eigen dijo que él no tenía ninguna razón para cuestionar "la hospitalidad" de Dahik. "Si esto no es legal, entonces por supuesto que vamos a aceptar el mandato de la Corte Suprema y devolveremos el dinero. Nosotros aceptamos el dinero de buena fe ya que la donación fue pública", dijo. 6. EL NEGOCIO DE LA FAMILIA.- Las siglas SAID aparecieron entre los beneficiarios de la "lista de Dahik", con tres millones 500 mil sucres. ¿Qué es SAID? Según una certificación de la superintendencia de Bancos, son las siglas de "Sociedad Anónima Importadora Dahik". SAID se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del cantón Guayaquil, el 16 de agosto de 1963. Su vigencia legal expirará el 16 de agosto del 2013. Según el balance de 1994, en la nómina de accionistas aparecen Alberto Dahik Safadi (gerente), Eduardo Dahik Safadi, Alberto Dahik Garzozi, Ricardo Dahik Garzozi y María E. Dahik Garzozi. Cada uno tiene acciones por dos millones de sucres. El defensor de Dahik -el ex presidente de la Corte Suprema Walter Guerrero Vivanco- no negó que SAID recibió esa suma. Pero explicó -6 de marzo de 1996- que usó ese dinero para comprar casimires destinados a 25 policías de Guayaquil, quienes componían la guardia del ex vicepresidente, y que se los entregaron en la Navidad de 1994. "Se adquirieron en esa empresa por agilidad y facilidad. Se pensó que hacer un trámite para adquisición en otra casa comercial (no dijo cuál) tenía sus problemas por falta de agilidad", fue el argumento que se publicó en los periódicos.

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13. LA OPINION PUBLICA Los medios de comunicación del Ecuador, y diversas organizaciones sociales, jugaron un importante papel para que los presuntos delitos cometidos en el manejo de los fondos reservados de la Vicepresidencia de la República fuesen puestos en evidencia y sometidos a lo procesos político y penal. Además de la información cotidiana acerca de los pormenores del caso, los medios fueron articulando una opinión ciudadana crítica que, a la larga, imposibilitó que la verdad se esfumara en arreglos de personajes "notables" y que se mantuviera en reserva, bajo la protección tutelar del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, en una inexpugnable bóveda del Banco Central del Ecuador. La clave explicativa del escándalo fue buscada en el enorme poder de hecho conferido por el presidente Durán Ballén al vicepresidente Dahik, no solo en el manejo de la economía nacional, sino en el de las relaciones del Gobierno con las demás funciones públicas. De otro modo no se entiende cómo el Ministerio de Finanzas le entregó cifras tan altas a título de esos fondos y que, incluso, el contralor Faidutti fue tan permisivo. A propósito volvamos a recordar que, según "Vistazo", la administración Durán Ballén-Dahik habría gastado un total de 21 millones de dólares en fondos reservados, mucho más que las administraciones que la precedieron. El inusitado poder político de Dahik le llevó, muy posiblemente, a usar dinero de cuentas reservadas para comprar mayorías en el Congreso que le permitieran impulsar allí, por ejemplo, la Ley de Modernización y la de Reforma Tributaria que permitió la privatización de las aduanas, la aprobación de la Ley de EMETEL, la reforma a la Ley de Hidrocarburos para conseguir la ampliación del sistema del oleoducto transecuatoriano.

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¿Sujeto activo de corrupción o víctima del chantaje de los diputados que lo tenían como rehén en el proceso de modernización? Algunos medios no dejaron de apuntar este tema, por la sui géneris correlación de fuerzas políticas que condujeron a afirmar que se suscribió un "contrato colectivo" con el mayor partido de la oposición, precisamente el Partido Social Cristiano que, así, obtuvo grandes asignaciones presupuestarias para los gobiernos seccionales sometidos a su control. "El vicepresidente ha jugado un papel relevante en el Gobierno... el modelo económico que impulsó ha contribuido a la estabilidad y confianza... tras una Vicepresidencia poderosa, (Dahik) tiene ahora que responder a una serie de acusaciones y jugar a su futuro. El país necesita normalidad", dijo "El Comercio". Mientras empezaba a desenvolverse el escándalo, ya surgió en medios de prensa la hipótesis de que el origen de la crisis política e institucional se reducía al enfrentamiento entre el ex presidente socialcristiano León Febres Cordero y el vicepresidente conservador Alberto Dahik. Igualmente se debatió acerca de la existencia y sentido de los gastos reservados. Rápidamente se conformó un consenso en torno a la necesidad de revisar la ley de gastos reservados y los reglamentos, más allá de los ecos del escándalo. Esta opinión fue compartida por varios editorialistas, entre ellos Roque Espinosa ("Hoy") que, en su editorial del 22 de agosto de 1995, sostuvo: "después del escándalo de la Vicepresidencia, la existencia de fondos reservados ha quedado cuestionada... porque toda clase de 'enjuages y chanchullos', toda clase de cosas turbias e, incluso, siniestras, pueden justificarse y de hecho se han justificado por este mecanismo. No existe nada más peligroso que disponer de carta blanca para hacer cosas que aparecen como oscuras en la medida que están asociadas a la 'reserva' y al 'secreto' especialmente, cuando se disponen de recursos ilimitados". "El Comercio" opinó: "además de los procesos en contra de Dahik, se hace necesario regular adecuadamente los gasto reservados." Ernesto Albán, también de "Hoy", cuestionó la conveniencia de los fondos reservados. "¿Existen o no gastos, indispensables para el mantenimiento del orden público y de la estabilidad política, que no podrían realizarse ni justificarse a través del manejo ordinario del presupuesto del Estado y dentro de las partidas previstas en el

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mismo y que requieren por tanto de un tratamiento excepcional? ¿Qué clase de gastos podrían pertenecer a esta categoría?" La opinión pública se consolidó, también, alrededor de la necesidad de contar con evidencias concretas, con los nombres de los supuestos beneficiarios de los gastos reservados y los responsables de supuestos delitos en su manejo. Ya el 21 de agosto de 1995, el constitucionalista Julio César Trujillo planteaba la necesidad urgente de que el vicepresidente de la República y el contralor general del Estado rindieran cuentas ante el país sobre el destino que tuvieron los gastos reservados de la Vicepresidencia. Trujillo se sumó a la corriente que exigía ir hasta el fondo del asunto. "El vicepresidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el contralor general del Estado están obligados a revelar los nombres de las personas que han sido beneficiadas con este dinero", dijo. Del mismo modo, todos los comentaristas consideraron poco menos que "obvio" que el vicepresidente estaba impedido de manejar los gastos reservados a través de chequeras otorgadas por bancos privados. A propósito, Julio César Trujillo expresó: "Sin embargo, 'en el supuesto' de que alguna norma jurídica reconociese alguna facultad al vicepresidente para el manejo de gastos reservados, debieron haber sido manejados por él en cuentas bancarias a nombre de la Vicepresidencia o del CONADE. Dahik permitió que los fondos públicos se conviertan en privados al haberlos colocado en las cuentas personales de sus secretarios". Y para todos fue claro que el Partido Conservador participó del manejo alegre de los fondos. "Deben ser muy pocos los ecuatorianos que aún duden respecto del hecho de que los 'gastos reservados' fueron utilizados por el grupo conservador para financiar al partido y a sus dirigentes", editorializó "El Comercio". La reacción de indignación que ocasionó el conocimiento de los pormenores del uso de los fondos reservados de la Vicepresidencia, produjo un espontáneo agrupamiento de expresiones inorgánicas de la llamada "sociedad civil" identificadas por su repudio a la corrupción. La más importante de ellas es el movimiento anticorrupción "Manos Limpias", que se formó en Quito. "Manos Limpias" recogió el repudio generalizado: "no hay plata para la salud, no hay plata para la educación, pero hay plata para el

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cohecho, para permitir la gobernabilidad del país a través de los gastos reservados". Humberto Vacas Gómez editorializó el 2 de septiembre en "El Comercio": "Durante los tormentoso días que ha vivido y vive el país por consecuencia de los escándalos producidos en el tema de los gastos reservados se ha generado una corriente monotemática altamente generalizada: en las plazas y en las calles, en las casa y en las oficinas se habla, desde los más diversos ángulos, del mismo asunto" Además, como era de esperarse, el problema fue asumido desde un plano moral. El arzobispo de Cuenca, Luis Alberto Luna Tobar, editorialista de "Hoy", en su artículo del 19 de agosto, fue duro en sus conceptos: "Las consignas reservadas, los gastos reservados constituyen signos de inequívoca degradación moral, en el orden social, político, económico y hasta religioso; sobre todo en lo religioso..." Añadió: "La reserva en el ejercicio del poder es la descalificación moral más grave que el poder se hace a sí mismo", dijo. También produjo polémica la decisión del presidente Sixto Durán Ballén de autoasignarse la custodia exclusiva de la documentación y microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia. Muchos no dudaron en decir que, por esa decisión, el propio Durán Ballén debía ser sindicado por obstruir el funcionamiento de la justicia La decisión del presidente de la República fue rechazada de modo unánime por la oposición. El candidato socialcristiano a la Presidencia, Jaime Nebot, dijo que "con esta acción el presidente de la República, Sixto Durán Ballén se ha convertido en el cancerbero del delito. Se quiere interferir con la justicia y eso es absolutamente deshonesto e injurídico". Por su parte, el candidato presidencial independiente, Jacinto Velázquez, dijo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia debía sindicar a Sixto Durán Ballén, "a quien han hecho firmar un irracional y disparatado decreto, que lo conducirá a la cárcel si no rectifica a tiempo". "Es una lástima que a este hombre bueno la naturaleza no lo haya dotado de carácter", señaló Velázquez en tono compasivo. Y el candidato presidencial de la Democracia Popular (DP), Rodrigo Paz: "El presidente de la República ha cometido un error que ojalá lo rectifique, y pronto".

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Luego, a raíz de las declaraciones del cardenal Bernardino Echeverría, quien admitió que la Iglesia fue receptora de dinero proveniente de los gastos reservados, las opiniones fueron de este tono: "Sería muy lamentable que la Iglesia ecuatoriana, que ha mantenido un liderazgo dentro del país, esté involucrada de alguna manera, aunque sea indirectamente, en este tema tan penoso de los gastos reservados. En el supuesto de que se comprobase que la Iglesia ha recibido esas asignaciones, se debería aplicar el mismo procedimiento que se ejecutó en el caso de la fallida venta de radio 'Democracia', es decir, que se devuelvan esos dineros" ("Hoy"). También la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores (UNE): "La Iglesia Católica del Ecuador está moralmente comprometida a demostrar en qué y cómo usó los gastos reservados recibidos del ex vicepresidente Alberto Dahik". Y sectores cristianos de base en Quito y organizaciones de derechos humanos: "Es un deber moral -para quien lo haya hechorestituir los fondos recibidos." Asimismo: "El abusivo manejo de los fondos reservados salta a la vista. Parecería que la obsesión privatizadora del por entonces todopoderoso vicepresidente Dahik se anticipó como en arca propia en las cuentas del escándalo. Las donaciones a las iglesias pudieron ser incluso para obras de beneficencia. No pocos hábitos religiosos se regocijarían con la generosidad del vicepresidente que permitía concluir la obra parroquial. Pero esa munificente limosna no era de sus bolsillos, y pertenecía a unos dineros que por ley debían tener otros destinos. Limosna con dinero ajeno más tiene de atraco que de obra pía". La opinión fue de Diego Araujo Sánchez, el 6 de diciembre de 1995, en "Hoy". Al conocerse el pedido de renuncia de Dahik, formulada por el presidente Durán Ballén en el umbral del juicio político en el Congreso, "El Comercio" comentó: "El vicepresidente mantiene la posibilidad de defenderse política y judicialmente. La decisión presidencial de pedirle la renuncia pesa en un momento tan crucial, pero no desentona con el marco democrático. La caída por sorprendente que sea, de una figura, viene a ser parte de la posibilidad de juzgar y separar aún a los más altos mandatarios". Es decir, a inicios de octubre de 1995, era ya "inevitable" el abandono de la Vicepresidencia de la República por parte de Alberto Dahik, como parte de una solución extrema a la crisis política. La situación fue tan dramática, que algunas 70

manifestaciones recesivas de la economía, según los agentes económicos, fueron ahondados por el escándalo de los gastos reservados. "La virtual caída del vicepresidente Alberto Dahik -tras la orden de prisión preventiva- presenta clara relación con el anhelo nacional de una inequívoca transparencia en la conducción del país", dijo "El Comercio" el mismo día en que el vicepresidente fugó hacia Costa Rica. Luego de la fuga de Alberto Dahik, ya era natural para ese periódico admitir que "la renuncia del vicepresidente cierra un ciclo de profunda inquietud interna... corresponde esperar que el desenlace contribuya a la normalización nacional". Los medios de comunicación nunca dejaron de expresar su preocupación por las resonancias internacionales, negativas para el Ecuador, que provocó el escándalo a lo largo de la segunda mitad de 1995: "En el exterior: la impresión de que es un caso de corrupción en que encuentra implicada la cúpula del gobierno. En el interior: la impresión de que lo único que se pretende es esconder los gastos reservados. De fondo, lo único que parece ser el destino de este melodrama es averiguar y calificar los candidatos a la Presidencia para 1996, como partidarios o no de los supuesto hechos de corrupción." ("El Comercio"). Es importante, igualmente, destacar la unanimidad de la opinión pública en torno al juez de la causa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine. El movimiento ciudadano "Manos Limpias" expresó su total apoyo a las medidas tomadas por la Corte Suprema de Justicia en relación a la orden de prisión preventiva para Alberto Dahik. Destacó el ejercicio independiente de la justicia, y pidió "declarar inconstitucional el decreto del presidente de la República, que obstaculiza la labor de los magistrados (el decreto ejecutivo Nº 64"). En general, la opinión pública apoyó su gestión; tanto que varios medios de comunicación declararon al presidente de la Corte Suprema de Justicia el "personaje del año". ¿Las razón? "Haber sido el primero en enfrentar con dureza a los corruptos y ser uno de los pocos que todavía no está involucrado en ningún escándalo de corrupción"; "haber insistido en el tema de los microfilmes y la independencia de la justicia frente al ejecutivo"; "haber logrado crear otra imagen de la justicia, frente al deterioro general del sector público".

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14. LA TEORIA DE LA VENGANZA Siempre se dijo que una "compleja trama" envolvió al ex vicepresidente Alberto Dahik entre los meses de junio y octubre de 1995, quizás los más dramáticos de su existencia. Esa trama contenía episodios sorprendentes, que iban desde las propias revelaciones del ex vicepresidente a un grupo selecto de periodistas -el 5 de junio-, en el sentido de que ciertos diputados y magistrados cobraron por aprobar leyes y dictar fallos de interés del Gobierno, al pedido formal de renuncia -por parte del presidente de la República- apenas dos días antes de que se iniciara el juicio político en contra de Dahik en el Congreso, y a la fuga del país. En sendas conversaciones del autor de este informe con Ana Karina López y Alberto Acosta sobre el tema, se fortaleció la disparatada idea de que la complejidad del escándalo político no fue más que una apariencia entre esos meses de 1995 (el disparate es que nos acerca a la argumentación de Dahik en su defensa en el Congreso). Es decir, que todo fue -y sigue siendo- mucho más sencillo y claro. Es algo que, inclusive, ya lo habían insinuado algunos análisis de la revista "Vistazo". Se trata de la hipótesis de la venganza de una personalidad tan fuerte y rencorosa como la del ex presidente León Febres Cordero, contra otra, tan "fundamentalista" y audaz como la del ex vicepresidente Alberto Dahik, bajo cuya tónica -la de la venganzase movilizó el país entero para "derrotar" a la corrupción política, puesta manifiesto más que nunca antes en el presunto mal uso de los fondos reservados de la Vicepresidencia. Si esto es así, ni la llamada sociedad civil ni los medios de comunicación, ni los jueces ni los diputados son actores con suficiente capacidad como para llevar adelante verdaderas iniciativas contra la corrupción en el Ecuador. No, si es que no cuentan con el aliento de un personaje político que, en la última

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década, se ha convertido en algo así como el "dueño" del país: el ex presidente socialcristiano León Febres Cordero. Solo eso, y nada más, explica que estas dos figuras de la derecha, involucradas en casos de corrupción, que incluso han llegado a los tribunales de justicia, protagonizaran su enfrentamiento cada cual en nombre de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Es decir, en los dos casos, el Diablo hablando de escapularios... La hipótesis de la venganza nace con la faltas de explicaciones satisfactorias que permitan entender desde un punto de vista sociológico el furibundo ataque del Partido Social Cristiano en contra de Alberto Dahik, tanto más cuanto que el "fundamentalista" -y su selecto equipo de visires del neoliberalismo en el Gobierno de Sixto Durán Ballén- puso en marcha mecanismos y reformas que están en perfecta armonía con las propuestas económicas socialcristianas, dichas por Febres Cordero, por el candidato presidencial Jaime Nebot, por los documentos de ese partido. Esas propuestas en esencia son: apertura de la economía a la inversión extranjera, desinversión de las empresas estatales, control del déficit fiscal, estímulos al sector exportador, desregulación del comercio exterior, gobierno fuerte. Pero, también es cierto, existen diferencias de estilo. Si Dahik representa al "capitalismo salvaje", Nebot al "capitalismo con rostro humano". Si los conservadores -los políticos seudofanáticos de la derecha-, con su intransigencia e intolerancia en materia económica provocan dificultades en el control social y ponen en crisis la llamada gobernabilidad, los socialcristianos -los políticos "realistas" de la derecha- están persuadidos de que garantizan una vialidad efectiva, terrenal, del proyecto. Esto en el plano ideológico. Pero hay otro plano, el de los negocios, donde también pudieron entrar en conflicto. Esa dimensión es mucho más prosaica, por supuesto. Y más cifrada. Tiene que ver con qué grupos económicos se concretaría el negocio de la privatización de las empresas estatales: Ecuatoriana de Aviación, EMETEL, EMELEC, la ampliación del oleoducto transecuatoriano, las cementeras, etc. Ese es el poliedro de los intereses económicos concretos, sin los cuales el programa reformista de la derecha no puede tener consecución práctica: la política es ahora una extensión de los negocios, y no al revés. Pero, ¿hay diferencias en los negocios que no se arreglen con las palabras? No. Y por ello estos conflictos lucen insuficientes como 73

para justificar que se coloque a un país entero en vilo, diríamos, por unos dólares más... o menos. De modo que el sesgo íntimo es el más confiable: Febres Cordero no podía admitir que un "advenedizo" viniera a disputarle su singular liderazgo en la derecha política del Ecuador. Mucho peor si él (Dahik) había comido de su mano en el Gobierno de la llamada "reconstrucción nacional". Menos si ese liderazgo, como todos sabemos, se ejerce al estilo de Marlon Brando en la película de Francis Ford Coppola: "El Padrino". Si acaso todo fue así, la suerte del ex vicepresidente Alberto Dahik se jugó, seguramente, en una propiedad, en un sueño, o en una mala digestión de Febres Cordero, y desde entonces ya nadie podía salvarle (un interesante comentario de la "bronca" entre Dahik y el Partido Social Cristiano consta en los anexos de este informe). El mecanismo había sido puesto en marcha, y funcionó alentado por el partido del vengador, pero también por distintas fuerzas (medios de comunicación, organismos no gubernamentales, partidos políticos, gremios, personalidades públicas, etc.), dispuestas a saciar su hambre contra uno, ¿el más grande?, de los corruptos de este país. En ese propósito era inevitable que estuvieran unidos el agua y el aceite aunque, a la larga, la corrupción no resultará derrotada y solo un hombre podrá decir que la venganza, esta venganza, es dulce. Mientras se cocinaban los dos juicios, ya fue evidente que Dahik había incurrido en violaciones al reglamento del manejo de los gastos secretos. Luego, con la publicación de la "lista de Dahik", se hizo nítido que los dineros no se dedicaron a la seguridad interior o exterior o al mantenimiento del orden público y que fueron manejados por los asesores o funcionarios o secretarios sin estar autorizados a disponer de fondos secretos. Dahik intentó justificar sus decisiones en el plano legal y reglamentario pero, sobre todo, dijo que era la víctima de una persecución política. Con ese argumento, precisamente, solicitó el asilo político en San José de Costa Rica. Y en ello fue secundado por el propio presidente Sixto Durán Ballén. Por fin, Costa Rica le concedió asilo político el 1 de abril de 1996. Todos los periódicos del Ecuador publicaron, entonces, que el presidente Sixto Durán Ballén "celebró" el otorgamiento del asilo. "Dahik es mi amigo y yo creo que al cabo de los tiempos, el pueblo

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ecuatoriano se percatará de que se ha magnificado el proceso de gastos reservados con mala fe", dijo Durán Ballén. Es un caso para Ripley. En nuestro continente piden asilo los opositores que son víctimas de la persecución gubernamental. Pero en este país de las paradojas, un vicepresidente como Dahik -el hombre más poderoso del Gobierno- pide asilo porque le acosa el hombre más poderoso de la oposición... Si todo esto resulta finalmente cierto, y no un ludo de palabras, Dahik tuvo razón cuando dijo que no era más que una pobre víctima del canibalismo político. Pero nunca cuando -en el segundo día de su comparecencia ante el Congreso, el 5 de octubre de 1995- echó la culpa "al miedo" por no haber hablado con anterioridad sobre las "corruptelas" del febrescorderato. Tampoco el 2 de abril de 1996 cuando, desde San José de Costa Rica, nos hizo saber que no se arrepentía de nada de lo hecho y dicho por él. "Soy un ser humano", dijo Alberto Dahik en el epílogo del juicio político en el Congreso, "no soy de acero ni inmortal", antes de concluir histriónicamente: "Yo, señores, podré haber cometido errores, pero estas manos están limpias y sin sangre".

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15. POSFACIO Este informe -cuyas fuentes fundamentales fueron las principales publicaciones periódicas de Quito y Guayaquil- abarca un lapso que va desde junio de 1995 a abril de 1996. En ese periodo el escándalo por el presunto uso indebido de los gastos reservados ocupó la atención nacional, y se mantuvo inclusive compitiendo, en los últimos meses, con la propaganda electoral para las elecciones presidenciales. Así, este informe se cierra con el dictamen del fiscal general de la Nación, Fernando Casares, y con una gran temor: una sombra de impunidad podrá extenderse sobre el caso, hasta sacarlo de la memoria nacional, sin que se apliquen las sanciones previstas por la ley. Casares emitió su dictamen de 38 páginas el 15 de abril de 1995, en el que argumenta por qué acusó a los sindicados. Según él, se comprobó el cometimiento del delito de peculado. Por eso acusó de ser autores al ex vicepresidente Alberto Dahik, a sus más íntimos colaboradores, Juan Mario Crespo y Gladys Merchán, y a los ex ministros Mauricio Pinto (Finanzas) y Diego Paredes (RREE). Casares dictaminó que Dahik, Crespo y Merchán incurrieron también en el delito de enriquecimiento ilícito, porque no justificaron de dónde obtuvieron grandes sumas de dinero, "los cuales no podían provenir de sus sueldos". En el dictamen se explica la acusación contra Pinto porque él no examinó los saldos de la cuenta especial abierta en el Banco Central del Ecuador, para manejar los fondos reservados. El ex contralor Juan Carlos Faidutti fue acusado de cómplice, y como encubridores Ricardo Muñoz Chávez, ex superintendente de Bancos, y Francisco Costales, el subcontralor. Los delitos están tipificados y sancionados en los artículos 257 del Código Penal, en concordancia con el artículo 397 de la Ley

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Orgánica de Administración Financiera y Control y de un artículo innumerado, que consta a continuación del 296 del Código Penal. Casares explicó que "la infracción no solo se comete cuando el funcionario se aprovecha de los fondos públicos, sino cuando se permite que terceros se beneficien de los fondos del Estado". También precisó que en el caso del delito de enriquecimiento ilícito "se invierte la carga de la prueba y el acusado tiene que demostrar la licitud del origen de los fondos con los que ha manejado cuentas". "El Comercio" destacó que en el dictamen no se dijo nada sobre los presuntos beneficiarios de los cheques de la Vicepresidencia. "¿Por qué?" -preguntó ese matutino-. Y respondió: "Según Casares, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, no se pronunció sobre ello y por lo tanto él no tenía capacidad legal para juzgar a los receptores de fondos del Estado". El autor de este informe pidió al presidente de la Corte Suprema conocer los justificativos, sin que el magistrado otorgara la autorización necesaria. De igual manera lo hizo con el fiscal general de la Nación, con iguales negativos resultados. Eso explica que tal información no consta en estas páginas. De manera que quienes recibieron cerca de 20 mil millones de sucres en total, la gran mayoría sin justificaciones que se ajustaran a la venta bienes o a la entrega de servicios destinados al mantenimiento de la seguridad pública, podrían salir inermes de todo este escándalo. Este es un punto que la opinión pública no ha podido entender claramente en las últimas actuaciones del "hombre del año 1995", el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine. Sin embargo, queda la posibilidad de que el juez decida acciones contra los supuestos beneficiarios en el auto de llamamiento al plenario, que es la fase intermedia del juicio Según se puede prever, el Congreso tampoco levantará la inmunidad parlamentaria de los diputados artilleros del ex vicepresidente, como lo había solicitado el fiscal: Wilman Costa, Freddy Bravo, Leonardo Escobar y Marcelo Saltos. Manteniendo su inmunidad, conseguirán su impunidad, y luego, cuando dejen de ser diputados en agosto de 1996, posiblemente activarán en la política nacional como si nada hubiese sucedido. Además, desde febrero de 1996 en algunos medios de prensa como el diario "El Universo"- se advirtió que el juicio penal contra el

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ex vicepresidente Dahik podrá quedar suspendido una vez que se dicte la providencia por la cual se llama a plenario. Según el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal "si en el momento en que se dicte el auto de apertura a plenario, el sindicado estuviere prófugo, el juez luego de dictar dicho auto, ordenará la suspensión de la etapa plenaria, hasta que el encausado sea aprehendido o se entregue voluntariamente". En este caso están sindicados con orden de prisión Alberto Dahik, Diego Paredes, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. Ninguno de ellos fue apresado y se presume que, igual que Dahik, todos se encuentran fuera del Ecuador. El trámite del proceso únicamente puede sustanciarse para los sindicados que hayan sido detenidos. En el caso de varios sindicados, según el artículo 255, se suspenderá el trámite para quienes estén prófugos y continuará para quienes estén presentes. Por otra parte, ninguna instancia jurídica o política del país ha tomado en sus manos la investigación las graves denuncias que realizó Alberto Dahik en la tribuna del Congreso Nacional, durante el juicio político en su contra. La sombra de la impunidad conduce a alimentar un pensamiento pesismista: el escándalo de los gastos reservados fue posible solo porque uno de los hombres más poderosos del país, si no el más poderoso, el ex presidente León febres Cordero, ejecutó una venganza personal y una maniobra amplia, que permitió que su delfín, el candidato presidencial Jaime Nebot Saadi, pasara intocado durante casi un prolongado año mientras toda la atención nacional se subyugó con el escándalo. De ese modo, Nebot se presentará a la primera vuelta electoral del 19 de mayo prácticamente incólume, sin que su imagen se hubiese deteriorado en el fragor de la campaña, lo que es una ventaja cualitativa que podría acarrear consecuencias profundas para el futuro político del Ecuador. Diego Cornejo Menacho 20 de abril de 1996

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16. ANEXOS ANEXO 1 LA LISTA DE LOS GASTOS RESERVADOS CUADRO CONSOLIDADO DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS CHEQUES DE LAS CUENTAS DE GLADYS MERCHAN Y JUAN MARIO CRESPO BURGOS (En sucres) MONTO

No. de cheques

A Andrade Luis 1.324.815.000,00 Armijos Fabián 80.000.000,00 Adoum Alfredo 25.000.000,00 Arosemena Fabiola 14.486.880,00 Avilés Amada 1.000.000,00 Andreta Antonio Ab. 1.054.122,00 Aulestia Verónica 5.500.000,00 Allauca Segundo L. 6.000.000,00 Aguinaga Karen 6.050.000,00 ATU Cía. Ltda. 11.576.000,00 Amersa Soc. Ltda. 2.645.000,00 Almacenes Chimborazo 142.000,00 Agencia Díaz 50.606.758,00 Arosemena Guillermo 50.000,00 Argudo Cheine Mariana Dra. 10.000.000,00 Avilés Mayra Plaza de 1.500.000,00 Arteta Carlos Ing. 8.705.600,00 Alpha's 38.010.000,00 Asociación Provincial Judo Gyas. 10.000.000,00 Asociación Damas Salesianas 50.000,00 Avila Rommel 900.000,00

68 15 5 12 1 1 11 1 12 4 1 1 6 1 1 1 1 3 1 1 1

B Baquero María Augusta 22.456.120,00 Benítez Carlos 7.200.000,00 Bravo Freddy 500.000,00 Bravo Carlos 1.500.000,00 Barros Gualberto 15.269.000,00 Briz María del Pilar 38.100.000,00 Bon Appetit 1.377.000,00 Banco de la Producción 958.367.916,40 Banco del Pacífico 219.800.426,00 Banco de Préstamos 179.776.493,00 Banderines Gutiérrez 2.748.000,00 Bentley's Restaurant 2.096.700,00 Baquerizo Yolanda de 23.000.000,00 Bravo Nelo 400.000,00 Biblioteca General Ecuatoriana 96.750.000,00

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33 12 1 1 27 19 1 57 16 6 2 2 1 1 1

C Cabrera Julio 47.745.000,00 Canelos Franklin 1.245.000,00 Costa Wilman Ing. 91.918.000,00 Crespo Juan Mario 61.538.186,00 Cedatos 120.768.000,00 Consultor 552.000,00 Cabezas Eduardo 296.040,00 Comandancia General de Policía 2.472.500,00 Cesantía Policía Nacional Servicio 22.000.000,00 Corte Suprema de Justicia 30.000.000,00 Casa César 10.000,00 Camposano Marcela 1.500.000,00 0049 Compañía Ltda. 345.000,00 Costur 30.088.083,00 CPV Publicidad & RR.PP. 161.780.184,00 Chauca César 1.755.000,00 Cayetano Metolicoreria 2.080.900,00 Corporación para el Desarrollo de la Educación Universitaria 5.765.050,00 Club de Jardinería de Portoviejo 10.000.000,00 Crespo Julio Ing. 12.226.550,00 Cabrera Julio 4.200.000,00 Carrasco Santiago Dr. 4.400.400,00 Cevallos Marcela 400.000,00 Corporación de Estudios y Publicac. 125.000.000,00 Casa Paz S.A. 119.217.010,80

38 3 36 32 9 1 2 1 2 1 1 1 2 11 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4

D Dinners Club del Ecuador Dávila Eugenia De la Torre Augusto Dávalos Remigio Dávila Peralta Elías (Monseñor) Defaz Jorge Dávalos Rosa

5.235.678,00 4.670.000,00 108.455.000,00 5.027.935,00 20.000.000,00 2.002.500,00 11.837.007,00

2 8 14 1 3 1 1

E Ecuafuel 132.000,00 Ediciones Rodin 23.500.000,00 El Universo 6.480.000,00 Elgarresta Mario 60.400.000,00 Equear Cía. Ltda. 3.115.330,00 Ecuadorian Tours 192.800,00 Ecuapanorama Agencia de Viajes 455.000,00 Ecir 746.141,00 El Mercurio Ltda. 1.478.400,00 El Comercio 7.500.000,00 Editorial Centenario 750.000,00 Empresa Eléctrica Quito S.A. 7.896.372,00 Edel del Ecuador 11.278.000,00 Escobar Leonardo 10.000.000,00 F

80

1 4 1 9 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Federación Deportiva del Azuay 20.000.000,00 Flor Delia 50.000,00 Firmesa 338.500,00 Federación de Ligas Barriales de Quito 24.000.000,00 Filantravel 96.000,00 Fundación Presley Norton 15.000.000,00 Floklor Olga Fisch 3.055.000,00 Fundación Compartiendo 28.000.000,00 Federación Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador 8.000.000,00 Fichamba Jesús 3.500.000,00 Fundación de Hogar de Ancianos San Pedro 2.000.000,00

1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1

G Gerarca El Prado Cía. Ltda. 2.707.000,00 Garzón Vinicio 57.680.504,00 Garzón Marco Arq. 2.100.000,00 Granda Paulina 3.910.000,00 Guamán Manuel 3.108.000,00 Gagliardo Jorge 15.115.000,00 Galería del Mueble 35.820.700,00 Gobernación Provincia Chimborazo 37.500.000,00 González Gustavo 10.000.000,00 Gráficos Nacionales 1.890.000,00 Galería Latina 945.000,00 García Marco Arq. 217.220,00 García Herrera Ing. 3.705.600,00 Guerrero Alexis 3.705.600,00 Gómez de la Torre Joaquín Lic. 5.000.000,00 Guerrero Walter Dr. 15.000.000,00

2 23 3 7 14 17 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

H Hotel Colón Hajj Violeta Hostal Viscaya Hotel Amaranta Hotel Oro Verde Hostería San José Hurel Eduardo Arq. Hotelería Guayaquil C. A.

39.494.916,00 7.412.000,00 372.460,00 1.740.960,00 64.365.232,00 682.660,00 1.697.000,00 5.780.718,00

8 30 2 2 3 2 1 2

I Informe Confidencial 283.800.000,00 INDEGA 60.000,00 Invercopia 6.000.000,00 INNFA Imbabura 2.000.000,00 Instituto de Altos Estudios Nacionales 5.000.000,00 Instituto de Urología 3.200.000,00 Instituto Nuestra Sra. de Fátima 10.000.000,00

81

22 1 1 1 2 1 1

IGM

300.000,00

1

J Jaramillo Iván Játiva Lorena Jaramillo Hugo

6.447.200,00 1.600.000,00 360.000,00

27 7 1

K Klaere Adolfo KLEIN TOUR S.A. KAO KADEPO C. Ltda.

6.722.400,00 414.000,00 84.000,00 10.500.000,00

2

2.460.000,00 23.350.000,00 2.295.000,00 7.751.587,03 2.820.000,00 622.800,00 60.000.000,00 500.100,00 400.000,00 9.475.600,00 227.000,00 32.000.000,00

2

1 1 1

L La Compañía Leoro Franco Juan Lamprea Lora de La Oficina Le Petit La Ronda S. A. Landívar César (Padre) LIBRIMUNDI León Germania de La Galería Lucio Paredes María Elena de Lucio Paredes Pablo Econ.

16 1 2 2 1 8 1 1 1 1 11

M Memorias Merchán Gladys Merchán Jaime Mera Connie Minuche Teresa de Mera Monroy Borja Bolívar Dr. Maldonado Ximena de Maldonado José Vicente Maldonado Franklin Dr. Mesón Las Flores Metropolitan Touring Morlas Molina Luis Alfredo MERPUBLI Mendoza Carlos, General Medina María Morales Carlos Municipalidad de Pujilí Maugé René Dr. Mercado Segundo

7.387.300,00 88.762.518,00 9.550.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 1.800.000,00 6.000.000,00 63.800.000,00 840.000,00 212.762,00 8.000.000,00 5.540.112,00 2.000.000,00 675.500,00 300.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 22.000.000,00

2 39 9 11 1 1 1 2 20 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

N Naranjo Janina Naser Gina de Nieto Iván

40.413.000,00 71.004.000,00 62.102.632,00

82

38 34 3

Novaclínica Nacer Miguel Navarrete Vicente Cap.

2.079.082,00 1.000.000,00 2.000.000,00

1 1 1

O Ortiz Paulina Orquesta de Cámara Rommelieus Ortiz Mónica (Mónica de Yacelga)

4.700.000,00 3.170.000,00 5.459.110,00

11 2 1

P Prodefensa Cía Ltda. 6.103.200,00 Plaza Mayra 1.500.000,00 Pesantes Ernesto 2.180.990,00 Pesantes Rodrigo 1.050.000,00 Proaño Carlos 800.000,00 Parrilla del Ñato 235.080,00 Panamotor 1.994.916,00 Parroquia Nuestra Señora del Cisne 12.000.000,00 Proaño Enrique 6.000.000,00 Parroquia San Antonio María Coret 145.000.000,00 Palacios Edgar 10.000.000,00 Pacheco Silvana de 4.500.000,00 Pazmiño Guzmán Roberto (Monseñor) 25.000.000,00 Policía Nacional Escuela Superior 12.000.000,00

2 2 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1

Q QSS Producciones Cía. Ltda.

13.000.000,00

2

R Richardson Henry Rosero Luis G. Ribadeneira Vicente Rivera Fernando Rueda Luis, Arq. Ruiz de María de Lourdes Rex Plastics Cía. Ltda. Restaurant Don Ramón Roche Mario Recalde Hugo Reyes Pablo Robalino Hugo Mayor

34.359.200,00 66.100.000,00 5.000.000,00 1.494.000,00 137.396.000,00 122.500,00 1.201.750,00 796.600,00 10.000.000,00 1.409.000,00 6.788.556,00 6.000.000,00

12 1 2 1 34 2 1 1 1 1 1 1

S Salas Eduardo 3.000.000,00 Saltos Marcelo 4.000.000,00 Sempértegui Walter Ab. 8.000.000,00 Servicios Sociales del Ejército 1.052.500,00 Sindicato de Choferes del Carchi 10.000.000,00 Santos Clorinda de 120.000,00 Saeta 5.210.832,00 Seitur 6.370.927,20 Simba Alvaro Econ. 2.750.000,00

83

2 1 2 1 1 2 1 1 1

Said 3.500.000,00 Sercoin 1.050.000,00 Settling 20.991.435,00 Son Producciones 8.000.000,00 Servicios Especializado Automotriz 420.000,00 Sociedad de madres Salesianas 130.000.000,00

1 1 6 2 1 2

T Tamayo Galo Turisa Trofeos Castro Televisión Corporativa del Ecuador Tapia Luis Eduardo Tenorio Juan

5.847.200,00 9.371.961,20 686.000,00 4.179.000,00 480.000,00 100.000,00

29 7 1 2 1 1

U Unicredi Unidad de Política Social

108.928,00 40.000.000,00

1 1

Veritas Publicitaria 663.126.818,37 Vera Zambrano Carlos 9.329.500,00 Valenzuela Byron 2.600.000,00 Vivar Efrén (Padre) 18.000.000,00 Visa BG 1.251.748,00 Viajes Americanos Cía. Ltda. 7.728.089,00 Vera Trávez Jorge 164.000,00 Voluntariado Servicio y Solidaridad 10.000.000,00 Vásconez Patricia Dra. 4.000.000,00 Valencia Diana Arévalo de 3.000.000,00 Villacreses Rodrigo 400.000,00

4 31

V

5 2 3 4 1 1 1 1 1

W Wandember Martha

1.351.000,00

1

X Xerox del Ecuador

5.700.000,00

1

1.428.180,00 ---------250.000,00

4

Z Zac Cía. Ltda. Zambrano Carlos Zevallos Marcela SUB TOTAL

7.152.115.102,00

CHEQUES AL PORTADOR

1.680.029.000,00

TOTAL

8.832.144.102,00

84

1 1 63 834

ANEXO 2 BENEFICIARIOS DE LA COMPRA DE DIVISAS DEL BANCO DE LA PRODUCCION GIRADOS CON CHEQUES DEL BANCO DEL PACIFICO (en US dólares) BENEFICIARIO

CON LA CTA. CON LA CTA. DE GLADYS DE JUAN CRESPO MERCHAN

TOTAL

AFAC Cía. Ltda. 24.899,00 12.239,00 37.138,00 Andrade Luis 12.094,81 ------12.043,81 5 Arteta Rivera Federico 6.000,00 ------6.000,00 Astudillo Vicente 1.000,00 ------1.000,00 Amuhategui Miguel ------- 2.466,00 2.466,00 Del Bc. Internacional ------- 9.915,00 9.915,00 De Moscoso Miriam 400,00 400,00 800,00 2 De Cobo Flores Alicia 400,00 ------400,00 1 De Bueno Iturralde Rossana 3.000,00 1.000,00 4.000,00 Fuerza Aérea Ecuatoriana 39.000,00 3.034,00 42.034,00 Eigen Peter 10.000,00 ------10.000,00 Ibarra C. Silvana 10.000,00 ------10.000,00 Jaramillo Buendía Fidel 22.288,00 ------22.288,00 LACSA 5.588,00 3.720,40 9.308,40 Maldonado Franklin 3.800,00 3.200,00 7.000,00 Merchán Gladys 35.000,00 13.600,00 47.540,00 Merchán Gladys y Andrade Luis 5.660,00 --------5.660,00 4 Nieto Iván 14.486,00 --------14.486,00 Ordóñez Tamara 4.600,00 --------4.600,00 Richard Wagner 918,00 --------918,00 Riofrío Pablo 4.500,00 3.000,00 7.500,00 Secretej Cía Ltda. 1.400,00 --------1.400,00 Tobar Andrés 1.300,00 --------1.300,00 1 Tobar José 1.300,00 --------1.300,00 Tobar Rodrigo 2.600,00 --------2.600,00 Joice Poewted Technology ------448,70 448,70 Vivanco Manuel 10.000,00 --------10.000,00 Yanes Milton 3.000,00 --------3.000,00 1 Yac. Cía. Ltda. 1.560,00 260,00 1.820,00 TOTAL

224.780,81 52.183,22

85

276.694,03

89

NUMERO COMPROB. 12 1 1 1 1

3 2 1 1 2 5 6 17 2 1 1 5 1 1 2 1 1 7

ANEXO 3 EL CLASIFICADOR DEL GASTO La defensa de los acusados en el juicio por el manejo de los gastos reservados, ante el cúmulo de evidencias sobre la alegría con que se manejaron, ha centrado su defensa en el argumento de que los gastos se hicieron amparados en lo que dispone el Clasificador por Objeto del Gasto para el sector público, que no es más que un catálogo de cuentas para contabilizar los egresos que efectúa el sector público, de acuerdo a un orden establecido. Ni es la base legal para que se realice el gasto, ni puede autorizar nada que no sea legal. Simplemente es la norma para contabilizar el gasto "satisfaciendo los requerimientos de carácter presupuestario y contable". Como lo tienen las empresas, según normas de la Superintendencia de Compañías o los bancos, según normas de la Superintendencia de Bancos. Los dos organismos de control dictan normas a las que deben someterse los controlados, para que el balance refleje, según esas normas, la realidad. El hecho de que un banco o una compañía tengan que adecuar su contabilidad a esos catálogos de cuentas, no quiere decir que se les autorice a realizar operaciones que no estén contempladas en las leyes respectivas. Equiparando al sector público ese comportamiento, el clasificador del gasto ordena la forma en que se realizará la contabilización de los egresos que el sector público realice. La demostración de que es un elemento de orden y control está en que para modificarlo se requiere la opinión previa del contralor general del Estado. Y en que después de que estallara el escándalo, el contralor dictó un nuevo reglamento, disponiendo, como siempre sucedió antes, que los gastos reservados se utilizarán exclusivamente en la seguridad interna y externa. El presupuesto del Estado contempló siempre el rubro correspondiente a gastos reservados, definidos como los fondos que se destinan a la seguridad interna y externa del Estado. Este gobierno modificó, mediante acuerdo 376 expedido por el ministro de Finanzas el 15 de junio de 1993, con opinión adversa del contralor en oficio 15112 de 10 de junio de 1993, aunque solo haya sido por considerar que no reformaba sino aspectos de forma, el Clasificador por Objeto del Gasto, introduciendo una profunda modificación en el 86

concepto del gasto reservado. Se lo incluyó en el rubro de "Imprevistos", definido como "Gastos reservados amparados en las leyes vigentes, destinados a cubrir actividades y proyectos o para gastos circunstanciales no susceptibles de programación durante la elaboración del presupuesto". Es decir, que todo lo que no se haya presupuestado podría ser concebido como gasto reservado. Y en esta absurda e inconveniente definición, que no puede tener ningún otro alcance que el de sus efectos contables, se basan quienes sostienen que es la base legal que permite hacer lo que al funcionario se le ocurra. Como lo demuestran los detalles, todavía incompletos, del destino de una parte de los gastos reservados manejados desde la Vicepresidencia de la República. Incompletos, porque todavía no se conocen en su totalidad ni esos, ni los correspondientes a la Presidencia y al Ministerio de Gobierno, que insistentemente fueran referidos, por el vicepresidente Dahik, como parte de una política de gobierno y como manejados en forma tripartida. La ética -o la falta de ella- se revela en los actos diarios de los gobernantes. No en sus proclamas. Cuando se cree que el acceso al poder permite hacer lo que a cada quien se le ocurra, es imposible que no suceda lo que ha sucedido. Tanto por los montos manejados, que es imposible que se hayan dedicado a lo único que los justifica, como por la concepción con que se lo ha hecho. El juez tiene que llegar hasta el final para que estos hechos no vuelvan a suceder. Si se queda por las ramas, se habrá institucionalizado la corrupción. (Andrés Vallejo, diario "HOY", 27 de febrero de 1996, pagina 4-A).

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ANEXO 4 DAHIK-PSC: EL "SHOW" SIN JUEZ Da vergüenza escribir "bronca" pero se trata de eso: de una bronca entre Alberto Dahik y los socialcristianos. O de los socialcristianos contra Dahik. Los amigos de ayer se desgarran públicamente desde el año pasado y, ahora, tras el asilo en Costa Rica, deciden prolongar el juego sangriento. Cualquier ecuatoriano debería sentirse satisfecho con esta lavandería pública. Se sacan informes, se exhiben contratos y números de cuentas, se muestran cheques de lo que -para permanecer en los límites de la decencia- es un atraco contra las finanzas del país. Ese fue el escenario que el país vio durante el "show" organizado por Dahik y los socialcristianos durante el juicio del ex vicepresidente. ¿Operación transparencia, con pruebas y juicios y cárcel para los responsables? Qué va. Una operación de diversión. ¿Qué quedó de ese inmenso destape? nada. Ni el procurador ni el fiscal ni el Congreso han investigado las denuncias de Dahik. El presidente de la Corte inició el juicio contra el ex vicepresidente y, por sus primeros pasos, fue nombrado, por algunos diarios, hombre del año. Ese juicio está a punto de cerrarse, sin responsables ni condenados. Ahora se reabre el mano a mano. Desde Costa Rica, el ex vicepresidente va a hablar, está hablando. Eso significa que va a contraatacar. Lo hará olvidando que su situación de prófugo le quita categoría moral a sus actos. Y aquí los socialcristianos van a darse otro baño de moralidad haciéndole la vida imposible al hombre que el país critica por su conducta licenciosa con los fondos reservados. Se van a ampliar las "pruebas" de lado y lado. ¿Para qué? El procurador ni el fiscal no harán nada (porque nadie dizque ha puesto denuncia alguna). Los diarios se van a llenar de uno dice y otro agrega. El uno responde y el otro exhibe. Como durante el juicio. Pero la opinión sabe que por más "pruebas" que se acumulen, no pasará nada. Los compadres de antes, que sabe cómo funciona y cómo se gobierna en este país, tienen ases para prolongar su "show". La opinión (los medios de comunicación) solo están convidados a contar los puntos, jamás a saber la verdad. Y menos a ver condenados por indelicadezas de esos calibres. 88

¿Caer en ese juego? ¿Entrevistar a Dahik y después ir donde Xavier Neira, Rafael Cuesta, León Febres Cordero y los otros? La verdad lo requeriría. Pero la verdad ante quién, si el Estado, por sus propios amarres, no puede buscarla, y cuando la encuentra no sabe qué hacer con ella. El país vive dos dramas ente la búsqueda de la verdad: no saber quién la dirime y saber que la impunidad campea en esferas donde servicio y transparencia deberían ir de la mano. Así la prensa y la opinión viven entre la perplejidad y el desencanto. El "show" entre el PSC y Dahik sigue... sin juez. (Comentario en diario "El Comercio", de 3 de abril de 1994, página A-2)

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ANEXO 5 CRONOLOGIA DEL CASO GASTOS RESERVADOS JUNIO 05. En una reunión con periodistas ecuatorianos, Alberto Dahik revela que ciertos diputados y magistrados de la CSJ exigieron dinero para aprobar leyes y dictar fallos de interés para el Gobierno. 06. El contralor del Estado, Juan Carlos Faidutti, envía al Parlamento un proyecto de ley para combatir la corrupción que, afirma, "se ha convertido en un cáncer que devora todo el sistema democrático". 09. El periodista Jorge Vivanco Mendietta ("Expreso") escribe un artículo en que revela que el Gobierno ha sido chantajeado por un bloque legislativo a cambio de votos y por algunos ministros de la Corte Suprema, a cambio de declarar constitucional una resolución favorable al Gobierno. JULIO 10. Jorge Vivanco, periodista y subdirector del diario "Expreso", luego de haber escrito en su medio diversas denuncias de corrupción, admite que su fuente afirmativa fue el vicepresidente Alberto Dahik. Insiste en que el Gobierno cedió al chantaje de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de diversos diputados. Los diputados opositores Santiago Bucaram (PRE), Oscar Célleri (PRE) y Juan José Castelló (MPD), inician trámite legal para llamar a Dahik a juicio político. 11. Vivanco comparece ante la Corte Suprema de Justicia y ratifica sus afirmaciones. 13. El director de diario "Extra", Nicolás Ulloa, y el director de "Radio Cristal", Carlos Armando Romero Rodas, confirmaron ante la CSJ que Alberto Dahik confió a un grupo de periodistas las denuncias sobre corrupción. 16. El gabinete del presidente Sixto Durán Ballén anuncia su apoyo a Dahik. 19. Veinte diputados formalizan ante la Presidencia del Congreso Nacional un pedido de enjuiciamiento político a Dahik bajo las acusaciones de cohecho y de atentar al honor de la nación. 90

20. El fiscal general de la Nación, Fernando Casares, considera que existen suficientes elementos como para procesar penalmente a Dahik por propiciar la corrupción mediante el cohecho. 23. Sixto Durán Ballén lanza una campaña contra la corrupción en los organismos del Estado, la Justicia y el Legislativo, y ordena el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de sus colaboradores, los ex presidentes y los ex vicepresidentes. 28. Alberto Dahik admite que el Gobierno cedió a presiones políticas para no poner en peligro el sistema democrático, pero niega haber cometido cohecho. AGOSTO 15. Los diputados socialcristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta denuncian ante la CSJ que dos secretarios de Alberto Dahik depositaron en cuentas privadas 1.1OO millones de sucres en 27 días, y acusan al vicepresidente de manejo ilegal de fondos del Estado. 16. Dahik acusa a Neira y Cuesta de violar el secreto bancario de cuentas de "gastos reservados" de la Vicepresidencia. El entonces presidente del la CSJ, Miguel Macías Hurtado, ordena un juicio penal en contra de contra Dahik y sus secretarios Gladys Merchán y Juan Crespo, a quienes acusa de prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito. 18. Macías llama a Dahik y sus secretarios a rendir declaración en la CSJ. 23. Dahik se niega a declarar ante Macías y acude al Parlamento para explicar su empleo de fondos reservados. 24. Macías dicta auto de prisión preventiva en contra de los secretarios de Dahik, quienes fugan ese mismo día. El conocido radiodifusor Gonzalo Rosero -propietario de "Radio Democracia", que emite su señal desde Quito- denuncia que el ex canciller de la República del Gobierno de Sixto Durán Ballén, Diego Paredes Peña, negoció la compra de su radioemisora con fondos que él, Rosero, presumía que provenían de gastos reservados del Estado. El ex canciller Diego Paredes rechaza toda responsabilidad en la negociación. Y Dahik declara al diario "El Comercio" que usó cheques y no efectivo en los gastos reservados "por delicadeza". 25. El cardenal monseñor Bernardino Echeverría Ruiz se solidariza con el vicepresidente Alberto Dahik. 91

29. Miguel Macías es censurado y destituido por el Parlamento por dictar un fallo contra el estatal Seguro Social. Carlos Solórzano Constantine es elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia. 30. Dahik informa que sus secretarios "tienen un mes de vacaciones, legalmente aprobado". SEPTIEMBRE 07. El vicepresidente Dahik, en cadena de radio y televisión, califica de infamia las acusaciones y anuncia que continuará combatiendo la corrupción. Dice que "solo dos de las siete cuentas son de gastos reservados". 08. Carlos Julián Trueba, ex asesor de la Presidencia de la República, admite en una carta enviada a diversos medios de comunicación, que él redactó la minuta de compra-venta de "Radio Democracia". 12. El vicepresidente Alberto Dahik y el ex canciller Diego Paredes acuden a la CSJ a rendir testimonio. El ex canciller, implicado por Solórzano en la querella penal, rechaza toda responsabilidad en una negociación para comprar "Radio Democracia" con fondos del Estado. El entonces vicepresidente insiste en que su juez natural es el Congreso. 19. Comparece ante la CSJ Carlos Trueba. Ratifica que él elaboró la minuta. 20. El ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, sindicado por la CSJ en el juicio penal, es censurado y destituido por el Congreso en un proceso político relámpago. De los 77 diputados, 63 votan en contra del funcionario. Carlos Solórzano dicta orden de prisión preventiva para el ex canciller Diego Paredes. 21. Diego Paredes fuga e inicia su defensa "desde la clandestinidad". Dahik declara a "El Telégrafo" que hay solo una cuenta de gastos reservados, "y esa es la cuenta que está en el Banco Central del Ecuador". 26. Cuarenta y dos legisladores firman una moción de censura y destitución de Alberto Dahik. 27. El presidente del Parlamento, Fabián Alarcón, llama a juicio político al vicepresidente Dahik para la tarde del lunes 2 de octubre. La CSJ dicta orden de prisión preventiva en contra del superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, quien renuncia a su cargo y se refugia en una clínica en Cuenca para evitar la prisión en un centro de detención común. 92

28. Sixto Durán Ballén sostiene una reunión con miembros de la CSJ, el Congreso, las FFAA y la Iglesia Católica, para "buscar caminos que conduzcan a la superación de la situación actual". 28. Alberto Dahik solicita al Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) que ordene la anulación de su juicio penal en la CSJ. 29. Trabajadores e indígenas exigen al Legislativo la destitución de Dahik. El TGC rechaza el pedido de Dahik, respecto a la anulación de su juicio penal. Sorpresivamente, por televisión, Sixto Durán Ballén pide al vicepresidente que renuncie "para que el país recupere la tranquilidad". OCTUBRE 02. Dahik acude al Congreso Nacional y, en una intervención de seis horas, -durante las cuales se registra un sismo en el Ecuadorse defiende pasando de reo a fiscal. Se declara un "perseguido político" y denuncia que teme por su vida y la de su familia. 03. En el Congreso intervienen tres de los seis diputados interpelantes del vicepresidente: Juan José Castelló (MPD), Frank Vargas Pazzos (APRE) y Santiago Bucaram (PRE). 04. En el Congreso, en el marco del juicio político en contra de Dahik, intervienen los interpelantes del PSC: Xavier Neira, Rafael Cuesta y Marco Flores.. 05. El presidente de la República, Sixto Durán Ballén, dicta el decreto ejecutivo "reservado" Nº 46, por el que los microfilmes de los cheques de los gastos reservados pasan a su custodia. En el Congreso Dahik realiza la contrarréplica contra sus interpelantes. 06. El Congreso declara inocente a Dahik: 39 diputados votan a favor de la moción censura y destitución, 20 en contra y 14 se abstienen. Para destituirlo se requerían de 52 votos a favor de la moción de censura y destitución. El resultado final de las votaciones se compuso de nueve votos del bucaramismo -ocho abstenciones y uno en contra de la moción de censura-, 11 de los 13 independientes y ocho del Partido Conservador, por la absolución del vicepresidente. Veintiún votos del Partido Social Cristiano, ocho del MPD, cinco de la Izquierda Democrática, dos del APRE, uno de los socialistas, uno del Frente Radical Alfarista y un independiente, formaron los 39 votos a favor de la moción de censura y destitución.. 10. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, no puede inspeccionar los microfilmes de cuentas 93

reservadas de Dahik. Renuncia el ministro de Gobierno, Abraham Romero. 11. El presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, dicta orden de prisión preventiva en contra del vicepresidente Dahik, quien presenta su renuncia al Parlamento. Durán Ballén está de acuerdo con dimisión y anuncia que propondrá al legislativo candidatos para el cargo. 12. Dahik fuga a Costa Rica, donde pide asilo por considerarse un "perseguido político". 16. El Congreso acepta la renuncia del vicepresidente Dahik. 19. El Congreso elige a Eduardo Peña Triviño como nuevo vicepresidente de la República. Peña fue ministro de Educación de Sixto Durán Ballén. 25. El ex superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, revela ante el presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, que observó un cheque por 900 millones de sucres de la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República. Estos dineros habían servido para la compra de dólares en un banco local, cuyo nombre omitió. 30. La comisión fiscalizadora de los gastos reservados de la Vicepresidencia no pudo encontrar ni actas, ni estados de cuenta, ni cheques, ni microfilms originales durante las investigaciones realizadas en el Banco del Pacífico. NOVIEMBRE 02. Carlos Solórzano investiga las cuentas bancarias del precandidato presidencial Ricardo Noboa que, según declaraciones de una ex colaboradora suya, habrían sido alimentadas con fondos reservados manejados por Gladys Merchán, secretaria del ex vicepresidente Dahik. 10. El presidente Sixto Durán Ballén entrega al Tribunal de Garantías Constitucionales el texto del decreto reservado a través del cual se declaró custodio de los microfilmes. El suceso es producto de los reclamos hechos por el presidente de la CSJ, quien no tenía acceso a las cuentas bancarias de gastos reservados de la Vicepresidencia. 21. Sixto Durán Ballén defiende el decreto reservado. Solórzano ofrece secreto para algunos cheques.

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25. El contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti, decide realizar una serie de reformas al "obsoleto" reglamento de gastos reservados;. Uno de los principales cambios es eliminar la disposición de que la Vicepresidencia de la República maneje dichos gastos. En las reformas se anota que "los fondos asignados para gastos reservados o secretos deberán mantenerse depositados en cuentas especiales y secretas del Banco Central del Ecuador o sus sucursales". 28. El ex superintendente de Bancos encargado, José Iturralde, denuncia a la CSJ que recibió presiones del Gobierno para que los fiscalizadores no puedan revisar el contenido de los microfilmes. Dice que existían 1.287 cheques y 108 depósitos en las cuentas del Banco del Pacífico y que 10 personas entraban y salían de las bóvedas antes que Solórzano pudiera acceder a ellos. 30. Walter Guerrero, abogado de Dahik, revela que el contralor Faidutti conocía todos los movimientos de las cuentas de gastos reservados de Dahik. Anteriormente, el contralor había negado conocer las cuentas del Banco del Pacífico. Las declaraciones de Guerrero motivan que Faidutti sea sindicado por la CSJ. DICIEMBRE 06. El cardenal Bernardino Echeverría dice que diversas iglesias recibieron dineros de los fondos reservados que manejó la Vicepresidencia de la República. Monseñor Mario Ruiz, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se muestra sorprendido por esa declaración porque días atrás los prelados -reunidos en asamblea general, Echeverría incluido- habían afirmado que no recibieron ni un centavo de aquellos fondos. 09. Los peritos designados por la CSJ concluyen las inspecciones físicas de los microfilmes de las cuentas de los gastos reservados de la Vicepresidencia. Según las actas de gastos autorizadas por el contralor, enviadas por el propio Dahik desde Costa Rica, la Vicepresidencia habría gastado aproximadamente 20 mil millones de sucres de fondos reservados. 11. José Iturralde, ex superintendente de Bancos encargado, ratifica ante la Corte que fue presionado por tres funcionarios del gobierno -José Vicente Maldonado, Ana Lucía Armijos y Carlos Larreátegui- para evitar la revisión de los microfilmes de los gastos reservados.

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14 . En declaraciones ante la CSJ, el contralor Faidutti dice que desconocía que el dinero de los fondos reservados fue manejado en cuentas privadas. Indica que esta dispuesto a someterse a un detector de mentiras. 15. Fernando Casares, fiscal general de la Nación, indica que las cuentas reservadas de la Presidencia de la República podrían ser investigadas si existen pruebas que respalden las afirmaciones de los perjudicados por la financiera Irandina -varios de ellos habrían sido indemnizados con gastos reservados-. Dos asesores del ex vicepresidente Dahik dicen ante la Corte que "el contralor conocía los gastos" y que Dahik tuvo una cuenta bancaria con el diputado Wilman Costa. El periódico "El Nuevo Herald", de Miami, publica un reportaje sobre el presidente de la CSJ con el título: "Juez ecuatoriano libra batalla contra la impunidad". 18. El informe de la CSJ dice que faltan justificar siete mil millones de sucres, de los 19 mil millones de gastos reservados que manejó el vicepresidente de la República. 19. Dahik desautoriza a un abogado de su defensa, Italo Sotomayor, que pidió que se revocara el decreto de custodia de los microfilmes de la cuenta secreta de la Vicepresidencia. El ex superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, ratifica que le insinuaron y sugirieron cortar, destruir e incinerar los microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, antes de depositarlos en las bóvedas del Banco Central. No precisa los nombres de las personas que le hicieron esa sugerencia. 21. El presidente de la CSJ denuncia la existencia de una "campaña sucia" en su contra. El diputado conservador Freddy Bravo sostiene que Solórzano ha llamado a comparecer a varios funcionarios del Gobierno, "resentido con publicaciones de prensa" que han aparecido pagadas en contra del juez. Luis Andrade, el ex conserje y mensajero de la Vicepresidencia, comparece ante el presidente de la CSJ. Declara que el era el encargado de cambiar y depositar millonarias sumas de dinero que las entregaba a los ex secretarios de Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. 22. Monseñor Bernardino Echeverría se ratifica en sus declaraciones: "templos parroquiales, capillas, escuelas y otras obras sociales pudieron haber recibido ayudas procedentes de gastos reservados". 27. Carlos Solórzano indica que está por cerrarse la etapa sumarial del juicio penal en contra del vicepresidente de la República. 96

31. Varios medios de comunicación declaran "hombre del año" a Carlos Solórzano Constantine, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ENERO 03. El presidente de la CSJ informa que la Policía Nacional habría recibido 350 millones de sucres de gastos reservados para la realización obras. Indica que los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa no recibieron dineros de esa índole. Solórzano estudia la posibilidad de extradición de Alberto Dahik. 12. El ministro de Gobierno, Xavier Ledesma, mantiene silencio sobre las acciones que lleva adelante para capturar a los prófugos ex funcionarios sobre los que pesan órdenes de detención a causa del escándalo de los gastos reservados. 15. El abogado del ex vicepresidente Alberto Dahik, Walter Guerrero, reclama que se debe cerrar la etapa sumarial del proceso, pues el Código de Procedimiento Penal prevé un plazo máximo de 60 días. En el caso gastos reservados se llevan ya 150 días. 16. El presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, dice que se cerrará el sumario del proceso de los gastos reservados una vez que se cumplan varias diligencias pendientes. 17. Diputados conservadores acusan a Carlos Solórzano, presidente de la CSJ, de haber incurrido en prevaricato, al señalar en un informativo de televisión -Noticiero Nacional Al Aire, Gamavisión, el 12 de enero- que algunos microfilmes de los gastos reservados "no son santos". Los diputados conservadores dejan entrever la posibilidad de pedir la salida de Solórzano de la CSJ. 18. Carlos Solórzano llama a dar testimonio a Ana Lucía Armijos, presidenta de la Junta Monetaria, a José Vicente Maldonado, ministro de Industrias, y a Carlos Larreátegui, ex secretario general de la Administración, a fin de que respondan a las denuncias que formuló José Iturralde, ex superintendente de Bancos encargado, de que recibió presiones de ellos para que no entregara la llave y clave de la bóveda del Banco Central. 19. El fiscal general de la Nación, Fernando Casares, revela que varios diputados recibieron dinero proveniente de los gastos reservados. Dice que a través del Banco de la Producción también

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se han manejado dineros de la Vicepresidencia. No señala nombres. 22. Declara Luis Andrade, ex conserje y mensajero de la vicepresidencia, quien cambiaba y depositaba los cheques de Juan Mario Crespo y Gladys Merchán. Andrade destaca que en alguna ocasión llevó cheques en dólares -aproximadamente 40 mil- a la FAE, a la Zona militar y al Ministerio de Defensa. 23. Declaran Ana Lucía Armijos y Carlos Larreátegui. La presidenta de la Junta Monetaria especifica que nunca se presionó al ex superintendente de Bancos, José Iturralde, para que no entregara las llaves y claves de las bóvedas del Banco Central. Lo mismo dice Larreátegui. El ex secretario general de la Administración se niega a revelar nombres de los funcionarios de la Presidencia que fueron pagados con los fondos reservados. Armijos, por su parte, destaca que el único funcionario que recibió pagos adicionales a su sueldo fue el actual gerente del Banco Central, Augusto de la Torre. 24. Augusto de la Torre señala que no sabía que sus compensaciones salariales provenían de gastos reservados. 30. Se revela la "lista de Dahik", con 242 nombres de beneficiarios de fondos reservados. Es la consecuencia de que el presidente de la CSJ levanta el sigilo sobre los microfilmes -con una providencia que deroga el decreto Nº 64 del presidente de la República-. "La lista de Dahik" consta de nombres que van desde cantantes y restaurantes a personas particulares y funcionarios del Gobierno. Queda establecido que los depósitos del Ministerio de Finanzas en la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia totalizaron 21 mil 257 millones de sucres. 31. Sixto Durán Ballén se allana a la providencia de Solórzano que deroga el decreto mediante el cual el presidente se declaró custodio de los microfilmes. FEBRER0 01. Se revela que los gastos reservados sirvieron para hacer mejoras en la hacienda Chillo Jijón, ubicada en el Valle de los Chillos, y que fue el lugar de descanso del ex vicepresidente de la República. También se confirma que con gastos reservados de la Vicepresidencia se financió la campaña del fantasma Comité de Información y Contacto Externo (CICE) contra los partidos políticos y el Congreso, que apareció previa a la consulta popular del 28 de 98

agosto de 1994. Igualmente, se revela que se financió con fondos reservados la campaña del Partido Conservador para renovar diputados el 1 de mayo de 1994. 02. Juan Carlos Faidutti dice que el instrumento denominado clasificador por objeto de gastos, incluía no solo inversiones en seguridad interna y externa del Estado, sino también los gastos que los únicos tres administradores de fondos reservados -presidente, vicepresidente y ministro de Gobierno- "ordenen cubrir con ese rubro". Señala que "el cheque solo da cuenta de una entrega de dinero del girador al beneficiario, pero no indica el motivo del pago". 04. Desde Costa Rica, Alberto Dahik acusa a la CSJ de actuar "al margen de la ley", de cometer "graves violaciones a la Constitución" y "errores de Derecho". En un escrito presentado por su abogado, Francisco Tinajero, el ex vicepresidente precisa que Solórzano "no tiene competencia legal para pronunciarse sobre la validez o invalidez de un acto administrativo". La defensa de Dahik insiste, una vez más, que el único juez de los gastos reservados es el contralor. 05. El contralor Faidutti destaca que para él era nuevo ver la lista de personas beneficiadas con fondos reservados. "A mí se me presentaron justificativos y observé que se encuadraban en el reglamento". Dice saber cuáles son las razones por las cuales "le persigue" un medio de comunicación, pero no hace precisiones. Ratifica que él no hizo auditoria del manejo de los fondos reservados y que jamás conoció los nombres que aparecieron publicados en "la lista de Dahik". Desde su autoexilio en Costa Rica, el ex vicepresidente justifica el pago a instituciones y personas con fondos de las cuentas de gastos reservados. 06. El presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, denuncia un complot en su contra, de "varios grupos de personas interesados en sacarlo de la Presidencia de la Corte por la labor que ejecuta para erradicar la corrupción y la inmoralidad en el país". Se revela una lista de 29 presuntos beneficiarios de la compra de divisas del Banco de la Producción con cheques del Banco del Pacífico, manejadas por los ex secretarios de Dahik, por US 276.964,03 dólares El presidente de la Corte Suprema llama al gerente de la empresa Veritas Publicitaria, Horacio Chavarría, para que explique por qué recibió gastos reservados de la Vicepresidencia. Se descubre que un empleado del Partido Conservador paga los remitidos de prensa contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. 99

07. Se confirma que diversas actividades de una reunión internacional anticorrupción, propiciada por el ex vicepresidente de la República en Quito, el 2 de marzo de 1994, fueron financiadas con fondos reservados de la Vicepresidencia. La reunión fue organizada por Transparencia Internacional, de la que Dahik fue presidente consultivo hasta el 2 de septiembre de 1995. 08. El ex vicepresidente Alberto Dahik demanda, ante el presidente subrogante de la Corte, 5 mil millones de sucres como indemnización por supuestos daños y perjuicios causados en su contra por el presidente de la CSJ, Carlos Solórzano. La demandas del ex vicepresidente es calificada como absurda por parte de Solórzano y Casares. En Berlín, el alemán Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional, dice que su organización está dispuesta a devolver los 10 mil dólares donados por el ex vicepresidente Dahik con fondos reservados del Estado, "si así lo dispone el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador". 09. Varios especialistas, entre ellos el jurista Julio César Trujillo, así como el fiscal general de la Nación, consideran absurda y sin fundamento jurídico la demanda del ex vicepresidente Dahik en contra del presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, para obtener una indemnización de 5 mil millones de sucres. 13. Alvaro Dahik, hermano del ex vicepresidente, solicita al fiscal Casares que excite al presidente de la Corte a entablar un juicio penal en contra de los diputados socialcristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta, por los delitos de violación del sigilo bancario y prevaricato. Asimismo, indica que su hermano pasa por un periodo de austeridad económica en Costa Rica. 17. Se revela que un retrato del ex presidente de la República, José María Velasco Ibarra, fue comprado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con fondos provenientes de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, cuando era canciller Diego Paredes. 19. El cardenal ecuatoriano Bernardino Echeverría, asegura que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha enviado al poder judicial los justificativos de las donaciones que recibió la Iglesia de manos del ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, y que habrían sido parte de gastos reservados. El prelado dice que no considera que la Iglesia pueda devolver tales donaciones, en virtud de que han sido empleadas en obras "que hacían falta" 22. Un informe de los peritos designados por la CSJ para analizar los gastos reservados de la Vicepresidencia, revela que 100

Transparencia Internacional recibió un segundo cheque por 10 mil dólares. Se determina, también, que se entregaron 100 mil dólares a un hospital de EEUU por el tratamiento médico que recibió Rodrigo Mera, esposo de la ex diputada conservadora Teresa Minuche. 23. Se conoce que 237 personas de la "lista de Dahik" han presentado justificativos y que está próximo el cierre de la fase sumarial del juicio penal por presunta malversación de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República. 26. Horacio Chavarría, de Veritas Publicitaria, ratifica ante el juez que los gastos reservados se usaron en la campaña de los diputados del Partido Conservador y, a través del CICE, en la consulta popular del 28 de agosto de 1994. El Congreso anuncia para el mes de marzo la interpelación al contralor general de la Nación, Juan Carlos Faidutti. MARZO 04. El ministro juez Rodrigo Varea niega por tercera vez el recursos de apelación presentado por Alberto Dahik en contra del presidente de la Corte Suprema. Varea argumenta que no es el ministro más antiguo de la Corte y, por lo tanto, carece de la calidad de presidente subrogante. 05. Se realiza un nuevo reconocimiento pericial de los microfilmes en la bóveda Nº 10 del Banco Central. Se establece un plazo de cuatro días para que los peritos entreguen las conclusiones de su inspección. En su reporte ampliatorio los peritos deberán precisar si los 19 mil 580 millones 500 mil 69 sucres manejados por los secretarios Crespo y Merchán coinciden con los montos aprobados por la Contraloría en las actas de juzgamiento entre 1992 y 1995. De esa cifra, dicen los peritos, solo se han justificado 9 mil 288 millones 862 mil 497 sucres. Se establece que la empresa SAID, que recibió fondos reservados, corresponde las siglas "Sociedad Anónima Importadora Dahik", uno de cuyos socios es el ex vicepresidente de la República. 06. El abogado defensor de Dahik admite que con fondos reservados se compraron casimires en la firma SAID, de propiedad de Dahik y su familia. Dice que las telas se las obsequió en la Navidad de 1994 a un grupo de guardias personales del ex vicepresidente, en Guayaquil. El defensor rechaza la versión del contralor Juan Carlos Faidutti, de que fue engañado por los 101

asesores del ex vicepresidente. Se anuncia que se notificará a 55 personas que aún no han justificado la recepción de fondos reservados de la Vicepresidencia, luego de que hoy vence el plazo para hacerlo. 07. Una inspección de diez actas de juzgamiento de los gastos reservados estableció que existe una diferencia mil 917 millones 448 mil 293 sucres entre el informe de los peritos De "prueba básica para la defensa" calificaron los abogados Walter Guerrero y Rodrigo Bucheli el reconocimiento de las actas de juzgamiento de los gastos reservados, aprobados por el contralor. El fiscal difiere de este criterio: dijo que las actas no tienen valor procesal ya que el contralor aceptó que pudo haber sido engañado durante la justificación de esas actas. 11. Renuncia el contralor Juan Carlos Faidutti. Desde Costa Rica se informa que antes de que finalice este mes se decidirá si ese país concede el asilo al ex vicepresidente del Ecuador, Alberto Dahik. Hasta la fecha se han presentado 245 personas a la Corte para entregar justificativos de la recepción de gastos reservados; 15 no lo han hecho. Los peritos informan que los intereses que ganaron los fondos reservados en el Banco del Pacífico suman 8 mil 305 millones de sucres. 12. Se informa que podrían instaurarse juicios de coactiva, por parte de la Contraloría, contra las personas naturales o jurídicas que no han justificado la recepción de gastos reservados de la Vicepresidencia. 13. Alvaro Dahik Garzozi, hermano del ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, formalizó la acusación particular en contra de los diputados socialcristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta, por presunta violación del sigilo bancario, con el que obtuvieron información del banco del Pacífico para demandar penalmente al ex vicepresidente. 14. El presidente de la Corte Suprema de Justicia cierra el sumario del juicio que sustancia por el presunto mal uso de la cuenta de fondos reservados. Dispone, además, que el ministro fiscal general emita su dictamen en un plazo de seis días. El fiscal no descarta la posibilidad de pedir la reapertura del sumario con el fin de sindicar a otros implicados en el caso. 15. El fiscal responde al cierre del sumario solicitando que se sindique con prisión a Augusto de la Torre, gerente del Banco Central; a los ex funcionarios de la Vicepresidencia Luis Rueda, Franklin Maldonado y Vinicio Garzón; asimismo a Rodrigo Mera, 102

esposo de la ex diputada conservadora Teresa Minuche. También pide sindicación sin prisión de los diputados conservadores Wilman Costa, Freddy Bravo, Marcelo Saltos y Leonardo Escobar, previo al pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Además solicita la extensión del sumario a Mariana Argudo, ex ministra de Bienestar Social. Demanda que se llame nuevamente a declarar al contralor Faidutti, a fin de que conteste cuatro nuevas preguntas formuladas por el fiscal. Si se aceptan sus pedidos, el sumario se extenderá por diez días más. "El Partido Social Cristiano quiere impedir que el contralor Juan Carlos Faidutti comparezca ante el Congreso", dicen diputados de ID, DP, y APRE . 16. El diputado conservador Freddy Bravo rechaza la sindicación de que fue objeto por el fiscal. 19. El presidente de la Corte Suprema reabre el sumario, ante la petición del fiscal. Dispone que el contralor Faidutti amplíe su testimonio y que se recepte el correspondiente de Fabián Rojas y de María Noboa (hermana del candidato presidencial Ricardo Noboa). El gerente del Banco Central deberá informar sobre la recepción de 108 millones de sucres. Se da plazo de tres días para que los diputados Freddy Bravo, Leonardo Escobar y Marcelo saltos informen sobre la recepción de fondos reservados. 20. El fiscal se muestra inconforme con la decisión del presidente de la Corte Suprema. "Este juicio podría quedar en nada si en el momento de llamar a la etapa plenaria no existe un solo detenido", dice. Casares considera que el juez no acogió lo medular de sus pedidos y que su acción El ministro juez Carlos Romo Morán se abstiene de iniciar el juicio penal en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue querellado penalmente por el ex vicepresidente Alberto Dahik. Francisco Tinajero, defensor de Dahik, anuncia que enjuiciará penalmente al contralor Faidutti, "por el delito de injurias calumniosas". 21. "El fiscal se precipitó", argumentan juristas. El contralor Faidutti se acoge al derecho al silencio al negarse a contestar las preguntas que le formula el fiscal. 22. El defensor del ex secretario de Dahik, Juan Mario Crespo, dice que el contralor "no impugnó varios gastos reservados porque participó en ellos". 23. Mariana Argudo, la ex ministra de Bienestar Social, devuelve 10 millones de sucres que recibió de la Vicepresidencia para cubrir gastos de salud. María Noboa dice que el cheque de 100 millones

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de sucres lo recibió de la compañía "Silvercorp", de propiedad de su hermano Luis. 24. Desde Costa Rica se anuncia que está listo el asilo de Alberto Dahik. 25. El gerente del Banco Central, Augusto de la Torre, dice que los 108 millones de sucres, que recibió de la cuenta de gastos reservados, "fueron bien ganados" 26. Teresa Minuche, la ex diputada conservadora, devuelve 100 mil dólares que recibió de la Vicepresidencia para un tratamiento de la salud de su esposo, Rodrigo Mera, en el exterior. 27. Se anuncia que una mayoría de diputados votará por la censura del contralor Faidutti. Teresa Minuche devolvió 19 sucres al ciudadano Diego Cárdenas: ella había dicho que la suma recibida para un tratamiento de su esposo correspondía "apenas" a 19 sucres por cada ecuatoriano, en retribución a una larga vida de trabajo en el sector público de ella y de su marido. 28. El presidente de la Corte Suprema llama a que rinda testimonio a Rodrigo Mera. "De no haber detenidos, el caso de los fondos reservados podría prescribir en 20 años", advierte el fiscal general de la Nación. El inminente asilo de Dahik causa polémica en el Ecuador. 29. Augusto de la Torre, gerente del Banco Central, devuelve 108 millones de sucres que recibió de la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia de la República. ABRIL 01. El Gobierno de Costa Rica otorga el asilo político a Alberto Dahik. El fiscal Casares dice que no entiende por qué el presidente de la Corte Suprema no solicitó la extradición de Dahik en octubre de 1995, cuando la prisión preventiva en contra del ex vicepresidente "quedó en firme". 02. El presidente de la Corte Suprema cierra por segunda vez el sumario del juicio de los gastos reservados, sin aceptar ninguno de los pedidos del fiscal. El Congreso Nacional, en periodo extraordinario de sesiones, censura y destituye al contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti, quien no acude a ejercer su defensa. Dahik asegura que la concesión del asilo político "demuestra que en el Ecuador existe una conspiración política en su contra".

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03. Dahik admite que utilizó fondos de los fondos reservados en gastos que no eran para seguridad "porque el clasificador de gastos se lo permitía".. El ministro juez Carlos Romo Morán ordena archivar la demanda de Dahik contra el presidente de la Corte Suprema. 04. El presidente de la Corte Suprema se pronunciará sobre la situación jurídica de los presuntos beneficiarios de los gastos reservados durante la etapa intermedia del juicio, es decir en el auto de llamamiento a plenario. 05. Varios partidos políticos rechazan el asilo otorgado a Dahik. El presidente de la Corte dice que Dahik continua siendo un prófugo y un reo de la justicia. 07. Dahik asegura que está dispuesto a retornar al país si se anula el juicio en su contra. Insiste que es víctima de la hipocresía ecuatoriana. 09. El Gobierno resolvió entregar la pensión vitalicia al ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, luego de que recibió asilo político en Costa Rica. 15. El fiscal Fernando Casares emite un dictamen en que acusa de peculado al ex vicepresidente Dahik y a todos los otros sindicados en el juicio penal por la presunta utilización ilegal de los fondos reservados de la Vicepresidencia. El dictamen acusa de autores a Dahik, a sus ex secretarios privados, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, al ex ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, y al ex canciller Diego Paredes Peña. Dahik, Merchán y Crespo también son acusados de enriquecimiento ilícito. El contralor Juan Carlos Faidutti es acusado de cómplice. Entre tanto, el ex superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz, y el subcontralor Francisco Costales, son acusados de encubridores. 16. Dahik manifiesta que el dictamen "es una prueba contundente de la politización de la justicia". El contralor Juan Carlos Faidutti dice que a través del dictamen el fiscal busca notoriedad política y presencia en el futuro régimen, "ya que su periodo termina el 10 de agosto". El ex ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, dice que se sorprendió del dictamen: "Si yo voy a la cárcel, tendrán que acompañarme todos los ex ministros de Finanzas", manifiesta. El defensor del ex canciller Diego Paredes declara que "el Derecho ha muerto". El vicepresidente de la República, Eduardo Peña, manifiesta que el Gobierno acatará y respetará el dictamen del fiscal.

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