División 41 Sección Desarrollo de Sistemas Financieros y Servicios Bancarios
ARGENTINA Financiamiento de la MiPyMe
División 41 Sección Desarrollo de Sistemas Financieros y Servicios Bancarios
ARGENTINA Financiamiento de la MiPyMe Septiembre 2002
La misión se llevó a cabo en 2000 antes de la crisis macroeconómica y financiera. Si bien es cierto que la crisis tenía repercusiones fuertes en la situación de la MiPyMe argentina, el objetivo de la mision era la identificación de mecanismos exitosas para el financiamiento de la inversión de la MiPyMe. En este sentido creemos que el presente estudio no es obsoleto sino que uno todavía puede sacar conclusiones validas para el fomento de la MiPyMe.
Editor responsable: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Postfach 5180, 65726 Eschborn Internet: http://www.gtz.de División 41 Sección Desarrollo de Sistemas Financieros y Servicios Bancarios
[email protected] Autor Principal: Dr. Cristina Solaris de Ortiz Revisión Editorial: Dr. Gabriela Braun Responsable: Dr. Dirk Steinwand Layout: Kerstin Fakesch, OE 6002
Indice
Indice Indice
I
Lista de Tablas
IV
Abreviaciones
1
1.
Marco de Referencia
3
1.1
Situación macroeconómica
3
1.2
El sector de la MiPyMe en Argentina 1.2.1 Características de la MiPyMe 1.2.2 Régimen impositivo
4 4 7
2.
3.
4.
El sector financiero
9
2.1
El sistema de convertibilidad 2.1.1 Regulación Prudencial y Supervisión 2.1.2 Seguro de garantía de depósitos 2.1.3 Central de Deudores 2.1.4 Conclusiones sobre la normativa prudencial y supervisión
9 11 14 14 15
2.2
Instituciones del sector financiero formal 2.2.1 Concentración y extranjerización 2.2.2 Extranjerización 2.2.3 Privatización de la banca provincial 2.2.4 Rentabilidad del sector bancario
15 16 17 18 19
2.3
El mercado financiero no regulado 2.3.1 Características de la oferta 2.3.2 Características de la demanda 2.3.3 Cooperativas de ahorro y crédito (CACs) 2.3.4 Mutuales 2.3.5 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) crediticias 2.3.6 Resumen
20 20 21 21 22 23 24
Financiamento a la MiPyMe
25
3.1
Características del financiamiento a la MiPyMe
25
3.2
Evolución del financiamiento a la MiPyMe
27
Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
29
4.1
29 29
Mecanismos de segundo piso 4.1.1 Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)
I
Indice 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5
Banco Central de la República de Argentina (BCRA) Consejo Federal de Inversiones (CFI) Fondo de Capital Social (FONCAP S.A.) Inter-relación de los mecanismos de segundo piso
30 32 32 33
Programa Integral de Asistencia Financiera a la MiPyMe 4.2.1 Bonificación de Tasas de Interés 4.2.2 Programa global de crédito a la Micro y Pequeña Empresa 4.2.3 Programa Nacional de Fondos Regionales de Inversión (FRI) 4.2.4 Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) 4.2.5 Convenio Estado Nacional-Provincias para Bonificación de Tasas de Interés 4.2.6 Línea de crédito MicroNación 4.2.7 Convenios con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABA PRA) y la Asociación de Banca Minorista (ABM)
34 34 36 36
Otros instrumentos para el financiamiento de la MiPyMe 4.3.1 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y el Fondo de Garantías para las Pequeñas y Medianas Empresas (FOGAPYME) 4.3.2 Fondo de Garantía de Buenos Aires (FOGABA) 4.3.3 Leasing 4.3.4 Factoring 4.3.5 El cheque de pago diferido (CPD) 4.3.6 Fondos en fideicomiso financieros (FFF)
39
39 43 45 47 50 52
4.4
Bancos Comerciales Privados 4.4.1 El Banco Credicoop 4.4.2 El Nuevo Banco Industrial de Azul (BIA) 4.4.3 El Banco Galicia 4.4.4 El Banco Río 4.4.5 El Citibank 4.4.6 Conclusión
54 54 55 56 56 57 57
4.5
Bancos estatales. 4.5.1 Banco de la Nación Argentina (BNA) 4.5.2 Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO)
58 58 60
4.2
4.3
5.
II
37 38 39
39
Resumen y conclusiones
61
5.1
61 61 61 62 62 62
Instrumentos validos para el financiamiento de la MiPyMe 5.1.1 Normativa prudencial 5.1.2 Entorno competitivo 5.1.3 Central de deudores 5.1.4 Banca universal 5.1.5 Privatización de la banca provincial
Indice 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.2
Programa Nacional de Fondos Regionales de Inversión (FRI) Leasing Factoring El cheque de pago diferido (CPD) Monotributo
Elementos cuya adopción no se recomienda 5.2.1 Mercado financiero no bancario o informal 5.2.2 Banca estatal 5.2.3 Mecanismos de segundo piso 5.2.4 Tecnologías crediticias
Bibliografia
63 64 64 65 65 66 66 67 67 67 68
III
Lista de Tablas
Lista de Tablas Tabla 1: Requisitos Mínimos de Liquidez
12
Tabla 2: Exigencias de Previsionamiento
13
Tabla 3: Evolución del número de entidades financieras
17
Tabla 4: Distribución de deudores por tramos, morosidad y garantías (Total del sistema financiero a diciembre 1998)
26
Tabla 5: Distribución de financiaciones por tramos y tipo de banco (Diciembre 1998)
27
IV
Abreviaciones
Abreviaciones BID CAMELS FMI IVA MiPyMe MyPe PyMe PyMI CAC
Banco Interamericano de Desarrollo Capital, Activo (Asset Quality), Administración (Management), Rentabilidad (Earnings), Liquidez y Sensibilidad Fondo Monetario Internacional Impuesto al Valor Agregado Micro, pequeña y mediana empresa Micro y pequeña empresa Pequeña y Mediana Empresa Pequeña y Mediana Industria Cooperativa de ahorro y crédito
Chile AFP ASEXIMA BD BE CCR CEPRI CORFO CUBOS DGRV FAT FEDECOOP FIDEs FOGAPE FOSIS HNS INDES KFW MIDEPLAN PRC PROFOs RUT SBIF TIP TMC UF USAID
Administradoras de Fondos pensiones Asociación de Exportadores de Manufacturas El Banco de Desarrollo El Banco del Estado Comisión Clasificadora de Riesgo Centro de Productividad Integral Corporación de Fomento de la Producción Cupones de Bonificación Confederación de Cooperativas de Alemania Fondo de Asistencia Técnica Federación de Cooperativas Fondos de Inversión de Desarrollo de Empresas Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario Fondo de Solidaridad e Inversión Social Heller Net-Sud Inversiones para el Desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau Ministerio de Planificación y Cooperación Pagarés Reajustables del Banco Central Proyectos Asociativos de Fomento Rol Único Tributario Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Tasa de Interés de Promedio Tasa Máxima Convencional Unidad de Fomento United State Agency for International Development
1
Abreviaciones Argentina ABA ABA ABAPRA ABM BASIC BCRA BIA BICE BNA CFI CPD FDG FFF FFI FOGABA FOGAPYME FONAPYME FONCAP S.A. FRI INACYM SEFC SEPYME SGR TICOCAs BAPRO
2
Asociación de Bancos Asociación de Bancos de la Argentina Asociación de Bancos Públicos y Privados Asociación de Banca Minorista Bonos, Auditoria Externa, Superintendencia, Información y Clasificación de Entidades. Banco Central de la República Argentina Nuevo Banco Industrial de Azul Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Banco de la Nación Argentina Consejo Federal de Inversiones Cheque de Pago Diferido Fondo de Garantía de los Depósitos Fondos en fideicomiso financieros Fondo Federal de Inversiones Fondo de Garantía de Buenos Aires Fondo de Garantías para las Pequeñas y Medianas Empresas Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Fondo de Capital Social Fondos Regionales de Inversión Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutuales Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Economía Sociedades de Garantía Recíproca Títulos Cooperativos de Capitalización Banco de la Provincia de Buenos Aires
1. Marco de Referencia
1.
Marco de Referencia
1.1
Situación macroeconómica
Las medidas de reforma adoptadas por Argentina en la década de los 90, a partir de la adopción del Plan de Convertibilidad1 en 1991, implicaron cambios profundos en la política monetaria, las políticas fiscales y tributarias, reformaron al sector público, especialmente mediante un proceso de privatización que incluyó al sistema de seguridad social; y liberalizaron el comercio exterior. La crisis Tequila en 1994/95 provocó una situación delicada con “corrida” de depositantes, poniendo a prueba el régimen instaurado y requirió la adopción de medidas adicionales para restaurar la confianza en la moneda nacional y en el sistema bancario. Esta crisis demostró la importancia clave de contar con una normativa prudencial y supervisión bancaria sólida pero a la vez puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de “currency board” que impide la actuación del banco central como prestamista de último recurso. La autoridad monetaria se concentró a partir de este momento, en la tarea de reforzar la regulación y supervisión bancaria, como instrumentos claves para disminuir los riesgos derivados de crisis sistémicas. La segunda prueba que debió enfrentar el país fue la combinación de varios shocks combinados entre sí; las crisis desatadas en Asia durante 1997, en Rusia en 1998 y en Brasil a principios de 1999 a las cuales se agregó el colapso de los precios de los bienes básicos. Pese a que la economía entró en recesión en 1998, todavía existía un alto grado de confianza en el sistema bancario del país, lo cual se evidenció en el aumento de los depósitos en 1999 en comparación con lo ocurrido durante la crisis tequila que provocó una pérdida de cerca del 20% de los depósitos y el cierre o reestructuración de un importante número de bancos. Las reservas internacionales crecieron en 1999 alrededor de 5% en 1999 llegando a $26.3 billones. La recesión sin embargo, ha resultado mucho más intensa y larga que lo previsto. El producto se estima bajó un 3,2% en 1999 y el desempleo que había bajado a 12% de 18% en 1996, llegó a 15%. El déficit fiscal llego a $7.2 billones excediendo la meta de $5 billones acordada con el FMI (Fondo Monetario Internacional). La evolución de la actividad económica en el primer semestre de 2000 ha sido desalentadora. Si bien se registró un ligero repunte en el primer trimestre, los indicadores del segundo trimestre bajaron en lo que respecta a la actividad industrial y de construcción. Esta tendencia refleja, en parte, el ajuste fiscal de fines de 1999, con
1
Se denomina así por la Ley de Convertibilidad que establece la paridad US$1=$1 y que convirtió al Banco Central en un “currency board” al requerir que el 100% de la base monetaria esté respaldada por reservas. Sin embargo, el Plan incluyó además una amplia gama de medidas encaminadas a un ajuste integral de la economía, según se indica más abajo.
3
1. Macro de Referencia incrementos importantes de impuestos, que las nuevas autoridades se vieron obligadas a efectuar. El descenso de la actividad económica ha tenido un impacto agudo sobre las MIPYMES que han sufrido fuertes reducciones en sus ventas y crecientes dificultades de acceso al crédito.
1.2
El sector de la MiPyMe en Argentina
1.2.1
Características de la MiPyMe
El tema de la pequeña empresa, en forma genérica, ha sido prioritario en el contexto del plan de gobierno anterior, evidenciado en la creación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Economía (SEPYME), que le dio jerarquía institucional, así como también en el plan de gobierno actual. La preocupación por este segmento se ha manifestado a través de una reciente intensa actividad legislativa, que se materializó en una nueva Ley de PyMe, reformas a la Ley de Leasing y varios anteproyectos de ley en estudio, así como en una extensa gama de nuevos instrumentos de apoyo para el sector, aprobados o en proceso de aprobación, varios de ellos diseñados sobre la base de subsidios no siempre bien focalizados. Las nuevas autoridades consideran que este sector es clave en el proceso de reactivación de la economía. Existe una gran variedad de criterios en Argentina para definir los tres segmentos involucrados en el sector MiPyMe. Ya sea que se tome como parámetro el número de empleados o los niveles de facturación, las diversas instituciones o programas del estado así como los bancos utilizan una diversidad de cifras.2 En la Argentina, las empresas de cualquiera de estos tres segmentos tienen mayor tamaño y niveles de facturación que en el resto de América Latina, con excepción quizás de México. En general, en este Informe, se considera microempresa a la unidad con hasta 10 empleados (aún cuando el censo económico nacional los limita a cinco) y PyMe, con hasta 100 empleados, en ambos casos con las características que se indican a continuación.
2
4
En el ámbito oficial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), considera microempresas, las unidades con patrimonio de hasta $200.000 (En virtud de la paridad con el dólar, a lo largo de todo el documento las cifras aparecen en pesos), y PyMe, las empresas con hasta 100 empleados, activos de hasta $5 millones y facturación anual de $6 millones. El Banco de la Nación (BNA), considera microempresas a las unidades con facturación anual de hasta $450.000 y hasta 10 empleados. En los programas del BID (Banco Interamericano de Desarrollo para la micro y pequeña empresa, se ha utilizado como criterio, la facturación anual de hasta $200.000, recientemente elevada a $500.000. El Banco Central emitió una Circular en diciembre de 1999 con las normas para determinar la condición de micro, pequeña o mediana empresa, que es sumamente compleja. Por su grado de detalle y extensión, la Circular se incluye en el Anexo 4. Cabe señalar que en ninguno de los programas de MiPyMe examinados se aplica esta fórmula. Sin embargo, es interesante por su grado de innovación y por la jerarquía de la autoridad de que emanan: El Banco Central.
1. Marco de Referencia De acuerdo con el último censo nacional económico de 1994, ajustado con la última encuesta de hogares de 1996, se estima que en las zonas urbanas de Argentina existen 1.200.000 unidades económicas de menos de cinco personas ocupadas. Estas representan el 91% del total de establecimientos económicos en los sectores de industria, comercio y servicios. Si agregamos el segmento de pequeñas empresas, que emplean de 6 a 25 personas, las micro y pequeñas empresas representan el 98% de las empresas del país. Estas estadísticas no incluyen las micro y pequeñas empresas agropecuarias ni las rurales. El sector de la microempresa es sumamente heterogéneo, pero en general es una empresa de propiedad individual que funciona primordialmente sobre la base del trabajo del propietario y su familia y puede emplear hasta 5 trabajadores. Generalmente opera en el sector informal de la economía, por lo general no utiliza procedimientos contables básicos, carece de estructura administrativa, no está registrado para fines de tributación y sus opciones de comercialización son limitadas. Las pequeñas empresas constituyen unidades más complejas que emplean entre 6 y 25 personas, además de los miembros de la familia. Con frecuencia siguen funcionando informalmente, pero con mayor diferenciación de funciones en su estructura administrativa y mayor volumen de ventas, llegando en algunos casos a mercados regionales con sus productos. Las que emplean entre 11 y 25 personas, generalmente ingresan al sector formal, con constitución legal, algún acceso al sistema bancario formal y ocasionalmente reciben asistencia técnica exterior; además, comercializan sus productos en los mercados regionales o nacionales y, ocasionalmente los exportan. Por esta razón, en este Informe se utiliza el límite de 10 empleados para caracterizar a la microempresa. Entre la PyMI (pequeña y mediana industria) de menor tamaño se encuentra una mayor proporción de industriales con al menos dos generaciones en el país, más jóvenes, con mayor predominio de orígenes familiares obreros, empleados, agricultores o profesiones liberales. 3 También con menor nivel de formación universitaria. En el otro extremo, entre la PyMI de mayor tamaño (con más de 50 ocupados) encontramos mayor proporción de industriales extranjeros o de primera generación en el país, de mayor edad, con mayor predominio de orígenes familiares empresariales y con mayor formación universitaria. En cuanto a las características institucionales, el 71% de las PYMI argentinas son empresas familiares y esta proporción aumenta ligeramente a medida que disminuye el tamaño de la empresa. La evolución de las ventas, ocupación y productividad muestra incrementos importantes entre 1996 y 1997 (del 4 al 7%). En el período 1997/1998 se registra una caída de las ventas (-2%) con excepción de las PyMI con menos de 25 ocupados que registraron un incremento del 2%.
3
Union Industrial Argentina, Observatorio Permanente de las PYMIS Argentinas. Informe a las empresas sobre el resultado de la Segunda Encuesta estructural, 1998. Se transcriben los resultados de la encuesta celebrada en 1997 sobre la base de una muestra de 1.000 empresas.
5
1. Macro de Referencia Con respecto a la inversión, existe una cierta uniformidad en la antigüedad del parque maquinaria entre los distintos tamaños de PyMI, y parecería que las empresas más pequeñas están recuperando cierto rezago observado en el pasado con respecto a la PyMI más grande. La inversión realizada por la PyMI es sobre todo de maquinaria nueva orientada a ampliar el parque existente (y esto es válido en todos los tamaños) y tuvo como objetivo prioritario la reducción del costo del producto sustituyendo la mano de obra por unidad de producto. Se invirtió poco en inmuebles y mucho en maquinaria, aumentando así la especificidad de la inversión con respecto al propio sector productivo. La inversión en inmuebles la hicieron sobre todo las PyMI más grandes con el objetivo de ampliar la planta. Las más pequeñas la realizaron con el objetivo de construir nueva planta industrial4 La inversión se financió sobre todo mediante la reinversión de utilidades, crédito a mediano-largo plazo y crédito de proveedores. La proporción de empresas que financiaron la compra de maquinarias con reinversión de utilidades y mediante la financiación de proveedores crece a medida que disminuye el tamaño de la empresa. El crédito financiero a mediano / largo plazo como instrumento de financiación se comportó inversamente, es decir que aumenta su importancia a medida que aumenta el tamaño de la PyMI. Sólo el 4% de la PyMI cuenta actualmente con certificación de normas ISO, mientras que otro 20% la está actualmente tramitando. La proporción de empresas certificadas o en trámite aumenta a medida que aumenta el tamaño de las empresas y a medida que nos desplazamos desde las regiones menos industrializadas hacia las más industrializadas. Con respecto a investigación, desarrollo y capacitación, durante el último trienio, el 8% de la PyMI compró o renovó licencias y/o patentes. Esta proporción es superior entre las PyMI con más de 50 ocupados llegando en ese caso al 14,5%. El 86% de las empresas intentó durante el mismo período introducir algún tipo de innovación y el 2,8% de ellas no pudo coronar con éxito el intento. La cuantificación de los recursos volcados a la investigación y desarrollo puede estimarse en un monto equivalente al 2% de las ventas.5 Dichos fondos fueron aplicados en proporciones iguales (35%) a la mejora de los productos existentes y al mejoramiento de los procesos productivos, otro 23% a la introducción de nuevos productos y el resto (7%), a la introducción de nuevos procesos. El 75% de las actividades de investigación y desarrollo se realiza con estructuras internas de las empresas, mientras que el restante 25%, se realiza utilizando estructuras externas (centros privados, Universidades, etc.). Durante 1997, el 56% de las empresas realizó actividades de capacitación del personal y en general ésta se desarrolló a través de cursos. La razón principal fue la necesidad 4
5
6
Esto podría parecer contradictorio con la información que se presenta más adelante en el sentido de que la demanda de crédito para inversión es casi inexistente en este momento. Sin embargo, cabe notar que la encuesta se realizó a mediados de 1997, antes de la recesión actual. Esta proporción puede considerarse en línea con los patrones internacionales y en particular es igual a aquella que se observa en la PyMI italiana.
1. Marco de Referencia impuesta por la puesta en marcha de nuevos procesos y lanzamiento de nuevos productos así como la presión de sus propios clientes. En lo que respecta a proveedores, el número de ellos aumenta con la dimensión de las PyMI y con la complejidad tecnológica del sector industrial. La dependencia de pocos proveedores aumenta a medida que disminuye el tamaño de la empresa, pero esta dependencia no depende sólo del grado de participación de los proveedores en las compras de la empresa, sino también de otros factores que tiene que ver con el poder de mercado del proveedor.6 Las PyMI más pequeñas compran a mayoristas y revendedores, mientras que las PyMI más grandes compran en mayor proporción directamente a otras industrias. En materia de integración productiva, el 5% de la PyMI adquirió participaciones en otras empresas y el 13% fundó nuevas empresas. Tanto la adquisición de participaciones en empresas ya existentes como la fundación de otras nuevas, siguió una lógica orientada a lograr una mayor integración productiva con la PyMI y por ende mayor eficiencia de la propia producción industrial. Con la fundación de nuevas empresas y la participación en el capital de otras ya existentes, se intentó aumentar la productividad más que diversificar el riesgo. En cuanto a la internacionalización, el 90% de las ventas de la PyMI se dirige al mercado interno y el 10% al mercado internacional. Se observa una fuerte concentración regional tanto de las ventas al mercado interno como de las exportaciones: el 53% de las ventas internas de la PyMI se realizan en la propia provincia de radicación y el 50% de las ventas externas se dirigen al MERCOSUR. El 82% de las compras de la PyMI son productos fabricados en Argentina y esta proporción aumenta a medida que disminuye el tamaño de la empresa y a medida que nos desplazamos de las regiones más industrializadas a las menos industrializadas. Según la encuesta citada, el 56% de las empresas que exportan disminuyó durante 1997 sus exportaciones y otro 20% de la PyMI abandonó transitoriamente el negocio de exportación. La proporción de las empresas que disminuyeron durante 1997 las exportaciones, aumenta a medida que aumenta su tamaño y a medida que nos desplazamos desde regiones menos industrializadas a regiones más industrializadas.
1.2.2
Régimen impositivo
Por una ley de 1998 se creó el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, también denominado Monotributo. El Monotributo concentra en un solo gravamen el pago del Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y los aportes provisionales, para aquellos sujetos que se encuadran como pequeños contribuyentes, según su actividad,
6
La importancia de esto se verá más adelante en relación con el descuento de documentos como la factura comercial y el cheque de pago diferido.
7
1. Macro de Referencia sus ingresos y una serie de parámetros objetivos a saber: superficie afectada a la actividad, consumo de energía eléctrica y valor unitario de sus operaciones. Los propósitos declarados para la creación del Régimen Simplificado son meritorios: •
Blanquear la economía informal, integrando al pequeño contribuyente al sistema tributario y al sistema provisional.
•
Simplificar las tareas administrativas de los sujetos que se incluyan: no deben confeccionar Declaraciones Juradas, ni llevar registro de sus operaciones. Con un solo pago mensual abonan el Impuesto a las Ganancias, el IVA y la jubilación.
•
Crear una estructura ágil de recaudación y de sencillo control para la administración.
No obstante los propósitos señalados, pocas leyes han ocasionado tanta discusión doctrinaria y tantas normativas reglamentarias como la indicada. Se dictaron hasta la fecha, 3 decretos por parte del Poder Ejecutivo, 9 Resoluciones Generales de la Dirección Impositiva, sin que todavía se haya logrado esclarecer totalmente los aspectos controvertidos del Régimen. Pese a las limitaciones anotadas, esta iniciativa es clave para bajar los costos de transacción referidos al cumplimiento de las normas tributarias y constituye sin duda un elemento fundamental para incentivar la formalización de las empresas.
8
2. El sector financiero
2.
El sector financiero
2.1
El sistema de convertibilidad
La Ley de Convertibilidad estableció la paridad del peso con el dólar y convirtió al Banco Central en un “currency board” al requerir que el 100% de la base monetaria esté respaldada por reservas de libre disponibilidad. Hasta un tercio de dicho respaldo puede constituirse con títulos públicos en dólares valuados a precio de mercado (por ej. BONEX). Con el fin de evitar la monetización de los déficits fiscales, la Carta Orgánica del Banco Central aprobada en 1992, establece que el BCRA (Banco Central de la República Argentina) no puede otorgar préstamos al Gobierno Nacional, gobiernos provinciales y municipales, ni al sector privado no financiero. La independencia del Directorio se asegura a través de la ratificación de su designación por parte del Congreso y el establecimiento de términos fijos de mandato. La Carta Orgánica tampoco permite al Banco Central garantizar los depósitos de los bancos comerciales. Si bien la emisión monetaria contra la tenencia de los títulos públicos arriba indicados le permite al Banco Central regular fluctuaciones de liquidez de corto plazo a través de “swaps”, (esto se complementa con el uso de requisitos variables de liquidez y de excedentes de reservas internacionales), el sistema adoptado excluye la posibilidad de establecer políticas monetarias o de tasa de cambio discrecionales. Esto redunda en cierta rigidez en el sentido de que el Banco Central no puede actuar como prestamista fiscal de último recurso.7 No existen restricciones para realizar operaciones comerciales o financieras con el exterior y el ingreso de divisas es totalmente libre. Las variaciones en las reservas internacionales tienen un impacto directo en la economía a través de los cambios en la base monetaria y la tasa de interés real. En ausencia de altos niveles de reservas, la base monetaria está condicionada a los movimientos de capital y, al constituir la tasa de interés la variable de ajuste, ésta puede experimentar cambios abruptos y sustantivos. En caso de producirse fluctuaciones pronunciadas en la tasa de interés, ésta impacta el nivel de actividad económica y el sistema bancario a través de los cambios en el valor de los pasivos y activos. La crisis de 1994/95 se inició con una “corrida” contra el peso y hacia el dólar y continuó con una “corrida” contra los bancos más débiles que pagaban tasas de interés más altas hacia bancos de primer nivel8. La fuga de los depositantes hacia bancos más sólidos
7
8
Caprio, Dooley, Leipziger and Walsh, The Lender of Last Resort Function Under a Currency Board: The Case of Argentina, World Bank, 1996. Martínez Peria and Schmukler, Do Depositors Punish Banks for “Bad” Behavior? Market Discipline in Argentina, Chile, and Mexico, World Bank, 1999.
9
2. El sector financiero produjo un proceso de consolidación bancaria a través del cierre o fusión de 29 bancos, 7 entidades financieras no bancarias y 28 cooperativas. La reducción de los depósitos de cerca del 20% y de las reservas internacionales del 30% provocó una desmonetización de la economía dado el requerimiento de la Convertibilidad de respaldo total de la base monetaria con reservas monetarias. Esto afectó al sector financiero y a la economía real provocando una recesión. A mediados de 1995, una serie de medidas, incluyendo reducción de encajes y extensión de crédito a través de “swaps” y redescuentos, reestablecieron la confianza en el peso y en el sistema bancario. A principios de 1996 los depósitos habían recuperado el nivel de pre-crisis Sin embargo, la crisis destacó la urgencia de adoptar una serie de medidas tendientes a fortalecer al sistema bancario en términos de la normativa prudencial y la supervisión así como a incrementar la liquidez del sistema. Entre las medidas adoptadas se encuentran:
10
•
Un sistema de seguro de depósitos limitado, obligatorio y oneroso con administración privada. A ese efecto se creó un fondo que garantiza los depósitos con montos de hasta $30.000 y que se alimenta con aportes de las entidades financieras en relación con el monto de sus depósitos y el riesgo de las mismas;
•
La facultad del BCRA de dotar al sistema de mayor liquidez a través de adelantos o redescuentos, por encima del límite del patrimonio de la entidad, mientras no se comprometan las reservas internacionales exigidas por la Ley de Convertibilidad.
•
Nuevos poderes al BCRA tendientes a producir el saneamiento y reestructuración de una entidad con problemas previos a la intervención judicial.
•
Operaciones de regulación de liquidez.
•
Programa contingente de pases: Con el fin de incrementar la liquidez sistémica sin afectar la capacidad prestable de las entidades, el BCRA acordó con ciertos bancos internacionales de primer nivel (a octubre de 1999 estos bancos sumaban 15) un programa contingente de pases con títulos del Gobierno y privados (letras hipotecarias) denominados en dólares. Este programa le da al BCRA la opción de vender dichos títulos, con el compromiso de recompra al precio de venta más una prima, cuando finalice la operación. La autoridad monetaria se asegura así un préstamo disponible ante una corrida bancaria. El monto contratado asciende a aproximadamente US$ 6.1 billones.
•
La privatización de un número considerable de bancos provinciales.
•
El fortalecimiento de una central de riesgo, denominada Central de Deudores, en el Banco Central, que permite mayor trasparencia del riesgo de crédito
•
La reforma de la ley de quiebras.
•
Una serie de reformas en la normativa prudencial que se verá a continuación.
2. El sector financiero 2.1.1
Regulación Prudencial y Supervisión
La regulación argentina se basa en las recomendaciones del Comité de Basilea, definiendo el requerimiento de capital9 en función de los riesgos implícitos de los distintos activos de la entidad. Durante 1999 la integración de capital por riesgo en términos de activos ajustados por riesgo, según el criterio de Basilea alcanzó casi 21 %. El cálculo de los activos de riesgo comprende tres factores: •
La ponderación para cada tipo de activo según el nivel de riesgo que se presupone asociado.
•
El costo financiero de cada operación de préstamo, ponderándose en mayor medida las financiaciones otorgadas a tasas mayores.
•
La calificación CAMEL que efectúa la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFC).
A partir de marzo de 1999 el BCRA ha dispuesto la incorporación del requisito de capital por descalce de plazos o riesgo de tasas de interés. Este requisito de capital tiene como objetivo generar una cobertura ante posibles pérdidas derivadas de fluctuaciones en las tasas de interés. Estas pérdidas ocurrirían en la medida en que, ante un cambio de las tasas de interés, la sensibilidad del valor de los activos de una entidad difiera de la correspondiente del valor de sus pasivos. El riesgo de mercado se manifiesta en los posibles efectos de cambios en las condiciones macroeconómicas sobre la cartera del banco. Los requisitos de capital por riesgo de mercado se adicionan a las exigencias calculadas previamente. Se exigen capitales mínimos en función del riesgo de mercado de los portafolios de las entidades. Los requisitos mínimos de liquidez reemplazaron a las exigencias de encajes. Se aplican sobre el promedio mensual de los saldos diarios de depósitos (inclusive de títulos públicos y privados), saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente, pases pasivos, cauciones y los diversos tipos de obligaciones. Las tasas se aplican sobre el plazo residual de los pasivos, es decir, computando la cantidad de días que restan hasta el vencimiento de la obligación. Las mismas se fijan en forma creciente a medida que se aproxima la fecha del vencimiento.
9
El capital computable para el cumplimiento de la norma se divide en básico (capital social, aportes no capitalizados, ajustes al patrimonio, reservas de utilidades y resultados no asignados) y complementario, que no puede exceder del básico, y que comprende los resultados correspondientes al ejercicio en curso (o no auditados) y la deuda subordinada con plazo mínimo de 5 años la cual no puede superar el 50% del patrimonio neto básico.
11
2. El sector financiero Tabla 1: Requisitos Mínimos de Liquidez Plazo de obligación (días) Hasta 89 Entre 90 y 179 Entre 180 y 365 Más de 365
2.1.2
Exigencia 20% 15% 10% 0%
Como puede apreciarse los requisitos de liquidez son altos si se los compara con los estándares internacionales; la mayor parte de los depósitos (con vencimientos menores a 89 días) requieren un 20%. Sin embargo, la forma de integrar los requisitos de liquidez es flexible y permite a los bancos obtener un rendimiento a través de una gran variedad de títulos valores de muy bajo riesgo; pases pasivos del BCRA o saldos en cuentas de un custodio internacional (actualmente Deutsche Morgan Grenfell/C.J. Lawrence Inc. de New York). Las regulaciones establecen estándares mínimos de diversificación de manera de reducir los riesgos sin sacrificar significativamente la rentabilidad media. La normativa pretende acotar el riesgo económico, asegurando una diversificación mínima en función del capital del demandante de crédito y de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera. La normativa también establece estándares en función de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera, con límites tanto a la asistencia crediticia como a la participación societaria en otras empresas. Las normas de clasificación de deudores tienen por objeto establecer pautas claras que permitan identificar y clasificar la calidad de los mismos y evaluar los riesgos potenciales o reales de pérdidas de capital y/o intereses, a fin de determinar si las previsiones afectadas a tales contingencias son adecuadas. La cartera de préstamos se descompone en créditos comerciales y créditos para consumo y vivienda. La evaluación para la clasificación de los préstamos se realiza de acuerdo a la capacidad de pago y flujo de fondos del deudor en el caso de los préstamos comerciales y por el grado de cumplimiento en el pago de la deuda para los préstamos de consumo y vivienda. Con el fin de facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas se determinó un monto máximo, $200.000, para préstamos comerciales a dichas empresas que pueden ser considerados, a los fines de su evaluación y clasificación, como créditos de consumo. Esto significa que, en la medida en que la PyMe, no tenga un historial de crédito negativo, puede ser sujeto de crédito sin necesidad de realizar el análisis correspondiente al crédito comercial. Cabe señalar, sin embargo, que de las entrevistas con ejecutivos de bancos, quedó claro que, no obstante, esta flexibilización de la normativa del BCRA, en la práctica, los ejecutivos de crédito analizan la empresa en los casos de créditos comerciales, aún
12
2. El sector financiero cuando se trata de montos inferiores a los $200.000. De todos modos, en las inspecciones que realiza la Superintendencia, no se penaliza ese crédito, en caso de faltar algunos de los múltiples requisitos que se exigen en los legajos de los créditos comerciales. Sin embargo, varias de las personas entrevistadas consideran que debería diseñarse una categoría especial de crédito para la PyMe que atendiera a las características especiales de estas empresas. Tabla 2: Exigencias de Previsionamiento Situación del deudor Normal Riesgo potencial Con problemas Alto riesgo de insolvencia Irrecuperables Irrecuperables por disposición técnica10
Con garantía
Sin garantía 1% 3% 12% 25% 50% 100%
1% 5% 25% 50% 100% 100%
La normativa establece límites al riesgo que surge de las operaciones crediticias con personas físicas o jurídicas vinculadas a una entidad financiera. La definición de vinculación se basa en criterios de la participación accionaria, cantidad de directores comunes, o participación actual o potencial en órganos directivos. La normativa indica que el concepto de vinculación generalmente se asocia con un grado de control, y establece los casos en que específicamente se posee control con un alto grado de detalle. El BCRA ha establecido un sistema de monitoreo de entidades en base a un mayor grado de disponibilidad de información. Este sistema, se denomina BASIC (Bonos, Auditoria Externa, Superintendencia, Información y Clasificación de Entidades).11
10
11
Clientes que a su vez sean deudores morosos con atrasos de más de 180 días de ciertas entidades liquidadas por el BCRA. Bonos, se refiere a la obligación que tienen las instituciones financieras de emitir un determinado monto de deuda, (2% de los depósitos y certificados de inversión), consistentes en obligaciones negociables o títulos de deuda, certificados de depósitos, préstamos de bancos del exterior, emisión de acciones etc., para someterlas, como sujetos de crédito a una evaluación por otras entidades financieras o inversores institucionales. Las entidades pueden optar por no emitir deuda, en cuyo caso les corresponde un incremento automático en un punto porcentual de las tasas de exigencia correspondientes a los requisitos mínimos de liquidez y en cinco puntos porcentuales de la exigencia de capitales mínimos por riesgo de crédito y de tasa de interés. Auditoria externa, se refiere a las auditorias por entidades profesionales de primer nivel inscriptas en el registro de la Superintendencia conforme con la normativa de supervisión. Superintendencia, se refiere a la mecánica de supervisión de entidades y su calificación mediante el esquema CAMELS (capital, activo, administración, rentabilidad, liquidez y sensibilidad). Información, se refiere a la información que las entidades supervisadas deben remitir al BCRA para demostrar el cumplimiento de las relaciones técnicas exigidas por el BCRA. Calificación de entidades, se refiere a la calificación con que deben contar las entidades financieras por parte de las sociedades calificadoras de riesgo habilitadas por el BCRA. Las calificaciones, que tienen frecuencia trimestral deben reflejar la capacidad de pago de las deudas de mediano y largo plazo. La normativa incluye también una serie de disposiciones relativas al control interno de las entidades financieras.
13
2. El sector financiero 2.1.2
Seguro de garantía de depósitos
Los depósitos efectuados en el sistema financiero no cuentan con ningún tipo de garantía por parte del BCRA. La Ley de Entidades Financieras establece que los depositantes tienen un privilegio especial, exclusivo y excluyente para el cobro de sus saldos en depósitos hasta $5.000; la totalidad de los depósitos constituidos a plazos mayores a 90 días y el remanente de los depósitos a prorrata sobre el saldo de los encajes. En 1995 se creó el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que funciona en forma subsidiaria y complementaria al sistema de protección de depósitos indicado. El mismo es de carácter obligatorio y oneroso para las entidades financieras y otorga cobertura limitada a los depositantes. Cada entidad debe integrar al Fondo de Garantía de los Depósitos (FDG) con un aporte mensual en función del total de sus depósitos. La administración del FGD está a cargo de “Seguro de Depósitos S.A.” cuyos socios son el Estado y un fideicomiso formado por las entidades financieras. La garantía no cubre los saldos de las entidades financieras depositados en otros intermediarios; ni ciertos tipos de plazos fijos, aceptaciones o garantías; depósitos de personas vinculadas a la entidad, depósitos con tasas superiores en dos puntos a una tasa promedio determinada etc. Los depósitos superiores a $500.000 o al 0,5% del total de los depósitos de una entidad no cuentan con la garantía ni con el privilegio especial que fija la ley.
2.1.3
Central de Deudores
El BCRA se ha abocado a perfeccionar el flujo de información a los inversores y al público en general, relativa a los diversos agentes que participan en la actividad financiera. Esta información implica la obtención y distribución de información de prácticamente toda persona o empresa que toma un crédito bancario. La legislación argentina no impone a los bancos restricciones en cuando a la difusión de información sobre sus prestatarios; los depositantes sin embargo, están protegidos por leyes que salvaguardan la privacidad. La publicación mensual del BCRA incluye información completa que además es accesible a través de Internet en forma muy trasparente. Incluye también datos sobre deudores del sistema financiero con información relativa a distribución de las financiaciones por tramo de deuda, situación y garantía. Dentro de este objetivo de suministrar la mayor información relevante a los agentes del sistema financiero, se creó la Central de Deudores, mediante la fusión de dos bases de datos, la Central de Riesgos que mantenía información sobre deudores importantes (firmas o personas con deudas superiores a $200.000) y la Central de Información Crediticia que suministra información sobre todos los préstamos a personas o empresas. El BCRA produce mensualmente un CD-Rom que contiene información sobre todas las personas o empresas en incumplimiento de pagos de préstamos.
14
2. El sector financiero El sistema tiene base negativa para deudores de créditos inferiores a $200.000 de entidades financieras o de empresas emisoras de tarjetas de crédito (sólo aparecen aquellos en incumplimiento) y base positiva para deudores de más de $200.000. La información es accesible al público vía Internet en forma general o mediante solicitudes puntuales de informes de evaluación del crédito. El proceso de levantamiento y difusión de información sobre deudores es clave para disminuir el riesgo de crédito y constituye un elemento esencial para estimular la bancarización hacia sectores más bajos. Aún en el caso de operaciones de crédito por parte del sector financiero no bancario, la información respectiva es también accesible vía la Central de Deudores o las empresas privadas. 2.1.4
Conclusiones sobre la normativa prudencial y supervisión
El sistema bancario muestra hoy una alta solvencia y liquidez. Sin embargo, el sistema ha sido criticado por considerarse que los requisitos mínimos de liquidez son excesivamente altos. Esto encarece los fondos prestables y el resultante aumento del costo del dinero afecta especialmente a la PyMe. Se considera que una explicación del elevado margen que existe entre las tasas de interés locales y las internacionales, se debe a los altos niveles mínimos de liquidez. El esquema de supervisión se ha ido perfeccionando. La calificación de la cartera que realizan los bancos está sujeta al control y análisis de auditorias internas y externas, de calificadoras independientes de riesgo, de inspecciones del BCRA y de la calificación “off site” que éste realiza. Sin embargo, algunos expertos financieros consideran que la supervisión es fundamentalmente ex post, a través de medidas correctivas tardías por no tener aún un sistema efectivo de alerta previa a las situaciones de emergencia ni tampoco un esquema que estimule a la banca a desarrollar la capacidad institucional para anticipar y reaccionar ante “escenarios de contingencia”. Lo anterior parece indicar que tanto las auditorias internas, externas y del BCRA siguen un enfoque relativamente mecánico que no enfatiza los aspectos cualitativos.
2.2
Instituciones del sector financiero formal
La Ley de Entidades Financieras regula a las siguientes entidades:12
12
•
Bancos comerciales;
•
Bancos de inversión;
•
Bancos hipotecarios;
•
Compañías financieras;
Los bancos del estado se regulan por lo dispuesto en su Carta Orgánica.
15
2. El sector financiero •
Sociedades de Ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles y
•
Cajas de crédito.
Las instituciones financieras del sector privado deben constituirse como sociedades anónimas, con excepción de: •
las sucursales de entidades extranjeras a las que se les exige una representación legal en el país conforme con la legislación argentina;
•
los bancos comerciales que se constituyen como sociedad cooperativa y
•
las Cajas de crédito que pueden ser cooperativas o asociaciones civiles.
Para la banca comercial se ha adoptado el régimen de banca universal que les permite realizar toda actividad que no esté expresamente prohibida. En todo caso, a las entidades financieras no se les permite explotar por cuenta propia empresas, salvo expresa autorización del BCRA; operar con sus funcionarios y con empresas vinculadas a ellos en condiciones más favorables que las acordadas a sus clientes ni efectuar transferencias de plaza salvo con bancos comerciales. Pese a la gran disparidad que existe en términos de la diversa naturaleza de las entidades financieras privadas arriba enumeradas y sus funciones, (sólo los bancos comerciales pueden captar a la vista), la Ley de Entidades Financieras les aplica a todos la misma normativa. También les aplica el mismo requisito de capital mínimo que, a la fecha se ha fijado en $15 millones para las instituciones que se constituyan, estableciéndose un plazo hasta el 2003 para que las entidades financieras existentes cumplan con dicho monto. Estas disposiciones imponen en efecto barreras importantes a la entrada al sector y tornan inviable la constitución de instituciones especializadas en microfinanzas con problemas de atraer capital privado dependiendo de inversionistas institucionales. En los últimos años el sector bancario ha experimentado profundas transformaciones, particularmente a partir de la crisis Tequila en que se produjo un proceso de consolidación, privatización y creciente extranjerización. Esto implicó la desaparición de una tercera parte de las instituciones financieras. 2.2.1
Concentración y extranjerización
El número de entidades financieras pasó de 236 en 1989 a 120 en 1999, el número de bancos públicos bajó de 36 a 14, fundamentalmente a través de la privatización de los bancos provinciales, mientras que los bancos privados pasaron de 141 a 85, principalmente a través de fusiones y adquisiciones. Las entidades financieras no bancarias disminuyeron de 59 a 21.
16
2. El sector financiero Tabla 3: Evolución del número de entidades financieras Año
Bancos Públicos
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999
Bancos Privados 36 36 35 36 34 33 31 20 17 14
Entidades Total Sistema Financieras no Financiero Bancarias 141 134 134 131 133 135 96 93 87 85
59 51 50 44 39 37 30 25 23 21
236 221 219 211 206 205 157 138 127 120
El proceso de concentración de los depósitos ha sido también fuerte. Mientras que en 1991, diez entidades privadas concentraban el 26% de los depósitos, en 1999 manejaban 43% de los mismos; mientras en 1991 las diez primeras entidades (públicas y privadas), concentraban el 50% de los depósitos, en 1999 ese porcentaje se había elevado a 70%. Este fenómeno, unido a la creciente participación relativa de bancos de capital extranjero, ha tenido particular importancia en restringir el financiamiento a las PYMES, según se verá más adelante. La importancia relativa de cada uno de los tres tipos de bancos, en función de su estructura de propiedad (públicos, capital nacional y de capital extranjero) puede apreciarse si se tiene en cuenta que, a junio de 1999, la banca pública concentraba el 34% de los depósitos totales y el 28% de los préstamos; los bancos privados de capital nacional representaban el 20% de los depósitos y el 24% de los préstamos y finalmente, la banca de capital extranjero concentraba el 45% de los depósitos y el 46% de los préstamos. En Argentina se da un fenómeno fuerte de concentración geográfica de la banca en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. A título de ejemplo, mientras en 1999 la participación de la Capital en el total de depósitos fue de 54.7% y de 59.2 de los préstamos, la participación de todo el interior del país fue de 45.3% y 40.8%. Este es otro elemento que tiene particular importancia en lo que respecta a servicios financieros a las MiPyMes, dado el limitado grado de bancarización en el interior del país. 2.2.2
Extranjerización
Los bancos extranjeros que ingresaron al sector bancario a mediados de los noventas ejercieron una fuerte presión competitiva sobre los bancos locales, especialmente
17
2. El sector financiero aquellos dedicados a préstamos hipotecarios y créditos para el sector manufacturero.13 El impacto de esta competencia sobre los márgenes y las utilidades afectó en mucho menor grado al crédito de consumo, un área en la cual la banca extranjera demostró muy poco interés. El proceso de extranjerización ha sido significativo. A mediados de 1999, los bancos extranjeros concentraban el 45,3% de los depósitos, el 46,3% de los préstamos y el 39,4% del patrimonio neto. Este proceso, se considera que también ha impactado negativamente el acceso al crédito de la MiPyMe. Hay dos áreas en las cuales los bancos extranjeros otorgan menos crédito que los bancos domésticos, que son el crédito de consumo, a través del cual se financian muchos microempresarios, y el comercio minorista, que agrupa un segmento mayoritario de la MiPe. Los bancos extranjeros se han concentrado, en mayor medida que los domésticos en los sectores manufactureros, a nivel de las empresas grandes y medianas y la zona de la capital federal.
2.2.3
Privatización de la banca provincial
En Argentina un alto número de bancos se privatizaron entre 1994 y 1998.14 A comienzos de la década cada provincia tenía un banco estatal provincial, los cuales con muy pocas excepciones estaban en un proceso acelerado de descapitalización, como resultado de una mala asignación de los recursos prestables, con carteras morosas altas, dedicados en gran medida a financiar los déficits fiscales de las provincias. La crisis Tequila aceleró el proceso de privatización o liquidación en la medida en que afectó en mayor grado a estos bancos por su gran vulnerabilidad. Los bancos compradores no eran bancos de primera línea, varios de ellos sin experiencia minorista, lo cual era explicable en función del limitado atractivo que ofrecían los bancos provinciales. A fin de estimular el proceso se hicieron concesiones importantes a los bancos compradores: •
se les otorgó contratos para proveer de servicios a las provincias en la etapa de post privatización;
•
se les otorgó garantías sobre el portafolio de los bancos y
•
se les permitió la adquisición selectiva de solamente los “buenos” activos de los bancos provinciales.
Estas transacciones fueron costosas para las provincias y los contribuyentes y se hicieron viables con el apoyo del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Provincial que contó con el
13
14
18
Clarke, Cull, D’Amato, Molinari, The effect of foreign entry on Argentina’s domestic banking sector, World Bank, 1999. Clarke and Cull, Provincial Bank Privatization in Argentina: The Why, How, and “So What?”, World Bank, 1999.
2. El sector financiero financiamiento del BID y el Banco Mundial. Los resultados del proceso de privatización no han sido totalmente exitosos. En general la situación de la banca provincial parece haber mejorado en la mayor parte de las provincias. Sin embargo, algunos bancos adquirentes fueron posteriormente objeto de intervención y readjudicación por el Banco Central; otros quebraron. Pese al apoyo técnico del Banco Central, a través de la Superintendencia, en el proceso, incluyendo la aprobación de la gerencia, accionistas y planes de acción de los bancos adquirentes, la privatización tuvo fallas. En cuanto a los bancos adquirentes, su gestión sigue descansando en gran medida en los contratos de servicios con las provincias que generan un alto porcentaje de sus ingresos. En general están experimentando dificultades en el proceso de transición hacia la banca comercial minorista. Sin embargo, se ha eliminado una carga de las finanzas provinciales que debía destinar recursos para financiar las pérdidas de los bancos provinciales. 2.2.4
Rentabilidad del sector bancario
El sistema bancario ha experimentado durante toda la década de los 90s una rentabilidad extremadamente baja y volátil. La tasa de rentabilidad de 1999 que subió ligeramente a 4,4% en términos de patrimonio neto y 0,6% en términos de activos, fue similar entre los bancos públicos y privados e, incluso mayor para los bancos públicos en términos de los activos. Si bien la rentabilidad de los bancos comerciales extranjeros fue significativamente superior a la del resto de los bancos comerciales privados, ésta es aún muy baja en el ámbito internacional. Aún cuando el margen financiero en Argentina es alto (se redujo levemente a 7,4% en 1999), la baja calidad de la cartera, los costos de operación / administrativos (alrededor del 6% del activo), y los altos requisitos de capitales mínimos y liquidez explican, por lo menos en parte, el bajo nivel de rentabilidad. Durante 1999, la irregularidad de la cartera de financiaciones del sector bancario continuó la tendencia ascendente del último trimestre del año anterior reflejando la fuerte caída del nivel de actividad real y la mayor incertidumbre. Esto revertió una tendencia sostenida a la mejora de la calidad de cartera crediticia que se había venido observando desde fines de 1995. Entre los principales indicadores de irregularidad de la cartera de financiaciones se destaca la evolución de la irregularidad bruta15 que aumentó de 10,3% en diciembre de 1998 a 11% en junio de 1999, lo que reflejó un aumento de 16,5% a 17,4% de los bancos públicos y de 6,8% a 7,2% de los bancos privados. Esto determinó un aumento importante de las previsiones del 7% y una disminución del patrimonio neto del 1,2%, lo cual obviamente afectó la rentabilidad.
15
El cociente entre la cartera en situación irregular y las financiaciones totales.
19
2. El sector financiero El incremento de la irregularidad se dio en mayor grado en los créditos a las familias cuyo indicador de irregularidad alcanzó al 16%, la irregularidad de la cartera comercial llegó a 7,7% lo cual reflejó un leve incremento de la irregularidad en los créditos al comercio minorista y la construcción.
2.3
El mercado financiero no regulado
Paralelamente a la banca formal funciona una banca informal constituida por 8.300 compañías / agentes, (básicamente 2.500 de consumo, 5.000 de hipotecas y 800 de descuento de cheques, así como 1.500 jugadores de la banca marginal). Dado que la llamada banca informal está constituida por sociedades anónimas, mutuales, cooperativas, la misma está regulada por entidades públicas de control (Instituto de Cooperativas y Mutuales, de Sociedades Anónimas, etc.), funcionan abiertamente y están al alcance del público en general. La banca marginal, sin embargo, funciona en la clandestinidad, no cumple con regulaciones, ni figura en los registros de sociedades. La dimensión de la banca informal es notable. Encuestas revelan que la mayoría de los clientes de la banca informal, no trabaja con el sistema bancario. 2.3.1
Características de la oferta
El grado de penetración de estos agentes responde en gran medida a su alto grado de flexibilidad que les permite amoldarse más fácilmente a las necesidades de sus clientes y tomar clientes de más alto riesgo en función de sus menores costos de operación. Los rendimientos para los inversionistas en este circuito informal, de 15 a 25% por año a 30/60 días, son hasta tres veces más altos que en el sector bancario. Las colocaciones a 180/360 pueden llegar a 28 y 30% anuales. A esto se une la evasión impositiva por parte de los inversores (que no pagan impuestos a las ganancias, renta o patrimonio) que eleva aún más la utilidad de su colocación. Finalmente, debe recordarse que estas entidades no están sujetas a la normativa prudencial lo cual redunda en costos sustancialmente más bajos. Es interesante señalar, sin embargo, que la banca formal tiene en promedio un costo inferior por peso colocado; el mismo es de 11,5% en comparación con 17,3% de la banca informal. Se ha dicho que mientras la evaluación del crédito por parte de la primera tiende a cumplir formalidades, la banca informal tiende a verificar realidades. Si bien la facultad de captación está limitada a las entidades financieras, existen varias modalidades para obtener los recursos de los inversionistas en este mercado manteniendo la figura de entidad que no capta. La banca informal opera a través de una diversidad de modalidades institucionales, que implica la regulación por algún tipo de entidad pública de control y, por lo tanto, un marco institucional permitido por la ley aún cuando su “contenido” en términos de las operaciones que realiza involucren incumplimientos de diversas normas y evasión impositiva. Las modalidades más comunes de instituciones financieras que operan en el mercado no bancario son mutuales, cooperativas, financieras y escribanías que actúan en el mercado hipotecario tomando y colocando dinero.
20
2. El sector financiero La tecnología crediticia de estas entidades se basa estrictamente en la exigencia de garantías. El instrumento más común es el cheque de pago diferido. El prestatario cede un stock de cheques que se descuenta a la tasa aplicable y entrega un “aforo” o stock adicional de cheques equivalentes entre el 10 y 20% del préstamo más intereses, que cubren el riesgo de no pago por parte de los libradores. Otras modalidades son las garantías hipotecarias o prendarías o el llamado “descuento por planilla”, muy común en el caso de las mutuales. El empleado prestatario autoriza a la mutual a retener periódicamente del sueldo la cuota de amortización respectiva. La banca formal, de alguna manera hace negocios con la no formalizada, ya sea comprándole carteras, atendiéndole clientela, pagos o estructurándole fideicomisos. 2.3.2
Características de la demanda
Tanto en el caso de trabajadores “en negro”, como de la micro y pequeña empresa informal, el ahorro impositivo por no registrarse supera en mucho la mayor tasa de interés que deben pagar en estas instituciones. El simple registro de la empresa tiene un costo anual de $2.000. Por otra parte, para los cuentapropistas y microempresas involucradas en actividades de alta intensidad de mano de obra, la agilidad con que actúan estos prestamistas redunda en bajos costos de transacción, elemento clave por el alto costo de oportunidad que involucran las gestiones burocráticas de solicitud de crédito. En el caso de garantías autoliquidables, como cheques diferidos, la decisión de otorgar el crédito puede realizarse en sólo 24 horas. 2.3.3
Cooperativas de ahorro y crédito (CACs)
El régimen legal de las cooperativas de ahorro y crédito está establecido en una ley de Cooperativas del año 1973 que establece la normativa para todo tipo de cooperativa, sea de consumo, trasporte, vivienda o de crédito. Esta situación subsiste en la Argentina donde el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutuales (INACYM), ejerce las funciones de fiscalización de todas las cooperativas del país. La Ley define a las cooperativas como entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios.16 La ley de Entidades Financieras de Argentina, no incluye a las cooperativas de ahorro y crédito en la enumeración de las entidades comprendidas en dicha ley.
16
Las características que la ley Argentina asigna a las CACs siguen el modelo típico de estas instituciones. Así se adopta el carácter variable de su capital que se opone al concepto de capital fijo que establece la ley de instituciones financieras; la naturaleza “retirable” de las aportaciones que le dan el carácter de pasivo, aún cuando se computen como patrimonio; la restricción en cuanto al monto máximo de los créditos vinculados al monto de las aportaciones (esto no surge de la ley pero usualmente se incluye en los estatutos); La distribución de los “excedentes” (llámese así a las utilidades) con relación al uso de los servicios o al “patrocinio” como se define en la jerga cooperativista, es decir con relación al monto de los intereses pagados por los créditos recibidos (aún cuando en las CACs de Argentina se da la opción de hacerlo con relación al capital aportado).
21
2. El sector financiero Si bien es cierto que la Ley de Cooperativas define como actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados y que, por lo tanto teóricamente las cooperativas no estarían facultadas para captar ahorros de terceros, en la práctica esto no es así. En la práctica el ingreso a una CAC como socio es casi automático, lo cual permite colocar recursos en la cooperativa y retirarse en cualquier momento, con un simple aviso de 30 días, que permite retirar las aportaciones; de hecho las CACs son entidades tan “abiertas” como cualquier otro intermediario financiero. Existen incentivos impositivos para esto, si se tiene en cuenta que las CACs están exentas del impuesto a las ganancias. Asimismo, las CACs están facultadas para emitir certificados de depósitos de acuerdo con una decisión del INACYM que autorizó los Títulos Cooperativos de Capitalización (TICOCAs). Los inversionistas pueden comprar estos títulos emitidos con una vida mínima de 6 meses, son amortizables y su emisión puede llegar hasta dos veces y media el patrimonio de cada cooperativa. Si bien son certificados de depósito a un plazo relativamente largo, buena parte de las cooperativas emisoras han creado un mercado secundario para los inversionistas que deseen negociarlos antes de su vencimiento. Ambos elementos, la relativa flexibilidad con que se puede ingresar a la CAC y colocar recursos en ella, así como la facultad que éstas tienen de emitir TICOCAs, parecería indicar que actúan como verdaderos intermediarios financieros. Al respecto, la Ley de Entidades Financieras, expresa que, las disposiciones de la presente ley podrán aplicarse a personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en ella (como es el caso de las CACs que ni se mencionan), cuando a juicio del Banco Central de la República Argentina lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia. La Superintendencia de Entidades Financieras mantuvo la posición de que las CACs, aún cuando se dediquen exclusivamente al ahorro y crédito (lo cual según aseguraron es poco frecuente), sólo operan con sus socios lo cual no las califica como intermediarios financieros. 2.3.4
Mutuales
Las asociaciones mutuales están reguladas por una ley de 1973 que las define como las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica. En general se trata de organizaciones gremiales que tienen por objeto asistencia médica, farmacéutica, préstamos, seguros, construcción de viviendas, educación etc. Su patrimonio está constituido por las cuotas y aportes sociales, contribuciones, bienes adquiridos y cualquier otro recurso lícito. También están fiscalizadas por el INACYM que es la autoridad de aplicación. Al igual que las cooperativas están exentas del impuesto a las ganancias.
22
2. El sector financiero Las mutuales constituyen una de las más importantes instituciones del sector financiero no bancario que compiten con la banca formal a través de préstamos a sus asociados mediante descuentos de los salarios en planilla, modalidad que estaba fuera del alcance de la banca formal. Mediante un reciente decreto, el Poder Ejecutivo restringió las facultades de las mutuales y abrió la puerta para que la banca pudiera competir con ellas. Dicho decreto limita el porcentaje de los salarios y haberes que se pueden descontar por operaciones de préstamo en mutuales y cooperativas. Sólo las mutuales de empleados podrán, en el futuro, dar créditos por lo que desaparecerán una gran cantidad de llamadas “cuevas” que, bajo la cubierta de una mutual o cooperativa, se concentran en la intermediación financiera cobrando tasas de hasta el 8% mensual a sus clientes. Además autoriza a las entidades financieras controladas por el Banco Central a descontar las cuotas de los préstamos que otorguen de los salarios y haberes de los empleados o jubilados. Según fuentes oficiales, la operación podría beneficiar a 285.000 empleados públicos, un millón de empleados provinciales y 3,5 millones de jubilados que hasta hoy tenían dificultades para acceder a un crédito personal en un banco y debían recurrir a las mutuales. En cambio, los empleados del sector privado, desde que se instrumentó el pago de salarios por medio de entidades financieras, pueden concertar operaciones crediticias con descuento de sus ingresos en forma directa. Esta medida es de particular importancia en términos de crear una competencia creciente por parte de la banca formal al sector financiero no bancario. Adicionalmente, este ha sido un crédito usado particularmente por microempresarios y cuentapropistas, que lo obtienen sobre la base del salario de un familiar. La nueva disposición les permitirá obtenerlo a tasas significativamente más bajas. 2.3.5
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) crediticias
Argentina no tiene una tradición de ONGs crediticias que presten servicios a la microempresa, al estilo de otros países de América Latina. Prácticamente todas las ONGs están en un estado de desarrollo incipiente, o apenas lo superan, pese a que algunas existen desde hacer varios años. Otras han desaparecido, como las Fundaciones de los Bancos provinciales, algunas de las cuales, como la de Córdoba, llegaron a alcanzar cierto nivel institucional de importancia. Otras se han descapitalizado y están en un proceso de contracción. Si bien es cierto que la recesión ha sido un factor que ha afectado negativamente las actividades de estas ONGs crediticias, la evolución de las mismas presentaba serias dudas acerca de su viabilidad aún antes. Casi todas ellas, por lo menos las más importantes, han recibido apoyo del Programa de Pequeños Proyectos del BID, pero este apoyo no parece haber logrado su objetivo de estimular su crecimiento y lograr su sostenibilidad.
23
2. El sector financiero Un elemento que parece explicar en gran medida esta evolución de las ONGs, es el entorno extremadamente competitivo resultante del sector financiero no bancario, o la banca informal, que por su agilidad y eficiencia constituye una competencia insuperable para estas instituciones. Las ONGs tampoco pueden competir con estas instituciones sobre la base de un menor costo del dinero, pues sus elevados costos de operación no se los permite. Por otro lado, las ONGs no han establecido interrelaciones con la banca, como ha ocurrido en otros países, ya sea mediante la venta de sus servicios, o financiándose con la banca para represtar a su clientela. Es previsible que el entorno financiero continúe siendo crecientemente competitivo entre los intermediarios financieros que están actuando en este segmento, a través del crédito de personas de la banca formal, de los innumerables programas de gobierno así como a través de la banca informal. El perfeccionamiento de instrumentos de fácil descuento como el cheque de pago diferido y la factura comercial, proporcionan mecanismos muy idóneos para la microempresa. La elevación de la categoría de dichos instrumentos como garantías, estimulará sin duda a la banca a incrementar sus operaciones de factoring con este segmento. 2.3.6
Resumen
En suma, los incentivos para actuar en este mercado por el lado de la oferta son: •
eliminar el costo de la normativa prudencial a nivel del intermediario financiero;
•
rendimiento de la colocación de dos a tres veces mayor y evasión del impuesto a las ganancias.
Al lado del prestatario los incentivos son: •
evasión del impuesto sobre la tasa de interés;
•
ahorro del costo de la formalización de la empresa.
La experiencia de Argentina es interesante en el sentido de que es importante que el marco regulatorio del sector financiero así como del sector real no contengan elementos que incentiven el desarrollo de un sector financiero informal.
24
3. Financiamento a la MiPyMe
3.
Financiamento a la MiPyMe
3.1
Características del financiamiento a la MiPyMe
Las dificultades que enfrenta la MiPyMe para acceder al crédito en Argentina, derivan fundamentalmente de las características propias de estas empresas y la percepción de su riesgo por parte de la banca. Pese a los varios instrumentos, que reducen el costo de información, así como diversos mecanismos de garantía, se mantienen los factores de asimetría de información y selección adversa asociados comúnmente al racionamiento del crédito a las MIPYMES. Este racionamiento de crédito se produce aún en el caso de un mercado competitivo como es el de la banca argentina, precisamente por la presencia de dichos factores. Como se ha visto las operaciones de préstamo aumentaron de $1,8 a $9,2 millones entre fines de 1990 y 1998.17 Esto refleja el notable aumento del crédito a personas, por cuanto la suma de los préstamos personales, hipotecarios y prendarios (principalmente automóviles) alcanzaron 37% del volumen total. El resto, destinado a empresas y organismos públicos muestra una muy alta participación de líneas de adelanto en cuenta corriente (17% del total) y descuentos de documentos (25% del total). Casi un cuarto del crédito no personal se canaliza a través de adelantos en cuentas, financiación que puede ser exigible a muy corto plazo de acuerdo con la situación de liquidez de la institución. Este proceso, unido a la liberalización de las tasas de interés y al aumento de la competencia entre bancos que redujo el margen financiero favoreció el financiamiento de la MiPyMe. El elemento clave, fue el proceso de desintermediación, mediante el cual las grandes empresas recurren en forma creciente al mercado de capitales o a crédito externo. Esto ha sido el elemento motor que estimula un proceso de bancarización hacia segmentos más bajos, proceso que se interrumpe en cada una de las crisis por las que atravesó el país en la década de los 90, pero que no invalida esta tendencia a mediano plazo. Sin embargo, el volumen de crédito a la MiPyMe continúa siendo muy limitado en comparación con sus requerimientos. Según puede verse en el cuadro que sigue, de un total de 6.095.449 deudores, sólo 7.953 deudores concentraban 53% del crédito. Los tramos superiores, con préstamos superiores a los $10 millones, concentran el 32,7%.
17
La información no está consolidada, incluye deudas de un mismo deudor con diversas instituciones.
25
3. Financiamento a la MiPyMe
Tabla 4: Distribución de deudores por tramos, morosidad y garantías (Total del sistema financiero a diciembre 1998) Tramos(a)
Cantidad de Deudores
Distribución % deuda en de montos de situación deuda (%) normal
Hasta 10 5.300.436 De 10 a 50 636.312 De 50 a 100 90.317 De 100 a 250 42.237 De 250 a 500 12.115 De 500 a 1.000 6.079 1.000/2.500 4.324 2.500/10.000 2.712 10.000/100.000 876 Más de100.000 41 Total 6.095.449 (a) En miles de $ (b) Deudas con garantías preferidas. Fuente: L. Bleger y G. Rozenwurcel.
10,4 14,6 6,5 6,7 4,4 4,4 7,1 13,2 22,8 9,9 100,0
79,6 75,2 76,4 70,5 69,6 74,3 81,0 87,9 93,4 97,5 83,6
% deuda con garantías (b) 15,8 66,4 65,9 52,1 36,8 31,1 26,8 21,1 25,9 59,6 38,6
El cuadro arriba indicado muestra que el segmento de los pequeños créditos muestra un porcentaje de deuda en situación normal muy inferior al de las grandes empresas. La última columna del cuadro se refiere a la proporción de préstamos con garantías. El BCRA define como tales, a los que tienen garantías preferidas, tales como hipotecas, prendas, garantías auto liquidables como títulos públicos y garantías de las Sociedades de Garantía Recíproca. El rubro de préstamos sin garantía, incluye préstamos con la garantía común del patrimonio de la empresa otorgada con el aval del patrimonio personal de los propietarios de la empresa, práctica muy generalizada en la Argentina, o con el aval de codeudores. En todo caso, las garantías preferidas o simples constituyen un elemento esencial para acceder al crédito. El cuadro muestra como a partir de créditos de $10.000 la proporción de deuda con garantías sigue una tendencia claramente decreciente a medida que aumenta el tamaño del préstamo hasta llegar a los $10 millones en que la tendencia se revierte para incrementarse significativamente en el tramo de más de $100 millones. Las deducciones anteriores relativas al financiamiento a MiPyMe, a partir de cifras globales, son consistentes con resultados de encuestas realizadas18 que revelan las dificultades de acceso al crédito por su parte. La baja exposición financiera con los
18
26
Encuestas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas de 400 empresas manufacturares, 1966 y del Instituto para el Desarrollo Industrial de la Unión Industrial Argentina, 1997 de 100 empresas industriales. Ambas se circunscribieron a la PyMe, no incluyen microempresas.
3. Financiamento a la MiPyMe
bancos se manifiesta en sólo 16% de su pasivo. Este endeudamiento es 70% a corto plazo. Las empresas presentan una elevada liquidez, un 70% de los encuestados manifestaron utilizar la reinversión de utilidades como fuente de financiamiento. La banca pública, según se aprecia en el cuadro que sigue, muestra una mayor proporción de créditos, que la privada en la franja de $10.000 a $250.000 que correspondería al segmento MyPe y peldaños inferiores de empresas medianas. Sin embargo, el financiamiento es considerablemente inferior en los tramos entre $250.000 y $1 millón, que en Argentina correspondería a mediana empresa, pero curiosamente muestra proporcionalmente niveles de financiamiento mucho más altos que los de la banca privada para el tramo de más de $100 millones. Tabla 5: Distribución de financiaciones por tramos y tipo de banco (Diciembre 1998) Tramos (en 1000 $)
Total Bancos
Públicos %
% Hasta 10 9,8 De 10 a 50 14,6 De 50 a 250 13,3 De 250 a 500 4,4 De 500 a 1.000 4,4 De 1.000 a 10.000 20,3 De 10.000 a 100.000 23,1 Más de 100.000 10,1 Total 100,0 Fuente: L. Bleger y G. Rozenwurcel.
3.2
6,7 21,3 17,9 4,1 3,1 10,9 17,3 18,6 100,0
Privados Nacionales
Cooperativos
Extranjeros
%
%
%
12,6 11,2 12,3 5,4 5,9 21,4 22,6 8,8 100,0
16,5 15,3 18,9 9,7 8,6 26,0 5,0 0,0 100,0
10,4 11,4 10,0 4,7 4,5 26,3 28,4 4,9 100,0
Evolución del financiamiento a la MiPyMe
Desgraciadamente no se cuenta con series históricas de financiamiento al segmento MiPyMe que permitan sacar conclusiones acerca de la tendencia a mediano plazo. La distribución de préstamos por tramos que publica el BCRA, se inicia en agosto de 1996 y, aún con estos datos globales las cifras son sólo aproximaciones puesto que no corresponden específicamente al sector. En general se ha argumentado en forma generalizada que la concentración, extranjerización y disparidad geográfica de la banca, han determinado una reducción de la oferta del crédito a la MiPyMe. Esto parecería sustentarse en el hecho de que el tramo de préstamos entre $200.000 y $1 millón, que podemos suponer corresponde a la PyMe, bajó de 13,3% en agosto de 1996 a 8,8% de los créditos bancarios, en diciembre de 1998. No se produjo reducción en los tramos inferiores que podrían corresponder, aunque no en su totalidad por la fuerte incidencia del crédito de consumo, a las microempresas.
27
3. Financiamento a la MiPyMe
La concentración de la banca entre 1994 y 1998 fue acompañada de un cambio importante en la propiedad de las entidades que implicó un crecimiento sustancial de la participación de la banca extranjera que incrementó su participación en el total de préstamos del 16% al 47%. Este proceso implicó una disminución de los préstamos a la PyMe en la medida en que los bancos grandes tienden a concentrar sus créditos en deudores de alta calidad. La distribución geográfica de la banca se materializa en una concentración del crédito en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Es precisamente en estas áreas que se concentran las grandes empresas y las sedes centrales de muchas firmas grandes radicadas en distintas zonas del país. Esta concentración se traduce en una alta atención de la banca a estas grandes empresas en detrimento de la PyMe.
28
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
4.
Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
4.1
Mecanismos de segundo piso
En la Argentina existen varios mecanismos de segundo piso. No se ha perfeccionado un mecanismo único, ni se ha eliminado totalmente esta función del Banco Central, en la medida en que éste aún actúa como agente financiero de líneas del BID, participando en el proceso de elegibilidad de entidades financieras (esto se debe también al hecho de que aún no se ha separado la Superintendencia del BCRA); en la subasta de fondos y en la emisión de circulares acerca de la utilización de los recursos, funciones claramente ajenas a un banco central. 4.1.1
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)
El BICE fue creado por decreto del Poder Ejecutivo en diciembre de 1991 como una sociedad anónima de capital estatal, cuyos accionistas son el Ministerio de Economía y el Banco de la Nación Argentina. El BICE ha sido autorizado por el Banco Central para operar como un banco comercial de segundo piso, pudiendo realizar operaciones activas, pasivas y de servicios propios de los bancos comerciales. Los recursos del BICE se canalizan a través de una red de bancos calificados (conforme a sus propios parámetros) para financiar proyectos de inversión, prefinanciar y financiar exportaciones e importaciones de bienes y servicios o cualquier otra operación de comercio exterior. Cuenta con una multiplicidad de líneas de crédito muy segmentadas en función del sector o país de destino de las exportaciones o de origen de las importaciones. Estas líneas incluyen financiamiento para la PyMe, una línea especial de financiamiento para exportaciones de la PyMe y para adquisición de informática para la PyMe. Los montos máximos de los créditos oscilan entre $20.000 y $2.5 millones por empresa y por año. También incluye líneas de crédito para adquisición de bienes de capital producidos localmente hasta $500.000, para expandir la capacidad exportadora hasta por $5 millones y para proyectos de inversión, exportaciones de bienes de capital o de consumo durable hasta por 80% de la inversión total. Con respecto al uso de estas líneas, BICE ha establecido, entre otras, líneas globales con el Banco Galicia y el Banco de Boston dentro de las cuales se ha desembolsado $80 millones a través de 1260 operaciones. El BICE suministra también seguro de crédito a la exportación. El BICE, sin embargo, no ha logrado consolidarse como un buen mecanismo de segundo piso. Ha experimentado dificultades para colocar sus recursos, lo cual se manifiesta, entre otras cosas, en su excesivo capital con relación a sus activos. En la actualidad cuenta con un capital de $500 millones, mientras sus activos alcanzan a $800 millones, es decir un palanqueo de 1,6.
29
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
En las entrevistas que la Misión mantuvo con sus ejecutivos, se explicó que la entidad no cuenta con la autorización del BCRA para colocar sus recursos mediante subasta, aspecto que no explica los problemas del BICE. Por otro lado, el procedimiento de redescuento a través del cual opera no es ni automático ni mecánico. Según manifestaron sus representantes, el BICE realiza una revisión de la solicitud de préstamo que le trasmite el banco intermediario antes de proceder a su aprobación, lo cual le resta agilidad y trasparencia y, por otro lado es innecesaria en la medida en que el banco de primer piso corre con el riesgo de crédito. Sería más eficiente proceder a un redescuento automático de la operación y luego, por muestreo, realizar revisiones ex- post para determinar si los bancos están cumpliendo con los reglamentos de crédito. Una modificación del estatuto del BICE le permite ahora efectuar préstamos en forma directa a través del cofinanciamiento de exportaciones junto a un banco comercial. Esto implicaría una combinación de funciones de primer y segundo piso, lo cual no es recomendable por las razones que se indican más abajo en la sección relativa al Banco de la Nación.
4.1.2
Banco Central de la República de Argentina (BCRA)
En 1991 el BID aprobó un programa global de crédito para la micro y pequeña empresa por el equivalente de US$ 45 millones. En esta operación la MyPe se define como empresas con no más de 20 empleados y un volumen de ventas o facturaciones anuales inferiores al equivalente de US$ 200.000. Los subpréstamos no pueden exceder de US$ 20.000 y los intermediarios deben mantener un promedio de créditos otorgados que no excedan US$ 10.000. El diseño del programa incluye al BCRA como agente financiero del gobierno, lo cual involucra las siguientes funciones: recibir directamente los recursos del préstamo del Banco y traspasarlos a las entidades financieras declaradas elegibles por el BCRA, de acuerdo con los parámetros acordados con el BID (esto último a través de la Superintendencia), adoptar el reglamento de crédito del programa y, con ese objeto, emitir las circulares correspondientes. Si bien ya en ese entonces existía consenso acerca de la inconveniencia de que los bancos centrales actuaran como entidades de segundo piso, ante la inexistencia de otro mecanismo, se adoptó el que se acaba de describir pero limitando al mínimo la participación del BCRA y asignando el resto de las funciones de ejecución del programa a una unidad coordinadora del programa ubicada en la Subsecretaría de Economía. Aún cuando participaron 32 bancos, sólo cinco de ellos lo hicieron en casi todos los desembolsos, el resto de los bancos tuvieron participaciones esporádicas. En general, los bancos participantes han sido de segunda y tercera línea; 11 de los 32 bancos participantes no existen hoy, dos se liquidaron y nueve fueron absorbidos, vívido
30
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
testimonio del proceso de concentración bancaria que eliminó instituciones que operaban con este segmento. Los bancos de primera línea mencionaron como elementos que dificultaban su participación, la rigidez de la reglamentación; la obligación que se les imponía de supervisar la correcta utilización de los fondos por parte de los subprestatarios y las limitaciones sobre los montos máximos y promedio de los préstamos. Si bien los recursos de esta operación se colocaron y actualmente se trabaja con las recuperaciones, su ejecución fue lenta y difícil. Esto puede atribuirse a la falta de información y promoción del programa; la discontinuidad de su ejecución a través de desembolsos sumamente espaciados y con fecha incierta; la complicación administrativa de su operatoria que dio lugar a por lo menos 6 circulares del BCRA, contradictorias en varios aspectos; la lentitud de la declaratoria de elegibilidad de los intermediarios; un complejo sistema de garantías establecido por el BCRA sobre los fondos traspasados a los bancos y un procedimiento de subastas con complicadas regulaciones para la asignación de los fondos. El programa financió a 9.510 micro y pequeñas empresas ubicadas en 21 de las 25 jurisdicciones del país, logrando una relativa dispersión geográfica (Buenos Aires sólo el 19,9%). El 25,1% de los recursos se colocó en empresas con facturación anual de hasta $30,000; 24,4% con facturación entre $30.000 y $60.000; 20,2% entre $60.000 y $100.000; 23,3% entre $100.000 y $180.000 y 7,0% entre $180.000 y 200.00019. Se mantuvo un promedio de préstamo de $9.412. Un importante logro del programa lo constituye el hecho de que alrededor de la mitad de los recursos se haya colocado en empresas con facturación mensual de hasta $5.000 (la suma de las dos primeras categorías que corresponden a hasta $60.000 anual), monto que para Argentina es representativo de empresas realmente pequeñas. La tasa de interés a los bancos en 1999 estuvo en 7,90%, lo cual cubría el costo de los recursos del BID y estaba por encima del costo de captación promedio del mercado. Los recursos llegaron a los usuarios finales entre 1993 y 1999 a tasas promedio que se encuentran en un rango de 12.05 a 14.87%, pero con una gran dispersión de hasta el 80%. El 37,2% de los créditos se otorgó con prenda o hipoteca, el 43% con aval y el 19,7% a sola firma. El programa MyPes II del BID, aprobado a mediados de 1999, incluye nuevamente al BCRA como agente financiero con funciones similares a la operación anterior. La SEPYME actúa como entidad ejecutora respecto de las restantes funciones de la ejecución del proyecto. Este programa eleva el monto de facturación de las MYPES para ser elegibles de $200.000 a $500.000 y el monto máximo de subpréstamo de $20.000 a $50.000, aún cuando los bancos deben mantener una mediana de $10.000.
19
Los porcentajes por tramos de facturación son estimaciones propias sobre la base de cifras de préstamos obtenidas en SEPYME.
31
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
Las subastas tienen una tasa piso de corte que debe cubrir el costo de los recursos del Banco más gastos administrativos para asegurar la viabilidad del programa y que no puede ser inferior a la tasa de los Certificados de Depósitos a 90 días, ajustados por encaje, para asegurar que los recursos son adicionales y no sustituyen ahorros. La tasa resultante de la subasta, o tasa de corte, sería así representativa de la oferta del mercado para recursos a mediano plazo (hasta 60 meses para activo fijo) como los del programa. 4.1.3
Consejo Federal de Inversiones (CFI)
El CFI, integrado por los gobiernos de las provincias, se creó en 1959, como un organismo coordinador y asesor en materia de política de inversiones. Su instrumento financiero es el Fondo Federal de Inversiones (FFI), que cuenta con líneas crediticias para el financiamiento de microempresas productivas y la PyMe. La línea para la PyMe financia hasta el 70% de las inversiones en adquisición de bienes de capital y de capital de trabajo a empresas de hasta 100 empleados, activos productivos de hasta US$ 5 millones y facturación anual de hasta US$ 6 millones. El monto máximo es hasta US$ 150.000, con amortización en dólares a 6 años y 18 meses de gracia. La tasa de interés es 6,2% anual ajustable con un parámetro de tasa pasiva. Requiere garantías reales por el 130% del monto total del crédito o prendarías en créditos con amortizaciones de hasta 36 meses. La línea para la microempresa financia hasta el 100% de inversiones en adquisición de bienes de capital, capital de trabajo o capacitación a personas físicas o jurídicas cuyo patrimonio no exceda US$ 200.000. El monto máximo del préstamo es hasta US$ 50.000 para bienes de capital (amortización 4 ½ años), hasta US$ 20.000 para capital de trabajo (amortización 2 ½ años) y hasta US$ 4.000 para capacitación. La suma de los tres rubros no puede exceder US$ 50.000. La tasa de interés es 6%, ajustable. Los requerimientos de garantías son similares a la línea anterior. Estos recursos se canalizan a través de los bancos que actúan como agentes financieros del FFI, tradicionalmente los bancos provinciales. Sólo cabe mencionar que en dichas operaciones, si bien el CFI delega en el banco de primer piso la evaluación del sujeto, mantiene para sí la evaluación del proyecto. El subsidio a la tasa de interés, por otra parte, era un elemento adicional que estimulaba el uso de influencias a la cadena CFIBanco provincial. 4.1.4
Fondo de Capital Social (FONCAP S.A.)
El FONCAP S.A. es una institución de derecho privado, constituida bajo la forma de sociedad anónima, que tiene como objeto administrar el Fondo Fiduciario de Capital Social creado por decreto en julio de 1997. El objetivo de dicho Fondo es facilitar el desarrollo de la microempresa de menores recursos a nivel nacional, con especial atención a las particularidades de cada región. El capital accionario del FONCAP corresponde en un 49% al Estado Nacional, el cual aportó $40 millones y el restante 51% está abierto a la suscripción por parte de organizaciones sin fines de lucro
32
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
representativas de los sectores sociales, empresariales y de organismos internacionales comprometidos al desarrollo de la microempresa. Como fondo de segundo piso, el FONCAP debe canalizar sus recursos a través de entidades de primer piso especializadas en el apoyo a la microempresa. El contrato de fideicomiso establece con gran nivel de detalle las condiciones que deben reunir estos prestadores de servicios, las cuales enfatizan el aspecto de eficiencia y autosostenibilidad de la institución o los programas. Para cumplir con sus objetivos el FONCAP tiene como instrumentos operativos: líneas de crédito a las entidades de primer piso, generalmente ONGs, y fortalecimiento institucional conexo a través de cooperación técnica no reembolsable; actividades de promoción social, incluyendo capacitación y actividades de estudios e investigación. La premisa en que se sustentó el modelo de FONCAP esque pese al limitado número y debilidad de las ONGs existentes en Argentina, sería factible a través de una fuerte acción de cooperación técnica desarrollar una red de intermediarios no tradicionales que eventualmente podrían constituir mecanismos sólidos y autosostenibles de apoyo a la microempresa. La institución empezó a funcionar en 1998. Si bien a la fecha se han aprobado 12 créditos por un monto de $8.4 millones, con desembolsos por $3 millones, y se han desarrollado una cantidad importante de acciones de apoyo a organizaciones gremiales, becas, estudios e investigaciones, puede decirse que FONCAP todavía no ha despegado operativamente. Durante los 2½ años de operaciones ha tenido cuatro Presidentes y cuatro Vice Presidentes. Esta inestabilidad unida a la limitada capacidad técnica, explica en parte el hecho de su lento desarrollo así como la baja calidad de su cartera. La experiencia de estos dos años ha demostrado que el supuesto sobre el cual se fundamentó la acción operativa crediticia de FONCAP es falso. Las ONGs, y en general diversos tipos de entidades no reguladas con las que ha operado FONCAP, son débiles y presentan poco potencial de viabilidad en el futuro pese al apoyo que han recibido de la cooperación externa. Cabe mencionar que la creación de FONCAP creó altas expectativas como modelo de cooperación conjunta del sector público con el sector privado para el desarrollo de la microempresa. Después de haber sufrido experiencias de programas de gobierno de crédito para la microempresa dirigidos, subsidiados y politizados, el modelo de FONCAP se presentó como innovador y bien diseñado. En efecto, el gobierno dispuso de $40 millones para este objeto, pero consciente de los riesgos de politización que enfrentan estos programas, constituyó una sociedad anónima para que administrara los recursos con criterio de sector privado. 4.1.5
Inter-relación de los mecanismos de segundo piso
Los mecanismos de segundo piso arriba indicados, (los más importantes pero no los únicos) revelan una gran dispersión de recursos, falta de focalización y políticas y 33
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
estrategias inconsistentes. Mientras algunos operan a tasas subsidiadas como el CFI o el BICE, otros operan con tasas a nivel del mercado bancario como el BCRA o FONCAP. La distorsión se agudiza a nivel del usuario final por el extraordinario desnivel de los márgenes; así los fondos de FONCAP llegan a tasas de hasta el 8% mensual, reflejando los altos costos de sus intermediarios, mientras que los del CFI llegan a 6.2% anual. Aparte de los aspectos sustantivos mencionados en el párrafo anterior, puede afirmarse que en cuanto a los aspectos operativos ninguno de los mecanismos constituye un modelo para otros países. El BICE no ha logrado establecer un mecanismo de transferencia de recursos ágil, trasparente y automático, ante lo cual ha desenfatizado las funciones tradicionales de segundo piso en favor del cofinanciamiento y desarrollo de fondos en fideicomiso. El BCRA, que no debería estar involucrado en estas funciones, ha tropezado con dificultades en el traspaso de los fondos del BID a la banca comercial, aspectos que se espera superar en la nueva operación. El CFI, al participar en la evaluación de los proyectos respectivos desvirtúa el rol de segundo piso. Su rol como fuente de recursos altamente subsidiados distorsiona el sistema.
4.2
Programa Integral de Asistencia Financiera a la MiPyMe
La alta prioridad que las autoridades han asignado al sector MiPyMe se manifestó en la reciente aprobación de la Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que proporciona los elementos contenidos en el Programa Integral de Asistencia Financiera20 a dicho sector, lanzado recientemente por SEPYME. El Programa reconoce que los problemas de acceso al financiamiento que experimentan estas empresas responden tanto al funcionamiento propio de las firmas así como al entorno institucional en que se desenvuelven. Reconoce también que en los últimos años el estado instrumentó una serie de iniciativas pero que las mismas resultaron desarticuladas e ineficaces. Cabe señalar, que la Ley indica que la autoridad de aplicación definirá las características que deberán tener las empresas para ser consideradas micro, pequeñas o medianas empresas, lo cual implicaría una definición adicional a las varias existentes. 4.2.1
Bonificación de Tasas de Interés
El “Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, cuya ejecución aún no se ha iniciado, apunta a mejorar las condiciones crediticias del sector PyMe.21 Consiste en la bonificación de la tasa de interés que cobran las entidades financieras, en los préstamos otorgados a este sector en forma individual o asociada. El estado se haría cargo del equivalente a 3 puntos porcentuales de la tasa de interés
20
21
34
Ver Programa Integral de Asistencia Financiera para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, SEPYME, Ministerio de Economía, sin fecha. Pese al título del Programa que incluye a las microempresas, el texto del mismo se refiere exclusivamente a la PyMe. Sin embargo, la Ley incluye específicamente a las microempresas.
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
nominal anual que cobran los bancos por las operaciones que se encuadren dentro del Programa, que abarcará un monto de capacidad prestable de hasta $450 millones. Los préstamos pueden destinarse a compra de bienes de capital nuevos de origen nacional, constitución de capital de trabajo, desarrollo de nuevos emprendimientos, y regularización de deudas fiscales y provisionales, así como prefinanciación y financiación de exportaciones de bienes y servicios. Podrán acceder al Programa las empresas de todos los sectores de la actividad productiva con ventas anuales de hasta $6 millones. El porcentaje de la inversión cubierto por el financiamiento varía desde 80% a 30% para nuevos empresas; los plazos varían de 60 meses para bienes de capital a 36 meses para capital de trabajo con 6 meses de gracia. Las licitaciones de los recursos se realizarán en forma periódica y la adjudicación de los cupos de crédito22 a los bancos se otorgará en función de las menores tasas activas ofertadas por ellos. El Programa no indica la institución encargada de efectuar las licitaciones. Esta iniciativa tiene resabios de un Programa Trienal de PyMe de 1992 que, entre otras varias medidas, asignó US$ 2.050 millones a ser canalizados por el sistema bancario público y privado, con un subsidio a cargo del estado de 4 puntos de la tasa de interés cobrada a las empresas. Es indudable, sin embargo, que la nueva iniciativa tiene la ventaja de que el subsidio se concentra en el financiamiento parcial de la tasa de interés pero no incluye recursos para el crédito propiamente dicho. La iniciativa presenta algunos problemas. En primer lugar, es distorsionante, aún en relación con otro componente del mismo Programa como es el préstamo del BID MYPES II. Este último, que se ha diseñado para llegar a los segmentos más bajos, y por lo tanto de más alto costo para la banca, con montos promedio por banco de $10.000 y empresas con facturación por debajo de $500.000, no está sujeto al subsidio de tasa de interés23 mientras que el programa que comentamos subsidia 3 puntos de la tasa de interés en préstamos de hasta $400.000, sin monto límite promedio por banco a PyMes con facturación de hasta $6 millones. Esta iniciativa torna prácticamente inviable la colocación de los fondos BID, a menos que su operatoria resulte tan complicada, que desestimule a la banca a utilizarlo. En segundo lugar, el diseño del subsidio no es acertado. El objetivo único que se plantea en este programa es “llegar” (outreach), siguiendo un enfoque muy reminiscente de la década de los 70. No persigue y, por lo tanto, no exige a los bancos, el desarrollo de una plataforma permanente de atención a este segmento empresarial o la creación de mecanismos permanentes con este objeto. En efecto, el incentivo de los bancos a invertir en plataformas permanentes de atención a este segmento disminuye, si es posible acceder a un subsidio de tasa de interés que le permite cubrir los costos increméntales de atención a esta clientela sin incurrir en el costo de establecer dichas plataformas. En
22
23
La expresión contenida en el programa adjudicación de cupos de crédito, es equívoca, por cuanto se supone que sólo se licitarán los fondos que cubren la bonificación de la tasa de interés pero no el crédito. Su inclusión sería contraria a la política del BID.
35
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
ausencia de ello, se corre el riesgo de que las participaciones de la banca sean esporádicas. El subsidio tampoco incluye un proceso de “phasing out”. 4.2.2
Programa global de crédito a la Micro y Pequeña Empresa
El Programa de SEPYME incluye, como segundo componente, la línea BID ya analizada en la sección relativa a mecanismos de segundo piso. Según se ha visto en la sección anterior, la viabilidad de la operación del BID queda seriamente comprometida, tanto en lo que respecta al componente de crédito, como al componente de apoyo a la banca, por la bonificación de tasa de interés propuesta. 4.2.3
Programa Nacional de Fondos Regionales de Inversión (FRI)
Este programa tiene por objeto cubrir el vacío que, en parte, se ha creado por la desaparición de la banca provincial a través de un instrumento similar al de los fondos en fideicomiso financieros, cuya utilización se ha generalizado en el país en los últimos años. Los FRI se alimentarían con recursos del sector público que operarían como palanca para obtener fondos en el mercado de capitales. Estarían constituidos en un 50% por títulos principales (clase A), que se colocarían en el mercado de capitales (fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión, bancos etc.) a tasas competitivas con las que ofrecen otros títulos públicos del Gobierno. Otro 20% (títulos clase B) será suscrito por el BICE, mientras que el 30% restante se constituirá, en un 20% con certificados de participación a suscribir por las provincias interesadas en promover proyectos privados y en 10% por la Nación. Los FRI financiarían requerimientos de activo fijo y capital de trabajo de la PyMe. Según ha indicado el BICE se prevé un costo de dinero a nivel del usuario final sustancialmente inferior al de mercado, que podría ubicarse en torno al 10% anual en función del aporte combinado de fondos públicos, privados y, eventualmente, de organismos financieros internacionales. El BICE promoverá los FRI en todas las regiones y sectores que requieran fondos para la inversión productiva y llamará a concurso para contratar operadores privados, que incluirán un administrador fiduciario, constituido por ejemplo por un banco privado interesado y un comité de crédito. La única fuente de fondos para la amortización y pago de intereses de los títulos valores a ofrecer al mercado, está constituida por la cobranza de capital e intereses de los préstamos otorgados a las empresas. Es fundamental por lo tanto, que los FRI desarrollen mecanismos que aseguren sólidas técnicas crediticias, alta idoneidad gerencial, trasparencia y altos niveles de recuperación. Esto redundaría en una buena calificación por parte de las calificadoras de riesgo encargadas de su evaluación y por lo tanto costos más bajos de los recursos que se obtendrán en el mercado. En vista de que este instrumento no ha comenzado a funcionar, sólo es posible formular comentarios acerca de su conceptualización y diseño. Al respecto, creemos que el mismo
36
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
es acertado en la medida en que someta al instrumento al juego del mercado. El concepto de regionalización es particularmente importante en la Argentina en atención al problema agudo de centralización geográfica de la banca. La estructura de los FRI, si se mantiene magra, podría resultar en costos operativos inferiores a los de la banca. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad técnica requerida por la actividad crediticia, particularmente a este nivel de clientela, es extremadamente compleja y no se puede improvisar. El elemento negativo es la intención declarada de subsidiar la tasa de interés. Sin embargo, no creemos que eso resultará factible a menos que los aportes del BICE, provincias y la Nación sean a fondo perdido, aspecto que no está explicitado en el programa. Esta afirmación se debe a que, por lo menos en un comienzo hasta generar la confianza del mercado, los FRI deberán mantener altas reservas por incobrabilidad y aplicar un esquema de cobertura a través de cláusula de “first loss”, que asegure a los inversores que las primeras posibles pérdidas serán absorbidas por los certificados de participación estatal y títulos clase B. Asimismo, los costos operativos en un comienzo también resultarán altos, no sólo por los consabidos costos de información aplicables a este tipo de crédito, sino también por la de que, en función del bajo grado de bancarización prevaleciente en el interior, puede anticiparse que habrá un alto grado de primeros clientes sin historial de crédito. 4.2.4
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME)
El FONAPYME es un fideicomiso financiero que tiene por objeto realizar aportes de capital y brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones a la MiPyMe. Su objetivo es asociar al estado en nuevas empresas a través de un aporte de capital de hasta el 50% del valor total de las inversiones. Esta sociedad entre el estado y los empresarios durará entre 3 y 5 años, según el período de maduración de cada proyecto. Cumplido ese período el FONAPYME dará la opción de compra de su parte a los socios iniciales, y si estos desisten, la licitará en oferta pública para que otro privado pase a ser socio de la empresa. Los fondos recuperados serán destinados al financiamiento de nuevas empresas. La Ley de la PyMe establece un compromiso inicial de $100 millones que serán aportados por la Secretaría de Hacienda y el Banco de la Nación, en una proporción que será del 60% y 40%, respectivamente. El Fondo prevé la posibilidad de recibir aportes tanto del sector público como del sector privado y organismos internacionales multilaterales. La política de inversiones del Fondo estará fijada por un comité de inversiones de no más de 5 miembros, presidido por el Secretario SEPYME, e integrado por el Banco de la Nación, la Secretaría de Hacienda, un representante de otros aportantes al fondo y el Ministro de la Producción o equivalente de la provincia donde se radicará el proyecto. El
37
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
Comité de Inversiones establecerá pautas para la selección de los proyectos, entre los cuales, la factibilidad económica y financiera será una condición esencial. Es difícil anticipar la suerte de estos fondos en función de la normativa arriba indicada que presenta vacíos importantes.24 En primer lugar, no se incluye ninguna cláusula de salida, que asegure un mínimo de rentabilidad al estado. La licitación del capital accionario del estado sin una cláusula de resguardo puede dar lugar a pérdidas con relación a su aporte inicial e, incluso, a la adquisición de su aporte por debajo del valor en libros. Tampoco se indica cual será la representatividad requerida por el estado en los órganos directivos ni si el aporte del estado se limita a los aspectos financieros o si involucra un apoyo a la gestión empresarial. No se menciona cual sería la entidad reguladora. En todo caso, el aspecto más negativo es que no se somete al mecanismo a la prueba del mercado, a través de emisiones de títulos para su colocación entre inversionistas privados, y su calificación por sociedades calificadoras de riesgo. Según indica SEPYME, éste será el primer programa de este tipo en Argentina. No obstante, cabe señalar que la industria de Fondos de Inversión está todavía inmadura en la región. 4.2.5
Convenio Estado Nacional-Provincias para Bonificación de Tasas de Interés
Dentro de este componente, la SEPYME y las provincias que se adhirieron al convenio acordaron bonificar en 4 puntos porcentuales una línea crediticia por $150 millones puesta a disposición por el Banco de la Nación, para la compra de bienes de capital de origen nacional. El objetivo es mejorar las condiciones de competitividad del sector local productor de bienes de capital, así como alentar su reactivación. A través de la bonificación, el costo financiero para la adquisición de la maquinaria a nivel del usuario final es de 7% anual, nivel ligeramente superior al de las tasas pasivas. Asimismo, la SEPYME, el Gobierno de Santa Fé y el Nuevo Banco de Santa Fé S.A. firmaron un convenio para bonificar en 4 puntos porcentuales (distribuido en partes iguales de 2% cada uno) los créditos que toma la PyMe en ese banco comercial. Este componente merece las mismas críticas ya indicadas respecto del anterior programa de bonificación de intereses aún cuando este componente presenta problemas más serios en la medida en que los recursos de la bonificación de la tasa de interés no se licitan, sino que se asignan selectivamente a un banco determinado.
24
38
Si bien es explicable que estos aspectos no aparezcan en la Ley, sino en su reglamentación, deberían aparecer en el documento de SEPYME que describe con mayor detalle el Programa Integral.
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
4.2.6
Línea de crédito MicroNación
La SEPYME, en forma conjunta con el Banco Nación, está analizando el rediseño de la línea de crédito MicroNación, para que pueda transformarse en una herramienta efectiva para el desarrollo de la microempresa productiva. Se persigue que el beneficiario pueda acceder al financiamiento a costos accesibles y con el apoyo de la SEPYME, a través de capacitación, para la presentación de la documentación crediticia necesaria. Se aligerarían los requisitos de garantías aceptándose las prendarías y reservando las hipotecarias para montos máximos y se permitiría que las operaciones con codeudor sean asimilables a préstamos personales para consumo de hasta $15.000 a 36 meses. La tasa de interés sería de 12%, lo que implica una reducción del 1,5% con relación a la operación anterior. Se incluye el financiamiento de nuevos proyectos, lo que representa un área no cubierta por las entidades del sistema. 4.2.7
Convenios con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABA PRA) y la Asociación de Banca Minorista (ABM)
La SEPYME y las asociaciones que representan a las entidades del sistema financiero están desarrollando una línea de trabajo conjunto que abarca temas de capacitación, estudios normativos y evaluación de diseños de nuevas alternativas de financiamiento. SEPYME ha firmado convenios para capacitación gratuita de empresarios con ABA y ABAPRA sobre temas que incluyen cómo elaborar una carpeta de crédito, financiación para las PYMES, nuevos instrumentos financieros y cómo mostrar capacidad de pago.
4.3
Otros instrumentos para el financiamiento de la MiPyMe
4.3.1
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y el Fondo de Garantías para las Pequeñas y Medianas Empresas (FOGAPYME)
Las SGR nacen en la Argentina mediante una ley de 1995 que establece esta modalidad institucional siguiendo el modelo español. El BID prestó apoyo para su implementación a través de una cooperación técnica para consolidar las actividades de la autoridad de aplicación y difundir el sistema. Sus comienzos fueron lentos fundamentalmente debido a que el sistema pasó por tres autoridades de aplicación en los dos primeros años. Esto explica en parte el hecho de que a la fecha sólo hay cinco SGR (dos más en proceso de formación), con un total de 1400 empresas adheridas y sólo unos $100 millones en los fondos de riesgo. Las SGR, que se rigen por su ley de creación y supletoriamente por la ley de sociedades anónimas, tienen por objeto principal el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes y mejorar así el acceso de los mismos al crédito. Son socios partícipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, ya sean personas físicas o jurídicas. Para su
39
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
constitución deben contar por lo menos con 120 socios partícipes y un capital mínimo de $240.000. Los socios protectores pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. El capital social está integrado por los aportes de los socios a través de acciones ordinarias nominativas de igual valor y número de votos. La participación de los socios protectores no puede exceder del 50%. Los límites operativos que se establecen responden a un criterio de diversificación del riesgo, puesto que no pueden otorgar a un mismo socio partícipe garantías superiores al 5% del total garantizado por la SGR ni tampoco pueden obligarse con el mismo acreedor por un monto superior al 20% del total garantizado. No pueden conceder ningún tipo de crédito a sus socios ni a terceros ni celebrar contratos de garantía recíproca con sus socios protectores. El Fondo de Riesgo, que deben constituir las SGR, integra su patrimonio y tiene por objeto garantizar los pagos que eventualmente la sociedad deba realizar en cumplimiento de los contratos de garantía recíproca celebrados con los socios partícipes. Se conforma con aportes de los socios protectores; rendimientos financieros de la inversión de sus bienes; asignaciones de utilidades; recuperos de sumas pagadas en cumplimiento de contratos de garantía y otros aportes y donaciones. Mediante el contrato de garantía recíproca la SGR garantiza el préstamo contraído por un socio partícipe para su actividad económica y el acreedor de éste acepta la obligación de la SGR. El contrato constituye título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos. Las SGR requieren que el socio partícipe ofrezca a la SGR contragarantías en respaldo del contrato de garantía. La SGR responde solidariamente por el monto de las garantías otorgadas sin derecho a excusión de bienes. Los socios deben compensar con nuevos aportes cualquier pérdida que afecte el monto del capital social o el 35% de sus ampliaciones. La inscripción de las SGR en el Registro que el Banco Central ha habilitado es opcional, pero aquéllas que lo efectúan deben cumplir con los requisitos establecidos en una circular del BCRA, que es muy escueta en comparación con la complejidad y minuciosidad de sus circulares. La circular exige que el importe del fondo de riesgo sea equivalente al 25% de los avales otorgados. A los efectos de determinar este importe, los avales se computan ponderados por los factores de riesgo establecidos en las normas sobre capitales mínimos de las entidades financieras, teniendo en cuenta la existencia y naturaleza de contra-garantías. El fondo de riesgo debe invertirse en los activos previstos para las inversiones de los fondos de jubilaciones y pensiones, si bien se permite la colocación por hasta el 100% del fondo en depósitos a plazo fijo. Si bien la ley dispone que el total de avales otorgados a un socio partícipe no puede superar el 5% del fondo de riesgo, para las sociedades inscriptas en el BCRA, éste redujo el porcentaje a 2,5% y dispuso que no pueden otorgarse avales a socios vinculados; al efecto el BCRA les aplica las restricciones de los clientes vinculados con las instituciones financieras.
40
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
Finalmente, las SGR deben cumplir con el régimen informativo del BCRA para las mismas, sujetándose a la fiscalización del Banco. Esto comprende la información para la Central de Deudores sobre la clasificación de los socios partícipes cuyas deudas hayan sido canceladas en cumplimiento de los avales que respaldaban las respectivas obligaciones, conforme con las normas de clasificación de deudores que se aplican a las instituciones financieras. Con respecto a la calidad de la garantía recíproca, debe señalarse que normalmente, en plazos perentorios que no exceden los 14 días de producido el incumplimiento del deudor, las SGR abonan la totalidad del compromiso garantizado, en tanto que en la ejecución de prendas o hipotecas, el plazo es incierto pudiéndose extender en algunas circunstancias a varios años. En reconocimiento a esta situación, recientemente, el Banco Central decidió incorporar como garantía preferida “A” (hasta entonces categoría “B”), a las garantías o avales otorgados por SGRs habilitadas en el BCRA siempre que efectivicen los créditos no cancelados dentro de los 30 días corridos de su vencimiento y en la medida en que las tasas de interés de las respectivas operaciones no superen las fijadas para el primer tramo de la tabla de indicadores de riesgo. El Gobierno ha estimulado las inversiones en SGR, a través de una serie de exenciones impositivas. Los contratos de garantía recíproca están exentos del impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo de los socios protectores y partícipes, son deducibles del resultado impositivo para la determinación del impuesto a las ganancias, siempre que dichos aportes se mantengan en la sociedad por el plazo mínimo de 2 años. El esquema institucional es lo suficientemente flexible como para acomodar distintos tipos de SGR. Curiosamente las dos primeras SGR que se crearon definen hacia el futuro dos perfiles distintos de sociedades de garantía en la Argentina. Por un lado tenemos una sociedad abierta, horizontal, intersectorial integrada por la PyMe con diversos tipos de procesos productivos, que constituyen GARANTIZAR SGR con el Banco Nación, entre otros, como socio protector. Por otro lado tenemos a C.A.E.S., integrada por la Compañía Afianzadora de Empresas Siderúrgicas y SIDERAR S.A. (del grupo Techinct) como socios protectores, que constituyen una SGR siguiendo la estructura vertical de la cadena de valor de un sector para prestar servicios de garantía a sus clientes y proveedores. GARANTIZAR SGR ofrece garantías para facilitar el acceso al crédito financiero así como garantías para todo tipo de negocios. Financia hasta el 100% de la operación a plazos que llegan hasta un máximo de 5 años. Las contra-garantías deben ser reales o personales con un mínimo de 50% y un máximo del 100%. El costo del certificado de garantía es el 3%. La empresa se analiza al ingresar a la SGR. En un principio recién se la evaluaba al solicitar la garantía, pero dado que el objetivo de ingresar es obtener la garantía ahora se la analiza al inicio. Para ingresar a GARANTIZAR sólo se requiere tener la condición de PyMe industrial, comercial, agropecuaria o de servicio y suscribir acciones, integrando el 50% al contado. El aporte de capital mínimo esta entre $1.000 y $2.000. Además del servicio de garantía
41
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
la sociedad ofrece capacitación, asesoramiento y consultoría a las empresas asociadas en forma onerosa. El FOGAPYME consistirá en un fondo de segundo piso bajo la forma de un fideicomiso no financiero, (incluido en la nueva ley de la PyMe), cuya función principal será la de regarantizar o reafianzar las garantías que otorguen las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y los fondos provinciales estatales que cumplan con similares requisitos técnicos. El objetivo es multiplicar la capacidad de otorgar garantías por parte de las SGR, y dotar de mayor estabilidad y confiabilidad al sistema de garantías para la PyMe. El FOGAPYME otorgará garantías de primer piso a los acreedores de la MiPyMe en aquellas regiones en las que no haya oferta de garantías por parte de SGR o fondos provinciales. El FOGAPYME contará con un aporte inicial de $100 millones, integrados por la Secretaría de Hacienda y el Banco de la Nación. Las Provincias también podrán efectuar aportes al Fondo para otorgar, exclusivamente, garantías a micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en sus territorios. El fiduciario del fondo será el Banco de la Nación, pero la política de garantías y regarantías, dentro de los límites que establezca la ley y su reglamentación, será fijada por un Comité de Administración presidido por la SEPYME. El FOGAPYME prevé además la conformación de un Consejo Consultivo integrado por representantes de las provincias no aportantes, las SGR, y los fondos de garantía provinciales. Este mecanismo de segundo piso es sumamente importante para la efectividad del sistema, dado que una de las razones para el escaso crecimiento de las SGRs ha sido la inexistencia de un mecanismo que regarantice las obligaciones de las SGR. Entre los beneficios que se obtienen a través de la actuación de las SGR pueden mencionarse los siguientes.
42
•
Incentiva a las empresas al cumplimiento de pago a través de la expulsión del que no cumple y su comunicación a la Central de Deudores
•
Alta liquidez del aval por su carácter de título ejecutivo inmediatamente exigible a su vencimiento.
•
Mejor avalúo de la contra-garantía que ofrece el deudor a través de la participación de la SGR.
•
Mayor diversificación del riesgo crediticio a través de un actor adicional al banco y el deudor.
•
Mejor calidad de los proyectos y su presentación al financiamiento a través de la asesoría que prestan las SGR.
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
Es difícil emitir una opinión acerca de estas instituciones en la medida en que recién empiezan a despegar. El modelo en que se inspiran, las SGR de España, por lo menos hasta mediados de los 90s, experimentaron pérdidas importantes según surge de un estudio de la Comisión de la Unión Europea de la época. El esquema institucional se presta tanto para una gestión exitosa como para un fracaso. Los elementos claves parecen ser la inscripción en el BCRA a los efectos de someterlas a su normativa y supervisión, la calificación por parte de una calificadora de riesgo y la figura del socio protector. En la medida en que las SGR opten por entrar en la órbita del BCRA y que sean calificadas por las calificadoras de riesgo, constituirían oportunidades de inversión interesantes para los inversionistas privados, que requerirían niveles aceptables de rendimiento de su inversión, lo cual las sometería a la disciplina financiera que exigiría el mercado. La figura del socio protector (los inversionistas) y, por lo tanto la estructura patrimonial, es clave en este sentido. El barómetro lo constituirá la banca que hasta ahora ha actuado con cautela respecto de esta garantía. Sin embargo, el hecho de haber sido elevada recientemente a categoría de garantía preferida “A”, es probable que implique un mayor uso por parte de la banca, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que se trata de un nuevo instrumento, el mismo es sumamente líquido. Si, por el contrario, para acelerar el desarrollo de las SGR, se recurre a aportes de entidades del estado que la desvinculen del mercado, con limitados objetivos de maximizar utilidades, o poniendo aportes a fondo perdido, probablemente estas entidades se descapitalizarán y en poco tiempo perderán la calificación de garantías preferidas “A”. 4.3.2
Fondo de Garantía de Buenos Aires (FOGABA)
El FOGABA fue la primera institución que se creó en Argentina con el objeto de otorgar garantías a la PyMe frente al sistema bancario. Se constituyó por ley en 1995 como una sociedad anónima de economía mixta con el objeto de otorgar dichas garantías a título oneroso. Para ser elegibles las PyMe deben desarrollar su actividad o tener el asiento principal de sus negocios en la provincia de Buenos Aires pero en vista de la alta concentración geográfica de la banca, que ya hemos estudiado, ésta no constituye una limitación tan importante. La participación accionaría comprende el Estado Provincial, en un porcentaje no inferior al 51% del capital social durante los primeros diez años de vida de la sociedad, entidades gremiales empresariales (asociaciones rurales, uniones industriales etc.), otros fondos de garantías, PyMes adheridas al sistema, grandes empresas y organismos multilaterales. FOGABA garantiza hasta el 75% del capital del crédito, por lo que cobra a la PyMe una comisión del 2% sobre saldos, al mismo tiempo que requiere las contra-garantías que considere necesarias. Las empresas deberán suscribir acciones de FOGABA por $1.200
43
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
en el momento de acceder al financiamiento garantizado. Existen cuatro tipos de garantías que ofrece FOGABA: •
El financiamiento institucional se realiza a través de una red de bancos adheridos, que a la fecha son 17. FOGABA otorga garantías a la PyMe cuyos proyectos se consideran viables pero que no cuentan con avales suficientes. Opera a su vez bajo las siguientes tres modalidades, (i) FOGABA delega en el banco la función de evaluar el riesgo de la empresa y aporta su garantía en forma automática, con ciertos límites, en cuanto a monto por empresa, porcentaje de financiamiento y cupo por banco. Los bancos que tienen calificación “A” o superior, tienen la facultad de otorgar la garantía, dentro de los límites acordados, por cuenta y orden de FOGABA; (ii) FOGABA realiza su propio análisis de riesgo sobre la base de la carpeta presentada por el banco y (iii) FOGABA garantiza hasta el 75% del capital en la línea de créditos para microempresas el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
•
Con el crédito comercial, (i) FOGABA garantiza la compra de maquinarias e insumos, la contratación de servicios, etc., de la PyMe ante grandes empresas proveedoras y clientes. A la fecha 6 grandes empresas se han adherido o, (ii) Se sustituye la figura de la gran empresa por una PyMe dispuesta a financiar la venta de sus productos y/o servicios a otra PyMe, si lo hace como vendedora, FOGABA les ofrece su garantía “AA” que les asegura la cobranza del crédito afianzado en plazos perentorios.
•
Con sus instrumentos de oferta pública FOGABA garantiza hasta el 75% de las obligaciones negociables emitidas por la PyMe. Esto permite a la PyMe acceder al financiamiento a través del mercado de capitales, colocando estas obligaciones en las Bolsas de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
•
La garantía técnica cubre las necesidades de garantías de la PyMe ante el Gobierno Nacional, Provincial, Municipal, grandes empresas e, inclusive, otras PyMes, que las contraten para ejecutar obras y/o servicios. FOGABA realiza el análisis de las posibilidades de las empresas para realizar los trabajos requeridos.
Las garantías o avales de FOGABA gozan del mismo tratamiento de garantías preferidas “A”, es decir auto-liquidables, mencionadas para las SGRs inscriptas en el BCRA. Ambas están amparadas por la misma decisión reciente del Banco Central. Este tratamiento de las garantías constituye un valor agregado importante, por cuanto no sólo tiene impacto positivo para los bancos en lo que respecta a los requerimientos de capital mínimo y previsiones, sino también porque proporciona a los bancos un documento negociable auto-liquidable de alto valor en lugar de un documento de baja calificación como lo sería sin esta garantía. Asimismo, ambos mecanismos implican una revalorización importante del bien o activo objeto de la contra-garantía que constituiría la única garantía en ausencia de la garantía de las SGR o FOGABA. A título de ejemplo, se ha estimado que un bien avaluado en $100.000 a efectos de garantía real, se transforma en una garantía de $300.000 como resultado de cualquiera de estos dos mecanismos. 44
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
Los montos de las garantías aprobadas, si bien aún reducidos, han ido aumentando de $4.5 millones en 1997, $8.4 millones en 1998 a $17.2 millones en 1999. El monto total de garantías tradicionales en cartera a la fecha es de alrededor $12 millones con un amplio predominio en la participación relativa del Banco Credicoop con 27% del mismo; el monto total de garantías automáticas en cartera a la fecha es de alrededor de $11.6 millones con una participación del 47% del Banco Galicia y 44% del Credicoop. Es interesante señalar que mientras la siniestralidad en las garantías bancarias automáticas es de 0%, la correspondiente a las garantías bancarias tradicionales es de 5,8%. Si bien es cierto que la primera es una cartera más joven puesto que es un mecanismo de más reciente adopción, todo parece indicar que funciona mejor. La siniestralidad en las garantías comerciales es de 0% y en las bancarias para microempresas 5,2%. Si bien el FOGABA es un instrumento incipiente que todavía no se puede evaluar sobre la base de sus resultados, sí se puede evaluar su diseño. Como elementos positivos, hay que señalar que el máximo de cobertura es el 75% del préstamo, lo cual mantiene incentivos a nivel del banco para cobrar. La flexibilidad del instrumento aplicable tanto a crédito bancario como a crédito comercial o a obligaciones emitidas al mercado de capitales es también un elemento que le da versatilidad. La garantía automática, si bien se puede argumentar que es una garantía “ciega”, no lo es tanto en la medida en que la PyMe prestataria debe hacerse miembro de FOGABA, oportunidad en que suponemos habrá algún tipo de evaluación de la empresa, y, por otra parte, asegura la agilidad del mecanismo evitando la evaluación crédito por crédito de la garantía tradicional. Finalmente, al igual que lo indicado en relación con las SGR, la estructura patrimonial es fundamental para el éxito de estos instrumentos. Si bien es cierto que, pese al aporte mayoritario del estado o entidades públicas, aparentemente estas instituciones no se han politizado, es fundamental concebir dichos aportes como necesarios para el “despegue” pero transitorios en su naturaleza y con un proceso de “phasing out”. Cabe resaltar que la única SGR inscripta en el Banco Central y sujeta a su normativa tiene, como se ha visto a un socio protector que es un banco estatal. Por otro lado, FOGABA, pese al aporte mayoritario del gobierno provincial está operando en función del mercado. Posee calificación “AA” otorgada por dos calificadoras de riesgo. Ambos son esquemas satisfactorios para la etapa actual de primera generación. Creemos, sin embargo, que gradualmente, (definitivamente no después de 10 años como requiere la ley de FOGABA) deberá entrarse en una segunda y tercera etapa con una participación mucho más alta de inversionistas privados. Para eso, ambos tipos de instituciones deberán demostrar que son alternativas de inversión atractivas. 4.3.3
Leasing
Si bien Argentina cuenta con legislación de leasing desde hace años, esta industria no se ha desarrollado debido a dos aspectos que han resultado verdaderos obstáculos. El más importante es el cómputo del impuesto al valor agregado que, conforme con la legislación
45
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
vigente hasta hace muy poco, debía pagarse totalmente al momento de celebrarse el contrato. El segundo aspecto es que también dentro de la legislación mencionada, la responsabilidad civil resultante del uso del bien objeto del leasing, estaba a cargo del arrendador. La nueva ley de leasing aprobada en mayo de 2000, incluye la solución a estos problemas. En efecto, la misma dispone el cómputo del impuesto al valor agregado dentro de los contratos de leasing que se prorratea dentro de las cuotas establecidas en el convenio. Asimismo, establece que la responsabilidad civil es del arrendatario. La nueva ley define el contrato de leasing como aquél por el cual el arrendador conviene transferir al arrendatario la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Establece que pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing. El contrato de leasing también puede incluir los servicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes dados en leasing y su precio se integra en el canon. El leasing puede ser financiero, en cuyo caso las dos partes están presuponiendo una compraventa al final. El leasing operativo, (leasing de residuales) la opción de compra es económicamente válida, pero la devolución es también una posibilidad cierta. Se considera un producto muy potente para la PyMe. El instrumento leasing ofrece varias ventajas para el financiamiento de la PyMe. Con respecto al arrendador el leasing presenta las siguientes ventajas: •
El bien objeto arrendado constituye una garantía en la medida en que el arrendador mantiene la propiedad del mismo. No obstante es frecuente el requisito de garantías, las cuales son importantes a los efectos de la evaluación del riesgo de la operación;
•
El arrendador requiere menos documentación;
•
Los trámites judiciales en caso de ejecución de los bienes por incumplimiento de pago son más ágiles dado que el arrendador conserva la propiedad del bien, aspecto muy importante en Argentina por la lentitud de la justicia;
•
Como para los bancos no son préstamos bancarios típicos, están fuera de las normas provisionales obligatorias aplicables a los préstamos tradicionales.
Con respecto al arrendatario el leasing:
46
•
Permite financiar una inversión por una fracción de su costo lo que aumenta la viabilidad de la misma, soluciona problemas de liquidez y permite diversificar las fuentes de financiamiento;
•
La operación no aparece en el pasivo de la empresa y, por lo tanto, no afecta la capacidad de la empresa para acceder a otras fuentes de crédito;
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
•
El problema de las garantías se reduce puesto que el bien arrendado constituye por los menos una garantía parcial;
•
Los requerimientos de información sobre la operación de la empresa y el proyecto de inversión se simplifican pues es un negocio que se basa en los flujos;
•
El leasing implica menores costos de transacción por la mayor agilidad y rapidez de la transacción;
•
El contrato se puede ceder a un tercero;
•
El leasing es un instrumento muy flexible que se adecua al cash flow del empresario y a la estacionalidad de la producción y las ventas;
•
Las cuotas constituyen un costo deducible a fines impositivos; en el caso del impuesto a las ganancias, el arrendatario puede deducir mediante cuotas el valor del bien como gasto en el período estipulado, en lugar de hacerlo durante la vida fiscal del bien que es mayor;
•
Mientras que por los créditos tradicionales hay que pagar 15% de impuesto sobre los intereses del préstamo, el leasing no está sujeto a este tributo;
•
Frente a los activos empresarios (ganancia mínima presunta), el arrendatario paga el impuesto cuando realiza la opción de compra, al terminar el contrato, o sea que el bien se utiliza durante el tiempo del contrato sin pagar el impuesto;
•
El empresario puede protegerse de obsolescencia tecnológica.
Varios bancos ofrecen el leasing financiero. Las compañías independientes ofrecen leasing financiero y operativo. Las llamadas compañías leasing cautivas operan con sus propios productos i.e. IBM, Ford Motor Co. etc. Se supone que se ha producido una gran demanda por leasing como resultado de la nueva ley y que las expectativas a nivel del mercado de leasing son excelentes. Consideran que, pese a la recesión, la industria va a experimentar un gran crecimiento. Es indudable que la nueva legislación constituirá un estímulo para el desarrollo de este instrumento. Aunque el decreto reglamentario de la nueva ley no está aún aprobado, la Misión fue informada de que esto se concretará a muy breve plazo. En Argentina parecen existir todas las condiciones para que este mecanismo se difunda y constituya una herramienta efectiva de financiamiento para la PyMe. 4.3.4
Factoring
Normalmente los servicios de factoring comprenden la gestión de cobro de créditos en comisión de cobranza o en su propio nombre, como cesionaria de tales créditos y el anticipo de fondos sobre esos créditos. Además incluye la asunción de los riesgos de insolvencia de los obligados al pago. En el caso de Argentina, las actividades de factoring referidas a facturas comerciales, se realizan sobre la base de la figura del código civil de la cesión de derechos. Al constituir
47
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
una cesión de derecho, conforme con dicho código, debe establecerse la fecha cierta por acto público lo cual requiere una escritura pública y su publicación oficial en el lugar en que se celebró. Sin duda que esta restricción ha obsculizado el desarrollo de este sector, aún cuando es un país en el cual ha proliferado el descuento de documentos de una u otra naturaleza. Desde hace varios años Argentina ha estudiado diversas modalidades de facturas comerciales y adoptó un régimen de factura conformada que no prosperó por su complejidad. Normalmente la factura conformada (y el cheque de pago diferido, muy difundido en la Argentina) posibilitan que las empresas acreedoras por venta de bienes o servicios accedan al crédito en mejores condiciones mediante la utilización de sus derechos emergentes de una venta a plazo, documentados en la factura, como garantía de su operación de préstamo. La factura conformada provee a este documento las características de un crédito exigible por la vía ejecutiva cuando la compraventa o locación de servicios u obras comprende un plazo para el pago del precio. Estas iniciativas han chocado con una fuerte oposición por parte de las grandes empresas compradoras, con poder oligopsonio, puesto que perderían un poder de negociación con las empresas más pequeñas proveedoras. En la actualidad existen dos proyectos de ley, uno de ellos se anticipa sería aprobado a breve plazo, el cual contempla la creación de un título denominado “Factura Negociable”, con la finalidad de implementar un régimen ágil y sencillo que otorgue a la factura comercial el carácter de título ejecutivo y de crédito. Tiene por objeto ampliar las fuentes de financiamiento y reducir su costo mediante la entrega por parte de los compradores de títulos negociables en cancelación de las deudas comerciales. De este modo, la empresa vendedora tendrá en su poder un título de crédito que podrá descontar en una entidad financiera o empresa de “factoring”. En la medida en que este mecanismo genera una transferencia de capacidad crediticia de compradores a vendedores, las PyMes proveedoras de grandes empresas se beneficiarán especialmente ya que por lo general carecen de garantías de este nivel de calidad. En la exposición de motivos del anteproyecto se expresa que, con este nuevo régimen de “Factura Negociable”, se pretende reducir las asimetrías existentes en el poder de negociación entre vendedores y compradores en aquellos mercados donde las compras están concentradas en pocas empresas, y la relación que se establece actualmente es de verdadera dependencia económica. Se señala también que en los últimos tiempos han aumentado las quejas de las empresas proveedoras, con particular énfasis de la PyMe, hacia las empresas con gran poder de compra. Estas quejas se refieren al hecho de que el comprador tiene, entre otras cosas, el poder de establecer los plazos de pago, de determinar los precios y hasta de prorrogar unilateralmente la fecha de pago establecida.
48
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
Las características principales del régimen de “Factura Negociable”, que se inspira en la legislación brasilera sobre “Factura Duplicata” son: •
La facturación comercial deberá realizarse emitiendo la factura original y su duplicado de acuerdo al Régimen vigente, juntamente con un tercer documento denominado “Factura Negociable";
•
La “Factura Negociable” es un título de crédito formal, trasmisible por endoso, que requiere la aceptación explícita o tácita del comprador o locatario;
•
La aceptación expresa de la factura se produce mediante la firma del comprador o locatario. La aceptación tácita se produce si no se comunica el rechazo, total o parcial, de la factura a la Central de Información de Rechazos y al vendedor o locador por las causales que enumera el proyecto de ley dentro de los 15 días de recibida la factura por la entidad financiera.
•
La “Factura Negociable” aceptada habilita a promover la vía ejecutiva ante la falta de pago al vencimiento estipulado. Dicha falta de pago se registra en la Central de Facturas Impagas que se crea al efecto.
Las características indicadas aseguran que la empresa vendedora, tenga antes del vencimiento del plazo del pago un instrumento negociable, con buena calificación crediticia según la solvencia de la empresa compradora. Asimismo, este esquema produciría un documento idóneo por su homogeneidad para ser utilizado en esquemas de securitización. Esto a su vez produciría mayor liquidez y permitiría a las PyMes proveedoras de grandes empresas acceso a un crédito en mejores condiciones acelerando el proceso de bancarización hacia segmentos más bajos. Un ejemplo para la adaptación del mecanismo en Argentina es el Galicia Factoring que inició sus operaciones a fines de 1996. Opera casi en su totalidad con la PyMe. En cuanto al perfil de sus clientes, tienen una facturación anual de $400.000 en promedio para el factoring doméstico y $300.000 para el internacional y presentan una base relativamente estable de cuentas a cobrar. El plazo de pago es hasta 90 días para operaciones domésticas y 180 días para las internacionales. Las cuentas a cobrar deben resultar de mercaderías entregadas o embarcadas o servicios prestados. El costo de los servicios está basado en la rotación del volumen de los negocios, del lote de compradores y de la permanencia del servicio. La competitividad de los compradores, los términos de pago, la actividad económica y el número de facturas también son considerados. La tasa de descuento en el factoring doméstico se determina en función de los parámetros mencionados y la situación del mercado. Entre el 1y 4% anual es percibido como comisión que forma parte de la tasa pactada. La comisión por administración de facturas y gestión de cobranza se determina en función de la cantidad de facturas. En el factoring internacional, la comisión por exportaciones es de hasta un 2% directa sobre el valor de la factura absorbiendo los gastos del corresponsal. El Galicia Factoring es miembro del Factors Chain International, una de las redes internacionales más grandes, que provee un marco regulatorio para la operatoria del 49
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
factoring internacional. Esta cadena consolida una de las más amplias y actualizadas bases de datos referida a crédito comprador y, a través de ellas, garantiza un pago rápido y eficiente. El servicio que Galicia Factoring brinda al exportador incluye evaluación crediticia del comprador, protección del crédito dado al comprador, financiamiento de post embarque y administración del crédito. La cartera FG fue de $400 millones en 1999 y se estima en $800 millones para 2000. El Nuevo Banco Industrial de Azul (BIA) es un sobreviviente del proceso de concentración y fusiones, con una larga tradición de prestar a la MiPyMe a través de cooperativas que fueron fusionándose con el banco. Adicionalmente, el BIA actúa con gran agilidad y con espíritu innovador creando mecanismos particularmente idóneos para los requerimientos de las empresas más pequeñas. El BIA ha desarrollado una tecnología que le permite descontar los medios de pago que recibe una empresa (cheques, facturas, documentos) con gran celeridad. En el caso de cheques de pago diferido el proceso se realiza en 24 horas lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que, además del análisis del cliente, dicho proceso involucra el análisis de la solvencia del deudor cedido (librador) asignándole un monto de crédito a cada uno de ellos. Esta operatoria permite brindar asistencia crediticia a la PyMe, atomizando significativamente el riesgo, al contar con la garantía de pago de instrumentos librados por una importante cantidad de comercios que integran su cadena comercial a nivel nacional, o de empresas de reconocida solvencia en el mercado. El BIA considera que está posicionado como líder en el negocio de factoring para la PyMe. En los últimos tres años ha destinado más de $1.665 millones para financiar actividades a más de 3.000 empresas, quienes presentaron al Banco más de 1.200.000 cheques de pago diferido. En realidad el BIA se ha especializado en el descuento de este tipo de cheque, cuyas características discutimos más adelante. También, el Banco ha creado un fondo en fideicomiso, que funciona sobre la base del descuento de dicho tipo de cheques. 4.3.5
El cheque de pago diferido (CPD)
En Argentina, como en la mayoría de los países, el cheque común es un instrumento de pago que debe pagarse en el momento y que por lo tanto debe existir provisión de fondos al momento de emitirse el cheque. La presentación al cobro depende del tenedor o portador. El CPD, sin embargo, es un instrumento de crédito, por lo tanto la provisión de fondos debe existir al momento de presentarse el cheque. Por tratarse de un instrumento de crédito es autónomo, es decir, que el derecho que el título trasmite en su circulación (endoso) a cada nuevo tenedor o portador, está desvinculado de la situación jurídica que tenía el endosante; por lo tanto el nuevo adquirente del título pasa a tener un derecho que no es el de su antecesor. El CPD está regulado en un capítulo de la ley de cheques que lo define como una orden de pago, librada a fecha determinada, posterior a la de su libramiento, contra una entidad autorizada en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener fondos suficientes
50
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Los cheques de pago diferido se libran contra las cuentas de cheques comunes. El CPD es libremente transferible por endoso con la sola firma del endosante. El girado puede avalar el cheque de pago diferido. En la práctica, a menos que el librador sea una empresa de primera línea, la entidad descontante toma el cheque con la garantía del último endosante. El CPD debe presentarse al girado para su registro. El rechazo de registración por parte de éste produce los efectos del protesto y el tenedor podrá iniciar de inmediato acción ejecutiva contra el librador, endosantes y avalistas. El CPD constituye hoy en Argentina un instrumento ágil que permite a la PyMe, particularmente las proveedoras de grandes empresas, contar con un instrumento de crédito de alta liquidez que les permite financiar su capital de trabajo. En atención al rol que este mecanismo presta, el BCRA aprobó dos circulares que tienen por objeto facilitar su utilización y que eleva la categoría de estos documentos como instrumentos de garantías. Los CPD (además de los pagarés, letras de cambio y facturas de crédito) se consideran garantías preferidas “A” siempre que reúnan una serie de condiciones que se indican con un gran nivel de minuciosidad y complejidad.25 También se regula estos mismos títulos de créditos cuando corresponden a deudores “significativos”, es decir a empresas grandes, como libradores o endosantes del CPD para su calificación como garantías preferidas “A”.26
25
26
Teniendo en cuenta que la modalidad más frecuente es que el empresario cedente descuente en el banco su cartera total o parcial de CPD, se establecen, entre otras, las siguientes principales condiciones con respecto a los sujetos legalmente obligados al pago distintos del cedente: Que al menos el 85%, medido en relación con el valor nominal de los documentos, se encuentren clasificados en “situación normal” (categoría 1) según la última información disponible en la Central de Deudores y que como máximo, el 15% se encuentre en categoría 2 o se trate de personas no informadas en dicha central. Que, como máximo, el 20% del valor nominal de los documentos corresponda a un mismo sujeto obligado al pago (no se aplica a documentos de hasta $5.000). Que los documentos sean aforados de acuerdo con la categoría asignada en la Central de Deudores (El aforo constituye el porcentaje adicional de cheques que el cedente debe entregar como respaldo de los cheques que se descuentan). Que los documentos provengan de operaciones de venta o de prestación de servicios correspondientes a la actividad del cedente. El CPD sólo funciona entre empresas, no entre personas. El límite máximo del total del importe de documentos correspondientes a un mismo sujeto obligado al pago es 2,5% de la responsabilidad patrimonial de la entidad descontante y 5% de la cartera correspondiente a este tipo de operación. Al respecto se indica que el mismo debe reunir al menos una de las siguientes condiciones: Registrar un nivel de endeudamiento con el sistema igual o superior a $5 millones (endeudamiento en por lo menos cinco entidades financieras por $1 millón como mínimo en cada una); clasificado como deudor en “situación normal” y el total de financiamiento asignado a un mismo obligado al pago en esta modalidad no puede exceder el 10% de sus deudas con el sistema financiero ni el 5% de la responsabilidad patrimonial de la entidad descontante. Mantener vigentes obligaciones negociables u otros títulos de deuda en el mercado local que cuenten con calificación local de riesgo “A” o superior o, en el mercado internacional con una calificación internacional de riesgo igual o superior a la deuda emitida por Argentina y que el total del financiamiento asignado a un mismo obligado al pago en esta modalidad no puede exceder el 5% de la responsabilidad patrimonial de la entidad descontante. Esta enumeración sólo destaca los aspectos más importantes de la normativa, el objeto de su presentación es dar una idea acerca del grado de detalle con que se regula este tipo de operaciones.
51
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
El instrumento del CDG es de particular importancia para la PyMe, particularmente en países como en la Argentina en los que la cadena productiva involucra un alto nivel de relaciones inter-empresariales y subcontratación y que, por otra parte, no hayan perfeccionado la factura comercial como instrumento de crédito ejecutivo. Sin embargo, los representantes de una entidad financiera entrevistada mencionaron el deterioro que se ha producido en el marco jurídico, institucional e, incluso, ético aplicable a las operaciones con cheques. Mencionaron que antes los bancos tenían instrumentos jurídicos transparentes pero ahora deben operar en mayor grado con cheques cuyo riesgo es muy alto. Se ha perdido la seguridad como consecuencia de la permisividad que se le ha dado al incumplimiento de pago. Mientras la ley de cheques establece una multa de 4% por este concepto, luego se bajó a 2% y la Ley de la PyMe recientemente aprobada establece el 5 por 1.000. Prácticamente no hay sanciones, los procedimientos judiciales para el cobro son muy lentos y, en los casos de concurso de acreedores, los jueces exhiben un sesgo sistemático a favor de la empresa concursada y sus proveedores estratégicos en oposición a las instituciones financieras acreedoras. Esta inseguridad explica en parte la retracción de la banca a otorgar crédito y los segmentos más perjudicados con esta situación son los propios segmentos de la PyMe. En la forma expuesta el descuento de CPD, constituye una modalidad de financiamiento que normalmente utilizan las PYMES para capital de trabajo. A través de los fondos de fideicomiso financieros, que se estudian a continuación, el CPD puede constituir la base para un financiamiento a mediano plazo que financie la adquisición de activo fijo. 4.3.6
Fondos en fideicomiso financieros (FFF)
La figura del fondo en fideicomiso, inspirada en el “trust fund” del derecho anglosajón, se adoptó por ley en 1995, y como una especie de éstos, la del fideicomiso financiero. La legislación indica que habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) trasmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario) quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se hubiera designado en el contrato (beneficiario), y a trasmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o a un tercero. El fideicomiso financiero tiene la particularidad de que el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como Fiduciario Financiero, y beneficiarios son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes trasmitidos al fideicomiso. Los certificados de participación y títulos de deuda, se consideran títulos valores y pueden ser objetos de oferta pública. Los bienes fideicometidos constituyen una propiedad fiduciaria separada del patrimonio del fiduciario y del fiduciante, exento de la acción de los acreedores de éstos. Es un
52
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
patrimonio afectado exclusivamente al objeto del fideicomiso. El fondo debe tener un patrimonio mínimo de $1millón. Sólo pueden desempeñarse como fiduciarios financieros las entidades financieras; las sociedades anónimas inscriptas en el Registro de Fiduciarios Financieros; cajas de valores y representante de los obligacionistas. Los FFF que poseen activos consistentes en créditos originados por entidades financieras, están sujetos a la Ley de Entidades Financieras y a las normas del BCRA, así como a la autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financieras. Las entidades que decidan trasmitir la propiedad fiduciaria de sus carteras, ya sean total o parcialmente, deben informar al BCRA y deben suministrar los datos para la Central de Deudores respecto al cumplimiento de los deudores cuyas deudas se transfieren. Los FFF constituyen un excelente vehículo para la securitización de créditos que en Argentina está muy desarrollada. Como ejemplo a continuación se explica la mecánica a través de la cual el BIA trasmite segmentos de su cartera en propiedad a un FFF respecto del cual actúa como fiduciario. El FFF en cuestión se denomina “Factoring Plus”. Es una estratégica estructura financiera, constituida por varias series que componen el programa global aprobado por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por un monto total de $200 millones y con plazo de hasta 5 años. Una reciente operación de dicho fondo proporciona un claro ejemplo de la forma en que opera. En julio 2000 se hizo público el prospecto para la securitización de la Serie IV de dicho fondo por $9.5 millones, compuesto por certificados de participación por $2.85 millones y de títulos de deuda fiduciaria por $6.65 millones. Como fiduciario27 de dicho fondo, el BIA puede emitir y tener en circulación en cualquier momento un monto máximo de hasta US$ 200 millones de capital en títulos de deuda o certificados de participación (títulos fiduciarios) cuyo pago estará garantizado exclusivamente por créditos que el Banco transfiera al respectivo fideicomiso. La operación en cuestión se trata de una de las tantas series que lo componen. Los títulos fiduciarios se pueden emitir en una o más series (en este caso son varias) con derechos diferentes. Los suscriptores de los títulos tienen el carácter de Fiduciantes, transfiriendo en fideicomiso el dinero proveniente de la suscripción. El Fiduciario, BIA, actúa como el emisor de los títulos; titular fiduciario del dinero proveniente del precio de suscripción; trasmitente de los créditos fideicometidos y cobrador de los mismos en caso de falta de pago. El pago de los títulos a sus respectivos titulares, bajo las condiciones previstas en cada Serie, tiene como única fuente de pago el Patrimonio Fideicomitido. Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que serán exclusivamente satisfechas con el Patrimonio Fideicometido.
27
La operación tiene un Cofiduciario, el Banco Sudameris Argentina S.A., que se ha eliminado del ejemplo con el fin de simplificarlo.
53
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
Los créditos a transferir al fideicomiso serán cheques de pago diferido de los que es titular el BIA, que responden a operaciones de descuento realizadas por dicho Banco, endosados y cedidos por clientes del mismo. Los endosantes deben tener una cuenta abierta en el BIA; pueden ser personas físicas o jurídicas que, de figurar en la Central de Riesgo deben tener una calificación de deudores en situación 1. Se agregan requisitos también respecto del librador. Este mecanismo permite transferir en forma segmentada (serie por serie), la cartera de intermediarios agrupada por características homogéneas de calidad / riesgo. Se logra así una atomización del crédito que reduce el riesgo. Contrariamente a lo que podría suponerse, no se trata de un instrumento para deshacerse de la cartera peor; se utiliza para los segmentos de cartera de buena calidad, puesto que ello permite obtener mejor condiciones tanto para la emisión de deuda como para los certificados de participación. A título de ejemplo, el Fondo Factoring Plus tiene una serie preferida AAA y otra ordinaria, depende de la categoría de los instrumentos. Las inversiones en la serie preferida son comparables a papeles del estado o ligeramente superior. En el ejemplo que vimos los títulos de deuda tienen una calificación AAA (por parte de Duff & Phelps y Magister Bankwatch) y los certificados de participación de B y BB mientras el BIA tiene calificación de B. Los FFF presentan ciertas ventajas de tipo impositivo lo que constituye un incentivo adicional para los inversionistas. Como se ha visto los fondos están regulados por el BCRA y sujetos a la supervisión de la Superintendencia además de la calificación de una calificadora de riesgo. Los FFF constituyen mecanismos importantes para aumentar la disponibilidad de recursos prestables. Permiten ampliar la capacidad de activos sin tener que aumentar el capital. En la medida en que concentran sus actividades en la securitización de CPDs, contribuyen a aumentar el flujo de recursos a la PyMe dado que, como se ha visto, el descuento de cheque es una de las herramientas de fondeo más importante con que cuentan esas empresas.
4.4
Bancos Comerciales Privados
4.4.1
El Banco Credicoop
El Banco Credicoop, se crea a partir de la fusión de las cajas de crédito cooperativas. Al principio operaba solo en el Gran Buenos Aires, luego fue absorbiendo a los otros bancos cooperativos y ahora opera a nivel nacional. Tiene 216 sucursales. Es un banco comercial y cooperativa de primer grado. Los clientes originales de las cajas de crédito pasaron al banco. Desde sus comienzos fue netamente urbano, operando con pequeños industriales, comerciantes, cuentapropistas. Hay una alta concentración en el crédito de hasta $200.000. El producto más importante para este segmento es el descuento de cheque diferido. También optan por descubierto en cuenta corriente y, en general crédito a corto plazo para capital de trabajo; hay muy poca demanda para inversión, atribuible a la coyuntura económica.
54
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
Fueron de los primeros intermediarios en operar con FOGABA. Consideran que el mecanismo FOGABA funciona bien, pero hay un gran desconocimiento de este instrumento a nivel de los clientes. Ha sido también el intermediario más importante para canalizar los recursos BID a la MyPe. El 70% de los réstamos de Credicoop son a empresas, de las cuales el 50% son PyMe, el 30 % es crédito personal. No está identificado qué porcentaje de éste se utiliza para microempresas. No han desarrollado una tecnología financiera en base a modelos; compraron un modelo de “credit scoring” que todavía no han utilizado, basan sus operaciones en el conocimiento que tienen de sus clientes. Pese a constituir un banco comercial, mantiene ciertas características de cooperativa y no están constituidos como sociedad anónima. El capital, por ejemplo, es variable; al retirarse el miembro, dentro de ciertas condiciones o plazo, retira su aporte. Están autorizados a captar depósitos a la vista de terceros. Los excedentes se capitalizan, no se distribuyen, pero sus estatutos mantienen la cláusula de que los mismos se distribuyen en función del patrocinio o uso de sus servicios. 4.4.2
El Nuevo Banco Industrial de Azul (BIA)
La génesis del BIA es representativa del proceso de concentración de los intermediarios financieros a través de fusiones y adquisiciones. En 1956 se funda una cooperativa de crédito que desde 1971 opera como entidad financiera la cual, en la década de los 90s adquiere otra cooperativa, luego una compañía financiera y finalmente un banco, el Nuevo Banco de Azul S.A. con más de 14.000 cuentas y una trayectoria de 70 años. Los activos de la entidad pasaron de $2.7 millones en 1991 a $134 millones en 1999. La institución está especializada en servicios financieros a la PyMe, es sumamente ágil, presenta una buena diversificación de productos financieros y ha sido innovadora en el diseño de nuevos productos como ya hemos visto en el caso del fideicomiso Factoring Plus. Además de adelantos en cuenta corriente, descubiertos, cesión de facturas, warrants, el banco ofrece a la MyPe créditos con la línea BID y garantías FOGABA. Dentro del servicio de pago a proveedores de empresas, el banco ofrece un nuevo mecanismo de medio de pago a través del cual la empresa constituye un fideicomiso al que le cede y transfiere los cheques de pago diferido, originados en la cobranza de las ventas. El banco, como administrador del fideicomiso, emite con su aval los pagos (cheques de pago diferido con garantía bancaria) a los proveedores. Estos pueden proceder a su depósito a la fecha de vencimiento o solicitar la recompra del cheque al banco. El BIA tiene un amplio portafolio de servicios en comercio exterior, financiación de importaciones y pre-financiación de exportaciones, cobranza de documentos etc. Está activo en la banca de individuos a través de créditos hipotecarios y préstamos personales a empleados.
55
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
4.4.3
El Banco Galicia
El Banco Galicia es el primer banco privado en el sistema financiero argentino en activos y depósitos y el líder en la provisión integral de servicios en el país. Opera desde 1905 y es el único banco comercial privado que ha subsistido con capital totalmente local. A través de 270 sucursales distribuidas en el país y de empresas vinculadas que se especializan en productos específicos presta servicios financieros a 2 millones de clientes. El Banco Galicia tiene una larga tradición de operar con la PyMe, a las que define como empresas que facturan entre $3.5 y $30 millones. El perfil de su clientela es extremadamente heterogéneo, no se puede hacer una tipificación. La reducción de la demanda de crédito para inversión que ha prevalecido en los últimos dos años ha estado acompañada por un alto crecimiento de demanda para caja o capital de trabajo, principalmente debido a demoras en la cadena de pagos. Esta se satisface a través de margen en descubierto con intereses de 25 a 39%; préstamos a corto plazo con intereses del 20 al 25% y descuento de cheques de pago diferido desde 14% hasta prácticamente sin límites, según quien sea el librador. En cuanto a la tecnología financiera, se basa en un seguimiento muy personal de los créditos. Se visita su taller o empresa tres veces al año y hay contacto telefónico semanal. El promedio es de 90 créditos por ejecutivo de crédito que, para el segmento de la PyMe, es alto. La incobrabilidad está por debajo del 10%. 4.4.4
El Banco Río
El Banco Río forma parte del Grupo Banco Santander, el mayor grupo financiero en América Latina. Es una de las instituciones líderes del sistema financiero argentino en términos de rentabilidad, calidad de cartera y patrimonio neto. Tiene una red de 256 sucursales, $6.005 millones en préstamos y 6.021 millones en depósitos con una cuota de mercado de 6,7% y 6,8%, respectivamente. El Banco Río tiene una presencia importante en el segmento agropecuario a través de una variedad de productos financieros que incluyen créditos de corto plazo para capital de trabajo, pre-financiación de exportaciones, warrants y certificados de depósitos así como créditos a mediano y largo plazo para compra de maquinaria, compra de campo y proyectos de inversión. Los primeros son amortizables en un solo pago al vencimiento de capital e intereses y tiene plazos de hasta 270 días. Los segundos son pagaderos en cuotas semestrales o anuales de acuerdo al flujo de fondos de la explotación con plazos de hasta 8 años. El porcentaje de financiación puede llegar a 50% en los créditos a corto plazo y hasta el 90% para proyectos de inversión. Los créditos a corto plazo se otorgan a sola firma, con excepción de los créditos sobre warrants y certificados de depósito que tienen la garantía de estos documentos. La compra de maquinaria requiere garantía prendaría y los restantes créditos de largo plazo se otorgan con garantía hipotecaria.
56
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
4.4.5
El Citibank
Como resultado de un ejercicio estratégico, el sector PyMe ganó importancia para el Citibank, que en 1997 comenzó a armar un modelo de negocios tendiente a atender este tipo de empresas. El banco considera PyMes, aquéllas empresas con facturaciones anuales entre $2 millones y $50 millones. En 1998 decidieron bajar un escalón más y adquirir clientes en el segmento que factura menos de $2 millones, siempre dentro de banca de empresas no de individuos. La tecnología financiera se diferencia del modelo tradicional del Citibank porque la responsabilidad crediticia y comercial están separadas, y no recaen en un mismo profesional, como en el mercado corporativo. Armaron un departamento de riesgo y uno de marketing que identificaron los datos claves para armar un modelo de evaluación crediticia. Hacen una preselección del cliente según un modelo de comportamiento, semi experto. Su actividad se basa en el conocimiento del cliente, en todos los casos incluye visitas a la empresa o taller. No han logrado obtener masividad pero la necesitan para justificar el negocio con este segmento. La cartera es de $500 millones. Toda su clientela es sin historial de crédito, ya sea porque no han recibido crédito o porque no aparecen en la central de deudores como morosos. 4.4.6
Conclusión
Los bancos que operan con la PyMe y que han incluido entre sus objetivos estratégicos la expansión a dichos segmentos28 tienen estructuras comerciales y ofertas de productos y servicios, orientadas a este segmento del mercado. Sin embargo, con excepción de entidades que tienen larga tradición de operar con la PyMe, dichas estructuras son relativamente incipientes. En general, no se han desarrollado tecnologías financieras sofisticadas que permitan bajar los costos de operar con las empresas de menor tamaño. Prácticamente todos utilizan “credit scoring” para el crédito de consumo que opera la banca de personas, pero en materia de banca a empresas, con muy pocas excepciones, no se han diseñado y menos aún aplicado, modelos paramétricos al estilo “semi experto” que se usan en México y Chile. Los párrafos anteriores reflejan una situación muy competitiva pero concentrada en la franja de “buenos” clientes que persiguen los bancos; una banca que trabaja con altos niveles de garantías, muy concentrada en préstamos para capital de trabajo como resultado de la coyuntura recesiva; pero que se prepara para la reactivación económica. Anticipan así una demanda de crédito para inversión tendiente a ampliar la capacidad de las empresas, cambiar sus tecnologías obsoletas y adaptarse a nuevos productos. Todos estos bancos (con excepción del Credicoop) ofrecen servicios de leasing y factoring. En la actualidad estos servicios y los de crédito están muy
28
Algunos bancos atienden también a la microempresa a través de crédito de personas.
57
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
compartamentalizados y no se están aprovechando las sinergias que resultan de contar con estos diversos instrumentos en una misma institución. En gran medida esto se debe al hecho de que tanto el leasing como el factoring no se han desarrollado. Cabe predecir que con los ajustes legislativos realizados recientemente o en proceso, estos instrumentos tendrán una importante difusión y se incorporarán en paquetes integrales con diversos tipos de servicios que se ofrezcan a la PyMe.
4.5
Bancos estatales.
4.5.1
Banco de la Nación Argentina (BNA)
El BNA fue fundado en 1891 en medio de una crisis económica que afectaba al sistema bancario. De capital enteramente estatal en pocos años se convirtió en el mayor banco comercial argentino. Es agente financiero del Gobierno Federal y, como tal, recibe depósitos oficiales y realiza pagos por cuenta y orden de la Nación. Tuvo una participación descollante en el apoyo crediticio al sector rural, al punto que se considera que contribuyó decisivamente a que Argentina se convirtiera en una potencia mundial en materia de agro-negocios. Otra prioridad del Banco ha sido la atención de las pequeñas y medianas empresas. Desde la década de los 60, el BNA experimenta los mismos problemas que han aquejado a los bancos de desarrollo de la región y que determinaron el cierre de la mayoría de ellos. Pese a esfuerzos de organismos multilaterales para que corriera la misma suerte, el banco ha subsistido no obstante las políticas distorsionantes de créditos subsidiados, una alta cartera morosa, problemas de créditos de “influencia”, falta de trasparencia así como todos los aspectos negativos derivados de una política de créditos dirigida, subsidiada y politizada. Al BNA se le ha asignado un rol importante en el Programa derivado de la Ley de la PyMe y en la estrategia de SEPYME. A ese efecto, y pese a que el 75% de la cartera del BNA eran créditos para PyMe, en agosto 2000 se aprobó una ley que reforma la carta orgánica del BNA con el objeto de convertir a la entidad en un organismo de crédito orientado a financiar a la PyMe. La explicación de la razón de esta medida, es que según se informó en el debate parlamentario, en los últimos años el BNA aprobó préstamos por $800 millones a sólo 20 personas jurídicas. En dicha oportunidad se garantizó que el banco continuará siendo una sociedad del Estado y se anticipó que en la próxima carta de intención con el Fondo Monetario Internacional quedará expresamente indicado que no será transferido a manos privadas. La nueva disposición aprobada establece un tope de $5 millones de pesos para los préstamos que otorgue el banco con el propósito de evitar la concesión de créditos por montos muy elevados. La norma establece que no podrá superarse el monto de $5 millones “si la empresa solicitante tiene pasivos en otros bancos y si la participación del BNA es inferior al 50% del total del pasivo de quien solicita el crédito”. En caso de que el banco sea el único prestamista, el crédito no podrá superar $1 millón. Una de las
58
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
propuestas presentadas es que el 25% de las utilidades del banco sea destinado a subsidiar las tasas de interés que deben pagar las provincias y municipios. El plan de apoyo a la PyMe del BNA incluye una amplia oferta de créditos para todas las actividades productivas del país a través de 617 sucursales. El Banco posee un saldo de cartera en el segmento PyMe cercano a los $ 6.000 millones, que representa el 80% del total de la cartera comercial (agropecuaria, industria, comercio y servicios). El Banco inició una oferta de instrumentos financieros modernos, la constitución de fondos fiduciarios, así como la apertura de la agencia PyMe.29 Además del segmento PyMe, el BNA desarrolló el programa MICRONACION, para el financiamiento y capacitación de las microempresas. Este programa financia adquisición de bienes de capital, requerimientos de capital de trabajo o el aporte necesario para ingresar a Garantizar SGR como socio partícipe.30 Como comentario, cabe señalar que las tasas subsidiadas del 7% indicadas para la PyMe lograrán distorsionar el mercado, desacelerar el proceso de bancarización, impedir la transparencia y continuar con los préstamos por “influencia”, que aún después de la reforma de la Carta Orgánica, pueden otorgarse a empresas con facturación de hasta $5 millones. Por definición la demanda por dichos recursos subsidiados superará a la oferta, y por definición determinará que el acceso estará limitado a las empresas con “contactos”. El diseño del componente de asistencia técnica y adiestramiento del Programa MICRONACION a financiarse con el 2% adicional del costo del crédito es reminiscente de
29
En detalle las distintas acciones que se llevan a cabo son: • El BNA desarrolla un conjunto de líneas de crédito para la PyMe, donde se destaca la de adquisición de bienes de capital a 5 años, con una tasa del 7%, y la de financiación de exportaciones para los fabricantes de este rubro a la misma tasa. También ofrecen líneas destinadas a financiar gastos de evolución, recomposición de capital de trabajo, financiación de exportaciones, reconversión tecnológica e importación de bienes de capital entre otros. • La generación de fondos fiduciarios exclusivamente destinados a las pequeñas y medianas empresas. • En conjunto con la SEPYME continuarán con el plan de apertura de Agencias de Desarrollo Productivo. La meta es conformar una red de atención que facilite a la PyMe el acceso a la información y colabore con los empresarios como un asesor especializado.
30
Son elegibles: • Las microempresas cuyas ventas anuales no superen los $450.000 y cuyo número de empleados y contratados, incluyendo al propietario, no supere a las 10 personas, financia hasta el 75% de las inversiones sin exceder de US$ 35.000. • Las microempresas de la economía informal que regularicen su situación jurídica y fiscal. Deben contar con antecedentes y/o referencias favorables en su actividad. El BNA financia hasta US$ 5.000. El plazo es de hasta 48 meses para capital de trabajo y hasta 72 meses para inversiones. La tasa de interés es 11,5% nominal anual más 2% que se destina al entrenamiento y asistencia técnica a cargo de SEPYME. Como garantías se requiere codeudor o garantía de terceros hasta US$ 10.000 y/o 36 meses de plazo y garantía hipotecaria para más de US$ 10.000 y/o 35 meses de plazo.
59
4. Instrumentos financieros de apoyo a MiPyMes
las características de estos programas de las décadas de los 60 y 70. En efecto, se trata de un adiestramiento compulsorio, que en forma paternalista, estaría a cargo de la SEPYME. 4.5.2
Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO)
El BAPRO tiene una larga tradición de operar con pequeños empresarios, tanto urbanos como rurales. Actualmente tiene: •
Un programa MiPyMe con una diversidad de líneas de crédito que van desde incremento / recomposición de capital de trabajo, a adquisición de tecnología o compra de bienes de capital aplicables a industria, comercio y servicios. Los montos máximos son de $4.000 para microempresas, entre $15.000 y $85.000 para pequeña y entre $40.000 y $150.000 para mediana con plazos de 3 a 60 meses.
•
Un programa MiPyMe agropecuarias con una gran diversidad de líneas de crédito, por montos máximos entre $10.000 y $50.000. Las tasas de interés están en un rango de 12 a 17% (créditos personales hasta 23,50%) en pesos y entre 10 y 15 % (créditos personales hasta 20,50%) en dólares. Sin embargo, el análisis de cada una de las líneas revela que la mayoría tienen bonificaciones de tasa de interés de 3 a 7 puntos anuales que financia la provincia.
El BAPRO, pese a ser un banco estatal, está sujeto a la misma normativa prudencial y de supervisión que los bancos privados. Al trabajar el banco con empresarios muy pequeños con información insuficiente, se encarece significativamente el costo administrativo puesto que la normativa penaliza la falta de información a través de mayores previsiones. Es interesante señalar que las cifras del BCRA muestran que la cartera vencida sobre financiaciones del BAPRO del 13,16%, es significativamente inferior a la correspondiente al BNA que llega al 20,42%. Como comentario general cabe reiterar el efecto distorsionante de las bonificaciones de tasa de interés.
60
5. Resumen y conclusiones
5.
Resumen y conclusiones
5.1
Instrumentos validos para el financiamiento de la MiPyMe
5.1.1
Normativa prudencial
La normativa prudencial de Argentina sigue los criterios modernos aplicados en países desarrollados y sus requerimientos regulatorios son de los más rigurosos de América Latina. La normativa descansa sobre dos elementos básicos, solvencia y liquidez. La normativa ha incorporado elementos innovadores, como por ejemplo, la ponderación de los activos por riesgo incorpora el costo financiero de cada operación de préstamo, ponderándose en mayor medida las financiaciones otorgadas a tasas mayores. Otro elemento innovador es que el Banco Central ha establecido un sistema de monitoreo de entidades sobre la base de un mayor grado de disponibilidad de información, de forma tal, que los mecanismos habituales de control ejercidos por la Superintendencia se complementan con el ejercicio de la “disciplina de marcado”. El sistema bancario muestra hoy una alta solvencia y liquidez. Los requisitos mínimos de liquidez, las operaciones de pase con títulos públicos que ha adoptado el BCRA y el acuerdo con los bancos del exterior en materia de operaciones contingentes permite enfrentar crisis sistémicas de liquidez. El esquema de supervisión se ha ido perfeccionando. La calificación de la cartera que realizan los bancos está sujeta al control y análisis de auditorias internas y externas, de calificadoras independientes de riesgo, de inspecciones del BCRA y de la calificación “off site” que éste realiza, todas ellas con una periodicidad adecuada. Sin embargo, la supervisión debe gradualmente sustituir el enfoque ex post, por un sistema efectivo de alerta o alarma previa a las situaciones de emergencia que estimule a la banca a desarrollar la capacidad institucional para anticipar y reaccionar ante “escenarios de contingencia”. 5.1.2
Entorno competitivo
Desde principios de la década de los 90s, los bancos comerciales están incursionando en la PyMe, e incluso la microempresa a través del crédito de consumo. Al igual que en otros países de América Latina, el elemento motor de este proceso ha sido, por un lado, el proceso de desintermediación financiera con respecto a las grandes empresas que se fondean a través del mercado de capitales o con fuentes de financiamiento externo de más bajo costo y que ha privado a la banca de esta clientela “prime”.
61
5. Resumen y conclusiones Este elemento, en combinación con el entorno extremadamente competitivo, induce a los bancos a bajar hacia segmentos de más alto riesgo. En ese proceso hacia abajo, la banca ha revelado gran cautela como resultado de la rigurosa normativa a la que está sometida, generando en el proceso una gran liquidez. La situación que predomina es de una banca con una capacidad prestable en expansión, con menor demanda de fondos por parte del sector público, y en un proceso agresivo de búsqueda de nuevos clientes que, como el sector MIPYME, puedan absorber mayores márgenes financieros pero con niveles de riesgo manejables. En general los productos financieros que ofrecen estos bancos presentan poca variedad para los estratos más bajos de la empresa. La gama de alternativas es mucho más limitada que el menú que la banca de otros países de la región. Predomina el crédito a corto plazo a través del descuento de cheque de pago diferido y margen en descubierto. En suma, se considera fundamental estimular un entorno competitivo, fundamentalmente a través de la liberalización total de tasas de interés, como en Argentina, lo cual permite a la banca competir principalmente a través del margen financiero. 5.1.3
Central de deudores
El proceso de levantamiento y difusión de información sobre deudores es absolutamente clave para disminuir el riesgo de crédito y constituye un elemento esencial para estimular la bancarización hacia sectores más bajos. Es importante señalar que, aún en el caso de operaciones de crédito por parte del sector financiero no bancario, la información respectiva es también accesible vía la Central de Deudores o las empresas privadas. 5.1.4
Banca universal
La ampliación de los negocios autorizados a la banca, directamente o a través de filiales, que se produjo con la adopción del sistema de banca universal, ofrece al empresario un menú de opciones y le permite analizar las alternativas de diversos productos financieros. Si bien todavía las actividades de crédito, leasing o factoring están en general bastante compartamentalizadas, por el lento desarrollo del leasing y factoring, se está desarrollando una sinergia entre las distintas gerencias o filiales a raíz de reformas legislativas que estimularán un mayor desarrollo del leasing y el factoring. 5.1.5
Privatización de la banca provincial
La privatización de los bancos provinciales de Argentina ofrece una oportunidad única para estudiar el tema de privatización de la banca, particularmente por el alto número de bancos que se privatizaron en Argentina en un período breve, entre 1994 y 1998. 62
5. Resumen y conclusiones A comienzos de la década cada provincia tenía un banco estatal provincial, los cuales con muy pocas excepciones estaban en un proceso acelerado de descapitalización, como resultado de una mala asignación de los recursos prestables, con carteras morosas altísimas, dedicados en gran medida a financiar los déficits fiscales de las provincias. La crisis Tequila aceleró el proceso de privatización o liquidación en la medida en que afectó en mayor grado a estos bancos por su gran vulnerabilidad. Los bancos compradores no eran bancos de primera línea. A fin de estimular el proceso se hicieron concesiones importantes a los bancos compradores. Se les otorgó contratos para proveer de servicios a las provincias en la etapa de post privatización, se les otorgó garantías sobre el portafolio de los bancos y se les permitió la adquisición selectiva de solamente los “buenos” activos de los bancos provinciales. En general la situación de la banca provincial parece haber mejorado en la mayor parte de las provincias. Sin embargo, algunos bancos adquirentes fueron posteriormente objeto de intervención y readjudicación por el Banco Central, mientras que otros quebraron. Pese al apoyo técnico del Banco Central, a través de la Superintendencia, la privatización tuvo fallas. Recientemente se anunció la privatización del Banco de Córdoba, el cual, junto con el de la Provincia de Buenos Aires continuaba sin privatizar (se ha decidido no privatizar éste último). Será interesante seguir de cerca este proceso en la medida en que las experiencias anteriores servirán, sin duda, para perfeccionar esta transacción. En cuanto a los bancos adquirentes, su gestión sigue descansando en gran medida en los contratos de servicios con las provincias que generan un alto porcentaje de sus ingresos. En general están experimentando dificultades en el proceso de transición hacia la banca comercial minorista. Es prematuro determinar si serán sostenibles. Pero al menos se ha eliminado una carga de las finanzas provinciales que debía destinar recursos para financiar las pérdidas de los bancos provinciales. 5.1.6
Programa Nacional de Fondos Regionales de Inversión (FRI)
En vista de que este instrumento no ha comenzado a funcionar, sólo es posible formular comentarios acerca de su conceptualización y diseño. Al respecto, creemos que el mismo es acertado en la medida en que someta al instrumento al juego del mercado. Esto obligará a los FRIs a desarrollar mecanismos que aseguren sólidas técnicas crediticias, alta idoneidad gerencial, trasparencia y altos niveles de recuperación, necesarios para obtener una buena calificación por parte de las calificadoras de riesgo y por lo tanto costos más bajos de los recursos que se obtendrán en el mercado. El elemento negativo es la intención declarada de subsidiar la tasa de interés. Sin embargo, este mecanismo, puede resultar interesante para países que han cerrado sus bancos de desarrollo agrícola y enfrentan hoy un vacío difícil de subsanar. La 63
5. Resumen y conclusiones flexibilidad de su diseño lo hace particularmente apto como instrumento con alcance de regionalización, especialmente importante en casos de alta concentración geográfica de la banca como Argentina. 5.1.7
Leasing
Si bien Argentina cuenta con legislación de leasing desde hace años, esta industria no se ha desarrollado debido a dos aspectos resultantes de la legislación vigente hasta hace muy poco. Estos se relacionan con la responsabilidad civil, que se mantenía en el dador, así como el cómputo del impuesto al valor agregado (IVA) que, debía pagarse totalmente al momento de celebrarse el contrato. La nueva ley de leasing aprobada en mayo de 2000, ha solucionado estos problemas. El leasing es un mecanismo particularmente idóneo y flexible que ofrece ventajas al arrendador y arrendatario. Al arrendador le ofrece la ventaja de poder disminuir los requerimientos de garantías y le proporciona mayor agilidad en cuanto a requisitos de documentación o trámites judiciales. Al arrendatario le soluciona problemas de liquidez sin que la operación se refleje en su pasivo, le permite deducir el costo para fines impositivos, reduce el problema de falta de garantías y de historial de crédito y simplifica los requerimientos de información puesto que es un negocio que se basa en los flujos. Puede cederse a terceros y su mayor agilidad redunda en una disminución de los costos de transacción. 5.1.8
Factoring
El factoring es un instrumento de financiamiento clave para la MiPyMe, que en Argentina, por las restricciones aplicables al descuento de facturas comerciales, se aplica fundamentalmente a través del descuento del cheque diferido. Sin embargo, aún no se advierte un desarrollo significativo de la industria de factoring, actividad que incluye no sólo la compra de los créditos comerciales, sino también la administración y contabilización de esta operatoria a través de un relacionamiento permanente con la empresa. Pese al limitado desarrollo del factoring en Argentina y las restricciones de su normativa actual en lo que respecta a la factura comercial, el instrumento se ha incluido en la categoría de los que ameritan su adopción, en función del desarrollo que ha tenido la operación de descuento de cheques de pago diferido y en vista de que, de adoptarse el proyecto legislativo, éste merece ser estudiado y podría ser de particular interés para los países centroamericanos.
64
5. Resumen y conclusiones
5.1.9
El cheque de pago diferido (CPD)
El CPD constituye hoy en Argentina un instrumento ágil que permite a la PyMe, particularmente las proveedoras de grandes empresas, contar con un instrumento de crédito de alta liquidez que les permite financiar su capital de trabajo. En atención al rol que este mecanismo presta, el BCRA adoptó recientemente medidas que tienen por objeto facilitar su utilización y que eleva la categoría de estos documentos como instrumentos de garantía, considerándolos garantías preferidas “A” siempre que reúnan una serie de condiciones. El CPD es un instrumento efectivo para las PYMES, particularmente en países como en la Argentina, en los que la cadena productiva involucra un alto nivel de relaciones subcontratación y que, por otra parte, también como en el caso de Argentina no hayan perfeccionado la factura comercial como instrumento de crédito ejecutivo. Es un mecanismo que merece ser estudiado con atención por parte de los países centroamericanos. Cabe señalar sin embargo, que los descuentos de cheques son operaciones aisladas y esporádicas a diferencia del rol que un banco o compañía de factoring ejerce al tomar a su cargo la cobranza de las facturas del empresario. En este caso, a través del factoring, se ejerce un rol de ordenamiento de la actividad contable y gerencial de la empresa; se establece un relacionamiento de largo plazo que redunda en beneficios para la empresa y que van más allá de la cobranza. 5.1.10
Monotributo
En 1998 se estableció el sistema de monotributo, el cual concentra en un solo gravamen el pago del Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y los aportes provisionales, para ciertos pequeños contribuyentes elegibles en función de su actividad, sus ingresos y una serie de parámetros objetivos. Pese a las dificultades experimentadas en la aplicación de esta iniciativa, la misma es clave para bajar los costos de transacción referidos al cumplimiento de las normas tributarias y constituye sin duda un elemento fundamental para incentivar la formalización de las empresas. Se recomienda la adopción de sistemas de simplificación tributarias de este tipo, puesto que resultan más efectivos que las medidas tendientes a penalizar la informalidad.
65
5. Resumen y conclusiones
5.2
Elementos cuya adopción no se recomienda
5.2.1
Mercado financiero no bancario o informal
Es indudable que el riguroso marco normativo de la Argentina obedece a una estrategia clara de contar con un sector financiero sólido con pocos jugadores solventes y bien provisionados. ¿Pero qué pasa si esta estrategia, estimula la existencia de “otro” sector financiero no bancario, al margen de estas regulaciones, aunque no ilegal, que florece al amparo de restricciones y cargas impositivas que incentivan la informalidad de actividades financieras y del sector real? La dimensión de la banca informal en Argentina es notable. Existe un sistema financiero paralelo que actúa en el ámbito de consumo, de pequeñas empresas y de préstamos hipotecarios en forma equivalente a la banca formal en cuanto a volumen. El grado de penetración de estos agentes responde en gran medida a su alto grado de flexibilidad que les permite amoldarse más fácilmente a las necesidades de sus clientes así como su disposición a tomar clientes de más alto riesgo. Por el lado de la oferta de los fondos, debe destacarse que los rendimientos para los inversionistas en este circuito informal, son mucho más altos que en el sector bancario. Si bien la facultad de captación está limitada a las entidades financieras, existen varias modalidades para obtener los recursos de los inversionistas en este mercado manteniendo la figura de entidad que no capta. A esto se une la evasión impositiva por parte de los inversores (que no pagan impuestos a las ganancias, renta o patrimonio) lo cual eleva aún más la utilidad de su colocación. Las agencias intermediarias no están sujetas a la normativa prudencial lo cual rebaja sustancialmente sus costos. La banca informal opera a través de una diversidad de modalidades institucionales, que implica la regulación por algún tipo de entidad pública de control y, por lo tanto, un marco institucional permitido por la ley aún cuando su “contenido” en términos de las operaciones que realiza involucren incumplimientos de diversas normas y evasión impositiva. La banca formal, de alguna manera hace negocios con la no formalizada, ya sea comprándole carteras, atendiéndole clientela, pagos o estructurándole fideicomisos. No se conoce la magnitud de esta interacción, que se considera importante, en la medida en que cuanto mayor sea la interdependencia, mayor la probabilidad de traspasar al sistema bancario formal una situación de crisis que pudiera producirse en el sector informal.
66
5. Resumen y conclusiones Aún cuando en otros países de la región el sector de prestamistas informales no parece haber alcanzado esta magnitud ni el grado de “institucionalización” que tiene la banca informal de Argentina, la experiencia de este país es interesante por las conclusiones que se derivan de ella en el sentido de que es importante que el marco regulatorio del sector financiero así como del sector real no contengan elementos que incentiven el desarrollo de un sector financiero informal. Hay que tomar en cuenta que los mecanismos del sector informal constituyen un peligro para la estabilidad del sistema financiero dado de que captan recursos del publico sin ser supervisados por una agencia con un mandato claro de protección de los fondos de terceros. 5.2.2
Banca estatal
Argentina no ha producido estructuras institucionales innovadoras en el sector de la banca estatal. Como se vio la banca provincial casi en su totalidad se ha privatizado. La banca estatal que subsiste en el ámbito nacional, presenta todos los problemas que han aquejado a los bancos de desarrollo de la región y que determinaron el cierre de la mayoría de ellos. Pese a esfuerzos de organismos multilaterales para que corriera la misma suerte, el BNA ha subsistido no obstante las políticas distorsionantes de créditos subsidiados, una alta cartera morosa, problemas de créditos de “influencia”, falta de trasparencia así como todos los aspectos negativos derivados de una política de créditos dirigida, subsidiada y politizada. Solo serviría como modelo de “no hacer”. 5.2.3
Mecanismos de segundo piso
Según puede apreciarse a continuación existen varios mecanismos mayoristas o de segundo piso. No se ha perfeccionado un mecanismo único, ni se ha eliminado totalmente esta función del Banco Central, en la medida en que éste aún actúa como agente financiero de líneas del BID participando en funciones claramente ajenas a un banco central. Los mecanismos de segundo piso revelan una gran dispersión de recursos, falta de focalización y políticas y estrategias inconsistentes. Ninguno de los mecanismos indicados constituye un modelo que pueda recomendarse a otros países. 5.2.4
Tecnologías crediticias
Si bien la banca está adoptando estructuras comerciales y ofertas de productos y servicios, orientadas a la PyMe, en general no han desarrollado tecnologías financieras sofisticadas. Prácticamente todos utilizan el “credit scoring” para el crédito de consumo que opera la banca de personas, pero en materia de banca de empresas, con muy pocas excepciones, no se han diseñado modelos adecuados.
67
Bibliografia
Bibliografia Chile Ley General de Bancos Ley Orgánica del Banco Central de Chile Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Clasificación de Gestión y Solvencia (Normativa 1-13) Encaje (Normativa 4-1) Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Normativa 8-9) Avales y Fianzas (Normativa 8-10) Cartera Vencida. Tratamiento de Colocaciones…. (Normativa 8-26) Evaluación y Clasificación de Activos (Normativa 8-28) Provisiones y Castigos (Normativa 8-29) Firmas Evaluadoras de Instituciones Financieras (Normativa 19-1) Operaciones de Leasing (Normativa 8-37) Empresas de Factoraje filiales de Instituciones Financieras (Circ. No.36) Memoria Anual 1999. Información Financiera y de Resultados del Sistema Financiero al mes de abril de 2000. Alvarez, R., Crespi, G., Fuentes R.: Posición Competitiva y Análisis del Comportamiento Estratégico de la Micro y Pequeña Empresa Nacional. Universidad de Chile. 1999 Gonzalez, E. R.: Políticas de Financiamiento de Pequeñas y Medianas Empresas en Chile. Consultorías Profesionales AGRARIA, Evaluación PROFO Agropecuarios. Diciembre 1999. Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDECOOP), Memoria 1999. DGRV, Estudio del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito Chileno. 1999. Jofré, N.: Marco Jurídico de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Chile. Marzo 2000. Asociación Chilena de Empresas de Leasing: Informe Financiero al 31/03/2000. Gil, C.; Fanta, G., Resumen Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa FOSIS. CEPAL. Marzo, 2000. 68
Bibliografia Banco del Desarrollo: 10 Años Apoyando a la Microempresa. 1999. Banco Interamericano de Desarrollo: Propuesta de préstamo para un programa global de financiamiento multisectorial. Marzo 1999. José de Gregorio, Ministro de Economía, Presentación en el Seminario ENAPYME 2000. Mayo 2000 Gonzalo de la Cerda, El Papel de los Bancos, Presentación en el Seminario ENAPYME 2000, mayo 2000. Jaime Acevedo, Apoyo financiero estatal, Presentación en el Seminario ENAPYME 2000. Alberto Libedinsky, Capital de Riesgo, Presentación en el Seminario ENAPYME 2000. Bandesarrollo Leasing, Leasing. 1996 Marianne Braig, Angela Meentzen, Rodrigo Calcagni, Fomento a la Microempresa en Chile, evaluacion del proyecto de cooperación técnica, Berlin, diciembre 1999. CORFO, Programa de Apoyo a la Gestion de Empresas. 1999 CORFO, Proyecto Asociativo de Fomento. 1999 CORFO, Fondo de Asistencia Técnica. 1999 CORFO, Programa de Desarrollo de Proveedores. 1999. CORFO, Créditos de Largo Plazo para Inversión Productiva. CORFO, Reglamento de Cauciones Solidarias. CORFO, Reglamento del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa para el Acceso a Seguro de Crédito de Exportación. CORFO, Reglamento de Subvención a Primas de Seguro de Crédito para Pequeños Empresarios. CORFO, Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión de Desarrollo de Empresas para el Fomento del Capital de Riesgo. Ricardo Lagos, Mi Compromiso con los Pequeños Empresarios y Empresarias. Octubre, 1999.
Argentina Carta Orgánica del Banco Central (Ley No. 24.144) Ley No. 21.526 de Entidades Financieras Ley No. 24.318 de Quiebras de Entidades Liquidadas antes de la ley 24.144 Ley No. 24.485 de Seguro de los Depósitos Bancarios Ley No. 23.758 de Depósitos y Préstamos en Moneda Extranjera 69
Bibliografia Ley No. 24.452 de Cheques Ley de Fideicomiso No. 24.441 Ley No. 20.337/73 de Cooperativas Ley No. 20.321 de Mutuales Ley No. 19.836 de Fundaciones Ley 24467 (Tit. II) sobre Sociedades de Garantía Recíproca Ley 25.248 sobre el Contrato de Leasing Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Decreto 286/95 sobre Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial Anteproyecto de Ley de Factura Negociable Resumen de las Principales Regulaciones del Sistema Financiero Argentino – Banco Central de la República Argentina (BCRA) Abril 2000 Información de Entidades Financieras – Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, BCRA Abril 2000 Mensaje del Presidente del BCRA al Congreso, Noviembre 1999 Garantías Preferidas (Circular BCRA No. 8674 – 20-VII-00) Fideicomisos Financieros (Comunicación BCRA No. 2703) Evaluación de Entidades Financieras (Comunicaciones BCRA No. A 2688; No. A 2827 y No. A 2907) Aplicación del Seguro de Garanías de los Depósitos (Comunicación BCRA No. A 3068) Clasificación de Deudores (Comunicaciones BCRA No. A 2729; No. A 2840; No. A 2893; No. A 2950; No. A 2759; No. A 3068;No. A 3141) Previsiones Mínimas por Riesgo de Incobrabilidad (Comunicación BCRA No. A 2893) Tasas de Interes en las Operaciones de Crédito (Comunicación BCRA No. A 3052) Préstamo BID PYMES II (Comunicación BCRA No. A 3138) Metodología para Caracterizar la condición microempresa, pequeña o mediana empresa (Comunicaciones BCRA No. A 1600 y No. A 3047) Operatoria de descuento de documentos. Nueva modalidad de garantía preferida “A” (Comunicación BCRA No. A 3104) Garantías preferidas “A”. Incorporación de los títulos de créditos de deudores significativos (Comunicación BCRA No. A 3114) Asociaciones Mutuales (Comunicación BCRA No. A 2805) Descalce de Tasa: Riesgo y Capitales Mínimos, BCRA, Noviembre 1998 70
Bibliografia Programa Integral de Asistencia Financiera para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME), Ministerio de Economía, sin fecha. Fundacion de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Las Pequeñas y Medianas Empresas en la Argentina. 1996 Informe a las empresas sobre el resultado de la Segunda Encuesta Estructural. Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas. Unión Industrial Argentina, Noviembre 1998 Argentina Financial Sector Review. The World Bank, September 1998 Argentina. The Fiscal Dimension of the Convertibility Plan. A Background Report. The World Bank, January 1998 José González, Jorge Messuti, Argentina. El Sistema Bancario, Situación y Perspectivas a Nivel Nacional y Provincial. Banco Interamericano de Desarrollo, Agosto 2000 Leonardo Bleger, Guillermo Rozenwurcel, Financiamiento a las PYMES y Cambio Estructural en la Argentina. Instituto de Desarrollo Económico y Social. Junio 2000 George R.G. Clarke, Robert Cull, Provincial Bank Privatization in Argentina. The Why, How, and “So What?”. The World Bank, 1999 Fernando M. Martín, Financiaciones por Actividad Económica, Nota Técnica No. 5, BCRA, 1999 Tamara Burdisson, Laura D’Amato, Prudential regulations, restructuring and Competition: the case of the Argentine Banking Industry, Working Paper No. 10, The World Bank, October, 1999 Augusto de la Torre, Resolving Bank Failures in Argentina: Recent Developments and Issues, March 2000 Marcela Cristini, Ramiro A. Moya, Andrew Powell, The Importance of an Effective Legal System for Credit Markets: The Case of Argentina. Nov. 1999 Marcela Cristini, El financiamiento de las PYMES y la seguridad jurídica: el caso de las provincias argentinas, FIEL, 1999 George R.G. Clarke, Robert Cull, Laura D’Amato, Andra Molinari, The Effect of Foreign Entry on Argentina’s Domestic Banking Sector. The World Bank, August 1999 El Crédito para las Microempresas: Una propuesta de Institucionalización para la Argentina. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Diciembre 1998 Argentina: Situación Económica Reciente. Banco Interamericano de Desarrollo, Marzo 2000
71
Bibliografia Miguel Angel Arrigoni, La Banca Informal, Presentación en la Reunión Anual de la Asociación de Bancos Argentina, Deloitte & Touche, 1999 Gerard Caprio, Jr. Michael Dooley, Danny Leipziger and Carl Walsh, The Lender of Last Resort Function Under a Currency Board: The Case of Argentina. The World Bank, 1996 Informe Económico Financiero No. 128. Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Agosto 2000 María Soledad Martínez Peria, Sergio L. Schmukler, Do Depositors Punish Banks for “Bad” Behavior? Market Discipline in Argentina, Chile, and Mexico. The World Bank, February, 1999.
72