Don Octavio Granado, Secretario de Estado de Seguridad Social Bueno, buenos días señoras y señores. Como pueden comprobar por la documentación que se les ha repartido, estaba prevista que la conferencia tuviera como respaldo un PowerPoint, que dada la distribución de las mesas pues es algo más difícil de seguir en esta sala. Y entonces hemos preferido los organizadores del acto con mi equipo de colaboradores, han preferido repartir los cuadros y permitirles una consulta más amable de los mismos, aunque ello les pueda distraer algo de mi intervención. Tampoco hay en mi intervención mucha más noticia que la que contienen los propios gráficos. Y voy a intentar una primera exposición lo más breve posible, y luego someterme como es lógico a sus preguntas. Bueno, como ustedes saben, llevamos durante ya algunos años comentando la buena salud del momento presente del sistema español de Seguridad Social. Y esta buena salud es una buena salud que los gestores del sistema normalmente situamos en nuestros propios logros. En los últimos tiempos pues hemos conseguido reducir el gasto corriente, controlar mejor la actividad de las mutuas, reducir los gastos de incapacidad temporal. Esos logros, sin duda, son importantes. El mejorar la eficiencia de la gestión es algo notable, y desde el punto de vista de los ingresos la última legislatura nos ha permitido pues aflorar la economía sumergida, mejorar bases de cotización. En términos de gestión eficiente del sistema, digámoslo así, hemos añadido un poquito de valor a lo que el sistema en sí mismo trae consigo. Pero, no obstante, si fuéramos un poquito más humildes, situaríamos las grandes causas del buen momento presente del sistema español de Seguridad Social, en dos cuestiones:  

Una primera absolutamente ajena a nuestros designios. Y una segunda, solamente en parte, vinculada a nuestro quehacer.

La primera es el bonus demográfico. Si ustedes comprueban el primero de los cuadros, verán como desde el año 2000 al 2008, lo mismo cabría decir del año 90 al año 2000, el número de pensionistas se han mantenido prácticamente estable en lo que el sistema español de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque se han jubilado los cortes de edad que nacieron en la época de la Segunda República, de la Guerra Civil y la inmediata postguerra del siglo pasado, que son cortes de edad muy escasas. Lo que ha permitido que todas las ganancias de productividad en la economía española mejoraran las pensiones individuales, sin que subiera demasiado el gasto en pensiones del agregado colectivo en el PIB.

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Lo cual significa pues que hemos podido mejorar tanto las pensiones mínimas, como generar unas nuevas pensiones mucho más altas que las del stock de pensiones que veníamos disfrutando, con unos costes agregados muy moderados. La segunda cuestión es probablemente más llamativa, y es que nosotros somos herederos afortunados de un conjunto de reformas que se emprendieron desde los años 80, algunas de las cuales están punteadas en el cuadro segundo, y que en estos momentos son las que explican precisamente la buena salud financiera del sistema. A mediados de los años 80, el Gobierno de España presidido por entonces por Felipe González, decide comenzar con la puesta en marcha del Impuesto del Valor Añadido a la separación de fuentes de la Seguridad Social. Lo cual significa que la sanidad, los servicios sociales, después las pensiones no contributivas, ahora las prestaciones de la Ley de la Dependencia, se financian en nuestro país por presupuestos. Si nosotros tuviéramos esos gastos incluidos en el presupuesto de la Seguridad Social pasarían dos cosas: En primer lugar, que el Estado debería transferir a la Seguridad Social una cantidad cercana al 8% del PIB al año, con lo cual no escucharíamos la crítica fácil de que el Estado transfiere pocos recursos a la Seguridad Social, lo hace, lo que pasa están fueran del sistema de Seguridad Social los grandes gastos producidos por derechos que nosotros hemos considerado derechos de ciudadanía. Y en segundo lugar, en vez de tener un fondo de reserva de 60.000 millones, y un conjunto de reservas de 70.000 millones de euros, pues tendríamos el año 2010 un déficit cercano a los 100.000 millones de euros. Porque el sistema sanitario, las prestaciones de la Ley de la Dependencia, etc., tienen unos indicadores, unos incrementos de gasto, muy superiores a los incrementos de ingresos que suele tener, incluso en época de bonanza económica, el sector público. Esa labor empezada por Felipe González, culminada por el Gobierno del Presidente Aznar en el año 99, es lo que explica, en primer lugar, que el haber podido dedicar todas las cotizaciones sociales a los gastos de incapacidad y pensiones, nos haya puesto en situación financiera tan ventajosa como la que tenemos en el momento presente. Pero es que además en los últimos 25 años en este país, hemos hecho muchas reformas en el sistema de Seguridad Social. En el año 1985, el periodo de cómputo por el que se calculaba la pensión de jubilación, era de dos años. En el año 85 pasó de 2 a 8 años; en el año 1997 pasó de 8 a 15. Hemos modificado dos veces los sistemas de gestión de la incapacidad temporal. Hemos hecho más proporcional las prestaciones de jubilación a las carreras de cotización en el año 97. Hemos intentado flexibilizar la ley del año 2001, la jubilación a través de la Ley de Jubilación parcial y flexible. Y en el año 2007, con efectos de primeros de enero de 2008, hemos tenido en cuenta toda la carrera de cotización para el cálculo de las pensiones de incapacidad, o hemos

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separado de la pensión de viudedad a los divorciados que no dependían económicamente del fallecido. Bueno, y dirán ustedes, ¿y este tipo de reformas aparentemente inocuas que han pasado en estos momentos, nuestra memoria probablemente flaquee, que han pasado desapercibidas, son las que explican la buena situación presente de la Seguridad Social? En primer lugar, fueron reformas que todas ellas tuvieron una pequeña carga de conflicto. En el año 1985, hubo una convocatoria de huelga general, y hubo dos diputados socialistas de nombres muy conocidos que dejaron el Congreso de los Diputados. En el año 2001, por ejemplo, la reforma ocasionó un pequeño cisma en el movimiento sindical, porque fue la primera vez que Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores mantuvieron criterios diferentes. En todos los momentos ha habido algunas turbulencias, pero este continuo de reformas, este continuo de impulsos, no se ha traducido ni en un empeoramiento del sistema, ni una minorización de las pensiones o de las prestaciones del mismo, pero sí nos ha permitido estar donde estamos. Si no hubiéramos hecho nada, en estos momentos nuestro sistema de Seguridad Social no tendría superávit, tendría un enorme déficit. Nosotros estamos en buena situación ahora, porque hace 25 años empezamos a hacer reformas, porque en un sistema de protección social es muy difícil que las reformas tengan efectos inmediatos. Y casi todas las reformas surten la plena maduración de sus efectos, en periodos de tiempo que van a partir de los 10 años hasta los 25 años. Y en segundo lugar, en un sistema de protección social, las reformas no actúan sólo sobre el estado de gastos, las carreras de cotización se adecuan al marco normativo, y en este sentido suelen tener más impacto en el estado de ingresos que en el estado de gastos. Y es lo que se conoce como la expresión de la maduración del sistema. La carrera de cotización de los trabajadores españoles, ahora le presta más atención a la cotización que cuando el periodo de cómputo de la pensión de jubilación era de dos años. Entonces, y yo he negociado convenios colectivos, entonces los trabajadores estaban más preocupados de cobrar pluses que no cotizaban, que de cotizar. Evidentemente, la necesidad de cotizar aparece con la norma que te obliga a generar un determinado esfuerzo contributivo para recibir una prestación. Por lo tanto, somos herederos de una situación demográfica que es la que es, sobre la que no hemos tenido demasiada capacidad de gobierno, y de un conjunto de reformas que además en el caso español han acabado desde la firma del Pacto de Toledo, generando un modelo concreto de reformas. Un modelo concreto de reformas que pasa por acuerdos parlamentarios, en una comisión de seguimiento, y acuerdos con los interlocutores sociales.

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Un modelo concreto que es un punto de referencia dentro este país para otros sistemas comunitarios. Ahora estamos pidiendo un Pacto de Toledo para la educación, o un Pacto de Toledo para la sanidad, y es un punto de referencia fuera de nuestras fronteras porque el modelo español de reformas, es un modelo español que garantiza que las reformas mantienen el principio de la confianza. Y es muy importante para un sistema de protección social mantener el principio de la confianza. Nosotros estamos cobrando cotizaciones a chicos y chicas de 18 años, que aspiran a poder ser pensionistas al final de su vida laboral. Ese depósito de confianza es muy difícil que lo encontremos hoy en día en ninguna actividad en la vida humana, ni siquiera ese depósito de confianza en estos momentos es el que circula por nuestras relaciones familiares. El matrimonio ya no es indisoluble, pero la cotización a la Seguridad Social de momento sí. Y en ese sentido, dense ustedes cuenta de que para nosotros mantener la confianza es algo importante, y mantener el acuerdo, por lo tanto, es algo importante. Bueno, y en este momento presente, en esta buena situación, habiendo soportado con mejor fortuna los embates de la crisis, pues qué es lo que nos espera para esos próximos 25 años. Pues para empezar nos espera para los próximos 25 años, una inversión bastante abrupta de lo que son las circunstancias demográficas. Y vean ustedes el cuadro tercero, que es bastante significativo con la evolución de los nacimientos en España. Porque a partir del año, esencialmente del año 2015, 2020, se van a empezar a jubilar en España los nacidos en el baby boom de postguerra. Nosotros vivimos en una Guerra Civil, algunos años anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero nuestro baby boom se retrasa algunos años. Nuestro baby boom es del 58 a 78. Con la llegada de la democracia los niños ya no vienen de París, y entonces las familias españolas empiezan a tener menos hijos. Pero del 58 al año 78, se producen un número de nacimientos muy importantes, y se produce además la modificación de las normas legales que obstaculizaban el trabajo de las mujeres casadas durante la dictadura del General Franco, y por lo tanto el mercado de trabajo español empieza a convertirse en un mercado de trabajo con participación de hombres y mujeres. Hasta llegar en la actualidad a ser un mercado de trabajo absolutamente paritario entre los menores de 45 años. Y además, y esto es una particularidad de la situación española, este baby boom que acaba en el año 78, va a verse continuado por una disminución abruptísima de la natalidad y la fecundidad. Con lo cual, tenemos un problema que es común al del resto de Europa, que es el envejecimiento de la población, y que es el problema fundamental. Pero la particularidad del caso español, es que este envejecimiento nos va a llegar más tarde, porque el baby boom nos ha llegado más tarde, pero nos va a llegar con una mucha mayor intensidad. Porque las generaciones de españoles que van a jubilarse en los próximos 20 años, van a tener que, digámoslo así, ver retribuida sus prestaciones con las

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cotizaciones de generaciones de españoles de cortes edades españoles mucho más escasas. Naturalmente que la inmigración va a resolver parte del problema. Naturalmente que el incremento de la tasa de actividad tanto de mujeres, especialmente mujeres pero también de hombres, va a resolver parte del problema. Y naturalmente que el incremento de la productividad va a resolver parte del problema. Pero el problema del envejecimiento sigue existiendo, y en nuestro caso es un problema mucho más acusado que en el resto de Europa. Y luego, bueno, la apelación a los ingresos de la productividad a la mejora de la situación económica o los ingresos tributarios para resolver el problema, tiene dos límites: El primero es que la productividad crece porque la cualificación en la formación. Lo cual quiere decir, que las personas que se van a incorporar al mercado de trabajo en los próximos años, son personas que van a entrar a trabajar a los 24, 25 años. Mientras que nuestros abuelos empezaron a trabajar a los 14 años, y nuestros padres y nosotros mismos a los 18, a los 20 años. Lo primero que tiene que hacer el incremento de productividad, por lo tanto, es resolver el menor número de años que vamos a generar en la vida activa. El segundo problema es que nosotros ya hemos hecho la separación de fuentes, y que los impuestos de los españoles sirven para financiar la sanidad y la dependencia. Y el envejecimiento en España como en el resto de Europa, va a ser un envejecimiento acumulado, van a crecer más los mayores de 90 años que los mayores de 80, y los mayores de 80 más que los de 70, y los mayores de 70 más que los de 60. Podemos esperar, como sucede en la actualidad en Japón, que entre 4 y 5 de las mujeres españolas nacidas en los últimos 20 años viva más de 90 años, y los hombres pues 1 ó 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que vamos a necesitar recursos tributarios para la sanidad y la dependencia en un importe mucho mayor al que realmente estamos destinando en el momento presente. Y, por lo tanto, que si obligamos al sistema tributario a asumir la carga de las pensiones, o se deterioran otros sistemas comunitarios, o realmente estamos con un problema de insuficiencia fiscal. Y en este sentido, hay que ser leales con la separación de fuentes, el sistema de Seguridad Social tiene que hacer su trabajo, y tiene que planificarse en el futuro para ser un sistema capaz de hacer lo que ha venido haciendo en los últimos 25 años, que es reformarse, servir como un elemento positivo y proactivo al crecimiento y al desarrollo económico del país, y garantizar mejores prestaciones a los usuarios del sistema. ¿Y esto cómo debe hacerlo? Pues aquí habría que responder a las preguntas clásicas de: ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por quién?, etc. ¿Cómo? A través del procedimiento que hemos utilizado en otras ocasiones. ¿Podemos necesitar un mayor aporte técnico? Tal vez, pero en cualquier caso el procedimiento ha

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funcionado. La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha servido para llegar a acuerdos políticos. Habría que poner en valor que el año en el que se firma el Pacto de Toledo es el año 95, un año enorme de crispación política en nuestro país, un año muy complicado, con un gobierno que estaba terminando su mandato después de un mandato prolongado del Presidente Felipe González, y que no obstante los grupos políticos supieron aparcar sus diferencias, y firmar todos una hoja de ruta que resolvió un problema de confianza, que en aquellos estaba presente en cuanto al futuro de la Seguridad Social. Y en este sentido, en estos momentos la situación es, sin duda, mucho mejor, y las posibilidades de acuerdo político son tremendamente importantes. Con la participación de los agentes sociales. Es fundamental que la participación de los agentes sociales mantenga el sistema español de Seguridad Social, con una relación de confianza entre los cotizantes, los pensionistas, y la Administración y los grupos políticos. Yo creo que en este país perderíamos una oportunidad histórica si dejáramos de acordar las reformas en materia de Seguridad Social. Yo creo que esto forma parte de nuestras señas de identidad. Tiene que ser una reforma suficiente. Podemos tardar todo el tiempo de mundo que necesitemos en compartir el diagnóstico. Cuando digo todo el tiempo del mundo, que se me interprete si para compartir el diagnóstico tenemos que parar durante un mes o mes y medio las discusiones, pues lo tendremos que hacer, porque es importante compartir el diagnóstico porque si no compartimos el diagnóstico no compartimos las medidas que están abocadas a resolver el problema. Pero es fundamental que la reforma sea suficiente. Es decir, es fundamental que nos hagamos una idea cabal de cuál es el monto del problema. Y el monto del problema es que en el año 2040, este es un sistema que va a pagar 15,5 millones de pensiones; mientras que en la actualidad estamos pagando 8,5 millones. Y lo estamos haciendo con 17 millones de trabajadores activos, y 2 millones de cotizantes en el desempleo, es decir, con 20 millones de cotizantes. Hagan ustedes una regla de tres, y sitúen el número de personas que necesitarían cotizar si no hacemos reformas en España para pagar 15,5 millones de pensiones en el año 2040. Realmente el monto del problema es importante. Y debe ser una reforma que cumpla con uno de los principios que tiene el sistema de reparto en Seguridad Social, que es el Pacto entre Generaciones. El Pacto entre Generaciones supone que nosotros estamos pagando a las cotizaciones necesarias para pagar las pensiones a nuestros padres, y nuestros hijos nos las pagarán a nosotros. Ese pacto entre generaciones supone que nosotros no tenemos por qué hacer de peor condición ni a unos ni a otros. No podemos reconocer prestaciones insuficientes para acumular unas reservas de las que se beneficien los actuales cotizantes, pero tampoco debemos pagar una serie de prestaciones a sabiendas de que los actuales cotizantes se

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van a ver constreñidos en las prestaciones que van a recibir, porque en el futuro esas prestaciones no van a ser sostenibles. Este pacto intergeneracional supone que cuánto más tiempo dediquemos a hacer las reformas, mejor, es mejor una reforma en 20 años que en 10, y mejor hacerlo en 10 que en 5. Y además supone que las diferencias entre las personas que vayan a verse afectadas por las modificaciones normativas, van a ser lo más tenues posibles. Es relativamente razonable explicar a alguien que por haber nacido un año más tarde, tenga que retrasar la edad de jubilación 15 días, pero no es razonable decirle, como se dijo en el año 67 cuando la incorporación de los mutualistas al sistema de Seguridad Social, usted se va a jubilar cinco años más tarde por haber entrado a trabajar un día más tarde. Eso es mucho menos razonable. Y en ese sentido, estas reformas las tenemos que hacer. Por lo tanto, en un marco diseñado, en un marco de acuerdo con los interlocutores sociales, de previo acuerdo de los grupos parlamentarios, que son los que tienen que inspirar el proceso como hicieron en el año 1995, en el año 2003, tienen que ser suficientes y tienen que, al mismo tiempo, hacerse en un periodo de tiempo suficientemente dilatado para garantizar el mantenimiento del pacto intergeneracional. ¿Y qué reformas? ¿Qué reformas tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar no podemos perder de vista que nuestro sistema de Seguridad Social es un sistema muy complejo. Y, por lo tanto, no existe una única medida en la cual podamos residenciar todos los males o todos los problemas del sistema. Necesitamos hacer una reforma compleja. Yo sé que evidentemente me van a contestar alguno de ustedes, bueno, pero hay medidas que tienen una importancia decisiva. Sin duda, hay medidas nucleares. Pero esto no quiere decir que no debamos hacer una reforma compleja, porque si no adoptamos reformas complejas no sucederá lo que nos ha sucedido en el pasado. Tenemos muchas experiencias. Por ejemplo, si modificamos las reglas de la pensión de jubilación, pues el primer efecto en el sistema es que existe una cierta tentación de incremento de las pensiones de incapacidad. El que no puede entrar por la puerta principal, busca la puerta de servicio para acceder a las prestaciones del sistema. La complejidad de nuestras normas exige que el conjunto de las reformas aborde, abarque todas las prestaciones, abarque las cotizaciones sociales, abarque las prestaciones del sistema, abarque la previsión social complementaria. Tenemos que diseñar un contenedor que sirva para el gran sistema público de pensiones, y para la parte de previsión social que va a complementarlo para aprovechar sinergias, y para que los dos sistemas el grande y el más reducido no friccionen entre sí, y no generen problemas. Y tenemos que ser capaces de diseñar una política de cuentas públicas que sea proactiva desde el sistema fiscal, de lo que deben las mejores prácticas en el terreno del sistema de protección social. Tenemos que buscar incentivos razonables a la prolongación de la vida laboral, incentivos razonables son aquellas figuras de previsión social complementaria que nos merezca la pena destacar. Tenemos que hacer, por lo tanto, un diseño algo más complejo.

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En segundo lugar, y puede parecer una obviedad, las reformas que tenemos que hacer no se diferencian demasiado de las que ya hemos hecho. Y en este sentido, les invito a que examinen ustedes el cuadro en el que se hace referencia con datos de Eurostat a la edad media de salida del mercado laboral de los españoles. El cuadro número 9. Normalmente para hablar del momento en el cual se produce la entrada en el sistema de protección social, la salida del mercado de trabajo, en España se utilizan dos indicadores: 1. La edad media de jubilación, que es el que nosotros utilizamos dentro de nuestras fronteras. 63 años y 8 ó 9 meses. 2. Eurostat utiliza un indicador más agregado en el que incorpora al lado de las pensiones de jubilación, las pensiones de incapacidad, y saca la media. Como es lógico, las pensiones de incapacidad se genera a una edad más temprana. En estos momentos estamos en 62 años en España y tres meses, aproximadamente. Si ven ustedes lo que ha sucedido en los ocho últimos años, la edad media de salida del mercado laboral de los españoles, se ha retrasado en más de dos años. Y se ha hecho combinando medidas legales, combinando incentivos, y también con el viento a favor porque la paulatina extinción del régimen de los mutualistas, las personas que estaban afiliadas antes de primeros de enero del 67, pues hace que esa salida se retrase algo más, aunque no hiciéramos, aunque no tomáramos ninguna determinación legal. Ahora tenemos que trabajar con el viento en contra. O sea, este cuadro de dos años de retraso en ocho años, es espectacular, pero no es fácil que se produzca en los próximos años. Ahora tenemos que trabajar con el viento que nos da en la cara. Pero tenemos que trabajar en base a determinaciones como éstas, y tenemos que trabajar intentando repartir el ajuste entre el mayor número de personas posibles, y a lo largo del mayor, del periodo de tiempo más dilatado posible. Si excluimos del ajuste una parte importante de los actuales jubilados, los que se jubilan a la edad legal, el ajuste deberá ser más intenso para el resto. Esto es una ecuación que no ofrece demasiada duda. Si decidimos trabajar sobre la mitad de los jubilados en vez sobre el 100% por 100% de los jubilados, el periodo de tiempo en el que tendremos que hacer circular el retraso será ligeramente mayor, o sustancialmente mayor a gusto del lector. Si decidimos trabajar sólo sobre unas figuras de jubilación en vez de sobre todas, pues evidentemente iremos necesitando hacer ajustes más importantes. En el año 2007, nosotros decidimos trabajar únicamente sobre la jubilación parcial y sobre la acumulación de modalidades de jubilación anticipada. Y en el caso de la jubilación parcial, la estamos retrasando dos meses cada año. Estamos trabajando sobre un 15 ó un 20% de los actuales jubilados. Evidentemente, esto implica que ese ajuste es más importante.

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En el caso de la pensión de incapacidad, pues hombres es verdad que ahí la mayor eficiencia del sistema ha permitido que la pensión de incapacidad crezca muy poco. Si conseguimos que la pensión de incapacidad crezca a un ritmo mucho más moderado porque tendremos alternativas para mantener en el mercado de trabajo a las personas con una capacidad algo disminuida, pues en ese sentido el ajuste deberá ser menor. Y probablemente debamos ser flexibles en la aplicación de las reformas. Pero conviene que tengamos en cuenta que a mayores periodos, cuanto antes empecemos, y a mayor cantidad de personas entre los cuales repartir el ajuste, si el ajuste lo tenemos que repartir entre 6 millones de personas o entre 8, el ajuste va a ser mucho menos intenso que si lo tenemos que producir en menor número, y en un menor periodo de tiempo. Y en segundo lugar, que tengamos en cuenta que todas las modificaciones del sistema en el ámbito de los sistemas de protección social, se han hecho siempre de forma que se han respetado básicamente los derechos individuales. Y en este sentido, examinen ustedes los dos últimos cuadros de las diapositivas que quería comentarles. El número de años calculados en periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de jubilación. Y con esto lamento desilusionar a los periodistas que hay en la sala, esto no quiere decir que el Gobierno tenga pensado hacer nada de lo que se hizo en los cuadros. ¡Qué pena de titular! Pues no, no vamos a hacer nada de esto, simplemente examinen ustedes lo que ha sucedido fuera de España. Bueno, lo que ha sucedido fuera de España es que los países con sistema de capitalización normalmente utilizan toda la vida laboral, y hay una serie de países que han mantenido su periodo básicamente estable. Lo que más parecería al caso español sería Noruega, que lo ha mantenido estable en 20 años, por debajo de España sólo hay un país que es Grecia de los países de la OCDE. Y el cuadro siguiente: países que han hecho cambio. Países que han hecho cambios en la elevación del periodo de cómputo. De 20 a toda la vida laboral, el Reino Unido; de 15 a toda vida laboral, Suecia, Austria, Finlandia, Polonia, Portugal; la República Checa lo ha elevado a 30: Francia lo ha elevado de 10 a 20. Holanda, la República Eslovaca y también Turquía, también han trabajado sobre la base de toda la vida laboral. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema tiene muchas determinaciones técnicas Algunos de estos países han elevado el periodo de cómputo a partir de una determinada edad. Otros han incluidos modulaciones. Con esto quiero decir que no es fácil en un sistema de protección social, buscar relaciones mecánicas de causa-consecuencia, y decir la elevación del periodo de cómputo trae consigo la aminoración de los gastos del sistema. Oiga, en España lo hemos hecho de 2 a 15 años. Hemos subido el periodo de cómputo de 2 a 15 años, y las pensiones han sido mucho más altas. Si el periodo de cómputo, por poner un ejemplo, pero es un tema que está en la discusión política y tiene un sentido al referirse a ello en esta primera intervención, es para un sistema de protección social un instrumento que sirve para medir dos tipos de necesidades:

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Una necesidad individual. Hay que garantizar a cada contribuyente el deseo, perdón la correspondencia estricta entre lo que ha aportado y lo que va a recibir. Un contribuyente que ha pagado “x”, debe tener una prestación correspondiente con su aportación. Y desde el punto de vista colectivo de funcionamiento agregado del sistema, el periodo de cómputo sirve para garantizar que las pensiones deben subir en términos de valor constante, lo mismo que suba las bases de cotización. Ni más, ni menos. En el sistema español de Seguridad Social tenemos un procedimiento que permite mejorar. Por ejemplo, en época de crisis económica las pensiones al cabo de un determinado periodo de tiempo, acaban subiendo menos que las bases de cotización. Porque los trabajadores despedidos son perjudicados por el periodo del cómputo, son perjudicados. Entonces las personas que llegan a la pensión como despedidos o como recolocados con una retribución inferior, van a recibir una prestación poco correspondiente con la aportación que han hecho. Y en época de crisis económica eso al sistema le viene bien en términos coloquiales. En época de gran crecimiento económico, y ahora estamos saliendo de una época de gran crecimiento económico, lo que sucede es lo contrario: el periodo de cómputo hace que las bases de cotización crezcan menos que lo que crezcan las pensiones. Y eso le genera problemas al sistema. Pero bueno, el sistema puede incluso convivir en largas series históricas con periodos en los cuales salga ganando o salga perdiendo, con como afecta el periodo de cómputo a sus ciudadanos. Los que no pueden convivir son los ciudadanos. Necesitamos unos procedimientos de cómputo de las prestaciones que sean correspondientes con las aportaciones que cada uno hace. Porque nosotros el dinero que pagamos es lo que cobramos. Y si no conseguimos cobrar el dinero razonable para pagar las prestaciones, si la misma mercancía en el mercado tiene dos precios diferentes, la gente se apuntará al precio más barato, y tenemos menos aportaciones y un crecimiento no correspondiente de las prestaciones. Es decir, las reformas tienen que ser reformas que mantengan el principio de equidad, y que ayuden a que el sistema sea sostenible financieramente. Y deben ser reformas que en este sentido perfeccionen el sistema. Nuestro sistema de Seguridad Social tiene una magnífica arquitectura jurídica, pero es una arquitectura jurídica generada hace 40 años, que hemos tocado muy parcialmente. Hemos tocado todos los gobiernos de la democracia sin excepciones, a partir de retoques puntuales. Necesitamos dotarnos de una arquitectura que incorpore las nuevas realidades familiares, o que incorpore el hecho de que la Seguridad Social ya no va a organizarse en regímenes como se organizó en el año 67, que las personas van a trabajar con una serie de prestaciones generales del sistema. En nuestra Ley General de Seguridad Social las prestaciones aparecen como prestaciones de régimen general, a las que va sumando incluso las 14 pagas de pensión del resto de los regímenes.

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Necesitamos dotarnos de una arquitectura más perfecta, porque eso nos va a ayudar a recaudar mejor, a distribuir con mayor eficiencia esa recaudación, y a pagar mejores prestaciones con menores costes de ineficiencia, o con menores distorsiones. Y esto no es nada complicado. Esto es lo que venimos haciendo los últimos 25 años. En los últimos 25 años todos los gobiernos que nos hemos sucedido en el régimen de alternancia política en este país, hemos realizado cambios mínimos en la legislación en materia de Seguridad Social aprobada por nuestros predecesores. Tenemos esa ventaja. Comparen ustedes lo que es, digámoslo así, la situación más controvertida de la legislación educativa en nuestro país, con la tradición de la democracia española de que cada gobierno deroga la legislación del gobierno anterior. Pues en Seguridad Social todos somos herederos pero no a beneficios de inventario, todos somos herederos gozosos de la experiencia de nuestros predecesores. E incluso las cosas sobre las que teníamos dudas cuando estábamos en la oposición, cuando llegamos al gobierno parece que se nos despejan las dudas y entendemos las razones. Y la nueva filosofía y el nuevo punto de vista de la nueva perspectiva, nos ayuda a saber por qué tenemos que hacer así las cosas. En este sentido, no es nada difícil hacer lo que tenemos que hacer. Sí tiene un coste en términos de explicación a la opinión pública. Y aquí sí que tengo que reconocer que tenemos un esfuerzo insuficiente de explicación. Probablemente en este país necesitamos, y los políticos no somos quienes deberíamos liderar este proceso pues no somos quienes lo hemos hecho con la mayor fortuna, necesitamos poder discutir estas cuestiones desde un punto de vista menos dramático, y desde un punto de vista más comparativo y más sosegado. Comparando con lo que hemos hecho nosotros mismos, y lo que están haciendo fuera de nuestras fronteras, y comprobando cómo el futuro que nos espera es que en los próximos años este país va a gastarse mucho más dinero en pensiones, hagamos o no hagamos reforma; que este país necesita que su Seguridad Social sea proactiva del crecimiento económico; que este país no puede permitirse el lujo de que la Seguridad Social sea un freno del crecimiento económico. La Seguridad Social tiene que ser, como lo ha sido hasta ahora, un acicate y un estímulo del crecimiento económico, y que este país necesita todavía mucho más en equidad y en cohesión social. Y que por eso es necesario perfeccionar el sistema de Seguridad Social, atender a los colectivos más vulnerables, prestar más atención a las personas que trabajan más años, a los que hacen en trabajos más penosos, prestar mucha más atención a las personas que llegan al final del sistema en una situación diferente a la que se ha mantenido a lo largo de toda su vida. Éste, por lo tanto, es un problema que debe concitar, desde mi punto de vista, tanto el optimismo de la voluntad como el optimismo de la razón. Necesitamos hacer reformas en el sistema de Seguridad Social, podemos hacerlas, lo hemos hecho en el pasado, nuestro compromiso es hacerlas en el presente, y encontrar el acuerdo político y social necesario para garantizar que esa reforma se convierta en una de las piezas

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fundamentales que garanticen la salida más pronta de España de la actual crisis económica. Nada más. Muchas gracias.

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