DOSSIER DE PRENSA DIARIA 13 de julio de 2012

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INDICE DE CONTENIDOS Te interesa saber: Manifiesto contra el copago sanitario, el medicamentazo y otros recortes previstos

CÓRDOBA  El alcalde confía en que haya una alternativa para evitar despidos  Promotoras entregarán 353 pisos al lograr enganche de luz ANDALUCÍA  La Junta promete ahora iniciar en la legislatura la Ciudad de la Justicia  Zoido apela a la unidad del PP-A para lograr el objetivo «de gobernar Andalucía»  Médicos del Reina Sofía apoyan una huelga contra el SAS  APDH critica a la Junta por falta de coherencia en sus desahucios  El PP-A pide a Griñán que gobierne en lugar de criticar las medidas del Gobierno  La Junta estudia cómo aplicar la nueva bajada de sueldo a los empleados públicos  El PSOE acusa al PP de querer eliminar a la oposición de los ayuntamientos ESPAÑA  División de reacciones políticas ante la reforma local que aprueba hoy el Gobierno  Dos regiones del PP se abstienen al votar los nuevos límites de déficit  El Gobierno se reducirá el sueldo la parte proporcional de la extra de los funcionarios ACTUALIDAD  «¿Qué espera EA, que condenemos los atentados?»  Dos marchas de funcionarios atascan el centro de Madrid en protesta por los últimos ajustes CULTURA  El precio de la cultura, en España y en Europa INTERNACIONAL  Aumentan los suicidios en Grecia ECONÓMIA  El Gobierno abre la puerta a adelantar la jubilación a los 67 años antes de 2027

CÓRDOBA  Rechazo frontal en Córdoba a la modificación del horario comercial  Los usuarios defienden la regularización de horarios  Rojas dice que "se oponen a que se genere empleo en la ciudad"  Los sueldos de Urbanismo serán recortados para evitar despidos  Analistas estima que la economía de Córdoba bajará un 1,4% este año ANDALUCÍA  Griñán revisará las medidas ya adoptadas sobre los funcionarios  El PP pide al presidente un debate real sobre Andalucía  Dos comunidades del PP se abstienen en la votación del objetivo de déficit de 2013 ESPAÑA  El Gobierno aprueba mañana la subida del IVA, los recortes a los funcionarios y la reforma de la Administración Local  La Diputación de Guipúzcoa no aplicará los recortes de Rajoy  Cayo Lara exige al Gobierno que recorte los presupuestos de la Casa del Rey y la financiación de la Iglesia  El Gobierno crea un fondo para aliviar los vencimientos de deuda de las CCAA  Las comunidades tendrán que reducir el déficit al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014  Hacienda impone otro ajuste de 8.000 millones a las autonomías ACTUALIDAD  Los funcionarios ponen fin a su protesta por los recortes  Detienen al exconsejero de la Generalitat Jordi Ausàs en una operación de contrabando de tabaco  Aprobado el Plan Económico y Financiero de reequilibrio de Asturias de 498 millones OPINIÓN  Una subida que despierta poca confianza CULTURA  Gismonti y Amaral, dos propuestas muy distintas en la recta final del festival ECONÓMIA  Desconfianza más IVA

CÓRDOBA  Urbanismo contará con un nuevo convenio para evitar los despidos  Nieto advierte de la disolución de Sadeco y Aucorsa si no son viables  El comercio alerta de que habrá cierres y despidos con la liberalización horaria  La plataforma rechaza el plan para apadrinar a las familias desahuciadas  El Ayuntamiento mantiene la ayuda de 80.000 euros a familias necesitadas y Servicios Sociales  Cosmos propone una comisión de seguimiento para tratar la incineración ANDALUCÍA  El PP reclama 150 millones de euros a la Junta para colectivos de Andalucía  El PSOE dice que el TC "no da la razón" a los populares al dejar en suspenso la ley antialcaldes  La Junta pide a los bancos que sean rescatados que paralicen los desahucios  La Junta apuesta por basar las estrategias turísticas de futuro "en la sostenibilidad" ESPAÑA  Rajoy dice que no le faltará "determinación" para lograr el "éxito" de un proyecto reformista "sin precedentes"  Hacienda defiende el objetivo de déficit sin lograr consenso  El Gobierno rebajará el salario de sus miembros y la pensión de los ex presidentes y ex ministros ACTUALIDAD  La UCO recurre la suspensión de las jubilaciones al Tribunal de Cuentas  Empresarios temen que el PIB turístico caiga hasta un 1,5% con la subida del IVA OPINIÓN  El Gobierno aprieta a las autonomías CULTURA  Amaral emprende un camino 'Hacia lo salvaje' en el Teatro de la Axerquía INTERNACIONAL  Arafat pudo morir por un veneno desconocido ECONÓMIA

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La economía se contraerá este año por debajo de la media andaluza

Te interesa saber: Manifiesto contra el copago sanitario, el medicamentazo y otros recortes previstos Al Sr. Rajoy y la Sra. Mato, Presidente y Ministra de Sanidad de este Gobierno: Con la ocupación de estas dependencias, el colectivo de Yay@flautas de Córdoba queremos expresar nuestra repulsa y denuncia por las medidas de copago y repago aplicadas a la Sanidad pública, ya sea a través del “medicamentazo”, de los recortes salariales y los despidos del personal sanitario y de medidas de gestión (eliminación de consultas por las tardes en Atención Primaria, retrasos en lista de espera, cierre de quirófanos, disminución de camas, del número de profesionales sanitarios sobre todo en el ámbito rural), que en su conjunto lo único y lo último que persiguen es la privatización de la Sanidad pública y universal. Con el “medicamentazo”, más de 400 medicamentos se han a excluido de la cobertura de la sanidad pública, con lo que aumentarán su precio y la desigualdad entre los ciudadanos, esta medida solo favorece a las multinacionales farmaceuticas. Con el repago de los medicamentos vuelven a cargar sobre las economías de las maltrechas pensiones y los salarios el peso del ahorro, para conseguir unos ingresos que no se atreven con los defraudadores, las grandes fortunas, los bancos, los militares, ... Para este Gobierno los argumentos del copago y del medicamentazo se basan en que el sistema de salud es caro e insostenible, y mienten, porque España cuenta con uno de los sistemas sanitarios más baratos según los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y nuestro gasto sanitario en función del PIB es más bajo que la media de muchos países de nuestro entorno. Para colmo, hoy martes, su Gobierno Sr. Rajoy empieza a reformar la Ley de Dependencia por la parte económica exigiendo a los beneficiarios que paguen más para ser atendidos. Sube el copago por la prestación de servicios y la ayuda a domicilio o los centros de día. Y el incremento es tan notable que para algunos pensionistas supondrá el 20% de la pensión. Habrá que pagar por la tele asistencia, hasta ahora gratuita. También se rebaja la cuantía de las ayudas económicas de las cuidadoras familiares. Algunas caerán hasta los cien euros mensuales. Los menores discapacitados estaban exentos. A partir de ahora para recibir atención tendrán que pagar sus padres. Según el borrador del decreto, si el dependiente va a una residencia, la vivienda computará como aval si su pensión no alcanza para pagar la plaza. Hasta ahora solo se tenía en cuenta la pensión para fijar el copago. Con los cambios, la renta y también el patrimonio. Y solo se librarán del copago las personas dependientes con unos ingresos inferiores a los 400 euros mensuales. Esta reforma se aprobará hoy en el Consejo Territorial. Sr. Rajoy, Sra. Mato: Hay alternativas para evitar este atraco a las familias trabajadoras que pasan por una mejor gestión del gasto farmacéutico, la creación de un gravamen a las grandes fortunas, un impuesto sobre la riqueza y a las transacciones financieras, menos gastos militares,.prohibir los paraísos fiscales, reducir la economía sumergida en 10 puntos,.. No se puede defender a la familia haciéndole la vida imposible. Estamos harto y hartas de que sean fuertes con los débiles y de que no les tiemble la mano para recortar a los de siempre. En Córdoba, a 10 de julio de 2012. Colectivo Yay@flautas de Córdoba (contáctanos en [email protected]).

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El alcalde confía en que haya una alternativa para evitar despidos

El alcalde observa una documentación durante un Pleno

El alcalde, José Antonio Nieto, se refirió ayer por primera vez a la medida prevista por el Ayuntamiento de despedir a 36 trabajadores de los Institutos de Empleo (Imdeec) y Deportes (Imdeco). Lo hizo para puntualizar que aún está abierta la puerta a que no se materialicen las bajas. Ahora bien, igualmente, se mostró rotundo. Si no se llega a un acuerdo con los sindicatos, se llevarán a cabo las bajas. El gobierno municipal anunció el pasado miércoles que se planteaba eliminar 28 puestos de trabajo en el Imdeco y 8 en el Imdeec, si bien señaló que era una medida sujeta a negociación con los sindicatos. La propuesta surgía de la necesidad de cumplir el plan de ajuste aprobado en marzo por el Ayuntamiento para poder acogerse a un crédito para el pago a proveedores (en torno a 23 millones). El documento establece un ahorro anual de casi 7 millones. Y este lunes la comisión de seguimiento de dicho plan de ajuste aprobó esas 36 salidas. Además, el Ayuntamiento tiene abierto el diálogo para rebajar sensiblemente el gasto en personal de la Gerencia de Urbanismo. El regidor recordó que el Ayuntamiento «todavía no ha tenido que hacer ajustes» en su plantilla. Y mostró su confianza en que «exista alguna alternativa» para no tener que ejecutarlos. Por eso, explicó, el equipo que dirige Capitulares está «buscando el entendimiento con los sindicatos». Confesó que «la mayor satisfacción» que podría tener como primer edil sería cerrar el plan de ajuste «sin tener que llevar a cabo ningún despido». Y recalcó esta idea, ya que aseguró que «estamos trabajando en esa línea».

Ahora bien, raudo, lanzó un aviso a navegantes; en este caso, a los representantes de los trabajadores: «Si no se produce un acuerdo, si no logramos que haya una vía alternativa, no nos quedará más remedio que cumplir con las medidas recogidas en la comisión de seguimiento del plan de ajuste». El alcalde aseguró que se trata de «cuadrar el círculo», algo «complicado para nosotros. Se busca el equilibrio de las cuentas públicas manteniendo el cien por cien de la plantilla», apostilló.

Críticas de Durán Estas declaraciones supusieron que el portavoz municipal socialista, Juan Pablo Durán, lanzara un duro reproche al regidor. Le acusó de «haber perdido la noción de la realidad». «No se entera de que ha despedido ya a trabajadores; entre ellos, ordenanzas, empleados de Vimcorsa y del Zoo. Van a echar en el Imdeec y el Imdeco y en la Gerencia de Urbanismo», aseguró. Obvió que, en el caso de Vimcorsa, se trata de tres empleados inscritos en puestos de confianza del PSOE en el anterior gobierno local y que las dos salidas del Zoo se deben a sentencias. El regidor por su parte añadió que los trabajadores del Instituto de Deportes le plantearon el martes al gobierno municipal una serie de propuestas «interesantes, que estamos estudiando». Para lograr la rebaja de un millón que prevé el plan de ajuste en este órgano municipal, plantearon la eliminación de una paga y media extra -ahora perciben tres y media-; y flexibilizar su jornada y sueldos. Se da la circunstancia de que medidas como la reducción de las pagas extra ya fue planteada en su día por los responsables del Imdeco, pero los trabajadores se negaron a ello.

Día clave en Urbanismo El del Instituto de Deportes no es el único frente laboral en el Ayuntamiento. La Gerencia de Urbanismo también tiene abierta una negociación para lograr una reducción del gasto de personal de 2,5 millones, prevista igualmente en el plan de ajuste. Su mesa general de negociación se reunirá hoy, con la plantilla dividida entre la posición del personal laboral unos 100 trabajadores- y los funcionarios -sobre medio centenar-. El motivo de la discrepancia es que el personal laboral, en manos de UGT, ha mostrado su disposición a adaptar su convenio al del Ayuntamiento. Eso supondría una importante rebaja de los gastos del capítulo de personal: unos dos millones, lo que permitiría evitar despidos. Sin embargo, los funcionarios creen que hay otras vías para lograrlo. De hecho, como adelantó ABC, hoy se presentará en la mesa de negociación un documento con las firmas de la mayoría de los funcionarios en el que se advierte al Ayuntamiento de que la ley del Estatuto del Empleado Público les reconoce las mejoras salariales y los derechos que han adquirido estos años en la Gerencia, incompatibles, según ellos, con la rebaja que se les plantea. CSIF es mayoritario en la junta de personal (funcionarios) de Urbanismo, pero la mesa de negociación la controla UGT por su mayoría en el comité de empresa (personal laboral). A esto hay que sumar que el consejo de la Gerencia aprobó ayer los nuevos estatutos por los que dejará de ser un organismo autónomo municipal para transformarse en una agencia

pública administrativa local. En ese proceso devolverá competencias importantes al Ayuntamiento, como el departamento de Proyectos o Disciplina Urbanística. Todo apunta a que ello supondrá traslados al Consistorio. La luz verde a los nuevos estatutos, que debe aprobar definitivamente el Pleno del día 27, se concretó sólo con el voto del PP. El PSOE se abstuvo, con reserva de voto para el Pleno y advirtió de que falta la documentación que exige la normativa andaluza. IU y UCOR también se abstuvieron.

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Promotoras entregarán 353 pisos al lograr enganche de luz

Una pareja pasea por una de las promociones que se han visto afectadas por la falta de enganches de luz

La Gerencia de Urbanismo concedió ayer licencia de primera ocupación a 353 viviendas, cuya entrega estaba bloqueada por no lograr el enganche de luz. Su situación saltó al primer plano a finales de junio, cuando la Asociación de Constructores de Córdoba anunció que estudiaba denunciar ante la Fiscalía a Sevillana-Endesa y la Gerencia por la situación de varias promotoras que no podían culminar la transacción de los pisos a sus propietarios al no conseguir que se los dotara de electricidad. En concreto, Urbanismo informó de que se había otorgado la licencia de primera ocupación a 40 VPO de una promotora y 26 viviendas de autopromoción en el plan parcial O-1 (Arruzafa), así como para 241 VPO de una constructora y 73 de autopromotores en el O-7 (Prolongación de Zoco). El permiso se concedía tras haberse solventado los problemas para el suministro eléctrico. El obstáculo en estos planes parciales es que necesitan de un enganche provisional, porque aún no se ha construido la subestación eléctrica de Poniente. Es la que debe dar suministro a dicha área y está contemplada en el Plan Especial de Infraestructuras Eléctricas (PEIE) de la ciudad de 2004. Sin luz, Urbanismo no podía autorizar la ocupación.

Junta directiva Posible litigio La Asociación de Constructores decide hoy si lleva a la Fiscalía a Endesa y Urbanismo La construcción de la subestación de Poniente se paralizó en 2008 por impagos de las juntas de propietarios que se iban a beneficiar de ella. En 2011, se recalculó su presupuesto por la actualización de costes y los trabajos arqueológicos, y hubo juntas de compensación (propietarios) que recurrieron las nuevas cifras. Hace mes y medio, se llegó a otro compromiso para su impulso. Se reanudaron las obras y está previsto que esté lista para diciembre. Desde la Asociación de Constructores, su secretario general, Francisco Carmona, valoró ayer de manera «positiva y muy favorable» que se hubiera desbloqueado esta situación, que se venía arrastrando desde

finales de año. Eso sí, reiteró sus críticas por lo sucedido hacia Endesa y Urbanismo. De la compañía eléctrica, dijo que «no había mostrado el interés que se exigía» para solventar este problema. En cuanto a la Gerencia, le reprochó que no hubiera cumplido su obligación de velar en las cuestiones urbanísticas. Carmona señaló que ya se ha resuelto el grueso de viviendas pendientes de entregar por la falta de enganches provisionales de luz, aunque matizó que aún queda un pequeño paquete de pisos afectados por esta situación. Explicó que la Asociación de Constructores tiene hoy una junta directiva en la que analizará si sigue adelante o no con su intención de llevar el caso a la Fiscalía. A finales de junio, esta patronal apuntó que Endesa podía haber cometido un delito de coacciones. La acusó «de demorar de manera intencionada la solicitud de enganches para imponer a las constructoras unas acometidas más gravosas en lo económico». La compañía eléctrica, en esa fecha, mostró su sorpresa al creer que todo estaba encarrilado para la solución de este conflicto. Por su parte, el edil de Urbanismo, Luis Martín, eludió ayer cualquier polémica. No se pronunció sobre la decisión que adopte la Asociación de Constructores en cuanto a la Fiscalía, pero sí quiso resaltar que «hemos trabajado por los vecinos, los propietarios; con la sensibilidad especial de que eran de VPO y de autopromoción».

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La Junta promete ahora iniciar en la legislatura la Ciudad de la Justicia La fecha para que las máquinas comiencen a trabajar en el solar de Arroyo el Moro que acogerá la Ciudad de la Justicia es todavía una incógnita. El consejero del ramo, Emilio de Llera, que ayer se reunió en Córdoba con las autoridades judiciales, no hizo sino arrojar más dudas sobre el proyecto. En declaraciones a los periodistas, confirmó la información adelantada por ABC sobre los problemas de financiación que están teniendo las empresas adjudicatarias, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las compañías Corsán-Corviam Construcción, S.A.Copcisa Industrial y S.L.U-Detea, S.A. -esta última, en preconcurso de acreedores-. Para tratar de propiciar que la infraestructura no siga estando en el aire, la Administración autonómica está estudiando la fórmula legal para ampliar el plazo que tiene la UTE adjudicataria para comenzar las obras, siempre y cuando las empresas encargadas de la construcción del complejo judicial no encuentren financiación antes del próximo 23 de julio, fecha en la que se cumplen cuatro meses de la firma del acuerdo para la ejecución y explotación de la futura infraestructura. «De todas maneras -señaló De Llera- tendremos que estudiar muy seriamente las condiciones legales y contractuales en que se hizo la adjudicación, porque si la UTE no obtuviese la financiación necesaria, tendríamos que acudir al siguiente postor», señaló. En este sentido, la sociedad adjudicataria ha trasladado a la Consejería que está negociando actualmente con varias entidades financieras para poder contar con el apoyo financiero necesario para comenzar las obras bajo la fórmula de colaboración público privada. En la actualidad, la Consejería, a solicitud de la sociedad adjudicataria, está procediendo a la modificación de los pliegos de contratación para permitir un cambio el accionariado de la sociedad encargada de ejecutar las obras, tras la entrada en preconcurso de acreedores de Detea, de manera que Corsán-Corviam Construcción S.A.-Copcisa van a hacerse cargo de las acciones correspondientes a Detea en la sociedad. La concesión de la explotación del inmueble se realizae a la empresa constructora por un máximo de 25 años tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. Durante este periodo la Junta abonará a la empresa un alquiler anual que rondará los 8,4 millones de euros por el uso de las instalaciones que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.

Asistencia a presos Si el comienzo de las obras es una incógnita, más lo es su finalización. Pese a ello, De Llera dijo ayer que «pongo la mano en el fuego y mucho más por que se construya. Estoy convencido de que se construirá. En esta legislatura se iniciará por lo menos. El momento que atravesamos es muy difícil, pero estoy convencido de que acabará consiguiéndose esa financiación». Cabe recordar que éste es el séptimo consejero del ramo que anuncia la concl usión de la Ciudad de la Justicia. Ya lo hicieron en su día Carmen Hermosín, María José López,

Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro y Francisco Menacho, sin que, de momento, se haya colocado la primera piedra de la infraestructura. En otro orden de cosas, De Llera señaló que no tiene «buenas sensaciones» sobre la reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp), que está suspendido desde abril porque el Gobierno central no lo ha renovado. El consejero apuntó que es el Ministerio de Hacienda el que no da el visto bueno para que el Ministerio del Interior conceda a la Junta de Andalucía el gasto del dinero presupuestado para tal fin.

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Zoido apela a la unidad del PP-A para lograr el objetivo «de gobernar Andalucía»

Juan Ignacio Zoido, a su llegada ayer a las instalaciones del Jardín Botánico acompañado por Nieto

El alcalde de Sevilla y futuro presidente del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, apeló ayer en Córdoba a la unidad del partido para conformar un «mensaje unido y claro» que contribuya al futuro del partido a nivel regional, que no es otro que «no sólo ganar las elecciones, sino gobernar en Andalucía». Así lo afirmó en el transcurso de su participación en la Junta Directiva Provincial del PP cordobés, donde Zoido continuó su reciente periplo por las distintas provincias andaluzas, como paso previo al XIII Congreso regional del PP-A, que se celebrará este fin de semana en Granada, en donde se presenta como único candidato a la presidencia de los populares andaluces. En concreto, y ante la plana mayor del partido a nivel provincial y una mayoría de los 135 compromisarios cordobeses que acudirán al citado Congreso regional, Zoido pidió la ayuda del PP cordobés para seguir ganando la confianza de los ciudadanos «pueblo a pueblo, y provincia a provincia»; continuando así, como él mismo resaltó, con la labor desarrollada durante los últimos años por el hasta ahora presidente del PP-A, Javier Arenas.

Apoyo sin fisuras En este sentido, Juan Ignacio Zoido explicó a los asistentes que este Congreso regional debe servir para demostrar a los andaluces «que somos uno más y no una casta distinta», y que el cónclave de los populares también debe mostrar a los ciudadanos que «estamos para resolver

los problemas de la gente, y no para debates estériles como ocurre en el PSOE, que ostenta el poder en Andalucía, pero no gobierna», aseguró el futuro presidente regional de los populares. Tras hacer hincapié en su lema «nada es imposible», del que dijo que el PP de Córdoba es un claro ejemplo tras haber alcanzado la Alcaldía de la capital y la Diputación Provincial, el futuro presidente popular andaluz centró también su intervención en resaltar la figura y el trabajo desarrollado durante estos últimos años por Javier Arenas, «que ha conseguido que el PP sea un partido ganador en Andalucía», destacó. Previamente, el presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, cerró filas en torno a la candidatura de Zoido, pidiendo a los populares cordobeses que vayan «en bloque al congreso regional de Granada para debatir sobre el futuro del partido y para apoyar a nuestro futuro presidente». De igual manera, la presidenta de la Diputación Provincial, María Luisa Ceballos, intervino ante el aforo señalando a Zoido que «el Partido Popular de Córdoba va a estar contigo”. Sin fisuras entre los asistentes, que hasta en dos ocasiones interrumpieron con aplausos el discurso del alcalde de Sevilla, el también alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, resaltó la trayectoria política del candidato, afirmando no tener «ninguna duda» de la idoneidad de Zoido como futuro presidente del PP-A. De esta manera, José Antonio Nieto alejaba así de Córdoba las voces críticas que se han escuchado en el distintos sectores del PP en otras provincias andaluzas sobre cierto centralismo en torno al PP de Sevilla que supone la candidatura de Zoido, que como nuevo secretario general y número 2 del partido andaluz ha elegido al también alcalde del municipio sevillano de Tomares, José Luis Sanz.

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Médicos del Reina Sofía apoyan una huelga contra el SAS Los usuarios se encontrarán con una huelga médica tras las vacaciones de verano si el SAS no lo remedia. La asamblea celebrada ayer en el Hospital Reina Sofía por el personal del centro, fundamentalmente médicos y enfermeros, aunque está abierta y representa a todos los empleados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como celadores, administrativos o personal de mantenimiento, apoyó «el sentir general» del colectivo sanitario y dio su apoyo a una huelga, tal y como informó ayer a ABC el portavoz de los médicos en esta asamblea, Julio Ortega. La medida de presión no se realizará hasta septiembre ya que, tal y como apuntó Ortega, «no tiene mucho sentido hacer una huelga ahora, cuando estamos con servicios mínimos, con lo que no se notaría apenas», indicó el facultativo. Además, en vista de que hay muchos médicos de vacaciones, «vamos a esperar hasta septiembre para estar todos unidos, no queremos tomar una medida tan drástica como una huelga sin el apoyo de todos». La idea es coordinarse con todos los hospitales andaluces para secundar el paro del sector. El apoyo a esta medida es consecuencia, a juicio del portavoz médico de la asamblea, de la postura «intransigente» de la Junta de Andalucía a la hora de negociar la aplicación del decreto que regula los recortes laborales y salariales en el sector sanitario. Fundamentalmente, el punto de mayor fricción y donde no se ha llegado a día de hoy a ningún acuerdo, es en la forma de aplicar la jornada de 37,5 horas semanales. En este punto, el Sindicato Médico ya denunció que había un «recorte oculto» al pretender el SAS que los profesionales trabajaran esas 2,5 horas de más a la semana a costa de las guardias y de sus jornadas extraordinarias pero sin retribución, lo que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo. De hecho, según fuentes consultadas por ABC, los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Córdoba están estudiando el decreto de la Junta que establece la prolongación de la jornada ya que, a su juicio, podría incurrir en la ilegalidad al establecer que sea de forma voluntaria trajabar las 2,5 horas de más a la semana. El caso es que «el SAS no lo está poniendo muy difícil, porque lo que quiere es acumular horas para que vengamos a trabajar por las tardes; eso es ineficaz, tendrían que estar todas la consultas abiertas y perjudica a mucha gente».

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APDH critica a la Junta por falta de coherencia en sus desahucios La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) denunció ayer la falta de coherencia que la Junta de Andalucía está manteniendo en política de desahucios administrativos en la comunidad autónoma. El delegado del colectivo, Valentín Aguilar, que presentó un informe sobre la situación de la vivienda social en Córdoba, criticó que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, «haga declaraciones en contra de los desahucios que las entidades financieras están llevando a cabo en el mercado libre, cuando su Administración está haciendo exactamente lo mismo en los casos de vivienda social». Y es que a día de hoy, según manifestó Carlos Arce, abogado de APDH-A, «los expedientes abiertos se siguen tramitando, no hay ninguna orden en contra dada después de estas declaraciones», como avanzó ABC. Los casos de desahucio de la Junta que han llegado a la asesoría jurídica de APDH-A en los dos últimos años suman un total de 40 expedientes en Córdoba. «Muchos se han llevado a término y otros están en proceso», manifestó Arce, quien señaló que la principal causa de desahucio administrativo es la falta de pago de las rentas.

Deuda de 3.000 euros En este sentido, la Asociación Pro Derecho Humanos de Andalucía aseguró que la Junta está tomando como primera opción el desahucio, obligando al pago íntegro de la deuda, de unos 3.000 euros de media, en el plazo de 15 días, sin posibilidad de fraccionamiento, lo que «no soluciona nada, puesto que las personas desahuciadas volverán a llamar a la puerta de la Administración solicitando acceder a otra vivienda», afirmó Aguilar. En el estudio realizado sobre vivienda social, centrado en los barrios de Las Moreras, Las Palmeras y Guadalquivir, APDH-A señala que el stock de vivienda social, es decir, aquella destinada a las familias con rentas más bajas y por debajo del Iprem (Indicador Público de Renta), es de unas 20.000, lo que representa un 7 por ciento en el total de viviendas programadas por el Pacto Andaluz por la Vivienda para el periodo 2008-2017. Un porcentaje totalmente insuficiente si se tiene en cuenta que en Córdoba hay más de 27.000 personas que no reciben ningún recurso público, 17.500 de ellas residen en los barrios de Las Moreras, Las Palmeras y el Guadalquivir, donde la tasa del paro es del 70 por ciento. Otra de las conclusiones del estudio es la falta de transparencia en la adjudicación de este tipo de viviendas: «Los principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia brillan por su ausencia, y las adjudicaciones se llevan a cabo de un modo aparentemente arbitrario». Entre otras cosas porque es EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía, perteneciente a la Junta) la que resuelve los procedimientos, cuando «sólo es competente para la tramitación administrativa y el mantenimiento de las viviendas», según la normativa. Carlos Arce manifestó que desde la Consejería de Fomento y Vivienda se les reconoció que la titularidad de la competencia de adjudicación de viviendas sociales la ostentan los ayuntamientos a través de los registros públicos municipales, por lo que espera que «se acabe pronto con la actual confusión administrativa y se adopten baremos a través de informes de los

servicios sociales», que acreditarán los requisitos exigidos para obtener una vivienda de estas características. Para esta asociación es fundamental que en este periodo de crisis se desvincule la vivienda con el concepto de propiedad y se impulse el derecho al uso con políticas que fomenten el alquiler y se garantice el acceso. Para APDH-A, es «absurdo que haya viviendas vacías por desahucios y personas en la calle demandado una».

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El PP-A pide a Griñán que gobierne en lugar de criticar las medidas del Gobierno

Tarno respondió a las declaraciones de José Antonio Griñán

El vicesecretario general del PP-A y presidente del comité organizador del 13 congreso del partido, Ricardo Tarno, demanda al Gobierno de José Antonio Griñán que, en lugar de criticar las medidas que ha anunciado el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, se dedique a gobernar y a adoptar las reformas necesarias para que Andalucía salga de la crisis económica. En rueda de prensa, Tarno ha manifestado que una vez que ha pasado el congreso regional del PSOE-A, Griñán tendrá que dedicarse a gobernar y a tomar decisiones. "¿O es que las va a seguir aplazando eternamente?", se ha preguntado el dirigente popular, para quien es sorprendente que quienes han sido "incapaces" de adoptar reformas de calado o de adelgazar una administración andaluza en la que sobran muchos altos cargos se atrevan ahora a criticar a los que tienen "valor y capacidad" para tomar decisiones y hacer reformas. Tarno también ha criticado a los dirigentes socialistas que a través de las redes sociales se dedican a "alentar protestas y manifestaciones" contra el Gobierno no solo en Andalucía, sino en toda España. Ha apuntado que esos "hooligans" deberían tener más responsabilidad porque forman parte de un partido que gobierna en Andalucía. "El PSOE tiene la obligación de ser un partido responsable", ha sentenciado Ricardo Tarno, quien ha advertido a los socialistas de que es muy complicado ser gobierno y oposición al mismo tiempo. El también diputado en el Congreso por Sevilla ha señalado que la política de reformas que ha anunciado Mariano Rajoy es imprescindible para que España salga adelante y ha apuntado que se han tomado medidas que el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no fue capaz de adoptar. Ha insistido en que lo que Rajoy anunció ayer ante el Pleno del Congreso es consecuencia del "desgobierno" de los ocho años de Rodríguez Zapatero, por lo que ha estimado que muchos socialistas deberían estar en estos momentos "avergonzados en sus casas". Asimismo, Ricardo Tarno, preguntado sobre los aplausos de los diputados del PP durante la intervención de Rajoy ante el Congreso, ha indicado que se le aplaudió cuando anunció la reducción de concejales y cuando dijo que los miembros de la Cámara Baja también iban a ver reducidos sus sueldos. Ha querido dejar claro que el 13 congreso del PP-A que se celebra a partir de este viernes en Granada va a defender la labor que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar la crisis económica.

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La Junta estudia cómo aplicar la nueva bajada de sueldo a los empleados públicos

Protesta de funcionarios frente a una sede de la Junta de Andalucía

El anuncio por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de plantear un recorte en la paga de Navidad de los empleados públicos de todas las administraciones ha llenado de preocupación a los funcionarios andaluces, que ya han sufrido una bajada de su salario de un 5% de media a causa del decreto de medidas de ajuste de la Junta. Sin embargo, los empleados públicos andaluces tendrán que esperar hasta el fin de semana para conocer cómo les afectan estas medidas, porque el Ejecutivo andaluz esperará a la publicación en el BOE del decreto para tomar alguna decisión al respecto. Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se señala que la medida afectará a todas las administraciones, incluidas las que ya han tomado la medida de bajarle el sueldo a los trabajadores públicos, como es el caso de Andalucía. Los funcionarios que trabajan para la administración autonómica yahan sufrido el recorte del 5% de sus sueldos en virtud de un decreto ya en vigor aprobado por el Gobierno de coalición PSOE-IU y que ahora está en fase de tramitación como proyecto de ley en el Parlamento andaluz. Esta reducción de sueldo estaba prevista aplicarla en las dos pagas extras, la de verano y la de Navidad, si bien la Junta ha abonado la paga de verano antes de la entrada en vigor del decreto, por lo que se prorrateará este recorte en las nóminas mensuales. No obstante, sí estaba previstorecortar la paga de Navidad para compensar la reducción del 5%, una medida que ahora será necesario modificar. En cualquier caso, las comunidades autónomas conocerán de primera mano el alcance del recorte durante la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un foro en el que están representadas responsables de aquellas y del Gobierno de España.

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El PSOE acusa al PP de querer eliminar a la oposición de los ayuntamientos El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha acusado hoy al PP de "criminalizar a los concejales y a los pequeños municipios" culpándolos de la deuda española y de intentar "eliminar a la oposición" de los consistorios de menos de 20.000 habitantes. En rueda de prensa, el dirigente del PSOE ha arremetido contra la decisión del PP de reducir un 30 % el número de concejales en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, y que en Andalucíasupondrá unos 2.500 concejales menos en unos 600 municipios. Ha argumentado que la mayoría de los concejales "no cobra ni un céntimo" por desarrollar su función y, por tanto, el gobierno "miente" cuando dice que la eliminación de concejales supondrá un ahorro de unos 3.500 millones. En su opinión, el Partido Popular quiere eliminar a los pequeños municipios concentrando todo el poder en las diputaciones mediante tres acciones: la intervención económica, la retirada de competencias y la reducción de concejales. Esta última iniciativa supone un "atentado a la autonomía municipal", según Conejo, quien ha criticado al presidente de laFederación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, por no haber alzado la voz en defensa del municipalismo. "Es la mayor agresión a la historia del municipalismo del país y el presidente de la FEMP está al servicio del interés del Partido Popular, y sacrifica a los ayuntamientos a cambio de la presidencia del PP andaluz", ha censurado el dirigente socialista. Además, ha criticado a Zoido por acumular tres cargo, el de alcalde de Sevilla, presidente de la FEMP y parlamentario andaluz, y ha añadido que si dejara algún cargo "sí supondría un ahorro". El dirigente socialista ha expresado el rechazo del PSOE a los recortes anunciados ayer por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, porque van a "empobrecer a la clase media", y ha afirmado que el PSOE andaluz se "sintió perfectamente representado" con el discurso del secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. En su intervención ayer en el Congreso Rubalcaba demostró que es un "hombre de Estado" y la "responsabilidad del principal partido de la oposición", a diferencia de cuando el PP no estaba en el poder, ha afirmado Francisco Conejo.

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División de reacciones políticas ante la reforma local que aprueba hoy el Gobierno

Comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para anunciar el paquete de medidas

Desde amenazas con recurrir al Tribunal Constitucional hasta muestras de total apoyo y comprensión. Esas son algunas de las reacciones que ha desatado el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de reducir un 30 por ciento del número de concejales. La medida, que se hará efectiva en 2015, y con la que el Ejecutivo pretende ahorrar 3.500 millones de euros, ha hecho que muchos se ya se pronuncien antes incluso de obtener una mayor concreción por parte del Gobierno.

A favor El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, quien ha afirmado: «Vivimos tiempos difíciles, hay que apretarse el cinturón y los políticos tenemos que predicar con el ejemplo». Según Zoido, con esta reforma se van a terminar «los chiringuitos que sólo han servido para colocar a amigos y políticos sin otra ocupación». Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, también ha apoyado la medida porque «hay un acuerdo general» para reducir «el coste de las administraciones», a la vez que ha comentado que es «una línea de largo alcance y habrá que esperar a conocer en profundidad las medidas a su alrededor». Otros regidores han mostrado su apoyo al Gobierno, como ha sido el caso de los regidores de Almería y Huelva, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y Pedro Rodríguez, respectivamente, al entender que este recorte de concejales es comprensible y acertado.

En contra El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha anunciado que su partido combatirá la reforma de los entes locales anunciada por Rajoy «por tierra, mar y aire» y «si llega el caso»en el Tribunal Constitucional. En su opinión , rebajar el número de concejales implica también «cercenar» la representatividad de los grupos minoritarios y conseguir «el bipartidismo perfecto».

Quien también se ha pronunciado en contra es el regidor toledano,Emiliano García-Page. El también senador socialista considera que el Ejecutivo persigue «laminar el pluralismo político de manera extraordinaria» y «consolidar sus mayorías absolutas». Según el alcalde de Pamplona, de Unión del Pueblo Navarro, Enrique Maya, no existe la «necesidad» de mas controles externos porque el sistema en Navarra es «transparente y honrado» y ya el número de concejales «está bien».

Posturas con matices Desde Valencia, la alcaldesa Rita Barberá, ha comentado que el «sacrificio que se le exige al mundo local probablemente hay que hacerlo», pero ha pedido que sea «más equitativo» y se reparta con la administración general y las comunidades. Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se ha mostrado prudente y ha comentado que todavía «hay que ver la letra pequeña» de estas medidas, que espera que sean negociadas con la Femp. En este sentido, también creen que hay que mirar la «letra pequeña» el Gobierno vasco y la asociación de municipios Eudel. Desde Cataluña, las asociaciones de municipios han coincidido en señalar que los ajustes en el mundo local no van a conllevar el ahorro que prevé el Ejecutivo porque se «trasladará» a otros organismos. El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, ha declarado que «estamos a favor de la reducción de cargos públicos, de coches oficiales y privilegios» pero «no con medidas que además de no conseguir ahorro económico importante lo que pretenden esdificultar el acceso de otros partidos a las instituciones».

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Dos comunidades del PP se abstienen en la votación de los nuevos límites de déficit

Cristobal Montoro, en el Congreso de los Diputados durante el anuncio de los recortes

Tarde tensa en el Ministerio de Hacienda. El ministro del ramo, Cristóbal Montoro, ha iniciado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dando la bienvenida a los consejeros de Economía de las comunidades autónomas con una severa advertencia: el Gobierno no trasladará a las regiones la prórroga concedida por Bruselas a España para la consolidación fiscal, que retrasa hasta 2014 la rebaja del déficit público hasta el 3% del PIB, mientras que en este año ese objetivo se relaja del 5,3% al 6,3%. Es más, el ministro ha pedido más ajustes. Las autonomías piden todo lo contrario y se han rebelado. Incluso dos gobernadas por el propio Partido Popular: Extremadura y Castilla y León, que se han abstenido en la votación de los nuevos límites propuestos por el Ejecutivo popular.Asturias, Canarias, Andalucía y Cataluña han votado en contradel déficit 2013. Los ejecutivos regionales solicitaban que el objetivo de déficit que Hacienda les impuso para este año, del 1,5% del PIB, se elevase al 2%. Montoro se ha negado. Como ya avanzó ayer en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la flexibilidad concedida por la Comisión Europea será empleada solo por el Estado para amortiguar el encarecimiento de su financiación y la situación de las cuentas de la Seguridad Social. Más aún: el ministro ha planteado a las regiones un techo de déficitpara el próximo ejercicio del 0,7% del PIB, frente al 1,1% previsto, y del 0,1% en 2014, frente al 1% negociado por las comunidades con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Las exigencias Las comunidades han mostrado un profundo malestar. Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias han votado en contra de esos nuevos límites de déficit. Galicia, Extremadura y Castilla y León, gobernadas por el PP, se han sumado al grupo de los díscolos. Finalmente, la primera de ellas ha votado a favor de la propuesta de Hacienda, mientras que las otras dos se han abstenido. A cambio, eso sí, exigirán a Moncloa que avance en la normativa que les permita hacer más recortes en Sanidad y Educación para poder cumplir con los nuevos objetivos, según fuentes cercanas a la reunión. Montoro se ha defendido de las críticas de los consejeros autonómicos recordando que el Programa de Estabilidad 2012-2015 diseñado por su gabinete el pasado mes de abril ya

contemplaba unos límites de déficit para los dos próximos años del 0,5% y el 0,3%. En este sentido, les ha explicado que los nuevos techos suponen, en cierto modo, una relajación. Sin embargo, las regiones han contestado al ministro que esas cifras nunca fueron ni debatidas ni aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y que las últimas cifras sobre la mesa para 2013 y 2014 eran las acordadas con el Ejecutivo socialista. Para esta reunión ya se esperaba un endurecimiento de las posiciones del Gobierno popular, y que a cambio presentaría a las comunidades un mecanismo de financiación para aliviar sus tensiones de liquidez. Sin embargo, Montoro y su equipo todavía no han decidido como instrumentalizarlo, si con «hispanobonos», avales o un fondo. Por lo tanto, su creación se ha caído del orden del día y su aprobación queda pendiente para próximas reuniones.

Aviso por desvíos en los planes Por otro lado, según ha avanazado Montoro, el Gobierno ha concretado el mecanismo para aliviar las dificultades de las comunidades autónomas a la hora de financiarse en la creación de un fondo que atenderá determinados vencimientos de las comunidades autónomas. Este fondo atendrá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera «excepcional» y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario. Cabe destacar también que Hacienda ha lanzado este mismo jueves unprimer aviso a ocho comunidades por desvíos en sus planes económico-financieros, a tres de ellas por dudas sobre la información proporcionada y a otras cinco por haber incumplido los compromisos adquiridos para no desviarse de los objetivos de déficit. Así lo han revelado a Efe fuentes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que las comunidades autónomas -que no han sido identificadas- habrían recibido el apercibimiento de manera individual y discreta. Se trata de un primer apercibimiento que según la ley de Estabilidad Presupuestaria podría acabar, en caso extremo, en intervención.

Fase de negociación El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado en la rueda de prensa que había «advertido» a «varias comunidades autónomas» de que estaban poniendo en «riesgo" el objetivo de déficit para 2012, por lo que se les ha requerido para que «inicien las correcciones» pertinentes. Montoro se ha negado a facilitar públicamente el nombre de las comunidades autónomas, ya que ahora se inicia un proceso «bilateral» de negociación con el Ministerio. «No se trata de hacer una publicidad que incida negativamente en nadie», ha dicho. El Gobierno lanza un «mensaje claro y contundente» con esta acción, con el que garantiza que todas las comunidades autónomas cumplirán el 1,5 % del PIB de déficit en 2012.

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El Gobierno se reducirá el sueldo la parte proporcional de la paga extra de los funcionarios

Reunión del Consejo de Ministros, presidido por Rajoy

Los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy se reducirán el sueldo la parte proporcional a la paga extra de Navidad que se va a suprimir a todos los empleados públicos, según han adelantado a Europa Press fuentes gubernamentales. El PSOE, Izquierda Unida y UPyD han exigido este jueves a Mariano Rajoy y sus ministros que se bajen el sueldo entre un 7 y un 8 por ciento, en consonancia con lo que exigen a los funcionarios, dado que los miembros del Gobierno no tienen paga extra como la que se va a quitar en Navidad a los empleados públicos. Fuentes del Palacio de la Moncloa han asegurado a Europa Press que enel decreto ley que va a aprobar este viernes el Consejo de Ministros está prevista una reducción de salario «en la parte equivalente» a la paga extra.

El PP: «Nos alegra saber que al PSOE le parece buena idea» El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, considera que el PSOE y UPyD están de acuerdo con la propuesta de Mariano Rajoy de quitar la paga extra de Navidad a los empleados públicos cuando solicitan que esta medida se extienda también a los ministros. «Si le piden eso al Gobierno es porque están de acuerdo. Nos alegra saber que les ha parecido una buena idea», ha declarado Hernando. Además, se ha mostrado convencido de que los ministros también se verán afectados por ese recorte porque el jefe del Ejecutivo dijo ante el Pleno que se aplicará a los altos cargos de la administración.

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«¿Qué espera EA, que condenemos los atentados?»

Los cargos de Amaiur el día de su acreditación en el Congreso

«No vamos a entrar en la guerra de los conceptos. Lo que decimos es que es inadmisible cualquier violación de los derechos humanos y todas las injusticias sin ningún tipo de excepciones». De esta forma eludió el representante de EA en Amaiur, Rafael Larreina, condenar el pasado día 10 el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen quince años de aquella salvajada. Larreina no hacía sino seguir al dictado el «manual interno» diseñado por ETA que recoge cómo deben responder los representantes de Sortu, Bildu o Amaiur ante los atentados terroristas. «¿Qué espera EA, que la izquierda abertzale empiece a condenar los atentados, así, sin más? ¿Y si la izquierda abertzale no condena?, entonces, ¿deshacer la coalición? ¿Esa es una propuesta seria?», planteaba una banda desafiante en ese documento elaborado cuando se gestionaba la alianza entre los herederos de Batasuna y el partido que dirige Pello Urizar. «Yo, personalmente, he condenado muchísimas veces» aquel hecho, añadía un compungido Larreina en esa comparecencia del pasado día 10, en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, condenó esa y otras muchas acciones terroristas hasta que la «izquierda abertzale» absorbió EA y la banda impuso su «libro de estilo».

El mismo silencio cómplice en Elorrio En el mismo manual, la organización criminal ordenaba a Sortu, Bildu y Amaiur «denunciar cualquier violación de los derechos humanos, incluidas las ekintzas (atentados) de ETA» con la pretensión de diluir cincuenta años de terror en una perversa teoría del «conflicto» con dos partes enfrentadas. Pues bien, la disciplina de Larreina a la hora de interpretar el guión impuesto por la banda, no puede ser más firme. «Como Amaiur, nos ceñimos a lo que establece la Declaración de Ayete, que establece en su tercer punto que hay que acabar con las injusticias», y la coalición muestra «su respeto total por todas las víctimas sin excepción, y por todas las personas que han sufrido la violencia sin excepción». Un día después, los conccejales de Bildu en Elorrio, localidad vizcaína próxima a Ermua, se negaron también a condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, a requerimiento del edil del PP, Carlos García, siguiendo las mismas consignas dictadas al respecto por ETA. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ya ha solicitado al Ayuntamiento que le remita las actas de ese Pleno.

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Los funcionaros protestan contra los ajustes frente al Congreso y la sede del PP

Los funcionarios protestan frente a la sede del PP en Génova

Azuzados por los sindicatos y tras las medidas de ajuste anticipadas este miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, funcionarios y empleados públicos madrileños han salido esta mañana a la calle como forma de protesta por quedarse sin la próxima paga extra de Navidad o por la pérdida de sus días de libre disposición, entre otras medidas. Hacia las nueve de la noche ponían fin a su protesta tras un recorrido por las calles de la capital que les ha llevado al Congreso, al Palacio de Cibeles donde se ubica el Ayuntamiento de Madrid y a la sede nacional del PP en la calle Génova. Las redes sociales como Twitter bullen desde ayer haciéndose eco de formas de protesta como ésta, o la que surgió de forma espontánea el miércoles a las puertas del Congreso donde muchos funcionarios, empleados públicos y personas que se «escoraron» de la «marcha minera» que recorría la capital española corearon aquello de «¡manos arriba, esto es un atraco!» a la salida de los diputados del tenso Pleno. Decenas de secretarios judiciales han gritado «No a los recortes» en la sede del PP Esta mañana, también con el «aguijonazo» de las convocatorias a través de las redes sociales con hashtags muy espoleados en Twitter como el de #recortes del Gobierno-, un grupo de funcionarios ha cortado el tráfico en La Castellana a la altura de los Nuevos Ministerios de Madrid, un lugar emblemos de la gestión gubernamental. A los pocos minutos, los propios funcionarios y los viandantes han colgado decenas de fotos del paseo central de la ciudad con el tráfico colapsado por la protesta.

Frente a Génova, contra el PP En el lugar se han unido también decenas de funcionarios de la Audiencia Nacional que se han manifestado ante la sede del PP sita en la céntrica calle Génova. Decenas de secretarios judiciales de los Juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia se han posicionado en uno

de los pasos de cebra con semáforo que cruzan la vía y han parado de forma momentánea la circulación al grito de «Queremos turrón y polvorones». Tras cortar el tráfico durante unos veinte minutos, los funcionarios y empleados públicos indignados se han desplazado a la puerta de la sede del PP, que se localiza a sólo unos metros del órgano judicial, donde se han concentrado gritando consignas como «No a los recortes» de Mariano Rajoy.

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El precio de la cultura, en España y en Europa

España es uno de los países con el IVA más bajo sobre los libros impresos

La cultura es gratis. La cultura como mercancía, no tanto. La reciente subida del IVA no afectará a los libros impresos, sometidos al tipo super reducido del impuesto (4%). Tampoco a los periódicos y revistas, pero sí a los libros electrónicos, al cine (desde las salas hasta los DVD), la música (desde los conciertos hasta los CD), el teatro, la danza y el mercado del arte. «El libro en España desde el punto de vista fiscal no está mal», señaló ayer Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). El mismo que, justo después del anuncio de Rajoy, aseguró que el Gobierno había sido «comprensivo».Comprensivo a medias, denuncian los profesionales de la industria cultural a los que sí afecta la subida. El IVA que se aplicará a la música y el cine en directo será del 10% (frente al 8% actual). En el caso de los CD y DVD, gravados por el tipo más alto, pasará a ser del 21%. Es decir, una quinta parte (más) sobre el valor desnudo del producto. Un dedito más en la mano del consumo. El incremento supondrá «un clavo más en el ataúd» de un sector, el del disco, cuyas ventas ha caído un 75% en la última década. La metáfora es de Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, asociación que agrupa a más de 100 productores nacionales. Las quejas de la Federación de Cines de España (FECE) y de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) van por el mismo camino.

Impuestos sobre la cultura en Europa Comparar el «coste de vida» en los países de la Unión Europea requiere tener en cuenta varios factores, entre ellos, el nivel de renta y el índice de precios al consumo. No es eso lo que pretendemos, sino dibujar unaslíneas generales sobre los tipos impositivos que se aplican en Europa a los productos culturales. La Comisión Europea elabora anualmente un estudio sobre las VAT (value added tax, es decir, impuesto sobre el valor añadido) de los países miembros. El último es del 1 de julio de 2012 y recoge los siguientes datos:

Libros físicos y digitales España (4%), Italia (4%) y Luxemburgo (3%) tienen tipos super reducidos para los libros impresos. Sólo están por encima de Irlanda e Inglaterra, que no grava la compra de libros. En el resto de Europa, las tasas alcanzan el 25% en Dinamarca (donde el IVA es

siempre el mismo) y el 20% en Bulgaria. Destaca un dato curioso: en Francia, los libros con contenido pornográfico o que inciten a la violencia soportan más impuestos (el 19,6% en lugar del 7%). El eBook no se considera bien cultural, sino «servicio ofrecido a través de Internet» Europa permite aplicar tipos reducidos a determinados productos, pero el libro electrónico no es uno de ellos. Los eBooks son considerados «servicios prestado por medios electrónicos» y no bienes culturales. ¿El motivo? No están en soporte físico. Francia y Luxemburgo han violado la norma y han empezado a aplicar un IVA reducido a sus libros electrónicos (del 7 y el 3%, frente al 21% de España). La UE ha apercibido a ambos países, que podrían ser sancionados. El sector del libro en España, a través de sus asociaciones profesionales, ha pedido varias veces que la UE estudie la eliminación del impuesto sobre el consumo de libros: «Para leer más, IVA Cero» fue su leitmotiv en 2010.

Espectáculos culturales (música, cine, teatro...) Luxemburgo, uno de los países con las tasas más bajas de Europa, es el único donde las actuaciones en vivo tributan un 3% (el tipo general de este país es del 15%, el más bajo de la UE). El resto de cifras son muy dispares y van in crescendo hasta Reino Unido (20%), Dinamarca (25%) y Hungría (27%). España, con el 10%, se encuentra en mitad de la tabla. La UE permite aplicar IVA reducido a las entradas de «teatros, circos, ferias, parques de atracciones, conciertos, museos, parques zoológicos, salas cinematográficas, exposiciones», pero cada país decide si quiere o no hacerlo. La nota positiva es que, en España, los grandes museos están exentos del IVA en sus entradas (Museo del Prado, Reina Sofía, Thyssen, Macba...). La negativa, que en Reino Unido, por ejemplo, muchos museos son gratis (National Gallery, Tate Modern, British Museum...).

Películas y discos Los productos de lujo tienen el tipo de IVA general, el mismo que los discos La media de los impuestos supera el 21%, tipo que se aplicará en España a partir de agosto. Aunque existen grandes diferencias, desde el 15% de Luxemburgo hasta el 27% de Hungría, es el sector más «homogeneizado». El IVA que soportarán los CD y DVD en España será cinco veces mayor al de los libros. La música y las películas adquiridas legalmente a través de Internet también tributarán al 21%. Tanto Promusicae como la Unión Fonográfica Independiente (UFI) se plantean si el disco grabado no está empezando a tratarse como un «artículo de lujo». Y esto no es una metáfora. Las joyas, las obras de artey las antigüedades están sometidas al mismo IVA que los discos musicales. Absorber el impuesto en lugar de cargárselo a los clientes es una opción. B de Books y laeditorial Rayo Verde han anunciado, por ejemplo, que no reflejarán la subida del IVA en sus precios. La industria cultural deberá jugar sus cartas en una partida difícil para su supervivencia.

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Aumentan los suicidios en Grecia

Un grupo de pensionistas se manifiestan contra el paquete de reformas marcado por el Gobierno griegos

Aunque las últimas estadísticas oficiales son del año 2010, las autoridades griegas están registrando un dramático aumento de los suicidios desde el año pasado. El presidente de los trabajadores del EKAB (Centro Nacional de Ayuda Inmediata, el centro estatal para emergencias) Yánis Júsos, dio a conocer hace tres días que sólo en el mes de junio se registraron 350 llamadas de personas a punto de suicidarse en la zona de Atica (que incluye Atenas y El Pireo), y que de éstos 50 terminaron en suicidio. Júsos explicó que aumenta la preocupación de su servicio viendo que en la primera semana de julio hubo seis llamadas de personas a punto de suicidarse y cinco de ellas lo hicieron. Aunque también insistió en que la mayoría de las personas atendidas sufrían problemas psíquicos. Las últimas estadísticas oficiales registraron 391 «muertes por suicidio o lesiones autoinfligidas» en el año 2009 y un número algo inferior (377 de los que solo 41 fueron mujeres) en el 2010. Estudiando los diez últimos años de los que se tienen datos (2001-2010), las autoridades han destacado que el total de suicidios fué de 3.656, con lo que la media es de 365,6 muertes por suicido por año, es decir uno cada día. Sin embargo, tanto las autoridades como los medios de comunicación consideran que este número ha aumentado el año pasado y en estos primeros meses, aunque no existen todavía datos oficiales. En este semestre se han inscrito muchos nombres en esa negra lista, desde un sacerdote ortodoxo de 35 años en el norte de Grecia pasando por un profesor de universidad de 38 años hasta un estudiante de 23 años y varios jubilados. Las causas se relacionan con las consecuencias de la crisis económica, la falta de trabajo, de futuro profesional y el sentirse desprotegido. Una psicóloga consultada por ABC ha subrayado que hasta ahora los griegos en apuros pedían siempre ayuda a su familia, pero ahora viendo la seriedad de sus problemas sienten que no pueden pedir apoyo a sus familiares que también están sufriendo las consecuencias de una recesión de cinco años y una reducción de ingresos media del 30 por ciento. También empeora la situación el hecho de que el sistema sanitario se está

reformando y poca gente tiene ahora acceso a tratamientos contra la depresión y a consultas con psiquiátras y psicólogos. Hasta ahora era también fácil tener acceso a recetas de medicinas antidepresivas pero ahora ya no se reciben automáticamente en la farmacia sino que en muchos casos hay que pagarlas en el acto mientras que la caja de salud correspondiente devolverá su importe dentro de varios meses. Las autoridades del Ministerio de Salud piensan que Grecia, tradicionalmente con un número de suicidios reducido 2,8 por ciento por cada 100.000 habitantes podría haber superado el 5 por ciento durante 2011 y aun más en el 2012. El suicidio más comentado fué el de un farmacéutico jubilado de 77 años este mes de abril, que se pegó un tiro en la Plaza de la Constitución, dejando claro con un mensaje que se trataba de un suicidio político ya que no quería acabar siendo un peso para su hija y buscar comida en la basura.

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El Gobierno abre la puerta a adelantar la jubilación a los 67 años antes de 2027

Trabajar más para amortiguar la grave situación financiera de la Seguridad Social. Con este argumento el Gobierno justificará ante elPacto de Toledo la necesidad de dar una vuelta de tuerca a la reforma de pensiones aprobada el 1 de agosto de 2011 y adoptar nuevas medidas de recorte del gasto público que apuntalen el sistema, afectado por el fuerte deterioro del mercado de trabajo y la destrucción de empleo. La intención del Ejecutivo es acelerar la aplicación del denominado«factor de sostenibilidad», tal y como anunció Rajoy el pasado miércoles. Es decir, garantizar que la ratio de dependencia del sistema(número de trabajadores sobre el de pensionistas) se mantenga en positivo para asegurar la viabilidad de la Seguridad Social. Adelantar la revisión de este factor prevista por la reforma de las pensiones para el año 2027 abre la puerta a adelantar la entrada en vigor del retiro a los 67 años, diseñada de forma paulatina para ese año 2027. Lo mismo podría ocurrir con ampliar de 15 a 25 años el periodo de cotización para calcular la pensión previsto para 2022. Desde Bruselas se ha respaldado la reforma de las pensiones que entró en vigor el pasado 1 de agosto como un paso significativo en favor de la sostenibilidad a largo plazo del sistema, pero reclaman nuevas medidas sobre la previsión de los mayores gastos que se derivan del envejecimiento de la población. En un primer momento, la Comisión reclamó al Ejecutivo que retrasara más allá de 67 años la edad legal de jubilación, aunque finalmente las alegaciones de España lograron aparcar la «sugerencia». También ha reclamado a nuestro país que acelere la jubilación a los 67 años, a lo que igualmente se ha negado el Ejecutivo, pero no lo ha hecho a adelantar el factor de jubilación, una vía por la que de forma indirecta se abre la puerta a la llegada adelantada del retiro a los 67 años. Desde Bruselas también se ha aconsejado al Gobierno de Rajoy«mejorar las condiciones de trabajo de los mayores y fomentar la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo». En línea con esta petición, Rajoy anunciaba esta semana su intención de «abordar» el tratamiento de la jubilación anticipada». Esta recomendación se traducirá en una nueva vuelta de tuerca a las prejubilaciones, un colectivo machacado por la crisis.

Cerco a las prejubilaciones El Ejecutivo ya ha puesto coto en la reforma laboral. Desde junio, cuando la norma fue definitivamente aprobada por el Congreso, las empresas con beneficios están obligadas a pagar una aportación económica al Tesoro por los despidos a trabajadores de 50 o más años de edaden empresas con más de cien trabajadores. En próximas semanas el Ejecutivo presentará un proyecto de ley ante el Pacto de Toledo para que sus señorías se pongan de acuerdo. En esa norma habrá incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral, fórmula que ya existe en la actualidad, aunque solo de forma proporcional y también realizar esfuerzos de cotización acordes con la prestación futura que se recibirá.

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Rechazo frontal en Córdoba a la modificación del horario comercial Comerciantes, consumidores y sindicatos mostraron un rechazo unitario a la modificación del sistema de horarios que planea el Gobierno central en una rueda de prensa conjunta celebrada ayer en la sede de Comercio Córdoba. Los representantes de estos colectivos quisieron destacar que "en Andalucía hay consenso total" contra la decreto-ley planteado por el Ejecutivo estatal. Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba, denunció que "se ha tejido un traje a medida para las grandes superficies" y que la modificación será "caldo de cultivo para la destrucción de puestos de trabajo y del pequeño comercio". Los sindicatos UGT y CCOO estuvieron presentes a través de los secretarios generales del área de comercio de Córdoba y Andalucía. Jesús García Aragonés, de CCOO, destacó que "pocas veces una medida tiene tanta oposición en tantos colectivos" y subrayó que "nadie había pedido esta modificación". Por su parte, Antonio Vacas Rodríguez, de UGT, aseguró que "no vamos a permitir que se machaque al pequeño comerciante y a los trabajadores" y exigió que el Gobierno andaluz fije sus máximos en los mínimos que plantee la norma estatal. Los sindicatos anunciaron que realizarán concentraciones ante los ayuntamientos de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, las cuatro ciudades que tendrán que delimitar zonas de gran afluencia turística con horario libre. Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba, criticó que "esta apuesta, tan bien acogida por el gobierno municipal, favorece a una gran superficie, a la cual se está apoyando descaradamente en detrimento del comercio de cercanías". Según datos aportados por los sindicatos, el gran comercio andaluz reúne 35.000 puestos de trabajo, mientras el pequeño y mediano reúne 470.000. Según Rafael Martín Arcas, de UGT, "se intenta trasvasar la cuota de consumo a los grandes. En crisis, por mucho que los comercios abran más horas, no se va a comprar más". La iniciativa gubernamental es la de ampliar el número de horas de apertura comercial a la semana de 72 a 90, además de pasar de 8 a 10 el mínimo de festivos de apertura comercial al año. Además también se plantea la liberalización absoluta de horarios a los negocios de menos de 300 metros cuadrados y se cede a los ayuntamientos de 14 ciudades turísticas, entre las que se encuentra Córdoba, la posibilidad de delimitar una zona de influencia comercial y turística con completa libertad de horarios. El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha expresado el rechazo de la Junta de Andalucía a las medidas planteadas por el Gobierno ya que considera que tendrán un impacto negativo sobre las pymes y el empleo del sector. En este sentido, el Ejecutivo andaluz ha señalado que recurrirá al Tribunal Constitucional en el caso de que se materialice el real decretoley en los términos que se está planteando.

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Los usuarios defienden la regularización de horarios Los consumidores, representados por Facua, Unión de Consumidores y la Federación Al-Andalus también estuvieron presentes en la sede de Comercio Córdoba para mostrar su apoyo al rechazo del anunciado real decreto-ley para la modificación de los horarios comerciales. "Defendemos un modelo de horarios regulados como el actual que permite la convivencia y el equilibrio entre las diversas fórmulas de distribución comercial y un modelo de consumo más racional y sostenible que no ligue consumo a ocio", señala Francisco Martínez Claus, presidente de Facua Córdoba-Consumidores en Acción. Martínez critica que "no está acreditado que la libertad horaria genere más empleo ni que aumente el consumo. Consumiremos lo mismo pero en distintos momentos y en detrimento de valores como la conciliación familiar". Facua Córdoba asegura que "los consumidores no lo estamos demandando. Según el barómetro del CIS, el 81% está satisfecho con los horarios actuales". Martínez va más allá y dice que "esta imposición supone un atentado contra las competencias autonómicas". Lola Rivas de Unión de Consumidores, opina que la reforma "no se puede imponer" y que debe de existir "consenso entre las partes". Por su parte, Paloma Gómez, representante de la Federación de consumidores Al-Andalus, ratificó la negativa a esta medida y aseguró que no la entiende cuando "todos los agentes implicados opinamos lo mismo".

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Rojas dice que "se oponen a que se genere empleo en la ciudad" El concejal delegado de Comercio y Vía Pública, Ricardo Rojas, ha criticado que Comercio Córdoba, sindicatos y asociaciones de usuarios se oponga a la modificación y liberalización de los horarios comerciales ya que dice que "se oponen a que se genere riqueza y empleo en Córdoba". Rojas señala que "se rechaza la medida sin dar tiempo a demostrar que se pueden equivocar" y lo considera una "frivolidad" en tiempos de crisis económica. Ante las declaraciones de estos colectivos criticando que se beneficie a la gran superficie y se perjudique al comercio de proximidad, el concejal delegado apunta que "parece que odian al gran comercio que ha creado puestos de trabajo, y lo hacen quienes no generan empleo". Rojas ha adelantado que para delimitar la zona turística de libertad horaria "queremos trabajar con todos, sindicatos, comerciantes, grupos políticos y empresarios, para llegar a un punto de encuentro que primer el desarrollo económico y la generación de empleo en Córdoba. El delegado de Comercio ha dicho que "queremos darle la oportunidad al sector turístico para que el visitante pueda quedarse a pernoctar. Yo soy de los que dicen que Córdoba necesita ofrecer al que venga las mejores cosas". Rojas ha asegurado que la iniciativa "no va a destruir empleo".

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Los sueldos de Urbanismo serán recortados para evitar despidos Los representantes de los trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo llegaron ayer a un acuerdo con el gerente de la misma, Juan Luis Martínez, para recortar 2,5 millones de euros del capítulo de gastos de personal, que ronda los 10,6 millones. De este modo, según el documentado redactado tras este encuentro, el ajuste se realizará a través de una bajada de sueldos, jubilaciones y otras medidas que pueden ser acordadas por la plantilla y los responsables del gobierno municipal. No obstante, la principal consecuencia será la suscripción del convenio colectivo del Ayuntamiento, ya que en la actualidad estos empleados pueden cobrar hasta 20.000 euros más que una persona de su misma categoría que trabaje en el Consistorio, según han recordado desde CCOO. En concreto, el sueldo medio de los empleados del Ayuntamiento ronda los 38.000 euros anuales (libres de cargas). El plazo para redactar el nuevo marco laboral se extiende hasta el próximo octubre, pero la mesa de negociación ha elaborado un documento que trasladará a la comisión de seguimiento del plan de ajuste para garantizar que cumplirán con el ahorro que se les pide. En esta línea, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Isaías Ortega, destacó que las prioridades son mantener la GMU como un ente autónomo (que se convertirá en una agencia), conservar el empleo y garantizar que los trabajadores que tengan que pasar a delegaciones municipales conservan las mismas condiciones que los compañeros que se quedan. El comité de empresa de la GMU representa a 105 empleados laborales y la junta de personal, a 50 funcionarios (este diario afirmó ayer que el presupuesto recogía 127 empleados, pero contempla los 155). El comité está integrado por 7 delegados de UGT y 2 de CSIF, mientras que 2 de UGT, 2 de CSIF y 1 de CCOO defienden a los funcionarios. El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Luis Mena, afirmó que la propuesta había sido respaldada por su organización y por UGT, pero según han informado fuentes consultadas, en el caso de CSIF los representantes de los funcionarios se levantaron de la mesa, porque no estaban de acuerdo con que se suscribiese el convenio del Ayuntamiento (a pesar de que se considerarán "sus peculiaridades como Gerencia"), y entre los delegados de CSIF del personal laboral, uno votó a favor y otro se abstuvo. Mena precisó que la bajada salarial puede situarse en torno a un 20% de media y "no nos gusta a nadie". VALORACIONES El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento Emilio Aumente valoró ayer el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación de la Gerencia de Urbanismo, porque evitará los despidos que, según habían calculado IU y PSOE, podrían afecta a 39 personas. No obstante, Aumente aseguró en referencia a los estatutos de la futura agencia de Urbanismo que "ponen muy en peligro la viabilidad" de la Gerencia, por lo que ha ofrecido al gobierno municipal la colaboración del PSOE para que antes del 27 de julio (cuando el Pleno debe aprobarlos) "se alcance una redacción adecuada a las necesidades de la ciudad". Así, Aumente aseguró que en la actualidad "son cuatro los ediles encargados de algún tema de Urbanismo".

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Analistas estima que la economía de Córdoba bajará un 1,4% este año La economía cordobesa caerá este año un 1,4%, un porcentaje inferior al descenso andaluz (2,1%) y nacional (-1,9%), aunque las previsiones recogen grandes debilidades con respecto a otras provincias. El informe de verano presentado ayer por Analistas Económicos de Andalucía destaca que Córdoba, junto a Málaga y Granada, serán las provincias andaluzas en las que se espera una menor caída de la producción (entre el 1,1% y el 1,5%), mientras que Almería, Jaén, Cádiz y Huelva serán las que registrarán una mayor ralentización de su economía, en el entorno del 3%. En el estudio se remarca que la caída del Producto Interior Bruto (PIB) en Andalucía del 2,1% supone una mejoría de cuatro décimas con respecto a los anteriores datos. Esta evolución es consecuencia del retroceso algo menor del gasto en consumo en los hogares y al menor deterioro de la actividad en el sector servicios durante el primer trimestre del año. El consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco García, y la coordinadora del informe, Felisa Becerra, aseguraron que estos datos mejoran, aunque hay que esperar "datos futuros" para su actualización, ya que se trata de unas previsiones "afectadas por la incertidumbre". Por lo que se refiere al consumo privado, prevén que descienda un 2,3% como consecuencia del deterioro del mercado laboral o el impacto de las medidas fiscales adoptadas. Analistas prevé que todos los sectores experimentarán la caída del Valor Añadido Bruto (VAB), destacando, principalmente, la bajada en el sector de la construcción (-7,4%) y el retroceso de servicios del 0,9%. Por lo que se refiere a Córdoba, la sociedad de estudios de Unicaja detecta un estancamiento de la actividad en el primer trimestre del 2012, frente a la ligera caída del conjunto de Andalucía. Analistas destaca que el descenso del empleo se ha intensificado en primer trimestre (-5,8%), con un incremento del número de parados del 15,8% y una tasa de paro del 32,7%. Por sectores, la construcción continúa su "profundo" ajuste ante la escasa actividad, con una reducción a la mitad de las transacciones de vivienda nueva, aunque las usadas se han incrementado un 5,4%. Además, el número de hipotecas se ha reducido un 46,2% en los primeros tres meses, a pesar de lo cual el precio ha subido un 1%. Tras cerrar el año 2011 con un máximo histórico de las exportaciones, las ventas exteriores de la provincia han sufrido el mayor descenso de Andalucía en el primer trimestre del 2012 al reducirse un 19,1%, cuando en el mismo periodo del 2011 subieron un 42,8%. Por el contrario, la actividad turística tuvo la mejor evolución de Andalucía. Así, durante el primer trimestre del año el número de viajeros creció un 7,7% al mejorar la demanda nacional (8,8%) y extranjera (5,3%). Esta mejoría de la demanda permitió también un incremento del personal ocupado en establecimientos hoteleros (2,8%), mientras que en Andalucía cayó un 5,6%.

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Griñán revisará las medidas ya adoptadas sobre los funcionarios El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció ayer que la Junta revisará "una por una" las medidas ya adoptadas en la comunidad en relación con los empleados públicos si los anuncios del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en materia de función pública son de obligado cumplimiento con el propósito de que "no se vean perjudicados doblemente". En declaraciones en Aroche (Huelva), donde giró una visita institucional, Griñán aclaró que la Junta "no tomará medidas hasta que no se publiquen en el BOE las medidas del Gobierno" y entonces se pueda comprobar si "nos obligarán a reestructurar y a cambiar lo que está en el real decreto para acompañarlo a la nueva decisión "No se va a tomar ninguna decisión al margen de lo que se publique en el BOE, sino a partir del mismo", dejó claro el jefe del Ejecutivo andaluz, quien remarcó que medidas como la supresión de la paga extra de Navidad a funcionarios o la reducción de días de asuntos propios --conocidos como moscosos -- "se tendrán que revisar una por una con los sindicatos para no sean perjudicados doblemente". En cuanto al resto de medidas anunciadas por Rajoy, Griñán señaló que suponen "una enmienda a la totalidad" de todo lo que ha venido haciendo hasta el momento, así como que el Gobierno central "se está equivocando" en las decisiones que está tomando en una situación "muy complicada y difícil". Griñán mencionó que el Gobierno central retrasó los Presupuestos del Estado por "razones electorales con una gran incidencia negativa y tomó decisiones que han sido rectificadas". Recordó que Rajoy "no quiso subir el IVA y lo subió, hizo una amnistía fiscal, aprobó una reforma laboral y nos dejó después de los PGE una reducción de gasto en sanidad, educación y servicios de dependencia, sin ninguna influencia sobre el déficit". El problema es "que no sabemos qué va a ocurrir mañana". A su juicio, "tratar de salir de la crisis únicamente reduciendo el gasto público es un error".

RECHAZO DE VALDERAS El vicepresidente y consejero de Relaciones Institucionales y Administración Local de la Junta, Diego Valderas, calificó ayer de "dra- mática" la situación descrita por el presidente del Gobierno, asegurando que "no comparte" las políticas de ajuste anunciadas por Rajoy y que, además, "habrá que ver" si hacen "modificar las puestas sobre la mesa en el plan de ajuste andaluz, no vaya a ser que al final la función pública pague dos veces". En Jerez, tras reunirse con la alcaldesa María José García-Pelayo (PP), Valderas recomendó a esperar al próximo Consejo de Ministros para "ver la letra en negro sobre blanco", puesto que "se está planteando un recorte de casi un 7%" a los funcionarios y en Andalucía se ha planteado un 5%, y desde luego "no va a ser el 7 y el 5" lo que se les aplique.

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El PP pide al presidente un debate real sobre Andalucía El vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, pidió ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que esté dispuesto a abordar en el Parlamento un debate real sobre la situación económica de Andalucía y no de "confrontación" con el Gobierno de la nación. Ricardo Tarno ha hecho estas declaraciones después de que Griñán haya anunciado que el PSOE va a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en este mismo mes de julio con el fin de debatir sobre la situación económica, las políticas adoptadas y ver cómo repercute en la economía española y andaluza. Tarno insistió en que lo sensato es que el presidente acuda al Parlamento a explicar la situación de la Junta y a plantear reformas.

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Dos comunidades del PP se abstienen en la votación del objetivo de déficit de 2013 Las comunidades de Extremadura y Castilla y León, gobernadas por el PP, se han abstenido en la votación de los objetivos de déficit para las CCAA para 2013 (0,7%) y 2014 (0,1%), mientras que las socialistas de Asturias y Andalucía, además de Cataluña y de Canarias, han votado en contra, han informado a Europa Press fuentes autonómicas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera vota los objetivos de déficit de las CCAA para los próximos años, un debate en el que se han producido momentos tensos y que ha concluido con una votación controvertida. Las mismas fuentes han añadido que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mantenido firme en no relajar el déficit autorizado a las autonomías este año, que seguirá en el 1,5 por ciento.

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El Gobierno aprueba mañana la subida del IVA, los recortes a los funcionarios y la reforma de la Administración Local El Consejo de Ministros aprobará mañana el grueso de las medidas que anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la subida del IVA, un incremento de la imposición del tabaco, los recortes a los funcionarios, el anteproyecto de reforma de la Administración Local, los cambios en la Ley de Dependencia y un informe sobre la reforma de la Ley de Costas, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales. Así, el Ejecutivo aprobará una subida de la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21 por ciento, y dos puntos la tasa reducida (del 8 al 10 por ciento), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4 por ciento. Se prevé que el Gobierno ofrezca datos de cuánto se espera recaudar con esta medida, si bien cada punto de subida en la tasa general supone algo más de 1.000 millones de euros. La pretensión del Ejecutivo es que esta medida entre en vigor con carácter inmediato. Además, el Consejo de Ministros dará luz verde este viernes a una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta. Cambios en la función pública Además, el decreto ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros incluirá los cambios en la función pública, con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los empleados públicos de todas las Administraciones, que será compensada a partir de 2015 a través de un fondo de pensiones. En ese mismo decreto se recogerá una rebaja del 7,1 por ciento del sueldo para los miembros del Gobierno, en la parte proporcional a la paga extra de Navidad que van a dejar de percibir todos los funcionarios. También se reducirá la pensión que reciben los expresidentes del Gobierno en la parte equivalente a la paga extra de los funcionarios, una medida que también se aplicará a los exministros, que cobran una 'pensión indemnizatoria' al finalizar su mandato por un máximo de dos años. Eso sí, la norma del Gobierno hará incompatible el cobro de esa indemnización de exalto cargo con cualquier otro sueldo, una medida que podría afectar a varios miembros del gabinete de Zapatero como Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Francisco Caamaño, Antonio Camacho, Trinidad Jiménez, Valeriano Gómez, Ramón Jauregui o Manuel Chaves. Aparte de quitar esta paga extra, el decreto ley reducirá los moscosos y ajustará el número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. Previsiblemente el Congreso de los Diputados convalidará todas estas medidas la última semana de julio. Prestación por desempleo Además se aprobarán este viernes las restricciones del subsidio de desempleo. Rajoy ha decidido recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes. Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%. En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previam ente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores. Reforma de la Administración Local Además, el Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, una norma que limitará las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, exigirá unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas y potenciará las diputaciones provinciales.

Con esta reforma el Gobierno pretende ahorrar unos 3.500 millones de euros. Sólo con la eliminación de las mancomunidades se prevé ahorrar alrededor de 700 millones de euros, han informado fuentes gubernamentales. Con la reforma de la administración local los interventores municipales pasarán a depender del Ministerio de Hacienda y no podrán ser así revocados por los ayuntamientos, una medida con la que se busca dotar de independencia a esta figura encargada de fiscalizar la gestión y la contabilidad municipal. Además, asumirán responsabilidades por su gestión. El presidente del Gobierno anunció en el Congreso que esta reforma supondrá una reducción de un 30 por ciento del número de concejales; actualmente es de 68.286, por lo que se reducirá en unos 20.400. La nueva cifra que elegirán los ciudadanos en las urnas se aplicarán en las próximas elecciones municipales. Ley de Dependencia y Ley de Costas El Consejo de Ministros también aprobará este viernes cambios en la Ley de Dependencia. Se trata de hacer una "nueva ordenación del sistema" para asegurar su "viabilidad", en palabras de la ministra Ana Mato. En esta reforma se revisará y simplificará el proceso de valoración para conseguir que ante situaciones similares de dependencia se dé la misma respuesta en toda España. Además, el Gobierno estudiará este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que supondrá una clarificación del concepto del dominio público marítimo-terrestre, han indicado fuentes del Ejecutivo. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero una reforma "profunda" de la Ley de Costas y señaló que el objetivo era aprobar un nuevo régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre dirigido a conciliar "la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público". Un fondo para aliviar los vencimientos de deuda de las CCAA Asimismo, el Gobierno creará este viernes un fondo para financiar los vencimientos de las comunidades autónomas y concretará así el mecanismo en el que lleva meses trabajando para aliviar los problemas de financiación de las regiones, según ha avanzado el ministro Cristóbal Montoro tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha puntualizado que no será para todas las regiones. Este instrumento se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana, en el que también se dará luz verde a algunas de las medidas de ajuste anunciadas esta semana. Este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario. Antes un Consejo de Ministros deliberante Antes de que se aprueben todas estas medidas está previsto que el Rey presida en el Palacio de la Zarzuela una reunión deliberante del Consejo de Ministros, en el que los responsables de cada departamento le informarán de los asuntos de Estado que les competen. Será la primera ocasión de la legislatura actual en la que Don Juan Carlos convoca una sesión de este órgano, denominado así porque no toma decisiones ejecutivas. El 9 de mayo de 2008 fue la última vez que tuvo lugar un Consejo de Ministros deliberante bajo la presidencia del Rey, en el participaron todos los ministros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al Rey "ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno"

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La Diputación de Guipúzcoa no aplicará los recortes de Rajoy La Diputación foral de Guipúzcoa ha manifestado su rechazo a las medidas anunciadas este pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha anunciado que no aplicará los recortes en los casos en que tenga competencia para hacerlo. A través de un comunicado, ha señalado que, "tomando como excusa el carácter estratégico del sector financiero basado en la banca privada", el Gobierno español "centra sus esfuerzos en salvar a los bancos a costa del estado del bienestar" y "constantemente están debilitando el sector público". De este modo, en materia fiscal, ha considerado que subir el IVA resulta una medida "inadecuada", al tiempo que ha advertido de que la subida de los impuestos indirectos "tendrá consecuencias sobre toda la ciudadanía y quienes tengan menor capacidad económica resultarán más perjudicados". Según ha afirmado la institución foral, "no es de recibo" que el sector público sea mantenido "cada vez más por las personas trabajadoras". En ese sentido, ha recordado que el gobierno foral de Bildu "ya ha apostado desde un principio por un sistema fiscal más justo y solidario". A su juicio, en vez de subir los impuestos indirectos, resulta "más conveniente trabajar sobre los directos, para posibilitar que sean los que más tienen quienes aporten más". "El sector público es un pilar de esta sociedad y es necesario trabajar para mantenerlo y asentar las bases para que la riqueza sea distribuida de una manera más justa y equilibrada", ha expresado. Finalmente, la Diputación guipuzcoana ha asegurado que las medidas que "soporta" la ciudadanía cada semana ponen en evidencia "la falta de soberanía a la que estamos sometidas para tomar las riendas de nuestra economía" y, en su opinión, "todo ello acentúa la necesidad lograr nuestra libertad".

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Cayo Lara exige al Gobierno que recorte los presupuestos de la Casa del Rey y la financiación de la Iglesia El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha exigido este jueves al Gobierno que dé ejemplo y recorte los presupuestos de la Casa del Rey y la financiación de la Iglesia en consonancia con la supresión de la paga de Navidad decidida para los empleados públicos. En declaraciones a Europa Press, Lara ha defendido que de la misma forma que va a anular la paga de Navidad para los funcionarios, una medida que también afectará a los altos cargos, a los diputados y senadores, el Gobierno debería ser el primero en "dar ejemplo" y reducirse su sueldo, dado que el presidente y los ministros no tienen paga extra. Pero, además, cree que esa medida también debería afectar al Rey y a la Iglesia, pues ésta última es la institución que a su juicio más recursos está recibiendo y "a la que aún no han tocado ni un euro" en sus subvenciones. Ya se lo planteó a Rajoy Lara ya trasladó este mismo mensaje a Rajoy este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados donde anunció los nuevos ajustes que tiene previsto acometer su Gobierno y que comenzarán a aprobarse este mismo viernes en el Consejo de Ministros. De momento, y pese a discrepar de la política general de recortes del PP, Izquierda Plural (IUICV-CHA) se ha sumado al escrito que el grupo parlamentario que dirige Alfonso Alonso tiene previsto registrar este jueves para que las Cortes Generales eliminen la paga de Navidad de diputados y senadores. "Creo que el Parlamento no se puede quedar atrás en ninguna de las medidas que se están adoptando porque tiene que ser ejemplar", ha dicho.

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El Gobierno crea un fondo para aliviar los vencimientos de deuda de las CCAA El Gobierno ha concretado el mecanismo para aliviar las dificultades de las comunidades autónomas a la hora de financiarse en la creación de un fondo que atenderá determinados vencimientos de las comunidades autónomas. Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha dicho que no será para todas. Este fondo atendrá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.

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Las comunidades tendrán que reducir el déficit al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014

Las comunidades tendrán que reducir su déficit desde el 1,5% de 2012 al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014, tal y como se ha aprobado en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Así lo ha confirmado el consejero de Economía de Extremadura, Antonio Fernández, al término de la reunión, donde ha indicado también que las comunidades tendrán que registrar superávit en el año 2015. Las cifras planteadas por el Gobierno han salido adelante con doce votos a favor y a pesar de que dos comunidades gobernados PP se han abstenido en la votación (Extremadura y Castilla y León), mientras que Asturias, Canarias, Cataluña y Andalucía han votado en contra. Los nuevos objetivos suponen una relajación respecto a las que había incluido el Gobierno en el Programa de Estabilidad que elaboró al llegar al poder. En dicho plan, el Ejecutivo había fijado un déficit del 1,5% a las comunidades al cierre de este año, del 0,5% el año que viene y del 0,3% para 2014. Tras el año extra que ha conseguido España para reducir el déficit público, el Gobierno ha decidido mantener el objetivo de las comunidades para este año en el 1,5%, aunque les ha dado un poco más de margen para los dos próximos años, con un déficit del 0,7% en 2013 y del 0,1% en 2014. Sin embargo, si se comparan las nuevas cifras con las últimas que aprobó el CPFF (correspondientes al anterior Ejecutivo y al año 2011), las comunidades tendrán que hacer más esfuerzos que los que les planteó el Gobierno socialista, que fijó un déficit autonómico del 1,1% para 2013 y del 1% en 2014.

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Hacienda impone otro ajuste de 8.000 millones a las autonomías Tras el ajuste de 19.000 millones de euros impuesto a las comunidades en el 2012 para cumplir los objetivos de déficit público, Hacienda comunicó ayer a las consejeros autonómicos que deberán acometer otro adicional de 8.000 millones de euros en el 2013, el doble del que esperaban. Los nuevos objetivos de déficit fijados por el ministerio fueron sometidos ayer a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reunión no fue bien. Se notaba en el semblante del ministro, Cristóbal Montoro, al término del encuentro. Andalucía, Canarias, Cataluña y Asturias votaron en contra de los objetivos de déficit que Montoro puso sobre la mesa, y dos comunidades del PP (Castilla y León y Extremadura) se abstuvieron. El País Vasco no votó. Las 12 restantes apoyaron situar el déficit autonómico en el 1,5% del PIB este año y en el 0,7% en el 2013, en lugar del 1,1% que las autonomías tuvieron en cuenta en mayo al elaborar sus planes de reequilibrio. De ahí el ajuste adicional de 4.000 millones que tendrán que encajar en el 2013 (8.000 en total). Para el 2014 se ha asignado un déficit del 0,1% a las autonomías y para el 2015, un superávit del 0,2% del PIB. COMPARTIR EL ALIVIO Los seis territorios que no apoyaron la senda fiscal que presentó el ministro argumentaron que si la UE había dado al conjunto de España un año más para reducir el déficit y había elevado en un punto de PIB el objetivo del 2012 (con una menor exigencia de 10.000 millones en recortes este año), el alivio debería ser compartido entre el Estado y las autonomías. Pero Montoro se mantuvo firme. "Para qué sirve tener más déficit sobre el papel si no tienes acceso a los mercados para financiar el que ya tienes adjudicado" dijo el ministro. "No tiene ningún sentido". El único respiro que el ministro ofreció fue la creación de un fondo del Tesoro para atender los vencimientos de deuda financiera y comercial de las autonomías. No son los hispabonos que pedía Cataluña, pero se le parecen. Hoy lo estudiará el Consejo de Ministros. "En modo alguno se mutualizará el riesgo en España, que seguirá correspondiendo a cada autonomía", dijo. El ministro exhibió un tono exigente respecto a las autonomías. "Hemos advertido a varias autonomías sobre el riesgo de incumplimiento. Eso significa que ponemos en marcha los mecanismos de la ley de estabilidad presupuestaria", dijo el ministro. No quiso precisar a qué autonomías se les había advertido. En los próximos siete días se abordarán encuentros bilaterales con las autonomías amonestadas para corregir los problemas. En caso insatisfactorio, Montoro elevará al Consejo de Ministros una propuesta de advertencia, que es el primer paso de una cadena cuyos siguientes eslabones son bloqueo de un depósito cautelar, sanción e intervención. La consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, censuró el endurecimiento del objetivo de déficit autonómico para 2013 y 2014. Dijo que la propuesta del Gobierno "no tiene lógica" salvo que pretenda "destruir los sistemas de protección social y el modelo de Estado autonómico. La consejera negó que el ministro haya advertido a un número determinado de regiones de que si no cumplen con su objetivo puedan ser intervenidas. "No ha nombrado a ninguna pero ha usado un tono general de imperio, que no se corresponde muy bien con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un órgano constitucional de colaboración entre Estado y comunidades y al que venimos, especialmente Andalucía, con ánimo de colaboración", subrayó. Galicia, dio un "sí crítico", mientras que Castilla y León y Extremadura justificaron su abstención en que el ministro no les había convencido. Pero el ministro no se movió: "Lo que hoy hemos adoptado es de obligado cumplimiento. Con independencia del color ideológico de sus gobiernos, las comunidades van a cumplir. No hay nada más que una opción: cumplir"

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Los funcionarios ponen fin a su protesta por los recortes Los funcionarios han puesto fin a su protesta sobre las nueve de la noche de este jueves tras un recorrido por las calles de la capital que les ha llevado al Congreso, al Palacio de Cibeles donde se ubica el Ayuntamiento de Madrid y a la sede nacional del PP en la calle Génova. No se han registrado detenciones ni incidentes reseñables, han informado a Europa Press fuentes policiales. La marcha, que no ha sido autorizada por la Delegación del Gobierno, según ha confirmado a Europa Press un portavoz del departamento que dirige Cristina Cifuentes, ha comenzado a primera hora de la tarde en la Puerta del Sol. Había en torno a 300 personas. Los manifestantes, la mayoría policías y bomberos de paisano, así como empleados públicos de las administraciones nacional, municipal y regional, han empezado su itinerario dirigiéndose a las puertas del Congreso de los Diputados. Vigilados por agentes de la Unidad de Intervención Policial han continuado hasta la Plaza de Neptuno, cortando el tráfico a su paso por el Paseo del Prado. Posteriormente, se han dirigido hacia la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la calle Génova, donde han seguido protestando contra las medidas anunciadas por el Gobierno central, especialmente las que afectan a los funcionarios. A continuación, han subido por el Paseo de la Castellana hasta las proximidades de la sede nacional del PP, situada en el número 13 de la calle Génova, donde un cordón policial ha impedido que se aproximaran a la misma. En torno a las 20.30 horas la concentración, en la que ya participaban más de 700 personas, se ha disuelto sin incidentes, según las mismas fuentes. Durante la mañana de este jueves los funcionarios han protagonizado otras protestas. Así, este mediodía, empleados públicos de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial se concentraron a las puertas de la sede del PP en la calle Génova para protestar por los recortes anunciados por el Gobierno. Unas 200 personas, muchas de ellas con camisetas amarillas donde podía leerse 'Sin Justicia no hay derechos, no a los recortes' permanecieron durante más de 20 minutos ante el edificio del Partido Popular, donde han entonado numerosos cánticos y coreado proclamas como 'ahí está, la cueva de Alí Babá'. Posteriormente, los funcionarios han provocado cortes de tráfico en la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios. Estas protestas no estaban autorizadas, han insistido desde la Delegación del Gobierno en Madrid.

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Detienen al exconsejero de la Generalitat Jordi Ausàs en una operación de contrabando de tabaco

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido al exconsejero republicano de la Generalitat en la época del tripartito Jordi Ausàs, en el marco de una operación desarrollada en La Seu d'Urgell (Lérida) contra el contrabando de tabaco desde Andorra, según ha podido saber Europa Press. En la operación han sido detenidas en total siete personas, entre ellos Ausàs, que presuntamente formaban un grupo organizado especializado en el contrabando y distribución de tabaco, que desde que empezó la investigación policial en mayo habría introducido 300.000 euros de este producto. Jordi Ausàs i Coll (Seu d'Urgell 1960) ingresó en ERC en 1986, sustituyó a Joan Puigcercós al frente de la Consejería de Gobernación y Administraciones Públicas en 2008, y hasta entonces había sido alcalde de La Seu d'Urgell durante cuatro años.

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Aprobado el Plan Económico y Financiero de reequilibrio de Asturias de 498 millones El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado por unanimidad este jueves el Plan Económico y Financiero de reequilibrio 2012-2014 (PEF) de 498 millones de euros presentado por el Principado de Asturias, después de que el último Consejo celebrado el pasado 17 mayo rechazara el presentado por el anterior Gobierno regional de Francisco Álvarez-Cascos. Así lo ha asegurado a la salida del CPFF celebrado en el Ministerio De Hacienda la consejera asturiana de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, quien ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Plan y ha confirmado que el documento presentado no ha recibido ninguna objeción por parte de los miembros del Consejo. "En principio las ayudas que contemplaba el plan de Asturias garantizaban el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Habíamos trabajado un mes de manera intensa, intercambiando informaciones con el Gobierno Central y en principio entendíamos que iba a ser considerado idóneo por parte del Ministerio y del CPFF", ha manifestado. El plan presentado por el Principado, que fija un ajuste de 498 millones de euros, incluye además la subida de impuestos como el IRPF para las rentas superiores a los 70.000 euros, el céntimo sanitario, la venta de patrimonio, la reestructuración del sector público autonómico y la reprogramación de las inversiones, capítulo donde el Ejecutivo gastará este año 325 millones menos. En contra de los objetivos Por otra parte, Carcedo ha explicado que ha votado en contra de los nuevos objetivos de déficit para las Comunidades Autónomas establecidos por Hacienda para los dos próximos años porque considera que la "senda" marcada hoy por el Ministerio "acentúa el desequilibrio" del reparto del déficit entre el Estado y las Comunidades, después de que Bruselas le haya concedido más margen al Gobierno español en el cumplimiento del objetivo. No obstante, ha querido matizar que el rechazo de Asturias no es tanto contra los objetivos marcados para los próximos años sino contra el reparto hecho por el Hacienda, el cual consideran que debería ser más equilibrado. "Ya que la Unión Europea había flexibilizado el objetivo del déficit para España, esperábamos que esa flexibilidad se trasladara a las Comunidades y finalmente no fue así", ha criticado.

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Una subida que despierta poca confianza Probablemente, la subida de los tipos del IVA (un impuesto sobre el valor añadido que en España se introdujo el 1 de enero de 1986, con la entrada del país en la Comunidad Económica EuropeaCEE, sustituyendo al antiguo Impuesto sobre el Tráfico de Empresas-ITE) es la medida del paquete anunciado por el presidente del Gobierno el pasado miércoles 11 de julio en la que él mismo tiene menos fe. El desapego del presidente Mariano Rajoy frente a sus propias decisiones, como admitió en el Congreso de los Diputados, tiene que ver con que se las han impuesto y con que su Gobierno no tiene libertad para buscar alternativas. Es cierto que España está por debajo de muchos otros países en este impuesto, y es lógico que los del norte de Europa, que son contribuyentes netos, traten de obligar a los del sur a subir sus impuestos si quieren obtener ayudas. De lo contrario, serían países subsidiados, donde su población se esforzaría menos --se supone-que la alemana o que la finlandesa. Es un discurso que en España nos resulta familiar cuando se habla de la solidaridad entre las regiones, pero que es eminentemente político, no económico. GASTO POR LOS SUELOS Todo el mundo sabe que con la economía deprimida y el gasto de las familias por los suelos subir el impuesto que grava el consumo es contraproducente, pero el Gobierno ha terminado acatandolo porque es una de las condiciones impuestas desde Bruselas para apoyar a la banca española con problemas. Todos los sectores productivos y comerciales del país se han llevado las manos a la cabeza al conocer la noticia, que además genera no poca incertidumbre porque su implementación práctica -la fecha de la entrada en vigor se desconoce-- no es nada sencilla, precisa de reetiquetado y de adaptación de los programas informáticos de facturación. Y eso para casi toda la actividad económica y para ponerse en marcha el mismo día. La experiencia demuestra, además, que el objetivo que se persigue no está asegurado, precisamente porque el aumento inhibe más el consumo y anula sus repercusiones a efectos recaudatorios. Esto que acabamos de decir lo vimos de manera explícita hace ahora dos años con otra subida. Sería precipitado tener en cuenta la reacción de ayer de la bolsa y los mercados, que no fue buena, para evaluar las medidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy; se necesita más tiempo. Mientras tanto, ojalá que Bruselas, Berlín y Fráncfort hayan tomado buena nota de la disciplina y celeridad con que Madrid acata sus instrucciones, y el Banco Central Europeo intervenga en los mercados comprando deuda para, así, alejar a los especuladores de los bonos españoles.

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Gismonti y Amaral, dos propuestas muy distintas en la recta final del festival El Festival de la Guitarra 2012 se acerca a su final pero, como no podía ser de otra forma, lo hace por todo lo alto. En primer lugar, el encuentro presenta de nuevo a uno de los guitarristas brasileños más aplaudidos y premiados de toda la historia del país sudamericano. Egberto Gismonti, considerado como uno de los compositores más importantes del mundo, llega a Córdoba para ofrecer un variado concierto a las cuerdas y al piano para retratar su plena madurez expresiva, su canción rústica desarrollada en las cualidades más folklóricas. Gismonti nació en 1947 en Carmo, Brasil, hijo de madre libanesa y padre siciliano. Comenzó a estudiar piano a una temprana edad, lo que eventualmente le llevo a París, donde estudió con el compositor Jean Barraque y Boulanger. Fue este último quien le envió de vuelta a casa para profundizar en las raíces musicales de su propia cultura, mejor que ahogarse en los jugos de la tradición de la Europa Central. En 1973, Egberto Gismonti cambió a la guitarra de ocho cuerdas, lo que le permitió una gran variedad de acordes, líneas de bajo más flexibles y zumbidos. En 1981, cambió a la guitarra de 10 cuerdas en la que las cuerdas extras prolongaban el bajo. Sus actuaciones son siempre estimulantes y melodiosas. Genio al piano, genio a la guitarra. Pero en el concierto de hoy, la vuelta de tuerca va mucho más allá. El maestro, que usa cuerdas de nylon para sus guitarras, trae un programa donde usará guitarras de diez y hasta de doce cuerdas. Sin duda, quien pueda asistir hoy a las 21.00 horas al Gran Teatro saldrá gratamente recompensado. Gismonti ha sabido fusionar como nadie el mundo clásico con la música popular. En su obra y en su concierto, donde también actuará al piano, conviven las técnicas de la música clásica con las melodías de las tribus indígenas de Brasil, la música popular carioca con el jazz, la flauta de caña con los sintetizadores. Por su parte, los zaragozanos Eva Amaral y Juan Aguirre, Amaral, también estarán hoy en el Festival de la Guitarra de Córdoba. Con más de cuatro millones de copias vendidas, el grupo español de folk-rock llega a la ciudad de la Mezquita para ofrecer uno de los conciertos más multitudinarios de esta edición. Con decenas de premios a sus espaldas, Amaral se ha consolidado en los últimos años como una de las bandas españolas de mayor prestigio. Con seis discos grabados, los críticos alaban también la progresión que han protagonizado encima del escenario, ofreciendo conciertos donde el público disfruta casi más que los propios artistas. En esta ocasión, el grupo zaragozano presenta Hacia lo salvaje en el Teatro de La Axerquía, a partir de las 23.30 horas. Amaral tuvo su particular despegue en el 2003 cuando su disco Estrella de Mar se convirtió, con más de 800.000 copias, en uno de los más vendidos de España. La avalancha de premios que recibió el grupo los empujó a dar una extensa gira de más de dos años, donde recorrieron toda España y medio mundo. En plena vorágine de conciertos y de atención mediática, Eva y Juan componen Pájaros en la cabeza , su siguiente gran éxito de ventas, que se convertiría en el disco más vendido en nuestro país. Sus siguientes trabajos siguieron estando en lo más alto, demostrando que Amaral está en plena forma.

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Desconfianza más IVA La subida del IVA en plena recesión tiene dos lecturas: la del acreedor (mercados, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea), que ven en este impuesto una fuente de ingresos para reducir el déficit y, por tanto, la deuda de quien les tiene que pagar. Y la del país: un freno para que despegue el consumo y un creciente malestar social por un nuevo hachazo que se suma a sacrificios como la subida del IRPF, recortes a los funcionarios, a los pensionistas y a los parados como parte de las garantías para salvar a la banca. "El problema fundamental no es el IVA. El tema es que la gente cada vez consume menos porque están aterrorizados, temen quedarse sin trabajo y solo ven noticias negativas", afirma el profesor del IESE Eduardo Martínez Abascal. En caso de que se repercuta la totalidad del aumento del tipo general, del 18% al 21%, el aumento del precio final será del 2,5%; y en el reducido, que pasará del 8% al 10%; del 1,85%. Cuando la subida sea inferior o nula, esa parte la absorberá el empresario. "¿Acaso alguien dejará de tomarse una cerveza o de hacer las vacaciones por esas subidas? Lo dudo. El problema es que ya habían reducido el gasto en vacaciones y habían dejado de tomar cañas", afirma. Según los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, el incremento impositivo supondrá un aumento medio de unos 436 euros para las familias o 36,3 euros mensuales. "Es una subida regresiva, que afecta proporcionalmente mucho más a las rentas bajas que a las altas", explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Con un consumo en terreno negativo y una remuneración de los asalariados que cayó el 3,3% en el primer trimestre cualquier aumento de precios impide reactivar la demanda. Y los efectos recaudatorios no son los previstos. No lo fueron con la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista hace dos años que, en lugar de 5.100 millones recaudó unos 3.400 y en una situación económica un poco más dinámica. El efecto no es solo de retracción del consumo sino de "aumento de la economía sumergida, que solo se compensará con el reforzamiento de la lucha contra el fraude que entrará en vigor en 2013", explica la profesora de Esade, Diana Ferrer. Pero, antes, se habrá producido una amnistía fiscal que durará hasta el 30 de noviembre y con la que los defraudadores se librarán de culpas a cambio de un peaje del 10%. "En su día se dijo que la amnistía fiscal era a cambio de no subir el IVA. Y, al final, el IVA sube", recuerda Ferrer. Es un hecho más que demuestra que las medidas forman parte de un catálogo para satisfacer las demandas de los acreedores. Además, con la medida de gracia para los defraudadores, Hacienda espera recaudar 2.500 millones, muy por debajo de los más de 7.000 que estima que ingresará con la subida del IVA que afecta desde la carne y el pescado hasta los automóviles, las gasolinas o las facturas de la luz y el teléfono. Todos los sectores han puesto el grito en el cielo por la subida fiscal. Y no solo porque en apenas dos años el tipo general del IVA habrá subido el 40% (del 16% al 18% hace dos años y del 18% al 21% ahora ) y el reducido el 42% (del 7% al 8% y del 8% al 10% ahora). Se critica la improvisación del Gobierno y, por parte de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda se consideran los incrementos "drásticos y precipitados". Los efectos perversos además no se acaban aquí, ya que lo que el Estado ingresará por un lado lo pagarán otras administraciones. El día después de anunciar el mayor ajuste de la democracia, el presidente Mariano Rajoy destacó que España es un país "solvente y fiable". Lo hizo en la toma de posesión de Carlos Espinosa de los Monteros, el alto comisionado que dirigirá las políticas para mejorar la imagen del país, informaPatricia Martín. El enorme descontento provocado por las medidas de ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy que afectan además a los funcionarios, a los parados y a los pensionistas se extendió aún más. La

patronal eléctrica, Unesa, advirtió ayer de que las reformas previstas para acabar con el déficit de la tarifa "pueden afectar a la viabilidad" del sector. De hecho aseguran que los más de 2.000 millones de euros que les costarán producirían "una nueva caída de resultados dejando el beneficio de estas empresas a cero". Fue el colofón de una jornada en la que también protestaron los productores de energías renovables.

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Urbanismo contará con un nuevo convenio para evitar los despidos La plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) respiró ayer al conocer que en la mesa general de negociación de este ente se alcanzó ayer un acuerdo que garantiza la estabilidad de todos los puestos de trabajo y se diluye el fantasma de los despidos para reducir el capítulo de personal en 2,5 millones de euros. El meollo de este asunto es evitar la pérdida de puestos de trabajo y para ello será imprescindible contar con un nuevo convenio colectivo lo antes posible. El plazo que se han dado es que esté listo para antes de octubre. El nuevo documento que regule las relaciones laborales estará inspirado directamente por el del Ayuntamiento, aunque deberá contemplar las "peculiaridades" de la GMU. Esta propuesta partió de la junta de personal y del comité de empresa de la Gerencia. Ambos órganos la presentaron en la larga reunión de ayer de la mesa general de negociación en donde salió "casi al 99%", como señaló el responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Isaías Ortega, sindicato mayoritario en la GMU. En la misma se recoge que la plantilla toma en consideración la situación económica, el plan de ajuste del Ayuntamiento, el nuevo reparto de responsabilidades en el gobierno municipal y la voluntad del mismo "en favor del mantenimiento de los puestos de trabajo" para buscar una salida a su situación. El objetivo es el mantenimiento de la actividad con una serie de condiciones concretas. La primera de ellas es el mantenimiento de la GMU como "ente instrumental especializado", que será bajo la fórmula de agencia pública, que es la decidida por el gobierno municipal. La médula del acuerdo es el mantenimiento de los puestos de trabajo, lo que desbloquea otro frente social que se le abriría al gobierno municipal. La clave está en la reducción de 2,5 millones de euros en el capítulo de personal para 2013 y de medio millón de euros para el 2014. Hasta ahora se sospechaba en que estas cifras se alcanzarían en base a despidos. Pero el acuerdo de la mesa de negociación pasa por "mantener los puestos de trabajo existentes, permitir la continuidad del mayor número posible de puestos en la entidad y evitar discriminación económica y laboral entre los trabajadores que mantienen su puesto y quienes se incorporan a diferentes delegaciones del Ayuntamiento". La salvación de los puestos de trabajo tendría la contraprestación de la reducción de la masa salarial, que podría ser de alrededor de un 20% según los casos, junto a otras medidas, como prejubilaciones. Isaías Ortega calificó este acuerdo de "positivo" porque "despeja las dudas que había en los trabajadores de la Gerencia y se aclara la necesidad de un nuevo convenio". A partir de ahora la mesa general de negociación tiene el compromiso de elaborar el nuevo convenio antes de octubre, algo en lo que no habrá mayor problema puesto que se parte del documento que rige las relaciones laborales en el Ayuntamiento.

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Nieto advierte de la disolución de Sadeco y Aucorsa si no son viables

El alcalde, José Antonio Nieto, el tercero por la izquierda, ayer tras la firma del convenio con la UCO.

El alcalde, José Antonio Nieto, advirtió ayer de que, entre las nuevas medidas de ajuste anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se incluye la "obligación" de liquidar o privatizar las empresas públicas que tienen pérdidas, como ocurre en Aucorsa, Sadeco y Cecosam. Nieto, que hizo estas declaraciones tras la firma de un convenio con la Universidad de Córdoba y el Instituto de Agricultura Sostenible sobre la diversificación del paisaje rural de la campiña, explicó que la medida "se deriva de otros acuerdos adoptados en la Unión Europea". Se trata de una medida que afecta a las empresas públicas "que no encuentren un escenario de viabilidad, es decir, que están instaladas en pérdidas de forma recurrente y permanente y que se tienen que disolver privatizar", apuntó. Nieto incidió en que si estas empresas "son viables, encontrarán fondos en la iniciativa privada para poder mantener su actividad, mientras que si no lo son, no tiene sentido que los ciudadanos las sigan sosteniendo con sus impuestos, ya que serían disueltas". "Lo que quiere el gobierno municipal es que, tanto Sadeco, como Aucorsa y Cecosam, que están recurrentemente en pérdidas, vayan a un escenario de estabilidad, y que no tengan que entrar en ningún proceso de disolución, ni de privatización", incidió. Para ello, continuó Nieto, el Ayuntamiento tiene "abierto un diálogo permanente con los sindicatos y les estamos manifestando nuestra voluntad de que las empresas sigan siendo un referente de la empresa pública en Andalucía". El primer edil advirtió de que a pesar de ello "tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, porque, si no, no se puede mantener ese referente". Nieto recordó que los trabajadores de Sadeco y Aucorsa ya han hecho ese "esfuerzo" en sus convenios colectivos, pero "ahora tenemos que dar un salto más y conseguir ser más eficientes y realizar mejor nuestro trabajo para que la empresa no esté en pérdidas". "Si está en pérdidas, se activa automáticamente un mecanismo que nos lleva a tomar una decisión, en un momento dado, de liquidar o privatizar", incidió el alcalde, quien consideró que "entre todos, es posible poner en estabilidad a estas empresas". Nieto también hizo referencia la propuesta aprobada por la comisión de seguimiento del plan de ajuste municipal, que implica la amortización de 36 plazas en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec) y en el de Deportes. Recordó que "hay una negociación abierta, al menos desde la parte del gobierno municipal y, creo que también desde la parte social" y destacó que desde el Ayuntamiento "no se va a romper la negociación en ningún momento, porque tenemos una fecha tope y un objetivo que lograr", que no es otro que el plan de ajuste. Incidió en que este plan se tiene que aplicar, pero "sin que tenga que producirse ningún tipo de despido y, ni siquiera, la amortización de ninguna plaza, pero eso requería implicación de los sindicatos y de los trabajadores". Señaló que "hay algún avance en la negociación con los empleados del Instituto Municipal de Deportes y confiamos en que pueda llegar a buen puerto y evite que se tenga que amortizar alguna de las plaza". Nieto reconoció que la situación del Imdeec es "un poco más compleja, más enconada, porque no conseguimos que se desbloquee la posición que tienen los representantes de los trabajadores".

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El comercio alerta de que habrá cierres y despidos con la liberalización horaria

Patronal, sindicatos y consumidores mostraron ayer de forma conjunta su rechazo a la liberalización del horario en el comercio propuesta por el Gobierno central. La normativa contiene medidas como el incremento de las horas de apertura de 72 a 90 semanales y la ampliación de ocho a diez (como mínimo) los domingos abiertos al público. Además, los establecimientos situados en las zonas de interés turístico que tendrá que delimitar el Ayuntamiento- no tendrán restricciones. Todo esto perjudicará al comercio de cercanía, donde habrá "cierres" de empresas y despidos, según alertaron ayer tanto el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, como representantes sindicales de CCOO y UGT. El secretario general de la sección de Comercio de UGT Andalucía, Rafael Martín, fue uno de los más críticos ayer y denunció que el borrador elaborado por el Gobierno "está hecho a medida de una gran superficie", y acusó directamente a los grandes almacenes de ser un "lobby de presión" que ha influido en la redacción de esta normativa, que supondrá la "puntilla" para los negocios tradicionales. En estos momentos, el comercio de cercanía emplea a 42.000 cordobeses mientras que las grandes superficies producen 1.500 puestos de trabajo. Bados destacó además que la contratación en las pequeñas empresas es "más estable y de mayor calidad" que en las grandes firmas, por lo que insistió en el riesgo que supone perder empleos en un sector que tiene un gran peso en la economía de la capital. El sector se opone de manera frontal a la iniciativa y ayer apuntaron varias propuestas que pedirán al Gobierno para suavizar la aplicación de la norma. En este sentido, el responsable de la sección de Comercio de UGT Córdoba, Antonio Vacas, aseguró que que el mínimo impuesto de apertura de domingos -diez- sea el máximo para los comercios de Andalucía, de manera que puedan elegir entre ocho y diez festivos abiertos al público. Además defendieron que el Gobierno "no se puede meter" en competencias de la Junta, que es la que en estos momentos regula el horario en lo comercios y mantiene un modelo "que consigue el equilibrio entre todos los formatos". Otro de los puntos en el que también harán especial hincapié es en el de la delimitación de las zonas de gran afluencia turística. Bados aseguró que "estaremos muy pendientes" de la gestión del Ayuntamiento, que tiene que delimitarlas y cuenta con un plazo de seis meses a partir de la aprobación de la norma. Comercio Córdoba apuesta por que las zona turística siga siendo el Casco Histórico y, en concreto, el entorno de la Judería y no se amplíe más. Además destacó que en esta parte de la ciudad los negocios ya abren todos los días y de forma ininterrumpida, pues se acogen a la norma que permite este horario en los establecimientos menores de 300 metros cuadrados. Vacas, por su parte, también criticó que se apele al turismo comercial, que considera un "invento", mientras que se están ejecutando recortes que mermarán la capacidad de gasto de los consumidores. Los sindicatos aseguraron que si no se escucha sus peticiones se manifestarán en la puerta de los ayuntamientos y también tienen previsto "hacerse oír" en los plenos municipales. Los colectivos también se mostraron en contra de la subida del IVA que repercutirá de manera negativa en los comercios y supondrá la "puntilla" para los que han sobrevivido a la crisis estos años.

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La plataforma rechaza el plan para apadrinar a las familias desahuciadas La plataforma Stop Desahucios rechazó ayer a través de un comunicado una moción municipal aprobada el pasado 3 de julio que persigue el apadrinamiento de familias desahuciadas. El colectivo consideró que esta iniciativa, que apoyaron los cuatro grupos municipales -PP, UCOR, IU y PSOE- supone "la defensa de una propuesta de cariz caritativo que rechazamos al considerar que atenta contra la dignidad de las personas". Para la plataforma, el apadrinamiento de estas familias es "una medida populista, que no nos ha sido consultada previamente y que hace recaer la responsabilidad de la resolución de este problema en los sentimientos de compasión de la ciudadanía en lugar de en los mecanismos de protección de las instituciones públicas". Stop Desahucios acompañó su rechazo a esta medida con una defensa del pago de las deudas a las familias afectadas, ya que, a su juicio, el apadrinamiento sirve básicamente para "lavar conciencias". El colectivo incidió en que los pagos que defienden desde que se constituyó la plataforma "supondrían una solución efectiva a su situación". Concluyó que el colectivo quiere que se lleven a la práctica el resto de los puntos que forman parte de la moción. El documento remitido por Stop Desahucios adelanta asimismo que tienen previsto pedir una reunión con los responsables de los grupos municipales para garantizar el cumplimiento de los cinco puntos que forman parte de la moción de apoyo a las familias desahuciadas.

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El Ayuntamiento mantiene la ayuda de 80.000 euros a familias necesitadas y Servicios Sociales Botella destaca el "esfuerzo" del Gobierno municipal "a pesar de la situación de crisis económica" La concejala de Familia y Asuntos Sociales, María Jesús Botella, informó ayer de que el Ayuntamiento destinará 80.000 euros a proyectos destinados a la familia y Servicios Sociales, una partida similar a la del ejercicio anterior. La edil ofreció este dato económico en un encuentro en el que dio a conocer la convocatoria de subvenciones. "Esto es una señal del esfuerzo que estamos realizando a pesar de la situación de crisis económica", destacó la responsable del ramo. Añadió que la prioridad serán los proyectos que centren su apoyo a la familia y la infancia, a personas mayores, iniciativas destinadas que atiendan a personas discapacitadas, riesgo de exclusión social, recluidas en centros penitenciarios, personas que trabajen con ciudadanos extranjeros y los proyectos de atención a personas sin hogar o sin vivienda digna. Botella explicó que técnicos del área valorarán los proyectos de apoyo a familias en crisis o iniciativas para favorecer la conciliación familia-trabajo y programas socioeducativos, éstos dirigidos a la infancia y adolescentes en situación de riesgo. También detalló que las bases del proyecto cuentan con el respaldo del Consejo Local de Servicios Sociales del Consistorio, en el que están representados buena parte de los colectivos de apoyo social. De esta manera, continuó, pondrá en marcha una "convocatoria seria y responsable y adoptando un calendario de pagos para cumplir con los mismos, cosa que otras administraciones como la Junta de Andalucía no cumple". Botella señaló que ya se han comenzado a realizar los pagos pendientes que corresponden a la convocatoria del año pasado.

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Cosmos propone una comisión de seguimiento para tratar la incineración

Los miembros de la plataforma, ayer durante la reunión.

La Plataforma contra la Incineración en la Cementera Cosmos mantuvo ayer una reunión para tratar los avances que se han producido en el conflicto sobre la quema de residuos que pretende llevar a cabo la empresa. Uno de los portavoces de la plataforma, Gerardo Pedrós, aseguró que Cosmos ha planteado al Ayuntamiento la creación de una comisión de seguimiento para tratar el asunto de la que formen parte tanto los grupos municipales como la plataforma, además de la empresa. Pedrós lamentó que el Consistorio le haya dado prioridad a esta medida y no a la moción que propuso la plataforma y que se iba a presentar en el pleno de julio. El colectivo también ha presentado recientemente un escrito en la Delegación de Medio Ambiente para que revise si Cosmos ha perdido la autorización para la incineración de residuos pues el plazo, según la normativa, era de cinco años para iniciar la obra, que aún no se ha acometido.

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El PP reclama 150 millones de euros a la Junta para colectivos de Andalucía El PP reclamó ayer el pago de los 150 millones de euros que la Junta de Andalucía debe a colectivos sociales de toda la comunidad autónoma. Los populares realizaron esta denuncia durante una reunión que mantuvieron en su sede con los representantes de asociaciones de mayores y discapacitados de Córdoba. Ambos coincidieron en que el Gobierno andaluz está perjudicando a las residencias de jubilados y al funcionamiento diario de los colectivos de discapacitados. Se refirieron asimismo al descenso de 681 millones de inversión en materia social. Tras este encuentro reunión, Rafaela Obrero, integrante de la Comisión de Bienestar Social de Andalucía, expresó que "si la Junta no les paga tendrán que cerrar". Consideró que "es fundamental que se acometan estos pagos, ya que son muchos los colectivos que tendrán que despedir a sus trabajadores al no poder pagar sus nóminas". Las residencias de mayores reclamaron el dinero acordado por las habitaciones que entran dentro del convenio firmado con la Junta. Además, expusieron que en las estancias diurnas no pueden cubrir las plazas mínimas exigidas por la Junta y que, "de seguir así, tendrían que cerrar los programas de fin de semana". El PP denunció que estos impagos supondrán la pérdida de puestos de trabajo y un descenso en la atención a colectivos dependientes, que dejan las residencias y se trasladan a sus hogares, con la pérdida de cuidados cualificados que esto supone. Las propuestas de estos colectivos son el diseño de una mejor gestión para evitar la sensación de "improvisación".

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El PSOE dice que el TC "no da la razón" a los populares al dejar en suspenso la ley antialcaldes La lectura dle PSOE sobre la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de mantener la suspensión de la Ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta, que establecía la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde, es que con esta decisión "no da la razón" al PP andaluz. El secretario de Política Municipal de los socialistas andaluces, Francisco Conejo, insistió en que el fallo del alto tribunal "no da la razón" a los populares, pues el auto "no entra en el fondo de la cuestión". Conejo resaltó que el PSOE sigue manteniendo "la legalidad" de la Ley de incompatibilidades, aprobada en el Parlamento la pasada legislatura, con los votos de PSOE-A. "Si en Galicia es legal, por qué en Andalucía no", cuestionó el dirigente socialista en referencia a la ley gallega que establece similares incompatibilidades. Sin embargo, "más allá de la legalidad de la ley", Conejo aludió al "comportamiento ético y político" de los representantes políticos de los ciudadanos. Así, se preguntó "cómo puede explicar el alcalde de Sevilla, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y parlamentario andaluz, Juan Ignacio Zoido, que tiene tiempo para todo". Lo "lógico", según Conejo, es que se dedicara "íntegramente" a la Alcaldía de la capital andaluza. En relación a la crisis abierta en Juventudes Socialistas, tras la dimisión de su secretario general, Juan Carlos Ruiz Fuentes y doce miembros de su Ejecutiva, tras el congreso regional del PSOE del pasado fin de semana alegando "presiones inaceptables", Conejo subrayó que el PSOE respeta las decisiones de la organización juvenil porque es "autónoma".

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La Junta pide a los bancos que sean rescatados que paralicen los desahucios La Consejería de Fomento, que ostenta IU, se comprometió ayer a colaborar con la organización Facua-Consumidores en Acción en "defender los intereses" de los afectados por los "incumplimientos" de promotores de vivienda en la comunidad, y reclamó a los bancos que se acojan a las ayudas del rescate europeo que "paralicen los desahucios que tienen programados y establezcan fórmulas de habitabilidad para los inquilinos que no pueden hacer frente a su hipoteca mediante el alquiler social o la dación en pago". Este fue el resultado de la reunión que mantuvo la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, con la presidenta de Facua, Olga Ruiz. Los compromisos, según concretó Cortés, son, respecto a los promotores, "tanto en los posibles retrasos de los plazos de entrega de los inmuebles como en la calidad de las condiciones de habitabilidad con las que éstos se entregan", sino a crear "nuevos espacios de participación y encuentro con colectivos sociales que contribuyan a acabar con los desahucios y permitan intervenir, mediar y proteger a las personas afectadas por los lanzamientos ya ejecutados con la finalidad de garantizar el derecho a una vivienda digna". En opinión de la titular del ramo, las entidades bancarias deben "poner a disposición de las víctimas de la crisis" las viviendas desocupadas que tienen en sus manos a modo de "contrapartida social" por el dinero recibido en concepto del "rescate" bancario.

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La Junta apuesta por basar las estrategias turísticas de futuro "en la sostenibilidad"

Rafael Rodríguez y el director general de Turismo, Vicente Granados, ayer.

El consejero de Turismo y Comercio de la Junta, Rafael Rodríguez, destacó ayer que cualquier estrategia de futuro en el sector turístico "se tiene que basar en la sostenibilidad" y en ese marco "no caben proyectos como el Algarrobico o Valdevaqueros". Así se pronunció antes de las jornadas La sostenibilidad de los entornos turísticos, que se celebran dentro de los cursos de verano de la Universidad de Málaga (UMA). Rodríguez defendió que la sostenibilidad, "más que una palabra", es un concepto que debe englobar al conjunto del producto turístico y a modelos "que apuesten por el empleo de calidad". Sostenibilidad significa, además, que "el producto turístico en sí mismo sea de calidad, que el visitante cuando venga reciba una oferta de la cual se sienta satisfecho y que resuelva sus principales aspiraciones". Rodríguez defendió un producto "global" en el que las diferentes posibilidades "se vean que enriquecen a cada uno de los productos". El responsable andaluz de Turismo destacó la importancia de estas jornadas dada la perspectiva de sostenibilidad "como elemento central del modelo de desarrollo turístico que queremos impulsar en los próximos años". Asimismo, el consejero señaló que estas jornadas ponen de manifiesto cómo "cuando la gente empieza a hablar y a intercambiar experiencias, opiniones y valoraciones", al final las conclusiones y el grado de consenso son "más fáciles de lo que inicialmente se podía prever". Rodríguez quiso destacar que esto "anima" a su departamento a fomentar las estrategias de interlocución social que tienen previsto desarrollar en los próximos años para la elaboración de un nuevo pacto andaluz por el turismo, así como un nuevo plan general de turismo sostenible y para poner en marcha los nuevos planes directores de marketing y de calidad turística.

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Rajoy dice que no le faltará "determinación" para lograr el "éxito" de un proyecto reformista "sin precedentes"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que España es un país "solvente y fiable" embarcado "en un proyecto reformista muy difícil y sin precedentes", y ha subrayado que no le faltará "determinación" para lograr el "éxito" de ese proyecto con el fin de que España vuelva a estar a la "altura del país que representa". "Nuestro éxito va a ir de la mano de nuestra determinación", ha proclamado. Rajoy ha hecho estas manifestaciones en la toma de posesión del Alto Comisionado para la Marca España , Carlos Espinosa de los Monteros, quien ha señalado que la imagen del país se ha "deteriorado" en los últimos años y ha añadido que intentará "recuperarla". Al acto, que ha tenido lugar en el Palacio de la Moncloa, han asistido los ministros de Exteriores, Defensa e Interior, José Manuel García Margallo, Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz, así como numerosas personalidades. Un día después de anunciar duros recortes en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en el proyecto reformista "sin precedentes" en el que está inmerso España. "Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande y sólo es posible avanzar cuando se mira lejos", ha dicho, parafraseando al filósofo y ensayista José Ortega y Gasset. Apela

a

la

unión

de

todos

En su intervención, Rajoy ha afirmado que la huella de España es "imborrable" en el mundo. "Ahora nos esperan grandes pasos. Dejemos detrás de nosotros grandes huellas, ése debe ser el reto", ha enfatizado, para destacar la "fortaleza" de España como país y apelar a la unión de todos más allá de ideologías. En este sentido, ha insistido en que la "importancia de los activos y las potencialidades de España", como su lengua, su cultura o su patrimonio, urgen a hacer de la Marca España "una apuesta estratégica capaz de unir a todos más allá de divisorias ideológicas". A su entender, se trata de "sumar fuerzas y talentos" para "poner en valor la imagen que, como país de éxito, atesora España". El jefe del Ejecutivo ha subrayado que este proyecto común tiene el alcance de una política de Estado, ya que "no hay consenso mayor que dar a España la posición que se merece" a lo largo de la historia. A su entender, las "fortalezas" de España constituyen un "tesoro de incalculable valor" en el mundo. Así, ha apostado por la construcción de una "imagen global" del país que consolide la Marca España, haciendo una "marca atractiva" en la que sean "perfectamente reconocibles" su capacidad artística, la pujanza de su idioma y su cultura, pero sin olvidar las características de un país "plural", "emprendedor", "tecnológicamente avanzando", "líder en turismo, con dinamismo empresarial o "éxitos" deportivos. A esas señas de identidad, ha continuado, hay que añadir "el carácter y valores de una sociedad abierta, acogedora y tolerante". Con este objetivo, Rajoy ha explicado que se ha creado el Alto Comisionado para "garantizar la exitosa consecución de los propósitos de este gran proyecto" de la Marca España, que constituye un "componente fundamental de toda la acción del Estado". Tras elogiar la labor que realizan las compañías españolas en el exterior, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a "consolidar" la credibilidad que han ganado a pulso el sector empresarial.

"Honrado

y

orgulloso

de

esta

designación"

En su discurso, Espinosa de los Monteros ha agradecido al Gobierno la confianza que ha depositado en él para esta responsabilidad. "Me siento enormemente honrado y orgulloso de esta designación. Vengo con la ilusión y el espíritu de un joven y con la experiencia de un veterano", ha declarado, para añadir que asume este trabajo como "una misión de Estado". Según Espinosa de los Monteros, la imagen de España se ha "deteriorado" en los últimos años y se ha comprometido a "recuperarla" con la ayuda de todos. "Tenemos que recuperar la confianza, la fiabilidad y el respeto -ha indicado-. A eso voy a dedicar mi esfuerzo, procurando integrar en ese proyecto a todo el mundo". Ha admitido que en los últimos tiempos los españoles hablan de la prima de riesgo y ha dicho que hasta su portera habla de este asunto. "Quiero volver a hablar del tiempo con la portera y quiero que este país recupere la ilusión, aumente la autoestima y piense que España es un gran país que tiene muchas cosas que ofrecer al mundo", ha resaltado. Espinosa de los Monteros, que cuenta con 68 años, es vicepresidente de Inditex. Tendrá rango de secretario de Estado pero no percibirá remuneración por ello. Tan sólo tendrá derecho a indemnización por los gastos de viaje, estancias y traslados que le origine el desempeño de sus funciones. Dependerá directamente del presidente del Gobierno quien, con apoyo del Consejo de Política Exterior fijará las estrategias para promover la Marca España.

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Hacienda defiende el objetivo de déficit sin lograr consenso

Montoro saluda a Aguayo antes del comienzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El ministro de Hacienda y Administraciones Púbicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que había advertido a "varias" comunidades autónomas del "riesgo de incumplimiento" del objetivo de déficit de 2012. Aunque se negó a dar nombres, todo hace indicar que Andalucía se encuentra entre ellas. Montoro explicó que esta advertencia significa que "ponemos en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad, que comienzan con una reunión bilateral con cada comunidad autónoma para clarificar las medidas que están tomando y garantizar la corrección de las mismas para que se obtenga el objetivo de déficit de 2012, el 1,5%". El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que tampoco mencionó a ninguna, agregó que en plazo de siete días se mantendrá esa reunión bilateral y, en el caso de que se detecte algún tipo de infracción, se elevará al Consejo de Ministros para que apruebe una advertencia. Este procedimiento podría acabar con la intervención. Fuentes del CPFF fijaron el número de comunidades autónomas advertidas en ocho: cinco de ellas por retrasos en la ejecución de los ajustes presupuestarios y las tres restantes por falta de información. En concreto, estas mismas fuentes señalaron a Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Baleares o Asturias. A la comunidad autónoma andaluza la situaron en el primer grupo. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Agayo, que en la rueda de prensa posterior se quejó del tono "imperial" de Montoro en el CPFF, negó que se hubieran dado nombres y dijo desconocer que Andalucía estuviera entre las comunidades autónomas advertidas. El consejero Andreu Mas-Colell, con Cataluña también inmersa en este proceso, resultó más explícito si cabe: "Nos han tratado como criaturas, como súbditos". Y descalificó al propio CPFF: "La próxima vez, mando un correo electrónico". Montoro despachó las críticas del catalán destacando el importante papel institucional que tiene este órgano multilateral. Más allá de este proceso de las advertencias, que Montoro encuadró en el compromiso "claro y contundente" con la estabilidad presupuestaria para romper "el círculo vicioso en el que estamos inmerso", los nuevos objetivos de déficit fijados por el Gobierno para el periodo 20122014 centraron gran parte del CPFF. Tras la revisión del déficit nacional, que el Eurogrupo rebajó en un punto para 2012 (6,3%), el Gobierno se tuvo que emplear a fondo para mantener 1,5% entre las comunidades autónomas. Cuatro de ellas, Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, votaron en contra en el CPFF, y dos más, Castilla y León y Extremadura, ambas del PP, se abstuvieron. Galicia, que inicialmente se mostró muy crítica, optó por no resquebrajar más el frente popular. La tensión en el seno del PP comenzó incluso antes del CPFF. Montoro y el vicesecretario general del PP para asuntos autonómicos, Javier Arenas, se vieron obligados a suspender a mediodía una comparecencia de prensa prevista en la calle Génova al no haber unanimidad entre las comunidades autónomas populares. Con todo, pese a la insistencia de las críticas en solicitar un reparto del punto de margen concedido por la UE, el ministro de Hacienda y Administraciones, apoyado principalmente en la Comunidad de Madrid, sacó adelante los

objetivos de déficit previstos por el Gobierno para el periodo 2012-2014: 1,5%, en 2012; 0,7%, en 2013; 0,1%, en 2014. Y un superávit del 0,2% en 2015. Además, les exigió un plan plurianual para el periodo 2013-2015. En una actitud "desafiante", según algunos presentes, calificó la exigencia de las comunidades autónomas críticas de "una demanda de relajación" frente a la necesidad de "aplicar realismo en el escenario económico" que él encarnaba. Más o menos igual de inflexible se mostró Montoro y su equipo con el reparto del incremento del Impuesto de Valor Añadido (IVA). En la rueda de prensa posterior, comentó que las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán beneficiarse de él a partir de 2013; en concreto, en la liquidación de 2012, que se producirá en 2014. Este incremento pretende destinarlo el Gobierno a las pensiones, a las desviaciones en las cuentas de la Seguridad Social y a los intereses de la prima de riesgo. Aunque no estaba en el orden del día -y finalmente no se abordó-, otro de los platos fuertes resultó ser los hispabonos. Al rechazar cualquier intento de "mutualizar el riesgo", el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas prácticamente los enterró en la rueda de prensa posterior al CPFF. Como alternativa, para las comunidades autónomas que no puedan hacer frente a futuros vencimientos, planteó la creación de fondo, respaldado por el Tesoro, que conllevará un reajuste presupuestario para aquellas que hagan uso de él. Hoy está previsto que lo estudie el Consejo de Ministros. El CPFF dio el visto bueno al Plan Económico Financiero presentado por el Principado de Asturias. De esta manera, el Ministerio sacó ayer una especie de tarjeta amarilla en el CPFF. A pesar de que Montoro rehusó una y otra vez identificarlas y concretar el número, por exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, adujo, y dijo que "sí o sí" todas, las diecisiete comunidades, cumplirán con ese objetivo. Y lo harán con independencia del color político de sus gobiernos, sean del partido que sean, porque si algo tiene "clarísimo" el Gobierno, advirtió Montoro, es que sólo existe una opción: cumplir. El Gobierno central tiene claro que es una prioridad absoluta el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de todas las administraciones públicas. A partir de ahora, y en un plazo que no irá más allá de finales de julio, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales con cada una de las comunidades "amonestadas" ayer, para analizar detalladamente su ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las medidas de ajuste a las que están comprometidas para alcanzar ese 1,5 % de déficit previsto.

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El Gobierno rebajará el salario de sus miembros y la pensión de los ex presidentes y ex ministros El Ejecutivo de Mariano Rajoy reducirá la pensión que reciben los ex presidentes del Gobierno en la parte proporcional a la paga extra de Navidad que se van a dejar de percibir todos los empleados públicos, según han adelantado fuentes del Palacio de la Moncloa. Los cuatro ex presidentes del Gobierno iban a recibir este año 74.580 euros cada uno, un 5,6 por ciento menos que el año pasado, según se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012. Ahora verán recortada esa retribución en la parte equivalente a esa paga extraordinaria de los funcionarios. Esta medida también se aplicará a los ex ministros, que cobran una pensión indemnizatoria al finalizar su mandato por un máximo de dos años. Eso sí, el decreto ley que se aprobará este viernes hará incompatible el cobro de esa indemnización de ex alto cargo con cualquier otro sueldo. Son varios los miembros del Gobierno de Zapatero que hasta ahora tienen una doble remuneración, como ex ministros y diputados. Entre otros, figura el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y otros ex ministros como José Blanco, Francisco Caamaño, Antonio Camacho, Trinidad Jiménez, Valeriano Gómez, Ramón Jáuregui o Manuel Chaves. La pensión indemnizatoria a los ex ministros tiene su origen en la Ley de Presupuestos de 1981, que señala que los miembros del Gobierno tienen derecho a percibir el 80 por ciento de su sueldo durante el mismo tiempo que hubiesen estado al frente del Departamento, con un límite de dos años.

Rajoy

y

sus

ministros

de

bajan

el

sueldo

Asimismo, el decreto ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros incluirá una reducción de salario de los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy en la "parte equivalente" a la paga extra de Navidad que se quitará a los empleados públicos. El presidente del Gobierno cobra 78.185,04 euros al año distribuidos en 12 pagas, mientras que la vicepresidenta tiene un salario de 73.486 euros. Los Presupuestos para este año fijan el sueldo a los ministros en 68.981 euros. Ahora tendrán una reducción de sueldo del 7,1 por ciento, porcentaje proporcional a la extra de navidad que van a dejar de recibir los funcionarios, han indicado fuentes gubernamentales.

Reducción

de moscosos y

ajuste

de

los

liberados

sindicales

El presidente del Gobierno avanzó ante el Pleno del Congreso que la suspensión de la segunda paga extraordinaria será compensada en 2015 en el caso de los funcionarios y empleados públicos con la "correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones". Aparte de quitar esta paga extra, Rajoy avanzó que reducirá los moscosos y ajustará el número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. Estas medidas se incluirán en el decreto ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que se convalidarán previsiblemente en la última semana de julio

Los grupos piden la supresión de la extra de Navidad para los diputados Todos los grupos parlamentarios del Congreso han solicitado este jueves al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que suprima la paga extra de Navidad a los diputados, en aplicación de la medida anunciada este jueves en este sentido para los funcionarios públicos por el presidente del Gobierno. Esta petición ha sido formulada en un escrito dirigido al presidente del Congreso, firmado por los portavoces de los siete grupos parlamentarios: PP, PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, UPyD y UPN, en nombre del Grupo Mixto. En el texto, los portavoces solicitan al presidente que "en el ejercicio de sus competencias, tal y como recoge el reglamento de la Cámara, adopte las medidas oportunas para que, en términos de igualdad con la medida que afectará a los funcionarios públicos anunciada durante el pleno de ayer, se proceda a la supresión de la asignación extra que los miembros de la Cámara reciben en el mes de diciembre de 2012".

El PSOE y UPyD exigieron previamente al presidente Mariano Rajoy y a

sus

ministros

que

se

bajen

el

sueldo

El PSOE y UPyD exigieron previamente al presidente Mariano Rajoy y a sus ministros que se bajen el sueldo entre un 7 y un 8 por ciento en consonancia con lo que exigen a los funcionarios y dado que los miembros del Gobierno no tienen paga extra como la que se va a suprimir en Navidad a todos los empleados públicos. Conforme a los Presupuestos Generales, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros cobran su sueldo "en 12 mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias". No ocurre lo mismo a partir de los secretarios de Estado, que sí disfrutan de pagas. A la vista de que Rajoy anunció este miércoles la supresión de la paga de Navidad para todos los funcionarios y que incluso pidió hacerlo extensivo a diputados y senadores, como se aplicará, tanto el PSOE como UPyD han pedido que el Gobierno también haga lo mismo. "Pedimos al Gobierno que se baje el sueldo un 8% ya que no tiene paga extra de Navidad y no se la pueden suprimir como a los funcionarios", ha anunciado el PSOE a través de un mensaje en la red social Twitter.

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La UCO recurre la suspensión de las jubilaciones al Tribunal de Cuentas La Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado un recurso ante las diligencias preliminares que el Tribunal de Cuentas ha abierto contra el programa de jubilaciones anticipadas, según informó ayer el rector, José Manuel Roldán Nogueras, quien recordó que el plan sigue suspendido de manera cautelar. La presentación de este recurso por parte de la UCO, según Roldán Nogueras, se basa en la legalidad del sistema. "No contravenimos ninguna norma y tampoco hay menoscabo de patrimonio público", apuntó. El rector mostró su confianza en que las diligencias del Tribunal de Cuentas se archiven antes del 30 de septiembre, fecha en la que se cumple el plazo para que los 40 profesores que han solicitado dejar de dar clases de manera anticipada el próximo curso puedan acogerse de manera definitiva. En caso contrario, los docentes tendrían que volver a dar clases o, por el contrario, jubilarse sin recibir los incentivos correspondientes. El máximo responsable de la UCO recordó que "siempre he defendido continuar con esta norma mientras me lo permitieran", ya que uno de los objetivos de su puesta en marcha -hace ahora diez años- era el de rejuvenecer la plantilla de la institución académica, cuya edad media es de 56 años. Tal y como publicó El Día, la paralización del programa -al que se han acogido más de un centenar de profesores desde su aprobación- viene después de que el Tribunal de Cuentas haya informado a la Junta de que abrirá diligencias preliminares sobre los planes de jubilaciones incentivadas de las universidades de Almería, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Córdoba. El Consejo de Dirección de la UCO comunicó a la plantilla docente la anulación de la convocatoria el 6 de julio debido al anuncio hecho por el Tribunal de Cuentas. En esa información, la institución académica aseguraba que la UCO "tiene perfectamente fundamentada la posible responsabilidad contable por alcance" del citado documento del Tribunal de Cuentas. Tras el anuncio hecho por el rector, la Universidad espera la resolución del órgano fiscalizador para poder levantar la suspensión del programa.

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Empresarios temen que el PIB turístico caiga hasta un 1,5% con la subida del IVA

El PIB turístico puede contraerse hasta un 1,5% en 2012 con la subida del IVA al sector del 8 al 10% y registrar así una caída muy similar a la prevista por el Gobierno para la economía en su conjunto, del 1,7%, según los cálculos de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis con la medida por sus efectos "en un sector que que éramos locomotora o, por lo menos, sostén caídas de la

Zoreda, expresó la disconformidad hasta ahora podíamos argumentar importante para atenuar mayores economía española".

"No parece que se esté favoreciendo al único sector de la economía española capaz hasta hoy de crear empleo", comentó en rueda de prensa para presentar las previsiones de Exceltur para el verano y el conjunto del año. Desde Exceltur advierten de que el turismo "no va a generar empleo este año" y con medidas como la subida del IVA o la de tasas aeroportuarias está alcanzando, "si no lo ha traspasado", el límite de resistencia. Las cifras sobre los efectos del incremento impositivo aportadas por Exceltur son claras: 19.000 empleos destruidos al año, una caída en la facturación superior a los 2.000 millones de euros si se repercute al consumidor final y pérdidas de 103 millones para los empresarios por los paquetes vacacionales vendidos a turistas extranjeros con precios cerrados. Además, la subida al 10% generaría, según lobby turístico, un descenso de la entrada de divisas por turismo extranjero en España de hasta 674 millones de euros en 2012, con lo que el sector dejaría de contribuir en dos puntos a la cobertura del déficit corriente de la Balanza de Pagos española Exceltur reclamó al Ejecutivo que aplique la subida "como muy pronto" partir de octubre, pasada la temporada alta, aunque lo "ideal" sería en enero de 2013. La coyuntura en que llega el anuncio de subida del IVA, hecho el miércoles por el presidente Mariano Rajoy es "muy poco propicia" para Zoreda, dada la desaceleración de la demanda nacional y la pérdida del impulso de la extranjera. Los españoles, según Exceltur, viajan con estancias más cortas y con presupuestos más bajos, optando por los servicios de menor coste. Además, los segmentos de la sociedad española que más se resienten son los de menor renta. La demanda turística extranjera, por su parte, se ha ralentizado en el segundo trimestre, conforme ha comenzado a recuperarse la normalidad en Túnez, que acumula hasta mayo un aumento del 48,8% de turistas extranjeros, y en menor medida en Egipto.

Sin tener en cuenta la subida, Exceltur ya había revisado a la baja su previsión de la actividad turística para 2012 desde una caída del 0,3% a una del 0,6%. Según Exceltur, cada punto adicional del IVA al turismo en este momento de plena temporada alta y cuando se están decidiendo buena parte de las compras de último minuto, supondrá una caída adicional de 0,45 puntos porcentuales en el PIB del sector. En el segundo trimestre de 2012, la actividad turística ha caído un 0,9% en términos interanuales, lo que no ha impedido que el sector siga siendo el único de los grandes de la economía española que crea empleo. En concreto, 5.042 nuevos puestos de trabajo en junio, un 0,4% más que en el mismo mes de 2011. Los hoteles de costa, junto con las empresas de ocio y alquiler de coches en sitios dependientes del turismo extranjero esperan un verano favorable con aumentos leves. Por el contrario las empresas de transporte de pasajeros y las agencias de viajes esperan descensos de ventas por caída de consumo y gasto por parte sobre todo de los españoles.

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El Gobierno aprieta a las autonomías DESPUÉS de haber anunciado el ajuste más severo de la democracia, el Gobierno de la nación aplicó ayer otra vuelta de tuerca a las cuentas de las comunidades autónomas obligándolas a un saneamiento más estricto. No consiguió la unanimidad. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne bajo la presidencia del ministro de Hacienda a los consejeros homólogos de las comunidades autónomas, constató ayer la oposición de varias de ellas al plus de austeridad planteado por Cristóbal Montoro. Los gobiernos de Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias votaron en contra del planteamiento gubernamental, en tanto que los consejeros de Castilla y León y Extremadura, militantes del Partido Popular, se abstuvieron y otros territorios de control popular también mostraron su malestar. De manera resumida, la postura del Ministerio de Hacienda supone endurecer los objetivos de déficit de las autonomías, de modo que la flexibilidad lograda por España en el Eurogrupo (la desviación del déficit prevista para este ejercicio era del 5,3% del PIB y pasó al 6,3%) sólo fuese utilizada por la Administración central, sin compartir el punto de déficit. Al contrario, el Gobierno ha impuesto que los objetivos de déficit autonómico de 2013 y 2014, que fueron fijados por el Ejecutivo de Zapatero en un 1,1% y un 1%, respectivamente, queden establecidos en el 0,7% y el 0,1%. No ha habido, pues, un reparto equitativo del esfuerzo común contra el déficit. Es cierto que algunas comunidades autónomas se están alejando del cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria y que en el campo de la reducción de estructuras y empresas públicas casi ninguna está haciendo honor a sus compromisos, pero el Gobierno tendría que haber aceptado que las autonomías pudieran gozar de un respiro, facilitado por el Eurogrupo, en sus actuales asfixias financieras, que se traducen en impagos y recortes en sanidad y educación. Las comunidades autónomas son también Estado, para lo bueno y para lo malo.

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Amaral emprende un camino 'Hacia lo salvaje' en el Teatro de la Axerquía

Amaral llega esta noche al Teatro de la Axerquía con su último trabajo, Hacia lo salvaje, en el que ha endurecido los sonidos de las guitarras y cuyas canciones buscan transmitir que "siempre hay espacio para la esperanza". Con más de cuatro millones de copias vendidas, el grupo zaragozano vuelve a Córdoba para ofrecer uno de los conciertos más esperados de esta edición del Festival de la Guitarra. La cita será a las 23:30 en el Teatro de la Axerquía. "La sensación de querer escapar se refleja a lo largo del disco; las ganar de ir hacia otro lugar mejor, otra realidad, hacia una sociedad distinta, menos caníbal consigo misma", asegura la vocalista del grupo, Eva Amaral, que asocia este sentimiento con la situación que vive la sociedad española en los últimos años. "Es inevitable que te afecte", indica la cantante. Las canciones del disco, como recuerda el guitarrista del grupo, Juan Aguirre, se escribieron entre 2009 y 2010, antes de que surgieran "algunos movimientos sociales" como el del 15-M, pero "captan cosas que están en el aire. En nuestra mente y en la de muchos amigos nuestros", apunta. De esta forma, Amaral propondrá un mensaje de esperanza en la Axerquía a través de canciones como Si las calles pudieran hablar, Como un martillo en la pared u Hoy es e principio del final. "Queremos transmitir las ganas de ir hacia la luz, de que al final hay algo distinto. Incluso la canción más melancólica o tenebrosa tiene algo de esperanza al final", afirma Amaral. Con decenas de premios a sus espaldas, Amaral se ha consolidado en los últimos años como una de las bandas españolas de mayor prestigio. Con seis discos grabados, los críticos alaban también la progresión que han tenido encima del escenario, ofreciendo conciertos donde el público disfruta casi más que los propios artistas. Amaral tuvo su particular despegue en 2003, cuando su disco Estrella de Mar se convirtió con más de 800.000 copias en uno de los más vendidos de España. La avalancha de premios que recibió el grupo los empujó a dar una extensa gira de más de dos años donde recorrieron toda España y medio mundo. En plena vorágine de conciertos y de atención mediática, Eva y Juan compusieron Pájaros en la cabeza, su siguiente gran éxito de ventas, que se convirtió en el disco más vendido en España. Sus siguientes trabajos continuaron estando en lo más alto. En septiembre de 2011 presentaronHacia lo salvaje, un disco independiente editado por su propia compañía y que ha sido triple Disco de Oro en España y doble Disco de Plata Europeo. Este álbum ha logrado permanecer durante cuatro semanas consecutivas en el número uno de la lista de ventas. En octubre de 2011 el grupo comenzó una gira que les trae ahora a Córdoba tras llenar cinco días seguidos en Zaragoza y pasar por Andorra, Pamplona, Sant Cugat, A Coruña, Cádiz, Málaga, San Sebastián, Bilbao, Murcia o Almería.

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Arafat pudo morir por un veneno desconocido

El histórico líder palestino Yaser Arafat murió envenenado por una sustancia tóxica desconocida que no fue examinada en su momento, ha indicado el director del comité médico que investiga las causas del fallecimiento, el jordano Abdulá Al Bashir. Al Bashir dijo en una conferencia de prensa televisada en la ciudad cisjordana de Ramala que los indicios sugieren que Arafat fue envenenado, si bien no aportó pruebas de su afirmación. Según Al Bashir, los informes médicos efectuados en su momento no revelan el motivo del deceso y tampoco se puede confirmar, sin exhumar el cadáver, el envenenamiento con la sustancia radiactiva letal polonio 210, como sugiere una reciente investigación de la cadena Al Yazira. "El informe francés decía que los especialistas no fueron capaces de encontrar una razón o enfermedad conocida que pueda explicar las causas de la muerte" y que "el desarrollo de la enfermedad no podía ser explicado en el marco de una patología", señaló. Al Bashir dijo además que los médicos del hospital de Bercy (cerca de París), donde Arafat falleció en 2004, rechazaron una petición de información del comité médico, creado a raíz de la información de Al Yazira y que ha abierto la puerta a la exhumación del cadáver, informa la agencia de noticias palestina Maan. El doctor jordano, que compareció ante los medios acompañado de varios dirigentes palestinos, se mostró partidario de investigar la opción del envenenamiento, que determinará un equipo suizo que se desplazará a la zona cuando se acuerde una fecha para la exhumación de los restos de Arafat, lo que apoyan la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la viuda del histórico dirigente, Suha Arafat. En la conferencia de prensa, el portavoz presidencial palestino, Nabil Abu Rudeina, insistió, por su parte, en que "no habrá obstáculos" en la "búsqueda de la verdad" sobre la muerte de Arafat, cuyos restos reposan en la Muqata de Ramala, sede del gobierno de la ANP. El pasado martes una fuente oficial palestina señaló bajo condición de anonimato que varios países, entre ellos Estados Unidos y Francia, estaban presionando a la ANP para que no investigue la muerte del dirigente palestino. Washington está insistiendo en que no se abra una investigación internacional sobre la muerte de Arafat por considerar que dificultaría la reanudación del diálogo de paz con Israel, paralizado desde 2010, agregó la fuente, que cree que el nivel de presión podría de hecho impedir las pesquisas. Al Bashir permanecerá tres días en Ramala, en los que se reunirá con líderes palestinos, examinará la información sobre el caso y dará conferencias médicas. En el marco de la investigación de Al Yazira, el Instituto de Radiación Física de Lausana (Suiza)encontró polonio 210 en algunos de los efectos personales de Arafat facilitados por Suha, como prendas de ropa, un cepillo de dientes y su emblemática kufiya (pañuelo palestino). En los restos de sangre, sudor, saliva y orina presentes en estos objetos se detectaron niveles anormales de polonio 210. Israel, por su parte, ha tachado de "ridículas" las alegaciones de que Arafat murió envenenado y las consideró un complot para tratar de involucrar a sus servicios secretos en su muerte. El sobrino de Arafat acusa a Israel de haber envenenado a su tío con polonio El sobrino de Yaser Arafat, Naser Al Qidwa, acusó este jueves a Israel de haber provocado la muerte de su tío en el año 2004 envenenándolo con polonio y exigió que "los responsables de este asesinato sean juzgados".

"Israel no está implicado en la muerte de Arafat", respondió el gobierno israelí en una declaración de Mark Regev, el portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu. "Desde el martirio del difunto presidente Yaser Arafat hemos dicho que fue asesinado por envenenamiento, pero no teníamos ninguna prueba tangible. Pero después del documental de Al Jazeera que afirma que fue envenenado con polonio ya no hay ninguna duda", dijo a la AFP Naser Al Qidwa."Acusamos a Israel de haber envenenado a Yaser Arafat con esta sustancia mortal y reclamamos que los responsables de este asesinato sean juzgados", dijo por teléfono desde Ginebra. Según un documental de la cadena de televisión catarí Al Yazira, emitido el pasado 3 de julio, el Instituo de Radiaciones de Lausana (Suiza) analizó muestras biológicas de los efectos personales de Arafat. El laboratorio encontró en esas muestras "una cantidad anormal de polonio", según el documental. La Fundación Arafat se puso en contacto con el laboratorio suizo para informarle de que "no tenemos reparos en caso de que fuera necesario analizar muestras del cuerpo (de Arafat)" y publicó este jueves en su página web el dossier médico del histórico líder palestino, que no determina las causas de su muerte.

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La economía se contraerá este año por debajo de la media andaluza

La situación económica es complicada y lo seguirá siendo. Menos crecimiento y más desempleo son las principales conclusiones que se extraen del informe Previsiones económicas de Andalucía. Verano 2012 elaborado por el servicio de estudios de Unicaja. En concreto, el estudio de Analistas Económicos de Andalucía apunta que la economía cordobesa se estancó durante el primer trimestre de este año, ya que el crecimiento fue del 0%. Además, las previsiones son que se produzca una contracción en torno al 1,1%, un ritmo por debajo de la media andaluza, donde se espera una caída del 2,2%. De hecho Córdoba, junto con Málaga y Granada son las provincias de la comunidad donde menos descenderá la actividad económica, mientras que Almería, Jaén, Cádiz y Huelva registrarán los peores datos. Pese a que la situación de la provincia parece ser más favorable que en el conjunto de Andalucía, en el terreno laboral los datos no son tan positivos. La destrucción de puestos de trabajo se ha intensificado en el primer trimestre, con un 5,8% menos de empleos, mientras que el número de parados se ha incrementado un 15,8%, según el informe de Unicaja. La tasa de paro se sitúa en el 32,7%, uno de los niveles más altos de Andalucía y de España. Estos datos no tienen en cuenta los meses de abril, mayo y junio, en los que el paro ha bajado debido al impacto del turismo y de las contrataciones veraniegas. Precisamente el sector turístico es el único que está tirando de la actividad económica en la provincia. En el informe se pone de manifiesto que Córdoba ha registrado el mayor aumento del número de viajeros durante el primer trimestre del año. Además, en esta vez el alza viene como consecuencia tanto de la llegada de turistas de extranjeros como nacionales. Durante los primeros años de la crisis fueron los visitantes de fuera de España los que mantuvieron los números en el sector y en 2010 se registró una cifra récord de visitantes extranjeros. La tendencia ahora ha cambiado y los turistas nacionales también eligen Córdoba como destino vacacional, quizá como consecuencia de que la situación económica obliga a hacer escapadas cercanas en lugar de realizar grandes viajes durante los días de descanso. Otro apunte muy positivo es que el personal ocupado en establecimientos hoteleros se ha incrementado un 2,8% en el inicio del año, mientras que en el conjunto de Andalucía ha caído un 5,6%. La construcción, sin embargo, continúa en un "profundo ajuste", como lo califica el estudio, con una escasa actividad pro el lado de la oferta, pues apenas se construyen viviendas. Los expertos apuntan en el documento que las ventas han caído prácticamente a la mitad a nivel general, aunque en el caso de los pisos usados las transacciones han incrementado un 1%. Esto se debe a que los precios siguen siendo más asequibles en la segunda mano.

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