DOSSIER DE PRENSA DIARIA 15 de marzo de 2013
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INDICE DE CONTENIDOS
CÓRDOBA Nieto no descarta «medidas duras e impopulares» en las parcelas del río Dueños de patios exigen el doble de subvenciones para abrirlos El Plan Especial de Empleo fija un tope de 50.000 euros por municipio ANDALUCÍA El TSJA mantiene a Rogelio Reyes como apoyo a Alaya por seis meses La Junta realiza «traslados ilegales» de oficinas y trabajadores Un Parlamento muy risueño Los nuevos requisitos para lograr becas afectarán a «pocos» alumnos, según la Junta ESPAÑA Rajoy afirma con absoluta franqueza que no se siente chantajeado por Bárcenas El TSJ de Navarra autoriza los actos contra la «doctrina Parot» prohibidos por la Delegación del Gobierno El Congreso convalida la rebaja de las tasas judiciales y su eliminación en los desahucios ACTUALIDAD El PSOE se va de puente Los barones del PSOE no descartan ya un congreso para atajar la crisis El Gobierno asegura que adaptará la ley hipotecaria a la resolución judicial europea El PSOE y la plataforma de afectados exigen la paralización inmediata de los desahucios Los puntos en los que la ley de desahucios vulnera la normativa europea «Los jueces deben hacer de jueces» Mas desconvoca la cumbre anticrisis por la dificultad de llegar «a acuerdos de fondo» El juez del «caso Nóos» confirma la fianza de 8,2 millones a Urdangarín y Torres PNV se alía con Bildu y pide la derogación de la «doctrina Parot» OPINIÓN Rey Guadalquivir CULTURA Cultura niega haber recibido «petición formal» del Metropolitan por el Carambolo INTERNACIONAL Otro suicidio estremece Túnez ECONÓMIA La cotización para los jubilados que sigan trabajando será del 8%
CÓRDOBA El proyecto de hospital de Prasa vuelve a activarse con otro diseño y ubicación El siguiente paso es concluir el estudio de viabilidad El PSOE dice que el PP no valora que "sin patios no hay fiesta" IU y PSOE exigen al alcalde que arregle el problema de los patios Siete patios del Alcázar Viejo abren sus puertas desde hoy El Instituto de la Mujer difunde sus programas y recursos en una semana de puertas abiertas Poniente Sur peleará para que el Salvador Vinuesa 'vuelva' al barrio El Consistorio planifica servicios y actividades para mayores El distrito Sureste afirma sentirse "discriminado" por el Ayuntamiento Los vecinos de Las Pitas exigen servicios básicos Ascienden al subdirector que levantó reparos de la Copa Davis ANDALUCÍA El PP dice que la Junta debe 400.000 euros en programas a los ayuntamientos La Junta garantiza que el Care de Noreña abrirá en breve Griñán regulará como pide IU las consultas populares antes de verano Zoido calcula en 400 millones de euros la deuda de la Junta con los ayuntamientos El PP niega el recorte en las becas y cifra en 700 los afectados El consejo de la RTVA aborda hoy la designación de Joaquín Durán ESPAÑA El Congreso aprueba las medidas de choque contra el desempleo juvenil El Consejo aprueba mañana un decreto con medidas para trabajadores mayores ACTUALIDAD La sentencia de la UE abre la puerta a detener los desahucios españoles La PAH y el PSOE piden la paralización inmediata de todos los desalojos Stop Desahucios se reafirma en la idea de que "sí se puede" Coto al abuso La Junta exige al Gobierno que pare los desalojos UGT celebra la sentencia europea sobre desahucios y pide el cese de desalojos Rajoy cambiará la ley hipotecaria para ajustarla a la sentencia IU ve en la sentencia europea de desahucios un triunfo de la presión social La Banca opina que los jueces deben determinar si las cláusulas son abusivas Los reformistas de América y Alemania auparon a Bergoglio OPINIÓN Varapalo de la UE a los desahucios exprés Resulta que si se puede CULTURA La Orquesta de Córdoba estrena obras de alumnos del Conservatorio INTERNACIONAL Xi Jinping, nuevo presidente de China ECONÓMIA Investigadas 2.543 operaciones sospechosas de blanqueo en España desde 2006
CÓRDOBA PSOE e IU dicen que la actitud del PP "pone en peligro" a los Patios Los turistas pueden acceder desde hoy a siete recintos de la zona del Alcázar Viejo La crecida del río vuelve a poner en el punto de mira el conflicto de las parcelas El programa de Fomento reparte 3,38 millones entre los municipios este año ANDALUCÍA Griñán evita cifrar la deuda con los ayuntamientos, que Zoido estima en 400 millones La economía andaluza cayó un 1,7% en 2012 La Junta dice que aún no tiene licencia para abrir el CARE de Noreña Griñán se compromete a implantar la consulta popular tras la presión de IU El PP cifra en unos 700 alumnos los afectados por el cambio de Wert en las becas La Junta lamenta la negativa de Fomento para tratar el futuro de los aeropuertos ESPAÑA Rajoy niega sentirse chantajeado por Bárcenas Admitida la demanda del PP contra 'El País' y el autor de los papeles de Bárcenas La Fiscalía recurre para impedir que Bermúdez cite a empresarios donantes del PP ACTUALIDAD La UE dictamina que la norma española de desahucios es contraria a la legislación europea "Le faltó coraje pero no fue cómplice de la dictadura argentina" Bergoglio señala la senda de la austeridad La Fiscalía recurre para impedir que Bermúdez cite a empresarios donantes del PP Admitida la demanda del PP contra 'El País' y el autor de los papeles de Bárcenas OPINIÓN El resbalón de Monago Europa frena los abusos CULTURA Israel Galván busca la aproximación a los cánones en 'La edad de oro' INTERNACIONAL Unicef alerta de que la guerra en Siria amenaza el futuro de dos millones de niños ECONÓMIA Juncker advierte del riesgo de una "revuelta social" contra la austeridad
Nieto no descarta «medidas duras e impopulares» en las parcelas del río
Nieto, junto a Laura Ruiz y Rafael Jaén, en La Altea durante las inundaciones del año 2010
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, volvió a insistir ayer en reclamar un «diálogo abierto y constante» a la Junta de Andalucía para encontrar una solución «cuanto antes» al problema de las parcelaciones en zona inundable en la que, según el alcalde, no se descarta adoptar «medidas impopulares» entre las que, entre líneas, incluyó el derribo o los desalojos de las edificaciones ilegales, aunque siempre «de la mano de la Junta». El mensaje de Nieto a la Administración regional no es nuevo-de hecho lo viene repitiendo desde hace dos semanas-, pero vuelve a estar de actualidad por la situación que viven estos días los vecinos de parcelaciones como la Altea, Guadalvalle o Fontanar de Quintos, que se han visto de nuevo afectados por la crecida del Guadalquivir. Según el alcalde, que ayer acudió a un foro en Sevilla, ambas administraciones tienen que ponerse manos a la obra «cuanto antes» para iniciar un diálogo fluido en el que «si hay que tomar medidas impopulares, nosotros lo vamos a asumir». ¿Y cuáles son esas medidas? Nieto las deslizó empleando un mensaje en positivo. «Si encontramos una solución que evite que haya que desalojar, derribar o tomar unas medidas más duras, pues ojalá, encantados de buscarlas y de encontrarlas, pero tenemos que hacerlo cuanto antes», señaló. De esta manera, el Ayuntamiento vuelve a poner la pelota en el tejado de la Junta para tratar de solucionar «un debate histórico» y muy complejo -tal y como lo definió Nieto a comienzos
de mes-en el que «habría que analizar caso por caso y vivienda por vivienda», y añadió que «la Junta no puede mirar para otro lado» con una realidad evidente en la ciudad.
Servicios básicos Es por ello que el equipo de gobierno local tenía previsto aprobar en el Pleno del pasado martes -suspendido por la crecida del Guadalquivir- una moción en la que se reclamaba a la Junta que ampliase la moratoria de un año para introducir modificaciones a las nuevas directrices de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), barajando la posibilidad de dar servicios básicos de luz, agua y alcantarillado a algunas de estas edificaciones construidas sobre suelo inundable o en el entorno de Medina Azahara de manera provisional. Acerca de las primeras, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín, también ahondó en esta idea el pasado martes, pero añadió el matiz de «algunas parcelaciones en suelo inundable», en concreto aquellas que se encontraban a la espera de un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que vendría a revisar la clasificación del suelo en el que se encontraban esas viviendas. Según Martín, en estas construcciones y siempre con el informe vinculante de la CHG, habría «cauces de legalización» para que estas viviendas cercanas al río pudiesen disfrutar de los servicios básicos que llevan años reclamando. Todo ello en el marco del inventario de parcelaciones que, en virtud de ese decreto de la Junta, ya tiene ultimado la Gerencia de Urbanismo y en el que se cuantifican 97 asentamientos con 4.334 viviendas. Estas intenciones quedan ahora en un segundo plano por la realidad de las inundaciones y las palabras de ayer del alcalde, que vuelve a poner el foco mediático en la necesidad de adoptar «medidas impopulares» para llegar de una vez por todas, a una solución de consenso con estas construcciones. Un trabajo que, vistas las relaciones con la Junta y lo complejo del problema, se antoja complicado.
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Dueños de patios exigen el doble de subvenciones para abrirlos
Rafael Barón, de Claveles y Gitanillas, ayer junto a otros dueños de casas que concurren al certamen
«A ver si este año no vamos a montar los patios». La frase, expresada a modo de proclama coral por los propietarios de las casas tradicionales que concurren cada año al certamen popular tras la reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento con el equipo de gobierno local, expresa a las claras que el encuentro para definir las bases del festival, el primero que se va a celebrar tras la distinción de Patrimonio Inmaterial por parte de la Unesco, fue un fracaso. El origen del desacuerdo estuvo en el dinero que los dueños de las viviendas que concurrirán a la convocatoria van a recibir del Ayuntamiento para que puedan engalanar sus viviendas. El Consistorio ha decidido que cada uno de los 50 patios obtenga de las arcas locales entre 1950 y 2.100 euros, una cantidad igual a la de las ediciones precedentes del certamen, pero los propietarios quieren más: el doble, según expresaron los portavoces de las asociaciones Amigos de los Patios, Claveles y Gitanillas, y Patios del Alcázar Viejo al término de la reunión con el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, y la delegada de Fiestas y Tradiciones Populares, Amelia Caracuel. «Este accésit lineal, al que destinamos 102.000 euros, no puede ser mayor, porque la situación económica del Ayuntamiento no lo permite», señaló Torrico cuando concluyó el encuentro con los representantes de los propietarios. Otra queja de las asociaciones es que el Consistorio pretendía eliminar seis premios (tres accésit de arquitectura moderna y otros tantos en renovada) para poder entregar a los diez nuevos patios que este año se presentan al concurso (serán sesenta en total) los en torno a 2.000 euros para el montaje de las estancias tradicionales. Miguel Ángel Torrico aclaró que la propuesta del Ayuntamiento era ésa, pero que la retiró ayer en vista de que no generó consenso. Así, los diez nuevos patios no recibirán este año el accésit lineal y tendrán que
esperar al próximo año para poder ingresarlo. De otro lado, los premios a los mejores patios serán los mismos y con las mismas cuantías que en la edición pasada.
Plataforma polémica La creación de un plataforma on line para gestionar las visitas a los patios fue también un motivo de tensión. La idea que planteó el Ayuntamiento era que un sistema telemático gestione la entrada, siempre gratuita, a las casas que participen en el festival, de manera que se eviten las aglomeraciones «que ya hemos vivido otros años y que éste pueden ser mayores» por el reconocimiento de la Unesco, precisó Torrico. El Consistorio ofrecería productos asociados de pago a través de esta plataforma, como audioguías y planos; el coste de la puesta en marcha de este sistema correría por cuenta municipal, si bien los beneficios que se obtuvieran revertirían directamente en los propietarios de los patios. Las asociaciones no se mostraron a favor de este mecanismo de control del acceso a las casas. A pesar del desacuerdo evidente, la intención del Ayuntamiento es aprobar las bases del certamen «en breve», habida cuenta de que para que comience falta apenas un mes y medio.
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El Plan Especial de Empleo fija un tope de 50.000 euros por municipio
El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, presenta el plan de empleo
El Plan Especial de Empleo 2013 destinará este año 2,5 millones de euros, de los que 300.000 irán dirigidos a municipios de la zona norte, para impulsar las contrataciones en la provincia. El vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, informó ayer en la presentación del plan que se da continuidad al programa del año pasado, que hizo posible la ejecución de más de 200 actuaciones en las 79 entidades participantes y que generó 1.872 contratos de 3,3 meses de duración. Como aspecto novedoso, Fuentes indicó que «se ha intentado sensibilizar a los ayuntamientos para que a la hora de realizar las contrataciones vayan especialmente dirigidas a colectivos desfavorecidos, entre los que están las mujeres desempleadas del ámbito rural para mejorar su empleabilidad». En cuanto a la distribución de los fondos, el también delegado de Hacienda destacó que se repiten los «criterios objetivos» del plan de 2012, que fueron aprobados por todos los grupos políticos con representación en la institución provincial. Así, el 66% de los fondos que reciben corresponde a una cuantía fija de 19.135 euros por municipio y 6.000 euros por entidad local autónoma, otro 20% se establece en proporción a la población del municipio según el dato oficial del padrón municipal y el 14% restante se fija teniendo en cuenta los datos de paro registrado en cada municipio. Además, y tras la aplicación de estos porcentajes, ninguna entidad local podrá superar el límite de 50.000 euros.
Fuentes hizo hincapié en que «el calendario se ajusta a las necesidades de los ayuntamientos, repetimos criterios en función de una cuota fija, el número de habitantes y el paro registrado e incluimos la aportación complementaria a la zona norte, en una situación muy complicada». Finalmente, recordó que los ayuntamientos pueden, gracias a este plan, realizar contrataciones durante un período complicado como es el estival. El plan contempla actuaciones de construcción, reconstrucción, mejora, adecuación o rehabilitación de infraestructuras municipales esenciales (incluyendo vías de comunicación y redes de abastecimiento de agua, alumbrado o telecomunicaciones) y de edificios de titularidad pública (sanitarios, educativos, culturales y servicios sociales). Del mismo modo, este programa para fomentar las contrataciones contempla la rehabilitación, acondicionamiento o mejora de espacios destinados a la localización de empresas (parques y polígonos empresariales), obras dirigidas a la mejora de la accesibilidad y la protección del medio ambiente, obras de conservación y mejora del patrimonio municipal, actuaciones en materia de prevención de incendios y obras de creación de infraestructuras tecnológicas. Por otro lado, el Grupo Socialista en la Diputación instó ayer al equipo de gobierno del PP que destina el 50 por ciento de los remanentes a impulsar otro plan de empleo complementario a los puestos ya en marcha.
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El TSJA mantiene a Rogelio Reyes como juez de apoyo a Alaya por seis meses
Alaya, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha resuelto mantener al juez Rogelio Reyes como apoyo para nuevos casos que entren en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que instruye, entre otros, los casos de los ERE fraudulentos, los terrenos de Mercasevilla y el delito societario en el Betis. Según la resolución notificada esta tarde, la juez Ana Rosa Curradejará de estar asignada a este órgano jurisdiccional, al que llegó por mandato también del TSJA durante la enfermedad que mantuvo a su titular, la juez Mercedes Alaya, casi seis meses de baja «Adscribir por plazo de seis meses, que podrá prorrogarse por plazo igual o inferior, a Rogelio Reyes Pérez al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, con objeto de que se haga cargo, con plena jurisdicción, del trámite y resolución de los asuntos ordinarios correspondientes a dicho Juzgado, incluidos singularmente todos los de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento; sin perjuicio, además, de colaborar con la Magistrada titular y ejercer funciones de sustitución interna».
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La Junta realiza «traslados ilegales» de oficinas y trabajadores El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha asegurado que la Junta de Andalucía está llevando a cabo "traslados ilegales" en la Junta, toda vez que los funcionarios han tenido conocimiento del traslado de laDelegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla a la nueva sede administrativa en la zona de Los Bermejales de la capital hispalense. En una nota, el SAF asegura que la Administración andaluza "no ha informado de las movilizaciones, no las ha negociado con los sindicatos,no las justifican y sólo hablan de ahorro cuando suponen un gasto de 7,5 millones de euros anuales". Ante este traslado de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla a la nueva sede administrativa que la Junta de Andalucía prevé abrir en la zona de Los Bermejales, los funcionarios denuncian en un escrito dirigido a los viceconsejeros de las consejerías de Fomento y Vivienda y de Turismo y Comercio para mostrar su "más absoluta disconformidad", por entender que "existen motivos suficientes que aconsejan la permanencia de las actuales sedes". Esta Delegación Territorial, situada en un edificio propiedad de la Junta en la Plaza de San Andrés, atiende y asesora a un elevado número de ciudadanos, 35.800 personas han sido asistidas en un año. "Son decenas de miles de personas, la mayoría mayores y discapacitadas físicas, que el desplazamiento a zonas del extrarradio perjudicaría su atención, circunstancia prioritaria y a la que nos debemos como empleados y Administración Pública que somos", afirman los funcionarios firmantes del escrito. Los trabajadores también muestran su indignación ante lo que consideran "cuando menos errónea la alusión a un considerableahorro económico que dichos traslados representan", pues "se omiten el gasto que supondría la movilización de los cuatro edificios que integran la Delegación Territorial y el gasto de realojamiento de nuevas unidades en las citadas sedes a desalojar". Agrega que "aunque uno de los mayores despilfarros es el relacionado con el gasto que supone el nuevo edificio de los Bermejales, cuya inversión ronda los 50 millones de euros, supone un gasto en concepto de renta anual de 7,5 millones de euros durante 22 años y tres meses, es decir más de 165 millones de euros de las arcas públicas andaluzas". Asimismo, "la conciliación de la vida laboral y familiar, el trastorno y el perjuicio ocasionados por gastos personales en desplazamiento y adecuación, y lo precipitado del traslado" son otras de las reivindicaciones que recogen los funcionarios públicos en el escrito.
Denuncia de SAF El SAF agrega que "precisamente de los problemas que acarrearía y de las irregularidades cometidas por los traslados ya avisó la junta de personal de los servicios centrales de la Administración General de laJunta de Andalucía". Este órgano de representación de los funcionarios públicos, formado por SAF con 16 delegados, CSIF con ocho, Ustea con cinco y SAT con dos, lleva meses "evidenciando que las movilizaciones de personal, surgidas del Decreto del Presidente 3/2012 de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, no cumplen la legalidad". Los representantes sindicales denunciaron ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que "se estaban realizandotraslados de personal en distintos centros de trabajo de la Junta obviándose los trámites legales". Agregaron que estos traslados "no se
han publicado en BOJA, no se han informado de los mismos a la junta de personal, ni mucho menos se han negociado con los sindicatos, vulnerando toda la legislación vigente al respecto". En este sentido, el Estatuto Básico del Empleado Público señala que "las administraciones públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a lasindemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos". La junta de personal agrava "un posible delito de prevaricación en los actos irregulares cometidos por la Administración, puesto que el Código Penal establece de forma expresa que 'a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años'". El Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su "indignación" ante un procedimiento que "se está llevando a cabo al margen de toda legalidad", toda vez que "la Junta de Andalucía se salta los cauces que marca la Ley e ignora los derechos de sus propios trabajadores". El SAF se siente "ninguneado ante una Administración que no informa, no negocia y no publicita actuaciones directamente relacionadas con las condiciones de trabajo del personal funcionario y en las que, como establece la Ley, deberían tener parte los trabajadores y sus representantes". El sindicato se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales sean oportunas para la defensa de los derechos e intereses de los funcionarios públicos.
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Un Parlamento muy risueño Las polémicas risas con las que diputados del PSOE y de IU saludaron ayer la designación del nuevo Papa en el Parlamento andaluz no es el único incidente registrado en la Cámara autonómica, donde las risas han acapado los titulares en más de una ocasión. Ataque colectivo. Fue precisamente un ataque de risa colectivo el que hizo del Parlamento andaluz noticia mundial. En 1994 la sesión tuvo que suspenderse cuando, tras una maratoniana jornada, toda la Cámara estalló en carcajadas incontroladas en la cuarta votación de las enmiendas a la totalidad del presupuesto de la Junta para 1995. El suceso tuvo lugar cuando la secretaria de la mesa, Hortensia Gutiérrez del Alamo, encargada de llamar a los diputados para votar, sufrió un espontáneo ataque de risa ante la tensión acumulada durante el pleno y la presión por concluir la jornada, ya cerca de la medianoche. Tras varios intentos fallidos por recuperar la compostura, fue sustituida por su compañero en la Mesa del Parlamento Juan Santaella, quien también sufrió un colapso por la risa que obligó al presidente del Parlamento, Diego Valderas, a suspender la sesión durante unos minutos. Las imágenes del incidente fueron repetidas en las televisiones de todo el planeta y aún hoy tiene decenas de repeticiones en internet. «Lapsus linguae» del presidente. Las confusiones y errores de oratoria del presidente andaluz Manuel Chaves llegaron a ser un clásico en el parlamentarismo andaluz, provocando en diversas ocasiones risas y pataleos en la sala. Aunque son numerosas las anécdotas en este sentido -incluidas las alusiones al líder de la oposición como «señora Arenas» o al diputado Juan José Matarí como «señor Tararí»-, fue particularmente significativo aquel lapsus en la que señaló, ante el regocijo generalizado, que la Junta había permitido mejorar la calidad de vida de «los socialistas», en lugar de los andaluces. «Falcon Crest» como prioridad. Corrían los primeros años ochenta y toda España seguía con atención las peripecias de la familia Channing en la serie «Falcon Crest». Coincidió uno de los capítulos de mayor expectación con el aplazamiento de una copmisión parlamentaria prevista para la misma hora, lo que llevó al diputado socialista Manuel Pezzi, medio en serio, medio en broma, a justificar el aplazamiento porque los diputados «quieren ver Falcon Crest». El escándalo fue sonoro. Si los caballos votaran... Otra frase incorporada a los anales del parlamentarismo andaluz y que ocasionó un tumulto en el salón de plenos fue la del ya fallecido Miguel Manaute, consejero de Agricultura en los primeros años de la autonomía, cuando aseguró desde la tribuna que «si los caballos votaran, votarían al PSOE». Huelga de escaño de Sánchez Gordillo. El singular diputado de IU protagonizó una singular protesta en 1994 cuando durante varias sesiones plenarias renunció a utilizar su escaño, por lo que permanecía de pie en la Cámara durante toda la jornada, apoyado en una bancada con su camisa desabrochada. El alcalde de Marinaleda también motivó risas y pataleos el pasado abril el pasado mes de abril cuando, al prometer su cargo ataviado con la kafiya palestina, señaló que «me comprometo a luchar con todas mis fuerzas por subvertir el sistema» y se despidió con un «¡viva Andalucía libre!» Camiseta republicana. Sánchez Gordillo no es el único diputado de IU que ha dado que hablar por su forma de vestir. El actual portavoz,José Antonio Castro, acudió el pasado mes de junio a un pleno con la camiseta de la selección española.. en versión republicana.
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Crespo cree que los nuevos requisitos para lograr becas afectarán a «pocos» alumnos La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha puesto este jueves en duda las estimaciones ofrecidas un día antes por la consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, en relación al número de alumnos andaluces que se quedarán este curso sin beca para continuar sus estudios posobligatorios de Bachillerato o Ciclos Formativos debido al endurecimiento de los requisitos impuestos por el Gobierno central -un total de 9.682- y ha apuntado que finalmente serán "pocos" los estudiantes a los que les afectarán las nuevas condiciones para optar a estas ayudas porque la renta de las familias andaluzas "ha bajado" como consecuencia de la crisis económica. Además, en declaraciones a los periodistas tras participar en Sevilla en la inauguración de la I Jornada de Seguridad Privada y Arbitraje de Consumo, Crespo ha defendido como una medida "lógica" la subida de la nota mínima para optar a una beca, que ha pasado de un 5 a un 5,5. Aunque ha avanzado que su departamento va a elaborar un estudio para cifrar el número de alumnos andaluces que podrían verse afectados por estas medidas, la máxima representante del Gobierno central en Andalucía ha expresado su "sensación" de que "en realidad" los nuevos requisitos establecidos por el Ministerio de Educación "no van a afectar a mucha gente" en la comunidad porque "la renta de las familias ha bajado debido al empeoramiento de la situación económica". Sin embargo, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía cifró este jueves en 9.682 el total de alumnos de la comunidad que se quedarán este curso sin beca, y precisó que, según el balance de la convocatoria general de becas correspondiente a este ejercicio, los estudiantes que acceden a una ayuda al estudio compensatoria, de la que se benefician las familias con menor nivel de renta, se han reducido a 37.468 frente a los 47.150 que obtuvieron esta subvención el curso anterior.
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Rajoy afirma con absoluta franqueza que no se siente chantajeado por Bárcenas
Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa en Bruselas
El Consejo Europeo que arrancó ayer en Bruselas fue «insulso», según fuentes del Gobierno, y la rueda de prensa que ofreció por la noche el jefe del Ejecutivo no se quedó atrás, aunque Mariano Rajoy dejó un titular sobre el caso Bárcenas, al asegurar que no se siente chantajeado por el extesorero del Partido Popular. Una afirmación que resaltó más en medio del silencio del Ejecutivo del PP sobre este escándalo. En realidad, Rajoy respondió a una sola pregunta sobre el caso Bárcenas. En concreto, se le inquirió si sentía que el extesorero estuviera intentando chantajearle. Su respuesta fue rotunda: «Con absoluta franqueza, no». Fueron sus únicas cuatro palabras sobre ese asunto, y a partir de ahí se negó a contestar otras cuestiones, porque «ese asunto no se ha tratado en el Consejo», o bien porque ya había dicho «cuanto tenía que decir». El presidente del Gobierno no estuvo mucho más explícito al referirse a la aprobación en el Parlamento autonómico catalán de una resolución, impulsada por el PSC, que pide abrir un diálogo entre el Ejecutivo regional y el nacional sobre el «derecho a decidir» de Cataluña.«Respeto todas las opiniones», empezó diciendo Rajoy, a quien se le vieron muy pocas ganas de chocar con el Parlamento autonómico ni con los nacionalistas catalanes. «No se trata de generar problemas», subrayó, siempre en un tono moderado y algo distante. El presidente del Gobierno sí recordó que hay que respetar la ley, y que a él le parecerá bien todo lo que suponga precisamente eso, «lo que esté dentro de la ley. «Es inevitable rechazar lo que no es legal», insistió al referirse a la consulta independentista que persiguen los nacionalistas y socialistas.
En la Constitución Fuentes de Moncloa señalaron que de momento sigue pendiente la reunión entre Rajoy y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pese a que el jefe del Ejecutivo se ha mostrado
dispuesto al diálogo y a mantener una buena relación, siempre dentro del marco de la Constitución. Mucho más explícito se mostró Rajoy al resumir el mensaje que había transmitido en la cumbre europea. El jefe del Ejecutivo llegó a Bruselas con un objetivo claro: pedir medidas de reactivación económica para impulsar el crecimiento y para que los resultados positivos se noten en la vida de la gente. Ante los socios de la Unión Europea, pidió al Banco Central Europeo medidas para facilitar la financiación a los países que están cumpliendo con las reformas estructurales que se exigieron, como el caso de España, y de esa manera facilitar el crecimiento y la creación de empleo. «Es urgente revertir la situación de estancamiento económico que afecta a toda Europa para volver al crecimiento. Volver a la senda del crecimiento nos permitirá crear empleo, que es la prioridad de mi Gobierno y de cualquiera», explicó Rajoy. El jefe del Ejecutivo señaló que en esta cumbre no ha pedido una flexibilización del déficit público. El Gobierno cree que será posible que se cumpla ese objetivo en los próximos meses, lo que dará un respiro considerable a algunas comunidades autónomas en sus presupuestos, según fuentes próximas al Ejecutivo.
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El TSJ de Navarra autoriza los actos contra la «doctrina Parot» prohibidos por la Delegación del Gobierno El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha autorizado los dos actos que el colectivo de apoyo a los presos de ETA, Herrira, había convocado en Tafalla y Pamplona contra la «doctrina Parot» y a favor de la libertad de Inés del Río, que habían sido prohibidos por la Delegación del Gobierno. La sentencia es extremadamente dura con ese organismo, al que además condena en costas. Se trata de una manifestación convocada para mañana al mediodía en Tafalla y una concentración en Pamplona para el próximo miércoles, día 20, con el objeto de «pedir el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas y, en concreto, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo del pasado 10 de julio de 2012», informa Efe. Tras la prohibición de estos actos, que tenían como lema «197/2006 doktrina eten. No a la cadena perpetua. Ines askatu», Herrira mantuvo su convocatoria y presentó sendos recursos contencioso-administrativos contra la resolución gubernativa, que se justificó en un posible delito de enaltecimiento del terrorismo, entre otros argumentos. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha estimado estos recursos y ha anulado la prohibición «por su disconformidad con el ordenamiento jurídico», declarando el derecho a realizar los actos solicitados y condenando en costas a la Administración demandada. En su resolución, el tribunal sentencia que «no se trata de una exaltación de la terrorista» Inés del Río «y de las actividades delictivas que cometió, que repugnan y ofenden a la sociedad incluso menos concienciada». Se trata, precisA, de unas protestas contra «la declarada ilegal doctrina del Tribunal Supremo», conocida como «doctrina Parot», cuya aplicación a Inés del Río precisamente motivó una sentencia a su favor del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por eso sostiene que el incluir en el lema de las protestas la frase «Inés Askatu o Inés Libertad» es lo mismo que «ha dicho sin paliativo el Tribunal de Estrasburgo» y que «esta Sala necesariamente debe acatar».
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El Congreso convalida la rebaja de las tasas judiciales y su eliminación en los desahucios
Alberto Ruiz-Gallardón, hoy, durante su comparecencia en el Congreso
El PP se ha quedado solo en la defensa del decreto-ley por el que se modifican ciertos aspectos de la Ley de Tasas tras su entrada en vigor hace tres meses, después de que todos los grupos de la oposición se hayan opuesto a refrendar lo que han llegado a calificar de «chapuza». El decreto-ley, que solo ha contado por tanto con el respaldo del Partido Popular, introduce como novedad, entre otras, la exención del pago de tasas en procesos de ejecución hipotecarias, lo que se produce el mismo día en que la Justicia europea ha declarado contraria al derecho comunitario la norma española de desahucios. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que el principal motivo de estos retoques es permitir que los «potenciales beneficiarios» de la Ley de Justicia Gratuita estén eximidos del pago de las tasas hasta que esa norma entre en vigor, tal y como recomendó la Defensora del Pueblo. El proyecto de ley suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente el 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primer precepto hace referencia al procedimiento de designación de los 12 vocales de adscripción judicial, que serán elegidos entre una lista de 36 candidatos, mientras que el segundo se remite a la renovación cada cinco años y al comienzo del proceso con seis meses de antelación.
Rebaja de las tasas Además de este aspecto, el Pleno del Congreso ha convalidado el decreto por el que se modifica el régimen de tasas que el ministro de Justicia,Alberto Ruiz-Gallardón, llevó el pasado 22 de febrero al Consejo de Ministros.
Lo hizo tras escuchar las recomendaciones de la Defensora del Pueblo,Soledad Becerril, que había recibido la queja de abogados, sindicatos o consumidores pidiéndole que recurriera la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional. Aunque el decreto entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los grupos parlamentarios están llamados a convalidar esta reforma con la que el Gobierno espera que tenga una incidencia inferior al 5% en los 306 millones de recaudación previstos con las nuevas tasas.
Desahucios y separaciones El debate en la Cámara Baja ha abordado esta reforma que adelanta la entrada en vigor de los beneficios recogidos en el anteproyecto de Justicia Gratuita para que los colectivos que tengan derecho a ella puedan disfrutarla lo antes posible. La medida supone la aplicación inmediata de artículos esenciales de la nueva Justicia Gratuita para que sus nuevos beneficiarios dejen ya de pagar abogado, procurador, tasas y demás costes derivados del proceso. Sólo a estos se les devolverá la tasa abonada desde que esta ley entrara en vigor el pasado 17 de diciembre. El anteproyecto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita amplía el número de beneficiarios al elevar el umbral económico de acceso e incluir a todas las víctimas de violencia de género, trata de seres humanos, accidentes graves o menores y discapacitados que hayan sufrido abusos o maltrato.
La reforma amplía el número de beneficiarios al elevar el umbral económico de acceso El decreto modifica la Ley de Tasas Judiciales, publicada en noviembre y vigente desde diciembre, para liberar del pago del total de la tasa a las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, o en la condena a costas a pagar a la entidad bancaria por parte de la familia desahuciada o sus avalistas. Permite también que los recursos contra multas de tráfico no excedan nunca de la mitad del dinero reclamado. Respecto a la cuantía variable que las personas físicas deben pagar según los bienes objeto del litigio. Se reduce de un 0,50% a un 0,10 la cuota variable ya que actualmente se sitúa en el 0,50% en reclamaciones por debajo de un millón de euros y en el 0,25% a partir de esa cantidad. El límite máximo de pago por la cuota variable desciende de 10.000 a 2.000 euros. La rebaja será de aplicación tanto en primera como en segunda instancia y se extenderá también al orden Social, donde la primera instancia para trabajadores y autónomos ya era gratuita y en la segunda, este colectivo contaba con una exención del 60%. Se modifica también la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las tasas no se incluyan en la condena a costas a pagar a la entidad bancaria en ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales. Los padres o familiares, o sus avalistas, no pagarán la tasa abonada por el banco si son desahuciados.
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El PSOE se va de puente
El secretario general del PSOE, durant euna reciente intervención en Valencia
Alfredo Pérez Rubalcaba no reunirá a la dirección de su partido el lunes, como es habitual. Es jornada festiva en Madrid, que adelanta la celebración de San José. Tampoco habrá reunión el martes, fecha en la que la Comunidad Valenciana, Murcia y Melilla descansan para el Día del Padre y hay pleno señalado en el Congreso. La Ejecutiva del PSOE se dará cita en Ferraz el jueves 21 por la tarde, cuando haya transcurrido casi un mes de su última convocatoria, el 25 de febrero. Entre medias habrán transcurrido algunos de los episodios más amargos y difíciles de tragar para una formación que gobernó España durante 22 años y cuya cúpula se ha visto sucesivamentedesafiada en este breve periodo de tiempo por el PSC, por los socialistas gallegos y por el «fuego amigo» que ha supuesto la moción de Ponferrada. Por no hablar que, desde el lunes el ex ministro y hoydiputado José Blanco está más cerca de sentarse en el banquillo, aunque por el momento no dejará el escaño. Sobres los dos últimos asuntos, el secretario general todavía no ha comparecido ante los medios para dar explicación alguna, sino solo una fugaz declaración a medias en los pasillos del Congreso. Según informó ayer la agencia Efe citando fuentes socialistas, la reunión se ha convocado ese jueves por la imposibilidad de combinar la agenda de diferentes miembros de la Ejecutiva. También se barajó una fecha más atrasada todavía, el 25 de marzo, pero se descartó porque el PSOE andaluz celebrará el primer aniversario de las elecciones autonómicas del año pasado y eso impedía la asistencia del presidente de la Junta y del partido, José Antonio Griñán. Habrá que esperar, por tanto, casi una semana para que el secretario de Organización, Óscar López, se enfrente al plantel completo de la dirección socialista tras la moción de censura en la localidad leonesa cuyas culpas ha decidido asumir en solitario, lo que esta semana le costó los reproches de muchos de sus compañeros diputados y el temor a que se dispararan las peticiones de dimisión.
El lunes 11 se reunió la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, compuesta por un número mucho más reducido de miembros -el núcleo de confianza de Rubalcaba-, que respaldó la actuación de López y le pidió que siguiera de «número tres», después de que él pusiera su cargo a disposición de partido. Griñán, que ha pedido explicaciones públicas al PSOE, no asistió a este encuentro, y la reunión del jueves será la ocasión en la que traslade directamente su opinión a Rubalcaba y López.
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Los barones del PSOE no descartan ya un congreso para atajar la crisis
Rubalcaba, fotografiado en su escaño
La incertidumbre en el PSOE es tal que muchos barones que arroparon a Alfredo Pérez Rubalcaba hace tres meses, cuando el líder del PSM, Tomás Gómez, pidió su dimisión y un congreso extraordinario, ya no dan por descartada esa salida. El cúmulo de órdagos a la autoridad del secretario general -soberanismo del PSC, primarias de los socialistas gallegos y fiasco de la moción de censura en Ponferrada, principalmente- está generando tal «ruido» que dudan de que pueda cumplir la «hoja de ruta» encomendada por el Consejo Territorial el 15 de diciembre y ratificada por el Comité Federal el 12 de enero:Conferencia Política en otoño y luego primarias para elegir candidato a la Presidencia del Gobierno. Hasta ahora todos le daban por amortizado como candidato, pero soloTomás Gómez se había atrevido a cuestionar su liderazgo orgánico en esta «transición». Eso tambien está a punto de saltar por los aires. Al secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, que aspira a suceder a Rubalcaba con su beneplácito y el de la «vieja guardia», le gustaría ser elegido en un congreso por el voto delegado de las federaciones, más fácil de controlar que el del militante y no digamos el simpatizante. Ya entronizado, sí se sometería a unas «primarias abiertas» en 2014 pero sus posibles competidores, Carme Chacón oEduardo Madina, a quien el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intenta convencer para dar el paso, tendrían más complicado vencerle. «De tanto ofrecer diálogo y acuerdo se olvidó de marcar su territorio» El actual «hombre fuerte» del PSOE, su presidente, el andaluz José Antonio Griñán, «chaconista», sabe de esos movimientos y se ha apresurado a «apuntalar» a Rubalcaba apoyando su decisión de no destituir al secretario de Organización, Óscar López, tras la operación ruinosa de Ponferrada con el voto del exalcalde y condenado por acoso sexual,Ismael Álvarez.
El vicesecretario general del PSOE-Andalucía, Mario Jiménez, ha dicho que «el tema está cerrado»; eso sí, en esta interinidad, en la que Griñán renuncia a pelear por poner en lugar de Óscar López al propio Jiménez o a la consejera de Presidencia, Susana Díaz, la «número dos» del PSOE, Elena Valenciano, debería ejercer una mayor «coordinación» de la Ejecutiva para evitar «distorsiones». Con matices, coinciden en esa necesidad de «cambios» para reforzar la Dirección Federal el extremeño Guillermo Fernández-Vara, el valenciano Ximo Puig e incluso el propio Patxi López. También el castellano-manchego,Emiliano García-Page, es de los que ve «muy difícil» un congreso extraordinario y cree que antes de esa solución extrema hay «otras alternativas», en la línea de cambios sobre la actual ejecutiva. La cuestión es que Rubalcaba está dando señales de enrocarse con su decisión de ratificar a un muy desautorizado Óscar López y no admitir que le «tutelen» los barones.
«Ni Consejo ni Comité» «Es que no quiere convocar ni al Consejo Territorial ni al Comité federal», dice una de las fuentes consultadas, después de hablar con él durante los últimos días. De hecho, fue muy significativo que Óscar López no pusiera el lunes su cargo a disposición de la Comisión Permanente de la Ejecutiva, como se intentó transmitir a los medios. Fue Rubalcaba quien, a petición de Patxi López, sorprendido de que no se hablara de responsabilidades, se vio obligado a aclarar que el «número tres» del partido ya lo había hecho ante él. Pero lo que no se esperaba Ferraz, tras el cierre de filas del lunes, era que se cuestionara la no dimisión del secretario de Organización desde muchos sectores de su propia federación castellano-leonesa, ni por parte de parlamentarios del Grupo Socialista. Por eso, diputados como el asturiano Antonio Trevín, o José Martínez Olmos, salieron ayer públicamente en su defensa. Y Leyre Iglesias, una de las más duras a puerta cerrada el día anterior, aclaró que ella no ha pedido la dimisión de Óscar López.
Preparando las europeas La Ejecutiva Federal intenta por todos los medios transmitir la idea de normalidad y continuidad del actual equipo. En este sentido, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, va a reunir mañana, viernes, en Ferraz a los vicesecretarios generales de las federaciones y a los 52 secretarios provinciales para hacerles partícipes de los trabajos preparatorios de la Conferencia Política de otoño y empezar a trabajar sobre las elecciones europeas de de 2014, informan fuentes de la Dirección. Un miembro de la vieja guardia afín a Rubalcaba resume así la situación: «De tanto ofrecer diálogo y acuerdo, al PSC o al PSdeG, se olvidó de marcar su territorio. Y puede ser ya tarde».
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El Gobierno asegura que adaptará la ley hipotecaria a la resolución judicial europea
Gallardón, hoy, en el Congreso de los Diputados
El Gobierno recogerá el guante que le ha lanzado el Tribunal Europeo de Justicia y adaptará la legislación hipotecaria española para eliminar los aspectos considerados abusivos por la institución europea, según ha avanzado en el Congreso el ministro de Justicia, Alberto-RuizGallardón y ha confirmado el propio Mariano Rajoy desde Bruselas. El Ejecutivo ya esperaba que la sentencia comunitaria asestara un duro golpe a la legislación hipotecaria nacional y por ello el Partido Popular ha retrasado el plazo hasta mañana para la inclusión de enmiendas en el proyecto de ley para la protección de deudores hipotecarios que se encuentra en tramitación en el Congreso y que se debatirá paralelamente con la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la plataforma contra los desahucios. Será a través de este proyecto de ley el que servirá de vía para hacer la legislación hipotecaria española menos abusiva. Según ha asegurado Ruiz-Gallardón, el Ejecutivo asume «el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea» y aunque no ha querido anticipar cambios concretos esta promesa supondría dar a los jueces la competencia de «declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario y suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria» ya que la sentencia europea considera que la falta de esta potestad «es contraria» al derecho comunitario. El titular de Justicia también ha subrayado que la sentencia requiere de un análisis profundo antes de determinar el contenido de sus cambios lo que abre la puerta, según fuentes parlamentarias, a que el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de deudores hipotecarios vuelva a retrasarse de nuevo. El presidente Mariano Rajoy, que asiste al Consejo Europeo en Bruselas, ha indicado que el Gobierno «lógicamente» cumplirá la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. «Lo están estudiando (los servicios jurídicos) y nosotros, lógicamente, pues cumpliremos con lo que nos dicen las sentencias», ha dicho, sin entrar a valorar más detalles al no tener más datos sobre el fallo.
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El PSOE y la plataforma de afectados exigen la paralización inmediata de todos los desahucios
Concentración de Stop Desahucios frente al Congreso
La izquierda no se ha conforma con la promesa del ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, de modificar la ley hipotecaria española para adaptarla a la sentencia europea y ha exigido al Ejecutivo que paralice por decreto ley todos los desahucios. Una reclamación en la que ha coincidido la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,Ada Colau, mientras el resto de grupos parlamentarios reconocían que la sentencia comunitaria supone una victoria para los afectados. La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, y la portavoz de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, subrayaron que el Gobierno debió hacer «caso» a esta formación durante la negociación del decreto antidesahucios y pidió al Gobieno que tome medidas para que no se envíe «ni una notificación más» de lanzamiento de viviendas. Colau, incluso, advirtió al Ejecutivo de que si no «rectifica» va a provocar «una situación de conflictividad social totalmente ingestionable» y avanzó que su colectivo está estudiando la posibilidad de interponer acciones jurídicas contra el Gobierno por la «inseguridad jurídica profunda» que su gestión de este drama ha provocado en las personas afectadas. Mientras el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón considera la sentencia europea da «la razón» a los movimientos sociales por lo que instó al Ejecutivo a admitir «todo el núcleo» el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios que se tramita en el Congreso de forma paralela al proyecto ley del Gobierno. Más crítico fue aún el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, que vio en la sentencia una desautorización «brutal» y una muestra de la «profunda incompetencia» del Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que reclamó todas las modificaciones legislativas señaladas por el tribunal comunitario. El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, por su parte, dijo compartir el contenido de la sentencia. El portavoz de ERC, Alfred Bosch, exigió al Gobierno que adapte la legislación española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y que haga caso a Europa «en lo bueno» y no sólo cuando impone «sufrimiento» a los ciudadanos.
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Los jueces españoles podrán paralizar los desahucios en el caso de hipotecas abusivas
Concentración contra los desahucios en Valladolid el pasado miércoles
La actual ley española es incompatible con una directiva europea de 1993 sobre protección de consumidores en lo que se refiere a cláusulas abusivas. Esta es la conclusión a la que llegó ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al establecer mediante una sentencia, vinculante desde el mismo momento de su publicación, que España vulnera la ley al no permitir que los jueces dejen en suspenso un desahucio en el caso de considerar que un contrato hipotecario deja al consumidor en una situación de indefensión frente a las entidades financieras. La sentencia en cuestión se refiere a una demanda interpuesta en julio de 2011 por un ciudadano marroquí, el Sr. Aziz, que trabajaba en España y que suscribió un préstamo por 138.000 euros para comprar una casa con Catalunyacaixa. Tras dejar de pagar sus cuotas un año después, el banco decidió proceder a la ejecución hipotecaria y el demandante fue desalojado de su vivienda en enero de 2011. Antes, había solicitado a los tribunales que se anulara una cláusula del contrato de la hipoteca por su carácter abusivo. Dos años después, el Tribunal Europeo de Luxemburgo dictamina que el juez encargado de declarar sobre el contrato del préstamo bancario ha de tener potestad para adoptar medidas cautelares como la suspensión del procedimiento y en consecuencia, detener el desahucio. El objetivo, es según el tribunal, que el consumidor pueda obtener una protección que vaya más allá de la meramente indemnizatoria y que no evita «la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda». En base al procedimiento a seguir, Europa recomienda un examen de la situación jurídica del consumidor «para que cese el uso de las cláusulas abusivas». En concreto, en el caso de la demanda del ciudadano marroquí, considera que el órgano jurisdiccional español pertinente tendrá que comprobar si los intereses de demora, de un 18,75%, se correspondían con el tipo de interés legal en el año de la firma, un 5% en 2007.
Los desequilibrios también podrían afectar a la cláusula de vencimiento anticipado, que permite al banco exigir la totalidad de la cuantía del préstamo por un solo incumplimiento de pago. Por último, el juez tendrá que determinar si existió algún tipo de abuso en detrimento del consumidor en la cláusula relativa a la liquidación unilateral de la deuda impagada, que establece el banco pueda presentar por su cuenta la liquidación del préstamo para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Las medidas que ampliarán la ley sobre hipotecas aprobada en noviembre, y que se tramitan actualmente en el Congreso, contemplaban con anterioridad a la emisión del veredicto europeo la inclusión de un techo a los intereses de demora. El máximo que podrá aplicar una entidad por retraso en el pago de las cuotas se limitará al 12%, es decir, tres veces el tipo de interés legal, que se sitúa actualmente en el 4%. Algunos bancos llegan ahora incluso a anotar recargos por hasta el 30%. En referencia a otras cláusulas abusivas, las enmiendas planificadas por el Ejecutivo también prevén una mayor regulación de las «especialmente complejas» como las de suelo, las de hipotecas multidivisas y los «swaps» de intereses, entre otras que puedan requerir conocimientos financieros profundos por parte de los ciudadanos. También se reforzará la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito y se agilizarán los procedimientos para evitar la carga de intereses por los retrasos judiciales. Además, se limitará a 30 años el plazo máximo de las hipotecas que den cobertura a emisiones de cédulas hipotecarias y se facultará que los jueces reduzcan las deudas que les quedan pendientes a las familias desahuciadas en el caso de que el banco obtenga plusvalías con la venta. El Gobierno, que estaba esperando a la publicación de la sentencia paraintroducir las enmiendas al proyecto de ley sobre hipotecas, aseguró ayer que se adaptará a la normativa europea. En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que el Ejecutivo asumirá «el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea». La decisión europea afectará a todos los países de la UE y en concreto, a España, donde no se permitía la paralización de ejecuciones hipotecarias por parte de los magistrados en base a las cláusulas abusivas.
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«Los jueces deben hacer de jueces»
Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU en el Congreso
Cruces de demandas, cuentas en Suiza, la financiación del principal partido político de España en entredicho y dos jueces enfrentados. Ellaberinto judicial en el que se ha convertido el «caso Bárcenas» se complicó aún más con la entrada en juego del magistrado Gómez Bermúdez, que abrió una causa paralela a la que ya instruye Pablo Ruz sobre las cuentas del extesorero del PP. Un enredo innecesario, según Josep Antoni Duran Lleida. «Los jueces deberían ser menos públicos y ser conscientes de que la justicia y los que la administran no son como nosotros (los políticos), que necesariamente tenemos que comparecer para explicar nuestras posiciones públicamente», reclamó ayer el portavoz de CiU en el Congreso. El pasado miércoles, Gómez Bermúdez sugirió ante la prensa que no se están investigando suficientemente los hechos y discrepó de forma implícita de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir su admisión parcial a trámite de la querella de IU, dado que el caso lo ha asumido el juez Ruz. Duran insistió en que los «jueces deben hacer de jueces» y que «sería bueno que se acabara ese tipo de conflictividad entre ellos». «Cuanta menos conflictividad y publicidad tenga un juez, más confianza habrá por parte de la ciudadanía en la justicia», dijo.
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Mas desconvoca la cumbre anticrisis por la dificultad de llegar «a acuerdos de fondo»
Artur Mas, presidente de la Generalitat
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha desconvocado finalmente la cumbre económica y social prevista para el próximo sábado en Barcelona al constatar que no servirá para lograr pactos contra la crisis. Mas lo ha anunciado en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Parlamento catalán, en el transcurso de la cual ha afirmado que, en un futuro, si se dan las condiciones volverá a convocar la reunión. El presidente catalán ha tomado la decisión después de hablar con el primer secretario del PSC, Pere Navarro, que fue quien propuso la reunión durante la última campaña electoral, y éste le ha trasmitido que estaba de acuerdo en desconvocarla. Antes de comunicarlo públicamente, el presidente de la Generalitat también se ha visto en los pasillos de la cámara catalana con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. El presidente de la Generalitat desconvoca la reunión porque, según ha dicho, no ve posible que se pueda llegar «a acuerdos de fondo y transversales» y teme que se convierta en un motivo de rifirrafe entre los partidos y el ejecutivo catalán. Mas ha remarcado que la reunión, propuesta por Navarro, no ha quedado ni anulada ni aplazada, sino simplemente desconvocada, dejando así abierta la posibilidad de volverla a organizar pero sin un compromiso.
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El juez del «caso Nóos» confirma la fianza de 8,2 millones a Urdangarín y Torres El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha confirmado mediante un auto la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448 euros decretada contra el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su exsocio Diego Torres, al desestimar los recursos de reforma que ambos imputados interpusieron contra la caución. En su recurso, el Duque de Palma denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza, pronunciándose de este modo «a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno», ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Es más, la defensa del encausado consideraba que su patrocinado se vería abocado a un «injusto empobrecimiento» e insistía «en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos». Por su parte, el abogado de Torres aseveraba que su cliente «ni por asomo podía siquiera imaginar que algo irregular pudiera existir». Según el recurso, «es cierto que el Instituto Nóos era un ente sin ánimo de lucro, otra cosa es que los profesionales que prestaron servicios para el mismo, bien de forma directa, bien de forma subcontratada a través de otras sociedades (...) no percibieran por su trabajo las contraprestaciones económicas correspondientes». En su auto de responsabilidad civil, el juez afirmaba que Urdangarín y Torres no son «los únicos criminalmente responsables» en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
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PNV se alía con Bildu y pide la derogación de la «doctrina Parot»
El lehendakari, Iñigo Urkullu (d), y el consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Juan Maria Aburto (i)
El Parlamento Vasco ha solicitado la derogación de la denominada«doctrina Parot» y la puesta en libertad de los presos de ETA a los que se le ha aplicado y permanecen en prisión. La Cámara autonómica ha aprobado esta resolución, presentada por EH Bildu, que ha contado con los votos a favor de la coalición abertzale y del PNV, y la oposición del PSE-EE, PP y UPyD. El texto aprobado reclama la «puesta inmediata en libertad de todos los presos vascos» a los que se ha aplicado la «doctrina Parot» y, además, «ante la oportunidad de esperanza y arreglo que vive el País Vasco», insta a derogar «las leyes de excepción contra los presos vascos». Esta resolución se ha aprobado antes de que el próximo martes elTribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decida sobre el recurso presentado por España contra la derogación de la «doctrina Parot» en el caso de la terrorista Inés del Río, condenada a más de 3.000 años por 23 asesinatos, entre otros delitos. Como «doctrina Parot» se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo en 2006 a un recurso presentado por el miembro de ETA Henri Parot, por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto de cada una de las condenas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión, con lo que se alarga la estancia en la cárcel.
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Rey Guadalquivir Los griegos, fuste fundacional de la forma de pensar de pensar y de la civilización de la que un día esta ciudad fue cabeza pensante y bellísimo mascarón de proa para la eternidad, pensaban que eran los mismos dioses quienes gobernaban a los ríos por el respeto que les merecían la fuerza de sus corrientes y la fertilidad de las tierras que bañaban. Ahora el Guadalquivir, que escuchó de cerca aquellos mitos que explicaban el mundo en el que sus gentes aprendieron a hablar y a pensar, anda vestido con el armiño y el cetro de monarca absoluto con que Góngora lo imaginó al llamarlo gran rey de Andalucía, y en el torrente incontrolable del agua que parece tener en vilo a los hombres que no los tomaron como dioses y no le tuvieron respeto, puede ser casi un emperador romano preparado para condenar a la muerte en la arena u ofrecer clemencia con un simple giro del dedo pulgar. El Guadalquivir, inmortal e implacable, con la lógica que sólo tienen las cosas que superan la pequeñez de los hombres, terminó por quedarse en un rugido de justicia, en la amenaza que hace llorar de miedo y que después se marcha dejando el eco terrible de la advertencia, pero esta vez, como pasa con los hombres tercos que han olvidado el respeto que le deben a los árboles y a las montañas, no servirá más que para olvidarlo al cabo de una semana y seguir dando la espalda a la verdad sin que nadie aprenda la lección del derecho natural y la lógica. El Guadalquivir, el cauce gobernado por un dios atávico y sabio, puede tener meandros y curvas, pero no se rige por las normas alambicadas y oblicuas de los hombres. Hace millones de años, tantos que ni siquiera los que ahora le temen habían levantado las manos del suelo, al río le dieron unas tierras por las que tenía que abrirse camino para llenar de vida las riberas y alimentar a las criaturas, y allí sigue, haciendo felices a los que no le quieren quitar lo que es suyo. El río puede llenarlo todo de miedo y desolación, pero su lógica tiene la virtud de dejar en ridículo la absurda incoherencia de los políticos, el cálculo mezquino de seguir contando los votos de quienes pusieron su casa encima del Guadalquivir porque les dio la gana o porque su vida no les había dado para tanto, y sin embargo ven cómo los que deberían quitarlos de ahí por su bien actúan con el temblor y la mediocridad de temer que a lo mejor este señor cuando vaya a votar dentro de unos años no vaya a meter nuestra papeletita en la urna. El río no se salta las leyes, porque sus leyes son naturales y no resisten apelaciones ni medias tintas, ni habrá tribunales políticos que pidan aplazamientos cautelares, ni gente que hable de realidades consolidadas y que ya veremos con lo de derribar las casas de estos pobrecillos. Los antiguos ciudadanos de la Bética, que tomaron su nombre del río que la vertebraba como una espina dorsal, quizá habían sido capaces de aprender el derecho de Roma mirando la simple lógica natural del tiempo y de aquel río alrededor del cual florecían sus ciudades, y desde luego le habrían tenido respeto. El hombre de hoy piensa que domina la naturaleza porque tiene un teléfono con acceso a Internet que le dice que está lloviendo cuando ya ha empezado a mojarse.
El río ya empieza a dejar en calma esas tierras que son suyas y que recuperará cualquier día, y queda el vacío de saber que ni la gente había quitado sus casas del cauce del Guadalquivir, ni los políticos estaban dispuestos a obligarles y hasta si hubiera dinero habrían hecho muros para proteger los chalés y todoterrenos de las «creaturitas».
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Cultura niega haber recibido «petición formal» del Metropolitan por el Carambolo
Inauguración en el Museo Arqueológico de la nueva sala monográfica sobre el Tesoro del Carambolo
El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha afirmado que la eventual cesión de algunas piezas del tesoro del Carambolo al Metropolitan Museum de Nueva York se encuentra en «fase previa» y que «ni siquiera se ha recibido aún una petición formal» por parte del museo neoyorkino para la exhibición temporal del bien. El consejero ha respondido así en el Pleno de la Cámara andaluza al diputado popular Miguel Ángel Arauz Rivero, que ha preguntado a Alonso si va a autorizar el traslado de las piezas. En este sentido, el consejero le ha explicado que el procedimiento entre los museos de todo el mundo está reglado y consta de tres fases: unaprimera«fase previa», en la que nos encontramos, donde se contacta, se definen técnicamente las condiciones en que las piezas solicitadas serán expuestas y se realiza un informe de viabilidad por parte del museo donante; la segunda, donde se realiza formalmente la solicitud; y la tercera, en la que el museo propietario elabora un informe facultativo previo a la cesión. Por su parte, Arauz Rivero le ha reprochado al consejero que «no ha contestado si lo va a autorizar o no», al tiempo que le ha pedido que «permita que se pueda exhibir ese tesoro sevillano, andaluz y también nacional», ya que «no permite» que se vea «ni en Sevilla ni en ningún lugar del mundo». Arauz Rivero ha criticado que «aún no hay contestación» a una carta que el alcalde de Sevilla remitió hace unos días al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, «rogándole que permita que esas piezas vayan al Metropolitan». Así las cosas, insiste a Alonso que «cambie de actitud, deje ya la confrontación, permitan que Sevilla y Andalucía se desarrollen, y
que estas piezas de incalculable valor puedan ser expuestas y estudiadas, y sean orgullo para Sevilla, los andaluces y todos los que sienten el arte». Tras la intervención del diputado popular, Alonso ha respondido comparando la actitud del alcalde de Sevilla y presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, con la del alcalde de 'Bienvenido, mister Marshall', y ha señalado que Zoido «debe una explicación a su pueblo sobre por qué por el simple hecho de solicitarlo un museo americano haya que ceder el Tesoro y no tener en cuenta los protocolos aceptados internacionalmente y validados por todas las instituciones museísticas y sin que medie petición formal alguna». El consejero cree que también hay que preguntar al alcalde por qué los Presupuestos Generales del Estado contemplan «cero euros para el Museo Bellas Artes de Sevilla y sólo un 1% de lo necesario para la rehabilitación del museo Arqueológico, por qué el Gobierno ha subido el IVA cultural al 21%, o por qué en Santa Catalina el Ayuntamiento sigue sin cumplir su compromiso». El consejero de Cultura y Deporte ha terminado su réplica diciendo «entre el ridículo y lo sublime hay sólo un paso; yo creo que ustedes están más cerca de lo ridículo».
Zoido pide a Griñán un «esfuerzo» para exponer el Carambolo En una carta, remitida el día 7 de marzo, Juan Ignacio Zoido ha pedido a la Junta un «esfuerzo» para destinar la cantidad «adecuada para exhibir convenientemente» el original de este tesoro en el Arqueológico, «al igual que el Ayuntamiento hace con los bienes de la Junta». Así, recuerda que las piezas arqueológicas mostradas en el Centro del Mudéjar y en el Antiquarium, de titularidad regional, están siendo «tuteladas y vigiladas con seguridad privada a expensas del presupuesto municipal para que puedan ser conocidas por todos los ciudadanos». Además, se compromete a instar al ministerio de Cultura a que materialice «cuanto antes la ansiada» rehabilitación y acondicionamiento del Museo Arqueológico, que «ya está en marcha y que sin duda debe convertir el museo en todo un referente para el estudio de la civilización tartésica, turdetana y romana. Considerando los beneficios que para Sevilla y Andalcía supondría además la exposición del tesoro en el Metropolitan Museum de Nueva York, le ruego que dé las instrucciones oportunas para su préstamo al mismo dentro de la exposición sobre la riqueza del periodo orientalizante en el Mediterráneo que se prepara para 2014. Estoy seguro que entre todos conseguiremos dar a los andaluces lo que se merecen», agregó.
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Otro suicidio estremece Túnez
Adel Khazri justo después de prenderse fuego el martes en la capital tunecina
La pobreza y la desesperación han vuelto a recordar en las calles de Túnez que dos años después del estallido de la Primavera Árabe son muchos los que siguen viviendo a rastras. Adel Khazri, de 27 años, se inmoló el martes en el buelvar Burguiba, en pleno corazón capitalino, en el escenario donde se fraguó la caída del antiguo régimen. Se roció con gasolina y se prendió fuego al grito de «He aquí la juventud que se ve obligada a vender cigarros, he aquí la falta de trabajo», informa Reuters. Estuvo ardiendo unos segundos interminablesantes de que lograran apagar las llamas que envolvían su cuerpo. Las gravísimas heridas lo llevaron a la muerte ayer jueves. El fallecimiento de este joven recuerda por obligación al de Mohamed Buazizi, el vendedor ambulante humillado por las autoridades que decidió inmolarse a finales de 2011 y cuya muerte fue la mecha sobre la que prendió la primera de las revoluciones de la Primavera Árabe. El entierro en la mañana del jueves de Khazri en la pequeña localidad norteña de Souk Jemaa derivó después en una manifestación en la que el odio popular se focalizó esencialmente en el partido islamista Ennahda, aupado hace poco más de un año al poder en las elecciones. «Somos más que pobres. No tenemos nada de nada», dice a la agencia France Presse Issam, el hermano que dejó el pueblo para tratar de sostener a la familia buscando trabajo junto a Adel en la capital del país. Entre ambos lograban mandar a casa una veintena de euros dos veces al mes. Era todo lo que contaba la familia de seis personas para subsistir. Mohamed, uno de los primos del fallecido, recuerda que vivensin agua, sin electricidad y sin baños. «Ennahda vino e hizo su puesta en escena para las elecciones, a continuación olvidaron esta región. Los jóvenes son todos en paro yAdel es solo un ejemplo entre otros», se lamenta Ahmed Khazri Bouzidi, al frente de un pequeño partido político en la región, informa France Presse.
Nuevo Gobierno En efecto, Ennahda despertó las esperanzas de un pueblo que durante la revolución se echó a la calle en busca de dignidad, trabajo, derechos humanos y democracia, pero en los últimos meses los ganadores en los comicios de octubre de 2011 viven cada vez más bajo la pesada losa del descontento popular. Descontento que en casos como el de Adel Khazri es llevado al extremo. El entierro del vendedor de cigarrillos coincidió ayer jueves con la presentación en el Parlamento de un nuevo Gobierno, encabezado por un islamista pero integrado mayoritariamente por independientes. Al frente se encuentra Ali Larayedh, de Ennahda y hasta el mes pasado el contestado ministro del Interior. Ellos serán los encargados de tratar de llevar las enrevesadas riendas del país hasta la celebración de unas nuevas elecciones, seguramente, a finales de 2013. El anterior Ejecutivo se vino abajo cuando el mes pasado un radical islámico abatió a tiros a la puerta de su casa al opositor de izquierdasChukri Belaid abriendo la más grave crisis en el país desde la caída de Ben Alí.
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La cotización para los jubilados que sigan trabajando será del 8%
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un decreto que endurecerá la jubilación anticipada con el objetivo de paliar el fuerte gasto que supone para el sistema una fórmula que se emplea en España para uno de cada dos retiros. Las exigencias serán, por tanto, mayores para dejar de trabajar antes de tiempo y habrá también más facilidades para estar jubilado y seguir trabajando. Todos los cambios entrarán en vigor el 1 de abril, aunque se respetarán las condiciones pactadas antes de esa fecha. Por ejemplo, despidos como los realizados en Banco Santander, Bankia, Caixabank, Orizona o Iberia, que acaba de sellar un pacto con los sindicatos. Estas son las principales medidas que incluirá un decreto que no ha sido posible consensuar con el Pacto de Toledo: Jubilación por despido. La edad se mantiene en 61 años Como ya informó ABC, el retiro forzoso se mantendrá en 61 años frente a una primera propuesta al Pacto de Toledo de elevarlo hasta 63. Eso sí, esos 61 años irán aumentando de forma paralela al retraso en la edad legal de jubilación, de los 65 años y un mes actuales a los 67 años en 2027. Es decir que este año serán necesarios 61 años y un mes para jubilarse de forma forzosa y en 2027 esta forma quedaría en 63 años. La idea es que en este caso la edad mínima de acceso a la pensión siempre será cuatro años menor que la edad legal. La edad para jubilarse de forma voluntaria será a partir del próximo mes de 63 años. Crecerá también de forma paralela a la edad legal, de forma que en 2027 quedará en 65 años.
Más años cotizados. Pasarán de 30 a 33 años El aumento de los años no será lo único que aumente, también el periodo exigido para que un trabajador pueda jubilarse de forma anticipada. Los años exigidos pasarán de los actuales 30 a 33 para todo tipo de retiro. Nuevas penalizaciones. Hasta el 8% para retiro voluntario El decreto crea para el retiro anticipado nuevos coeficientes de reducción. En la reforma de 2011, se establecen dos: 7,5% menos de pensión por cada año que el trabajador se jubile antes de la edad legal si ha cotizado menos de 38,5 años y un 6,5% si lo ha hecho más. Ahora se crean cuatro: 7,5% para los que han cotizado 38,5 años; 7% para quienes lo han hecho entre 38,5 años y 41,5; 6,5% entre 41,5 y 44,5; y 6% para el resto. Las penalizaciones serán más duras para la anticipada voluntaria. Estarán entre el 8% y el 6,5%, según el periodo cotizado. Retiro parcial. La jornada del empleado jubilado podrá llegar hasta el 75% También hay cambios en la jubilación parcial. El Gobierno aumentará gradualmente la edad hasta que en 2027 se sitúe en 63 ó 65 años, según se hayan cotizado al menos 36,5 años o 33, respectivamente. También aumentará el tiempo de trabajo del empleado jubilado, entre el 25% y el 50% de la jornada, aunque podrá extenderse hasta el 75% si el sustituto tiene contrato indefinido. Combinar salario y pensión. Podrán recibir hasta el 50% de la prestación El texto abre la puerta a que los pensionistas que así lo deseen sigan trabajando. Podrán cobrar hasta el 50% de la prestación que les corresponda. Estos jubilados seguirán cotizando pero con una cuota reducida. Será del 8%. El 6% a cargo del empresario y el 2% del trabajador. Para poder acceder a esta nueva fórmula, será necesario tener cotizados 35 años y un mes en 2013. Los años irán creciendo de forma progresiva hasta que 2027 se sitúen en 38,5 años. Funcionarios, excluidos. Sí podrá el personal laboral Funcionarios civiles y militares integrados en Muface no podrán cobrar pensión y seguir trabajando. Sí lo podrá hacer el personal laboral de la Administración o funcionarios de comunidades y ayuntamientos.
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El proyecto de hospital de Prasa vuelve a activarse con otro diseño y ubicación
Presentación al sector sanitario del proyecto del hospital de Prasa en junio del 2009.
Hace más de una década que se lleva hablando del hospital privado que Prasa quería construir primero en la zona del Castillo de la Albaida y después en Rabanales 21. En todo ese tiempo se han elaborado diversos proyectos, pero la crisis económica e inmobiliaria y la falta de fondos para llevarla a cabo, han impedido por el momento que la iniciativa pueda ver la luz. El boceto inicial en el que empezaron a trabajar los arquitectos Alfonso Casares y Justo Fernández-Trapa de Isasi ha cambiado tanto que, ahora, cuando este proyecto vuelve a reactivarse, ya ni siquiera se contempla levantar el hospital en la parcela inicialmente prevista, sino en otra distinta, pero dentro del parque Rabanales 21, según informó ayer Balbino Povedano, el principal impulsor médico de este futuro hospital. Precisamente, ayer se constituyó ante notario una sociedad para la puesta en marcha de lo que pretende denominarse Hospital Internacional de Córdoba, una infraestructura sanitaria privada con un coste aproximado de 80 millones de euros. "Un complejo que constaría de 170 camas, que podría dar empleo a unos 400 profesionales y que dispondría de la última tecnología diagnóstica existente en el mercado, con el objetivo de que este hospital privado sea un referente tanto en oncología como en el resto de especialidades médicas, incluyendo a su vez un Servicio de Urgencias", explicó Povedano. ¿Y quiénes estarían detrás de esta sociedad? Pues cuatro sociedades. La primera, el Grupo Prasa; la segunda, integrada por varios arquitectos, principalmente del grupo Aidhos (que ha realizado varios hospitales en Madrid y que hizo el proyecto básico de ampliación del hospital Reina Sofía); el tercer grupo lo forman profesionales médicos, con Balbino Povedano a la cabeza, y el cuarto sería el inversor Antonio Peñas Abella, conocido por su participación en distintos negocios del sector hospitalario y residencial en Madrid. Sin embargo, "requerimos de más financiación para ejecutar este proyecto, por lo que seguimos buscando nuevos inversores", añadió Balbino Povedano. Respecto al cambio de parcela, este médico precisó que "simplemente se debe a que el nuevo terreno se amolda mejor a los posibles cambios que en el futuro pudiera sufrir el hospital". Sobre las características del centro, "estamos intentando ajustar el presupuesto lo máximo posible, pero se está redefiniendo su diseño para que se adapte a la tecnología de la que debe disponer el hospital", resaltó Povedano.
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El siguiente paso es concluir el estudio de viabilidad Después de tantos años hablándose de este proyecto de hospital privado, sus impulsores ya no se atreven a dar plazos. Una vez que se constituyó ayer la sociedad de promotores del complejo, el siguiente paso sería concluir el estudio de viabilidad de esta infraestructura y el proyecto básico de ejecución del mismo. Cuando esté definido totalmente el diseño de estas dependencias se presentaría en la Gerencia de Urbanismo, como mínimo dentro de seis meses, para que dé el visto bueno a la realización de esta iniciativa. En caso de respuesta afirmativa, habría que llevar a cabo, antes de poner la primera piedra y empezar a construir, un estudio geotécnico y medioambiental en los terrenos. Respecto al equipo médico y sanitario que trabajaría allí, el doctor Balbino Povedano indicó que "estamos abiertos a incorporar a los mejores". En el largo periodo que se lleva gestando el proyecto del hospital en Rabanales, el hospital de la Cruz Roja ha incrementado su capacidad, el hospital San Juan de Dios está acometiendo una ambiciosa ampliación y pronto lo hará el hospital La Arruzafa. Además, un grupo de empresarios anunció el verano pasado el proyecto de hospital Averroes en la zona del Tablero, iniciativa esta última que sigue viva y cumpliendo los trámites exigidos por Urbanismo.
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El PSOE dice que el PP no valora que "sin patios no hay fiesta"
Juan Pablo Durán, durante la rueda de prensa.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán, ha afirmado este jueves, sobre el desencuentro del gobierno municipal del PP con las asociaciones de propietarios y cuidadores de los patios, que “alguien no ha tenido la suficiente capacidad para valorar que sin patios no hay fiesta”, por lo que insta al alcalde Nieto a que “tome por los cuernos” y como “una prioridad” el asunto de la próxima edición de mayo, porque “no estamos hablando de un certamen, sino de la fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco”. En una rueda de prensa, Durán ha lamentado que “el PP se está empeñando en hacer fracasar” el primer año de la distinción de la fiesta de Los Patios por la Unesco, como a su juicio refleja el hecho de que “nos vamos a presentar por primera vez ante la sociedad internacional después de la designación y a la fecha a la que estamos no está cerrado absolutamente nada de esas bases”. “En vez de encarar este año como el del principio de un nuevo impulso a esta fiesta histórica cordobesa, el PP está confundiendo y desenfocando el problema”, ha afirmado el portavoz socialista. Para “trabajar bien” el tema de los patios “hay que centrarse en el mantenimiento de esas infraestructuras, del entorno y del contenido”, ha explicado Durán, quien ha añadido que sin embargo “el PP lo ha querido plantear como un problema de negocio”. En esa línea, ha aseverado que en lugar de crear “una plataforma digital para vender entradas”, que es “el enfoque que le ha querido dar el PP: negocio”, lo que había que haber hecho “era crear una plataforma con los propietarios, más el Consorcio de Turismo y empresarios del sector y de la restauración, para desde ahí elaborar un verdadero plan ambicioso para Los Patios”. Entre sus objetivos, como ha explicado el portavoz municipal del PSOE, estaría la consolidación y el mantenimiento de las infraestructuras; la subvención del coste de mantenimiento de los recintos y del contenido ornamental de esos patios; y el establecimiento de un plan anual de visitas guiadas y actuaciones en los patios más allá de lo que dura la fiesta para aquellos propietarios que así lo deseen. Sobre la falta de acuerdo sobre las bases del concurso de 2013 y el modo en que se han tensado las relaciones con los colectivos que hacen posible la fiesta, Durán ha señalado que no es algo que surja por “generación espontánea”, ya que “los responsables municipales de este Ayuntamiento han sido quienes más contribuido al desconcierto y al desacierto” padecidos por los propietarios de los patios, que “llevan desde 2012 reclamando una mayor atención a sus demandas y una mayor sensibilidad por parte del gobierno municipal a sus inquietudes”.
Sobre el trato que el PP dio a los propietarios y cuidadores de patios en el marco de la infructuosa reunión celebrada este miércoles, Juan Pablo Durán ha criticado que se pidió identificación a los asistentes. “El PP está perdiendo la perspectiva y está convirtiendo la casa del pueblo, que son los ayuntamientos, en un lugar que pretende bunkerizar”, según ha censurado. También ha expresado “la queja y la absoluta oposición del PSOE a que eso vuelva a repetirse”. Como ha subrayado Durán, al PP “lo que le están diciendo los propietarios no es una reivindicación por 2.000 o por 4.000 euros”, sino que para ellos “el problema es que llevan un año reclamando a este gobierno local una mayor atención para el mantenimiento de los patios, puesto que ni con dos ni con cuatro ni con el doble de cuatro se mantiene el coste de toda la infraestructura durante un año”. Se pide, por tanto, “un plan que aborde de verdad” a Los Patios. Por tanto, los colectivos y las asociaciones, según ha añadido, lo que critican es “la falta de un coherente”, porque “ahora es algo más lo que nos significa ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. Juan Pablo Durán también ha considerado “urgente que más allá de la situación de emergencia que ya se vive para este año, instar a que el alcalde, como máximo responsable de la ciudad, tome el toro por los cuernos y se siente él directamente a cerrar este tema”. El objetivo sería además que “se impulse la creación de esa plataforma, no digital, sino analógica de personas y de entes que nos pongamos a trabajar y a sumar proyectos”, según ha agregado. Ha defendido también como “indispensable y primordial” prestar una atención “pormenorizada” a los patios, a sus propietarios y a quienes los mantienen. A su juicio, hay que tener en cuenta que con el premio de un concurso o un accésit “no quedan resarcidos” todos los esfuerzos de quienes se dedican a los patios los 356 días del año para su exhibición durante 15 días. INUNDACIONES Por otro lado, tras expresar “la solidaridad del PSOE con el sentimiento de angustia que han sufrido familias de la sociedad cordobesa ante el temor de volver la sufrir las duras consecuencias de la riada de 2010”, el portavoz municipal socialista ha pedido “al señor alcalde de la ciudad de Córdoba que hasta que no se vaya el agua de los salones de las casas de estas familias evite en lo posible dar opiniones, sobre todo desde fuera de la ciudad”, en referencia a las declaraciones realizadas por Nieto sobre las viviendas en zonas inundables de la capital en el transcurso de un encuentro informativo en Sevilla. En esa línea, ha pedido a Nieto que “no lo sitúe en un problema de debate estéril que, evidentemente, no da ningún tipo de respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas, máxime cuando en el mes de enero de 2013 y a propuesta de una plataforma creada para todo lo que significaría la mejora del río Guadalquivir el Pleno en su totalidad aprobó realizar unos estudios conjuntamente con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía, el propio ayuntamiento y con los propietarios de esas zonas que están en riesgo de inundación”. Por tanto, según ha destacado, “en este momento hace falta que nos serenemos todos y que nos demos un plazo y una perspectiva para tener un debate serio, sereno, sin más demagogias; con rigor del uso del dinero público pero con la suficiente generosidad de poder hacer un estudio de situación caso a caso en cada uno de esos lugares”. Por ello, Durán solicita al alcalde que “cuando esa agua salga de los salones de las casas nos sentemos todos en la mesa que en teoría tenía que haberse creado con esa moción conjunta y nos pongamos a trabajar para buscar proyectos viables que sean socialemente aceptables y medioambientalmente sostenibles”. En esa línea ha indicado que “además algunos de ellos tenían visos de ser proyectos de interés económico y de empleo”. Lo más imporante, según ha dicho, “es que sirvan para resolver realmente los problemas en vez de crear más confrontación y más confusión”.
También ha exigido que “no vuelva a ocurrir lo que el PP suele hacer, que es cambiae de opinión cuando está en el gobierno y cuando está en la oposición”. Ha recordado en ese sentido que “cuando en el 2010 y 2011 se produjeron los hechos desgraciados de las pasadas inundaciones, el PP presentaba enmiendas a los PGE para que se hiciesen partidas de encauzamiento del río a su paso por la ciudad de Córdoba”. “Ayer Nieto hablaba de dirigirse a la Junta de Andalucía para pedir su ayuda para no se qué propuestas y no sé qué medidas. Sinceramente creo que hay que dejar ya la demagogia en este tema. Esto no es un tema para usarlo de arma de confrontación política ni electoral. Es algo mucho más serio”, como ha subrayado. También ha criticado en el modo en que por parte del PP “ayer se hacía una enumeración de suelos inundables de parcelaciones que estaban fueran de ordenación y hoy tenemos una respuesta por parte del alcalde que creo que no tocaba en este momento”. “No quiero hacer una confrontación absurda de lo que él planteaba cuando estaba en la oposición a lo que él plantea estando en el gobierno, porque eso no le va a resolver el problema a la ciudadanía”, ha asegurado. Sin embargo, como ha indicado Durán, “me temo que este 2013 se está ya caracterizando por convertirse en un año de permanente confrontación, pero los ciudadanos nos van a exigir algo más”. “Hay que ser capaces de sentarse con rigor y sin demagogia a estudiar todos y cada uno de estos fenómenos”, ha remarcado Durán, a lo que no obstante ha añadido que “hasta ahora lo que viene escuchando del gobierno municipal es querer echar balones fuera a que otros hagan el trabajo y asuman la responsabilidad que se tiene que asumir desde el Ayuntamiento sin tener la menor intención de implicarse en el problema”. Por último, Juan Pablo Durán ha defendido que “lo que debemos hacer todos es ayudar y colaborar en la limpieza de esas casas intentar socorrer y solidarizarnos con lo que han padecido esas familias. Y después, centrémonos de verdad no en buscar en quién es el responsable, sino en cómo colaboramos todos para resolver el problema”. “El problema no es de quién tiene la responsabilidad, sino de qué vamos a poner cada uno de nosotros para resolver el problema”. “A ver si de una vez enfocamos bien los problemas, que es lo que no se está haciendo en este Ayuntamiento y en este gobierno”, ha instado.
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IU y PSOE exigen al alcalde que arregle el problema de los patios IU y PSOE exigen al alcalde José Antonio Nieto que solucione de manera urgente el problema con los propietarios de los patios. Las novedades para el concurso anunciadas por el Gobierno local han generado malestar entre los vecinos, enfadados sobre todo por la intención del PP de crear una plataforma digital para regular la entrada a los patios los fines de semana. Los propietarios piden que en lugar de invertir en esa plataforma se destine el dinero a ayudas para la conservación de los recintos. Después de la falta de acuerdo de la reunión que mantuvieron los delegados de Presidencia y Fiestas el miércoles con los propietarios, la relación entre ambas es de desacuerdo. Miguel Angel Torrico indicó que las bases no podrán ser aprobadas en la Junta de Gobierno Local de hoy porque deben pasar antes por la Intervención municipal. Así, habrá que esperar al viernes próximo --cuando se reúna de nuevo la Junta de Gobierno-- para saber si el Ayuntamiento flexibiliza su postura o, si por el contrario, mantiene todas sus ideas. Por todo lo anterior, el portavoz municipal de IU, Francisco Tejada, cree que la situación a la que se ha llegado es "muy preocupante". "El que está fallando de una manera calamitosa es el gobierno municipal, que está poniendo cada vez más en peligro el festival", sostuvo. Tejada exigió que el alcalde convoque una reunión urgente y que no se levante hasta haber resuelto el problema: "El festival está en peligro. El alcalde no puede mirar para otro lado ni estar ausente en un tema como éste". Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Pablo Durán, recordó que "sin patios no hay fiesta", por lo que también pidió a Nieto que "tome el toro por los cuernos"."No estamos hablando de un certamen, sino de la fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad". Durán recomendó al alcalde que "se centre en el mantenimiento de los patios", en lugar de enfocar el certamen "como un problema de negocio" que es lo que está haciendo con la plataforma, según dijo Durán.
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Siete patios del Alcázar Viejo abren sus puertas desde hoy
Los vecinos del Alcázar Viejo presentaron ayer su ruta.
Los propietarios del Alcázar Viejo presentaron ayer un proyecto en el que participarán 7 patios del barrio, que abrirán sus puertas desde hoy y hasta el 30 de junio, de 11 a 14 horas y de 18 a 21 h, salvo los días del concurso. La iniciativa, capitaneada por Blanca Ciudad, pretende "dar respuesta a la demanda tan insistente del turismo que llega a Córdoba y de las misma ciudadanía cordobesa que quieren enseñar a familiares y amigos los patios". En concreto, estos propietarios ofertarán una ruta por los patios de Martín Roa, 2 y 7; San Basilio, 14, 17, 20 y 22; y Duartas, 4; a cambio de un donativo de 5 euros. Por otro lado, los propietarios aglutinados en la asociación Claveles y gitanillas preparan su asamblea del lunes, en la que decidirán las medidas a tomar en caso de que el Ayuntamiento apruebe las bases del concurso. Las posturas más drásticas proponen incluso cerrar los patios si no se aumentan las partidas económicas para la conservación de los recintos. La decisión que se adopte incidirá directamente en la celebración de la Gala de los patios que se celebrará ese mismo día a las 19.30 horas.
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El Instituto de la Mujer difunde sus programas y recursos en una semana de puertas abiertas
EL CENTRO provincial del Instituto Andaluz de la Mujer ha realizado, con motivo Día Internacional de la Mujer, unas jornadas de puertas abiertas para acercar a la ciudadanía los diferentes recursos, servicios y programas en los que trabaja este organismo desde su creación en 1989. La coordinadora del IAM en Córdoba, Mercedes Bermúdez, ha destacado en la inauguración de estas jornadas que "el Instituto Andaluz de la Mujer trabaja cada día en asegurar a todas las mujeres, y a la sociedad en su conjunto, los derechos que nos garantiza la Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía".
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Poniente Sur peleará para que el Salvador Vinuesa 'vuelva' al barrio
Los vecinos de Poniente Sur se reunieron ayer en asamblea.
No vamos a permitir que nos quiten el Salvador Vinuesa porque es una barbaridad". Así de contundente se mostró ayer en la asamblea de Poniente Sur Francisco Montemayor, presidente del consejo de distrito, sobre la modificación de la zona de influencia del colegio Salvador Vinuesa, que ha dejado de estar adscrito a Ciudad Jardín y ha pasado a pertenecer a Brillante Oeste. El cambio ha suscitado gran malestar entre los vecinos de Zoco y Ciudad Jardín porque consideran que han perdido el colegio de referencia del barrio. Aunque este año no se puede hacer ya demasiado --el periodo de escolarización ha comenzado--, la idea que emanó de la asamblea es que los vecinos están dispuestos a plantar batalla en la Delegación de Educación de cara a la próxima campaña de escolarización. "Estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias", indicó el presidente. La delegada, Manuela Gómez, se reunió el lunes con los vecinos para explicarles que ha sido la bajada de la natalidad lo que ha motivado el cambio de influencia del centro escolar. Por otro lado, la asamblea abordó también el cambio de recorrido de la línea 7. Los vecinos han pedido a la concejala Ana Tamayo que devuelva este autobús a su recorrido anterior. "El Ayuntamiento ha seguido criterios económicos en este cambio, en lugar de atender a las prioridades ciudadanas", denunció ayer Montemayor. En última instancia, la Junta municipal de distrito se pronunció el jueves sobre las actuaciones que quieren que se incluyan en el plan municipal 50 obras, 50 barrios y ayer se informó a la asamblea. En Parque Cruz Conde, los vecinos quieren que se actúe en Campillo, la zona entre la avenida del Corregidor y la de Menéndez Pidal. Vista Alegre solicitará la mejora de la calle Tomás de Aquino; mientras que Polígono Poniente quiere que se remodelen las medianas de la avenida de Manolete, se instale el riego y se planten nuevas flores y plantas. Ciudad Jardín pedirá la actuación en la calle Julio Pellicer; y Cercadilla, otra en Música Ziryab. Por último, en Huerta la Marquesa y Olivos Borrachos se pedirá la acometida de la segunda fase del paseo paralelo a la estación de trenes.
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El Consistorio planifica servicios y actividades para mayores La concejala de Participación Ciudadana y mayores, Blanca Córdoba, dijo ayer que uno de los propósitos y compromisos que lleva a cabo su delegación desde el pasado año ha consistido en poner al servicio de los mayores un mayor número de actividades encaminadas a la formación, información, prevención y servicios, porque "desde el gobierno municipal no solo demostramos que estamos al lado de los mayores, sino que lo hacemos con criterio de compromiso constante en mantener y mejorar todo lo que se promueve o organiza en los centros municipales o en actividades desarrolladas para ellos en los Centros Cívicos o las promovidas por los propios colectivos". Córdoba hizo estas manifestaciones en una conferencia de prensa en la que dio a conocer la programación sociocultural que desde su delegación se va a desarrollar durante este primer semestre del año, referidos a hábitos de vida saludable, prevención de incendios, salud bucodental, ola de frío, autoestima y memoria, acercamiento y conocimiento de las nuevas tecnologías, desarrollo y expresión artística, salud y calidad de Vida, educación vial, uso adecuado de los medicamentos y prevención de delitos. También habrá actividades de ocio y tiempo liebre, como pueden ser viajes socioculturales, senderismo urbano, huertos ecológicos o animación a la lectura.
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El distrito Sureste afirma sentirse "discriminado" por el Ayuntamiento El Consejo de Distrito Sureste asegura que se siente "discriminado" por el Ayuntamiento por la falta de información en torno al programa 50 obras, 50 barrios , tema que se llevaba ayer a la junta municipal de distrito para seleccionar las actuaciones --de ocho, cuatro--. El secretario del consejo de distrito, Rafael Alba, transmitió ayer el malestar, ya que este órgano había solicitado información de las obras planteadas. El consejo había dirigido un escrito pidiendo documentación y el aplazamiento de la junta municipal para estudiarla. Sin embargo, la presidenta de la junta municipal, Ana Tamayo, les comunicó que en la reunión comparecerían el delegado de Presidencia, Miguel Angel Torrico, y la delegada de Infraestructuras, Laura Ruiz, y que no hay documentación técnica hasta que se seleccionen las obras y se hagan los proyectos. Por ello, el consejo envió otro escrito comunicando que ninguno de sus seis miembros asistiría a la junta. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que ese es el procedimiento que se sigue, ya que las obras se dialogan, y que ha habido siete juntas municipales de distrito para abordar el programa, en todas se ha hecho así, y no ha habido problemas en ninguna.
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Los vecinos de Las Pitas exigen servicios básicos Los vecinos de Las Pitas no cesan en su empeño de conseguir los servicios básicos, que siguen reclamando. En un momento en el que la Gerencia de Urbanismo ha aprobado un inventario de edificaciones situadas en suelo no urbanizable, primer paso para declarar a parte de las mismas como asimilado al fuera de ordenación (AFO) y en el que el alcalde, José Antonio Nieto, ha pedido a la Junta que estudie la dotación de servicios en las parcelaciones que a priori lo tienen más difícil, el exdecano del Colegio de Abogados, José María Muriel de Andrés, asegura que los vecinos se conforman con que Las Pitas no se legalice pero solo si consiguen los servicios básicos. El abogado, que asesora a la asociación de vecinos de Las Pitas, reconoce que "el BIC de Medina Azahara es una losa difícil de salvar" y que impide la legalización. A pesar de todo, Muriel considera que la dotación de servicios "sí tiene encaje legal". Es más, recuerda el riesgo que hay de contaminación del agua, ya que Las Pitas se abastece de pozos y tiene fosas sépticas. Aunque el AFO, figura que posibilita la dotación de servicios, no es aplicable en suelos protegidos, es una de las soluciones que aportó en su día la oficina técnica de El Higuerón, integrada por Junta y Ayuntamiento, que estudió la situación de las parcelaciones de la zona BIC. Además, podrían beneficiarse del AFO viviendas que se construyeron antes de la declaración del BIC en función de la calificación que tenía el suelo, ya que cambió en varias ocasiones. Muriel insiste en que el decreto de la Junta que amplió en el 2003 la zona BIC es "irracional e improcedente", ya que en 1996 se estableció el límite de protección en el canal y cuando se llevó hasta la carretera de Palma "el terreno estaba ya edificado al 90%", incluso con un bar y una fábrica, como muestran las fotografías de entonces. Muriel niega el impacto visual de las casas, "que están a kilómetro y medio del yacimiento", por lo que lo considera "un camelo". Recuerda cómo, después de que el Pleno aprobara de forma inicial el plan de saneamiento y abastecimiento para Las Pitas el 2 de noviembre del 2006, con los votos de IU y PP y la abstención del PSOE, la Junta lo echó para atrás, "ya que veía la dotación de servicios como un paso hacia la legalización". Un mes antes, en octubre, IU y PP presentaron una moción instando a la Junta a modificar el ámbito BIC para dejar fuera a La Gorgoja II, Córdoba la Vieja y Las Pitas y a legalizarlas, propuesta de la que nunca más se supo. Entre las paradojas que se dan, destaca el abono de la contribución urbana.
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Ascienden al subdirector que levantó reparos de la Copa Davis La Junta de Gobierno Local tomará conocimiento hoy de la renuncia al puesto de subdirector general del área de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba presentada por Javier de la Torre, y de la creación en ese mismo acto de la dirección general de Presidencia, cargo que ocupará el mismo De la Torre, según informaron ayer fuentes del gobierno municipal. Esta toma de conocimiento es consecuencia del decreto firmado por el alcalde, José Antonio Nieto, el pasado 12 de marzo. De la Torre podrá compatibilizar este nuevo cargo con el de concejal del PP en el Ayuntamiento de Guadalcázar para el que fue elegido en las elecciones del 2011. Durante su etapa al frente de la subdirección general de Presidencia, Javier de la Torre informó sobre expedientes del servicio de Intervención del Ayuntamiento de Córdoba que ponían reparos a varios pagos de facturas por la celebración de la semifinal de la Copa Davis celebrada en Córdoba en septiembre del 2011, discrepancias que finalmente fueron levantadas por el alcalde a tenor de las recomendaciones hechas por el subdirector general.
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El PP dice que la Junta debe 400.000 euros en programas a los ayuntamientos
Rafaela Obrero, durante la rueda de prensa.
La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Córdoba, Rafaela Obrero, ha denunciado que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía debe casi 400.000 euros a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba en programas educativos conveniados previamente con estas Corporaciones Locales. Obrero, quien ha citado datos que la propia Consejería de Educación ha dado al Grupo PP-A en una respuesta parlamentaria, ha lamentado que esto sea una evidencia más de la política que sigue el gobierno andaluz de yo invito y los ayuntamientos pagan, siendo los principales damnificados por esta mala práctica los consistorios que tienen que adelantar el dinero para que se pongan en marcha los programas educativos siendo 100% competencia de la Administración Autonómica. “La triste realidad es que la Junta de Andalucía es la principal morosa de los ayuntamientos andaluces y cordobeses, que no paga las obligaciones que ha contraído con estas Corporaciones Locales y encima las asfixia cada día más recortando inversiones, programas y convenios”, dice Obrero. Así, según una respuesta parlamentaria de la Consejería de Educación relativa las obligaciones reconocidas pendientes de pago por parte de esta consejería, se detallan distintos los importes de varios programas educativos que se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos, de los que la Junta de Andalucía todavía no ha abonado esa cuantía. En Apoyo educativo a programas de Cualificación Profesional Inicial la Consejería de Educación debe 33.162 euros a los ayuntamientos de Hornachuelos y Puente Genil. En el Programa de Absentismo Escolar, Educación tiene una obligación reconocida pendiente de pago de 79.775 euros en 39 municipios cordobeses. En subvenciones para la construcción y ampliaciones de Escuelas Infantiles, la Consejería debe un total de 264.825 euros a tres municipios. Esto hace un total de 377.762 euros de deuda pendiente de pago por parte de Educación a diversos ayuntamientos cordobeses. “Sin duda, esto es una muestra más del abandono de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba y a la educación en general, ya que está obligando a las Corporaciones Locales a asumir programas y competencias que la Administración Andaluza no paga y no se responsabiliza de ellas, y al mismo tiempo tira por tierra el trabajo de muchos años en programas tan importantes como es el seguimiento del absentismo escolar, negando la dotación económica para seguir llevando a cabo este programa y poniendo trabas en el camino a los servicios sociales municipales que lo coordinan”, dice la parlamentaria andaluza.
Los impagos en el programa de absentismo escolar suponen un obstáculo y un recorte más para los ayuntamientos en la colaboración que prestan en la detección, orientación y seguimiento de los alumnos absentistas en edad de escolarización obligatoria, y la desviación de responsabilidad en el control y estudio de las situaciones familiares que pueden estar provocando el absentismo. En definitiva, los efectos del absentismo escolar a medio plazo, es el abandono temprano de muchos niños cordobeses del sistema educativo andaluz y en general, del alto porcentaje en fracaso escolar del alumnado en Andalucía.
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La Junta garantiza que el Care de Noreña abrirá en breve La Consejería de Salud y Bienestar Social ha invertido 44,5 millones de euros en infraestructuras sanitarias en la provincia de Córdoba en los últimos años, a pesar de las dificultades económicas. María Jesús Montero ha ofrecido detalles de inversiones en una respuesta parlamentaria en la que ha detallado que las obras del edificio del Centro de Alta Resolución de Noreña ya ha finalizado y que la Junta de Andalucía pondrá este dispositivo en marcha próximamente, aunque todavía no se ha "recibido notificación oficial de la concesión de la licencia de primera ocupación" y actividades al centro que supone el último trámite necesario para que pueda comenzar a equiparse. Montero ha concretado que se han puesto en marcha once nuevos centros de Atención Primaria (Villafranca, Valenzuela, Montemayor, Monturque, Doña Mencía, Villaviciosa, El Arrecife en La Carlota, Poniente Sur, El Naranjo, Encinarejo y El Higuerón) en los que se ha invertido 7,8 millones. En cuanto a atención hospitalaria, se ha puesto en marcha el hospital del Valle del Guadiato y mejoras en los existentes.
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Griñán regulará como pide IU las consultas populares antes de verano
Griñán, Valderas, Jiménez y Alvarez de la Chica, ayer, durante la sesión de control en la Cámara.
Tal y como había pedido Izquierda Unida, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se comprometió ayer en el Parlamento a regular el artículo 78 del Estatuto, que habla de las consultas populares. Eso sí, el dirigente socialista advirtió de que se debe hacer desde el consenso y confió en un acuerdo político dentro de la batería de medidas por la transparencia que los grupos negocian en el Parlamento. El Estatuto recoge la posibilidad de desarrollar consultas populares con dos condiciones: su carácter no es vinculante y solo se puede preguntar a los ciudadanos sobre competencias de la comunidad autónoma. Griñán eludió pronunciar el título del referido artículo pero sí se comprometió a su desarrollo. Aunque no entró en el acuerdo programático firmado por PSOE e IU, el vicepresidente Diego Valderas lleva meses defendiendo, en línea con los sindicatos y otros colectivos contra los recortes, una consulta al pueblo andaluz respecto a nuevos ajustes y al cumplimiento del déficit público. "Consultas populares. Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por ella misma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con la excepción del referéndum", dice el Estatuto. Durante su tramitación, este artículo fue muy polémico, siempre de la mano del Estatut catalán, que también peleó por este tema desde otra perspectiva muy diferente. Ahora, en pleno envite del nacionalismo catalán sobre la necesidad de un referéndum, el Gobierno andaluz, como ha exigido IU, se descuelga con este asunto, aunque todas las voces próximas a Griñán alertan de que nada tiene que ver y de que no se trata de convocar un referéndum, competencia exclusiva del Estado. Las consultas populares, explicaron fuentes del Gobierno, se desarrollarán dentro de la ley de transparencia y de la ley de participación ciudadana, que elaboran las consejerías de Susana Díaz y el vicepresidente Diego Valderas, respectivamente. Ambas están comprometidas para su registro en el Parlamento en abril y mayo. INTERVENCION DE CASTRO El portavoz de IU, José Antonio Castro, interpeló ayer durante el pleno a Griñán sobre este asunto. Dentro y fuera de sus filas, hubo quórum en que la de ayer fue posiblemente una de sus mejores intervenciones en la sesión de control. Izquierda Unida, socio en el Gobierno, está totalmente convencido de la necesidad de preguntar a los andaluces sobre nuevos recortes. Castro defendió que la consulta popular es "la democracia con mayúsculas" y preguntó a los diputados, "sobre todo a los del PP", "de qué tienen miedo". El dirigente de IU recalcó que hoy en día "se llama transparencia a cualquier cosa" y defendió que "no hay que tenerle miedo a la voz del pueblo".
Tras el revuelo levantado por sus palabras hace una semana, cuando propuso una consulta popular al estilo de las celebradas por Hugo Chávez en Venezuela, Castro lamentó ayer que si se defienden este tipo de iniciativas "para la derecha" o bien es que eres un "populista, o algo más profundo, es que te gusta ir en chándal". "Preferimos mil veces vestir el chándal de los trabajadores ante que las corbatas y los puños blancos manchados de corrupción", espetó Castro a los populares.
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Zoido calcula en 400 millones de euros la deuda de la Junta con los ayuntamientos Desde que tomó las riendas del PP andaluz, en sustitución de Arenas, Juan Ignacio Zoido se ha erigido en el portavoz de los ayuntamientos y ha llevado las reivindicaciones del municipalismo a sus careos quincenales con el presidente de la Junta. Otra de las bazas de Zoido es ahondar en la deuda de la Junta con los consistorios. En la sesión de control al Gobierno, el líder de los populares cifró esa deuda en 400 millones, 128 de ellos con las capitales, y exigió a la Junta que "pague" lo que debe. Zoido criticó el "oscurantismo" del Gobierno andaluz y le acusó de no facilitar los datos porque serían "demasiado escandalosos". El Parlamento aprobó ayer por unanimidad que se dé a conocer la deuda mutua de Junta y ayuntamientos. Griñán le reprochó que se arrogue una "legitimidad que nadie le ha dado".
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El PP niega el recorte en las becas y cifra en 700 los afectados La portavoz de educación del PP en la Cámara autonómica, Marifrán Carazo, aseguró ayer que el cambio de requisitos establecido por el Gobierno de la nación en la concesión de becas para estudios posobligatorios de Bachillerato o Ciclos Formativos podrá afectar a unos 700 alumnos, pero "en ningún caso" a 10.000, tal y como ha afirmado la consejera de Educación, Mar Moreno. En declaraciones en los pasillos del Parlamento, la diputada popular dijo que el Gobierno andaluz tiene "muy claro" que quiere engañar a los andaluces con estos datos. "No nos cuadran además porque la convocatoria no está resuelta aún, sino que finaliza en mayo de 2013", puntualizó. De igual modo, la parlamentaria del PP quiso aclarar que el cambio en los criterios para la concesión de becas por parte del Estado solo afectará a los alumnos de primero de Bachillerato y de primero de FP de grado superior y no al conjunto de estos estudios. También criticó que la consejera del ramo "no confíe" en que los alumnos andaluces puedan sacar un 5,5 de nota, después de que la calificación necesaria para recibir las becas haya sido aumentada en medio punto. "Hay muchos estudios que nos indican que el alumnado andaluz necesita mejorar sus resultados, pero que la Junta no confíe en que se saque un 5,5 es absolutamente preocupante", añadió.
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El consejo de la RTVA aborda hoy la designación de Joaquín Durán El consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se reúne hoy para tratar las propuestas formuladas por su todavía director general, Pablo Carrasco, tras anunciar su dimisión, de proponer a Joaquín Durán, actual director de Canal Sur Radio, como director de Canal Sur Televisión y subdirector de RTVA, y a Inés Alba, actual jefa de Contenidos de Actualidad e Informativos de la radio, como directora de Canal Sur Radio. La reunión, convocada con carácter extraordinario por el presidente del consejo, José Moratalla, tendrá lugar a partir de las 10.30 horas en el edificio de Retevisión de la Isla de la Cartuja en Sevilla y en ella Carrasco someterá a aprobación tanto el nuevo organigrama como los nombramientos de Joaquín Durán e Inés Alba en sus nuevas responsabilidades. La dirección de la RTVA defiende que la propuesta de Carrasco "está fundamentada en facilitar, sin condicionar, la gobernabilidad de la agencia pública empresarial en el periodo de transición" abierto hasta que el Parlamento nombre nuevo director y consiste en volver a crear el puesto de director de Canal Sur Televisión que, según la ley 18/2007 de RTVA, "es el administrador único de la sociedad y por tanto garantiza su operatividad". La consejera de Presidencia, Susana Díaz, instó ayer a los partidos a que, en el menor tiempo posible, logren un acuerdo sobre el nuevo director de la RTVA y que "no lo hagan como un arma arrojadiza". En la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Díaz señaló que, sin duda, tras la dimisión de Carrasco se abre una situación extraordinaria porque la actual ley de RTVA no regula una circunstancia de vacancia, de manera que el Ejecutivo aprobará en su reunión del próximo martes un decreto ley que garantice esa situación de "transitoriedad". El portavoz del PP en materia de RTVA, Miguel Contreras, aseguró que el PSOE todavía no le ha llamado para hablar sobre la RTVA.
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El Congreso aprueba las medidas de choque contra el desempleo juvenil
El Congreso ha aprobado esta tarde la convalidación del decreto ley que incluye once medidas de choque contra el paro juvenil de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (2013-2016), así como su tramitación como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan introducir cambios en el texto. Sólo ha votado a favor de la convalidación el grupo parlamentario popular, en tanto que la mayoría de los grupos de la oposición se ha abstenido, salvo la Izquierda Plural y los diputados del grupo mixto de Compromis, ERC, Amaiur y BNG que han votado en contra. El real decreto ley denominado "de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo", además de las once medidas de la Estrategia contiene otras sobre fiscalidad de autónomos, financiación de empresas, de lucha contra la morosidad o que afectan al sector ferroviario y de los hidrocarburos. En este sentido, los grupos han criticado que el decreto sea un "cajón de sastre". La diputada socialista Pilar Lucio ha dicho que las medidas llegan tarde porque el Gobierno "ha dejado pasar un año, en el que el paro juvenil ha crecido seis puntos por su política". Para Lucio, las medidas del plan de choque hacen más precario aún el empleo juvenil y las bonificaciones e incentivos a la contratación tendrán escaso impacto. El portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo, Carles Campuzano, ha precisado que el problema de España no es la alta tasa desempleo juvenil sino "el desempleo", algo que no aborda el decreto ya que, ha dicho, sólo incluye algunas medidas de choque. Asimismo ha reprochado al Gobierno el no haber aprobado aún la ley de emprendedores y ha criticado las medidas del plan de "farragosas" para cualquier emprendedor. El portavoz de la Izquierda Plural, Juan Coscubiela, ha criticado que el Gobierno llame "flexibilización" a lo que es "precariedad pura y dura" y ha calificado de "desfachatez" que la ministra reivindique el acuerdo de negociación colectiva que firmaron patronal y sindicatos cuando el Ejecutivo "lo dinamitó".
Ha añadido que eso ha sobrepasado "todos los límites de mendacidad" y ha afirmado que Báñez "no escucha, sólo papagayea", algo a lo que ha provocado un rifirrafe con la diputada popular Celia Villalobos, quien ha hecho una encendida defensa de la ministra. Villalobos ha asegurado que Báñez ha dedicado muchas horas para negociar con los agentes sociales y ha dicho que la presencia de los sindicatos "no es una foto, sino un compromiso real". El diputado del PNV Pedro Azpiazu ha afirmado que no votará en contra de la convalidación del decreto porque espera corregir durante su tramitación cuestiones sobre las bonificaciones o el pago a proveedores y se ha mostrado a favor de un plan para el empleo joven pero con salarios dignos "y evitando explotaciones". Por parte de UPyD, el diputado Álvaro Anchuelo ha criticado el escaso impacto económico de las medidas y ha señalado que en materia de contratación se produce una nueva "vuelta de tuerca" de la reforma laboral en cuanto a precarización laboral. En esta cuestión, han coincidido los diputados del grupo mixto, Joan Valdoví, Olaia Fernández, Joan Tardá y Sabino Quadra, quienes han subrayado que las medidas del plan de choque hacen aún más precario el empleo juvenil.
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El Consejo aprueba mañana un decreto con medidas para trabajadores mayores
El Consejo de Ministros aprobará mañana previsiblemente un decreto ley con medidas para favorecer la continuidad de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, según han informado a Efe fuentes del Gobierno. Además, está previsto que el Consejo dé luz verde a otro decreto por el que se fijará el estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). La ley aprobada para este museo le dotó de un nuevo marco jurídico que le permite una gestión más ágil y flexible, al convertirla en un entidad con estatuto específico. La reunión del Consejo estará presidida mañana por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al encontrarse el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en Bruselas participando en las reuniones del Consejo Europeo
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La sentencia de la UE abre la puerta a detener los desahucios españoles
Un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se coloca una bolsa con las estrellas de la UE y una soga, ayer ante el Congreso, donde el grupo hizo una rueda de prensa.
La Unión Europea dio ayer un revolcón al sistema legal que regula los desahucios en España. Los efectos de la decisión están siendo todavía calibrados, pero que como mínimo llevan a una primera consecuencia: todo el que actualmente esté inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria podrá pararlo, aunque solo sea temporalmente, para que el juez estudie si hay cláusulas abusivas en su caso. En los próximos días miles de personas que se enfrentan a la amenaza de un desahucio podrán optar por esa vía, que, además, los jueces pueden ejercer de oficio. Lo que no supone que se vayan a acabar los desalojos: los que no partan de cláusulas abusivas se mantendrán. Como se esperaba, el Tribunal de la Unión Europea emitió ayer una sentencia que afirma que el sistema español de desahucios --que recoge la ley de enjuiciamiento civil-- vulnera el derecho europeo al incumplir una directiva comunitaria de protección del consumidor, la 93/13, que indica que las cláusulas abusivas no obligan al cliente. Martí Batllori, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ve el gran cambio en que hasta ahora la iniciativa de un cliente de denunciar las cláusulas abusivas no detenía el proceso de ejecución. Ahora sí lo hará. La complejidad es considerable, y por ello unos 50 abogados de la PAH se reunirán mañana en Madrid para analizar con detenimiento los efectos de la sentencia. "UNA PUERTA ENORME" "Se abre una puerta enorme y habrá que ver qué entra", dice Batllori, que cree que quienes ya han perdido su vivienda, quienes han sido desahuciados, tendrán derecho a reclamar daños y perjuicios "si el proceso por el cual se les desahució era ilegal". Es una afirmación que también defendió el juez que ha abierto el camino a la sentencia al preguntar a la UE por un proceso de desahucio, José María Fernández Seijo. El juez opina que si se demuestran los perjuicios cabe una compensación. COMPENSACION Eso supondría incluso que se planteara la posibilidad de devolver su piso a un desahuciado, aunque lo más lógico es que en esos casos hubiera una compensación económica equivalente. Ahora, un juez estudiará los casos. Si no hay cláusulas abusivas, el proceso seguirá y habrá desahucio. Si las hay, explica Seijo, el juez buscará primero la mediación entre el cliente y el banco. Si las partes no llegan a un acuerdo, el juez decidirá. Si en los casos de gente ya desahuciada se prevé que haya peticiones de compensación, en los de quienes conservan el piso la solución sería otra. En teoría, un juez que estudiara ese caso y observara la existencia de cláusulas abusivas abogaría por replantear la deuda del cliente hasta dejarla donde debería en una relación de equilibrio con el banco. Batllori subraya que el Gobierno no está obligado a cambiar la ley afectada por la sentencia, que no es la hipotecaria sino la de enjuiciamiento civil, la que regula la ejecución hipotecaria. Eso sí, dice, si no lo hiciera --ya ha dicho que lo hará-- la situación quedaría en manos de los jueces, y cada uno de ellos, apelando a la sentencia de la UE, podría tomar una decisión distinta a la de sus colegas. Ello llevaría a un colapso de los juzgados y acarrería "inseguridad jurídica".
De lo que la sentencia provocará a corto plazo cabe esperar un alud de peticiones de paralización de ejecuciones hipotecarias. Aunque la PAH pidió al Gobierno que paralizara inmediatamente los desahucios y los jueces están llamados a detener de oficio los procesos, los abogados de la plataforma pondrán este fin de semana herramientas legales a disposición de los afectados para que reclamen que su caso sea revisado. LA DACION La sentencia no afecta en teoría al propósito de la PAH de conseguir la dación en pago retroactiva, el principal punto de la ILP que el grupo impulsó junto con sindicatos y otras entidades y que en estos momentos tramita el Congreso. Los otros dos puntos son la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. Para los afectados por la hipoteca, la sentencia de la UE es un punto de inflexión, un reconocimiento a su lucha. De lo que ayer más destacaban es que ha tenido que ser Europa quien cuestione un sistema legal que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. Ayer se abrió una puerta a una nueva era en la relación entre bancos e hipotecados. Tuvo que ser Europa quien la abriera.
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La PAH y el PSOE piden la paralización inmediata de todos los desalojos Como una victoria de los movimientos sociales contra los abusos de la banca y el empecinamiento del Gobierno en defenderlos. Así se vivió desde la plataforma antideshaucios y desde los partidos de la oposición la decisión del tribunal europeo. Pero la alegría no nubló la vista de quienes saben que solo se ha ganado otra batalla. Sin asomo de euforia, pero con mucha adrenalina, Ada Colau, en nombre de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), exigió al Ejecutivo una "moratoria inmediata de los desahucios". Plantada ante decenas de cámaras y micrófonos frente a la entrada del Congreso, Colau explicó que esta la paralización de todos los procedimientos "debería ser la primera consecuencia de la sentencia" hasta que se modique la legislación española. La portavoz parlamentaria de economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, había pedido unos minutos antes un decreto urgente del Gobierno que establezca la moratoria. Tanto la PAH como el PSOE coincidieron también en reclamar al PP que no retrase la reforma hipotecaria y evite decretar una nueva prórroga. La plataforma le pidió, además, que evite -"una lectura restrictiva de la sentencia".
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Stop Desahucios se reafirma en la idea de que "sí se puede"
Una protesta reciente de Stop Desahucios Córdoba.
La plataforma Stop Desahucios de Córdoba acogió ayer "con alivio y esperanza" la sentencia de Estrasburgo, que valoró como un espaldarazo a la lucha iniciada en favor del derecho a la vivienda. El portavoz, Rafael Blázquez, explicó que después de haber vivido semanas muy duras "tras la pérdida del compañero Fran", el día de ayer no dejaron de recibir llamadas de compañeros que "con lágrimas en los ojos, se reafirman en la idea de que sí se puede, y en que nuestras reivindicaciones son justas". Con renovadas energías, Blázquez anunció la intención de los miembros de la plataforma de celebrar hoy a las 10.00 horas una concentración en la puerta de los Ministerios, para proceder después a la entrega de un documento de siete folios consensuado en toda Andalucía en el que solicitarán a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta que "dé un paso al frente" y "más allá de los discursos, actúe declarando el Estado de Emergencia Habitacional", ya que consideran que "existen argumentos legales más que suficientes". Para la plataforma, la declaración "permitiría actuar con mayor contundencia a la hora de paralizar los desahucios y las ejecuciones hipotecarias". Ahora más que nunca, Stop Desahucios en Córdoba justifica la resistencia de los afectados a abandonar sus viviendas "como única forma de defenderse" y también la creación de una gran bolsa de viviendas con las que dar cobertura a las miles de familias que se han quedado en la calle. Para Blázquez, la sentencia publicada ayer demuestra que "la normativa vigente en España no cumple los requisitos de legalidad europeos y que los desahucios ejecutados no han sido legales", por lo que insisten en que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso de los Diputados y que se reconozca, con carácter retroactivo, "la dación en pago".
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Coto al abuso La regulación de desahucios judiciales por impago de la hipoteca en España es ilegal y abusiva, porque vulnera el derecho europeo sobre protección de los consumidores e impide al afectado defenderse frente a las cláusulas desmedidas que le han sido impuestas por la banca al firmar su hipoteca, según dictaminó ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). La histórica sentencia obligará a modificar la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria. La directiva europea de protección de los consumidores 93/13 establece que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato no obligan al consumidor. Pero la ley española impide al juez pronunciarse sobre esas cláusulas abusivas en un proceso de desahucio, porque solo permite que puedan cuestionarse en un litigio judicial separado, cuyo juez no tiene ninguna capacidad de suspender la ejecución de ese desahucio, destacó el Tribunal de la UE. La sentencia es fruto de una cuestión planteada por el juzgado mercantil número 3 de Barcelona en relación a una demanda interpuesta contra Catalunya Caixa por Mohamed Aziz, el antiguo propietario de una vivienda que se adjudicó la entidad en subasta judicial por el 50% de su valor ante el impago de las cuotas hipotecarias. No deja de sorprender que haya tenido que ser un juez mercantil de Barcelona quien haya promovido esta rectificación frente a los abusos de la banca, mientras que la actual oposición socialista no mostró suficiente sensibilidad mientras gobernaba. El tribunal de la UE dictaminó que la ley española "se opone" a la citada directiva, porque "hace imposible la protección efectiva" contra las cláusulas abusivas de las hipotecas al no poder esgrimirse esas cláusulas como motivo para suspender la ejecución del desahucio. "Basta con que la banca inicie un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que garantiza la directiva", subraya la sentencia. En un proceso judicial de desahucio, el afectado no puede esgrimir ninguna argumento contra su ejecución ajeno a los preestablecidos en la ley. Entre esos motivos, no figuran ni siquiera el vencimiento, ni la cuantía de la deuda reclamada. La sentencia señala que el procedimiento de desahucio debería poder suspenderse "al menos de forma provisional" para analizar la legalidad de las cláusulas y su carácter abusivo. El tribunal precisó que corresponde al juez español pronunciarse en cada caso sobre el carácter abusivo de las cláusulas de las hipotecas. La sentencia plantea que un criterio es valorar si el consumidor aceptaría la cláusula en el marco de una negociación individual sin imposiciones. Respecto al carácter abusivo de las cláusulas de intereses de demora, que en el desahucio de CatalunyaCaixa eran del 18,75% en un préstamo al 4,87%, la sentencia precisa que corresponde al juez compararlo con el tipo legal español (5% en el 2007) y verificar que no sea abusivo y que no vaya más allá de lo necesario para conseguir el objetivo de asegurar el pago de las cuotas. En ese caso el tipo superaba el techo fijado por la ley española para otro tipo de préstamos (dos veces y media el tipo de interés pactado). Respecto a las cláusulas que permiten al banco determinar unilateralmente el importe de la deuda e imponer el pago anticipado de la totalidad de la hipoteca por el incumplimiento de unas cuotas, la sentencia precisa que debe ser el juez español quien deberá verificar en cada caso si esas cláusulas son abusivas y no van más alla de lo necesario.
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La Junta exige al Gobierno que pare los desalojos Andalucía ha acogido con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), una de las más beligerantes con la actual normativa estatal, exigió ayer al Gobierno que "se paralicen todos los desahucios de forma inmediata" y que se restituyan los derechos "vulnerados" por estos desalojos "con carácter retroactivo", algo que, a su juicio, pueden y deben hacer las familias a partir de ahora. Cortés recordó que en España "se han registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde el año 2007".
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UGT celebra la sentencia europea sobre desahucios y pide el cese de desalojos UGT ha celebrado hoy la sentencia del Tribunal de Justicia europeo contraria a la ley española de desahucios y ha exigido al Gobierno que elabore "de forma inmediata" un decreto-ley que paralice las ejecuciones hipotecarias. UGT se ha pronunciado así en una nota de prensa y en relación a la sentencia emitida por la corte de la Unión Europea, que dictamina que la regulación española de los procesos de desahucio contraviene la legislación europea de protección de los consumidores. Este dictamen faculta a los jueces a la adopción de medidas cautelares como la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria cuando en el contrato existan cláusulas abusivas. El sindicato ha considerado que esta sentencia "rompe con una legislación conservadora que protege a los mercados y entidades financieras, responsables directas de esta crisis", mientras "carga el peso de la recesión sobre la espalda de los ciudadanos". Así, UGT ha pedido al Ejecutivo que cambie la ley de enjuiciamiento civil, la ley hipotecaria y el alquiler social, y que se introduzca la dación en pago con carácter retroactivo. A este respecto ha señalado que el interés de la ciudadanía por estas modificaciones "se ha hecho palpable" en la iniciativa legislativa popular por la dación en pago que se tramitó en febrero en el Congreso
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Rajoy cambiará la ley hipotecaria para ajustarla a la sentencia Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que lalegislación española sobre desahucios es abusiva, elpresidente del Gobierno se ha mostrado dispuesto a cambiar la normativa hipotecaria. A su llegada a la reunión del Partido Popular Europeo, previa al Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes, Mariano Rajoy ha señalado que aprovechará la negociación parlamentaria que ahora se inicia sobre los desalojos, a raíz de la aprobación por el Ejecutivo de unas medidas que los colectivos de afectados y la oposición han considerado insuficientes, para llevar a cabo estas modificaciones. “Estamos estudiando la sentencia. La cumpliremos. Hay problemas de procedimiento que intentaremos solucionar”, ha explicado Rajoy sobre la legislación española. Como él mismo ha reconocido, la actual normativa “data ya de hace muchos años”. Las palabras del presidente son similares a las que ha pronunciado poco antes, en Madrid, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “Todos aquellos aspectos que el tribunal haya considerado contrarios a la legislación europea serán corregidos”, ha explicado el ministro.
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IU ve en la sentencia europea de desahucios un triunfo de la presión social El diputado de IU Alberto Garzón se ha felicitado hoy por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que considera contrarios a la legislación europea las medidas que regulan los procesos de desahucios en España y ha señalado que es una "victoria" de los movimientos sociales. Garzón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha señalado que "al final se ha dado la razón a los movimientos sociales", tras su presión, y ha destacado que ahora "la pelota está totalmente en el tejado del Gobierno". En este sentido, ha confiado en que el Ejecutivo incorpore las recomendaciones de la Justicia Europea a la legislación española y que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que se tramita en el Congreso, pueda seguir manteniendo "todo el núcleo de lo que contenía, especialmente en lo relacionado con la dación en pago de carácter retroactivo". Por su parte, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha considerado que dicha sentencia ha "desautorizado brutalmente" al Gobierno español y al PP, y que a partir de ahora los ciudadanos "van a tener más motivos de oposición ante los bancos que les desahucian" y van a poder oponerse a esos intereses usureros. Coscubiela también ha expresado su esperanza en que el Gobierno haya tomado "buena nota" e incorpore los pronunciamientos europeos a la reforma legislativa en tramitación. A su juicio, la sentencia es fruto de "la profunda incompetencia de este Gobierno, de su ejercicio absolutista del poder y sobre todo de su soberbia". En cualquier caso, ha indicado que a partir de ahora las personas desahuciadas podrán argumentar el contenido de la sentencia Tribunal de Luxemburgo ante los tribunales españoles y tendrán más mecanismos de defensa. "Desgraciadamente, ha añadido, eso no resuelve el sufrimiento provocado por la negación del PP a modificar esas leyes". Con él ha coincidido Alberto Garzón, que ha recordado que IU ha venido insistiendo en que "esto iba a suceder, que era la presión social o era el tribunal de Luxemburgo lo que iba a dar claridad", y ha opinado que la sentencia demuestra que toda la defensa a ultranza del PP de su política de vivienda y desahucios es "anacrónica". "Es un alivio y no la solución", ha dicho tras reiterar que la "ley justa" tiene que salir del Congreso.
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La Banca opina que los jueces deben determinar si las cláusulas son abusivas La Asociación Hipotecaria Española (AHE) ha considerado hoy que el "carácter abusivo de una cláusula ha de ser específicamente declarado en sede judicial" al comentar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre los desahucios en España y la protección a los consumidores. La AHE es una organización que aglutina a bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito que copa el 80 % del mercado de préstamos hipotecarios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha indicado que es contrario al derecho comunitario impedir que un juez pueda declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario para suspender un desahucio. En un comunicado de prensa, la Asociación Hipotecaria ha considerado la necesidad de "acotar adecuadamente el alcance de la sentencia (del Tribunal de Justicia de la UE) y dejar claro" que si se amplían los motivos en contra de la ejecución hipotecaria "no han de servir, como se pudiera estar trasladando a la opinión pública, para ser un mecanismo de solucionar desahucios", ni dilatar "la gestión de cobro". Pese a estos argumentos, la organización ha indicado que "debería ser perfectamente asumible" por la legislación española el que la sentencia otorgue "al deudor más posibilidades de oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria" al establecer que si una cláusula es abusiva se pueda suspender el desahucio. Al respecto, la AHE ha indicado que "nuestras autoridades tendrán que realizar las modificaciones legales necesarias para que el deudor pueda invocar más motivos de oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria". Pese a todo, la Asociación recuerda que, aunque "la norma sea perfectible -según la sentencia- y deba incorporar cambios que doten al deudor de un mecanismo más eficaz y una mayor protección, en nuestro país, los procesos de ejecución y la legislación hipotecaria vigentes no deben ser clasificados como "ilegales" o abusivos en su generalidad". La AHE añade que las relaciones jurídicas en materia hipotecaria en España cuentan con varias garantías, como la "participación tanto de un fedatario público -notario- como de un registrador de la Propiedad, que velan porque las cláusulas contenidas en los contratos y que son inscritas en el Registro de Propiedad respetan la legalidad vigente".
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Los reformistas de América y Alemania auparon a Bergoglio
Francisco sale, ayer, de Santa María la Mayor, junto al arcipreste de la basílica y el vicario general de Roma.
Un golpe. Cuanto sucedió en el cónclave que eligió Papa a Jorge Mario Bergoglio, que gobernará la Iglesia con el nombre de Francisco, sería, en lenguaje militar, un pronunciamiento. Santo tal vez, pero golpe al fin y al cabo, aunque en lenguaje eclesiástico se llama convergencia y consenso. Los electores alemanes y estadounidenses, junto con muchos latinoamericanos y algunos del Tercer Mundo se habrían arracimado en torno a Bergoglio a partir de la tercera votación. Frente a una oposición (el bloque inmovilista) dividida y desorientada por los recientes y prolongados escándalos, que no consiguió coagularse alrededor de uno de sus papables. No existen, por ahora, informaciones directas sobre lo sucedido en las 25 horas y media de encierro en la capilla Sixtina. Sin embargo, varios indicios permiten deducir que a partir del tercer escrutinio más de 77 electores empezaron a decidir pasar página de corruptelas, el caso Vatileaks, líos en el banco del Papa e informes secretos sobre lobis varios en la curia, para dar un giro en apariencia total. "QUE DIOS OS PERDONE" Federico Lombardi, portavoz vaticano, explicó que el papa Francisco dijo a los cardenales durante la cena posterior al cónclave: "Que Dios os perdone por lo que habéis hecho", en referencia a su elección. El Papa tampoco se quedó corto en su primer y escueto sermón. "Hay que caminar, edificar y dar testimonio", dijo ayer en su primera misa como Papa, en la capilla Sixtina, ante los 114 cardenales que el miércoles le eligieron. "Si no se camina de manera irreprensible, las cosas no avanzan", dijo al explicar los tres verbos usados. Añadió que si "se construye sobre la arena sucede como a los castillos de los niños en la playa" y que "si no se proclama a Cristo" la Iglesia se transformará en "una oenegé piadosa". "Desearía que todos tuvierais el coraje de caminar, edificar y proclamar la única gloria de Cristo crucificado", recalcó con voz suave pero firme. "Si queremos seguir a Cristo sin llevar la cruz, no seremos sus discípulos sino mundanos, tal vez sacerdotes, obispos y cardenales, pero no discípulos del Señor", dijo. De haber existido, cuando terminó de hablar se habría oído durante largos segundos el vuelo de una mosca. Francisco no es ni será un Simón Bolívar para los 1.200 millones de católicos, pero con toda probabilidad sí un sorprendente Juan XXIII para la época actual. Ortodoxo e inflexible en la doctrina, revolucionario en lo social y firme la distinción entre pecados y pecadores. "Tiene una visión moderna de la Iglesia y de los problemas del mundo", explica Sergio Rubin, autor de El jesuita (Ediciones B), según el que Francisco será "un Papa bueno, pero determinado". "El papa Francisco es un salto hacia el futuro", añade el vaticanólogo Marco Politi. "Hemos colocado una piedra miliar para la Iglesia, que queda en buenas manos", evaluó el cardenal Timothy Dolan, de Nueva York, en una rueda de prensa improvisada tras el cónclave. PATROCINADORES Según algunos electores, sobre todo norteamericanos, en las votaciones no habría habido "un cambio de mayoría entre reformistas y contrarios, sino una superación de la dialéctica inicial y un ingreso en una fase nueva que rompiera los viejos moldes". La división de los electores italianos, que habían apuntado a una recuperación del papado tras 35 años de papas forasteros, habría propiciado una
rápida convergencia hacia el candidato argentino. Inicialmente promocionado por el alemán Kasper, el parisino Vingt-Trois y el mismo Dolan, seguidos después por los grandes electores ratzingerianos, como el vienés Schönborn y el canadiense Ouellet. Ratzinger siguió por la tele el anuncio de la elección y las primeras palabras del Papa y, según fuentes de la villa de Castelgandolfo, habría dicho: "Que Dios le bendiga, esté cerca suyo y le dé la fuerza necesaria para guiar la barca de Pedro". Ayer mismo Francisco tomó posesión del apartamento papal, aunque por ahora seguirá viviendo en la residencia de Santa Marta. La escena de un papa negro (como se conoce de forma popular al superior de los jesuitas) en los aposentos del Papa evoca la película La misión (1986), con un final seguramente distinto.
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Varapalo de la UE a los desahucios exprés La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE es una institución a la que está encomendada la potestad jurisdiccional o poder judicial en la Unión; su misión es interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea, y se caracteriza por su naturaleza orgánica compuesta y su funcionamiento y autoridad supranacionales; hasta la entrada en vigor, el primero de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa su denominación era la de "Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas") dada a conocer ayer jueves sobre los desahucios en España debería abrir en el Gobierno una profunda y sincera reflexión sobre el drama que representa para muchas familias la pérdida de la vivienda y sobre la necesidad de afrontar esta cara --la peor-- del pinchazo de la burbuja inmobiliaria con nuevos mecanismos normativos de referencia para los jueces. A la rebelión de estos, encorsetados por una norma decimonónica que supone un déficit democrático en la aplicación de la justicia, se debe el trascendental fallo del Tribunal de Luxemburgo. Un fallo que modificará el proceder de los jueces de toda Europa, que tendrán una herramienta jurídica emanada de la más alta instancia para interpretar cómodamente las respectivas legislaciones nacionales. Desde ahora, los jueces ya no tendrán por qué aplicar una norma de su país que sea contraria a la directiva europea, ni sucumbir y no amparar debidamente los derechos de los consumidores frente a los abusos de terceros por lo que respecta a su vivienda. España debería comprometerse no solo a adaptar la legislación pendiente de trámite a la sentencia de la Unión Europea, sino a elaborar un proyecto de ley que no vuelva a ser cuestionado, por ineficaz, por los mismos jueces, la mayoría de partidos políticos y, lo más importante, la ciudadanía. Es precisa una reacción acorde con el clamor popular. El Gobierno no puede volver a quedar en evidencia como el mes pasado, cuando, ante la presión de la calle a favor de la iniciativa legislativa popular sobre los desahucios, tuvo que dar marcha atrás a última hora y aceptar a trámite en el Congreso esa ILP. De momento, como señal de fuerza, el Ejecutivo mantiene la tramitación de su decreto-ley con carácter de urgencia, de forma que no pasará por los plenos de las cámaras. A Mariano Rajoy no se le intuyó ayer ninguna flexibilización ante las demandas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la oposición. Pero es imprescindible no incurrir de nuevo en la cicatería exhibida en noviembre, cuando se aprobó un plan contra los desahucios con una letra pequeña inaplicable a la inmensa mayoría de afectados. No se trata de amedrentar al sector hipotecario ni de enviar un mensaje erróneo al más del 90 por ciento de personas que pagan su hipoteca, sino de evitar, como dice la Unión Europea, los abusos bancarios y buscar alternativas al desahucio. Algo justo, lógico y razonable.
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Resulta que si se puede Creo que es la primera buena noticia que nos llega de Europa en los últimos años: por fin alguien ha puesto freno a la sangría de los desahucios que estaba dejando en la calle a millares de familias por la mala gestión y la codicia de los bancos. El Tribunal de Justicia de la UE emitió ayer una sentencia que afirma que el sistema español de desahucios vulnera el derecho europeo al incumplir una directiva comunitaria de protección del consumidor. Con este fallo, los jueces que estén tramitando un caso de ejecución hipotecaria podrán paralizarlo para estudiar si había cláusulas abusivas en el préstamo impagado. Si se prueban esos abusos podría incluso darse el caso de que un desahuciado recuperara su piso o bien recibiera una cuantiosa indemnización. No sé si empezar a creer en los milagros pero desde luego esta sentencia es una prueba de que sí se puede y se debe luchar contra la injusticia, aunque esta esté bien respaldada por los poderes fácticos. Gracias al juez José María Fernández Seijo, que llevó ante el Tribunal de la UE el proceso de ejecución hipotecaria español, empieza a entrar un rayito de luz en esta inmensa oscuridad que nos rodea. Y, desde luego, gracias a todos los miles de ciudadanos que están colaborando con las plataformas Stop Desahucios y que han conseguido despertarnos a todos de la indiferencia frente a un terrible drama social. Ahora habrá que estar vigilante para que el Gobierno español cambie la normativa y la ajuste al derecho y a la ética. Porque sí se puede.
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La Orquesta de Córdoba estrena obras de alumnos del Conservatorio
Miguel Romero Sirvent.
La Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Miguel Romero Sirvent, estrenará composiciones de cuatro alumnos del último curso de Composición del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco en el concierto que hoy ofrecerá en dicho centro, a partir de las 20.00 horas, dentro del Festival de Música Contemporánea de Córdoba, que organiza la delegación de Cultura del Ayuntamiento. Las composiciones que interpretará la Orquesta, todas estrenos absolutos, son Urasus. Un arroyo de conchas blancas , de Irene Orta Cintado; Reflexus , de Ana Isabel Ariza Berral; Vaticinio , de Manuel Pérez Pérez, y Automatos: una extrapolación de las leyes de Kepler , de Miguel Angel Bezanilla Naranjo. Miguel Romero Sirvent nació en El Carpio, es profesor del Conservatorio Superior y director de su Banda Sinfónica, y en el campo de la dirección comienza a temprana edad, siendo nombrado con 13 años director de la Banda de Música de su localidad natal. Como compositor ha recibido el premio de Composición Musical Ciudad de Lucena y su repertorio incluye obras para banda de música, orquesta sinfónica y música de cámara, estrenadas en diferentes acontecimientos como el Festival de Música Española que se celebra en Cádiz, y formó parte del coro del Gran Teatro.
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Xi Jinping, nuevo presidente de China
El nuevo presidente de China, Xi Jinping, en la Asamble Nacional del Pueblo.
El secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, ha sido nombrado nuevo presidente de su país y el reformista Li Yuanchao será el nuevo vicepresidente. Los diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino) dieron el visto bueno a estos nombramientos en una votación celebrada hoy en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín durante la reunión anual del organismo. Xi, cuyo nombramiento como jefe de Estado ya quedó garantizado en noviembre, cuando se convirtió en secretario general del PCCh, vio su designación corroborada por 2.952 votos a favor, tres abstenciones y un solo voto en contra. En favor de Li como vicepresidente se pronunciaron 2.839 diputados, mientras que 80 votaron en contra, dos de ellos en favor del conservador Liu Yunshan -el otro candidato en las quinielas para ocupar este puesto- y uno en favor de Wang Yang, otra de las figuras reformistas dentro del Partido. Los diputados aprobaron también el nombramiento de Xi como jefe de las Fuerzas Armadas, con lo que el nuevo dirigente completa su control de los tres brazos del poder en el país: el Estado, el partido y el Ejército.
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Investigadas 2.543 operaciones sospechosas de blanqueo en España desde 2006 La Oficina de Prevención de Blanqueos-Órgano Central de Prevención (OCP) ha investigado desde su creación, en enero de 2006, y hasta septiembre de 2012 2.543 operaciones notariales sospechosas de lavado de dinero en España, un 85 % de las cuales se elevaron a la fiscalía por indicios de delito. El presidente de la Sala Segunda Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, ha hecho públicas hoy estas cifras para tratar de demostrar que "el sistema de prevención de blanqueo de dinero que tenemos funciona bien y es eficaz", pese a la presencia de grupos internacionales de tráfico de drogas y otras actividades criminales. Saavedra ha pronunciado hoy una conferencia sobre "blanqueo de dinero desde la perspectiva notarial", en el que ha resaltado el papel de los notarios en la prevención de este delito y ha explicado la ley 10/2010 que ha traspuesto a la legislación española las directivas europeas de prevención de lavado de dinero. Tras recordar que los notarios tienen la obligación de comunicar todas las transacciones sospechosas y vigilar especialmente a sus clientes no habituales o que hagan operaciones inmobiliarias o dinerarias importantes, Saavedra ha asegurado: "hemos establecido un sistema muy riguroso de prevención del blanqueo, que se sustenta en los notarios y en los operadores financieros"
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PSOE e IU dicen que la actitud del PP "pone en peligro" a los Patios
Un grupo de turistas visitando en el patio San Basilio 50 durante una edición anterior del concurso.
Los partidos de la oposición en el Gobierno municipal no han querido mantenerse al margen sobre el conflicto surgido entre el PP y los propietarios de los patios ante la falta de consenso sobre las bases del festival, que dará comienzo a principios de mayo. Tanto PSOE como IU dejaron ayer bien claro que este año el concurso cobra, si cabe, aún más importancia tras la designación de los Patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad hace tan solo unos meses y que la actitud mantenida por los populares lo único que consigue es "poner en peligro la fiesta". El primero que quiso expresar ayer su opinión sobre el asunto fue el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Pablo Durán, quien mostró su "estupor" por cómo se desarrolló el pasado miércoles la reunión entre los dueños de los recintos y el equipo de Gobierno, en la que en lugar de consensuar sus posturas agrandaron aún más sus diferencias sobre el asunto. "Alguien no ha tenido la suficiente capacidad para valorar que sin patios no hay fiesta", insistió Durán, de modo que instó al alcalde, José Antonio Nieto, a que "tome por los cuernos" el problema y dé "prioridad" al asunto de la próxima edición del festival. "No estamos hablando de un certamen, sino de la fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco", insistió. Durán lamentó que el PP "se está empeñando en hacer fracasar" el primer año de la distinción de la fiesta de los Patios por la Unesco, ya que, a pesar de la cercanía del Mayo cordobés, "aún no está cerrado absolutamente nada de las bases de esta fiesta". Para "trabajar bien" el tema de los patios, según el portavoz socialista, el equipo de Gobierno municipal debe centrarse en el mantenimiento de las infraestructuras, del entorno y del contenido, sin embargo, lamentó que "el PP lo ha querido plantear como un problema de negocio". En este sentido, el PSOE defendió que en lugar de crear una plataforma on line "para vender entradas", los populares deberían haber creado una herramienta digital junto a los propietarios, el Consorcio de Turismo y empresarios del sector y de la restauración, "para elaborar un verdadero plan ambicioso para los Patios". Entre sus objetivos, como explicó el portavoz municipal del PSOE, estaría la consolidación y el mantenimiento de las infraestructuras; la subvención del coste de mantenimiento de los recintos y del contenido ornamental de esos patios; así como el establecimiento de un plan anual de visitas guiadas y actuaciones en los recintos más allá de las dos semanas que dura la fiesta para aquellos propietarios que así lo deseen. Sobre la falta de acuerdo de las bases del concurso de 2013, Durán señaló que no es algo que surja por "generación espontánea", ya que, tal y como afirmó, los responsables municipales del Ayuntamiento "han sido quienes más ha contribuido al desconcierto de los propietarios de los patios", que "llevan desde 2012 reclamando una mayor atención a sus demandas y una mayor sensibilidad por parte del gobierno municipal a sus inquietudes". Durán insistió en que el problema de los cuidadores no se basa en el pago por el accésit de participación "en 2.000 o
4.000 euros", sino que "el problema es que llevan un año reclamando a este Gobierno local una mayor atención para el mantenimiento de los patios, puesto que ni con dos ni con cuatro ni con el doble de cuatro se mantiene el coste de toda la infraestructura durante un año". De este modo, enfatizó que lo que hay que confeccionar es un "plan que aborde de verdad" a los Patios. El portavoz de IU en el Consistorio, Francisco Tejada, por su parte, manifestó su preocupación ante la situación en la que se encuentra el festival "en un año en el que el Gobierno debería haber hecho un mayor esfuerzo para demostrar que los Patios están en su mejor momento y no ponerlos en peligro, tal y como está ocurriendo". En este sentido, puntualizó que el PP "no sabe resolver un problema que él mismo ha generado". Como ejemplo, aludió a la reunión con los cuidadores, en la que, según explicó, "el equipo de Gobierno tan solo manifestó que tiene mayoría absoluta y que eso le da derecho a mandar". Tejada, al igual que el PSOE, puso en evidencia la actitud adoptada por Nieto, ya que, según explicó, debería haber convocado ya una reunión urgente con los colectivos implicados en la fiesta. "El alcalde no puede mirar hacia otro lado ni estar ausente en un tema tan importante como este, ya que los Patios son una de las mejores señales de la ciudad".
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Los turistas pueden acceder desde hoy a siete recintos de la zona del Alcázar Viejo
Los propietarios, ayer en la presentación del cartel.
Siete patios del Alcázar Viejo abrirán hoy sus puertas para que los turistas puedan disfrutar de la belleza de esta arquitectura típica cordobesa. Los propietarios de los recintos han sido los encargados de poner en marcha esta iniciativa que permitirá la visita a sus casas con el pago de cinco euros por ver todos los recintos, excepto los días del festival de Patios. Los cuidadores presentaron ayer el cartel y los dípticos para publicitar este proyecto turístico. Los patios que participan son, en concreto, Martín Roa 2, Martín Roa 7, San Basilio 14, San Basilio 17, San Basilio, 20, San Basilio 22 y Duartas 4. De este modo, a partir de hoy, los turistas podrán acceder tras adquirir su entrada -en San Basilio 22-, de lunes a domingo y en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Los grupos deberán concertar la visita. Una de las propietarias Blanca Córdoba explicó que la idea surgió hace tres años y que el objetivo es mantener los recintos abiertos el mayor número posible de meses. En esta ocasión, está previsto que la apertura se mantenga hasta el 30 de junio y se vuelva a retomar a partir del mes de octubre. "En verano la climatología nos impide mantener los recintos en todo su esplendor, de modo que en principio hemos decidido cerrarlos durante ese periodo estival", señaló Córdoba. Respecto al precio de los pases, señaló que es un "donativo" que se destinará tanto al mantenimiento de la sede de estos siete patios, así como a los propietarios que participan en la iniciativa. Córdoba además adelantó que está previsto fijar una programación que incluirá actuaciones musicales, recitales u otro tipo de eventos culturales, que tendrán lugar durante el desarrollo de las visitas turísticas. "Cada patio ofrece algo singular al visitante y muestra la esencia de esta fiesta tan nuestra y que poco a poco estamos buscando nuevas fórmulas como ésta para su promoción", puntualizó. La próxima semana está prevista una presentación oficial del proyecto a las autoridades.
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La crecida del río vuelve a poner en el punto de mira el conflicto de las parcelas
Una pareja, en una calle de la parcelación ilegal de Guadalvalle.
El caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba no deja de crecer. Ayer el río alcanzó los 5,36 metros de altura en Alcolea, de modo que se mantuvieron activas todas las alertas. Y, como era de esperar, los partidos de la oposición volvieron a centrar su atención en el problema de las parcelas que, a pesar de las inundaciones del año 2010 y los incidentes de estos últimos días, aún sigue sin solución. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Pablo Durán, pidió al alcalde que "hasta que no se vaya el agua de los salones de las casas de las familias afectadas evite en lo posible dar opiniones, sobre todo desde fuera de la ciudad", en referencia a las declaraciones realizadas por José Antonio Nieto sobre las viviendas en zonas inundables de la capital en el transcurso de un encuentro informativo en Sevilla. Durán, en concreto, pidió al regidor que no sitúe el problema de las parcelas en "un debate estéril" y que se realicen unos estudios conjuntamente con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía, el propio Ayuntamiento y con los propietarios de esas zonas que están en riesgo de inundación. Este proyecto, según el socialista, ya se aprobó en Pleno el pasado mes de enero a propuesta de una plataforma creada para todo lo que significaría la mejora del río Guadalquivir. En estos momento, según expresó el portavoz del PSOE, lo más importante es "que nos serenemos todos y que nos demos un plazo y una perspectiva para tener un debate serio, sereno, sin más demagogias; con rigor del uso del dinero público pero con la suficiente generosidad de poder hacer un estudio de situación caso a caso en cada uno de esos lugares". Por ello, Durán solicitó a Nieto que, una vez que se desactive la alerta, se busquen proyectos "viables que sean socialemente aceptables y medioambientalmente sostenibles" y, sobre todo "que sirvan para resolver realmente los problemas en vez de crear más confrontación y más confusión". El portavoz socialista exigió al PP que "no cambie de opinión", ya que recordó que cuando en el 2010 y 2011 se produjeron las inundaciones, "los populares presentaban enmiendas a los PGE para que se hiciesen partidas de encauzamiento del río a su paso por la ciudad de Córdoba" y que ahora Nieto "hablaba de dirigirse a la Junta para pedir su ayuda para no se qué propuestas y no sé qué medidas". "Sinceramente creo que hay que dejar ya la demagogia en este tema. Esto no es un tema para usarlo de arma de confrontación política ni electoral. Es algo mucho más serio", subrayó. IU también sumó ayer a las críticas sobre el problema de las parcelaciones. El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Tejada, señaló que "hay que intentar resolver de una vez por todas este conflicto". Al respecto, insistió en que hace dos años el entonces equipo de
Gobierno planteó la posibilidad de ofertar viviendas de Vimcorsa para los parcelistas, "aunque sean medidas impopulares". Por ello, aseguró que es "básico" realizar una "labor didáctica" para "hacerles ver a las personas que viven ahí que hay otras posibilidades y otras vías". Tejada incluso señaló que la solución no se encuentra en construir diques, "algo que ya defendió el PP hace tres años y que por suerte ya ha desechado porque generaría un problema mayor". La Junta de Andalucía, por otra parte, informó de que por el momento en Córdoba se mantiene activo el nivel 1 del plan de emergencia por inundaciones, a pesar de que no se han registrado incidencias nuevas. De momento, según fuentes del 112, siguen evacuados los 40 vecinos de Villafranca de Córdoba. Asimismo, el embalse de Iznájar ha aumentado la cantidad de agua desembalsada, de modo que Protección Civil ha incrementado la vigilancia en Villafranca, Jauja y Lucena.
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El programa de Fomento reparte 3,38 millones entre los municipios este año A 3,38 millones de euros asciende el montante que se repartirán los ayuntamientos de la provincia de Córdoba a través del Programa Anual de Fomento y Colaboración con los Municipios y Entidades Locales Autónomas. Fue la propia presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, la que dio algunos de detalles de este plan, cuya cuantía aumenta respecto al año pasado en un 3,2%, o lo que es lo mismo, en 105.000 euros. La presidenta insistió en que se trata de unas aportaciones que los entes locales pueden invertir "en cualquier cosa", sin injerencias en sentido por pa la institución provincial, a la par que destacó "la magnífica acogida" que la iniciativa tuvo el año pasado. Otro aspecto que destacó la presidenta provincial es que las obras que se ejecuten a través de este programa no requieren de aportaciones obligatorias por parte de los ayuntamientos, que sólo sumarán más fondos a una actuación concreta "si quieren o pueden", matizó la también alcaldesa de Priego. El Gobierno provincial confía en que este programa tenga al menos el mismo impacto que en el ejercicio anterior, cuando se realizaron 431 actuaciones, la mayoría con importes inferiores a los 50.000 euros que generaron empleo y valor añadidos. En ese año, los ayuntamientos aportaron un millón de euros más a los 3,27 que repartió la Diputación. Además, casi el 43% de las obras estuvieron ligadas a los ámbitos de la educación, la salud, la cultura y el ocio, entre otros. Mientras, el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, valoró que en este 2013 el plan llega antes a los municipios, ya que "el año lo pasamos mal" debido a la demora en la aprobación de los presupuestos y la puesta en carga de los distintos programas de apoyo financiero a los entes locales. Fuentes destacó que el plan supone un cambio de modelo con respecto a la antigua Acción Concertada, ya que "se rige por variables que distribuyen de forma objetiva los fondos para que los ayuntamientos de manera autónoma decidan dónde van". Asimismo, Fuentes subrayó que con este programa y el de empleo, que se presentó lunes y que suman más de seis millones y medio de euros, "ponemos en marcha un verdadero motor generador de empleo y actividad, y por ende, progreso y desarrollo para la provincia de Córdoba". En cuanto a los criterios de distribución, un 63% del crédito total disponible se distribuye como cantidad fija e igual entre todos los municipios, un 7,5 % según la población relativa de cada municipio, un 25,5 % según un factor multiplicador decreciente que compensa a las entidades menos pobladas y el 4 % restante atendiendo a criterios de dispersión, teniendo en cuenta el número de núcleos distintos del principal y la población de cada uno de ellos. Las entidades locales beneficiarias podrán destinar las ayudas a proyectos de diferentes ámbitos como la protección civil, el bienestar comunitario, la cohesión territorial, el medio ambiente, el desarrollo económico y social, participación ciudadana, instalaciones deportivas o caminos vecinales. En cuanto a las cantidades a repartir, las ELA cordobesas ingresarán en torno a los 20.000 euros cada una, mientras que los cinco ayuntamientos que más gestionan en el marco de este plan son La Carlota (59.816 euros), Lucena (59.534), Fuente Obejuna (54.879), Fuente Palmera (53.238) y Priego de Córdoba (51.929), que son además los municipios con mayor número de núcleos diseminados.
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Griñán evita cifrar la deuda con los ayuntamientos, que Zoido estima en 400 millones
José Antonio Griñán en el Parlamento.
El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha cifrado este jueves por encima de los 400 millones de euros la deuda acumulada por la Junta con los Ayuntamientos de la comunidad (128 millones sólo con los de las ocho capitales) y ha criticado el "oscurantismo" de la Administración autonómica en esta materia, a la que ha acusado de no facilitar los datos oficiales de la deuda real porque sería una "cifra demasiado escandalosa". Zoido se ha pronunciado de este modo en la sesión de control al Gobierno del Parlamento andaluz durante su cara a cara con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien le ha reprochado que se arrogue una "legitimidad que nadie le ha dado" como representante de los municipios andaluces para plantear "agravios y victimismos" y ha preguntado al líder popular "qué ganamos con un recopilatorio de deudas recíprocas" y una "emboscada" de este tipo en lugar de apostar por la"cooperación y colaboración" entre instituciones. El popular, que le ha recordado que su legitimidad como representante de los alcaldes andaluces reside en que él sí ha ganado dos elecciones (la de 2007 y 2011), ha contestado a Griñán que es la Junta la que tiene "asfixiadas" a las entidades locales, la que tiene "bloqueada" la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) desde "el portazo de Toscano" y la que "quiere cambiar la ley para elegir sin consenso al director general de la RTVA". "¿Eso es la transparencia y el diálogo al que hace referencia?", le ha espetado para criticarle que "esconda la realidad" y no diga ni a los alcaldes ni a los vecinos de Andalucía "cuánto les debe". En esa línea, y tras afearle a Griñán igualmente su falta de "municipalismo" por no ir este miércoles, por ejemplo, a Écija para no tener que reconocer que es "el responsable" de las inundaciones por no ejecutar la obra de desvío del Argamasilla, Zoido le ha exigido diálogo con los alcaldes de las capitales andaluzas y que los reciba. En este punto, ha informado de un nuevo escrito que los ocho ediles mandaron el pasado 13 de marzo a Griñán (y del que no se ha obtenido aún respuesta) para "profundizar" en los asuntos que les afectan como el de la deuda. "Tiene a los Ayuntamientos asfixiados. Hable con su consejera Aguayo y le dará los datos, hable con los alcaldes y así comprenderá qué está sucediendo, hable con los vecinos, vaya y pregúnteles qué les parece que la Junta deba los impuestos que ellos abonan",
ha insistido, asegurando que cada dato que la Junta "oculta desprestigia cada vez más a Andalucía" y advirtiendo al presidente de que, por mucho que se empeñe en hablar de la proyección nacional e iternacional del 'Pacto por Andalucía', ni "Obama ni Merkel lo van a llamar" para preguntarle por él. "Deje de soñar, despierte, baje a la realidad como hacemos los alcaldes y comience a gobernar que no le vendría mal a nuestra comunidad autónoma", ha apostillado. Griñán le ha contestado que, en lugar de hablar de "deudas recíprocas", lo que debe hacer el PP-A es centrarse en la "colaboración y la cooperación" porque, "a diferencia de lo que hace el Gobierno con los Ayuntamientos, la Junta se ha hecho cargo, por ejemplo, de la deuda de los Consistorios con menos de 1.500 habitantes". "Eso es colaborar y cooperar, no prestar dinero al seis por ciento de interés como hace el Gobierno", le ha afeado. En este sentido, ha recordado al popular que Rajoy tiene "retenida el cien por cien de la PIE a 49 municipios andaluces y a 184 casi el cien por cien y sin dialogar ni hablar" mientras que la Junta mantiene la Patrica. Por ello, le ha vuelto a reprochar que hable de "competencias impropias" cuando analiza el tema municipal en lugar de hablar de "cooperación". Así, y tras señalar que la Junta ha reformado casas consistoriales o arreglado mercados de abastos sin tener obligación de hacerlo, ha insistido en que para salir de la crisis se necesita un compromiso "municipalista" basado en "tratar de resolver" los problemas de los Ayuntamientos "sin tener que decir me debes tanto" a cambio. Sobre todo, según ha añadido Griñán, porque si se entra en el debate de las competencias propias o impropias, el PP-A debería decirle al Gobierno de Rajoy que, ya que cree que Andalucía tiene las competencias en sanidad o educación, pues que "deje de impugnarnos la subasta de medicamentos" o deje de "retirarle la beca a 10.000 alumnos de Bachillerato y Formación Profesional". Además, Griñán ha aprovechado su réplica para exigirle también a Zoido que, como presidente del PP-A, pida al Ejecutivo central que "retire" el proyecto de reforma de la ley local porque "vulnera el Estatuto de Andalucía y el principio de autonomía local, convierte a las Diputaciones en instrumentos de privatización de los servicios públicos y es un golpe a la democracia local como ningún Gobierno antes se había atrevido a hacer". "Al final, los que saldrán perdiendo son los Ayuntamientos", ha resumido. A lo largo del cara a cara entre Zoido y Griñán, ambos dirigentes se han acusado mutuamente sobre casos de actualidad como el tema de los ERE o de la moción en Ponferrada. Sobre este último asunto, Zoido ha criticado que el PSOE "haya pactado con un acosador sexual para arrebatar una alcaldía" y Griñán le ha recordado que "en Ponferrada no gobierna el PSOE porque no permitimos un pacto con una persona acosadora cuando era alcalde del PP". Sobre los ERE, y a propósito de que la Junta, a juicio de Zoido, no sea todo lo transparente que debiera, el popular ha advertido a Griñán de que, aunque no quiera dar cierta información, al final "todo se sabe". "Si no, le recuerdo lo que ha pasado con los ERE", ha agregado para exigirle después que "envíe al Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla el informe definitivo" realizado por la Agencia IDEA sobre el caso. "Y deje de ocultar datos de Invercaria porque al final todo se sabrá. Si usted quiere ocultar cosas, aquí está el partido que ganó las elecciones para descubrir la verdad", le ha dicho. Griñán ha acogido estas declaraciones de Zoido con "alegría por que se sienta un campeón" aun habiendo conseguido "75.000 votos menos" en la lista que encabezaban ambas formaciones por Sevilla en las pasadas elecciones autonómicas pero no ha entrado a valorar el caso de los ERE porque, según ha insistido, los "agravios y la confrontación" no llevan a ningún lado y lo que "los ciudadanos esperan son soluciones y no emboscadas".
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La economía andaluza cayó un 1,7% en 2012
El consejero de Economía, Antonio Ávila, en rueda de prensa.
La economía andaluza bajó un 1,7% en 2012 respecto a 2011, debido sobre todo a la caída de la demanda regional en un 4,6%. Según los resultados de la contabilidad regional de Andalucía, publicada por elInstituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en el último trimestre de 2012 la economía bajó un 2,6 % respecto al mismo período del año anterior. La contracción de la demanda regional restó 5,7 puntos de crecimiento al PIB mientras que el saldo exterior tuvo una contribución positiva de 3,1 puntos sobre todo por la caída de las importaciones en un 3,2% y el aumento de las exportaciones de bienes y servicios en un 3,4%. El gasto en consumo final regional se redujo el año pasado en Andalucía un 2,8% respecto a 2011, más acusado en las administraciones públicas, con una bajada del gasto del 3,7%, que en los hogares, donde se redujo un 2,4%. Asimismo, la formación bruta de capital registró una caída del 9,9% en 2012 respecto a 2011, lo que supuso una repercusión negativa sobre el PIB de 2,4 puntos porcentuales. Por sectores, las ramas industriales soportaron la mayor caída de la actividad, del 7,4% en 2012, lo que supuso una aportación negativa al PIB de 0,8 puntos al crecimiento del PIB. El sector de la construcción registró una caída del 8,2% y los servicios aceleraron su decrecimiento con una caída del 0,5%. También registró una fuerte caída el empleo, del 5,6%, mientras que el número de puestos de trabajo asalariados descendió un 6,4% en 2012 respecto al ejercicio anterior, con caídas acentuadas en las rama de la construcción y de actividades inmobiliarias, cerca del treinta por ciento en ambos casos. Asimismo, la remuneración por asalariado bajó un 11,6% en 2012 debido sobre todo a la caída del número de asalariados en la construcción y del comercio, transporte y hostelería, y al descenso del salario medio de actividades relacionadas con la administración pública, sanidad y educación.
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La Junta dice que aún no tiene licencia para abrir el CARE de Noreña La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, señaló ayer que su departamento "aún está a la espera" de que el Ayuntamiento de Córdoba le otorgue la "licencia de ocupación" para la puesta en marcha del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) de Noreña, "cuyas obras finalizaron el 25 de febrero". "Estaría encantada de que me llegase, aunque de momento solo tengo una confirmación verbal", precisó la titula del ramo, quien aseguró que la Junta estaría "encantada" de poder abrir ya el centro. La consejero señaló además que con la licencia se podría proceder "a la contratación del suministro de luz y agua". Montero respondía a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por la diputada del grupo popular Rafaela Obrero relativa a la puesta en marcha de este CARE, del que la dirigente del PP ha lamentado que este proyecto "comenzó su tramitación en 2003", pero que, "diez años después, aunque está ya terminando, aún espera abrir sus puertas". "La fecha prevista de finalización de obras era en diciembre de 2010 y su puesta en funcionamiento en 2011", recordó Obrero, quien reprochó que Salud "lleva dos años de retrasos, frustrando las expectativas de empleo de muchos profesionales".
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Griñán se compromete a implantar la consulta popular tras la presión de IU
Zoido muestra un papel con la deuda de los ayuntamientos de los capitales elaborado por el PP ayer en el Parlamento andaluz.
Diez días después de la nueva reivindicación del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, apoyó ayer la reclamación de avanzar en la implantación de las consultas populares en Andalucía. No fue una afirmación decidida, sino velada, y casi empujada por la insistente reclamación de la que ha hecho bandera su socio de Gobierno, IU. No obstante, la consulta popular está recogida en el Estatuto de Autonomía reformado en 2007 como una potestad del presidente autonómico, diferente al referéndum que tiene que autorizar el Gobierno central. Las dudas residen sobre si esta consulta popular sería o no vinculante para el Gobierno. El Ejecutivo desvincula este proceso de la consulta soberanista de Cataluña, aunque existen paralelismos. Así Griñán, en la sesión de control celebrada en el Parlamento andaluz, se mostró favorable al desarrollo del artículo 78 del Estatuto de Autonomía, que regula la convocatoria de cualquier instrumento de consulta popular, que establece que "corresponde a la Junta la competencia exclusiva para el establecimiento de las modalidades, procedimientos y convocatorias, por ella misma o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de cualquier instrumento de consulta popular, con la excepción del referéndum". Lo hizo en respuesta a una pregunta de IU sobre la regeneración democrática en Andalucía, formulada por el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, quien subrayó que su formación va a defender con todos sus "recursos" la propuesta de la consulta popular. Griñán reconoció que se está produciendo una "fractura" entre representantes y representados y defendió el papel de la política frente a los populismos. El presidente andaluz se refirió a las medidas de transparencia, de las que dijo que no consisten solamente en el deber de información, sino en el reconocimiento de los "derechos concretos de participación" de los ciudadanos. "Se trata de hacer al pueblo más participativo en la cosa pública, lo que implica hacer algunas reformas, que el Gobierno andaluz tiene previsto abordar en la Ley de Transparencia", explicó. Esta ley estaría lista en abril. No obstante, IU trabaja en que la consulta popular se integre en la Ley de Participación, que diseña la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que dirige Diego Valderas. El portavoz de IU defendió la fórmula de la consulta popular en Andalucía aun a riesgo de que "el PP diga que eres un populista o, algo más profundo, como que te gusta ir en chándal", y aseguró que esta fórmula se utiliza en otros países, como Suiza o EEUU. "Ante la grosera reacción del PP, diremos que IU prefiere mil veces el chándal de los trabajadores que las corbatas y los puños blancos manchados de corrupción", recalcó Castro, que se preguntó si "ser serio es solamente ser de derechas". De otro lado, el presidente andaluz propuso una estrategia nacional contra la exclusión social que se consiga mediante el diálogo institucional para "sumar recursos y coordinar iniciativas"
que permitan acabar con el "drama" que sufren muchas familias por la crisis económica. En respuesta en el pleno del Parlamento a una pregunta del PSOE, Griñán abogó por llevar a cabo un diálogo entre la Administración central, las comunidades, y las instituciones provinciales y locales, que permita poner en marcha una estrategia común "para construir entre todos una red de seguridad para todos los hogares". Esa estrategia deberá incluir, además de una planificación a corto y medio plazo, acciones y programas para paliar el "drama" que viven muchas familias, ya que Griñán entiende que la sociedad española no puede abandonarlas "a su suerte". Reclamó que se aúnen fuerzas que se acumulen recursos, se fijen objetivos y se actúe "en un diálogo entre todas las administraciones" porque los gobernantes no pueden permitirse "el abandono o la desprotección de los ciudadanos".
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El PP cifra en unos 700 alumnos los afectados por el cambio de Wert en las becas La portavoz de Educación del PP en la Cámara autonómica, Marifrán Carazo, aseguró ayer que el cambio de requisitos establecido por el Gobierno de la Nación en la concesión de becas para estudios posobligatorios de Bachillerato o Ciclos Formativos podrá afectar a unos 700 alumnos, pero "en ningún caso" a 10.000, tal y como afirmó la consejera de Educación, Mar Moreno. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, la diputada popular dijo que el Gobierno andaluz tiene "muy claro" que quiere engañar a los andaluces con estos datos. "No nos cuadran además porque la convocatoria no está resuelta aún, sino que finaliza en mayo de 2013", apuntó Carazo. De igual modo, la parlamentaria del PP-A quiso aclarar que el cambio en los criterios para la concesión de becas por parte del Estado sólo afectará a los alumnos de Primero de Bachillerato y de Primero de Formación Profesional de Grado Superior y no al conjunto de estos estudios. También criticó que la consejera del ramo "no confíe" en que los alumnos andaluces puedan sacar un 5,5 de nota, después de que la calificación necesaria para recibir las becas haya sido aumentada en medio punto. "Hay muchos estudios que nos indican que el alumnado andaluz necesita mejorar sus resultados, pero que la Junta no confíe en que se saque un 5,5 es absolutamente preocupante", añadió. Carazo afirmó que el Gobierno de la Nación ha aumentado un 17,3% las becas y ayudas al estudio destinadas a Andalucía en los Presupuestos para 2013 respecto al ejercicio anterior, lo que supone 25 millones de euros más. Aseguró que no sólo se ha aumentado la cuantía y las becas, sino que se ha endurecido el requisito para acceder a estas ayudas, subiendo la nota a un 5,5, para "premiar el esfuerzo en un momento de dificultad, y no como la Junta de Andalucía, que permite obtener el título de ESO y Bachillerato con cuatro o cinco suspensos para así tapar el fracaso escolar". Carazo expuso que el "bipartito no puede sacar pecho" cuando con la Beca 6.000 "la Junta recorta su aportación y no ejecuta el presupuesto destinado en su totalidad, a pesar de las elevadas solicitudes".
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La Junta lamenta la negativa de Fomento para tratar el futuro de los aeropuertos
Viajeros facturan en el aeropuerto de Málaga.
No habrá encuentro Junta-Gobierno para estudiar la situación de la red aeroportuaria de Andalucía. Así lo aseguró ayer el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez. El titular de Turismo lamentó la respuesta negativa que ha llegado desde el Ministerio de Fomento en la que "no ven necesaria" una reunión con la Administración regional para analizar el futuro de los aeropuertos andaluces. En una pregunta de la diputada María Colón Lozano (PSOE) en el pleno del Parlamento andaluz, el consejero subrayó que el Ejecutivo andaluz apuesta por la "viabilidad de las infraestructuras ferroviarias" y valora la importancia de las mismas "desde una perspectiva económica, turística y equilibrio territorial". El consejero, consciente de que las competencias de las infraestructuras radican en AENA y el Ministerio de Fomento, remitió hace más de un mes una carta a la ministra del ramo, Ana Pastor, en la que instaba a mantener una reunión para dialogar sobre la viabilidad de las mismas. La misiva, según explicó ayer Rodríguez, no ha tenido éxito. "Se han realizado inversiones muy importantes, sólo en 2012 unos 100 millones de euros en los aeropuertos andaluces, y esto hay que rentabilizarlo", subrayó Rodríguez, quien consideró "inaceptable" el caso de que "Andalucía tenga las mejores y más modernas infraestructuras aeroportuarias, pero con menos conexiones directas de toda la Península". Por otra parte, en respuesta a una pregunta en el Pleno de la diputada de IU María Dolores Quintana Campos sobre la repercusión de la huelga de los trabajadores de Iberia en el sector turístico, el consejero valoró el acuerdo entre las partes e insistió en que el problema de corto y medio plazo sobre la viabilidad de la compañía aérea sigue presente. "Queda un elemento sin resolver y esperamos que se resuelva de manera efectiva porque la viabilidad de Iberia como operador aéreo está ligado a los intereses económicos y turísticos de Andalucía", puntualizó.
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Rajoy niega sentirse chantajeado por Bárcenas El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado de forma tajante que se sienta chantajeado por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. En la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la primera jornada del Consejo Europeo, Rajoy ha sido preguntado por la posibilidad de que, después de los movimientos que está realizando Bárcenas, con una serie de denuncias al PP, él se sienta chantajeado. "Con absoluta franqueza, no", ha recalcado el jefe del Ejecutivo poco antes de que se le pidiera su opinión por la posibilidad de que el PP no esté gestionando bien el caso Bárcenas. Ante esa cuestión, Rajoy se ha limitado a señalar que él ha dicho "todo lo que tenía que decir en relación con este asunto" y no ha contestado a ninguna pregunta más sobre el tema.
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Admitida la demanda del PP contra 'El País' y el autor de los papeles de Bárcenas El juzgado de primera instancia número 83 de Madrid ha admitido a trámite la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por el Partido Popular contraEl País y el autor de los llamados papeles de Bárcenas, según fuentes del PP. La demanda -en la que el PP reclama una indemnización de medio millón de euros que destinaría a organizaciones sociales- la suscribieron también a título individual Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, que aparecían entre los perceptores de supuestos pagos en negro en las informaciones publicadas en este periódico. Una vez subsanado el error en la documentación presentada por el PP, como advirtió este juzgado, el juez ha acordado la admisión a trámite para comenzar a estudiar los hechos denunciados en esta acción civil que el partido presentó el pasado 6 de marzo. A esta demanda se suman otras como la de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que también admitió ya a trámite un juzgado de Toledo. Mientras tanto, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid ha convocado a los representantes legales de Bárcenas y del PP a un acto previo de conciliación para intentar que ambas partes lleguen a un acuerdo en torno a la denuncia por despido improcedente del ex tesorero.
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La Fiscalía recurre para impedir que Bermúdez cite a empresarios donantes del PP La Fiscalía ha recurrido las citaciones de empresarios donantes del PP acordadas por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez tras admitir una querella sobre los papeles de Bárcenas, cuando otro magistrado de este tribunal, Pablo Ruz, ya lleva la investigación. Ruz asumió hace una semana la investigación de una supuesta contabilidad B del PP después de recibir un informe policial en el que se apreciaban conexiones entre el caso Gürtel -que él instruye- y los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Sin embargo, el pasado lunes Gómez Bermúdez admitió una querella de IU por los mismos hechos contra Bárcenas, el también ex tesorero Álvaro Lapuerta, el número dos de la trama, Pablo Crespo, y doce empresarios, a quienes citó a declarar los días 25, 26 y 27 de este mes. Contra estas citaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero posteriormente ha enviado una nota rectificando el tipo de recurso, de manera que primero tendrá que decidir el propio Gómez Bermúdez y, en caso de rechazarlo, la Sala. En el recurso, la Fiscalía pide que se paralicen las declaraciones de finales de este mes por considerarlas "innecesarias y también desproporcionadas" para "satisfacer la finalidad perseguida" en la investigación. Anticorrupción destaca que Gómez Bermúdez debería primero decidir sobre su competencia en este caso antes de acordar diligencias, con el objetivo de evitar la "doble instrucción sobre los hechos". "Consideramos innecesarias y también desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor (Gómez Bermúdez) antes de resolver sobre su competencia", indica Anticorrupción, que añade que ello llama más la atención cuando IU, en su querella, consideró que Ruz debería investigar el asunto. Además, la Fiscalía recuerda que el pasado viernes Anticorrupción dijo a Gómez Bermúdez que el competente para instruir el caso era Ruz, ya que había asumido la causa primero, por lo que le insta a resolver sobre este tema, previa consulta a IU, antes de practicar ninguna diligencia. Gómez Bermúdez consideró, en cambio, que la Fiscalía no se había pronunciado sobre la competencia, cosa que a Anticorrupción le parece "extraño", ya que cree que dejó claro que Ruz debía ser quien asumiera la investigación. El juez sólo admitió la querella de IU parcialmente y citó exclusivamente a los ex tesoreros y a los empresarios, pero no a los políticos querellados que, según los papeles manuscritos, recibieron el dinero, concretamente Rodrigo Rato, Federico Trillo y Ángel Acebes. A este respecto, la Fiscalía cree "no justificada" la razón para no citar a los políticos esgrimida por Gómez Bermúdez -que la querella especula acerca de que recibieron el dinero a cambio de favores-, ya que tanto los donantes como los supuestos perceptores de sobresueldos están reflejados en los manuscritos. Anticorrupción afirma asimismo que las diligencias de declaración de los querellados (todos menos los ex políticos) y de que los empresarios donantes entreguen sus contratos con las administraciones públicas "adolecen de falta de concreción y su amplitud puede perturbar el correcto desarrollo de la investigación". En concreto, Gómez Bermúdez ha citado los días 25, 26 y 27 de marzo a Bárcenas, Lapuerta, Crespo y a los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (grupo Sando), Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (FCC), Antonio Vilella (grupo Rubao) y Adolfo Sánchez.
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La UE dictamina que la norma española de desahucios es contraria a la legislación europea Las medidas que regulan en España los procesos dedesahucio por el impago de una hipoteca son contrarias a la legislación europea, que busca proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas, sentenció este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). El fallo subraya que el régimen procesal español es contrario a las normativas europeas, ya que impide que el juez competente paralice un proceso de ejecución hipotecaria si considera que alguna de las cláusulas del contrato firmado entre el cliente y el banco en cuestión es abusiva. "La directiva europea sobre cláusulas abusivasse opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez (...) adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final", indicó la Corte con sede en Luxemburgo en un comunicado. El Tribunal europeo apuntó a "todos los casos en que la ejecución de un inmueble se lleve a cabo antes de que el juez declare abusiva la cláusula contractual en la que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución". La sentencia se basa en el caso de Mohamed Aziz, un ciudadano marroquí residente en España que demandó al banco Catalunyacaixa después de ser desahuciado junto a su familia de su vivienda por no pagar los plazos de una hipoteca. En julio de 2007, Aziz firmó un préstamo con garantía hipotecaria de 138.000 euros sobre su vivienda familiar, pero un año después dejó de pagar las cuotas mensuales, por lo que Catalunyacaixa inició un procedimiento de ejecución hipotecaria contra él. El bien se adjudicó al banco por el 50% de su valor y el 20 de enero de 2011, Aziz fue expulsado de su vivienda. El hombre había presentado poco antes una demanda contra Catalunyacaixa en la que solicitaba que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario por su carácter abusivo y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, encargado del litigio, decidió preguntar al Tribunal de Justicia de la UE si el Derecho español se ajusta a la directiva europea de cláusulas abusivas, al considerar que hace que resulte muy complicado para el juez garantizar una protección eficaz del consumidor. En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE recalcó que, en España, el juez no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria aún si declara nula una cláusula de un contrato por considerarla abusiva. De este modo, el juez sólo podría garantizar al consumidor una protección a posteriori a través de una indemnización que "resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas", según la Corte europea. El Tribunal de Justicia de la UE considera que esto ocurre "con mayor razón" en los casos en los que el bien hipotecado es la vivienda del consumidor y de su familia, como es el caso de Aziz, y lamenta que la indemnización por daños y perjuicios "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda". En el fallo, la Corte también indica que corresponde a los juzgados competentes analizar si las cláusulas incluidas en el contrato en cuestión son abusivas y si responden a los objetivos deseados a la vez que garantizan los derechos del consumidor. El
Gobierno
se
compromete
a
cambiar
la
normativa
Ante esto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido a corregir de inmediato aquellos aspectos de la legislación hipotecaria española que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que no protegen suficientemente a los ciudadanos. En declaraciones en el Congreso, el ministro ha garantizado que, a la espera de un "estudio en profundidad" de la redacción de la sentencia, el Gobierno "naturalmente" incorporará la doctrina del TJUE a la legislación española. "Asumimos el compromiso de corregir aquellos
aspectos
que
se
consideren
contrarios
a
la
legislación
europea",
ha
asegurado.
El PP cambiará la legislación hipotecaria para aplicar la sentencia europea sobre desahucios yevitar que una persona que haya presentado una demanda por cláusulas abusivas en su préstamo, admitida por el juez, pueda perder su vivienda antes de que la justicia resuelva sobre la denuncia. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha explicado a los periodistas que ésta es la corrección principal a la que obliga la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Alonso, que ha confirmado que se ampliará el plazo de enmiendas de la ley que se tramita en el Congreso para introducir los cambios necesarios, ha advertido de que el fallo europeo no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria español en su conjunto, sino que insta amejorar la legislación en algunos aspectos como el mencionado anteriormente. En estos momentos tanto el PP como el Gobierno están analizando al detalle los argumentos de la sentencia para decidir de qué manera se mejora la legislación española, según ha apuntado el portavoz popular, que también ha explicado que los cambios afectarán fundamentalmente a la ley de enjuiciamiento civil. Alonso ha subrayado que su grupo parlamentario ya tiene en sus enmiendas varias de las cuestiones que apunta la sentencia. Las enmiendas de los populares, así, tocarán aspectos relativos a la limitación de los intereses de demora, la ampliación del número de impagos para poder instar a la ejecución de la sentencia, la independencia de la tasación o el valor de la vivienda cuando se la queda el banco. Lo que hay que corregir son los casos en los que ya se haya producido el lanzamiento de una vivienda y haya una sentencia posterior al desahucio que declare abusivas las cláusulas de ese préstamo. Para evitar que esto ocurra y "dar garantía" de que esa persona no pierde su vivienda se cambiará la ley, ha apuntado el portavoz, quien por otra parte ha advertido de que entre los cambios previstos no estará la dación en pago retroactiva que piden la plataforma de afectados por desahucios y buena parte de la oposición. Ante las críticas de la oposición, que se ha quejado de que el PP no admitiera antes estos cambios cuando se esperaba esta sentencia, el portavoz de los populares ha recomendado a los otros partidos que se "lean los papeles del principio al final" y ha señalado que no se puede valorar un fallo judicial meses antes de que se produzca. Además, ha defendido la prudencia del grupo mayoritario por permitir la ampliación del plazo de enmiendas precisamente a la espera de que se conociese el fallo. Igualmente, ha rechazado que esta sentencia pueda provocar un colapso en los tribunales antes de que se reforme la legislación como han advertido otros grupos de la oposición. Por otro lado, Alonso no ve necesario que el Gobierno apruebe un decreto para trasponer inmediatamente a la legislación española lo que reclama la sentencia, porque entiende que en poco tiempo se va a resolver la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular sobre este tema. Asimismo, el portavoz de los populares cree que no es necesario, como han reclamado algunos partidos, que un representante de la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) participe en dicha tramitación, ya que ha recordado que ya compareció en la Cámara la portavoz de este colectivo, Ada Colau. Finalmente, y ante las críticas de los socialistas ha ironizado sobre los "desvelos" que tiene ahora el principal partido de la oposición cuando "nunca propuso nada" sobre desahucios cuando estaba en el Gobierno.
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"Le faltó coraje pero no fue cómplice de la dictadura argentina" El Premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, declaró ayer que al nuevo Papa, el argentino Jorge Bergoglio, "le faltó coraje para acompañar la lucha por los derechos humanos en los momentos más difíciles", pero no consideró que haya sido "cómplice de la dictadura". "Esperamos que tenga el coraje para defender los derechos de los pueblos frente a los poderosos, sin repetir los graves errores, y también pecados, que tuvo la Iglesia", afirmó Pérez Esquivel en un comunicado. "Durante la última dictadura argentina los integrantes de la Iglesia católica no tuvieron actitudes homogéneas. Es indiscutible que hubo complicidades de buena parte de la jerarquía eclesial en el genocidio perpetrado contra el pueblo argentino, y aunque muchos con exceso de prudencia hicieron gestiones silenciosas para liberar a los perseguidos, fueron pocos los pastores que con coraje y decisión asumieron nuestra lucha por los derechos humanos contra la dictadura militar", sostuvo. "No considero que Jorge Bergoglio haya sido como cómplice de la dictadura, pero creo que le faltó coraje para acompañar nuestra lucha por los derechos humanos en los momentos más difíciles", aseveró Pérez Esquivel, en medio de la polémica por el resurgimiento de críticas al papa Francisco en Argentina por su conducta durante el régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983. Los cuestionamientos a Bergoglio, quien fue titular del Episcopado argentino y arzobispo de Buenos Aires antes de ser nominado Papa, se centran en dos acusaciones: el haber supuestamente quitado protección a dos curas de su congregación Compañía de Jesús que luego fueron secuestrados y su presunto conocimiento sobre el robo de bebés durante la dictadura.
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Bergoglio señala la senda de la austeridad SIN lujos, sin comodidades extra y sin la más mínima ostentación. Jorge Mario Bergoglio se levantó Papa en una Roma sin lluvia, se fue en un coche de la gendarmería vaticana a rezar a la basílica de Santa María la Mayor, saludó a los niños de un colegio que le vieron por la calle y, antes de regresar al Vaticano, acudió personalmente a la residencia donde se hospedaba en los días previos al cónclave (la Casa Internacional del Clero) para recoger sus pertenencias y pagar la cuenta. El Papa pagó ante la sorpresa de los responsables de la recepción. La noche anterior telefoneó al Papa emérito, Benedicto XVI, y después cenó con los cardenales a los que dirigió unas palabras con un remate singular: "Dios les perdone por lo que han hecho". El argentino que ha llegado a Papa imprimió su estilo personal al cargo desde el primer minuto, renunciando al coche oficial que tiene asignado con el número uno de matrícula en el parque móvil de la Santa Sede como declinó desplazarse de la basílica de San Pedro a la Casa de Santa Marta en su coche para hacerlo en el autobús en el que llegó con los demás cardenales, o como quiso aparecer sin oropeles en el balcón principal de San Pedro: solo con la sotana blanca y la esclavina blanca. Tal es su estilo que el portavoz oficial, padre Lombardi, ya ha admitido que los servicios de seguridad tendrán que adaptarse a su forma de ejercer el ministerio. Todo apunta a un Papa del estilo de Juan Pablo II, al que citó el portavoz; como todo apunta a un Papa viajero, como presagia el cardenal Amigo. Un Papa de estilo directo y sin sofisticaciones, que ayer quiso saludar a todo el cabildo de la basílica, al personal de su residencia y a los trabajadores del Vaticano. Unas primeras horas en la que ha dejado marcado su estilo personal: la austeridad absoluta como sello y el alejamiento de la ostentación como norma. Un Papa austero para un mundo en crisis. Quiso Bergoglio hacer su primera salida de Ciudad del Vaticano para rezar ante la Virgen en la Basílica de Santa María la Mayor, la que está en El Esquilino, al final de la vía Sixtina, una de las cinco basílicas romanas que son cita obligada para los peregrinos, donde está enterrado Bernini y donde existe una estatua de Felipe IV. Allí llegó el Papa, se arrodilló, oró diez minutos de rodillas y depositó flores a los pies de la Madonna. Fue recibido y estuvo acompañado en todo momento por el arcipreste del templo, el cardenal español Santos Abril. En este templo ofició su primera misa del Gallo nada menos que San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y está enterrado San Pío V. Nadie aclara si la elección del nombre es por San Francisco Javier, por San Francisco de Asís (la opción más segura) o incluso por San Francisco de Borja. "Es un nombre de gran sabor evangélico", sin más precisiones. Sí ha quedado claro que es Francisco sin necesidad del ordinal. El padre Lombardi quiso sacar punta al retorno de Bergoglio a su residencia para recoger el equipaje: "Es la prueba de que tenía pensado el regreso, no quedarse en Roma. Y ha pagado la cuenta para dar ejemplo". No harán falta muchos preparativos para que el Papa habite pronto en los apartamentos pontificios, pues se encuentran en muy buen estado de conservación. La estancia en la Casa de Santa Marta se presume muy breve. Para hoy está prevista una audiencia en la Sala Clementina con el colegio cardenalicio al completo, tanto los 114 electores como los mayores de 80 años. "Será todo en un ambiente muy familiar", anunció Lombardi. Y el sábado será el encuentro con los periodistas en el colosal Aula Pablo VI . El domingo rezar el primer Ángelus, el martes será la misa solemne de entronización y el miércoles mantendrá una audiencia con los delegados de otras confesiones cristianas, por lo que la primera audiencia general tendrá que esperar.
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La Fiscalía recurre para impedir que Bermúdez cite a empresarios donantes del PP La Fiscalía ha recurrido las citaciones de empresarios donantes del PP acordadas por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez tras admitir una querella sobre los papeles de Bárcenas, cuando otro magistrado de este tribunal, Pablo Ruz, ya lleva la investigación. Ruz asumió hace una semana la investigación de una supuesta contabilidad B del PP después de recibir un informe policial en el que se apreciaban conexiones entre el caso Gürtel -que él instruye- y los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Sin embargo, el pasado lunes Gómez Bermúdez admitió una querella de IU por los mismos hechos contra Bárcenas, el también ex tesorero Álvaro Lapuerta, el número dos de la trama, Pablo Crespo, y doce empresarios, a quienes citó a declarar los días 25, 26 y 27 de este mes. Contra estas citaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero posteriormente ha enviado una nota rectificando el tipo de recurso, de manera que primero tendrá que decidir el propio Gómez Bermúdez y, en caso de rechazarlo, la Sala. En el recurso, la Fiscalía pide que se paralicen las declaraciones de finales de este mes por considerarlas "innecesarias y también desproporcionadas" para "satisfacer la finalidad perseguida" en la investigación. Anticorrupción destaca que Gómez Bermúdez debería primero decidir sobre su competencia en este caso antes de acordar diligencias, con el objetivo de evitar la "doble instrucción sobre los hechos". "Consideramos innecesarias y también desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor (Gómez Bermúdez) antes de resolver sobre su competencia", indica Anticorrupción, que añade que ello llama más la atención cuando IU, en su querella, consideró que Ruz debería investigar el asunto. Además, la Fiscalía recuerda que el pasado viernes Anticorrupción dijo a Gómez Bermúdez que el competente para instruir el caso era Ruz, ya que había asumido la causa primero, por lo que le insta a resolver sobre este tema, previa consulta a IU, antes de practicar ninguna diligencia. Gómez Bermúdez consideró, en cambio, que la Fiscalía no se había pronunciado sobre la competencia, cosa que a Anticorrupción le parece "extraño", ya que cree que dejó claro que Ruz debía ser quien asumiera la investigación. El juez sólo admitió la querella de IU parcialmente y citó exclusivamente a los ex tesoreros y a los empresarios, pero no a los políticos querellados que, según los papeles manuscritos, recibieron el dinero, concretamente Rodrigo Rato, Federico Trillo y Ángel Acebes. A este respecto, la Fiscalía cree "no justificada" la razón para no citar a los políticos esgrimida por Gómez Bermúdez -que la querella especula acerca de que recibieron el dinero a cambio de favores-, ya que tanto los donantes como los supuestos perceptores de sobresueldos están reflejados en los manuscritos. Anticorrupción afirma asimismo que las diligencias de declaración de los querellados (todos menos los ex políticos) y de que los empresarios donantes entreguen sus contratos con las administraciones públicas "adolecen de falta de concreción y su amplitud puede perturbar el correcto desarrollo de la investigación". En concreto, Gómez Bermúdez ha citado los días 25, 26 y 27 de marzo a Bárcenas, Lapuerta, Crespo y a los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (grupo Sando), Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (FCC), Antonio Vilella (grupo Rubao) y Adolfo Sánchez.
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Admitida la demanda del PP contra 'El País' y el autor de los papeles de Bárcenas El juzgado de primera instancia número 83 de Madrid ha admitido a trámite la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por el Partido Popular contraEl País y el autor de los llamados papeles de Bárcenas, según fuentes del PP. La demanda -en la que el PP reclama una indemnización de medio millón de euros que destinaría a organizaciones sociales- la suscribieron también a título individual Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, que aparecían entre los perceptores de supuestos pagos en negro en las informaciones publicadas en este periódico. Una vez subsanado el error en la documentación presentada por el PP, como advirtió este juzgado, el juez ha acordado la admisión a trámite para comenzar a estudiar los hechos denunciados en esta acción civil que el partido presentó el pasado 6 de marzo. A esta demanda se suman otras como la de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que también admitió ya a trámite un juzgado de Toledo. Mientras tanto, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid ha convocado a los representantes legales de Bárcenas y del PP a un acto previo de conciliación para intentar que ambas partes lleguen a un acuerdo en torno a la denuncia por despido improcedente del ex tesorero.
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El resbalón de Monago NO es la primera vez que el presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio Monago, arremete contra Caja Rural del Sur en un mal entendido ejercicio de defensa de los intereses de la Caja Rural de Extremadura. Su posición contraria al SIP (Sistema Institucional de Protección) emprendido por ambas entidades junto a la Caja Rural de Córdoba ha quedado de manifiesto a lo largo de las últimas semanas con expresiones muy poco acertadas. Sus referencias textuales a la Extremadura de "los conquistadores" frente al "colonialismo" de Andalucía a fin de enfrentar a ambas comunidades autónomas pone en evidencia la ausencia de argumentos sólidos que respalden su actitud. Antes de entrar en otras consideraciones, conviene recordar dos hechos: fue el Banco de España el que impulsó de forma expresa la colaboración de las tres entidades financieras en una fusión fría bajo la denominación de Grupo Cooperativo Ibérico, y fue Caja Rural de Extremadura la que dio el primer paso para trabajar conjuntamente con las dos andaluzas debido a las dificultades por las que atravesaba. Hay razones de peso que justifican el SIP teniendo en cuenta el tamaño de las tres cajas inmersas en el proceso, su proximidad territorial y sus intereses comunes en el sector agroganadero, a lo que se une la necesidad de contar con un poder financiero sólido en el sur peninsular que haga de contrapeso a las decisiones que puedan adoptar entidades foráneas. El alto grado de solvencia y eficiencia de Caja Rural del Sur, demostrado de modo fehaciente por las auditorías externas realizadas, y su volumen de activos, por encima del 60% del total del Grupo Cooperativo Ibérico, justifican sobradamente su posición de liderazgo en una operación que requiere de sigilo y profesionalidad. Todo lo contrario de lo que ha hecho Monago con su apelación a un impostado sentimiento seudonacionalista de confrontación. Por todo lo expuesto, cabe deducir que las declaraciones del presidente de Extremadura obedecen más a razones de índole sindical y política que financieras, puesto que la estabilidad de su Gobierno depende del voto de Izquierda Unida en el Parlamento regional. La posición mostrada por el consejo rector de Caja Rural del Sur, haciendo un llamamiento para "reconducir el debate público actual a cauces estrictamente internos o, en su caso, administrativos" bajo el principio de "buene fe" y primando el interés de depositantes, clientes y trabajadores, es un paso más que oportuno. El bombero -legítima profesión antigua del presidente extremeño- debe contribuir a apagar el fuego con agua, no a avivarlo con un bidón de gasolina.
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Europa frena los abusos UN juez catalán de lo mercantil que pidió amparo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de un ciudadano marroquí desahuciado ha dado un revolcón a la legislación hipotecaria de España y alumbrado una esperanza a decenas de miles de ciudadanos que fueron desalojados de sus viviendas o corren el riesgo de serlo en el futuro inmediato. Parece un galimatías jurídico-territorial, pero no es tan difícil de entender. El juez José M. Fernández Seijo planteó al Tribunal de Luxemburgo una cuestión prejudicial sobre el caso de su cliente, Mohamed Aziz, desahuciado por no pagar la hipoteca al banco. Quería saber, en concreto, si es desproporcionado que la entidad financiera pueda reclamar el importe total de la hipoteca en caso de algún mes de impago y si lo es que los intereses de demora aplicados fueran del 18%. La respuesta ha sido sí en las dos cuestiones. Quiere ello decir que en este litigio, como en tantos otros, la legislación española permite a los bancos imponer cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas, cláusulas que son contrarias a una directiva europea sobre protección de los consumidores que tiene nada menos que veinte años. Básicamente la ley obliga a los jueces a aplicar un procedimiento acelerado que concluye con el hipotecado fuera de la vivienda. La sentencia del Alto Tribunal de la UE lo que hace es facultar al juez para imponer un procedimiento más largo y garantista y para suspender la ejecución del desalojo si estima que el contrato del préstamo correspondiente contiene cláusulas abusivas como las mencionadas (exigencia del pago de toda la deuda e intereses de demora que triplican, como mínimo, el interés ordinario). Las sentencia va a beneficiar directamente a miles de familias en trance de ser desahuciadas en estos momentos y que hasta ahora estaban prácticamente inermes ante los bancos. Pillado entre una presión social creciente y una oposición política que clama contra los desalojos, el Gobierno no va a tener más remedio que impulsar la reforma de la ley hipotecaria en el sentido que le ha marcado el Tribunal de la UE. Ni puede exponerse a sufrir un mayor desgaste en un asunto de alta sensibilidad social ni arriesgar el expediente de sanción que le abriría Europa por incumplir una norma que lleva veinte años en vigor. Rajoy aceptó ayer, bajo la nieve, que va a tener que cambiar.
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Israel Galván busca la aproximación a los cánones en 'La edad de oro' Israel Galván, una de las figuras masculinas más destacadas del panorama actual del baile flamenco, vuelve al escenario del Gran Teatro para presentar su espectáculo La edad de oro, una propuesta atrevida en la que le acompañan el cantaor David Lagos y el guitarrista Alfredo Lagos. El montaje podrá verse hoy a partir de las 20:30 y está incluido en el programa Flamenco viene del Sur, una iniciativa del Instituto Andaluz del Flamenco. Hace ya varios años que los aficionados cordobeses no tenían la oportunidad de disfrutar del trabajo del bailaor y coreógrafo sevillano, un artista en el que el público y la crítica reconocen la rabiosa contemporaneidad de un flamenco por los cuatro costados. "Es el más viejo de los bailaores jóvenes", decía de él el desaparecido Enrique Morente. Y esa actitud vital, insobornable, de Galván como creador e intérprete está presente en este espectáculo que trae a Córdoba, al mismo escenario que lo vio ganar el premio Vicente Escudero en el Concurso Nacional de Arte Flamenco. Un trabajo que parte de la premisa de que en el flamenco, como en todas las artes, historiadores, especialistas y críticos han ido definiendo progresivamente unos periodos de referencia a los que han llamado "edad de oro" y que, en el caso del flamenco, corresponde a la etapa que va del último tercio del siglo XIX al primer tercio del siglo XX, y está referida principalmente al cante y al baile, ya que la guitarra tardaría aún muchos años en desarrollar su auténtica valía. En La edad de oro, y junto a los hermanos jerezanos David Lagos (cantaor que atesora con mimo los cantes de las épocas doradas) y Alfredo Lagos (joven guitarrista), Galván se amarra a las referencias buscando la aproximación a los cánones "para tirar la edad en provecho del oro, el oro del tiempo presente que se muestra ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos", dice el texto de presentación del espectáculo. Pedro G. Romero, responsable de la dirección artística de La edad de oro, afirma que Galván se niega a elegir bando en un momento "en el que el baile se debatía entre lo nuevo y lo viejo". "Ante un panorama -añade- que se debatía entre dos vías, el canon inventado y la afectación moderna, él deshace el camino trillado". Y lo consigue, explica, partiendo del reconocimiento de la obra de grandes figuras del pasado: "Las alegrías de Mario Maya, la soleá de Farruco, sus pasos, sus quiebros, su música..., éste es el material que tiene que entenderse para redibujar el flamenco nuevo". "Nadie duda -finaliza el experto- de que el flamenco de los últimos años sería otro sin su paso". Galván (Sevilla, 1973) vivió de manera natural, como hijo de bailaores, los ambientes de tablaos, fiestas y academias, pero no fue hasta 1990 cuando descubrió su vocación por el baile. En 1994 entró en la Compañía Andaluza de Danza, dirigida por Mario Maya, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes premios entre los que se encuentran el Nacional de Danza 2005 en la modalidad de creación, el Max de las Artes Escénicas 2011 al mejor intérprete de danza, diferentes Giraldillos en distintas ediciones de la Bienal de Flamenco de Sevilla o el premio El Desplante en el Festival de La Unión.
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Unicef alerta de que la guerra en Siria amenaza el futuro de dos millones de niños La violencia implacable, el desplazamiento a gran escala de la población y los daños a las infraestructuras y servicios esenciales causados por el conflicto sirio amenazan con marcar de por vida el futuro de más de dos millones de niños, afirmó ayer Unicef. "A medida que millones de niños dentro de Siria y en toda la región ven cómo su pasado y su futuro desaparecen en medio de los escombros y la destrucción, el riesgo de que se conviertan en una generación perdida aumenta día a día, pronosticó el portavoz de Unicef, Patrick McCormick. En su informe, la organización revela que en las zonas donde la lucha es más intensa, el acceso al agua ha disminuido en dos terceras partes, lo que supone un aumento de las enfermedades de la piel y respiratorias, frente a las que los niños son el grupo más vulnerable. Respecto a la educación, se ha determinado que una de cada cinco escuelas ha sido destruida, dañada o está siendo utilizada para albergar a familias desplazadas. McCormick explicó que muchos hospitales y centros de salud han sido destruidos y su personal ha tenido que huir, lo que limita el acceso a los servicios sanitarios a los menores, que son víctimas de traumas al haber sido testigos en muchos casos de la muerte violenta de familiares y amigos. Desde el inicio de la crisis, la respuesta de Unicef y sus colaboradores se ha centrado en el aprovisionamiento de agua potable y servicios de saneamiento, salud, educación y protección de la infancia tanto entre familias desplazadas en el interior de Siria, como entre las que están refugiadas en alguno de los países vecinos. Sin embargo, los esfuerzos del organismo están amenazados por la escasez de fondos: hasta la fecha las contribuciones recibidas sólo cubren el 20% de lo que requerido.
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Juncker advierte del riesgo de una "revuelta social" contra la austeridad El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, dijo que no se puede excluir la posibilidad de una "revuelta social" en Europa y subrayó la necesidad de equilibrar austeridad y crecimiento y de explicar mejor las políticas. "No excluiría que corramos el riesgo de ver una revuelta social", declaró Juncker a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que analiza en Bruselas la situación de la economía comunitaria. Según el ex presidente del Eurogrupo, Europa necesita "explicar mejor" sus políticas económicas y hacer entender la necesidad de combatir el déficit y la deuda pública. Afirmó que defiende "el rigor y la seriedad", pero señaló que la UE debe hacer también que las políticas de consolidación "no afecten al crecimiento". En su opinión, Europa debe encontrar "una nueva intersección" entre las políticas de austeridad y las de impulso, algo que necesita de una labor "intelectual y artesana". Juncker respondió así al ser preguntado por la manifestación convocada en Bruselas por laConfederación Europea de Sindicatos (CES) para mostrar su rechazo a la austeridad yreclamar medidas contra el desempleo juvenil. El primer ministro de Luxemburgo aseguró que los líderes europeos tienen dos opciones, o bien ignorar esas protestas y dejar que se extiendan o bien tener en cuenta sus indicaciones que se están formulando "seriamente". Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea comenzaron una cumbre de dos días dedicada a buscar la combinación que permita continuar los ajustes de consolidación fiscal y fomentar a la vez el crecimiento y la creación de empleos. Los Veintisiete analizarán los progresos logrados desde el estallido de la crisis, al tiempo que constatarán que los avances no han frenado el alto nivel de desempleo, ni han devuelto el pulso a la economía europea, según el último borrador de las conclusiones de la cumbre. Por ello, los líderes europeos buscan convertir el crecimiento en una "prioridad", aunque no se espera un golpe de timón a la estrategia de reformas estructurales y contención fiscal aplicada hasta el momento. "No es blanco y negro (...) Como muchos dirían, hay muchas tonalidades de grises", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, en la intervención que dio comienzo a la cumbre. Van Rompuy recalcó los esfuerzos realizados en los últimos tres años, una "condición previa para la recuperación" que, sin embargo, "aún no se han traducido en más crecimiento y empleo", cuestión en la que consideró que debe centrarse la UE. "No podemos rendirnos, tenemos que seguir centrados en nuestro objetivo", dijo el presidente del Consejo Europeo, quien añadió que "la cuestión es encontrar un equilibrio adecuado" entre la consolidación y los estímulos para el crecimiento. Varios líderes europeos recalcaron la necesidad de flexibilizar los esfuerzos de consolidación fiscal para dar cabida a políticas que se centren en impulsar el crecimiento. "Debemos adaptar, en la medida de lo posible, nuestros programas de ajuste presupuestario necesarios" en lo referente a los objetivos de estímulo de la actividad económica, indicó el presidente de Francia,François Hollande, momentos antes de acudir al encuentro. Hollande pidió que el "pacto por el crecimiento" ya aprobado por los líderes europeos "se aplique y tenga todo el impacto posible en 2013". En este mismo sentido se pronunció el primer ministro italiano en funciones, Mario Monti, quien dijo que defenderá ante sus colegas que se conceda a los países un mayor margen para llevar a cabo los ajustes presupuestarios exigidos desde Bruselas. "Hemos introducido márgenes razonables de flexibilidad dentro de las normas europeas de la disciplina presupuestaria y, de nuevo, pediremos que estos márgenes puedan ser confirmados", dijo Monti. Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, abogó por "hacer todo" lo que se pueda para "mejorar la competitividad y crecer" y consideró que la UE debe "poner el acento" en el paro juvenil, a fin de ayudar a los menores de 25 años a encontrar trabajo. "Tenemos el pacto por el crecimiento y el empleo que aprobamos en verano pasado, y ahora se trata de que se insufle vida al mismo. Hay dinero y ahora éste tiene que llegar a los
ciudadanos
para
que
los
jóvenes
europeos
tengan
trabajo",
señaló
Merkel.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, subrayó la importancia de que se apliquen medidas de crecimiento, se resuelva el problema de financiación y se aborde el desempleo juvenil, al mismo tiempo que se "continúe avanzando en la unión bancaria, fiscal, política y económica". Rajoy afirmó que no cree que nadie en la UE se oponga al crecimiento económico, porque, si no lo hay, no existe progreso ni se crea empleo, ni bienestar ni riqueza.
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