DOSSIER TALLER - LA CRISIS DE LA DEUDA SOBERANA

ÍNDICE + 1 ¿Cómo se originó la Deuda? ¿Porqué es ilegítima?

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+ 2 Un viraje desobediente a la izquierda para tomar rumbo hacia otra Europa. Daniel Albarracín

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+ 3 La Izquierda contra la dictadura de la deuda. Francisco Louça

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+ 4 Deuda española: nuevo golpe de estado financiero en el Sur de Europa. Daniel Gómez-Olivé

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+ 5 Auditoría ciudadana de la deuda ¿por qué y cómo? Damien Millet - Eric Toussaint

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+ 6 Nuestras tres A_ Auditoría, Acción, Anulación. Damien Millet - Eric Toussaint

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+ 7 Lecciones desde la comisión de auditoría de la deuda pública griega. Pág 52 Yorgos Mitralias + 8 Por una campaña de Auditoría de todas las Deudas. Comisión Economistas IA ANEXO + 9 Programa sobre Deuda y Fiscalidad. Izquierda Anticapitalista

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¿Cómo se originó la crisis de la deuda soberana? ¿Porqué la deuda es ilegítima? Ricardo Martín El inicio de la crisis, la quiebra de los bancos especulativos Lehman Brothers y City Group, fue causada por la explosión de la burbuja financiera creada en el proceso de la globalización del capitalismo a nivel mundial, debido al excesivo cantidad de activos volátiles ficticios que no respondían a la economía real, que supuso el freno en el consumo y la congelación del crédito, a través del cual el sistema había estado financiándose y creando más actividad especulativa. Para hacer frente a esta situación, los Gobiernos implementaron políticas destinadas a salvar las entidades bancarias y financieras ante el temor de que todo el sistema financiero cayera. Las bonitas palabras de “refundar el capitalismo” y de que había que introducir criterios éticos en la actividad económica capitalista, a modo de mea culpa, vinieron acompañadas de masivas inyecciones de capital para evitar la quiebra de entidades financieras. Esta acción, que machaconamente repetían como la única salida posible, enmascaró una gran estafa en el sentido de que los Estados absorvieron activos de miles de millones de €uros de deuda privada, originada en el casino de la especulación financiera, y la convirtieron en Deuda Pública... Con esta operación, que todavía no ha terminado, se transfirió y socializó las pérdidas de la crisis a toda la población... En el marco de la Unión Europea, esta transferencia de capitales, se tradujo en lo que se ha llamado la crisis de las deudas soberanas, que afectó de pleno en los países del sur de Europa, o más bien de la periferia, los llamados PIGS más Italia, que estaban ya demasiados endeudados para poder afrontar esta enorme deuda pública. Los continuos déficits en la balanza de pagos de estos países eran inevitables al ponerse al nivel de vida de la Europa rica del norte. Pero esta deuda también se explica por las diferentes políticas neoliberales de la UE que dilapidaban la recaudación del Estado para sostener el Estado del Bienestar retocando la fiscalidad de los países rebajando constantemente los impuestos a las grandes fortunas y a las empresas, transfiriendo la recaudación a la población a través de elevar los impuestos indirectos, rebajando salarios de la población y así obligando a la población a vivir del crédito para mantener le consumo... De esta manera, para hacer frente a esta enorme deuda generada por la crisis, los Estados se encontraron con las arcas públicas ya exhaustas. Esta gran deuda reconvertida a pública de los Estados avivó la crisis del €uro, debido a que esta gran deuda se tornaba impagable, o quizás aprovechándose de ello para reforzar los lazos de dominación de los países centrales de Europa sobre los más pobres. Y entonces, los dientes de los tiburones del mercado financiero se afilaron al oler sangre y comenzaron a golpear insistentemente a los países obligados a financiarse con más deuda subiendo la prima de riesgo de los países para que la los intereses a devolver de la deuda soberana de los países subiera y obtener más beneficios. Ante el miedo de que esto creara una crisis sin precedentes en la moneda del €uro y se devaluara, la UE comenzó a exigir a los países que la integran a ejecutar presupuestos de austeridad para rebajar la deuda, acompañada de una gran presión de los bancos de los países centrales, sobre todo de Alemania y Francia, para recuperar la deuda que los países habían contraído. Otra gran estafa se puedo en marcha, ya que los bancos daban más deuda con altos intereses a estos países con el dinero que los ¡Estados les había “regalado” al 1%. No se entiende, pues, el papel del Banco Central europeo que no emite deuda directamente a los países sino que se lo da los bancos privados primero para que estos 2

se la vendan a los países después a precios desorbitados, especulando con el dinero público a gran escala. Todo esto ha puesto ha puesto al descubierto la realidad de la UE: un espacio económico de libre mercado ideado para hacer negocio liderado por los países del centro, preferentemente Alemania y Francia, que someten a las poblaciones y a los países, donde la economía común no existe, y con una moneda que sirve a los intereses del gran capital, pero muy débil, debido a las desiguales economías del centro y de la periferia que la integran y a la inexistencia de una estructura fiscal común, con un Banco Central que sólo está para vigilar las cuentas y para beneficiar los intereses de los poderes financieros… Con la explosión de la deuda soberana, el impago de toda una serie de países y la elevación de los intereses de la deuda que las hace más impagables, puso a todo una serie de países de la periferia Europea, los llamados PIGS más Italia, a ponerse al borde del precipicio de su economía. Grecia ha sido un caso paradigmático ya que la deuda enorme que atesora Grecia, el 143% de su PIB de la que sólo el 23% es deuda pública real y al demás es deuda financiera de organismos privados, y con una economía subsidia y muy poco productiva, hace que Grecia haya entrado en una recesión de su economía de difícil salida. Se hizo entonces necesario ejecutar un gran rescate para Grecia, ya van dos, que ha sido muy discutido en la UE, y que ha sido liderado por la Troika, la Comisión europea, junto al BCE y el FMI, que significa dinero prestado fácil a cambio de que recorte el déficit enorme con ajustes presupuestarios, privatizaciones del sector público, rebaja en los sueldos, despido de miles de funcionarios, elevación de la edad para jubilarse… para seguir en la moneda única. Todo esto, no es más que la socialización de las pérdidas al pueblo griego que ya está pagando un coste social altísimo, la tasa de suicidios ha crecido hasta convertirse en el 1º país de la UE en esta materia, un millón de personas se han convertido en pobres sin techo, y el nivel de vida ha decrecido un 30%, si cobrabas 900€ ahora cobran 600€. En definitiva, el coste de pertenecer a la UE es el desmontaje de su Estado del Bienestar Tras Grecia, ha venido el rescate de Irlanda, luego el de Portugal que siguen la misma senda que la de Grecia y ahora amenazan a Italia y al Estado español con un rescate si no ajustan su economía, hacen presupuestos austeros y comienzan a aplicar las políticas neoliberales de privatización de servicios públicos, reforma del mercado laboral para flexibilizar las relaciones contractuales y así hacerse más apetitosos para los capitales y cargarse las prestaciones sociales como la jubilación, el paro… Detrás de estas políticas neoliberales se esconde los planes de las élites económicas europeas de desmontar el Estado social de derechos laborales y de servicios públicos que se conquistó en Europa con la excusa de la crisis, atacando los derechos laborales y sociales conquistados para así apropiarse de más rentas de beneficio, ejecutando una enorme transferencia de dinero de las rentas del trabajo y del pueblo alas rentas del capital, a la vez que se busca denodadamente empobrecer a sus poblaciones para poder tener más garantías para competir en el mercado internacional frente a los países emergentes que venden mercancías más baratos al tener unos costes laborales más baratos. Grecia no es más que el ensayo general de la UE para aplicar estas políticas uy conseguir sus objetivos históricos.

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Un viraje desobediente a la izquierda para tomar rumbo hacia Otra Europa Daniel Albarracín

La crisis de una UE que ha decidido dañar a las capas populares salvando a sus elites. La dirección política de la UE parece blindar su orientación hacia la Europa del y para el Capital, bajo una política de hechos consumados pactados jerárquicamente desde los gobiernos. Gran parte de estas políticas se hace a instancias y a favor de las grandes corporaciones privadas, entre las que destaca la influyente oligarquía financiera, principal beneficiaria de las políticas promercado capitalista y de desarrollo desigual. Todo ello se desenvuelve en medio de una sociedad y economía dominadas por una crisis de sobreproducción y un proceso inédito de endeudamiento que las someten a una dictadura de los grandes acreedores y las dinámicas de los mercados y rentabilidad financieros. La orientación neoliberal, y ahora abiertamente antidemocrática, de la Unión Europea, profundiza el desarrollo desigual entre países y aumenta la brecha entre clases sociales, en un marco de mercantilización ampliado, de conversión de lo público en mero rescatador del capital privado, y de pulverización de los derechos socialaborales, y la protección social o los servicios público. La última iniciativa de la UE, el Pacto del Euro, consagra un modelo de control de las políticas económicas, sociales y laborales, de injerencia en la fijación de los salarios, para definir un fondo de rescate diseñado por Alemania y Francia, y en el que participa el FMI (cuidado aqui porque el FMI no participa ni en el EFSF ni en el futuro ESM, sino que contribuye con prestamos regidos por sus propias reglas y con su propio tipo de interes al paquete global de ayudas. Tambien juega un papel clave claro esta en el diseño de los programas de ajuste junto a los ‘ tecnicos’ de la CE y del BCE. El FMI esta solo ahi porque los Alemanes insistieron en ello a modo de ‘ garantia’, ya que se fiaban mas de los credenciales neoliberales del FMI que de las ‘ debilidades politicas’ de sus socios Europeos.) , con unos contenidos a sugerencia de las oligarquías financieras más importantes del continente. Rescate que, si no se ha conseguido deprimir con las políticas neoliberales con el Pacto del Euro constitucionalizadas, lo harán al exigir draconianos ajustes sociales y públicos para poder contar con una financiación, que será devuelta con el sufrimiento y retroceso de las condiciones de vida de esta y próximas generaciones, especialmente en las periferias europeas. Ante estas circunstancias, y ante un parlamento europeo que no es más que un convidado de piedra, ya de por sí escorado a la derecha, es necesario comenzar por reclamar la formación de gobiernos comprometidos con una agenda supranacional de desobediencia y construcción de otra Europa. Esto supondría, en primer lugar, obtener una alianza de varios países, a ser posible, que, al unísono, rompan y desobedezcan todos los Tratados neoliberales de esta Europa del Capital: Tratado de Lisboa, Pacto de Estabilidad y similares, etc... Y ahora el Pacto del Euro. (Lo mas cercano que se llego a estar de esta situacion fue en el 2001 cuando Oskar Lafontaine como ministro de finanzas Aleman y presidente del SPD a la vez empezo a pedir cambios en el pacto de estabilidad y en el modo de funcionar del BCE. Hay un articulo muy bueno de Francois Vercammen en un Viento Sur del 2001 analizando esta experiencia y porque fracaso) No se trata de 4

salirse ahora del Euro, sino de establecer el marco de condiciones supranacional, de cooperación internacional, de integración de políticas y de establecer unas medidas solidarias de protección y colaboración mutuas, para cualquier represalia por el resto de países. La reclamación debería consistir en la exigencia de fuerte reforma de los contenidos y orientación de los Tratados neoliberales de la UE. Mientras se invita a este grupo de países y a otros que quieran sumarse, a emprender una política económica alternativa, solidaria internacionalmente, que invita a construir Otra Europa al mayor número de países. El perfil de las políticas a emprender han de ser de un carácter redistributivo, de control del movimiento de capitales, de impulso inversor desde el ámbito público (en áreas estratégicas, de utilidad social y de transición energética favorable a las renovables), y de integración, intercambio y planes cooperativos de las diversas economías. En caso de expulsión del Euro (en el Tratado de Lisboa no existe ningun articulo que permita la expulsion de un pais miembro del euro de la zona euro. Esto es lo que explico tambien Barroso el anyo pasado en una entrevista cuando Merkel se puso chula y dijo que habria que pensar en expulsar del euro a aquellos paises que no siguiesen las reglas), se proseguirían las políticas en un marco de protección comercial y ante los acosos de la especulación internacional, de control de la fuga de capitales, de reconstrucción de un instrumental bancario y financiero autónomo para financiar una política económica alternativa, y de devaluación controlada de una posible nueva moneda. El desarrollo de este plan de Alianza supranacional para desobedecer este marco neoliberal de construcción cooperaría en la aplicación de políticas de integración económica para protegerse contra las oligarquías financiero-corporativas europeas, para impulsar políticas progresistas, para integrar social y económicamente de verdad áreas internacionales. La consigna sería, dado que la eurozona comenzó el edificio por el tejado (la moneda), y aprovechó este pretexto (e impuso los criterios nominales de Maastricht para imponer una salida de ajuste recesiva) para llegar a ella (la Europa del mercado capitalista ampliado con instrumentos financieros, políticos y regulatorios propios, y blindados frente a la soberanía popular), en vez de una línea de convergencia real, exigir empezar de nuevo para reconstruir los cimientos negando las políticas de apropiación capitalista y de austeridad, en suma, para hacer una economía al servicio de las necesidades, favorable al mundo del trabajo y, adaptando el sistema productivo-energético, respetuosa con el entorno ecológico que nos alberga. Munchau (uno de los editores de derechas del FT) esribió en su columna que la zona euro no tiene un problema de deuda (ya que en agregado su deuda es incluso inferior como porcentaje del PIB que la de los EE.UU) sino que tiene un problema político. Con esto quiere decir que la solución a la crisis esta en emprender una mayor integración política dentro de la zona euro en el sentido de que, por ejemplo, los paises miembros acepten un mayor grado de co-responsabilidad por las deudas de unos y de otros (y que por lo tanto paises como Alemania acepte que sus ciudadanos van a tener que pagar parte de la deuda de los periféricos) a cambio de que todos los paises acepten una mayor cordinación de sus políticas económicas y fiscales en el futuro.

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Los neoliberales interpretan esto en el sentido de que, vale aceptamos que Alemania va a tener que financiarle una gran parte de la deuda a Grecia (posiblemente aceptando incluso un impago parcial) pero a cambio los Griegos y los otros perifericos van a aceptar la imposicion de politicas economicas neoliberales desde Berlin. Estas políticas se implementan no solo para minimizar la cantidad sobre la que posiblemente habra que aceptar un impago (que privaticen hasta el Partenon si hace falta para maximizar la recuperación de fondos del German taxpayer!) sino tambien para asegurarse de que a los Griegos no se les va a descontrolar nunca mas el gasto publico. Si por el camino el PIB de Grecia se contrae hata adquirir las dimensiones de Ruando, ese no es el problema de Berlin, Al fin y al cabo son el 2% del PIB de la zona euro y son perfectamente ‘prescindibles’ . Esta es la vision neoliberal de una mayor integracion politica. Una vision alternativa sería pedir mayor co-reponsabilidad de la deuda publica entre paises de modo que si alguien tiene problemas con los mercados alli esta el peso financiero de todos los paises de la UE unidos para financiar y apoyar todo el gasto que los mercados ya no quieren financiar. Esta claro que a cambio se tienen que sentar las bases tambien de una mayor cordinacion de las politicas fiscales y economicas a nivel de la UE o de la zona euro. Pero esta cordinación se puede plantear en termino de alcanzar objetivos comunes progresistas (como todos los que tu concretizas en el texto màs abajo) en vez de objetivos neoliberales como plantea ahora mismo la troika. El problema no es que exista el EFSF o el ESM, que en si son buenas ideas, sino que estos organismos esten subordinados a la implementacion de una agenda neoliberal y no progresista. Esta claro que el dinero publico del EFSF/ESM no se debería utilizar para garantizarle el rembolso del 100% de la deuda publica a los mecados según van venciendo los bonos soveranos asi que las ayudas públicas tendrían que ir acompañadas de quitas sobre la deuda publica para que los acreedores privados compartan parte del coste de apoyar a un país. Si se aplican quitas se tendría que ver como se distribuyen estas ya que no son solo los bancos los que tienen bonos Griegos, por ejemplo, sino que los fondos de pensiones tambien. Además, los propios bancos Griegos tienen una cantidad importante de bonos Griegos. ¿Si al aplicarle quitas a la deuda estos significa que la situación de los bancos Griegos va a empeorar y van a necesitar más capital y ayudas publicas para mantenerse a flote no acabría esto suponiendo tambien un mayor cargo sobre los impuestos de los ciudadanos? Esta claro que se puede tambien nacionalizar los bancos, pero a veces hablamos de nacionalizaciones como si fuese algo que no cuesta nada cuando lo que acaban suponiendo a veces es una mayor carga sobre los contribuyentes que acaban teniendo que financiar entidades con perdidas. Esto implica invitar a los países de las viejas y nuevas periferias a oponerse a los privilegios y políticas de los grandes países y de todas las corporaciones transnacionales aprovechadas por este marco de políticas. En suma, invitar a construir parámetros y políticas de cooperación para integrar y complementar sus economías, respondiendo a las necesidades populares, y no las ansías de beneficios del capital. Una agenda social de construcción de esa otra Europa debiera contemplar, cuanto menos la construcción de un Estado del Bienestar europeo, y un sector público que apueste por una convergencia real entre los pueblos europeos, en materia de: 6

a) Reforma fiscal progresiva. Homogeneización europea de tipos y bases imponibles. Incremento sobre el Impuesto de Sociedades europeo, Impuesto de sucesiones y patrimonio.Impuesto sobre las Transacciones Financieras. b) Control del movimiento de capitales, ¿Dentro de la UE tambien o solo con el exterior de la UE? c) Necesidad de Presupuesto suficiente. Es irrisorio el 1% del PIB europeo. d) Es absolutamente imprescindible una política de solidaridad y convergencia de todas las regiones europeas en parámetros de servicios públicos, infraestructuras, renta per cápita, nivel de paro, lo que debe conllevar un Fondo de convergencia real en el marco europeo, cuanto menos, que implique una transferencia para promover el desarrollo de las regiones y poblaciones menos ricas. e) Inversión en áreas socialmente útiles, ecológicamente sostenibles, y con efectos multiplicadores de creación de empleo. Transición energética con renovables. Mercado europeo de la energía. f) BCE con política monetaria proclive a la creación de empleo. Cementar con políticas redistributivas y de cohesión europea para que el área euro no prosiga la divergencia y desarrollo desigual. (Yo diría mas bien someter primero de todo los objetivos de la politica monetaria del BCE a debate público y al control del parlamento Europeo). El BCE en la practica persigue tanto objetivos de estabilizar el crecimiento (y por tanto el empleo) como objetivos de inflación ya que estas dos cosas estan por definición relacionadas (sino no habría Taylor rules que explican la reaccion de la politica monetaria de todos los bancos centrales como funcion del output gap y de las desviaciones de la inflacion con respecto a un objetivo). Lo que se debate es el peso relativo que el banco central le debe dar a estos dos elementos en su mandato. Nadie quiere crecimiento 0 con tal de mantener la inflacion por debajo del 2% cada mes como nadie quiere tampoco hiperinflacion...pero entre estos dos extremos hay muchas posibilidades. En la practica cuando el BCE dice que quiere la inflacion por debajo pero cerca del 2% over de medium term (sin definir claramente si esto quiere decir 1,2,3 o cuantos años)....esta diciendo que quiere poder ser flexible si piensa que apretar demasiado rapido los tipos de interes puede llevar a algo tan extremo como una recesión y por tanto tambien a una deflación de la que sería bastante dificil salir. La declaración oficial de que el BCE tiene un único objetivo que es price stability obedece a una estrategía de comunicación con respecto a los mercados para hacer la politica monetaria mas creible ante estos y no quiere decir que el BCE no analice las fluctuaciones ciclicas del crecimiento y del empleo. Por cierto, la politica monetaria basicamente se ocupa de politicas contra-ciclicas y dificilmente puede influir en el nivel de empleo estructural que es capaz de generar una economía que emplea ya todos sus recursos al máximo. Para aumentar el empleo estructural haria falta otro tipo de reformas como el reparto del tiempo de trabajo, la inversión en nuevos sectores de crecimiento (sectores de energia renovables por ejemplo) u otras politicas estructurales que poco tienen que ver con la politica monetaria. g) Política de solidaridad internacional con los países del Sur: Auditoría de las inversiones de multinacionales europeas, revisión política de aranceles y comercial 7

con los países empobrecidos, abolición de la deuda externa de los países del Sur, Inversión para el desarrollo definida popularmente desde los países en origen (y desde abajo). h) Homogeneización al alza de las regulaciones laborales europeas. salario mínimo europeo, modalidades garantistas de contratación, regulación responsabilidad del accionariado con el empleo y la producción, regulación de la empresa-red transnacional. Financiarización, sobreproducción y losa del endeudamiento Para afrontar el duro y conflictivo reto, es preciso contar con un diagnóstico, pero también un eje estratégico de medidas para afrontar los problemas que se están presentando y se van a manifestar próximamente. La financiarización de la economía, que adopta múltiples formas y manifestaciones, no sólo es un rasgo de la economía contemporánea, en el que la toma de decisiones empresarial está condicionada a la valorización de un sinfín de títulos y bonos financieros (acciones, obligaciones, deuda pública, derivados, divisas, etc…). También ha sido un síntoma de la crisis capitalista, de su sobreproducción, y una respuesta para rodear y postergar sus consecuencias más inmediatas. Las políticas neoliberales, ante sus medidas recesivas, trató de realizar a una huída hacia delante para estimular la economía mediante una carga hacia el futuro, que cae como una losa sobre el presente, mediante un endeudamiento masivo. Todo ello acontece en un contexto de sobreproducción que origina una crisis, y que a partir de 2008 también implica una moderación de las tasas de beneficio, que está siendo enfrentada con políticas de austeridad productiva y salarial, para recuperar las tasas de rentabilidad, cuanto menos para cierto grupo de corporaciones privadas transnacionales aún a costa de causar crisis y situaciones generales depresivas y de transferencias de rentas del trabajo al capital, así como de destrucción del tejido productivo menos o no rentable, salvaguardando a un núcleo de la clase capitalista (si porque la crisis se ha llevado tambien por delante a todo un sector de la clase capitalista (incluida parte de la financiera dada la restructuración brutal que ha habido,por ejemplo, en el sector bancario de EE.UU, UK, Irlanda u otros paises) a pesar de que ha enriquecido a otro sector de la clase capitalista que ha visto aumentar su cuota de mercado . En un contexto de agotamiento del crecimiento de los mercados, y de dificultades de rentabilización por encima de los flujos de devolución exigidos por el apalancamiento, la crisis económica se desenvuelve sin interrupción en una espiral perniciosa. Esta huída hacia delante fue posibilitada en su día por políticas crediticias permisivas, una política monetaria expansiva, y bajos tipos de interés reales, que tuvo efectos más desequilibradores en países con menor productividad comparada, peor posicionada en la división internacional de la producción, y mayor inflación. A las dificultades de la recuperación, en una crisis de sobreproducción, se le suma una losa de endeudamiento, de origen principalmente privado, así como políticas de ajuste salarial y productivo que están disminuyendo las inversiones y consumos, lo que no permite augurar ninguna prosperidad. Esta situación puede ser nefasta, pero, manejada desde parámetros de izquierda puede paliarse sus efectos, así comportar una oportunidad para una reconversión ecológica de la producción. La intervención de situación de reestructuración financiera, debiera atender a cómo se reparten los esfuerzos de su carga. Al igual que debe contemplar qué clase o grupo social debe pagar más –nosotros reclamamos que los ricos y las rentas más altas 8

que han gozado de la apropiación parasitaria del excedente originado en los frutos del trabajo y la naturaleza- también se debe prestar atención al destino de los activos, porque aquellos que aún comporten viabilidad y utilidad debe socializarse un esfuerzo para convertirlos en actividades del sector público para beneficiar a la sociedad, y aquellos que puedan reaprovecharse, pero deban reestructurarse, tienen la ocasión de reconvertir su aparato productivo con parámetros sostenibles e innovadores. Y aquellos inútiles o superfluos, insostenibles ecológica o energéticamente, o excesivos para la carga del entorno medioambiental en términos de consumo de materias primas, es una buena ocasión para reducirlos, en un decrecimiento socialmente controlado. En términos globales y en primer plano social la crisis de empleo, con una tasa de paro que supera el 21%, la destrucción de la actividad en empresas con menos poder de mercado, y de las familias hipotecadas, son las situaciones más duras. Pero la deuda en su conjunto, como principal obstáculo al desarrollo económico (y como fuente de transferencia y apropiación de rentas por acreedores en posición dominante) es el primer problema socioeconómico. Tengamos, no obstante, presente que el principal peso de la deuda y su origen es privado (87% en España, en base a datos del Banco de España para el 2010). Los principales deudores son las compañías privadas, sean financieras o no, y después el sector público, y finalmente un segmento de los hogares, en forma de hipotecas asociadas al patromonialismo de la vivienda extendido en el Estado español. Y la gran banca, especialmente la internacional (sobre todo alemana y la Francesa), es la principal acreedora. En definitiva, lo que caracteriza estructuralmente el periodo actual capitalista es una crisis de sobreproducción hiperfinanciarizada. Esto aboca a un drenaje del exceso productivo en proporción a la necesaria destrucción de la burbuja financiera, asociada al enorme endeudamiento. La clave está en quién y cómo se va a hacer cargar los efectos depresivos de esta destrucción productiva y como se va a reconvertir el tejido productivo en crisis, y cómo se va a repartir el peso de la crisis. A este respecto, y frente a las políticas dominantes que están imponiendo un esfuerzo en exclusiva para las clases trabajadoras y populares, la respuesta ha de ser que la crisis la paguen los capitalistas, y en especial los más responsables de la misma. Auditoria y Reestructuración de la Deuda Pública La deuda pública pesa sobre el conjunto de la ciudadanía, y sobre todo sobre las rentas del trabajo que son la fuente principal de financiación del presupuesto público. Es necesario y justo comenzar por una Reestructuración y quita desde abajo (bajo control ciudadano, desde el sector público, contra los acreedores) mediante una Auditoría Pública de la Deuda Pública (se propone en Grecia una iniciativa en ese sentido) que determine la justicia o injusticia, y las condiciones en su caso de su devolución. Con ella se ha de evaluar los criterios de emisión (por qué se prefirió emitir deuda antes que fiscalizar rentas altas (financiarse con deuda en si no tiene que ser negativo siempre que se haga dentro de marcos sostenibles y con objetivos justificables social y políticamente), tipos de interés (por qué se admitió la compra de deuda por la gran banca que consiguió financiación pública a bajo coste, y la utilizó para especular con las primas de riesgo y tipos de interés de la deuda soberana) (no entiendo muy bien porque es un problema en si que la banca compre deuda publica, cuando la banca es uno de los principales receptores del ahorro privado en todas las economías. Que los bancos toman prestado dinero a corto plazo del banco central o del mercado interbancario a tipos 9

relativamente bajos para invertirlo en titulos de deuda a largo plazo con tipos de interes mas elevados (ya sean bonos de gobierno o titulos privados) es el mecanismo normal de transmision de la politica monetaria. Es el mecanismo que permite que los tipos de interes a largo plazo bajen tambien cuando el banco central a traves de su politica monetaria presiona a la baja los tipos a corto plazo. La bajada de los tipos a largo plzo (por medio de este mecanismo ´especulativo´) es lo que permite que los costes de financiación de la inversion o los tipos sobre los prestamos a largo plazo a los hogares tambien bajen y la economía crezca cuando el banco central baja los tipos para salir de una recesion. La banca privada de todos los paises es uno de los principales inversores en deuda publica de su propio pais. Esto obedece en parte a cuestiones regulatorias ya que la deuda publica es la que tiene menos riesgo crediticio y mayor rating (siempre comparada a la deuda privada del mismo pais claro) y por lo tanto la que consume menos capital regulatorio. El colateral tipico que emplean los bancos de cada pais para prestarse entre ellos dinero en el interbancario es la deuda publica de sus propios gobiernos. Uno de los problemas que tienen Grecia , Irlanda y portugal es que los bancos de sus paises son demasiado pequeños para poder apoyar con su demanda ´natural´el mercado de deuda publica de sus respectivos paises. Esto implica quel peso en cada uno de estos mercados nacionales de deuda publica de los inversores extranjeros es determinante con lo cual la volatilidad de los precios es mucho mayor cada vez que hay turbulencias en el mercado. Una de las razones por las que el mercado español ha aguantado relativamente mejo es precisamente por el tamaño de sus bancos y de la demanda compradora de deuda publica española que generan cuando los extranjeros la venden., condiciones (plazos, primas de riesgo) y usos (por qué financió subvenciones al capital, desfiscalizaciones o gastos de armamento, por ejemplo, y no iniciativas sociales o de transición energética sostenible) de la deuda pública. Así se podría identificar y dimensionar la deuda contraída o empleada en condiciones abusivas, inmorales o socialmente rechazables, y determinar respuestas proporcionadas (demora, reducción de intereses y montantes a la deuda abusiva e ilegítima, quita y suspensión de pagos a la completamente rechazable, encausamiento a la ilegal). Ideas fuerzas y criterios a barajar: + El fraude, los paraísos fiscales consentidos –al no vigilarse ni penalizarse las transacciones con dichos Estados off-shore artificiales -, el retroceso y regresión fiscal, junto los fondos de rescate a la banca y la profunda recesión han incrementado el déficit y la deuda públicas implicando una detestable socialización de las deudas privadas, especialmente las del sector financiero. Mientras se ha protegido a la gran banca, se ha soportado la carga de la crisis entre la población asalariada, sus derechos, y sus condiciones de vida. Toda la deuda emitida en estas circunstancias es ilegítima y debe sufrir una fuerte quita. + Es mejor financiar la actividad pública con impuestos (a las rentas del capital y a sus propiedades) que con deuda pública (de nuevo, financiarse con deuda en si no tiene que ser negativo siempre que se haga dentro de marcos sostenibles y con objetivos justificables social y políticamente. Se han realizado políticas de estímulo fiscal (desfiscalización a las rentas del capital, subvenciones e inversiones deslavazadas que sólo han beneficiado al capital privado) sin orientación planeada, ni criterios sostenibles y sociales, ni con efectos multiplicadores. La deuda emitida al mismo tiempo que se desfiscalizaba (eliminaban figuras impositivas, se reducían 10

tipos, o se facilitaban mayores desgravaciones, o se proporcionaban subvenciones sin utilidad social comprobada) también es ilegítima. + Es inadmisible un rescate a la banca a bajo interés, y que esa financiación de la banca se emplee para comprar deuda pública que resarce una remuneración a un tipo superior, y que, encima, no se facilite el crédito para la actividad económica. No se hace porque la crisis de sobreproducción y las bajas expectativas de rentabilidad inhiben la financiación y la inversión, apostando el capital privado por racionalización de costes sistemáticos (tampoco se produce porque los reguladores le estan pidiendo a los bancos privados que se desapalanquen, que aumenten sus coeficientes de capital y que reduzcan el riesgo en sus activos, con lo cual dificilmente se van a meter a asumir mas riesgo aumentando el credito en una situacion de recesion. Para evitar estas contradicciones lo mejor seria nacionalizar directamente los bancos y hacer estas cosas, pero no esperar que bancos motivados por el principio de rentabilidad mas basico se pongan a extender credito en una recesion). Pero era responsabilidad pública condicionar el uso de esa financiación con un destino de utilidad económica universalizable. Esa deuda adquirida con estos fondos debiera ser considerada abusiva. + Es inaceptable que la deuda pública se dedique a financiar actividades socialmente negativas o regresivas. Resulta reprobable mantener con deuda pública el gasto militar, financiar subvenciones al capital sin condicionar su inversión hacia áreas socialmente necesarias, o para abaratar contrataciones precarias e inestables, o la realización de obras faraónicas insostenibles aeropuertos, carreteras, AVE...- frente a otras que sí pudieran haberlo sido. Entre aquellas cabría mencionar la sanidad, educación, el cuidado de las personas dependientes, el desarrollo del ferrocarril de cercanías, infraestructuras energías renovables -sistemas de hibridación de energías renovables optimizados para cada lugar, electrificación y sistemas de acumulación y coche eléctrico), infraestructuras de telecomunicaciones públicas innovadoras -fibra óptica-, etc...), o una inversión en diseño urbano hacia la movilidad o quizá emprender un estudio de zonas geográficas que en un futuro serían más eficientes energéticamente con energías renovables combinadas (hibridación, acumulación, ecoeficiencia) para la aparición de nuevos centros urbanos sostenibles. La deuda que escogió financiar actividades así, es inmoral. Y la que pudo financiar actividades ilegales o perniciosas (venta de armamento en zonas en conflagración o en situación de represión sociopolítica) debe ocasionar el encausamiento de sus responsables. + Es inmoral aceptar el chantaje de unos mercados financieros, y presentarlos como fantasmáticos, sin identificar sus actores principales –gran banca y compañías de seguros- y sin intervenir desde instancias públicas sobre ellos. Hay que gobernar los mercados financieros, regulando y, con nuevos organismos públicos con criterios sociales, interviniendo la economía financiera. + Es completamente rechazable mejorar la solvencia de las cajas de ahorros – incluso por encima que la banca privada- con fondos públicos del FROB para luego venderlas baratas y convertirlas en banca privada.

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+ Es condenable mantener una regulación de la deuda hipotecaria que no acepta la dación en pago y que no impulsa una fiscalización del parque inmobiliario en desuso para su conversión en alquiler asequible regulado. + En suma, se trata de realizar una suspensión de pagos (default) diseñada y dirigida desde los endeudados y bajo control de la ciudadanía que supondría una fuerte quita, una reestructuración que implicaría a los montantes de deuda, a los tipos de interés y plazos de devolución, con respuestas proporcionadas a la ilegalidad, ilegitimidad o abuso en cada caso. Explorando criterios para una reestructuración de la Deuda privada En el contexto de políticas monetarias permisivas, de desarrollo desigual en Europa, propulsado por unas políticas europeas que perjudican a los países periféricos que les ha generado fuertes déficits de la balanza de pagos, y de regulación flexible de los comportamientos de las entidades financieras e industriales privadas en su recurso al apalancamiento, la economía española se ha endeudado a niveles muy importantes (el 502% del PIB). Situación que también se produce en muchos otros países de nuestro entorno, si bien en mayor dimensión en los de la periferia europea. La deuda global ha sido creciente en los últimos años, y es achacable principalmente al sector privado. En España, en 2010 (Lapavitsas, 2011), el 39% al sector empresarial no financiero, el 31% al financiero, el 17% a los hogares, y sólo el 13% a la Administración central. No basta con responder a la crisis de la deuda pública, ¿qué va a pasar y qué se puede hacer con la privada en sus diferentes modalidades?. En modo alguno es admisible la socialización de las deudas privadas. Uno de los frentes, como ya hemos sugerido, para atajar e impedir la socialización de las deudas privadas entraña desarrollar una reforma fiscal antifraude, progresiva, y de una política de inversión planeada y expansiva, o el bloqueo internacional de las transacciones con paraísos fiscales, y fiscalización al 100% de las actividades vinculadas con ellos. Pero otro consiste en establecer medidas regulatorias contra el endeudamiento privado, y ante situaciones de insolvencia o sobrecarga financiera excesiva, atribuyendo el esfuerzo sobre los actores que han sido más responsables de la crisis, interviniendo desde instancias públicas, con participación ciudadana, en la reestructuración y ordenamiento de la actividad que pueda (por ser rentable) o deba (por ser socialmente necesaria) perdurar o reconvertirse (para adaptarse a nuevos parámetros de sostenibilidad). A este respecto, el sector bancario acreedor ha sido responsable de la concesión de los préstamos y financiación, amparados en el aval y valor afianzado del patrimonio endeudado –en lo que concierne a las hipotecas- o en la financiación de actividades con rentabilidad crecientes (minoritarias) o refugio (en un contexto de rentabilidades rampantes) como han sido la construcción, la actividad inmobiliaria y el turismo. Pero lo ha hecho en gran medida en muchos casos con un sabido riesgo excesivo, a veces imponiendo condiciones que, en caso de impago les eliminaba del riesgo de morosidad al activar los embargos (en condiciones a veces muy abusivas). En otras, se ha ido más allá con estas prácticas, se ha ido poniendo en situación crítica no sólo la liquidez y confianza del sistema bancario, sino también su solvencia, más grave en un importante segmento del sector financiero. La banca, empujada por el ansia de conseguir rentabilidad en el contexto de márgenes de intermediación bajos persiguió ganar a la competencia mayores cuotas de mercado y de mayores masas de beneficios absolutos por esta vía, pero con 12

ello ha seguido una conducta claramente negligente al poner en peligro la fluidez del crédito y la solvencia de todo el sistema financiero, que no previó, y que causó en gran medida, la crisis en curso. Por su parte, el mundo empresarial no financiero, también ha tenido presente las valorizaciones de los mercados financieros, y las exigencias de reparto de dividendos así como de devolución de intereses y montantes de fuertes préstamos, confiando en que las enormes deudas podrían ser devueltas por una prosperidad permanente, o, todavía más, por los márgenes de rentabilidad de la racionalización de costes y de depresión salarial que facilitaba el contexto de vulnerabilidad del mundo del trabajo (reformas laborales, debilidad sindical, atomización del movimiento obrero, etc…). También han sido responsables, aparte de la banca, de manera diferente y con un peso diferente, distintos actores socioeconómicos endeudados. Sobre todo muchas empresas privadas, o familias que se hipotecaron con una segunda o tercera vivienda al calor del boom inmobiliario, para aprovechar el ascenso burbujeante de los precios. Todos estos grupos deben pagar, pero de manera apropiada y proporcionada al caso, a la responsabilidad de cada parte y a la situación social, para blindar a los grupos más vulnerables (familias con una única vivienda, empresas y actividades cuyos activos fueron succionados por nuevos depredadores financieros –sociedades de inversión- y más si lo han sido, manipulados o desinformados. El drenaje de endeudamiento privado debe deprimir la economía privada de manera ajustada a la responsabilidad en la crisis de las partes. Sobre todo afectando a las rentas que se han apropiado del excedente social, pero protegiendo actividades viables y útiles, así como los empleos y rentas salariales, si acaso reconvertidas en una orientación social, y con parámetros sostenibles, y en su caso con el apoyo público si son consideradas necesarias o estratégicas. Con lo que deben salvarse empleos y el tejido productivo que suministra servicios necesarios a los consumidores. La carga ha de recaer sobre las diferentes rentas que se han apropiado del excedente (dividendos, propiedad del accionariado, salarios de la gerencia de las empresas, etc…). El accionariado debe asumir su responsabilidad con el tejido productivo, con los trabajadores y los consumidores, incluso con parte de sus propiedades personales. El sector público, bajo control social y con criterios democráticos, debe asumir el principal protagonismo de iniciar las actividades que cubran y satisfagan de las necesidades sociales, extendiendo la actividad económica y cubriendo el retroceso del ámbito privado, así como de supervisar y regular la reestructuración de las actividades con problemas de solvencia, para arbitrar el reparto de la carga de responsabilidad, garantizar las actividades socialmente importantes y conduciendo la reconversión productiva y, en su caso, su integración en el sector público. Para ello se deberá regular e intervenir con actuaciones de regulación fiscal, de exigencias de reinversión –reservas obligatorias-, regulación societaria y contable, y limitación de reparto de dividendos y primas de emisión. ¿Pero, con qué criterios conviene actuar para afrontar dicha reestructuración y drenaje de la inmensa burbuja financiera?. Pues, en principio, para ir definiéndolas es preciso ir pensando en qué regulación empresarial y financiera convendrían. Regulación comportamiento bancario Junto a la política de no admisión de la socialización de las deudas privadas debe regularse los mercados y sistema financieros para que finalice el cortocircuito que están ocasionando a la economía en su conjunto. Para reflotar la actividad económica es previo 13

el paso de la socialización del crédito, que la banca privada ha interrumpido al tejido empresarial (en un contexto de sobreproducción, que va a acompañarle una crisis de demanda) para especular en los mercados financieros. Para emprender una primera regulación de los mercados financieros es preciso establecer, a escala internacional, un Impuesto de transacciones financieras. Para garantizar la socialización del crédito y la regulación del sistema financiero hay que recuperar una banca pública solvente y con amplios recursos, procedentes de los activos de las entidades nacionalizadas por sus malas conductas, como del presupuesto público. A las entidades financieras que sabían que había un porcentaje de riesgo excesivo de no devolución deben asumir parte de las suspensiones de pagos. Más aún si informaron con expectativas falsas o manipuladas, en las que debieran asumir la mayor parte de la carga. De cara al futuro la banca no podrá exigir garantías para el préstamo que puedan suponer el embargo total de los bienes o actividades emprendidas, pues debe asumir un porcentaje del riesgo. Se debe establecer una regulación más firme de los tipos de interés por modalidades de bienes (derivados, consumo, producción, hipoteca). Si el Banco de España hubiese aplicado criterios de regulación de cajon sobre la banca española y sobretodo las Cajas(como, por ejemplo, haber evitado que la exposición de las Cajas al sector inmobiliaria llegase a representar hasta el 50% de su cartera de activos o haber puesto limites al endeudamiento de la banca española con el exterior mediante el control sobre los volumenes de titulos de deuda que se les permitia emitir) quizas se habria podido controlar mejor la emergencia de una burbuja inmobiliaria en España. En esta sección tambien podrias incluir formas de mejorar el control ciudadano democraatico efectivo sobre los organos de gobierno de las Cajas que al fin y al cabo representanel 50% del sistema financiero español y son entidades publicas. Este control evitaría los chanchullos entre politicos locales y empresariado local para canalizar los recursos de las Cajas hacia fines que tienen poco que ver con lo publico. ¿Las federaciones sindicales de las cajas no tienen programas mas detallados sobre estos temas? Se debe intervenir, o eliminar, los Instrumentos de operación, valoración e inversión de la gran banca y los seguros: Deben tener responsabilidad financiera directa las compañías bancarias o de seguros que han desarrollado Sociedades de inversión con comportamientos tipo leveredge buy-out, estableciéndose fuertes límites al apalancamiento financiero, al reparto de dividendos, al porcentaje máximo de primas de emisión, o a la exigencia de porcentajes mucho más elevados de reservas obligatorias en el pasivo. Es preciso generalizar una responsabilidad del accionariado sobre la producción, las empresas y el empleo, anulando los privilegios de las corporaciones privadas bajo el manto de la figura de la sociedad anónima. Las agencias de calificación privadas, asociadas al mundo de la banca, directa o indirectamente, deben ser encausadas y llevadas a la justicia (Las tres que importan y que detentan el monopolio (S&P, Fitch y Moody´s) son americanas). El responsable subsidiario debe ser la banca. Estas agencias han sido el instrumento de especulación sobre el valor y las primas de riesgo de, por ejemplo, la deuda pública de muchos países. El problema es más bien la importancia sobredimensionada que le dan tanto los departamentos de riesgo de los distintos tipos de inversores (fondos, bancos, etc) y las agencias regulatorias publicas a las calificaciones crediticias de las tres agencias a la hora 14

de tomar las decisiones sobre el tipo de deuda en el que se puede invertir o no dependiendo del tipo de inversor y de las circunstancia. Si una agencia publica bajo control publico real (para evitar tambien problemas de colusion) fuese capaz de sustituir a las tres agencias prvadas quizas esto ayudaría mas. De igual manera, las agencias de tasación de las propiedades inmobiliarias, vinculadas al sector financiero, deben ser igualmente encausadas, con una responsabilidad subsidiaria de las entidades financieras asociadas a su actividad. Estas agencias sobrevaloraron negligentemente los inmuebles, abocando a situaciones de sobreendeudamiento familiar. El sector público, preferible a escala europea, con garantías de transparencia, objetividad y control, puede generar nuevos organismos públicos de calificación de los diferentes bonos financieros y de agencias públicas de tasación. ¿Creacion de una agencia publica Europea de calificación que sea independiente en su actuación pero que deba de responder periodicamente de su actuacion global ante el parlamento europeo y que sea auditada por gentes publicos periodicamente para asegurarse de que no haya colusión de esta agencia con intereses privados? Los procesos de reestructuración de deuda privada entre las partes concernidas (acreedor- endeudado) deben someterse a una nueva regulación para determinar proporcionadamente la responsabilidad y carga de cada parte –estableciendo ratios de reestructuración, renegociación de intereses y plazos-, minimizando el impacto social y económico al conjunto de la sociedad, facilitando condiciones también, cuando sea posible y en la forma que sea viable, de devolución razonadas en base a criterios de justicia (castigando a los que han actuado con previsiones equívocas, informaciones insuficientes o sesgadas, o abuso de posición dominante en los contratos generales). En los casos de insolvencia e inviabilidad es preciso además una intervención de algún organismos público independiente que oriente el destino de los activos (empresas, viviendas, propiedades, etc…). Si se determina conductas abusivas, ilegítimas o ilegales podría conducirse a iniciativas públicas de fiscalización y confiscación para la socialización y gestión pública de las actividades y activos que se consideren viables o de utilidad social o medioambiental Regulación comportamiento empresarial Criterios de gerencia y gestión empresarial: Mínimo coste social y ecoeficiencia medioambiental, satisfacción de necesidades sociales, satisfacción de costes de las inversiones, sectores estratégicos en manos públicas, regulación de los mercados y de los límites de las conductas empresariales. Debería regularse un criterio marco que concierna a los acuerdos de reestructuración de la deuda empresarial con su banco que debiera establecer la regla de que las devoluciones de intereses no pueden exceder los flujos de beneficio bruto de explotación (antes de amortización). El EBITDA ha de estar por encima de los flujos de devolución de la deuda. Ratio de apalancamiento máximo por sector –recurso ajenos/propios-. Debería regularse unos límites de apalancamiento financiero razonables en base a la dinámica de inversión y previsibles retornos en el ciclo de vida del negocio. En Francia, por ejemplo, una vez que el ratio es superior a 3 por encima de 1, los gastos financieros no son deducibles del impuesto sobre sociedades. 15

Decrecimiento, restricción y reorientación de las rentas del excedente. Forma de drenar la sobreproducción. Límites al reparto de dividendos, reservas obligatorias (renovación y transición energética, innovación), reorientación social y pública del excedente. Las empresas quebradas pero socialmente útiles deberían ser contempladas por el sector público para su posible rescate e incorporación al sector público empresarial. Regulación Deuda Hipotecaria Deuda hipotecaria. Dación en pago, cuanto menos, de la primera vivienda. Modificación de sistemas de tipos de interés abusivos (sistema de amortización francés). Pago proporcional de intereses a lo largo de la vida útil del préstamo. Primera vivienda: conversión en alquiler con cuota asequible. Mantenimiento del usufructo mientras siga pagando cuota mínima. Segunda vivienda: embargo y dación en pago. Sin derecho de usufructo. Tercera vivienda: embargo y política fiscal dura de promoción y derivación de las viviendas al alquiler social asequible. Regulación pública de los destinos del parque inmobiliario en desuso. Impulso público a la vivienda de alquiler asequible.

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La izquierda contra la dictadura de la deuda Francisco Louça

El debate en la izquierda acerca de la respuesta a la crisis de la deuda es fundamental para definir la política socialista. Este texto se ocupa de eso. En la primera parte, discuto la crisis del euro. Pretendo argumentar, como muchos otros, que ella es estructural y permanente, al contrario de lo que afirma el consenso entre la socialdemocracia y la derecha. En la segunda parte, discuto las dos nuevas alternativas que han sido propuestas contra la estrategia del europeísmo de izquierda: la salida nacionalista y el salto para el Estado Europeo. Pretendo probar que estas alternativas tienen tres problemas: 1º son violentamente contradictorias, 2º se apoyan en el ocultamiento de sus efectos económicos y sociales reales 3º ignora la relación de fuerzas en que se efectúan esas opciones. En la tercera parte, discuto el nuevo europeísmo de izquierda y pretendo probar que una alternativa económica exige una estrategia de lucha de clases. Para ello, volvamos a lo esencial. La crisis del euro es estructural y va a agravarse Las definiciones fundadoras de la Unión Europea y, en particular, de la creación de la moneda única, tienen el cuño del consenso histórico entre la socialdemocracia y la derecha. De hecho, sobre las opciones fundamentales para esta estructura institucional, no existió alguna diferencia esencial entre estos socios. Fue una amplísima mayoría de gobiernos socialdemócratas la que definió las reglas de Maastricht, que son el pilar fundacional del euro – máximos permitidos de 3 por ciento del déficit y de 60 por ciento de deuda y, todavía más importante, la obligación de una contención permanente de la inflación a niveles insignificantes. Esos dogmas son hoy los instrumentos de la derecha que gobierna la Unión Europea (UE) y el origen de los problemas actuales. No son otros para la máquina de destrucción de las normas sociales del Estado de bienestar. El problema es que el euro que resulta de ese consenso es una construcción insostenible. Es incoherente, vulnerable, desigual, perjudicial a la mayoría de los Estados y, fundamentalmente, vacía la democracia. Es preciso por eso analizar en detalle porque está fracasando el euro. El euro es la crisis La política de los líderes de la UE está cerrado en un consenso inicial muy fuerte: la creación de un régimen de financierización dominante mediante el euro, imponiendo a cada Estado el condicionamiento de su economía y la minimización de los gastos sociales. Este consenso ha sido debilitado por brechas en relación al manejo de las respuestas a la crisis: algunos gobiernos aceptan hoy los eurobonds que rechazaron siempre, unos quieren reducir las deudas con una pequeña desvalorización del capital, otros sostienen el modelo de expoliación de Grecia y de las otras economías periféricas. Las línea que siguen discuten estos dos puntos: la razón de la crisis del euro y las tentativas de solución dentro el euro. En efecto, voy a resumir los análisis de Paul de Grauwe, un economista belga que es uno de los más reconocidos críticos del modelo del euro y que intenta remediarlo con varias propuestas (The Governance of a Fragile Eurozone, working paper de la Universidad de Lovaina). De Grauwe escribe que, cuando existe una zona de moneda común como el euro, todas las economías pasan a emitir deuda soberana en euros pero, como no tienen 17

control nacional sobre la moneda, se tornan vulnerables a los ataques especulativos que pueden forzar su quiebra, o default o ces ación de pagos. O sea, el euro aumenta el riesgo de quiebra. El ejemplo que presenta es la comparación entre España y el Reino Unido, entendiéndose que la proporción deuda/PIB inglés es mayor (en 2011 la diferencia entre uno y otro es de 17 por ciento). Sin embargo, el Reino Unido cuando emite deuda soberana paga tasas de interés menores, a pesar de estar mucho más endeudado. Hay evidentemente una primera razón para esta diferencia, que de Grauwe además ignora: los mercados financieros imponen tasas de interés considerando sus expectativas pero también su poder frente a cada economía, y el poder del Reino Unido es muy superior al de España, porque es uno de los mayores centros financieros y una gran economía mundial. Pero la segunda razón, que es analizada en detalle por de Grauwe, es muy importante para percibir la debacle del euro: es que, de existir un fuerte ataque especulativo, el Reino Unido tiene una capacidad de respuesta que España – o Portugal– no tienen. Imaginen que los especuladores temen el incumplimiento británico y que, por ello venden los títulos de esa deuda pública. De esta manera el valor de su interés sube. Pero, en ese caso, los vendedores de los títulos normalmente irán a cambiar por otra moneda las libras que recibieron, lo que provoca dos efectos: la libra automáticamente se devalúa (se devaluó el 25 por ciento desde el inicio de la crisis), lo que facilita las exportaciones británicas y el Banco de Inglaterra comprará los títulos. La masa monetaria no es de este modo reducida (hasta puede aumentar) y no se llega a un problema de liquidez. La economía corrige el problema si el Banco de Inglaterra actúa sin vacilaciones. Por lo contrario, si ocurriese lo mismo en España – o en nuestro país en las mismas circunstancias – los fondos financieros venderán los títulos de la deuda española pero podrán invertir en otra economía los euros que recibieron. Se crea sí un problema de liquidez porque el Banco de España, que ahora es una sucursal del Banco Central Europeo, no quiere ni está autorizado a comprar los títulos. La oferta monetaria se reduce en España y los precios relativos no son corregidos, pasando a tener una grave restricción que agrava la austeridad. El efecto siguiente es sobre las cuentas de los bancos nacionales que tienen en cartera una parte importante de la deuda pública: si los títulos valen menos, sus balances quedan desvalorizados, tienen más dificultades para obtener financiamiento y el crédito es restringido. Sí, existe también un problema de deuda privada que, en Portugal como en otros países, es mayor que el de la deuda pública. Y ese problema agrava los costos de los préstamos que los bancos nacionales obtienen conjuntamente de la banca internacional. Indirectamente los trabajadores están pagando ese costo con el agravamiento de los intereses cuando piden nuevos créditos y con el aumento de los impuestos para financiar las rentas que el Estado paga a la banca. Pero no hacerse ilusiones: incluso cuando ese problema no existiese, la presión sobre la deuda soberana podría todavía tener un efecto desastroso, como está pasando. El efecto dominó es por ello muy fuerte: la especulación financiera consigue amenazar una economía vulnerable y el Estado puede quedar insolvente simplemente si los mercados financieros temen que quede insolvente. Para responder a esta dificultad, la ortodoxia europea sólo concibe la solución de la austeridad, que es la de la recesión. Sólo que ese efecto de amenaza a las economías del euro no es la única amenaza en Europa. El Reino Unido, en el ejemplo de De Grauwe, está ahora aplicando la más salvaje ley de la austeridad, multiplicando los costos en las universidades, cortando la salud, atacando a los pobres, reduciendo la inversión y 18

creando desempleo – a pesar de contar con todos los instrumentos monetarios para relanzar la economía contra la especulación. O sea, el problema europeo no es sólo el euro. Es también la lucha de clases. La solución europea ha sido el aumento de la explotación por la vía de la austeridad La respuesta europea a estas crisis nacionales acentuadas por la vulnerabilidad del euro es bien conocida: planes de austeridad para recuperar la competitividad a partir de la desvalorización de los salarios directos (quitar el subsidio por Navidad y feriados, recortar los salarios, aumentar el horario de trabajo) e indirectos (aumentos de los costos de la salud y educación, reducción de las pensiones). La austeridad provoca recesión, que agrava el déficit fiscal, lo que obliga a nuevos aumentos de los impuestos, que agrava la recesión. La recesión se transforma, como puede ocurrir en Portugal, en depresión prolongada. Esto es una buena noticia para las finanzas y para la burguesía, porque altera profundamente las relaciones de fuerza entre las clases, abriendo las puertas a un nuevo régimen social, despidos fáciles, fin de los contratos colectivos, reducción del poder sindical, servicios públicos mínimos con la mercantilización de los servicios esenciales para la vida de las personas. Las finanzas del Siglo XXI quieren vivir tanto de los mercados de capitales (la Bolsa) como de la gestión de los hospitales y los fondos de la seguridad social. Pero, mientras tanto, la depresión desvaloriza una parte del capital productivo y eso es la mala noticia para los capitalistas que marchan a la quiebra. Así tenemos los dos polos de tensión en la clase dominante: entre las finanzas y los bancos por un lado y entre estos los sectores y partes el capital productivo, por otro lado. Y es sobretodo una mala noticia para la mayoría de la población porque significa una retroceso generacional del salario, o sea, un aumento de la explotación. De esta manera la estructura del euro acentúa la peor de las políticas y la desvalorización del salario. Voy a volver después a esta conclusión, porque en ella está la clave de todo el debate político: con el euro, la desvalorización del salario es el alfa y el omega de la política económica de la clase dominante. Algunas nuevas y viejas soluciones inmediatistas Recapitulemos con De Grauwe porque él expresa con claridad la dificultad en la búsqueda de alternativas al cuadro económico actual, aunque propone tres alternativas principales a la gestión actual del BCE y del directorio de la UE, Veamos cuáles son y cuál es su respectiva viabilidad. .- La primera propuesta es que el Banco Central Europeo compre títulos de la deuda soberana y los acepte como garantía de empréstitos a los bancos privados. Eso ya se está haciendo en alguna escala a pesar de ser contra todo lo que el BCE siempre afirmó. Pero esta medida no basta: para que su situación tuviese impacto, el BCE tendría que ser un factor decisivo en el mercado de la deuda, lo que significaría comprar toda la deuda disponible, como propuso recientemente Cavaco Silva. Tendría que comprar directamente a los Estados y no solamente en el mercado secundario en los momentos de aflicción. Y eso no va a ocurrir en la dimensión necesaria. .- La segunda alternativa presentada por de Grauwe es la reducción del interés impuesto a los préstamos a los países en dificultades. La razón es evidente: una 19

tasa de interés alta aumenta las dificultades y confirma que la propia UE tiene expectativas de que puede existir un incumplimiento de la deuda por parte de esos Estados, lo que facilita los ataques especulativos contra ellos. Como sabemos, hubo una pequeña reducción (del 1 por ciento), pero el interés está todavía más del 2 por ciento arriba de su costo de financiamiento. .- La tercera propuesta de De Grauwe es un mecanismo de emisión de eurobonds, que aseguraría el equivalente al 60 por ciento de la deuda soberana de cada país, teniendo el Estado que soportar los títulos restantes. Así cada país tendría dos tipos de títulos soberanos: los europeos, con tipos de interés más bajo (pero con costos diferenciados de acceso según el riesgo de cada economía) y los nacionales que podrían tener un interés más elevado. Es una antigua propuesta de Jacques Delors hace ya unos 20 años. Nunca fue concretada y es difícil que lo sea porque tiene el veto de Alemania. Para las tres propuestas De Grauwe sugiere una contrapartida. Una autoridad fiscal común y, por consiguiente, una Unión política. Porque no es preciso que la señora Merkel lidere un gobierno europeo unificado para sea viable la emisión de títulos europeos con tipos e interés razonables a los empréstitos para las economía con problemas. Suficiente con normas aceptadas que determinen esas acciones. Por eso, de Grauwe se contenta con pequeños pasos. Más aún: cuanto mayor es la crisis, mayor la insistencia en soluciones inmediatas. Como vamos a ver luego, la renuencia anterior de los gobernantes europeos a la lógica de estas medidas no implica que no conceda y no las aplique en alguna medida, combinada con un coctel de otras iniciativas para no dejar caer el euro. La reducción de los intereses de la deuda negociada con la troica continuará y habrá incluso una fuerte reestructuración de la deuda de Grecia con pérdidas para el capital financiero (y el BCE compensando parcialmente a la banca). El euro no puede caer si Alemania defiende sus intereses. Por eso habrá medidas activas para reorganizar el sistema de crédito y las relaciones institucionales con el BCE haciendo sistemáticamente lo que por doctrina e incluso por Estatutos había siempre rechazado. La política que dirige Europa es autoritaria, pero consensuada entre la derecha y la socialdemocracia Considerando estos argumentos, el impasse actual puede ser así resumido: el euro tiene organizado el capitalismo europeo durante los años de crecimiento, pero flaquea cuando hay una crisis financiera, porque los mercados especulativos atacan con éxito las economías más frágiles y crean un peligroso efecto dominó. La respuesta de la austeridad es simplemente austeritaria, la austeridad es autoritaria. Solo que el efecto de contagio es muy intenso, dado que más de la mitad de la deuda soberana de varios países está en manos de entidades financieras de otros países. Y la recesión arrastra, agravando la inestabilidad financiera. El euro se torna por eso un factor determinante de la crisis. Esta estructura del poder financiero y de la decisión europea es soportada por un consenso entre la derecha y la socialdemocracia, que ha resistido siempre con una ventaja para la derecha. Ella tiene un fundamento: Kohl, Schroeder o Merkel, en Alemania, representan exactamente las mismas políticas europeas, como Prodi y Berlusconi en Italia, o Aznar y Zapatero en España, o Durao Barroso y Sócrates en Portugal. Para que la política no sea meramente una imaginación alegre, invito a los economistas que han desenvuelto la crítica al euro a recordar la configuración política que 20

definió estas reglas, que las impone y que las mantiene, para que podamos encontrar alternativas viables que no ignoren los adversarios y que, por el contrario, procuren aliados que no sean figuras de la retórica. Si me permiten les recomiendo que no cuenten con la socialdemocracia europea: ella no va a convertirse en una alternativa europea, porque defiende para Europa el Tratado de Lisboa con su Directorio y el euro tal como existe. Dos soluciones autoritarias de austeridad contra la austeridad Esta crisis es estimulada por el euro que crea un efecto de contagio de la crisis. Pero ella no es creada por el euro. Para que comprendamos el cuadro general, debemos ir más a fondo y hacer lo que mayor parte de los economistas rechazan: pensar la economía a partir de las clases sociales. Esto es lo que hago a continuación, considerando las dos alternativas que han sido recientemente propuestas por algunos sectores de izquierda (y de derecha), que son la opción nacionalista de la salida del euro y la contra-opción federalista de creación de un Estado europeo unificado. Adelante hacia la izquierda, si no puede ser, entonces hacia la derecha Gran parte de las izquierdas críticas comparten este diagnóstico sobre la crisis del euro (y también, como vimos, algunos de los más tradicionales economistas). Ello no es nuevo. Está presente desde la formación del euro, y fue por eso que rechazamos a su tiempo su estructura, como rechazamos la artificial valorización del escudo en el momento de la integración “valor que vino a destruir la economía portuguesa” así como la excesiva valorización posterior del euro. Si, eso ya se sabía. En este cuadro, el BCE solo podía ser lo que vino a ser: una agencia para la liberalización de los mercados financieros y la protección de la banca, impidiendo las opciones necesarias para responder a cada recesión. Y, en este cuadro, también la Comisión Europea sólo podía llegar a ser lo que vino a ser: una agencia de los principales gobiernos, con el poder legislativo que el Parlamento Europeo no tiene y que los parlamentos nacionales están perdiendo. Fue por lo tanto con pleno conocimiento de estas realidades que las izquierdas elaboraron sus respuestas. Nadie puede ahora argumentar que no sabía o que no lo percibió. O que, con estos tratados, la UE podía ser lo que no fue. O que las instituciones se regenerarían y salvarían las economías de la recesión. No vale. No vale inventar ahora que la UE del directorio era otra cosa, que podía haber sido social o hasta que podía haber sido económicamente competente. Fue por eso que el Bloque de Izquierda se definió desde su fundación como “europeísta de izquierda” y sostuvo en serio esa definición. Ella implica el combate contra las instituciones y las políticas del gobierno europeo, porque son factores de crisis y rechazan la democracia. Implica el rechazo del Tratado de Lisboa, porque encierra Europa en el Directorio y en las reglas del BCE, porque agravan cada recesión. Implica la exigencia de salida de la OTAN y el rechazo de un militarismo europeo, porque es parte de una política imperial. Implica la exigencia clara para la refundación de UE y eso tiene una consecuencia, que es el combate sin concesiones contra su estructura y política actual. Ese combate, por lo tanto, no es nuevo. Ni es una novedad que él nos diferencie de una izquierda nacionalista que ha tenido miedo de proclamar su posición por la salida del euro y de la UE, en nombre de una alternativa soberanista bastante mal explicada y de ruinosa viabilidad. Lo que hay de nuevo, entre tanto, es que algunos de los sectores de izquierda, tradicionalmente europeístas y a veces hasta poco críticos del gobierno europeo, procuran ahora otras soluciones. Esa descolocación es en sí mismo una buena señal, 21

porque prueba que frente al impase actual hay quienes buscan nuevas alternativas. Pero esas alternativas tienen que ser más fuertes y más consistentes que las políticas que quieren sustituir. Dos de esas propuestas son particularmente importantes y, por lo tanto, deben ser discutidas con toda atención. Son las que defienden que Portugal se empeñe en la creación de un Estado Europeo unificado y la que defiende que Portugal debe abandonar el euro. Lo que uno de sus defensores llama, elegantemente, salir de la crisis por “arriba” o por “abajo”. Lo que puede sorprender a quien piensa que ya lo vio todo es que haya quien defienda simultáneamente las dos propuestas. De hecho, la sobre posición de estas dos propuestas radicalmente antagónicas es una bella prueba de que la imaginación humana no tiene límites. Quien quiere la solución extrema de un Estado Europeo que dirija las economías nacionales no puede querer también la solución nacionalista extrema de la separación del euro (y de la aplicación de políticas que significan la salida de la UE) –o por lo menos no se espera que defienda las dos ideas simultáneamente. En efecto, las dos soluciones se dirigen a objetivos contradictorios, sirven a sectores sociales y movilizan fuerzas diferentes, concitan sistemas de alianzas distintos. La primera requiere el privilegio de los sectores financieros más integrados al nivel europeo, a segunda espera el liderazgo de los sectores exportadores de la burguesía nacional. La primera solicita la anuencia el gobierno alemán y se dirige a las convergencia con el sector federalista del PS (Antonio José Seguro), la segunda se limita a la alianza con el sector más conservador del PCP y ni siquiera incluye al movimiento sindical. Así, el ejercicio de polemizar con la idea de “un partido – dos políticas” es uno de los más bizarros a que se puede aspirar. Cualquiera de las alternativas, cualquiera de ellas implica un cambio de orientación para las izquierdas. Pero lo que no consigo comprender es cómo se pueden defender ambas al mismo tiempo, con el extraño argumento de que si una no resulta, queremos la otra. Si para indicarnos un camino nos dijeran “si no va para la izquierda, va para la derecha”, quedaremos probablemente sin orientación. Lo lamento, pero es el caso: dos propuestas contradictorias es lo mismo que ninguna propuesta. Puesto que la política no es un menú para contentar a toda la gente. La política es una opción. Y debe ser tomada en serio. Debe ser clara. Debe movilizar argumentos y convicciones. Debe promover acciones. Debe ser fuerte. Es como todo en la vida, o se va para un lado o se va para otro. Como todos sabemos, no conviene para ir para la izquierda y mirar hacia la derecha. Es por eso que nunca se puede defender algo y su contrario. O imaginarse lo que sería en la campaña electoral reciente el destino de un partido que defendiese simultáneamente la salida del euro y el Estado Europeo unificado. ¿En el debate con Sócrates y Pasos Cohelo defendería la salida del euro y en el debate con Jerónimo de Souza defendería el Estado Europeo? ¿O sería lo contrario? ¿O defendería ambas alternativas con cualquiera de ellas? Y pediría el voto de los electores ¿Para qué, si no hay claridad? Si me permiten, esa es la vieja, experimentada y celebrada estrategia de Estebes, todo a la salsa y fe en Dios. Es la política sin la política. Porque la diferencia entre un analista serio y un político serio es que el primero juega con varios escenarios en cuanto el segundo escoge una estrategia y se compromete con ella. No es preciso argumentar que el Bloque de Izquierda asuma la responsabilidad de su política. La primera solución autoritaria contra el austeritarismo: el federalismo 22

Prefiero entonces discutir cada una de las propuestas por separado, por su merito y no por su extraña amalgama. La pregunta que tiene que plantearse por consiguiente es ésta: ¿la nueva propuesta ayuda a responder a la recesión y a la austeridad, constituye una palanca de movilización y alternativa? Si es sí, deberíamos adoptarla sin hesitación. Véase entonces la primera propuesta, el federalismo. Según esta propuesta si hay una crisis de la deuda, la solución estaría en la transformación de la Unión Europea en un Estado unificado, con una autoridad fiscal única, con un gobierno único y un presupuesto único. La salida “por arriba”. Hay una deuda, pues que el Estado Europeo que se encargue de ella y que dirija nuestro presupuesto a partir de ahora. El federalismo es un concepto mañoso más, que en sí mismo dice todo: el federalismo es una forma de organización del Estado, con regiones o provincias (en los Estados Unidos o en Brasil se llaman Estados) con algún margen de autonomía, pero sometidos a un poder político centralizado, que decide el presupuesto y la política económica y social, que tiene leyes uniformes, un ejército y una representación externa. O sea, la federación es un Estado unificado. Es fácil entender porqué es que esta propuesta se disfraza con el argumento suave de que sólo propone pequeños pasos, con hechos consumados, en un camino que no anuncia su destino. El motivo es evidente: no existe en los tiempos actuales ninguna posibilidad de acuerdo europeo para un Estado europeo. Y no existe, por dos razones. La primera es que los pequeños pasos crean tensión máxima como es el caso de la actuación del directorio, ahora con un eje franco-alemán que gravita en torno de Merkel. Fue con esos pequeños pasos que llegamos hasta aquí, y no se ve bonito. La segunda, es que ninguna de las burguesías -ni las opiniones públicas– de cualquiera de los grandes países aceptaría la incógnita de un gobierno europeo. Falta para ello el consentimiento social y la hegemonía ideológica. Un gobierno europeo significaría que Inglaterra y Francia aceptaran ser gobernadas desde Berlín. Imposible. O que Alemania podría aceptar un gobierno liderado por un primer ministro polaco electo por una coalición con los populistas italianos. Inaceptable. O que Portugal, la única nación ibérica que, a lo largo de los siglos, se liberó del reino de Castilla, perdería ahora la vieja apuesta histórica de la independencia. Difícil ¿no es así? Evidentemente, la imposibilidad actual de creación de este Estado Europeo podría no ser la razón para rechazarlo en el futuro o hasta para desearlo en el presente. La izquierda podría defenderlo como un modelo, como una estrategia o, como hoy se dice, como un diseño. Pero, por mi parte, sólo veo motivos para rechazar categóricamente la amenaza de un Estado Europeo. Comienzo por la razón más circunstancial. Imaginemos que no hubiese ninguna resistencia, que el consenso fuese fuerte, que el federalismo haya vencido y que el Estado Europeo era creado, y que su gobierno fuera electo, todas hipótesis demasiado extravagantes. Sólo que, como se verificó en las elecciones para el parlamento europeo, esa elección significaría una estruendosa victoria de la derecha europea, incluyendo los sectores más populistas y agresivos. En consecuencia, la capacidad de disputa de los movimientos de trabajadores se reduciría mucho, en particular, en los países donde crearan una relación de fuerzas que les haya permitido combatir por alternativas. Para la izquierda este escenario sería suicida. Aunque ignoremos esta objeción. Al final, si la propuesta fuese absolutamente esencial el Estado europeo seria una conquista de la democracia y todos viviríamos mejor con eso, a largo plazo. ¿Pero es esencial? ¿Europa 23

se beneficiaría de ese Estado? Mi respuesta convencida es que no: un Estado Europeo democrático nunca será democrático. Esa es la objeción más importante, porque tiene que ver con la naturaleza de la izquierda y con nuestro compromiso de representación y de lucha por la emancipación de los explotados. La Unión puede tener procedimientos democráticos o autoritarios, y eso hace una diferencia malvada. Nosotros hemos propuesto siempre los procedimientos democráticos, y rechazado los autoritarios: el sistema actual del directorio ya es una de las peores características del federalismo. Ahora bien, el Bloque defendió siempre los referenda sobre cada Tratado (ya entonces, nos comprometimos con el “No” al Tratado de Maastricht, después al de Niza, después al de Lisboa, y por fuertes razones). Denunciamos los poderes europeos y los gobiernos que conspiraban para maquillar el Tratado Constitucional como un Tratado común, y para imponerse en el referéndum al que se habían comprometido solemnemente. Presentamos una moción de censura contra Sócrates por esa causa, de modo, que quede para el archivo. Formulamos muy en serio la lucha por los procedimientos democráticos. Sabemos que hace toda la diferencia tener gobiernos que legislan a partir del Consejo de Europa y de su Comisión a tener el control parlamentario con votos. Hay mucha diferencia tener la posibilidad de que los europeos decidan mantener un poder encerrado en los gobernantes del directorio. Detengámonos un momento para pensar lo que ha sido nuestra lucha por los procedimientos democráticos. Cuando proponemos un referéndum en Portugal y queremos que en ese referéndum gane el “No” con el Tratado del directorio, estamos ciertamente defendiendo una solución para Europa. Somos en eso completamente europeos. Pero lo hacemos donde podemos, donde nos reconocemos, en Portugal. No proponemos un referéndum simultáneo en toda Europa que decidiese sobre el Tratado, en que el voto del alemán, del polaco, valga como el de un portugués, ¡pues no! No. El pueblo que reconocemos para decidir sobre la aceptación de un Tratado por Portugal es el electorado portugués. Es con él que hablamos. Y es su decisión la que aceptamos como legítima, incluso que la hallemos errada y de que combatamos sus consecuencias. La razón para esa definición de legitimidad electoral es de importancia trascendente para la izquierda. Y es simple. Es que la democracia parlamentaria fue creada históricamente en el Estado-nación, basada en la aceptación social de una representación legitimada: cada uno tiene el derecho del voto, hay pluralismo, y aceptamos que el partido más votado representa el Estado y gobierna. Este régimen es frágil, es manipulable, tiene un enorme peso de la ideología dominante y de las fábricas de consenso, no es una democracia de participación y de acción para el pueblo, pero es la parte de la democracia que resulta de las luchas sociales por el sufragio universal y contra la dictadura, y de ella no abdicamos. Ella es un punto de partida para las luchas, porque es verificable y disputable por la fuerza que crea la lucha popular. Es por eso que la democracia representativa en el país es un espacio de confrontación para todos, sin embargo en contrapartida la democracia europea no existe –existen procedimientos democráticos o autoritarios en Europa- pero no existe democracia europea como espacio común de reconocimiento y de legitimidad unificada. El federalismo democrático no es por eso democrático, porque excluye a los Estadosnación, que es dónde existe la democracia representativa realmente existente. Todavía no hay ni hubo alguna otra forma de democracia internacional, que tenga como base de sustentación la legitimación mediante un pueblo global. Hace falta, pero no existe. 24

Ha escrito Rui Tavares que si, Merkel gobierna, podríamos al menos poder votar en las elecciones que a ella la eligen. Y así al nivel europeo: si nos mandan, queremos votar, sí o perita en dulce. Pero el problema es que ese voto no tiene sentido. No nos comunicamos con un alemán, dueño de una cervecería en Munich, como con una desempleada en Figueiro dos Vinhos. No hablamos de la misma historia, de la misma cultura, no compartimos disputas y diferencias: no podemos decidir en conjunto un gobierno que nos obligue a todos, porque como diría Linecker, en ese juego hay dos equipos y al final gana siempre Alemania. Y lo peor es que cuando elegimos el gobierno del Estado europeo, sólo nos deja un capataz instalado en el palacio de S. Bento, a quien podremos entregar petitorios. Pero con él no discutiremos la Ley, los presupuestos, los impuestos, la defensa, la política externa, los servicios públicos. Esa democracia no sería democracia. Pueden decirnos que, al final de cuentas, Merkel y Passos Coelho piensan y proponen lo mismo para la sociedad. Sí, pero la diferencia entre tener un gobierno alemán para la Unión y tener un gobierno portugués dentro de la UE, incluso subordinado y sombrío, es que podemos disputar con el segundo e influir la política que lo determina. En esa disputa estamos nosotros, el pueblo. Pero fundamentalmente, no existe un pueblo europeo único que se reconozca, existen pueblos europeos. Ser portugués y ser europeo son dos identidades y no una. Y es así porque todavía es en los cuadros nacionales donde se forma lo esencial de los procesos de acumulación y sobretodo la determinación de las condiciones salariales o sea, el reparto de la ganancia, la explotación y la lucha contra ella, que no renunciamos a luchar donde tenemos poder. Y fue eso mismo lo que nosotros sabemos con respecto a Europa. En efecto, debía ser un lugar de políticas comunes, incluso con partición negociada de soberanías, aunque teniendo siempre una convergencia de Estados-nación. Toda la política europeísta de izquierda se basa en esta fuerte convicción. Europa tiene que ser la combinación de políticas europeas y de márgenes de acción de los Estados nacionales. Queremos reforzar unas y otras, delimitando lo que la UE tiene que hacer: mejor presupuesto común hacia medidas para el pleno empleo y también más capacidad de opción de cada país en su gestión financiera, fiscal, presupuestaria y social. Todos buenos motivos para rechazar el Estado Europeo. Finalmente, hay además otras dos razones para rechazar el truco federalista. La primera es que cualquier deriva para el Estado Europeo será siempre autoritaria y multiplica los nacionalismos. Dispensemos de esa pesadilla, porque sabemos cómo comienza pero no sabemos dónde termina. Ya muchos países de Europa tienen derechas nacionalistas radicales con el 20 por ciento. El federalismo es su alimento. Rechazar el nacionalismo y cortarle el espacio de desarrollo implica, como siempre, que la izquierda quiere disputar la hegemonía de la nación, quiere construir una mayoría para dirigir la nación. Esa lucha por la hegemonía es la razón de ser de la izquierda y desgraciada la izquierda que renuncia o que, por lo contrario, se vuelve ella misma nacionalista; terminará como el PC griego votando sistemáticamente con Le Pen en el parlamento europeo. Puede tener votos como los tiene el PC griego, pero el nacionalismo nunca será la izquierda para la lucha necesaria. La utopía reaccionaria del Estado Europeo crea sus propios anticuerpos y destruye la izquierda en cada país.

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La última razón es la coherencia con nosotros mismos. Dejé esa ración para el final, porque es únicamente nuestra propia cultura la que está en cuestión. Sin embargo es un valor importante. Fue deliberadamente que escribimos en el “Contrato por Europa”, que es uno de nuestros tres textos fundacionales del Bloque de Izquierda, que defendemos “una nueva perspectiva de la izquierda para Europa, contra el federalismo” y que el “principal adversario de nuestra alternativa de proyecto es el federalismo” que “transforma Europa en una feria de capitales”. En ese momento, llamábamos también la atención sobre el significado imperialista de la idea del Estado Europeo; con él llega un ejército y un aparato represivo unificado. Convengamos que sin ese ejército y sin ese aparato represivo no hay Estado. Buenas razones para defender la democracia contra el Estado Europeo. Admito que exista quien haya acordado con esta posición durante diez años y que ahora esté arrepentido. O que piense estar convencido de que, pensándolo, la crisis de Portugal es tan grave que más vale esta solución que continuar todo como está. Y no puede continuar como está. Sin embargo, pregunto: si es el inmediatismo de la desesperación que lleva a aceptar el riesgo de una Europa como siempre la hemos rechazado, ¿para qué entonces defender una alternativa que no tiene ninguna viabilidad? La segunda solución autoritaria con el austeritarismo: salir del Euro y de la Unión Europea Dicho todo lo anterior, mi conclusión es ésta: la idea federal del Estado Europeo unificado no va a tener ningún papel en la política portuguesa o en la política europea en los años que vivimos. Habrá medidas para reforzar el Consejo, la Comisión, el BCE, creándose fondos comunes y reglas rígidas, vigilar los presupuestos y las políticas, nada que no conozcamos con la tutela de los acreedores hoy en día. Habrá medidas federalistas, los tales pequeños pasos con avances y retrocesos, pero no habrá un salto inmenso para un Estado Europeo. Ni la parte de la socialdemocracia que la defiende –y que son algunos partidos cuando están en la oposición, ni todos, ni siempre– tendrá un protagonismo suficiente para poner en la agenda esa solución. Ni ella ganará credibilidad en otros sectores de la izquierda. Pura y simplemente, ella no existe en el campo de las decisiones. La segunda solución, como contrapartida, tendrá un peso creciente en el debate político. La propuesta de salida del euro será persistente, es con ella que os vamos a enfrentar. Ella será defendida por dos tipos de corrientes: los economistas que rechazan el corsé del euro y no encuentran otra solución y las izquierdas que prefieren el nacionalismo al arrastre de la crisis europea. Son dos sectores diferentes, con ideas diferentes y propuestas diferentes, y sólo por diletantismo es que los segundos se refugian en los argumentos de los primeros. Entre los economistas que defienden la salida del euro están algunos de sus críticos de siempre, como Joâo Ferreira do Amaral, en Portugal, o más prudentemente, Paul Krugman y Nouriel Rubini, en los Estados Unidos. Para estos economistas ya no es una cuestión de opción, comienza a ser inevitable. Según ellos, la espiral recesiva de las medidas de ajuste presupuestario tornará imposible la gobernabilidad, con aumentos de impuestos que ya no crean más ingresos, con parálisis de la economía y con el agotamiento de las políticas. Por eso argumentan que sólo queda la salida del euro como forma de desvalorizar una nueva moneda y esperar que la economía se reequilibre por la 26

vía del aumento de las exportaciones y la disminución de los salarios. Hay que señalar que ninguno de ellos defiende el rechazo de la deuda, antes esperan ganar algún tiempo para pagar la deuda de otra forma, con los saldos comerciales. Y todos aceptan que los trabajadores deben pagar el ajuste con la reducción de los salarios. Hay en esto buenos y malos argumentos, como escribí antes con respecto del euro como factor de la crisis, pero también soluciones irreales y que no se preocupan por la política que las aplique. Sobretodo, es una respuesta indiferente a la economía que afecta a las personas y que propone una austeridad salarial permanente. Además de eso, esperar que la UE financie la salida del euro o que los mercados financieros mantengan una actitud de neutralidad frente a la nueva moneda es conmovedoramente ingenuo, todo va de apuesta: un gobierno de derecha que hace esta operación con la intención de provocar una reducción fuerte y permanente de los ingresos de los trabajadores podría obtener algún apoyo de las finanzas internacionales, pero es dudoso que éste se mantuviese ante las drásticas medidas que, en este contexto, se tornan necesarias. Vamos entonces a ver cómo se aplicaría la salida del euro y convocar ahora a los sectores de izquierda que, al contrario de los economistas citados anteriormente, están obligados a defender la propuesta a partir de un punto de vista que considere la vida de los trabajadores. Comencemos por el principio, por la decisión de crear una nueva moneda, vamos a llamarla el Escudo. El gobierno enfrentado a las dificultades económicas decide salir del euro y pasar a usar el escudo como moneda nacional (o lo que es lo mismo a los efectos económicos y sociales, es expulsado del euro). Manda entonces a imprimir en secreto los billetes y se prepara para anunciar la gran novedad: en un viernes la noche, a la hora del noticiero de la TV, cuando los bancos ya están cerrados. En ese fin de semana todos los bancos hacen horas extraordinarias para distribuir los billetes por todos los cajeros, para que la nueva moneda pueda estar en circulación el lunes. El problema es que esta operación envuelve a millares de personas, que transportan y distribuyen los billetes y ellos les van a contar a sus familias. Y, de cualquier modo, toda la gente asistió en las semanas anteriores a declaraciones de los ministros para explicar que esto va muy mal y que necesitamos decisiones muy valientes para salvar a la patria en peligro. En resumen, toda la gente percibió lo que va a ocurrir. ¿Qué harán entonces las personas? No es preciso ser adivino: van a correr a los bancos para cerrar todas sus cuentas y guardar los billetes de euros. Si no lo hicieren, todas sus cuentas y ahorros serán transformadas en escudos, a un valor nominal que bajará con fuerte desvalorización que, al final, es el objetivo de esta operación. O sea, los ahorros van a ser tan desvalorizados como la moneda en la que pasarán a estar registrados. Ahora bien, los bancos no quieren pagar a los clientes todos sus saldos y ahorros, porque está corrida los arruina. No quieren y no pueden, pues simplemente no tienen dinero para eso, ni hay billetes suficientes para cubrir toda la masa monetaria líquida que existe en Portugal y que los bancos aplican a los depósitos y no guardan ese dinero. Los bancos en consecuencia van a cerrar las puertas cuando la alarma se generalice y el gobierno va a llamar al ejército para cuidar los edificios. Fue así en la Argentina, fue así en todos los casos en que se anunciaron desvalorizaciones brutales (y no se trataba de salir de una moneda y crear otra, lo que nunca ocurrió en la historia de la Unión Europea), y no puede dejar que sea así. La izquierda que defendió la salida del euro comienza, entonces, a tener la primera dificultad. Es que va a defender el ejército y los bancos contra la 27

población. Y va a tener que hacer una primera víctima, los depositantes en los bancos. Cuentas claras: si la desvalorización fue del 50 por ciento (Ferreira do Amaral calcula en 40 por ciento, otros en bastante más), entonces los ahorros y depósitos de los trabajadores perderían la mitad de su valor. Pasó así el primer shock. Pero vienen más y peores. El escudo devaluado entonces al 50 por ciento en relación al euro. El gobierno y la izquierda nacionalista esperan que el efecto benéfico sea el siguiente: las exportaciones se vuelven más baratas (porque los salarios y los insumos productivos quedan más baratos) y aumentan; mientras que las importaciones se vuelven más caras y por consiguiente disminuyen. Así, habrá una transferencia de capital hacia las industrias y servicios de exportación, y una reducción del consumo y de las importaciones, todo para mejorar sustancialmente la balanza de pagos. La regla es ésta: si la vida mejora para Amorim, el dueño de la mayor transnacional industrial portuguesa, también mejorará para toda la economía. Parece conveniente, pero tiene un problema. Es que, con la devaluación, el precio de los productos importados aumenta el mismo día. El combustible pasó a costar una vez y media más que su precio anterior (y todo el sistema de transportes también) y lo mismo ocurrió con los alimentos importados. Como dos tercios de los ingresos de los portugueses van a parar al consumo, imagínense el efecto inmediato de estos dos aumentos de precios. Ya por ese efecto, el salario pasó a valer mucho menos. En cuando a las exportaciones, sí, van a aumentar, siempre que los compradores del extranjero quieran comprar más en función de la reducción del precio (y cuando no haya recesión en el extranjero y que los productos portugueses correspondan a mercados con demanda creciente, y que esas dos características acompañen las exigencias de los consumidores extranjeros, etc... Aumentan, pero lentamente: los ingresos por exportaciones sólo entran cuando se concretan las ventas y es necesario esperar el tiempo de la producción y hasta el aumento de la capacidad productiva. Luego, una parte de lo que exportamos, más de la mitad, es importada y esos productos se encarecen. Por eso, los ingresos de las exportaciones aumentan poco, lentamente y más tarde. Llega después el segundo shock. La mitad de las familias portuguesas tiene una gran deuda con los bancos, que prestó el dinero para comprar la casa. Prestó en euros. Y de las dos, una: o, en el día de salida del euro el gobierno acepta lo que quieren los bancos, que es que esta deuda se considere a su valor real, que es la del escudo devaluado, o decreta, para proteger a deudores, que la deuda se transforma en escudos al valor anterior a la devaluación. La diferencia es crucial tanto para los prestatarios como para la banca. En el primer caso, los prestatarios multiplican su deuda. Imaginemos que había 50 mil euros de deuda, convertidos al escudo devaluado son unos 15 millones de escudos. Si tu salario era de 1000 euros (que pasa a ser 200 mil escudos... que valen sólo 500 euros) y que la mitad lo usabas para pagar al banco, necesitabas 100 meses enteros con la soga al cuello para saldar la deuda. Ahora, tendrás 150 meses con las mismas dificultades, dando la mitad de tu sueldo al Banco. Perdiste cinco años de vida. En el segundo caso, en el que el Gobierno protege a los deudores, el que tenía una deuda de 50 mil euros tendrán una deuda de 10 millones de escudos por valor de 25 mil euros. El banco perdió la mitad. El problema es que el banco quiebra, porque creó un enorme agujero en su balance. Por eso los partidarios de la salida de euro explican, honestamente, que se necesita nacionalizar entonces todos los bancos, no tanto para socializar el capital financiero, sino apenas para salvarlo. Y salvar un banco cuesta 28

mucho, como ya sabemos con el caso del BPN. Porque un banco se nacionaliza con sus deudas, que son las deudas con quienes han depositado y a quienes prestó dinero, generalmente a la banca extranjera. Sin embargo, esta deuda es en euros, pero el banco, quebrado y nacionalizado, recibirá sus ingresos y depósitos en escudos devaluados para continuar haciendo los pagos en euros. Su deuda exterior aumentó un 50 por ciento, de un día para otro. Salvar los bancos tiene un costo y no es pequeño: es preciso pagar. Aquí tenemos al nacionalista de izquierda para defender el banco y pedir aumento de los impuestos para financiar a la banca internacional. El trabajador, cuya deuda fue protegida, tiene que pagar por otra vía, que son los nuevos impuestos. Por supuesto, los portavoces de esta izquierda nacionalista me pueden decir que el gobierno debe declarar simplemente que no va a pagar las deudas internacionales de los bancos que nacionalizó, pero, me disculpan ¿de qué gobierno concreto me están hablando? ¿No será el de Portugal 2011? ¿Están a la espera de pedir la nacionalización, si la devaluación causó el colapso de los bancos y después de presentar como una solución la ruptura con los acreedores externos y esperar, al mismo tiempo, tener un mercado abierto para las exportaciones que salvarán la economía? ¿En resumen, la socialización del capital y, al mismo tiempo, la alianza con los proyectos exportadores de Amorim que sean bien recibidos en todo el mundo? He aquí un paréntesis para aclarar mi opinión en una cuestión ideológica: estoy seguro de que la nacionalización del sistema financiero es una necesidad estratégica para la política socialista, porque el sistema de crédito debe ser un bien público. Y también estoy seguro de que un gobierno de izquierdas tendrá que enfrentar la resistencia del capital financiero, que es su principal oponente y por lo tanto puede ser obligado a un imperativo realista incluso inconveniente de nacionalización en malas condiciones. Pero creo que debe hacer todo lo posible para tener las mejores condiciones, en particular en el plano internacional. El aislamiento internacional es una cuestión de vida o muerte para un gobierno socialista. En cualquier caso, para ganar es necesario tener la fuerza necesaria, y para que sea posible un sistema de crédito público que funcione se necesita un tiempo adecuado para una política triunfante contra los especuladores. Sin embargo, entendámonos bien, ninguno de los actuales debates sobre la salida del euro es acerca de un hipotético gobierno de izquierdas y este tipo de situación. Por lo tanto, lo que importa ahora son las relaciones de fuerza concretas, las que ya existen y que podemos crear en el contexto de una respuesta social mucho más fuerte contra la dictadura de la deuda. Esto es lo que podemos hacer y lo que vamos hacer, no una novela de ficción política. Fin de paréntesis. Volvamos a hora a los problemas que está viviendo nuestra izquierda nacionalista en apoyo del gobierno que decidió la salida del euro. Ya tiene en contra el tener que pagar impuestos más altos o vieron multiplicar sus deudas y pagar más por los alimentos y por el transporte o han perdido parte de sus ahorros. Con todo esto, los trabajadores pronto percibirán que perdieron parte de su salario (o las pensiones), y que el esfuerzo fiscal no ha disminuido (por el contrario, empeoró, debido a que la deuda se pagará en euros mientras el estado recibe en escudos), y la salud y educación tienen nuevos recortes. Por todo ello, el trabajador luchará por recuperar su salario. Sin embargo, esto puede echar todo a perder, dirá el gobierno. Las exportaciones son más baratas porque el escudo vale menos, el producto más barato, y porque las empresas pagan salarios en escudos. Si aumentan los salarios, la competitividad nuevamente se ve perjudicada. ¿Qué va hacer nuestra izquierda nacionalista frente a la 29

justa protesta de los trabajadores? La respuesta es simple: no hay problema, sostiene uno de los heraldos de la izquierda nacionalista, sólo un milagro. Se reúne el diálogo social y convencemos a los empresarios para que aumenten los salarios, compensando así a trabajadores por lo que han perdido con la devaluación. Imagínese esta reunión de la concertación: el país alborotado, disturbios en la puerta de los bancos, los impuestos y los precios subiendo, de nuevo la inflación, los salarios cayendo y los patrones ofrecen sacrificar sus ganancias a favor del trabajo. La hipótesis es tan interesante que dispensa de argumentación. En otras palabras, la izquierda nacionalista que defiende la salida euro se metió en una trampa monumental. Quería impedir la continuación de la austeridad y tenía toda la razón, pero propone un sistema de más austeridad del todo orientada en beneficio de un sector social, la burguesía exportadora y aceptando la caída en los salarios con la devaluación del escudo. No resuelve ningún problema y crear nuevas dificultades. Y perdió la capacidad de una orientación socialista, porque no puede ser tomada en serio por los trabajadores que va perjudicar. La política socialista tiene un criterio que es la defensa de la clase trabajadora. Esta política es la que defiende el salario y se bate por él, y no la que sacrifica el salario y favorece la explotación. La solución autoritaria es la salida del euro, es la propuesta de más austeridad. Europeísmo de izquierda es la referencia de la política socialista Rechazo por eso esas dos propuestas, el federalismo de Estado europeo y el nacionalismo de la salida del euro. Ambos intentan responder al agravamiento vertiginoso de la crisis pero conducen a políticas autoritarias y de austeridad que agravan la crisis. Sin embargo, porque la crisis se precipita más aún, esto no libera el análisis y la corrección de nuestra política. Sugiero que nuestra reflexión sobre la respuesta necesaria comience por el principio, por la naturaleza de la crisis que enfrentamos. Después de treinta años de crecimiento mediocre La Segunda Guerra Mundial fue una culminación del siglo XX. Generando horribles masacres, desde Auschwitz a Hiroshima. Pero desde el punto de vista de la economía, fue también un proceso de destrucción radical de las fuerzas productivas, trabajadores y capital. Y fue la destrucción que abrió las puertas a la reconfiguración del capitalismo moderno, una nueva organización de los poderes, la estructuración de un nuevo orden monetario basado en el dólar y, en los países más desarrollados, la promoción del consumo masivo basado en la generalización de la producción en serie. Fue sólo con esta gigantesca destrucción y con la posterior reorganización que le siguió que puso fin a la gran crisis de 1929. Vale la pena, luego, registrar un dato sobre esta crisis: la recuperación de la economía ya entonces dominante por los Estados Unidos, tardó 25 años – sólo en 1954 es que las Bolsas regresaron a los niveles anteriores al crack. Fue necesario una guerra y la definición de un nuevo mundo para que tal recuperación fuere posible. La clave de recuperación fue precisamente esa destrucción de las fuerzas productivas y la configuración de un nuevo mundo para la acumulación de capital. Así fue posible crear nuevos sectores industriales de rápido crecimiento, nuevos mercados financieros, nuevas transnacionales. Así ya ocurrió en el pasado: el capitalismo industrial moderno se desarrolló por ondas largas, unas de crecimiento y otras de crisis, que duran décadas y que definen los latidos del corazón del proceso de acumulación. En 30

los períodos largos de crecimiento (como 1945-1974), las crisis son raras, breves y superficiales, en periodos largos de crisis son frecuentes, intensas y duraderas (1974 hasta hoy). En cada una de estas épocas el capitalismo adapta su estructura. El impulso que la electrificación significó para la industria y el papel de motor de la siderurgia, desde finales del siglo XIX, un nuevo impulso de motorización tuvo lugar con los productos derivados del petróleo, químicos y petroquímicos en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo modelo de producción se constituyó en el marco de nuevas relaciones sociales, de un nuevo contrato entre trabajo y capital, con reglas que hacían del salario de los trabajadores una parte importante del consumo dirigido a las empresas. Las constelaciones de las nuevas tecnologías de producción en masa correspondían a un acuerdo institucional con el contrato de trabajo y un salario indirecto importante, garantizando el acceso a la seguridad social y salud. Fue por el crecimiento de la demanda que se crearon mercados de masas en que creció la economía capitalista durante los Treinta Gloriosos años de la posguerra. Este sistema funcionó sin mayores dificultades durante esas tres décadas. Más tarde, se agotó y su final marcado por la segunda recesión generalizada del siglo, 1973-1974. Desde allí, se perdió esta sencilla combinación entre el modo de funcionamiento de la producción y sus instituciones sociales, el impulso tecnológico se agotó, la tasa de ganancia se ha reducido sistemáticamente y la acumulación y la inversión fueron por lo tanto cuestionadas. Siguieron algunos decenios de crecimiento mediocre, con intensas y frecuentes recesiones (1973-4, 1981, 1993, 2003, 2008-9). La rentabilidad del capital se recuperó muy lentamente, aunque la acumulación se mantuvo en niveles excepcionalmente bajos. Esta es la situación actual. La creación de enormes mercados financieros es la característica de esta nueva era del capitalismo –que se ha llamado "capitalismo tardío"- y en que el capital disponible se coloca en la especulación, en lugar de la inversión, generando un siempre creciente "capital ficticio" como le llamaba Marx, y que busca rentabilidades garantizadas. Esto es lo que explica todo lo que hemos conocido, desde el intento de privatizar la seguridad social hasta las asociaciones público-privadas. Para impulsar el crecimiento, la burguesía pretende crear una nueva economía con un nuevo sistema social: la precarización de la relación laboral, es decir, el fin del contrato, para adecuar el uso pleno de los nuevos sistemas de tecnologías de producción sofisticada con mano de obra barata, el aumento de plusvalía absoluta (más tiempo de trabajo y menos salario) y la reducción del salario indirecto (costo de los servicios públicos esenciales). Pero este nuevo régimen requiere una derrota fundamental del movimiento popular que, aunque muy desgastado por un desempleo estructural prolongadísimo, todavía tiene capacidad de lucha. Es en esto que nos apoyamos, es nuestra política realista. Todo está en juego. Bien se que, como dice Warren Buffet, el segundo hombre más rico del planeta, "hay una lucha de clases, y es nuestra clase la que está ganando". Pero la nueva sociedad todavía está por ser definida y realmente y lo que es más sorprendente del punto de vista histórico, no es tanto su avance sino la dificultad extraordinaria que ha tenido en imponerse. El 1 por ciento no ha podido aplastar al 99 por ciento, porque éstos cuando la convocan tienen la fuerza de la democracia. Como el 1 por ciento tienen más poder, es contra ellos que debe dirigir el combate: la política de la derecha y de la burguesía es devaluar los salarios, la de los trabajadores es devaluar el capital y defender el salario. Nuestro enfrentamiento es con las finanzas que 31

son los dueños de la deuda. Es cierto que es un combate de época. Y es por eso que no necesitamos ideas que dividan el frente de lucha popular y creen confusión. Necesitamos claridad y movilización. Necesitamos ahora y no mañana, una gran alianza en la lucha por salario, la izquierda grande. Europeismo de izquierda y la lucha contra la dictadura de la deuda En este cuadro, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos o no debemos, en mi opinión, alimentar el sueño reaccionario de un Estado europeo – antes tenemos que combatirlo - y no podemos o no debemos alentar ilusiones nacionalistas de un reordenamiento imaginario de alianzas con el capital nacional para conducir al país a una solución de autárquica que tenemos que rechazar. Por el contrario, tenemos que proponer soluciones europeas, que renuncien a lo que es esencial: una alianza europea de las izquierdas sociales y políticas para luchar contra la austeridad. Comienzo por eso por lo más difícil, que es Europa. Sé que desde el declive de los foros sociales europeos no se ha podido rehacer un dispositivo mínimo de respuesta. El partido de la izquierda Europeo es muy limitado, como otras redes en las que participamos; nunca han sido capaces de lograr nuestra propuesta para un importante Congreso de movimientos políticos y sociales europeos; y los partidos de izquierda de Europa del Norte temen los efectos electorales de defender al pueblo griego contra el estrangulamiento de la deuda y no quieren oír hablar de una huelga europea. Debemos, por lo tanto, explorar con nuestros aliados, la idea de recuperar el Foro Social – o de abrir las puertas a una nueva forma de red global – quizás el encuentro en España, con los movimientos de Indignados para poner en marcha una agenda Europea de lucha contra la austeridad. Y, con ellos, mantener los objetivos esenciales que definen el europeísmo de izquierda que hemos venido defendiendo: •

La obligación del BCE de comprar deuda soberana de cada Estado,

• El lanzamiento de obligaciones europeas mutualizando parte de la deuda. •

La desvalorización del euro para aliviar a las economías,

•

La tributación del capital y el fin de los mercados offshore,

• El refuerzo del presupuesto europeo destinado a un plan de creación de empleo, • La reestructuración inmediata de la deuda de Grecia, en perjuicio de los bancos acreedores. No será fácil crear movimiento con estos objetivos de política. Pero hoy, las posibilidades son mayores que hace un mes. Son estas posibilidades las que nos preocupan y creo que deberíamos tomar muy en serio, dedicando esfuerzos para concretar esta orientación. No tengo ninguna duda de que podemos y debemos hacer más en esa dirección. Pero lo que decimos sobre Europa, para ser realista y como indiqué anteriormente, es propuesta, es una invitación y aproximación a otras izquierdas, pero no es ciertamente donde tenemos la mayor capacidad de confrontación política. Donde tenemos más fuerza es donde no depende de nosotros. Si es posible tener un Foro Europeo de algún tipo, que una a los 32

movimientos y construya una agenda política para avanzar a un nuevo nivel, es lo que queremos. En cualquier caso, esta perspectiva no interfiere con nuestro paso a paso de disputa con el Gobierno y el plan de la troika, la dictadura de la deuda. Y es en ella donde debemos acertar posiciones. En primer lugar, rechazamos la idea de que hay no hay alternativas al plan de la troika. Y debemos tomar la contraofensiva en este campo. Ya es posible hacerlo porque el vértigo del cambio en la percepción popular es estimulado por esta violencia presupuestaria que recorta los bonos de vacaciones de Navidad. Después del 15 de octubre y de la convocatoria de la huelga general de UGT de la CGTP, la situación comienza a cambiar. Requiere por eso mismo mayor ofensiva, sacudir el letargo social, ganar la iniciativa. Por lo tanto, debe ser nuestro argumento: •

Portugal debe rechazar el plan de la troika, porque significa empobrecimiento y desempleo para poder tener más deuda. El fin de la tutela de la troika es la condición para que la democracia pueda decidir. Toda la política depende de aceptar o rechazar la troika. Es lo que define todo el escenario de nuestros diálogos, convocatorias y alianzas.

•

La alternativa inmediata es recuperar la capacidad de crear moneda, y el Estado puede hacerlo a través del banco público de capitalización de la CGD y el efecto multiplicador puede tener una inyección de liquidez en las inversiones para el empleo, la creación de nuevas industrias, exportaciones y sobretodo sustitución de importaciones.

Esta liquidez no debe utilizarse en crédito al consumo o para la vivienda, porque crearía más deuda y debe ser administrada por un banco de CGD para el fomento industrial. Este es el cuello de botella de inmediato de la economía portuguesa y es así como puede superarse la crisis con la creación de empleo. Una palabra más acerca de la creación de la moneda. Se trata de una alternativa concreta a la salida del euro y a la devaluación del escudo, y tiene la gran ventaja de no alcanzar los salarios y los ingresos del trabajo, permitiendo, al contrario, el aumentó la actividad económica con los costos de crédito más baratos, orientados a la producción y por lo tanto con mayor oportunidad de equilibrar la balanza externa. •

Debemos presentar un plan para el empleo, indicando los sectores en los que es posible desarrollar la economía: creación de empleos en nuevos sectores estratégicos, la inversión pública, reducir en media hora la jornada de trabajo, prohibir los despidos en empresas con resultados, etc.

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Defendemos, como siempre, una revolución fiscal basada en la tributación del capital y en valores altos de patrimonio. Pero podemos y debemos llevarla más lejos.

En segundo lugar y porque la presentación de alternativas debe conducir a la confrontación social, es en la lucha contra la deuda que debemos concentrarnos. Por lo tanto, propongo la siguiente orientación:

33

•

la idea de renegociación de la deuda debe tener una forma más concreta: reestructuración. Es decir, la anulación de una parte de la deuda. La propuesta, que tiene razón y fuerza acumulada, es cada vez más apoyada por diferentes economistas e incluso por políticos de otras opiniones. Pero ya está en segundo plano, porque respeta más al argumento que al movimiento.

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En el movimiento social y en la disputa directa, la centralidad está en auditar la deuda. Y es evidente: la auditoría asegura rechazar toda deuda abusiva. Sirve para negarse a pagar la deuda abusiva. Esto es el “no pagamos” que tiene coherencia. Atacar los acreedores donde son más débiles, porque son culpables. Ejemplos: - En las últimas emisiones de deuda, han cobrado interés por encima de los costos reales, en función de tasas punitivas y especulativas. Rechazamos esta deuda, que será algunos miles de millones de euros, y no pagamos. - Las contrapartes de material militar fueron canceladas por el acreedor, que es el estado portugués. Son cerca de 3 millones que se perdieron sin caso judicial. - Una deuda de 78 mil millones pagó 30 mil millones de intereses. Casi 20 mil millones son de interés abusivo. Etc. Un nuevo paréntesis aquí: la propuesta de "suspensión" del pago de la deuda es una solución vergonzante, que tenemos que rechazar. Por cierto, es un disfraz de una propuesta que no tiene la valentía de enunciar: como explicó la FER recientemente en una reunión interna del Bloque, es una forma pusilánime de decir "salir del euro", pero sin decirlo. Por otro lado, la "suspensión" es una imitación mal concebida de alternativas de América Latina: la Argentina suspendió el pago de la deuda y lo hizo muy bien, porque pagaba una deuda excesiva a acreedores que ya no le prestaban hacía más de un año. Pero este no es el caso del portugués. En realidad, el Estado portugués no está ahora pagando la deuda: es el plan de la troika que paga toda la deuda y sólo en unos años. Portugal comienza a pagar esta deuda reciclada. Por lo tanto, la "suspensión" no suspende nada y tiene miedo de decir lo que se necesita, que hay una deuda que no debe ser pagada. La "suspensión" es una respuesta de derecha que debemos rechazar. Fin de paréntesis. Tenemos que activar el debate sobre la deuda. Y hablar también de otra deuda. Es lo más difícil, pero es lo más importante, porque apunta al objetivo que importa: el Capital financiero. Hablamos por eso de la deuda que importa: lo que ellos nos deben, lo que el capital debe a los contribuyentes, a los trabajadores, al pueblo. Los que se beneficiaron con las privatizaciones abusivas de los monopolios naturales y bienes públicos, Los que transfiere a las offshore sin pagar impuestos (6’6 millones de euros por día este año). 34

Los dividendos y ganancias que se pagan cuando ellos fueron financiados por el Estado. Los impuestos a pagar, particularmente de la banca. Lo que gastaron en submarinos y otros egresos injustificados. Los que quieren recibir de las asociaciones público-privadas, la tajada de la deuda oculta del Estado. Esta deuda no puede salir de nuestro discurso, es el centro de la lucha contra la dictadura de la deuda. Esta orientación tiene una idea nuclear: sí, se llama a la resistencia. Pero si la única alternativa a la resistencia que quiere crear movimiento social es la búsqueda de una fantasía: el nacionalismo, el capital exportador o el federalismo de António José Seguro, entonces es preferible incluso hacer resistencia. Como siempre, nos empeñamos en la resistencia con una perspectiva europea y buscamos puentes para que sea una lucha europea. Y, a nivel nacional, no aceptamos el acantonamiento de la resistencia de trinchera, porque queremos ser una alternativa de gobierno, una propuesta de liderazgo para el país, lucha global, acción inmediata, presencia de calle. Y si se trata de política en serio discutamos lo que interesa en la política: las alianzas. El federalismo serviría para juntarnos al PS, pero, francamente ¿qué diferencia habría entonces entre esa izquierda y las imposiciones autoritarias de Merkel como el "semestre Europeo"? ¿Cómo podríamos negar la presentación de los presupuestos nacionales para el control y la decisión de Berlín, que después de todo es el modelo deseado del Estado federal? En cuanto al nacionalismo, juntarnos con el PCP, que por ahora todavía balbucea mal la idea de la salida del euro, con pies de lana, porque sabe el miedo que esto provoca entre los trabajadores, escaldados por las devaluaciones y la inflación. Y nos unirá a algunos reputados economistas. Los principales beneficiarios de esta estrategia, el capital exportador, huyen ciertamente de la idea como el diablo de la cruz. Es decir, no sirve para nada que no sea dar voz a la desesperación. En contraste, una plataforma de lucha contra las medidas de austeridad permite hablar con la mayoría de estos sectores, se une a todos, desde la periferia del PS, y del PCP al movimiento sindical, a los indignados en las calles. Es en esta lucha y sólo en ella, que puede levantar nuestro objetivo estratégico: castigar al capital, defender el salario. La huelga general que se celebró hoy es una buena prueba de esta política. No tiene como objetivo ningún sueño de Estado europeo, ni mucho menos la exigencia de la salida del euro. ¿Tampoco no podía? Tiene la plataforma sensata que reúne a más gente, el rechazo de los recortes en los subsidios, a aumentos de impuestos, a la defensa del salario y una política de empleo. Se denomina resistencia y responde por el país: es la lucha por la hegemonía y crea la acción social. Es en esta acción que se aprende y emergen las alternativas. Como dijo alguien, siempre es de la práctica que vienen las ideas justas. Vamos a luchar. Francisco Louça es un economista portugués de reputación académica internacional y el principal dirigente del Bloco d' Esquerda. Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez

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Deuda española: nuevo golpe financiero en el Sur de Europa

de

estado

Daniel Gómez-Olivé i Casas, investigador del ODG (www.odg.cat) Cuando se afirma constantemente que España tiene un problema de deuda soberana, ¿a qué nos referimos? ¿Es cierto que la administración pública española tiene un problema de sobre endeudamiento? Lo cierto es que, a raíz de los datos que analizaremos a continuación, el problema de la deuda española radica fundamentalmente en la deuda que ha acumulado el sector privado español, que es el que se ha endeudado hasta niveles insostenibles y que, al estar avalada en gran parte por el Estado, ha hecho que lo que ahora esté en jaque sea el futuro de la economía española. Entendiendo la deuda española… No es fácil conocer el importe exacto del volumen de la deuda la economía española; es decir, lo que adeudan las administraciones públicas, empresas, bancos y familias españolas, tanto al exterior como al interior del país. Ello es así porque no se conoce con exactitud la deuda que ha adquirido el sector financiero español en los últimos años. No obstante, tenemos algunas aproximaciones. Así según dos estudios elaborados por instituciones extranjeras se estima que en el 2009 la deuda española se situó entre el 370% y el 500% del PIB.1 Teniendo en cuenta que ambas cifras distan mucho entre ellas, y dada la dificultad de obtener el dato preciso, para el presente estudio estimamos a la baja la media de ambos datos. Por ello, se podría estimar que a finales del 2009 el importe total de la deuda de la economía española se situó entorno al 400% del PIB. Aunque lo más probable es que desde entonces la deuda haya seguido aumentado, se podría validar esta cifra a fin de tener una aproximación. Dando pues por válida la cifra del 400% del PIB, diremos que en mayo de 2011 la deuda total, en números absolutos, estaría entorno a los 4,25 billones de euros. De este importe se conoce que la deuda de las administraciones públicas representa menos de 700.000 millones de euros,2 la de las familias españolas es algo menor al billón de euros3 y la de las empresas es de 1,3 billones.4 Por otro lado, dentro de este cómputo también debemos tener en cuenta la deuda que los bancos españoles han contraído entre ellos o con acreedores internacionales (ya sea con bancos privados o públicos, como es el caso del Banco Central Europeo, o con fondos y seguros). Para saber la deuda bancaria nos basaremos en los dos estudios anteriormente mencionados y en la estimación que se ha hecho del total de la deuda pública, ya que, como se ha dicho, esta cantidad es difícil de cuantificar. Sin embargo, aquí estimamos que la deuda bancaria se mueve entorno a los 1,35 billones de euros.5 1

Datos extraídos del informe Debt and deleveraging: the global credit bubble and its economical consequences, elaborado por McKinsey Global Institute y publicado en: http://es.scribd.com/doc/61035961/McKinsey-Debt-and-Deleveraging (página 63) y del informe Eurozone: between the austerity and default, editado por Research on Money and Finance, en: http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-and-Default.pdf (pagina 8). 2 Según el Banco de España (BdE), en junio de 2011 las administraciones públicas tenían unas deudas por valor de 701.502 millones de euros (en diciembre de 2009 esta cifra se situaba en 561.319 millones de euros). Datos extraídos de la página web del BdE, en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0808.pdf 3 En junio de 2011 las familias españolas tenían deudas contraídas por valor de 886.963 millones de euros (903.755 millones en diciembre de 2009). Datos en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0807.pdf 4 En junio de 2011 las sociedades no financieras españolas tenían deudas contraídas por valor de 1.290.608 millones de euros (1.305.011 millones en diciembre de 2009). Datos en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0806.pdf 5 Según Torres López en 2011 y 2012 los bancos españoles deben amortizar unos 200.000 millones de euros de deudas contraídas, en Sistema Digital: http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=2787&AspxAutoDetectCookieSupport=1.

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Gráfico 1. Estimación de la composición de la deuda total española a 31 de junio de 2011 (deuda de las administraciones públicas, familias, empresas no financieras y bancos). Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de España

De esta manera, como se muestra en el gráfico 1, la deuda que han adquirido todas las administraciones públicas tan sólo representa el 16% del total de lo exigido a la economía española. O lo que es lo mismo, el 84% restante ha sido adquirida por actores económicos privados, siendo los bancos (con un 32%) y las empresas no financieras (con un 31%) los principales causantes del sobre endeudamiento de la economía española. ¿Cómo ha sido posible llegar a tal situación de sobre endeudamiento? Porque Alemania necesitaba colocar sus excedentes de capital y el Estado español tenía hambre de estos recursos para alimentar la burbuja inmobiliaria. En un primer momento, tal como han descrito otros autores,6 con la entrada del euro, la economía alemana estuvo financiando la exportación de sus bienes y servicios hacia los países periféricos de la UE mediante la concesión de créditos denominados en su misma moneda, el euro. Finalmente, ello posibilitó que el país germano se convirtiese en importador neto de capitales (por las cuantiosas ventas de sus exportaciones) y permitió que Alemania pudiera ‘exportar’ capitales hacia estos mismos países, también en forma de créditos. Dicho en otras palabras: desde la entrada del euro el crecimiento de Alemania se ha acentuado gracias al endeudamiento de los países más débiles de la unión monetaria. En este marco, y por lo que concierne al caso español, cabe decir que durante los primeros años de la existencia del euro, Alemania estuvo alimentando, vía créditos sin control, la burbuja inmobiliaria española. En efecto, si promotores y constructores españoles pudieron endeudarse de una manera tan irracional fue por la facilidad que tenían de encontrar crédito barato. Un crédito que les venía, en gran medida, directa o indirectamente de Alemania, con la fe ciega de que éste era un negocio que nunca tenía pérdidas. Así, los bancos alemanes prestaron directamente a los empresarios del negocio del ladrillo español. Igualmente, les financiaron de manera indirecta prestando dinero a los bancos españoles, los cuales también quisieron sacar su tajada en esta empresa. Así fue cómo los bancos españoles pudieron otorgar tan fácilmente centenares de miles de hipotecas y de créditos a familias y a empresas españolas.

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Para entender más sobre el origen de la deuda española es muy recomendable el artículo publicado en el blog qmunty, en: http://qmunty.com/blog/2011/07/25/alemania-puede-impedir-la-quiebra-de-espana-y-del-euro/

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A estas alturas podemos afirmar que en el origen de esta abultada deuda privada hay parte de responsabilidad (o, mejor dicho, irresponsabilidad) de aquellos que prestaron sin control alguno sobre la capacidad real de retorno de esos créditos. Por ello, en caso que el impago sea real, como una deuda de ese calibre indica que puede suceder, también se deberán exigir corresponsabilidades al acreedor privado extranjero y español que concedió los créditos sin las oportunas garantías. La deuda externa española Si analizamos con más detalle la deuda española y nos fijamos exclusivamente en la deuda externa bruta; esto es, en la parte de la deuda pública y privada que se ha contraído con acreedores internacionales, vemos que a 31 de marzo de 2011 ésta asciende a 1,7 billones de euros (cifra que representa cerca del 170% del PIB español).7 Según los cálculos anteriores, esta cantidad significa casi la mitad de lo que debe el conjunto de la economía española. !

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Gráfico 2. Composición de la deuda externa española a 31 de marzo de 2011 (deuda externa de las administraciones públicas, bancos y otros actores). Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de España

Si observamos con atención quien es el deudor de esta deuda (gráfico 2) vemos cómo, de nuevo, la parte de deuda pública con el extranjero representa un porcentaje menor. En efecto, las administraciones públicas únicamente detentan el 18% de la misma (307.000 millones de euros), mientras que todo el sector privado adeuda el 82% de la deuda externa (cifra que, en números absolutos, se eleva a 1,4 billones de euros). En este caso, una vez más las entidades financieras son las principales deudoras, con un 44% de la deuda externa española (760.000 millones de euros), mientras que los otros sectores adeudan el 38% restante (662.000 millones). Así, según el Banco de España, los actores privados deben al extranjero una cantidad cercana al 140% del PIB español, en un momento de estancamiento de la economía y con casi 5 millones de personas en el paro. De ahí el nerviosismo del mercado internacional, ya que un posible impago de la deuda externa por parte de los deudores privados tendría efectos inmediatos también sobre los acreedores extranjeros.

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Según el Banco de España, en marzo de 2011, la deuda externa española ascendía a 1.729.009 millones de euros. Datos en: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0709.pdf. La ratio de deuda externa española en relación al PIB es muy similar a la de Alemania y Grecia, pero superior a la de EE UU (100%), aunque se encuentra muy por debajo de los dos países que registran una mayor deuda externa en relación al PIB, que son el Reino Unido (en torno al 430%) o Irlanda (1.300%, es decir, ¡más de 13 veces su PIB!). Más información sobre los 20 países más endeudados del mundo, en: http://www.elblogsalmon.com/economia/si-hay-contagioque-paises-seran-los-siguientes

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Para conocer quién está detrás de las presiones extranjeras, debemos saber quiénes son los bancos internacionales acreedores de esa deuda. Así, según el informe publicado en marzo de 2011 por el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés)8 los bancos de Alemania poseían el 22% de la deuda externa neta.9 Le seguían los bancos de Francia con un 20%, los de los EEUU con un 17%, los de Gran Bretaña con el 14%, los de Italia con un 4% y los de otros países de la UE con un 16% (ver gráfico 3). De ahí que las llamadas de Merkel, Sarkozy, Obama y de la Comisión Europea en mayo de 2010 al presidente Zapatero para que priorizase el pago de la deuda por encima del gasto social tuvieran su efecto esperado, ya que quien llamó no fue más que el “cobrador del frac”.10 %

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Gráfico 3. Nacionalidad de los bancos acreedores de la deuda externa española (%). Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Internacional de Pagos

Por otra parte, de este mismo informe del BIS es importante resaltar que España tiene una deuda exterior neta con bancos extranjeros de más 800.000 millones de euros (aproximadamente un 80% del PIB español).11 De esta deuda, tan sólo un 11% procede del sector público, un 37% es de empresas y un 25% de los bancos españoles; el 27% restante proviene de operaciones de derivados y garantías de créditos, que implican principalmente al sector privado. Por tanto, el 89% de lo que la economía española debe a bancos extranjeros (cerca de 715.000 millones de euros) lo debe el sector privado español. En consecuencia, el riesgo de impago radica principalmente en el sector privado y no en el público. Siendo así, ¿por qué los acreedores españoles e internacionales están presionando al Gobierno para hacer reformas, recortes y privatizaciones, como si fuera precisamente en el sector público donde radicara la causa de todos los males? ¿No será que se está aprovechando la situación de crisis para dar una nueva vuelta de tuerca neoliberal y favorecer al capital en su hambre por maximizar beneficios (reforma laboral) y por privatizar sectores estratégicos (como el de las pensiones)? Sea como fuere, el hecho de que el Gobierno central se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte (por no decir la totalidad) de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado (es decir, los acreedores de la deuda española) esté ejerciendo presión sobre las finanzas

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Para ver el informe completo se puede ir a: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1103.pdf La deuda neta es la diferencia entre los créditos recibidos (lo que debes a terceros) menos los créditos prestados (lo que a uno le deben), mientras que la deuda bruta tan sólo contempla los créditos recibidos. 10 El 12 de mayo de 2010 el presidente Zapatero presentó en el Congreso el mayor plan de recortes sociales en 30 años por un importe de 15.000 millones de euros (el 1,5 del PIB español), después de recibir presiones de toda la comunidad internacional. 11 La cifra que ofrece el informe es de 1.098.900 millones de dólares. Para el cálculo de esta cifra en euros se ha utilizado el cambio de divisas del euro frente al dólar a 30 de septiembre de 2011, fecha de cierre del estudio elaborado por el BIP. Ese día el cambio cerró a 1€ = 1,36291 $. 9

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públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tiene que salir al rescate de impagos de la banca privada española. Ello nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo de saneada se encuentra la economía española? Estado de las cuentas públicas Según el tratado de Maastricht, aprobado por los países de la Unión Europea en el año 1992, cada uno de los países miembros deberá tener un déficit público anual inferior al 3% del PIB y una deuda pública acumulada inferior al 60% de su PIB. Por el mismo, es obligación de los países miembros cumplir estrictamente con cada uno de estos dos macro indicadores económicos, con el fin (se dice) de favorecer la convergencia económica entre los países de la Unión. No obstante, no hay estudios serios que expliquen el por qué es necesario obedecer a dichos niveles de disciplina fiscal, más cuando se está en un período de recesión o de estancamiento de la economía. Sobre el déficit público… En el caso concreto de las cuentas públicas españolas, cabe decir que éstas estaban altamente saneadas antes de la crisis económica. En efecto, por lo que atañe al déficit público (esto es, la diferencia entre los ingresos y los gastos de todas las administraciones públicas) no fue hasta el año 2008, ya en plena crisis financiera y económica, que se volvió a tener un déficit público superior al 3% del PIB (ver gráfico 4). De hecho, en los nueve años anteriores a la crisis, el déficit presupuestario siempre se había mantenido por debajo del 3% del PIB, habiendo incluso llegado algunos años a tener superávit fiscal (más ingresos que gastos). Ello se dio en los tres años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis. No obstante, con la crisis se produce una caída en picado de los ingresos de las administraciones públicas, debido al cierre internacional del crédito, que provoca la quiebra de miles de empresas y el aumento estrepitoso del paro en el país, que pasa del 8% al 21% de la población activa en menos de tres años. De este modo, por un lado se ingresa menos, porque hay menos gente cotizando; y por otro lado, se gasta más, porque hay más gente que está cobrando la prestación del paro. La factura del gasto público también ha aumentado a causa de las ayudas al sector bancario, que, como veremos más adelante, asciende a un mínimo de 100.000 millones de euros. A su vez, hay una importante disminución de ingresos por la caída de la recaudación por el impuesto de sociedades, debido como se ha dicho, al cierre de muchas empresas. Ello ha supuesto que, en tan sólo dos años, el Estado español haya pasado de tener un superávit del 2% en el 2007 a un déficit del 11% en el 2009. Trece puntos de desajuste provocados por una crisis económica que tiene su origen en el descontrol financiero y también por la manera cómo se recaudan los impuestos en el Estado español, que es altamente regresiva. En efecto, el sistema fiscal español depende fundamentalmente de las rentas de trabajo de las clases asalariadas y no de la tributación sobre el capital de las clases altas y rentistas. Todo ello ha provocado que a finales del 2010 el déficit fiscal se haya situado en el 9,2% del PIB español (98.227 millones de euros), cuando la media de la UE es del 6,4%.12

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De este déficit el 64% es del Estado, las Comunidades Autonómicas tienen el 30% y las entidades locales el 6%

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Gráfico 4. Balanza fiscal española. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat

Lamentablemente, las soluciones que hasta la fecha ha llevado a cabo el Gobierno español para reducir dicho déficit han ido en la línea de recortar gastos públicos (con los gravísimos costes sociales que ello conlleva en ámbitos como el sanitario o el educativo, por citar dos sectores especialmente sensibles), en lugar de aumentar los ingresos vía impuestos directos. Así, mientras el Gobierno tranquilizaba a los mercados presentando un recorte en gasto social de 15.000 millones de euros, no se ha planteado ninguna reforma fiscal progresiva en profundidad. Y ello es muy grave ya que, como se ha señalado anteriormente, en los últimos años se ha producido una regresión en la recaudación de los impuestos, la principal vía de ingresos que tiene el Estado. Así, por ejemplo sucede con el impuesto de patrimonio. Este impuesto fue eliminado en 2008, que en el último ejercicio en que se declaró (2007), supuso una recaudación de más de 2.120 millones de euros para las arcas públicas. A finales de septiembre de 2011 el Gobierno español recuperó de dicho impuesto, pero de manera bastante descafeinada respecto al anterior. En la nueva modalidad tan sólo pagarán aquellos contribuyentes cuyo patrimonio supere los 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior. Además, el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble del que había en 2007.13 También durante la última década se ha producido la práctica desaparición de otro impuesto que favorece a las rentas superiores: el impuesto de sucesiones y donaciones, cuya recaudación se estima en 3.000 millones de euros. Asimismo, también es alarmante la disminución progresiva del tipo más alto del impuesto sobre las rentas del trabajo de las personas físicas (IRPF). Así, cuando se crea este impuesto en 1978, el tipo superior (el que pagan las clases que más salario perciben) era del 65%, mientras que en la actualidad, el tramo superior se sitúa en el 45%; es decir, ¡20 puntos menos! Por su parte, aunque el impuesto de sociedades nominalmente es del 30% para las grandes empresas, en realidad éstas únicamente tributan una media del 15%.14 No obstante, el gran capital se esconde en las Sociedades de Inversión de Capital Variable (las SICAV),15 que sólo tributan al 1%. Todo ello sin considerar el elevado fraude fiscal que impera en el país, que se estima entorno a los 80.000 millones de euros, cifra que supone más de 5 veces los recortes sociales del Gobierno socialista.16 En consecuencia, se entiende que para afrontar el equilibrio fiscal se debe desarrollar una nueva política fiscal, que obligase a pagar más a quién más tiene. De esta manera se

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Es importante tener en cuenta que el impuesto del patrimonio tan sólo grababa la riqueza que poseían las personas con un patrimonio superior a 120.000 €, ya excluidas hipotecas, deudas y cargas de bienes y derechos, y en el que computaban todos los bienes y derechos, salvo la vivienda habitual y el valor del negocio del cual el contribuyente obtenía su ingreso principal en el IRPF. 14 http://www.cincodias.com/articulo/economia/pagan-realmente-grandes-empresas-impuestos/20110510cdscdseco_1/ 15 Una SICAV es un instrumento financiero que permite invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos mediante la creación de una Sociedad Anónima cuyo objeto social es invertir en activos financieros. Actualmente este instrumento de inversión es uno de los más utilizados por personas con grandes capitales. 16 Esta cifra se ha encontrado en el artículo ¡Rebélate!, de Vicenç Navarro, que está colgado en el blog de Público desde el 14 de abril de 2011, en: http://blogs.publico.es/dominiopublico/3271/%C2%A1rebelate/

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recaudarían más impuestos, el déficit fiscal sería mucho menor y se podrían llevar a cabo políticas mucho más redistributivas. …y sobre la deuda pública Por lo que atañe a la deuda pública española (que representa lo que las administraciones públicas deben tanto a acreedores españoles como internacionales) cabe decir que hasta finales del 2010 cumplía estrictamente con los criterios de Maastricht. Así, a 31 de diciembre de 2010 ésta se situaba en el 60,1% del PIB español (ver gráfico 5). De hecho, la deuda pública española es de las más bajas de los países de la zona euro, ya que en muchos de ellos su deuda pública supera sorprendentemente ese umbral desde hace tiempo. Tal es el caso de Francia (82%), Alemania (83%), Portugal (93%), Irlanda (96%), Bélgica (97%), Italia (119%) o Grecia (143%). La media de la UE era del 80% y la de la zona euro del 85%. Como se observa en el gráfico, desde el 2000 la deuda pública española se ha situado siempre por debajo del 60% del PIB. No ha sido hasta el inicio de la crisis cuando ésta ha aumentado del 40% de 2008 al 60% de finales del 2010. Ello ha sido así, precisamente, por la necesidad del Gobierno Central de emitir deuda pública para poder hacer frente a las ayudas a los bancos privados y al aumento del déficit. Aún así, según las provisiones oficiales, la deuda pública se situará por debajo del 70% del PIB a finales de 2011.

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Gráfico 5. Deuda pública española de 1995 al 2011 (en % PIB). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat

Entonces, ¿por qué se centra la atención sobre la deuda pública española si ésta es de las más bajas de la UE? ¿Por qué los mercados no acosan de igual manera a otras economías europeas, como la francesa o la alemana, que tienen una deuda pública mucho mayor que la española? Es difícil responder a esta cuestión, pero parte de la respuesta se encuentra en el gráfico 3, en el que se muestra cómo precisamente son los bancos alemanes y franceses los que mayor deuda tienen contraída con la economía española (ya sea pública o privada). Son ellos los que también presionan para que la economía pública española esté lo más saneada posible, para el caso que el Estado español deba hacerse cargo de la deuda privada de los bancos españoles de la que ellos mismos son también acreedores. Pero ello tan sólo responde a parte de la pregunta planteada, ya que menos de la mitad de la deuda pública está en manos extranjeras. En realidad son los bancos e inversores españoles los principales acreedores de la deuda pública española, al poseer un 55% del total de la misma. Dado que ellos también son acreedores del Estado, le fuerzan a llevar a cabo “reformas” que ya están atentando gravemente contra el estado del bienestar, 42

presentándolas como necesarias e inevitables. Como acreedores obligan al Gobierno a que priorice el pago de las deudas que el Estado tiene con ellos por encima de su obligación básica, que es la de cubrir las necesidades sociales básicas de la población. Esta obligación se ha trasladado ahora a la Constitución española. La reciente reforma de la Constitución efectuada en septiembre de 2011, sin referéndum y con un amplio rechazo de la sociedad civil, no sólo fija un límite al déficit público, sino que establece que el pago de la deuda “gozará de prioridad absoluta”. Además determina que los créditos que generan dicha deuda “no podrán ser objeto de enmienda o modificación”, limitando así la capacidad soberana de negociar una reestructuración de la deuda o incluso decidir su repudio en caso que sea necesario.17 No teniendo suficiente con ello, los bancos también están exiendo al Gobierno que se endeude para convertir su deuda privada en deuda pública. ¿Cómo? A través de mecanismos tan sutiles y difíciles de entender para el conjunto de la población como son la compra de activos tóxicos (los más que improbables cobros de la burbuja inmobiliaria), avales, garantías y ayudas públicas para salvar y reestructurar al sector financiero. Así, desde el inicio de la crisis el Gobierno ha llegado a diseñar hasta tres mecanismos de ayuda al sector financiero. A inicios de octubre de 2008 se creó el Fondo de Adquisición de Ayudas Financieras,18 mediante el cual el Gobierno compró activos financieros de “máxima” calidad, con el fin (se decía) de financiar a empresas y particulares residentes en España. En realidad con este Fondo los bancos nunca llegaron a transferir créditos a la gente, pero sí que pudieron deshacerse de activos tóxicos que difícilmente podrían haber colocado en el mercado. Mediante este Fondo se dieron ayudas por un importe de 19.341 M€.19 En segundo lugar, el Consejo de Ministros del 13 de octubre de 2008 aprobó un plan de avales de hasta 100.000 M€,20 para adquirir títulos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. De éstos, se estima que los bancos han utilizado 60.000 millones de euros.21 Por último en septiembre de 2009 se crea el tercer mecanismo, que tal vez sea el más conocido: el FROB o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.22 Este fondo nació con una capacidad para endeudarse de hasta 90.000 millones y con un capital inicial de 9.000 millones de euros. La voluntad del Fondo es ayudar al sector financiero para que pueda sanear sus cuentas, aunque también está sirviendo para privatizar las cajas de ahorros, que cumplían con una cierta función pública. Desde su constitución se han realizado tres emisiones de bonos por un importe total de 7.750 millones, por lo que el capital actual total disponible del FROB asciende a 16.750 millones. De éstos ya ha utilizado casi 13.000 millones de euros. De todos modos, se estima que las cajas van a necesitar unos 6.500M€ más para su nueva reestructuración, por lo que el FROB puede llegar a necesitar unos 19.500 millones de euros. Así, por lo que se conoce en total se ha destinado un mínimo de 100.000 millones de euros (el 10% del PIB español) en ayudas públicas que han servido para que el sector financiero privado pueda deshacerse de activos tóxicos de sus balances, pagar parte de 17

Artículo 134.3 de la Constitución Española. Ver análisis en Gurusblog “La diabólica cláusula de la Reforma de la Constitución que entrega a España a los acreedores”, 1 de septiembre de 2011, http://www.gurusblog.com/archives/reforma-constitucion-entregaespana-acreedores/01/09/2011/ y “Reformando la Constitución o llamando al exorcista”, 31 de agosto de 2011, http://www.gurusblog.com/archives/reformando-la-constitucion-o-llamando-al-exorcista/31/08/2011/ 18 Para más información: www.fondoaaf.es/SP/PreguntasFrecuentes.html 19 www.fondoaaf.es/SP/RelacionDefinitivaEntidades.html 20 http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20081013.htm 21 http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2439899 22 www.frob.es

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sus deudas y reestructurarse para ganar competitividad y beneficios en el actual momento de crisis. Y ello, en su mayor parte ha sido posible porque el Estado se ha endeudado, en nombre de la ciudadanía, para poder facilitar esas ayudas a la banca privada. Es así como la banca privada, que en realidad es el sector más endeudado, ha conseguido con la presión que ejerce sobre el Gobierno, convertir sus deudas privadas en nuestras deudas públicas. Es, cuanto menos, una paradoja que los mismos actores que causaron la crisis sean los que ahora exijan que sea la población quien pague la fiesta de los años de crédito fácil. En este sentido debemos tener en cuenta que, cuando se nos dice que hay "presión de los mercados financieros", esta presión también tiene nombres y apellidos españoles, entre otros el Emilio Botín del Banco de Santander, el de Francisco González del BBVA, el de Rodrigo Rato de Bankia o el de Isidre Fainé de CaixaBank. Son ellos, entre otros, los que estuvieron especulando en el mercado inmobiliario, y ahora salen ganando. ¿Cómo sino es posible que los principales bancos españoles, junto a las grandes empresas, hayan podido maximizar beneficios incluso en años de crisis? ¿Cómo es posible que las empresas cotizadas en el IBEX – 35, en el año 2010, obtuvieran beneficios por más de 50.000 millones de euros, una cifra que triplica el recorte social aplicado por el Gobierno socialista? ¿Cómo es posible que más del 80% de las empresas del IBEX tengan sede en paraísos fiscales y nadie les diga nada?23 Siendo así las cosas, cuando los acreedores internacionales ven que el Gobierno español está dispuesto a todo tipo de artilugios financieros (garantías, avales, emisión de bonos…) para salvar al sector bancario, entonces entienden que a quien hay que presionar es al Gobierno, sabiendo que, en último término, el Estado avalará cualquier impago de los grandes actores privados, especialmente el de los bancos. Por ello, aunque la deuda soberana tan sólo debería referirse a lo público, en el caso español también concierne a la deuda privada, que es. Como se ha visto, donde realmente reside el problema de la deuda española. Los costes de oportunidad del pago de los intereses de la deuda española Las presiones de los acreedores tienen su efecto más allá de los ajustes para recortar el gasto. En efecto, también han conseguido que el Estado sea un buen pagador. Así, si analizamos el pago de intereses de la deuda española, observamos que éste está aumentando velozmente en los últimos años. Como se ve en el gráfico 6, en el 2011 el Estado gastará en intereses de la deuda un mínimo del 2,6% del PIB,24 llegando a niveles relativos del año 2000. En términos absolutos ello supone aumentar esta partida en más de un 65% en relación al inicio de la crisis, llegando a superar los 27.000 millones de euros. Cabe denunciar que el pago de los intereses de la deuda supone casi dos veces los recortes sociales del Gobierno para los años 2010 y 2011.

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http://www.expansion.com/2011/02/11/empresas/banca/1297382369.html Es probable que esta cifra sea superior debido al sobre coste de financiación de los bonos españoles. Según un estudio publicado en: http://www.lavanguardia.com/economia/20110803/54195641809/espana-puede-pagar-hasta-2-000-millones-mas-porfinanciarse.html, el Estado podría tener que pagar 2.000 millones más de lo presupuestado en intereses de la deuda. 24

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Gráfico 6. Evolución del pago de intereses. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Hacienda

En valores absolutos nunca se había pagado tanto por devolver intereses de la deuda, ni cuando éstos estaban mucho más altos que ahora. Ello es debido al aumento del importe total de la deuda a refinanciar, pero también al aumento del precio al que el Estado debe pagar por los intereses de esta refinanciación, debido a la presión de los mercados sobre la deuda pública española.25 Presión de la que en gran parte son responsables las agencias de calificación norteamericanas como Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s, que ganan enormes beneficios especulando con los bonos de deuda soberana, calificando a la baja deudas públicas tan saneadas como la española.26 Toda esta presión va en detrimento de la ciudadanía, que se está quedando sin recursos y, más que nunca, necesita de servicios públicos tan esenciales como son la salud, la educación, o los servicios sociales. Cabe destacar que las ayudas o subsidios sociales han pasado a ser esenciales para más de 1,3 millones de familias, en las que todos sus miembros se encuentran desempleados. Pero, ante todo lo expuesto, ¿hay alternativas? La alternativa pasa por ser valientes y decir NO. No pagaremos ' sus'deudas, las deudas que ahora el Estado está adquiriendo para salvar a los bancos de la quiebra. Nosotros, como miembros de una ciudadanía responsable y que demanda justicia, tenemos que decir no al golpe de estado financiero al que se nos ha sometido. Debemos decir no al chantaje del pago de una deuda que es ilegítima en su origen (ya que sólo está suponiendo beneficios a los banqueros y a algunos políticos), inmoral (por cuanto fuerza al Estado a desmantelar el estado del bienestar) e injusta (porque quien la está pagando es la población en lugar de aquellos que originaron la crisis). Digamos no, al tiempo que exijamos la auditoría de la deuda reclamada. Una auditoría como mecanismo para conocer el origen de la deuda, que nos permita repudiar aquella parte que es ilegítima, por cuanto ha supuesto un beneficio para unos pocos en detrimento de la gran mayoría de la población. En este sentido, es relevante y un buen precedente que el movimiento de Democracia Real Ya haya suscrito la primera Declaración Ciudadana ante la Estafa de la Deuda Pública, a la que desde aquí animamos a adherirse.27 25

A inicio de agosto de 2011 los especuladores llegaron a disparar el riesgo país por encima de los 400 puntos, dejando los bonos españoles a 10 años por encima del 6% de interés. Aunque luego el riesgo país ha disminuido entre los 300 – 350 puntos, España queda en zona de espera para ser rescatada por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, tal y como ya sucedió con Grecia, Irlanda y Portugal. 26 Ello ha motivado que varias asociaciones españolas de juristas y ciudadanos hayan presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional española contra estas agencias en la que las acusan de “alterar el precio de la deuda pública en los mercados” y de utilizar información reservada “de forma ilegítima” para beneficio propio o de sus clientes. Más información en: http://www.acordem.org/2011/04/23/las-tres-agencias-internacionales-de-calificacion-ante-los-tribunales-espanoles/ 27 Para más información y para adherirse a la misma: http://declaraciondeuda.democraciarealya.es

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Es obvio que hay más alternativas, como sería una reforma fiscal que permitiese que las clases altas pagasen los impuestos debidos, conforme a una legislación basada en la progresividad y en la persecución efectiva del fraude y la evasión fiscal. O la prohibición de los paraísos fiscales donde llegan los miles de millones de euros que se evaden. Ello evitaría el sobre endeudamiento del Estado y saldar déficit público, permitiendo que éste dispusiera de los recursos suficientes para llevar a cabo sus políticas sociales. Ello es posible. Tan sólo hay que creérselo y salir a la calle a reclamarlo. ¿Perderemos esta ocasión histórica para hacerlo posible?

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Auditoría ciudadana de la deuda: ¿por qué y cómo? Damien Millet , Eric Toussaint

Indudablemente, la cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. Se debe pagar. La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Permite que una proporción creciente de población comprenda todas las circunstancias e implicaciones del proceso de endeudamiento de su país. Una auditoría ciudadana consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país. Las preguntas que es necesario plantear ¿Por qué el Estado fue empujado a contraer una deuda que no deja de crecer? ¿Al servicio de qué opciones políticas y de qué intereses sociales ha sido contraída la deuda? ¿Quién se aprovecha de ella? ¿Era posible hacer otras opciones o era necesario? ¿Quiénes son los prestamistas? ¿Quiénes son los tenedores de la deuda? ¿Los prestamistas ponen condiciones para la concesión de los préstamos? ¿Cuáles? ¿Cuál es la ganancia de los prestamistas? ¿Por qué el Estado se vio comprometido, cuál fue su decisión, y bajo que concepto fue tomada? ¿Cuál es el monto de los intereses pagados, con qué tipo de interés, qué parte del principal ha sido ya reembolsada? ¿Mediante qué mecanismo las deudas privadas se convirtieron en «públicas»? ¿Bajo qué condiciones se hizo un determinado rescate bancario? ¿Cuál fue el coste? ¿Quién tomó la decisión? ¿Debemos indemnizar a los accionistas que son responsables del desastre, con administradores que ellos mismos habían designado? ¿Cuál es la parte del presupuesto del Estado que está destinado al reembolso del capital y de los intereses de la deuda? ¿Cómo financia el Estado el pago de la deuda? No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas Para responder a todas estas preguntas —y la lista no es exhaustiva— no hay ninguna necesidad de revelar secretos de Estado, de acceder a documentos no públicos del Banco Central, del Ministerio de Economía, del FMI, del BCE, de la Comisión Europea, de las cámaras de compensación como Clearstream o Euroclear, |1| o de contar con las confidencias de una persona que trabaja en el seno de uno de estos organismos. Por supuesto, habrá numerosos documentos protegidos celosamente por los gobiernos y los banqueros, que deberán ser puestos a la disposición del público y que serán muy útiles para afinar el análisis. Por lo tanto hay que exigir el acceso a la documentación necesaria para una auditoría completa. Sin embargo, es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público. Numerosas fuentes son accesibles para quien desee tomarse el trabajo: prensa, informes del Tribunal de Cuentas, las sitios Internet de las instituciones parlamentarias, del banco nacional, de la agencia encargada de la gestión de la deuda, de la OCDE, del Banco de Pagos Internacionales (BPI), del BCE, de los bancos privados, de las organizaciones o colectivos que ya se hubieran lanzado al estudio crítico del endeudamiento (www.cadtm.org, www.attac.org, www.quiendebeaquien.org/ ,...) los archivos de 47

colectividades locales, los informes de las agencias de calificación e incluso las memorias de tesistas. No se debe dudar en pedir a los parlamentarios que planteen preguntas públicas al gobierno o a mandatarios locales de hacerlo ante las colectividades locales. La auditoría no es una cuestión de expertos El proceso de una auditoría no es un proceso reservado a expertos. Por supuesto que son bienvenidos y que pueden aportar mucho al trabajo colectivo de una auditoría ciudadana. Pero un colectivo puede comenzar el trabajo sin tener necesariamente garantizada esa participación. Si se empiezan las investigaciones y se provoca un debate público, durante el proceso los colectivos se entusiasmarán y conseguirán diferentes asesoramientos. Cada uno y cada una pueden tomar parte y ponerse a trabajar para sacar a la luz del día el proceso de endeudamiento público. En 2011, un colectivo nacional se ha puesto en marcha en Francia por una auditoría ciudadana de la deuda (www.audit-citoyen.org). Reúne numerosos movimientos sociales y políticos, y el llamamiento a su constitución fue firmado por decenas de miles de personas. En el marco de esta iniciativa, se han organizado colectivos locales en muchos lugares de Francia. Por otro lado, se puede partir de realidades locales con el objetivo de participar en la auditoría de las deudas públicas. Se puede comenzar analizando los préstamos estructurados vendidos a las colectividades locales en Francia y Bélgica por Dexia u otros bancos. A este propósito, un trabajo ya fue realizado: la asociación «Acteurs publics contre les emprunts toxiques» o sea «Actores públicos contra préstamos tóxicos» reúne una decena de colectividades locales (www.empruntstoxiques.fr). Se puede también comenzar por estudiar las dificultades financieras encontradas en los hospitales públicos presentes en vuestro territorio. Se están desarrollando, al mismo tiempo que en Francia, iniciativas por auditorías ciudadanas en Grecia, en Irlanda, en España, en Portugal, en Italia y en Bélgica. Otros ámbitos en materia de deudas privadas también pueden abordarse. En países como España o Irlanda en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió a centenares de miles de familias en la ruina, sería útil investigar las deudas hipotecarias de las familias. Las víctimas de los manejos de los prestamistas pueden aportar sus testimonios y ayudar a comprender el proceso ilegítimo de endeudamiento que las afecta. Un campo de acción muy rico El campo de acción de una auditoría de la deuda pública es enormemente prometedor y no tiene nada que ver con su caricatura, que lo reduce a una simple verificación de cifras realizadas por contables rutinarios. Más allá de ese control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de sus gobernantes por los ciudadanos. Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos totalmente elementales, reconocidos en el derecho internacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente. El derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que los gobiernan, de informarse de todo lo que concierne a su gestión, sus objetivos y sus motivaciones es intrínseco a la propia democracia. Esto emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y de participar activamente en los asuntos públicos y por lo tanto comunes. El hecho de que los gobernantes se opongan a la idea de que los ciudadanos y ciudadanas osen realizar una auditoría ciudadana es revelador de una democracia muy enferma. Que por otra parte no para de bombardearnos mediáticamente con su retórica sobre la transparencia. Esta necesidad permanente de transparencia en los asuntos 48

públicos se transforma en necesidad social y política totalmente vital, y por esta razón, la verdadera transparencia es la peor pesadilla para las elites. Una auditoría ciudadana para el repudio de la deuda ilegítima La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública, combinada, gracias a una importante movilización popular, con una suspensión del reembolso de la deuda pública, debe llevar a la anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una reducción drástica del resto de esa deuda. No es cuestión de apoyar los alivios de deuda decididos por los acreedores, especialmente a causa de las severas contrapartidas que implican. La anulación de la deuda, que desde ese momento es un repudio por el país deudor, es un potente acto soberano unilateral. ¿Por qué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública al proceder a la anulación de las deudas ilegítimas? En primer lugar por razones de justicia social, pero también por razones económicas que cualquiera puede comprender y apropiárselas. Para salir de la crisis de forma satisfactoria, no podemos contentarnos de reactivar la economía gracias a la demanda pública y a la de las familias. Puesto que si nos contentamos con una política económica de reactivación combinada a una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de la recaudación fiscal será absorbido en gran parte por el pago de la deuda pública. Las contribuciones que se impondrán a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas (nacionales o extranjeras) estarán ampliamente compensadas por la renta que obtendrán de las obligaciones del Estado, ya que por lejos son los principales tenedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren ni oír hablar de una anulación de la deuda). Por lo tanto es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema deuda (en este nivel, la auditoría ciudadana cumple una función crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas y en los lugares de trabajo mediante las actuales movilizaciones y las que estén por venir. La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria pero no suficiente para que los países de la Unión Europea puedan salir de la crisis. Se necesitan medidas complementarias: reforma fiscal redistributiva, transferencia del sector de las finanzas al ámbito público, resocialización de otros sectores claves de la economía, reducción del tiempo de trabajo con el mantenimiento del salario y contratación compensatoria, y tantas otras medidas |2| que permitirían cambiar radicalmente la situación actual que llevó al mundo a un explosivo callejón sin salida. Traducido por Griselda Pinero.

notes: |1| Clearstream y Euroclear están entre las principales cámaras de compensación (clearing houses) y poseen el registro de una gran parte de los títulos de deuda pública en poder de los bancos. Una cámara de compensación es un organismo que calcula las sumas netas a pagar y que ejecuta los pagos. La compensación es un mecanismo que permite a las instituciones financieras pagar los montos adeudados y recibir los activos correspondientes a las transacciones que ellas efectuaron en los mercados. De esa manera, las instituciones financieras sólo tienen flujos financieros y de títulos con las cámaras de compensación. |2| Véase http://www.cadtm.org/Ocho-propuesta... infos article URL: www.cadtm.org/Auditoria-ciud... Damien Millet es portavoz del CADTM Francia (www.cadtm.org); Éric Toussaint es doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM Bélgica, miembro de la Comisión de la auditoría integral de la deuda (CAIC) del Ecuador y del Consejo Científico de ATTAC Francia. Ambos dirigieron el libro colectivo La Deuda o la Vida, Icaria editorial, Barcelona 2011, que recibió el Premio del libro político en la Feria del libro político de Lieja en 2011. Eric Toussaint participó también en el libro de ATTAC: Le piège de la dette publique. Comment s’en sortir, éditions Les liens qui libèrent, París, 2011.

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Nuestras tres A: Auditoría, Acción, Anulación Damien Millet – Eric Toussaint

AAA… Estas tres letras que resuenan como una risa sarcástica designan la nota máxima concedida por las agencias de calificación. Una empresa o un Estado con nota AAA inspira confianza a los prestamistas y a los especuladores, y le permite pedir préstamos a menor coste. Pero para obtener —o conservar— esta nota emblemática, los gobiernos europeos se aprestan a todo, y aplican políticas de rigor que no hacen más que someter sus economías a lo dictado por los acreedores. Detrás de estas AAA se esconden fuertes regresiones sociales, violaciones de derechos humanos, sangre y lágrimas para las poblaciones más frágiles. AAA…es la risita de las hienas — los acreedores— cuando los derechos de los pueblos son sacrificados con la complicidad activa de los dirigentes de los países europeos, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Central Europeo (BCE). Prestamistas y especuladores se arriesgaron en forma insensata, seguros que las autoridades públicas irían a rescatarlos en caso de crisis. Hasta aquí tuvieron razón. Se pusieron en marcha planes de rescate de bancos, los Estados aportaron garantías por millares de millones de euros, los deseos de los acreedores fueron satisfechos. Los Estados gastaron sumas colosales para salvar los bancos antes de imponer planes de austeridad masivos. Y contra estos planes, los pueblos se alzan a menudo con determinación. Manifestaciones, huelgas generales, movimiento de indignados, luchas sociales son portadoras de esperanzas cuando consiguen federarse a escala europea. ¡Pueblos de Europa, unámonos! Desde hace tres décadas, las políticas neoliberales elevaron el endeudamiento a un nivel insoportable para las clases medias y modestas sobre quienes pesa lo esencial del reembolso. La deuda pública de los países europeos tiene dos causas fundamentales: por una parte la contrarrevolución fiscal comenzada en los años 1980 que favoreció a los más ricos, y por otra las respuestas dadas por el Estado a la crisis actual, causada por las inversiones desbocadas de banqueros y de fondos especulativos. La desregulación financiera suprimió las indispensables barreras, permitiendo la creación de productos financieros cada vez más complejos que condujeron a graves excesos y a una crisis económica y financiera mundial. Ahora, las políticas aplicadas protegen a los responsables de la crisis y hacen pagar el precio a los pueblos víctimas. Es por eso que esta deuda es ampliamente ilegítima. Mientras dure la lógica actual, la dictadura de los acreedores podrá imponer incesantes retrocesos a las poblaciones. Una Auditoría ciudadana de la deuda pública, acompañada de una moratoria sin penalización del pago, es la única solución para poder determinar la parte ilegítima, incluso odiosa de la deuda. Es evidente que se debe llegar a la Anulación sin condiciones de esa parte ilegítima. Pero para que esto pueda suceder, los pueblos deben continuar con su movilización. Mediante la Acción, deben imponer otra política, que sea respetuosa de los derechos fundamentales y del planeta. Esta Acción nos debe conducir a una Europa construida en base a la solidaridad y la cooperación que dé la espalda a la competencia y a la competitividad. La lógica neoliberal condujo a la crisis y ha revelado su fracaso. Esta lógica, que subyace en todos los textos fundadores de la Unión Europea, con el Pacto de Estabilidad y el Mecanismo Europeo de 50

Estabilidad a la cabeza, debe ser derrotada. No hay que uniformizar las políticas presupuestarias y fiscales puesto que las economías europeas presentan fuertes diferencias, pero deben coordinarse para conseguir que surja una solución que promueva «hacia arriba» esas políticas. Europa debe también terminar radicalmente con su política de fortaleza asediada frente a los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio igualitario y verdaderamente solidario respecto a los pueblos del Sur. El primer paso debe consistir en anular la deuda del Tercer Mundo de manera incondicional. Como es evidente, es necesario derogar los actuales tratados europeos y reemplazarlos por nuevos, en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático, que permita echar las bases de «Otra Europa». Auditoría, Acción, Anulación, son las AAA que deseamos, la de los pueblos y no las de las agencias de calificación. Ponemos esta reivindicación en el centro del debate público para afirmar con fuerza que otras opciones políticas, económicas y financieras son posibles. Pero solamente unas potentes luchas sociales permitirán el triunfo de las AAA de los pueblos, y un cambio radical de lógica que esté a la altura de los desafíos planteados. Traducido por Griselda Pinero.

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Lecciones desde la comisión de auditoría de la deuda pública griega Yorgos Mitralias

¿Cuáles son las prioridades, tareas y ambiciones para la auditoría ciudadana de la deuda pública en Europa en los tiempos de la Troïka?

Algunas lecciones útiles de la campaña por una Comisión de auditoría de la deuda pública griega, en el primer aniversario de su constitución En el momento en el que la Campaña griega por la auditoría de la deuda pública es emulada un poco por toda Europa, se impone hacer un primer balance de su actividad con el fin de extraer lecciones útiles para todo el mundo. En efecto, dado que esta campaña griega ha dado sus primeros pasos hace exactamente un año, y que ha sido la primera en abordar esta experiencia totalmente inédita en el Norte planetario, es normal reflexionar sobre sus dilemas, sus éxitos y sus ’impasses’ para lanzar, por fin (!), el debate no tanto sobre la deuda misma, sino más bien sobre la dimensión política, social y sobre todo de movimiento y emancipación del combate por la auditoría independiente y ’desde abajo’. Teniendo todo esto en mente, se impone una primera constatación fundamental en forma de advertencia: Siendo muy rica en enseñanzas prácticas y teóricas, la exitosa experiencia ecuatoriana de auditoría de la deuda pública no puede repetirse en la Europa de la crisis en los tiempos de la Troïka. La razón es muy simple: Salvo situación auténticamente (pre)revolucionaria, no habrá un presidente como Rafael Correa europeo que firme los decretos que faciliten una Comisión independiente de auditoría de la deuda. Huelga decir que en caso de situación prerrevolucionaria, la cuestión de la auditoría de la deuda tenderá a ser eclipsada ante la urgencia de otros temas... Esta primera constatación es rica en enseñanzas prácticas. Para empezar, ayuda a situar con más precisión las ambiciones y la misión de las campañas por la auditoría de la deuda pública que están naciendo por toda Europa. En efecto, la imposibilidad "objetiva" de que haya "Correas" europeos, se traduce en la imposibilidad de que las auditorías independientes penetren en el secreto de estado de sus deudas, o tengan acceso a todos los documentos necesarios para identificar la parte ilegítima (y escandalosa) de esa deuda. En los tiempos de los ’diktats’ de la Troïka supranacional en los que la burguesía viola alegremente su propia Constitución y vacía de casi todo contenido democrático su régimen parlamentario (ver el caso de Grecia, que está lejos de ser una excepción a la regla), sería ilusorio e incluso naïf creer que la sola invocación de los derechos democráticos podría obligar a los guardianes del templo capitalista a abrir sus archivos para facilitar la realización de una auditoría de (su) deuda pública... Sin embargo, las dificultades de las auditorías europeas de la deuda no se resumen únicamente en la obstrucción activa de la autoridades del país en cuestión. En realidad, a partir de ahora es la Santa Alianza del FMI, el BCE y la Comisión Europea, apoyada por el conjunto de las cancillerías europeas, quien prohíbe por todos los medios, o al menos hace muy difícil la realización de toda auditoría integral de una deuda, porque la considera -con razón- como un auténtico crimen de lesa majestad. La consecuencia práctica de todo esto es evidente: ¡Llevar a término una auditoría ciudadana integral y detallada de la 52

deuda pública en la Europa actual es prácticamente misión imposible! Esta verdad debe ser admitida, explicada y dicha abiertamente, porque en caso contrario, la dura realidad se va a vengar de las ilusiones infundadas, provocando rápidamente el desánimo de los militantes y otros expertos de buena fe en el momento en que tomen consciencia de que perseguían una quimera... Pero atención: Esta imposibilidad objetiva de llevar a término una auditoría ciudadana integral de la deuda en la Europa actual no significa de ninguna manera la imposibilidad de emprender y hacer avanzar una auditoría o, aún más, de traducir en potente movimiento de masa la "filosofía" de esta auditoría de la deuda pública. De hecho, sólo el desarrollo de tal movimiento ’desde abajo’ podría crear la relación de fuerzas capaz de vencer las resistencias de ’los de arriba’ con el fin de llevar a buen puerto las auditorías de la deuda pública... Emprender -y llevar lo más lejos posible- una auditoría de la deuda significa, para empezar, plantear públicamente la cuestión de la transparencia y de la gestión democrática de esta deuda pública. Esto tiene como consecuencia casi inmediata desacralizar y desmitificar esta deuda a los ojos de los ciudadanos que han sido educados (por los da arriba) para no mezclarse con los affaires que son dominio de los "expertos" y gobernantes, para no ejercer su derecho democrático de controlar los actos de las "autoridades". Es una tarea que las campañas por la auditoría de la deuda deben asumir como prioridad si quieren habituar a la sociedad a la idea de a) que no debe dejar que otros decidan por ella y b) que ella debe tomar el destino en sus manos. LA AUDITORÍA ¿SÓLO CUESTIÓN DE EXPERTOS? La condición ’sine qua non’, tanto para emprender y hacer avanzar la auditoría de la deuda con éxito, como para completar su misión altamente pedagógica hacia la sociedad, es que no sea, desde el principio, una cuestión sólo de expertos, siquiera de izquierdas o muy radicales. En efecto, vista la imposibilidad de que los gobernantes y el Estado colaboren, es solamente la sociedad movilizada y los ciudadanos "anónimos" en los ministerios, los servicios públicos y los ayuntamientos, las empresas, las facultades y los despachos los que pueden advertir a la Comisión y sus expertos de la existencia de préstamos y de deudas ilegítimas y escandalosas, y los que pueden proporcionar los documentos confidenciales y orientar correctamente la auditoría. En suma, sin la colaboración, o mejor, sin la participación activade estos "anónimos" que tengan un conocimiento directo de los dossiers de los escándalos, la auditoría o no existiría o estaría condenada de antemano a generalidades sin jamás poder entrar en el meollo del tema de las deudas ilegítimas. Evidentemente, tal enfoque de la auditoría debe tener siempre en cuenta el hecho de que tarde o temprano habrá una intervención -incluso enérgica- del Estado para frenar la investigación y hacer callar las voces que cuestionan la legitimidad de su deuda. Esto quiere decir que a) no hay que hacerse ilusiones sobre el eventual resultado final de la auditoría y b) hay que preparar a los militantes de la campaña de la auditoría, pero también a toda la sociedad, vista la intervención brutal de aquellos que quieren bloquear la investigación. Este enfoque realista de la auditoría de la deuda tiene el mérito de no limitar de antemano el campo de investigación sólo a la deuda pública "oficial". En efecto, desde el momento en que deseamos y fomentamos la participación activa de los ciudadanos en la auditoría, 53

debemos contar con que estos ciudadanos y sus movimientos, sindicatos y otras redes sociales vienen a llamar a la puerta de la Comisión (o campaña) de auditoría para pedir su ayuda y su saber hacer (’know how’) para realizar auditorías de las deudas cuya existencia ni sospechábamos con anterioridad. Y, debemos reconocer, es sobre todo la auditoría de estas deudas la que tiene más posibilidades de conseguir resultados concretos y políticamente útiles porque estará fundada sobre la contribución irreemplazable de aquellos que aportan su conocimiento del terreno y de la multitud de documentos obtenidos gracias a sus luchas. Otra consecuencia práctica de este "enfoque realista" de la auditoría de la deuda en los tiempos de la Troïka y de la represión feroz, es que el tiempo de esta auditoría no es ilimitado, está contado de antemano. En otras palabras, esto quiere decir que el trabajo de investigación no puede extenderse sobre la totalidad de la deuda en cuestión, sino que debe -desde el principio- concentrarse en algunas deudas (dos o tres) que parezcan las más escandalosas con el fin de que la auditoría consiga lo antes posible resultados tangibles. Porque, hay que decirlo, la credibilidad ganada inicialmente ante la sociedad por las campañas por la auditoría de la deuda no es eterna, especialmente en estos tiempos de crisis sistémica que usa rápidamente la moral y el cuerpo de la gente. Así pues, para renovar y guardar intacta esta credibilidad, sin la que no hay campaña contra la deuda, nos han falta rápidamente resultados. Aunque sea mínimos pero concretos... La conclusión salta a la vista: No podemos tener una auditoría ciudadana de la deuda digna de ese nombre sin que haya participación activa y directa de la sociedad movilizada, sin que se asocien, en pie de total igualdad, los movimientos sociales, sindicatos obreros y asociaciones de ciudadanos de todo tipo que quieran luchar contra la deuda y por su auditoría desde abajo. Dicho esto, la presencia de trabajadores y otros ciudadanos movilizados en las campañas por la auditoría de la deuda pública no puede limitarse a este rol "utilitarista" que acabamos de reconocerle. Estando desde ahora enfrentados a una crisis cataclísmica del capitalismo y de su régimen político que obliga, al menos -para empezar- en algunos países, a una gran mayoría de ciudadanos a radicalizarse y a buscar soluciones radicales, debemos por fin plantearnos la cuestión de la verdadera finalidad de la auditoría de la deuda, o sea, para qué sirve, o mejor, para qué debe servir. Entonces, en las actuales condiciones de crisis sistémica y de lucha y de lucha de clases paroxísticas, nuestra respueste debe ser categórica: No son los ciudadanos los que deben ponerse al servicio de la auditoría, sino que es la auditoría la que debe servir a las luchas de resistencia y de emancipación de los ciudadanos. La auditoría de la deuda no es un fin en sí mismo, no es más que un instrumento, un medio al servicio de la lucha por la emancipación de los trabajadores y de todos los ciudadanos sumidos en la opresión capitalista. GENERALIZAR LAS AUDITORÍAS DESDE ABAJO Llegamos así a lo que debe ser la misión, la prioridad, la tarea, el fin último e incluso la razón de ser de una campaña por la auditoría de la deuda pública en la Europa de los tiempos de la Troïka: El apoyo con actos de la puesta en marcha de ciudadanos en revuelta antisistémica a través de la generalización de las auditorías emprendidas por ellos mismos ahí donde vivan, trabajen, consuman, estudien, se cuiden, respiren, comuniquen, se expresen, se diviertan y desarrollen su personalidad. Todo ello respetando la autonomía de los movimientos sociales que son, en última instancia, los únicos aptos para elegir sus objetivos y sus formas de lucha, la orden de tal 54

acercamiento al combate ciudadano contra la deuda y por la auditoría de la deuda no puede ser otra que "¡Controlemos nosotros mismos a los que nos gobiernan. Abramos nosotros mismos sus libros de cuentas. Tomemos nuestros destinos en nuestras manos!" Pero, nos preguntaremos, ¿En qué consiste este "apoyo con actos de la puesta en marcha de ciudadanos en revuelta" del que hemos hablado antes? En suma, ¿Qué debe hacer una campaña por la auditoría de la deuda para traducir su combate en términos de movilización en la base de la sociedad? La respuesta salta a la vista: La primera cosa que esta campaña debe hacer es dirigirse directamente a la sociedad para explicar claramente y sin medias tintas su intenciones, el porqué, el cómo y el objetivo final de lo que quiere hacer. Es decir, acostumbrar a los trabajadores y a ’los de abajo" a la idea de que son capaces, de que pueden y deben (auto)organizarse para realizar sus propias auditorías ahí donde viven, trabajan y estudian. Nada mejor, pues, que una llamada a los ciudadanos que "legitima" -explicando, analizando y dando sentido- la constitución por todas partes de comités ciudadanos de base a la voz de "¡Controlemos al poder, tomemos las riendas de nuestros destinos, abramos los libros de cuentas de los que nos gobiernan!"... Huelga decir que estos comités ciudadanos de base disfrutan de una total independencia en relación a la Comisión de auditoría de la deuda pública, asociándose a ella en el marco de la campaña por la auditoría de la deuda pública. Aquí, evidentemente, se plantea -por enésima vez- la cuestión clave de la autonomía de los movimientos sociales que sigue planteando problemas a las formaciones de izquierdas, con todas las tendencias confundidas. El debate en torno a esta cuestión es casi tan viejo como el movimiento obrero y nosotros no quisiéramos repetir aquí los argumentos de principios en favor de la independencia de los movimientos sociales. Por el contrario, sería interesante detenerse un poco ante una "novedad", un argumento suplementario ofrecido por la actualidad social más candente: Querer tratar a los movimientos como correas de transmisión de las elecciones (políticas y otras) decididas en su seno, es actualmente el camino más corto que lleva al aislamiento de la franja más avanzada de la sociedad de sus vanguardias. No mostrar un respeto total por la autonomía de los movimientos de los de abajo es cortar de antemano con movimientos como los indignados, los Aganaktismeni o los Occupy Wall Street, que defienden celosamente su independencia y se caracterizan por su desconfianza pronunciada hacia el mundo político tradicional. Pero, diremos, ¿Qué quedaría de las relaciones de una Comisión de la auditoría con sus comités ciudadanos de base si estos últimos fueran totalmente independientes? La respuesta no es difícil: Esta independencia no excluye en absoluto la existencia de relaciones incluso persistentes a condición, naturalemente, de que esas relaciones se desarrollen voluntariamente y en pie de igualdad. Más concretamente, la Comisión de la auditoría de la deuda puede y debe ganar la confianza de los comités ciudadanos de base mostrándose, simplemente, útil para sus luchas y acciones cotidianas. ¿Cómo? Ofreciéndoles su ayuda (eventualmente material también), sus consejos, su expertise y sus expertos, sus contactos nacionales e internacionales, pero sobre todo su visión global de la situación y de sus perspectivas en función de las necesidades de la lucha anticapitalista. La Comisión de la auditoría de la deuda puede también y debe servir como referencia (programática y política) mayor a todos estos comités ciudadanos de base, ella debe conectarlos en red, facilitar su coordinación, darles la posibilidad concreta de entrar en contacto con las campañas y movimientos análogos en el extranjero, que aprovechen sus 55

experiencias, organizar para sus militantes cursos de formación teórica y práctica (por ejemplo, lo que hace falta saber para realizar una auditoría...), etc. He aquí en pocas palabras, en qué debe consistir la aportación tangible de una Comisión de auditoría de la deuda a un movimiento social con la misma sensibilidad. En suma, he aquí como esta Comisión puede ganarse la confianza de los comités de base y desarrollar relaciones sólidas con ellos, respetando escrupulosamente su independencia y su autonomía... Es evidente que la conexión en red de todos estos comités no se puede hacer en un día, sino que es necesario cierto tiempo. Sin embargo, la perspectiva de esta conexión en red debe ser explicada desde el principio, no sólo para mostrar que no hay nada que esconder, sino también porque hace falta que la acción de los comités ciudadanos de base se impregne lo antes posible de este espíritu tolerante y unitario sin el que no hay movimiento social capaz ni de inspirar a los explotados, ni de contestar la total potencia del sistema capitalista. Pero hay algo más. En estos casos de crisis sistémicas prolongadas, que llevan aparejados enfrentamientos de clase exacerbados (como por ejemplo en la Grecia de hoy), no hay que perder de vista las potencialidades de la dinámica desarrollada por la extensión y la conexión en red de estos comités ciudadanos de base. En la medida en que se imponen como factores ineludibles de la gestión cotidiana de grandes sectores de la sociedad, estos comités pueden comenzar por aparecer -por otra parte, en su justo término- como embriones de un contrapoder naciente, de un contrapoder alternativo. Aunque parezca aún muy lejano, tal perspectiva no es política-ficción, si tenemos en cuenta tanto la gravedad de la crisis sistémica actual como la radicalidad de la revuelta popular que genera en el seno de nuestras sociedades. Así, un congreso de todos estos comités ciudadanos de base ejerciendo diariamente su control -y eventualmente su derecho de veto- sobre la gestión de las diversas autoridades públicas y privadas, nacionales y locales, representaría un enorme salto cualitativo en la lucha desde abajo contra sus verdugos neoliberales. Lo que vale para los comités ciudadanos de base en relación con la Comisión de auditoría de la deuda, vale también para todos los movimientos que luchan por la anulación de la deuda ilegítima. Por ejemplo, en Grecia, la "Iniciativa de mujeres contra la deuda y las medidas de austeridad" que, siendo totalmente independiente, tejiendo relaciones de colaboración estrecha con la campaña por la auditoría de la deuda pública, ha podido en pocos meses no sólo desarrollar una argumentación sólida explicando y "legitimando" la especificidad de la lucha de las mujeres contra la deuda y sus efectos ("nadie lo hará en nuestro lugar"), sino también llevar a cabo algunas acciones ejemplares con un impacto social más que apreciable (ver anexos). Tales movimientos contra la deuda (por ejemplo, movimientos contra la deuda de los jóvenes, de los periodistas, de los artistas, de los parados, etc.) pueden muy bien ponerse en contacto entre ellos y engrosar los rangos del movimiento de los comités ciudadanos de base. Su aportación a este movimiento será por otra parte preciosa desde el momento en que, por ejemplo, el movimiento de mujeres aportará una sensibilidad feminista, lo que constituye la mejor defensa contra el sexismo, pero también contra otras formas de racismo o de no respeto al derecho a la diferencia... LA UNIÓN (INTERNACIONAL) HACE LA FUERZA Por otra parte, con el alargamiento de la crisis, una campaña por la auditoría de la deuda desplegada únicamente en el interior de las fronteras naacionales es de aquí en adelante más difícilmente concebible que ayer. Frente a un enemigo (de clase) supranacional unido, rodado, experimentado, coordinado, sobrearmado y, sobre todo, determinado a pelearse durante mucho tiempo con la clase obrera, los trabajadores y todos los 56

oprimidos, todo intento de resistencia a la barbarie neoliberal que pretendiera permanecer encerrado en sus fronteras nacionales está condenado de antemano al fracaso. Esta afirmación, que valía ya ayer para todos los movimientos sociales, vale hoy aún más para todos los movimientos de contestación radical de la deuda desde el momento en que esta deuda y las políticas de austeridad draconiana que engendra están totalmente internacionalizadas. Pero actualmente hay algo más para hacer obligatoria la internacionalización del combate por la auditoría de la deuda pública. La extensión de la crisis de la deuda por toda Europa y su periferia árabe tiene al menos una consecuencia positiva: ¡Hace nacer resistencias cuyo punto culminante es la creación de campañas de auditoría de la deuda pública -muy pronto- en una docena de países! El encuentro, el intercambio de experiencias, la conexión en red, la coordinación y, sobre todo, la elaboración programática y la acción común de todas estas campañas europeas (pero también extraeuropeas, hay que pensar en las de Egipto y Túnez) son actualmente de una urgencia absoluta y constituyen una tarea prioritaria para todos nosotros, Como bien dicen los anglosajones, "united we stand, divided we fall"... En conclusión, podríamos muy bien afirmar que la verdadera razón de ser de una campaña o de una comisión de auditoría de la deuda pública en los tiempos de la Troïka y de los Memorandums, es contribuir a dinamizar, radicalizar y a poner en marcha hacia su emancipación a una sociedad ya revuelta contra los planes de austeridad y el sistema que los genera. ¿De qué manera? Animando y ayudando directamente a la auto-organización de los ciudadanos en las colectividades de lucha contra la deuda y la austeridad, con el fin de que se familiaricen tanto con el control ciudadano de los actos de "los de arriba", como con la idea de que son capaces de gestionar ellos mismos democráticamente su cotidianeidad. En suma, con el fin de que tomen las riendas de sus vidas y sus destinos. Ni más, ni menos... traducción : Fatima Fatale

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Cuestionar la deuda es prioritario hoy. por una campaña de auditoría ciudadana de todas las deudas (y de todos los acreedores). Comisión Economistas IA

1. La lucha de clases es hoy entre acreedores y endeudados Las principales razones del gasto público no han sido las del incremento gasto social, sino sobre todo rescates, recapitalizaciones y avales a la banca de gigantescas proporciones; subvenciones, desgravaciones y exenciones al capital; y sólo en un segundo plano las prestaciones al desempleo ante un paro creciente. Entre las causas del endeudamiento creciente del sector público está una presión fiscal, inferior a la media europea y de carácter cada vez más regresivo, desfavorable a las rentas del trabajo en relación con las del capital, que no ha sido suficiente para financiar los gastos e inversiones públicas. Cabe entonces reflexionar sobre el papel de la deuda pública y acerca de dónde está realmente el problema. La deuda pública española es de las más bajas de los países de la zona euro. Tal es el caso de Francia (82%), Alemania (83%), Portugal (93%), Irlanda (96%), Bélgica (97%), Italia (119%) o Grecia (143%), a pesar de que el máximo admitido sería del 60%. La media de la UE era del 80% y la de la zona euro del 85%. España tiene niveles de deuda soberana, que no superan el 70% del PIB a finales de 2011, un nivel parejo al de 1996, cuando no preocupaba en absoluto. Se trata de una deuda pública, todavía, con un nivel bajo-moderado. Aunque es inocultable la velocidad de su crecimiento. La deuda en su conjunto, tanto pública como sobre todo privada, ha crecido enormemente en estos últimos quince años. La desregulación financiera y políticas monetarias aspiraban a estimular la economía no por los salarios o la inversión, sino a través de la deuda. En cualquier caso, el peso de la deuda pública al día de hoy en el conjunto de ese montante es apenas del 16% del total. Pero, ¿entonces, dónde está el problema?. Pues que el capital privado está saneando sus cuentas privadas a cargo de las políticas y fondos públicos, lo que explica la explosión creciente de deuda pública a costa del conjunto de la ciudadanía y de las rentas del trabajo. Por tanto, el problema está en la envergadura de la deuda privada. Se alcanza ya un peso global de casi un 396,1% del PIB en el total de la deuda, y el 84% es de origen privado, fundamentalmente de entidades financieras e industriales privadas. En suma, la cuestión de la deuda es sumamente importante porque: se trata de una enorme losa para el desarrollo económico. Está paralizando la actividad (los flujos de devolución de servicios de la deuda dificulta la reinversión) y destruyendo tejido productivo y empleos. Porque las políticas neoliberales están tratando de socializar la crisis entre la población trabajadora para rescatar al núcleo oligárquico del capital. Otro problema, por su extensión social, es el de la deuda hipotecaria, que aunque tiene un peso relativo en el conjunto, es crucial para el destino un gran número de familias. En definitiva, la lucha de clases hoy adopta la forma de una tensión entre acreedores y endeudados, y es preciso abordar esta dimensión.

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2. Deuda y Recortes: Un pretexto interesado El objetivo número uno del nuevo gobierno es pagar religiosamente la deuda. Para ello se han acometido políticas de recorte muy severas en los presupuestos, servicios y personal del sector público, así como un incremento impositivo, que recaerá fundamentalmente sobre las clases medias, y que tiene un propósito recaudatorio. En el primer trimestre de 2012 el gobierno reformará la legislación laboral con contenidos lesivos a los derechos laborales. Es preciso dejar claro la injusticia y lo contraproducente de esta orientación política. Veamos por qué: • Los rescates (que hasta Marzo de 2010 en todo el periodo de crisis han ascendido a 329.000 millones de euros a la banca española, según datos de la UE) e inmensos avales bancarios (100.000 millones de euros) y las diversas fórmulas que va a montar el PP, con recursos públicos para sanear las cuentas bancarias (fusiones, banco del suelo o banco malo, etc…), incrementarán de manera formidable la deuda pública. • El déficit exterior alcanza cifras de fábula, más aún la deuda global, sobre todo achacable a la deuda privada de las empresas. El propósito del gobierno es, en gran medida, socializar a gran escala las deudas privadas volcándolas en forma de deuda pública. Para ello va a emprender un desguace de los servicios de bienestar y de las pocas empresas que quedan del sector público, una agresión brutal a las plantillas de empleados públicos, y políticas de erosión de las condiciones de vida y empleo de la clase trabajadora. Este colosal ajuste ni siquiera resolvería el problema aún de realizarse durante generaciones, no sólo por la dimensión de la deuda global acumulada. Será completamente ineficaz porque este tipo de política agudizará la inclinación depresiva de la economía, lo que empeorará las condiciones y tendrá como efecto un incremento de la deuda, pero con el efecto de que la proporción de la deuda pública sea mayor en el total. No es esta la vía para solucionarlo, ni tiene sentido sacrificar tanto a la población si ni de lejos se podrá hacer frente al problema. •¿No sería completamente imprescindible cuestionar el modelo de la Unión Europea, que con un mercado y moneda únicos, sin sector público que ni siquiera contrarreste las desigualdades, aboca a unos galopantes déficits de balanza de pagos y a un incremento constante de las necesidades de financiación de los países periféricos e, indirectamente, un aumento de presión para endeudarse?. ¿Cómo se admite que el Banco Central Europeo financie de manera barata a la banca privada, mientras esta recibe unos tipos de interés enormemente lucrativa cuando presta a los Estados?. ¿Cómo es que no se cuenta en la Unión Europea con una agencia de calificación de riesgos pública e independiente de los intereses particulares?. Mientras continúe la orientación actual de las políticas europeas y del modelo de la UE y sus recientes pactos (Euro plus, Tratado del Euro), y se cuente con un BCE entregado a la oligarquía financiera, aumentará el endeudamiento exterior de los países periféricos. Y esa deuda externa aumentará las necesidades de financiación de los países más débiles. En suma, la deuda ni se ha de pagar ni se puede pagar. Por tanto, el coste de la situación ha de recaer en los capitalistas. 59

Entonces, ¿para qué estos recortes?. Todo apunta a los siguientes objetivos: Para someter a la población mediante el paro (y obligarla a aceptar cualquier empleo), a la deuda del Estado y de su propia deuda familiar. Para blindar a las oligarquías financieras y las grandes compañías industriales y energéticas. Para elevar la tasa de explotación y aumentar la tasa de rentabilidad, en un contexto de crisis estructural y decadencia capitalista. 3. Por una Campaña por la Auditoría Ciudadana de todas las Deudas La deuda debe entenderse en términos muy amplios. Existe una profunda deuda ecológica, y también Europa y el Estado español tienen un papel fundamental como acreedor de la deuda externa de los países del Sur, con los que tenemos contraída una deuda histórica. La deuda económica que nosotros cuestionamos ahora no nos hace olvidar que tenemos que seguir denunciando la injusticia de dicha deuda con la naturaleza así como la deuda con los países empobrecidos. La deuda entraña una losa económica, que tiene sus diferentes actores: empresas, entidades financieras –ambos los principales responsables- y familias y sector público, en menor medida. Los lobbies privados están consiguiendo que los gobiernos desarrollen políticas de salvataje de las cuentas de las empresas privadas insolventes, sobre todo la banca privada, a costa del conjunto de la ciudadanía y de las rentas del trabajo, convirtiendo la deuda privada en pública. Esta operación a gran escala es completamente ilegítima. La velocidad de crecimiento de la deuda pública, que pagamos entre todas y todos, responde a una política que profundiza el papel del Estado como instrumento decidido de Robin Hood invertido. A su vez, parte de la deuda acumulada es, en términos jurídicos, odiosa, pues ha ido a financiar actividades particulares en detrimento del interés general. No parece comprensible que se haya preferido gastos militares a sociales o a inversiones sostenibles, que se hayan concedido proyectos públicos a entidades privadas cuando su coste a largo plazo es muchísimo mayor que la iniciativa pública directa. Todo ese conjunto de operaciones dudosas o que se encuadrarían en lo que serían prácticas de favoritismo, amiguismo, corrupción, o que financian actividades inútiles o que encubren operaciones especulativas, etcétera son también odiosas, y deberían tener una respuesta penal. Para poder dimensionar y valorar toda esta situación de la deuda contraída contamos con grandes cifras estadísticas, pero sin el recurso a un examen pormenorizado de documentos resultaría muy difícil determinar cuál debe ser la actitud ante el fenómeno. Este, entre otras razones, es uno de los motivos que debe empujarnos a la ciudadanía a exigir una auditoría de las cuentas públicas, y, por el privilegio que les comporta, también de las cuentas de los acreedores beneficiados en estas operaciones. En nuestra opinión, gran parte de la deuda no hay que pagarla. Una primera conclusión a la que debiéramos llegar es que el conjunto de los monstruosos recortes públicos y reformas estructurales serán, no sólo injustos, sino completamente inútiles para enfrentar el pago de una deuda elefantiásica que no para de crecer. Pero, si está tan claro que no hay que pagar, ¿por qué una auditoría ciudadana?. Las razones son las siguientes: 60

• Es importante la participación ciudadana para asegurar el control desde abajo en el proceso de examen. • Por razones de pedagogía social. Gran parte de la población ignora cuáles son las cuentas de la economía o adopta modelos de interpretación estereotipados o confusos. Una medida como es el repudio de la deuda exige un amplio respaldo y credibilidad social. • Porque en un contexto de recortes, y en el que la mayor parte de la población está afectada por la deuda, puede ser una campaña ampliamente comprensible, y contribuiría a desvelar la trama a favor de la banca. • Hay que detallar porqué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. Este análisis nos daría una medida y proporción de deuda que no se debe pagar o se ha de reestructurar. La auditoría debiera exigir al sector público transparencia en sus cuentas, declarar una suspensión temporal del pago de la deuda antes de abrir un proceso, que puede durar unos meses, para escudriñar toda la documentación y hacer un juicio público, con la participación social, encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre la deuda pública una vez culminada la auditoría. En varios países europeos la campaña ya se ha emprendido, y ha habido experiencias anteriormente de operaciones de este tipo con resultado exitoso (Ecuador, Islandia, Argentina, etc…). Es fundamental, que una campaña así recorre los diferentes niveles, desde los municipios, las comunidades autónomas, hasta la Adm. Central, y, por supuesto a escala europea e incorporando criterios de solidaridad internacional más allá de este continente. 4. Cuál es el punto de aportación de Izquierda Anticapitalista para impulsar estas iniciativas. Entre los diferentes sujetos que toman conciencia de la cuestión de la deuda nos encontramos con algunos matices, dentro de un marco de posibles convergencias, que habrá que tener presente, de cara a establecer una serie de alianzas. Izquierda Unida no toma postura sobre la cuestión de la deuda ni, por tanto, sobre cualquier iniciativa de auditoría. Su proyecto político y su programa se sesgan por un desarrollo centrado a escala estatal, y no adopta posiciones claras a escala europea ni internacional, y cuando lo hace con la UE, tan sólo se conforma con un paquete de reformas sociales y fiscales. En lo que refiere a la cuestión de la deuda es consciente de que ahí hay un problema, pero las escasas medidas que refiere son medidas encaminadas a reducir la especulación sobre la misma. Podemos afirmar, nítidamente, que por su titubeante postura sobre la UE, que cabe caracterizar a lo sumo de reformista, y su escasa visión internacionalista no alcanza una posición madura al respecto. Otras iniciativas refieren al marco de los movimientos sociales. Algunas iniciativas muy maduras como la de Quien debe a Quién estima que la auditoría debiera centrarse antes que nada en la deuda pública, cuestión muy importante, por la que quizá tenga sentido comenzar, pero que en modo alguno agota y es sólo una parte menor del problema, tanto por la vertiente de la inmensa deuda empresarial privada, como de la hipotecaría. Sin embargo hay activistas, por ejemplo del Observatorio de la Deuda en la Globalización o, a escala internacional, el CADTM, que son conscientes del papel de la deuda privada como 61

origen de la cuestión. Sin embargo, QdQ tiene muy en cuenta un plano de solidaridad internacional muy importante, como es la deuda externa de los países del Sur, algo que también comparte el CADTM. Cabe mencionar también que hay algunos ecologistas que ponen un acertado acento en la deuda ecológica, y que debiéramos incorporar a nuestra campaña, aunque posiblemente en una dinámica paralela. En otros planos, en el Estado español, en cuanto al objetivo político hay una casuística diferenciada. Algunos grupos políticos consideran que la auditoría es innecesaria, puesto que de lo que se trata es de reclamar automáticamente el repudio de la deuda, como es el caso de diferentes formaciones marxistas tradicionales, entre las que están Corriente Roja. A nivel internacional también ha habido posturas diferenciadas sobre cuál es el objetivo de la auditoría. En el caso del Bloco se reclamó la reestructuración de la deuda, puesto que no el repudio cabría referirlo a la deuda ilegítima y odiosa. En otros casos se habla de impago y repudio directamente. Nuestra posición debiera ser la persecución penal de los responsables y el desconocimiento de la deuda odiosa, el repudio de la deuda ilegítima, y la reestructuración de la deuda hipotecaria y de otras deudas, para hacer pagar la crisis a los acreedores. Previo a ello, por razones de movilización social y pedagogía, la auditoría es imprescindible, pero comenzando por las cuentas públicas a sus diferentes niveles, debe también auditar las cuentas de los acreedores, culminando en un juicio público que califique las deudas y determine un criterio de qué hacer con ellas. La auditoría debiera comenzar por auditar las cuentas públicas, pero también realizar comisiones de trabajo que definan un plan de reestructuración de las deudas privadas, entre las que debería destacarse la deuda hipotecaria.

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ANEXO 2.2 Esta deuda no la pagamos: frente a los recortes, la importancia de lo público. CONTRA LAS POLÍTICAS DE AJUSTE, DE RECORTE DE LO PÚBLICO Y DE LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES. Al menos de los años 80, las políticas neoliberales han emprendido una serie de medidas durísimas para reestablecer la tasa de rentabilidad perdida en los 70, racionalizando el aparato productivo, haciendo del paro masivo un mecanismo de presión, imponiendo una regresiva evolución de los salarios, y reduciendo a una condición de mínimos, cada vez peores, los derechos laborales, privatizando las empresas públicas y erosionando la calidad o extensión de los servicios públicos. Esta larga noche neoliberal, respondió a su vez, para mantener aunque fuese a niveles rampantes la acumulación, con medidas financieras (desregulación, política monetaria, etc…) que incrementaron los niveles de endeudamiento a niveles insospechados, pues se optó por estimular el crecimiento mediante esta fórmula y no mediante más inversión y mejores salarios. Estas políticas, potenciaban los factores proclives a la recesión. Aunque trataban de retrasar las consecuencias de una crisis sistémica, han agotado su recorrido, y desde 2007 estamos sumidos en una recesión. Desde mayo de 2010, cuanto menos, estas medidas neoliberales se han intensificado a ritmos históricos, y sus efectos más visibles ha sido el ataque a los derechos básicos –sanidad, educación, pensiones, dependencia, etc…-, o sucesivas reformas laborales de carácter regresivo. •

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Anticapitalistas se opone con toda la resistencia posible a las políticas neoliberales, a las políticas de ajuste. Pero tampoco nos conformamos con el modelo preestablecido, sino que luchará por ampliar derechos, fortalecer un sector público (controlado por los y las de abajo –trabajadoras, ciudadanía, etc…-) y desarrollar servicios públicos que estén al servicio de satisfacer las necesidades sociales, cuestionando al sistema que causa la crisis y cualquier política que lo afiance. Muy al contrario, creemos que el sector público debe tener más protagonismo, impulsando inversiones y empleos públicos para responder a las necesidades sociales (educación, sanidad, pensiones, dependencia, etc…) y a actividades socialmente útiles y sostenibles. Derogación automática de la reforma constitucional express.

Las cuentas públicas españolas no han incurrido en déficits públicos por unos desmedidos gastos sociales. Al contrario ha sido un problema de ingresos el que lo ha causado, del que se beneficiaron las fuerzas del capital. La antidemocrática política de la estabilidad presupuestaria, impulsada a escala de la UE y fraguada en el Pacto del Euro, y consagrada en la Constitución española sin consulta popular alguna, hace prácticamente ilegal las políticas económicas de izquierdas. Además, antepone la prioridad política, frente a cualquier otro gasto o inversión, de la devolución de la deuda. Se trata de una legislación completamente ideológica, ilegítima, injusta y recesiva. Por eso, exigimos su derogación automática. 63

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Ruptura del pacto del euro, desobedecer con una estrategia solidaria e internacionalista a la Unión Europea del capital.

El Pacto del Euro consagra y acentúa las políticas y tratados neoliberales de la Unión Europea, de carácter contradistributivo e inhibidor del papel del sector público. Frente a su imposición es preciso responder con otra línea política que consistiría en: • Desobediencia de las políticas de estabilidad presupuestaria. Impulso a una fiscalidad sobre el patrimonio de los ricos y las rentas del capital, para financiar inversión y empleo públicos socialmente útiles, y actividades de regeneración medioambiental y por un cambio energético sostenible del modelo productivo. • Regulación para que los salarios crezcan cuanto menos según la inflación más la productividad. • Impulsar una alianza supranacional abierta, con todos los países que se comprometan, para acordar multilateralmente –pero sin esperar al visto bueno de toda la UE- políticas de armonización fiscal progresiva común, una elevación del presupuesto público supranacional, un desarrollo de políticas de integración y convergencia real en materia de infraestructuras energéticas, de transportes e inversiones, así como de tratados solidarios de intercambio comercial y financiación mutua. • Desarrollo de organismos encaminados a controlar el movimiento de capitales. POR UNA BANCA PÚBLICA, BAJO CONTROL SOCIAL. El sistema financiero ha sido el actor principal de esta crisis. Debe ser el primer pagadero de esta crisis. Un segmento del sector bancario está condicionado por unos ratios de solvencia pésimos, producto de la desregulación financiera, las facilidades al apalancamiento, y de la gestión irresponsable de la banca. No obstante, el núcleo oligárquico, aún cuando tenga su solvencia maltrecha, en cambio está disfrutando de apoyos públicos, financiación barata y un gran negocio con la emisión ventajosa de deuda pública, lo que le permite sostener o incrementar sus beneficios. Sin embargo, la banca sigue sin proveer de crédito al observar bajas expectativas de retorno en la economía. También influye que no hay nuevas regulaciones significativas del sistema bancario, por la dejación del Banco de España, y por las políticas de rescate a la banca. Por otro lado, se ha saneado una parte de las cajas de ahorros con dinero público y se han dejado a precio de saldo para los bancos. A su vez se han bancarizando, lo que supone un éxito para las aspiraciones de la banca privada que accede a un 50% del mercado con el que antes no contaba. No ha habido cambios en la gestión privada, se ha profundizado en la misma gestión y, encima, se ha profundizado en el carácter oligopólico del sector. Además, como un pilar crucial del sistema, como actor que está en el origen de la crisis, y por los tentáculos que despliega en el conjunto del sistema, es preciso comenzar por una actuación urgente en el sistema financiero, emprendiendo las siguientes medidas: • Regulación financiera. Elevación del coeficiente de caja. Regulación de reservas. Reinversión de Beneficios para el fortalecimiento de la solvencia. Regulación del buen gobierno (criterios y límites para comisiones, división entre banca comercial y de inversión, regulación tipologías y niveles de tipos de interés en función de los productos bancarios, máximos de apalancamiento, etc…). • Inspección de las cuentas bancarias privadas. 64

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Reconversión de la banca privada en pública que no cumpla condiciones de gestión socialmente responsable, y que no cumpla con la nueva regulación financiera. Conversión inmediata de las cajas de ahorros bancarizadas en la base de una nueva Banca Pública, con criterios de gestión solvente, servicio y protección a los impositores y depositantes, y de provisión de crédito a las inversiones socialmente útiles en condiciones financieras blandas, pero al tiempo que regulando los límites admisibles de endeudamiento de entidades y personas. Expropiación sin indemnización de las entidades que hayan participado en actividades delictivas, o de fraude fiscal, y no colaboren en su esclarecimiento. Por un Banco de España que cumpla sus competencias e incremente sus funciones. Denunciamos que el Banco de España se haya inmiscuido en asuntos que no le conciernen, mientras que ha sido completamente laxo y cómplice del control de la solvencia bancaria, de las prácticas abusivas de los directivos, y en la falta de previsión de la crisis. Los rescates públicos sólo podrán hacerse a cambio de acciones de las entidades intervenidas y condicionado a un plan de conversión en Banca Pública. No aceptación divisoria entre bancos buenos y malos. Si se actúa sobre un banco no será para socializar pérdidas, sino para reaprovechar públicamente sus recursos viables. Protección preferente a los depositantes ante los casos de inviabilidad y cierre. Regulación de los vehículos financieros, sociedades de inversión o inversores institucionales, para impedir prácticas como el leveredge buy out (compra de empresas con recurso a apalancamiento, y seccionamiento de activos), troceamiento para venta especulativa de entidades, que han desarrollado, por ejemplo, diversos fondos de capital riesgo. Regulación de límites de contratos blindados, sueldos, stock options, bonus o prejubilaciones a las plantillas de directivos. Actuación contra los gestores bancarios que se haya comprobado una actuación privilegiada o a favor propio en su gestión. Enjuiciamiento y ninguna indemnización a los gestores bancarios o de cajas de ahorros que llevaron a la quiebra a sus entidades. Control social y control obrero en la banca. Inclusión en el consejo de administración de las entidades bancarias de representantes de los y las trabajadoras, de los sindicatos, de los impositores o depositantes, y de miembros del sector público.

LA DEUDA NO LA PAGAMOS La crisis capitalista es sistémica y multidimensional, y en el plano económico nos introduce en una duradera decadencia que alternará estancamiento y depresión. La misma está siendo gestionada por un grupo oligárquico influyente en los gobiernos, y persigue blindar sus privilegios y beneficios económicos en medio un sistema decadente y destructivo. Ante la situación de insolvencia de los sectores industrial y financiero privados, mientras parte del tejido productivo se destruye y con el aumenta el desempleo y la pobreza, esta oligarquía capitalista ha conseguido imponer a los gobiernos, entre cómplices y acobardados, un mecanismo de socialización de pérdidas masivo, de conversión de las voluminosas deudas privadas en deuda pública. En el caso español, el conjunto de las deudas comporta el 400% del PIB. La mayor parte es deuda de empresas industriales y financieras, después de los hogares, y apenas en un 65

16% se corresponde con la deuda pública. Aunque la velocidad de crecimiento de la deuda pública es alarmante, su dimensión es moderada aún y está entre los países con menor porcentaje de deuda pública del mundo occidental. Recientemente ha superado el 60% del PIB, y posiblemente seguirá creciendo, pero en modo alguno es una cifra exagerada al día de hoy. La deuda pública no es la causa actualmente sino más bien el síntoma del problema principal. Los gobiernos han asimilado como propio un mecanismo de extorsión de la deuda, como vehículo de socialización de los sacrificios entre el conjunto de la ciudadanía y en especial las clases productivas, para rescatar a la fracción oligárquica del capitalismo. Toda esta deuda es ilegítima. La deuda pública seguirá creciendo de continuar las políticas neoliberales existentes. El mecanismo, que es preciso revertir, que nos ha conducido a esta situación ha consistido en: - Desfiscalizar las rentas del capital y del patrimonio y aumentar impuestos indirectos. Esto ha reducido, junto con la crisis, la recaudación tributaria. - Proveer de rescates y subvenciones al capital, directas o indirectas, especialmente a la banca, la automoción y las compañías eléctricas… Esto, junto con el ascenso del paro y el coste de las prestaciones por desempleo, ha incrementado los gastos. Las nuevas recapitalizaciones bancarias insistirán en este mecanismo de rescate económico de la banca, y no de las clases subalternas. - A escala europea, el BCE, el banco público europeo, ha provisto de manera generosa préstamos a bajo interés (1,5%) al sector financiero privado. Este, que no lo traduce en crédito al tejido productivo –pues lo está empleando para sus agujeros de insolvencia, y considera que no hay grandes expectativas de rentabilidad en este contexto recesivo-. Por el contrario, lo usa para acaparar deuda pública en condiciones muy ventajosas (obteniendo réditos del 4-8%), con la complicidad de las agencias de calificación de riesgos que atacan la credibilidad de la deuda de los países periféricos europeos. - Consiguientemente el aumento del déficit ha sido financiado a cargo de emisión de deuda soberana, es decir, pública. Mientras se ayudaba a aliviar los problemas de solvencia privada el coste se hace a cargo de todas y de todos. Por una razón de justicia social, para hacerle cargar la crisis a los capitalistas, pero también porque la losa del endeudamiento es el principal obstáculo a cualquier salida a la crisis, es necesario un conjunto de iniciativas tales como: •

Impulsar una Campaña de Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada.

Se trata de esclarecer, con la intervención social de los y las de abajo, y si acaso con el apoyo de expertos comprometidos con las necesidades sociales y elegidos democráticamente, cómo se contrajo, en qué condiciones y para qué se ha usado la financiación obtenida mediante la deuda pública. La campaña tendría un efecto doble: de pedagogía y participación social; y de escrutinio de las cuentas privadas y públicas. El proceso consistiría en los siguientes pasos, que partiría de una auditoría ciudadana y que culminaría en una fuerte quita de las deudas públicas y una regulación específica de las deudas privadas: a) Control de movimiento de capitales previo al inicio de la auditoría. b) Declaración de suspensión de pagos unilateral hasta culminar el proceso de Auditoría que determine el volumen, origen, titularidad, condiciones y usos de la deuda pública, desde las corporaciones locales, autonómicas a la central, incluyendo también un examen específico de la deuda externa (y de las 66

c)

d)

e) f)

g)

condiciones que como acreedores pueda haber respecto de los Países del Sur). Se examinarán contratos, presupuestos y condiciones de la deuda emitida. Culminaría en un Juicio Público con las conclusiones de los informes resultantes. Se dimensionaría la proporción de deuda ilegítima (la que responde al mecanismo de extorsión más arriba explicado); también se identificaría toda la deuda odiosa (aquella que se contrajo en condiciones de corrupción o cuyos usos se destinaron a fines particulares que no responden al interés general). Se decidirá políticamente el porcentaje de impago global de la deuda. Declaración unilateral de impago o default selectivo, tras culminar el proceso de auditoría. Se distinguirá entre pequeños y grandes ahorradores. Se pagará el valor íntegro de la deuda de los bonos hasta un valor que determinará el informe de resultados de la auditoría. Se establecerá otro tramo al que se le devolverá parcialmente y con un plazo más dilatado. Y a partir de un tramo superior no se devolverá en absoluto la deuda contraída. Regulación de máximo de devolución de la deuda pública anual. No se admitirán pagos por encima del 6% del presupuesto público anual (En 2011 se presupuestó el 8,7% para este destino). Paralización de toda la financiación pública a entidades particulares o actividades que no respondan a necesidades sociales prioritarias (Iglesia, Monarquía, Promoción de grandes eventos deportivos, gastos militares, etc…). Financiar con ello servicios públicos de interés general. En el caso de la deuda privada, se estudiaría las relaciones internas privadas para proceder a regular y limitar las condiciones de abuso, por posición de dominio, de las entidades financieras. Las entidades financieras tendrán que asumir el porcentaje mayoritario de los riesgos contraídos, removiendo las garantías, avales y condiciones que hagan recaer el riesgo principal en los endeudados.

POR UNA REFORMA FISCAL PROGRESIVA Desde 1996 hemos asistido a una devaluación de la fiscalidad del capital y de las rentas más altas. Cuando se entró en recesión este marco fiscal ocasionó un desplome de la recaudación, factor explicativo central del déficit público reciente. Sólo en la etapa 20032008 las reformas en los impuestos directos implicaron una pérdida potencial de recaudación por valor de 17.400 millones de euros anuales (1,5% del PIB de 2010). Además se han aumentado las desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, y relajado su control, haciendo que su actual tipo efectivo este en torno al 10%, debajo incluso del tipo nominal de Irlanda situado en el 12,5%. Por otro lado, la fiscalidad es profundamente injusta. El mayor peso de impuestos regresivos, como son los indirectos (IVA, impuestos especiales, etc…) respecto de los indirectos (Renta, Sociedades, etc…) hace que paguen más, en relación a su renta, los y las de abajo. Pero, además, las rentas del capital gravan a unos tipos sensiblemente inferiores de lo que lo hacen las rentas del trabajo. En la actualidad las rentas del capital, tan solo soportan un 21% como máximo (18% hasta el pasado mayo 2010), mientras que las rentas del trabajo pueden llegar a pagar tipos de hasta el 45%. Tan solo el 0,4% de los declarantes del IRPF percibieron el 23% de las rentas de capital declaradas.

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También, la existencia de paraísos fiscales o figuras impositivas con tipos irrisorios (SICAV, SOCIMI), ha favorecido al gran capital de manera legal de manera incomprensible. Otra lacra importantísima es la extendida práctica pirata del fraude fiscal. Según estimaciones de la Asociación Inspectores fiscales, el fraude, supone el 6% del PIB de 2010, unos 70.000 millones anuales, un volumen equivalente al déficit estimado del sector público. Las empresas que facturan más de 6 millones de euros, alrededor de 28.000 empresas, son las que llevan sus niveles de evasión, defraudación, y elusión fiscal, al máximo nivel. La asociación de técnicos de Hacienda considera que son del orden de 42.710 millones de € los impuestos evadidos por las Grandes Empresas, y las grandes fortunas, casi un 60% del fraude fiscal estimado. Todo ello conlleva que el sistema tributario español sea un Robin Hood al revés. Es necesario un impulso de la fiscalidad, especialmente sobre las rentas del capital y del patrimonio, que restaure un modelo fiscal justo y redistributivo, en el que el mayor sacrificio lo hagan los más ricos, y capaz de financiar las actividades públicas que sean reconocidas por su necesidad y preferencia social con líneas de reforma del siguiente tipo: - Luchar contra el fraude fiscal. Se trata de fortalecer el cuerpo de inspección fiscal, perseguir a los defraudadores y apostar por el desarrollo de una cultura que relacione servicios públicos con su fuente de financiación: los impuestos. •

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF): a) Aumentar la progresividad, y crear nuevos tramos con tipos más altos (tipo mínimo 24%, estudiar el tipo máximo, al menos en el 50%). b) Acabar con el sistema dual que trata de manera beneficiosa a las rentas del capital. No es admisible que la base imponible de éstas últimas sólo comporten el 19% del impuesto. c) Hay que inspeccionar los ingresos reales del empresariado y profesionales liberales de altos ingresos. No parece creíble que los trabajadores por cuenta propia declaren ingresos de un 60% de lo que gana un asalariado. d) Limitación de las deducciones fiscales a Planes de Pensiones Privados, para aportaciones inferiores a cifras equivalentes a los 20.000 euros anuales. e) Eliminación de la estimación objetiva en actividades económicas. Por tanto estimación directa y uso fiscal de los signos externos de riqueza para obtenerla. f) Elevación del mínimo exento hasta 25.000 euros anuales (ahora está en 22.000). g) Personalización de la declaración de la renta. La declaración de la renta deberá hacerse de manera personalizada por aquellas personas adultas con ingresos. Esto evitaría el tratamiento fiscal diferenciado entre diferentes formas de familia, y dejaría de premiar los modelos familiares patriarcales.

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Sobre las Rentas del Capital y del Patrimonio.

Impuesto de Sociedades. El objetivo general debiera ser la gradual equiparación de las rentas de los beneficios a la curva de progresividad del IRPF, que soportan las rentas del trabajo, cuanto menos a partir de 20.000 euros de rentas de capital anuales. Medidas concretas: a) Primer paso: Eliminación de las desgravaciones y deducciones en el impuesto de sociedades que no tengan efectos positivos comprobables en la reinversión en actividades innovadoras, sostenibles o de impulso a un cambio del modelo productivo. Segundo paso: Incrementar el tipo impositivo al 35% a las empresas que no se realicen actividades de innovación o desarrollo de energías renovables. Tercer paso: equiparación de las rentas de capital a la curva de progresividad del IRPF. b) Los grupos de empresa realizarían tributación conjunta y se inspeccionaría cualquier división formal fraudulenta, con único propósito de elusión fiscal, de las sociedades anónimas. c) Exigencia de justificación documental y aprobación de la inspección fiscal de las deducciones por doble imposición internacional. Finalizar el sistema de autoliquidación. d) Gravamen equivalente al tratamiento de beneficios a los gastos por intereses –que ahora tributan mucho menos-, que encubren beneficios destinado a devolver servicios de deuda para los llamados préstamos participados fórmula disfrazada de aportar capital. Impuesto sobre el ahorro Se gravaría de manera equivalente a las rentas del trabajo y se recaudaría a través del IRPF, con un sistema que tratase todas las fuentes de renta con el mismo gravamen. SICAV y otros vehículos societarios desfiscalizados SICAV. Establecer un tipo fiscal equivalente sobre sus rendimientos al del resto del ahorro y del resto de rentas. Esta medida exige previamente un desarrollo de recursos habilitados para el control de capitales, para evitar su fuga. Impuesto de Grandes Fortunas. Conversión del Impuesto de Patrimonio en Impuesto sobre las grandes fortunas, con un importante mínimo exento (hasta 300.000 euros) y elevación de los tipos del impuesto. Armonización estatal del impuesto. Impuesto de sucesiones y donaciones. La supresión de este impuesto en muchas Comunidades Autónomas tiene un efecto negativo. Es preciso que a nivel estatal se recupere este impuesto, o bien armonizar su regulación en todas las Comunidades autónomas. Ha de establecerse con un amplísimo mínimo exento que sea equivalente al 99% de la primera vivienda, en valores medios, que se de en herencia. 69