Análisis de la relación entre Sistema Penal Acusatorio y Política de Seguridad Ciudadana de Bogotá1 Resumen de investigación exploratoria Abril de 2007 Contenido 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

La problemática general Objetivos Aspectos metodológicos El análisis de la situación con los actores El análisis de efectividad del Sistema y de su relación con la Seguridad Ciudadana de Bogotá Conclusiones preliminares Indicadores propuestos para incorporar al Sistema Unificado de Información sobre violencia y Delincuencia de Bogotá- SUIVD Acciones desde la política pública distrital para apoyar el mejoramiento del Sistema Penal Acusatorio en Bogotá Elementos bibliográficos

1. La problemática general Colombia realizó una reforma constitucional para la implantación de un nuevo Sistema Penal Acusatorio en reemplazo de una sistema anterior denominado “inquisitorio”, que era fundamentalmente escritural y de tradición europea continental. El sistema penal fue concebido para su aplicación por fases, según varios territorios, y el distrito judicial correspondiente a Bogotá hizo parte de la primera fase, puesta en marcha en 2005. Han sido no pocas las innovaciones del sistema y por ende la necesidad de adecuación no solamente procedimental, sino también cultural, que han afectado a las instituciones que intervienen en el sistema. Luego del primer año desde la implantación del nuevo sistema, han surgido entre los actores de la justicia y también entre la opinión pública percepciones negativas sobre aspectos del sistema. Algunas de estas percepciones han estado relacionadas con una hipotética incidencia en la inseguridad en la ciudad y, sobretodo, en la percepción de tal fenómeno. Por otra parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá es la instancia responsable y competente para asumir la política de seguridad ciudadana en su jurisdicción. 1

Resumen de la investigación exploratoria llevada a cabo entre septiembre y diciembre de 2006 por un equipo de investigación coordinado por Elkin Velásquez M. (Geógrafo PhD, Administrador Público, ingeniero) y conformado por Isaac Beltrán (Economista MSc, ingeniero), César Galindo (Abogado penalista), Victor León (Abogado penalista), Jairo López (sociólogo), Juliana Patiño (Abogada), Ricardo Tokunaga (Profesional en gobierno) y Beatriz Trujillo (Profesional en gobierno).

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En esa lógica, el Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia de Bogotá – SUIVD se interesa en analizar los diferentes factores que inciden en la seguridad de la ciudad. Por ello se ha abordado esta investigación de carácter exploratorio, con el fin de conocer mejor las implicaciones del nuevo sistema penal acusatorio en la seguridad ciudadana de Bogotá y de identificar los elementos de política pública que desde el Distrito pueden ser desarrollados para facilitar la buena implantación del Sistema en Bogotá. La investigación exploratoria, llevada a cabo en un tiempo corto, por parte de un equipo multidisciplinario conformado por profesionales del derecho, la sociología, la economía y la administración pública, ha partido de las siguientes preguntas: ¹ Cuáles son los problemas que ha presentado la implantación del Sistema Penal Acusatorio en Bogotá? ¹ Ha habido incidencia de la implantación del Sistema Penal en la seguridad de Bogotá? ¹ Qué acciones de la política distrital de seguridad ciudadana y convivencia pueden ayudar a la generación de condiciones apropiadas para la mejor implantación del nuevo sistema penal en la ciudad? 2. Objetivos El objetivo general de esta investigación exploratoria es Identificar de manera preliminar las dificultades asociadas a la implantación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Bogotá, sus implicaciones para la seguridad ciudadana y las acciones a emprender por parte del Gobierno de Bogotá para contribuir a afrontar los retos y desafíos del nuevo sistema. Los objetivos específicos han sido cuatro: 1) 1. Analizar las innovaciones del nuevo Sistema Penal Acusatorio SPA; 2) Analizar el papel de los actores del Sistema con mayor relación con las actividades propias del Distrito Capital; 3) Explorar la relación del SPA con la Seguridad Ciudadana de Bogotá; y 4) Establecer acciones desde el Distrito Capital que puedan contribuir a mejorar la implantación del SPA en la jurisdicción. 3. Aspectos metodológicos Para el desarrollo de la investigación exploratoria se han combinado métodos y técnicas desde diferentes perspectivas con el fin de abordar de manera integral y al menos desde tres miradas la problemática planteada: ¹ Para el análisis de aspectos del proceso penal: a) Entrevistas a actores del SPA; b) Identificación de problemas de aplicación del SPA desde

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policía judicial y fiscalía; c) Análisis de casos específicos (procesos judiciales). ¹ Para el análisis de relación SPA – Seguridad ciudadana: a) Evaluación del SPA como política pública; b) Análisis de eficiencia del SPA a través de metodología de Análisis de Frontera Eficiente (DEA - Data Envelopment Analysis). ¹ Para el análisis de política pública: a) Análisis de la política pública de Bogotá en materia de seguridad ciudadana; y b) Análisis de articulaciones entre SPA y política pública de Bogotá Este resumen hace énfasis en los análisis de las entrevistas a los actores del SPA y en particular a la perspectiva para la policía judicial; también presenta los resultados del análisis de la relación entre sistema penal y seguridad ciudadana a través de la metodología de Análisis de Frontera Eficiente y expone aspectos de las articulaciones entre SPA y la política pública de seguridad ciudadana de Bogotá. 4. El análisis de la situación con los actores A partir del análisis de casos y de entrevistas con actores del SPA se pueden plantear los siguientes problemas generales: ¹ La premura con la que se implementó el Sistema no ha estado exenta de fricciones de índole práctico y cultural difíciles de superar en el corto plazo. ¹ El sistema no ha permitido evacuar las denuncias que han ingresado al mismo y se ha dado un represamiento de los casos en los cuales NO se ha configurado una situación de flagrancia. Se percibe el alto nivel de congestión para aquellas situaciones que, sin flagrancia, implicaron la comisión de delitos (De 105.156 noticias criminales en 2005, sólo se formuló imputación en 3.294, el 3.13%). Esto se debe en gran medida a la debilidad en términos operativos de una institución primordial del sistema: la policía judicial. ¹ Según los actores del sistema, la policía judicial no ha contado con la preparación suficiente. Tampoco con los medios necesarios para investigar. Todo esto afecta la tasa de esclarecimiento de delitos. ¹ En general la capacitación de los demás actores (jueces, fiscales, defensores públicos y ministerio público) también es evaluada como deficiente. ¹ La cobertura de los delitos por parte del Sistema es fragmentada según se trate de delitos en flagrancia o no. Adicionalmente el sistema ha privilegiado la persecución a los delitos menores en relación con los

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delitos de “cuello blanco” y los delitos en los caules se requiere más especialización en la investigación criminal. ¹ Sigue apareciendo la desconfianza de la ciudadanía frente a la efectividad y eficacia de la administración de justicia. Según la Corporación Excelencia en la Justicia a través de un seguimiento a los medios de comunicación, se evidencia la percepción de impunidad. “En el caso de las víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar, los afectados consideran que todo lo que está escrito en la Constitución queda en el papel” (CEJ, 2006). ¹ Existe un problema de seguimiento a los subrogados penales y las conciliaciones. NO hay un apropiado esquema de seguimiento a la aplicación correcta de tales figuras y se sabe que muchos delincuentes que se han beneficiado de esta institución, en su aparente libertad vigilada o conciliada, están delinquiendo impunemente. El reconocimiento y la atención a la reincidencia constituyen uno de los problemas centrales del sistema penal. El problema de la capacidad del Estado para producir conduce a hacer cinco planteamientos esenciales: 1. Se deben implantar métodos que permitan identificar, sistematizar y mantener actualizados los datos básicos estructura y resultados de los organismos que tienen a su cargo funcionarios de policía judicial. Se trata, ni más ni menos de trabajar en torno a la tasa de esclarecimiento de delitos por parte de la policía judicial. 2. Se debe hacer claridad en los organigramas y estatutos de cada institución en relación con las competencias de cada funcionario que cumpla con actividades de policía judicial. Se trata de establecer una regulación interna clara, con responsabilidades especificas y retribución salarial apropiada. 3. Evidente e innegable el requerimiento de nuevos técnicos de policía judicial. 4. Existe la necesidad de preparar de manera sistémica a todos los funcionarios del CTI, DAS, DIJÍN, SIJÍN* y demás empleados con funciones de policía judicial. 5. Existe la necesidad de suministrar a todos los miembros de la policía judicial herramientas mínimas que permitan ejecutar su labor con diligencia y dignidad.

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5. El análisis de efectividad del Sistema y de su relación con la Seguridad Ciudadana de Bogotá Para el análisis de la relación entre SPA y seguridad ciudadana se ha utilizado un Análisis de Frontera Eficiente (Data Envelopment Analysis -DEA). El supuesto fuerte detrás del modelo es que estas variables se encuentran relacionadas. La relación entre los insumos y los productos puede ser entendida como la eficiencia del sistema mientras que la relación entre los insumos y los impactos, o los productos y los impactos se podría entender como la efectividad. Este trabajo se concentra en el análisis de la efectividad, es decir, en la capacidad de los insumos y los productos para afectar el número de delitos en un territorio determinado. (Nota: ver tabla de datos en anexo)

Insumos

.

•Jueces •Fiscales •CTI •Policías

Productos

Sistema Penal

.

Impactos

•Sociedad •Criminales potenciales •Criminales de oficio

•Investigaciones cumplidas •Investigaciones no cumplidas •Capturas cumplidas/capturas no cumplidas •Individualizaciones/funcionario del CTI •Capturas con orden judicial (OJ) de la Policía

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•Homicidios •Hurto a residencias •Hurto a establecimientos de comercio •Hurto a personas •Hurto de autos •Hurto de motocicletas

Esta aproximación preliminar a la efectividad del Sistema y a su relación con la Seguridad Ciudadana de Bogotá, según los datos existentes, muestran que el comportamiento de los delitos presenta hoy una independencia relativa con respecto a la administración de justicia penal. De este análisis se pueden resaltar los siguientes puntos: ¹ Homicidios: Únicamente en el caso de los homicidios se encontraron varios indicadores estadísticamente significativos, a saber, la eficiencia de las investigaciones del CTI (investigaciones cumplidas/no cumplidas; identificaciones e individualizaciones/ miembros del CTI). ¹ Otros delitos: Con respecto a los otros delitos no se halló ningún modelo estadístico y lógicamente significativo. Sólo en el caso del hurto de vehículos se encontró que se encuentra asociado positivamente a la actividad de identificación e individualización. Lo cual quiere decir que el CTI está reaccionando al aumento de este delito.

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¹ Hay una independencia relativa del fenómeno criminal con respecto al sistema de justicia: o La justicia penal no regula la conducta delictiva de las personas o El crimen en Colombia se ha independizado del desempeño de los operadores jurídicos (jueces, policías y fiscales) y como consecuencia de ello las tasas de delitos no dependen – todavía – de los esfuerzos del Estado por regular la conducta criminal. ¹ La teoría afirma que las personas pueden ser sensibles a la severidad de la pena y la probabilidad de aplicación de la pena. Lo que se mide es la percepción subjetiva o la tolerancia al riesgo de las personas que cometen delitos. ¹ La evidencia apunta a que las tasas delictivas son además independientes del sistema penal visto como un todo, no importa si el sistema penal es inquisitorio o acusatorio. ¹ Las tasas de crimen en Colombia no son sensibles hoy a la administración de justicia, excepto en el caso del delito de homicidio. 6. Conclusiones preliminares El nuevo Sistema Penal Acusatorio comporta una serie de innovaciones a las cuales se relacionan diferentes implicaciones: - Cambios a la fiscalía como ente acusador: El nuevo sistema penal ha destinado al ente fiscal responsabilidades de orden meramente investigativo y acusatorio, prescindiendo de su papel judicial. De esta manera la Fiscalía General de la Nación es el órgano director de la investigación criminal. Tiene a su cargo la persecución penal y para ello cuenta con la policía judicial encargada de obtener la evidencia necesaria para endilgar una eventual acusación ante el juez. - La oralidad en el seno del proceso: Una de las características esenciales del sistema penal acusatorio es el debate oral. Este principio de la oralidad tiene por fin garantizar la efectividad de otros axiomas tales como la inmediación, la concentración, la contradicción y la publicidad. - La teoría del caso: Mientras en el sistema inquisitivo o mixto se observan las pruebas para, luego, crear versiones de los sucedido de conformidad con los intereses de las partes; en el sistema acusatorio se prepara una teoría del caso de acuerdo con las evidencias aportadas y, durante el juicio oral, se exprimen las pruebas en aras de verificar la explicación inicial de los sucedido. - El principio de oportunidad: Se trata de la discreción que se otorga al fiscal para suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal por razones de política criminal, en casos especiales y con el fin de imprimir mayor eficacia al sistema.

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- El tratamiento de la víctima: Con consideraciones sobre un posible mejor tratamiento práctico en el sistema anterior, el nuevo sistema hace más explícito el papel de la víctima en el proceso a través de un enfoque de reparación integral de los perjuicios ocasionados por la comisión del delito. - El concepto de prueba: Sólo se considerará como prueba aquella que se practique ante el juez de conocimiento, durante la etapa del juicio. A diferencia del sistema anterior, todo lo que se haya realizado durante la etapa de la investigación se considerará como simple evidencia o elemento material probatorio. Se adopta el principio de la concentración de la prueba, según el cual, para que una prueba sea válida, debió haberse solicitado, practicado y controvertido durante la fase que dirige el juez. - La cadena de custodia: Se establece como imprescindible la conformación de una regulación que de cuenta del procedimiento que se debe seguir para asegurar, embalar y preservar las evidencias o los elementos probatorios hallados durante la investigación. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de aquellos servidores públicos que hayan entrado en contacto con los elementos materiales probatorios y la evidencia física. - La referencia al sujeto pasivo de la acción penal: Se trata del individuo sobre quien recaen las sospechas de la comisión de un ilícito. La persona de quien se cree cometió el delito. En el nuevo sistema las nominaciones cambiaron. Se califica como indiciado al simple sospechoso. Se denominará imputado una vez el juez de control de garantías haya aceptado la imputación que hace el fiscal instructor. La calificación del sujeto pasivo de la acción penal será la de acusado a partir de la presentación de la acusación. La condición de condenado (o reo) se adquirirá con la sentencia en firme que declare su responsabilidad. - El control de garantías. Se establece la función de Garantías, en cabeza de los jueces ordinarios que laboran en lo penal. El juez retoma una función que estaba suelta y dispersa y que, muchas veces se presentaba para las arbitrariedades. - Las audiencias públicas: Dado el principio de publicidad del proceso, las audiencias públicas cobran mayor importancia en el Sistema Penal Acusatorio.

Por otra parte, a partir del análisis realizado y del resultado de la investigación exploratoria surgen dos tipos de resultados: a. Propuestas iniciales de indicadores para enriquecer la capacidad de análisis del SUIVD en materia de acción de la justicia y su impacto en la seguridad ciudadana b. Sugerencias para articular acciones propias de la política distrital de seguridad ciudadana y convivencia al objetivo de mejoramiento del acceso a la justicia y de la implementación del SPA en Bogotá

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7. Indicadores propuestos para incorporar al Sistema Unificado de Información sobre violencia y Delincuencia de Bogotá- SUIVD A partir de los diferentes ángulos de trabajo que ha permitido esta investigación exploratoria, surge una propuesta inicial de temas para el desarrollo de indicadores que permitan enriquecer la capacidad de análisis del SUIVD en materia de acción de la justicia incluye los siguientes puntos: A. El esclarecimiento de delitos. Debe apuntar a analizar el avance de la tarea de policía judicial en materia de producción de pruebas que permitan el esclarecimiento de crímenes y delitos en Bogotá. B. La reincidencia: Debe permitir el conocimiento sistemático de la reincidencia en el ingreso al sistema de justicia y por ende de la reincidencia en el delito. C. La situación de las víctimas. Debe permitir la el seguimiento a las acciones del sistema en relación con las víctimas y de su evolución en el tiempo D. La situación de los subrogados penales y de las conciliaciones: Debe permitir la cuantificación de formas de subrogado penal que comporta el sistema y de conciliaciones previas a cualquier sentencia en Bogotá. Cada uno de estos puntos debe ser objeto de un más profundo análisis que permita establecer la situación detallada en primer lugar, la información disponible y la posibilidad de desarrollar un índice o un indicador que permita hacer seguimiento a la evolución. De entrada, se trata de indicadores que se ubicarían en la interfase entre seguridad y justicia, permitiendo una mejor articulación entre estos dos ámbitos en beneficio del ciudadano. 8. Acciones desde la política pública distrital para apoyar el mejoramiento del Sistema Penal Acusatorio en Bogotá La separación de poderes impone papeles distintos a la administración distrital y a los organismos de la justicia. Sin embargo en la tarea de construir seguridad ciudadana ambos deben participar y esto de manera complementaria. El Distrito Capital desde sus políticas de seguridad ciudadana y convivencia puede influenciar de manera positiva el desarrollo y la implementación del SPA en la ciudad. Los organismos de la justicia, desde la policía judicial, pasando por el ente acusador y hasta los jueces, pueden ver un Sistema Penal de mejor aplicación en la ciudad si la administración distrital incluye en su política pública aspectos como:

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SPA

Ocurrencia del delito

Apoyo acceso a la justicia y orientación al ciudadano

Intercambio información Atención población Distrito-Justicia carcelaria

Indagación

Investigación

Atención a las víctimas

Juicio

Pena

Capacitación Policía Judicial y apoyo logístico

A. Orientación al ciudadano para facilitar el a acceso a la justicia: Se nota el interés de desarrollar dispositivos que orienten al ciudadano sobre la manera correcta de acceder a las diferentes formas de justicia en la ciudad, con ayuda de mapas institucionales precisos que faciliten la atención adecuada y en el menor tiempo posible de las demandas ciudadanas de justicia. Una política distrital de instrucción pública acerca de los pasos y etapas para el acceso a la justicia sería de gran utilidad, así como una estrategia de comunicación cuáles son los recursos de acceso a la justicia y cómo utilizarlos. B. Intercambio de información Distrito – Justicia: El Distrito y la Administración de Justicia en Bogotá deben reforzar los espacios de intercambio y de diálogo, teniendo en cuenta aspectos como: la participación de jueces en los consejos de seguridad, la remisión cotidiana de información consolidada de los organismos de justicia a la Secretaría de Gobierno y viceversa, la construcción y puesta en operación de índices de seguimiento a aspectos de la administración de justicia de interés para la política de seguridad ciudadana, y el análisis conjunto de la percepción de la justicia y la impunidad por parte de la ciudadanía. C. Atención a las víctimas: La intención de la administración distrital de concentrar iniciativas que permitan desarrollar un modelo compuesto por apropiados esquemas de acompañamiento y asesoría a las víctimas de la violencia y la delincuencia, se convierten en un elemento que debe contribuir a la materialización del mandato de mayor atención a las víctimas previsto por la legislación en materia penal. D. Capacitación de la policía judicial y apoyo logístico: Dado que la formación y capacitación es una de las competencias de la administración central para con los funcionarios que trabajan en estas actividades de la seguridad ciudadana, el Distrito puede seguir

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influyendo de manera positiva las necesidades de capacitación amplia, práctica e integral de los operadores del sistema penal, en particular de la policía judicial. De la misma manera su competencia de apoyar a las instituciones que intervienen en diferentes aspectos de la seguridad ciudadana, mantiene la posibilidad de apoyar es aspectos logísticos a entidades como la Fiscalía y su CTI. E. Atención a la población carcelaria: Como apoyo al modelo penitenciario nacional, el modelo de la cárcel distrital, centrado en una pedagogía que facilita la reflexión y el re-conocimiento de la norma social y legal, puede contribuir a la mejor reintegración del individuo a la vida en sociedad y por ende a disminuir la necesidad de volver al círculo de la violencia y la delincuencia para los ciudadanos que han sido condenados. 9. Elementos bibliográficos Alvarez-Correa Guyader, M., 2005. La gesta y el cantar : sistema penal acusatorio, delitos sexuales y política pública. Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, 2005. Informe: Resultados de la gestión. Bogotá. Consejo Superior de la Judicatura, 2006. Informe al Congreso 2005-2006. Cáp. “Primer año de implementación del Sistema Acusatorio”. Bogotá. Corporación Excelencia en la Justicia, 2005. Nuevo Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004. En: Sistema Penal Acusatorio. Una política criminal para la lucha contra la impunidad en un marco reforzado de derechos. Legis, Bogotá, pp. 33 – 34.c Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Censo 2005. Disponible en: http://www.dane.gov.co [Noviembre de 2006]. Fiscalía General de la Nación. Boletines Estadísticos 2005. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/pag/general/estadisticas/BOLETIN%2014.pdf p. 34 [Septiembre de 2006]. Fiscalía General de la Nación, 2006. Boletín Estadístico No. 16. Consolidado Nacional. Trimestre Abril - Junio 2006. P. 56 Fuentes Hernández, A., 2004. Reforma Judicial en Colombia: Progresos en 15 años, 39 p. (Primera versión para comentarios). Una Versión inicial de este informe fue escrita por el autor con el título “Reforma Judicial en Colombia: Tendencias recientes 1991-2003. Publicado en: En busca de una Justicia Distinta. Experiencias de Reforma en América Latina. Compilador Luís Pásara. Consorcio Justicia Viva, Lima 2004. Ley 906 de 2004. Ley 600 de 2000. Osorio Isaza, L.C., 2005. Sistema penal acusatorio: reflexiones jurídicas, económicas y sociales de la reforma. Procuraduría General de la Nación, 2005. Memorias del Diplomado “El Ministerio Publico en el Sistema Penal Acusatorio”, Policía Judicial concepción moderna. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Bogotá. Ramos Serrano, A., 2006. Implementación del sistema penal acusatorio en la unidad de reacción inmediata-sede Paloquemao. Revista FORO n. 50, de 2004 Reyes Alvarado, A., 2005 “La implantación del sistema penal acusatorio en Colombia: un estudio multidisciplinario”. Revista Ingeniería. Universidad de Los Andes. Bogotá. Rubio, M., 2004. Crimen sin sumario. Procuraduría General de la Nación. Bogotá. Santos, R. & González Cuervo, M., 2004. “La víctima en el Sistema Penal Acusatorio” . Citado por: Fiscalía General de la Nación. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Semanario/sem8.htm [Septiembre de 2006]. Sentencia C-228-02. Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia. Estadísticas del SUIVD para el año 2005. Disponible en: http://www.suivd.gov.co/estadisticas/archivos/frame.htm [Octubre de 2006]. Universidad de Los Andes, Instituto Ser de Investigación. “Plan Operativo para la Implantación de la Reforma del Sistema Penal Colombiano” Bogotá, Septiembre 2004.

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2,14

7,61 10,31 55,87 4,11 19,17 8,42 10,55 13,05 5,77 7,65 15,58 14,43 0,15 5,26 2,83 15,65 3,87

1,41 0,69 0,65 0,64 0,77 1,81 0,28 0,56 0,40 0,70 7,73 0,39 5,61 0,58 0,10

Hurtos residencia/100,000 viviendas 3,06 11,69 23,72 16,32 17,30 17,83 11,20 25,42 8,03 9,82 4,76 7,58 20,08 13,10 13,20 9,39 44,20 8,43 4,90 26,51 33,18 13,84 6,06 17,99 30,68

Número motos hurtadas/1000 matriculadas

0,77 1,13 4,11 15,54 0,65 1,40 3,39 1,79 2,30 1,53 2,79 7,15 2,34 2,70 7,73 1,29 2,39

0,09 0,12 0,07 0,16 0,15 0,23 0,19 0,18 0,11 0,23 0,17 0,29 0,25 0,11 0,39 0,16 0,12 0,12 0,11 0,22 0,19 0,11 0,38 0,23 0,14

Hurto autos/1000 matriculados

6,52 11,69 2,44 12,61 2,96 1,50 23,52

Homicidios/100,000 hb

0,82 0,39 0,49 1,28 1,11 1,52 0,15

Capturas O.J/Policía.

Individualizaciones/funcionario CTI

Capturas cumplidas/capturas NO cumplidas CTI

1,03 4,44 6,81 2,19 14,39 2,34 0,93

Hurto a personas/100,000 hb

184,80 146,96 160,74 112,98 167,60 230,40 264,27 297,04 147,00 206,38 256,46 134,72 125,56 140,55 202,13 117,69 279,16 211,57 221,27 235,98 200,27 162,03 152,49 162,68 190,11

Invest cumplidas/Invest NO cumplidas-CTI

3,58 4,02 2,46 3,17 8,09 7,92 5,19 0,00 6,10 4,43 3,40 2,99 6,33 7,22 6,36 3,61 11,40 5,24 5,67 1,35 9,15 5,27 4,70 6,89 3,60

Policía/100,000 hb

9,56 5,30 7,48 5,70 11,31 7,48 9,39 0,00 7,31 7,16 6,80 4,21 6,37 4,97 7,15 4,22 9,73 4,70 7,09 7,33 8,11 7,72 4,44 9,51 5,39

Hurtos comercio/100,000 Unidades económicas

1,80 1,04 2,35 0,75 2,64 2,75 1,48 0,71 1,45 1,02 1,13 0,88 1,62 0,64 2,09 1,50 1,15 1,31 1,68 3,08 2,43 2,24 0,52 2,77 1,11

CTI/100,000 hb

Antióquia (1) Atlántico Bogotá Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar Chocó Cordoba Cundinamarca Guajira Huila Magdalena Meta Nariño Norte de Santánder Quindio Risaralda Santánder Sucre Tolima Valle

Fiscales/100,000 hb

Departamento

Juzgados/100,000 hb

ANEXO: Indicadores de insumos, productos e impactos del SPA para el análisis de efectividad del Sistema y de su relación con la Seguridad Ciudadana de Bogotá INSUMOS SISTEMA PENAL PRODUCTOS SISTEMA PENAL IMPACTOS SISTEMA PENAL

361,65 927,60 1.338,37 1.492,48 896,03 368,83 103,19 929,66 598,82 746,17 215,92 321,95 701,76 757,35 558,02 560,27 1.648,10 426,69 445,34 1.321,49 2.389,15 618,60 4,28 902,86 1.253,82

37,15 97,96 176,86 107,18 71,50 39,28 158,56 73,29 56,47 42,05 29,91 18,27 101,55 41,72 167,36 36,94 179,59 23,76 35,19 91,58 195,87 173,66 94,21 110,02 235,51

35,32 27,37 19,66 22,52 11,81 63,27 108,9 60,54 40,73 26,59 20,16 16,57 18,04 48,13 35,96 31,67 88,07 60,89 68,35 49,36 88,96 21,55 17,77 25,31 78,62

1,895 3,881 4,872 1,791 1,381 1,272 1,679 5,055 6,646 2,55 0 0,137 0,498 17,48 1,377 1,678 3,521 3,067 4,226 2,232 3,6 1,344 0,767 1,103 3,148

2,316 8,909 1,594 12,18 1,245 1,865 2,728 25,27 8,462 5,257 56,23 4,646 0,208 18,02 9,819 8,191 9,697 5,434 4,412 2,535 7,496 2,574 4,43 3,137 4,101

Fuente: Cálculos propios para Bogotá y los departamentos de Colombia

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