BOLETIN DE DESGRACIAS GENOVESAS

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 04 al 10 de diciembre de 2010 Nº 556

ÍNDICE

1. RAJOY, DE COPAS MIENTRAS EL GOBIERNO DECLARABA EL ESTADO DE ALARMA 2. RAJOY APROVECHA EL CAOS AÉREO PARA HACER OPOSICIÓN 3. EL PP NIEGA LOS CONTACTOS QUE CONFIRMAN LOS TÉCNICOS AÉREOS 4. ¡LA CULPA DE LA CRISIS PROVOCADA POR LOS CONTROLADORES, TAMBIÉN, LA TIENE…ZAPATERO! 5. COSPEDAL PIDE EXPLICACIONES A ZAPATERO POR LA CRISIS DE "LOS CONSOLADORES" 6. UN DIPUTADO POPULAR EXIGE LA DIMISIÓN DE BLANCO, Y SÁENZ DE SANTAMARÍA DICE QUE "EL PP APOYA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO" 7. AZNAR ACUSA A ZAPATERO DE LLEVAR AL PAÍS "AL PRECIPICIO" Y DE "JUGAR A LA RULETA RUSA" 8. LA POLICÍA CREE QUE BÁRCENAS OCULTABA EN SUIZA FONDOS DE LA RED 'GÜRTEL' 9. HACIENDA DESCUBRE INGRESOS EN LA 'CAJA B' DE CORREA EN LAS ELECCIONES DE 2007 10. DIRIGENTES DEL PP SE REPARTÍAN DINERO DE LA CAMPAÑA 11. LA RED BLANQUEÓ 12 MILLONES EN EL EXTERIOR 12. BÁRCENAS QUISO SACAR DE SUIZA 1,3 MILLONES AL VERSE DESCUBIERTO 13. “A CADA CERDO LE LLEGA SU SAN MARTÍN” 14. CORREA INVIRTIÓ EN CASAS DE LUJO EN MIAMI CASI DOS MILLONES DE EUROS OPACOS AL FISCO 15. LA 'TRAMA GÜRTEL' PAGÓ MÁS DE 12 MILLONES DE EUROS EN SOBORNOS 16. LA POLICÍA HALLA LA PRUEBA DEL AMAÑO EN EL MAYOR CONTRATO QUE GANÓ 'EL BIGOTES' 17. EEUU INVESTIGA A LA 'TRAMA GÜRTEL' POR BLANQUEO 18. GALICIA. LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD 19. GALICIA. BALTAR GASTA EL 41% DEL PRESUPUESTO EN NÓMINAS DE EMPLEADOS 20. GALICIA. BALTAR EMPRENDE UNA OFENSIVA JUDICIAL CONTRA ALCALDES DEL PSDEG 21. GALICIA. EL 'SUPERDELEGADO' DE OURENSE AUTORIZÓ UNA OBRA PROHIBIDA POR PATRIMONIO 22. ANDALUCÍA. LA JUEZ DEL 'CASO QUALITY FOOD' MANTIENE TODAS LAS IMPUTACIONES 23. ANDALUCÍA. DE LA TORRE ATIZA EL VICTIMISMO EN EL DEBATE SOBRE MÁLAGA 24. COMUNIDAD DE MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE SABÍA QUE MQM ERA UNA 'PANTALLA' DE LA 'GÜRTEL' 25. COMUNIDAD DE MADRID. LA MISMA FIRMA DE LA PUBLICIDAD FANTASMA 26. COMUNIDAD DE MADRID. UN INFORME ESTATAL VE PROBLEMAS EN LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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27. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN, APERCIBIDO POR NO AYUDAR AL JUEZ 28. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX ALCALDE DEL PP DE ALCORCÓN, DENUNCIADO POR DELITO URBANÍSTICO 29. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY VETA LA PRESENCIA DE RICARDO COSTA EN LA PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA DE GALLARDÓN 30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN TENDRÁ UNA ESCULTURA INSPIRADA EN FABRA 31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL COBRO IRREGULAR DE IMPUESTOS LE CUESTA AL CONSELL MÁS DE 10 MILLONES 32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL DIRECTOR DE CANAL 9 ATACA A LA JUSTICIA PARA DEFENDERSE 33. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA CONCEJAL DEL PP DE ELCHE, DENUNCIADA POR QUEDARSE CON FONDOS DE DISCAPACITADOS 34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP SE ADUEÑA DE LA CAMPAÑA DE CÁRITAS EN UN MUNICIPIO 35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO BRUGAL' DINAMITA EL GOBIERNO ENTRE POPULARES Y NACIONALISTAS EN CALP 36. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ IMPUTA A UN EX EDIL EN LA TRAMA DEL 'CASO POLOP' 37. ISLAS BALEARES. LA FISCALÍA ACUSA A CARDONA DE UN “SAQUEO Y ROBO SISTEMÁTICO” EN EL CDEIB 38. PRINCIPADO DE ASTURIAS. RAJOY ADMITE QUE HASTA 2011 NO TENDRÁ CANDIDATO EN ASTURIAS

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1. RAJOY, DE COPAS MIENTRAS EL GOBIERNO DECLARABA EL ESTADO DE ALARMA A muchos llamó la atención no sólo que Mariano Rajoy se quedara varado en Lanzarote a causa del caos aéreo generado por los controladores, sino que tampoco tuviera ni idea de qué estaba pasando. Pero, ¿qué hizo después Rajoy? Pues irse de fiesta. El líder de la oposición estuvo en un pub de Lanzarote mientras el Gobierno anunciaba la declaración del estado de alarma. Junto a Rajoy, fotografiándose con los clientes estaba el líder del PP en Canarias, José Manuel Soria, y otros dirigentes locales, tal y como se aprecian en las fotografías que ha colgado en su Facebook el Buzos Bar. En las fotografías se aprecia a un Mariano Rajoy ufano, posando con los viandantes a la puerta del local, pero también con los clientes de dentro. Los dirigentes del PP de Canarias, consultados por la Cadena SER, restan importancia al tema. Dicen que cenaron en un hotel, luego salieron a pasear y visitaron algunos locales de la zona. Según ellos, Rajoy pasó la noche pendiente del caos.

(www.elplural.com, 05/12/10) 2. RAJOY APROVECHA EL CAOS AÉREO PARA HACER OPOSICIÓN Mariano Rajoy no desaprovecha un sólo instante para hacer oposición. Tampoco el caos aéreo provocado por los controladores en pleno puente de la Constitución. Tirado en el aeropuerto de Lanzarote, el presidente del PP, no perdió la oportunidad para grabar uno de sus vídeos de 'Rajoy en acción'. En él, el jefe de los conservadores se presenta como un español más que se ha quedado en tierra. Conversa con azafatas que, muy amablemente, le informan de la cancelación de su vuelo y con varios pasajeros que aprovechan para hacerse una fotografía con él. "Pido que se informe de todo a los ciudadanos y que esto se resuelva ya", se limita a aportar al jefe de la oposición. "La gente está tirada por aquí y tienen derecho a que se les informe", añade. En ningún momento el jefe de la oposición ha manifestado su apoyo o no a la medida tomada por el Ejecutivo de decretar el estado de alerta. Mariano Rajoy se plantea abandonar Lanzarote en un barco de la compañía regular Armas, que lo llevaría a Gran Canaria, han informado fuentes del Partido Popular en Canarias. Rajoy tenía previsto volar por la tarde hacia Gran Canaria para pasar unos días de descanso junto a su familia, pero su vuelo fue cancelado mientras que su familia tampoco pudo salir de Madrid. (www.elpais.com, 04/12/10) 3. EL PP NIEGA LOS CONTACTOS QUE CONFIRMAN LOS TÉCNICOS AÉREOS El PP se esforzó a lo largo de toda la jornada en negar las conversaciones con los controladores aéreos que denunció el secretario de política autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías. Pero su insistencia y sus descalificaciones a las "mentiras" del dirigente socialista toparon con la versión ofrecida por los técnicos de control del espacio aéreo. Ellos también confirmaron estos encuentros. Según desveló a Público César Cabo, secretario de comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), en las últimas www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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semanas tanto el PP como el resto de grupos parlamentarios, menos el PSOE, han mantenido reuniones en el Senado con representantes de los gestores del tráfico aéreo. Para Cabo, "es absurdo intentar ocultarlo", puesto que se celebró una comida de la que pudieron ser testigos los habituales de la Cámara Alta. No obstante, Cabo insistió en que este tipo de encuentros con el partido conservador no implican que haya habido un lobby con el partido presidido por Mariano Rajoy. Pese a estas declaraciones, en el PP fueron muy insistentes en desmentir la información desvelada por Gaspar Zarrías. Precisamente, el encargado de hacerlo fue el diputado Andrés Ayala, uno de los cargos conservadores que las fuentes conocedoras de estos encuentros ubican como uno de los protagonistas. Ayala, portavoz de fomento del PP, invitó al responsable de relaciones institucionales y política autonómica de los socialistas a "solventar el problema" en lugar de "descalificar con mentiras" al PP. Además, añadió que Zarrías "no puede demostrar" las reuniones. Tras instar a los socialistas a retirar lo que calificó de "gravísimas acusaciones", Ayala definió a Zarrías como el "kamikaze" designado por el Gobierno para "distraer la atención de los problemas que tiene". Y fue más allá al considerar que las palabras del secretario de relaciones institucionales del PSOE sólo se entienden en el contexto de una persona "irresponsable" y "totalmente acabada". Lo que sí quiso desvelar el portavoz de la Comisión de Fomento del PP fue que el pasado martes advirtió al ministro de Fomento, José Blanco, de que en Galicia y en Canarias comenzaban a detectarse problemas cada vez más graves en el tráfico aéreo, informa Efe. A juicio de Ayala, su partido ha sido leal al Gobierno de Zapatero dándonle su respaldo en las leyes promovidas para poner fin al conflicto con los controladores. Una hora antes de que Zarrías pusiera sobre la mesa los contactos entre el PP y los controladores aéreos, el vicesecretario de comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, compareció ante la prensa en Valencia para valorar la actualidad política. El grueso de su intervención estuvo destinado a exigir explicaciones al Gobierno. Basándose en unas declaraciones realizadas por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en las que apuntaba que "había indicios" de una posible huelga de los controladores, Pons instó al Ejecutivo a aclarar "desde cuándo sabía que esto podía ocurrir" . En este sentido, el dirigente conservador demandó al Gobierno que explique por qué "adoptó una decisión tan inoportuna [en el Consejo de Ministros del viernes] si tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir". Pons se refería a la aprobación del decreto que regula las condiciones de trabajo de los controladores. "Echando la vista atrás a lo sucedido esta semana: la crisis de los mercados, la crisis económica, la pérdida de confianza en el exterior, el conflicto con Marruecos y el estado de alarma uno se pregunta qué más le puede pasar a España bajo el Gobierno de Zapatero", disparó. A juicio de Pons, en este episodio "está claro quiénes son los culpables". Pero "también que el responsable político de la situación es el Gobierno". Por ello, pidió a Zapatero que "dé la cara" y no se esconda detrás de Rubalcaba. (www.publico.es, 05/12/10) 4. ¡LA CULPA DE LA CRISIS PROVOCADA POR LOS CONTROLADORES, TAMBIÉN, LA TIENE…ZAPATERO! El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la crisis en los aeropuertos españoles, y le ha acusado de “esconderse” detrás del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, por no acudir ante los medios de comunicación después del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, que aprobó el estado de alarma. Según González Pons, los culpables de la situación crítica en los aeropuertos españoles son los controladores, pero "el responsable político es Zapatero", ya que, según explicó, la ministra de Economía, Elena Salgado, reconoció esta mañana que el Gobierno tenía noticias desde de que esto podía ocurrir, y el ministro de Fomento, José Blanco, había comunicado problemas con los controladores en Galicia. “Si el Ejecutivo sabía que esto podía ocurrir, ¿por qué aprobó un decreto tan conflictivo la víspera de un puente tan importante?”, preguntó el portavoz popular. González Pons consideró que dado que lo ocurrido “no es una catástrofe natural, y por lo tanto, era previsible, el Gobierno debe aclarar desde cuándo lo sabía, y por qué no se informó a los ciudadanos, a las agencias de transporte y de viajes , y por qué no se adoptó un plan alternativo.

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“En tres días, hemos pasado de privatizar los aeropuertos a militarizarlos, sin que el presidente de la cara”. González Pons acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de "esconderse" detrás de Rubalcaba. “Lo mínimo que debe hacer es dar la cara. Siempre que lo necesitan los españoles, Zapatero no está. Y ahora no sabemos dónde está. No ha acudido a la cumbre iberoamericana y en estos momentos, cuando se ha declarado por primera vez el estado de alarma, tampoco ha estado”, afirmó el vicesecretario de Comunicación del PP. González Pons sentenció que “la política es el arte de resolver los problemas sin crear otros problemas mayores”, y que la crisis en los aeropuertos “demuestra que el conflicto del Gobierno socialista con los controladores no estaba resuelta, que el colectivo estaba dispuesto a mantener una actitud más combativa que nunca, y no se nos había informado de ello”, recriminó. “Hemos vivido la crisis de los mercados, la pérdida de confianza en la economía española, el conflicto con Marruecos, y ahora esto. Uno se pregunta, con el corazón en la mano, qué más le puede pasar a España, de la mano del Gobierno de Zapatero”, afirmó González Pons. (www.elplural.com, 04/12/10) 5. COSPEDAL PIDE EXPLICACIONES A ZAPATERO POR LA CRISIS DE "LOS CONSOLADORES" La secretaria general del PP hizo pública en la mañana del martes (11,45 horas) una nota de prensa en la que, entre otras cosas, aclara que "Zapatero tendrá que explicar cuál ha sido la negociación del Gobierno socialista con los consoladores (en vez de controladores) en estos últimos ocho meses que dura el conflicto, previo a esta huelga salvaje, que condenó", precisa. En el comunicado, remitido desde la sede toledana, llama igualmente la atención la supresión de la partícula "DE" de su apellido, recuperando así su antiguo nombre “Mª Dolores Cospedal”, en lo que no se sabe si se trata también de un lapsus o de todo un propósito de intenciones de cara a las elecciones autonómicas. “La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, Mª Dolores Cospedal (en vez de Mª Dolores de Cospedal), afirmó hoy (martes,7 de diciembre) en Albacete que el Partido Popular apoyará en el Congreso de los Diputados el decreto del Gobierno por el que se declaró el estado de alarma para afrontar la crisis provocada por el paro de los controladores aéreos, si bien, aclaró que Zapatero tendrá que explicar cuál ha sido la negociación del Gobierno socialista con los consoladores (en vez de controladores) en estos últimos ocho meses que dura el conflicto, previo a esta huelga salvaje, que condenó”. Transcripción literal del comunicado de prensa enviado por la oficina de la secretaria general del PP y que se adjunta en esta noticia. La nota, que recibe las “bendiciones” de la oficina de prensa de Toledo que dirige el polémico Fernando Urrutia, enfrentado a varios diarios regionales y nacionales, entre ellos “Público”, y a sus propias compañeras de la sede nacional de la calle Génova, es recibida por los medios de comunicación a las 11, 45 horas del martes, sin que a la hora de publicar esta crónica exista un nuevo comunicado rectificando el término “consoladores” por el que suponemos verdadero vocablo que debería formar parte de las declaraciones de Cospedal y que no es otro que “controladores”. No nos gustaría estar en el pellejo del polémico jefe de prensa de Cospedal, ya que no solo ha confundido la palabra “consolador” con “controlador”, también se ha permitido el lujo de suprimir de un plumazo la partícula “DE” del apellido de la madrileña. “La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, Mª Dolores Cospedal (sic)”, dice el texto, para seguidamente caer en el mismo ¿error?, cuando señala en su último párrafo: “María Dolores Cospedal criticó asimismo al Gobierno de Barreda (sic)”. Ambos nombres sin la preposición “DE”. ¿Un lapsus o un cambio de estrategia para volver a su genuino y primario nombre donde no aparecía la partícula “DE”? Lo sabremos en la emisión de las próximas notas de prensa de la oficina toledana de comunicación del PP. Es cierto que no solo María de los Dolores Cospedal (pondremos el apellido sin “DE” hasta que su polémico jefe de prensa nos aclare si se trata de una errata o de una nueva estrategia electoral) ha protagonizado sonoros lapsus literarios o linguae. Tal vez, el más famoso fue cuando Zapatero dijo en la firma de un convenio con el presidente ruso Medvedev, tras visitar la esposa de éste Toledo, que: “hemos firmado un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar ese turismo”. O aquella frase no menos famosa de Mariano Rajoy, sentenciando: “ETA es una gran nación, perdón, España es una gran nación”. Pero lo dicho ahí queda y lo escrito, por ahora, no ha sido “borrado”. (www.elplural.com, 04/12/10)

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6. UN DIPUTADO POPULAR EXIGE LA DIMISIÓN DE BLANCO, Y SÁENZ DE SANTAMARÍA DICE QUE "EL PP APOYA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO" El diputado del PP y portavoz de Asuntos de Inmigración en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido este domingo la dimisión del ministro de Fomento, José Blanco, por haber usado, según ha dicho, a los ciudadanos "como rehenes y víctimas" del "pulso" contra los controladores, a los que llamó "una casta que el Ejecutivo socialista ha consolidado". Según Hernando, Blanco ha sido "incapaz" de negociar con los controladores y es el responsable de promover la aprobación, el pasado viernes, de un Decreto que sabía iba a ocasionar consecuencias "graves". El diputado popular ha acusado al ministro de Fomento de usar a “los Alonso -José Antonio Alonso, portavoz parlamentario, - y a los Zarrías –en alusión a Gaspar Zarrías- para desviar la atención acusando al PP de conspiraciones delirantes. Debería dimitir y dejar paso a alguien que sea capaz de resolver" la situación, ha afirmado Hernando. El portavoz de Inmigración de los populares ha agregado que el Gobierno sabía que con el decreto aprobado el viernes, que establecía las horas de trabajo de los controladores, pondría "el detonante" para una "reacción ilegal y salvaje" de este colectivo. El diputado del PP ha afirmado que al Gobierno "no le ha importado usar a miles de ciudadanos que iniciaban sus vacaciones, o sus pequeñas vacaciones, como víctimas de unas decisiones que tienen como objetivo hacer caja con AENA". Las declaraciones de Hernando contrastan diametralmente con las efectuadas, también este domingo, por la portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que trasmitió todo el apoyo de su partido al Gobierno para solucionar el caos aéreo y remontar las dificultades económicas que se deriven, así como la imagen que ha dado España. Sáenz de Santamaría había afirmado hace unas horas que el PP apoya todas las medidas adoptadas por el Gobierno para restablecer la normalidad en el tráfico aéreo tras el caos provocado por los controladores pero ha pedido al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que explique ante el Congreso de los Diputados la gestión llevada a cabo "estos dos últimos días y estos dos últimos años". En rueda de prensa, Sáenz de Santamaría ha reclamado al Ejecutivo que "tome todas las medidas necesarias" para restablecer la situación del sector aéreo, asegurar el transporte de los ciudadanos y evitar situaciones similares en el futuro. "El PP apoyará todas las medidas del Gobierno para restablecer el sector hotelero, el turismo y la imagen del país", apuntó. En este sentido, Sáenz de Santamaría pidió al Gobierno que depure responsabilidades "penales, administrativas y laborales". (www.elplural.com, 05/12/10) 7. AZNAR ACUSA A ZAPATERO DE LLEVAR AL PAÍS "AL PRECIPICIO" Y DE "JUGAR A LA RULETA RUSA" José María Aznar sigue con su cruzada contra el Gobierno de Zapatero y contra la credibilidad de España. Un discurso que ha ido redoblando cada día que pasa con más intensidad. Lo ha hecho, esta vez, en Nueva Jersey, donde participó en la clausura del II Congreso de su partido en Estados Unidos. "España vive unos momentos muy críticos: alguien que invita a un país cada 15 días a darse un paseo por el precipicio o a jugar a la ruleta rusa, acaba recibiendo algo muy desagradable de ese juego", afirmó el presidente de honor del PP. Según Aznar, "España ha dado pasos atrás muy graves en su presencia internacional en el mundo" y reflexionó que ello no se debe a que " nos hayan empujado", sino a que "se han tomado decisiones muy equivocadas". El ex presidente del Gobierno considera que "si queremos evitar males mayores, España tiene que ser capaz de tomar las decisiones que tenga que tomar" y "no vivir a remolque de lo que otros decidan". A continuación, acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de “poner parches para tapar la hemorragia” y de “levantarse” cada mañana pendiente de lo que “dicen los mercados y la Unión Europea”. Al respecto, puntualizó que siempre defenderá que España "esté en la mesa donde se toman las decisiones, nunca que esté fuera para que otros tomen las decisiones” por el país, según la Ser. El presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) aseguró que, sin una mejora de la competitividad, España no logrará "generar confianza, no atraerá inversiones y, por lo tanto, tampoco empleo ni oportunidades para los ciudadanos". www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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El ex presidente del Gobierno afirmó que el sistema financiero de España necesita capitalización porque sin ella no va a poder salir de la "brutal" crisis económica en la que se encuentra". Junto con la capitalización y reforma del sistema financiero, propuso una reestructura del "insostenible" Estado del bienestar, ya que "no puede ser que la gente quiera empezar a trabajar lo más tarde posible y jubilarse lo antes posible". En su discurso, Aznar no dejó pasar la ocasión para darle un toque a su sustituto en el puesto, Mariano Rajoy, al afirmar que el próximo año no va a ser fácil para su partido, que Rajoy, "va a tener mucha responsabilidad en el futuro", y que los afiliados deben apoyarle, pero también ser "exigentes”, para que los “líderes se muevan y hagan bien las cosas". El ex presidente, que acudió a la ceremonia de clausura del congreso como parte de un viaje de nueve días por Estados Unidos y Canadá, asistirá mañana al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), donde hablará también de la situación económica europea. (www.elplural.com, 06/12/10) 8. LA POLICÍA CREE QUE BÁRCENAS OCULTABA EN SUIZA FONDOS DE LA RED 'GÜRTEL' La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía alerta al juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid de que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas es el titular de una cuenta bancaria en Suiza que se nutre de las operaciones realizadas en España por la trama de corrupción. Así se desprende de un informe, al que ha tenido acceso Efe, incluido en la última parte del sumario cuyo secreto levantó el pasado lunes el magistrado instructor, y que desde hoy está siendo facilitado a las partes personadas en la causa. El juez cursó en abril una comisión rogatoria a Suiza tras recibir este informe, que asegura que Bárcenas solicitó en febrero una tarjeta bancaria con un límite mensual de 25.000 euros para disponer de los fondos ya existentes en una cuenta abierta en Suiza "con el fin de trasvasar dichos capitales a otro lugar y de esta forma dificultar la investigación sobre su patrimonio". Por su parte, el cerebro de la trama, Francisco Correa, entró en contacto desde prisión con el bufete de abogados Fontan et Associés, con sede en Ginebra (Suiza) con la intención de evitar un bloqueo de los fondos de sus empresas desviados a cuentas de éste país, según se desprende de un informe de la UDEF. En el escrito, los agentes interpretan notas manuscritas localizadas en un registro efectuado en la celda de Correa en la cárcel de Soto del Real el 6 de mayo del 2009, que ponen en relación con otros indicios, entre ellos varias conversaciones telefónicas mantenidas por el también imputado Pablo Crespo con su abogado. Así, destacan que Correa tiene en su poder un papel con la dirección del bufete y el nombre de uno de sus socios, Yvan Jeanneret, e indican que el despacho se dedica a la representación de empresas en litigios penales o civiles y que cuenta con "una sólida red de corresponsales en Suiza y en el extranjero y relaciones privilegiadas con los entes locales". La UDEF asegura que tiene conocimiento de que el grupo liderado por Correa es partícipe de sociedades ubicadas en Suiza, Reino Unido y Holanda y que existen "fondos de capital en esos países" para lo cual ha cursado las pertinentes comisiones rogatorias. Opina que el empresario "tenía y tiene conocimiento" del camino que ha emprendido la investigación policial y tiene "la pretensión de desplegar algún tipo de defensa legal al respecto". (www.elperiodico.com, 04/12/10) 9. HACIENDA DESCUBRE INGRESOS EN LA 'CAJA B' DE CORREA EN LAS ELECCIONES DE 2007 se dio a conocer la parte del sumario que destapa las alcantarillas del PP, el caso Gürtel. Hemos sabido que el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, es el titular de una cuenta bancaria en Suiza que se nutre de las operaciones realizadas por la trama de corrupción. Y que Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama, seguía dirigiendo desde la prisión de Soto del Real sus negocios ilícitos a través de sus abogados. Además, un informe de la Agencia Tributaria realizado en julio de 2009 a petición del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, vincula las elecciones autonómicas y locales de 2007 con "significativas entregas" de dinero a las empresas del grupo de Correa. www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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Tras el análisis de la tesorería oculta de la organización, localizada en un piso de la calle Serrano número 40 de Madrid, los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude subrayan el hecho de que solo cinco días antes de la fecha los comicios el grupo recibiera un ingreso de 1.050.000 euros, mientras que en 2008 apenas habría entregas. Según revela este informe incluido en el sumario, en el periodo 2005 a 2007 las personas integrantes de la trama encabezada por Francisco Correa habrían ingresado 8.129.790 euros mediante entregas de origen desconocido, si bien la mayoría de ellas se concentran en 2007 (5.298.000 euros). Así, los técnicos que analizaron la tesorería oculta destacan un ingreso por importe de 1 millón de euros, de los cuales el grupo Correa sólo se habría beneficiado finalmente de 216.000, "desconociéndose quién pudiera haber recibido el resto". El 10 de mayo de ese mismo año se produjo un ingreso en la "caja B" por importe de 700.000 euros y el día 22 de ese mismo mes los 1.050.000 antes reseñados. El justificante de la mayoría de las entregas consta en la hoja de cálculo denominada 'Caja B actual', que se encontraba en la memoria externa del contable de la trama, José Luis Izquierdo. Destaca igualmente este informe la gran cantidad de cobros que proceden de la Comunidad Valenciana, "si bien hay algunos muy significativos procedentes de la Comunidad de Madrid y de Sevilla, que podrían estar vinculados a operaciones urbanísticas". El informe no se pronuncia sobre el origen de los fondosNo obstante, el informe hace mención a la dificultad en la determinación, respecto de las entregas de pequeño volumen, de su condición de "comisión de intermediación" o simplemente distribución de beneficios o préstamos de Orante Market (la empresa de Correa que realizaba actos para el PP en la Comunidad Valenciana) a favor de las empresas de la trama en la Comunidad de Madrid. La mayoría de las entregas que provienen de Valencia en 2007 tienen su origen "previsiblemente" en cantidades cobradas por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana por servicios relacionados con la campaña electoral, como se detalla en una hoja de cálculo con la denominación "Barcelona" encontrada en el registro realizado a esta empresa. En esta hoja de cálculo constan ingresos en 2007 por importe de 2.856.000 euros. El informe no se pronuncia sobre el origen de los fondos con los que se abonan los servicios por la organización de eventos para el Partido Popular valenciano. Además, el informe de Hacienda apunta que personas con responsablidad gerencial o de gobierno en corporaciones locales "parecen actuar en absoluta sintonía, colaboración o coordinación" con el grupo de Paco Correa. Por ejemplo, un cobro generado el ex alcalde popular de Majadahonda Guillermo Ortega produce ingresos al ex parlamentario regional del PP y hoy diputado no adscrito Benjamín Martín Vasco, al grupo de empresas y a otras personas de la corporación local de Majadahonda (Madrid). Esta cooperación es también absoluta en la entrega, el 22 de mayo de 2007, de la cantidad de 1.050.000 euros a la no referimos con anterioridad, donde, según Hacienda, colaboran el vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte, Tomás Martín; el ex alcalde de esta localidad, Arturo González Panero; el ex parlamentario regional popular Alfonso Bosch y el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo. (www.publico.es, 04/12/10) 10. DIRIGENTES DEL PP SE REPARTÍAN DINERO DE LA CAMPAÑA Las elecciones de 2004 no llevaron a Mariano Rajoy a la Moncloa, pero parte del equipo que montó su campaña tuvo supuestamente ingresos extras en su cuenta corriente de la mano de la trama Gürtel y de los fondos públicos que se destinan a pagar las campañas. Y lo mismo había sucedido ya con las elecciones municipales y autonómicas de 2003, según la policía. El informe sobre la relación entre la trama de Francisco Correa y dirigentes del PP, fechado el pasado julio e incluido en la parte del sumario cuyo secreto se levantó , muestra que el entonces gerente Luis Bárcenas dirigió personalmente el proceso de contratación de la trama para que organizara la campaña. Posteriormente, él mismo, junto con otros dirigentes del PP Jesús Merino, Jesús Sepúlveda y Gerardo Galeote sería supuestamente el receptor de los pagos por dicho contrato, a través de la sociedad Spinaker 2000 SL, donde estos políticos se repartían con Correa los fondos, según la policía.

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"Los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar los actos electorales que realiza la formación política, actos para la campaña electoral realizados por Rialgreen [empresa de la trama], revierten a los responsables políticos del Partido Popular encargados del control de los ingresos y gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal", sostiene el informe policial. El mecanismo de actuación que describe el informe para las elecciones de 2004 era sofisticado: el PP adjudicó a la trama los trabajos de campaña y esta, a su vez, subcontrató buena parte de los trabajos a una multinacional de prestigio, McCann. Según el informe, la multinacional y la trama, a través de Rialgreen, percibían la misma cantidad. Y parte de los fondos de Rialgreen acababan repartiéndose entre sus seis socios los cuatro dirigentes del PP, Correa y el enigmático PAC a partes iguales. El contrato del PP con Rialgreen lo firmó el propio Bárcenas para la "prestación de servicios publicitarios". Y el mismo día, Rialgreen firma un "acuerdo privado de colaboración" con Mc-Cann Erickson para "la prestación de los servicios que Rialgreen SL tiene que realizar al PP dimanantes del contrato suscrito entre Rialgreen y el PP". Este último contrato incluye una "cláusula de confidencialidad sobre lo pactado" y el compromiso de "no divulgar su contenido a terceros bajo ningún con-cepto". En el caso de las elecciones autonómicas catalanas, que se celebraron también en 2003, aunque en fecha distinta al resto de autonomías, la trama no subcontrató a McCann, sino que hizo una joint-venture con Asian Deluxe Group, administrada por José Luis Roig. De esta empresa también salieron partidas hacia el testaferro y hacia el misterioso "PAC", que a su vez cobraron como siempre a través de Spinaker. Rialgreen facturó al PP más de tres millones de euros entre 2003 y 2004, según subraya el informe policial. El texto no hace ninguna estimación global de la parte de esta cantidad que presuntamente se repartió después entre los cuatro dirigentes del PP, Correa y "PAC", pero sí que muestra cómo funcionó el reparto de una partida de las autonómicas del año 2003. El informe detalla un reparto de beneficios a repartir al 50% entre Rialgreen y McCann; eso es, 194.509 euros para cada uno. Rialgreen distribuyó este pastel de la siguiente forma: 12.800 para Boomerangdrive, también del grupo; 90.000 para Asian Deluxe, su socio para las catalanas; y el resto a Spinaker. A "PAC" le correspondieron 41.172 euros, por la doble vía de Asian y Spinaker. Y a los seis socios de esta última, 13.927 euros a cada uno. (www.publico.es, 04/12/10) 11. LA RED BLANQUEÓ 12 MILLONES EN EL EXTERIOR Ganar dinero con la corrupción, blanquear los fondos en el extranjero y reintegrar el dinero en España. Estos son los tres pasos que repitió la red Gürtel hasta que la policía y los jueces acabaron con la trama de corrupción vinculada al Partido Popular. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del pasado septiembre cifra en más de 12 millones de euros las cantidades introducidas en España después de haber sido blanqueadas en distintos paraísos fiscales. La investigación ha permitido reconstruir con todo detalle la compleja madeja societaria creada por Francisco Correa para hacer perder el rastro de su dinero y recuperarlo después, ya transformado en lujosas fincas o embarcaciones de lujo. Estas pesquisas nacen del registro en febrero de 2009 del bufete de Ramón Blanco Balín, el arquitecto financiero que sustituyó a Luis de Miguel en el diseño de la estructura exterior. Dos grandes columnas sujetaban la red de blanqueo. La primera, creada por De Miguel entre los años 1997 y 1998, tenía su epicentro en el paraíso fiscal de las Islas Nevis, con la sociedad Pacsa, y su matriz Rustfield en Reino Unido. Esta vertiente de blanqueo de la Gürtel reintegró en España, ya blanqueado, un total de 5.416.405 euros a través de inversiones de capital en la sociedad Kintami; 1.226.030 en Caroki; y 260.000 en Proyedicón. La otra gran columna de la trama de blanqueo estaba radicada en las Antillas holandesas y sus ramificaciones, en los Países Bajos. El diseño de la misma pasó en 2005 al bufete de Ramón Blanco Balín. El ex presidente de Repsol creó Lubag en Holanda, que operaba con Clandon en el paraíso fiscal y reintegraba los fondos en la española Osiris. La policía concluye que fueron cinco millones de euros los blanqueados por esta rama holandesa también en concepto de inversión de capital.

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Los otros dos métodos de introducir el dinero ya blanqueado en España eran los préstamos participativos (120.000 euros a través de la trama británica) y las inversiones directas en proyectos inmobiliarios (240.000 procedentes también de Reino Unido en la Residencial Alminares de Salobreña, en Granada). En España se creaban sociedades con el único objeto de ser el destino final del dinero blanqueado. En el caso de Inversiones Kintami, por ejemplo, el informe detalla cómo se firmaron contratos de manera fraudulenta comprando inmuebles por un precio inferior al realmente desembolsado. Lujosas viviendas en Cádiz y Málaga permitían además solapar al verdadero beneficiario de los bienes, que quedaba oculto tras la persona jurídica. La sociedad Osiris compraba casas de lujo en la urbanización de Sotogrande (Cádiz) y en la isla de Ibiza, así como los yates Montecristo y Carmen XI. Proyedicón se destinó únicamente a la adquisción de la finca Monte el Valle en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. Luego, la trama vendió la finca obteniendo importantes beneficios. Lo mismo ocurrió con los yates. De esta forma, la trama no sólo blanqueaba el dinero sino que podía especular con su valor y obtener importantes beneficios. (www.publico.es, 04/12/10) 12. BÁRCENAS QUISO SACAR DE SUIZA 1,3 MILLONES AL VERSE DESCUBIERTO El ex tesorero del PP Luis Bárcenas solicitó en febrero de este mismo año en una entidad financiera suiza una tarjeta de crédito con un límite mensual de 25.000 euros, según la última parte conocida del sumario del caso Gürtel. La Policía concluye que Bárcenas, que dejó de ser senador y tesorero del PP en abril, sigue siendo titular de una o varias cuentas opacas en Suiza con fondos de la trama de Francisco Correa. La solicitud de esa tarjeta Visa y su elevado límite, según el informe, perseguirían desviar ese dinero para ocultarlo de la acción judicial. La Fiscalía estima que Correa sobornó a Bárcenas con 1,3 millones de euros La entidad bancaria que recibió la solicitud decidió rechazarla y denunciarla ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza, tras comprobar que Bárcenas estaba implicado en una investigación judicial en España. En el momento en el que intenta esa operación, a través de un gestor financiero de su confianza, todavía era senador y tesorero del PP, aunque hacía ya cinco meses que el Tribunal Supremo había solicitado a las Cortes Generales el suplicatorio para imputarlo por los presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal. La primera consecuencia del informe policial ha sido una comisión rogatoria exhaustiva en la que el juez del Supremo Francisco Monterde reclama a las autoridades suizas, entre otros puntos, que bloqueen los saldos de las cuentas opacas que el ex senador tenga allí. La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (Udef) considera que Bárcenas sólo está legitimado para solicitar una nueva tarjeta bancaria si todavía “es titular de una/s posiciones financieras en una entidad financiera suiza cuyos fondos se nutren de las operaciones realizadas en España procedentes de las entregas que recibe de la organización de Francisco Correa por su participación en operaciones de adjudicación directa de contratos públicos”. Según el informe policial, la solicitud de esa tarjeta y el elevado límite mensual de 25.000 euros perseguirían “trasvasar dichos capitales a otro lugar y, de esta forma, dificultar la investigación sobre su patrimonio, poniéndolo a su vez a salvo de actuaciones judiciales”. La Udef considera que el límite de 25.000 euros expresa “la intención de realizar operaciones de elevada cuantía con ella y precisa la acreditación de una solvencia” que asegure “un saldo suficiente como para soportar cargos de elevado importe”. “Asimismo, se pone de manifiesto que Luis Bárcenas dispone de un gestor financiero en Suiza con el que realiza las operaciones económicas, siendo este tipo de intermediarios de importancia capital en el desarrollo de mecanismos de blanqueo de capitales”, señala la Policía. El juez que instruía el caso en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde -que devolvió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando Bárcenas y el diputado del PP Jesús Merino dimitieron de sus cargos y perdieron el aforamiento-, acordó en marzo, como consecuencia de ese informe, requerir a las autoridades de Suiza toda la información referente a esa operación.

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Además, también les pide que se dirijan a la entidad financiera que recibió la solicitud de la tarjeta para que bloquee todos los saldos de las cuentas en las que Bárcenas o su esposa, Rosalía Iglesias, o alguna de sus empresas aparezcan como beneficiarios, y que registren el despacho del gestor financiero que asesora al ex tesorero del PP para hacerse con todas las pruebas que sean necesarias para esclarecer los hechos. La comisión rogatoria internacional ordenada por el juez Monterde incluye una solicitud exhaustiva de todas las operaciones con entidades financieras suizas en las que haya podido participar Luis Bárcenas: cuentas, préstamos, hipotecas, cajas de seguridad, depósitos, cheques, bonos... El fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos recuerda en el informe en el que apoya que se libre una comisión rogatoria que Bárcenas obtuvo, a finales de 2002, un crédito de 225.000 euros que devolvió 41 días después, “si bien con el significativo incremento de casi un 50%, esto es, 330.000 euros, en efectivo y en billetes de 500”. “La alegada adquisición de una obra de arte ni se efectuó ni resultan visos de que se hubiera negociado”, señala. También expone que Rustfield Ltd., una de las empresas que creó Correa para blanquear capitales, realizó un reconocimiento de deuda en favor de la esposa de Bárcenas, “lo que estaría en sintonía con la participación en dicha sociedad”. A través de esa operación, el ex senador tomaba parte en el proyecto inmobiliario de la red Gürtel Twain Jones, que se desarrolló en la localidad madrileña de Majadahonda. Es decir, que participaba directamente de la estructura de blanqueo elaborada por los asesores de Don Vito. La anterior entrega del sumario del caso Gürtel ya incluía un informe de la Udef que detallaba que Bárcenas había realizado un viaje a Suiza apenas unos días después de recibir de la trama el último de una serie de ingresos -que la Policía identifica como sobornos- que suman más de 600.000 euros, casi la mitad de los 1,3 millones que la Fiscalía le atribuye haber cobrado en total de la organización mafiosa de Francisco Correa. El ex tesorero salió de España con destino a Ginebra y Zurich el 22 de marzo de 2002, después de percibir esa cantidad en dinero negro en efectivo. Los cantones suizos de Ginebra y Zúrich son paraísos financieros. No sólo tienen un régimen fiscal privilegiado, sino que, además, con excepciones muy restringidas, las entidades bancarias no tienen obligación de informar a las autoridades sobre la titularidad de las cuentas ni tampoco acerca de sus movimientos o rendimientos dinerarios, al contrario de lo que ocurre en España. El mismo informe precisa cómo creció en los últimos años de manera imparable el patrimonio inmobiliario de Bárcenas “sin recurrir a financiación externa”. (www.elmundo.es, 04/12/10) 13. “A CADA CERDO LE LLEGA SU SAN MARTÍN” El presunto cabecilla de la 'trama Gürtel', Francisco Correa, y Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes' bromean en una conversación telefónica, el 28 de enero de 2009 -poco antes de la detención de ambos-, sobre unas informaciones publicadas en EL MUNDO sobre el patrimonio inmobiliario del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Correa dice que Bárcenas ha sido “portada” y que a sus “amigos les están tocando”. “Qué putada, tío, a cada cerdo le llega su San Martín”, añade. Correa y 'El Bigotes' comentan las noticias que revelaban que Bárcenas realizó unas gestiones con la Comunidad de Madrid para que la empresa de seguridad Serygur consiguiera contratos en la región. En toda la conversación intervenida se aprecia que ambos bromean. “Es el principio, es el principio”, responde 'El Bigotes' entre risas. El presunto líder de la trama va más allá al asegurar que quien “meta la cabeza ahí no acaba”, algo que corrobora Álvaro Pérez al agregar que eso lo sabe Correa “mejor que nadie en el planeta Tierra”. (www.elmundo.es, 04/12/10) 14. CORREA INVIRTIÓ EN CASAS DE LUJO EN MIAMI CASI DOS MILLONES DE EUROS OPACOS AL FISCO El cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, abrió en la sucursal que posee Bancaja en Miami (EE UU) ocho cuentas a nombre de sociedades constituidas en las islas Vírgenes Británicas, y en ellas ingresó, entre los años 2001 y 2004, casi dos millones de euros que desvió a una sociedad dedicada a construir viviendas www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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de lujo, según consta en el tercer bloque de diligencias del caso Gürtel que fue entregado por el juez Antonio Pedreira a los abogados de los implicados. El juez Pedreira busca en Miami los inmuebles a nombre de la trama, algunos ya han sido localizados y están bloqueados. En EE UU el juez busca asimismo otros 30 millones de euros que Correa entregó supuestamente al broker y gestor de inversiones Randall Carusso. Estos 30 millones los tiene ahora guardados Carusso, supuestamente, en un banco de inversiones radicad en Nueva Cork y llamado Morgan Stanley Smith Barney. Merced a la comisión rogatoria enviada a EE UU por Pedreira, ha prestado declaración Guillermo Martínez Lluch en nombre de Bancaja. Martínez LLuch asegura que Correa primero abrió una cuenta a nombre de Hilgart en 2001 en Miami y luego otras seis más. Según Lluch, Correa gozaba entonces en el sector bancario de Miami de una gran reputación y era conocido por sus empresas de mercadotecnia. Entre febrero y junio de 2005 abrió las otras seis cuentas a nombre de seis sociedades diferentes, todas ellas pertenecientes directamente o indirectamente a Hilgart. En 2008, coincidiendo con el inicio de la investigación de Gürtel por parte de la policía, acabó de cerrar todas las cuentas en Bancaja. Y lo poco que quedaba de dinero ya entonces, unos 250.000 euros, los transfirió a una cuenta de Panamá. Según Martínez Lluch, la principal actividad de la cuenta de Hilgart en Bancaja fueron operaciones inmobiliarias en tres proyectos distintos, todos ellos dirigidos por la firma Fortune Internacional, una sociedad de amplia experiencia en el sector inmobiliario de Miami que capta dinero de inversiones para construir apartamentos de lujo. Lluch asegura que en 2001 Hilgart recibió transferencias por importe de 1,7 millones, parte de los cuales los desvió Correa a Fortune Inversiones para la compra de apartamentos. En el sumario constan viajes de Correa y otros implicados en Gürtel a Miami, entre ellos el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, el Albondiguilla. Un ex concejal de Boadilla que ha actuado como testigo en el caso Gürtel tiene declarado ante Pedreira que él les acompañó en un viaje a EE UU y que uno de ellos comentó que habían comprado casas allí. Precisamente, el Albondiguilla está siendo investigado también en Marruecos, entre otros países, según el sumario. El juez Pedreira ha enviado a Marruecos una comisión rogatoria para que se le informe si González Panero dispone de un apartamento en Tetuán. (www.elpais.com, 04/12/10) 15. LA 'TRAMA GÜRTEL' PAGÓ MÁS DE 12 MILLONES DE EUROS EN SOBORNOS Un informe de la Oficina Antifraude (ONIF) de Hacienda incorporado al sumario de la Gürtel y que permanecía secreto hasta ahora aporta un dato revelador sobre la potencia de la red corrupta y el carácter simbiótico de su relación con distintas administraciones regidas por el PP. Basándose en la contabilidad interna de la trama y en los documentos hallados en los registros, el informe cifra en 12,3 millones de euros los sobornos pagados entre 1999 y 2007. Buena parte del dinero fue a parar a políticos del PP identificados en el sumario con nombres y apellidos. Pero otra porción tuvo por beneficiarios a personas o entidades "desconocidas". El circuito funcionaba con el esquema clásico: la red recibía comisiones ilegales de quienes buscaban la obtención de un contrato público. Como conseguidores, Correa y los suyos mediaban de manera decisiva. Y destinaban un porcentaje de cada comisión a sobornar a los responsables directos de la adjudicación del contrato o a cargos políticos con capacidad de influencia. Durante el periodo analizado por el informe, los nueve años comprendidos entre 1999 y 2007, la red captó 27 millones de euros en comisiones ilegales. Hacienda avisa de que ese cálculo de ingresos está hecho a la baja, dado que la trama no siempre anotaba las entregas recibidas. Pero, aun tratándose de una estimación conservadora, resulta exorbitante: 27 millones de euros equivalen a 4.500 millones de las antiguas pesetas. Es decir, equivalen al presupuesto anual del ayuntamiento de una localidad próspera con 35.000 habitantes. El informe no ofrece dudas sobre por qué se pagaban a la red las citadas comisiones: "La razón principal de la realización de las entregas (...) es la obtención de contratos con diversas Administraciones Públicas". Entre los principales pagadores de comisiones, la ONIF cita a directivos de FCC, Teconsa, Sufi y Constructora Hispánica. El informe sugiere que también Isolux pagó. Aunque sus autores carecen de datos concluyentes para afirmarlo de manera tajante, recuerdan los vínculos de esta empresa con el grupo de Correa, especialmente a través de su participación en la sociedad Real Estate Equity Portfolio.

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El informe recalca que todas las empresas citadas en el anterior párrafo "han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León". Fechado el 30 de julio de 2009, cuando la investigación estaba aún en su primera fase, el estudio de Hacienda divide los nueve años analizados en tres trienios: 1999-2001, 2002-2004 y 2005-2007. El periodo más boyante tanto para el grupo de Correa como para sus políticos afines fue, sin duda, el segundo: entre 2002 y 2004, la trama recibió 26 entregas de comisiones que sumaron 14,1 millones de euros, de los cuales repartió entre políticos 7,7 milones. En el primer trienio estudiado por Hacienda, la red captó 4,4 millones en comisiones y distribuyó sobornos por 1,2 millones. Y entre 2005 y 2007, logró 8,1 millones, de los que destinó 3,2 para premiar a quienes desde el poder orientaban concursos y contratos a dedo en favor de las empresas patrocinadas por la Gürtel. Al desgranar los datos sobre ese último trienio, los expertos de Hacienda hacen una acotación importante: la tabla de ingresos computados por el informe no incluye "entradas en efectivo que pudieran corresponder a ingresos no declarados fiscalmente o gastos ficticios cuyo pago se simula". "Sólo se han incluido prosigue el texto entregas que pudieran corresponder a gestiones de intermediación ante autoridades públicas". En resumen, el estudio ni siquiera aborda todo el dinero negro que manejó la trama sino sólo aquel que captó mediante comisiones ilegales y destinó luego a un doble objetivo: nutrir sus arcas y pagar sobornos. El informe señala de nuevo como sobornados habituales al grupo de imputados del PP de Madrid: los alcaldes Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Ginés Rodríguez y Jesús Sepúlveda; el ex consejero y diputado autonómico Alberto López Viejo y sus compañeros de escaño Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y, también, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex diputado al Congreso Jesús Merino y el ex eurodiputado Gerardo Galeote. Hacienda destapa un dato ignorado hasta la fecha: que Jesús Sepúlveda, ex alcalde del rico municipio de Pozuelo de Alarcón, habría cobrado "una asignación mensual fija" de la red corrupta "durante un periodo dilatado de tiempo". Sólo en 2002, Sepúlveda recibió por ese sistema 51.000 euros. Durante el primer semestre del año, los pagos ascendieron a 3.000 euros. Los números de la contabilidad oculta de la trama sugieren que Sepúlveda cobró incluso una paga extra de 6.000 euros en julio. Y a partir de ahí, se instaló en los 6.000 euros. Sepúlveda trabaja ahora para el PP desde la sede central de la madrileña calle Génova. También el ex eurodiputado Gerardo Galeote estaba a sueldo de la red, según los documentos internos utilizados por Hacienda para el informe. A partir de octubre de 2000, cobró cada mes una cantidad fija. Primero recibía 1.500 euros. Luego, y al igual que le ocurrió a Sepúlveda, su sueldo se dobló. Galeote no está imputado. Y también él trabaja en la sede central del PP como asesor de Mariano Rajoy. El estudio de Hacienda no cuantifica el daño infligido a las administraciones cuyos rectores cometieron cohecho. Cifrar el perjuicio que sufrieron las arcas públicas resulta casi imposible. Pero ese daño existió, dado que aquellos contratos en cuya tramitación medió la red de Correa no se otorgaron a la oferta más favorable para el interés común sino a la de quienes estaban dispuestos a pagar sobornos. (www.publico.es, 05/12/10) 16. LA POLICÍA HALLA LA PRUEBA DEL AMAÑO EN EL MAYOR CONTRATO QUE GANÓ 'EL BIGOTES' Un informe policial sobre la adjudicación por un millón de euros del stand de la Comunidad de Valencia en Fitur en 2005 a Orange Market, la empresa de la trama corrupta que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, aporta pruebas del amaño que rodeó a este concurso. La red tuvo acceso con casi un mes de antelación a las bases oficiales de esta adjudicación, tal como revelan correos electrónicos que circularon entre empleados de Gürtel con instrucciones de cómo y qué aspectos debía contener la propuesta de Orange Market para alzarse ganadora, como así fue, de la adjudicación del pabellón de Valencia en Fitur. Este informe policial pertenece a la tercera parte del sumario (unos 30.000 folios) que el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, acaba de hacer públicos. En esos correos se basa la policía para sostener que desde la Generalitat alguien pudo informar a la trama del "núcleo del concurso" de Fitur 2005, lo que permitió a la red tener tiempo suficiente para formular una propuesta ganadora y adaptada a las bases.

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Según el informe policial, el pliego de condiciones fue publicado oficialmente el 29 noviembre de 2004. Pero casi un mes antes, sin embargo, la red disponía ya de lo fundamental de las bases. Las pruebas que tiene la policía de la supuesta connivencia entre la Agencia Valenciana de Turismo, que es la que redactó esas bases, y la trama Gürtel se concretan en correos electrónicos fechados los días 4 y 5 de noviembre de 2004 en los que se aprecia que la red "ya contaba con los pliegos administrativos y técnicos" sobre el citado pabellón. El primero de los correos, del 4 de noviembre, lo remite la firma "Down Town (infodowntownconsulting.com)", vinculada a la trama, con destinatario "Rocío". Incluye como asunto la frase "pliego Fitur Com..Valenciana", así como un documento adjunto, "fitur valencia.doc". Rocío, según la policía, es una empleada de la red Gurtel. La firma Down Town envía a Rocío ese correo "a petición de Isabel [Jordán, entonces una de las directivas de las sociedades del cabecilla, Francisco Correa". El correo contiene, explica la policía, un "resumen de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para la contratación de la fabricación del stand para Fitur (edición de 2005), así como el montaje del mismo y su adaptación y montaje a otras tres ferias más" de ámbito nacional en las que ese año quería estar presente la Generalitat. El otro correo electrónico, fechado el 5 de noviembre, también lo remite Down Town, pero esta vez directamente a Isabel Jordán, y en él se anexa un archivo en el que se indica que el stand de Fitur sale a concurso por "un millón de euros" (que luego se ampliaría con otros 500.000 para las otras tres ferias de turismo en las que quería participar la Comunidad Valenciana). Sobre la valoración de las pujas se indica en ese archivo que "la oferta económica tendría el 50%, la agilidad en la construcción y montaje, un 30%, el mantenimiento un 10%.". Y se destacan como importantes "criterios para la adjudicación" aspectos como la "creatividad, estética y funcionalidad del diseño principal y las adaptaciones a otras ferias". La policía ha hallado muchas "similitudes" entre las bases oficiales del concurso aprobadas por la Generalitat y los archivos adjuntos de los citados correos, que contenían aspectos técnicos y un borrador de lo que luego sería la propuesta de Orange Market para ese stand. La policía explica: "Hay similitudes literales entre la documentación del informe de condiciones técnicas para la contratación del suministro e instalación de un stand ferial para la participación de la Comunidad Valenciana en certámenes turísticos durante el año 2005 (aportado por la Generalitat y firmado por los funcionarios Jorge M. Guarro Monllor e Isaac Peral Sánchez) y lo que se le envía [por correo electrónico] con anterioridad a que se hiciera público a Felisa Isabel Jordán". Guarro y Peral son funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia, filial de la Consejería de Turismo, que en 2005 dirigía Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes valencianas. Martínez es uno de los altos cargos del Gobierno de Francisco Camps receptores de regalos de la trama Gürtel (en concreto, un reloj valorado en 2.400 euros). La policía ha pedido que se interrogue a funcionarios de la citada agencia, a Martínez y a otros altos cargos de su ex departamento, entre ellos, a su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, en relación con el montaje del pabellón de Fitur 2005. Aparte de estas "similitudes", otros informes policiales han detectado irregularidades en otras tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel. (www.elpais.com, 09/12/10) 17. EEUU INVESTIGA A LA 'TRAMA GÜRTEL' POR BLANQUEO Estados Unidos mantiene abierta desde hace meses una investigación paralela sobre las actividades de la trama Gürtel en ese país, confirmaron a Público fuentes del caso que también señalaron que, a tenor de lo transmitido por EEUU a España, esa investigación se centra por ahora en un testaferro que en el sumario español ocupa un lugar secundario y que habría actuado siguiendo órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la red corrupta. Por su conexión habitual con el narcotráfico y el terrorismo, el blanqueo de capitales está considerado en Estados Unidos un delito de persecución prioritaria desde los atentados del 11-S y la subsiguiente aprobación de la Ley Patriótica. Según las fuentes consultadas, las autoridades estadounidenses no han revelado sus planes exactos respecto a Correa pero han ofrecido garantías de que no darán ningún paso respecto del principal imputado de la trama Gürtel hasta que finalice el proceso abierto en España. De nacionalidad estadounidense, el testaferro investigado en ese país habría sido una figura clave en el lavado de dinero captado en España por la trama mediante el cobro de sobornos y la adjudicación de contratos amañados. Las fuentes consultadas no confirmaron si ese testaferro es Randall Lew CarusoReinaldo, a quien los informes incorporados al sumario Gürtel retratan como el broker que manejó las inversiones multimillonarias de Correa y su círculo. Junto con Guillermo Martínez Lluch, ex director de la

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sucursal de Bancaja en Miami, Randall Lew aparece como gestor de las cuentas abiertas en Estados Unidos y cuya propiedad real se atribuye a la trama. El sur de Florida, donde se localiza el condado de Miami Dade, fue el principal escenario de operaciones de Correa y los suyos en Estados Unidos. Al menos 12 compañías de su entramado internacional quedaron domiciliadas en esa área, donde Correa se sumó a proyectos conducidos por Fortune International, un operador inmobiliario con arraigo en el sector de Miami. Las 12 empresas funcionaban como sociedades instrumentales controladas por otras compañías constituidas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Con un Código Penal que estipula para el lavado de dinero penas muy superiores hasta 20 de cárcel a las previstas en España hasta seis años, Estados Unidos ha mostrado "gran interés" en la evolución del caso que instruye el Tribunal Superior de Madrid y está ofreciendo máxima colaboración en la tramitación de las comisiones rogatorias cursadas por el juez instructor, Antonio Pedreira, del TSJM. Pero de las actuaciones paralelas seguidas en EEUU, las autoridades de Washington han trasladado escasa información. Autoridades judiciales estadounidenses han viajado a Madrid en más de una ocasión para seguir el caso. El sumario Gürtel refleja dos citas para la celebración de encuentros bilaterales en Madrid: una, el 9 de octubre de 2009; otra, el 14 de enero de este año. El motivo de ambas reuniones fue estudiar la marcha de las comisiones rogatorias enviadas por Pedreira. En esos encuentros participaron el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la policía. A sus interlocutores se les identifica en el sumario como "la autoridad central" de EEUU. En el distrito sur de Florida, donde el asunto se sigue en el caso número 10-2178-MC-King/Bandstra, el fiscal Richard D. Gregorie asistió el 11 de junio a la sesión fijada para las declaraciones de tres de los imputados de nacionalidad estadounidense: Ana Karlota Figueroa, persona de confianza de Correa en Miami; Gloria Pascual, que manejaba la contabilidad; y Tidie Baez, que constituyó las empresas por encargo de Iuris Magister, el despacho del también imputado Luis Agramunt. Sólo Baez, que ya no está imputada, declaró ese día. Pascual y Figueroa adujeron que no habían tenido tiempo de preparar su defensa legal, dada la premura con que se las convocó. Tanto Figueroa como Pascual fueron citadas de nuevo para el 18 de noviembre. También Randall Lew, que en junio se negó igualmente a declarar. (www.publico.es, 09/12/10) 18. GALICIA. LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD Se suceden los gobiernos, se multiplican las promesas pero, a la hora de la verdad, ninguno renuncia al ventajoso sistema de la adjudicación directa. Sólo en los 11 primeros meses de 2010, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha repartido más de 151 millones de euros en 733 procedimientos negociados sin publicidad. Eso supone que más de la mitad de las adjudicaciones del Gobierno gallego han sorteado la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por un importe que supera al 8% del total destinado a contratos de obras y servicios. La ley de contratos del sector público establece el procedimiento negociado como una modalidad que debe estar justificada por razones "técnicas", "artísticas" o "de urgencia", y que no deben superar los 60.000 euros salvo excepciones. Con este sistema, la Administración debe consultar con un mínimo de tres candidatos, de los que resultará un adjudicatario elegido por la mesa de contratación. Eso dice la ley, pero otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la realidad, ya que tanto el Gobierno de Feijóo como el bipartito o antes el de Fraga exprimen al máximo un sistema que ni propicia la competencia entre licitadores ni promueve la concurrencia en condiciones de igualdad. Los 733 contratos negociados sin publicidad firmados entre enero y noviembre de 2010, ambos incluidos, figuran en la propia plataforma de contratación de la Xunta en Internet, que funciona desde 2008 y se puede consultar en la web de la Xunta. La cantidad total asciende a 150.847.542 euros. Su número total supera en 73 (un 11%) al de contrataciones de obras y servicios de la Xunta que se publicaron en el DOG en el mismo período, por una cantidad total de 1.667 millones de euros. En esa cifra entran grandes contrataciones como el hospital de Vigo, que supera los 300 millones. Aunque todas las consellerías recurren a este sistema, la de Medio Rural es la que más destaca. También ha empleado muy recientemente el mismo método la Fundación Deporte Galego, que el pasado 2 de diciembre repartió de una tacada 1,9 millones de euros entre 56 clubes mediante una orden firmada por el presidente de la comisión ejecutiva, el director general de Deportes, José Ramón Lete. El informe del

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Consello de Contas de 2006 destapó un fraude en las ayudas a federaciones y clubes deportivos, y atribuía a Lete "graves deficiencias" en su gestión de Deportes durante el mandato de Manuel Fraga. En este caso, ninguno de los clubes seleccionados supera el límite legal de 60.000 euros sin IVA que la ley establece para los contratos a dedo, listón que se han saltado en abundantes ocasiones otros departamentos del Gobierno gallego acogiéndose a las excepciones que establece la ley. Es lo que hizo la Presidencia de la Xunta para contratar "sistemas de alimentación ininterrumpida para los nodos de la red corporativa de la Xunta" (254.310 euros); Educación, para "las actividades Abrapalabra e ola, ola, la!" (206.800 euros), y Medio Rural, para los servicios de "difusión y divulgación de información agroganadera y forestal" en Lugo y Ourense (125.000 euros cada contrato). (www.elpais.com, 10/12/10) 19. GALICIA. BALTAR GASTA EL 41% DEL PRESUPUESTO EN NÓMINAS DE EMPLEADOS El personal que contrata José Luis Baltar en la Diputación de Ourense sigue siendo la carga económica más grande que soporta el organismo provincial. El pago de la nómina de los trabajadores se lleva el 41% de los presupuestos de la institución, mientras que apenas se destina el 15,76% a inversiones reales. Baltar someterá al pleno provincial de este mes la aprobación de unos presupuestos que ponen una vez más en entredicho la política de contrataciones del barón ourensano del PP. Con un presupuesto inferior al del año pasado -12 millones de euros menos, como consecuencia de la crisis- la Diputación no reduce el endeudamiento, en el límite legal, ni los gastos financieros -que aumentan en 585.000 euros- pero sí la capacidad inversora y, con ello, las transferencias corrientes a los ayuntamientos de la provincia. Apenas unos días después de que José Luis Baltar defendiera en Madrid, en el foro de la Fundación Democracia y Gobierno Local, su gestión al frente de la Diputación Provincial ourensana y recriminara a Feijóo que la Xunta usurpara el papel de los organismos provinciales, el portavoz de los socialistas en esa institución, Alfredo García, advierte de que "no hay ningún plan de cooperación y apoyo a los ayuntamientos ni para el desarrollo de la provincia que sí llevan a cabo otras diputaciones" gallegas. García destaca que, frente a las críticas que el PP lleva realizando desde hace medio año sobre la disminución de la aportación del Estado a la Diputación, esta "ha aumentado en 340.000 euros" en el caso de Ourense. El grupo de gobierno subraya que reducirá gastos al no acudir al endeudamiento -le supone un ahorro de 7,5 millones de euros respecto al año pasado- y al suscribir programas financiados por la UE, con los que ahorrará otros 4,4 millones. (www.elpais.com, 10/12/10) 20. GALICIA. BALTAR EMPRENDE UNA OFENSIVA JUDICIAL CONTRA ALCALDES DEL PSDEG "Que tenga cuidado con lo que dice, que lo empaqueto". El barón del PP ourensano, José Luis Baltar, amenazó de esta guisa hace unas semanas al líder del PSOE provincial, Raúl Fernández, cuando éste acudió, llamado por la fiscalía, a ratificar la denuncia de su partido contra la práctica del enchufismo en la Diputación. Los Baltar (el padre al frente de la institución provincial y el hijo en la presidencia del partido) afrontan un momento delicado. La división del PP ourensano pone la Diputación en la picota. Tras los episodios de captación de tránsfugas, han iniciado el camino de las denuncias judiciales contra los bipartitos locales. De momento, han recurrido a los juzgados media docena de gobiernos de PSOE y BNG en la provincia. Socialistas y nacionalistas temen que no hayan hecho más que empezar. Las denuncias del PP incluso contradicen las tesis de su jefe, Alberto Núñez Feijóo, sobre las certificaciones falsas de final de obra. La dirección del PP las consideró una "práctica habitual en las administraciones" cuando el conselleiro Agustín Hernández fue imputado por ese motivo. Ahora, el PP de Amoeiro acusa de prevaricación al alcalde socialista por una de esas certificaciones El regidor de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino, se enfrenta a demandas judiciales del PP por prevaricación, en relación con tres obras: la supresión de barreras en la Casa da Cultura, la rehabilitación medioambiental de un área pública y la reforma de los vestuarios del campo de fútbol. Los cinco concejales que el PP tenía en este ayuntamiento hace unos meses sustentaban la denuncia en el hecho de que el www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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socialista había certificado el fin de las obras sin que éstas hubieran finalizado. Villarino asegura tener pruebas de que las obras finalizaron antes. Al PSOE no le cabe duda de que la querella es una argucia política "para tumbar en los juzgados lo que no pueden ganar en las urnas". Los tres ediles del PP que acaban de abandonar el partido y se quedaron como no adscritos en la corporación local, la han retirado. Tras las querellas contra el regidor de Amoeiro está visible la mano de los Baltar. Es el barón provincial quien, en el texto de la demanda, certifica que los concejales que suscriben la denuncia son militantes del PP cuando esta acreditación correspondía al secretario municipal o, en su defecto, a la junta electoral de zona. En Lobios, el también socialista José Lamela, se enfrenta a otra denuncia judicial presentada por del Ayuntamiento que los socialistas definen como "afines al PP". Lo han demandado a él a título personal -solo una de las reclamaciones asciende a 50.000 euros- por el impago de los servicios que prestaron antes de 2007, contratados por el alcalde del PP al que nunca reclamaron. El regidor socialista de Entrimo, Ramón Alonso, se encuentra en una situación similar, acuciado judicialmente por demandas de proveedores relativas a impagos de gobiernos del PP a quienes los acreedores tampoco reclamaron. A denuncias semejantes se enfrenta otro alcalde del PSOE, Aquilino Valencia, de Calvos de Randín, a quien en 2008, el PP, apoyado en un tránsfuga, intentó presentar una moción que censura que impidieron los vecinos. En su caso, uno de los acreedores que le reclama judicialmente es el mismo tránsfuga -a través de su empresa constructora, Andrade, contratada por el PP- que aspiraba a ocupar su puesto. Le reclama 60.000 euros. Los socialistas señalan que el propósito de los Baltar es "ahogar económicamente" a los bipartitos antes de las municipales, al tiempo que poner en entredicho su capacidad de gestión. En Punxín, tras conseguir judicialmente la inhabilitación del regidor socialista que despidió a una trabajadora del PP -a la que readmitió tras la sentencia y pidió disculpas públicamente- los populares han presentado también otra demanda por prevaricación contra el ya ex alcalde. (www.elpais.com, 08/12/10) 21. GALICIA. EL 'SUPERDELEGADO' DE OURENSE AUTORIZÓ UNA OBRA PROHIBIDA POR PATRIMONIO El delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, autorizó, siendo alcalde de Arnoia, la construcción de un tanatorio en terreno catalogado por Patrimonio. Y pese a que fue conminado por la Xunta a paralizar la obra, acabó ejecutándola. La edificación se incrusta entre los panteones del cementerio municipal cuya iglesia, de San Salvador, figura como "arquitectura religiosa" inventariada por Patrimonio. Junto a ella, el crucero goza de una protección especial como Bien de Interés Cultural (BIC). No es la única normativa que supuestamente ha obviado el ex alcalde y actual representante de la Xunta en Ourense. El PSdeG, que va a denunciar por prevaricación a Martínez, sostiene que el tanatorio incumple la normativa sanitaria sobre cementerios que obliga a que éstos mantengan una distancia de al menos 50 metros respecto a las tumbas. El de Arnoia se incrusta literalmente en alguno de los panteones "con el riesgo que supone para los vecinos" que acuden con cierta frecuencia a él, sostienen los socialistas. En su decisión de edificar el tanatorio en ese enclave, Martínez hizo caso omiso de todas las advertencias. El proyecto de construcción fue registrado en la Xunta en agosto de 2004 e informado un mes después por la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense con resolución del director general. A la vista del mismo, la Xunta decidió, en noviembre de ese mismo año, incoarle un expediente sancionador. El proyecto fue rechazado porque se incluía en zona catalogada patrimonialmente. Tras las alegaciones presentadas por Martínez, Patrimonio le impuso, en noviembre de 2005, una multa de 5.000 euros que saldó recurriendo a las arcas municipales del Ayuntamiento que entonces presidía. Martínez ordenó el pago de la multa, pero hizo caso omiso de la advertencia de ilegalidad y continuó con la obra. El tanatorio presta desde hace años su servicio pese a haber sido prohibido. José Camilo Fariñas, sustituto del delegado de la Xunta en Ourense al frente del Ayuntamiento de Arnoia, ha intentado legalizarlo ahora mediante su inclusión en el nuevo plan general de ordenación municipal. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras aprobó el planeamiento el pasado octubre pero, según consta en la demanda del PSdeG, "no se puede dar cobertura legal a algo declarado ya previamente ilegal". Para legalizar el tanatorio sería necesaria, sostienen los socialistas, la presentación de un nuevo proyecto de la edificación adaptada al nuevo planeamiento urbanístico y previamente autorizado por la comisión de Patrimonio, que en su día lo consideró ilegal y lo sancionó con la multa. www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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La secretaria de organización del PSOE ourensano y parlamentaria, María Quintas, entiende que la Xunta "está intentando dar cobertura" a su representante en Ourense. Quintas recuerda que Martínez, imputado por fraude y malversación en la gestión de fondos comunitarios, es "el protegido de Feiijóo que lo mantiene en el puesto de responsabilidad pese a que fue condenado por ese motivo por la Audiencia Nacional". Quintas no sólo alude a la aprobación del planeamiento urbanístico -"quizás Martínez no presentó la documentación del tanatorio; no lo sabemos"- sino al "constante silencio" de los representantes del Gobierno gallego a cuantas iniciativas ha presentado ella misma en el Parlamento sobre esta cuestión en los últimos meses. "Sospecho que Feijóo está intentando que prescriban las irregularidades cometidas", sostiene la socialista. En su opinión, los hechos incluidos en la demanda son "prácticamente idénticos" a los que llevó a cabo el alcalde de Melón, Alberto Pardellas, en la construcción de un polideportivo pegado al monasterio cisterciense. Pardellas fue inhabilitado en sentencia firme. (www.elpais.com, 07/12/10) 22. ANDALUCÍA. LA JUEZ DEL 'CASO QUALITY FOOD' MANTIENE TODAS LAS IMPUTACIONES La titular del juzgado de instrucción 3 de Cádiz ha abierto el procedimiento abreviado para el caso Quality Food, que investiga las irregularidades contables detectadas en esta empresa, cuya mayoría de acciones compró la Zona Franca durante la etapa del PP en el Gobierno central. La juez mantiene sus imputaciones por varios delitos, entre ellos el de estafa y apropiación indebida, contra el dueño de esta empresa, Manuel García Gallardo, su familia, un empresario y el director de una oficina bancaria. Zona Franca y García Gallardo llevan enfrentados desde 2004, cuando finalizó el idilio entre el recinto fiscal y este empresario, entonces representante de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando. En diciembre de 2003, la Zona Franca compró la mayoría de acciones de esta compañía, según explicó después, para intentar mantener los puestos de trabajo en una empresa que ya entonces estaba al borde de la quiebra. Pero el empresario siempre ha argumentado que la crisis de su proyecto comenzó cuando dejó de estar al mando. El enfrentamiento se vive ahora en una triple vía: civil, mercantil y penal. La Zona Franca ha ganado la mayoría de demandas civiles para la devolución de dinero conseguido por la compra o venta de parcela y de bienes muebles de las naves. En cambio, la vía mercantil ha sido ganada por el empresario. La última sentencia obliga al recinto fiscal a pagarle 19 millones por la diferencia entre lo que García Gallardo recibió por las acciones compradas y lo que realmente valían. Pero la batalla penal está abierta todavía. El procedimiento abreviado se abre asumiendo la mayor parte de las tesis de la querella y su posterior ampliación, presentada por la Zona Franca contra García Gallardo. Según el recinto fiscal, el empresario utilizó Quality Food para quedarse con dinero público de aportaciones y subvenciones. También están procesados los padres y la hermana del dueño de la compañía, un empresario y el director de una oficina del BBVA. Según explicó García Gallardo, el auto de la juez llega después de que él presentara hasta siete escritos instando a la agilización de la instrucción. "La juez reconoce que abre el procedimiento porque no tiene capacidad técnica para asumir si las denuncias de la Zona Franca son correctas o no, pero aún así mantiene las imputaciones. No se tiene en cuenta la presunción de mi inocencia". El empresario exige los 19 millones que la Zona Franca no le pagará hasta que no se resuelva la vía penal. (www.elpais.com, 10/12/10) 23. ANDALUCÍA. DE LA TORRE ATIZA EL VICTIMISMO EN EL DEBATE SOBRE MÁLAGA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), convirtió, un año más, el debate del estado de la ciudad en un recitativo de los detalles más microscópicos de su gestión. Los concejales y el escaso público presente soportaron, algunos ayudados por miradas furtivas al periódico, un chaparrón inclemente de cifras: 8.963 toneladas de papel recicladas, 132 duchas y lavapiés en las playas, 635.000 cruceristas, 153.546 participantes en la noche en blanco... Así durante una hora y diez minutos. En el séptimo debate de política general de Málaga -al que no acudió ni un solo representante de la llamada sociedad civil- De la Torre intercaló los asientos contables con críticas al Gobierno central y a la Junta de Andalucía. El regidor culpó de la caída de ingresos municipales a "la mala planificación económica del www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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Gobierno Zapatero" y acusó a la Junta de paralizar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana para perjudicar a la ciudad. En mayo hay elecciones y De la Torre lanzó una andanada a su rival socialista, María Gámez, actual delegada de la Junta en la provincia. "Sobre la más que comprometida actuación de la Junta en el distrito de Carretera de Cádiz, [Gámez] ha dejado claro que, de lo prometido, nada". El portavoz socialista, Rafael Fuentes, que no repetirá en mayo, recordó a De la Torre la lista de proyectos anunciados -e incumplidos- en anteriores debates y le acusó de "tener abandonados los distritos". Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, le reprochó tener "un modelo de ciudad donde los intereses privados prevalecen sobre los públicos". (www.elpais.com, 10/12/10) 24. COMUNIDAD DE MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE SABÍA QUE MQM ERA UNA 'PANTALLA' DE LA 'GÜRTEL' El Gobierno de Esperanza Aguirre sabía que Marketing Quality Management (MQM), la empresa que organizaba los actos institucionales de la Comunidad de Madrid (CAM) en 2007 y 2008, era en realidad una pantalla para que la trama Gürtel siguiera operando en Madrid, según se desprende de un informe policial de junio de 2010 incorporado al sumario. El informe concluye que MQM trabajaba para esta comunidad sólo como "sociedad instrumental" para ganar contratos que en realidad acababa asumiendo directamente la trama. Según el documento, era el equipo de confianza de Alberto López Viejo que, tras estallarel escándalo se dio de baja del PP y ahora es diputado del Grupo Mixto en la Asamblea quien "definía las pautas a seguir" en todo el proceso, desde la contratación al cobro. MQM se quedaba supuestamente con una comisión del 11% a cambio de presentarse a los concursos y emitir facturas, siempre con la supervisión del equipo de López Viejo. En uno de los emails que incluye el informe, de junio de 2007, una trabajadora de MQM dirigía este mensaje a Julia Valladares, su contacto en Presidencia: "Este es el desglose tal y como hablamos en nuestra reunión. Está por contrato todo lo que señalamos y lo demás englobado en facturas no superiores a 12.020 euros. (...) Las seis facturas adicionales adjuntas serán emitidas por MQM a menos que me indiques lo contrario. Recibe un cordial saludo y espero tu respuesta para emitir definitivamente todas las facturas". La mayoría de estos trabajos tenían la cobertura legal de un contrato marco que MQM ganó el 26 de abril de 2007. Pero este contrato para montaje y desmontaje de los actos institucionales tenía truco, según la documentación que la policía se incautó en la sede de Diseño Asimétrico, una de las marcas de la trama en Madrid: "Si bien el concurso fue adjudicado únicamente a MQM, este fue realizado íntegramente por Diseño Asimétrico, al que se le subcontrata la realización de todas las obras/servicios". El 27 de abril, el día después de adjudicarse el contrato a MQM, el responsable de esta empresa suscribía un "contrato privado" con Diseño Asimétrico en el que "el contratista se compromete a encargar al subcontratista todos los servicios/obras objeto del contrato de adjudicación señalado anteriormente". La adjudicación y el acuerdo inmediatamente posterior se rubricaron justo a las puertas de las elecciones autonómicas de 2007, cuya campañaarrancó el 11 de mayo. El contrato preveía un gasto de 250.000 euros para todo el año, pero entre el arranque de la campaña y el 28 de junio MQM remitió a la consejería de Presidencia de la Comunidad un total de 20 facturas relacionadas con el contrato por un importe de 383.000 euros, según consta en un documento de noviembre de 2008, en el momento de liquidación del contrato, que acabó extendiéndose también a ese año. En sólo dos meses, y coincidiendo con las elecciones, ya se había consumido el 150% de lo firmado para todo el año. En el informe policial que ahora se conoce al levantarse el secreto de sumario se señala además que MQM y Diseño Asimétrico tenían acuerdos de "facturación cruzada" y que la empresa dirigida por la trama asumía como propia deuda que formalmente era de MQM. "Hay una serie de actos que aunque la Comunidad de Madrid factura a MQM realmente es Diseño Asimétrico quien finalmente cobra", sostiene la policía. Y añade, en referencia a los archivos incautados durante el registro de la sede de Diseño Asimétrico: "Se relacionan una serie de facturas por servicios

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prestados a la Comunidad de Madrid por la empresa DiseñoAsimétrico (en relación con MQM) que coinciden con los servicios pendientes de facturar por la empresa MQM a la Comunidad". Este sistema de "facturación cruzada" y de acceso a contratos del Gobierno de Aguirre a través de empresas pantalla no funcionaba sólo con MQM, sino que incluía a otras firmas, como las del Grupo Rafael. El informe policial incluye un documento interno de la trama de Correa en el que se detalla cómo ante la dificultad de que MQM emitiera una factura para el acto de entrega de la Medalla de la Comunidad a los príncipes de Asturias, montado por la trama, se pretendía que fueran el Grupo Rafael, Dimo o Impacto quienes emitieran la factura correspondiente. "Julia [López Valladares, de Presidencia] comentó que MQM sólo puede facturar una inferior a 12.000 euros y el resto otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y otra de impacto), pero el resto tiene que ser de Grupo Rafael, ya que nosotros con nuestras empresas también estamos facturando otras que MQM no quiere", escribía un miembro de la trama. (www.publico.es, 05/12/10) 25. COMUNIDAD DE MADRID. LA MISMA FIRMA DE LA PUBLICIDAD FANTASMA 2,7 millones Entre 2006 y 2008, MQM obtuvo 2,7 millones de euros de la Comunidad de Madrid. El contrato más importante fue el del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), que le reportó 1,25 millones por la campaña publicitaria ‘Made in Madrid’, que nunca se realizó. Denuncia de Montiel El contrato de la publicidad fantasma de MQM con el Imade fue descubierto por Reyes Montiel, hasta el mes pasado diputada de IU y hoy próxima a Equo. Montiel llevó el contrato a Anticorrupción, que a su vez lo ha remitido al sumario del ‘caso Gürtel’. La fiscalía ha solicitado la imputación del gerente de MQM. SWAT SL El Imade eligió a MQM por sugerencia de Swat SL, empresa que también se coordinaba con la ‘Gürtel’ y que, según documentos aportados al sumario, organizó adjudicaciones en Majadahonda. (www.publico.es, 05/12/10) 26. COMUNIDAD DE MADRID. UN INFORME ESTATAL VE PROBLEMAS EN LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL Un informe jurídico encargado por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) encuentra dificultades legales en la privatización del Canal de Isabel II que prepara el Gobierno regional. El estudio concluye que los Ayuntamientos que tengan convenios con la empresa pública regional para la gestión del agua tendrán que anular dichos acuerdos. "La sociedad mercantil (la empresa privada que se quedase con el 49% del Canal) no podrá continuar con la gestión de los servicios de competencia municipal que fueron atribuidos al Canal mediante convenios", señala el informe elaborado por el catedrático de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid. Y añade: "Los Ayuntamientos deberán obligatoriamente declarar resueltos los correspondientes convenios y proceder a asumir la gestión directa de los servicios de su competencia, o realizar una licitación para realizar una gestión indirecta de los servicios que hasta ahora atribuían al Canal". El informe encargado por la CHT hace una mención especial al Ayuntamiento de Madrid. Subraya que en el convenio con el Canal ya se prevé una situación similar. Por tanto, el acuerdo deberá ser anulado. Los responsables del Ayuntamiento de Madrid ya contemplan las consecuencias de la privatización del Canal en los presupuestos para el próximo año. Algo que les ha servido para que la interventora municipal les dé un tirón de orejas por estimar 300 millones de ingresos en una operación sin concretar.El proyecto del Gobierno regional consiste en sacar a Bolsa el 49% del Canal de Isabel II. Para ello prevé constituir una sociedad a la que traspasará los bienes públicos que serán privatizados. La medida, anunciada en 2008, acumula numerosas críticas. "No hay justificación para llevar a cabo esta operación", explica Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, que ha elaborado otro informe sobre la privatización. "Si se vende el Canal y los Ayuntamientos no anulan los convenios estarían incurriendo en prevaricación", advierte el responsable de la organización verde. Martín Barajas precisa que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) tendría la obligación de retirar al Canal la concesión del agua de los 14 embalses. La www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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organización ecologista ha remitido una carta al Ministerio de Medio Ambiente en la que reclama que "se le retire de inmediato al Canal el control de los embalses que gestiona de manera exclusiva y que se les cobre por el uso de las grandes conducciones y depuradoras financiadas por el Estado" si se privatiza. Hace dos años la Confederación del Tajo ya patrocinó otro estudio jurídico sobre el asunto que concluía que "la privatización del Canal supondría un cambio de titularidad que debería ser aprobada por la Administración central". El documento estatal consideraba casi inviable la privatización por las "dificultades jurídicas". Este informe fue presentado unas semanas después de que Esperanza Aguirre anunciara el comienzo de la privatización. Ahora el nuevo documento, encargado por el organismo estatal que gestiona el ciclo del agua en el cauce del Tajo, sostiene que "en modo alguno una sociedad mercantil puede ser titular de bienes de dominio público ni tampoco las Administraciones públicas pueden transferirle la titularidad de bienes de dominio público". Y precisa que los "Ayuntamientos tendrán que solicitar a la CHT las correspondientes autorizaciones o concesiones". El documento hace mención especial al caso del Ayuntamiento de Madrid. "Será necesaria la autorización expresa del Ayuntamiento respecto de la continuación de este convenio en el caso de la pérdida de la condición de empresa pública del Canal", reza uno de los artículos del convenio. Por eso, el informe de la CHT dice que "la consecuencia [de la privatización] es la necesidad ineludible de licitar la gestión de los servicios o de prestarlos directamente el Ayuntamiento". Según el informe, los Ayuntamientos tendrán que anular los convenios con el Canal y sacarlos a concurso público o prestar esos servicios ellos mismos. Muchos Consistorios madrileños carecen de capacidad para gestionar los servicios de distribución, alcantarillado... por ellos mismos. Ecologistas en Acción cree que la "auténtica razón por la que el Gobierno regional pretende privatizar el Canal de Isabel II es para que se puedan llevar a cabo desde el sector privado grandes operaciones de especulación inmobiliaria". El portavoz de la organización verde añade que "las consecuencias medioambientales y sociales de esta operación serían muy negativas y conllevarían el empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento, potabilización y saneamiento...". (www.elpais.com, 07/12/10) 27. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN, APERCIBIDO POR NO AYUDAR AL JUEZ El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, apercibió al alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en marzo de 2010 al considerar que la institución municipal incurrió en “una reiterada conducta que impedía el desarrollo de la investigación” sobre la adjudicación en 2004 de una contrata de limpieza viaria en 10 zonas de Madrid a una de las empresas presuntamente unidas a la trama, y más concretamente, la correspondiente a la zona de Moratalaz. En el sumario, el juez señala que en las dos ocasiones en que fue requerida por la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Madrid información sobre los contratos adjudicados a la empresa Sufisa, en junio y noviembre del año 2009, se produjo un “incumplimiento” en el envío de la misma, según se desprende de los informes emitidos por la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Así, se destaca la omisión en el envío de las actas de la Mesa de Contratación; los informes técnicos con la valoración de todas las ofertas presentadas y sus proposiciones económicas, y la documentación justificativa de los pagos efectuados por el propio Ayuntamiento de Madrid al adjudicatario. (www.elpais.com, 04/12/10) 28. COMUNIDAD DE MADRID. EL EX ALCALDE DEL PP DE ALCORCÓN, DENUNCIADO POR DELITO URBANÍSTICO El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, y su equipo de Gobierno (otros 13 concejales), todos ellos del PP, pasarán entre hoy y el lunes por el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad para testificar como supuestos autores de un delito de prevaricación. Según consta en diversos informes, los 14 ediles incumplieron las normas básicas del planeamiento y se incrementó el número de viviendas permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de un municipio), además de eliminar las viviendas públicas a que obligaba la Comunidad de Madrid.

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La supuesta prevaricación (que se produce al dictar una orden a sabiendas de que es injusta) la pudieron cometer en 2002 en los desarrollos de Fuente Cisneros, en la zona sur de la localidad. Según varios informes jurídicos y urbanísticos presentados por el Ayuntamiento de Alcorcón, la modificación del plan parcial de esta zona consiente un aprovechamiento muy superior al permitido al PGOU: un 0,50 y un 0,79 metros cuadrados por metro cuadrado de parcela frente al 0,39 del Plan General. Esto supone que la zona tenga una gran densidad de viviendas -y de población-. Otro punto en el que incumplieron supuestamente las normas urbanísticas es que desoyeron las reservas de suelo destinado a dotaciones públicas. "Esto supone un déficit en la primera parcela de 7.560 metros cuadrados para centros docentes públicos y 3.774 metros cuadrados de centros sociales de carácter público", según un informe firmado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento. A eso se unen otros 6.300 metros cuadrados de colegios y 2.089 para servicios sociales en la segunda parcela. Uno de los mayores incumplimientos también se pudo dar con "la drástica reducción" de suelo destinado a viviendas públicas. Se intentó justificar este recorte con la calificación otorgada en otros tres desarrollos urbanísticos de la localidad, integrantes del barrio del Ensanche Sur. Pero una nueva Corporación, del PSOE, desestimó en marzo de 2003 su aprobación. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que el 50% del suelo urbanizable se debe destinar a viviendas protegidas, pero esta cifra se redujo en Fuente Cisneros al 11% y al 18%, lo que provocó que se dejaran de construir cerca de 400 viviendas sociales, según fuentes municipales. Ante todas estas irregularidades, la asesoría jurídica del Consistorio cree que se tendría que dejar sin efecto la aprobación de los planes parciales de las parcelas PP-7 y PP-12, ambas en Fuente Cisneros, ya que resultan lesivas para el interés público. Los jurídicos municipales reconocen q ue sería muy costoso para el Ayuntamiento retrotraer la actuación. Supondría elevadas indemnizaciones que habría que pagar a los particulares que adquirieron sus viviendas (1.100 en este barrio) de forma legal y que las registraron tras obtener las licencias de edificación y de primera ocupación concedidas por el Consistorio. Toda la documentación fue presentada a la Fiscalía de Madrid, que pidió la apertura de diligencias previas. (www.elpais.com, 10/12/10) 29. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY VETA LA PRESENCIA DE RICARDO COSTA EN LA PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA DE GALLARDÓN Esta tarde, el redactor de Libertad Digital, Pablo Montesinos, presentaba en Madrid El delfín del PP, una biografía sobre Alberto Ruíz-Gallardón que, dado el cariño de Federico Jiménez Losantos al alcalde madrileño, ya está levantando ampollas en el partido. Ricardo Costa, el que fuera mano derecha de Francisco Camps, ha tenido que volverse a Valencia cuando ya estaba en la capital para asistir a la presentación debido a una llamada de atención de Mariano Rajoy: “Dada tu situación actual en el partido, es mejor para tu carrera política que no estés en este acto”. El toque, según ha podido saber El Plural, se lo ha dado Carmen Martínez Castro, la jefa de prensa de Mariano Rajoy. De momento, sigue en pie la asistencia de Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura y del diputado faltón de la Asamblea de Madrid, Juan Soler. Además, la obra será presentada por Alejo Vidal-Quadras. Poco tiempo ha durado la visita de Ricardo Costa a Madrid, donde tenía pensado asistir a la presentación del libro El delfín del PP. Según ha podido saber El Plural, el hermano del ex ministro, que ha recurado recientemente su afiliación al Partido Popular, ha sido vetado por Mariano Rajoy, más concretamente por su omnipresente jefa de prensa, Carmen Martínez Castro. Martínez le ha hecho saber a Costa que, después de la indulgencia del PP devolviéndole su carné de militante, no ven con buenos ojos que acuda a la presentación de un libro que puede dejar en muy mal lugar a Gallardón, figura siempre ascendente en la formación. Las palabras textuales han sido: “Dada tu situación actual en el partido, es mejor para tu carrera política que no estés en este acto”. Costa se dirige, ahora, de vuelta a su Valencia natal. 30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN TENDRÁ UNA ESCULTURA INSPIRADA EN FABRA El aeropuerto de Castellón, cuya inauguración está prevista para el próximo año, contará con una escultura de 24 metros de altura y 18 de diámetro “inspirada” en el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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Fabra, imputado por cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias. La obra ha sido encargada al artista Juan García Ripollés, amigo de Fabra y habitual de las concesiones públicas castellonenses. La escultura estará formada por varias figuras entre las que destacará una cabeza (inspirada en la testa de Fabra) de la que surgirá un avión, para simbolizar que ha sido el político quien ha hecho posible que el aeropuerto sea una realidad. El dirigente del PP agradeció a Ripollés que se haya inspirado en él, aunque matizó que la escultura no reproducirá su cara porque no es un retrato. Según Fabra, este homenaje no es “inmerecido” por su gran contribución a la construcción del aeropuerto. “Me encanta saber que inspiro a los artistas”, afirmó. Y añadió que “si inspirara a las musas, también sería perfecto”. La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol denunció el proyecto -que costará 300.000 euros- y pidió al presidente de la Diputación que si quiere una escultura “la pague de su bolsillo y la instale en el comedor de su casa”. Albiol también anunció que intentara parar su construcción a través de las Cortes. No es la primera vez que Fabra inspira a un artista. El presidente de la Diputación de Castellón ya había aparecido antes como personaje, principal o secundario, en algunas obras de arte de edificios públicos y tiene una plaza dedicada a él en la localidad de Villahermosa (Castellón). Incluso ha dado nombre a un caso judicial todavía pendiente de resolver por los tribunales. (www.elperiodico.com, 05/12/10) 31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL COBRO IRREGULAR DE IMPUESTOS LE CUESTA AL CONSELL MÁS DE 10 MILLONES Diez años lleva la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) diciéndole a la Consejería de Economía que liquida mal y al alza, entre otros, el impuesto de transmisiones, que no motiva su cálculo y debe aplicar correctamente la fórmula. En definitiva, le advierte que actúa de forma irregular. Diez años lleva la Sala condenando a la Generalitat a pagar las costas de los miles de procedimientos que ha perdido: entre 1.300 y 1.400 euros por asunto. ¿Cuántos ha visto el tribunal en una década? Al menos 8.000. Es decir, la Generalitat ha perdido en recurrir liquidaciones de impuestos de transmisiones, donaciones o actos jurídicos documentados un mínimo de 10.400.000 euros. Esa cantidad la gasta a sabiendas, porque desde el año 2000 hay sentencias, incluidos los pronunciamientos del Tribunal Supremo, en las que de forma inequívoca los magistrados reiteran la irregularidad de su persistente actuación en la liquidación de esos impuestos. Pero pierde aún más dinero. La Generalitat tiene que devolver, además, el dinero que haya cobrado irregularmente y hacerlo incrementando a la cantidad en cuestión los intereses oportunos. Es cierto que la mayor parte de las personas que recurre solicitan a la vez la suspensión cautelar del pago efectivo de la tasa. Pero no son todos. De manera que, como dicen algunos de los abogados que habitualmente trabajan este tipo de asuntos, son decenas de millones de euros los que el Consell ha perdido, y sigue perdiendo, desde hace una década. La Sala de Lo Contencioso-Administrativo no se ha limitado a resolver uno tras otro los miles de recursos y repetirle a la Generalitat que lo está haciendo mal. En las deliberaciones de los fallos, varios de los magistrados se han planteado incluso iniciar una actuación contra la Administración autonómica por prevaricación, ya que se enfrentan a "una práctica viciosa". A pesar de los miles de asuntos que han llegado al TSJ en diez años, solo el 5% de los afectados recurre estos impuestos cobrados. La historia se ha repetido miles de veces. Los particulares presentan la oportuna y obligatoria liquidación de impuestos varios, fundamentalmente por transmisiones (que grava, por ejemplo, la compraventa de una vivienda de segunda mano o sucesivas), donaciones y actos jurídicos documentados (notariales, como las escrituras de viviendas, mercantiles y administrativos). Son impuestos derivados a las comunidades autónomas. Esa liquidación es corregida al alza, en este caso por el Consell, en dos puntos. Los particulares, no lo aceptan, y acuden entonces al Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Valencia. Y este (aunque en los dos últimos años cada vez menos) ha desestimado las reclamaciones a las liquidaciones de estos impuestos al considerar que no era este el órgano al que competía la revisión de los criterios aplicados para las valoraciones puesto que eran realizados por un "perito de la administración". Tras "numerosísimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana", tal como indican algunos de los fallos actuales del TEAR, este último tribunal comenzó a estimar las reclamaciones de los particulares antes de que el TSJ las diera por válidas. www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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El tribunal económico administrativo detalla en sus fallos la misma argumentación que el TSJ y sostiene que: "No nos encontramos ante valoraciones singularizadas, sino que son fruto de la aplicación de unos criterios genéricos desligados del bien concreto cuyo valor se comprueba". Como ejemplo, una de las sentencias emitida por el TEAR respecto a una reclamación por liquidación del impuesto de transmisiones sostiene que la valoración realizada para cuantificar ese gravamen sigue unos razonamientos que "aunque referidos a bienes de naturaleza urbana, son trasladables perfectamente a los de naturaleza rústica". También reprocha a la administración autonómica que realice los cálculos con unas valoraciones "cuyas razones de aplicación no se constatan en el expediente, por lo que no nos encontramos ante valoraciones singularizadas, sino que son fruto de la aplicación de unos criterios genéricos desligados del bien concreto cuyo valor se comprueba". Cuando el tribunal económico administrativo no toma partido, no se pronuncia por entender que es su obligación, los particulares recurren al TSJ. Lo han hecho en diez años, al menos, 8.000 contribuyentes. Y uno tras otro han ganado a la Generalitat. Las sentencias repiten la argumentación: el sistema de evaluación de la carga impositiva no es correcta. La Administración, para liquidar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, multiplica el valor catastral de un inmueble por el coeficiente 2,00. Según argumenta, es para actualizar el valor del inmueble. En la práctica, como recogen los fallos del TSJ, supone, sin más, un incremento de la recaudación. ¿Qué debería hacer Hacienda para actuar conforme a la legalidad? Actualizar el catastro o, en caso de desacuerdo con el contribuyente, favorecer una pericial contrastada (que especialistas de ambas partes cotejen el valor de un inmueble). La Sala ha explicado, desde que se inició la práctica irregular del Consell, que el expediente administrativo no aporta los estudios que llevan a la Administración a aplicar un valor del inmueble distinto del catastral, y ha puesto de relieve que tampoco demuestra que para calcularlo se haya visitado el mismo, sino que, contrariamente, se basa en el dictamen de un técnico que aplica valoraciones preexistentes, "desconocidas para la parte y la sala", de zonificación, antigüedad y estado de conservación. ¿Por qué continúa la Consejería de Hacienda liquidando irregularmente? Porque solo una mínima parte de los afectados recurre (y están obligados a pagar inicialmente abogado y procurador). La gran mayoría no cuestiona la tasa, por lo que el ingreso (irregularmente incrementado) supone millones para el Consell. (www.elpais.com, 09/12/10) 32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL DIRECTOR DE CANAL 9 ATACA A LA JUSTICIA PARA DEFENDERSE El director general de la televisión pública valenciana, José López Jaraba, pretendió disipar las sospechas que pesan sobre Canal 9 en relación con la visita del Papa a Valencia, pero sus argumentos sólo aumentaron las sospechas. En una comparecencia en las Cortes valencianas, Jaraba intentó descalificar un informe judicial, contenido en el sumario del caso Gürtel, que habla de irregularidades generalizadas en las adjudicaciones realizadas por el ente en relación con ese acontecimiento religioso. Pero, en el camino, el director general añadió algunas presuntas irregularidades que se suman a las ya conocidas. Jaraba reconoció, por ejemplo, que el ente fragmentó uno de los contratos en decenas de pagos diferentes. En concreto, pagó 38 facturas de una misma empresa, todas referidas al mismo servicio la instalación de una tarima de madera para una cámara, y todas por el mismo importe (1.320 euros). La misma empresa adjudicataria de estos servicios cobró en total más de 200.000 euros por labores parecidas, una cifra que habría obligado a Canal 9 a convocar un concurso público. Una circunstancia que, gracias a la fragmentació del gasto total en decenas de facturas diferentes, no llegó a darse. López Jaraba reconoció, además, que el ente público tiene más información sobre las adjudicaciones realizadas por suministros relacionados con la emisión de la señal de la visita papal, además de la documentación que ya fue facilitada en septiembre de 2009 al juez que instruye el caso Gürtel. "Ninguna persona se ha dirigido desde septiembre de 2009 a Radio Televisión Valenciana para pedir más documentos, estamos indefensos en ese sentido", lamentó.

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A pesar de que él no estaba al cargo de la televisión pública valenciana cuando se produjo la visita del Papa, Jaraba defendió la gestión de su antecesor, Pedro García, que tuvo que dimitir por su presunta implicación en la trama. Jaraba aseguró que los contratos efectuados fueron "administrativamente correctos". Jaraba se refirió también al mayor de los contratos adjudicados por el ente en relación a la visita del Papa: el que benefició a la constructora Teconsa por la instalación de pantallas gigantes en la ciudad de Valencia. El director del ente se desentendió de las actuaciones de la empresa que, según informes también incluidos en el sumario, subcontrató a otra sociedad para que hiciera el trabajo y pagó comisiones a los empresarios de la trama, así como a Pedro García. Jaraba aseguró que Teconsa no cumplió con su deber de informar sobre su actuación y que Canal 9 no podía saber el destino final del dinero. En el documento, se habla de un "incumplimiento generalizado de los principios de publicidad y concurrencia" en los 14,7 millones de euros que el ente público gastó en los dos días que duró el acontecimiento religioso. López Jaraba se escudó en que la televisión pública no se rige por la Ley de Contratos Públicos cuando el gasto es inferior a los 211.000 euros. Jaraba se escudó también en la urgencia con la que Canal 9 se vio obligado a organizar la emisión de la visita. Los grupos de la oposición le recordaron que el viaje del Papa se conoció con mucho tiempo de antelación y le instaron a "pedir perdón" por las presuntas irregularidades, en palabras de Manuel Mata, portavoz del PSOE. (www.publico.es, 10/12/10) 33. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA CONCEJAL DEL PP DE ELCHE, DENUNCIADA POR QUEDARSE CON FONDOS DE DISCAPACITADOS Miembros de la junta directiva de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual, Integra-T, de Elche, anunciaron que han presentado una denuncia en el juzgado contra la ex presidenta de la entidad y concejal del PP en la corporación ilicitana, Margarita Macià, por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y fraude a la Seguridad Social. Los denunciantes -la secretaria y la tesorera de la entidad, Concepción Cabeza y Juana Conesa, respectivamente- convocaron una rueda de prensa para reafirmarse en su denuncia contra la concejal popular. Acusaron a Macià de falsificar la firma de la tesorera para cobrar tres cheques los pasados meses de julio, agosto y septiembre por un importe de 2.500 euros. Además, las representantes de la asociación se ratificaron en la denuncia sobre la contratación, sin la autorización de la junta de la entidad, del marido de la concejal, que estuvo dado de alta en la Seguridad Social a cargo del colectivo entre los meses de enero y septiembre de este año. Los gastos de ese contrato, en concepto de cuotas a la Seguridad Social y del IRPF, ascendieron, según el colectivo, a 4.863 euros. "Lo que exigimos en la denuncia es que la concejal se haga cargo de los gastos de ese contrato ficticio", aseguró Cabeza en declaraciones recogidas por Europa Press. "El contrato era de ocho horas, pero el marido de la concejal nunca ha realizado ningún trabajo para la asociación", añadió. Por último, las denuncias también acusan a Margarita Macià de utilizar a chicos del colectivo con fines electorales. "En un acto de la campaña de 2007 se les llegó a pegar pegatinas del PP", precisó Cabeza. Margarita Macià ha rechazado las acusaciones y asegura que su gestión al frente de la entidad "fue clara y transparente". (www.elpais.com, 05/12/10) 34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP SE ADUEÑA DE LA CAMPAÑA DE CÁRITAS EN UN MUNICIPIO "El PP de Albalat dels Sorells organiza la Campaña del Kilo de Ayuda en colaboración con Cáritas, apoyando a las familias que lo están pasando mal". Los vecinos y feligreses de este municipio de la provincia de Valencia se desayunaron con esta publicidad -encartada en un boletín del partido-, que ha sido distribuida en forma de carteles en comercios y locales públicos. El representante de Cáritas, que es el cura, no tenía ni idea. Él negoció con el alcalde del PP, José Rafael Tamarit, "un acuerdo para recoger arroz, lentejas, macarrones, fideos, alubias, etcétera", para la población desfavorecida. Con nadie más.

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Cuando el ex alcalde socialista del municipio Vicent Almenar se personó con un pasquín, se quedó blanco. "No, no lo conocía. Yo negocié con el Ayuntamiento, no con el partido", respondió el cura "visiblemente sorprendido". Otra miembro activa de Cáritas confirmó que "el acuerdo no fue con un partido, sino con el Ayuntamiento". (www.elpais.com, 05/12/10) 35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO BRUGAL' DINAMITA EL GOBIERNO ENTRE POPULARES Y NACIONALISTAS EN CALP El pacto que en octubre de 2008 aupó al Gobierno de Calp al nacionalista Ximo Tur con el apoyo del PP quedó enterrado como consecuencia del caso Brugal. Cinco de los seis ediles del PP que aún permanecían en el equipo de Tur han renunciado a sus delegaciones. Estos concejales se solidarizan con otros tres compañeros, encabezados por el ex regidor Javier Morató, a los que Tur retiró las delegaciones por su implicación en las supuestas irregularidades de la contrata municipal de la basura. El Gobierno de Calp queda ahora con solo tres concejales de los 21 que integran la Corporación: Tur, el edil del Partido Social Demócrata, y otro concejal del PP. Tur llegó a la alcaldía el 6 de octubre de 2008 merced a una moción de censura, con el apoyo del PP y del PSD, que desalojó del Gobierno al socialista Luis Serna. Las tensiones internas del equipo de gobierno han sido constantes, aunque la espoleta que ha dinamitado el pacto ha sido la implicación de tres ediles populares en la trama Brugal. La policía y el fiscal acusan a los concejales del PP de los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias en la adjudicación de la contrata de la basura a Ángel Fenoll, cabecilla de la trama, según la investigación. Esta pieza del sumario general la instruye el Juzgado número 1 de Dénia. El magistrado ha abierto diligencias previas con la petición al Consistorio de documentación relacionada con el contrato, adjudicado en 1998. La renuncia de los concejales populares obliga al alcalde Tur a gobernar por decreto en estos seis meses que restan de mandato. La ley no permite una nueva moción censura. El alcalde, Joaquim Tur, señaló: "Cada cual puede hacer sus interpretaciones, yo no he roto el pacto". Y añadió: "He destituido a unas personas presuntamente relacionadas con el caso Brugal". (www.elpais.com, 04/12/10) 36. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ IMPUTA A UN EX EDIL EN LA TRAMA DEL 'CASO POLOP' El juzgado de Instrucción número 3 de La Vila Joiosa imputó un posible delito de tráfico de influencias a Jaime Narbó, un ex concejal de Polop entre 1999 y 2007 que en 1999 compró por 10 millones de las anteriores pesetas (60.101 euros) tres parcelas que seis años más tarde fueron vendidas a un urbanizador del municipio por más de un millón de euros. La investigación considera que Narbó actuó en connivencia con Juan Cano, imputado por el mismo delito, y que ambos influyeron para que el Consistorio polopino concediera la condición de agente urbanizador a Blauverd del sector 8 Teuleria-La Paz, donde estaban ubicados los terrenos. Esta causa se sigue como consecuencia de la investigación del asesinato de Alejandro Ponsoda, predecesor de Cano en la alcaldía, y fue desgajada de la investigación del crimen a principio de 2010. Además de Cano y Narbó, de momento, está también imputado José Vicente Martí, el ingeniero que Cano contrató en febrero de 2000 para tutelar el desarrollo urbanístico local. Cano es investigado por la venta a finales de 2005 por 290.000 euros de un terreno que le había comprado a Narbó por 7.500 euros un año antes. (www.elpais.com, 04/12/10) 37. ISLAS BALEARES. LA FISCALÍA ACUSA A CARDONA DE UN “SAQUEO Y ROBO SISTEMÁTICO” EN EL CDEIB La Fiscalía Anticorrupción atribuye al conseller de Comerç en la pasada legislatura del PP, Josep Juan Cardona, así como al resto de principales imputados del conocido como 'caso Scala', de provocar durante cuatro años -de 2003 a 2007- la “actividad frenética” del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) con el objetivo de desviar unos siete millones de euros, todo ello mediante un “saqueo y robo sistemático de las arcas públicas” y aprovechando la falta “total y absoluta” de controles administrativos y financieros.

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Así lo pone de manifiesto en el escrito de 175 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, para solicitar la transformación de estas diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral. En él, el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad documental a diez de los 18 encausados contra los que pide que continúen las investigaciones, que llevarían aparejadas en total penas de hasta 26 años de prisión. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan además que el PP, como responsable civil, resarza 10.585 euros de fondos públicos, mientras que piden que Cardona, Viaene y el también imputado Antonio Munar amplíen su fianza de responsabilidad pecuniaria en 14.113 euros, a raíz del transporte de material electoral del PP desde Mallorca a Ibiza que habría sido abonado con fondos del Consorcio. En el caso de Cardona, la acusación pública le achaca la posición de “líder o jefe director” de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, “idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron” actuaciones dirigidas a “apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos”, bajo el “lema de más facturación, más comisión” y utilizando “todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido”. Tal y como detalla el escrito, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica “perfectamente organizada” que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB “a todas las ferias y eventos imaginables” así como contratar “cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público”, una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa “se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo”. Es por ello que, relata el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de su conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), “hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse”. De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles “para planificar las estrategias y procedimientos de expolio”, pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB. Así, la Fiscalía asevera que el “robo sistemático” efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban “hombres de paja o testaferros” y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. “Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores”, detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio “para provecho propio”. Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril. Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas. Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía pide que continúe el proceso penal son el ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré -quien ha confesado los hechos de cara a futuras atenuantes-; el empresario Arnaldus Van Den Hurk; la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont; el marido de ésta, Jaime Fernández Abad; el publicista Joan Rosselló; el administrador de Mercantiles NTC, Francisco García; el de Camino Export, Sergio Pereletegui; el de Taller Grafic, Jaume Gil; Manuel Carmelo; Pedro Veny; Juan Enrique Riera; Antonio Munar; Antoni Miguel y Francisco Mauri. (www.ultimahora.es, 09/12/10) www.losgenoveses.net ven y cuéntalo

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38. PRINCIPADO DE ASTURIAS. RAJOY ADMITE QUE HASTA 2011 NO TENDRÁ CANDIDATO EN ASTURIAS Mariano Rajoy parece no tener prisa por poner fin a la novela por entregas en la que se ha convertido el proceso para designar a su candidato para el Principado de Asturias. O eso es, al menos, lo que dio hoy a entender hoy en una conversación informal con periodistas tras los actos oficiales por el aniversario de la Constitución celebrados en el Congreso de los Diputados. Preguntado sobre la posibilidad de que el conflicto tenga punto y final antes de estas navidades, Mariano Rajoy respondió con un "no lo creo". Estas declaraciones suponen un nuevo jarro de agua fría para los dos sectores del PP asturiano enfrentados por lograr ubicar en la cabeza de la lista a su candidato. De un lado, la dirección regional, que apoya a la concejal ovetense Isabel Pérez Espinosa, y de otro, los diez alcaldes y las 27 juntas locales que respaldan la vuelta del ex ministro Francisco Álvarez-Cascos a la primera línea política. Tanto los detractores del ex hombre fuerte de Aznar como los casquistas confiaban en que Rajoy se marchara de vacaciones en Navidad dando por cerrado este conflicto. Pero, a tenor de sus declaraciones de hoy, no lo considera todavía prioritario. "Hay tiempo", insisten en el entorno del líder del PP. Pese a que la dirección nacional ha sido siempre muy insistente en la idea de que la candidatura para el principado se desvelaría "cuando más convenga a los intereses del partido", en privado varios dirigentes admiten que urge cerrar la crisis porque se ha demostrado que el PP asturiano no acerca posiciones. El principal argumento que esgrimen a la hora de justificar esta urgencia es el de que los enfrentamientos entre ambos sectores son cada vez más duros y "el electorado puede llegar a cansarse de este culebrón". Se trata, además, de una reflexión que comparten tanto quienes defienden a Cascos como los que apoyan a Pérez Espinosa. No obstante, el sector crítico con el ex ministro de Fomento considera que la "aparente calma" que exhibe Rajoy les favorece. ¿Por qué? Una de las condiciones de Cascos es la de ser candidato después de haber sido elegido en un congreso extraordinario. Y, con las previsiones del líder de la formación de no resolver el tema antes de navidades, el tiempo para la convocatoria de este cónclave se agota. A finales de enero el PP celebra una convención en Sevilla. Hay en el partido quien cree que por estas fechas el misterio sobre la candidatura ya estará resuelto. De lo contrario, Rajoy podrá exprimir aún más los plazos hasta febrero. Es entonces cuando la formación convocará en un macroacto a todos sus candidatos a las autonómicas del 22 de mayo. Mientras Rajoy busca el momento para hacer pública su decisión para Asturias, los actos de apoyo a Cascos han trascendido ya las fronteras de la comunidad autónoma. La semana pasada el distrito de Moratalaz celebró su tradicional cena anual, en la que rindió un homenaje a la trayectoria política del ex secretario general del PP. Y el próximo día 16 el distrito de Salamanca, también en Madrid, celebrará una velada similar. El ex titular de Fomento ya ha anunciado que también acudirá a esta cena, que estará presidida por Íñigo Henríquez de Luna, concejal del distrito de Salamanca. En público, el líder del PP no ha expresado todavía su preferencia por ninguno de los dos candidatos. Quienes sí han avalado a Cascos son Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y el ex presidente del Gobierno José María Aznar. Ambos dejaron grabado un mensaje de respaldo a la trayectoria de su ex compañero de partido que fue reproducido en acto de Moratalaz. (www.publico.es, 07/12/10)

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