Nombre.

Diálogo Nacional Agrario Intersectorial

Breve historia y principales actores

La idea de convocar al Diálogo Nacional Agrario Intersectorial nació de la necesidad de construir una base para el desarrollo equitativo y sostenible de la riqueza de recursos agrarios de Guatemala. El Diálogo fue impulsado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de involucrar la participación de todos los sectores en un diálogo multidisciplinario para discutir este asunto históricamente polémico, con miras a establecer los Tribunales Agrarios.. Representantes de más de 25 organizaciones de la sociedad civil, del gobierno y del sector empresarial se reunieron durante un período de seis meses, asistiendo a jornadas de aprendizaje, conferencias y talleres, y trabajando en conjunto con el Organismo Judicial. El Proyecto Regional de Diálogo Democrático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y el Proyecto Acciones Estratégicas para la Elaboración de la Iniciativa de Ley sobre Jurisdicción Agraria del PNUD, trabajaron con este grupo diverso. El fruto de estos esfuerzos fue la redacción de un Anteproyecto de Ley Agraria sustantiva y procesal, un insumo para la Corte Suprema en la preparación de nueva legislación agraria.

Contexto

En el Acuerdo sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria, el Estado de Guatemala se comprometió a: “Promover la creación de una Jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República”. A solicitud de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el PNUD acompañó un proceso de reflexión sobre la necesidad y pertinencia política de avanzar en la discusión y/o elaboración de una propuesta legislativa en materia de jurisdicción agraria. Esta propuesta de trabajo se enmarcó en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en los Acuerdos de Paz, particularmente los referidos al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Además, el Congreso de la República aprobó la ley del Registro de Información Catastral (RIC), la cual establece en el art. 91 la obligatoriedad de constituir los Tribunales Agrarios al menor tiempo posible.

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Sin duda, la creación de estos tribunales, junto con legislación ya aprobada, como el Fondo de Tierras y el RIC permitiría avanzar en la reforma del marco jurídico del agro y del desarrollo rural, garantizándose la seguridad jurídica de la población, particularmente, la protección legal de campesinos y pueblos indígenas. Retos enfrentados

Desde los inicios del Diálogo Nacional Agrario, la oposición del CACIF –en particular de la Cámara del Agro--a la creación de los Tribunales Agrarios fue manifiesta, de tal suerte que sus representantes se retiraron, en agosto del 2006 de la mesa donde se discutía la creación de la normativa que daría vida a dichos tribunales. La cúpula empresarial solicitó también el retiro del moderador de dicha sala de trabajo, como una condición para regresar a la mesa, ya que lo consideraban responsable de estar parcializado en el tema al tratar de impulsar sin consenso el borrador de una iniciativa que contenía unos 200 artículos en donde se incluyó, entre otros, la expropiación de tierras ociosas por parte del Estado. En virtud de acciones legales interpuestas por el CACIF –bajo el argumento de violación al principio de independencia de poderes– el proceso de formulación de la iniciativa de ley para la creación de los Tribunales Agrarios, finalmente fue abortado al haberse suspendido una parte del artículo 91 de la Ley de Registro de Información Catastral (RIC), el cual regula: “Tribunales Agrarios. La Corte Suprema de Justicia deberá crear los tribunales agrarios, y haciendo uso de su iniciativa de ley, en el menor plazo posible presentará al Congreso de la República una iniciativa de ley con la legislación sustantiva y adjetiva para su aplicación, para lo cual se le hará la asignación presupuestaria correspondiente.” La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la parte de la norma relacionada que se refiere a la iniciativa de ley de la Corte: “… y haciendo uso de su iniciativa de ley en el menor plazo posible presentará al Congreso de la República…”.

Principales avances

En el año 2005 se iniciaron las diligencias para la creación de lo que fue el Diálogo Nacional Agrario Intersectorial bajo el liderazgo de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El acercamiento entre esa instancia y organizaciones afines al tema de la tierra buscó apoyar el proyecto de creación de los Tribunales Agrarios y la elaboración de un anteproyecto de legislación agraria sustantiva y procesal – Código Agrario-, sin embargo el esfuerzo se vio truncado luego de que, en septiembre de 2006, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera una parte del artículo 91 de la Ley del Registro de Información Catastral (RIC) que obligaba a la CSJ a presentar

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una iniciativa de ley para el funcionamiento de dichos tribunales. Los avances realizados desde 2005 quedaron en suspenso y fueron retomados en el marco de las Mesas de Diálogo instaladas por el gobierno de Álvaro Colom y organizaciones afines a la temática agraria, a partir de abril del 2008 y que dieron como resultado la propuesta de Ley para el Desarrollo y Rural. Propósito

Objetivo General: Que la Corte Suprema de Justicia contara con un anteproyecto de Ley Agraria consensuado con los distintos sectores de la Sociedad Civil, para que lo presente, con su iniciativa de Ley al Congreso de la República. Objetivos Específicos:  Creación de un escenario de diálogo nacional en el cual pudiesen conocerse y evaluarse diversos puntos de vista y propuestas.  Analizar, discutir y redactar los consensos y disensos a que lleguen los sectores.  Darle cumplimiento a los Acuerdos de Paz, principalmente el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, así como la Ley Marco que los instituye.  Generar, de acuerdo a las distintas posiciones, el contenido de los principios que deben inspirar la legislación agraria en Guatemala.  Analizar la Constitución Política de la República de Guatemala, la Jurisprudencia Nacional y el Derecho Comparado para la construcción del conjunto de principios que inspiren el Derecho Agrario en Guatemala.  Sensibilizar a todos los sectores con interés en el tema agrario del país acerca de la importancia de la Rama del Derecho Agrario, así como su aplicabilidad jurisdiccional.

Alcance

Los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, elevados a categoría de ley de la República de Guatemala, mediante el Decreto 52-2005 del Congreso de la República, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, establecen que Guatemala requiere de una reforma del marco jurídico del agro y de un desarrollo institucional en el área rural que permita poner fin a la desprotección y el desalojo que han afectado a los campesinos y, en particular, a los pueblos indígenas, que permitirá la plena integración de la población campesina a la economía nacional, y que regule el uso de la tierra en forma eficiente y ecológicamente sostenible de acuerdo a las necesidades del desarrollo.

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Con ese fin, el Gobierno se comprometió: a) Promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra; b) Promover la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República; c) Promover una revisión y adecuación de la legislación sobre tierras ociosas de manera que cumpla con lo estipulado en la Constitución y regular, incluyendo incentivos y sanciones, en la subutilización de las tierras y su uso incompatible con la utilización sostenible de los recursos naturales y la preservación del ambiente; d) Proteger las tierras ejidales y municipales, en particular limitando estrictamente y de manera pormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier título a particulares; e) En cuanto a tierras comunales, normar la participación de las comunidades para asegurar que sean éstas las que tomen las decisiones referente a sus tierras; f) Establecer y aplicar procedimientos judiciales o no judiciales ágiles para dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos naturales (arreglo directo y conciliación), teniendo en cuenta los compromisos del Acuerdo sobre reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas. En consecuencia y, de acuerdo a la temática establecida en los Acuerdos de Paz, se emitió el Decreto 41-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro de Información Catastral, la que en su artículo 91 establece que la Corte Suprema de Justicia deberá crear los Tribunales Agrarios y haciendo uso de su iniciativa de ley, en el menor plazo posible presentará al Congreso de la República una iniciativa de ley con la legislación sustantiva y procesal para su aplicación. Es decir, que ello representa para el país una ley urgente, a lo cual, los cumplidores de la ley, deben acatar. Resultados

Borrador de Ley Agraria o Anteproyecto de Legislación Agraria elaborado y presentado por la Corte Suprema de Justicia. Aunque el borrador quedara en suspenso, los avances realizados se retomaron a partir del 2008 en el marco de las Mesas de Diálogo impulsadas por el gobierno de Álvaro Colom y organizaciones afines a la temática agraria. El Dialogo Agrario Intersectorial, aunque fracasó en el corto plazo, sembró las semillas para el posterior desarrollo de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y la nueva iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral (Decreto 4084) la cual fue propuesta con el consenso de organizaciones campesinas, indígenas, y sociales.

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Seguimiento y compromisos

En cumplimiento del artículo 91 del Decreto 41-2005 del Congreso de la República, el 4 de agosto de 2005, se realizó la primera reunión con la participación del pleno de la Corte Suprema de Justicia y los Diputados del Congreso de la República, miembros de la Comisión de Catastro, habiéndose tratado los temas relacionados con la creación de los Tribunales Agrarios y la incidencia económica para el Organismo Judicial en la creación de los mismos. Para generar el anteproyecto de Ley y la institucionalización de los Tribunales Agrarios, la Presidencia del Organismo Judicial decidió iniciar un proceso de consenso por parte de los sectores de la sociedad guatemalteca, para la definición del contenido de la legislación agraria. De esa cuenta, se convocó a los diferentes sectores interesados en este tema, para la conformación de una mesa preparatoria, cuyo objetivo primordial fue apoyar a la Corte Suprema de Justicia, en la elaboración de la legislación agraria, tomando en consideración, la experiencia generada y la representación en la sociedad. Se integraron a este proyecto, diversas organizaciones de la sociedad civil relacionada con la temática, dependencias del Organismo Ejecutivo, representantes de las distintas cámaras del sector privado con interés en el tema y el apoyo de la comunidad internacional por medio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD. Como parte de las actividades, la Corte Suprema de Justicia emprendió un Plan Operativo, en el que incluyó cinco componentes relacionados con la sensibilización social respecto de la importancia del tema agrario, capacitación sobre los principales aspectos de la temática agraria, la organización y desarrollo del denominado Diálogo Nacional Agrario Intersectorial con la participación de los diversos sectores sociales interesados en el proceso de construcción de la ley y por último un componente de asesoría técnica que contribuiría a presentar los resultados del proceso de diálogo nacional, que se ven traducidos en esta propuesta de ley. Habiendo concluido todo un proceso importante de diálogo a nivel nacional, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, en cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, de los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria contenidos en los Acuerdo de Paz, y el artículo 91 del Decreto 412005, presentó el anteproyecto de Ley Agraria, con la finalidad de dotar al país de una jurisdicción especializada, con mecanismos judiciales que garanticen la solución de

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los conflictos agrarios que contribuya de manera notable al proceso de construcción de una verdadera paz social. Convocantes/ Facilitadores

- Convocante: Presidencia del Organismo Judicial (OJ). - Facilitadores: El Proyecto Regional de Diálogo Democrático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y el Proyecto Acciones Estratégicas para la Elaboración de la Iniciativa de Ley sobre Jurisdicción Agraria del PNUD.

Sede del diálogo Perfil de los participantes

Ciudad de Guatemala. Representantes de más de 25 organizaciones de la sociedad civil, del gobierno y del sector empresarial:  Organismo Judicial (OJ).  Secretaría Presidencial para los Asuntos Agrarios (SAA).  Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas (CONGCOOP).  Plataforma Agraria.  Cámara de Industria de Guatemala (CIG).  Cámara del Agro.  Universidad Rafael Landívar, Instituto Nacional de Bosques (URL INAB).  Coordinador Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).  Alianza Nueva Nación (ANN).  Fondo de Tierras.  Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial (UCI OJ).  Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).  Coordinador Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).  Mazariegos Fernández, Carrillo y Asociados.  Fundación Soros.  Asociación Amigos del Bosque.  Secretaría Presidencial para los Asuntos Agrarios (SAA).  Coordinación Nacional Permanente sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas (CNP Tierra).  Gremial Minas, Comité de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras (CACIF).  Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO).  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Fases

Fase Ciudadana: . Etapa preparatoria. . Taller I: Escenarios realidad compartida. Identificación de Principios. . Taller II: Profundización de principios. . Taller III: Ámbito sustantivo. . Taller IV: Ámbito procesal. . Taller V: Estructura de ley. Puesta en común. . Redacción borrador anteproyecto. . Taller VI: Validación borrador. . Redacción borrador final. . Taller VII: Presentación final. Fase Judicial: . Redacción final de Anteproyecto de Ley Agraria. . Presentación al Poder Legislativo. Fase Legislativa: . Aceptación a trámite. . Discusión en pleno. . Aprobación de Ley

Metodología

La complejidad técnica de la materia, su poco estudio en los ámbitos académicos y de investigación, la sensibilidad política del tema en un país en el cual la práctica ha sido tratar la materia agraria con las lógicas del derecho civil, y lo que es más grave aún, la tendencia hacia la penalización del conflicto agrario, ameritó como necesario contribuir a la definición de una estrategia de la Corte Suprema de Justicia para el impulso de la iniciativa de ley y su posterior aprobación por parte del Congreso de la República que incorporara los siguientes pasos: a. Proceso de capacitación en materia agraria y ambiental a los jueces b. Proceso de elaboración de una iniciativa de ley. c. Proceso de concertación política alrededor de la ley d. Proceso de sensibilización sobre la Jurisdicción Agraria. A lo anterior se sumó, la formulación del “Plan de Trabajo de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para obtener un proyecto de legislación agraria sustantiva y adjetiva” elaborado por la Comisión Técnica y asesores

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técnicos designados por estos Organismos en el marco de esta iniciativa. - Dinámica de Proceso:  Trabajo de grupos.  Indagación generativa.  Plenarias para puesta en común.  Un equilibrio entre espacios formales e informales de diálogo.  Jornadas de aprendizaje. Lecciones aprendidas

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Una estrategia basada en el diálogo técnico orientada a permitir una amplia participación y contribución de los distintos sectores sociales y estatales en los distintos procesos. Generación de confianza entre los actores coadyuvantes a fin de generar el compromiso de ellos hacia la obtención de los resultados propuestos. Promover y facilitar procesos de formación y sensibilización continua a los actores y funcionarios del Organismo Judicial, con la finalidad de enfatizar el traslado de capacidades, valores y principios acordes con el Derecho Agrario. Generación de información y asesoría técnica de alta calidad que contribuyan a orientar los distintos procesos. Liderazgo y conducción política de parte del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia en todos los ámbitos previstos en el proceso de Diálogo.

Bibliografía: 1. 2. 3. 4. 5.

ASIES, Proceso de Fortalecimiento del Sistema de Justicia: avances y debilidades julio 2003 - junio 2006, noviembre de 2006, Guatemala. Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz (CEIDEPAZ), Problemática Agraria en Guatemala: Evaluación Alternativa a 12 años de la firma de los Acuerdos de Paz, enero 2009, Guatemala. Corte Suprema de Justicia, Secretaría Ejecutiva Diálogo Nacional Agrario Intersectorial, Propuesta de Anteproyecto de Ley Agraria, julio 2006, Guatemala. Katja Winkler y Rovoham Monzón, CONGCOOP, El Potencial de Tierras para la Producción Autosuficiente de Maíz en Guatemala, marzo 2008, Guatemala. PNUD, Asistencia Técnica Preparatoria: Acciones Estratégicas para la elaboración de la Iniciativa de Ley sobre Jurisdicción Agraria, febrero 2006, Guatemala.

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