COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Propuesta del Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública en la revisión, elaboración y evaluación de la Política Forestal, con especial atención a la inclusión Grupos Étnicos, Campesinos y Otros (Versión revisada y actualizada)

ROSA DANERY MORENO GALLEGOS Consultora

Tegucigalpa, MDC, febrero de 2008

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

INDICE ACRÓNIMOS AGRADECIMIENTOS INTRODUCCIÓN

iii iv 7

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1. El Derecho de Acceso a la Información 2. El Control Social

9 10 11

III.

SINOPSIS SITUACIONAL DEL RECURSO BOSQUE EN HONDURAS 1. Aspectos Generales 2. Importancia Económica del Bosque en Honduras 3. Importancia Social de los Bosques Hondureños 4. Relación Bosque-Ambiente

13 13 14 16 17

IV.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES RELACIONADAS CON EL RECURSO BOSQUE Y LA PROPUESTA 1. Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2. Política Ambiental 3. Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras, 2004-2021 (PESA, 2004-2021) 1. Programa Nacional de Desarrollo Forestal (PRONAFOR) 2. Nueva Institucionalidad para el Subsector Forestal 3. Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario de Honduras (20062010) 4. La Estrategia de Reducción de la Pobreza y su Relación con el Sector Forestal 5. Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales 6. Política Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre 1. Sistema Social Forestal 7. Política sobre Bosques y Desarrollo Comunitario (PFN 2004-2021)

18

I. II.

V.

VI.

VII.

18 19 21 22 25 26 27 29 30 33 34

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN HONDURAS Y LA INSTITUCIONALIDAD 1. Antecedentes de las Políticas Nacionales Hacia las Etnias 2. La Nueva Política Hacia las Etnias 3. Instituciones Estatales encargadas de Asuntos Étnicos 1. El Instituto Nacional Agrario 2. La Fiscalía de las Etnias 3. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia 4. Los Grupos Étnicos

36

LA SOCIEDAD CIVIL 1. Marco Legal de las OSC 2. Misión, Beneficiarios del Trabajo de las OSC y Áreas Temáticas 3. Representatividad, Institucionalidad y Legitimidad

53 58 61 63

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A LA PROPUESTA 1. La Constitución de la República 2. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1. Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales 2. Los Derechos de los Pueblos Indígenas y su Reconocimiento en los Ordenamientos Jurídicos Nacionales de América Latina 3. Ley de Participación Ciudadana 4. Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública

65 65 68 69 70

CONADEH

36 38 38 38 41 41 42

73 74

i

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

5. 6. 7. VIII.

IX.

ii

Marco Legal Forestal Institucionalidad del Sector Forestal La Aprobación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

74 76 83 88 88 88 91

LA PROPUESTA 1. La Organización y la Participación Social en las Estrategias de Desarrollo Rural 2. Estudios sobre Organizaciones y Movilizaciones Campesinas 3. Paternalismo y Clientelismo: Los vínculos perversos de los actores sociales rurales con el sistema institucional 4. La Actitud del Estado 5. Andrés Tamayo, la Marcha por la Vida y el Movimiento Ambiental Olanchano (MAO). 6. El Monitoreo Forestal Independiente 7. Elementos o Componentes para el Desarrollo de un Programa de Participación Ciudadana en el Sector Forestal 8. Los Cambios Vienen con el Accionar 9. El Sistema Nacional de Participación Pública en la Gestión Forestal

100 102

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

106

BIBLIOGRAFÍA

109

ANEXO Anteproyecto de Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Forestal

111 113

CONADEH

92 93 96 98

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

ACRÓNIMOS SIGLAS ACDI AFE-COHDEFOR AFH AMADHO ANETRAMA ANPFORH AP BID CEPAL CIFH COCONAFOR COLPROFORH CONICH COMPA COPIN ENBPA ERP ESNANCIFOR FAO FEHCAFOR FETRIPH FEMA FINAH ICF IDH INA LFAPVS NABIPLA OFRANEH OIT ONG ONILH ONILH OSC PARN PESA PIB PRONAFOR-PFN PRONEEAH SAG SERNA SIDA SINAPH SINIA SSF VS

DESCRIPCIÓN Agencia Canadiense Para el Desarrollo Internacional Administración Forestal del Estado- Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal Agenda Forestal Hondureña Asociación de Madereros de Honduras Asociación Nacional de Empresarios y Transformadores de la Madera Asociación Nacional de Productores Forestales de Honduras Área protegida, áreas protegidas Banco Interamericano de Desarrollo Consejo de Estudios para America Latina Colegios de Ingenieros Forestales de Honduras Consejo Consultivo Nacional Forestal, de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre Colegio de Profesionales Forestales de Honduras Consejo Nacional Indígena Chortí de Honduras Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras Coordinadora de Organizaciones Populares de Intibucá Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción Estrategia para la Reducción de la Pobreza Escuela Nacional de Ciencias Forestales Organización de la Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales Federación de Tribus Pech de Honduras Fiscalía Especial del Medio Ambiente Federación Indígena Nahoa de Honduras Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Índice de Desarrollo Humano Instituto Nacional Agrario Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Native Bay Islanders Professionals and Labourers Association Organización Fraternal Negra Hondureña Organización Internacional del Trabajo Organización No Gubernamental Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras Organización Indígena Lenca de Honduras Organización de la Sociedad Civil Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales Política de Estado del Sector Agroalimentario Producto Interno Bruto Programa Nacional Forestal Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas de Honduras Secretaria de Agricultura y Ganadería Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras Sistema Nacional de Información Ambiental Sistema Social Forestal Vida Silvestre

CONADEH

iii

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

AGRADECIMIENTOS Se agradece a todos los que han colaborado en la elaboración del presente trabajo, con especial atención a: Carlos Roberto Midence Rivera, MJ; Manuel Fernando Andino; Carlos Hernán García; Miguel Mendieta, MSc; Norman Gilberto Ochoa Henríquez, MBA; Mónica Rivera; Mario Sánchez Bengtson; al Centro Informático de Estudios Legislativos (CIEL) y a Julio Velásquez del CONADEH.

Este documento fue revisado y actualizado en función de la aprobación en la última semana de enero de 2008 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre por el Soberano Congreso Nacional de Honduras y ha sido diseñado para ser impreso utilizando ambos lados del papel, a fin de tratar de hacer un uso mayor de los recursos y un pequeño pero importante ahorro de los mismos.

iv

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

"Un último punto sobre el que quisiera reflexionar es el de la representatividad de la sociedad civil. Me parece que esa es una falsa discusión. El tema de las OSC es de legitimidad. Un pequeño grupo de madres reunidas constantemente en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, fue capaz de traer el tema de los derechos humanos a la agenda de su país y del continente. Ese no fue un problema de representatividad, sino de legitimidad. O un pequeño grupo de indígenas que es capaz de atraer la atención de las cámaras de televisión y generar una enérgica reacción frente a un proyecto que amenaza destruir su ambiente y su cultura. Esto tampoco es tema de representatividad. De modo que nos parecen equivocadas las reclamaciones de "representatividad" que a veces escuchamos desde algunas OSC, como también nos parecen equivocadas las descalificaciones que a veces se hacen de las OSC por el mismo argumento de la "representatividad" Enrique Iglesias, Ex- Presidente del BID

CONADEH

v

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

vi

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

I. INTRODUCCIÓN La situación actual del sistema representativo plasmado en la Constitución de la República obliga a cuestionar si los instrumentos y mecanismos de participación tradicionales son suficientes para el ejercicio pleno de la ciudadanía que, en un régimen democrático, requiere de elementos que aplaquen las contradicciones del sistema mismo. El establecer una política de gobierno como la que se refiere a lo monetario, lo económico o a las relaciones internacionales, corresponde al Poder Ejecutivo, siendo el papel del Legislativo instrumentalizarla para su debida aplicación por las entidades correspondientes. Sin embargo, en los últimos diez años ha sido una tarea difícil para el Ejecutivo elaborar una política forestal integral, que sea producto del apoyo, sino del consenso, de todos los actores involucrados y que pueda ser instrumentalizada debidamente. El carácter representativo del Congreso Nacional ha sido denunciado por las diversas fuerzas en conflicto en el subsector forestal, de las que destacan la empresa privada y los movimientos grupos ambientalistas. A pesar de las medidas de presión ejercidas en los dos últimos años (tomas de carreteras, detención de camiones madereros sin potestad legal para ello) por los grupos en conflicto para establecer, primero, una política forestal integral y, luego, la debida instrumentalización de la misma, la voz de los grupos étnicos no ha sido escuchada sino a través de interlocutores (no siempre autorizados), que se han sumado a esas medidas que debilitan al Estado de Derecho. El conflicto existente refleja que la Institucionalidad Nacional ha tomado decisiones sin contar con todos los elementos necesarios para ello, que de haber un sistema legitimo que recoja el consenso de las partes, en especial de los grupos étnicos, quienes generalmente se encuentran en el mismo entorno que los recursos forestales. Por otro lado, la situación de los Grupos Étnicos constituye un caso especial ya que también se han visto involucrados en la comisión de ilícitos, tanto administrativos como penales, en el ámbito de los recursos forestales. En el peor de los casos es consecuencia del conflicto agrario por la tenencia de la tierra, pero generalmente obedece al desconocimiento por parte de éstos de las políticas que rigen la materia1, lo que evidencia que es necesario hacer disponible información precisa y actualizada para prevenir, detectar, controlar, notificar, investigar y erradicar los delitos forestales. El problema de la necesidad de información en el campo forestal no radica, en el caso de Honduras, en la documentación de la misma sino que en la accesibilidad que de aquella se tiene por parte de los actores involucrados en el ámbito forestal. Esa falta accesibilidad influye en el hecho de que, si bien han venido evolucionando en forma acelerada, las organizaciones representativas de los Grupos Étnicos aún actúan al 1

La legislación nacional establece que no se puede alegar ignorancia de la Ley, pero tal enunciado resulta, en l realidad y a la luz de este trabajo una injusticia cuya validez se sustenta en la letra impresa, incapaz de ser entendida por un 60% de la población.

CONADEH

7

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

estímulo de la realidad nacional o al tenor de los efectos que causan las decisiones gubernamentales sobre sus intereses. Hacer accesible la información a estos grupos sobre los recursos naturales ilegales así como el intercambio de la misma a través de procesos participativos les otorgaría una herramienta importantísima para su consolidación organizacional y facilitaría la priorización de los Gobiernos para imponer medidas correctivas adecuadas bajo el Imperio de la Ley y del Estado de Derecho. A pesar de que las disposiciones del marco nacional actual obligan al Estado a incluir a todos los sectores en diversas esferas de las decisiones, al final resulta que la inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros en la revisión, elaboración y evaluación de la política forestal queda sujeta a la voluntad de las Instituciones que rigen el –todavíasubsector. Así, este trabajo primeramente estará dedicado a establecer las bases de la participación ciudadana como derecho derivado del ejercicio de la democracia y del derecho de acceso a la información, como un derecho relacionado directamente y necesario para el ejercicio pleno de aquel. Se ha hecho necesario, luego, describir la situación del recurso bosque, tratando de no poner un panorama apocalíptico ni mucho menos tratar de evadir la contundencia de la realidad local que las últimas cifras de diferentes entidades, nacionales e internacionales, establecen como amenazantes y con consecuencias negativas integrales2. Lo anterior nos remite entonces a ver la evolución de las políticas públicas nacionales relacionadas y la situación de la institucionalidad y su relación, consecuentemente, con los grupos étnicos y la sociedad civil, para previo a establecer la propuesta, describir el entorno legal de la misma y sus posibilidades de concreción. Para alcanzar ese logro se debe asegurar que el producto que de aquí se genere, asegure que su desarrollo promueva el respeto hacia la dignidad, los derechos humanos y la singularidad cultural, procurando que en se pueda gozar de los beneficios sin la pérdida gradual de las diferencias culturales, para lo cual se hará necesario proceder a través de la participación informada de los involucrados de manera que estos promuevan la optimización de la propuesta en función de sus necesidades.

2

En lo económico, lo social y en la gobernabilidad.

8

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

II. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA La Ciudadanía es una calidad de la persona e implica dos dimensiones: El reconocimiento y ejercicio de derechos y obligaciones en la sociedad, así como su pertenencia a una comunidad política, de tal forma que los intereses de cada uno de sus miembros son una parte del colectivo. Se define Ciudadana(o) a la persona que tiene derechos civiles, políticos y sociales garantizados por el Estado; esta definición establece una relación entre Ciudadanos y Estado, suponiendo, por una parte, la existencia de personas con derechos y, por otra, un Estado que reconoce estos derechos al mismo tiempo supone que las personas asumen sus derechos y deberes. Dicho lo anterior, la participación ciudadana3 se debe entender como un proceso social eminentemente político, nacido con el concepto moderno de democracia a través del cual se le ha otorgado al Estado, por delegación y no por derecho propio, el uso del poder político y económico, reservándose para la sociedad el desarrollo y las capacidades para proponer y demandar políticas públicas que respondan a sus necesidades. Es un proceso sistemático que provee una oportunidad a los ciudadanos, planificadores, gerentes y representantes políticos, de organizaciones y grupos de base para compartir sus experiencias, conocimiento y metas, y combinar sus energías para crear un plan que sea técnicamente viable, económicamente atractivo, entendible, políticamente factible, y aceptable para la mayoría de las personas afectadas. Participar en la vida política del país significa que nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, puedan ser tomadas en cuenta de manera directa para resolver problemas. Una sociedad justa es aquella donde hombres y mujeres participan en forma equitativa y democrática sobre los asuntos económicos, políticos, sociales y culturales de su comunidad y del país. Los que se ocupan del desarrollo han centrado tradicionalmente su atención en los recursos y las capacidades que existen en los organismos públicos, ignorando en cierto modo el potencial que brinda la acción voluntaria y colectiva de los propios ciudadanos que requiere ahora de mecanismos que legitimen y permitan que sus acciones se traduzcan en obras.

3

El concepto de participación ciudadana no debe ser confundido con aquél que se refiere a los intereses de los “grupos o actores clave” o “stakeholders”, también conocidos como grupos directamente afectados. Existe bastante debate acerca de la importancia que se le debe dar a los grupos directamente afectados (stakeholders), que tienen un claro y visible interés en un tema, por ejemplo, los vecinos, los empleados, los grupos ambientalistas, etc., respecto de los ciudadanos en general. La participación ciudadana se debe entender como el conjunto de procesos mediante los cuales las diversas partes interesadas ejercen influencia en el proceso de decisión. Los grupos directamente afectados son importantes y deben ser considerados en las instancias de participación que se programen; sin embargo, si otros ciudadanos que comparten un punto de vista son excluidos del programa, ellos pueden posteriormente acceder a información, organizarse y convertirse en activistas. Es fundamental llegar desde el comienzo al máximo de "públicos", más que confinar el programa a un estrecho rango de grupos afectados. El programa de participación deberá contar con técnicas específicas dirigidas a los distintos públicos.

CONADEH

9

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

La democracia moderna no puede entenderse sin participación ciudadana ni control social4, por ende la democracia nos permite, por definición, ejercer nuestro derecho a ser escuchados, a romper la indiferencia de las autoridades, ejerciendo y reconociendo nuestros derechos a opinar, decidir, evaluar, criticar, exigir y proponer para estar en la toma de decisiones para que las políticas y programas respondan a las necesidades sentidas de la comunidad. La participación es el sustento de la democracia, por ello es necesario, por lo tanto, crear mecanismos más efectivos y estables dentro de los Estados y, en consecuencia, con características jurídicas e institucionales para que la participación ciudadana no solo ocurra, como un acontecimiento que requiera constantemente ser legitimado, sino también como un proceso de ejercicio del poder5 por lo que es indispensable tener conocimiento del funcionamiento del aparato Estatal, sino la participación ciudadana seguirá siendo, principalmente, un ejercicio retórico y propicio para procesos de participación limitada y no una participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de obras y actividades comunales o nacionales, en la defensa de los ciudadanos ante eventuales arbitrariedades, bien sea a escala local, municipal o nacional. La participación es una acción transformadora, de empoderamiento, y, consecuentemente, la información es un requisito previo a la participación y ha de estar disponible de forma amplia, plural y objetiva. La ciudadanía debe tener información sobre sus derechos a participar, los instrumentos y cauces en que puede hacerlo e información fácilmente accesible sobre el tema a considerar en un lenguaje fácilmente comprensible por público no especializado. II.1. El Derecho de Acceso a la Información. La eficacia del suministro de información pertinente e interesante proviene del desarrollo de un proceso en régimen de participación bien concebido, que es necesario para la efectividad de la participación. Es preciso que haya comunicación con los sectores normativos para así ayudarles a comprender mejor las realidades y perspectivas de los que viven en la pobreza, en la indiferencia o discriminación. El derecho de acceso a la información en materia de recursos naturales y ambiente es un principio que pertenece a una emergente generación de instrumentos derivados del Derecho Ambiental y que lo complementa, propiciando que las normas ambientales posean un carácter eminentemente preventivo, cada vez más apartado de las normas punitivas sustituyéndose por la prevención. Se pretende, pues, corresponsabilizar a La Sociedad con la gestión del medio, es decir, incorporarla al conflicto de valores que presenta la

4

Se entiende por control social la vigilancia permanente de los ciudadanos y ciudadanas sobre sus representantes a quienes se les ha delegado el poder temporal y limitadamente; lo que normalmente no hacen los parlamentarios y gobernantes es consultar; ni dan cuenta a la ciudadanía de su actuar político y económico, pues existe un divorcio entro los que deciden el destino de cada país y el pueblo, y no existen mecanismos institucionalizados en el Estado para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos para controlar la burocracia y la corrupción y exigir y proponer políticas publicas que respondan a sus necesidades sentidas 5 Para poder ejercer esa participación es indispensable que los ciudadanos conozcan cómo funciona el Estado 10

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

protección optima del medio6. Es vital que realmente la sociedad esté dispuesta a asumir los costos que implica la conservación del entorno, y estos costos no siempre son directamente financieros, mas siempre serán económicos. La institución del derecho de acceso a la información es a todas luces un logro evolutivo de la democracia y tener acceso a la información es un requisito previo a la participación y ha de estar disponible de forma amplia, plural y objetiva, pero para poder hacer uso de este derecho la ciudadanía debe, primeramente, tener información sobre su derecho a participar, los instrumentos y momentos en que puede hacerlo, así como que esa información que se busca o requiere sea fácilmente accesible un lenguaje fácilmente comprensible para todos, con el menor uso posible de tecnicismos.7 Las tecnologías de la información y la comunicación han permitido a la sociedad civil incrementar los contactos directos a nivel local, regional o internacional, sin tener que pasar por filtros oficiales. Cuando la información útil es de fácil acceso y tiene amplia difusión, es más fácil traducir las necesidades de la sociedad civil en normas y medidas concretas. No obstante lo anterior, la oficialización de la información proveniente de fuentes que no pertenecen al Gobierno, como la Academia, Organizaciones No Gubernamentales, por ejemplo, respalda la vigencia o certeza de la misma. Lo anterior supone que la administración pública debe acoger dos principios: La transparencia, que significa la eliminación de los secretos públicos8 y, por otro lado, la apertura hacia los controles indirectos por parte de los Gobernados9. II.2. El Control Social Toda decisión publica en principio, está - o debería estar- sujeta a un control social y eso es lo que hace que se pueda presuponer que esas decisiones son las adecuadas, para lo cual se dependerá de esa información no solo se transfiera de manera descendente (puesto que es necesaria para que la población esté informada de sus derechos y pueda saber el nombre del servidor público o entidad), sino también que se permita su transferencia de manera horizontal y, en el mejor de los casos que se llegue a habilitar mecanismos para la creación de capacidades a través de foros o centros de intercambio de información donde se puedan transferir en doble ruta conocimientos e ideas, instrumentos y métodos, adquirir una formación y encontrar apoyo moral. (Ver Figura 1).

6

La conservación constituye un conflicto frente a un modo de vida y de producción que ha sido el triunfante en esta sociedad por estar legitimado, y ese conflicto sólo se puede solucionar desde la corresponsabilidad social. 7 No se busca una degradación del idioma, sino que este sea accesible. Habrá necesidad de información especializada para los especialistas y ésta también deberá estar disponible. 8 Se encuentran vigentes en el País la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Participación Ciudadana esta última relacionada con la apertura hacia los controles indirectos por parte de los gobernados. 9 MARTÍN MATEO, Ramón. El Derecho a la Información Ambiental. Revista Política y Derechos Ambientales en América Latina y el Caribe. Vol. I-No. 1-1994 Fundación ARN. Pag, 47.

CONADEH

11

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Figura 1. Flujo de la Información para el Ejercicio del Control Social

A1

A2 Centro de Intercambio de Información

B1

B2

Se pretende que las decisiones públicas y la actuación de la Administración sea posible controlarlas a través del conocimiento de la misma por parte de los ciudadanos. Esta es la teoría: En la realidad hay un proceso a la inversa, de hecho los ciudadanos cada vez somos más transparentes a los poderes públicos, y cada vez estos tienen más información sobre nosotros y, en cambio, la administración, cada vez tiende a ser más opaca. Un público informado puede ejercer la vigilancia ciudadana ya que "se vigila lo que se conoce" y por ende, podrá controlar la actuación de los gobernantes y funcionarios públicos una vez que conozca se elaboran las políticas públicas, y sobre que base se sustentan las éstas, los planes y programas que afectan la vida de la comunidad.10 Considerando la importancia que representa el sub sector forestal, la participación ciudadana en políticas forestales y procesos de planificación es esencial, y significa obligaciones y responsabilidades para todos los involucrados, y para que esta sea efectiva se requiere de un proceso abierto, justo y claramente definido, con procedimientos aceptados y plazos específicos para tomar decisiones, además de información actualizada de una variedad de fuentes, sobre todo, incluyendo bases de datos forestales del sector público, privado y sociedad civil.

10

Son elementos básicos de la vigilancia ciudadana: la responsabilidad, la actitud constructiva que entiende la necesidad de una actuación concertada de la sociedad civil y el Estado para el cumplimiento de los acuerdos, garantizando que los mismos respondan a las necesidades de la población.

12

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

III.

SINOPSIS SITUACIONAL DEL RECURSO BOSQUE EN HONDURAS

III. 1. Aspectos Generales Honduras cuenta con una superficie boscosa de poco menos de 5.93 millones de hectáreas11 y además posee una de las mayores coberturas forestales de Centroamérica (CIFOR, 2000). Los bosques existentes ocupan el 51 % de la superficie del país y representan aproximadamente un cuarto del área forestal de Centroamérica (BID, 2003, AFECOHDEFOR, 2006). Estos bosques se reparten entre terrenos nacionales, ejidales y privados, donde el Estado es el mayor propietario de bosques12, cuya tenencia es, sin duda, el problema central que dificulta el desarrollo del sector forestal13. Honduras tiene alrededor de 6.5 millones de habitantes, de los cuales el 60% vive en el área urbana y el resto en el área rural. Además tiene una de las tasas más altas de de natalidad (2.5%), CEPAL, 2003. La población rural se dedica a las labores agrícolas de subsistencia, a la ganadería extensiva y actividades de extracción forestal, y está distribuida en más de 30 mil aldeas y caseríos, lo cual provoca una gran dispersión de la población en la superficie boscosa. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Honduras es uno de los países con mayor índice de pobreza14. Se estima que 50% de la población, vive con un dólar diario. Este indicador de pobreza, es la resultante, en parte, de la falta de ingresos, puesto que un 10% de la población esta desempleada y entre 30 y 49% de a población activa esta subempleada. Esta pobreza va acompañada con una población de baja formación técnica y cultural en el cuidado de los bosques, lo que se traduce en el desconocimiento de las prácticas de silvicultura y manejo sostenible, y de técnicas industriales. También, aunado a esto, hay desconocimiento de la importancia de los ecosistemas, y hay falta de conocimientos de los esquemas de desarrollo administrativo, científico, técnico y económico de las áreas naturales protegidas, lo cual es relevante en un país que posee una superficie forestal estratégicamente importante (BID, 2003). 11

Formada por casi 2.58 millones de hectáreas bosque latífoliado (51%), que son los bosques más deforestados, de 2.35 millones de bosques de coníferas (49%), primordialmente Pinus oocarpa se encuentra localizado en la parte occidental y en el centro de las tierras altas; se encuentran también rodales densos en el oriente del país, y 48 mil hectáreas de manglares que se han reducido en un 78% concentrado en la zona sur y en La Mosquitia Hondureña 12 Si bien el sistema económico descansa sobre el derecho a la propiedad, la Constitución también señala, en su artículo 104, la preeminencia del dominio estatal. 13 Un problema del agro, propiamente dicho, que tiene repercusiones en el, todavía, subsector forestal. Con la aprobación en 13 de Septiembre del 2007 de la nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre se pretendería corregir esta falla del propuesto sector a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 14 La pobreza en Honduras tiene diferentes causas y están muy ligadas a la degradación ambiental, a la reducida productividad, a una inadecuada infraestructura productiva, y a la incapacidad institucional en la aplicación de políticas de fomento al desarrollo. Actualmente (2005) se encuentra en el lugar 115 con un IDH de 0,700. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de Desarrollo Humano 20072008.

CONADEH

13

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

El producto interno bruto (PIB) de Honduras fue de más de 6 mil millones de dólares anuales entre 1999 y 2001, con una tasa de crecimiento de 1.9% en 1999 y 2.6% en 2001. La economía ha tenido una tasa de inflación que se redujo entre esos mismos años, para llegar al 8.8% en el 2001. En los últimos años, la participación del sector forestal en el PIB se estima que es del 2.2% lo que representaría unos 140 millones de dólares anuales. La participación del sector forestal en la industria manufacturera nacional es de 5.8%. Las importaciones de madera, carbón y materias primas para la fabricación de papel y de artículos de papel han ido en ascenso desde 1990, cuando sumaban 65 millones de dólares, hasta 130 millones de dólares en 1999. Las exportaciones de madera se han ido incrementando, principalmente en los últimos años, y han pasado de 15 millones de dólares anuales en los 1990-1999 a alrededor de 30 millones de dólares en cada uno de los años del período 1999 a 2001 (BID, 2003). El bosque ha sido y es aún hoy en día el tipo de ecosistema dominante en Honduras, lo cual se expresa en altísima vocación forestal de sus suelos, que se encuentran entre 75 y 88% de su territorio (COHDEFOR, 1996, SERNA 2005). A pesar de esto, el desarrollo de diferentes actividades económicas tales como: la expansión de la frontera agrícola y ganadera; el desarrollo de la camaricultura; el cultivo de café y otros productos agrícolas de exportación y el uso sin renovación de madera y leña para fines domésticos, artesanales e industriales, han llevado a que en la actualidad la cobertura real alcance solo el 57.6% de las áreas con aptitud forestal del país, lo cual representa una pérdida de alrededor del 40% de las existencias nacional disponible frente a las existencias de principios de siglo (COHDEFOR 1996). III.2. Importancia Económica del Bosque en Honduras El Sector Forestal desempeña un papel importante en la producción de bienes y servicios ambientales. Los bosques hondureños, con una superficie aproximada de 6.0 millones de hectáreas, prestan servicios ambientales a Honduras y al resto del mundo. Algunos de estos servicios son de efecto global, como la regulación de gases de efecto invernadero –captura de carbono- y del clima, el refugio de especies y el mantenimiento de acervos genéticos. Otros están relacionados con el nivel nacional y local, como la regulación hídrica en las cuencas hidrográficas del país con potencial de ampliación de áreas bajo riego y de generación de energía hidroeléctrica en aproximadamente unos 5000 MW (CEPAL, 2007). Pese a su gran potencial forestal en 87% y su elevada productividad potencial, la participación de la silvicultura en el PIB ha viendo declinando hasta casi 8%. Se estima que la deforestación supera las 80,000 hectáreas anuales, por lo que el área deforestada en las últimas cuatro décadas asciende a 4.4 millones de hectáreas15. La productividad del bosque de pino es baja por falta de prácticas de cultivo y se aprovecha solo el 21% del crecimiento anual del bosque, que equivale a apenas a 47% de la capacidad instalada de la industria forestal primaria.

15

Según la FAO entre 1990 el área de bosque era de 7.4 millones de hectáreas y para 2005 el área de bosques se redujo a 4.6 millones de hectáreas, perdiéndose en el período unas do 2.7 millones de bosque.

14

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Además solo se utiliza el 60% del árbol cortado. Es escaso el aprovechamiento de las especies maderables del bosque latifoliado (ACDI, 2001, AFH 2004). El 40% de a población rural vive en zonas adyacentes a los bosques, sin embargo solo el 3.2% de la población que vive en el bosque esta incorporada al Sistema Social de Forestal de la AFECOHDEFOR. También es importante la contribución que realiza el bosque en la reducción de la vulnerabilidad ambiental por medio del control de la erosión, la retención de sedimentos, la contención de inundaciones y la protección de la infraestructura (SAG 2003). Casi el 60% de la población vive en el medio rural y en este se generan empleos para más de la mitad de la población total de Honduras. La población, en gran parte rural que emigra a los Estados Unidos de donde envía remesas a sus familiares por un monto de 1,135 millones de dólares anuales y ello mitiga la pobreza rural, dinamizando comunidades, generando mayor demanda para la economía y cerrando la balanza comercial (CEPAL, 2007). En el Cuadro 1 se presenta el uso actual de la tierra o cobertura forestal de Honduras. Cuadro 1. Uso de la Tierra Uso de la Tierra y Tipo de Bosque Bosque latífoliado Bosque de coníferas Bosque mixto Bosque manglar Sistemas agroforestales Tierras con árboles y arbustos Tierras con uso agropecuario Poblaciones e infraestructura Cuerpos de agua interior Áreas no clasificada Total área de país

Superficie (Km.)

Superficie (Hectáreas

Superficie (%)

Volumen Total (m³/Ha) 183.1 66.0 90.4

25,660 2,585,992 22.99 16,797 1,679,735 14.93 5,366 536,601 4.77 477 47,682 0.47 5,077 507,654 4.51 54.6 13,308 1,330,843 11.83 16.3 30,353 3,035,348 26.98 24.4 2,419 241,923 2.15 13.6 3,418 341,829 3.03 -9,616 961,592 8.54 -112,492 11,249,200 100.00 Fuente: Resultados del Inventario de Bosques y Árboles 2005-2006. SAG, AFE-COHDEFOR, ESNACIFOR, AFH, FAO. 2006.

El principal producto forestal es la leña, que produce entre el 65 y el 70% de la energía consumida en Honduras y se estima que el 29% de la población urbana y el 100% de la población rural son usuarios de leña. El aprovechamiento forestal de 1999 fue de 9.5 millones de m³ de madera en rollo, de los cuales casi el 91% fue utilizado como leña para consumo doméstico e industrial, y sólo el 9%, o sea, 0.85 millones m³ fueron procesados industrialmente. Aproximadamente el 60% de la producción forestal anual esta destinada a la exportación, mientras que el mercado local consume el resto. Según cifras de COHDEFOR (anuarios estadísticos forestales), durante 1999, el volumen de madera aserrada que se exportó ascendió a 55.2 millones de pies tablares y a 41,1 millones de pies tablares trasformados. El

CONADEH

15

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

97% de la demanda de bosque para uso industria es provocada por la industria de aserrío y por la industria de extracción de resina, en especial de los bosques de pino. La industria secundaria forestal se encuentra ubicada en las principales ciudades, y por lo mismo, a gran distancia de los centros de producción primaria, con lo cual se crea una gran distancia entre el industrial que necesita abastecimiento, y el productor, que no tienen interés, ni capacidad para invertir en la conservación y la repoblación de las áreas forestales aprovechadas. Los montos de exportación de madera transformada llegan a aproximadamente 40 millones de dólares anuales, los cuales se distribuyen entre muebles, palos de escoba, postes, molduras, madera terciada y otros productos acabados y semiacabados. La exportación de este tipo de productos ha crecido rápidamente en los últimos años, impulsada por los incentivos que el Gobierno entrega para el fomento de exportaciones no tradicionales y por el trato preferencial que estos productos reciben de algunos países, tales como Japón, los Estados Unidos, Dinamarca. (Pratt y Quijandría, 1997, CCAB-AP, 1996, COATLAHL, 2007). Como se ha dicho, el sector forestal contribuye significativamente a la economía del país, con un promedio anual de 80 millones de dólares; el abastecimiento de la demanda nacional de madera para diversos usos, destacando el consumo de leña y carbón vegetal para la generación energética que cubre el 55% del consumo energético nacional y la generación de más de 60,000 empleos directos y unos 300,000 indirectos. No obstante, a pesar de su potencial económico, el recurso forestal ha tenido una baja contribución en la reducción de la pobreza y en el desarrollo del país, lo que se refleja entre otros, por la poca e incipiente valoración de los servicios ambientales y en una balanza comercial de productos forestales deficitaria, ya que las importaciones promedio anual son de 130 millones de dólares productos forestales de alto valor agregado (SAG, 2004). III. 3. Importancia Social de los Bosques Hondureños Ampliando lo ya mencionado en párrafos previos, el 40% de la población rural (2.6 millones de habitantes, de las cuales el 19.2% es indígena, incluyendo garífunas) está asentada en tierras de vocación forestal, y los mayores índices de pobreza del país están asociados con regiones que han agotado sus recursos forestales (zona sur y centrooccidental, limítrofe con la Republica de El Salvador), y muy poca población asentada en áreas forestales ha tenido acceso al aprovechamiento de la madera para fines comerciales. Para revertir esta situación, se demanda de una mayor voluntad política por parte del Gobierno y propuestas de organizaciones sociales para ganar mayores espacios de participación en los procesos de desarrollo forestal y en los beneficios derivados del uso, manejo, y conservación de los recursos forestales. En los cuadros 2 y 3 se presentan los temas y esquemas analíticos sobre los derechos de las comunidades indígenas según la Constitución de la República.

16

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

III. 4. Relación Bosque-Ambiente Se ha dicho que las políticas sobre recursos naturales no parecen guardar relación con el ambiente, sino que pueden tener, más bien, efectos negativos pronunciados en este último y la instrumentalización existente en el país, aparentemente excesiva16, han influido en que la deforestación sea uno de los grandes problemas ambientales del país, que ha originado la perdida de más de 4.0 millones de hectáreas en los últimos cuarenta cinco años, a una tasa promedio anual estimada entre los 60,000 a 80,000 hectáreas por año17. Ante esta situación, se realizan esfuerzos para frenar y revertir dicho proceso mediante la valorización de los principales bienes y servicios ambientales proporcionado por los bosques, principalmente en lo relacionado con su función reguladora sobre los recursos hídricos, protección de suelos, conservación de la diversidad biológica y ecoturismo. Los incendios forestales son otro de los grandes problemas que afrontan el Gobierno y los propietarios de terrenos forestales y bosques durante el periodo seco del verano hondureño (noviembre a mayo), ya que la propagación del fuego en terrenos con pastos secos, rastrojos y guamiles utilizados por campesinos en la agricultura de subsistencia es una fuerte amenaza para la regeneración natural y las plantaciones. Los incendios forestales, por lo general, son rastreros y dañan principalmente la regeneración en los bosques de pino, evitando la reforestación natural y las plantaciones. Sin embargo, los incendios forestales cumplen un papel importante en la reproducción y regeneración del bosque de pino, lo cual no puede ser ignorado (SERNA, 2001). Cada año se producen en promedio 2,300 incendios con un máximo de 3,700 (1982) y un mínimo de 1009 (1995), la superficie promedio afectada por incendios forestales de unas 71,000 hectáreas por año, con un mínimo de 21,000 hectáreas en 1990 y un máximo de 183,000 hectáreas en 1997, la mayor registrada (COHDEFOR, 2000). El número de incendios forestales en el periodo 1990/2006 muestra una fuerte tendencia a disminuir, mientras que la superficie afectada tiende a aumentar desde inicios de la década de los noventa. La tendencia decreciente del número de incendios anuales registrados podría atribuirse al fortalecimiento de los programas de protección y manejo de los bosques, la participación y concienciación de las comunidades locales (SERNA 2001). Con todos estos aspectos, se establece que la competitividad del sector forestal puede ser mejorada significativamente mediante el apoyo de programas nacionales para la competitividad y desarrollo del sector forestal, fortalecimiento de la capacidad del manejo forestal y de las áreas naturales protegidas a través de la investigación, entrenamiento, y transferencia de tecnología apropiada, y a la adopción de normas que induzcan a un aprovechamiento más eficiente, a un aumento de la oferta y una mayor durabilidad de los recursos del sector.

16

Es parecer nuestro, que no se deben reconocer “traslapes” en la Ley; muchos de los reglamentos del sector forestal son inaplicables por deficiencias normativas e institucionales. 17 En la última década, es estima que ha alcanzado unas 100,000 hectáreas por año. SAG, 2004.

CONADEH

17

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

IV.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES RELACIONADAS CON EL RECURSO BOSQUE Y LA PROPUESTA

Las políticas y estrategias que se elaboran en el ámbito de los recursos naturales y el ambiente tienden a ser sumamente participativas y sus productos son recibidos, generalmente, con extremo beneplácito por parte de La Ciudadanía y de la Cooperación Internacional. IV. 1. Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción Tiene como visión que ara el año 2010 Honduras hace una conservación y uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica a través de una efectiva coordinación interinstitucional y la participación de la hondureñidad, que resultará en una distribución justa y equitativa de los beneficios que ésta provea. Su Misión es velar por el cumplimiento del convenio sobre diversidad biológica y propiciar la participación de la sociedad civil en la conservación de los recursos naturales, para lo cual se trazado como objetivo formular una guía práctica y coherente que permita implementar las recomendaciones derivadas del Convenio sobre Diversidad Biológica y además, tener una herramienta efectiva al momento de determinar las prioridades para encontrar soluciones que produzcan beneficios en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica dentro y fuera de las .reas protegidas y procurar la participación de la sociedad en el contexto de un desarrollo humano y económico. La ENBPA se elaboró de manera participativa a través de talleres regionales con amplia participación de actores involucrados previamente identificados, quienes tuvieron la oportunidad de establecer sus puntos de vista y defenderlos. Figura. 2 Nivel de Participación en la elaboración de la ENBPA

Fuente: ENBPA

18

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Con respecto al Recurso Bosque vemos que la ENBPA lo engloba principalmente bajo los lineamientos de Conservación in Situ (eminentemente dirigido a las áreas protegidas) y el de Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, mas establece un lineamiento crucial, no antes establecido en otra estrategia como es el de Intercambio de Información, el cual se ejecutaría a través del SINIA, con el apoyo ocasional de otras instituciones como se muestra en el Cuadro 2. Cuadro 2. Desarrollo del Lineamiento de Intercambio de Información de la ENBPA

Fuente: ENBPA

IV.2. Política Ambiental La Política Ambiental de Honduras, fue aprobada en el año 2005, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 361-2005, y la misma pretende contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños, y mantener el potencial productivo de los recursos naturales a través de la protección y la gestión racional del CONADEH

19

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

medio ambiente y los ecosistemas. Esta Política es producto de un amplio proceso de análisis, en donde se recogen diversas iniciativas nacionales, así como experiencias internacionales, para crear las condiciones para el cumplimiento de las funciones inherentes a la protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía, la actividad minera, protección y conservación de la flora y fauna, del ambiente, ecosistemas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la participación de las comunidades, gobiernos locales, sector publico, privado y sociedad civil organizada, potenciando así sus posibilidades de impulsar el desarrollo sostenible del país. Al disponer el país de esta Política, se estará fortaleciendo el desarrollo sustentable del país y se contará además con una guía que oriente el accionar coherente de la sociedad y el gobierno a fin de conseguir una elevada calidad ambiental y asegurar el usos sustentable de los recursos naturales con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, logrando el crecimiento económico sustentable y mantener las oportunidades para las generaciones futuras. Los objetivos de esta política que tienen relación directa con este trabajo son: i. Promover el Ordenamiento de Territorio, aplicando un conjunto coherente de principios y normas que regulen el proceso de ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos para el desarrollo sustentable, promoviendo la relación armónica entre la población, los recursos naturales y las actividades económicas y sociales. ii. Promover un Modelo de Desarrollo Balanceado, procurando lineamientos y herramientas que permitan la armonización entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. iii. Asegurar la Aplicación de la Legislación Ambiental Vigente, desarrollando capacidades desconcentradas y descentralizadas para vigilar el ambiente y responder eficientemente y eficazmente a la problemática nacional y local. iv. Modernizar el Sistema de Gestión Ambiental, clarificando el rol de las diferentes instituciones en el ámbito central y municipal, simplificando y armonizando la legislación vigente, incluyendo los tratados y convenios internacionales (certificación ambiental, mercado de carbono, producción mas limpia, entre otros). El cumplimiento de la Política Ambiental se enmarca en ocho lineamientos de los cuales destacan: 1) El Estado, para prevenir el deterioro ambiental, priorizara la gestión preventiva y aplicara el principio de precaucionen la utilización de los siguientes instrumentos. 1.1. Comunicación, sensibilización y educación ambiental 1.2. Educación y formación de profesionales del ambiente 1.3. Generación, gestión e intercambio de información 1.4. Investigación científica y tecnológica 1.5. Instrumentos de prevención de daños ambientales 2) El Estado, para restaurar y mejorar la calidad ambiental crear mecanismos e instrumentos específicos, para los diferentes elementos ambientales como son: el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad. 2.1. Gestión integral de los recursos hídricos 20

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

2.2. Atmósfera y gestión de la calidad del aire 2.3. Conservación del recurso suelo 2.4. Protección y restauración de los ecosistemas 3) El Estado, promoverá el ordenamiento territorial como sistema de planificación del desarrollo sustentable y de la gestión ambiental en los niveles nacional, regional, departamental, supramunicipal, municipal y en áreas bajo régimen especial. 3.1. Desarrollo de instrumentos y normas ambientales 3.2. Estudios e investigación 4) El Estado, aplicara la legislación ambiental vigente a través de la desconcentración y descentralización de responsabilidades y de los sistemas de incentivos económicos. 4.1. Delegación de responsabilidades institucionales 4.2. Fortalecimiento del sistema de incentivos 4.3. Actualización de la legislación ambiental 5) El Estado, fortalecerá el sistema de gestión ambiental impulsando la desconcentración, la descentralización y mejorara la institucionalidad y el marco legal. 5.1. Desconcentración 5.2. Descentralización 5.3. Modernización IV. 3.

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021(PESA, 2004-2021) La PESA considera un rubro productivo al bosque y para ella (la PESA) el bosque genera tres grandes tipos de productos: en primer lugar, juega un papel fundamental en la regulación de los suministros de agua superficial y subterránea, tanto para consumo humano como para riego; en la producción de energía hidroeléctrica, y en la conservación de la enorme diversidad biológica que posee Honduras. En segundo lugar, genera productos primarios y elaborados, como madera en pie, madera aserrada, resinas, y muebles, entre otros; y en tercer lugar, también tiene gran importancia en la producción de leña. Esto último constituye un grave problema que amenaza el bosque, debido al crecimiento explosivo de este uso; como antecedente, se puede señalar que mientras el consumo orientado a la industria es del orden del 15%, con una tendencia descendente, el consumo doméstico alcanza un 85%, con una tendencia ascendente. Lo que a mediano plazo, podría llevar a un colapso total del recurso forestal del país. En tercer lugar, tenemos a la industria de transformación secundaria que está compuesta por unas 200 empresas que manejan un volumen de ventas de US$100 millones anuales de los cuales el 60% está destinado a los mercados externos, generando el 50% del valor total de las exportaciones forestales. El producto más importante lo constituyen los muebles, posicionando a Honduras como el segundo abastecedor con calidad reconocida en Latinoamérica. Los antecedentes señalados indican que el sector forestal, si bien encierra un enorme potencial en el ámbito productivo y en la conservación del ecosistema, constituye un recurso que ha sido manejado en forma deficiente, lo que a mediano plazo, CONADEH

21

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

podría traer consecuencias irreversibles. En este contexto y en el marco de la nueva Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, los principales desafíos del sector son: (I) detener el proceso de deforestación, que por distintas vías amenaza la sobrevivencia del bosque; (II) ampliar los procesos de inversión orientados a incrementar la producción maderera, bajo un concepto de manejo sostenible del bosque, e (III) incorporar el ecoturismo, los servicios ambientales como la producción de carbono, y la producción de agua, como otros usos económicos del recurso forestal del país. Para lograr lo antes expuesto la PESA apuesta por cambios en la estructura y que estos incidan en la conducta y comportamiento de los individuos. IV.3.1. Programa Nacional de Desarrollo Forestal (PRONAFOR) Este Programa será el brazo operativo del sector agroalimentario en materia de desarrollo forestal. El PRONAFOR reconoce que el Subsector Forestal es de gran importancia para el futuro del país, y a la vez, está consciente de que se requieren grandes inversiones multisectoriales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y que, además, se necesita una coordinación continua entre el sector público, privado y los cooperantes internaciones. Por lo anterior, se ha convenido que la orientación de la inversión en el Subsector Forestal, será responsabilidad de la SAG y AFE en forma coordinada. Figura 3. Marco de Referencia del PRONAFOR

Estrategia Reducción de la Pobreza Gran Diálogo Nacional Política Agroalimentaria

Política Ambiental

PRONAFOR

Plan de Gobierno

El PRONAFOR, dentro de una visión estratégica a muy largo plazo, pretende el desarrollo y consolidación de un proceso agroforestal con fundamento en cadenas forestales productivas. Para ello, será necesaria la ejecución en el tiempo de las políticas y las acciones correspondientes a mediano y largo plazo, que permitan el fortalecimiento de los eslabones de la cadena silvícola, de transformación de la madera y agroforestales.

22

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Además, el PRONAFOR, comprende varios subprogramas18 con sus respectivos proyectos sectoriales y multisectoriales, con el propósito de atender, los múltiples problemas relacionados con: (I) La no participación de las comunidades en las actividades forestales y agroforestales; (II) La falta de competitividad de la producción forestal nacional; (III) la escasa inversión y generación de empleo; y, (IV) las funestas consecuencias de la aplicación inveterada de un modelo extractivo, selectivo y no amigable con el ambiente. La puesta en vigencia de este Programa requiere entonces: 1. Cambios en la institucionalidad forestal para su cumplimiento; 2. Ajustar la normativa para permitir mayor flexibilidad en la toma de decisiones al más alto nivel; 3. Un control más eficiente y sistemático de la actividad forestal nacional (transparencia); 4. Asegurar una mayor aportación en el manejo del bosque al producto interno agrícola; 5. Una mejor distribución del ingreso generado por la participación de las comunidades en el aprovechamiento de los bosques. Ver Cuadro 3 para mayor detalle.

18

Bosques y Desarrollo Comunitario; Bosques, Agua y Servicios Ambientales; Bosques y Biodiversidad; y Bosques y Desarrollo Productivo.

CONADEH

23

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Cuadro 3. Objetivos de los Subprogramas del PRONAFOR Bosques y Desarrollo Comunitario 1. Contribuir a la reducción de la pobreza de las comunidades asentadas en tierras de vocación forestal, incorporándolas al manejo integral y sostenible de sus recursos naturales. 2. Fortalecer los procesos organizativos y empresariales que permiten mejorar los sistemas de producción forestal y agroforestal sostenibles de carácter comunitario. Bosques, Agua y Servicios Ambientales 1. Consolidar los acuerdos y arreglos institucionales para la elaboración e implementación de planes maestros para las grandes cuencas hidrográficas priorizadas en el país. 2. Asegurar la producción de agua, conservación de suelo y otros servicios ambientales mediante el manejo integral de las microcuencas hidrográficas priorizadas. 3. Valorar los servicios ambientales generados por los bosques con énfasis en el agua para consumo humano, riego e hidroenergía, como mecanismo para reconocer su contribución a mejorar el bienestar de la población y a mantener la cobertura forestal del país. Bosques y Biodiversidad 1. Asegurar la conservación in situ de la diversidad biológica a través del manejo de las áreas protegidas públicas y privadas 2. Fomentar el manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Bosques y Desarrollo Productivo 1. Aumentar la productividad del bosque natural mediante la consolidación del manejo sostenible, que maximice su utilización y mejore su rentabilidad, con la participación del sector privado y de las comunidades. 2. Desarrollar la industria del cultivo forestal para ampliar la superficie con cobertura boscosa mediante plantaciones, para mejorar la oferta de materia prima de alta calidad y contribuir al crecimiento económico en las áreas rurales forestales. 3. Mejorar la salud fitosanitaria de las áreas boscosas, para mantener la calidad genética y la conservación de los suelos y aguas, mediante la implementación de una estrategia nacional de protección forestal. 4. Incrementar el valor agregado de los productos forestales del país facilitando procesos de conformación, reconversión y consolidación de las empresas e industrias forestales, organización de clusters o conglomerados productivos e inteligencia de mercados, que fomenten la competitividad. Fuente: Programa Nacional Forestal, PRONAFOR Honduras 2004-2021. SAG, AFE-COHDEFOR, ACDI y AFH. 2004.

Por lo anterior, el PRONAFOR deberá dirigirse a realizar las acciones siguientes en el marco de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario: • Transformación del modelo forestal actual extractivo y selectivo, por uno sostenible y de rendimiento máximo. • Detener el proceso de deforestación y contribuir a reducir la pobreza rural asociada al fenómeno. • Fomentar la participación efectiva de las comunidades asentadas en laderas, para garantizar el acceso y usufructo de todos los beneficios generados por la actividad forestal. • Ampliar los procesos de inversión orientados a incrementar la producción maderera. • Incorporar otros usos para el bosque. • Estimular la inversión privada nacional e internacional, integrando a las comunidades locales en el manejo del bosque a través de Contratos de Manejo Forestal.

24

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

IV.3.2. Nueva Institucionalidad para el Subsector Forestal La Ley de Modernización Agrícola promovió una serie de cambios institucionales dentro del Sector Público Agrícola, así como reformas al Decreto Ley No.103 que dio origen a la creación de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). El nuevo Proyecto de Ley Forestal, fundamentará su nueva estructura organizativa y funcional de la Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR), en el siguiente marco de decisiones políticas, propone como bases para la reestructuración de institución: (I) la Política Forestal del Gobierno; (II) El Plan de Gobierno 2002-2006 y, (III) la Agenda Gerencial AFE-COHDEFOR 2002-2006. Esta estructura organizativa transforma a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), en un servicio denominado Administración Forestal del Estado (AFE); el Gobierno asume la decisión de dotarlo con una asignación presupuestaria para que pueda responder a las demandas de la sociedad hondureña cumpliendo con la legislación vigente, enmarcada en dos ámbitos: (I) realizar una gestión flexible, eficiente y eficaz y (II) Evaluar las metas alcanzadas y cuantificar el impacto de los recursos públicos utilizados. Con lo anterior, se busca transformar el aprovechamiento del bosque en una actividad económicamente rentable, socialmente equitativa y ecológicamente sostenible, convirtiendo al servicio forestal en un instrumento efectivo de reducción de la pobreza. Esta institucionalidad requiere: capacidad técnica; incentivos a la reforestación y forestación; y funciones normativas, reguladoras y supervisoras de la producción económica sostenible, del sector privado y social de la economía. Dentro del marco legal actual, mediante los Decretos legislativos Nos. 31-92 y 218-96, se designa a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como cabeza del sector agrícola, así como responsable de la elaboración de las políticas y planes estratégicos del subsector forestal, y de la formulación de propuestas de mecanismos concretos, asignando las funciones que garanticen el fortalecimiento de los eslabones de la Cadena Agroforestal. La SAG se constituye, además, en el canal oficial del subsector forestal con el Presidente de la República. También es responsable de conformar el marco sectorial integrado entre la política y los programas para el desarrollo de una agricultura ampliada, rectorado a través del Gabinete Agroalimentario, que es presidido por el Ministro de la SAG. Ello permite una mejor articulación y coordinación de los programas y servicios agrícolas con las actividades forestales. El actual Consejo Directivo de la AFE/COHDEFOR se transformará en el Consejo Directivo Forestal Nacional (CONAFOR), que tendrá facultades más amplias que el primero. Ello como consecuencia de la puesta en vigencia de una política participativa con equidad de género, enfocada a fomentar la transparencia, el combate a la corrupción y la descentralización de funciones. La Administración Forestal del Estado (AFE), se constituye en un ente eminentemente técnico del subsector forestal, orientado a propiciar el desarrollo forestal del país con

CONADEH

25

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

principios técnicos, económicos y ambientales de persistencia, rentabilidad y rendimiento máximo. La Administración Forestal del Estado (AFE) constituye el brazo técnico operativo para el desarrollo del Sistema Forestal Ampliado y para el cumplimiento de la Ley Forestal y de sus reglamentos. Funcionará con unidades de servicios administrativos, técnicos y legales, como: asesoría técnica; manejo de recursos humanos; comunicación institucional, supervisión de regiones; asesoría legal; auditoria interna, administración y planificación. Esta última, será el enlace con la política sectorial, recurriendo a los mecanismos ya existentes. En la parte operativa funcionará con la Dirección de Desarrollo Productivo, Dirección de Desarrollo Social Forestal, Dirección de Protección de Ecosistemas y la Guardia Forestal. Para el cumplimiento de las actividades, se requiere la creación del cuerpo de Guarda Forestal del Estado. Este equipo técnico operativo constituye el personal de campo responsable de supervisar, controlar y fiscalizar los programas de manejo forestal en los aspectos técnicos, administrativos, incluyendo las actividades de protección forestal, ecoturismo y otras. Siguiendo el principio de descentralización administrativa, también se establecerán Oficinas Regionales, de acuerdo a criterios de vigilancia, situación y existencia de los recursos forestales productivo, creación de nuevas masas forestales, y de otros factores que requieran la presencia permanente de la Administración Forestal del Estado. Los actores del subsector forestal: Organizaciones no gubernamentales, universidades, productores agroforestales privados, municipalidades, asociaciones campesinas y procesadores y exportadores de productos forestales, tendrán participación en todos los asuntos del desarrollo forestal y a lo largo de toda la pirámide institucional. IV.3.3. Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario de Honduras (20062010) Resultado del marco general de la PESA (2004-2021), el objetivo de este Plan es impulsar y consolidar un sector agroalimentario moderno, diversificado, eficiente, competitivo y ambientalmente sostenible, que impulse procesos de agregación de valor, que sea factor fundamental en la reducción de la pobreza y garante de la seguridad alimentaria. Para ello es necesario alcanzar niveles y una estructura de producción que responda a sus ventajas comparativas y a la demanda interna de alimentos y materias primas, que genere empleos dignos, aumento significativo de los ingresos de la población rural y contribuya al equilibrio de la balanza comercial, exportando productos de alto valor económico. Son los resultados estratégicos buscados: • Aumento de la producción y productividad, dando prioridad a los pequeños productores. • Desarrollo de los Recursos Humanos, con prioridad a los pequeños productores. • Integración y desarrollo de las cadenas agroalimentarias en distintos rubros.

26

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

• Avance cualitativo en materia de competitividad para alcanzar una inserción positiva en los Tratados de Libre Comercio, en especial en el DR-CAFTA, lo que se traducirá en un aumento significativo de las exportaciones. • Desarrollo y fortalecimiento de la agricultura en el conjunto de la economía hondureña. • Mejoramiento del bienestar de la población rural. • Fortalecimiento de la organización de los productores y etnias. • Para el cumplimiento de los objetivos y el logro de sus resultados estratégicos, el Plan identifica un conjunto de retos y enuncia un panel de políticas instrumentales que abarca una parte substancial de las dimensiones del sector agroalimentario. Tales resultados se van a buscar a través de las siguientes políticas19: • Acceso a la innovación tecnológica. • Comercio eficiente y equitativo • Mejoramiento sostenido en la sanidad e inocuidad de alimentos. • Generación y difusión de información estratégica • Capitalización del recurso humano para el desarrollo agroalimentario y forestal. • Alianza pública y privada para la inversión competitiva. • Acceso sostenible al crédito agrícola y al financiamiento rural • Acceso a la tierra: seguridad jurídica y equidad social. • Manejo sostenible de los recursos naturales. • Reforma institucional del sector agroalimentario, en lo posible considerando las entidades descentralizadas. IV.4. La Estrategia de Reducción de la Pobreza y su Relación con el Sector Forestal La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) propone en materia ambiental “disminuir la vulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza” reconociendo una asociación entre deterioro ambiental, altos índices de pobreza y aumento de la vulnerabilidad frente a la ocurrencia de desastres naturales. La ERP contempla medidas orientadas a fortalecer la gestión ambiental y la gestión de riesgos a través del fortalecimiento de los aspectos legales, institucionales, de planificación y de aplicación de los instrumentos necesarios para mejorar la función coordinadora y normativa de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental y a la mitigación del riesgo; también se consideran medidas orientadas a propiciar la participación ciudadana en el cuidado y protección del ambiente. Se reconoce por la ERP la importancia de impulsar el uso de instrumentos económicofinancieros como: mercados de carbono, venta de servicios ambientales, incentivos y regulaciones para propiciar el manejo sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, especialmente en zonas críticas o degradadas y financiamiento de proyectos de inversión ambiental ejecutados por las comunidades.

19

El Plan Operativo se desprende de la PESA, por lo que estas políticas deben entenderse que son las políticas internas de la SAG y que corresponden a los diferentes subsectores del agro.

CONADEH

27

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

En resumen, la Estrategia está orientada por cinco lineamientos: Priorizar en acciones que tiendan a la reducción sostenible de la pobreza, Priorizar las acciones en favor de zonas y grupos más postergadas del país, Fortalecer la participación de la sociedad civil y la descentralización en la ERP, Fortalecer la gobernabilidad y la democracia participativa en el marco de la ERP y Disminuir la vulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza. Desde que se sentaron las bases para el Plan de Acción para el Bosque Latífoliado20 el decrecimiento del bosque, en general, ha evidenciado la perdida de casi 100,000ha por año21, reconociendo la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) que el desarrollo de actividades de subsistencia en suelos de vocación forestal guarda una relación directa con la elevada pobreza en las áreas rurales, cuyo ciclo de pobreza comienza con la tala y quema de bosques para obtener tierras donde se puedan desarrollar actividades agropecuarias, las que dada su vocación natural no son aptas para sostener este tipo de actividades, motivando su pronto abandono y la búsqueda de nuevas tierras cubiertas de bosque, para reiniciar el ciclo. Continúa señalando la ERP, que la deforestación constituye el problema ambiental al que hay que otorgar la mayor atención prioritaria del país y señala como principales efectos: la reducción del patrimonio nacional productivo y de la biodiversidad; erosión de los suelos y degradación de cuencas de gran importancia para los sectores agrícola y energético.22 La ERP ubica al sector forestal, en el contexto del desarrollo rural, como un importante elemento para el crecimiento económico, vinculado con la generación de empleo, considerando que aproximadamente un 40% de la población rural, equivalente a 1.5 millones de habitantes se ubica en áreas con cobertura forestal. En las últimas cuatro décadas, ha habido una migración de las comunidades de la zona sur y occidente (departamentos de Choluteca, Valle, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copan) hacia el norte del país, en donde estas corrientes migratorias se han dado principalmente hacia zonas rurales de constante atracción, pero de gran fragilidad por sus características ecológicas, como son los bosques latífoliados de los departamentos menos poblados (Colón, Gracias a Dios y Olancho), que contienen las reservas forestales mas importantes del país. La causa principal de estas migraciones continua siendo la búsqueda de tierras para cultivar, contribuyendo a la ampliación de la frontera agrícola. La AFE-COHDEFOR señala que entre los factores de mayor incidencia en la desigualdad de la distribución del ingreso figura el poco acceso a la tierra y a recursos tecnológicos y financieros que reducen las opciones productivas sobre la tierra y los demás recursos.

20

Taller “La Contribución de los Bosques Latífoliados al Desarrollo Sostenible de Honduras: Líneas Estratégicas para entrar al Siglo XXI” (El Zamorano, 2-5 de marzo, 1999) y Foro Político “El Bosque Latifoliado, Madera y Mucho más…” (El Zamorano, 24 de marzo 1999).

21

22

SAG, 2004.

Nótese que la reducción de las capacidades y el valor cultural que significa el territorio para los grupos étnicos no se considera; los grupos étnicos representan 1/6 de la población nacional.

28

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

En atención a tal problemática la AFE-COHDEFOR ha logrado mantener 302 grupos campesinos organizados de los cuales 105 son cooperativas, 90 son grupos agroforestales y el resto funcionan bajo otras modalidades. De los anteriores grupos, 169 han tenido acceso al aprovechamiento de la madera para fines comerciales mediante convenios de usufructo, interviniendo un área estimada de 181,782 hectáreas. Se estima que la población estimada con estos convenios es pequeña, comparada con la población rural a nivel nacional, es decir que la respuesta del Sistema Social Forestal ha sido limitada considerando las necesidades de combate a la pobreza rural pero constituye una base para ampliar la proyección de beneficios a más población. IV.5. Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales El pago por los servicios ambientales es un tema reciente en Honduras. La mayor parte de la sociedad aún no conoce su conceptualización y ámbito de aplicación. Su divulgación a nivel nacional ha estado más bien restringida a algunas instituciones u organismos que están apoyando la inducción de mecanismos de compensación. Gran parte de las personas de los diferentes medios rural y urbano consideran que es de absoluta responsabilidad del Estado prevenir o resolver los impactos negativos ambientales originados aún por las acciones antropogénicas; las generaciones actuales reconocen que la degradación de los ecosistemas es notoria y alarmante, pero éstas no se involucran y la degradación continúan. Igualmente falta educación y concientización en todos los niveles de la importancia de la conservación de los recursos. Esta concientización también necesita considerar el reconocimiento del valor económico de los servicios ambientales ya que su aprovechamiento sostenido permitirá elevar su nivel económico. Existen algunas experiencias de PSA que están siendo impulsadas en el país desde hace unos cuatro años. Estas experiencias aún necesitan consolidarse para que puedan alcanzar su sostenimiento financiero. Sin embargo, están generando conocimientos valiosos para entender la apropiación de las personas a estas iniciativas y las limitaciones que enfrenta en el contexto social, institucional y legal en el que se aplican. Además, aún falta valorar otros servicios ambientales como la captura de carbono, el aire, suelo y agua como cuerpos receptores de contaminantes, belleza escénica, la conservación de la biodiversidad, entre algunos. El énfasis en las experiencias de PSA, hasta el momento, ha sido puesto al servicio de captación de agua de las microcuencas y la calidad del agua que finalmente es derivada para su utilización por medio de las redes de distribución comunitaria o municipal. Las experiencias en el País que han completado el proceso de implementación de un mecanismo de PSA han resuelto el marco jurídico a nivel puramente local, con reglamentos avalados por las municipalidades y amparados en la Constitución de la República y la Ley de Municipalidades. Sin embargo, es necesario que exista un marco regulatorio más amplio para hacer trascender las experiencias del ámbito comunitario o de microcuenca al ámbito de cuenca hidrográfica, de manera que exista una integración de todos los actores directos e indirectos para los servicios prioritarios del país.

CONADEH

29

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

En la actualidad no existe una política explícita del Gobierno para impulsar los mecanismos de PSA como alternativas de financiamiento a la conservación, combate a la pobreza, equidad y aumento del ingreso, aunque en el último año se ha observado un interés incipiente de Entes del gobierno por impulsar esta temática, entre ellas la SERNA, la Comisión Nacional de Modernización del Estado, las Comisiones de Análisis del Anteproyecto de Ley General del Agua y varias instituciones y organizaciones no gubernamentales entre las que se destaca el Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales (CONABISAH) quien es un fuerte impulsor de la temática actualmente. Para lograr la ejecución de la Estrategia están diseñadas las siguientes áreas que tienen vinculación directa con el marco legal ambiental: 1) Desarrollo institucional Estructurada, articulada y fortalecida la gestión de los bienes y servicios ambientales a través de alianzas con instituciones, organizaciones e instancias de concertación en el ámbito municipal, supramunicipal y nacional. 2) Fortalecimiento del marco legal y regulatorio Desarrollado un marco legal en el cual se fomenta el uso sostenible del bosque, la protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas, se reconoce el valor económico de los servicios ambientales y se establecen los criterios que dirigen la implementación del sistema nacional de bienes y servicios ambientales. 3) Instrumentación financiera Desarrollados instrumentos económicos necesarios para canalizar las recaudaciones por los PSA a través de la institucionalidad existente o a través de la creación de una nueva estructura institucional para este fin. 4) Gestión del entorno socio-político Consenso y armonía entre los sectores (público, privado y sociedad civil) en el desarrollo e implementación de los mecanismos de pago por bienes y servicios ambientales. IV.6. Política Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre23 Principios de la Política Forestal, de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre • Sostenibilidad Proceso en el cual el aprovechamiento de los recursos forestales y el manejo de las áreas protegidas, la orientación de las inversiones, el desarrollo de la tecnología y la gestión institucional, están en armonía y mejoran el potencial de los recursos forestales para satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones de hondureños. • Valoración Reconocimiento de que los recursos forestales y las áreas protegidas, además de los productos maderables y no maderables, brindan a la sociedad nacional y al mundo servicios ambientales que deben retribuirse en su justa dimensión.

23

Política del Sector Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre. CONAPROF. 2006.

30

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

• Equidad Garantizar acceso justo y equitativo al recurso forestal y de las áreas protegidas a todos los hondureños, sin importar sexo, edad, etnia o posición social. • Transparencia Procesos abiertos y procedimientos estandarizados y claros de los servicios que presta la administración pública. Objetivo General Consolidar un modelo participativo y descentralizado de gestión forestal, áreas protegidas y vida, orientado a detener los procesos que están degradando el recurso forestal y a promover la valorización y el manejo sostenible del potencial forestal existente, para optimizar l aporte del desarrollo económico, social y ambiental del país. Objetivos Específicos 1. Consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas efectivamente manejado. Ecológicamente representativo e integrado al paisaje de manera que cumpla sus funciones ecológicas, sociales y económicas. 2. Promover un modelo de administración forestal moderno, participativo y descentralizado, dirigido a garantizar la reposición del recurso aprovechado, mejorar la competitividad del sector en la cadena productiva y garantizar seguridad jurídica a la inversión a largo plazo. 3. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, mediante su incorporación a la producción forestal sostenible por medio de contratos de manejo forestal a largo plazo y alianzas estratégicas con otros actores de la cadena productiva. 4. Promover la participación de las municipalidades y las comunidades en el manejo de las microcuencas productoras de agua y fomentar mecanismos para el pago de servicios ambientales. 5. Fomentar y coordinar la participación de instituciones gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, comunidades y sociedad civil organizada en la conservación y protección del bosque, control de la cacería ilegal, control del cambio de uso y el control de la tala, transporte, industrialización y comercialización ilegal de productos forestales y vida silvestre.24 6. Reducir las prácticas agropecuarias inapropiadas, los incendios forestales, la tala ilegal, y toda otra actividad que este degradando y desvalorizando el recurso forestal, especialmente los procesos que están destruyendo los bosques latífoliado.

24

Los objetivos 3, 4 y 5 son los que claramente pueden influir en la revisión de los lineamientos a ejecutar en torno a los habitantes del bosque y de aquellos que tienen relación directa con este recurso.

CONADEH

31

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Líneas de Política para el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 1. Protección y Desarrollo Económico de las Áreas Protegidas 2. Recuperación y manejo sostenible del bosque de coníferas 3. Protección del bosque latífoliado y promoción del manejo forestal sostenible 4. Incorporación de las organizaciones comunitarias al manejo forestal sostenible25 5. Fomento a la conservación del medio ambiente y la reforestación nacional 6. Manejo integrado de microcuencas 7. Control ilegal de la tala y comercio ilegal de madera y vida silvestre 8. Modernización institucional del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Estrategias para Operativizar las Líneas de Políticas 1. Protección y Desarrollo Económico de las Áreas Protegidas Estrategia. Desarrollar el ecoturismo y el pago por servicios ambientales, como las opciones económicas prioritarias para consolidar la protección y el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras. 2. Recuperación y Manejo Sostenible del Bosque de Coníferas Estrategia. Proveer las condiciones técnicas, administrativas y financieras que permitan manejar sosteniblemente el bosque de coníferas y promover la inversión privada para aprovechar el potencial del recurso y mejorar la competitividad en la cadena productiva. 3. Protección del Bosque Latífoliado y Promoción de su Manejo Forestal Sostenible Estrategia. Manejar el bosque latífoliado que está fuera de las zonas núcleo de las áreas protegidas a través del Sistema Social Forestal, para detener su destrucción y mejorar su contribución ambiental, promover su aprovechamiento racional y fomentar un proceso de transformación eficiente que permita generar cadenas de valor para que los diferentes actores internalicen que son bosques de alto valor económico que cumplen una función relevante. 4. Incorporación de las Organizaciones Comunitarias al Manejo Forestal Sostenible Estrategia. Promover instrumentos que faciliten el acceso y participación de las comunidades rurales al manejo sostenible del recurso forestal y de las áreas protegidas, garantizándoles una distribución equitativa de los beneficios. 5. Fomento a la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional Estrategia. Disponer recursos financieros y otros mecanismos de fomento dirigidos a promover la conservación, recuperación, protección y manejo sostenible de los recursos forestales por parte de las comunidades, sector privado, municipalidades y organizaciones no gubernamentales. 6. Manejo Integrado de Microcuencas Estrategia. Promover en el marco del manejo integral de cuencas, la participación de las municipalidades y comunidades en la declaratoria y manejo de microcuencas 25

La política forestal no ha diferenciado los diferentes actores en torno al recurso bosque y se ha esforzado en homogenizar a la comunidad, indistintamente de sus necesidades en torno al recurso en referencia.

32

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

abastecedoras de agua y establecer mecanismos para compensar el servicio ambiental de proteger el recurso hídrico. 7. Control Integral de la Tala y Comercio Ilegal de Madera y Vida Silvestre Estrategia. Establecer mecanismos integrales y participativos de control y vigilancia sobre el uso ilegal de los recursos forestales y la vida silvestre, que permitan detectar y reprimir con eficacia el delito ambiental y así erradicar el sentimiento de la impunidad que prevalece en la sociedad hondureña. 8. Modernización Institucional del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Estrategia. Fortalecer la capacidad institucional del Estado, para consolidar un modelo de gestión forestal orientado a responder con eficacia los retos que demanda el manejo forestal sostenible y cumplir con eficiencia las funciones de orientar, normar, regular, administrar y facilitar la inversión en el desarrollo del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre. IV.6.1. Sistema Social Forestal (SSF) Por Ley, la Administración Forestal del Estado tiene la responsabilidad de impulsar el Sistema Social Forestal26, el cual tiene como fin principal el desarrollo de las comunidades forestales establecidas en y alrededor de los bosques estatales27; en ese marco se formuló y puso en marcha en el año 2002 una estrategia de masificación de la forestería comunitaria, la cual se basa en la experiencia validada con el apoyo de la cooperación internacional. La estrategia se caracteriza por los aspectos siguientes: 1. Estrategia de abordaje comunitario con perspectiva de género, autodeterminación y participación comunitaria; 2. Estrategia para el fortalecimiento de la organización y desarrollo comunitario; 3. Herramientas para el manejo adecuado de conflictos; 4. Análisis participativo de impactos socioeconómicos. De igual manera, en el marco del Sistema Social Forestal, en el año 2002 se formuló “estrategia” para impulsar la resinación de los bosques de pino con el fin de maximizar el aprovechamiento integral de los bosques en el año 2003. La estrategia esta diseñada con la participación y bajo la responsabilidad de los tres sectores involucrados en esta actividad, ellos son la Administración Forestal del Estado, la empresa privada representada por el Fondo Resinero y el sector representado por la Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR)28. El involucramiento de todas las partes interesadas hace de esta estrategia un caso singular que tiene un alto grado de seguridad de éxito. La estrategia contempla las siguientes características y temas específicos del abordaje:

26

La AFE-COHDEFOR es administradora de la mayoría de las tierras forestales estatales (30% del bosque de coníferas, 100% de bosque manglar y 60% del bosque latifoliado). FAO, CIFPR, CCAD.1997. 27 El Sistema Social Forestal de la AFE-COHDEFOR, señala que comunidades rurales pueden incorporarse en cooperativas forestales y agroforestales para beneficiarse del bosque. Ley de COHDEFOR. Decreto Ley 103. 1974. 28 La unidad representativa del sistema social forestal es la cooperativa agroforestal.

CONADEH

33

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

1. Incrementar la participación efectiva de las comunidades agroforestales en los beneficios y responsabilidades del manejo de los bosques; 2. Uso múltiple de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre; 3. Participación comunitaria y actores clave trabajando en forma mancomunada; 4. Resinación de las áreas forestales productivas integradas al manejo y readecuación de los planes de manejo aprobados por la AFE-COHDEFOR; 5. Ordenación territorial forestal de las áreas bajo resinación; 6. Capacitación y fomento de metodologías de resinación apropiadas a buenas prácticas de manejo forestal; 7. Accesos a financiamiento y al mercado de resinas de calidad. No obstante, de lo anterior se desprende que el SSF está dirigido al aprovechamiento del recurso bosque en tanto productor de madera y de sus derivados, haciendo a un lado las actividades cinegéticas, zoocriaderos, prestación de servicios (turismo, guías, por ejemplo) y, en definitiva, aquellas actividades relacionadas con la conservación, y cuya base “social” radica en la “cooperativa agroforestal”, que propicia el enfrentamiento entre los que pretenden la explotación de la madera y sus derivados y aquellos que abogan por medidas de protección. El SSF propicia, por otro lado, la legalización de una actividad ilegítima: Al apoyar financieramente y en su organización a las cooperativas agroforestales, los grandes comerciantes de la madera obtienen contratos de suministro exclusivo a bajo precio por los planes de manejo que les adjudiquen a aquellas, contando incluso con apoyo de autoridades locales.29 Ante la particularización de los intereses que provoca el SSF no se puede decir que éste facilite la toma de decisiones a nivel local ni propicie el desarrollo comunitario.30 IV.7. Política sobre Bosques y Desarrollo Comunitario (PFN 2004-2021) Objetivo 1: Contribuir a la reducción de la pobreza de las comunidades asentadas en tierras de vocación forestal, incorporándolas al manejo integral y sostenible de sus recursos naturales. Metas 1. Incorporar comunidades y organizaciones rurales en 90 Municipios (de los cuales 40 tienen bajo IDH y escasa cobertura y 50 tienen cobertura y mejores condiciones de desarrollo) a la producción forestal y agroforestal a una superficie de 500,000 hectáreas. 2. Incorporadas a procesos de manejo forestal participativo y regularizadas 75,000 familias que habitan áreas forestales. Acciones 29

CONADEH-GLOBAL WITNESS. Proyecto Piloto de Monitoreo Forestal Independiente en Honduras Informe de Misión No. 008. Enero de 2006. 30 Un estudio sobre el desarrollo de las comunidades cuya actividad principal es la explotación del bosque podría reflejar su situación en relación con otras comunidades, considerando, al menos, la cantidad, valor y precio de los recursos explotados. 34

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

1. Aplicar y validar las estrategias de forestería comunitaria, resinación, manejo de zonas de amortiguamiento y otras actividades relacionadas; 2. Establecer la línea de base sobre la situación real de las comunidades en el bosque, incluyendo las áreas de vocación forestal al servicio del sector reformado; 3. Formular y actualizar los planes de manejo; 4. Formalizar los contrato de manejo forestal a largo plazo; 5. Apoyar el proceso de regularización de las poblaciones asentadas en los bosques en el marco de la ley de ordenamiento territorial. Objetivo 2: Fortalecer los procesos organizativos y empresariales que permitan mejorar los sistemas de producción forestal y agroforestal sostenibles de carácter comunitario. Metas 1. Constituir y en operación 120 pequeñas y medianas empresas en actividades de protección, reforestación y transformación de productos maderables y no maderables. 2. Integrar 200 microempresas agroforestales comunitarias para el año 2021. 3. Participación y mejoramiento de los ingresos económicos de 75,000 familias en procesos sociales forestales participativos; Acciones 1. Implementar plan de capacitación dirigido a las organizaciones participantes en materia de organización, gestión empresarial, cadenas integradas de producción forestal, valor agregado y comercialización. 2. Establecer un fondo rotatorio reembolsable para financiar operaciones empresariales de los grupos organizados; 3. Conformar redes de forestería comunitaria entre gobiernos municipales, instituciones gubernamentales, ONGs, y proyectos vinculados, para promover la organización comunitaria y el desarrollo forestal empresarial, bajo enfoques metodológicos armonizados; 4. Implementar un programa para la aplicación de tecnologías de producción, identificación de mercados y gerencia para empresas comunitarias.

CONADEH

35

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

V.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN HONDURAS Y LA INSTITUCIONALIDAD.

V.1. Antecedentes de las Políticas Nacionales hacia las Etnias La política étnica y social de Honduras en la fase colonial hacia las etnias fue reflejo de la premisa del máximo aprovechamiento de la fuerza de trabajo en las minas y plantaciones, de la importación de negros como esclavos y de la cristianización obligatoria, con parcial protección en reducciones por la iglesia católica. La Brevísima Destrucción de Indias, por el fraile Bartolomé de las Casas, gran defensor de los indígenas, es más bien el espejo de la historia de la destrucción de las etnias de Honduras, y no tanto de Yucatán donde redactó su informe. Después de la independencia de Honduras de la Corona Española en 1821, la población sedentaria siguió siendo objeto de una política orientada a la integración nacional mediante la absorción del indígena dentro de las características del grupo dominante y una política de desarrollo económico a partir de un cambio cultural. Se eliminaron las antiguas leyes (Leyes Nuevas de 1542) de protección para el indígena y el Estado prescribió “la civilización e incorporación con el resto de hondureños, sus hermanos, con quienes debían formar una sola familia, como provenientes del mismo origen”. Un aspecto muy negativo de esta nueva política fue la orden extendida a los sacerdotes de que “extinguiesen” las lenguas de estos pueblos. Después del fracaso de la Federación Centroamericana en 1938, iniciada por el general Francisco Morazán, creador y presidente de la República Federal de Centroamérica, quien no fue un protector de los indígenas, dado que por su posición anticlerical había quitado a los indígenas recursos recaudados para financiar sus campañas militares contra los conservadores separatistas, la preocupación principal del gobierno fue la defensa del territorio frente a una posible invasión. En este contexto el indígena no recibió mucha atención. La única excepción fue la Mosquitia, donde debido al control ejercido por los británicos a través del rey Mosco, las etnias recibieron un trato benévolo y a partir de 1838 se registra la concesión de tierra nacional a los pech y culmí. En Yoro y Olancho, cabe destacar el trabajo evangelizador de Manuel de Jesús Subirana que culminó en 1861 con el nombramiento de un gobernador civil y militar, encargado de los asuntos indígenas; es decir, con el establecimiento de pueblos, escuelas, viviendas permanentes y enseñanza a los indígenas de oficios prácticos. Con eso se estableció una nueva cooperación Iglesia-Estado, una política rechazada por muchos ladinos, y sólo tras largas fases de negociación y algunas sublevaciones indígenas, se promulgaron decretos para la titulación de indígenas de Yoro y a los pech. Con la formación del departamento de la Mosquitia en 1868, se dictó una política fuerte de asimilación con el mandato de “reducir a poblados a las tribus nómadas que vagan en la costa” obligarles a renunciar a sus costumbres “selváticas”. Siguió una fase política poco consistente caracterizada tanto por decretos en beneficio de las etnias como por intimidaciones paralelas. La Ley Agraria de 1924 que permitía la enajenación del dominio pleno de terrenos del Estado que hubieran sido medidos y titulados a las tribus indígenas extinguidas, refuerza el establecimiento de tierras estatales. Se creó el Instituto Indigenista 36

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Interamericano en 1941 y varios institutos locales. Como resultado de la Convención de Pátzcuaro empieza una nueva política indigenista, que lleva a la creación de una “Misión Cultural” en la Mosquitia, incorporándose algún personal en ella. La Ley de Reforma Agraria de 1962 reconoció finalmente “el derecho de propiedad de la comunidades indígenas sobre las tierras, bosques o por simple ocupación inmemorial” desde entonces el Instituto Nacional Agrario (INA), asumió el papel de reivindicar el dominio de los fondos y tierras reservadas de las que las tribus indígenas habrían sido despojadas y con eso asumía progresivamente la representación legal de los indios. Sin embargo, el INA no fue exitoso en su trabajo y tampoco logró ser el intermediario en caso de conflictos entre etnias y menos con la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), por ejemplo, cuando en 1975 se negó a entregar fondos, que pertenezcan a las tribus, acusándolas de no ser capaces de manejarlos de forma productiva y racional. Las leyes agrarias y forestales, proclamadas en los 70’s, cambiaron la actitud proteccionista hacia el indígena, dado que la Ley Forestal estableció que todos los recursos forestales son patrimonio nacional, lo que afectaba por igual a todos los propietarios, a nivel individual, municipal o comunal. El primer hito en la revalorización de la población autóctona de Honduras es la firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en mayo de 1994, único instrumento jurídico que ha sido aprobado por la mayoría de los pueblos indígenas del mundo entero. La discusión sobre este convenio no ha terminado ni entre los mismos indígenas y menos entre las sociedades mayoritarias. A esto hay que añadir la “Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas", aprobada en febrero de 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el proyecto de la “Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", en preparación en las Naciones Unidas. Finalmente, se debe resaltar que Honduras es miembro del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, creado en 1992. El segundo hito en la lucha y el desarrollo del movimiento indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, relativamente rápido comparado con los logros de los movimientos indígenas en los demás países latinoamericanos, es la firma del Acuerdo No.0719-EP-94 del 3 de agosto de 1994 por el Presidente de la República, mediante el cual se reconoce por primera vez oficialmente el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de Honduras. El reconocimiento de la pluralidad étnica se constituirá como uno de los ejes de la transformación y reforma educativa nacional y se plasma en el Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas de Honduras (PRONEEAH). El referido Acuerdo establece una educación culturalmente pertinente para las etnias minoritarias comprende las etnias indígenas, afro-antillanas y criollo-hablantes. Resumiendo, se llega a constatar que toda la política étnica de Honduras se puede calificar como política de reacción a las reivindicaciones de los pueblos étnicos en vez de ser planificadora y preventiva, modelo que no ha cambiado esencialmente si miramos las

CONADEH

37

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

peregrinaciones repetidas de las etnias en los últimos diez años para negociar con el Gobierno. V.2. La Nueva Política hacia las Etnias. Se podría partir de manera pragmática enlistando las disposiciones que tienen impactos sobre las etnias, y que regulan el artículo 346 Constitucional, que obliga al Estado a dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas, pero también es importante afirmar que no se ha elaborado una política específica hacia las etnias. En particular son: la Ley de la Reforma Agraria (1972), la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992), la Ley Forestal (1972), la Ley de creación de COHDEFOR (1974), la Ley de Bosques Nublados (1987), la Ley General del Ambiente (1993), Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación (1984), el Acuerdo de Zonificación Turística Nacional (1988), Reglamento de Afectación y Adjudicación de Tierras (1992). El impacto de todas estas leyes y reglamentos sobre la tenencia de tierras indígenas han sido analizados detenidamente con respecto a la Biosfera del Río Plátano por el Programa PROARCA/CAPAS (Mario Vallejo Larios, 1997) y por Uwe Gebauer (1997) quién enfocó más especialmente los Derechos de Usufructo y de Dominio. La implementación de gran parte de estas leyes corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA) y los aspectos relacionados con la competitividad fueron analizados por Marquez Martínez Para el sector educativo, se deben tomar en consideración especialmente el Artículo 173 de la Constitución de la República que compromete al Estado a preservar y a estimular las culturas nativas, y el Artículo 172 que obliga a la preservación de la riqueza antropológica y el Convenio de Cooperación firmado en 1993 entre la Secretaría de Educación Pública y la Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) para el Desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural que lleva al acuerdo No.0719 que institucionaliza la Educación Bilingüe Intercultural. V.3. Instituciones Estatales Encargadas de Asuntos Étnicos No existe un ente Estatal encargado exclusivamente de coordinar los asuntos étnicos, pero si existen instituciones ejecutando actividades en ese ámbito, denotando con ello la inexistencia de coherencia en las políticas publicas hacia y en relación con los grupos étnicos. V.3.1. El Instituto Nacional Agrario Se debe resaltar que, a diferencia del resto de la población, la tierra no es para los grupos étnicos solamente un bien material sino un bien cultural y ritual que garantiza su coherencia e identidad. En este contexto, el Instituto Nacional Agrario (INA) ha venido a ser la institución encargada de resolver los conflictos de tierra de los grupos étnicos través del procedimiento de titulación, en vista de la variedad de formas jurídicas de tenencia, posesión y usufructo que estos le dan, viniendo a respetar con este proceder los derechos ancestrales de los grupos étnicos. La paradoja de la titulación a favor de los grupos étnicos es que, contrario a cuando es recibida por los “ladinos”, la tierra no se convierte en un bien material y ni su principal objetivo es tornarse en un instrumento financiero; la titulación a favor de los 38

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

grupos étnicos no cumple de manera directa los objetivos del INA, esto es, la reforma agraria, sino que lo hace de manera indirecta al producir el cese del conflicto de tierras. Ese conflicto al que nos hemos referido antes no empezó a resolverlo el INA sino casi 20 años después de que iniciara el proceso de titulación a nivel nacional31. En los cuadro siguiente se puede observar la relación de los títulos emitidos por el INA a favor de los diferentes sectores objeto de titulación32 y los títulos emitidos a favor de cada grupo étnico, respectivamente. Cuadro 4. Emisión de Títulos Definitivos de Propiedad AÑO 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

SECTOR REFORMADO Títulos Hectáreas 25 11,856.76 55 24,045.55 3 1,843.43 10 2,275.53 95 28,647.78 82 8,763.43 79 13,658.88 37 6,043.67 5 242.32 18 6,002.57 113 56,199.32 17 2,935.92 9 1,910.88 6 1,768.68 83 16,935.02 20 9,741.00 48 17,427.00 67 17,857.88 157 20,593.61 172 24,676.97 103 7,058.79 341 25,076.64 342 13,718.67 219 13,144.39 390 51,071.70 466 29,442.06 501 10,814.48 223 3,650.42 187 3,469.12 254 5,156.66 178 7,282.82 211 4,661.15 4,516

447,973.27

SECTOR INDEPENDIENTE Títulos Hectáreas

SECTOR ÉTNICO Títulos Hectáreas

4,052 10,064. 2,928 3,386 5,812 3,489 4,135 6,440 4,221 1,223 1,999 3,607 9,463 26,000 20,092 20,055 22,040 16,042 12,369 10,010 5,904 8,207 7,555 7,770

20,146.00 58,268.00 17,112.00 22,878.00 58,890.00 37,769.00 42,968.00 74,394.00 51,340.00 19,237.00 94,998.00 93,498.00 95,519.00 184,377.00 121,866.00 83,221.00 90,279.00 55,172.00 49,983.00 47,943.00 32,936.00 24,820.34 22,166.17 28,013.61

30 12 4 6 17 142 60 62 64 4 16 2 14 10

34,320.45 10,677.16 1,838.50 18,622.45 18,383.92 85,091.41 34,687.32 33,045.19 36,205.27 1,081.13 1,755.92 38.94 1,408.44 544

TOTALES Títulos Hectáreas 25 11,856.73 55 24,045.55 3 1,843.43 10 2,275.43 95 28,647.78 82 8,763.43 79 13,658.88 37 6,043.67 4,057 20,388.32 10,082 64,270.57 3,041 73,311.32 3,403 25,813.92 5,821 60,800.88 3,495 39,537.68 4,218 59,903.02 6,460 84,135.00 4,269 68,767.00 1,290 37,094.88 2,186 149,906.26 3,791 128,852.13 9,570 104,416.29 26,347 228,076.09 20,451 153,068.59 20,416 181,456.80 22,490 176,038.02 16.570. 117,659.25 12,934 97,002.75 10,237 52,674.55 6,107 58,161.04 8,463 30,015.94 7,747 30,857.43 7,991 33,219.36

216,863

1,427,788.12

443

277,700.70

221,822

2,153,462.09

Fuente: INA 31

Un importante detalle que pudo haber postergado el proceso de titulación a favor de los grupos étnicos es el hecho de el trámite no es oficioso, sino que debe ser iniciado a petición de parte. 32 El sector reformado es aquel organizado en empresas asociativas campesinas.

CONADEH

39

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Cuadro 5. Titulación de Tierras a Pueblos Indígenas y Afrohondureños AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 TOTAL

40

Lencas Títulos Hectáreas 23 24,976.90 4

Garifunas Títulos Hectáreas 6 5,126.50 8 7,910.03

Títulos

Pech Hectáreas

4

2,767.13

1

3,909.93

Tolupanes Títulos Hectáreas 1 4,217.05

Tawahkas Títulos Hectáreas

Chortí Títulos Hectáreas

1,838.50

129 43 32 35 1 4

61,923.72 19,300.74 22,237.44 13,027.45 144.00 1,035.26

271

144,484.01

8 9 6 7 6 2 1 1 54

4,784.72 3,284.07 8,851.48 1,850.67 261.82 932.47 9.06 24.98 33,035.80

2

7

453.38

7,130.44

6 3 4 2 5 6

18,622.45 3,916.66 19,883.62 5,881.82 8,134.25 21,951.51

1

256.7

28

82,867.06

CONADEH

4

4

5,137.61

1

635

5,137.61

9 18 15 1 10 1 55

653.28 728.48 511.14 4.66 453.48 13.95 2,999.99

Total Títulos Hectáreas 30 34,320.45 12 10,677.16 4 1,838.50 6 18,622.45 17 18,383.92 142 85,091.41 60 34,687.32 62 32,953.84 64 36,205.30 4 1,081.13 16 1,754.50 2 38.93 419 275,654.91 Fuente: INA

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

V.3.2. La Fiscalía de las Etnias Creada dentro del Ministerio Público en 1994 con el objetivo de defender los derechos de los pueblos indígenas, tanto individuales tanto como frente a otras instituciones del Estado (tribunales, fiscales), como colectivos en la adjudicación de la personalidad jurídica de las organizaciones representativas y finalmente como intermediario frente al resto de la sociedad civil. Durante los últimos meses, el rol y el compromiso de la Fiscalía ha estado en debate por los líderes indígenas, sobre todo por COPIN (Coordinadora de Organizaciones Populares de Intibucá) que reclama ser la representación auténtica de la etnia Lenca, opinión que no es compartida por la ONILH (Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras). V.3.3. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia En el sector académico cultural cabe destacar el rol del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, por su función de enlace con las instituciones de investigación en el país, a nivel de América e internacionalmente. La arqueología también pertenece a su perfil de actividades, cooperando en las más variadas actividades culturales del país, exposiciones, excavaciones y todo lo pertinente a la protección del patrimonio cultural. Su carácter primordialmente académico la ha relegado a un segundo plano en la dinámica social y cultural del movimiento indígena en Honduras.

CONADEH

41

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

V.4. Los Grupos Étnicos Son nueve los grupos étnicos identificados en el país: 1. Chortís. 2. Garífunas. 3. Lencas. 4. Miskitos. 5. Nahoas. 6. Negros de habla inglesa. 7. Pech. 8. Tawahkas. 9. Tolupanes. No se disponen datos precisos que permitan estimar de manera diferenciada la incidencia de la pobreza entre ellos, mas una apreciación comparativa a priori evidenciará que, en general, su situación es de extrema vulnerabilidad y presentan, en común, las siguientes características: • Viven en el área rural. • Su relación con el bosque es directa, ya sea que habiten en él u obtienen sus insumos de él. • Están organizados, pero su incorporación a las estructuras económicas y cadenas productivas es nula o incipiente, ya que éstas no responden a su modo de vida. • Su economía es fundamentalmente agrícola, generadora de materia prima y de subsistencia33. • Reaccionan ante el estímulo de las decisiones gubernamentales, generándose espacios que luego el Gobierno pretende legitimar. • El sincretismo está presente en su cosmogonía y manifestaciones religiosas, expresadas en íntima relación con el entorno. En ese mismo orden de ideas, los mayores problemas que se relacionan con la incidencia de la pobreza en los grupos étnicos están vinculados a: Falta de seguridad sobre sus tierras; poca y deficiente presencia de servicios básicos como salud, educación, agua potable, alcantarillado, electricidad y caminos; elevada tasa de enfermedades contagiosas e infecciosas (el SIDA constituye un grave problema para la población garífuna); escaso apoyo para programas de empleo productivo y la defensa de su patrimonio cultural. Además, algunos grupos étnicos ven en aumento las amenazas a sus condiciones tradicionales de vida, a raíz del avance rápido del frente de colonización agrícola-ganadero, o de actividades forestales no controladas. A lo anterior se agrega los esfuerzos de participar en los avances de la modernización, hace que estos grupos corran el riesgo de perder su identidad cultural, sobre todo su lengua y valores culturales. La mayoría de los grupos étnicos viven en departamentos con mayor incidencia de pobreza, como La Paz, Lempira, Intibucá y Gracias a Dios. Sin embargo, grupos con el mayor numero de población, como son los Garifunas y los Isleños (57% del total de la étnica del 33

En este caso creemos que no se debe considerar un problema entre los grupos étnicos el hecho de que la productividad agrícola sea de subsistencia, ya que esto forma parte de su modo de vida.

42

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

país)34, se concentran en los departamentos que muestran una incidencia menor de la pobreza y mejores índices de desarrollo humano, como es el caso de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, y Colón. En síntesis, la problemática de los grupos étnicos puede resumirse en la desigualdad: • En el acceso a los servicios básicos, ya que éstos difícilmente están presentes en el área rural. • En la educación, puesto que ésta es aún “colonizante”, en la que el español es el idioma obligatorio. • En el acceso y participación en la formulación de políticas.

Figura 4. Distribución de los Grupos Étnicos en Honduras

CHORTIS LENCAS TOLUPANES GARIFUNAS PECH O PAYA TAWAKAS MISQUITOS

Fuente: PRONEAAH

A fin de ilustrar de manera más inmediata y puntual, se elaboró la siguiente matriz para establecer la relación de los grupos étnicos y el bosque:

34

Vale decir, en el caso de los Garífunas, que éstos tienen la dicha y ventajas de obtener los recursos de dos ecosistemas para suplir necesidades inmediatas.

CONADEH

43

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Población35

1

34,453 Chortís

2,000

Ubicación La población Chortís que se ubica en nuestro país vive en zonas de difícil acceso como Chonco, Colón Jubuco, San Andres, El Sapote, San Isidro, Tapescos, Carrizalón , El Tigre, Ostuman, Corralito, Boca del Monte, Carizalon y la Laguna en el Municipio de Copán Ruinas y zonas aledañas al Municipio de Santa Rita, en el Departamento de Copán y en los Municipios de Antigua Ocotepeque, Nueva Ocotepeque y Sensenti en el Departamento de Ocotepeque.

• •

•

•

35

Uso y Relación con el Bosque Viven en el bosque, que les provee materia prima para la construcción y energía. Se dedican a la agricultura, complementada con la venta de artesanias y el trabajo asalariado en las plantaciones de café, tomate y tabaco. Los Chortís profesan culto y veneración a la naturaleza mediante los ritos a los dioses de la tierra y consagración a las simientes, y en honor a los dioses del viento, pero que evidencian un marcado sincretismo con la fe católica. El santo patrono de una comunidad está directamente asociado con los ritos agrarios. Actividades productivas potenciales: venta captura de carbono, ecoturismo, valorización producción de agua, guías turísticos étnicos, socios culturales de empresas de turismo, formación empresas étnicas, producción frutales altura, producción artesanal, festivales culturales.

Organización Aglutinante Consejo Nacional de Indígena Chortí de Honduras CONICH Organizada en 1994.

Los datos superiores corresponden al Censo elaborado por el INE en el 2001. Los datos del recuadro inferior corresponden al PRONEAAH.

44

CONADEH

Representante Juan Manuel Mancía Tel. 651-4694 Fax: 651-4669

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Población35

2 46,448 Garífunas

300,000

3

Lencas 279,507 600,000

Ubicación Los garifunas han conformado 47 comunidades en los Departamentos de Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios. La mayoría de las comunidades garífunas están ubicadas en zonas costeras próximas a las áreas urbanas de Puerto Cortés, Tela, La Ceiba y Trujillo. Un gran número de ellas están comunicadas por vía marítima en pequeñas embarcaciones, caminos y veredas por las playas. Departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y el sur de Santa Bárbara; centro y sur del Departamento de Francisco Morazán, y el Departamento de Valle

•

•

• •

•

•

Uso y Relación con el Bosque Se han venido dedicando tradicionalmente la agricultura y pesca y el bosque ha sido, sobre todo proveedor de energía. Actividades productivas: manejo de cuencas hidrológicas, ecoturismo, valorización y producción de agua, socios culturales de empresas de turismo, reglamento de pesca industrial en zonas étnicas, formación de empresas étnicas, producción artesanal, festivales culturales. La actividad económica de los pueblos Lencas se basa más que todo en la agricultura. Los Lencas cultivan sus predios una vez por año aprovechando la época de lluvias. La mayoría de la población habita en aldeas, en tierras nacionales y predomina el minifundio. La región de los Lencas es montañosa y con vestigios mineros. El bosque pinar del occidente del país situado en su mayoría sobre roca volcánica y con poca cantidad de agua lluvia por año, constituye el área boscosa menos productiva del país. No obstante ante ésta limitante, la población Lenca tiene diferentes usos de los recursos naturales. Se han dedicado a la actividad de la

CONADEH

Organización Aglutinante Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH

Representante

Organización Indígena Lenca de Honduras (ONILH)

José Ramón Melgar Tel. 2371788/931-7680

Gregoria Flores Tel. 443-2492

45

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Población35

Ubicación

•

4 Miskitos

51,607

Brus Laguna, Puerto Lempira y la Zona Recuperada en el Departamento de Gracias a Dios, del Río Wans, Coco o Segovia hasta el Río Tinto o Negro.

•

82,000 •

•

46

Uso y Relación con el Bosque resinación de los pinares. Esta actividad y el aprovechamiento de madera a nivel cooperativo constituyen un potencial de crecimiento grande. Manejo de bosque ejidal de pino, manejo de cuencas hidrológicas, venta captura de carbono, ecoturismo, valorización protección del agua, socios culturales de formación empresas étnicas empresas de turismo, formación empresas étnicas, producción frutales altura, producción artesanal, festivales culturales. Ubicada básicamente sobre los márgenes de los ríos y las lagunas costeras, la población misquita a centrado sus relaciones de producción con la agricultura de subsistencia en las fértiles vegas de los ríos y en el empleo de temporada como buzos para la industria pesquera del camarón y la langosta. El aprovechamiento sostenible del bosque y el desarrollo de cooperativas de pesca, ambas, en definitiva, actividades agrícolas. Actividades productivas: manejo de bosque nacional de pino, manejo de bosque nacional latifoliado, venta y captura de carbono, ecoturismo, valorización y producción de agua, guiase turísticos étnicos, socios

CONADEH

Organización Aglutinante

Representante

Masta Asla Takanka MASTA

Simon Patton Grejan Tel. 9818-1985

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Población35

Ubicación

0

Catacamas, Guata, Jano y Gualaco, en el Departamento de Olancho.

5 Nahoas

1,500

6 Negros de Habla Inglesa

12,370

50,000 7 3,848 Pech 2,800

Departamentos de Islas de la Bahía (Municipios de Roatán, Utila y Guanaja) en su mayoría, pero además tienen asentamientos las costas de los Departamentos de Cortés, Atlántida y Colón. Vallecito, Pueblo Nuevo, Subirana, Agua Zarca, Culuco, Jocomico, Pisijire en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí; Santa María del Carbón en el Municipio de San Esteban, ambos del Departamento de Olancho; Silín en el Municipio de Trujillo, Departamento de Colón y Las Marías en la Biosfera del Río Plátano en el Departamento de Gracias a Dios

Uso y Relación con el Bosque culturales de empresas de turismo, reglamento de pesca industrial en zonas étnicas, producción artesanal, festivales culturales. • Esta población se dedica al cultivo de maíz, frijoles, pequeños cultivos de arroz y yuca; así como la crianza de animales domésticos. • Ninguna.

Organización Aglutinante

• Los Pech dependen de la agricultura de tala y roza, caza y pesca para subsistencia. Sus cultivos principales son la yuca, los frijoles y el maíz. • También practican la cría de animales domésticos. Se dedican en menor escala a la extracción de la resina del árbol de liquidámbar. • Habiendo sido expulsados de las costas por los colonizadores españoles, los Pech se refugiaron en las zonas montañosas, donde han desarrollado una dependencia vital del recurso bosque. • La utilización de diversidad de plantas características de la vegetación del

Federación de Tribus Pech de Honduras FETRIPH Organizada en 1985.

CONADEH

Federación Indígena Nahoa de Honduras FINAH Native Bay Islanders Professionals And Labourers Association NABIPLA

Representante

Owen Ebanks Tel. 987-47363

Adrián Fiallos Tel. 785-1969 984-25019

47

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Población35

8 2,463 Tawahkas

48

Ubicación

En la actualidad, los Tawahka están distribuidos en las comunidades de Krautara y Krausirpe en el Municipio de Wampusirpi, Departamento de Gracias a Dios; Yapuwas, Kamakasna y

Uso y Relación con el Bosque trópico húmedo con fines alimenticios, religiosos y medicinales ha sido complementada por los Pech con las actividades de cacería y uso de la madera para construcción. Siendo amplios conocedores de la botánica naturista y por el hecho de estar enclavados en las entrañas mismas de las selvas lluviosas de Colón y Olancho, las comunidades Pech representan un potencial casi excepcional para el manejo y aprovechamiento de los recursos de éstos bosques tropicales. • Actualmente en la comunidad Pech de la Comunidad de Santa María del Carbón se desarrolla el manejo del bosque comunitario, donde por primera vez la población tiene la oportunidad de conocer la infinidad de maderas que pueden obtenerse con fines comerciales. • Actividades productivas: manejo de bosque nacional latifoliado, ecoturismo, valorización, producción de agua, guías turísticos étnicos, socios culturales de empresas de turismo, socios culturales de empresas de turismo, formación de empresas étnicas, festivales culturales. • Los Tawahka han conservado gran parte de su cultura autóctona tanto en lo económico, social, cultural, jurídico, como en su entorno ecológico. En el aspecto económico, la unidad

CONADEH

Organización Aglutinante

Representante

Federación Indígena Tawahka De Honduras FITH

Lorenzo Tingla Tel. 208-4713

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Población35 1,800

Ubicación Parawas en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho.

•

• •

•

•

Uso y Relación con el Bosque productiva de la etnia es la familia. Esta etnia, mantiene su identidad cultural a través de varias manifestaciones religiosas, artísticas, alimenticias y de organización social. Los Tawahkas explotan área de aproximadamente 77,000 hectáreas. El sistema de producción se basa casi exclusivamente en usos extensivos como la caza, pesca y extracción de madera para fines de subsistencia; solamente un 5% de la superficie se destina a uso agrícola, incluyendo granos básicos, tubérculos, frutales y tierras en descanso (guamil). El territorio Tawahka se encuentra fuera del área protegida de la biosfera del Río Plátano y carece de respaldo legal, a pesar de contener la misma riqueza ecológica. Entre las Actividades de remuneración económica está la antigua práctica del lavado de oro sobre las vetas acuíferas del Río Patuca.

Organización Aglutinante

Representante

• Su pequeña industria de fabricación de pipantes ha aumentado. • Actividades productivas: manejo de bosque nacional latifoliado, manejo de cuencas hidrográficas, venta y captura de carbono, ecoturismo, valorización y

CONADEH

49

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Población35

9 9,617 Tolupanes 5,000

Ubicación

Departamento de Yoro precisamente en los Municipios de Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito, Yoro, Olanchito y en el Departamento de Francisco Morazán, en los Municipios de Marale y Orica, Montaña de la Flor.

Uso y Relación con el Bosque producción de agua, guías turísticos étnicos, socios culturales de empresas de turismo, reglamento de pesca industrial en zonas etnicas, formación de empresas etnicas, producción artesanal, festivales culturales. • Las tierras ocupadas por el pueblo Tolupan, son un 60% de vocación forestal, 30% ganadero y 10% de vocación agrícola aproximadamente. En las partes más altas de las Montañas de Yoro, actualmente forman la Federación de Tribus Xicaques de Yoro con 29 consejos tribales, y dos que todavía no se han integrado a ésta estructura que es la tribu El Hoyo y la zona occidental de la Montaña de la Flor. • Las actividades de los Tolupanes giran alrededor de pequeños cultivos de café que fue introducido en la década de 1930. La actividad complementaria es la elaboración de canastas de fibra de carrizo (especie de bambu). Sus alimentos básicos, son el maíz, fríjol, calabazas, papas y otros tuberculos. Plantan bananos en pequeñas parcelas y otros árboles frutales como: naranjos, mangos y aguacate, así como también pequeños plantíos de tabaco. • Producen miel de abeja, practican la pesca y caza en menor escala;

50

CONADEH

Organización Aglutinante

Representante

Federación de Tribus Xicaques de Yoro FETRIXY Organizada en 1985.

Santiago Martínez 671-2340.

Tel.

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Población35

Ubicación

Uso y Relación con el Bosque conservan el uso del arco y la flecha para la cacería, el consumo del tabaco en pipas elaboradas en la localidad y el uso de piedra de pedernal para encender el fuego. Tejen hermosas canastas de variadas formas y redes que se emplean para transportar maíz. Las mujeres cosen sus vestidos con telas compradas y las túnicas de los hombres llamadas balandranes, con Dril; toda esta cultura es practicada más concretamente por las tribus de la Montaña de la Flor y que se diferencian de las demás tribus del Departamento de Yoro. • Los tolupanes no son extremadamente religiosos, tal vez porque lo han olvidado por falta de práctica o, simplemente, como una reacción a su situación de sometimiento durante 500 años. Además que los españoles no le dieron mucha importancia a la evangelización de estos "indios salvajes". En la actualidad prácticamente han olvidado su religión ancestral. A excepción de los tolupanes de la Montaña de La Flor donde todavía persisten muchas de las creencias ancestrales y juegan un papel importante en su cosmovisión, pero por la presencia de misioneros evangelizadores en la zona, ellos temen hablar de sus creencias.

CONADEH

Organización Aglutinante

Representante

51

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

CUADRO 6. GRUPOS ÉTNICOS Y EL BOSQUE No

Grupo Étnico

Total

52

Población35

Ubicación

Uso y Relación con el Bosque • Actividades productivas: manejo de bosque ejidal de pino, manejo de bosque nacional de pino, venta captura de carbono, ecoturismo, valorización, producción de agua, socios culturales de empresas de turismo, producción artesanal, festivales culturales.

440,313 1,045,100

CONADEH

Organización Aglutinante

Representante

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

VI. LA SOCIEDAD CIVIL36 Para las Naciones Unidas “Una ONG es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común. Las ONG llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, dan a conocer las preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las políticas y apoyan la participación política a nivel de comunidad. Proporcionan análisis y conocimientos técnicos, sirven como mecanismos de alerta temprana y ayudan a supervisar a implementar acuerdos internacionales. Algunas están organizadas en torno a temas concretos como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud.” En el país que nos ocupa este estudio, Honduras, es posible detectar distintas acepciones del término sociedad civil, según sea la pertenencia sectorial de quien lo utiliza (ámbito académico, gubernamental o las mismas organizaciones de la sociedad civil). Aunque la Organización de Naciones Unidas no propone diferencias entre distintos tipos de ONG, salvo las de carácter nacional y aquellas de acción internacional, es observable por un lado una corriente que defiende con fuerza la diferenciación entre ONG y OPD (Organizaciones Privadas de Desarrollo), distinguiendo las organizaciones que trabajan por el desarrollo del resto de organizaciones no gubernamentales que trabajan por otros temas e intereses. Algunos autores hondureños extienden la definición de sociedad civil tanto a grupos de población o movimientos sociales como a instituciones estructuras y entienden que la sociedad civil "incluye a diversos grupos sociales como los obreros, empresarios, periodistas, pobladores, campesinos, iglesias, colegios profesionales, maestros, estudiantes e indígenas, y a todas las organizaciones que trabajan con mujeres, niños, jóvenes, etnias, tercera edad, discapacitados, menores infractores, derechos humanos, ciudadanía, etc., éstas últimas conocidas como Organizaciones No Gubernamentales, (ONGs)"37 . Esta diferenciación entre ONG y otras organizaciones de la sociedad civil también reúne partidarios en otros países de América Latina. En Perú por ejemplo ha sido una práctica muy popular el diferenciar las "ONG" de las "ONGD" o las "ONG de desarrollo" y en Uruguay existe una asociación de organizaciones no gubernamentales cuya sigla ANONG está acompañada por el desplegado Asociación de ONG Orientadas al Desarrollo. En la misma dirección, autores hondureños definen a las OPD como aquellas organizaciones "con acciones dirigidas al desarrollo de programas de producción de sectores de poblaciones sin sus necesidades básicas satisfechas y a las ONG como aquellas que tienen por fin la defensa de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía".38 36

Basado en el documento “Mapeo y Caracterización de la Sociedad Civil en Honduras. Informe Final, ASDI-BID Partnership, Tegucigalpa, 2002. 37 El Poder Legislativo y la sociedad civil, Leticia Salomón. En: El Poder Legislativo en la Democracia y la Integración, Ronny Rodríguez y Marcelo Álvarez, Editores, Unidad para la Promoción de la Democracia, OEA, 2001. 38 Marco Jurídico de las OSFL en Centroamérica. Actualización de trabajo de Enrique Flores Lanza, 1993 por Jorge Valladares Valladares, 1998.

CONADEH

53

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Desde una de las instancias de coordinación también se insiste con esta diferencia, considerando a las "OPD como facilitadoras, hacia sectores menos favorecidos, de las acciones del desarrollo, mientras que el sector de las ONG es más amplio e incluye además de OPD a organizaciones como patronatos, juntas de agua, gremios sindicales, cooperativas"11 . Integrantes de organizaciones con importante actividad social en Honduras recalcan también una diferenciación entre organizaciones de la sociedad civil y otro tipo de organizaciones definiendo a "las organizaciones de la sociedad civil como aquellas que no tienen poder, por lo que en esta categoría no entrarían las cámaras empresariales ni el Colegio de Abogados". Más recientemente se ha acuñado un nuevo término y sigla a agregarse a las anteriores: OPDF, las organizaciones privadas de desarrollo financiero, organizaciones especializadas en crédito y microcrédito, que han sido además reciente objeto de legislación especializada en la materia. En algunos ámbitos se observa a menudo un importante sesgo que identifica y restringe el concepto de sociedad civil y de organizaciones de la sociedad civil exclusivamente a un tipo de organizaciones: las ONG u OPD, las organizaciones con una concepción del desarrollo, pasando a un segundo plano otro tipo de organizaciones. El hecho que este tipo de organizaciones han sido y son un interlocutor privilegiado de la cooperación ayuda a profundizar este sesgo y es muy común que en particular en el ámbito de agencias de cooperación se identifique OSC exclusivamente con un acotado grupo de organizaciones. Pero es también frecuente en Honduras el uso indiferenciado de los términos OSC (Organización de la sociedad civil), OSFL (Organización sin fines de lucro), ONG u OPD (Organizaciones Privadas de Desarrollo) para identificar muchas veces la misma organización y es también común la diferenciación entre ONG y OSC o entre OSC y organizaciones de base (como patronatos o juntas de agua), cuando en realidad todas los tipos de organizaciones mencionadas son parte de la sociedad civil y la diferencia la constituye, en todo caso, el nivel de formalidad o institucionalidad. En procesos relacionados con formas de representación de la sociedad civil y en hechos ocurridos hace pocas semanas, encontramos ejemplos muy claros de las distintas acepciones que se le otorga al término sociedad civil en Honduras , muchas veces dependiendo de la incumbencia sectorial de quien lo utilice, otras veces proviniendo incluso del mismo sector en cuestión. Así, la Comisión de Participación de la Sociedad Civil nombrada por decreto gubernamental en el año 2000, se integra con representantes de redes de organizaciones sociales, de cámaras de empresarios, de organizaciones sindicales. Sin embargo, no se utilizó el mismo criterio al elegirse los miembros de la Junta Nominadora para Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, proceso para el que la ley previó siete cargos, entre los cuales uno de ellos para un/una representante de la sociedad civil, otro representando a las cámaras empresariales, otro representando a las organizaciones sindicales y otro cargo representado al Colegio de Abogados. Aún partiendo del mismo origen (son organismos del Estado quienes se refieren a la sociedad civil), en el primer caso se considera a la sociedad 54

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

civil como integrada por distintos sectores, en el otro claramente se la diferencia de los gremios de empresarios, del movimiento sindical, o de organizaciones de profesionales. Existen argumentos para cada una y todas las posiciones y las distintas definiciones acuñadas tanto a nivel internacional como en el marco de Honduras y todas ellas encuentran respaldo en el cuerpo teórico. Sin afiliarnos con unas u otras definiciones, es importante aclarar que este estudio no aspira a acrecentar el acervo teórico sobre la materia, sino a estudiar de manera operativa aquellas organizaciones que −respondiendo a algunos criterios básicos- han surgido de manera exponencial en las últimas décadas y se han convertido en actores de primer orden en las tareas del desarrollo social. Ante lo planteado, seguimos los criterios de la Universidad Johns Hopkins para identificar a las OSC: • Organizaciones estructuradas: supone la presencia de cierto grado de formalidad y de permanencia en el tiempo, aunque no es indispensable que las organizaciones cuenten con personería jurídica reconocida por la autoridad competente. • Organizaciones privadas: formalmente separadas del Estado, aunque está contemplada la posibilidad de que reciban fondos públicos y que funcionarios del Estado formen parte de su directorio e incluso que asesoren y brinden servicios a distintos entes gubernamentales. • Organizaciones autónomas: que tengan la capacidad de autogobernarse, de manejar sus propias actividades y elegir sus autoridades y reglamentar su propio funcionamiento. • Organizaciones sin fines de lucro: que no distribuyan beneficios económicos entre sus miembros, es decir que las eventuales ganancias generadas por los servicios de la institución no deben ser distribuidas entre sus miembros. La membresía puede sin embargo "beneficiarse" de la organización recibiendo servicios sociales o a partir del impacto de las acciones de la organización. • Organizaciones de carácter voluntario: son instituciones voluntarias en su origen, es decir de libre afiliación, ya que no se ejerce ningún tipo de coacción para el ingreso de afiliados o adherentes a las mismas. • Organizaciones de interés: entidades sociales, que representan intereses de sectores o de grupos, con incidencia en asuntos públicos o en la intervención de políticas o gestión pública.39 Algunas indicaciones cuantitativas señalan que en Honduras existen miles de OSC, organizaciones de distinto tipo, tamaño, grado de formalidad, objetivos o funciones que desempeñan. Así por ejemplo: • El movimiento de desarrollo local lo componen, entre otras organizaciones, miles de patronatos ubicados en todo el país que trabajan con demandas que hacen a servicios públicos, vivienda, salud, entre otras reivindicaciones tanto de carácter puntual como de más largo aliento. No existe un registro detallado de todos los patronatos en el país, y 39

Estudio comparativo del Tercer Sector. Lester Salomon y Helmut K. Anheir. Johns Hopkins University, Baltimore,EUA. 1992. El estudio incluyó países en todas las regiones del mundo y en América Latina se realizó en Argentina, Brasil, Colombia, México

CONADEH

55

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

para acceder a un inventario de este tipo habría que recurrir a cada uno de los 298 municipios que componen la división territorial de Honduras, a fin de hurgar en sus registros, en donde tampoco estaría la totalidad de patronatos, ya que muchos funcionan sin registro en la municipalidad ni personería jurídica de la Secretaría de Gobernación. Como guía para una apreciación cuantitativa podemos citar que en los once municipios del Valle de Sula están inscriptos una totalidad de 1815 patronatos. Una estimación promedio de 20 patronatos en cada municipio indicaría la existencia de aproximadamente 6,000 patronatos en todo el país. • El movimiento sindical, aunque sin el nivel de participación que lo caracterizara en otras épocas, reconoce cientos de organizaciones sindicales (cuya personaría jurídica es regulada por el Ministerio de Trabajo) que están agrupadas en federaciones y en tres confederaciones. Las tres confederaciones sindicales de Honduras reúnen un total de 39 federaciones sindicales y son la CTH (Confederación de Trabajadores de Honduras, fundada en 1964 y que agrupa 13 federaciones), la CGT (Central General de Trabajadores, fundada en 1970 y que reúne 13 federaciones), y la CUTH (Confederación Unitaria de Trabajadores, fundada en 1992, también con 13 federaciones). Las centrales sindicales hondureñas fueron de importante influencia pero dicho poder, como en otros países, se ha ido debilitando con los años y con posterioridad al huracán Mitch ha llegado a uno de los niveles más bajos de la historia del movimiento sindical en el país, estimándose que en Honduras la sindicalización pasó de un 20% de la población a una participación en sindicatos de solamente el 2%.40 No existen datos certeros de cuántos sindicatos agrupan las 39 federaciones socias de las tres centrales mencionadas y cuántos sindicatos no afiliados actúan en Honduras, pero se pueden estimar en más de un millar. • Al mismo tiempo, son miles las unidades cooperativas en distintas ramas de la economía, bancos comunales, cajas rurales, empresas asociativas y otras modalidades con razón social que trabajan en el denominado sector social de la economía. Según datos de la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC), cerca de 800,000 personas en Honduras son socios de cooperativas de base, lo que representa casi el 15% de la población total del país y el 25% de la población mayor de 16 años. Mientras que son once las federaciones afiliadas a CHC, dichas federaciones reúnen casi 600 cooperativas o pre-cooperativas de base con actuación en distintas ramas de la economía Por otra parte, el Instituto Hondureño de Cooperativas, IHDECOOP posee registradas 1,800 cooperativas a nivel nacional, lo que indica que existen 1,238 cooperativas no afiliadas a organizaciones de segundo grado. De acuerdo a la Ley de Cooperativas es CHC quien asume la representación directa de las mismas. En la última década - entre 1991 y 2001- la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia ha otorgado cerca de 3,000 personerías jurídicas a asociaciones sin fines de lucro, según la división por año presentada en el cuadro 3. Los registros de esta Secretaría de Estado se remontan a 1950, pero la información previa a 1990 está en los Archivos Nacionales y su acceso por ende resulta más difícil o engorroso. 40

Informe de Desarrollo Humano

56

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Las personerías jurídicas como asociación sin fines de lucro son concedidas a organizaciones ambientalistas, fundaciones, institutos de estudio e investigación, organismos de asistencia técnica, hogares, guarderías, patronatos, juntas de agua, organizaciones de iglesia y otras asociaciones. Del total de casi 3,000 personerías aprobadas entre 1991 y la fecha, una gran parte la constituyen organizaciones de base (patronatos, juntas de agua, organizaciones de iglesia, grupos vecinales) y el resto organizaciones de carácter técnico, de estudio, investigación, apoyo y gestión de distinto tipo de demandas. El cuadro evidencia un aumento notorio del total de personerías jurídicas aprobadas en el año 1993, producto probablemente de la apertura democrática que ocurriera durante esos años. A partir de 1999, coincidente con las consecuencias del Huracán Mitch, se advierte un importante crecimiento porcentual de organizaciones de tipo técnico en comparación con organizaciones de base. Si bien el crecimiento post-Mitch de las OSC será motivo de análisis más profundo en este mismo documento, es importante observar que durante los últimos 30 meses 278 organizaciones de este tipo han solicitado y les ha sido otorgada personería jurídica como asociación sin fines de lucro, lo que significa un promedio anual de 111 organizaciones, casi el doble del promedio anual entre 1991 y 1998 (que es 65 organizaciones por año). Muchas de las personerías jurídicas otorgadas a partir de 1999 fueron solicitadas por entidades internacionales o agencias de cooperación no gubernamental que comenzaron a desarrollar proyectos en Honduras. La lista de nombres de las organizaciones con personería jurídica aprobada en los últimos años incluye muchas agencias de Europa y Estados Unidos que fortalecieron su actividad en Honduras. El cuadro 3 presenta mayor información al respecto. A partir de los datos analizados y a partir de los datos recogidos es fácil concluir que la década del 90 la cantidad de organizaciones de la sociedad civil parece haber sufrido una suerte de crecimiento aluvional. Efectivamente del total de organizaciones que informaron su fecha de creación (283 en 351), más del 50% fue fundada entre 1990 y 2001 y aproximadamente el 25% entre 1980 y 1990. Se trata sin duda de un mundo de organizaciones relativamente joven, donde cerca del 75% de las organizaciones fue fundada hace menos de 15 o 20 años. Sin embargo es evidentemente también la mayor proporción de organizaciones que obtuvo personería jurídica en la última década en relación a los que hoy siguen funcionando. Aparentemente muchas organizaciones nacidas al abrigo de políticas nacionales de compensación del ajuste estructural han dejado de funcionar.

CONADEH

57

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

VI.1. Marco Legal de las OSC Como se diagnosticara con anterioridad en este trabajo, no existe una ley marco que contemple los distintos aspectos que hacen al variado mundo de organizaciones de la sociedad civil en Honduras. La legislación y marco legal que regula la actividad del sector de OSC se encuentra contenido en un importante número de leyes y por ende disperso en el cuerpo legislativo del país. Las OSC de la sociedad civil se amparan en la figura de organización sin fines de lucro o fundación sin fines de lucro y es la Secretaría de Gobernación la encargada de otorgar personería jurídica. Una vez que le ha sido otorgado el reconocimiento de su personalidad jurídica, la organización debe inscribirse en un Registro de Asociaciones, Fundaciones, Patronatos, Federaciones y Confederaciones Civiles de interés público sin fines de lucro que no estén regidos por la Legislación Mercantil o Laboral, manejado también por la Secretaría de Gobernación y Justicia. Paralelamente, muchas leyes y decretos contemplan de una forma u otra la actividad de las OSC. Muchas de las leyes prevén diferentes formas y mecanismos de participación de las OSC, tanto disposiciones constitucionales como legislación secundaria. Aunque no se trata de presentar un inventario detallado de todas esas leyes y decretos, algunas de las mismas son: • La Constitución de la República: Contempla, entre otros puntos, la libertad de asociación y el inalienable derecho de agrupación de la ciudadanía y la atribución presidencial de conceder personalidad jurídica a las asociaciones civiles. • Código Civil: Contiene definiciones y diferenciaciones de tipos de asociaciones y sus fines. • Código del Trabajo: Contiene reglamentaciones en cuanto a la formación y funcionamiento de sindicatos de trabajadores y sindicatos patronales. • Ley para la Modernización del Estado: Contempla la formación de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado y su constitución por representantes de gremios empresariales, confederaciones de trabajadores y otras organizaciones de la sociedad civil. • Ley del Sector Social de la Economía / Ley de Cooperativas: Aunque la segunda habría en parte "sustituido" a la primera, ambas contienen definiciones sobre los alcances de unidades del sector, tanto cooperativas como otras empresas asociativas. • Ley de Consumidor: Definición y funcionamiento de organizaciones de consumidores. • Ley de Municipalidades y su reglamento: Organización, funcionamiento y registro de los Patronatos, definiéndolos como la estructura natural de organización en el nivel municipal. Posibilidad de asociación entre municipios. • Ley de Creación del Comité Consultivo para la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) • Ley Reguladora de las Organizaciones Privadas de Desarrollo que se dedican a actividades financieras La ley (Decreto No. 229, Febrero 2000) regula las actividades de las OPDFs que realizan actividades de préstamo crediticio. La ley se aprueba en febrero

58

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

de 2000. La ley establece requisitos en cuanto al patrimonio, proceso eleccionario, qué puede y qué no puede hacer la organización y otorga un plazo (enero 2003) para la transformación de aquellas organizaciones con actividades de asistencia financiera en OPDF. La ley establece necesidades de auditorías independientes anuales y la inscripción de la OPDF en la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Las organizaciones que quieren convertirse en OPDF deben reformar sus estatutos, reconvertirse y eventualmente dividirse en dos organizaciones si es que quieren seguir desarrollando algunos programas sociales (de carácter no financiero). Algunos ejemplos específicos de nuevas legislaciones que ingresan en el papel copartícipe de las OSC en políticas públicas se encuentran en muchas leyes de aprobación reciente. Dichas leyes integran oportunamente organismos mixtos en los que a las OSC se les otorga un papel consultivo y en otras oportunidades también de carácter ejecutivo. Algunas de las leyes que contienen disposiciones de ese tipo son: • Ley del Ministerio Público y Reglamento del Consejo Ciudadano: Crea la figura del Consejo Ciudadano, con funciones consultivas y de apoyo a la gestión del Ministerio Público, integrando el Consejo Ciudadano con representantes de la sociedad civil • Ley de igualdad de oportunidades para la mujer: Responsabilidad conjunta del Estado y sociedad civil en la implementación de proyectos con enfoque de género. • Ley contra la violencia doméstica: Prevé la concertación de gobierno y sociedad civil para programas que aseguren el cumplimiento de la ley. Contempla la creación de la Comisión Interinstitucional de seguimiento a la aplicabilidad de la ley contra la violencia doméstica. • Ley Orgánica del Comisionado de los Derechos Humanos y reglamento. Contempla la posibilidad de firmar convenios del Comisionado con OSC para la realización de programas en conjunto. • Ley orgánica de la policía, de 1998, que institucionalizó la participación de la sociedad civil a través del Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) • Ley de creación del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (1998) Integra su Consejo Consultivo con representantes de Asociaciones y Gremios de Profesionales, así como con representantes de ONGs que trabajen con niños, adolescentes familia. • Ley de creación del Instituto Nacional de la Mujer, INAM (INAM, Decreto 232- 1998) Integra el Consejo Directivo del INAM con representantes de AMHN, FHAF, de organizaciones étnicas y de la Asociación de Mujeres Campesinas. • Ley de igualdad de oportunidades para la mujer (mayo 2000) Dedica varios artículos a las responsabilidades conjuntas de gobierno y sociedad civil en el área de igualdad de oportunidades en el trabajo y seguridad social y en la igualdad de oportunidades en la participación y toma de decisiones dentro de la estructura de poder. En particular el artículo 79 plantea el deber el Estado de incorporar a las organizaciones de mujeres en las instancias de participación estatales, municipales y comunales. El artículo 80 a su vez responsabiliza a la sociedad civil para fomentar la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones de los grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cooperativos, gremios profesionales y otros, hasta que se logre la incorporación equitativa en las Juntas Directivas.

CONADEH

59

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

• Ley de nominación de los magistrados miembros de la Suprema Corte de Justicia Prevé la participación de delegados de la sociedad civil en la junta nominadora de magistrados. Por ley también se han creado nuevas instituciones democráticas que contemplan de una forma u otra la participación de la sociedad civil, sea en la elección de los miembros o en la actuación misma del organismo. Además del Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, las Fiscalías de la Mujer, Etnias, Niñez, Consumidor, Derechos Humanos, Medio Ambiente. En el cuerpo legal se encuentran también leyes o decretos presidenciales que crean o instauran organizaciones, como por ejemplo: • La Ley del Foro Nacional de Convergencia: Crea en 1994 una instancia nacional de diálogo, con representantes de instituciones del estado y "representantes autorizados" de la sociedad civil. • Decreto Presidencial CPSC Crea la Comisión de Participación de la Sociedad Civil, definiendo su integración y su modus operandi. Las propias OSC han estado preocupadas por la dispersión del marco legal y desde el ámbito mismo de estas organizaciones se presentó un anteproyecto de ley de Organizaciones para el Desarrollo, como lo hizo FOPRIDEH en 1999. El anteproyecto dedica una parte del texto a la definición de las OPD, sus características y formas de creación, inscripción y afiliación, contemplando tanto a organizaciones nacionales como internacionales (extranjeras) y dedicando un capítulo a las posibilidades de exoneraciones impositivas a las que las OPD podrían acceder. Hasta la fecha ese proyecto no ha sido aprobado, aunque sí lo fue aquel que regula la actividad de las OSC que actúan en el campo del crédito y micro crédito (febrero 2000). Un decreto aprobado precisamente durante la realización de este estudio (decreto 268 de febrero 2002) presenta modificaciones constitucionales que también están mereciendo la atención y preocupación de organizaciones de la sociedad civil. El Artículo 222 otorga funciones al Tribunal de Superior de Cuentas como el ente rector del sistema de control de los recursos públicos. La especificación de sus funciones incluye la "fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas". Esta importante cantidad de leyes, que no son la totalidad de las que contienen disposiciones relativas a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, refleja una marcada dispersión del cuerpo legislativo, con las repercusiones y limitaciones que ello puede conllevar. En este caso puede eventualmente servir el análisis de la experiencia de otros países, como es el caso de Chile en donde un Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana 9 constituye un marco general y contiene los compromisos

60

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

ministeriales de participación ciudadana en las políticas y los programas públicos de todas las secretarías y subsecretarías del país. • Relaciones de las OSC con la cooperación internacional Este es también un complejo y entrelazado mundo de relaciones. Aunque no es posible fotografiarlo en su totalidad, dado que las organizaciones interrogadas omitieron en muchos casos la fuente de sus recursos, la brindaron de forma parcial o con datos imprecisos (indicando por ejemplo el país de origen pero no la fuente específica). Pero de todas formas es factible visualizar una inmensa cantidad de donantes (tanto cooperación de tipo bilateral como multilateral, gubernamental como no gubernamental), que actúan en Honduras y que apoyan en algunos casos muchas y variadas OSC. La larga lista presentada en las páginas siguientes es un ejemplo elocuente (ver Cuadro 19). La mencionada lista fue confeccionada a partir de la información brindada por las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron dispuestas a dar a conocer los nombres de sus fuentes internacionales de financiamiento. La información se complementó con la información brindada por agencias de cooperación y cooperantes que trabajan y tienen sede en Honduras. En el caso que la información con que se contara fuera solamente el país de origen y no el nombre de la fuente específica (muchas organizaciones prefirieron solamente indicar el país), se señala con la mención genérica (ejemplo Cooperación Holandesa). • Relaciones de las OSC con el Estado y con la empresa privada Más de 100 OSC, tanto de primer como de segundo o tercer grado, informaron tener algún tipo de convenio con organismos del Estado, o recibir fondos públicos para la ejecución de sus proyectos. El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) aparece como una fuente de apoyo y sustento para los proyectos de cerca del 20% de las organizaciones que brindaron información. De la misma forma, los Institutos Hondureños de la Familia, de la Mujer o Ministerios como la Secretaría de Finanzas o la de Agricultura y Ganadería son fuentes indicadas por las organizaciones a través de las cuales las mismas han conseguido recursos para la consecución de sus fines. Por último el apoyo de empresarios o empresas directamente a OSC para la ejecución de proyectos aparece como poco frecuente. Si bien las cámaras de comercio y asociaciones empresariales tienen diversas iniciativas en el campo del desarrollo social, son muy pocas las OSC que tiene relaciones de cooperación directa con empresas privadas o lo que es lo mismo son muy escasas las empresas que se han involucrado hasta hoy en el apoyo directo a proyectos ejecutados por OSC. VI.2. Misión, beneficiarios del trabajo de las OSC y áreas temáticas El trabajo de las OSC de Honduras beneficia directamente a un importante número de personas e indirectamente a gran parte de la sociedad hondureña. Las OSC de Honduras además de dar beneficios y servicios a sus propios miembros o beneficiarios directos, van CONADEH

61

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

siempre más allá. Su trabajo tiene impacto en la actividad pública y privada y los fines y objetivos que las organizaciones reclaman para sí pertenecen, sin duda, a la esfera del bien público y colectivo y no a la esfera del bienestar individual. Es sumamente enriquecedor recorrer las propias palabras de cientos de organizaciones que reflejan su misión en aspectos tan dispares y complementarios como contribuir a elevar los niveles de vida y participación social de los estratos de menores ingresos del país o contribuir a optimizar el crecimiento de los recursos naturales para elevar la calidad de vida de los hondureños. La contribución y fortalecimiento de la democracia en muchas organizaciones va de la mano con otras organizaciones que reclaman objetivos tales como defender los derechos de los sectores que agrupan, mejorar el desarrollo de la comunidad, formar y capacitar jóvenes y adultos o profundizar la conciencia de género en la sociedad en su conjunto. La defensa del medio ambiente, el apoyo a instituciones del Estado que trabajen con poblaciones vulnerables o la provisión de servicios de salud, alimentación y protección a niños son metas de algunas organizaciones, mientras que la investigación académica, la divulgación cultural autóctona, o la difusión de información a comunidades rurales ocupa a muchas otras. Los sectores beneficiados por el accionar de las OSC en Honduras son muchos. A partir de la información brindada por aquellas organizaciones que, como se les solicitó, cuantificaron sus beneficiarios directos cs posible inferir que las OSC benefician directamente a por lo menos 2,150,000 personas. Aún cuando puedan darse traslapes (el caso de más de una organización con beneficiarios directos en el mismo sector social o geográfico), esta cantidad es impresionante. De forma indirecta las OSC informan beneficiar muchas familias de sus propios beneficiarios directos y amplios sectores de la comunidad. Los beneficiarios directos del trabajo de las OSC van desde los socios de las organizaciones hasta otros sectores no necesariamente afiliados a la organización. Los socios u otros sectores no reciben nunca beneficios de tipo económico, ya que las organizaciones que este estudio abarca son sin fines de lucro y no reparten beneficios de tipo económico entre sus socios o fundadores. Los beneficiarios pueden ser sectores tan diversos como los vecinos o pobladores de la zona donde la organización desarrolla sus funciones, los decisores sobre los cuales la organización incide y ejerce cabildeo, los niños y niñas que la organización atiende y sus familias, las mujeres organizadas o no, los asistentes a talleres y cursos que las instituciones organizan, quienes conviven con una enfermedad y sus familias, los profesionales de distintas ramas, entre muchos otros. El impacto por ejemplo de las OPDF es de mucha importancia. Las cifras de enero a setiembre 2001 para las 20 OPDF agrupadas en la Red Covelo indica que estas 20 instituciones tienen un patrimonio de 250 millones de lempiras, una cartera de crédito de 367 millones de lempiras y un total de clientes vigentes de 89,000 personas. Solamente 20 instituciones entonces están atendiendo directamente a 89,000 personas e indirectamente a sus familias y comunidad. La mayoría de los beneficiarios (más del 80%) son mujeres.

62

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

El proyecto es la herramienta principal en el trabajo de las OSC, tanto en la consecución de fondos como en el desarrollo de sus actividades y la posterior evaluación de las mismas. La mayoría de las OSC ejecutan varios proyectos simultáneamente, algunos con apoyo de un solo donante, otros que congregan el apoyo financiero de varias fuentes. Las redes, coordinaciones y federaciones aparecen en su mayoría como entidades de ejecución directa de proyectos. De las mismas, un 60% realiza ejecución directa de proyectos, además de ejercer eventual representación gremial de sus afiliados. Como ya fue expresado anteriormente, las OSC en Honduras desarrollan múltiples y diversas actividades y realizan intervenciones en distintas áreas temáticas. La mayoría de las organizaciones prefirió señalar más de una al ser interrogadas sobre las principales áreas de su trabajo. En particular se analizan las OSC de primer grado, ya que muchas redes se reúnen en torno precisamente a áreas temáticas específicas. Las respuestas demuestran que determinados temas o áreas temáticas son verdaderamente populares y otros no lo son. Puede aducirse determinado peligro de sesgo en el caso concreto de esta variable, ya que esta muestra incluyó solamente las coordinaciones y confederaciones sindicales y no todos los sindicatos individuales de Honduras (lo que habría llevado a que el área sindicalismo tuviera mayor representación). De todas formas llama la atención la poca atención que reciben temas como adicciones, consumidores, tercera edad, discapacidad y generación de empleo, todos con menos del 10% de las organizaciones dedicándose a los mismos. Educación y Mujer / Género son los temas que concentran la actividad de mayor número de organizaciones, con la mitad de las organizaciones dedicadas a estos temas. En el desarrollo de su trabajo en las áreas temáticas señaladas, las organizaciones emprenden actividades de promoción, difusión y comunicación, brindan asistencia técnica y prestan servicios sociales y profesionales, dan capacitación y entrenamiento y asesoran o ejecutan actividades de cabildeo y advocay. VI.3. Representatividad, Institucionalidad y Legitimidad Tanto en las OSC, como en los sectores con los que las mismas tienen interlocución existe una substancial preocupación por el tema "representatividad" de la sociedad civil. A pesar de la aceptación de la diversidad que caracteriza a la sociedad civil, existe en general una intención de otorgarle funciones que le resultan de muy difícil cumplimiento. El heterogéneo conjunto de organizaciones que la componen prueba que la tendencia a identificar a la sociedad civil como un bloque es equivocada y mucho más lo es intentar encontrar un único representante de tal compleja multiplicidad. Aun así, los distintos sectores, tanto gubernamentales, como agencias de cooperación como las mismas OSC repiten reiteradamente la tentativa. Aparece como muy difícil que una mera instancia de la sociedad civil, por amplia que sea, represente a los miles y miles de organizaciones que la componen. Siempre habrá una, CONADEH

63

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

varias o numerosas organizaciones que no se sientan representadas por la instancia que se abogue la representatividad, sea por la no pertenencia orgánica, por no reconocer el proceso de formación de la misma como valedero o porque sienten que sus intereses no están debidamente reflejados. La representatividad llega incluso a adjetivarse, como en un reciente comunicado de prensa donde un grupo de organizaciones se identificaba como “instancias genuinamente representativas de los sectores populares…” La necesidad de otorgar participación representativa a la sociedad civil fue uno de los motores que llevó al gobierno a impulsar el decreto que diera creación de la Comisión de Participación de la Sociedad Civil en los albores de la implementación del Plan de Reconstrucción y Transformación Nacional. Tres años más tarde funcionarios gubernamentales opinan que aunque ha trabajado con problemas, la Comisión de ha probado como un “referente necesario, dado que es imposible trabajar de manera individual con cientos de organizaciones… La Comisión limó todas las diferencias y fue aceptada por los cooperantes, el gobierno y la sociedad civil”. Fue también la búsqueda de representatividad que de alguna forma llevó a la creación del Espacio Interforos, donde sumaron fuerzas más de una docena de redes. Interforos ha cambiado recientemente su esquema organizativo, pasando de ser un foro de redes a estar conformado por 8 foros regionales. “Una de las preguntas más frecuentes que nos hemos hecho durante todo el proceso es si somos representativos de la sociedad civil… y una de las causas de la regionalización es la búsqueda de representatividad, ya no sumando partes sino descentralizando”. El tema representatividad incide también a nivel de las organizaciones cuándo éstas analizan los logros y fracasos que la interlocución con el Estado ha conllevado. En muchas ocasiones parece observarse una distancia relativamente importante entre las cúpulas dirigentes y la base de las organizaciones, o entre las instituciones de representatividad corporativa y las organizaciones socias o de base. Un entrevistado planteó que el tema “representatividad versus institucionalidad es fundamental y que muchas estructuras supuestamente de representación son estructuras vacías”. La sociedad civil por su carácter diverso y disperso no reconoce fácilmente representación y si bien, como es evidente, muchos sectores comienzan a tomar conciencia de ello, la discusión sobre este tema debería profundizarse y avanzar en una mayor problematización y posterior conceptualización del concepto, sin entrar en falsas dicotomías. Tanto el reclamo desde las OSC de carácter representativo como las desestimaciones que muchas veces se comprueban aparecen como dos manifestaciones incorrectas.

64

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

VII. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A LA PROPUESTA. Habiendo desarrollado en el apartado referente a la Política Forestal lo relativo a su Marco Legal e Institucional, el enfoque del presente trabajo nos obliga a hacer especial énfasis en los derechos de los grupos étnicos en vista de que el sector campesino y agroforestal ha sido beneficiado mucho más en términos comparativos41, y el ejercicio de sus derechos es respaldado por diferentes instrumentos jurídicos, así como diversas instituciones, tanto gubernamentales, no gubernamentales, políticas y de carácter económico. Los pueblos indígenas son la base del perfil multiétnico, pluricultural y multilingüe de la región, sin embargo sus derechos fundamentales no son reconocidos expresamente y las condiciones de vida y salud en la que la mayoría de ellos se desenvuelve son precarias y se derivan en gran parte de la destrucción gradual del ecosistema, por la sobre explotación de los recursos naturales, y la alteración de la dinámica de vida por olas sucesivas de colonos y colonización indiscriminada, la migración, las obras de desarrollo, los cambios de patrones de asentamiento por un avance de las llamadas fronteras vivas. Si a esto se suma la presencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales, actividades antropogénicas y principalmente la falta de una verdadera participación política que incluya a estos pueblos dentro de las propuestas de desarrollo de los países, la situación es realmente insostenible. VII.1. La Constitución de la República. Las normas constitucionales están en la cúspide de la jerarquía de las normas jurídicas de La Nación, y éstas, en síntesis, se dividen en: a) Aquellas que regulan la Organización del Estado y de los Poderes Públicos. b) Las que establecen los derechos de los particulares. c) Las que fundamentan la legislación secundaria (leyes sustantivas y adjetivas). Ampliando lo anterior, los teóricos dividen la Constitución en partes orgánica y dogmática; la primera se refiere al contenido al sistema de gobierno, la organización política, la estructura del Estado, las funciones de sus órganos, competencias, relaciones de estos entre sí y con los particulares y las atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos. La segunda, se refiere a la declaración de los derechos fundamentales, derechos individuales y libertades, derechos sociales (la familia, los derechos del niño, el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, cultura y vivienda), garantías procesales constitucionales, define el territorio, desarrolla los precios del régimen económico: sistema, moneda y banca, reforma agraria, régimen financiero, hacienda pública, presupuesto nacional; la reforma e inviolabilidad de la Constitución, disposiciones transitorias y vigencia de la Norma Primaria. No obstante lo anterior, la Constitución aspira a un Nación homogénea, y deja de reconocer la evidente verdad sobre la diversidad cultural y étnica del país, según se refleja en los siguientes cuadros:

41

Véase, por ejemplo, los Cuadros 1 y 2.

CONADEH

65

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Cuadro 7. La Constitución de la República y los Derechos de las Comunidades Indígenas de Honduras. Tema

Texto Constitucional

Tratados Internacionales

De la Protección de la riqueza antropológica y arqueológica, histórica y artística.

TITULO I DEL ESTADO CAPITULO III DE LOS TRATADOS Artículo 15 Honduras hace suyos los principios y practicas del derecho internacional que propende a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. CAPITULO XVIII: De la Educación y Cultura Artículo 172. Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la Nación. La Ley establecerá las Normas que servirán de base para su conservación, restauración, mantenimiento y restitución, en su caso. Es deber de todos los hondureños velar por la conservación e impedir su sustracción.

Preservación de Culturas Nativas y sus Expresiones Culturales Tierras Ejidales

Integración Económica Centroamericana

Cooperativas

Medidas de Protección de

66

Los sitios de belleza natural, monumentos y zonas reservadas, estarán bajo la protección del Estado. Artículo 171. El estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folclore nacional, el arte popular y las artesanías. TITULO V: DE LOS PODERES DEL ESTADO CAPITULO XI Del Régimen Departamental y municipal Artículo 300 Todo Municipio tendrá tierras ejidales suficientes que le aseguren su existencia y normal desarrollo. TITULO VI: DEL REGIMEN ECONOMICO CAPITULO I Del Sistema Económico Artículo 335 El estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre las bases de una cooperación internacional justa, la integración económica centroamericana y el respeto de los tratados y convenios que suscriba, en lo que no se oponga al interés nacional. Artículo 338 La Ley regulará y fomentará la organización de cooperativas de cualquier clase, sin que se alteren o eludan los principios económicos y sociales fundamentales de la Constitución de la República. TITULO VI

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Tema

Texto Constitucional

Comunidades Indígenas

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO CAPITULO III De la Reforma Agraria Artículo 346 Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieran asentadas. Fuente: Constitución de la Republica de Honduras. 1982.

Cuadro 8. Esquema Analítico de los Derechos Indígenas según la Constitución. Esquema Analítico de la Constitución Promulgación Forma de Gobierno

11-1-1982 Estado de Derecho Soberano, constituido como Republica Libre, Democrática e Independiente. (Preámbulo: 1). Población Indígena 7 Grupos; 500,000 habitantes; 12.8% (1999) Titular del Derecho Culturas nativas; comunidades indígenas Convenio 107 (1957) No ratificado. Convenio 169 (1989) Ratificado el 23-3-1995 Jerarquía de Convenios Internacionales Tratados y convenios están encima de la Ley (artículo 16; 18) Órganos Competentes No figura. Derechos Indígenas Culturales Nación Pluricultural No figura Existencia Histórica Reconocida No figura Protección o Promoción como Colectivo Artículos 172; 173; 346 Lenguas indígenas como Idioma Oficial Sólo Español (artículo 6) Educación Bilingüe No figura. Educación Intercultural No figura. Derechos Indígenas Territoriales Definición Protección Especial Propiedad Inajenable Provisión de tierra Usufructo del Suelo

No figura; solo tierras ejidales (artículo 300) Artículo 346. No figura. No figura No figura. El Estado tiene potestad sobre recursos naturales (Artículo 354) Patrimonio Cultural Artículo 173. Biodiversidad y Recursos Genéticos No figura. Pueblos Indígenas en Zonas Fronterizas No figura. Derechos Indígenas Territoriales Personería Jurídica Colectiva Jurisdicción Indígena Autonomía Representación en legislativo

Solo como cooperativas y asociaciones (Articulo 338). No figura No figura. No figura.

Fuente: Constitución de la Republica de Honduras. 1982.

CONADEH

67

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Es importante destacar, siempre en el ámbito de este trabajo, lo establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República que establece como sustento del Gobierno, la democracia participativa, reafirmada en las formas de referéndum y plebiscito, mediante los Decretos Legislativos 242-2003 y 177-204. Si bien, no se pretende en este trabajo elaborar propuestas para los procedimientos de consulta antes mencionados, si representa para el mismo un fundamento crucial estableciendo en su parte primera que la democracia participativa implica la: “participación de todos los sectores políticos en la administración pública…”, por lo que es necesario, en función de los principios de la Política Forestal vigente que tal espacio también se establezca. VII.2. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.42 Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos y definidos internacionalmente como derechos específicos, debido a las particulares condiciones culturales, lingüísticas, económicas, religiosas y de organización sociopolítica que los caracterizan. El fundamento de este reconocimiento es la especificidad cultural de los pueblos indígenas y las peculiares condiciones de fragilidad y amenazas en que se encuentran, lo cual los hace diferentes al resto de la población en las sociedades en que habitan y que hacen necesaria una protección jurídica especial tanto a nivel internacional como a nivel de las legislaciones de los Estados nacionales. Esto ha sido reconocido por algunos instrumentos internacionales en los que se señala que se trata de los derechos de aquellos pueblos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones, y que son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el país en la época de la conquista, la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales. Ante la ausencia de disposiciones Constitucionales que reconozcan derechos de los grupos étnicos, el Convenio 169 es el asidero jurídico a tal efecto. El Convenio 169 reconoce los siguientes derechos: • Decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo económico, social y .cultural. • Conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional o internacional. • A la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan o alas que hayan tenido acceso para sus actividades de subsistencia. • A participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras y a la efectiva protección de los mismos. • Al respeto de las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de estos pueblos. 42

Decreto Legislativo 26-94 del 10 de mayo de 1994. La Gaceta, 30 de julio de 1995.

68

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

VII.2.1 Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Los derechos de los pueblos indígenas se consideran “derechos colectivos”, que les pertenecen como pueblos y sujetos colectivos, así como “derechos originarios”, ya que son reclamados como “derechos históricos” anteriores a los Estados nacionales. En este sentido se ha señalado que los derechos de los pueblos indígenas tienen un carácter colectivo y su reconocimiento implica un profundo cambio de perspectiva política y cultural en la que están organizados los Estados nacionales.3 Este reconocimiento se basa en lo que algunos autores han llamado “un orden jurídico de la diversidad”,4 donde los Estados nacionales reconocen su carácter “multiétnico y pluricultural”. En la Declaración del Encuentro Continental de Autoridades y Líderes Indígenas realizado en Quito en Agosto de 1996, las organizaciones indígenas exigieron su derecho a existir como pueblos, impulsando iniciativas nacionales e internacionales para el reconocimiento de derechos colectivos que fortalezcan la autovaloración como pueblos y el carácter plurinacional, plurietnico y multicultural de los Estados Nacionales.43 Por eso según las organizaciones indígenas presentes en este encuentro los derechos de los pueblos indígenas hay que contextuarlos en los procesos de construcción de los Estados Nacionales, que se constituyen de manera unilateral y buscan homogeneizar y negar los derechos de otros sectores. De manera que los derechos de los pueblos indígenas son derechos específicos que tienen una dimensión colectiva y son reclamados como derechos históricos y originarios, cuyo reconocimiento y ejercicio es necesario para garantizar su vida y existencia. En la mayoría de los países con población indígena la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, ha sido una relación de confrontación. Por una parte, se trata de una confrontación entre las pretensiones de los Gobiernos de integrar a la población indígena en los esquemas de una cultura y modelos sociales, políticos y económicos unitarios dominantes y la ocupación de sus espacios territoriales tradicionales para proyectos estatales, y por otra, las exigencias de las organizaciones indígenas de respeto a la diversidad cultural y a sus derechos territoriales. En este sentido se ha señalado que los Estados nacionales y los pueblos y comunidades indígenas enfrentarán en las próximas décadas la intensificación de las tensiones que caracterizan su relación. Este proceso hace necesario desarrollar formas políticas y culturales bajo las cuales la sociedad se reorganice para dar cabida a la diversidad y al pluralismo. En este contexto y de acuerdo los análisis de las mismas organizaciones indígenas, hay cinco puntos claves en la relación Estado-Pueblos Indígenas que tienen que ver con las demandas por el reconocimiento de sus derechos: 1. Territorios: Se trata de los reclamos por el control y recuperación del espacio territorial en el cual se desarrolla la vida de los pueblos indígenas, su reproducción y desarrollo. 2. Organización Social y Política: Como derecho a ejercer sus propias formas de organización social y política, decidiendo por sí mismos sus propios asuntos y la participación plena en todos los niveles de decisión dentro de las estructuras de los

43

CONADEH

69

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Estados de los cuales son parte. Una dinámica organizativa tendiente a crear una red de solidaridad para llevar adelante sus reclamos y participación. 3. Desarrollo Económico: Derecho que los pueblos indígenas reclaman como respeto a sus propias economías, atendiendo a sus propios sistemas de producción y a participar en los beneficios de los planes de desarrollo económico promovidos por los Estados. 4. Desarrollo de una plataforma: esta plataforma debe permitir llevar adelante sus demandas, que van desde los reclamos de tierras y territorios, hasta reivindicaciones culturales, técnicas, desarrollo económico, derecho consuetudinario y participación política. 5. Valoración de la Identidad: esto se relaciona con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en cada uno de los Estados con población indígena. VII.2.2 Los Derechos de los Pueblos Indígenas y su Reconocimiento en los Ordenamientos Jurídicos Nacionales de América Latina. A nivel de los diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos se han realizado notables esfuerzos para el reconocimiento y consagración de los derechos de los pueblos indígenas, tanto a nivel legislativo como constitucional. En este sentido, es importante destacar que la mayoría de las legislaciones y constituciones latinoamericanas actuales establecen principios claros sobre los derechos de los pueblos indígenas, como un reconocimiento de la diversidad y de la pluriculturalidad de Latinoamericana. 1. La Constitución de Panamá (1972) reconoce las lenguas indígenas y la educación bilingüe (art. 84), los patrones culturales propios (art. 104), los derechos de participación económica, social y política en la vida nacional (art. 120), la garantía para las comunidades indígenas de las tierras necesarias y su propiedad colectiva, para el logro de su bienestar económico y social (art. 123) y los circuitos electorales indígenas (art. 141.) 2. La Constitución de Ecuador (1978) reconoce las lenguas indígenas como parte de la cultura nacional (art. 1), se señala que en los sistemas de educación que se desarrollen en áreas indígenas se utilizarán las lenguas indígenas y el castellano como lengua de relación intercultural (art. 27) y se establecen normas en relación a la propiedad comunitaria y cooperativa de la tierra (art. 51.) 3. La Constitución de Guatemala (1985) establece el derecho a la identidad cultural (art. 59) y una protección especial para los grupos étnicos a quienes les reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, uso del traje indígena, idiomas y dialectos (art. 66). También se incluyen normas destinadas a proteger las tierras de las comunidades indígenas, el patrimonio familiar y la vivienda popular y la asistencia crediticia y técnica, necesaria para garantizar su posesión y desarrollo (arts. 67 y 68.) 4. La Constitución Política de Nicaragua (1987) reconoce al país como multiétnico (art. 8) y consagra el pluralismo político, social y étnico (art. 5). De igual manera el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías de la Constitución, y en especial los de desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales. A su vez, la Constitución establece que el Estado nicaragüense deberá organizar una ley de régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica (art. 89) 70

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

5. La Constitución de Brasil (1988) contiene un capítulo destinado a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, se reconoce a los indígenas su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo al Gobierno Federal la demarcación, protección y el respeto de todos sus bienes (art. 231). También se define de manera amplia, como tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas, las habitadas con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos necesarios a su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. Además, también se señala de forma expresa que las tierras de los pueblos indígenas son inalienables, indisponibles e imprescriptibles. Igualmente establece que los indígenas, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas para ingresar en juicios en defensa de sus derechos e intereses, interviniendo el Ministerio Público en todos los actos del proceso (art. 232). 6. La Constitución de Colombia (1991) comienza reconociendo y protegiendo la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana (art. 7) y los derechos políticos de los pueblos indígenas creando un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. De igual manera, la Constitución colombiana creó, dentro de la organización territorial, las llamadas entidades territoriales indígenas que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses (arts. 286, 287, 329 y 330); que estarán gobernadas por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades. Por otra parte, se establece que los resguardos indígenas son de propiedad colectiva y no enajenables (art. 329) y que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas (art. 330). 7. En la Constitución de Paraguay (1992) se reconoce de manera expresa la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de culturas anteriores a la formación del Estado Paraguayo (art. 62); el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat; el derecho a aplicar libremente su sistema de organización política, social, económica, cultural, religiosa y la aplicación del derecho consuetudinario indígena (art. 63). Por otra parte, la Constitución paraguaya también reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida (art. 64), siendo inembargables, indivisibles, intransferibles e imprescriptibles. De igual forma, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la vida económica, social, política y cultural del país (art. 65); el derecho a la educación, de acuerdo a las peculiaridades culturales y la lengua propia (arts. 66 y 77), y se establece una exoneración para los miembros de los pueblos indígenas de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley (art. 67). 8. La Constitución de México (1992) señala que la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y se establece que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado (art. 4). A su vez, la CONADEH

71

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Constitución mexicana señala que la ley protegerá la integridad de las tierras de los pueblos indígenas y que en los juicios y procedimientos agrarios en que ellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley (arts. 27 y 4). 9. La Constitución de Perú (1993) establece que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación (art. 2), consagra la oficialidad de las lenguas indígenas (art. 48), garantiza el derecho de propiedad comunal sobre la tierra de las comunidades campesinas y nativas (art. 88) a quienes les reconoce existencia legal y personalidad jurídica (art. 89) y permite que las autoridades de las comunidades nativas puedan ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a su derecho consuetudinario (art. 149). 10. La Constitución de Bolivia (1994), señala expresamente que se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones (art. 171). Además, se señala que el Estado boliviano reconoce la personalidad jurídica y las autoridades naturales de las comunidades indígenas, para ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias, como solución alternativa de conflictos de conformidad con sus usos y costumbres (art. 171). VII.3 Ley de Participación Ciudadana44 Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto promover, regular y establecer las instancias y mecanismos que permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana y su relación con los órganos del Estado, conforme a la Constitución de la República y demás leyes. La ley reconoce, en su marco, que existen, entre otros: 1) Plebiscito; 2) Referéndum; 3) Cabildos abiertos municipales; 4) Iniciativa Ciudadana; y, 5) Otras señaladas en la Ley45. Esta Ley crea también tres instancias de participación ciudadana, a saber: 1) El Foro Nacional de Participación Ciudadana. Tiene por objeto garantizar y potenciar la participación ciudadana. Estará constituido por las organizaciones que integran el Foro Nacional de Convergencia, el Consejo Nacional Anticorrupción, cuando no participen en el Foro Nacional de Convergencia, y un representante por cada partido político legalmente inscrito. Un Comisionado Nacional de Participación Ciudadana presidirá el Foro Nacional de Participación Ciudadana, quien será nombrada por el Presidente de la República, por un 44 45

Decreto Legislativo 3-2006 del 27 de enero de 2006. La Gaceta, miércoles 1 de febrero de 2006. Se refiere a la legislación nacional en general, presente y futura.

72

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

período de cuatro (4) años, de una terna propuesta por el Foro Nacional de Convergencia. 2) Los Consejos De desarrollo Municipal. Estos estarán regulados por la Ley de Municipalidades y en su defecto46 por el reglamento que al efecto se emita. 3) Las Mesas Comunitarias de la Participación Ciudadana. Las Mesas Comunitarias de la Participación Ciudadana, se integrarán a nivel local con representantes de diversas organizaciones o sectores de la sociedad de cada localidad, barrio, colonia, aldea o caserío, tales como patronatos, juntas de agua, asociaciones, grupos religiosos, fundaciones, fuerzas vivas y demás organizaciones de la Sociedad Civil. El Foro Nacional de Participación Ciudadana tiene las funciones siguientes: 1) Velar por el cumplimiento de la Ley 2) Dirigir la organización y funcionamiento de las instancias de la Participación Ciudadana 3) Recibir peticiones de los ciudadanos y tunarlas a la institución respectiva para su resolución 4) Rendir anualmente al Congreso Nacional un informa sobre su gestión, con copia al Tribunal Superior de Cuentas 5) Velar por la efectiva aplicación del principio de participación ciudadana y rendición de cuentas 6) Recibir denuncias sobre faltas en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y remitirlas a la autoridad competente 7) Asesorar a las autoridades o particulares que lo necesiten 8) Nombran comisiones especiales para analizar y discutir temas de interés nacional; y 9) Formular las recomendaciones que estime conveniente a las autoridades. En definitiva, este Instrumento es débil porque el marco que propicia es en principio dependiente de otras instancias y de otros instrumentos y la Ley en referencia no desarrolla los derechos que van aparejados a la participación ciudadana y no establece lineamientos claros de cómo será la participación misma de los ciudadanos. No admite, como se describe en párrafos anteriores, más modos de participación que los que legalmente se establezcan47, lo que significa que la sistematización legitimada de la participación ciudadana en Honduras tiene como características: a. La participación ciudadana, de conformidad al marco nacional sobre la misma, depende de la Constitución y la legislación nacional; y, b. Dependencia la institucionalidad, de sus atribuciones y capacidades.48 46

Creemos que eso significa el texto del artículo 6 de esta Ley: “La forma de convocatoria, requisitos, organización y funcionamiento de estas instancias de participación ciudadana, en o que no esté ya regulado por la Ley de Municipalidades, será establecida y regulada en el Reglamento que al efecto se emita” 47 Artículo 3. 48 Quizás esta sea la razón por la que siempre se demanda la participación del Presidente o de las más altas autoridades de La Nación para la solución de conflictos que podrían ser resueltos en el nivel medio.

CONADEH

73

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

VII.4. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública49 La finalidad de esta Ley es el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana (Art. 1)50. A fin de cumplir con el artículo 13 de esta Ley relativo a la información cuya difusión es obligatoria, se requiere la elaboración de los correspondientes mecanismos, los cuales a su vez deberán ser puestos a la orden del público para su uso, lo que otorga facultades al Ejecutivo para elaborar tales mecanismos y otorgarles su instrumentalización. VII.5. Marco Legal Forestal El marco legal forestal de Honduras es extenso porque no solo abarca la legislación referente al bosque como recurso individualizado puesto que al ser un subsector agrícola su marco fundamental, hoy por hoy, está otorgado por la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y desarrollado a través de la legislación subsectorial específica51 y directamente relacionada52 de las cuales deriva una extensa reglamentación, y en cual solo destaca un modelo de participación ciudadana sistemático: el del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH)53, que sobre todo está encaminado a realizar como una actividad importante incorporar la participación de instituciones y organismos privados en la gestión de administración de las AP54. A manera de una sucinta descripción, el SINAPH funciona a través de tres niveles (Ver Cuadro 8): a. Estratégico. b. Gerencial. c. Operativo. Estos niveles permiten la participación de entidades que representan sectores directamente involucrados en los aspectos relativos a las AP, pero la debilidad de este modelo radica en la dependencia de la institucionalidad forestal para su convocatoria. Según el reglamento del SINAPH, la instancia de participación del nivel estratégico es el CONAP, el cual a excepción del año anterior no tuvo mayor beligerancia en el cumplimiento de sus funciones.

49

Decreto Legislativo 195-2006 del 27 de noviembre de 2006. La Gaceta, 30 de diciembre de 2006. Fue reformada mediante Decreto Legislativo 64-2007 del 28 de mayo de 2007. La Gaceta, 17 de julio de 2007 50 Ver supra. 51 Ley Forestal, Ley de la COHDEFOR, Leyes Especiales de cada área protegida, etc. 52 Ley General del Ambiente, Ley de Ordenamiento Territorial, etc. 53 Acuerdo Ejecutivo 921-97, del 30 de junio de 1997. La Gaceta, 25 de septiembre de 1997. Este reglamento deriva de la Ley General del Ambiente. 54 Artículo 4, literal d. 74

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

A pesar de esto, el nivel gerencial del SINAPH bajo la coordinación del DAPVS ha promovido la participación de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de planificación estratégica y definición de políticas y normativa relacionada a las áreas protegidas. A nivel de las regiones forestales los mecanismos de participación han sido muy escasos, habiéndose conformado y encontrándose en funcionamiento solamente un Comité Regional de Áreas Protegidas (CORAP) en todo el país. A nivel local se han desarrollado mecanismos de participación, ya sea bajo la figura del Comité Local de Área Protegida (COLAP) u otra instancia con la misma representatividad e intereses. En el caso de áreas protegidas con presencia ya sea por parte del Estado o de ONG´s, durante la elaboración de planes y otros procesos, se realizan cuando es requerido, consultas comunitarias reuniones de comités técnicos interinstitucionales, patronatos y juntas de agua. En términos generales han existido grandes dificultades para la conformación y funcionamiento de los Comités Regionales y Locales de áreas protegidas.55 Figura 5. Estructura del SINAPH

55

Se utiliza el sistema de cabildo abierto, pero no lo es propiamente, ya que el cabildo es una instancia de la estructura municipal.

CONADEH

75

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Fuente: Informe Nacional Estado de las Áreas Protegidas de Honduras. DAPVS/AFE-COHDEFOR

VII.6. Institucionalidad del Sector Forestal La institucionalidad para el manejo de los bosques hondureños se ha definido a través de varios instrumentos, planes de desarrollo, planes de acción forestal y actualmente el Programa Forestal Nacional. Estos planes incluyen acciones y medidas para mejorar estructuralmente el Sector Forestal, reducir las tasas de deforestación y detener el avance de la frontera agrícola con una visión de mediano y largo plazo. Entre las medidas propuestas se destacan: a) La reorientación institucionales hacia la descentralización; b) La creación del fondo de manejo forestal, en que el 50% de los ingresos por tronconaje serían dedicados a la protección forestal; c) Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) para la conservación de las áreas naturales protegidas y vida silvestre; d) Implantación de planes de manejo y subastas de bosque nacional; e) Organización de las mujeres dedicadas a la actividad forestal; f) incorporación de las Municipalidades en el manejo de cuencas y microcuencas; g) fortalecimiento de las relaciones con la cooperación internacional; h) Elaboración del Plan Nacional de Protección de los Bosques Nacionales; e, i) Creación del Patrimonio Público Forestal Inalienable (PLANFOR, 1996). Por otro lado, la reducción de la intervención estatal en la ejecución de actividades forestales y su reorientación hacia la normalización, control y vigilancia han sido los cambios fundamentales en el marco institucional vigente durante estos últimos años. Los ajustes macroeconómicos y a nivel sectorial durante los últimos años han tenido como finalidad de corregir el sesgo en contra del sector agrícola campesino que caracterizaba la anterior estrategia de desarrollo basada en la protección manufacturera. Con la desgravación arancelaria y la liberación cambiaria se buscó un traslado en los términos de intercambio a favor de los productos agrícolas y demás productos primarios incluyendo la madera. Asimismo se apoyó incentivar el flujo de inversión privada hacia las actividades agropecuarias y forestales. En el Sector Forestal esta política –de los ajustes macroeconómicos- se basa en la importancia de fortalecer los bienes transables, especialmente aquellos basados en los recursos naturales y en particular el bosque, para estimular de manera sostenible su futuro crecimiento56. En función de eso se establecieron las medidas de políticas siguientes: a) Devolución de la tenencia de los bosques a los propietarios de las tierras; b) Privatización de la comercialización externa y promoción del libre mercado de los productos forestales; c) Elaboración y presentación de planes de manejo para el aprovechamiento de los bosques como requisito obligatorio; d) Establecimiento de la subasta como único mecanismo de venta del bosque nacional; e) Fomento del uso racional de las tierras a través de la titulación, según su vocación; y, f) Promoción de la regularización de los derechos de la población asentada ilegalmente en tierras forestales nacionales. 56

Aspectos Macroeconómicos de las Políticas Agrícolas de Honduras. Perfil Ambiental de Honduras. SERNA. 1998.

76

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Cuadro 7. Institucionalidad Relacionada con la Propuesta No 1

2

3

INSTITUCIÓN Secretaría Gobernación Justicia

de y

Funciones y Competencias (Síntesis) Lo referente a población comprendiendo la ciudadanía, nacionalidad, tercera edad, etnias, extranjería y la regulación y el control de la migración; la promoción [¿la prevención?] y combate de contingencias e incendios; el otorgamiento y cancelación de la personalidad jurídica de todos los entes civiles siempre que las leyes especiales no confieran esta potestad a otros órganos del Estado; la solución extrajudicial de conflictos y la coordinación y enlace con los órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Tribunal Nacional de Elecciones y las Instituciones Contraloras del Estado.

• • •

• •

Marco Legal y/o Reglamentario Aplicable Ley General de la Administración Pública. Decreto Legislativo 155-98. Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo Ley de Ordenamiento Territorial. Reglamento General de la Ley de Ordenamiento Territorial.

Secretaría de Cultura, Artes y Deporte

Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas referentes a la investigación, rescate y difusión del acervo cultural de La Nación.

• Ley General de la

SAG

Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las

• Ley General de la

Administración Pública. • Decreto Legislativo 218-96. • Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo • Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

Administración Pública.

CONADEH

Observaciones Hasta el momento, los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios comprendidos en las principales ciudades (con más de 100,000 habitantes), en la región focalizada, carecen de medidas de coerción que obliguen a las comunidades su aplicación inmediata. Sin embargo, los planes de arbitrios de las municipalidades de COMRURAL, contienen requerimientos ambientales de aplicación obligatoria, so pena de recibir sanciones económicas.

Esta Secretaría preside la junta directiva del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y está en la obligación de aplicar la normativa sobre Patrimonio Cultural Nacional. La Secretaría se encuentra centralizada, por lo que cualquier permiso para modificar espacios que contengan parte del patrimonio cultural de la nación, debe hacerse en la ciudad de Tegucigalpa. La SAG es la cabeza del Subsector Forestal.

77

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

No

4

5

78

INSTITUCIÓN

SERNA

AFE-COHDEFOR

Funciones y Competencias (Síntesis) políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos, la modernización de la agricultura y la ganadería, la pesca, la acuicultura, la avicultura, la apicultura, sanidad animal y vegetal; la generación y transferencia de tecnología agropecuaria, el riego y drenaje en actividades agrícolas, la distribución y venta de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título; las reglas a las que estarán sujetos los insumos agrícolas; la coordinación de las acciones relacionadas con la silvicultura y la promoción del crédito agrícola. Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía, todo lo relativo a la generación y transmisión de energía hidroeléctrica y geotérmica y a la exploración y explotación de hidrocarburos; lo concerniente a la coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, el SINAPH y parques nacionales y la protección de la flora y la fauna, así como los servicios de investigación y control de la contaminación en todas sus formas. 1) Ejecutar la política forestal. 2) Ejecutar trabajos permanentes y sistemáticos para proteger los bosques contra incendios forestales, plagas, enfermedades, el pastoreo destructivo y para evitar la erosión de los suelos. 3) Ejecutar directamente o en colaboración de las entidades respectivas, los trabajos indispensables para la protección de las cuencas hidrográficas. 4) La administración de las áreas protegidas.

Marco Legal y/o Reglamentario Aplicable • Decreto Legislativo 218-96. • Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo. • Reglamento para la aplicación de la CITES.

• Ley General de la • • •

• •

Administración Pública. Decreto Legislativo 218-96. Ley General del Ambiente. Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo. Reglamento General de la Ley Ambiental. Reglamento sobre Uso de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.

• Ley Forestal. • Ley de la COHDEFOR.

• Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. • Reglamento al Título VI, Aspectos Forestales del Decreto 31-92.

CONADEH

Observaciones La SAG está conformada por una serie de Programas y Servicios que brindan asistencia técnica y financiera a los productores; asimismo, tiene la facultad de brindar permisos para la comercialización de productos agrícolas a través de SENASA

Responsable del control ambiental y el cumplimiento de las convenciones de biodiversidad, cambio climático, Basilea (COP) y de lucha contra la desertificación

Posee Oficinas Regionales con cierto grado de decisión en 10 regiones del país. Regula el aprovechamiento forestal y al manejo de las áreas protegidas

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

No

INSTITUCIÓN

6

INA

7

IHAH

Funciones y Competencias (Síntesis) Es el organismo ejecutor de la política agraria del Estado. Dentro de sus atribuciones destaca: 1) Conocer y resolver sobre la tenencia, explotación, expropiación, recuperación y distribución de la tierra destinada a la reforma agraria. 2) Organizar y administrar el Catastro Agrario Nacional. 3) Organizar y administrar un Registro Agrario. 4) Ejercer los derechos y acciones que correspondan al Estado en relación con las tierras nacionales y ejidales susceptible de uso agrícola y ganadero. 1) Estudiar los medios y medidas más eficaces que requiera la defensa de los tesoros artísticos y culturales de la nación. 2) Emprender obra de investigación y restauración que contribuyan a la interpretación y comprensión del pasado arqueológico, antropológico e histórico de Honduras y a la mejor presentación de sus monumentos y zonas arqueológicas. 3) Crear, organizar e instalar museos regionales que sean representativos de la riqueza cultural y natural de las diferentes zonas del país. 4) Emitir dictámenes técnicos en los asuntos de su competencia. Para este fin podrá solicitar apoyo de otras instituciones, incluso internacionales, según lo estime necesario y no comprometa, en este último caso, la soberanía nacional. 5) Contribuir a la construcción de instalaciones necesarias para el desarrollo del turismo cultural en los sitios arqueológicos, antropológicos de interés histórico y de belleza natural.

Marco Legal y/o Reglamentario Aplicable • Ley de Reforma Agraria • Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. • Ley de Protección a la Actividad Caficultora

• Ley del IHAH. • Ley para la Protección del Patrimonio cultural de la Nación.

CONADEH

Observaciones Coordina con el Instituto de la Propiedad la inscripción de títulos de propiedad

Responsable de aplicar la normativa sobre el patrimonio cultural nacional No tiene oficinas regionales

79

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

No 8

80

INSTITUCIÓN IHT

Funciones y Competencias (Síntesis) Tiene como finalidad estimular y promover el turismo como una actividad económica que impulse el desarrollo del país, por medio de la conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos turísticos nacionales. Tiene como funciones: 1) Elaborar, formular y ejecutar la política nacional de turismo, ajustándola a la política de desarrollo del Estado. 2) Preparar, formular y ejecutar los planes de desarrollo turístico. 3) Negociar y contratar la cooperación técnica y financiera con los organismos nacionales e internacionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 4) Asesorar y asistir técnicamente a las entidades públicas y privadas que se dediquen a prestar servicios turísticos y a aquellas cuyas actividades, lucrativas o no, estén directamente relacionadas con proyectos turísticos que promueve el mismo. 5) Fomentar el desarrollo de la oferta turística y promover la demanda nacional y extranjera. 6) Regular y supervisar la prestación de servicios turísticos en el país. 7) Supervisar y controlar todo lo relacionado con las operaciones que se deriven de las actividades DEL Fondo de desarrollo Turístico. 8) Sancionar las violaciones a la Ley del IHT y sus reglamentos, así como a las leyes de su competencia. 9) Estimular y desarrollar la identidad nacional. 10) Fomentar el establecimiento y modernización de hoteles, urbanizaciones, albergues, posadas, restaurantes, sistemas de transporte, vías

Marco Legal y/o Reglamentario Aplicable • Ley del IHT.

CONADEH

Observaciones El IHT tiene 38 fines y objetivos Esta institución es también competente en la aplicación de las siguientes leyes: • Ley de Casinos, de Juegos de Envite o Azar. • Ley para la Declaratoria, Planeamiento y Desarrollo de las Zonas de Turismo. • Ley para la Adquisición de Bienes Urbanos en las áreas que delimita el Artículo 107 de la Constitución de la República. • Ley par los residentes, pensionados o rentistas. • Otras leyes que se emitan en materia turística.

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

No

9

INSTITUCIÓN

Municipalidades

Funciones y Competencias (Síntesis) de comunicación, preservación del ambiente y demás obras que propendan al desarrollo turístico. 11) Crear, conservar, mejorar, proteger y aprovechar los recursos turísticos de la nación. 12) Establecer y regular el auxilio a los turistas. 13) Desarrollar toda clase de actividades que dentro de su competencia tiendan a favorecer y acrecentar las corrientes turísticas nacionales en el exterior. 1) Elaboración y ejecución de los planes de desarrollo municipal. 2) Control y regulación del desarrollo urbano, uso y administración de las tierras municipales. 3) Ornato, aseo e higiene municipal. 4) Construcción de redes de distribución de agua potable, alcantarillado para aguas negras y alcantarillado pluvial, así como su mantenimiento y administración. 5) Construcción y mantenimiento de vías públicas por sí o en colaboración con otras entidades. 6) Construcción de mercados, rastros y procesadoras de carnes. 7) Protección de la ecología, del medio ambiente y promoción de la reforestación. 8) Fomento y regulación de la actividad comercial, industrial, de servicios y otros. 9) Suscripción de convenios con el Gobierno Central y con otras entidades descentralizadas con las cuales concurra en la explotación de los recursos, en los que figuren las áreas de explotación, sistemas de reforestación, protección del medioambiente y pagos que

Marco Legal y/o Reglamentario Aplicable

• Ley de Municipalidades y su Reglamento. • Plan de Arbitrios.

CONADEH

Observaciones

• Cada Municipalidad debe emitir su propio Plan de Arbitrios. • La autonomía municipal permite que participe en y del proceso productivo de manera activa, esto es más allá de sus funciones fiscalizadoras. • Los municipios pueden asociarse entre sí con el propósito de lograr objetivos comunes.

81

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

No

INSTITUCIÓN

10

Instituto de la Propiedad

11

Ministerio Público

12

Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales

13

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

82

Funciones y Competencias (Síntesis) le correspondan. 10) Promoción del turismo. 11) Celebración de contratos de construcción, mantenimiento o administración de servicios públicos u obras locales con otras entidades. 12) Gestión de la electrificación del municipio. 1) Registrar, georeferenciar y mantener actualizado el sistema de información registro catastral, los límites de las zonas urbanas y rurales municipales, zonas rurales agrícolas y forestales; patrimonio histórico y de l humanidad, zonas protegidas, áreas de reserva, áreas con servidumbre ecológica, zonas costeras, zonas marítimas, cayos, manglares, zonas de riesgo y otras delimitaciones que conlleven afectaciones legales de uso o dominio. 2) Debe llevar un Registro Especial de patrimonio histórico, cultural, de la humanidad, áreas protegidas y reservas turísticas. Ejercita las acciones previstas en las leyes de defensa y protección del medioambiente y de preservación del patrimonio arqueológico y cultural Le corresponde el ejercicio de las acciones civiles y criminales en materia ambiental como Apoderado del Estado Establece el régimen legal a que se sujetará la administración y manejo de los Recursos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenido, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país. Tiene como objetivos, entre otros: • Asegurar la Protección de las áreas forestales, áreas protegidas y vida silvestre y

Marco Legal y/o Reglamentario Aplicable

• Ley de Propiedad

• Ley del MP • Código Penal • Código de Procedimientos Penales • Decreto Legislativo 134-99 • Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 98-2007

CONADEH

Observaciones

• Estos registros especiales aún no operan. • La LdP reconoce a los bosques nacionales, las áreas protegidas y parques nacionales como zonas sujetas a regímenes especiales y que su regularización se hará de conformidad a sus leyes especiales.

Es un ente desconcentrado de la Procuraduría General de la República. Su Ley aún no es vigente y tomará al menos tres meses para empezar a funcionar en propiedad y requerirá de la elaboración de un amplísimo número de reglamentos. Es importante notar que esta Ley, desede los inicios de la discusión incluye los conceptos de participación y acceso a la información.

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

No

INSTITUCIÓN

• • • • •

•

•

•

Funciones y Competencias (Síntesis) mejoramiento de las mismas y racionalizar el aprovechamiento, industrialización y comercialización de los productos forestales. Declarar, mantener y administrar el Patrimonio Público Forestal Inalienable; Declarar y administrar las áreas protegidas y vida silvestre. Impedir la ocupación o segregación ilegal de las áreas forestales públicas; Asegurar la protección de las áreas forestales públicas y privadas; Regular los aprovechamientos y demás actividades forestales afines que se desarrollen en las áreas forestales públicas; Regular en el grado requerido por el interés general, los aprovechamientos y demás actividades privadas; Fomentar y apoyar las industrias forestales modernas que introduzcan el mayor valor agregado a los productos forestales; y, Fomentar las Asociaciones Cooperativas Forestales y crear el Seguro Forestal.

Marco Legal y/o Reglamentario Aplicable

Observaciones

VII.7. La Aprobación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.57 El pasado septiembre de 2007 se aprobó por el Congreso Nacional la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS) a fin de realizar la transformación del subsector forestal a un sector, lo que significaría (para el legislador, al menos) mayor independencia en el accionar y la toma de decisiones por parte de la Administración, de conformidad a lo que con respecto a la PESA se ha explicado renglones arriba. La apuesta que el Estado ha hecho, a través del Ejecutivo y el Legislativo, se resume en trasformar una institución autónoma en una nueva variedad de ente desconcentrado: El Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

57

En la última semana de enero de 2008 se recibió por el Poder Ejecutivo el Decreto Legislativo 98-2007 que contiene la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre para la sanción correspondiente.

CONADEH

83

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Coordinación de Políticas sectoriales

Sector Agroalimentario y del Medio Rural

Comité Nacional PRONAFOR

Coordinación de políticas sub sectoriales y evaluación del PRONAFOR

Retroalimentación

ICF, SAG SERNA (Unidades de Planificación

Red de Ejecutores de PRONAFOR

Coordinación y Seguimiento de la Ejecución de Programas y Proyectos Figura 6. El sistema de planificación e interacción del Sector Forestal. Desde sus Considerandos, esta de Ley –que todavía no es vigente- aboga por propiciar la participación de las comunidades rurales en las actividades para la gestión de las áreas protegidas y vida silvestre, para el manejo de los bosques y mejorar la producción forestal, para lo cual se hará fundamentar en el principio“El acceso y la participación de la población en el manejo sostenible de los recursos forestales públicos, de las áreas protegidas y de co-manejo, propiciando la generación de mayores beneficios económicos, sociales y ambientales bajo principios de equidad”, mismo que se limita a las actividades de conservación in situ. A tal efecto, la LFAPVS busca establecer los Consejos Consultivos como instancias de participación ciudadana, de consulta, de concertación, control social y coordinación de las acciones del sector público y de las organizaciones privadas y comunitarias involucradas en la protección, explotación, conservación y control social de las áreas forestales, áreas protegidas y la vida silvestre.58 58

Nuevamente, el Sector Forestal subyacentemente establece una política de participación hacia y de parte de los grupos étnicos, ya sea a través del modelo asociativo o el comunitario, sin seguir un régimen diferenciado de conformidad a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

84

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

No obstante lo expresado, se han pasado por alto en el Anteproyecto los lineamientos para desarrollar la participación del público, con excepción de que la coordinación de estos Consejos estaría bajo el ICF, así como también se ha soslayado aquellos lineamientos relativos la forestería comunitaria, lo cual quedaría entonces a ser dispuesto en la reglamentación correspondiente. Un efecto inmediato e importante de tomar en cuenta es que las actividades de los particulares en el subsector forestal se rigen una reglamentación y legislación relacionada muy extensa e íntimamente ligada, de manera que, incluso, alguna de esa legislación será ineficaz una vez aprobada la LFAPVS y, por otro lado, la práctica nacional en la emisión de reglamentos, aunado al hecho de lo sensible que son tanto el tema ambiental, en general, y el forestal, en particular, no avizora soluciones inmediatas y eficientes en este sentido. Entonces, un reglamento de participación debe establecer como participará la sociedad y como se limitará a la Administración y desde luego, la manera de tomar las decisiones en aquellas situaciones en que la LFAPVS dispone que participaría la ciudadanía, para lo cual se evidencia la necesidad de establecer esos parámetros.59 La mayor parte de las actividades y tópicos en los que debería participar la ciudadanía están determinadas a ser ejecutadas a través de los diferentes Consejos Consultivos y, en su mayoría, son de carácter propositivo y no vinculante (Ver Cuadro 8). Cuadro 8. Actividades y Tópicos que involucran Participación Ciudadana al tenor de la LFAPVS No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 59

ACTIVIDADES Y TÓPICOS Proposición al Poder Ejecutivo, a través del al ICF, de políticas y recomendaciones para alcanzara los objetivos de la Ley Proponer acciones de supervisión y control social sobre la gestión forestal (pública y privada). Proposición de observadores. Proposición de la declaratoria de las AP, áreas de riego, áreas de conservación, restauración y protección, vedas temporales, emergencias y otras circunstancias. Conocer y recomendar sobre las Auditorías Técnicas Forestales. Presentar una propuesta del plan estratégico del SSF. Establecer su reglamentación interna. Concertar y proponer las acciones de gestión forestal que se deban implantar en sus respectivos Departamentos. Elaborar propuestas de lineamientos y medidas para la definición e implementación del ordenamiento territorial. Ejercer contraloría social sobre el desarrollo de los planes, programas y proyectos forestales de sus respectivos Departamentos. Establecer su normativa interna. Seleccionar el representante de su respectivo Consejo. Evaluar el avance del SSF y de las AP en sus respectivos Departamentos. Proponer a la Corporación Municipal las acciones de gestión forestal que deban ejecutarse en el término municipal. Elaborar propuestas de lineamientos y medidas para la definición e implementación del

Tales parámetros deben ser primeramente socializados.

CONADEH

85

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

No. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

ACTIVIDADES Y TÓPICOS ordenamiento territorial. Ejercer contraloría social sobre el desarrollo de los planes, programas y proyectos forestales en sus respectivos municipios. Establecer su normativa interna. Seleccionar el candidato que participará en la elección de los representantes de los municipios ante el Consejo Consultivo Departamental. Evaluar el SSF y las AP y la VS Proponer ante las autoridades competentes los planteamientos orientados a responder a las necesidades de las comunidades. Seleccionar el representante candidato que participará en la elección del representante de los Consejos Consultivos Comunitarios. Participación dentro de la Junta Administradora de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones (Dos representantes del Consejo Consultivo). Participación en la Junta Administradora del Fondo para AP y VS (Cinco representantes no gubernamentales) Leyenda Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Consejos Consultivos Departamentales Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Consejos Consultivos Municipales Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Otros.

En comparación con la legislación vigente en la que la participación ciudadana es incipiente, focalizada y aislada60, a través de la LFAPVS el legislador ha pretendido la inclusión de, sino toda, la mayor representatividad de actores del sector forestal (Ver Figura 7) obedeciendo a un sistema de representación que opera de dos maneras: 1) A través de una estructuración geográfica-política que se subdivide a su vez en dos niveles: i) El nivel nacional, mediante la conjunción de los subsectores forestales61 en el Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (COCONAFOR); y, ii) El nivel local, a través de los diferentes Consejos Consultivos Departamentales, Municipales y Comunitarias. 2) En una relación jerárquica vertical cuya cúspide está representada por el COCONAFOR y su base por los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Ver Figura 8).

60 61

Generalmente es en el ámbito de las AP Nos referimos a todos aquellos que conforman el sector forestal.

86

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Figura 7. Participación de los diversos subsectores forestales en el Consejo Consultivo Nacional Forestal, de acuerdo con la LFAPVS

Gobierno: 6 respresententes

Campesinos: 3 representanets

Indígenas y Negros: 2 representantes

Colegios Profesionales: 1 representante

Consejos Departamentales: 3 representantes

Cámara Forestal Hondureña: 1 representante

FENAGH: 1 representante

Propietarios de Bosques: 1 representnte

Ambientalistas Forestales: 1 representante

Redes de AP: 1 representante

Organizaciones Cafetaleras: 1 representante

Industria Primaria: 1 representante

Industria Secundaria: 1 representante

A priori se puede inferir que, como consecuencia de la conformación del COCONAFOR, los subsectores deberán gestionar alianzas que pondrían a prueba la capacidad negociadora de cada una de ellas –pidiendo y cediendo-, así como su voluntad por utilizar los medios legítimos para exigir el cumplimiento de la Ley y demás compromisos, no obstante, sutilmente está en juego el papel del Gobierno, debiendo éste determinar cual es la prioridad en las políticas del sector y aquellas relacionadas, si la conservación, el ecoturismo o la explotación de la madera, por ejemplo, aunque con ello predeterminaría sus aliados en la mesa del COCONAFOR. Figura 8. Modelo Jerárquico de la Participación Ciudadana COCONAFOR Consejos Consultivos Departamentales Consejos Consultivos Municipales Consejos Consultivos Comunitarios

La LFAPVS, por otro lado, insiste en la cooperativa agroforestal como modelo y unidad representativa del aprovechamiento social forestal, lo que generaría que esta se convierta nuevamente en el indicador único del aprovechamiento sostenible del bosque, circunscribiendo el aprovechamiento a la explotación extractiva del recurso obviando la gestión y manejo62 de los servicios ambientales que el bosque provee a través de la figura del co-manejo, misma que está diseñada para actividades relacionadas con las AP.63 62 63

La administración del bosque estará en manos del ICF, como hoy está en las de la AFE-COHDEFOR. Ver pp. 32 y siguientes.

CONADEH

87

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Debemos suponer que El Proyectista ha considerado el modelo cooperativista como el más apto ya que los objetivos de estas organizaciones no tienen como su solo fin el lucro, como en el caso de la empresa mercantil o, contrario sensu, no persiguen solo fines altruistas como las asociaciones sin fines de lucro. Esto último acarrea un problema: Los grupos étnicos han sido estructurados como asociaciones sin fines de lucro para poder, colectivamente, ser objeto de los derechos que el marco legal nacional les ha reconocido64, sin embargo legalmente no podrían dedicarse a la explotación del bosque en los términos del SSF por ser ésta una actividad mercantil (cuyo objeto es el lucro), lo que obliga a estos grupos a reestructurarse como cooperativas o formarlas dentro de si, lo que igualmente requeriría de todo un nuevo proceso para la gestión y ejecución de la “cooperativización” de y/o dentro de los grupos étnicos.65

64

Titulación de tierras y reconocimiento de títulos, sobre todo. Muchos de estos grupos, sino todos, fueron conformados con el apoyo del Gobierno y de la Cooperación Internacional. Habría también que capacitarlos puesto que la gestión y el marco legal de la cooperativa es más complejo que el de la asociación.

65

88

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

VIII. LA PROPUESTA A través de propuesta se clarificará que lo que se busca es que la participación conlleve el desarrollo local y esto no necesariamente en términos eminentemente cuantitativos pero innegablemente cualitativos y que sea producto de procesos culturales evolutivos66. VIII.1. La Organización y la Participación Social en las Estrategias de Desarrollo Rural67 Los estudios rurales contemporáneos de América Latina y el Caribe y las estrategias de desarrollo rural impulsadas en la región, asignan especial relevancia a los temas de la organización rural y la participación de la población en los procesos de desarrollo. Aspectos tales como la articulación de los diversos actores sociales existentes en los espacios rurales particulares; la importancia de los vínculos entre las familias y grupos que componen las comunidades y localidades rurales; la función decisiva del acceso a los activos en la reproducción social de las familias; el fortalecimiento y diversificación de las economías locales; y el requerimiento de abrir espacios de participación en los procesos de toma de decisiones, le dan centralidad al tema de la organización rural. En este caso se presenta un traslado del énfasis de los análisis hacia los vínculos entre la organización y la construcción de capital social; y hacia el papel de las organizaciones en las iniciativas de desarrollo territorial rural. VIII.2. Estudios sobre organizaciones y movilizaciones campesinas En los estudios sobre los procesos agrarios y rurales de América Latina y el Caribe, previos a las reformas de los años 80, ocupó una posición muy destacada el análisis de los movimientos sociales agrarios y de las organizaciones productivas y reivindicativas de diversos grupos sociales rurales. Es significativa la presencia de las organizaciones y movilizaciones sociales rurales en el panorama político regional de los años sesenta, setenta y ochenta.68 La presión por el acceso a la tierra y la adopción de políticas de reforma agraria, por parte de los gobiernos de la región, fueron el motor principal que desencadenó estas acciones. Su intensidad, impacto e institucionalización varía de acuerdo a las condiciones económicas y políticas de cada sociedad particular, así como de las características de sus estructuras agrarias. En estos años se produce el desarrollo de diversas formas asociativas de producción y de organizaciones, establecidas por los productores, con la finalidad de prestar diversos servicios a las familias asentadas en la tierra con los procesos de colonización, ocupación precaria, redistribución de tierras y las reformas agrarias extendidas por toda la región69. 66

Vale decir, que se socave la base estructural negativa tanto entre los involucrados y de estos hacia los recursos naturales en general. 67 MORA, Jorge y SUMPSI, José María. DESARROLLO RURAL: NUEVOS ENFOQUES Y PERSPECTIVAS. Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la Formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina. CUADERNOS FODEPAL 2004. 68 Esto, desde luego, no significa desatender los antecedentes de las grandes movilizaciones rurales ocurridos en las cuatro décadas anteriores, entre las que sobresale la revolución mexicana de principios del siglo pasado y la revolución democrática de Bolivia, de mediados de ese mismo siglo, procesos que conllevaron profundas transformaciones de las estructuras agrarias de cada una de esas sociedades. 69 Para C. Kay, “Cuba, Bolivia y México presentan la más alta proporción de campesinos y trabajadores rurales beneficiados con la reforma agraria. Alrededor de tres cuartas partes de los agricultores familiares en Cuba y Bolivia fueron incorporados en el sector reformado, mientras que en México estaban por debajo de la

CONADEH

89

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

En las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX, junto a los procesos de organización y movilización por acceso a la tierra más localizados en territorios, regiones o países, un gran número de organizaciones centran sus reivindicaciones en los problemas derivados de las políticas económicas aplicadas en la región; intentan influir en la orientación de las decisiones gubernamentales; e impulsan acciones con las cuales tratan de subsanar los vacíos generados por la reducción del apoyo recibido del sistema institucional rural. Gran parte del accionar de las organizaciones rurales de alcance regional o nacional se orienta en una dirección más reivindicativa. Las organizaciones locales, formales e informales, se movilizan en procura del diseño y ejecución de proyectos alternativos, con los cuales reclaman la viabilidad de la agricultura familiar. Nuevas demandas de las comunidades, tales como el acceso a la educación, la salud y los servicios de apoyo a las actividades agrícolas, forman parte de las reivindicaciones por las cuales se movilizan los actores sociales rurales. El resultado de estos procesos es la existencia de múltiples formas de organización social en los espacios rurales de la región. Es posible distinguirlas por su composición social; su trayectoria histórica; la orientación y los objetivos perseguidos; su estructura organizativa; el alcance de sus acciones (local, regional o nacional); su grado de autonomía en relación con los diversos componentes del sistema político; su nivel de integración en las redes de relaciones sociales de los territorios particulares o por su grado de formalidad o informalidad. La construcción de tipologías de organizaciones rurales es un camino tradicionalmente seguido en los estudios rurales y los programas institucionales, tratando de dar cuenta de la diversidad de organizaciones rurales. Así, por ejemplo, en 1994 FAO distingue los siguientes tipos de organizaciones campesinas en América Latina: 1. Comunidades campesinas. 2. Cooperativas agrarias. 3. Formas organizativas creadas en el marco de la reforma agraria: a) Ejidos; b) Organizaciones productivas creadas por la reforma agraria.70 4. Sindicatos y Federaciones de trabajadores rurales y campesinos. 5. Organizaciones de mujeres rurales. 6. Otras formas de organización local. En un estudio sobre las organizaciones rurales en Centroamérica, CEPAL encuentra que los “pequeños productores rurales” han logrado redefinir sus formas de organización y distingue distintas experiencias de organización de los productores familiares rurales. Según este estudio, detrás de las organizaciones existentes en el medio rural centroamericano se perciben los antecedentes y las experiencias organizativas previas, en mitad. En Nicaragua, Perú y Venezuela la proporción de beneficiarios era alrededor de un tercio, en El Salvador una cuarta parte y en Chile la quinta parte. En Panamá, Colombia, Ecuador, Honduras y Costa Rica una décima parte de los agricultores familiares se beneficiaron de la redistribución de tierras. En otros países la proporción era aún más baja. Las formas colectivas y cooperativas de organización fueron más comunes en el sector reformado de lo que uno podría esperar, dado el contexto capitalista dominante de América Latina (Traducción libre, por Jorge Mora, en Desarrollo Rural: Nuevos Enfoques y Perspectivas FODEPAL). 70 EL INA es la institución que se encargó de organizar a la mayor parte de los grupos étnicos, por lo que aquí podríamos incluir a éstos. 90

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

las que predominaba “(...) la defensa de los intereses de sus agremiados, su fuente de trabajo, el acceso a la tierra y la búsqueda de un mayor bienestar para sus miembros”71. Los principales cambios encontrados en las organizaciones rurales, con este estudio, tienen que ver con los objetivos específicos perseguidos, las formas de asociación, las modalidades de gestión y las opciones para la distribución del trabajo y el ingreso. El estudio clasifica las experiencias organizativas encontradas, según el objetivo principal perseguido por la organización, de la siguiente manera: 1. Reconversión productiva y nuevos mercados. 2. Agroindustrias integradas. 3. Esquemas de financiamiento alternativo. 4. Comercialización comunitaria. 5. Organización de servicios de asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica. 6. Aprovechamiento sostenible de bosques. 7. Identidad y proyectos de desarrollo local y regional. La importancia de este estudio, focalizado en un espacio regional particular, radica en la observación de los cambios en las orientaciones y los objetivos de las organizaciones rurales, estrechamente relacionados con las modificaciones sufridas por el medio rural y las nuevas condiciones en las cuales se desenvuelven las familias rurales. En este sentido, encuentra una clara correspondencia con los nuevos enfoques mediante los cuales se analiza el medio rural latinoamericano y se diseñan las estrategias de desarrollo rural con el fin de fomentar en ellas la competitividad. VIII.3. Paternalismo y clientelismo: los vínculos perversos de los actores sociales rurales con el sistema institucional. Las relaciones entre la sociedad civil y el Estado ocupan una posición prioritaria en la agenda del desarrollo latinoamericano. Las reformas estructurales han trastocado las formas tradicionales de entrelazamiento entre ambos y provocan la redefinición de sus interrelaciones. Una tendencia que dejan entrever los procesos políticos y sociales de la región, se mueve en el sentido de disminuir el grado de subordinación de la sociedad civil, a su mayor autonomía y a una mayor capacidad de negociación con el sistema estatal. Este, desde luego, es un proceso progresivo que debe romper los tradicionales vínculos paternalistas o clientelistas en que se sustentan las formas de dominación tradicionales existentes en la región; tanto en las formas autoritarias de gobierno, como en las modalidades más democráticas. Estos tipos de relaciones han tenido una presencia notable en el medio rural regional y se encuentran fuertemente arraigados en la dinámica de las instituciones públicas, en las comunidades y en las organizaciones rurales. La fuerte intervención estatal en el medio rural, tratando de controlar los conflictos, la organización y las movilizaciones sociales agrarias o de prevenir su surgimiento, encontró en las relaciones paternalistas y de clientela el medio más adecuado para propiciar la dependencia y la subordinación de las organizaciones rurales. 71

CEPAL 1999 “Centroamérica: Cambio Institucional y Desarrollo Organizativo de las pequeñas unidades de producción Rural” Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina-CEPAL-

CONADEH

91

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Honduras aún se encuentra ante la dicotomía de la reducción del aparato estatal y demanda de presencia institucional a nivel regional y local, lo que ha traído como consecuencia lo que para J. Durston, es una “segunda ola de reformas de las políticas sociales” en la agenda de los gobiernos, lo que a su vez presupone, entre otras cosas, impulsar una reforma del Estado dirigida a transformar los “sistemas de clientelismo autoritario, partidario o paternalista” y a promover el empoderamiento de los grupos más débiles de la sociedad civil y la rendición de cuentas de los funcionarios ante los usuarios de los servicios estatales72. La máxima expresión de los complejos e intrincados vínculos de clientela se encuentran en el terreno en el cual se ejecutan los proyectos de desarrollo rural: allá, en el campo. Es el territorio el espacio en el cual los conflictos adquieren mayor intensidad y donde se concretan cotidianamente las negociaciones y se solidifican las relaciones entre funcionarios y clientes o “beneficiarios”. Para Gordillo, “La reconstrucción institucional presupone la renovación del pacto social en la esfera rural y el establecimiento de formas de reordenamiento de las relaciones sociales de manera tal que se compensen y limiten los conflictos naturales entre comunidad, asociaciones gremiales, mercado y Estado”. 73 Las reformas económicas e institucionales llevadas a cabo en la región, reducen la capacidad de intervención del sector público en los procesos de desarrollo y limitan su capacidad de respuesta a las necesidades y demandas de la población74. Esta situación es de especial relevancia en el medio rural, donde la punta de lanza de la acción estatal se dirige a incentivar las actividades agrícolas y agroindustriales destinadas al mercado externo, disminuyendo sustancialmente la atención a las demandas de la agricultura familiar, los servicios prestados a los productores y eliminando los mecanismos de protección empleados en el pasado, factores estos que inciden de manera directa en la relación de lo grupos étnicos con su entorno y su modo de vida y los aleja de los posibles beneficios. El “empoderamiento” de los actores sociales locales resulta de enorme importancia para lograr la paulatina reorientación de la acción institucional. La capacidad de organización, movilización y negociación alrededor de las demandas de las familias y las comunidades, superando las relaciones fundamentadas en al oferta institucional, puede favorecer la modificación sustancial de las formas de intervención del Estado en los procesos de desarrollo rural. VIII.4. La Actitud del Estado. La respuesta del Estado en el contexto del ajuste estructural y el de libre mercado son las políticas públicas, los programas de superación de la pobreza y un sinfín de programas y proyectos de corte asistencialista con miras, como ya se dijo, de la inserción en la competitividad.75 72

El Capital Social Campesino en la Gestión del Desarrollo Rural. Díadas, equipos, puentes y escaleras. Santiago. CEPAL. 73 La movilización social como medio de producción. 74 Típico del libre mercado. 75 Ver “La nueva política hacia las etnias” supra. 92

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Una de las principales características de este diálogo se ha expresado en los intentos del Estado y los grupos de poder por homogeneizar a las sociedades nacionales, que ha propiciado76 el eliminar o deconstruir lo indígena por medio de políticas de organización y administración de las diferencias, como el indigenismo en sus distintas formas y versiones. Pero ni el Estado es monolítico, ni la forma que tienen los actores sociales de relacionarse con él es única. En la lucha por la hegemonía, los actores pueden procurar construir una hegemonía “desde abajo”, incluso algunos autores señalan que en el caso de los movimientos indígenas es posible hablar de una colonización del Estado “desde abajo”, otorgando así la posibilidad de comprender los procesos sociales desde una perspectiva más compleja y no sólo de una manera unidireccional. Las políticas hacia los pueblos indígenas nacen de, a lo menos, dos corrientes de intervención. Por una parte, del indigenismo y por otra, del desarrollismo en su vertiente relativa al campesinado. Hoy en día, las llamadas políticas públicas y sociales son la cara visible del Estado frente a las personas de carne y hueso, por cuanto el papel que cumplen en el desenvolvimiento de las estructuras burocráticas de los Estados y su relación con la sociedad civil es de gran importancia en el desempeño democrático y la gobernabilidad. Pero las políticas públicas no son neutrales; por el contrario, ellas reflejan las orientaciones y la “filosofía” que guía al gobierno de turno, así como las concepciones de largo y mediano plazo del Estado y los grupos que lo controlan. Consecuentemente, y en definitiva, la exclusión del control cesará cuando la participación se ejecute de manera legítima, respaldada por el marco legal vigente y, luego, extrapolando ese control al campo de los recursos forestales, el proceso de reducción de la pobreza en el agro no será interrumpido puesto que las soluciones vendrán desde la base hacia los tomadores de decisión. VIII.5. Andrés Tamayo, las Marchas por la Vida y el Movimiento Ambientalista Olanchano (MAO). Ante la problemática de la conservación de los bosques, en mayo de 2003 se comenzó a gestar la llamada “Marcha por la Vida” por el sacerdote José Andrés Tamayo, hoy párroco de Salamá, Olancho, quien desde que estaba a cargo de la parroquia de San Francisco de La Paz (1989), había venido denunciando el corte abusivo de madera que realizan en aquella región los propietarios de aserraderos. La defensa del ambiente en Salamá comenzó en el año 2000, a raíz del deterioro y la contaminación de la cuenca Los Yocones, principal fuente de agua de la comunidad, habiéndose hecho las respectivas denuncias ante COHDEFOR, que se mantuvo ajena al asunto obligando con ello a que la comunidad se opusiera de manera directa para que las rastras que sacan la madera no pasaran por la calle principal del pueblo, debido a la contaminación que producen, al polvo que levantan, el deterioro de la calle y el riesgo que 76

Asumiremos que inconscientemente.

CONADEH

93

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

representan para la seguridad de los niños y la población en general y lo logran después de una serie de medidas de presión, que iban desde denuncias públicas y cartas de protesta, hasta solicitudes a la alcaldía y a los dueños de las rastras. La Primera Marcha por la Vida salió de Juticalpa con dirección a Tegucigalpa el 20 de junio de 2003, como una manifestación pacífica en defensa de los bosques olanchanos. En el camino se fueron agregando personas de diferentes organizaciones. Según fuentes periodísticas, alrededor de dos mil personas acompañaban la marcha el día 25 de junio cuando entró a Tegucigalpa y se realizaron actos cívicos religiosos. Durante la marcha se cuestionó a los empresarios que han obtenido grandes beneficios del bosque y al Gobierno por autorizar y dejar sin supervisión las explotaciones. La marcha pasó frente la plazoleta del Congreso y finalmente llego a Casa Presidencial donde esperaban ser atendidos por el Presidente de la República, pero esto no sucedió. La segunda Marcha por la Vida se realizó del 24 al 30 de junio de 2004, y en esta se incorporaron organizaciones y comunidades de otros puntos del país, la cual, con la participación de más de 3000 personas, recorrió los 280 Km que separan a la Cabecera Departamental de Tegucigalpa, donde luego de muchos intentos fueron atendidos por el gobierno; de esas reuniones salieron siete temas de importancia para el sector forestal a tratar: 1. Que se garantizara la puesta en práctica de las políticas forestales que formaban parte de la ERP. 2. Garantizar que los responsables de proteger y administrar el bosque cumplan con su deber como las leyes les obligan. 3. Reestructurar la COHDEFOR. 4. Fortalecer los organismos de gestión y fiscalización ambiental, realizando una auditoria social. 5. Ofrecer protección a los que están amenazados de muerte por defender los bosques. 6. Despedir a los policías y militares que estén beneficiándose de la explotación ilícita de la madera. 7. Declarar la veda forestal de la explotación maderera industrial hasta que se lleve a cabo una auditoria forestal. Estas acciones no han sido en vano, ya que una de las primeras ejecutorias de la Administración Zelaya fue decretar una veda forestal. Sin embargo, después de que se decretó la veda, los afectados por esta decisión han recurrido a diversas tácticas para expulsar a Tamayo de la localidad: desde ficticios cabildos abiertos para exigir su expulsión, hasta declararlo non grato. Estos –los opositores a la veda- se han organizado en una cooperativa denominada Primero de Mayo que aglutina a 220 personas del rubro de la madera. Esta cooperativa, que aparece en escena en 2005, es una respuesta organizada al movimiento ambientalista de Salamá y una reacción a las marchas por la vida; su principal argumento es que el padre Tamayo «ha dividido a la comunidad». Cuenta con el apoyo del alcalde Leonel Medina (2006-2010), quien intervino en favor de los madereros, después de que se emitiera el decreto de veda.77

77

Erguidos Como Pinos. Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, CONADEH. 1ª ed. (Tegucigalpa): Guaymuras, 2006.123p

94

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Hoy, al menos 23 pueblos de Olancho están organizados con objetivos bien definidos, los que desde el 2001 han logrado cancelar los permisos de varios aserraderos, y en Catacamas se organizó un frente ambientalista que ha conseguido parar los camiones que trasladan la madera clandestina. Cuadro 9. Reseña del Padre Tamayo ¿Quién es el Padre Andrés Tamayo? José Andrés Tamayo Cortéz, sacerdote párroco de Salamá, nació en el municipio de San Pedro Nonualco –en otras versiones se habla del municipio de Guadalupe-, Departamento de San Vicente, El Salvador, y en 2006 recibió su carta de naturalización como hondureño. Cursó estudios religiosos en Guatemala y Costa Rica, y fue ordenado como sacerdote diocesano el 31 de agosto de 1985, en Juticalpa, Olancho. Llegó a Honduras en 1984 para oficiar en la parroquia de Juticalpa. En 1985 fue asignado a la parroquia de San Francisco de La Paz y, en 1997, fue trasladado a Salamá. El padre Tamayo denuncia regularmente en sus misas, con nombres y apellidos, a quienes participan en actividades de tala y tráfico ilegal de los productos del bosque. Tamayo alcanzó notoriedad pública desde que encabezó la primera Marcha por la Vida, del 20 al 26 de junio de 2003, cuando millares de personas caminaron desde Juticalpa hasta Tegucigalpa para denunciar lo que estaba sucediendo con los bosques. Es Premio Nacional de los Derechos Humanos 2003 y, en 2005, fue galardonado con el Premio Goldman, un reconocimiento que otorga anualmente la Fundación Goldman, asentada en San Francisco, California, EUA, a seis líderes ambientalistas con arraigo popular en África, Asia, Oceanía, y Norte, Sur y Centro de América. Con su trabajo persistente logró que el presidente Manuel Zelaya declarara una veda forestal en Salamá, el 29 de mayo de 2006. Tamayo es también uno de los organizadores del Frente Ambientalista del Norte de Olancho (FANO), que aglutina organizaciones locales de los municipios del norte del departamento: Manto, Guarizama, Silca, Guata, Jano, Yocón, El Rosario, Mangulile, La Unión y Esquipulas del Norte.

La situación del bosque, para Tamayo, obliga a que no solo el Gobierno revise y redirija sus acciones, sino que también la Cooperación Internacional considere como evalúa la gestión de las entidades encargadas y relacionadas con el recurso bosque78, el cual, para que pueda incorporar la participación ciudadana a su gestión, requiere de: 1. Una estructura organizacional que vaya más allá de ser el Movimiento Ambientalista Olanchano y que realice además de las acciones de incidencia política, labores de educación con las bases y genere proyectos productivos; para lograr esto se considera necesario desarrollar labores de promoción a través de personal capacitado que acompañe en los proyectos. 2. Igualmente para que el activismo ambiental no quede en el olvido y sirva de ejemplo para otras comunidades aún tímidas en participar, es necesario desarrollar un programa de comunicación a nivel local, nacional e internacional que requiere de personal y fondos para poder funcionar. 3. También es necesario continuar la labor política a través de marchas, cabildeo, soporte jurídico, etc., donde el apoyo de las ONG Nacionales e Internacionales, la Comisión

78

El recurso bosque es sino el que más apoyo recibe de la Cooperación Internacional, uno de ellos, y es muy probable que la cifra ande más allá de los 100MUS$ (18.90Lx1.00US$).

CONADEH

95

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

4. 5. 6.

7.

Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal del Agua de Centroamérica79, etc., apoyen para incidir sobre las políticas estatales y proteger nuestro medio ambiente. Asesoría técnica en estudios especializados en materia de cambio climático, ordenamiento y recuperación de cuencas, etc. La protección de la vida de los activistas, la cual solo la puede asegurar un estado transparente y comprometido con las necesidades de la gente. Que no se continué el saqueo irresponsable, ni que se quiera seguir engañando a la población; que las acciones de protección, mitigación y compensación se hagan realidad y con la participación de la Sociedad Civil y la Auditoria Internacional para asegurar la transparencia de estos procesos. Los Gobiernos, Organismos de Asistencia Técnica, ONG Internacionales, Empresas Madereras solo permitan la comercialización de madera hondureña solo cuando se cumplan los Acuerdos Internacionales como un mecanismo para mermar la tala ilegal y reducir la pobreza.

VIII.6. El Monitoreo Forestal Independiente en Honduras (MFI).80 El monitoreo forestal independiente (MFI) consiste en el empleo de una o más entidades independientes y de reconocida credibilidad que, con el beneplácito de la autoridad estatal competente, observan y apoyan el sistema oficial de implementación de la ley en el sector forestal. Su objetivo es reducir la tala ilegal, no poner obstáculos o tratar de eliminar a aquellas empresas que operan dentro del marco legal. En Mayo 2005, CONADEH y Global Witness iniciaron un Proyecto Piloto de Monitoreo Forestal Independiente en Honduras, con los siguientes objetivos: • Sentar las bases institucionales para un sistema de MFI en Honduras mediante el desarrollo de relaciones laborales con la AFE-COHDEFOR así como con otros organismos gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado. • Producir información fiable sobre las actividades de aprovechamiento y comercio ilícitos de productos forestales en áreas específicas del país. • Desarrollar e implementar una metodología específica a las condiciones del país para el MFI en Honduras. • Proponer recomendaciones para el marco legal-normativo del sector forestal y los procedimientos administrativos para el manejo de los bosques. • Si fuera necesario, recomendar objetivos, términos de referencia, procedimientos operacionales y período de implementación para un proyecto de MFI a largo plazo. A pesar de la buena colaboración de la AFE-COHDEFOR en la provisión de información y en las misiones de campo, por desgracia el seguimiento a los informes de misión ha sido lento. Sin embargo, la nueva administración de la AFE-COHDEFOR ha manifestado en múltiples ocasiones su respaldo y apoyo al trabajo del FMI en el país, y está mostrando también un 79

Esta es una instancia de sanción moral. MONITOREO FORESTAL INDEPENDIENTE EN HONDURAS. Segundo Informe General de Actividades. Mayo 2005-Abril 200. Global Witness y CONADEH. Mayo 2008. 23p.

80

96

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

mayor interés en dar seguimiento a los hechos documentados por el monitor. Por lo tanto, parece existir la voluntad política de la AFE-COHDEFOR para levantar las denuncias correspondientes en los casos de claras actividades ilegales o realizar misiones de verificación en los casos que lo precisen. Igualmente, se espera que otros organismos institucionales con competencias en aplicación de la ley puedan participar más activamente en dar seguimiento a los hallazgos documentados. Entre ellos cabría destacar a la FEMA y la PARN, que tienen competencia para perseguir penalmente a los delitos contra el ambiente teniendo la primera de estas instituciones, la función de investigar los delitos ambientales e iniciar la correspondiente acción penal. La segunda, es la representante legal del Estado en materia ambiental. Aunar y combinar sus refuerzos con los de la AFE-COHDEFOR llevaría sin duda a un trabajo más efectivo. Es este ámbito, el establecimiento de un comité de validación que revise los informes de misión –y que comprenda representantes de todas las partes interesadas, incluyendo la FEMA, la PARN, la industria maderera y la sociedad civil- representarían sin duda un importante paso adelante en asegurar una respuesta más rápida a los hallazgos del monitor. En cualquier caso, el seguimiento a los informes por parte de las instituciones y el sistema judicial es absolutamente crucial, pues de poco sirve documentar casos de tala ilegal si dichos casos siguen quedando impunes. El mensaje que se envía en este caso es muy peligroso y, lejos de desincentivar a quienes operan ilegalmente, les alienta a seguir manteniendo el status quo de impunidad. Por otro lado, los informes generados tienen también el potencial de ser empleados por otros actores de la sociedad civil, como ya ocurriera con los siete primeros informes publicados en los primeros tres meses de trabajo. En este caso, sus contenidos figuraron ampliamente en el informe sobre tala ilegal en Honduras publicados por la Environmental Investigation Agency y el Center for International Policies en 2005, viendo fortalecida su integridad por la inclusión de esta información. Varios periódicos locales, tales como El Libertador ó La Tribuna, también han incluido artículos sobre las actividades del monitor. A diferencia de otros países donde se han implementado iniciativas de MFI, el caso hondureño presenta dos características únicas: • La contraparte principal de la organización internacional que lleva a cabo el monitoreo no es (como es típico) la Autoridad Forestal, sino el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Esto ha resultado muy efectivo en el mantenimiento de la independencia entre el observador y el observado, así como en la apropiación local de la tarea del monitoreo. El CONADEH asumirá en un futuro el papel principal en el MFI, con la consiguiente disminución en el apoyo técnico y la credibilidad internacional proporcionados por el Global Witness. • La naturaleza del MFI en Honduras ha evolucionado en respuesta al creciente nivel de entendimiento del mismo (mientras que en otros países se ha optado por una aproximación más estándar y preforjada). Ello ha permitido a diferentes actores apreciar esta herramienta, e ir apoyándola progresivamente, basándose en la confianza y credibilidad del equipo monitor. Como resultado de ello, la voluntad de todos los CONADEH

97

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

actores de lucha contra la tala ilegal ha aumentado y no ha existido una percepción de “interferencia internacional” que ha constituido un problema en otros proyectos del MFI como un servicio de interés público y un elemento permanente en el sector. Figura 9. Marco Conceptual del MFI81

VIII.7. Elementos o Componentes para el Desarrollo de un Programa de Participación Ciudadana en el Sector Forestal. Derivado de todo lo expuesto antes, incluyendo los acápites precedentes, se concluye que un programa de participación debe: 81

GLOBAL WITNESS. GUÍA DE MONITOREO FORESTAL INDEPENDIENTE. Julio, 2005. 145p.

98

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

• Comprender a la comunidad. Es fundamental lograr un completo y sistemático conocimiento de la comunidad (perfil social). Las principales materias a considerar son: Historia local, identificar primeros asentamientos, eventos claves, líderes anteriores tendencias en el uso del suelo y en la población de qué manera la historia de la comunidad ayuda a explicar su posición actual y carácter. • Actividades económicas y ocupaciones. Cuáles son los principales empleadores, mercados, capacidades y cómo afectan el comportamiento de la comunidad. • Principales temas y conflictos. Qué temas y conflictos surgieron en los últimos 5 años; quién estuvo involucrado; qué pasó; cómo fue resuelto cada conflicto cuáles son algunos conflictos actuales y qué se está haciendo al respecto, cuáles son las actitudes frente al crecimiento y el cambio, cuáles son las implicancias de lo anterior para los grupos étnicos, listado de grupos principales, sus actividades y representantes, sus roles en las comunidad, etc. Identificar y describir brevemente a los líderes y personas que tienen influencia (es decir, que tienen seguidores y son respetados por sus opiniones) qué implica lo anterior para la empresa y sus planes. • Canales de comunicación. Describir los medios formales de comunicación (cobertura, capacidad y credibilidad, circulación/audiencia); describir los medios informales de comunicación: pósters, reuniones (juntas de vecinos), eventos (ferias, etc.), qué implicaciones tiene lo anterior para el Grupo. • Conocimiento y actitudes del sector/Grupo/sus planes; Qué información válida, mitos y áreas de ignorancia se evidencian y cómo afecta lo anterior los requerimientos de información y educación que debe llevar a cabo la empresa. • Públicos afectados resumir las características fundamentales de cada público (lenguaje, educación, medios de comunicación, organizaciones y líderes, etc.) qué implicancias tiene esto para, por ejemplo, la formación de grupos de trabajo o de asesores permanentes a la empresa y otras técnicas. • Observaciones y conclusiones entregar una resumen sucinto de cómo las características de la comunidad afectan a la empresa y sus planes, y sus implicancias para un programa de participación ciudadana.82

82

Existen diferentes maneras de realizar un perfil social. Un aspecto fundamental es que en su realización se cause el mínimo impacto posible en las comunidades. En este sentido, es necesario tener presente que no se trata de un detallado estudio sociológico, sino más bien de una visión general y lo más completa posible de las características relevantes de la comunidad para efectos de la empresa y sus planes.

CONADEH

99

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

VIII.8. Los Cambios Vienen con el Accionar Es importante tener en cuenta que la difusión, la sensibilización e incluso la concienciación no son suficientes para generar el cambio en la dirección adecuada en el sector forestal. La participación es un proceso que posibilita la implicación directa en el conocimiento, valoración, prevención y mejora de los problemas forestales. La construcción de la cultura de la sostenibilidad debe entenderse como un proceso colectivo de integración de múltiples aportaciones de individuos, colectivos, empresas, instituciones y entidades ciudadanas. La participación activa de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las asociaciones ecologistas y de consumidores, así como los sindicatos y asociaciones profesionales es fundamental para la sensibilización, la transmisión de preocupaciones e intereses colectivos y la motivación e implicación de todas y cada una de las personas. La participación genera valores comunes, compromisos que se refuerzan mutuamente y el sentido de propiedad y participación colectiva, elementos determinantes para lograr el desarrollo sostenible. El Estado ha de jugar un papel dinamizador, promocionando los instrumentos necesarios para garantizar el derecho a participar en la protección del medio ambiente, tanto a través de asociaciones como de los ciudadanos a título individual. La participación implica un compromiso por parte de la Administración y fomenta la corresponsabilidad social en las cuestiones ambientales. Ventajas de la participación • Permite conocer las necesidades e intereses de la población. • Proporciona mayor sensibilización, información y corresponsabilización de los ciudadanos ante la problemática ambiental. • Genera una mayor confianza en los resultados finales y en las instituciones de las que emanan las políticas. • Hace aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos. • Ayuda a construir consensos. • Conduce a mejores decisiones, más duraderas y de mayor validez, enriquecidas por un mayor número de puntos de vista y conocimientos. • Los ciudadanos son más comprensivos con la decisión final, incluso aunque no estén de acuerdo con ella. • El éxito de un proceso participativo genera una participación posterior más activa y más responsable. • Mejora la imagen pública de la administración. Obstáculos • Escepticismo por parte de la ciudadanía o segmentos de ésta respecto a que se tomen en consideración los aportes: los agentes sociales, como cualquier otro actor, hacen un cálculo de los costes y beneficios de implicarse en un proceso de participación y, por lo tanto, piden garantías de que su participación servirá para algo. • No reciben información de retorno de en qué medida se han tenido en cuenta sus aportes. • Puede generarse la expectativa de que se van a producir grandes cambios a corto plazo, lo que puede provocar frustración y pérdida de confianza. 100

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

•

• • •

•

• •

Falta de motivación de muchos ciudadanos, que puede deberse a razones muy diversas y complejas: dificultades objetivas (por trabajo, por compromisos familiares); apatía general por lo público; rechazo a la institución impulsora del proceso; escepticismo respecto a la influencia del proceso participativo; etc. Desconocimiento de los procesos y los mecanismos de participación. Desconocimiento de cómo, cuándo, por qué y para qué participar. Falta de información y conocimiento sobre las cuestiones ambientales: hay colectivos que, de entrada, tienen mucha información y otros que tienen muy poca o que desconocen por completo los temas que se discuten; las instituciones poseen mucha información y no siempre están dispuestas a compartirla, además, la información que posee la administración acostumbra estar muy fragmentada entre los distintos departamentos y no siempre es compartida por todos ellos; no sólo las administraciones tienen información, hay muchos otros agentes que la poseen y que pueden expresar reticencias a ponerla en común con el resto de agentes sociales; el lenguaje y la forma de presentar determinados datos puede conllevar que aquellos ciudadanos los que no son técnicos o profesionales en la materia tengan dificultades para comprenderla; hay aspectos que requieren formación, y no sólo información. Muchos ciudadanos participan impulsados por motivos inmediatistas, relacionados con problemas que les afectan de forma puntual y directa y su interés por la participación se disuelve cuando el problema desaparece o se percibe como imposible conseguir modificarlo. Suele ser frecuente que los ciudadanos actúen guiados por impulsos egoístas, buscando su propio beneficio sin tener en cuenta el interés del conjunto social. Tendencia a considerar que la participación en la vida pública es una opción que excede a la responsabilidad individual. Se delega en el ámbito político y gubernamental, al que se considera más capaz y competente para realizar esta labor.

Obstáculos de la Administración con respecto a la participación • Miedo a que la gestión pública sea sometida a crítica y a ceder poder decisorio • Falta de fe en los resultados de los procesos participativos • Ralentización de los procedimientos administrativos: frecuentemente los procesos participativos son tan largos y complejos que se ven frustrados antes de dar algún resultado. • Falta de tiempo, de recursos humanos y económicos y de metodologías de participación válidas. • Obliga a proporcionar información con antelación suficiente, comprensible y plural, resumida y que no deje • Obliga a comunicar los proyectos de participación y sus resultados • Falta de experiencia y conocimiento en el diseño e implementación de procesos participativos. • Dificultad de llegar a todo el público interesado y de implicarlo en el proceso. • Dificultad para conseguir una participación plural y representativa de los diferentes colectivos sociales y no sólo de las personas y agentes más sensibilizados con la temática ambiental o de aquellos con intereses en dificultad para dar a la participación

CONADEH

101

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

un cauce organizativo y constructivo y que no se convierta en un ámbito meramente reivindicativo o en un mero trámite. Los elementos fundamentales de la participación se pueden resumir en los siguientes: • Articular la participación desde las fases tempranas, cuando las alternativas todavía están siendo analizadas. • Determinar los siguientes parámetros: para qué, hasta dónde, quién (teniendo en cuenta a los diversos agentes), cuándo, y cómo se va a participar. • Comunicar al público y al público interesado el contenido de la iniciativa (plan, proyecto, disposición) y de todos los extremos ligados al proceso de participación. • Establecimiento, en su caso, de las fases en que se va a llevar a cabo la participación y los plazos para cada una de ellas, garantizando que el público tiene tiempo para asimilar toda la información y formar una opinión. • Garantizar que las opiniones y propuestas son tomadas en cuenta. • Proporcionar información de retorno sobre cómo han sido tenidas en cuenta las opiniones y propuestas en la adopción de la decisión. VIII.9. El Sistema Nacional de Participación Pública en la Gestión Forestal. La recién promulgada Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre establece un sistema estrechamente relacionado con el cambio que en la institucionalidad forestal tendría lugar. El cambio de la estructura no influye en la participación de las demás instituciones que habían estado involucradas en la cuestión forestal, ya que las mismas lo harán ahora a través de los Consejos Consultivos, como ya se ha explicado antes. Sin embargo, desde la perspectiva del cambio en la instrumentalización y la consecuente adecuación de políticas, se contará entonces con un sistema que partirá de la existencia de una política forestal actual, recién aprobada y que incorpora los criterios de transparencia y participación y cuya reglamentación contenga la garantía a derechos tan fundamentales como el de reunión83 y el de asociación, y el hecho de que estos estén en un marco reglamentario podría permitir multiplicidad de instancias ante las cuales hacerlos valer y a quién determinar la responsabilidad de su violación. Acorde con lo expresado, el Reglamento del Sistema Nacional de Participación Pública en la Gestión Forestal deberá contener los siguientes componentes: A. Objetivo. Establecer el sistema nacional de acceso a la información y participación pública para la revisión, elaboración y evaluación de la política forestal y sus instrumentos, fundamentado en la organización y funcionamiento de los Consejos Consultivos. B. Organización. El sistema debe propiciar el flujo vertical y horizontal de la información y la certeza de la misma, de manera que la información que es producida por el sistema sea verídica y verificable en sus cuatro niveles, de conformidad con la LFAPVS (Nacional, departamental, municipal y comunitario) 83

Que les permita tanto conjuntarse privadamente -para discutir y llegar a acuerdos- como públicamente en manifestación de apoyo o rechazo a tal o cual circunstancia.

102

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

C. Competencias Institucionales. En razón de las disposiciones de la Ley, participarían: • Por el Gobierno: SAG, ICF, SERNA, Defensa Nacional y la AFH. Estas instancias participarían en razón de las atribuciones y competencias que la Ley les ha otorgado. • Los Gobiernos Locales, por ser estos la más alta manifestación política de la Soberanía Popular a nivel local y ser mandatarios locales de la administración de los recursos naturales. • Por los Grupos Étnicos: Las diferentes organizaciones étnicas, ya que estos viven en el bosque y del bosque, más su visón del mismo difiere de otras organizaciones. • Por el Sector Campesino: Las diferentes organizaciones campesinas. • Por la Empresa Privada: Industria Forestal Primaria y Secundaria, las Federación de Ganaderos y Agricultores, Departamentales y Cooperativas Agroforestales, los propietarios de bosques, organizaciones cafetaleras. • La Sociedad Civil: Las diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) y para el desarrollo (OPD), inclusive las financieras (OPDF), colegios profesionales.84 D. Del Acceso a la Información. Será necesario establecer un centro de intercambio de información85, por lo que se sugiere que el mismo esté instituido en el CONADEH, ya que no forma parte de los involucrados en el sector, pero como se ha dicho, su credibilidad institucional es crucial para el éxito del proceso. La información deberá estar preferiblemente de manera digital en un portal de Internet a disposición del público. Es preciso aclarar que habrá dos tipos de información: aquella que podrá ser colocada a disposición del público sin necesidad de validación alguna, especialmente las resoluciones que otorguen planes de manejo, instalación de industrias forestales primarias, secundarias, reaserríos, permisos para el uso de motosierra, permisos de corte, tanto menores de diez metros cúbicos y, en fin, toda información producida como consecuencia de las actividades ejecutadas dentro del campo de las funciones de las instituciones gubernamentales, y que de conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pueda hacerse pública; y, aquella información producida por los miembros del sistema que no pertenezcan a la esfera gubernamental, que deberá ser introducida una vez que sea revisada y validada por la mayoría de los diferentes actores del sistema, de conformidad a lo que se establezca reglamentariamente. E. Representatividad de los Sectores. En este apartado se establece el método de acreditación para participar en el sistema. Se considera crucial esta circunstancia ya que parte de la transparencia es poder 84

EL CONADEH bien podría ser incorporado a participar en las reuniones, como observador, con voz pero sin voto. La credibilidad institucional es crucial y la exitosa intervención del Proyecto de MFI que se ejecuta por el CONADEH se la ha otorgado a nivel local y comunitario. Los ataques a su personal son también muestra inequívoca sus informes son capaces de transformar o fortalecer las denuncias sobre las irregularidades que tienen lugar in situ. 85 Esto no significa crearlo físicamente.

CONADEH

103

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

encontrarnos ante entidades y representantes plenamente identificados así como podernos identificar ante ellas y, por ende, es aquí donde comienza el proceso de legitimación de la participación ciudadana en el Sistema F. Toma de Decisiones Sectoriales y Grupales. Los representantes, una vez acreditados, traen consigo las posiciones y comentarios de sus representados, lo que significa que debe haber un proceso previo de cómo lleva acabo esas posiciones por lo que, a pesar de que no se puede intervenir de manera directa en las entidades privadas, la reglamentación debe influenciar este proceder. G. Convocatoria. El procedimiento de convocatoria a reuniones y discusiones debe ser formal, lo que no debe significar engorroso; la importancia de la formalidad radica en que el cumplimiento de los requisitos, que deberán ser mínimos pero significativos, sirve a la legitimación del proceso ya que obliga al Convocante, que deberá ser el Estado a través de la institución que rectora el sector forestal a propiciar, entre otras cosas: • A respetar los tiempos del proceso; • A preparar generar y recibir la documentación base para las reuniones; • A preparar las agendas; • A llevar las actas de las reuniones; y, • A tener constancia de haber efectuado las actuaciones que reglamentariamente le correspondan. H. Reuniones de las Partes. Habitualmente es la Capital de la República el lugar donde se celebran este tipo de reuniones, lo que es siempre oneroso para aquellos que no radican en ella, por lo que los planes de financiamiento deben ser revisados permanentemente ya que no debe haber justificación en la ausencia de fondos para no propiciar la participación. El financiamiento de la participación debe ser para el delegado y no debe generar dependencia en los participantes. I. Presentación de Documentación. Nuevamente, deberá fundamentarse en la formalidad de los requisitos que deberán seguirse para la presentación de los documentos para que éstos formen parte del sistema y para que estos mismos sean validados. J. Procedimientos de discusión y aprobación de las decisiones. Las discusiones deberán hacerse en jornadas de trabajo (tantas como sean necesarias, pero debidamente planificadas) y bajo la modalidad de participación abierta y deliberativa y la toma de decisiones se hará, ya sea, por consenso (unanimidad), mayoría calificada, (dos terceras partes de los votos) o mayoría simple (la mitad más uno de los votos) todas con sus respectivas variantes y de conformidad a lo que reglamentariamente se disponga.

104

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

K. Financiamiento. El sistema en si no posee un carácter institucional, sino que es la suma de ellas, a través de la representatividad sectorial, por lo que, consecuentemente, no puede ser sujeto de financiamiento, mas la suma de sus actores podrán gestionar el financiamiento de las actividades a través de los mecanismos que el marco nacional permite.86 L. Auditoría Social. El proceso de rendición de cuentas es inherente a la participación ciudadana. M. Disposiciones Finales.

86

Hay un creciente “boom” legislativo de fondos y fideicomisos para la conservación.

CONADEH

105

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. Todo parece indicar que la forma de gobierno por representación existente en el país ha sido rebasada, por lo que el Gobierno, como consecuencia de diversos fenómenos nacionales (marchas a favor de la conservación del ambiente, huelgas de diferentes sectores, la situación energética), se ha abierto a las tendencias y políticas globales actuales generando regulación relativa a la participación ciudadana y el acceso a la información. 2. No obstante lo anterior, en el caso del sector forestal la instrumentalización de esas políticas no ha sido suficiente87 y, por la naturaleza de las fuerzas que confluyen en él, se requiere de mecanismos específicos y exclusivos ya que no solo están implicados los diferentes actores por si mismos, sino que es crucial la inclusión de los aspectos espacial-territorial (bosque privado, bosque público, bosque de conífera, bosque latífoliado, etc.), de jurisdicción y competencia (nacional, local, administrativo, de derechos involucrados, modos de producción, delitos y faltas, etc.) y temático (planes de manejo, áreas protegidas, servicios ambientales, cooperación internacional, etc.), relacionados con ellos. 3. Las peticiones de la Sociedad Civil hace en relación con la situación del bosque no obedecen a la necesidad de alternativas a ejecutarse in situ, sino al incumplimiento de la Ley por parte de la Autoridad y los particulares y a la impunidad existente en esta materia. 4. Se ha demostrado que autoridades y operadores de justicia están vinculados con quienes infringen la legislación forestal y depredan el bosque, generando altos índices de impunidad no solo en lo que a las infracciones forestales se refiere, sino que se ha extendido contra la vida de quienes han defendido el bosque en Honduras. 5. Lo expuesto en el párrafo anterior conlleva a que la Autoridad olvide su papel de controlador y fiscalizador de las actividades forestales puestas bajo su égida y de mediador en los conflictos que se suscitan en el sector, para tomar partido y encontrarse opuesta al interés de las mayorías, ocultando información y tomando actitudes pasivas o, en el mejor de los casos, reactivas a los sucesos, cuando por ley debiera anticiparse a los hechos denotando una incapacidad en recursos humanos y financieros88 y de permisividad ante la problemática del bosque. 6. La exclusión del control social cesará cuando la participación se ejecute de manera legítima, respaldada por el marco legal vigente y competentes representantes de la autoridad; luego, extrapolando ese control al campo de los recursos forestales, el proceso de reducción de la pobreza en el agro se irá mitigando a pasos agigantados y con la participación y empoderamiento de quienes habitan en el bosque y viven de él de manera directa. 7. Los estudios de país reflejan la existencia de subsectores forestales en desventaja, como los Grupos Étnicos y el Campesinado dedicado a la agricultura de subsistencia, quienes en general habitan en tierras de vocación forestal. 8. Se ha evidenciado que el Sector Forestal de Honduras refleja la ausencia de una política clara en el país hacia los grupos étnicos, quienes se ven forzados a reestructurarse en

87 88

A la fecha, el Instituto de Información Pública ha sido, aunque no ampliamente, severamente cuestionado Es una excusa constante, pero injustificable.

106

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

cualquiera de las organizaciones productivas que el Sector Forestal reconoce para poder ser participes directos del SSF. 9. No existe disposición alguna en la LFAPVS que restrinja la potestad estatal de otorgar planes de manejo en tierras indígenas y dicha Ley no desarrolla los preceptos del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en relación con los procedimientos que debieran seguirse, por lo que el desarrollo de esas disposiciones en el marco legal nacional secundario se hace necesario y impostergable a fin de hacer valer esos derechos. 10. La nueva LFAPVS, acorde a los tiempos, incluye amplios espacios para la participación ciudadana cuando la vigente Ley Forestal no lo hace porque ésta obedece a criterios de crecimiento económico y no de desarrollo89. 11. Las fuerzas que convergen en el Sector Forestal no siempre están directamente contrapuestas por lo que la rotación y el cambio de los bloques de interés será una característica importante y se dirigiría al logro de la sostenibilidad de la explotación forestal. 12. La LFAPVS establece el marco general para el desarrollo de un Sistema Nacional de Participación Pública en la Gestión Forestal (SNPPGF) que incluye cuatro niveles 1) Nacional; 2) Departamental; 3) Municipal; y, 4) Comunitario que incluye a todos los actores directamente relacionados. 13. Los mecanismos paralelos para poner en marcha el SNPPGF deben: • Garantizar la puesta en práctica de las políticas forestales existentes. • Garantizar que los responsables de proteger y administrar el bosque cumplan con su deber como las leyes les obligan. • Fortalecer los organismos de gestión y fiscalización ambiental, incluidos los de la Sociedad Civil, de manera que se institucionalice la auditoria social. • Para que el activismo ambiental no quede en el olvido y sirva de ejemplo para otras comunidades aún tímidas en participar, es necesario desarrollar un programa de comunicación a nivel local, nacional e internacional que requiere de personal y fondos para poder funcionar. • Asesorar técnicamente al nivel local y comunitario en materia de cambio climático, mecanismos de desarrollo limpio, ordenamiento territorial y recuperación de cuencas. • Proteger la vida de los activistas, la cual solo la puede asegurar un estado transparente y comprometido con las necesidades de la gente. • Garantizar que las acciones de protección, mitigación y compensación se hagan realidad y con la participación de la Sociedad Civil y la Auditoria Internacional para asegurar la transparencia de estos procesos. • Establecer que Gobiernos, Organismos de Asistencia Técnica, ONG Internacionales, Empresas Madereras solo deberán permitir la comercialización de madera hondureña solo cuando se cumplan los Acuerdos Internacionales como un mecanismo para mermar la tala ilegal y reducir la pobreza. 14. La inclusión de los diversos actores relacionados directamente en la gestión forestal debe garantizar que sus derechos inherentes no sean menoscabados sino reforzados, por lo que las acciones que se ejecuten para el logro de los objetivos del Sistema deben 89

El concepto de AP es reciente y aparece instrumentalizado con la declaración del Parque Nacional “La Tigra” en 1980.

CONADEH

107

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

reforzarlos, esto es que la oposición a tal o cual cuestión por parte de un actor o grupo de actores (subsector o subsectores forestales) no debe conducir a su exclusión de los beneficios que por determinado proyecto o programa se busquen. 15. Un trabajo exitoso con pueblos indígenas debe incluir: • Respetar las estructuras tradicionales para la toma de decisiones adoptado por los grupos étnicos. • Apoyar las actividades para crear las capacidades locales a todos os niveles, brindando un tiempo prudencial para el proceso de aprendizaje y enseñanza. • Transferir los recursos directamente a las comunidades, fortaleciendo los mecanismos que favorezca la participación, transparencia y rendición de cuentas. • Divulgación y socialización de la información con la comunidad y las instituciones gubernamentales que trabajan con los grupos étnicos, las negociaciones y la resolución de conflictos. 16. El éxito del MFI debe conducir su institucionalización en el CONADEH y el SNPPGF debe propiciar la participación del mismo como observador permanente. 17. El SNPPGF sería exitoso si se acompaña de recursos tecnológicos con sus marcos respectivos para validar la información que a través de ellos se genere, por lo que un Centro de Intercambio de Información Forestal (CIIF) facilitaría la toma de decisiones. 18. Ese CIIF debería estar a cargo de una entidad que garantice el acceso a la información, por lo que el mismo podría estar -en vista de la experiencia y credibilidad adquiridas en los últimos dos años- bajo la Coordinación del MFI, una vez que éste se haya institucionalizado en el CONADEH.

108

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Bibliografía ADMINISTRACION FORESTAL DEL ESTADO (AFE-COHDEFOR). 1996. Análisis del Subsector Forestal de Honduras. SILVIAGRO S. de R. L. Tegucigalpa, 446 p. ----------. 2003. Informe Nacional para el Cuarto Periodo de Sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques. Roma, Italia. 17 ----------. 2007. Anuarios Estadísticos Forestales 2004-2006. Tegucigalpa. AGENDA FORESTAL HONDUREÑA (AFH). 2004. Honduras 2004-2021. Tegucigalpa.

Programa Nacional Forestal (PRONAFOR),

BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), 2002. Balanza de Pagos. Tegucigalpa. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). 2003. Estudio Instrumentos Institucionales para el Desarrollo de Dueños de Pequeñas tierras de Vocación Forestal. Informe Institucional Financiero de País. Programa Alianza Medio Ambiente entre los Países Bajos y el BID.

BELLO, Alvaro. 2004. Etnicidad y Ciudadanía en América Latina La acción colectiva de los pueblos indígenas. División de Desarrollo Social. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago de Chile. COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATNA (CEPAL). 2007. Honduras: Tendencias, Desafíos, y Temas Estratégicos del Desarrollo Agropecuario. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México, DF. 83 p. CONSEJO CENTROAMERICANO DE BOSQUES Y AREAS PROTEGIDAS (CCAB-AP). 1996. Políticas Forestales de Centroamérica: Análisis de las Restricciones para el Desarrollo del Sector Forestal de Honduras. CCAB-AP/CIFOR/IICA/UICN/WRI/FAO/GTZ. Tegucigalpa. FAO, CIFOR, CCAD. 1997. Políticas Forestales en Centroamérica. Análisis de las Restricciones para el Desarrollo Forestal. IICA-Holanda, LADERAS, C.A. 348 p. MARTÍNEZ, Marquez. 2003. Marco Conceptual para la Intervención en las Comunidades Indígenas y Negros con el Proyecto “Facilitación del Comercio e Incremento de la Competitividad”. Banco Mundial Honduras. MORA, Jorge y SUMPSI, José María. DESARROLLO RURAL: NUEVOS ENFOQUES Y PERSPECTIVAS. Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la Formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina. CUADERNOS FODEPAL 2004 OCHOA, Rigoberto. Guía Metodológica para el Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas y Planes Sectoriales. PORTILLO DE JESÚS, Pablo. Curso Introductorio de Derechos Humanos. PRATT, Lawrence y QUIJANDRIA, Gabriel. 1997. Sector Forestal en Honduras: Análisis de Sostenibilidad. Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS. INCAE. Alajuela, Costa Rica. 31 p. REPUBLICA DE HONDURAS. 1982. Constitución de la República de Honduras. Congreso Nacional. ----------- 2001. Estrategia para la Reducción de la Pobreza.

CONADEH

109

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

ROJAS CARON, León. 2006. La Constitución Hondureña Analizada. Litografía López, S. de R.L, Tegucigalpa, MDC, 681p. SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG). 2003. Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras. Mesa Agrícola Hondureña. Tegucigalpa. ----------. 2006. Política del Sector Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre. Consejo Nacional del programa Forestal (CONAPROF). 12 p. ----------. 2006b. Resultados Del Inventario de Bosques y Árboles. Proyecto de apoyo al Inventario y Evaluación de Bosques y Árboles. SAG, AFE-COHDEFOR, ESNACIFOR, AFH y FAO. Tegucigalpa, Honduras. 115 p. SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA). 1998. Recursos Forestales. Perfil Ambiental de Honduras. Tegucigalpa, Honduras; pp. 71-103. ----------. 2001. Estudio sobre Diversidad Biológica SERNA/PNUD/CDB/GEF/CCAD. Tegucigalpa. 171 p.

de

----------. 2005. Política Ambiental de Honduras. Tegucigalpa. 22 p.

110

CONADEH

la

Republica

de

Honduras.

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

ANEXO

CONADEH

111

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

112

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

ACUERDO EJECUTIVO ________________ EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que el Estado ha reconocido que la participación ciudadana permite a los ciudadanos a participar en la formulación y evaluación de las políticas y acciones del Estado mismo, permitiendo a la población ser protagonista y gestor directo de su destino. CONSIDERANDO: Que a pesar de la vocación forestal del país, el bosque es un recurso cuya integridad es cada día más amenazada, lo que ha orillado a la ciudadanía a hacer uso de métodos de presión que luego ha sido necesario legitimar. CONSIDERANDO: El Estado ha reconocido que es necesario, y es el derecho de la ciudadanía, y especialmente para aquellos que habitan en el bosque, participar en la gestión forestal de manera directa, a fin de que las decisiones que se tomen con respecto a tan importante recurso provengan del consenso de todos los involucrados. POR TANTO: En aplicación de los artículos 5; 245, numeral 11, y 340 de la Constitución de la República; 3 de la Ley de Participación Ciudadana; 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; y, 2, inciso 5); 11, inciso 11); 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38 y 40 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre73. Acuerda el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN FORESTAL74 CAPÍTULO I OBJETO Y OBJETIVOS Artículo 1.- Es objeto del presente Reglamento, la regulación de las formas, medios y procedimientos de información y participación del público en la revisión y actualización de la Gestión Forestal, de forma transparente, en igualdad de condiciones y equitativamente, a través de los diferentes Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establecidos el Capítulo II, del Título II de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, así como en las Juntas Administradoras que se establecen en los Artículos 38 y 48 de la misma Ley. Artículo 2.- La aplicación de este Reglamento tiene los siguientes objetivos y que tendrán el carácter de principios básicos para aplicación: 73

Basado en el Decreto Legislativo 98-2007 que contiene la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Se sugirió al final, establecer parámetros de carácter general y obviar el otorgamiento de cuotas como se definió en el texto originario.

74

CONADEH

113

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

a) Facilitar la más amplia información sobre las actividades, acciones y servicios de las instituciones y sectores que conforman el Sistema para la Participación Ciudadana en la Gestión Forestal. b) Facilitar y promover la participación ciudadanos, entidades y asociaciones en la gestión forestal con respecto a las facultades de decisión que corresponden a los órganos sectoriales representativos de la Administración Pública. c) Hacer efectivos en el los derechos de los ciudadanos recogidos tanto en la Ley de Participación Ciudadana, como en la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. d) Fomentar la organización a nivel comunitario en el sector forestal. e) Aproximar la gestión forestal a los ciudadanos, especialmente a aquellos que viven en y del bosque. f) Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos todos los actores relacionados con la gestión forestal. g) Informar acerca de los grandes temas forestales, como el presupuesto general, planes de manejo, resoluciones, programas y proyectos, así como cualesquiera otros por cuyo contenido lo considere conveniente el Sector Forestal Gubernamental. Artículo 3.- Para el logro de estos objetivos, la participación ciudadana se ejercerá a través de los siguientes derechos: a) Información; b) Participación; c) Iniciativa; y, d) Petición. CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN Sección A Del Sistema de Participación Pública en la Gestión Forestal Artículo 4.- Se establece el Sistema de Participación Ciudadana en la Gestión Forestal, de ahora en adelante el Sistema, el cual estará integrado por todos los actores establecidos en el Artículo 13 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, así como por aquellas entidades que conforman los Consejos Consultivos establecidos en el Capítulo II del Título II de la Ley antes mencionada y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a través del Monitoreo Forestal Independiente, como ente observador de los procesos que se generen a través del mismo y, en definitiva, como un mecanismo para propiciar: a) El flujo de información vertical y horizontal entre todos los actores involucrados en la gestión forestal. b) Información verídica y científicamente comprobada del sector forestal. c) El rebatimiento de información que ha sido considerada válida por el Sistema. d) Establecer el foro para la revisión, discusión y evaluación de la Política Forestal, de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre.

114

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

Artículo 5.- El Sistema estará fundamentado en los principios de igualdad en la participación, transparencia en la toma de decisiones, corresponsabilidad y vinculación de las decisiones y equidad en la distribución de los beneficios a nivel local.

Sección B Del Registro de Organizaciones Artículo 6.- Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los Artículos 26 y 28 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre se establece el Registro de Entidades y sus Representantes del Sistema de Participación Ciudadana en la Gestión Forestal como un registro administrativo bajo responsabilidad de: a. La Asesoría Legal del ICF, cuando se trate del COCONAFOR b. Las Jefaturas Regionales cuando se trate de los Consejos Departamentales que se encuentren dentro de su jurisdicción. c. Las Jefaturas Locales del ICF, cuando se trate de los Consejos Municipales y Comunitarios que se encuentren dentro de su jurisdicción. Artículo 7.- Para que las entidades del Sector Forestal que no representan al Sector Gubernamental puedan participar en el Sistema se requiere que las mismas cuenten con personería jurídica y estar inscritos en el Registro a que se refiere el artículo 6 de este Reglamento. Sólo podrán inscribirse en el Registro antes mencionado aquellas entidades que demuestren la defensa de un interés colectivo y cuenten con objetivos relacionados al Sector Forestal, de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre. Las entidades del Sistema podrán invitar a participar en sus sesiones a otras personas o entidades que no cuenten con personalidad jurídica y deseen participar con voz en las sesiones pudiéndolo hacer una vez aprobada su participación por parte de del Sistema. Artículo 8.- La solicitud de inscripción se presentará por el interesado en las oficinas del CIF de su domicilio. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las entidades interesadas, que habrán de aportar los siguientes datos: a) Fotocopia autenticada del documento de constitución debidamente registrado. b) Relación de personas que ocupan cargos directivos. c) Domicilio social o cooperativista. d) Presupuesto del ejercicio económico en curso. e) Programa de actividades del año en curso. f) Certificación del número de socios o miembros. Artículo 9.- Una vez efectuado el registro correspondiente, la autoridad gratuitamente extenderá la Constancia respectiva en la que se indique, al menos: CONADEH

115

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

a. La identificación del registrado y de su representante legal, incluyendo sus datos personales. b. Subsector que representa. c. El número y folio bajo el cual quede asentado el registro. d. El hecho de ser la que se extiende la primera constancia, haciendo mención expresa de que por esa razón se le extiende gratuitamente y que la misma le sirve de título. En cuanto a la expedición de ulteriores constancias de inscripción o certificaciones de éstas, se estará a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social.75 Artículo 10.- El CIF deberá establecer los programas y proyectos necesarios para capacitar, concientizar e impulsar la organización de la población, especialmente de aquellos actores vulnerables, con miras al fortalecimiento del Sistema. Sección C Representatividad de los Actores Artículo 11.- Aquellas organizaciones que carezcan de formalidades, o que no estén inscritas en el Registro de que se trata en este Capítulo, podrán hacerse representar por otras entidades ya registradas, pero deberán de nombrar a un responsable que pueda ser ubicado y que sea claramente identificable, de ser posible; asimismo, deberán tener en cuenta que la información que se proporcione a través de esa representación sea suficiente de manera que permita su revisión y se incluyan las pruebas documentales que puedan sustentarla y que esa información se dirija a promover la aplicación de la ley y no a causar perjuicios infundados u hostigar una industria. Artículo 12.- Las organizaciones que participan del Sistema son libres de llegar a los acuerdos que estimen convenientes, a través de los medios que les parezcan adecuados, basados siempre en los principios de igualdad, transparencia y equidad. Artículo 13.- El nivel decisorio está obligado a respetar los acuerdos originados en el nivel comunitario, salvo interés general u obligatoriedad de la Ley. Sección D De las Reuniones y la Toma de Decisiones del Nivel Decisorio Artículo 14.- Las reuniones se llevarán a cabo de conformidada lo establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y vida Silvestre. Artículo 15.- El ICF deberá gestionar el financiamiento para la participación de los siguientes actores en las reuniones del COCONAFOR, así: 75

Se debe pagar 150.00L por cada constancia o certificación.

116

CONADEH

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

a) A los representantes de los Grupos Indígenas y de los Afrohondureños Negros, hasta el año 2021. b) A los representantes del Subsector Cooperativas Agroforestales cuando estos provengan de un lugar distinto a aquel en que haya de celebrarse la reunión, hasta el año 2014; no obstante, del período 2012 al 2014 el financiamiento deberá ser solicitado por los representantes de este subsector. c) A seis representantes del Subector Campesino, cuando estos provengan de un lugar distinto de la Capital de la República o del domicilio donde se lleve a cabo la reunión hasta el 2014. d) A un representante por cada departamento de la Sociedad Civil, cuando esta lo solicite y provenga de un departamento distinto de aquel en el que tendrá lugar la reunión de mérito. Artículo 16.- Las decisiones de los acuerdos llegados en el COCONAFOR se tomarán por unanimidad, por dos terceras partes y por mayoría simple, dependiendo de los aspectos de que se traten. CAPÍTULO III DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Artículo 17.- El ICF informará al público a través de los medios de comunicación social, mediante la edición de publicaciones, folletos y demás medios análogos o electrónicos; la colocación de carteles, paneles y vallas publicitarias, tableros de anuncios, proyección de vídeos, organización de actos, y cuantos medios consideren necesarios. Al mismo tiempo, podrá recoger el parecer de los vecinos y entidades ciudadanas por medio de campañas de información, debates, asambleas, reuniones, consultas, encuestas y sondeos de opinión. Lo dispuesto en este artículo se hace sin perjuicio de otras disposiciones relativas a la divulgación de información que la Ley o este mismo Reglamento establezcan. Artículo 18.- En las oficinas del ICF se establecerá una Oficina de Información, o en su defecto, un responsable de información, así como un Registro de Iniciativas, Quejas y Reclamaciones, cuyas funciones serán las siguientes: a) Canalizar toda actividad relacionada con la información a que se refiere el artículo 17 precedente, así como el resto de la información que el ICF proporciona. b) Informar al público acerca de los fines, competencias y funcionamiento de los distintos Órganos y Servicios dependientes del ICF. c) Informe acerca de los trámites administrativos de cada expediente que se lleve en esa oficina, y llevar el oportuno seguimiento de los mismos. Artículo 19.- Se establece el Centro de Intercambio de Información en Materia Forestal, de ahora en adelante el CIIMF, a fin de: a) Facilitar el intercambio de información y experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica en relación con el sector forestal, las áreas protegidas y la vida silvestre; y CONADEH

117

Propuesta de Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Pública para la Revisión, Elaboración y Evaluación de la Política Forestal, con Especial Atención a la Inclusión de los Grupos Étnicos, Campesinos y Otros.

b) Prestar asistencia a los actores involucrados en la aplicación de las políticas e instrumentos relacionados con el sector forestal, las áreas protegidas y la vida silvestre, teniendo presentes las necesidades especiales de las comunidades asentadas en los bosques y de aquellos que se benefician de ellos directamente. Artículo 20.- El CIIMF será un medio para difundir información a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento. Artículo 21.- Sin perjuicio de la protección de información confidencial, los miembros del Sistema podrán proporcionar al CIIMF cualquier información que haya que facilitar al mismo, en virtud de este Reglamento y también información sobre: a) Leyes, reglamentos y lineamientos nacionales existentes para la aplicación de la Política Forestal, de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre; b) Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales en la materia; c) Resúmenes de sus diagnósticos ambientales cualitativos, evaluaciones del riesgo o relacionados con el aprovechamiento de recursos forestales. Artículo 22.- El Sistema examinará las modalidades de funcionamiento del CIIMF incluidos los informes sobre sus actividades, adoptará decisiones respecto de esas modalidades y las mantendrá en examen en lo sucesivo. Artículo 23.- El CIMMF será administrado por el CONADEH, a través de un convenio interinstitucional suscrito entre éste y el ICF. CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES Artículo 24.- De acuerdo con sus recursos presupuestarios, el ICF podrá subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de intereses generales o sectoriales relacionados con los recursos forestales, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las actividades que realicen. Artículo 25.- El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre es la entidad responsable de la aplicación de este Reglamento. Artículo 26.- En cuanto a lo no previsto en este Reglamento, se estará a las disposiciones del Ley Forestal, áreas Protegidas y Vida Silvestre y su Reglamento General, en tanto éste último no contradiga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Participación Ciudadana, la Ley General del Administración Pública y la Ley de Procedimiento Administrativo. Artículo 27.- El presente reglamento entrará en vigencia 80 días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

118

CONADEH