Empresa y medio ambiente en Chile: pasos recorridos en las últimas dos décadas / SECCIÓN ESPECIAL

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Empresa y medio ambiente en Chile: pasos recorridos en las últimas dos décadas Sofía Törey Fernández Periodista, Licenciada en Información Social, ex editora de revista Ambiente y Desarrollo. E-mail: [email protected]

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on un papel protagónico en el crecimiento económico de Chile, las empresas de todos los sectores productivos han visto cambiar en las últimas décadas tanto las exigencias sobre sus procesos, productos y gestión en general, como las expectativas que la sociedad tiene respecto de sus contribuciones. De una concepción de desarrollo que resaltaba por sobre todo el desafío del crecimiento, se pasa a una visión que demanda compatibilizar el crecimiento con la protección ambiental y aspectos de equidad social, bajo el paradigma del desarrollo sustentable.

INTEGRÁNDOSE EN EL DEBATE

En la década de los 80, CIPMA ofreció en Chile los primeros y principales espacios de debate ambiental e intercambio de puntos de vista entre actores diversos: científicos, miembros de ONGs, del sector público y del sector privado. Es así como también los empresarios han estado presentes en los encuentros, seminarios y grupos de trabajo del Centro, participando en el análisis de conceptos, exponiendo sus aprensiones y propuestas, junto a la identificación de obstáculos y logros del sector productivo en el área ambiental, información que ha sido difundida por las páginas de Ambiente y Desarrollo. De hecho, los 20 años de publicación ininterrumpida de esta revista permiten reconocer, a través de sus diversos artículos, algunos de los principales hitos del camino recorrido por las empresas en el tema ambiental, como se resume a continuación.

En los períodos entre Encuentros, CIPMA organizó seminarios en los que buena parte de las presentaciones estuvieron a cargo del sector productivo. Fue el caso, por ejemplo, del seminario de CIPMA el año 1987 “El rol de la empresa en la conservación ambiental”, una iniciativa de diálogo interdisciplinario e intersectorial, todavía inusual en ese entonces.

En el Primer Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente (1983), entre una concurrencia de 406 participantes, principalmente académicos y miembros de ONGs, se inscribieron ocho empresarios. Durante la década que siguió, la presencia de empresarios en estos eventos de CIPMA aumentó sostenidamente, mostrando su creciente interés en el tema y una participación cada vez más activa: 45 en el Segundo Encuentro (1986), 71 en el Tercer Encuentro (1989), 110 en el Cuarto Encuentro (1992)1.

Diversas ponencias presentadas en esa oportunidad, recogidas por Ambiente y Desarrollo en sus ediciones de 1988, dan cuenta de una doble preocupación de los empresarios: por una parte, la forma de abordar los problemas ambientales; y, por la otra, la de cómo interrelacionarse con otros actores y ante la opinión pública al abordar este tema, considerando el clima de desconfianza y descalificaciones que caracterizaban el incipiente diálogo en esta materia. Por ejemplo, Pedro Vergara –del Centro de Estudios, Medición y

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En esta oportunidad se produjo la mayor asistencia de todos los Encuentros (el público total alcanzó 650 personas), debido a las expectativas generadas por la Cumbre de Río, que las Naciones Unidas realizaría tres meses más tarde y la aspiración de contribuir a la presentación de la delegación oficial chilena.

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Certificación de Calidad (CESMEC La aceptación de parte Ltda.)– menciona el interés creciente de la culpabilidad de las de los industriales por cuantificar el impacto que sus subproductos alteraciones del entorno y indeseados crean en el ambiente, el deseo y la necesidad de pero advierte también que los corregir eventuales errores empresarios “no se sienten inclinados en las planificaciones y a participar en debates y conferencias relacionados con la contaminación, no operaciones, dignifica a la porque no tengan cosas importantes empresa y aumentan su que decir, sino por temor al uso y credibilidad externa en el abuso que muchas veces hacen los público (Hajek 1988) medios de comunicación en torno a ellos” (Vergara 1988). El evento parece haber hecho un aporte en torno a ambas preocupaciones. “La realización del seminario ha contribuido en parte a lograr que una comprensión mutua entre el académico básico y el productor los acerquen a una conjunción tal que de su interacción surja un fruto de utilidades para el país”, señalaba el profesor de la Universidad Católica de Chile, Ernst Hajek, en una Carta al Director de Ambiente y Desarrollo. Indicaba que en la oportunidad se plantearon claramente los requerimientos de la empresa por una parte y las capacidades de la academia por otra, al tiempo que observa: “la empresa es muy pragmática en sus planteamientos a la academia (o a quien pueda ayudar). Lo que la empresa básicamente plantea no son proyectos de gran envergadura ni equipos humanos numerosos, ni investigación de larga duración, sino que necesidades de obtener soluciones concretas, viables, firmemente sustentadas y en tiempo y costo razonables. ¿Puede la academia responder a ese desafío?”. Por otra parte, refiriéndose a temores del sector empresarial, Hajek indica: “una aceptación de una parte de la culpabilidad de las alteraciones del entorno y la expresión del deseo y la necesidad de corregir las modificaciones o los eventuales errores en las planificaciones y operaciones (al faltar muchas veces la evaluación de impacto ambiental), dignifica a la empresa y aumentan su credibilidad externa en el público” (Hajek 1988). Aludiendo al mismo seminario, Manuel Feliú, entonces presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, señala que esta iniciativa “emprendida con oportunidad y acierto por CIPMA (...), aparte de congregar académicos y empresarios –acción que debe fomentarse–, permitió examinar

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seria y desapasionadamente el potencial contaminante del proceso productor de bienes económicos. Particularmente, debe destacarse la atmósfera serena y analítica de las reuniones en que los concurrentes pudieron advertir, muy de cerca, cuánto y cómo pueden contribuir uno y otro sector al examen y solución de grandes problemas nacionales, y que el tratamiento ideológico, contestatario o emocional apenas logra presentar en forma de croquis la realidad, sin llegar hasta la arena del saber y del hacer” (Feliú 1988).

ACCIÓN SECTORIAL Tanto el seminario de 1987 como el ciclo de cinco seminarios Acción Ambiental, ¿Obstáculo o impulso al desarrollo?, de CIPMA (1989-1990), enfocados a los distintos sectores productivos, así como las ponencias del Tercer Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente (Concepción, 1989), reflejan dos tipos de discusiones que centran la atención de las empresas a fines de los 80 e inicios de los 90: • la referida a los aspectos técnicos (incorporación de tecnologías limpias y procesos sustentables en la producción); y • el requerimiento de políticas sectoriales que favorezcan un manejo integral, ambientalmente sustentable de los recursos naturales. En el primer caso, el manejo del tema está principalmente en manos de los empresarios, quienes dan a conocer los esfuerzos que están haciendo por identificar impactos ambientales y las inversiones para mitigarlos, algunas del tipo end of the pipe, otras ya con el concepto de prevención incorporado en la gestión. En algunas situaciones, estas iniciativas ya responden a una reciente adopción de una política ambiental en la empresa y a la creación de reparticiones en ellas encargadas del tema. En el Recuadro 1 se dan algunos ejemplos de las primeras inversiones. Desde el ámbito académico y de las consultorías, el acento está puesto en la discusión de políticas necesarias para un desarrollo más sustentable de las actividades y productivas, así como en analizar mitos y realidades respecto a las externalidades que ellas producen.

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En el sector forestal, por ejemplo, Eladio Susaeta (1989) destaca tres prioridades en los temas ambientales del desarrollo forestal: el manejo del bosque nativo, la racionalización del desarrollo de las plantaciones y la modernización de las normas e instituciones relacionadas con el control de emisiones y desagües industriales. Por su parte, Harald Schmidt (1989) aborda el papel que podía cumplir la silvicultura en el desarrollo sustentable de los bosques naturales productores de madera, señalando que, a pesar de la progresiva degradación del bosque nativo, subsistían superficies importantes de millones de hectáreas de bosques con potencial productivo de maderas de valor. “Transformar estos bosques naturales en bosques manejados, mejorar su producción y lograr un bienestar permanente solo es posible a través de medidas de conservación y de manejo adecuadas”, sostenía. En el medio agrícola, Michael Nelson (1989), investigador asociado de CIPMA, aborda en un estudio los mitos asociados a problemas ambientales en la agricultura, indicando que tales mitos “no constituyen un contexto operacional para la toma de decisiones, pero sí son un punto de partida de una agenda de ciencia y tecnología para clarificar problemas, oportunidades y limitaciones al cambio en el uso de recursos”. Al mismo tiempo, cita un estudio que identifica siete temas críticos para el medio ambiente, en momentos en que en el país se aspiraba a la intensificación y expansión de la producción agrícola en la década del 90. Entre ellos están la degradación de la tierra y de los recursos bióticos, conflictos entre diversos usuarios del sector así como entre el sector agrícola y otros usuarios del agua, sedimentación, salinización a través de la irrigación, daños por inundaciones y daños por incendios. Michael Nelson propone la discusión sobre la formulación de una política de ciencia y tecnología para la agricultura, incluyendo en el debate al menos cuatro prioridades: los aspectos de sustentabilidad y equidad en el uso de la tierra y del agua para producción agrícola intensiva de exportación en el Norte Chico y en el valle central; aspectos de sustentabilidad y equidad que surgirían en la medida que el “milagro” agrícola se extienda a la región centro sur; manejo de tierras consideradas aptas solamente para uso forestal, pero que en algún momento fueron convertidas a la agricultura y después degradadas; manejo de terrenos

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Recuadro 1

Primeras inversiones ambientales Minería Un conjunto de artículos sobre el sector minero publicados por Ambiente y Desarrollo en diciembre 1987 permite observar que a esa fecha algunas empresas mineras ya tenían incorporados proyectos ambientales con sus respectivos ítemes de inversión. Según señala Gerardo Muñoz, de Codelco, en la última década la Corporación había invertido más de mil millones de dólares en todos los proyectos relacionados con control ambiental; todos ellos derivados de motivaciones de eficacia y productividad. La Compañía Minera La Disputada de Las Condes daba también a conocer sus iniciativas en áreas relacionadas con la extracción y chancado del mineral, tranques de relaves y fundición, con medidas que incluían control de emanación de polvo en chancadores, protección contra derrames de tranques, sistemas de captación de derrames, obras de tipo sanitario, nueva nave de conversión, nuevas chimeneas de horno de reverbero, campanas de captación de convertidores, sistemas de medición de concentraciones en la fundición, reforestación, entre otras. Compañía Minera El Indio informaba también sobre los esfuerzos orientados a limitar las emisiones de arsénico al ambiente, a evitar contaminación asociada a los tranques de relaves y al control de la calidad de las aguas, además de programas de protección de la fauna. Tres años más tarde se publican en la revista detalles del proyecto de Minera Escondida que estaba pronto a ponerse en marcha y había contemplado la variable ambiental desde el diseño, mientras ENAMI, a punto de poner en funcionamiento la planta de ácido sulfúrico de Ventanas a fines de 1990 (con una inversión de más de 80 millones de dólares), anunciaba una política ambiental más proactiva de la empresa. Forestal Ernesto Ayala, Presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), mencionaba diversos esfuerzos, en marcha o en etapa de proyecto, que estaba haciendo la empresa para controlar los niveles de sus emisiones e impactos ambientales. En la fábrica de Puente Alto destacaban el reemplazo en 1987 de las calderas por equipos que reducían enormemente las emisiones de partículas hasta un nivel bajo la norma, mejoras en la recolección de desechos gruesos en la fábrica de papeles tissue, una planta nueva de papel recuperado prevista para fines de 1990 y un sistema final del efluente de la fábrica para 1991, todo lo cual implicaba una inversión total de 3 millones de dólares.

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En la fábrica de Laja, los esfuerzos para disminuir la contaminación implicaban una inversión de 11 millones de dólares en cinco años, más otros 8,5 millones de dólares en un proyecto por eliminar la presencia de mercurio en el efluente descargado. Otros 23 millones se proyectaban para las inversiones y estudios orientados a reducir el impacto ambiental en Inforsa, de la cual CMPC era accionista mayoritario. Ayala también destaca los aportes de la empresa a la recolección masiva de papel viejo y a la plantación de bosques y conservación de especies de flora y fauna (Ayala 1990). Por su parte, Guillermo Güell, Gerente de Aserraderos Copihue, indicaba que “la conservación ambiental forma parte de los principios generales que orientan la acción de la empresa Copihue”, mencionando el aporte de sus plantaciones a suelos en gran medida degradados y proyectos conjuntos con CONAF para la conservación de la flora y fauna (Güell 1990); y Roberto Delmastro, Gerente General Forestal Valdivia, daba a conocer sus planes ambientales, que incluían investigación del bosque nativo, la creación de un parque forestal privado de uso público (Parque Oncol) en 1990 y una iniciativa de conservación del pudú. (Delmastro, 1990 ) Pesca En uno de los seminarios de CIPMA, José Cañón, en representación de pesqueras Indo, Eperva e Iquique, indicaba: “las empresas pesqueras más grandes han creado líneas de investigación en las cuales el efecto ambiental está siendo abordado, adelantándose en muchos casos a la acción oficial” (Cañón 1988). También daba cuenta de algunas inversiones, como la planta procesadora de harina de pescado instalada en Mejillones en 1987 con tecnologías para mitigar olores, ya que aprovechaba los vapores para producir energía, la que a su vez era reutilizada en el proceso productivo. Igualmente, mencionaba el inicio de estudios en los principales puertos pesqueros del país para instalar ductos de evacuación del remanente no utilizado del agua de sangre. Pero, junto con ello, Cañón advertía tanto sobre la desinformación que existía en torno a los avances tecnológicos del sector en prevención de la contaminación, como sobre la falta de disposición de parte de las empresas pesqueras para comunicar estos logros al grueso público y a la comunidad científica nacional. Referencias bibliográficas Cañón, J. (1988) El rol de las empresas en la conservación ambiental: sector pesquero. Ambiente y Desarrollo 4 (1-2): 15-16. Varios autores (1987) El rol de las empresas en la conservación ambiental: sector minero. Ambiente y Desarrollo. Número Especial, diciembre 1987. Varios autores (1990) Iniciativas ambientales en empresas forestales. Ambiente y Desarrollo 6 (1): 83 -91. Varios autores (1990) Iniciativas de conservación ambiental en empresas forestales. Ambiente y Desarrollo 6 (2): 71 -78.

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ganaderos que nunca se forestaron y que se han utilizado tradicionalmente para pastoreo extensivo y, en algunos casos, mal utilizado para cultivo, y constituyen un blanco seguro en el proceso de desertificación. En el mismo número Miguel Altieri, haciendo una fuerte crítica al modelo bajo el cual se “modernizó” la agricultura chilena en los años 80 y señalando sus impactos ambientales, plantea como dos grandes desafíos transformar el modelo agroexportador en uno económica y socialmente equitativo, basado en un paquete tecnológico ecológicamente “más suave”, y ofrecer tecnologías apropiadas a los campesinos, a la vez que asegurar su acceso a mejores recursos naturales, créditos, asistencia técnica y servicios públicos de salud, educación, entre otros (Altieri 1989). Cinco años más tarde, adelantando la discusión que debía darse en el 5º Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente, Julio Berdegué y Tomci Tomic fundamentaban en tres motivos la importancia de responder a diversos interrogantes sobre cómo avanzar a una agricultura de alta calidad ambiental: i) porque la agricultura y el medio rural en nuestro país están ya irreversiblemente orientados y abiertos a los mercados mundiales. El logro y mejoramiento de la calidad ambiental de los productos es hoy una condición indispensable de la competitividad internacional; ii) porque la legitimidad social del sector agrícola estará crecientemente vinculada a sus externalidades ambientales y a la generación de alimentos sanos; y iii) porque la recuperación y conservación de los recursos naturales son componentes indispensables de cualquier esfuerzo serio de abatimiento de la pobreza rural en vastas áreas del país (Berdegué y Tomic 1995). NUEVO CONTEXTO PARA LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Tanto en sus eventos como en editoriales de revista Ambiente y Desarrollo, CIPMA ha destacado el hecho que varias empresas en Chile se adelantaron a las exigencias del Estado en materia ambiental, lo que se explica fundamentalmente por las demandas de las sociedades de destino de sus exportaciones con estándares ambientales más exigentes que los locales. En el debate de principios de los 90 se contrasta el desafío ambiental ya abordado en muchos países desarrollados con un camino todavía de aprendizaje

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en países en desarrollo. Se citan encuestas públicas en Europa y Norteamérica que dan cuenta de la alta prioridad que otorgan los ciudadanos y los consumidores a los aspectos ambientales.

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Y debe, por tanto, estar presente en la base de la estrategia económica nacional de largo plazo”. Junto con ello, Fajnzylber aportaba argumentos para considerar la protección ambiental como una forma de facilitar la continuidad del desarrollo, en lugar de verla como un costo: i) de este modo se garantiza un flujo y un volumen de inversión internacional más permanente y sólida; ii) se hace posible elevar la eficiencia de los procesos productivos aprovechando subproductos (los diseños de líneas de producción actuales se caracterizan, en muchos casos, por ser derrochadores); y iii) se disminuye el riesgo de catástrofes ambientales. Para Fajnzylber, internalizar los costos asociados a la conservación de recursos y la protección ambiental era tan importante como haber llegado a la posición que entonces ostentaba el país en los mercados internacionales: “si no se comprende esto oportunamente, bien pudiera ser que la despreocupación ambiental se convierta en el talón de Aquiles de la actual estrategia de crecimiento” (Fajnzylber 1990). Al año siguiente, en un seminario de CIPMA, Fajnzylber insistiría nuevamente en la urgencia de incorporar en el proceso decisorio de las estrategias de desarrollo el criterio de sustentabilidad, poniéndolo en el contexto de las tres grandes tendencias, convergentes, que dominarían la década de los 90: el aumento de la competitividad internacional, la incorporación de la sustentabilidad como parte del sentido común y el progreso técnico como base de una competitividad compatible con la sustentabilidad (Fajnzylber 1991).

Si no se internalizan oportunamente los costos de la conservación, es probable que la degradación ambiental se convierta en el talón Richard Parrot, gerente general de de Aquiles de la actual Tasman Chile, empresa filial de Fletcher Challenge Limited de Nueva Zelanda, estrategia de crecimiento sostenía que “para la industria forestal económico de los años 90, Desarrollo Sostenible (Fajnzylber 1990). significará reconocer los límites de los recursos naturales y trabajar con mayor eficiencia dentro de esos límites” (Parrot 1990). Mencionaba el caso de Fletcher Challenge Canadá, que había adoptado el principio del desarrollo sostenible en todas sus operaciones y que había nombrado un vicepresidente con responsabilidad expresa en materia de prácticas gerenciales atinentes al medio ambiente, junto con iniciar una serie de programas educativos para elevar la conciencia ambiental de su personal. En el sector forestal, lo que ocurría en el mundo ya daba ciertas directrices a la industria, como la menor aceptación de preservantes de cobre-cromo-arsénico para la madera, del pentaclorofenato como compuesto desmanchador y menores tolerancias para residuos organoclorados en pulpa y papel; mientras ya estaban en diseño normas ambientales de la Asociación Canadiense de Pulpa y Papel para ser adoptadas por todo el sector, al igual que códigos de buenas prácticas. Los que estamos en la industria debemos tomar la iniciativa para la formulación de normativas gerenciales responsables y de larga duración y no esperar hasta que se nos tengan que imponer”, indicaba Parrot. Por su parte, desde CIPMA, Fernando Fajnzylber, sostenía que la relación entre recursos naturales y medio ambiente no estaba solo asociada a la calidad de vida, sino a la esencia misma del dinamismo económico. “Puesto que un alto porcentaje de las exportaciones (alrededor del 90%), del ingreso tributario y de las actividades de las empresas líderes de Chile (Copec, Codelco) están relacionadas con la explotación de recursos naturales, se comprende que el tema ambiental está en el corazón del dinamismo económico chileno.

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No estaba ausente la preocupación por el costo que significaba ponerse al día con las exigencias ambientales internacionales, aunque tampoco la idea de eventuales oportunidades que con ello se abrían. Efraín Friedmann (1990) afirmaba: “debemos tener la mejor protección ambiental al costo que podamos pagar. Esta es una elección que deberá hacer cada país y, como envuelve valores económicos y no económicos, actuales y futuros, será una elección eminentemente pública y política”. Destacaba que en ese debate público los empresarios debían par ticipar y hacer valer sus puntos de vista. Valoraba, en ese sentido, la par ticipación activa de

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los empresarios en los encuentros y seminarios de CIPMA. Esta participación destacada por Friedmann tuvo como efecto impulsar la formulación de planteamientos propios por parte de la SOFOFA y el Instituto de Ingenieros de Chile. “Según un estudio aparecido en The Economist (8 de septiembre de 1990), ya hay entre 100 a 200 grandes empresas multinacionales que están tomando decisivas medidas para avanzar en tecnología ambiental, yendo en muchos casos bastante más allá de las actuales exigencias gubernativas”. Y agregaba: “el desarrollo de las tecnologías verdes es tal vez el desafío más importante y la oportunidad más prometedora para la empresa de los 90 y más allá. Chile, este joven aspirante a tigre del Pacífico Sur, no tiene por qué estar ausente de esta fascinante competencia”. En 1992, Andrés Gómez-Lobo, del consejo consultivo de CIPMA, resaltaba que las consideraciones ambientales estaban influyendo cada vez más las decisiones de políticas comerciales y flujos internacionales de bienes. “Desarrollar una estrategia ambiental puede ser el componente esencial de una política exportadora exitosa en la década de los 90”, decía. Ya se contaba con la fuerza que adquirieron los argumentos ambientales en el debate sobre un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. El cambio en los patrones de consumo y la conciencia ambiental de los consumidores se vislumbraba como un factor importante que condicionaría las exportaciones de los países de la región latinoamericana en la década de los 90. Ya en diciembre de 1991 había entrado en vigencia una nueva ley en Alemania que exigía el uso de envases reciclables o retornables para los productos agrícolas que ingresaban a ese mercado y, con ello, la discusión de hasta qué punto los estándares ambientales podían ser utilizados como barreras disfrazadas al comercio o cumplían realmente un objetivo ambiental. “Es importante que los exportadores estén alertos a las exigencias ambientales de los mercados mundiales. En este sentido, es muy importante que exista una transparencia en los procesos productivos para que los consumidores puedan evaluar cuáles son los impactos ambientales que provoca el consumo de un producto en particular”, advertía Gómez-Lobo.

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CRECIENTE DEMANDA INTERNA No solo se percibe en el debate la presión ejercida por las exigencias externas, sino también una creciente conciencia ambiental dentro del país. En 1990 Manuel Feliú destaca en un artículo que el tema ambiental había iniciado su ascenso en la escala de prioridades de la población. “Los empresarios, como agentes de innovación y cambio, detectamos claramente este fenómeno. Pero más que eso, intuimos que en los próximos años la preocupación en torno al medio ambiente se hará más intensa, porque los problemas ambientales serán más agudos y sus efectos recaerán sobre sectores cada vez más amplios de la población. Por eso, las demandas de explicaciones y respuestas de la comunidad se harán más apremiantes” (Feliú 1990). Manifestaba su preocupación ante los enfoques que buscan solucionar los problemas ambientales por la vía de frenar la producción, colocando obstáculos legales y exigiendo altas inversiones. “El resultado es el aumento de los costos, suscitándose de este modo un conflicto entre conservación y progreso”. Pero del mismo modo criticaba la negativa predisposición de los agentes productivos hacia la conservación y el tema ambiental en general. “De las dos visiones equivocadas surge una perspectiva nueva para enfocar el tema, y que los empresarios hacemos nuestra. Este nuevo enfoque considera que la preocupación ambiental debe constituir una oportunidad real para abrir nuevos mercados, prevenir futuras restricciones al comercio y bajar los costos de producción”, sostenía Feliú. CUMBRE DE RÍO El año 1991 es intenso en la preparación de la Cumbre de Río y comienza a consolidarse la instalación del concepto de desarrollo sustentable en el mundo empresarial. Esto significa, entre otras cosas, pasar de hablar de los problemas ambientales, de la contaminación o del manejo de recursos como fenómenos aislados, a un paraguas bastante más amplio e integrador de las acciones. En esta época CIPMA preparaba el 4º Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente, que se realizaría en Valdivia tres meses antes de la Cumbre, centrado en el tema de la Gestión Ambiental, contando

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con la presencia de empresarios en todos los grupos de trabajo que llevaron propuestas al evento2. El año anterior a la cumbre en octubre Stephan Schmidheiny, presidente del Empresarial para el Desarrollo Sustentable, a un simposio preparatorio. Allí comentó ejecutivos latinoamericanos:

de 1991 Consejo convocó ante los

“En mis conversaciones con otros empresarios, ya sea en Suiza, Japón, Brasil y otras partes, he tenido la oportunidad de constatar que en el ámbito empresarial el tema del medio ambiente tiende a veces a despertar más un rechazo emocional que un interés de tipo racional. Por más comprensible que esto pueda aparecer, no se debe olvidar lo riesgoso que resulta para un empresario esconder la cabeza como el avestruz frente a los problemas. Por esto quisiera, antes que nada, explicar el porqué de mi convencimiento de que una visión y concepción constructiva y orientada al largo plazo constituye un factor que solo puede redundar en nuestro propio beneficio empresarial. Dicha visión encuentra expresión en el término desarrollo sustentable” (Schmidheiny 1992). En esta misma línea escribe Guillermo Güell, de la Sociedad de Fomento Fabril y coordinador de un grupo de trabajo “Empresa y Medio Ambiente” del 4º Encuentro de CIPMA (Valdivia 1992), explicando que “el mundo empresarial converge hacia un modelo económico completamente nuevo en el planeta y, por ahora, casi desconocido. Tras las revoluciones agrícola, industrial y tecnológica, se esboza un bandazo histórico: la revolución ambiental. Este nuevo modelo tiene como base un concepto creado recientemente y que se denomina desarrollo sostenible. Es una palabra que apenas ha salido de las salas de los simposios y, por ello, es importante que se divulgue su exacta significación”. Luego de explicarlo brevemente, destaca: “Tenemos el modelo y el concepto. Pero todavía no se han traducido en acciones prácticas”. Haciendo eco del encuentro preparatorio a la Cumbre organizado en Río de Janeiro por el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable (Business Council for Sustainable Development - BCSD), Güell 2

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comunica los aspectos centrales del Mensaje a los Gobiernos que el sector empresarial difundió a partir del encuentro, una especie de rayado de cancha para el debate de Río dentro del cual establecer los compromisos del empresariado (Güell 1991). Pasada la Cumbre de la Tierra, Eduardo Arriagada, entonces Presidente de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, y Guillermo Geisse de CIPMA en presentaciones ante el Colegio de Ingenieros, dieron sus impresiones sobre la Cumbre, que fueron posteriormente publicadas en la revista. Para Arriagada, en Chile asistimos a un nuevo escenario para el sector empresarial, marcado por ideas como la ecoeficiencia, el principio de el que contamina paga y la aparición del principio precautorio (Arriagada 1992). Sugiere que los empresarios deben superar el abuso del lobby para alcanzar sus objetivos, tal como los gobiernos deben superar la sobreconfianza en las regulaciones y el control. Para Guillermo Geisse, el atraso de Chile en incorporar el tema ambiental en la agenda política y empresarial, contrasta con su buena posición a incluirlo respecto de los prerrequisitos económicos y políticos para emprender la ruta de un desarrollo sustentable (Geisse 1992). LEY DE BASES DEL MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICAS PÚBLICAS Ya en los seminarios de CIPMA de 1987 y 1990, los empresarios habían llamado la atención sobre la importancia de contar con legislación en el tema ambiental. “El sector productivo tiene perfectamente clara la necesidad imperiosa de que se legisle sobre el uso y protección del medio ambiente”, había señalado entonces el Vicepresidente de Compañía Minera El Indio, Jorge López (López 1987). Con la promulgación en marzo de 1994 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, se escribe una nueva página en el esperado rayado de cancha, dado que se define la institucionalidad del sector y los instrumentos de gestión ambiental, en el marco de seis principios básicos: la prevención del daño ambiental, el que contamina paga, el gradualismo en la adopción de estándares y soluciones ambientales, la responsabilidad por daño ambiental, la participación ciudadana y la eficiencia en el abordaje de los problemas ambientales.

Además, uno de los grupos de trabajo, coordinado por el empresario forestal Guillermo Güell, abordó el tema “Gestión ambiental en la empresa”.

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Tras aparecer la Ley, viene el desafío de su reglamentación, siendo los aspectos relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una de las principales preocupaciones de los empresarios en esa época. En este periodo Ambiente y Desarrollo entrevista a Fernando Agüero (Törey 1995), entonces presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Él mencionaba como uno de los cuellos de botella de la gestión ambiental en la industria la falta de reglas claras respecto de cómo debe ser la aplicación de la ley ambiental. Eran momentos en que muchas empresas ya estaban trabajando con el instructivo presidencial para la evaluación ambiental de los proyectos, y se discutía cuál sería el umbral para la inclusión o exclusión de distintos tipos de proyectos en el SEIA. También preocupaban los aspectos de gestión. Agüero señalaba como un problema de la Ley de Bases el que esta había supuesto un espíritu de cooperación muy grande, y en forma voluntaria, por parte de los distintos servicios de gobierno a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y sus representaciones regionales, creando una institución coordinadora de los servicios. “Eso no se está dando satisfactoriamente. Cada servicio quiere mantener sus atribuciones”, señalaba. Saber qué debían hacer y establecer un tiempo para hacerlo, era la preocupación de los empresarios, según manifestaba. En cuanto a los desafíos que planteaba el tema de participación ciudadana, Agüero indica: “otro aspecto importante es que hoy la empresa está crecientemente aceptando como obligación el atender los requerimientos ambientales de la comunidad en que se inserta. Antes, para instalar una industria, lo más importante era contar con la aprobación del Director de Obras Municipales. Hoy, lo más importante es la opinión de las organizaciones de la comunidad, y en esto lo ambiental es clave”. En el 5º Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente, CIPMA invitó al entonces Ministro de Economía, Álvaro García, a manifestarse sobre el tema de la dimensión ambiental en la empresa y las políticas públicas al respecto. Su ponencia es publicada en septiembre de 1995 por Ambiente y Desarrollo. En ella el Ministro invita a tomar la estrategia preventiva, en lugar del tratamiento posterior al proceso que significa un mayor

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incremento en los costos de producción lo cual inhibe la competitividad. “La alternativa a esto es introducir modernizaciones tecnológicas que simultáneamente incrementen la eficiencia del proceso productivo y minimicen sus residuos (...). Por lo tanto, uno de los desafíos que Chile tiene por delante es diseñar una política de desarrollo productivo e innovación tecnológica que incorpore la dimensión ambiental en las decisiones de inversión, antes que destinar enormes sumas para superar problemas ambientales”. García mencionaba la situación de las grandes empresas exportadoras y empresas extranjeras, destacando que el incentivo por incorporar la dimensión ambiental en sus decisiones habían sido la innovación tecnológica, la inversión extranjera y la exigencia de los mercados de destino de las exportaciones. “El problema es que el 90% de las empresas chilenas están fuera de este circuito y, por lo tanto, no están siendo incentivadas hoy a incorporar la dimensión ambiental en sus operaciones. A esto se suman las dificultades de este sector en términos de recursos financieros y humanos así como en acceso a la información para asumir la inversión ambiental”, advertía. Destaca tres acciones especialmente importantes en este marco: generar normas claras y precisas y mejorar las capacidades de fiscalización de las mismas; desarrollar una política pública de difusión sobre diversas materias ambientales; y estimular la asociación empresarial y la cooperación público-privada, como un requisito para que las empresas asuman con éxito el desafío ambiental (García 1995). ATERRIZANDO EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Al tiempo que se avanza en aspectos de políticas y legislación, las empresas se abocan a adoptar instrumentos y mecanismos que les permitan operativizar la gestión ambiental. Diversos artículos de la revista a lo largo de los 90 hacen aportes en este sentido. En 1991, por ejemplo, la revista recoge una ponencia de los ingenieros Alejandro Steiner y Alejandro Sáez en un seminario de CIPMA, la cual destaca la auditoría ambiental como un instrumento para detectar los “cuellos de botella” ambientales en la empresa. “La experiencia demuestra que la exigencia de la auditoría ambiental por parte de la autoridad, al inicio se

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constituye en un costo adicional para la empresa, pero posteriormente puede impulsar la transformación tecnológica y productiva de ella con la consiguiente ganancia en eficiencia, rentabilidad y mejoramiento ambiental” (Steiner y Sáez 1991).

iniciativas proviene de cuatro factores principales: mejor ambiente, menor responsabilidad futura, mejor imagen pública y la oportunidad de desarrollar innovaciones tecnológicas que resultan en ventajas competitivas”, decía Brosky (Villarroel 1994).

En 1992 la revista publica el artículo Empresa y ambiente: ¿Cómo enfrentar la opinión pública?, donde el empresario argentino Raymond Florin –participante de la Cumbre de Río– advierte la creciente presencia del tema ecológico en la opinión pública y en los medios de comunicación, los cuales en no pocas ocasiones culpan a las empresas de ser las causantes del deterioro ambiental.

Algunos años más tarde ya se habla de la gestión ambiental que va más allá de lo que pueda emprender la empresa en forma individual, como señala el ingeniero consultor ambiental Harald Hinner en 1997. “En la actualidad, la protección ambiental requiere de la incorporación y adopción de una gestión ambiental que se caracteriza, entre otros aspectos, por exigir el establecimiento de una política medioambiental para el conjunto de empresas de un sector productivo, programas ambientales al interior de cada una, colaboración entre las empresas tanto dentro del país como en el exterior, y el fortalecimiento de la autorresponsabilidad empresarial hacia el medio ambiente”. Hinner describe la forma en que la Comunidad Europea estaba abordando el tema, mediante el diseño, entre otros instrumentos, del Reglamento de Auditoría Ambiental, que permite a las empresas del sector industrial adherirse voluntariamente a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental.

Si bien señala que muchas veces la acusación carece de base racional o técnica, sostiene que relativizar o restar importancia a ellos es prácticamente suicida. “Nada puede hacerse si no se trabaja con transparencia informativa –hacia adentro y hacia fuera de la empresa–, sobre todo si no se actúa con un compromiso moral con la idea misma de desarrollo y calidad. El marco comunicacional para una estrategia efectiva –o sea, creíble, motivadora y seria– es la adhesión al concepto de desarrollo sustentable” (Florin 1992). En 1994 otro artículo de “efecto demostración” es el del caso de 3M en Minnesota, visitado por el editor de la revista, Pablo Villarroel, donde se señalaba que la compañía había logrado lo que quisieran muchas corporaciones: rentabilidad, crecimiento y una imagen pública de responsabilidad ambiental. “La clave del éxito ha sido el decidido compromiso de sus ejecutivos con estrictas metas de calidad ambiental, y el desarrollo entre sus empleados de una cultura ambiental en el trabajo”, se indica. Esto se había logrado mediante un significativo esfuerzo del área de comunicaciones de la empresa y a través de mecanismos de estímulo a la creatividad y a las iniciativas ambientales de los operarios. En relación al público general, la clave era una política de transparencia informativa tanto respecto de los problemas como de las soluciones. El caso hace famosas las 3P (Pollution Prevention Pays): como lo reconoce en el artículo Donald Brosky, de la Unidad de Ingeniería Ambiental, uno de los éxitos de la empresa ha sido demostrar que el control de la contaminación sí paga. “La rentabilidad de estas

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TIEMPO DE CONFLICTOS La segunda mitad de los 90 estuvo marcada por conflictos ambientales emblemáticos que protagonizaron empresas impulsoras de grandes inversiones, justamente en la época en que se estrenaba y ponía a prueba la recién conformada institucionalidad ambiental. El debate también estuvo presente en la revista con un estilo característico –presentando un abanico de visiones– y se nutrió fuertemente con las investigaciones y eventos realizados por CIPMA, que durante varios años mantuvo una línea de trabajo sobre resolución de conflictos ambientales con financiamiento de la Fundación Ford. En 1993, en un editorial de Ambiente y Desarrollo, Francisco Sabatini, investigador de CIPMA, señalaba que “la expansión simultánea de la economía de las regiones y de la conciencia ambiental entre la población irá suscitando innumerables conflictos ambientales. Para enfrentarlos adecuadamente se requerirán formas democráticas y descentralizadoras de resolución de conflictos que hoy no parecen existir” (Sabatini 1993).

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Entre los conflictos abordados por la revista se cuentan las lecciones del gasoducto de GasAndes (septiembre 1996), una sección especial sobre Trillium en diciembre de 1996, los debates sobre centrales hidroeléctricas en el río Biobío –como Pangue (1991) y Ralco (1997)–, el proyecto Costanera Norte en Santiago (1998) y el proyecto Forestal Cascada Chile (1999). El recuadro 2 da algunas señales de lo que fueron estas publicaciones, inspiradas en el objetivo de hacer una contribución informativa al debate a través de artículos de alto nivel. Dando una mirada retrospectiva en un artículo titulado “Conflictos ambientales en Chile: aprendizajes y desafíos”, publicado en 2003, los autores Alejandro Rojas, Francisco Sabatini y Claudia Sepúlveda sostienen que “la mayoría de los conflictos han sido protagonizados por grupos locales en oposición a proyectos privados o públicos, y han sido respaldados por grupos ecologistas. A esa conflictividad han contribuido tanto los vacíos de la legislación e institucionalidad ambiental vigente, como la inexistencia de canales formales para la resolución negociada de esas disputas”. Por otra parte, indican que los diversos conflictos han provocado cambios importantes en la comunidad política chilena, tales como una mayor conciencia ambiental y sobre los derechos ciudadanos, así como la constatación de que es posible influir en el curso de los acontecimientos, incluso modificando decisiones de las autoridades o las empresas, que se han visto obligadas a incorporar la dimensión ambiental y la participación ciudadana”. En el artículo se discuten las lecciones surgidas de la puesta en práctica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en relación al manejo de los conflictos ambientales en Chile, particularmente en relación a la incorporación de la participación ciudadana.

entidades fiscales o empresas estatales, en tanto hoy en día muchas de ellas están en manos del sector privado. Estas obras –como caminos, obras sanitarias o gasoductos– usualmente afectan a grupos numerosos de población, ya sea en su fase de construcción o de operación. Debido a las actuales condiciones políticas y culturales, es necesario que los gerentes de proyectos estén conscientes de que en el futuro serán tan importantes las habilidades técnicas como las habilidades para trabajar armoniosamente con la comunidades involucradas y con las autoridades de gobierno. Esto implica aceptar los conflictos sociales y las crisis como algo normal en el desarrollo de los proyectos” (Tironi 1997). Para enfrentar los problemas respecto de las relaciones con las comunidades locales afectadas por un proyecto, la empresa debe, según Tironi: i) determinar quién es la comunidad (interlocutor relevante); ii) separar los intereses genuinos de la comunidad de los de algunos propietarios; y iii) organizar un diálogo efectivo entre empresa y comunidad. Desde la perspectiva de la empresa, sugiere contemplar dentro del equipo de dirección de un proyecto a ejecutivos de rango relativamente alto a cargo de temas como medio ambiente y relaciones con la comunidad y el gobierno; y mostrar, de parte de la gerencia de la empresa (no solo de los especialistas), una genuina apertura para establecer buenas relaciones con la comunidad y preocuparse activamente del medio ambiente.También sostiene que un gerente de proyectos moderno debe ser capaz de anticiparse a los eventuales problemas con comunidades o grupos ecologistas, estableciendo una relación con ellos desde el principio de la obra. El propósito fundamental deberá ser abrir canales de comunicación y desarrollar confianza.

UNA NUEVA FORMA DE RELACIONARSE CON LA COMUNIDAD

CERTIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Tanto la experiencia de los conflictos ambientales como las exigencias por incorporar la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos, han ido dando relevancia a la necesidad de construir nuevas formas de relación empresa-comunidad.

Desde fines de los 90 comienzan a hacerse presente algunos temas nuevos en la gestión empresarial que exigen una actitud mucho más proactiva en la relación de las unidades productivas con la sociedad y el entorno. Se trata de acciones que las empresas asumen voluntariamente, pero que en la práctica constituyen una exigencia para validarse ante sus mercados y ante sus comunidades. Es el caso de la certificación de productos y procesos y la adopción o adhesión a enfoques de responsabilidad social empresarial.

En un artículo publicado en 1997, Ernesto Tironi destaca: “La mayoría de las inversiones que se realizarán en el futuro en el país corresponden a obras públicas, las que antiguamente eran realizadas fundamentalmente por

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Recuadro 2

Conflictos ambientales abordados en Ambiente y Desarrollo Gasoducto GasAndes Una investigación de CIPMA y un seminario sobre el conflicto provocado por el paso de un gasoducto por la localidad de San Alfonso, en la Región Metropolitana, dieron origen a tres artículos de Ambiente y Desarrollo en septiembre de 1996. El conflicto, que encontró finalmente una salida a través de la negociación formal entre las partes en disputa, fue analizado principalmente desde la perspectiva del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana y de la gestión ambiental local. “Resulta paradojal que un proyecto sometido voluntariamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) haya suscitado tan agudo conflicto ambiental, si se considera que dicho sistema tiene un objetivo político de prevención de los mismos, además del objetivo técnico de protección ambiental. Este caso ha generado un amplio consenso respecto a que los procedimientos de participación ciudadana del SEIA demostraron ser deficientes para compatibilizar los intereses en juego y prevenir el conflicto”, se sostiene en esta edición.

Trillium En diciembre de 1996 la revista dedica una sección especial al caso Trillium, en momentos en que la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, a pesar del informe contrario del Comité Técnico de la Corema, y cuando un recurso en contra de la decisión de Conama se encontraba en trámite en la Corte Suprema. En la revista se reconocía que el proyecto Río Cóndor en Tierra del Fuego se había transformado en una prueba a fondo para la institucionalidad ambiental y el SEIA, que se venía a sumar a casos como Gas Andes y Ralco. El caso daba cuenta de una empresa que intentó demostrar su voluntad de hacer un proyecto forestal que fuera modelo de sustentabilidad ambiental, yendo en muchos aspectos más allá de la normativa ambiental. Según escribe desde la empresa Robert Manne, la evaluación ambiental del proyecto Río Cóndor era entonces probablemente el más amplio EIA realizado en un proyecto de recursos naturales en toda Sudamérica. Pero no solo eso. La empresa desarrolló también diversas iniciativas novedosas para entonces, como la carta de compromisos ambientales, la formación de una Comisión Científica Independiente asesora, reuniones con ONGs y amplia apertura informativa y la designación de un agente fideicomiso, que tenía por misión repre-

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sentar al interior de la empresa las eventuales quejas ambientales que pudiera haber en la opinión pública en relación al proyecto. Entre las diversas conclusiones del caso, se destaca la necesidad de las empresas de contar con un SEIA confiable desde el punto de vista técnico y socialmente validado, y la necesidad de que el país avance en la puesta en práctica de procedimientos de certificación ambiental de la madera. Consultada Mary Kalin, presidente de la Comisión Científica Independiente, sobre cómo Conama podía garantizar que el proyecto se transforme en el ejemplo que prometía y no en un desastre ambiental, ella sostenía: “Yo lo pondría al revés, porque yo creo que cuando una empresa quiere hacer algo bien, no debe hacerlo bajo presión, sino porque realmente quiere hacerlo. Es fácil desconfiar, pero también creo que el desarrollo en Chile va a ser armónico y se van a poder lograr muchas cosas positivas en la medida que exista cierta confianza. Si las cosas no marchan, ahí sí que hay que ser muy duro. Pero creo que no conviene al país, sobre todo cuando se discute la integración a los mercados internacionales, desconfiar de los empresarios”.

Ralco Tal como se había hecho en 1991 en torno a la discusión de la central hidroeléctrica de Pangue, en junio de 1997 se publica una sección especial sobre el nuevo proyecto de ENDESA en el río Biobío –la central Ralco– incluyendo una variada gama de opiniones sobre la mesa. La sección se abre con análisis general de Michael Nelson. Desde la perspectiva del desarrollo energético del país, se pronuncia el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, Alejandro Jadresic, quien fundamentaba el apoyo de este organismo a la construcción de la central. La discusión en torno a la conveniencia económica del proyecto frente otras alternativas energéticas, se ilustra con un artículo del empresario Hernán Echaurren y un extracto del estudio solicitado por ENDESA a la Universidad Católica. El impacto ecológico es visto por el doctor Juan Armesto, con un énfasis en las acciones de compensación que se deben exigir a la empresa para resguardar el patrimonio natural. Mientras que la perspectiva del patrimonio cultural de los indígenas de la zona es abordado por Raúl Molina. ENDESA participa con un documento que refleja su posición frente a las críticas formuladas contra la empresa y su proyecto.

Costanera Norte Abordado en el marco de una investigación de CIPMA sobre participación ciudadana y conflictos ambientales en el SEIA, se analiza también el proyecto Costanera

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Norte en Santiago. En él Claudia Sepúlveda y María Isabel du Monceau (1998) sostienen que el conflicto surgido en este caso había puesto de relieve una emergente e insatisfecha demanda ciudadana por participar en las decisiones sobre el desarrollo de las ciudades. Además, planteaba una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto el sentido de los mecanismos de participación ciudadana del SEIA se ve afectado por la ausencia de instancias equivalentes en la definición de las políticas (en este caso de desarrollo urbano) que avalan los proyectos que ingresan al sistema?

Cascada Chile En 1999, las páginas de la revista abordaron, a través de un foro de opiniones, el proyecto forestal Cascada Chile. Haciendo alusión a los conflictos ambientales publicados anteriormente entre 1992 y 1997, el equipo editorial advierte: “es posible reconocer que si bien persisten visiones que responden a lógicas muy diferentes respecto de cuál es el trade-off adecuado para Chile entre crecimiento económico y conservación ambiental, en particular en el tema forestal, el nivel de información y de base técnica y científica de la discusión es hoy sustantivamente más alta que en etapas anteriores del mismo debate. Se aprecia también una positiva tendencia a no quedarse solo en la expresión de denuncias, sino a plantear recomendaciones tanto al Estado como a los gestores de los proyectos con el objetivo de que el resultado para el país sea el mejor posible”.

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Como escribió Eladio Susaeta en Ambiente y Desarrollo,“los sectores productivos que llegan directamente al mercado, como el forestal, tienen que demostrar fehacientemente ante la opinión pública y ante los foros internacionales su preocupación por el medio ambiente. Este hecho ha sido aceptado por la casi totalidad de los países productores que han visto en la cer tificación del manejo forestal un mecanismo operativo y creíble ante la opinión pública” (Susaeta 1999). “El accionar del sector privado respecto del manejo forestal sustentable se ha tejido en torno a tres ejes de acción matrices: la formulación de estándares nacionales de sustentabilidad, la búsqueda e implementación de opciones de cer tificación técnicamente idóneas e internacionalmente creíbles, y la búsqueda de mecanismos de reconocimiento mutuo entre los diversos esquemas nacionales o internacionales de cer tificación”, indica en momentos que en Chile ya tres empresas habían sido cer tificadas por las normas ISO. 14.000 (Forestal Santa Fe, Millalemu y Licanfel) y al menos otras tres estaban iniciando su proceso de cer tificación. En ese mismo número, Hale Sheppard (1999) destacaba que la implementación de la cer tificación forestal en Chile constituía una solución idónea para contrarrestar las debilidades de la legislación nacional en vigencia y, a la vez, para proteger la presencia del país en los mercados internacionales. La minería tampoco se queda atrás. En 2002 Bruce Turner, de Minera Escondida, da ejemplos concretos de cómo se está cumpliendo este compromiso en la política de la empresa, incluyendo la acreditación de producción limpia y manejo sustentable por entidades de certificación independientes nacionales e internacionales (Turner 2002). Paralelamente, en los últimos años el discurso sobre la contribución del sector productivo a un desarrollo sustentable se despliega en torno a conceptos como filantropía ambiental, responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. En el marco de un proyecto sobre filantropía ambiental desarrollado por CIPMA, el primer artículo de la revista al respecto es el de “Diagnóstico en Chile: Filantropía y responsabilidad social orientadas al

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Empresa y medio ambiente en Chile: pasos recorridos en las últimas dos décadas / SECCIÓN ESPECIAL

medio ambiente” (septiembre 2000). Analiza estos conceptos aplicados desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los fondos sociales y ambientales, y desde las empresas privadas. En este último caso, se señala que existe una creciente tendencia del medio empresarial chileno a incluir dentro de sus políticas conceptos más proactivos de relaciones con la comunidad, los que caben dentro del enfoque de las responsabilidad social empresarial. Este implica el tránsito desde enfoques más instrumentales hacia otros más sistémicos sobre el rol social de la empresa”. Entre otras cosas, destaca la apertura que esto significa a trabajar en cooperación con organizaciones de la sociedad civil y con el Estado. En la misma línea, Guillermo Geisse indica en 2001 que la diversidad de motivaciones que tienen los privados para realizar acción social, se puede ubicar en un eje entre filantropía pura, responsabilidad social e imagen pública. Según el autor, dichas motivaciones tiene en común la búsqueda de una convergencia entre los beneficios privados y sociales, junto con el interés del inversionista porque sus aportes sean manejados con eficiencia. Según Geisse, esto último no se cumple, debido a la fragmentación de la oferta privada ante una demanda integral –que incorpora como temas centrales la calidad de vida y la sustentabilidad ambientales–, y la relación paternalista-dependiente con la comunidad. Ampliar este límite es una función política y, por lo tanto, es al Estado a quien le corresponde (Geisse 2001). Un nuevo artículo, de Darinka Czischke y Diego García (2001) resalta la importancia que adquiere en este ámbito la cooperación entre actores: “Las motivaciones que lleven a cada actor a participar podrán ser distintas, pero la necesidad de complementarse, aunar criterios y metas concretas, los insertará bajo el mismo paraguas de la cooperación. Y, como hemos descubier to a través de los estudios de caso, estas alianzas de cooperación generarán un proceso de conocimiento y aprendizaje recíproco entre las partes, base de la construcción de confianza y reconocimiento; y es que la filantropía, la cooperación o la responsabilidad social, no pueden entenderse como acciones unilaterales, sino como un cierto tipo de contrato ciudadano donde impera, en algún grado al menos, la reciprocidad entre las partes”.AYD

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