Historia de la Ley N Faculta excepcionalmente a las municipalidades a transferir recursos a empresas que indica

Historia de la Ley N° 20.744 Faculta excepcionalmente a las municipalidades a transferir recursos a empresas que indica Téngase presente Esta Hist
Author:  José Alcaraz Gil

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Historia de la Ley

N° 20.744

Faculta excepcionalmente a las municipalidades a transferir recursos a empresas que indica

Téngase presente Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos. Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley. Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

no

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice. Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

Índice 1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

4

1.1. Mensaje del Ejecutivo

4

1.2. Informe de Comisión de Gobierno

7

1.3. Discusión en Sala

9

1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

23

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

25

2.1. Informe de Comisión de Hacienda

25

2.2. Discusión en Sala

37

2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

74

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

75

3.1. Discusión en Sala

75

3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

99

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

100

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

100

5. Publicación de ley en Diario Oficial

101

5.1. Ley N° 20.744

101

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Página 4 de 102 MENSAJE PRESIDENCIAL

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 1.1. Mensaje del Ejecutivo Mensaje de S.E. La Presidenta de la República. Fecha 17 de marzo, 2014. Cuenta en Sesión 03. Legislatura 362.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MEJORA NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, OTORGANDO LA AUTORIZACIÓN QUE INDICA. ___________________________________ A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

SANTIAGO, 17 de Marzo de 2014.-

MENSAJE Nº 006-362/

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de Ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica.

I.

FUNDAMENTOS

Las municipalidades, según lo dispuesto en el artículo 3° letra f) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, tienen la función privativa de aseo y ornato de la comuna. Es así como el servicio de extracción, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios se efectúa de dos formas. De una parte, de manera directa por las propias municipalidades con personal de su dependencia, o bien, de otra parte, a través del servicio que prestan empresas externas con sus trabajadores.

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Página 5 de 102 MENSAJE PRESIDENCIAL

En el año 2009 la ley N° 20.355, modificó la ley orgánica de municipalidades haciendo aplicable las normas sobre compras públicas contenidas en la ley N° 19.886. Sin embargo, en el régimen actual no queda suficientemente garantizado que en las licitaciones de contratos de concesión para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos se tome como criterio de evaluación preponderante las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores de dichas empresas. II.

CONTENIDO

Por lo anteriormente expuesto, a fin de dar preponderancia a la protección de los trabajadores, mediante este proyecto de ley, en primer lugar, se establece obligatoriamente la consideración del precitado factor con una ponderación mínima del 10% del total de los criterios de evaluación para la adjudicación de la referida licitación. En segundo lugar, y de manera excepcional, la presente iniciativa viene a autorizar que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución N° 312 de 23 de diciembre de 2013, lo sean a su vez a las empresas proveedoras del servicio de extracción de basura, con el fin que éstas los transfieran a sus trabajadores. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo Único.Agrégase al artículo 6° de la ley N° 19.886, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, adecuándose correlativamente la numeración de los incisos siguientes: “Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación. Para evaluar este criterio, se deberán considerar como factores, el nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo y el reajuste de éstas. Asimismo, se podrán considerar otros factores como la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos y otras condiciones laborales que resulten de importancia en consideración a la naturaleza de los servicios contratados.”.

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Disposiciones Transitorias

Artículo ÚnicoExcepcionalmente, facúltase a las municipalidades del país a transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por éstas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de la presente ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA Presidenta de la República

RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO Ministro del Interior y Seguridad Pública

ALBERTO ARENAS DE MESA Ministro de Hacienda

JAVIERA BLANCO SUÁREZ Ministra del Trabajo y Previsión Social

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INFORME COMISIÓN GOBIERNO

1.2. Informe de Comisión de Gobierno Cámara de Diputados. Fecha 18 de marzo, 2014. Cuenta en Sesión 04. Legislatura 362. Certificado.

Valparaíso, 18 de marzo de 2014

El abogado Secretario GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD REGIONALIZACIÓN, que suscribe, CERTIFICA:

de Y

la COMISIÓN CIUDADANIA

DE Y

Que el texto que se reproduce, debidamente autenticado, contiene el proyecto de ley, iniciado en Mensaje y en primer trámite constitucional y reglamentario, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica (Boletín 9.278-06), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, tal como fue aprobado por esta Comisión, luego de escuchar los planteamientos formulados por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes; el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Christian Vittori, y el Presidente de la Federación de Recolectores de Residuos Domiciliarios, don Armando Soto por asentimiento unánime tanto en general como en particular, en idénticos términos a los propuestos por el Ejecutivo, en sesión celebrada el día de hoy, con los votos de los Diputados señores Farías, don Ramón (Presidente); Aguiló, don Sergio; Arriagada, don Claudio; Berger, don Bernardo; Becker, don Germán; Chávez, don Marcelo; González, don Rodrigo; Mirosevic, don Vlado; Morales, don Celso; Sandoval, don David; Ojeda, don Sergio; Urrutia, don Osvaldo, y de la Diputada Daniella Cicardini. La Comisión acordó que el informe se emita en forma verbal, directamente en la Sala, por parte del Diputado señor Farías, don Ramón; designándose como Diputado Suplente de este, al Diputado, señor Aguiló, don Sergio. En consecuencia, la Comisión somete a la consideración de la H. Sala de esta Corporación, el siguiente

PROYECTO DE LEY “Artículo Único.- Agrégase al artículo 6° de la ley N° 19.886, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo: “Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección,

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INFORME COMISIÓN GOBIERNO transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación. Para evaluar este criterio, se deberán considerar como factores, el nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo y el reajuste de estas. Asimismo, se podrán considerar otros factores como la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos y otras condiciones laborales que resulten de importancia en atención a la naturaleza de los servicios contratados.”.

Disposición Transitoria

Artículo Único- Facúltase, excepcionalmente, a las municipalidades del país a transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por estas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de la presente ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”.”. Tratado y acordado en la sesión de 18 de marzo de 2014, con la asistencia de los los Diputados señores Farías, don Ramón (Presidente); Aguiló, don Sergio; Arriagada, don Claudio; Berger, don Bernardo; Becker, don Germán; Chávez, don Marcelo; González, don Rodrigo; Mirosevic, don Vlado; Morales, don Celso; Sandoval, don David; Ojeda, don Sergio; Urrutia, don Osvaldo, y de la Diputada Daniella Cicardini.

Sala de la Comisión, a 18 de marzo de 2014

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH Abogado Secretario de la Comisión

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1.3. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 362. Sesión 04. Fecha 19 de marzo, 2014. Discusión general. Se aprueba en general y en particular.

MEJORAMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN PARA PROTEGER DERECHOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. Primer trámite constitucional. (Boletín N° 9278-06) El señor CORNEJO (Presidente).- De conformidad al acuerdo adoptado por los Comités parlamentarios, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional y reglamentario, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica. -oEl señor CORNEJO (Presidente).- Requiero de la Sala su unanimidad para autorizar el ingreso del subsecretario de Desarrollo Regional en el tratamiento de este proyecto. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Rinde el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad y Ciudadanía y Regionalización, el diputado señor Farías, don Ramón. Tiene la palabra. El señor FARÍAS (De pie).- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad y Ciudadanía y Regionalización, me ha entregado la misión de informar sobre este proyecto de ley. Con fecha 18 de marzo del presente año, dicha Comisión recibió este proyecto para su discusión inmediata. Fue iniciado por mensaje de la Presidenta Bachelet y mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica. El contexto en que se sitúa este proyecto se presenta cuando se incorpore en la ley de Presupuestos del 2014 una nueva glosa destinada a que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo transfiera recursos a las municipalidades en razón del alto número de predios exentos del pago de derechos de aseo de las respectivas comunas, y, a su vez, estas traspasarán los recursos a las empresas de aseo, las cuales destinarán íntegramente estos dineros a sus trabajadores, apuntando a la mejora de tres niveles: de los pionetas, de los conductores y de los barredores.

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Esta nueva glosa, que permite el traspaso de fondos, es fruto de un acuerdo tripartito realizado en julio del 2013 entre la Subsecretaría anteriormente citada, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Federación de Recolectores de Residuos Domiciliarios, que se traducirá en una mejora de las condiciones laborales y los derechos de los recolectores de basura. El dinero destinado, que asciende a 15.691.066 pesos, fue transferido en enero de este año a las correspondientes municipalidades, pero aquellas no disponen de una norma jurídica que les permita efectuar los traspasos de dinero a las empresas prestadoras de servicios de recolección de basura, situación que se pretende remediar mediante el presente proyecto. Por lo anterior, el abogado secretario de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad y Ciudadanía y Regionalización, certifica que el texto que se reproduce, debidamente autenticado, contiene el proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional y reglamentario, que mejorar normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica -en el Boletín N° 9278-06-, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, tal como fue aprobado por esta Comisión, luego de escuchar los planteamientos formulados por el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes; el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Christian Vittori, y el presidente de la Federación de Recolectores de Residuos Domiciliarios, señor Armando Soto, por asentimiento unánime, tanto en general como en particular, en idénticos términos a los propuestos por el Ejecutivo, en sesión celebrada hoy, con los votos de los diputados señores Farías, don Ramón (Presidente); Aguiló, don Sergio; Arriagada, don Claudio; Berger, don Bernardo; Becker, don Germán; Chávez, don Marcelo; González, don Rodrigo; Mirosevic, don Vlado; Morales, don Celso; Sandoval, don David; Ojeda, don Sergio; Urrutia, don Osvaldo, y de la diputada Daniella Cicardini. La Comisión acordó que el informe se emita en forma verbal, directamente en la Sala, por parte del diputado que habla, designándose como diputado suplente al diputado señor Aguiló, don Sergio. En consecuencia, la Comisión somete a la consideración de la honorable Sala el siguiente proyecto de ley: “Artículo Único.- Agrégase al artículo 6° de la ley N° 19.886, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo: “Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10 por ciento del total de la evaluación. Para evaluar este criterio, se deberán considerar como factores, el nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo y el reajuste de estas. Asimismo, se podrán considerar otros factores como la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos y otras condiciones laborales que resulten de importancia en atención a la naturaleza de los servicios contratados.”.

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Disposición Transitoria. Artículo Único- Facúltase, excepcionalmente, a las municipalidades del país a transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por estas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de la presente ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”.”. Tratado y acordado en la sesión de 18 de marzo de 2014, con la asistencia de los diputados señores Farías, don Ramón (Presidente); Aguiló, don Sergio; Arriagada, don Claudio; Berger, don Bernardo; Becker, don Germán; Chávez, don Marcelo; González, don Rodrigo; Mirosevic, don Vlado; Morales, don Celso; Sandoval, don David; Ojeda, don Sergio; Urrutia, don Osvaldo, y de la diputada Daniella Cicardini. Es cuanto puedo informar. El señor CORNEJO (Presidente).- Iniciando el debate, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, el proyecto de ley hace justicia con los prestadores del servicio de aseo domiciliario de las diferentes comunas del país. Los recolectores, los choferes y los barredores son, probablemente, dentro de la escala remuneratoria del sistema, uno de los servicios que nadie quiere tener relativamente cerca, pero “puchas” que se echa de menos cuando no se tiene. El año pasado, como consecuencia de diversas movilizaciones, que pusieron en jaque a diferentes ciudades del país, particularmente a esta ciudad de Valparaíso, se puso en el tapete la urgente necesidad de hacer justicia y mejorar las condiciones remuneracionales de los trabajadores de aseo. El proyecto va en la dirección adecuada, toda vez que obliga a los municipios a considerar, como criterios de evaluación, en las bases de las licitaciones, las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores. Es decir, se pone en primera persona al recurso humano que trabaja en las empresas prestadoras del servicio de extracción de residuos. Habida consideración que el proyecto va en la dirección lógica y adecuada, no cabe duda que contará con el apoyo de toda mi bancada. Cabe hacer mención que pese a que hubo demora en la aplicación del acuerdo logrado con los recolectores de basura -ayer lo hablamos con el presidente de los Trabajadores de Aseos, Jardines y Rellenos Sanitarios, don Armando Soto-, los municipios ya recibieron el total de los aportes equivalentes a más de 56 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones y fracción van precisamente a resolver esta deuda con los trabajadores Espero sinceramente que el proyecto se apruebe lo más rápido posible. Los trabajadores esperan, desde julio del año pasado, la asignación de estos

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recursos, para verlos reflejados en sus remuneraciones. Desde enero del presente año que los municipios tienen los fondos. Solo falta que esta Cámara y el Senado aprueben la iniciativa para que los recursos, que ya están en los municipios, lleguen a los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos en el menor tiempo posible. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, mi bancada votará favorablemente el proyecto de ley, por cuanto reglamenta una situación que viene dando desde hace algún tiempo. Es responsabilidad del Estado y también del gobierno disponer los fondos suficientes para resolver un conflicto y solucionar el problema de los recolectores de basura. Es así que este gobierno, como una manera de darle un marco jurídico a la solución y autorizar la disposición de fondos, que ya fueron traspasados a las municipalidades, para que sean transferidos a las empresas proveedoras del servicio de recolección de residuos domiciliarios y destinados exclusivamente a sus trabajadores, envío rápidamente el proyecto de ley al Congreso Nacional, que a nuestro juicio, y en un afán de justicia, se ajusta a las necesidades de solución del problema. Se trata de 15 mil millones que se pagan en función del número de predios exentos del pago de los derechos de aseo de las respectivas comunas. De esta forma se cumplen, entonces, el acuerdo logrado Gobierno, alcaldes y dirigentes. No es más que eso, dar fundamento legal a la disposición de fondos, toda vez que se están transfiriendo recursos a empresas que persiguen fines de lucro, y esta operación requiere ley. Señor Presidente, lo mejor que hemos hecho ha sido tramitar este proyecto de ley de manera rápida, con urgencia de discusión inmediata, porque es necesario transferir esos fondos, que ya están a disposición de los municipios. Interesa sí fiscalizar que estos fondos lleguen realmente a los trabajadores recolectores de basura. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, ayer aprobamos por amplia mayoría el proyecto en la Comisión. Se agradece la disposición de los diputados y de las diputadas que estuvieron presentes en la sesión, amén de la del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y del Presidente de la Federación de Recolectores de Residuos Domiciliarios. La génesis del proyecto está clara: las condiciones remuneracionales, laborales, de higiene y seguridad de los trabajadores de las empresas proveedoras del servicio de recolección de residuos domiciliarios, que dejan

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mucho que desear. Tocamos también a las empresas que prestan el servicio de mantención y renovación de áreas verdes, que muchas veces contratan a adultos mayores en condiciones bastante precarias, por decir lo menos. Se hizo referencia también al marco de contratos efímeros, transitorios y de corto plazo, máximo 4 años. Cuando los trabajadores se logran organizar, muchas veces la empresa no gana la licitación del municipio. En otros casos, como los contratos son de corto plazo, cuatro o cinco años, la empresa despide a los trabajadores y los vuelve a contratar, pero ahora en otras condiciones. En fin, hay un tema muy profundo que tratar. El proyecto está asumiendo un compromiso que adquirió el Presidente Piñera y que cumplió, para variar, como muchas otras cosas en su gobierno, a medias. O sea, firmó un acuerdo, pero no se hizo cargo, no lo redondeó, no lo terminó. Es cierto que pasó los recursos. El problema estuvo en los municipios, que tenían en sus arcas esos recursos, no podían transferirlos, porque no existía esa ley que debió haber promulgado el Presidente Piñera, para disponer de esas platas. Ahí hay una ineficiencia impresionante del gobierno de los mejores, como se decía antes, que nos dejó al gremio de trabajadores de empresas de aseo ad portas de una nueva paralización de actividades. La tenían fijada para la semana pasada, pero la postergaron para el 31. Gracias a que la Presidenta Bachelet envió este proyecto, con urgencia de discusión inmediata, lograremos tener cuanto antes la ley. Esperemos que pase al Senado, para que los trabajadores tengan dignidad y que la promesa que se les hizo sea aprobada rápidamente. Además, el compromiso fue fiscalizar ese acuerdo, punto por punto, que tiene ocho o nueve puntos, con los trabajadores, las municipalidades y las empresas. En el PPD vamos a apoyar el proyecto con mucha fuerza. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana va a apoyar este proyecto de ley. Quiero recordar que esta iniciativa nació de un gran movimiento, de una huelga general que hicieron los trabajadores de la basura el año pasado, para reivindicar el aumento de remuneraciones, porque ellos vivían una experiencia dura en que, en la mayoría de los municipios, se había externalizado el servicio de recopilación de basura. Desgraciadamente, las empresas pagaban sueldos miserables, muy cercanos al límite legal. En esas circunstancias, se instaló una mesa de trabajo entre la Asociación Nacional de Municipios, las autoridades de Gobierno y los trabajadores de la basura organizados. A propósito de esa mesa de trabajo, se llegó a la conclusión de que había que incrementar los recursos, a través del presupuesto nacional, para

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entregarlos a los municipios que tienen externalizados los servicios de basura, para que esos recursos adicionales se entregaran, vía remuneraciones, a los trabajadores, que son, concretamente, los barrenderos, los pionetas que van detrás de los camiones de basura y de los conductores de éstos. Al mismo tiempo, se produce la clásica brutal desigualdad en otras esferas de la sociedad chilena. Mientras comunas de altos ingresos, como Las Condes, Vitacura y otras, tienen servicios de basura muy modernos, con camiones, sistemas de seguridad y de higiene de última de última tecnología, otras son muy pobres, con muy pocos ingresos directos, o a través del fondo común municipal, y tienen problemas muy graves para pagar remuneraciones decentes a sus trabajadores. Por eso, se pidió esta resolución. El Gobierno decidió incrementar, a través de un aumento de remuneraciones, vía municipio, en 15 mil y tantos millones de pesos, lo cual, desgraciadamente, no quedó consignado adecuadamente en la Ley de Presupuestos que los alcaldes pudieran traspasarlos directamente a las empresas que contrataban a los trabajadores que hicieron la gran movilización del año pasado. Lo único que hace este proyecto de ley es corregir una anomalía; es decir, autoriza a los municipios -no a todos- a externalizar el servicio de extracción de basura, para que paguen los 15 mil y tantos millones, a través de una distribución a los trabajadores. De los 350 municipios de Chile, son, aproximadamente, 255. Por desgracia, no obstante que vamos a votar a favor, éste es un incremento por una sola vez. Señor Presidente, Valparaíso, comuna que usted representa, es una de las que tiene más alta dificultad en esta materia. En 2015, 2016 y 2017, va a tener que resolver, por sus propios medios, el incremento que estamos dando sólo para 2014. Espero que el presidente de esta Corporación sea uno de los más activos propulsores para que haya una ley permanente que permita, vía fondo común municipal; que resuelva, de manera justa y permanente, esta reivindicación de los trabajadores que sirven adecuadamente la recolección de basura. Por último, tenemos a la vista la forma en que esto se distribuye en cada municipio. Depende de la cantidad de domicilios exentos del servicio de basura. Las comunas más ricas no tienen los recursos y las más pobres tienen más altos recursos. Por esas razones, vamos a aprobar el proyecto. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mirocevic. El señor MIROCEVIC.- Señor Presidente, respecto de la rica discusión que tuvimos ayer en la Comisión de Gobierno Interior sobre este tema, hay consenso con relación a que hay que hacer justicia a los trabajadores de la basura municipal sobre un acuerdo que se firmó en diciembre. Sin embargo, el

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gobierno pasado fue incapaz de llevarlo a efecto, más allá de haber transferido las platas a los municipios. Eso todavía no llega a los trabajadores. Por lo tanto, en este Parlamento no debemos obstaculizar este justo pago a los trabajadores. Además, debemos iniciar una discusión más de fondo, que tiene que ver con los pagos justos en las licitaciones municipales, es decir, para que, en cada base de licitación, se determine un porcentaje definido para pagar sueldos a los trabajadores y que sean justos, y que quien pague mejor a los trabajadores tenga mejor puntaje en las licitaciones. Nos parece que este sistema que algunos municipios han comenzado a establecer debería ser una norma de buena práctica general, a fin de que todos los servicios que el Estado externalice tengan condiciones de mejoras laborales para los trabajadores; que sea el Estado, por medio de estas empresas, el que pague bien a los trabajadores. Nos parece que ésa es la discusión de fondo, más allá de que hoy nadie pretende obstaculizar. Queremos que esa plata llegue rápido a los trabajadores. Lo relevante son los pagos justos. En nombre del Partido Liberal, nuestro voto será favorable. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Cicardini. La señora CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente, indudablemente, el proyecto propone mejores condiciones de trabajo, porque se obliga a los municipios, en las licitaciones de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, a exigir parámetros mínimos para establecer un estándar laboral mejor, en términos de calidad y dignidad para los trabajadores recolectores. Señor Presidente, aprobar este proyecto es una forma de reconocer el trabajo y el rol fundamental que cumplen esas personas en esta sociedad, sin dejar de mencionar que la labor es sacrificada, esforzada, ingrata y, muchas veces, discriminatoria. Respecto del otro punto de este proyecto de ley, creo que la administración pasada fue poco seria cuando quiso dar solución a este conflicto, que se generó el año pasado con las movilizaciones de los recolectores, cuando la Subdere transfirió esos recursos para solucionar el tema de las remuneraciones y de la calidad de trabajo. Pero la glosa no define para qué eran los recursos. Lamentablemente, creo que es una negligencia administrativa. Por eso, esta glosa define la entrega de esos recursos que tienen los municipios desde enero de este año, para dar solución, en términos salariales y de dignidad a los recolectores de residuos sólidos. En representación del Partido Socialista, vamos a votar a favor de este proyecto. He dicho.

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El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Becker. El señor BECKER.- Señor Presidente, obviamente, la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente por el proyecto, como lo hicimos ayer en la Comisión de Gobierno Interior. Es un compromiso del ex Presidente Piñera, que se firmó en diciembre del año pasado. En enero, se transfirieron los 15 mil millones de pesos que se necesitan para financiar el proyecto, con el objeto de pagar mejor a los trabajadores que recogen las basuras de las ciudades. Renovación Nacional no puede dejar de aprobar el proyecto, ya que solo faltaba esta norma para pagar a esos trabajadores, por lo que estamos muy contentos en respaldarlos. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales. El señor MORALES.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior dio su aprobación unánime al proyecto de ley que permite mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores recolectores de basura, algunos de los cuales paralizaron sus labores el año pasado para mejorar esas condiciones, lo que provocó consecuencias que todos los chilenos vimos en algunas comunas del país. Me alegro profundamente que el gobierno pasado haya abordado el problema para hacer justicia a esos trabajadores, porque durante muchos años no existió la voluntad política para buscar solución a esa situación. Ese compromiso, que se está cumpliendo a través del proyecto, se concretó en una mesa técnica en que participó el gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades y los trabajadores. El proyecto pone fin a las malas condiciones de trabajo y a los sueldos de esos trabajadores, ya que consideran que no son acordes con la labor que realizan. Además, es importante señalar que la iniciativa dispone que en las futuras licitaciones de las municipalidades para contratar servicios de recolección de basura, la ponderación de mejores condiciones de empleo y de remuneraciones no podrá ser inferior al 10 por ciento del total de la evaluación. Esto es muy importante, porque entrega una herramienta a los municipios y a los concejos municipales para tomar decisiones, basadas en las condiciones de empleo y remuneraciones que otorgar las empresas a sus trabajadores. Por último, señor Presidente, espero que el Gobierno pueda avanzar en la condonación de las deudas por concepto de aseo, ya que las municipalidades no tienen la posibilidad de resolver ese problema. La modificación a la ley N° 18.695 que aprobó el Congreso y que salió ayer del Tribunal Constitucional, faculta a los municipios para hacer convenios y condonar multas e intereses.

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Un paso adelante sería que también pudieran condonar deudas por concepto de aseo. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez. El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, espero que la discusión de ayer en la comisión se exprese en la aprobación unánime del proyecto, ya que hace justicia a una situación planteada en las movilizaciones del año pasado de los trabajadores que recolectan la basura. Para efectos de que quede plasmado en la historia de la ley, debo señalar que me alegro que en el proyecto de ley disponga que las municipalidades deberán considerar el cumplimiento de las normas laborales y previsionales en las licitaciones en que participen las empresas de recolección de basura y que su ponderación no podrá ser inferior al 10 por ciento del total de la evaluación. Además, de acuerdo con lo entendí era el espíritu de lo conversado ayer, es muy positivo establecer que las condiciones laborales de estos trabajadores sean dignas; es decir, que las empresas de aseo que entregan este tipo de servicios deben tener un cumplimiento adecuado de las normas laborales y previsionales, dado que ciertas empresas que operan en algunas comunas, como la de Penco, no han cumplido adecuadamente sus obligaciones como empleadoras. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, como ya se ha mencionado, ayer se trató in extenso esta situación que está pendiente, relacionada con los trabajadores de las empresas proveedoras de servicio de recolección de basura. Sin embargo, me asalta una preocupación, que creo que compartirán todos los presentes en esta sesión. Este problema demuestra la debilidad de la autonomía financiera de las municipalidades, que se produce, entre otras cosas, porque en algunas comunas existe una gran cantidad de predios que están exentos del pago por extracción de basura. Además, tal como se ha comentado, un gran porcentaje de contribuyentes no cancelan el impuesto territorial de las viviendas avaluadas en más de 225 unidades tributarias mensuales, lo que ha obligado a elaborar un proyecto de ley que permita superar esa situación. Estas dos situaciones aumentan el desfinanciamiento de las municipalidades esta situación. Ayer se concordó y se aprobó esta iniciativa por unanimidad, mediante la cual se financia una de las funciones privativas que tienen los municipios dentro de su quehacer normal.

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Por lo anterior, deseo dejar un mensaje en la Sala para que se envíe a los organismos dependientes de la administración del Estado que correspondan, con el objeto de que se haga un estudio en relación con el financiamiento de los municipios. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, solo quiero hacer un comentario general. Durante muchos años se ha discutido con la centroderecha la necesidad de avanzar en la negociación colectiva. Cuando hemos hablado de negociar por ramas, se ha provocado un colapso en los diputados de enfrente. Sin embargo, el proyecto en discusión es una expresión muy nítida de una negociación interempresas, ramal, nacional, tripartita, ya que en esta negociación han participado los trabajadores, con sus sindicatos; los municipios, el Gobierno y las empresas recolectoras. Paradojalmente, esto es lo más parecido a una negociación colectiva ramal-nacional. Por lo tanto, sería bueno que todos tuviéramos conciencia de que este tipo de negociación no es mala, que no provoca ningún problema ni colapso y que esta se concretó durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echeñique. En consecuencia, no veo razón alguna para que no podamos promover este tipo de negociación. Me gustaría que la centroderecha tuviera a bien acompañarnos en el futuro para los efectos de establecer una negociación ramal, que hace tanta falta en el país. Saludo al proyecto de ley. Señor Presidente, espero haber sido cuidadoso en el lenguaje y en el tono de mi intervención, para no obligarlo a que me llame al orden nuevamente. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero recordar la historia del proyecto. Esto comenzó con la movilización de tres días que realizaron el año pasado algunos trabajadores que recolectan la basura, lo que provocó una situación catastrófica. Me recuerdo que estuve allí con Felipe Salaberry, que era Presidente de la Comisión de Trabajo. Posteriormente, se logró un acuerdo al respecto, el cual firmamos como garantes el entonces diputado Salaberry y quien habla. El punto 5 de ese acuerdo señalaba claramente que el gobierno, antes de enviar el proyecto, haría las consultas pertinentes a la Contraloría, para que no hubiera ningún impedimento. No obstante, esas consultas no se hicieron, razón por la cual nos encontramos en esta situación.

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Si se hubiese cumplido ese acuerdo y se hubiesen hecho las consultas a la Contraloría, los trabajadores hoy día estarían con su dinero. Lamentablemente, ello no ha sido así. Los trabajadores han tenido una paciencia tremenda al respecto. Los hemos acompañado en reuniones con el contralor y el subdere para intentar resolver esta situación. Obviamente, aquí hay que destacar la alta sensibilidad social exhibida por los alcaldes Santiago Rebolledo, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, y Cristian Vittori, pues se han puesto en el lugar de los trabajadores. También destaco a los trabajadores, que -reitero- han tenido una paciencia tremenda, porque han esperado durante meses el pago justo a una demanda legítima. Por tanto, vaya a ellos todo mi reconocimiento, pues se trata de un sector que no trabaja en las mejores condiciones ni con buenos sueldos y que cumple una tremenda labor para el país. En consecuencia, en el proyecto también hay un aspecto muy importante subrayar, cual es que a futuro las empresas tendrán un mayor puntaje cuando demuestren que sus trabajadores cuentan con buenos sueldos y condiciones laborales. Este es un gran paso, porque, de una u otra manera, se está valorando definitivamente la labor de los trabajadores. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, todos compartimos la importancia de que los trabajadores sean bien remunerados. No obstante ello, quiero recordar en esta Sala que en los últimos 25 años el financiamiento municipal ha tenido solo 3 leyes: la de Rentas Municipales I, la de Rentas Municipales II y la miscelánea corta, que corrigió la distorsión que provocó la anterior legislación. Durante los últimos 2 gobiernos se generó por primera vez un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal. Eso llevó a la siguiente realidad financiera de los municipios: A que el presupuesto de un año de la municipalidad de Las Condes sea el presupuesto de 10 años de comunas como Lo Espejo, La Granja, San Miguel o San Ramón, y que el presupuesto de un año de la comuna de Concepción sea el presupuesto de más de 10 años de las comunas de Tirúa, Contulmo y Curanilahue. Por lo tanto, si bien comparto el que los trabajadores sean bien remunerados y tratados, quiero advertir a los colegas, porque ellos se relacionan con sus alcaldes en los distritos que representan, que el artículo que establece una ponderación de 10 por ciento a aquellas licitaciones que contengan en sus bases factores favorables para los trabajadores significará que su reajustabilidad anual pesará sobre los presupuestos futuros de los municipios. Y la Subdere ha dicho que se trata de un aporte por una sola vez. Entonces, ocurrirá lo mismo que cuando se aprobó acá la creación de juzgados

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de policía local adicionales en determinadas comunas: ninguno se ha implementado, porque los municipios carecen de presupuesto. Comprendo que haya que legislar y aprobar proyectos bajo presión. El señor CORNEJO (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado. El señor ARRIAGADA.- Asimismo, entiendo que todos tengamos interés en que mejoren las condiciones remuneracionales de los trabajadores, pero no se puede seguir aprobando iniciativas legales a costa de los presupuestos municipales. -Aplausos en la Sala. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por 2 minutos, el diputado señor Diego Paulsen. El señor PAULSEN.- Señor Presidente, la verdad es que como bancada de Renovación Nacional estamos muy contentos de que este proyecto se aprobara en forma unánime ayer en la Comisión. Y nos encontramos más contentos aún, porque esta es la continuidad de políticas públicas impulsadas por el Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera. Este es el punto cúlmine de un acuerdo logrado en diciembre con las municipalidades. Gran parte de las comunas de mi distrito, como Galvarino, Lautaro, Perquenco, Vilcún, Curacautín, Melipeuco, Lonquimay trabajan con empresas de aseo y extracción de residuos sólidos cuyos contratos de concesión son licitados públicamente. Tales empresas no solo prestan los referidos servicios, sino que también dan trabajo y dignidad a los trabajadores de nuestras comunas. El reajuste propuesto en la iniciativa viene en ayudar a mejorar las remuneraciones de todos los trabajadores de las señaladas empresas de mi distrito, razón por la cual anuncio que la votaremos favorablemente, porque aparte de ser un proyecto de nuestro ex Presidente Sebastián Piñera, mejora la calidad de vida de muchos de nuestros trabajadores. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate. -o-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para

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proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos otorgando la autorización que indica. Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas son propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Por no haber sido objeto de indicación, queda aprobado en particular.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Arriagada M. Claudio, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Auth S. Pepe, Sr. García G. René Manuel, Sra. Molina O. Andrea, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Barros M. Ramón, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Monckeberg B. Cristián, Sr. Saffirio E. René, Sr. Becker A. Germán, Sr. Godoy I. Joaquín, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Sandoval P. David, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Morales M. Celso, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Hernández H. Javier, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Browne U. Pedro, Sra. Hernando P. Marcela, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Campos J. Cristián, Sra. Hoffmann O. María José, Sr. Norambuena F. Iván, Sr. Soto F. Leonardo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Núñez A. Daniel, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jackson D. Giorgio, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Torres J. Víctor, Sr. Castro G. Juan Luis, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sra. Pacheco R. Clemira, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Paulsen K. Diego, Sra. Turres F. Marisol, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Pérez A. José, Sr. Ulloa A. Jorge, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kort G. Issa, Sr. Pérez L. Leopoldo, Sr. Urízar M. Christian, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Poblete Z. Roberto, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. León R. Roberto, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Vallespín L. Patricio, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Verdugo S. Germán, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Martínez L. Rosauro, Sr. Rivas S. Gaspar, Sr. Walker P. Matías, Sr. Flores G. Iván, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Fuentes C. Iván.

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-Se abstuvieron por estar pareados los diputados señores: Sr. Edwards S. José Manuel con Sra. Pascal A. Denise, Sr. Gutiérrez P. Romilio con Sr. Tarud D. Jorge.

Aprobado y despachado el proyecto al Senado.

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1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 19 de marzo, 2014. Cuenta en Sesión 03. Legislatura 362. Senado.

Oficio Nº 11.180 A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

VALPARAÍSO, 19 de marzo de 2014.

Con motivo del mensaje, certificado y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica, correspondiente al boletín N° 9278-06, del tenor siguiente:

PROYECTO DE LEY: “Artículo Único.- Incorpórase en el artículo 6° de la ley N° 19.886, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente: “Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación. Para evaluar este criterio, se deberán considerar como factores el nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo y el reajuste de éstas. Asimismo, se podrán considerar otros factores como la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos y otras condiciones laborales que resulten de importancia en atención a la naturaleza de los servicios contratados.”. Artículo transitorio.Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por éstas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de esta ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”.

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Dios guarde a V.E.

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIČ Secretario General de la Cámara de Diputados

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INFORME COMISIÓN HACIENDA

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 2.1. Informe de Comisión de Hacienda Senado. Fecha 19 de marzo, 2014. Cuenta en Sesión 03. Legislatura 362.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica. BOLETÍN Nº 9.278-06

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”. A la sesión en que vuestra Comisión conoció de la iniciativa concurrieron, además de sus integrantes, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes; el Jefe de Gabinete, señor Eduardo Jara; el asesor legislativo, señor Álvaro Villanueva; la asesora comunicacional, señora Marcela Salas; y el asesor, señor Gustavo Paredes. De la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el Secretario Ejecutivo, señor Juan Borcoski, y el abogado, señor Malik Mograby.

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Se deja constancia que por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de “discusión inmediata”, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, se discutió la iniciativa en general y en particular a la vez.

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INFORME COMISIÓN HACIENDA ---

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO El objetivo de la iniciativa es establecer una mejora de la normativa en materia de contratación pública, con miras a proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos. Además se faculta, excepcionalmente, a las municipalidades para transferir recursos a las empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios.

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ANTECEDENTES Para una adecuada comprensión de la iniciativa en informe deben tenerse presente los siguientes antecedentes: A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS -

Ley



18.695,

orgánica

constitucional

de

municipalidades. - Ley Nº 19.886, de bases administrativos de suministro y prestación de servicios.

sobre

contratos

- Ley N° 20.355, establece mejora en las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO El Mensaje con que Su Excelencia la señora Presidenta de la República da origen al proyecto de ley reseña, como fundamento del mismo, la función privativa de aseo y ornato de cada comuna que asiste a las municipalidades del país, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3°, letra f), de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Así, en la práctica, el servicio de extracción, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios se efectúa de dos formas: de manera directa por las propias municipalidades con personal de su dependencia, o bien a través del servicio que prestan empresas externas con sus trabajadores.

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INFORME COMISIÓN HACIENDA

En el año 2009, añade, la ley N° 20.355 modificó la ley orgánica de municipalidades, haciendo aplicable las normas sobre compras públicas contenidas en la ley N° 19.886. Sin embargo, en el régimen vigente no queda suficientemente garantizado que en las licitaciones de contratos de concesión para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, se tome como criterio de evaluación preponderante las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores de las respectivas empresas. De acuerdo con lo expuesto, y con el objeto de otorgar la debida preponderancia a la protección de los trabajadores, mediante el presente proyecto de ley se establece, obligatoriamente, la consideración del precitado criterio con una ponderación mínima del 10% del total de los factores de evaluación para la adjudicación de una licitación. Del mismo modo, y de manera excepcional, se autoriza que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, lo sean a su vez a las empresas proveedoras del servicio de extracción de basura, con el fin que éstas los destinen a sus trabajadores.

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DISCUSIÓN EN GENERAL El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, efectuó una presentación que abordó los siguientes puntos: Contexto - Aseo y ornato es una función privativa de las municipalidades. - Modelos de gestión para recolección, transporte y disposición final: Servicio realizado con funcionarios municipales. Servicio realizado por empresas externas. Servicio mixto.

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INFORME COMISIÓN HACIENDA - El año 2013 hubo una paralización de trabajadores de empresas de basura. - Gobierno anterior generó Mesa de Trabajo con trabajadores y alcaldes. - La mesa concordó, entre otras materias, mejorar las condiciones salariales de dichos trabajadores. - Se incorporó en la ley de presupuestos 2014 una nueva glosa, destinada a que SUBDERE transfiera recursos a las municipalidades en función del número de predios exentos del pago de derechos de aseo de las respectivas comunas. - Para ello se destinaron poco más de M $ 15.691.066, los cuales fueron transferidos a las municipalidades en enero de 2014. - Hoy las municipalidades no disponen de una norma jurídica que les permita efectuar los traspasos de dineros a las empresas prestadoras del servicio de recolección de basura. Proyecto de ley - Modifica la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (“Ley de Compras Públicas”). -

Dicho

cuerpo

legal

es

aplicable

a

las

municipalidades. - Para el caso de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de basura, el proyecto de ley dispone que la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones de los trabajadores de dichas empresas no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación. - Con el fin de evaluar dicho criterio, se deberán considerar como factores: Nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo; Reajuste de remuneraciones; Extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo;

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INFORME COMISIÓN HACIENDA Duración de los contratos; Existencia de incentivos, y Otras

condiciones

laborales

que

resulten

de

importancia. Proyecto de ley (Disposición Transitoria) - Autoriza a municipalidades a transferir a empresas prestadoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, dineros para que, a su vez, dichas empresas entreguen beneficios a sus trabajadores. - Podrán utilizar los recursos consignados en la glosa presupuestaria citada (compensación pago derechos de aseo). - El proyecto dispone por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de la iniciativa, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.

El Honorable Senador señor Zaldívar llamó la atención sobre el hecho de que el presente proyecto de ley obedece a un acuerdo logrado por el Gobierno del ex Presidente señor Piñera para poner fin a un conflicto con los trabajadores de empresas de recolección de residuos sólidos que prestan servicios a las municipalidades. Si bien, agregó, podría sostenerse que no corresponde que el Estado se haga cargo de resolver problemas que no son de su responsabilidad, lo cierto es que en su momento se decidió abordarlo de la manera en que el proyecto de ley lo hace. Tal acuerdo, en consecuencia, deber ser honrado por el nuevo Gobierno de la Presidenta señora Bachelet. Hizo ver por otra parte, que en estricto rigor la iniciativa legal no implica gasto fiscal, toda vez que el traspaso de recursos a las empresas de recolección de basura ya fue realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), en virtud de la Resolución N° 312 de diciembre de 2013.

Puesto en votación el proyecto de ley, en general, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

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INFORME COMISIÓN HACIENDA DISCUSIÓN EN PARTICULAR Artículo único El único artículo permanente del proyecto de ley intercala en el artículo 6° (relativo a las bases de licitación de los contratos que celebre la Administración mediante la modalidad de licitación pública) de la ley N° 19.886, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: “Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación. Para evaluar este criterio, se deberán considerar como factores el nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo y el reajuste de éstas. Asimismo, se podrán considerar otros factores como la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos y otras condiciones laborales que resulten de importancia en atención a la naturaleza de los servicios contratados.”. El Honorable Senador señor Coloma consultó cuál es la justificación de una enmienda como la que este artículo propone. Al establecer un criterio especial de ponderación para el caso particular de los contratos de concesiones municipales de recolección de residuos, argumentó, pareciera que se está abriendo un espacio de excepción no aplicable a otra clase de servicios municipales. ¿Por qué introducir esta diferenciación?, preguntó. Conceptualmente, prosiguió, no se entiende por qué se va a contemplar este tratamiento sólo respecto de estos trabajadores y no de todos los demás. El Honorable Senador señor García coincidió con lo expresado por Su Señoría. Más allá del fondo del contenido del proyecto de ley y de la necesidad de superar el conflicto que lo motivó, subsisten igualmente interrogantes: cuál es el fundamento de dar tan especial consideración solamente a un número reducido de contratos, o por qué se fija en 10% el factor de ponderación de las mejores condiciones de empleo y remuneraciones. El artículo único fue aprobado por 4 votos a favor y 1 abstención. Votaron a favor los Honorables Senadores señores García, Lagos, Montes y Zaldívar, y se abstuvo el Honorable Senador señor Coloma.

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INFORME COMISIÓN HACIENDA

Artículo transitorio Este artículo faculta excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por éstas exclusivamente a sus trabajadores. Asimismo, declara bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de la ley que el presente proyecto propone, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin. El Honorable Senador señor Coloma observó que, desde el punto de vista de la autonomía municipal, podría objetarse el que se condicione que determinados recursos entregados a los municipios deban ser exclusivamente destinados a la finalidad que se indica. Sin perjuicio de tener presente que el acuerdo que origina el presente proyecto de ley fue obtenido por un Gobierno distinto del actual, señaló, cabe cuestionarse si es lo más adecuado establecer una limitación de este tipo a la administración de los recursos municipales. El Honorable Senador señor Lagos acotó que existen variados ejemplos en la legislación nacional en los que el acceso a ciertos beneficios está supeditado al respeto de la normativa laboral. El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que la particularidad de la problemática que se intenta superar mediante este artículo, requiere de una norma tan excepcional como la que se propone. Insistió en que así lo acordó el anterior Gobierno, y no el actual, para poner fin al conflicto con los trabajadores de las empresas de recolección de residuos que tuvo lugar el año 2013. El Honorable Senador señor García indicó que si los recursos transferidos por la SUBDERE estaban contemplados en una glosa aprobada para el año 2014, debiera entonces este artículo contener alguna referencia a aquélla. El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo aclaró que en lo que respecta al financiamiento, el proyecto de ley no importa mayor gasto fiscal, pues los recursos en cuestión ya fueron transferidos a los municipios. Así se expresa en el informe financiero que la Dirección de Presupuestos elaboró al efecto, del que se da cuenta más adelante en el presente informe.

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INFORME COMISIÓN HACIENDA La Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, ahondó, transfirió los señalados recursos en virtud de la siguiente glosa 02 asociada al capítulo 05, programa 03, subtítulo 24, ítem 03, asignación 403 de la partida correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la ley de presupuestos para el año 2014: “02 Estos recursos serán distribuidos entre las municipalidades del país mediante Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de la siguiente forma: a) $ 39.842.841 miles, en proporción al número de predios exentos del pago del impuesto territorial existentes en cada comuna, en relación al número total de predios exentos de dicho impuesto del país. b) $15.691.066 miles, en proporción al número de predios exentos del pago del derecho de aseo en virtud de lo establecido en el artículo 7 inciso cuarto del Decreto N°2.385 de 1996 del Ministerio del Interior que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto ley N°3.063 de 1979 sobre Rentas Municipales, existentes en cada comuna, en proporción al número total de predios exentos del pago de dichos derechos existentes en el país. En dicha Resolución, se determinará el monto correspondiente a cada municipio sobre la base de la información disponible al segundo semestre del año 2013, que al efecto el Servicio de Impuestos Internos remita a esta Subsecretaría dentro de los diez primeros días del mes de diciembre del año 2013.”. El artículo transitorio fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

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INFORME FINANCIERO El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 17 de marzo de 2014, señala, de manera textual, lo siguiente: “I. Antecedentes El proyecto de ley viene a mejorar las normas de protección que deberán considerarse en las bases de licitación de los contratos

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INFORME COMISIÓN HACIENDA de concesiones municipales de empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en materia de condiciones de empleo y remuneración de los trabajadores. La presente iniciativa, además, excepcionalmente, autoriza a las municipalidades del país a transferir recursos a las precitadas empresas con el fin que se indica. II. Efecto de proyecto sobre el Presupuesto Fiscal El proyecto de ley no implicará mayor gasto fiscal por cuanto la presente iniciativa viene a autorizar que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución N° 312 de 23 de diciembre de 2013, lo sean a su vez a las empresas proveedoras del servicio de extracción de basura, con el fin que éstas los transfieran a sus trabajadores.”. En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país.

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TEXTO DEL PROYECTO En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Hacienda tiene el honor de proponer la aprobación del proyecto de ley en los mismos términos que lo hiciera la Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente: PROYECTO DE LEY: “Artículo Único.- Incorpórase en el artículo 6° de la ley N° 19.886, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente: “Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación. Para evaluar este criterio, se deberán considerar como factores el nivel de remuneraciones sobre el sueldo mínimo y el reajuste de éstas. Asimismo, se podrán considerar otros factores como la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, la duración de los contratos, la existencia de incentivos y otras condiciones laborales que

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INFORME COMISIÓN HACIENDA resulten de importancia en atención a la naturaleza de los servicios contratados.”. Artículo transitorio.- Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por éstas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de esta ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2014, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber (Presidente), Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Carlos Montes Cisternas y Andrés Zaldívar Larraín.

Sala de la Comisión, a 19 de marzo de 2014.

ROBERTO BUSTOS LATORRE Secretario de la Comisión

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INFORME COMISIÓN HACIENDA RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MEJORA NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, OTORGANDO LA AUTORIZACIÓN QUE INDICA. BOLETÍN Nº 9.278-06

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: establecer una mejora de la normativa en materia de contratación pública, con miras a proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos. Además se faculta, excepcionalmente, a las municipalidades para transferir recursos a las empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios. II. ACUERDOS: aprobado en general Artículo único aprobado Artículo transitorio aprobado

unanimidad 5x0. 4 votos a favor x 1 abstención. unanimidad 5x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único y un artículo transitorio. IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene. V. URGENCIA: discusión inmediata. VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República. VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite. VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado en general y particular por 101 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 19 de marzo de 2014. X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda. Discusión en general y en particular a la vez.

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INFORME COMISIÓN HACIENDA XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: - Ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. - Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. - Ley N° 20.355, establece mejora en las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.

Valparaíso, a 19 de marzo de 2014.

ROBERTO BUSTOS LATORRE Secretario de la Comisión

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2.2. Discusión en Sala Senado. Legislatura 362. Sesión 03. Fecha 19 de marzo, 2014. Discusión general. Se aprueba en general y en particular con modificaciones.

MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROTEGER DERECHOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica, con informe oral de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de “discusión inmediata”. --Los antecedentes sobre el proyecto (9278-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014. Informe de Comisión: Hacienda: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014. La señora ALLENDE (Presidenta).- Ante todo, consulto a la Sala si habría unanimidad para votar la iniciativa como un solo todo y sin discusión. El señor COLOMA.- No doy acuerdo. La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, en discusión general el proyecto. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señora Presidenta? La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir, Su Señoría. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, a fin de compatibilizar la necesidad y la urgencia del proyecto, propongo abrir la votación y que los Senadores fundamentemos el voto, para poder despacharlo con mayor rapidez. El señor PIZARRO.- El acuerdo es despacharlo ahora. El señor COLOMA.- Pero en la votación particular nosotros nos pronunciaremos en forma distinta. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por eso sugiero abrir la votación y fundamentar el voto por 5 minutos.

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El señor COLOMA.- Nuestro Comité solicitará dividir la votación. El señor LARRAÍN.- Pido la palabra. La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, yo sugiero que en la discusión general reduzcamos a 5 minutos la intervención de los Senadores, de manera que se realice el debate de temas relevantes, y que después votemos. Y a lo mejor se puede acelerar la discusión. Pero creo importante efectuarla, porque en el texto propuesto hay materias muy delicadas que así lo exigen. La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala? --Así se acuerda. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos, para informar oralmente la iniciativa. El señor LAGOS.- Señora Presidenta, en la sesión especial de la Comisión de Hacienda celebrada esta tarde tuvimos la oportunidad de analizar este proyecto. Su objetivo fundamental es establecer una mejora de la normativa en materia de contratación pública, con miras a proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos. Consta de artículo único, donde se define conceptualmente en qué consiste el perfeccionamiento, que básicamente es el siguiente: En el caso de las licitaciones que hagan los municipios para contratar servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, a la hora de evaluar a las empresas participantes se ponderarán al menos con un 10 por ciento de importancia las condiciones laborales en que se desempeñen sus trabajadores. Puesto en Castellano, al abrir las propuestas se dará un valor de al menos 10 por ciento al tipo de contratación que realizan, como horas de trabajo, remuneraciones, gratificaciones, etcétera. Es decir, dichas condiciones incidirán a la hora de tomar la decisión. Además, hay un artículo transitorio, que faculta excepcionalmente a las municipalidades para transferir recursos, por una sola vez, a las empresas proveedoras de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios.

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Señora Presidenta, como consecuencia de un conflicto que hubo en su oportunidad, el Gobierno anterior transfirió a los municipios una suma considerable de recursos para que hicieran frente a los pagos que las mencionadas empresas debían hacer a sus trabajadores. Ese fue un acuerdo al que se llegó en cierto momento y que ahora se regulariza mediante este artículo transitorio. En la Comisión se desarrolló un interesante debate y el proyecto se aprobó por unanimidad. En todo caso, la iniciativa viene de la Administración anterior; tiene un artículo único y uno transitorio, y lo que hace es honrar lo acordado entre la Asociación Chilena de Municipalidades, los alcaldes, el Gobierno, el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República de entonces. Eso es todo. La señora ALLENDE (Presidenta).- Muchas gracias. Conforme a lo resuelto por Sus Señorías, tiene la palabra el Senador señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, existe un acuerdo de Comités, refrendado por la Sala, en cuanto a que este proyecto se despache hoy, antes del término del Orden del Día. Y entiendo que este finaliza a las 19. ¿Podría confirmarlo el señor Secretario? La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, como la iniciativa tiene urgencia de “discusión inmediata”, de todas maneras se debe despachar esta tarde. El señor PIZARRO.- Perdón, señora Presidenta, pero la “discusión inmediata” puede implicar un trámite de hasta seis días desde el momento en que así se califique un proyecto. Según el referido acuerdo de Comités, que fue refrendado por la Sala y que se recordó al comienzo de esta sesión, el proyecto debe quedar despachado hoy, antes de que concluya el Orden del Día. Lo digo, para que los colegas sepan que igual vamos a tener que votarlo a las 19:30 o a las 19:40, a más tardar. Por eso, la propuesta del Senador Zaldívar en cuanto a abrir la votación cumplía con los dos objetivos. Porque estando abierta la votación se puede seguir argumentando, aunque nos pasemos de la hora de término del Orden del Día. El señor COLOMA.- ¿Habrá discusión particular? El señor PIZARRO.- No, porque el acuerdo de los Comités fue despacharlo en general y en particular, señor Senador. Y fue ratificado por la Sala. El señor COLOMA.- Pero habrá votación particular.

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El señor PIZARRO.- En fin, esa era mi sugerencia, señora Presidenta. Con respecto al proyecto que nos ocupa, quiero manifestar mi preocupación por estar legislando sobre esta materia en la forma en que lo estamos haciendo. Creo que se está sentando un precedente delicado al establecer que el Estado debe hacerse cargo de compromisos o buscar solución a problemas sociales entre entes que no son de su responsabilidad. Esto ya ocurrió en el caso del conflicto portuario de hace unos meses. Y es por todos conocido lo que sucedió a raíz del conflicto que terminó en la huelga de los trabajadores que extraen la basura domiciliaria, quienes son personal contratado por empresas privadas que licitan sus servicios con los municipios. Entiendo que la iniciativa busca regularizar una situación que ha sido objeto de control, en el sentido de ver si los municipios están o no en condiciones de transferir fondos directamente a esas empresas privadas para que estas los entreguen a los trabajadores. Estoy de acuerdo con el beneficio que se entrega a los trabajadores. Pero estimo que el precedente que se sienta con ello es extraordinariamente complicado. Además, resulta difícil de entender, porque, a partir de ahora, es posible pensar que frente a cualquier problema social el Estado debe intervenir y disponer de recursos públicos para solucionar conflictos entre privados, por importantes que estos sean. Respecto de esta situación en específico, me habría gustado recibir información más detallada por parte de los miembros de la Comisión y del propio Gobierno. Ya no está en la Sala el Ministro de Hacienda, aunque esta iniciativa no es de su responsabilidad. Pero sé que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ha visto este asunto y se encuentra en las dependencias del Senado. A lo mejor, sería conveniente autorizar su ingreso a la Sala para que nos explique con más detalle la situación y nos entregue una información más acabada. Gracias. La señora ALLENDE (Presidenta).- Discúlpeme, señor Senador, no le escuché bien lo último, pues me estaban hablando. ¿Usted pide autorización para que entre a la Sala el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo? ¿Es así? El señor PIZARRO.- Sí, señora Presidenta. Ocurre que no hay ningún Ministro presente. El de Hacienda recién se retiró, y esta materia corresponde a la Cartera del Interior. Sé que el Subsecretario se halla en el Senado, pues intervino en la Comisión cuando discutimos el proyecto. A lo mejor, sería bueno que participara en esta sesión para clarificar las consultas sobre el particular.

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Por mi parte, tengo serias dudas respecto a por qué estamos legislando para solucionar, con recursos del Estado, un conflicto entre privados. La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo? --Así se acuerda. La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador señor Ossandón. El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, comparto lo que dijo el Senador que me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que también me preocupa esta materia. Aquí se plantea una medida que, en la práctica, impedirá que las empresas que prestan servicios dispongan en sus propuestas el pago del sueldo mínimo a sus trabajadores. Ese es el problema que existe en el ámbito de la recolección de basura. No sé si esta propuesta podría aplicarse a todas las concesiones municipales. Entiendo que el proyecto en debate solo aborda la situación de las concesiones de recolección de residuos. Sin embargo, la problemática de fondo afecta a todas las concesiones que entregan los municipios. En efecto, el alcalde con el concejo comunal, al administrar la comuna, claramente tratarán de conseguir un servicio lo más barato posible, dada la escasez de recursos que los limita. Aprobada esta iniciativa, inmediatamente vendrán los requerimientos de las empresas de guardia y de las de aseo, que en su mayoría también pagan sueldos mínimos. En el fondo, quienes hacen el aseo en las municipalidades y quienes cuidan sus dependencias reciben sueldos de pobreza y administran la pobreza. Por lo tanto, sería bueno ver en el futuro -como no tengo experiencia legislativa, no sé cómo se procede administrativamente- la posibilidad de un proyecto que aborde la realidad de todas las concesiones municipales. Y con ello no estamos coartando la libertad de los municipios; solo estamos dando la señal de que el Senado de la República se preocupa, de una u otra manera, de que los servicios concesionados de la última cadena del Estado, que son los de los municipios, no tengan siempre como base el sueldo mínimo. Voy a votar favorablemente el proyecto. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

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La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, me preocupan sobremanera los dos artículos del proyecto. En primer lugar, estimo que atentan contra la autonomía de los municipios. Hay algunas empresas de recolección de residuos que pagan el sueldo mínimo a sus funcionarios, pero en la realidad suele darse que, cuando estas terminan sus servicios y se abre una nueva licitación, los sindicatos respectivos negocian con los concejales e, incluso, generan presión en la comunidad para que, dentro de las bases, exista como condición el respeto de los sueldos que recibían los trabajadores al término del contrato anterior. El que el Ejecutivo o el Estado, mediante una ley, determine cómo las municipalidades deben establecer las bases de licitación y cómo han de evaluar el peso de cada variable, en verdad, me parece que atenta contra la autonomía de tales corporaciones. Estas son autónomas; responden a autoridades elegidas democráticamente; cuentan con un concejo que las fiscaliza, y tienen, además, una comunidad que también genera presión sobre ellos. Considero, por lo tanto, que lo propuesto va en sentido absolutamente contrario a la desconcentración del poder, a la autonomía de los municipios y, en definitiva, a lo que nosotros pretendemos, que es acercar la decisión a la gente. En segundo lugar, el artículo transitorio faculta a los municipios para trasferir recursos a una empresa particular, a fin de que esta pague a trabajadores de su dependencia un bono, un aguinaldo o como quiera llamarse. Esto me parece rarísimo. Creo que tampoco corresponde. ¿Por qué se les entrega plata a las empresas de recolección de basura y no a las de seguridad o a las encargadas de mantener las áreas verdes si en ellas también laboran personas con grandes necesidades? Quienes trabajan en las áreas verdes muchas veces deben estar bajo el rigor del clima y en condiciones difíciles, y suelen ser mujeres. Entonces, esta figura -yo soy médico, no abogadame llama profundamente la atención. El permitir que se traspasen recursos de todos los chilenos para que una empresa particular cumpla obligaciones con trabajadores que dependen exclusivamente de ella es algo muy raro. Por ello, estimo que este no es el camino para resolver el problema. Si deseamos que las municipalidades cuenten con más recursos para dar un mejor servicio y ofrecer mejores condiciones para sus trabajadores, entonces, hagámoslo a través del Fondo Común Municipal, y que cada una de ellas, de acuerdo a su normativa, analice con su concejo cómo dispondrán de aquellos. Pero, a mi juicio, legislar no es el camino para indicarles a los alcaldes y a los concejales cómo deben realizar esas funciones. En consecuencia, me voy a oponer a ambos artículos de este proyecto.

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Muchas gracias. La señora ALLENDE (Presidenta).- A usted, señora Senadora. Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica, para plantear un asunto de Reglamento. El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, acaba de llegar el señor Subsecretario, por lo que solicito que se le dé la palabra a fin de que exponga sobre la iniciativa. Veo que hay opiniones muy contrarias al respecto. Por tanto, él nos puede aclarar el objetivo de esta propuesta. La señora ALLENDE (Presidenta).- Bien. Esa fue la razón por la cual se autorizó su ingreso a la Sala. Tiene la palabra el señor Subsecretario para que nos explique el sentido de este proyecto y las razones por las cuales el Ejecutivo lo envió a tramitación. El señor CIFUENTES (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).Señora Presidenta, gracias por la invitación. La iniciativa resuelve un problema que heredamos de la Administración anterior. En la Ley de Presupuestos para el año 2014, se generó una glosa que permitía transferir a los municipios recursos por algo más de 15 mil millones de pesos, para destinarlos a lo estipulado en un acuerdo logrado entre el Gobierno anterior, la Asociación Chilena de Municipalidades y los trabajadores recolectores de residuos sólidos domiciliarios, para mejorar sus condiciones laborales y remuneracionales. Lo que se pretende con la iniciativa en estudio es permitir que la Ley de Presupuestos para 2014, en la parte pertinente al acuerdo, sea aplicable. Hoy día, según lo señalado por la Contraloría General de la República, esos recursos no se pueden transferir, porque la referida glosa quedó redactada en términos genéricos y se requiere una específica. En esencia, lo que buscamos es posibilitar esa transferencia de fondos, que, por lo demás, algunos municipios ya la han realizado. No sé si con eso aclaro las dudas manifestadas, señora Presidenta. La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Subsecretario. En todo caso, si más adelante surge alguna consulta, como todavía no hemos abierto la votación, le pediremos que vuelva a intervenir para responderla. Continúo con el orden de inscripción. Tiene la palabra al Senador señor Hernán Larraín.

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El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, precisamente la complejidad del tema nos hace pensar que no es conveniente aún entrar a la votación de la iniciativa. Hemos oído a algunos Senadores con larga experiencia como alcaldes (los Senadores señor Ossandón y señora Van Rysselberghe) plantear problemas muy de fondo respecto al tema. Y yo creo que tienen mucha razón. Asimismo, pienso que el Honorable señor Pizarro se halla en lo cierto cuando señala que se está generando un precedente muy grave, puesto que nos estamos haciendo cargo, como Estado, de un problema entre particulares. Y no sabemos qué implicancias futuras pueda acarrear ese precedente. Al respecto, también quiero manifestar mi preocupación. Ahora, entiendo que nos encontramos frente a un problema político, como se ha dicho, generado por acuerdos alcanzados en el Gobierno anterior. Ante ello, por la razón que acaba de manifestar el Subsecretario, la actual Administración intenta resolver el asunto con este proyecto de ley. Está, en el fondo, cooperando en la búsqueda de una solución para el problema planteado por la Contraloría, como nos acaban de informar. Sin embargo, según lo dicho por la Senadora Van Rysselberghe, de sentido común y demostrativo de su experiencia municipal, estamos obrando malamente, en contradicción a nuestro ordenamiento constitucional y legal. ¿Por qué? Porque hay en juego un principio clave -no es reciente, pues viene del siglo XIX-: el establecimiento de la autonomía municipal. Esto es recogido por nuestra Carta Fundamental en su artículo 118: “Las municipalidades son corporaciones autónomas”. Sin embargo, la finalidad de esta iniciativa es decirles a los municipios qué deben hacer en determinada materia. Ahora, si fuera eso efectivamente lo que se pretende, entonces habría que modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y no, como plantea el proyecto, la normativa sobre contratación pública. Este último cuerpo legal es de rango inferior, por lo que no puede prevalecer a la citada ley orgánica, que, de acuerdo a la Constitución, recibe ese carácter por el hecho de que regula las atribuciones municipales. Además, hay otro problema que lo encuentro aún más grave. La iniciativa otorga una atribución que permite a los municipios exigir en las concesiones municipales para los servicios de recolección de basura a lo menos un 10 por ciento adicional en el factor remuneraciones, para ser destinado a los trabajadores de las empresas prestadoras. Sin embargo, hay otras concesiones municipales, como se ha

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mencionado, que no están siendo beneficiadas. Por tanto, existe una discriminación entre tipos de trabajadores. Pero existe otra discriminación adicional. En cuanto al servicio de extracción de basura, hay municipios que cuentan con el sistema de licitación de concesión. Entiendo que representan alrededor -si mal no recuerdo- del 30 por ciento del total. El resto de las municipalidades contrata directamente. El personal de estas últimas no recibirá el beneficio que se otorga a los otros trabajadores de las empresas prestadoras de servicio por la misma función desempeñada. Entonces, por buenas razones, por una buena causa, estamos tomando un mal camino. Por lo tanto, señora Presidenta, no considero conveniente ni prudente aprobar este proyecto de la forma en que se nos presenta. Estamos no solo generando un mal precedente -en realidad, ya quedó establecido-, sino también dando una solución que, desde el punto de vista constitucional y legal, no calza con nuestro ordenamiento. El señor Subsecretario, además, expresó que el proyecto se originó por el reparo de la Contraloría al carácter genérico de la glosa presupuestaria pertinente. Entonces, ¿por qué mejor no modificamos la Ley de Presupuestos, dando a dicha glosa una redacción más específica? Este cuerpo legal se puede modificar, no es inmutable. Ahora, si ese es el problema planteado por la Contraloría, yo prefiero que se solucione por el camino que acabo de indicar. En lo fundamental, para solucionar una dificultad estamos pasando a llevar, en forma directa, la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y un principio que debiéramos mantener siempre: el relativo al carácter autónomo de los municipios. A mi juicio, la medida propuesta en el proyecto no es buena. Además, genera discriminaciones odiosas, que nos van a provocar problemas adicionales. Yo sugiero -no sé qué piensa el Ejecutivo al respectoque se busque el camino simple: modificar la glosa y no entrar en disquisiciones que, al final, tal cual se presenta la iniciativa, llevan a dar una mala solución. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de dar la palabra al siguiente orador, dado que ha llegado la hora de término del Orden del Día, quiero solicitar el acuerdo de la Sala para prorrogarlo por una hora, según lo establece el artículo 97 del Reglamento. Sus Señorías comprenden que, si no despachamos hoy el proyecto, tendré que citarlos para mañana, el sábado, el domingo o el lunes. El señor ALLAMAND.- Haga lo que estime conveniente, señora Presidenta.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo? El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Hasta el despacho del proyecto. La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se prorrogará por una hora el Orden del Día. --Así se acuerda. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. El señor COLOMA.- Señora Presidenta, el proyecto es breve, pero muy complicado. Al respecto, quiero dejar claro -debe estar en el informe- que hubo unanimidad en la aprobación de la idea de legislar, pero no sucedió lo mismo en la votación particular. Fui yo, precisamente, quien planteó la necesidad de discutir sobre el significado de lo que estamos votando, que es muy enredado. La primera idea, quizás la más urgente -así lo entendí de lo dicho por el Subsecretario-, se halla en el artículo transitorio, que es de los más sui géneris que he visto en el Parlamento. Antes de seguir y para que no exista duda alguna, hago presente que esta iniciativa se origina en una materia vinculada al Gobierno anterior -nada tiene que ver con la actual Administración-, relativa a un acuerdo con trabajadores. Lo digo para que no haya ninguna sospecha al respecto. En el referido artículo transitorio se faculta excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir recursos, por una sola vez, a empresas proveedoras de servicios de recolección de basura. Se sabe cuáles son desde el principio, con nombre y apellido, porque tal información debe estar publicada. Tal atribución operará, aunque en el hecho esas platas ya hayan sido transferidas. No sé si me ha tocado ver en otro proyecto algo parecido a lo que aquí se propone: facultar a municipios para entregar fondos a ciertas empresas -esa es la realidad-, con la finalidad de pagar determinadas obligaciones. Ni siquiera quiero entrar al tema planteado muy bien por la Senadora Van Rysselberghe sobre la autonomía municipal. Aquí siempre hemos reclamado en favor de este principio, con el objeto de que los recursos entregados a las municipalidades sean administrados por los alcaldes y concejales como estimen pertinente. En definitiva, en la norma propuesta se dice: “Mire, le vamos a pasar este dinero, pero con un solo fin: transferirlo a tales empresas. No puede usarlo en otra cosa”. Ello obedece al dictamen que elaboró la Contraloría. Me parece de sentido común -hablamos el punto con el Senador Larraín- que, si el problema es el carácter de la glosa respectiva, lo

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mejor es tratar de cambiar la Ley de Presupuestos en esa parte para hacer operativa la facultad, en lugar de generar una propuesta que intenta resolver el problema, pero que, al final, da curso a una forma de legislar que afecta la autonomía municipal y beneficia, claramente, a empresas -no han hecho nada malo- que están identificadas. Creo que aquella fórmula apunta a una mejor solución. Por último, respecto al artículo único, debo hacer presente que se han logrado consensuar normas -y funcionan- en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores. Hay una ley que estipula cómo deben elaborarse las bases de licitación para todos los contratos de prestación de servicios a los que postulan todas las empresas vinculadas a los municipios. Y el nuevo inciso segundo que se agrega al artículo 6º define cuáles son los requisitos -me parece que está bien redactado; nadie lo ha discutido nunca- y establece que a partir de ahora “Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios,” -solo para ese fin; he preguntado a distintos alcaldes que saben bastante más en esta materia, pues hay muchas actividades que son concesionadas: los parques, la iluminación, la limpieza de calles. Y por eso ignoro cuál es el criterio- “la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación”. No tengo idea si lo correcto es 8, 12, 5 o 20 por ciento -no estoy discutiendo la cantidad-, pero sí me parece -y los alcaldes nos pueden ayudar un poquito más a entender este tema- que establecer un beneficio solo para un grupo de trabajadores y no para todos -cabe recordar que este proyecto rige para determinadas licitaciones, no para los funcionarios normales de un municipio- no ayuda a resolver un problema que todos queremos solucionar y estamos generando un precedente raro, por cuanto, con absoluta razón, otros servicios concesionados de trabajadores pueden pedir el 15 o el 5 por ciento de ponderación. Entonces, aquí instauramos un principio y me parece que debemos hacer una segunda reflexión entre nosotros sobre el particular. Este no es un tema de Derecha o Izquierda, de Gobierno u Oposición. Aquí se trata de ver cómo uno elabora las leyes para resolver los problemas que se nos plantean y no para generarle conflictos a mucha gente. Insisto: queremos resolver el inconveniente surgido. Estamos todos en condiciones de hacerlo. Sin embargo, creemos que la forma que se plantea está provocando al final más problemas que soluciones. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Zaldívar.

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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, a muchas de las preguntas realizadas por algunas Senadoras y algunos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra -ya se ha dicho- es difícil darles respuesta, porque habría que consultar, más bien, a quienes fueron los actores que trajeron este problema a la Sala del Senado. Por lo tanto, habría que preguntarle al entonces Ministro Andrés Chadwick por qué se procedió así en este caso o, en el paro de los portuarios, por qué actuó en esa forma el ex titular de Agricultura, donde a mi modo de ver se aplicó muy mal el principio de subsidiaridad del Estado conforme al cual este entra a responder por obligaciones que son del sector privado. Ahora, ¿se pueden transferir recursos del sector público al privado? Claro. No se debe tal vez. Pero perfectamente puede hacerse si una ley lo autoriza. También es posible efectuar donaciones o entregar subvenciones. Sin embargo -reitero-, eso debe hacerse por medio de una ley. Ahora, lo que pasó acá -todos lo sabemos- es que hubo un conflicto grave con el personal que trabaja en la recolección de basura y el aseo domiciliario, frente al cual el Gobierno y la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron a un acuerdo que se tradujo en una glosa que se nos presentó en la Ley de Presupuestos. Y cuando discutimos dicho cuerpo legal el Subsecretario de Desarrollo Regional de ese momento, don Miguel Flores, nos dijo -me acuerdo bien- que estos 15 mil 691 millones de pesos se destinarían a solucionar este asunto. Y nosotros aprobamos esos recursos en el afán de buscar una solución a este problema. A lo mejor se cometió el error de no haber especificado la norma que hoy día está objetando la Contraloría y lo que tenemos que hacer ahora es reparar nuestro error como Parlamento, pues nosotros mismos debimos observar el problema y haberlo corregido en ese instante. Y, en ese sentido, tiene razón el Senador Larraín cuando sostiene que hubiera sido más rápido resolver el punto sobre la glosa correspondiente de la Ley de Presupuestos, a la cual hoy día nos estamos refiriendo. Sin embargo, todos sabemos -seamos francos- que si no aprobamos esta iniciativa legal se nos va a presentar nuevamente un conflicto con estos trabajadores, y estoy seguro de que aquí, en el Parlamento, vamos a tener que resolver, por la vía de la presión, legítima y de los hechos y más en este caso-, un derecho de los trabajadores, quienes nos van a decir: “Nosotros hemos sido engañados porque de buena fe firmamos un acuerdo ante el Ministro del Interior y el Subsecretario, mediante el cual se nos aseguró que nos pagarían esa plata a través de los privados, que el Estado subvencionaría el arreglo de este conflicto y, además, que las bases de las propuestas se ajustarían a la norma que viene hoy día como artículo permanente y que se está objetando”. En consecuencia, nosotros no estamos atentando como dijeron otros señores Senadores- contra la autonomía municipal, porque esto fue acordado con los municipios. Ellos participaron en esta negociación y

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llegaron a este mal acuerdo -como quieran llamarlo- que estableció esta ponderación del 10 por ciento como una manera de garantizar a los trabajadores que sus remuneraciones iban a ser respetadas, a fin de que no fueran sometidas a la tensión de una licitación donde el salario se convierte en el factor que hace la diferencia para ganarla. Ese es el objetivo. Digámoslo con toda claridad. Entonces, tenemos que ser consecuentes. Personalmente, creo que esto sienta un pésimo precedente -no fue la única vez que el anterior Gobierno actuó de esta manera, pues al final procedió así en este caso y en el de los portuarios, y si hubiera seguido más tiempo a lo mejor nos habría traído tres o cuatro conflictos más-, porque resulta muy fácil solucionar los problemas con plata ajena, con dinero que no es propio y que solo se administra. ¡Por eso estamos metidos en este zapato chino! ¡Este muertito no es nuestro; le pertenece a otro! No obstante, a mí me interesa resolver este asunto y evitar un conflicto. Esa es la razón por la cual voto a favor del proyecto, pues creo que no hay otra solución, salvo que... La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador. Tiene treinta segundos adicionales. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Gracias, señora Presidenta. Decía que no creo que haya otra solución, salvo que me dijeran que, aquí y ahora, se redactará una propuesta diferente que logre el objetivo de impedir un conflicto. ¡Desde este momento estoy disponible para ello! Sin embargo, si no me presentan inmediatamente una forma de solución, soy partidario de no crear un conflicto de la magnitud del que tuvimos en el país con los trabajadores del aseo municipal, pues la ciudadanía no nos entendería. Por esa razón votaré a favor, excepto que me digan que existe otra solución inmediata y que hoy día nos levantaremos de esta Sala resolviendo este problema que -insisto- no es nuestro, sino ajeno, pero estamos dispuestos a afrontarlo. Gracias, señora Presidenta. La señora ALLENDE (Presidenta).- Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida y saludar al señor Ministro del Interior, don Rodrigo Peñailillo. ¡Bienvenido, señor Ministro! Tiene la palabra el Senador señor Tuma. El señor TUMA.- Señora Presidenta, de verdad estamos frente a un proyecto inédito, a una situación nunca vista desde la recuperación de la democracia,

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donde un Gobierno toma recursos públicos para solucionar un problema privado. Este es un muy mal precedente. Creo que debimos resolver este asunto de un modo distinto. El tratamiento que en general el Estado y la legislación les dan a los trabajadores no solamente públicos, sino también privados es lo que debemos revisar. Si se les presenta un problema a los concesionarios del servicio de recolección de basura, que no cumplen o no han querido cumplir de manera adecuada los compromisos con sus trabajadores y no desean poner recursos, ¿por qué el Estado tiene que resolverlo? ¿Por qué el Congreso debe aprobar un proyecto de ley para solucionar una negociación entre privados? Es cierto que los municipios están de por medio, que se persigue el bien común, que se debe retirar la basura -todo lo que Sus Señorías quieran-, pero advierto que no existirá razón alguna para que de la misma manera como estamos interviniendo entre trabajadores y empresarios privados no procedamos igual con otro sector. Entonces, considero muy extraño que aprobemos un proyecto de ley que no cuadra con nada de lo que hemos estado observando en otras iniciativas que dicen relación con los derechos laborales. Me parece que deberíamos preguntarnos si no es hora ya de legislar en general en favor de los trabajadores que suscriben contratos con privados a través de las licitaciones. ¿Qué son las licitaciones que efectúa el Estado sino eludir la responsabilidad de este en el pago de los costos y de las condiciones laborales para que otros -los privados- estrujen el limón y negocien de mucho mejor manera con los trabajadores en contra de los derechos laborales? Los trabajadores que prestan servicios de recolección de basura a los municipios llevaron adelante una paralización. De otra manera no tendríamos este proyecto aquí. ¿Y por qué debemos esperar la suspensión de faenas para elaborar una legislación laboral justa? ¿Por qué razón tenemos que hacer una excepción aquí diciendo: “Cuando se llame a licitación en el caso de los municipios para la recolección de basura, vamos a considerar que un 10 por ciento de la ponderación de la licitación dependerá de las condiciones laborales, del nivel de remuneraciones, del modo de reajustabilidad, de la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, de la duración de los contratos, de la existencia de los incentivos”? ¿Por qué no lo hacemos también con la JUNAEB cuando contrata a las manipuladoras? ¿Por qué no operamos igual con otro tipo de contratos donde el Estado entrega bienes en concesión, en licitación a privados para que estos hagan la negociación con los trabajadores? No me cuadra este proyecto, señora Presidenta, porque creo que está marcando un muy mal precedente, o un muy buen

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precedente. Porque si procedemos de la manera en que se está actuando aquí con estos trabajadores, por qué no lo hacemos con el resto. Entonces, por las mismas razones que aducía el Senador Zaldívar, de que estamos frente a un conflicto serio, de que hay un compromiso del Estado con esos trabajadores, yo estoy por votarlo favorablemente, pero estableciendo la obligación de nuestro Gobierno y de este Parlamento de tramitar una nueva iniciativa que regule eficazmente los derechos laborales para todos los trabajadores. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand. El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, estimados colegas, he seguido atentamente el debate. Y quiero plantear a la Sala del Senado la pregunta que de alguna forma se encuentra en el aire: ¿Estamos aquí solucionando un problema o estamos agravando un problema y generando un precedente absolutamente funesto para este Congreso, para este Senado, y por qué no expresarlo, para el actual Gobierno? A cualquier observador de esta discusión le resultaría completamente incomprensible la argumentación de algunos colegas, que señalan que esto sienta un precedente funesto. Un precedente es algo que a uno lo persigue, que, en definitiva, genera -por así decirlo- carácter desde el punto de vista de la resolución que se adopte. El señor MONTES.- ¡Como el desalojo…! El señor ALLAMAND.- Entonces, ¿quién va a entender que todos sostengamos acá que el precedente es funesto y acto seguido votemos a favor? En verdad, ese es un razonamiento a lo Ionesco, completamente absurdo. Porque si el precedente es funesto, no tenemos que pronunciarnos a favor. ¿O alguien podría sostener que la Sala de la Cámara Alta, que se presume que razona adecuadamente, puede plantear que es un precedente funesto, negativo, y acto seguido votar a favor? Eso no está a la altura de la tradición del Senado. No hay duda de que este es un problema que arranca en la Administración anterior. Pero me sorprende la pasividad con que algunos miembros de la coalición de Gobierno admiten esta situación. No lo entiendo. En el día de hoy hemos visto, por ejemplo, cómo se deja sin efecto una resolución del Consejo de Ministros en el caso de HidroAysén. Nos hemos impuesto de cómo la Presidenta de la República ha retirado de la tramitación legislativa un conjunto de proyectos porque simplemente considera que no son correctos. Pero acá, so pretexto de que existe un acuerdo de un Gobierno anterior, entonces este Congreso lo admite con total pasividad. ¿Cuál es ese precedente, señora Presidenta? Que cualquier futuro Gobierno, en las postrimerías de su mandato o en alguna etapa de este, puede generar un acuerdo, de cualquier naturaleza, aunque sea totalmente inconcebible en sus términos -la

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imaginación puede ser frondosa-, y so pretexto de que lo hizo la Administración anterior, se supone que la que viene debiera aceptarlo sin chistar. ¿Ese es el precedente que esta Sala quiere dejar establecido, que no puede revisar un mal acuerdo realizado por un Gobierno anterior? Tengo la impresión de que eso tampoco es correcto. Y en cuanto al tema de fondo, que aquí se ha señalado, relativo al artículo 1º, simplemente me hago eco de las expresiones de los exalcaldes señora Van Rysselberghe y señor Ossandón. No hay duda de que la norma es particularmente compleja. Pero el artículo transitorio no solo es ininteligible, sino que sienta un precedente que no debemos aceptar. ¿Por qué no hablamos y decimos las cosas como son? Lo que estamos expresando aquí es lo siguiente. Si en ocho meses más se produce un conflicto laboral en empresas contratistas -estoy inventando- de los distintos Ministerios en el ámbito de aseo, y esto deviene en una movilización, en una toma y en una paralización laboral, ¿qué razón habría para no proceder exactamente de la misma manera en que se está actuando aquí, es decir, traspasando recursos públicos a empresas privadas para que estas cumplan determinadas obligaciones que tienen con sus trabajadores? Eso va a ocurrir si nosotros aceptamos pasivamente esta solución. ¿Y con qué argumento esta Sala podría sostener que en ese futuro hipotético, que no lo es tanto -el caso de los puertos está a la vuelta de la esquina-, no debiéramos aceptar esa modalidad sin chistar? Entonces, señora Presidenta, para concluir, considero que no tenemos que admitir este precedente. Este es funesto, equivocado, y perjudicará al propio Gobierno de la Presidenta Bachelet. No creo, a diferencia de lo que señala el Senador Zaldívar, que esto deba resolverse aquí y ahora, porque quizás es muy difícil. Pero tampoco pienso que deba aceptarse sin más, admitiendo que este es un precedente funesto, que tengamos que darle vía libre. Porque no es lógico. Y porque -reitero- el precedente va a perseguir a aquellos que voten a favor. Habrá un espacio para encontrar una mejor solución que proteja los derechos de los trabajadores, pero que no siente este precedente funesto. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, este es un proyecto que viene de la Administración anterior. Y en los Gobiernos de la Concertación tampoco existió la capacidad para enfrentarlo, porque se trata de un problema enorme, gigantesco.

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El Senador Coloma señala que es un problema complicado. ¡Claro! Por eso no lo resolvió la Concertación, y tampoco la Derecha. Y hoy estamos intentando solucionarlo por la puerta chica. Las mejores condiciones de trabajo que se alegan en el proyecto dicen relación con que este es un sector que contempla 18 mil recolectores de basura, que corren al lado del camión 24 kilómetros al día, trabajando 16 horas diarias (llegan muy tarde a sus casas, porque los rellenos sanitarios quedan muy lejos). Si sumamos a los 12 mil que laboran en los rellenos sanitarios, se trata de un sector de 30 mil trabajadores a lo menos, que se encuentran en el ámbito de la contratación y licitación de 345 municipios. No hay una sola norma que pueda ser cumplida, porque existe la variedad más amplia en las licitaciones. Concepción -la Senadora Van Rysselberghe lo sabe muy bien-, con 200 mil habitantes, suscribió un contrato por 98 millones. Y Coronel, con 100 mil habitantes, tiene un contrato de 198 millones. No hay norma alguna sobre el particular. Es la verdadera ley de la selva. Nadie regula las licitaciones. Y, al final, quienes pagan el costo son los trabajadores. Cuando se ajusta hacia abajo, los que asumen el costo son ellos. Lo hemos manifestado: la recolección de basura, el agua, la electricidad debieran ser parte de los costos que asuma el Estado con los municipios de manera directa. Porque algunas municipalidades arrastran deudas desde hace años en el pago de aquellos servicios. En ese sentido, tal vez las situaciones de ENAP y CODELCO deberían darnos una orientación. Se trata de empresas estatales y ponen condiciones especiales para contratar trabajadores. Y se emplean recursos públicos. Son empresas estatales, algunas medio raras, pero lo son. ¿Por qué a los municipios no se les va a permitir condiciones especiales para contratar a los trabajadores? Creo que es el tema esencial en los contratos de licitación. Pregúntenle a Longueira, ex Ministro de Economía, si hay o no experiencia anterior en cuanto a transferir recursos estatales a los privados. ¡Todos los costos sociales asociados a la Ley de Pesca los abordó el Estado! ¡No hubo contrato social! ¡Miles y miles de millones, en el 2001, en el 2002 y ahora, en el 2013, todos pagados por el Estado! ¡Toda la plata destinada, mediante SERNAPESCA, el FAP, a compensar a los tripulantes, a los pescadores artesanales, es estatal! Y no digamos que la industria pesquera es pequeña: ¡genera muchísimos ingresos! Entonces, uno reflexiona: “Esto no es nuevo. Ya lo hizo el ex Ministro de Economía, quien transfirió todos los recursos desde el Estado para resolver los problemas sociales de los trabajadores del sector pesquero”. Se hizo también con los portuarios. Entonces, experiencias hay. Y se siguen repitiendo.

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Señora Presidenta, la SUBDERE debiera generar una fórmula para que el pago se realizara directamente. Necesitamos regular la actividad de modo que haya un mínimo básico para las licitaciones. Algunas empresas toman la basura y la convierten en electricidad. Hoy día muchos rellenos sanitarios están generando 22 a 23 megawatts. La resolución no lo contemplaba. Al principio se les entregaba la basura, que era un problema. Pero ahora ella constituye un buen negocio. Por tanto, el proyecto que estamos aprobando ahora viene a parchar. El problema es más de fondo. Radica en que no se quiere posibilitar que la actividad municipal en esa y otras áreas tenga regulaciones que favorezcan a los trabajadores. Y después el debate será en el sentido de que no nos metamos con los municipios porque son autónomos. A decir verdad, los derechos laborales deberían respetarse siempre. Algunos municipios, señora Presidenta, no cobran por la extracción de basura: 90 por ciento de los habitantes de las comunas de bajos ingresos no pagan por dicho concepto. Por lo tanto, se trata de un costo adicional que asumen las municipalidades. Pienso que el problema reside en los contratos de licitaciones: deben estar regulados. En 2008 los trabajadores depositaron cerca de 10 toneladas de basura fuera de La Moneda, en plena Alameda, reclamando por sus derechos. Hoy vuelven a hacerlo. Viví la experiencia de estar un día en Puente Alto comuna de la circunscripción del Senador Ossandón- con los trabajadores recogiendo basura. ¡Es una pega con características inhumanas, de esclavitud, absolutamente violadora de los derechos humanos mínimos de esos servidores, quienes se exponen a todas las enfermedades imaginables! Señora Presidenta, aquí cabe legislar sobre la cuestión de fondo. Vamos a aprobar este proyecto porque resuelve una situación puntual. Pero después deberemos ir a cómo licita cada municipio y a quitar la libertad de cada alcalde para hacerlo como quiere. Porque a ese respecto hay un grave problema. Voto a favor. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. El señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero decir brevemente cuatro cosas. Primero: aquí nos hacemos los lesos en cuanto al problema más de fondo, cual es la crisis de la basura. Los municipios están desfinanciados, gastan buena parte de sus ingresos en ese rubro.

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Aquello tiene bastante que ver con que, como país, también nos hemos hecho los lesos respecto a la necesidad de industrializar la basura. En comparación con muchas otras naciones, nuestro nivel de desarrollo en aquel ámbito está bastante atrasado. Tenemos convenios con naciones europeas, pero no se han aplicado. Este Gobierno y las futuras Administraciones, de una vez por todas, deberán avanzar en dicha línea, porque es lo que se halla en la base. Los países que han industrializado la basura generan ingresos y generan empleos. ¿Por qué no lo ha hecho Chile? Porque eso no lo realiza ningún privado: tiene origen en una empresa pública. Vean en el Ministerio de Obras Públicas la cantidad de proyectos que se presentan y después no se ejecutan, incluso recomendando concesiones al respecto. El segundo problema señalado acá es el de la autonomía municipal. Se trata de una vieja discusión. En Chile la autonomía municipal se enmarca dentro de la ley. Esta puede modificarla en muchos aspectos. La ley no debe inhibirse. Media un problema de quórum, probablemente. Pero ese es otro debate. La ley es, entonces, la que determina la autonomía. Aquello se discutió mucho en tiempos del Senador Díez, cuando se analizó la reforma municipal. Ahora bien, les sugiero a los señores Senadores leer el segundo inciso del actual artículo 6° de la ley N° 19.886, que surgió de una coyuntura bien parecida a la actual. Las manipuladoras de alimentos de la JUNAEB no percibían sueldo en enero y febrero. No encontrábamos la manera de solucionar el problema. Y se hicieron dos cosas. En el Presupuesto, por un lado, se le asignaron más recursos a la JUNAEB a base de un delta en los contratos con las empresas proveedoras por las nuevas licitaciones, y por otro, se le impuso a aquella la obligación de pagarles los meses de enero y febrero a sus trabajadoras. Así quedó. Y aquí muchos deben de recordar lo que se legisló al respecto. Incluso, el referido artículo 6° pone condiciones vinculadas con las bases de licitación. Sí, puede estar mal redactado el precepto. Yo encuentro bien poco elegante su texto. Empero, apunta en el sentido de decir: “Le colocamos estos requisitos”. En mi concepto, eso cabe dentro de la autonomía municipal. Y si se quiere elevar el quórum de aprobación, es factible pensarlo. Porque la ley siempre puede afectar dicha autonomía.

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Mi última reflexión, señora Presidenta, es sobre el artículo transitorio. Toda la ley en proyecto está hecha para el mencionado precepto. Lo demás es relleno, o bien, cosas que podrían haberse planteado de otra manera. El artículo transitorio tiene como propósito resolver un enredo en que nos hallamos metidos: primero, ya se está pagando el beneficio (y probablemente ya se pagó mucho), y segundo, el Contralor dictaminó que se encuentra mal pagado. Entonces, se está buscando la manera de sanear aquello y decir que se puede hacer lo que se está haciendo. Se faculta a los municipios para efectuar el pago. Eso es todo. A eso apunta la ley en proyecto. Ahora, tampoco es elegante el artículo transitorio. Podría haberse redactado de muchas otras formas. A mi entender, hay que aceptar esta iniciativa. Si no, tendremos problemas el 30 de marzo. Podríamos aprobar solo el artículo transitorio, donde se establece la facultad para ahora, y exigir que se mejore la redacción de la norma permanente, pero incluyendo esta en otro proyecto. Esa podría ser una línea de solución al conflicto. Señora Presidenta, aquí se ha preguntado qué logramos con transferir recursos a los privados. ¡Cuidado! La deuda subordinada de los bancos significó la transferencia de 2 mil millones de dólares a particulares. En este momento tenemos la embarrada con Alicopsa y las empresas que abastecen a la JUNAEB: ¡están quebradas! ¿Y qué vamos a hacer? Bueno: ahí el Estado deberá asumir algo. No dispongo de más tiempo. Solo quiero expresarles que el Presidente Obama, cuando enfrentó una situación análoga, les exigió a todas las empresas a las que les traspasó recursos para sanearlas y evitar su quiebra que pusieran una parte de sus propiedades a nombre del Estado. Yo no digo que esa sea la fórmula. Pero a lo mejor hay que pensar esta situación de otra manera. Si no, los privados van a traspasarle cada vez más sus responsabilidades al Estado. En este caso podrían haber sido transferencias a los municipios. Pero, en verdad, no podemos llegar y actuar. A mi entender, eso es parte del debate que vamos a enfrentar en el sector portuario. Porque se trata de 25 millones de dólares: ¡son muchos recursos! Voy a votar a favor del artículo transitorio porque considero que con él se resuelve el enredo de ahora. Y que el Gobierno nos presente una mejor fórmula para lo permanente. Muchas gracias.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero solicitarles a Sus Señorías considerar la posibilidad de acortar los discursos, pues nos va a pillar el término de la prórroga del Orden del Día que autorizó la Sala. Si no, deberé requerir la unanimidad necesaria para una nueva prórroga. El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, Su Señoría? La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, señor Senador. El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, tal vez podríamos tener una reunión de Comités para ver la forma de resolver el problema. Todos tenemos la mejor disposición para dar una solución jurídicamente buena y que zanje la cuestión política existente, que todos conocemos. Hay algunos caminos. Y quizás una reunión de Comités nos podría alivianar la discusión en que estamos inmersos. La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece acertada su propuesta, señor Senador. La acojo, pero sin suspender la sesión, para que mientras tanto puedan intervenir los oradores que restan. Cito, pues, a reunión de Comités. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, uno no puede abstraerse del contexto de la iniciativa que se nos presenta hoy día. Ante todo, hay que señalar que este proyecto, como ya han expresado varios colegas, busca la solución de un problema puntual que se suscitó el año pasado producto de la huelga de los recolectores de basura. Todo el país se vio afectado a raíz de que dichos trabajadores estaban demandando de sus empleadores mejores condiciones laborales. Eso se tradujo en la firma de un compromiso, al que concurrieron alcaldes, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, y el Gobierno de la época, con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo de tales servidores. En mi concepto, hay que separar esta iniciativa en dos partes. Primero, el artículo transitorio, que a juicio de algunos colegas afecta la autonomía municipal. Yo estimo que no es así. Porque cuando uno mira la Constitución en su conjunto se da cuenta de que sus artículos 6° y 7° le permiten al legislador dictar leyes regulatorias de determinadas materias. Y aquí no se está limitando la autonomía municipal, sino, muy por el contrario, solucionando un problema práctico de muchos municipios por la vía de permitir que la Contraloría valide pagos que han efectuado.

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Concuerdo, sí, con lo manifestado por los colegas de la Alianza en el sentido de que la redacción es bastante poco feliz. Resulta un tanto ininteligible, pues no precisa. Y eso puede ser motivo de problema Por eso, le pido al Ejecutivo estudiar una fórmula concreta mediante la cual aclare que la transferencia dice relación con la glosa del Presupuesto aprobada el año pasado. Porque la redacción es genérica y susceptible de provocar dificultades. Además, la propia Contraloría podría representar las transferencias, dado que la norma no hace referencia expresa a la mencionada glosa, sino que habla de transferencias en términos generales. En segundo lugar, pienso que detrás del artículo único del proyecto hay una sentida demanda de los subcontratistas de los municipios a los efectos de que se generen mejores condiciones laborales. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se manejan muchas veces las licitaciones municipales -mi padre fue alcalde durante diez años- sabemos que los contratistas tratan de ajustar los precios, para ir a la baja con la competencia, fundamentalmente en lo atinente a las condiciones laborales de quienes van a prestar el servicio. En este caso, concuerdo en que se está registrando una discriminación con respecto a otros servicios concesionados de los municipios, algunos de los cuales son tanto o más complejos que el de recolección de basura: por ejemplo, el de mantención de áreas verdes o el de vigilancia. En esa línea, uno esperaría que esta norma fuera aplicable a todo el sector de concesiones municipales. Porque acá no se está mutando la autonomía municipal, sino diciéndosele al alcalde: “Cuando vaya a las bases de licitación, este es un elemento a considerar”, situación que el legislador perfectamente puede sostener. Entiendo que tenemos premura en resolver la cuestión expuesta. Por esa razón, sin perjuicio de considerar que el proyecto presenta problemas de redacción, voy a concurrir con mi voto a aprobarlo. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente, este ha sido un debate muy de fondo. Y creo que las observaciones hechas durante él por los distintos Senadores son complementarias. Por mi parte, diré tres cosas sobre la materia. En primer lugar, el principio de que el Estado entregue recursos para resolver conflictos entre privados significa entrar en un túnel cuyo final no conocemos. ¿Qué razón habría para que muchos otros trabajadores no plantearan legítimamente su deseo de un aumento de remuneraciones? Los empleadores privados les dirán que no tienen recursos. Finalmente, para evitar una huelga, el Estado terminará transando con el sector laboral.

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En segundo lugar, obviamente, los trabajadores tienen un problema con sus remuneraciones. Si uno sigue lo que se habló con los dirigentes verá que un alto porcentaje de municipios -quizás los que disponen de más recursos actúan de otra forma-, pudiendo hacer en las bases de licitación una ponderación mayor de las remuneraciones, pagan malos sueldos. Entonces, si aquí se pusiera más el acento en pagar remuneraciones mejores o emolumentos que resultaran más acordes con el trabajo que se realiza y con un país que progresa, habría una realidad diferente. Por lo tanto, existe un problema remuneracional. Ahora, creo que lo señalado por el Senador Zaldívar es lo correcto: la solución debiera ir en una indicación modificatoria de la Ley de Presupuestos, porque se trata de una glosa de ella destinada a resolver el problema específico que nos ocupa. Así no se sentarían malos precedentes. Me parece que el artículo 1°, en los términos en que está concebido, es lo más arbitrario que hay. ¿Por qué en el caso de los trabajadores en comento la ponderación no va a ser inferior a 10 por ciento -este porcentaje, en todo caso, me parece legítimo y justo- y en el de otros ello no sucederá? Debemos, pues, adoptar un criterio sobre cuál va a ser la ponderación. Eso, si es que va a haber alguna. Yo soy partidario de establecer que lo que se les paga a los trabajadores tenga una ponderación que asegure un incentivo para que las empresas remuneren mejor. Ahora, en el artículo transitorio hay una omisión brutal. Fíjense en lo que dice: “Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados…”. ¡Cuántos! Se argumenta que se trata de los recursos que establece la Ley de Presupuestos. ¿Dónde se dice eso? Esta es una normativa que en esa materia deroga la Ley de Presupuestos. La Ley de Presupuestos es igual que otra. No tiene jerárquicamente ninguna diferencia con una ley común y corriente. Y la norma es que una ley posterior deroga la anterior. El artículo transitorio no consigna a cuánto ascienden los recursos. Estos son ilimitados. Esa disposición faculta para que el Estado les transfiera a las concesionarias los recursos que se le ocurran, sin límites. ¡Ese precedente es desastroso!

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Señor Presidente, quiero agregar un punto para explicar la cuestión de fondo: además, ya se pagó la plata. Y lo dice el artículo transitorio al final. Entonces, allí se está procediendo al saneamiento de un acto nulo. Porque se expresa: “ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”. O sea, ya se les dio el dinero. En definitiva, se dice lo siguiente: “Si ya les pasaron plata, ahora estamos otorgando una autorización legal respecto de la plata que el Estado les hizo llegar a los municipios, que a su vez la transfirieron a las concesionarias”. Pero la Contraloría les señaló: “Ese acto es nulo”. Aquí estamos, pues, saneando un acto nulo. Señor Presidente, yo comparto la idea de que sentar aquello por ley así como está es un precedente que el día de mañana va a hacer mal. Y me convencieron los argumentos de los Senadores que lo expresaron con mucha claridad. Por lo tanto, el proyecto, en los términos en que se halla concebido, me parece malo. Segundo, debemos buscar una solución. Porque al final los únicos que van a perder serán los trabajadores, con quienes contrajeron un compromiso el Gobierno anterior y las municipalidades. Entonces, los trabajadores dirán: “No cumplieron lo acordado”. Por último, la fórmula que más me convence es la planteada por el Senador Zaldívar: que la solución se aborde mediante una enmienda puntual y excepcional al artículo pertinente de la Ley de Presupuestos. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros. El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, por supuesto, estoy con el ánimo de que se resuelva el problema de los trabajadores del aseo. Yo no tengo ninguna duda de que cuando el entonces Subsecretario Miguel Flores llegó a acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades lo hizo pensando, por ser conocedor de la realidad de los municipios, en buscar una solución al endeudamiento de estos. A las municipalidades -y no desde ahora, sino desde hace muchos años- cada vez se les traspasan mayores atribuciones sin financiamiento. Día a día hay exención del impuesto territorial. Muy poca gente paga los derechos de aseo y diversos tributos. Por esa vía se llega a la triste realidad de que, cuando deben pagarles a las empresas que se adjudican concesiones, los municipios no disponen de recursos. No tengo ninguna duda de que el Subsecretario Flores actuó de muy buena fe en procura de una solución.

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Tampoco es culpa de las municipalidades que en la Ley de Presupuestos se aprobaran 15 mil y tantos millones de pesos y que se haya redactado mal la glosa pertinente. Aquí hay que buscar una solución efectiva. Porque los municipios arrastran otra serie de problemas, derivados de malas redacciones o de interpretaciones que a veces hace la Contraloría. Por ejemplo, en el incentivo previsional hay un lío tremendo, de marca mayor. La mayoría de los alcaldes y de los concejos tienen juicios de cuentas. Y está también el famoso bono de la educación. ¿Cuándo vamos a solucionar esos problemas? Por eso a veces resulta muy fácil denigrar a los municipios, desprestigiar su labor. Pero no se dan cuenta de que nosotros mismos, el Estado, la sociedad chilena nunca les hemos dado facultades reales para que se desenvuelvan de buena forma. Voy a votar a favor de la solución propuesta, pues creo que los trabajadores no tienen por qué seguir pagando el pato. Si están los recursos, ojalá que en la reunión de Comités se busque una fórmula legal y salgamos de este embrollo. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier. El señor GUILLIER.- Gracias, señor Presidente, pero prefiero esperar la resolución que adopten los Comités, que se reunieron para intentar una propuesta mejor. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor GarcíaHuidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en estos momentos se está celebrando una reunión de los Comités con el Ejecutivo para buscar una salida legal que permita solucionar el conflicto. Porque aquí hay un conflicto declarado, y todos esperamos que se resuelva. Aprovecho la oportunidad para señalar que en esta materia no existen precedentes en leyes, pero sí en hechos. Recuerdo, por ejemplo, la huelga de los trabajadores contratistas de CODELCO. ¿Qué ocurrió? ¿A quiénes tuvo que entregarles más plata CODELCO? A las empresas contratistas, para que la hicieran llegar a sus trabajadores. Y así fue como se solucionó la huelga ocurrida hace dos años en la minera estatal, que involucró a El Teniente y otras divisiones. Por lo tanto, no es correcto sostener que no existen precedentes, porque sí los hay. Lo que pasa es que no hubo ley. Como CODELCO le pertenece al Estado, este transfirió los recursos directamente a las empresas contratistas. ¿Por qué? Porque hubo presión social, porque hay diferencias entre los trabajadores de los contratistas y los de planta, y sabemos bien que se trata de un conflicto que se va a seguir desatando. Esa es la realidad que está ocurriendo en la empresa más importante del país.

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En tal sentido, creo que este precedente no puede ser legal. Hay que buscar una salida, tal como lo han planteado todos -no sé si habrá alguna excepción-, para que en una glosa de la Ley de Presupuestos se incorpore una indicación a fin de que la Contraloría autorice la entrega de los recursos a los municipios. De otro lado, señor Presidente, quiero aprovechar estos minutos para hablar un poco del futuro. ¿Creerá la gente de nuestro país que los municipios realizan la recolección de residuos de la mejor forma que les es posible? ¿Se reciclan los desechos? Tenemos que tener una política distinta de aquella que nos señala la historia. En mi región, un tercio de los municipios ni siquiera paga el relleno sanitario, ya que carecen de recursos. Es un tema complejo. Yo imagino que el resto de las regiones deben enfrentar problemas semejantes. Porque lo último que se paga, al final, es donde se depositan los rellenos sanitarios. Debemos tener una política de Estado que nos permita reciclar, aprovechar todos los recursos que se vierten en los vertederos para tener la posibilidad de llevar a cabo nuevos negocios. La Asociación Chilena de Municipalidades o los propios municipios, muchos de los cuales son dueños de rellenos sanitarios, podrían recuperar plásticos y todo lo que fuese útil, extraer gas, etcétera, con el fin de generar fondos que les sirvieran a ellos mismos. Señor Presidente, la situación de quienes trabajan en estas empresas, tal como plantearon otros señores Senadores, dista de ser buena. Por eso, debemos buscar una salida, respetando la autonomía de los municipios, con el objeto de entregarles lo mejor a futuro a los que más lo necesitan. Algunos se hallan en condición de bancarrota, tienen problemas, sobre todo los rurales, que no disponen de plata ni siquiera para traspasarla a educación o salud. Varios de los señores Senadores, en su calidad de exalcaldes, conocen la realidad que presentan nuestras regiones. En consecuencia, espero que luego de la reunión que están sosteniendo los Comités con el Ejecutivo surja una solución legal, que no sea discriminatoria, para no sentar un mal precedente que el país tenga que pagar muy caro. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, se encuentra inscrita la Senadora señora Van Rysselberghe, para su segunda intervención. Su Señoría dispone de un par de minutos. La señora VAN RYSSELBERGHE.- Gracias, señor Presidente. Solo voy a referirme a dos cosas muy puntuales. La primera es que no deseo que quede en el aire, después de mi primera intervención, la no valoración del trabajo de las personas que se dedican a la recolección de basura.

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Efectivamente, es una labor en extremo pesada y quizás lo que hay que hacer, más que regular la forma en que operan los municipios, normando el tema de las licitaciones, que debiera ser un aspecto que tendrían que ver los concejos municipales con sus respectivos alcaldes, es considerar la actividad de la recolección de basura como trabajo pesado; normarla por otra vía, porque, efectivamente, se trata de una tarea compleja, que genera un desgaste adicional y que presenta características difíciles para las personas que la desarrollan. En segundo lugar, el Estado, como sostuvieron algunos Senadores, les pasa platas a privados. Pero en este caso la situación es muy particular, pues les estaría entregando recursos a particulares respecto de servicios que fueron licitados, sin considerar que compitieron distintas empresas con reglas del juego ya establecidas. Y al meter platas adicionales lo que estaríamos haciendo nosotros es cambiar esas reglas, lo cual generaría una situación bastante compleja. Así que me alegro enormemente de que se esté buscando una solución alternativa para resolver el problema que se generó en su minuto, sin alterar la autonomía de las municipalidades, puesto que ellas son, en definitiva, el eslabón más cercano a la gente, las entidades con las cuales esta se identifica, a las que acude a diario y a las que, al final del día, les cobra una mala gestión realizada. De otra parte, espero que con una norma legal razonable se pueda resolver el problema generado, el cual, sin duda, podría sentar precedente para otros conflictos. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón. El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, quiero dejar claro que, como Senador y “municipalista”, soy gran defensor de la autonomía municipal. Pero, desgraciadamente, la realidad nos dice otra cosa. Ella nos señala que, debido a la carencia de recursos, hoy día, de alguna manera, el costo de dicha autonomía se carga a los trabajadores. Por eso apoyo la iniciativa, aunque me hubiera gustado que sus alcances también se hubiesen extendido al área de las concesiones. En castellano simple, ello significa que de algún modo los municipios se vean obligados, sin afectar su autonomía en gran profundidad, a ponderar un poco más alto el tema laboral. Cuando uno tiene problemas económicos y dispone de poco dinero, como le ocurre a la mayoría de las municipalidades, debe darle alta ponderación a la oferta económica, porque no tiene más para pagar. Esto, de alguna forma, ayudaría -si se estudia y se hace con mucho cuidado- a limitar, indirectamente, la posibilidad de que se pague el sueldo mínimo en concesiones municipales. He dicho.

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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand. El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, en este pequeño interludio que se ha producido, simplemente quiero dejar constancia, para los efectos del debate que hemos tenido, que ninguno de los juicios que he expresado han puesto en entredicho, por así decirlo, la legitimidad de las demandas de los trabajadores de las empresas recolectoras de aseo. Tal como aquí se ha señalado, en muchos casos se trabaja en condiciones particularmente complejas, con remuneraciones que no son las más adecuadas. Y de la propia conversación y del intercambio de puntos de vista han surgido ya algunas iniciativas en términos de que podrían mejorarse dichas condiciones. Lo que yo he cuestionado es un asunto de principios, en el sentido de que estamos generando un pésimo precedente y, por cierto, una cierta resignación de la Sala en cuanto a encontrar un mecanismo más adecuado para resolver el problema. Señor Presidente, creo que intelectualmente no es correcto que todos coincidamos en que la fórmula legislativa es un precedente funesto y, acto seguido, simple y pasivamente votemos a favor. Eso no lo entiende nadie. Tiene que ser posible encontrar una solución mejor. Yo insisto en el concepto de precedente. Establecer una fórmula a todas luces incorrecta, llena de incentivos perversos, no es gratis desde el punto de vista de los conflictos que se gatillan o de los incentivos que se generan. La señal que aquí se está dando en orden a aceptar simplemente esta fórmula de negociación y esta manera de resolver los problemas va a significar un pesado lastre para el futuro del actual Gobierno y de las Administraciones que vengan. He dicho. El señor TUMA (Vicepresidente).- Voy a suspender la sesión por un par de minutos con el objeto de esperar que termine la reunión de Comités, los cuales están tratando de llegar a un acuerdo que permita encontrar la mejor manera de despachar este proyecto. Se suspende la sesión. )----------( --Se suspendió a las 20:14. --Se reanudó a las 20:17. )---------------( La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión. Les pido a los Senadores señores Zaldívar y Larraín que se refieran al acuerdo político a que acaban de llegar los Comités.

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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, tratando de buscar una salida, una solución a un problema en el que, por supuesto, vamos a mantener nuestra observación en cuanto al fondo -esto es, que no es lógico que con recursos públicos se resuelvan problemas privados-, y hablando con el Subsecretario, llegamos a un acuerdo -creo que también podemos lograrlo aquí- consistente en: primero, no aprobar el artículo único, dejándolo pendiente hasta que el Gobierno, respondiendo a la observación que se ha formulado, presente una disposición legal general, que no se refiera a un solo sector; y segundo, aprobar el artículo transitorio tal como está, por cuanto no tenemos iniciativa para modificarlo ni tampoco facultad para enmendar la Ley de Presupuestos. Además, esta modificación tendría que iniciar su trámite en la Cámara de Diputados, como ocurre con todas las materias presupuestarias e impositivas. Por lo tanto, se trata de aprobar el artículo transitorio, dejando constancia en la fundamentación de voto, conforme a lo convenido con el Senador Larraín y los demás que participaron en la reunión, de que esta disposición se aprueba para dar cumplimiento a la letra b) de la glosa tanto del Presupuesto. Según afirman los asesores del Ministro del Interior, la Contraloría ha señalado que basta con una relación en la historia de la ley en cuanto a que los fondos -los 15 mil millones- se hallan previstos en la Ley de Presupuestos y están en manos de las municipalidades. Algunas ya han pagado, mal pagado, y otras no lo van a hacer, por la observación de la Contraloría. De esa forma podemos darle una salida, una solución a este proyecto, que tendrá que pasar a la Cámara de Diputados a su tercer trámite. Luego se vería el artículo único, que aquí vamos a dejar sin efecto. Ese es el acuerdo. Creo que el Senador Larraín coincidirá conmigo. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, efectivamente, tal cual lo ha señalado el Senador Zaldívar, creo que hemos logrado una fórmula de solución. En primer término, por lo menos nosotros queremos dejar constancia de que valoramos el espíritu con que el Ejecutivo ha presentado esta iniciativa, que busca enfrentar un problema, generado por una situación política resuelta de una manera que obviamente sienta un mal precedente, pero que tenemos que solucionar. Lamentablemente, la fórmula, como lo hemos conversado, no parece ser satisfactoria. Sin embargo, si se excluye de esta discusión el tema de fondo y el Ejecutivo asume para más adelante la presentación de un proyecto que lo resuelva, genéricamente, sin incurrir en discriminaciones ni en conflictos con la autonomía municipal, podremos analizar ese proyecto en su mérito en otra oportunidad. Hoy por hoy, creemos necesario zanjar el reparo

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planteado por la Contraloría: que la glosa no es suficientemente específica para poder autorizar el giro de los recursos. No obstante, la disposición transitoria lo permite. Por lo tanto, lo que debemos hacer es acoger en general el proyecto y, en la discusión particular, rechazar el artículo único y aprobar el artículo transitorio, fundamentando esta aprobación en la circunstancia de que el mensaje establece que la presente iniciativa viene a autorizar, en la norma transitoria, “que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, lo sean a su vez a las empresas proveedoras del servicio de extracción de basura, con el fin de que éstas los transfieran a sus trabajadores”. Ese contenido del mensaje es el que se hace cargo directo, a través de la resolución, del reparo de la Contraloría. Por lo que nos han señalado desde el Ministerio del Interior, con esa precisión y esa fundamentación, de alguna manera interpretativa y de la que quedará constancia en la historia de la ley -nosotros nos preocuparemos de que así sea-, la aprobación de la norma transitoria resolvería el problema. Ahora, si la Cámara de Diputados despacha el texto en los mismos términos, el tema quedaría debidamente resuelto, sin problemas jurídicos o constitucionales que pudieran generar un conflicto. El precedente está. Es un problema del cual nos tendremos que hacer cargo como país, porque lo hemos hecho mal en esta materia. Pero aquello resolvería el escollo jurídico de inmediato. Ya no necesitaríamos más discusión, porque creo que todos estamos de acuerdo en solucionar de alguna manera la situación, y la mejor fórmula es la que he descrito: aprobar la disposición transitoria con la debida fundamentación, para que quede constancia en la historia de la ley y la Contraloría pueda interpretarla en forma correcta, permitiendo el pago de recursos que ya están en poder de los municipios. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. Después de su intervención pondré en votación general el proyecto. El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, si hay reunión de Comités, se debe escuchar a todos los Comités. Y en este caso hay uno que no estuvo conforme con el acuerdo a que se llegó. Aquí hay dos artículos. Uno es el referido a la glosa y por el cual se transferirían más de 15 mil millones de pesos a empresas privadas para dárselos a los trabajadores sin tocar nada de sus utilidades. Y hay un segundo elemento que salva el tema de fondo. Cuando en el artículo único se señala que la ponderación de las condiciones de trabajo valdrá 10 por ciento, es porque las más de 20 licitaciones que vienen en el país se van a efectuar con una ponderación que no contempla tales factores. Y nuevamente habrá

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remuneraciones muy bajas para los trabajadores y vamos a engendrar el mismo problema que hoy día intentamos resolver parcialmente. La inclusión del artículo único busca que a partir de aquí no volvamos a repetir este “numerito” de andar transfiriendo plata del Estado a empresas privadas que, obteniendo grandes o medianas utilidades, no les pagan bien a sus trabajadores. Entonces, si eliminamos la ponderación en el contrato, que permitiría tratar mejor a los trabajadores al asegurarles al menos el 10 por ciento de la evaluación y elevar las condiciones de la oferta, en el fondo lo que les estaremos diciendo a las empresas es: “En todos los contratos que vengan, páguenles lo que quieran”, porque este aspecto ya no estaría ponderado obligadamente en la licitación. Por lo tanto, se nos va a producir el mismo problema, porque las empresas podrán pensar que después les aprobarán otros 15 mil millones. Por eso, no logro comprender la eliminación del artículo único. Algunos me dicen: “Es que el 10 por ciento es poco”. ¡No! Yo creo que lo que hay es un no confesado intento de que no exista ninguna interferencia en las contrataciones de privados con el Estado o con los municipios, de que en definitiva exista plena libertad. Estamos cediendo 15 mil millones de pesos para corregir un error que hoy día está en las bases de licitación. Y no estamos agregando ningún elemento normativo. He conversado con el señor Subsecretario, quien me ha señalado: “Mandaremos un proyecto de ley”. Yo quiero decir que hoy aprobamos el pago de 15 mil millones por la presión de que, si no lo hacemos, habrá una paralización de los trabajadores de la basura y, consiguientemente, una emergencia sanitaria. Sin embargo, cuando discutamos solo el tema administrativo de la ponderación, no se va a lograr este consenso, porque esa presión ya no existirá. Por lo mismo, claramente voy a votar a favor del 10 por ciento. La única duda que me cabe, claro, es que esa ponderación, correspondiente a las remuneraciones de los trabajadores, podría ser del 20 por ciento. Quiero señalar que eso está en los contratos del Estado. ¡Por favor! ¡Está en ENAP, está en CODELCO! Cuando realizan contratos, las instituciones estatales hacen una ponderación: evalúan cómo trata la empresa a sus trabajadores y sobre eso se la califica. En este caso, estamos incorporando un criterio para evaluarlas. Algunas tratan bien a sus trabajadores; otras, mal. A estas últimas hoy día las parchamos con 15 mil millones de pesos. No comprendo la eliminación de la norma relativa al 10 por ciento de ponderación, ya que quedamos en las mismas condiciones. A partir de ahora, todas las licitaciones van a generar libertad plena de acción,

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no se mejorarán las condiciones y, por lo tanto, se repetirá este ciclo y nuevamente tendrá que suplementar el Estado. Señora Presidenta, el Subsecretario dijo que va a mandar un proyecto de ley, y le creo. Pero deseo escuchar el compromiso de la Derecha, de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI de que lo van a aprobar, porque después las cosas en frío cambian. En su texto deben regularse los contratos entre los municipios y los servidores o prestadores de servicios en diversos ámbitos -como decía el Senador Coloma-, no solo en el de recolección de basura, y en tales contratos la ponderación en comento debe ser relevante, a fin de obligar a los concesionarios a mantener buenas relaciones y condiciones laborales. Debo decir que, cuando intentamos incorporar en la iniciativa sobre televisión digital la exigencia del cumplimiento de las normas laborales, los parlamentarios de enfrente votaron todos en contra, argumentando que no se debía incorporar esa materia en la ley respectiva para el sano cumplimiento de la concesión. Entonces, tenemos experiencia en este tema. Solo deseo agregar que espero que cuando se envíe el proyecto a que me referí -tengo la convicción de que el Gobierno, el Subsecretario, lo van a hacer- se reúnan los votos para aprobarlo en el Senado, porque vamos a estar trabajando para resolver el problema de fondo y no para tramitar un parche como el que estamos obligados a despachar ahora. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. El señor COLOMA.- ¿No íbamos a votar? El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, votemos. El señor LAGOS.- Señora Presidenta, procedamos a votar. Solo quiero señalar que se hace un esfuerzo para llegar a ciertos entendimientos, pero la verdad -lo digo sin referirme a nadie en particular; saquen sus conclusiones- no me parece bien que alguien se arrogue la defensa permanente de un sector de los trabajadores de Chile. No tengo ninguna dificultad en que el Gobierno envíe un proyecto de ley sobre esta materia, pero debe hacerse extensivo a muchos trabajadores y no a un grupo reducido, pues esto es muy injusto y se halla mal hecho. Ese es todo el problema. Les pido a esas personas que sean coherentes en este punto. Estamos abogando por todos los trabajadores, no solo por un sector. En esta materia yo hablo por mí, que quede claro. Porque ya empieza a ser molesto este asunto.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo francamente que llegó la hora de someter a votación esta iniciativa. Solo le quiero decir al Senador señor Navarro que él sí participó en la reunión de Comités y expresó su opinión. En consecuencia, no puede decir que, como el acuerdo no incluye a todos los Comités, no estuvo presente. El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señora Presidenta? La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdone, señor Senador, pero usted dijo que no había sido considerado. Tiene todo el derecho a argumentar y le di tiempo para ello, pero lo cierto es que estuvo presente en la reunión de Comités y, por lo tanto… El señor NAVARRO.- ¡El acuerdo no fue unánime, sino de mayoría! La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos claros en que no lo fue. Pero usted participó en la reunión. Nadie ha dicho hasta ahora que fue un acuerdo unánime, solo se ha dicho que fue “un acuerdo de Comités”. Obviamente, ya quedó bastante claro que usted no se pronunció a favor de él. En votación general el proyecto. El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y una abstención). Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Zaldívar (don Andrés). Se abstuvo el señor Allamand. La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde realizar la votación en particular. El acuerdo mayoritario de los Comités se tomaría como indicación para suprimir el artículo único.

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Está claro. El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La señora Presidenta someterá a votación la indicación acordada por la mayoría de los Comités consistente en suprimir el artículo único. El señor LARRAÍN.- ¿Hay que votar a favor? El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los Comités que participaron del acuerdo deben votar a favor de la indicación para eliminar el artículo único. El señor LARRAÍN.- ¿Estamos votando la indicación? La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos votando el acuerdo de Comités, a manera de indicación, que propone suprimir el artículo único. Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, antes de proceder a la votación. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, ¿vamos a votar el artículo transitorio? El señor PROKURICA.- No: la indicación. El señor PIZARRO.- Ambas normas: se suprime el artículo único y se aprueba el transitorio. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Vamos a aprobar el transitorio ahora? El señor LARRAÍN.- ¡Se va a aprobar la indicación! El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Se someterá a votación la indicación para suprimir el artículo único. El artículo transitorio no ha sido objeto de indicaciones, por lo cual se declarará aprobado al terminar la votación que se realizará en seguida. La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la indicación emanada del acuerdo de Comités consistente en suprimir el artículo único. El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

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--Se aprueba la indicación y queda eliminado el artículo único (22 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones); por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también el artículo transitorio, y queda despachado el proyecto en este trámite. Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Zaldívar (don Andrés). Votó por la negativa el señor Navarro. Se abstuvieron la señora Muñoz y los señores Guillier y Harboe. El señor DE URRESTI.- ¿Podría consignar mi abstención, señora Presidenta? La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de la intención de abstenerse del Honorable señor Alfonso de Urresti. Tiene la palabra el Senador señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, me gustaría que se consignara que la aprobación del artículo transitorio, tal cual lo conversamos, implica que, como se señala en los objetivos de este proyecto de ley, los recursos de la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, podrán ser transferidos en los términos señalados en la Ley de Presupuestos, con lo cual se genera el nexo que permite evitar el reparo planteado sobre el particular por la Contraloría y, de esa manera, que los municipios paguen a los trabajadores en virtud del acuerdo que solucionó el conflicto con los recolectores de basura. Quiero que esa interpretación le dé el Senado a la aprobación del artículo transitorio, a fin de evitar futuras dudas del órgano contralor. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, intervengo en el mismo sentido. Sin embargo, debe quedar constancia de que el acuerdo relativo a la Resolución N° 312 es de la Sala y no de un solo Senador que la Secretaría lo redacte en la forma que corresponda-, de tal manera que la Contraloría tenga fundamento para dar aplicación al artículo transitorio que acaba de declararse aprobado.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de dar la palabra al Senador señor García, que también forma parte del acuerdo, debo manifestar que sí está claro lo señalado por los Honorables señores Zaldívar y Larraín: este es un acuerdo de la Sala. Es muy importante expresarlo, al efecto de que el órgano contralor considere este acuerdo para que se pueda proceder a la autorización de los pagos. Tiene la palabra Su Señoría. El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, simplemente deseo profundizar en lo que se ha denominado “acuerdo de la Sala”, y señalar que los recursos a los que hace referencia este artículo transitorio recién aprobado figuran en el Ítem 03403 Municipalidades, Programa 03, Programas de Desarrollo Local, Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esos recursos, contemplados en la Partida Ministerio del Interior, Capítulo Subsecretaría de Desarrollo Regional, Programas de Desarrollo Local, Subtítulo Transferencias Corrientes, Ítem Municipalidades, distribuidos por la Resolución N° 312, son los que se permite transferir a las empresas concesionarias de los servicios de basura. El señor MONTES.- Pido la palabra. La señora ALLENDE (Presidenta).- Reitero que es muy importante dejar constancia en la Versión Oficial de que esta es la decisión de la Sala del Senado, a fin de que quede en la historia fidedigna de la ley y la Contraloría tenga los antecedentes suficientes para autorizar los pagos. Tiene la palabra el Senador señor Montes. El señor MONTES.- Señora Presidenta, no estoy a favor de que el acuerdo haga referencia a la Ley de Presupuestos como tal, porque me parece que la discusión de cualquier alusión a esa normativa tiene otro procedimiento y otra discusión. Está clarito en los objetivos del proyecto: “autorizar que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución”. De lo que se trata es de legitimar esa resolución, que entregó recursos desde la Subsecretaría a las municipalidades. Yo no aludiría aquí a la discusión presupuestaria. Ese es otro debate. Lo que corresponde es hacer referencia solo a la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Con eso basta.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, si hubiera acuerdo, en la aprobación del artículo transitorio se haría referencia solo a la Resolución N° 312, ya citada. Acordado. Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.

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2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 19 de marzo, 2014. Cuenta en Sesión 05. Legislatura 362 Cámara de Diputados.

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Nº 142/SEC/14

Valparaíso, 19 de marzo de 2014.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica, correspondiente al Boletín Nº 9.278-06, con la siguiente enmienda: Artículo único Lo ha eliminado.

--Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.180, de 19 de marzo de 2014. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ISABEL ALLENDE BUSSI Presidenta del Senado

JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA Secretario General (S) del Senado

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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 3.1. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 362. Sesión 05. Fecha 20 de marzo, 2014. Discusión única. Se aprueban las modificaciones.

PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE CONTRTACIÓN PÚBLICA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 9278-06) El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica. -oEl señor CORNEJO (Presidente).- Tienen la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, hubiese sido conveniente que la derecha, en concreto, la diputada Turres, hubiera permitido al subsecretario entrar a la Sala, para que explicase esta materia, ya que podría hacerlo mejor que yo. Pero así es la democracia. Señor Presidente, hablé con el subsecretario respecto del tema, porque me parecía, al igual que a toda la Cámara, muy extraño que el Senado haya aprobado solamente uno de los artículos, el artículo único transitorio, que faculta a las municipalidades para pagar los recursos comprometidos para los trabajadores del aseo. Y, dicho sea de paso, el presidente la Federación Nacional de Trabajadores de Aseos, Jardines y Rellenos Sanitarios, don Armando Soto, se encuentra este momento en las tribunas junto a otros dirigentes. Por su intermedio, señor Presidente, los doy mis saludos a todos ellos. Es importante que como Cámara de Diputados refrendemos lo que hicimos, vale decir, aprobar el artículo transitorio, ya que, de acuerdo con lo que me señaló el subsecretario, el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley que vuelva a integrar en las licitaciones lo que, a nuestro juicio, es un artículo importantísimo, en el sentido de que tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la

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ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones en las empresas del rubro no podrá ser inferior al 10 por ciento del total de la evaluación. Vale decir, el artículo que el Senado rechazó es justamente el que le da más dignidad a los trabajadores, no solamente que desempeñan en la recolección de basura, sino también de los pertenecientes a áreas verdes y otros servicios que las municipalidades contratan, incorporando dentro de la licitación una ponderación extra cuando venga un buen sueldo, es decir, un buen trato hacia los trabajadores. Reitero que el Ejecutivo hoy nos manifestó que ingresará un artículo en el sentido señalado. Por lo tanto, en atención a la urgencia que existe de pagarle a los trabajadores lo que se les debe desde hace mucho tiempo, llamo a la Sala, quizás sin mayor discusión, a que aprobemos el artículo que hoy se nos plantea a fin de que, de una vez por todas, se les pueda pagar lo adeudado a los trabajadores, que han esperado demasiado tiempo. Así, repito, llamo a todos los colegas a aprobar esta materia en forma unánime y, tal vez, con una discusión lo más rápida posible. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, me sumo también a los saludos al presidente de los trabajadores del mundo de los aseos de nuestra región. Le envío a don Armando Soto, un abrazo cariñoso. Y, obviamente, a través de él a todos los trabajadores del sector. Antes que todo, por su intermedio, quiero aclararle al diputado Farías por qué el subsecretario no está acá. Es por la mezquindad que se presentó durante los 4 años pasados cuando se hacía la misma solicitud para que ingresaran los subsecretarios a la Sala y ustedes, en bloque -o no todos en bloque, pero siempre más de uno; porque basta con que uno se oponga-, se negaban a dar la autorización. Durante la Administración anterior fue imposible que algún subsecretario estuviera aquí presente para conocer materias que, obviamente, son de interés. El subsecretario debería estar aquí, porque es quien manejó los asuntos relativos a la tramitación del proyecto de ley que debatimos. Pero no lo está por una visión pequeña, mezquina que creo conveniente que los comités respectivos la analicen serenamente, porque no podemos impedir que la tramitación de una iniciativa no cuente con las personas idóneas para su tratamiento. Dejemos esa mezquindad estúpida, esa actitud política que hubo en el pasado que nos impide tener al interlocutor con el cual debemos conversar estas materias, que son tan importantes y que benefician en definitiva a miles de trabajadores a lo largo del país. ¡A miles! Y por esa situación estúpida no tenemos al interlocutor que debería estar aquí interviniendo.

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Por último, quiero sintetizar la materia en relación al proyecto propiamente tal. Obviamente, lamento las observaciones formuladas en el Senado respecto del 10 por ciento relativo a los contratos y las licitaciones. Valoro y destaco, porque yo creo que a los trabajadores también les interesa sobremanera que los recursos que se hallan empozados en todos los municipios del país lleguen en definitiva al bolsillo de sus trabajadores. Comprometemos absolutamente a toda nuestra bancada para aprobar hoy la presente iniciativa. No la dilatemos más. Pienso que ni siquiera es necesario discursear sobre esta materia. Lo único que hay que hacer hoy es simplemente aprobarla y esperar que la indicación que hará Ejecutivo respecto del perfeccionamiento del segundo artículo sea presentada a la mayor brevedad. Sin duda, ella también contará, tal como lo hicimos anteriormente aquí, con el respaldo de nuestra bancada. La UDI compromete totalmente su apoyo para aprobar este proyecto a la brevedad posible, y que los recursos involucrados finalmente les lleguen a los trabajadores, que los están esperando desde hace tantos meses. He dicho.

El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra Rincón, quien hoy nos acompaña. Iniciaré mi intervención refiriéndome a lo que señaló el diputado Sandoval. Porque en la Comisión de Régimen Interno, en reunión de Comités, el diputado Sandoval nos pidió que viéramos este asunto del ingreso de los subsecretarios a la Sala. Y en dicha instancia, el Presidente pidió que se autorizara el ingreso del subsecretario de Desarrollo Regional, porque se trata de una materia eminentemente técnica. Y lo pedí, por su intermedio, señor Presidente, se lo señalo al diputado Sandoval, con la tranquilidad de conciencia de que cuando fui diputado de Oposición, y a ustedes les consta, durante 4 años, siempre voté a favor del ingreso de los subsecretarios, porque acá tenemos que facilitar el trámite legislativo y no entorpecerlo. El señor ULLOA.- ¡Da lo mismo! -Hablan varios diputados a la vez. El señor WALKER.- No. No da lo mismo, diputado Ulloa. Porque cada cual debe responder por sus acciones. Respecto del tema de fondo, lamento la modificación introducida por el Senado a la iniciativa. Era importante mantener como criterio de ponderación del 10 por ciento ni más ni menos que el cumplimiento de la legislación laboral. Y esa es una aspiración legítima de los trabajadores recolectores de basura,

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que nos acompañaron durante el estudio de la iniciativa en la Comisión de Régimen Interno, a quienes aprovecho hoy de saludar. Fíjese, señor Presidente, que en países como Estados Unidos las empresas no pueden contratar con el Estado si no pagan una remuneración fija por hora. Y si no se cumple con ese salario mínimo, simplemente ellas no pueden contratar con ningún servicio público, con ninguna municipalidad. Aspiro a que algún día podamos llegar a esa situación en nuestro país. Pero de todas formas, considero válido también plantear que esto puede ser motivo de una discusión posterior más serena, porque también en otras contrataciones públicas, por ejemplo en materia de concesiones de obras públicas, podría establecerse la misma ponderación. Y eso lo plantearon legítimamente algunos senadores. Por lo tanto, la bancada de la Democracia Cristiana votará afirmativamente las modificaciones del Senado simplemente para que los trabajadores del aseo no sigan esperando el pago legítimo de sus derechos, el artículo 1° transitorio, y dejará el articulado permanente para una discusión posterior, con más calma. Pero, claramente, los trabajadores de los servicios de aseo, ya sea contratados directamente por los municipios o que prestan servicios a empresas concesionarias no pueden seguir esperando. Por eso, espero que podamos aprobar las modificaciones del Senado y despachar este proyecto el día de hoy. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, como Cámara de Diputados ya tuvimos una discusión de este proyecto. En ella hice un poquito de historia de lo que había ocurrido en la materia. Asimismo, hice un reconocimiento a los dirigentes –hoy se encuentran en las tribunas; no así en la respectiva sesión-, no solo por la labor que desempeñan, sino también por la paciencia que han tenido y la responsabilidad que han manifestado en este asunto. Porque basta que ellos llamen a paro uno o 2 días y todos sabemos la catástrofe que queda en una ciudad, en el país. Y –reitero- ellos han demostrado una tremenda responsabilidad y han tenido una paciencia enorme a la espera del cumplimiento de un acuerdo que firmamos –manifesté que lo suscribí como garante-, el cual no se ha llevado a efecto. Destaco la labor de esos trabajadores. Porque siempre cito el siguiente ejemplo: En los países nórdicos es imposible lograr un cupo en las funciones que ellos desempeñan. ¿Y saben por qué? Porque se trata de uno de los trabajos mejor remunerados; por tanto, la demanda por parte de personas que quieren ser contratadas para hacer ese trabajo es enorme, lo que prácticamente hace imposible que todos los postulantes puedan ser aceptados. Reitero que en esos países la labor de aseo y recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios es una de las mejor remuneradas, lo que constituye una diferencia absoluta respecto de lo que ocurre en Chile.

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Cabe recordar que el envío a tramitación legislativa del proyecto sometido a nuestra consideración, el cual ha sido modificado por el Senado, tuvo su origen debido a que el gobierno anterior no cumplió con el acuerdo alcanzado con las organizaciones que representan a los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos domiciliarios ni pidió a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto de la forma en que las municipalidades podían transferir recursos a esas empresas prestadoras de servicio, de lo contrario sus trabajadores no estarían en la situación que los afecta, puesto que ya les habrían sido traspasados esos dineros. Uno de los aspectos más destacables de la iniciativa enmendada por el Senado, porque constituía un avance en materia del mejoramiento de normas de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de esas empresas, es el que establece la aplicación de la ponderación del criterio referido a aquellas que entregan mejores condiciones de empleo y remuneraciones para sus trabajadores, aspecto que fue mencionado por el diputado señor Matías Walker, en el sentido que las empresas prestadoras del servicio de recolección de basura que obtuvieran mayor puntaje al momento de postular serían aquellas que demostraran que las personas que laboran en ellas eran objeto de mejores condiciones de empleo y salariales. A mi juicio, ese era el aspecto más destacable de la iniciativa, porque permitía dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con los trabajadores de esas empresas y otorgaba a estos, de una vez por todas, el reconocimiento que les corresponde por la labor que efectúan. Sin embargo, el Senado suprimió el artículo único del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en el que se establecía lo señalado, proceder que no comprendo, porque en esta Corporación existía acuerdo pleno, como pocas veces ha ocurrido, respecto de la forma en que se estaba legislando en favor de los trabajadores de las empresas de aseo, recolección, transporte y disposición final de los residuos domiciliarios. Lamentablemente, no hubo acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de lo cual solicito al Ejecutivo que enmiende lo aprobado por el Senado, ya sea mediante el envío a tramitación legislativa de un nuevo proyecto de ley sobre la materia o la presentación de una indicación sustitutiva, a fin de reponer el procedimiento propuesto en el proyecto aprobado por esta Corporación, con el objeto que este sea aplicable no solo en las licitaciones de las empresas prestadoras de servicios de recolección de basura, sino también, para aquellas externas que llevan a cabo ese servicio para las municipalidades, procedimiento que establece el otorgamiento de mayor puntaje a las empresas que respetan, valoran y que tienen en mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Lamento, profundamente, las modificaciones introducidas por el Senado, porque –insisto- el propósito principal del proyecto enmendado era cumplir con el compromiso adquirido con los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos domiciliarios, además de que constituía un avance en la valoración del trabajo que realizan.

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Votaré a favor las modificaciones del Senado, pero reitero mi solicitud al Ejecutivo para que reponga la propuesta original, ya sea a través del envío a tramitación legislativa de otro proyecto de ley o la presentación de una indicación sustitutiva. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, junto con los diputados señores Giorgio Jackson y Vlado Mirocevic concordamos con lo planteado por el diputado señor Ramón Farías. De hecho, el diputado señor Mirocevic, luego de conversar sobre la materia con el diputado señor Claudio Arriagada, me convenció de votar a favor el proyecto de ley por las disposiciones que establecía, pero el artículo único que las contenía fue eliminado por el Senado. Son recursos de todos los chilenos los que a través del Fondo Común Municipal son traspasados a las municipalidades, de manera que uno se pregunta cómo el Congreso Nacional no va a tener la capacidad de aprobar una iniciativa legislativa que establece que a los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos se les pague lo que corresponde y que dispone un sistema de proporcionalidad y de ponderación más justo en las licitaciones de contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de la basura y que pondera como es debido a las empresas que ofrecen mejores condiciones de empleo y remuneraciones para sus trabajadores. Busqué en el informe de la Comisión de Hacienda del Senado los argumentos que plantearon sus integrantes respecto de la iniciativa modificada por la Sala de esa Corporación, porque si hay algún reparo desde el punto de vista constitucional debemos buscar la forma de solucionarlo, puesto que en primer trámite constitucional ya la habíamos aprobado, porque propone el mejoramiento de normas en materia de contratación pública para la protección de los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, lo que resulta muy importante. Tal como queremos mejorar las condiciones laborales y salariales de esos trabajadores, recuerdo que debemos hacer lo mismo con las normas que se deben establecer en materia de licitación pública en el ámbito de los derechos de las manipuladoras de alimentos, en especial para aquellas que trabajan en empresas que prestan servicio al Estado a través de las municipalidades, cuyo trabajo es de gran responsabilidad. Me gustaría que la diputada señora Turres rectificara su oposición a permitir el ingreso a la Sala del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, porque si estuviera aquí tendríamos la posibilidad que nos explicara y de entender la argumentación sobre la cual se basó el Senado para modificar el proyecto y para solicitarle que el Ejecutivo se comprometa a enviar a tramitación legislativa otro proyecto o que presente una indicación sustitutiva

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para reponer lo que eliminó el Senado, tal como lo señaló el diputado señor Farías, porque la razón más importante que tuve en cuenta para aprobarlo ya no existe, debido a que el Senado suprimió el artículo que la contenía, con lo cual, lamentablemente, ha demostrado que no está pensando en lo más importante que tiene un país, que es su capacidad humana y sus trabajadores. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales. El señor MORALES.- Señor Presidente, lamentable, las modificaciones del Senado al proyecto han hecho perder una oportunidad que había sido buscada desde hace muchos años por la Asociación Chilena de Municipalidades y por las asociaciones de recolectores de residuos domiciliarios. Quienes hemos tenido la experiencia de participar en los gobiernos comunales sabemos que las municipalidades no están facultadas para exigir la mejora de las condiciones labores para los trabajadores de las empresas que participan en las licitaciones respectivas, porque en el concejo en el que participé siempre existió el espíritu para hacerlo. Al respecto, el gobierno había llegado a un acuerdo con los representantes de esos trabajadores y con la Asociación Chilena de Municipalidades respecto de un proyecto de ley que los favorecía, pero el Senado lo ha modificado y ha dicho que no, lo que constituye un chantaje, porque eliminó el artículo único que establecía mejores condiciones para esos trabajadores, pero aprobó el artículo transitorio, que pasó a ser único, en el que se abordaba lo que decía relación con los recursos que necesitan con urgencia los trabajadores, los cuales están a disposición desde enero, pero que no pueden ser transferidos a estos en forma directa por las municipalidades, porque no están facultadas para hacerlo. Lamentablemente, lo sucedido en el Senado demuestra que no conoce la realidad que viven los trabajadores que retiran, trasladan y disponen de los residuos domiciliarios, los que son muy sacrificados y merecen mejores condiciones económicas. Al respecto, sin duda no queda otra alternativa que votar a favor las modificaciones del Senado, porque al menos se garantizan los recursos que se deben traspasar, pero sería necesario que el Ejecutivo cuanto antes enviara a tramitación un proyecto de ley para seguir en la línea de favorecer a esos trabajadores y a supeditar la ponderación del criterio de evaluación de estas en los procesos de licitación en que participan a aquellas que ofrezcan mejores condiciones de empleo y remuneraciones, en un porcentaje que no podrá ser inferior a 10 por ciento. Sin perjuicio de lo planteado, debemos votar a favor las enmiendas del Senado, porque al menos se aseguran los recursos para esos trabajadores. He dicho.

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El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, junto con reiterar que habría sido pertinente tener presente en la Sala al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, quiero señalar que lamentamos que los argumentos esbozados por los senadores de la Alianza sean una suerte de venganza, al no permitir su comparecencia en la discusión de las modificaciones del Senado a un proyecto muy importante. Tal como lo han planteado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, condenamos profundamente la decisión del Senado. El artículo único suprimido por la Cámara Alta era una norma que sin duda intentaba reparar, dar un trato justo, dignidad y mejores condiciones laborales y salariales a los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, además de establecer una diferencia entre una empresa y otra, no solo respecto del precio de la tonelada, sino también de las condiciones bajo las cuales sus trabajadores operan al interior de la empresa. Son cosas mínimas que deberían considerarse en una sociedad como la que todos aspiramos construir. No podemos entender cómo un acuerdo que contaba con el respaldo del Ejecutivo y con el beneplácito de la Asociación Chilena de Municipalidades –en la discusión de la iniciativa estuvieron presentes los alcaldes Christián Vittori y Sadi Melo- no fue respaldado por el Senado. De acuerdo con el artículo único eliminado, eran los empleadores directos quienes debían asumir las condiciones que se establecían y que se ponderaban para otorgar la concesión del servicio de aseo. Si los alcaldes de Chile estaban de acuerdo, ¿por qué el Senado echó por tierra una disposición que, desde el punto de vista constitucional, pasaba claramente el test jurídico? No quiero pensar mal; no quiero pensar que hubo una suerte de lobby por algunas empresas que temen que esta norma se instale como una ley de la república y sea la condición que establezcan todas las municipalidades para contratar un servicio tan importante como es el retiro de residuos sólidos domiciliarios. No dejo de manifestar mi molestia con nuestros senadores por su decisión lo digo de manera transversal-, pues hablamos de un sector que hoy emplea y que agrupa, bajo distintos sindicatos, a cerca de 19.000 trabajadores. El dirigente señor Armando Soto, que nos acompaña en las tribunas, me señaló que si se suma al personal a cargo de la mantención de áreas verdes y al que trabaja en los rellenos sanitarios, el número de empleados se incrementa a 34.000. Son trabajadores que merecen por parte de nosotros y de la sociedad un trato justo. Entiendo lo que algunos diputados de la Comisión de Gobierno Interior señalan en términos de que la necesidad tiene cara de hereje, pues estamos ad portas de una nueva manifestación y movilización. Ello demanda que el proyecto sea aprobado cuanto antes, de modo que de aquí a fin de mes sean pagados en las respectivas planillas los recursos comprometidos en un acuerdo

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que fue sancionado por el gobierno anterior en julio pasado, pero que recién hoy viene a ser saneado por el nuevo gobierno para que tenga aprobación legislativa. También quiero acusar la negligencia particularmente del entonces subsecretario Miguel Flores, quien nunca entendió que esta materia debía ser abordada por una ley. Finalmente, estamos contra el tiempo enmendando una responsabilidad del gobierno anterior. Lo que habría correspondido hacer era forzar la votación del artículo único, que constituía la puerta más importante para evitar el conflicto social y lograr que las demandas de los trabajadores de este importante sector tengan la acogida, el respaldo y el respeto que desde el Congreso Nacional merecen. Al final del día, como dijeron nuestro jefe de bancada y otros diputados, estamos ad portas –reitero- del cierre de un proceso que implica pagar lo comprometido durante los próximos días. De lo contrario, tendremos un conflicto laboral y sanitario de por medio. Con mucha disconformidad, con mucha molestia, sintiéndome pasado a llevar por nuestros senadores, sintiendo que hay un atropello a derechos esenciales y no entendiendo la justicia de la decisión tomada por la Cámara Alta, anuncio que aprobaremos la modificación del Senado al proyecto, porque la necesidad tiene cara de hereje y porque los recursos comprometidos deben ser pagados a la brevedad. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker. El señor BECKER.- Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente la enmienda del Senado, porque creemos muy importante que los recursos que hace algún tiempo el gobierno anterior envió a los municipios, cerca de 15 mil millones de pesos, lleguen de una vez por todas a los trabajadores. El artículo transitorio del proyecto permite que los municipios paguen lo que merecen quienes trabajan en los servicios de aseo municipal. Respecto del artículo único que el Senado rechazó, creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Yo no sería tan dramático en mi intervención. Lo que debe hacer el Ejecutivo es enviar un proyecto que haga extensivo el 10 por ciento de ponderación del criterio referido a mejores condiciones de empleo establecido en el artículo eliminado –o el 15 por ciento, o lo que creamos que es responsablemente satisfactorio- a otros contratos de prestación de servicios que puedan efectuar los municipios. No me parece bueno que se acote solo a los de aseo municipal. Hay otros servicios que también requieren mano de obra y que a lo mejor es importante que tengan las mismas garantías que se entregaban en el artículo único que finalmente rechazó el Senado. Es importante que analicemos un poco más en profundidad el artículo eliminado. Me parece que los parámetros con que los municipios iban a

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ponderar el referido 10 por ciento, que son flexibilidad, extensión del contrato, incentivos, remuneraciones, son bastante subjetivos y aleatorios. Ello provocará que haya municipios que ponderen de manera distinta las diversas propuestas. Es importante que se elabore una norma más clara sobre la materia. Por lo tanto, esperamos que el Ejecutivo envíe cuanto antes un proyecto en ese sentido. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Daniella Cicardini. La señora CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente, es lamentable que el Senado haya rechazado el artículo más importante en esta iniciativa. El porcentaje de ponderación del criterio sobre mejores condiciones de empleo contenido en él mejoraba indudablemente la situación y las remuneraciones de trabajadores que cumplen un rol fundamental en la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, la bancada socialista votará a favor la modificación del Senado. Me sumo a las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda, en el sentido de que era muy necesario contar con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional en la Sala para tener mayor información sobre la referida modificación. Lo único que hará la aprobación del proyecto será solucionar la negligencia en que incurrió la administración pasada. Espero que el Ejecutivo reconsidere el artículo suprimido. He dicho. El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, pido reunión de Comités. El señor CORNEJO (Presidente).- Cito a reunión de Comités, sin suspensión de la sesión. Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya. El señor MACAYA.- Señor Presidente, sin haber participado en el debate del proyecto en la Comisión de Hacienda, me llama profundamente la atención lo ocurrido. Se está entregando una señal confusa a la ciudadanía sobre la importancia que el Congreso Nacional otorga a los derechos laborales. Es difícil que la ciudadanía entienda que ingrese un proyecto de ley con dos artículos, y que sea eliminado el primero, en el que se establecen ciertas condiciones mínimas, que hoy muchos municipios están cumpliendo voluntariamente. En otras palabras, dicho artículo del proyecto establecía, como un imperativo legal, que se empiecen a cumplir ciertas condiciones mínimas. El hecho de que un 10 por ciento del total de la evaluación en las bases de licitación para un contrato de aseo municipal lo constituya la ponderación de criterios sobre mejores condiciones de empleo nos parece de sumo lógico. Que ello esté

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consagrado en una ley es sumamente positivo en materia de defensa de los derechos de los trabajadores vinculados al servicio de aseo municipal. El artículo transitorio es fruto de un acuerdo político. Quizás, esta disposición es un poco más cuestionable desde la perspectiva constitucional. No obstante, la respetamos toda vez que es el Estado el que está transfiriendo directamente recursos a los trabajadores. Reitero, dicho artículo fue fruto de una contingencia, como fueron las paralizaciones que llevaron a cabo los trabajadores de los servicios de aseo municipal. Por ello, lo respetamos y el Senado así también lo ha considerado y lo ha aprobado. No entiendo que se haya rechazado el artículo que establece parámetros básicos y mínimos. La pregunta que la ciudadanía se hará es por qué la Cámara de Diputados está pidiendo que se envíe un nuevo proyecto, tal vez de otro tenor, en circunstancias de que podríamos formar una comisión mixta para solucionar allí los problemas que han surgido. Si podemos decirle a la ciudadanía que el Congreso Nacional tuvo la capacidad de tratar este proyecto que ingresó hace solo dos días -es decir, el 18- y que el 20 ya lo estamos tratando en tercer trámite constitucional, resulta difícil entender por qué no podemos tomarnos un par de días más, toda vez que así podríamos despachar un buen proyecto. Cabe recordar que existe una norma reglamentaria que dispone que un proyecto que se refiere a determinada materia y que es rechazado, no puede ser presentado nuevamente antes de transcurrido un año. Me parece que si el proyecto es rechazado, estaríamos dando una muy mala señal a la opinión pública. Por eso, sería necesario conocer la posición del Ejecutivo al respecto. Hace un instante, estaba presente en la Sala la ministra secretaria general de la Presidencia; tal vez ella podría ilustrarnos respecto de los planes que tiene consultados el Gobierno para defender los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo. Estamos llanos a aprobar la entrega de los recursos lo antes posible. Como digo, el Congreso Nacional estaría dando una mala señal si no aprueba el proyecto rápidamente, aunque ello implique formar una comisión mixta. Espero que el Ejecutivo tenga una posición definida respecto de esta materia, de modo que la responsabilidad no recaiga solo en el Congreso Nacional. El Senado ya dio una mala señal, porque no entiendo las razones que tuvo para rechazar el Artículo Único aprobado por la Cámara, que se refiere precisamente a la defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso, nos gustaría que la representante del Ejecutivo, en este caso la ministra secretaria general de la Presidencia, estuviera presente para que nos ilustrara al respecto antes de votar. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, es lamentable lo ocurrido en el Senado con un proyecto de ley tan simple que solo apunta a materializar el acuerdo al

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que llegaron los dirigentes, los representantes del Gobierno pasado y los alcaldes, después de haber participado en una mesa de diálogo tripartita, que consiste en la incorporación de una glosa que entregó 15 mil millones de pesos que fueron traspasados a los municipios. Sin embargo, estos recursos no han podido ser traspasados a las empresas de aseo para que ellas, a su vez, se los entreguen a sus trabajadores. En realidad, se trata de algo muy sencillo, relacionado con la ponderación que establece el inciso segundo nuevo que la Cámara agregó al artículo 6° de la ley N° 19.889 y que desgraciadamente fue rechazado por el Senado. Acepto pero no comparto lo que ocurrió en el Senado, porque significa desconocer las peticiones de los trabajadores, que fueron acogidas por el gobierno anterior. Siempre he dicho que es responsabilidad del Estado porque, como digo, se trata de un compromiso contraído durante el gobierno pasado, a pesar de lo cual no se concretó el traspaso de los fondos comprometidos, debido a que no se remitió el proyecto de ley cuando correspondía. Ahora lo envió el actual gobierno con urgencia de discusión inmediata. De manera que a quienes preguntan por qué el proyecto debiera ir a comisión mixta y por qué estamos tan apurados, les puedo responder: porque este proyecto ha demorado demasiado y los trabajadores no pueden esperar. En verdad, queremos que esta iniciativa satisfaga las inquietudes de los trabajadores, mediante el traspaso de fondos a los organismos privados que corresponda, para lo cual sería necesario incluir en otro proyecto de ley el inciso segundo nuevo propuesto por la Cámara, que fue rechazado por el Senado. Tal vez sería conveniente recabar el acuerdo de la Sala para que pueda ingresar el subsecretario del Trabajo, a fin de que entregue su opinión sobre la modificación del Senado, nos informe sobre lo que piensa el Gobierno y se comprometa ante esta Sala a que el gobierno envíe un nuevo proyecto de ley que complemente el que estamos discutiendo. Por lo tanto, anuncio que, con los reparos que he señalado, vamos a aprobar la modificación del Senado, porque no queremos seguir dilatando la entrega de los recursos que están disponibles hace bastante tiempo, que posibilitarán la solución del problema que nos ocupa. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. El señor OJEDA.- Señor Presidente, acabo de solicitarle que recabe nuevamente el asentimiento de la Sala para que ingrese el subsecretario del Trabajo. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Señor diputado, asentimiento de la Sala en tal sentido, pero no hubo acuerdo. Puede hacer uso de la palabra el diputado Fidel Espinoza.

solicité

el

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El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, este proyecto de ley surgió como respuesta a los acuerdos que se generaron hace algunos meses, cuando en gran parte del país los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos domiciliarios, que como todos sabemos trabajan en condiciones laborales bastante precarias, realizaron una paralización de actividades. Se trata de trabajadores que cumplen una función que desde todo punto de vista es fundamental para mantener el aseo y la higiene en las poblaciones. Todos fuimos testigos de que en el marco de dicha paralización el país se vio convulsionado por las graves situaciones de crisis sanitarias que se produjeron en algunas comunas, especialmente en aquellas con más habitantes que, como digo, sufrieron grandes dificultades en su quehacer diario. En esa oportunidad, se llegó a un acuerdo con el gobierno pasado, en el sentido de que enviaría un proyecto de ley que apuntaría a la protección de los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y a mejorar sus condiciones, no solo de contratación, sino también de desarrollo de sus labores cotidianas. Lamentablemente, como lo han planteado algunos diputados –el colega Ojeda fue muy categórico-, una de las normas más relevantes aprobadas por la Cámara en el primer trámite constitucional fue simplemente borrada por el Senado. Me refiero al inciso segundo nuevo propuesto por la Cámara, que disponía que deben existir elementos que permitan la configuración de exigencias a las empresas que garanticen condiciones laborales dignas a sus trabajadores. Sin esta norma, seguirá ocurriendo lo que en la práctica ha sucedido hasta hoy: que muchas empresas recurren a mil subterfugios legales para violentar los derechos de sus trabajadores, que desarrollan una labor tremendamente importante e insustituible en nuestra sociedad. Por eso, independientemente de esta situación que consideramos que no corresponde, me resulta difícil tener que votar a favor un proyecto que desde mi punto de vista queda cojo. Sin embargo, es necesario porque por lo menos representa un primer paso para que, ojalá en un futuro cercano, las exigencias contenidas en el proyecto aprobado por la Cámara se conviertan en realidad. Termino mis palabras leyendo el artículo transitorio aprobado por la Cámara que dispone: “Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir, por una sola vez, a las empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por estas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de esta ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.” De manera que el proyecto de ley constituye un avance, aunque no es todo lo que hubiéramos deseado, porque creemos –insisto en ello- que el inciso segundo nuevo eliminado por el Senado era muy necesario para salvaguardar los derechos de estos miles de trabajadores chilenos. He dicho.

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El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, quiero referirme, desde una perspectiva general, al tema de la basura y su relación con los municipios. Hoy en día, los municipios más ricos del país son los que reciben mayores ingresos por concepto de contribuciones, a través de las cuales se paga el derecho de aseo. Por lo tanto, las comunas más ricas tienen asegurado el financiamiento del servicio de aseo a través del pago de las contribuciones y, por consiguiente, de los derechos de aseo. Para el municipio, en ese caso, el costo de ese servicio es cero. Reitero, en las comunas más ricas absolutamente todo el servicio de recolección de basura es financiado por los contribuyentes a través del pago de los derechos de aseo. Sin embargo, en las comunas pobres como por ejemplo La Pintana, Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado, entre otras, como el porcentaje de exención de contribuciones supera el 90 por ciento, la mayoría de la gente no paga los derechos de aseo. En ese caso, el municipio es el que debe asumir prácticamente en un ciento por ciento el costo de ese servicio. El proyecto que hoy analizamos no aborda esa realidad; solo traspasa un bono para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de las empresas de aseo, en circunstancias de que deberían ser las propias empresas las encargadas de asumirlo, para que los municipios pudieran efectivamente pagar por mejores servicios. Hay municipios que realizan por su propia cuenta el servicio de aseo, no lo externalizan, por lo que este bono no va a llegar a los funcionarios municipales, grado 18, que tienen un salario muy bajo y que trabajan en el servicio de aseo municipal. Este bono es solo para las empresas privadas que realizan esa labor. Por eso, creo que hay aquí un error conceptual si lo que queremos en realidad es mejorar las posibilidades de los municipios para que puedan contratar mejores servicios de aseo y pagarles mejor a los trabajadores. Nuestro deseo es que exista mayor equidad entre los municipios para contratar servicios de aseo de calidad y también desde el punto de vista de los recursos que disponen para contratarlos. A modo de ejemplo, solo quiero entregar un dato. La municipalidad de Las Condes tiene un presupuesto que supera los 180 mil millones de pesos. ¡180 mil millones de pesos! En cambio, la municipalidad de Cerro Navia tiene un presupuesto de 10 mil millones de pesos. De acuerdo a lo que he señalado, por supuesto, el costo del servicio de aseo para la municipalidad de Las Condes es cero, porque está ciento por ciento financiado por los contribuyentes. En el caso de la comuna de Cerro Navia, el costo del servicio de aseo es ciento por ciento de cargo del municipio. Por lo tanto, lo que debiera hacer el Estado es apoyar a estos municipios para que tengan los recursos necesarios

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para contratar mejores servicios y, además, propugnar que las empresas de aseo paguen mejores sueldos a sus trabajadores. De esa manera, los municipios tendrían los recursos que se requieren y se generaría mayor igualdad entre los municipios de todo el país. El Senado tiene toda la razón al rechazar el artículo único del proyecto, porque no se puede intervenir en los contratos. Eso es facultad de los municipios. Pero esta facultad está ligada a la capacidad de los municipios para contar con los recursos necesarios. Eso no lo resuelve este proyecto. Si bien apoyaré la iniciativa, porque con ella se resuelve un acuerdo puntual, creo que es importante que el Ejecutivo presente un proyecto para remediar un problema más complejo: la enorme diferencia que existe entre los municipios ricos y los municipios pobres en el país. Las Condes, Providencia, Santiago, Vitacura y Viña del Mar son los cinco municipios más ricos del país y concentran el 60 por ciento de los recursos de todos los municipios. Esa situación de inequidad es la que hay que resolver para que los municipios tengan mejores condiciones, no solo para enfrentar el tema de la recolección, transporte y disposición final de la basura, sino que temas como la salud, áreas verdes y otros servicios municipales que se encuentran en situación precaria en las comunas con menos recursos. Esa es la tarea que tenemos por delante y es en lo que quisiera que nuestro Gobierno tuviera conciencia y presentara un proyecto de ley que mejore las condiciones de desigualdad entre los municipios que están en la raíz de la forma cómo se financian. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic. El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, después de conversar con los dirigentes de la Federación de Trabajadores, me parece que hay una cuestión de fondo muy clara. La eliminación del artículo único por parte del Senado es justamente lo contrario de lo que debiésemos buscar como país, esto es, mejores condiciones laborales para los trabajadores, sobre todo, si se trata de dineros del Estado que son traspasados a empresas privadas. En ese sentido, espero que el Gobierno tenga en cuenta esta indicación a futuro para que se regule esta situación. Las empresas que paguen mejor a sus trabajadores deberían obtener un mayor puntaje dentro de las licitaciones. Me parece que eso iría en la dirección correcta. A mi juicio, la externalización de los servicios no ha sido un sistema muy exitoso. Soy partidario de las empresas, del mercado y del mundo privado, pero cuando funciona bien, y en este caso no lo ha demostrado así. Por lo tanto, habría que pensar en contemplar un porcentaje en la licitación que considere los sueldos de los trabajadores. En el futuro, ojalá podamos discutir sobre municipalizar nuevamente estos servicios, ya que la mayoría de las comunas lo ha externalizado y no ha

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funcionado bien. Ha significado más bien un ahorro por parte de las empresas para poder ganar la licitación y, posteriormente, ese ahorro ha significado bajar la cantidad de camiones recolectores, provocando que los trabajadores de esas empresas trabajen mucho más y se les pague menos. Hoy, el empresario que desea ganar una licitación presenta la propuesta más barata, pero lo que se necesita es todo lo contrario, que quienes deseen ganar una licitación deben pagarles bien a los trabajadores, porque ese debería ser el incentivo favorable para ganar la licitación. Esa es la discusión de fondo. Hoy debemos aprobar este proyecto porque necesitamos -los dirigentes así me lo han dicho- que ese dinero llegue rápidamente a los trabajadores, pero en el futuro debemos discutir a fondo sobre externalizar servicios municipales y sobre municipalizar nuevamente este tipo de servicios. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez. El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, a todos nos ha causado una enorme sorpresa lo que ha ocurrido ayer en el Senado. Se dice que las cosas debiesen ser para mejor y esperamos que efectivamente así sea. Nuestro jefe de bancada ha señalado que la Democracia Cristiana va a apoyar con mucha decisión este proyecto que aborda una contingencia. Quisiera manifestar al Ejecutivo que hay que perseverar en todas aquellas normas que dicen relación con que en el proceso de contratación pública se pudieran ver mejoradas las condiciones laborales y previsionales de los trabajadores. Ojalá que sea para mejorar ostensiblemente las condiciones de trabajo, no solo las remuneracionales, sino que, tal como lo manifesté en la Comisión, me gustaría que el Ejecutivo recogiera la idea de que a la hora de ponderar los factores en una licitación se tomara en consideración el historial de cumplimiento de las normas laborales y previsionales por parte de las empresas participantes de estos procesos. Además, que no hayan sido condenadas por prácticas antisindicales. Es esencial que este proyecto de ley avance en la protección de los derechos de los trabajadores. Pero si a partir de la modificación del Senado pudiéramos progresar, con decisión, en todo orden de cosas en materia de contratación pública y se establecieran esos criterios, iríamos en la dirección correcta. Espero que así sea y que esto sea transmitido al Ejecutivo, a fin de que el proyecto que ingrese en las próximas semanas recoja estos puntos de vista no solo de quien habla, sino también de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización que así lo acordó con mucha determinación cuando el subsecretario se refirió a esta materia. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, en su segundo discurso, el diputado señor Ramón Farías.

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El señor FARÍAS.- Señor Presidente, en la reunión de Comités que tuvimos hace poco, escuchamos a la ministra secretaria general de la Presidencia, quien expresó el compromiso del Ejecutivo, claro y tácito, respecto del artículo único que no aprobó el Senado. No obstante este rechazo de la Cámara Alta, cuando un alcalde llama a licitación, igual puede hacer lo que se pretendía establecer con el inciso segundo nuevo propuesto para ser incorporado al artículo 6° de la ley N° 19.886. No es algo que sea obligatorio. Lo que se busca es que sea parejo para todas las municipalidades, a fin de dar dignidad a los trabajadores que desempeñan esos servicios. Muchas veces, las empresas no castigan sus utilidades, sino, más bien, los sueldos de los trabajadores para ganar la licitación municipal; de esa manera, se presentan con un monto más bajo que el resto de las empresas. Por lo tanto, me parece de suma importancia que el Ejecutivo se comprometa, tal como fue acordado, porque permitirá que los trabajadores que prestan esos servicios, vitales para las comunas, tengan dignidad real. Asimismo, que las municipalidades, a través de una ponderación, puedan dar más puntaje a las empresas que efectivamente pagan mejor a sus trabajadores y les entregan más dignidad. Insisto, es importante escuchar al Ejecutivo respecto de esta lamentable modificación del Senado. Felizmente, resolvimos aprobar el artículo transitorio, a fin de que a los trabajadores se les paguen los recursos que fueron entregados hace mucho rato a las municipalidades. Quedamos a la espera de escuchar a la ministra de la Segpres, quien nos dará la certeza de que será ingresado y tratado con los trabajadores un proyecto en tal sentido, cosa que se cumpla cabalmente el compromiso firmado en junio o julio del año pasado, como lo conversamos en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización que presido. Por eso, anuncio nuestro voto favorable a la modificación del Senado. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero aclararle a la diputada Cristina Girardi que Viña del Mar no es una comuna rica. La riqueza de las comunas no se mide por los ingresos absolutos, sino por el ingreso per cápita, de acuerdo con su población, y por los ingresos de su presupuesto. Según eso, Viña del Mar no está ni siquiera entre las cien primeras. Eso se puede ver, fácilmente, en el sistema de información que entrega la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En segundo lugar, muchas comunas, a pesar de tener restricciones presupuestarias, en la actualidad incorporan en sus bases de licitación la

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ponderación del 10 por ciento, incluso algunas más, para evaluar las ofertas que hacen las distintas empresas. Eso existe y está dentro de la libertad de cada municipio, de acuerdo con su presupuesto. De hecho, en Viña del Mar ocurre no solo en la licitación de las bases de aseo, sino también en otro tipo de licitaciones, como la mantención de áreas verdes, seguridad, etcétera. No obstante ello, lo que rechazó el Senado es la constitucionalidad de la modificación a la ley de bases de licitación del sector público, tema que podríamos discutir en los próximos días. Por eso, dado que ya el año pasado se hizo el esfuerzo mayor de aprobar en el Presupuesto del Sector Público para el año 2014 los 15 mil millones para hacer la transferencia a estos trabajadores, que además la resolución está hecha y los fondos están depositados en los respectivos municipios, pido a los parlamentarios aprobar el artículo transitorio, que permite pagar a los trabajadores a la brevedad posible. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, suscribo las palabras de la diputada Cristina Girardi, porque me interpretan plenamente. Aunque parezca reiterativo, quiero señalar que la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios no reduce ni restringe la autonomía de los municipios, en el sentido de poner cualquier consideración de beneficio a los trabajadores en las bases frente a cualquier licitación. El problema es que una gran cantidad de empresas que incurren en incumplimiento con los trabajadores, lo hacen a propósito, basadas en el resguardo de que pueden cambiar su nombre de fantasía y que no tienen obstáculo alguno en presentarse a una nueva licitación y ganarla. Con esos casos, llegamos directamente al profundo problema del MultiRut, que es tan necesario discutir. Algunas empresas que han tenido serias dificultades con sus trabajadores, incluso han sido sancionadas por los tribunales laborales, sin embargo, después cambian su razón social y se presentan a la nueva licitación. Las prácticas antisindicales también son habituales en varias empresas, por lo que muchas veces son sancionadas, a pesar de lo cual después vuelven a ganar licitaciones. En esta Sala estamos todos de acuerdo en la importancia de que los trabajadores reciban rápidamente su dinero. No obstante, deseo advertir que hay tres categorías de tratamiento en el tema de la basura. Los trabajadores de los municipios de Valparaíso y de Santiago, los auxiliares que corren detrás de los camiones recogiendo la basura de su

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ciudad, al igual que los de la empresa privada, no recibirán ni un peso de estos 15 mil millones de las platas del Estado. Los auxiliares que trabajan en las comunas con tratamiento mixto, mitad privados y mitad municipios, tampoco recibirán ni un peso. Los 15 mil millones irán a resolver el problema del maltrato de las empresas privadas a los trabajadores de la basura. Ciertamente, vamos a aprobar aquello que permita que los trabajadores reciban estos recursos sin mayor dilación. Pero es relevante que los colegas sepan lo que ocurre en esta situación. Por supuesto, que el artículo eliminado obligaba, sin necesidad de hacerlo porque la ley permite que los municipios lo hagan, como bien lo dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, porque fue alcalde, así ocurre más o menos con el 15 por ciento de los municipios-, a ponderar un factor que beneficiaba a los trabajadores. No se necesita el 10 por ciento que se plantea aquí. Lo que es menester es un mecanismo ágil para entregar la plata a los trabajadores. Sin embargo, también quiero advertir que las manipuladoras de alimentos, como se lo expresé a la diputada Alejandra Sepúlveda, son despedidas en diciembre y recontratadas en marzo. Lo sé porque fui alcalde de La Granja. Ante el incumplimiento y la concurrencia a los tribunales del trabajo, esas mismas empresas se adjudicaban las licitaciones con otro nombre, con lo cual volvemos al problema del MultiRut. El tema de las categorías de contratos que tienen algunas municipalidades, por eso suscribí las palabras de la diputada Cristina Girardi, tiene que ver con los ingresos municipales. Es así como, efectivamente, el presupuesto de un año de la municipalidad de Las Condes equivale a 14 años de presupuestos del municipio de Lo Espejo. De ahí que el problema de distribución del Fondo Común Municipal no pueda seguir postergándose. Los diputados se relacionan con los alcaldes de sus distrito, así es que conocen los problemas financieros que deben enfrentar, derivados, entre otras cosas, del aumento del valor del consumo eléctrico para el alumbrado público o del de agua para el riego de las plazas públicas, costos que han crecido de manera absolutamente desproporcionada en relación con los ingresos que reciben los municipios. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas. El señor FARCAS.- Señor Presidente, me parece que todos estamos de acuerdo en que es necesario proteger la dignidad y los derechos de los trabajadores, por lo que anuncio mi voto a favor de esta iniciativa. Sin embargo, tal como han mencionado algunos diputados, especialmente aquellos que en alguna oportunidad ejercieron el rol de alcalde, considero muy

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importante, además de la inequidad territorial, abordar la sinergia potencial que se podría producir en estos procesos. Por ello, me parece que sería interesante evaluar una reforma a la ley orgánica constitucional de municipalidades, para que en vez de entregar la facultad de contratar estos servicios a cada municipio en particular, como ocurre en la actualidad, puedan reunirse esos esfuerzos en un ente como el gobierno regional, ya que se podrían aplicar economías de escalas al operar en forma integrada, lo que permitiría resolver de manera bastante más efectiva las inequidades que se han mencionado. HA de tenerse en cuenta que, como muy bien nos recordó la diputada Cristina Girardi, cuando tenemos municipalidades como la de Las Condes, cuyo presupuesto es de 213.000 millones de pesos, y otras como las de Conchalí, Huechuraba o Renca, cuyos presupuestos bordean los 15.000 millones, es evidente que no se puede brindar la misma calidad de servicios. Además, señor Presidente, me parece interesante que se evalúe una fórmula que permita que cada habitante, cada vecina o vecino, pague por el servicio de recolección de basura en función de lo que representa su vivienda, pero que la calidad de la prestación que reciban sea adecuada, pertinente. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, valoro esta iniciativa de ley, que me trae a la memoria al diputado Gabriel Silber y al senador Alejandro Navarro, quienes un día se levantaron a las tres de la mañana para acompañar a los trabajadores de una empresa de aseo y extracción de basuras mientras realizaban su turno. Pudimos ver por televisión a ambos parlamentarios mientras se ponían la indumentaria de trabajadores del aseo para luego vivir en carne propia lo que significa realizar esa labor tan importante para la comunidad, pero tan desvalorada a la hora de remunerarla. No sé si el diputado y el senador han vuelto a levantarse tan temprano, pero nos consta que vivieron en carne propia lo que significa realizar un trabajo que tiene una jornada laboral muy distinta a la normal; de hecho, en algunos casos inician sus labores a las tres o cuatro de la mañana y durante una semana entera trabajan de esa manera. Además, estos trabajadores están en contacto con la basura, lo que les puede provocar enfermedades profesionales. En fin, se trata de una actividad cuya naturaleza es muy distinta a la que desarrolla la gran mayoría de los chilenos. Por eso –reitero-, valoro este proyecto, que busca incluir, entre los ítems a evaluar para adjudicar los contratos de recolección de basura, aspectos como el nivel de remuneraciones, la duración de los contratos de trabajo, las condiciones en las que se realiza esta labor y los incentivos que la empresa otorga a sus trabajadores, todo lo cual tendrá una ponderación de 10 por ciento en la licitación.

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Podemos considerar que ese es un porcentaje insuficiente, pero no vamos a hacer cuestión de aquello, para que, como expresó el diputado Ojeda, aprobemos ahora el proyecto y los trabajadores no sigan esperando. Sin embargo, es evidente que esas y hay otras consideraciones deben tenerse en cuenta, porque el peso de la mano de obra debe tener una incidencia mucho mayor a la que tienen otros aspectos que se evalúan para adjudicar un contrato. También valoro que se faculte a los municipios para transferir recursos directamente a las empresas, pero exclusivamente al ítem mano de obra, porque sabemos que es el más desvalorado en estas contrataciones. Evidentemente, como expresé, han quedado muchas cosas en el tintero, pero es un avance que se valore la labor de los seres humanos y que quienes trabajan en contacto permanente con la basura reciban un trato preferencial. Vamos a aprobar este proyecto, pero dejamos constancia de que aún queda mucho por avanzar. A ver si nuevamente algún parlamentario, senador o diputado, se atreve a acompañar a los trabajadores del aseo en su jornada laboral. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Camila Vallejos. La señora VALLEJOS (doña Camila).- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, quiero resaltar la importancia que tuvo la paralización de los recolectores de basura para instalar un debate trascendental para nuestro país, pues no solo ha permitido que podamos debatir la relevancia de la dignificación de quienes prestan este servicio, sino que la de los trabajadores en general. Evidentemente, lo que hoy nos convoca es establecer cómo dignificamos a un sector de trabajadores que vive en un verdadero inframundo y realiza una actividad sumamente desregulada, pues llegan a cumplir jornadas laborales de hasta 14 horas diarias y reciben remuneraciones que están por debajo del sueldo mínimo, no obstante que cumplen una función fundamental para la vida humana. Necesariamente hay que relevar a estos trabajadores a una posición de mayor dignificación, no solo porque limpian nuestras ciudades, sino que también porque ayudan a prevenir enfermedades. Son vitales para la salud de la población, así es que debiesen ser dignificados y recibir un trato totalmente distinto al que reciben. Agradezco a este grupo de trabajadores su esfuerzo, pues sus movilizaciones permitieron instalar un problema trascendental, de primera necesidad, en la mesa de debate. Ahora, respecto del proyecto de ley propiamente tal, estamos de acuerdo en que debemos aprobarlo en general, porque es preciso que los recursos que se pusieron a disposición no solo lleguen al municipio, sino que a las empresas y, especialmente, a los trabajadores. Pero faltan algunas cosas que ya se han

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mencionado, vinculadas con cuestiones más estructurales acerca de cómo garantizamos mejores condiciones laborales en los procesos de licitación. Como dije, ese es un aspecto transversal, pues debe considerarse para todos los trabajadores, no solo para los del aseo. Por ello, considero importante que, dado que esta iniciativa no las abarca a todas, el Ejecutivo nos proponga una norma general que garantice que en todas las licitaciones públicas se respetarán los derechos laborales y que se otorgará mayor puntaje a aquellas empresas postulantes que propongan mejores condiciones para sus trabajadores. Me sumo a quienes han planteado esa propuesta. En nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, anuncio que aprobaremos en general el proyecto, pero con esa particularidad, para que desde el Ejecutivo se tome en consideración la propuesta a la que me acabo de referir. He dicho. -Aplausos. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la ministra Ximena Rincón. La señora RINCÓN, doña Ximena (ministra secretaria general de la Presidencia).- Señor Presidente, he seguido todo el debate de este hemiciclo y escuchado con atención vuestras intervenciones, pero antes de referirme al contenido del proyecto, quiero agradecer la rápida tramitación que se le ha dado en este primer trámite constitucional. En una reunión con los comités, todos, sin excepción, plantearon la necesidad de aprobar esta iniciativa y de recoger lo que se ha mencionado en el debate en cuanto a que se legisle para que la variable laboral se incorpore en todos los procesos de licitación para la contratación de servicios, no solo en los vinculados al aseo y la recolección de basura. Uno de los diputados, un ex alcalde, me hizo ver que hoy los municipios pueden incorporar esa variable en las bases de licitación, pero que es algo facultativo, no una obligación, que es como debería establecerse. Durante el período legislativo anterior, como recordarán, cuando abordamos varios temas de distinta índole, se fue estableciendo esto como un criterio en la normativa en general en nuestro país. Pero quedan múltiples ámbitos donde no existe esta variable, vale decir, que se consideren los temas laborales y de seguridad social como relevantes a la hora de licitar contrataciones de servicios con recursos públicos. Por lo tanto, y en atención a la urgencia del proyecto de ley y lo que se ha debatido en la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, y en esta sesión en especial, nos queremos comprometer, en nombre del Ejecutivo -lo he hablado con el ministro del Interior, señor Rodrigo Peñailillo-, a que se despache un proyecto de ley que aborde todo lo que tiene que ver con

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contrataciones de servicios del Estado y de recursos públicos. Y para que se incorpore esta variable fundamental y se considere dentro de los requisitos de las bases de licitación. (Aplausos) Ése es el compromiso que ha contraído el Ejecutivo, que se hace cargo del debate de la Cámara de Diputados y se compromete a recoger esto en la legislatura y dentro del corto plazo. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate.

-o-

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos. El señor CORNEJO (Presidente).- En votación la enmienda del Senado para eliminar el artículo único permanente del proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sandoval P. David, Sr. Arriagada M. Claudio, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. Iván, Sra. Molina O. Andrea, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales M. Celso, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Silva M. Ernesto, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Gahona S. Sergio, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Browne U. Pedro, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Hernández H. Javier, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sra. Hernando P. Marcela, Sra. Pacheco R. Clemira, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Pérez L. Leopoldo, Sra. Turres F. Marisol, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Ulloa A. Jorge, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Urízar M. Christian, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Jiménez F.

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Tucapel, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Rocafull L. Luis, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Kort G. Issa, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Vallespín L. Patricio, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lavín L. Joaquín, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Saffirio E. René, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Walker P. Matías, Sr. Farcas G. Daniel. - No votaron por estar pareados los diputados señores: Sr. Castro G. Juan Luis con Sra. Rubilar B. Karla. El señor CORNEJO (Presidente).- Despachado el proyecto.

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OFICIO APROBACIÓN MODIFICACIONES

3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora Comunica aprobación de modificaciones. Fecha 20 de marzo, 2014.

Oficio Nº 11.186

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

VALPARAÍSO, 20 de marzo de 2014.

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a la enmienda propuesta por ese H. Senado al proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica, correspondiente al boletín N° 9278-06. Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 142/SEC/14, de 19 de marzo de 2014. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V.E.

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIČ Secretario General de la Cámara de Diputados

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4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo Oficio de Ley a S.E. La Presidenta de la República. Comunica texto aprobado por el Congreso Nacional. Fecha 20 de marzo, 2014.

Oficio Nº 11.182 A S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

VALPARAÍSO, 20 de marzo de 2014.

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente al boletín N° 9278-06:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, por una sola vez, recursos que serán destinados por éstas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de esta ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”. *** Dios guarde a V.E.

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIČ Secretario General de la Cámara de Diputados

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5. Publicación de ley en Diario Oficial 5.1. Ley N° 20.744

Fecha Publicación Fecha Promulgación Organismo

Tipo Versión URL

:27-03-2014 :26-03-2014 :MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA; SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO :Única De : 27-03-2014 :http://bcn.cl/1jtke

LEY NÚM. 20.744

FACULTA EXCEPCIONALMENTE A LAS MUNICIPALIDADES A TRANSFERIR RECURSOS A EMPRESAS QUE INDICA Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley,

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, por una sola vez, recursos que serán destinados por éstas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de esta ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

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Santiago, 26 de marzo de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- Javiera Blanco Suárez, Ministra del Trabajo y Previsión Social. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.Atentamente, Ricardo Cifuentes Lillo, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

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