Registro de propiedad intelectual: […] Diseño y diagramación: Carlos Veloso Foto portada: Mauricio Lorca. Rodeo de burros de Carrizalillo 2001. Impresión: LOM Ediciones, que solo ha actuado como impresor. Maturana 9-13. Teléfonos: 02-672 22 36 Primera edición: Mayo 2010

EQUIPO GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (DIPLADE) Ximena Matas, Intendenta Raúl Gatica, Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Marcelo González, Analista de Planificación

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO Margarita Lira

EQUIPO DESARROLLADOR Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y Consultora en Ciencias Sociales MyA Mauricio Lorca, Jefe de proyecto Elizabeth Jiménez, Responsable metodológica Gloria Cabello, Responsable componente patrimonial Lorena Bugueño, Ayudante de terreno y análisis

ASESORES Bárbara Crettier, Componente cuantitativo Miguel Fuentes, Catastro bibliográfico Carlos González, Componente patrimonial Francisco Garrido, Componente cartográfico Carmen Jorquera, Componente medioambiental Enrique Martínez, Componente medioambiental Paulina Peralta, Componente historiográfico Video Estudio Schtaun V.E.S., Edición audiovisual

ÍNDICE AGRADECIMIENTOS

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PRESENTACIÓN

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INTRODUCCION 1. El rol de la Identidad en la Elaboración de un Proyecto de Desarrollo Consensuado para la región de Atacama

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PRIMERA PARTE 2. El Entorno Natural de la región de Atacama

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3. Revisitando la Secuencia Cronológico Cultural de la región de Atacama

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4. Dinámicas Regionales Históricas Configuradoras de Identidad

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5. Historia de las Políticas Públicas en la región de Atacama

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SEGUNDA PARTE 6. Una Aproximación a las Identidades de la región de Atacama

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7. Identidades Regionales: Construyendo Relaciones, entre la Tensión y la Articulación

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8. Identidades Regionales y Percepciones del Desarrollo

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9. Propuestas para un Proyecto en Construcción

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BIBLIOGRAFÍA GENERAL

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LOS AUTORES

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AGRADECIMIENTOS Expresamos nuestros agradecimientos a todos y todas quienes hicieron posible la concreción de este Estudio. Colaboraciones que tuvieron en común el trabajar por un mejor lugar donde vivir. A cada una de las autoridades, profesionales, organizaciones y personas que participaron de las distintas etapas de la investigación a través de su asistencia, observaciones y comentarios, al Gobierno Regional de Atacama, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a la Comisión Evaluadora compuesta por: Carlos Hernández Ortega, encargado de comunicaciones de SERNAM Atacama; Renato Leal Soto, analista de SERPLAC Atacama; Sheyla Araya Jofré, profesional de apoyo de CRCA Atacama; Yuri Jeria Muñoz, investigador, y Guillermo Cortés Lutz, director del Museo Regional de Atacama; Rosa Quevedo Bugueño y Carmen Cabada de Laire profesionales de la División de Análisis y Control de Gestión GORE Atacama y Marcelo González Ossio, analista de planificación, y Raúl Gatica Huerta, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional. Por último a Guillermo Cortés Lutz, Elizabeth Jiménez y Lorena Bugueño por sus aportes en las secciones 4, 7 y 8 respectivamente. A todos y todas muchas gracias por permitir el desarrollo exitoso de esta iniciativa. Equipo Estudio Fortalecimiento de la Identidad Regional de Atacama

PRESENTACIÓN PALABRAS DE LA INTENDENTA REGIONAL ESTUDIO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL DE ATACAMA Con la publicación de este libro, el Gobierno Regional de Atacama, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, concluyen el Estudio Fortalecimiento de la Identidad Regional de Atacama. Sintetizando a labor desarrollada a lo largo de nueve meses por el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas CEAZA y la Consultora en Ciencias Sociales MyA. A la vez, iniciamos formalmente un proceso de reconocimiento de las diversas identidades existentes y un compromiso por seguir develando aquellas que aún quedan por abordar, bajo la clara percepción de que nos encontramos frente a un elemento en permanente construcción, la Identidad Regional. Esta experiencia significó para nosotros el enfrentar y descubrir aquellas características del territorio y sus habitantes que tradicionalmente han quedado invisibles en nuestro abordaje institucional, y que hoy configuran identidades generosas en diversidad, patrimonio, formas de vida y memorias históricas. Resultados que se dan en vísperas del Bicentenario de la República, coyuntura que ha hecho emerger con especial fuerza las temáticas identificadoras, situándolas en un lugar central de las discusiones sociales y políticas, tal como lo ha enunciado el Presidente Sebastián Piñera. Nuestra apuesta radica en la convicción de que las identidades y elementos comunes que el Estudio reconoció, han sido, son y seguirán siendo elementos propios, originales y auténticos, que surgen de las diversas épocas y territorios que Atacama ha ofrecido a sus habitantes, pero posibilitadotas de una visión endógena del desarrollo. Esta visión es la que aspiramos poner en valor, no solo mediante el reconocimiento tácito de nuestras diversidades, sino que también desde las intervenciones públicas en sus diferentes instrumentos sectoriales, vinculándose a los resultados, conclusiones y lineamientos obtenidos en esta investigación. La cual para nosotros significa una etapa inicial que estimule al conjunto de los sectores a impulsar estudios complementarios, que reflejen nuestras identidades. Coherentes con lo señalado, nuestro énfasis se dirige sin duda a dar un paso adelante en la generación de conocimientos aplicados sobre las identidades regionales como insumo para la implementación de políticas públicas pertinentes a la identidad local. Es así como nos damos cuenta de que el reconocer nuestra identidad emerge de una trilogía compuesta por nuestra riqueza patrimonial, sistemas de vida y

memorias históricas. Por ejemplo, que somos una Región Minera y que fue aquí donde se fundó la nación chilena el 26 de octubre de 1540. En este sentido, el Estudio Fortalecimiento de la Identidad Regional de Atacama, reconoce precisamente la identidad del territorio como un elemento central de incorporar en nuestras intervenciones institucionales, instalando políticas que las representen con innovación y audacia, pues de esta manera nos aseguramos dar un importante paso en pos del objetivo de construir un Gobierno cercano a la gente y con reconocimiento de su patrimonio. Esperamos que los resultados obtenidos en este Estudio contribuyan a generar espacios de reflexión y discusión entre la comunidad regional en torno a lo que somos como atacameños y lo que queremos para nuestro futuro. Agradezco a todas las personas y organizaciones que participaron de esta iniciativa y les invito a seguir trabajando por proteger nuestras identidades, haciéndonos partícipes y testigos de un avance y desarrollo cada vez más cercano de la gente y sus territorios como Región.

Ximena Matas Quilodrán Intendenta de la Región de Atacama

INTRODUCCIÓN

1. EL ROL DE LA IDENTIDAD EN LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE DESARROLLO CONSENSUADO PARA LA REGIÓN DE ATACAMA Mauricio Lorca La importancia del Estudio Fortalecimiento de la Identidad Regional radica en vincular las identidades territoriales presentes en la región de Atacama con la elaboración de un proyecto de desarrollo regional propio y consensuado. Es decir, articula la identidad cultural con el desarrollo territorial y, por ende, regional como fundamento de cohesión, participación y reflexión. Tras la aparición del concepto de desarrollo hace seis décadas, se han implementado en el mundo y nuestro país diferentes estrategias y políticas económicas y sociales que no han logrado el objetivo perseguido, desarrollar. Actualmente reflexionar, generar y aplicar políticas de desarrollo significa abordar esa tarea como un proceso de carácter integral compuesto por más variables que el mero progreso económico. Entre otras cosas, considerar la especificidad de las sociedades que se beneficiarán de él. Es al interior de escenarios disímiles donde se implementan las políticas y estrategias de desarrollo que emprenden tanto actores locales como agentes gubernamentales. Por tanto el Estudio se propuso identificar y comprender las especificidades sociales y culturales presentes en los territorios que conforman la región de Atacama, para luego reconocer cómo estas identidades conviven. De esta forma se espera promover que los actores sociales, económicos y gubernamentales regionales logren una retroalimentación orientada a identificar en conjunto lineamientos que conduzcan a la elaboración de políticas públicas ajustadas a las realidades y necesidades presentes en la región de Atacama en el bicentenario de la República. Es decir, llevar a cabo el Estudio Fortalecimiento de la Identidad Regional significa reconocer la identidad como elemento integrador y estructurante de nuevas formas de gobernanza1. La región de Atacama está habitada por distintas colectividades, cada una adaptada y organizada a un medioambiente específico gracias a procesos históricos y sociales generadores de rasgos propios. Características que junto al patrimonio considerado como propio en un momento dado y a sentimientos de pertenencia y arraigo, dan por resultado identidades en permanentemente ajuste a las corcunstancias. Es decir, característica del fenómeno identitario es su situacionismo (Carmilleri 1998; Molano 2007-2008).

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Entendemos por gobernanza “una clase de hechos sociales, un objeto de estudio. ‘Gobernanza’ se refiere a los procesos colectivos, formales tanto como informales, que determinan, en una sociedad, como se toman decisiones y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos” (Hufty, M. 2007). Manuscrito en posesión del autor.

De ahí que las estrategias identitarias generadas por un grupo al componerse y recomponerse según las coyunturas, les permita poseer y adjudicarse elementos y prácticas que no necesariamente consideró como característicos antes, pero sí en el presente. Atribuyéndoles de esta forma valores y significaciones nuevas que permiten el reconocimiento de quienes las comparten en un proceso de ajuste y negociación permanente con los otros, quienes deben reconocerlas para que existan plenamente (Barth 1969; Hannan 1979). Resulta entonces que la identidad no es una característica inmodificable a nivel individual ni grupal conformándose en un poderoso agente movilizador y cohesionador de los grupos sociales. Es decir, resulta estratégica para la generación de un proyecto de desarrollo de intereses y objetivos sociales, económicos, culturales y políticos propios. La identidad entonces es fuente de fortaleza y desarrollo comunitario (Cohen, 1969; Glazer y Moynihan 1975; Grillo 1969; Skinner 1968; Vincent 1974; Young 1976; etc.). Las identidades corresponden a actos de categorización social, pero también son una forma de calificar a los grupos y sujetos que las componen, o sea, de atribuirles un valor. Existe entonces una especie de lucha de clasificación a través de la cual las colectividades buscan hacer reconocer su identidad o bien responder la que los otros les atribuyen (Dubar 1998). De ahí la relevancia política de la realización de este Estudio. Pues la construcción y afirmación de una identidad es el medio por el cual un grupo construye su unidad más allá de sus diversidades reales. De esta forma, la identidad colectiva resulta más una representación social construida que una realidad de carácter objetivo. Las identidades se constituyen por tanto en categorías de identificación, de clasificación y de distinción que funcionan relacionándose con otras similares dentro de contextos también en constante modificación (Lipiansky 1998). De hecho, es la conceptualización de lo que consideramos como realidad social, la que constantemente se modifica y reconfigura transformándose de acuerdo a reglas estrechamente vinculadas a relaciones de poder. Así, hay hechos objetivos que existen solo gracias a una “intencionalidad colectiva” dentro de contextos formados por fuerzas sociales que divergen, convergen y llegan a acuerdos (Searle 1995). Es decir, los hechos sociales aparecen gracias a la capacidad de las sociedades humanas a modificar su orientación, objetivos y normatividad. Es la sociedad por medio de las interrelaciones de los distintos actores sociales que la conforman -incluido el Estado- la que entonces se transforma conforme las acciones que emprenden los individuos que la componen y al sistema de preceptos que reglamentan una sociedad. Las dinámicas identitarias resultan de combinaciones de interés que los distintos actores del tejido social tienen según las coyunturas discursivas y sociopolíticas. En efecto, las dinámicas sociales y políticas no son estáticas, ellas cambian de

acuerdo a las necesidades de cada sociedad. Por consiguiente, las categorías colectivas de representación y los dispositivos de definición de sí mismo varían dependiendo de los cambios en los cuadros de referencia sobre los cuales se fundan las construcciones sociales en general e identitarias en particular. Es decir, los hechos sociales se encuentran en constante acomodación y reacomodación respecto a los contextos socio-históricos, a sus eventos y a las fuerzas sociales y sus sistemas de interpretación del mundo. Así, la realidad de la vida cotidiana se construye sobre representaciones que objetivan lo social. O sea, el mundo social existe en función de la actividad humana que lo produce y de las representaciones que tenemos de él. Las construcciones conceptuales responden así a modelos cognitivos, a discursos conceptuales, a representaciones y a comportamientos que nacen de la interacción, de la controversia, de la persecución y éxito de los intereses de actores sociales al interior de determinadas condiciones de producción de realidad social. De esta forma, un grupo puede lograr sus objetivos gracias a la explotación, beneficio y buena utilización de las oportunidades con las que dispone en la trama política en determinado momento. Lo que importa para la objetivación de un hecho social es su aceptación, el consenso de un hecho como componente de lo que es considerado como real. En tal sentido, la mayoría de las apariciones o re-configuraciones de los hechos sociales se suceden más bien por evolución natural que por opción conciente de los actores. No obstante, algunos de ellos pueden emprender procesos de autorreflexión orientados a fundamentar sus reivindicaciones. De esta forma, a la par de la permanente construcción y reconocimiento dialógico de sí mismo y los otros a lo largo del tiempo, fluyen también procesos destinados a dotar de fundamentos tangibles a las distintas formas identitarias. En ese sentido, la identificación de un patrimonio compartido emerge como soporte estratégico para el reconocimiento de una identidad, pues se constituye en espacio de referencia, de reconocimiento y cohesión para los sujetos que conforman una comunidad. Dado que les diferencia simbólicamente de los otros, permitiéndoles representarse y legitimarse con el objeto de perpetuarse y proyectarse al futuro. Por otra parte es también necesario por tanto considerar que además del rol vinculante que para los individuos y grupos tienen las identidades y el patrimonio asociado a éstas, la identidad también posee una insoslayable dimensión política pues corresponden a estrategias diseñadas para la obtención de logros y beneficios dentro de procesos sociales que se enmarcan en contextos específicos. Pues como se dijo, las representaciones sociales no son inmutables ni conceptos a-históricos, sino que se transforman de acuerdo a las necesidades, intereses y posibilidades que entregan las relaciones de poder de una sociedad. Por ende, las identidades también deben ser vistas como la producción, articulación y valoración

de acciones colectivas consensuales y cooperativas que adoptan ciertos grupos en pos de la resolución de los conflictos que surgen entre los distintos actores que conforman el tejido social, incluido por cierto el Estado. En términos metodológicos la opción del Estudio corresponde a la investigaciónacción-participativa (IAP), estrategia centrada en el análisis participativo, dialógico y reflexivo de la realidad social con las comunidades comprometidas con la finalidad de fortalecerlas. De esta forma, la IAP promovió el reconocimiento de saberes y experiencias diferenciadas, destacando la diversidad de posiciones sociales que interactúan en el espacio regional, visualizando de este modo posiciones de género, etarias y étnicas. El Estudio, a nivel operativo, concibió la región de Atacama como una unidad político-administrativa compuesta por cinco territorios: Borde Costero, Desierto Interior de la Provincia de Chañaral, Área Cordillerana y los valles de Huasco y Copiapó. En estos territorios se identificaron estudios de casos – correspondientes a localidades, organizaciones o bien a procesos sociales- capaces de dar cuenta de las identidades hoy existentes en la Región, así como de sus características, problemáticas, relaciones, expectativas y sueños. Los casos de estudio seleccionados fueron los siguientes: en el borde costero se trabajó, por una parte, en la caleta Chañaral de Aceituno y la localidad de Carrizalillo, comunidades representativas de cómo las poblaciones regionales se vinculan y complementan económicamente, generando por ejemplo estrategias de movilidad económica complementarias de las que desembocan singularidades sociales y culturales. Por otra parte, la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Caldera fue el exponente de cómo asociativamente el sector pesquero se ha adaptado a las transformaciones que involucra la implementación de normativas destinadas a la regulación de las actividades de explotación de los recursos marinos. La investigación en el territorio definido por el Estudio como desierto interior de la provincia de Chañaral se centró en la localidad de Inca de Oro. Poblado que emerge de la expansión minera del siglo XIX y que hoy se hace fiel representante de la minería artesanal y las problemáticas que ese tipo de actividad enfrenta en toda la región de Atacama. El área cordillerana corresponde al territorio que ocupan las poblaciones étnicas regionales. Fue abordado mediante el trabajo con comuneros/as pertenecientes a la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, los/las que en su mayoría declaran pertenecer a la etnia diaguita. Mientras que las familias collas fueron incluidas a través del proceso de adaptación que desemboca en su presencia y movilidad tanto en los sectores urbanos como rurales de la Región. Enseguida, el valle de Huasco fue abordado mediante el trabajo con la Asociación Gremial Agrícola de la Provincia del Huasco. Joven organización que mediante

una articulación pública-privada exitosa busca constituirse en un interlocutor y gestor válido y relevante en la toma de decisiones que competen al Valle. Por su parte, la aproximación al valle de Copiapó se diseñó de forma de dar cuenta de las transformaciones y consecuencias que, en este sector de la región de Atacama, implica un modelo económico que comenzó a implementarse en la Región a partir de la década de 1980. De esta forma, primero se abordó la localidad de Los Loros, fiel exponente de las dinámicas sociales y culturales que genera la extensión del monocultivo de la uva de mesa en el valle. En segundo lugar, a través del pueblo de San Fernando de Copiapó, se profundizó en las problemáticas que trae consigo la expansión urbana hacia sectores que hasta hace poco eran rurales. Por último, se abordó el proceso de la gestión del agua en el Valle pues es a partir de este valioso y escaso recurso que hoy se articulan complejos procesos económicos y socioculturales que sitúan al agua en el centro de la discusión sobre el desarrollo al que aspira la población regional. Con la finalidad de identificar y caracterizar las identidades presentes en la región de Atacama se ejecutó en los casos de estudios correspondientes a localidades un set de tres talleres participativos: sistema de vida, memoria histórica y patrimonio. De este modo durante la primera etapa de investigación se llevaron a cabo 13 talleres de análisis grupal, a los que se sumó la implementación -en los casos de estudio correspondientes a organizaciones y procesos- un total de 20 entrevistas individuales y grupales. Posteriormente se realizó un grupo de discusión en cada uno de los cinco territorios identificados para acceder a los discursos regionales sobre identidad y desarrollo. Igualmente se realizó una encuesta a organizaciones sociales y productivas de las ciudades de Chañaral, Copiapó y Vallenar. Esto con el propósito de, por una parte, profundizar en los elementos del capital social comunitario presente en las organizaciones sociales encuestadas mediante la descripción de sus relaciones. Y por otra, abordar la conformación de identidades locales a través de la medición de las percepciones de los dirigentes sobre su patrimonio. Como puede apreciarse el trabajo realizado posee un fuerte énfasis participativo e interdisciplinario, pues a través de todo el proceso de investigación se promovió la gestación de espacios de diálogo ciudadano orientados a permitir reflexiones situadas en torno a las identidades regionales y los proyectos de desarrollo que de ellas se desprenden, integrándolas y articulándolas por medio de disciplinas como la antropología, historia, arqueología, sociología, ecología y geografía. De este modo, después de casi seis meses de trabajo en terreno con mujeres, niños/as y hombres, se generó un dialogo que permitió acceder a su cotidianidad, sus sistemas de vida, sus memorias y patrimonio, asimismo de sus problemáticas y sueños. Consideramos por ende que los resultados del Estudio competen a la totalidad de la población regional ya que todos/as son indispensables en la construcción de

una sociedad protagónica al momento de diseñar el desarrollo que se perseguirá en los próximos años. La diversidad regional debe ser reconocida y realzada en pos de consensos y negociaciones vitales dentro de conglomerados sociales complejos y diversos como en el que se vive. Pues si se quiere construir una sociedad incluyente, el reconocimiento y promoción de la pluralidad parece ser la mejor forma de contrarrestar la homogeneización de intereses y objetivos externos. Es aquí donde se considera está la relevancia social del presente Estudio, en el logro de una participación colectiva y transversal de la sociedad regional con el fin de alcanzar términos de referencia amplios para la formulación de estrategias y políticas públicas pertinentes y generadoras de desarrollo endógeno. Este volumen presenta los resultados obtenidos por el Estudio. La primera parte se orienta a proporcionar datos que permiten contextualizar a cabalidad el escenario en que se desenvuelven las identidades regionales actuales. Al mismo tiempo, entrega síntesis actualizadas de temáticas regionales transversales como material de apoyo a la formación del capital humano regional. De este modo se proporcionan datos del entorno natural regional como, por ejemplo, sus rasgos climáticos y geomorfológicos. A continuación, se entrega una revisión crítica de la prehistoria regional que incluye datos y reflexiones generadas a partir del trabajo de los autores de esta sección en la Región. Posteriormente se entrega una síntesis de procesos históricos necesarios de tener en cuenta en tanto configuradores de alteridad y sentido de muchas de las prácticas socioculturales y económicas que actualmente se despliegan en la Región. Esta primera parte finaliza examinando las principales políticas públicas aplicadas en Chile y específicamente en la provincia/región de Atacama a partir del año 1915. La segunda parte de este documento se orienta a dar cuenta de los objetivos perseguidos por el Estudio. La primera sección identifica y caracteriza las identidades hoy presentes en la región de Atacama principalmente mediante la información de carácter etnográfico generada por la investigación. Se reconoce por ejemplo que el perfil minero que adopta la región de Atacama desde temprano, sigue estando presente y que asimismo es esta actividad económica la que continúa siendo el motor de la expansión capitalista regional. También puede apreciarse como a cada uno de los territorios regionales identificados por el Estudio tiene asociada una identidad característica que, por lo general, se relaciona a las actividades económicas que en ellos se realizan. La segunda sección, se orienta a distinguir y problematizar por qué y cómo las identidades reconocidas con anterioridad se relacionan y conviven. Distinguiéndose las coyunturas que actualmente tienen un rol catalizador sobre las dinámicas identitarias regionales, así como las estrategias que esas identidades van adoptando a través de procesos denominados de vernaculización de la memoria histórica y de patrimonialización de parte de los elementos naturales y/o culturales presentes en los lugares en que los grupos se desenvuelven.

La tercera sección se encarga de problematizar el concepto de desarrollo para luego, por medio de la identificación de tres repertorios interpretativos, proceder a profundizar en cómo las poblaciones regionales entienden y evalúan el modelo de desarrollo actualmente vigente. Por último, la sección final propone lineamientos estratégicos en las áreas medioambiental, patrimonial y asociativa que deberían considerarse pues, se estima, son capaces de convocar un consenso que posibilite un proyecto de desarrollo para la región de Atacama.

PRIMERA PARTE

2. EL ENTORNO NATURAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA Enrique A. Martínez y Carmen Jorquera-Jaramillo La Región de Atacama es la puerta de entrada sur del desierto más árido del mundo; posee una división vegetacional, geomorfológica y climática que separa claramente los paisajes al norte y al sur de los 27ºS (aproximadamente en la latitud de Copiapó), destacando regiones de desiertos (nueve tipos), de borde costero, de estepas, de espacios alto-andinos, además de los valles con cursos de agua superficial de Copiapó y Huasco (Novoa et al. 2008). La presente síntesis se centra en los principales rasgos ambientales que contextualizan la Región, tanto físicos (clima y geomorfología) como biológicos (vegetación nativa), incluyendo separadamente rasgos del borde costero y de su biodiversidad. Rasgos climáticos La Región de Atacama presenta tres macro-zonas climáticas correspondientes a la zona costera, la alta cordillera y el centro o zona intermedia (Juliá et al. 2008). Antes de describir los rasgos particulares de cada una de ellas, se expone el contexto general que condiciona el clima regional. Al norte de los 27ºS, la Región presenta influencia de los vientos Alisios o del este, de origen amazónico, que provocan precipitaciones cordilleranas de verano (Invierno Boliviano) y muy pocas al centro de la Región (ej. 1,7 mm en Chañaral, 26º20’S). Al sur del paralelo 27 predominan los vientos del oeste, que causan precipitaciones invernales inferiores a 100 mm/año (ej. 42 mm en Freirina, 28º30’S). Sólo allí los valles poseen caudales en sus ríos (Copiapó y Huasco). La cordillera de Los Andes impide la llegada de lluvias amazónicas y tiene influencia del Ciclón Subtropical del Pacífico Sur, más la corriente fría de Humboldt y las llegadas estacionales de aguas marinas profundas y frías. Estas aguas frías provocan menor evapo-transpiración y condicionan una hiper-aridez en gran parte de la Región. Ocasionalmente el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) duplica las precipitaciones anuales. Este fenómeno se produce por una interacción océano-atmósfera, donde el debilitamiento de los vientos Alisios (OS, Oscilación de Sur) que corren hacia el Pacífico Oeste, movilizan una gran masa de aguas cálidas tropicales superficiales que choca contra América Central y se deriva hacia el norte (hasta las costas de California) y hacia el Sur (hasta las costas de Chile), generalmente en fechas cercanas a la celebración de la Natividad de Jesús, que da origen al nombre “del Niño”. El efecto de los vientos es “oscilante”, de modo que en otros períodos los vientos Alisios se intensifican, aumentando la altura de la superficie del Pacífico lejano, provocando una compensación de masas de agua que, esta vez desde las profundidades, llegan a la costa por el fondo marino trayendo a la superficie aguas frías, ricas en nutrientes y oxígeno. Este fenómeno es conocido entre los oceanógrafos como “surgencias”, y es más intenso en ciertos sitios prominentes de la costa (Martínez et al. 2003). Como este fenómeno

de “surgencias” (upwelling) de aguas frías es opuesto, se le ha denominado La Niña y se relaciona con períodos más secos. Las lluvias más intensas del período El Niño estimulan la germinación de semillas y de bulbos de plantas geófitas en estado latente, que necesitan un mínimo de precipitación para brotar. Este brote masivo de flores que ocurre cada tres o seis años es conocido como “Desierto Florido” (Gutiérrez 2008). Además hay eventos interdecadales donde predominan varios años lluviosos (a varios eventos El Niño se les llama El Viejo) y otros períodos de mayor sequía (a varios años la Niña se les llama La Vieja), que pueden durar dos o tres décadas cada uno. La alta cordillera tiene nieves entre los 23º y 24ºS, decreciendo al norte y al sur. Ocasionalmente también hay bajas presiones originadas en el Chaco argentino (25ºS) que provocan lluvias hasta el sur de Santiago (35ºS). Con todo, las lluvias invernales (Julio-Agosto) se concentran solamente en uno a cuatro días al año, con promedios de 12 mm en Chañaral, 24 mm en Caldera y 35 mm en Freirina. Seis de diez años las precipitaciones son menores al promedio y sólo dos de diez años son mayores al promedio. Las temperaturas son en general mayores hacia el interior de la Región. El promedio regional fluctúa entre 15º y 18ºC, con humedades relativas de 60 a 70%. Los vientos promedian 2 a 4 m/s. El relieve también afecta el clima, provocando mayores oscilaciones térmicas en la superficie de los desiertos planos y caídas bruscas de la temperatura en las laderas muy sombreadas (exposición sur). En los valles y cajones aparecen brisas de valle-montaña. La zona costera presenta nubosidad y neblinas comunes entre Chañaral (norte de esta Región) y Los Choros (norte de la región de Coquimbo). La nubosidad ocurre por una inversión térmica, es decir capas más frías de aire sobre el nivel del suelo dejan atrapada una capa de aire más cálido junto al suelo que, por su mayor presión, se expande hasta la capa de nubes. El aire frío provoca la condensación entre 1.000 y 1.500 msnm. Esta nube puede tener 1.000 km a lo largo de la costa (entre los 27º y 37ºS), un espesor de algunos cientos de metros y 500 km de extensión de este a oeste. Su frecuencia es de cerca de 100 días al año y los días despejados sólo son cerca de 45, el resto siendo parcial-nublado. El interior de la Región a 1.200-1.500 msnm es desértico y seco. Como ejemplo, sólo 50 km al interior de Caldera hay un promedio de 120 días despejados y en la costa sólo 44 días despejados. La alta montaña (hasta 4.000 msnm) es desértica y fría con promedio de 264 días despejados y apenas 16 días nublados. La humedad relativa es baja, por ejemplo 23% en enero en la localidad de Potrerillos (2.850 msnm, 11ºC promedio anuales). La tundra de alta montaña (4.000 - 5.000 msnm) posee precipitaciones en forma de nieve, con temperaturas promedio anuales bajo los 0ºC, donde en verano no suben más de 10ºC. Hay glaciares a 4.000-4.500 msnm en la parte más septentrional y a 3.500-3.800 msnm en la parte más meridional.

El cambio climático resulta en mayores temperaturas desde 1970, probablemente afectadas por los cambios interdecadales descritos más arriba. Las tendencias esperadas por el Panel Internacional de Cambio Climático (2001) indican que hacia el 2065 habría un incremento de 2º a 3ºC por sobre la temperatura actual en la Región y de hasta 5ºC en la alta cordillera. Hacia el fin del siglo XXI se espera aún mayores incrementos, con más lluvia en la alta cordillera, lo que provocaría un mayor derretimiento de nieves y glaciares y consecuentemente mayores caudales en los ríos. La vegetación costera sería la más afectada por estos cambios pues las especies requieren mayores precipitaciones para establecerse (Arroyo et al 1993). Rasgos geomorfológicos Existen ocho unidades geomorfológicas, de consenso, en la Región de Atacama (Novoa et al 2008). Estas son planicies fluviomarinas, cordillera de la Costa, pampa transicional, pampa ondulada austral, cordillera de Los Andes, precordillera Domeyko, valles transversales y cuencas altiplánicas. Estas últimas carecen de pampa transicional al sur de los 27ºS, donde predomina la pampa ondulada o valles transversales, ausentes al norte del mismo paralelo. Esta situación divisoria corresponde con la ciudad y valle de Copiapó. La cordillera y precordillera ocupan el 40,3% de la superficie regional (75.508 km2), las pampas el 32,7% y las cuencas altiplánicas el 18,5%. El detalle de las superficies porcentuales se resume en la tabla 1. Las rocas de origen ígneo se encuentran en 63% de la superficie regional, mientras que las metamórficas conforman “bolsones” costeros (3,1% de la superficie), principalmente frente a Huasco y Chañaral. Las de origen sedimentario (33,8% de la superficie regional) ocupan toda la mitad oeste de la Región y también la mitad oriental, al norte del paralelo 27ºS. Existen sólo tres “bolsones” sedimentarios al sur del paralelo 27 un poco al norte y al sur de la localidad de Alto del Carmen (28º45’S, 70º30’W). Tabla 1. Detalle porcentual de la distribución de tipos geomorfológicos de la Región de Atacama (modificado de Novoa et al. 2008) Unidad geomorfológica Valor porcentual (en relación a la superficie regional total: 2 75.508 km ) Lagunas 0,1 Salares 1,5 Cordillera y precordillera Domeyko 10,4 Planicies fluviomarinas 7,1 Cordillera de la Costa 11,9 Pampa transicional 14,1 Cordillera de Los Andes 18,0 Cuencas altiplánicas 18,5 Pampa ondulada al sur del paralelo 27ºS 18,6 Total: 100,0

Los paisajes regionales se reducen a siete tipos, distribuidos de cordillera a mar (Novoa et al 2008): Paisaje altiplánico (18,5% de la superficie regional) desde el límite con Argentina hasta la longitud 69º30’W y desde el límite norte de la Región hasta 27ºS. Al oeste y sur de este paisaje, se ubica el paisaje andino (28,1% de la Región), el más abundante. Su límite oriental traza una diagonal desde el norte (69ºW) hasta el suroeste de la Región (70º20’W). Más al este de este paisaje andino y al norte del valle de Copiapó se ubica un paisaje de pampa (9,6% de la Región) hasta los 70ºW. Al sur de Copiapó el paisaje pampeano se reemplaza por uno preandino (17,6% de la Región) que contiene una pequeña superficie o “bolsón” pampeano hacia la costa, antes de encontrar el paisaje serrano (21,3% de la Región) situado justo antes del borde costero - a lo largo de toda la Región de Atacama - e interrumpido en la desembocadura del valle de Copiapó. Consta de montaña y terrazas marinas, acantilados y depósitos eólicos. El borde costero ocupa sólo el 3,5% de la superficie regional y los valles de Copiapó y Huasco alcanzan 1,4% de la superficie total. Este borde tiene farellones costeros al norte de los 27ºS y planicies al sur con presencia de dunas. También al sur de este paralelo predominan los conocidos “valles y quebradas transversales” de Huasco y Domeyko, en una formación continua que cubre hasta el límite sur de la Región de Coquimbo (Quebrada de Los Choros, valles del Elqui, Limarí, Choapa y Quilimarí, cerca de Los Vilos). Flora nativa y su estado de conservación En el mosaico geográfico de la Región de Atacama crecen 1.099 especies vegetales vasculares, aparte de plantas más antiguas como los helechos o musgos. Entre ellas, 980 especies son nativas y las 119 restantes son adventicias, es decir, arribaron desde otros continentes y se “asilvestraron” en la zona. El análisis detallado del estado de conservación de la flora nativa de la Región de Atacama (Squeo et al. 2008) revela que la distribución por provincias del número de especies decrece hacia el norte: Huasco posee 737 especies, Copiapó 669 y Chañaral sólo 467 especies. De las 532 especies endémicas (exclusivas del territorio chileno) presentes en la Región de Atacama, el 13,7% presenta problemas de conservación. Además, 94 especies nativas (9,6% del total) se encuentra en las categorías En Peligro (EP) o Vulnerable (VU). Este porcentaje aumenta a 27% si se considera a las especies insuficientemente conocidas (IC), incluso potencialmente extintas. Las comunas con mayores problemas de conservación de especies son Chañaral (11,1% de su flora), seguida por Freirina (9,3%) y Caldera (9,1%). La tendencia a escala provincial es similar: mayor vulnerabilidad hacia el norte de la Región. El 54% de las especies nativas tiene su límite de distribución - ya sea sur o norte en la Región de Atacama. Un 22,5% de estas especies, cuya distribución termina en la Región, están además en las categorías EP o VU. Estos límites pueden estar relacionados a las grandes interrupciones que se observan al norte y al sur del paralelo 27°S, tanto a nivel geológico, como geomorfológico y climático. También las del norte que no llegan más al sur parecen depender de ecosistemas de lomas

costeras (oasis de neblinas) o son menos competitivas que las de la zona sur, donde ocurre mayor precipitación. Existe un 38,5% de especies arbóreas y un 31,1% de especies de cactáceas con problemas de conservación (categorías EP o VU). 77 especies (7,9% de las nativas) son endémicas a esta Región, mientras que 20 especies (26%) tiene problemas de conservación, siendo cuatro de ellas hierbas. Entre estas plantas endémicas, destacan por su vulnerabilidad las cactáceas y arbustos, con 37,6% y 34,8% de sus representantes con problemas de conservación, respectivamente. Entre las 38 especies insuficientemente conocidas, 17 no han sido colectadas en los últimos 50 años, por lo que fueron clasificadas como potencialmente extintas. Estas especies necesitan urgente acción de prospección, particularmente en años lluviosos. En otras Regiones, los índices de plantas con problemas de conservación son levemente más altos, siendo 14% en Coquimbo (Squeo et al. 2001) y 22,9% en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins (Serey et al. 2007). A nivel mundial el valor es 8% (Chapin et al. 2000). El total de especies y las 94 con problemas de conservación (EP, VU) se distribuyen de acuerdo al detalle indicado en la tabla 2. La taxonomía de las 94 especies con problemas se indica en Arancio y Marticorena (2008). Tabla 2. Distribución comunal de las especies en sus diferentes categorías de conservación (modificado de Squeo et al. 2008a) Provincia y Comuna Con problemas de Fuera de Insuficientemente Total conservación (EP+VU) peligro conocidas CHAÑARAL Chañaral 30 157 83 270 Diego de Almagro 8 173 66 247 COPIAPÓ Caldera 23 190 41 254 Copiapó 34 362 140 536 Tierra Amarilla 22 270 76 368 HUASCO Huasco 30 216 98 344 Freirina 25 191 53 269 Vallenar 30 266 88 384 Alto del Carmen 29 248 101 378

El estado de conservación de la flora en Atacama es coincidente con el análisis planteado en el informe Evaluaciones del Desempeño Ambiental - Chile (OCDECEPAL 2005), el cual a pesar de reconocer los esfuerzos chilenos en la consecución de objetivos de conservación, declara que: No obstante, hasta la fecha la protección de la naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica de Chile. No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, y las estructuras

institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes. A pesar de las mejoras registradas durante el período evaluado, los fondos para la protección de la naturaleza y la diversidad biológica, y para velar por el cumplimiento de las normas, son insuficientes (OCDE-CEPAL 2005:246). Si bien hay algunos modestos avances posteriores a la publicación de este informe, la conservación de la biodiversidad única de nuestro país y la singular biodiversidad regional aún están a la espera de una mayor asignación de fondos para su protección. Esta asignación debe ser complementada con el apoyo a trabajos de investigación orientados a comprender mejor nuestro entorno natural, generando información especializada que sustente la correcta toma de decisiones. Solo la construcción de este conocimiento, hoy incipiente, permitirá contar mañana con los elementos de juicio requeridos para manejar el medio natural en compatibilidad con los requerimientos de conservación. La región de Atacama entonces no es sólo la puerta al desierto más árido del mundo, sino a la vez el límite norte de un hotspot de biodiversidad a nivel mundial, encontrándose en ella casi el 20% de la flora de Chile continental (Letelier et al. 2008). Entre las especies nativas predominan las hierbas perennes (40,4%) mientras que entre las endémicas los arbustos (38,7%). La mayoría de estas especies se concentra en el borde costero y en los valles de Huasco y Copiapó, precisamente donde los costos de conservación son los mayores (Squeo et al. 2008b). Squeo y colaboradores (2001) recomiendan como meta conservar el 13% de la superficie regional, salvaguardando así el 96% de las especies con problemas de conservación. Sin embargo, al considerar las Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP) y las del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) sólo se cubre el 1,8% de esta superficie. Junto a los valles de Huasco y Copiapó se propone incluir zonas de las reservas collas y una gran parte de la Reserva Natural Privada Los Huascoaltinos. Es importante notar que un 19,5% de las áreas propuestas como prioritarias (28 sitios en total) son terrenos privados (1.321,5 km2); del 35,2% restante se desconoce sus dueños. El borde costero: Necesidad de una mayor integración tierra-mar El borde costero de la región de Atacama representa el 3,5% de la superficie regional (Novoa et al. 2008), donde destacan terrazas marinas, acantilados y depósitos eólicos. Su estrecho ancho se expande sólo al encontrar los valles que desembocan al mar. Otro ecosistema notable del borde costero son los islotes como la Isla Grande de Atacama, un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), ubicada al sur de la desembocadura del río Copiapó, incluyendo su humedal. La isla misma tiene apenas 30 km de largo. Esta protección natural se debe a que estos islotes se han mantenido relativamente ajenos a la actividad antrópica y se han protegido ex-profeso, debido

a que son hábitat de especies emblemáticas amenazadas como el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el chungungo (Lontra felina), el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldt) y la golondrina de mar peruana (Oceanodrama tethys kelsalli). Su protección también se atribuye al gran interés eco-turístico que suscita y a sus actividades extractivas como pesca, buceo de mariscos, recolección de algas, cacería, minería, empréstitos, todas actividades muy poco reguladas o fiscalizadas y distribuidas en sólo 3.549 ha de superficie marina y 9.703 há de superficie terrestre (Gaymer et al. 2008). Este tipo de áreas sólo han sido designada antes por la CONAMA en la región de Magallanes (Francisco Coloane), en la Región de Los Lagos (Lafken Mapu Lahanal) y ahora en la Isla Grande de Atacama. Los recursos marinos y terrestres de la Isla incluyen también especies en categorías En Peligro o Vulnerables (además de Insuficientemente Conocidas, IC) cuya descripción completa, detallada por Gaymer y colaboradores (2008) se resume en la tabla 3. El listado completo de especies de esta área protegida permitirá saber, para otros lugares de la Región, qué tipo de especies son potencialmente importantes de proteger a lo largo del borde costero, tanto para organismos marinos como terrestres. Tabla 3. Resumen del número y tipo de especies marinas y terrestres que se encuentran bajo alguna categoría de conservación que sugiera conservación en la Isla Grande de Atacama (En Peligro, Vulnerable, en veda o Tallas Mínimas de Captura). Tipo de especie (Nº total) Número Ejemplos EP, VU Marinas (164) Algas pardas (ej. Lessonia nigrescens, chascónMacroalgas 2 intermareal) Gastrópodos submareales (ej. Concholepas Macroinvertebrados 18 concholepas o loco, lapas, machas, pulpos) Peces Aves, marinas y terrestres (85)

0 6

Mamíferos marinos (3) Mamíferos terrestres (9) Reptiles (5) Plantas terrestres (130)

1 2 5 9

Gaviotín monja (Larosterna inca), Bandurria (Theristicus melanopis) Delfín naríz de botella (Tursius truncatus) Llama (Lama guanicoe) Iguana (Callopistes palluma) Chenopodiácea (ej.: Sueda multiflora), Fabácea (Ej.: Geofrea decorticans o Chañar), Cactácea (ej.: Eriosyce eriozysoides)

En contraste a estas unidades oficialmente protegidas, otras áreas han sido blanco de recientes cambios que han escapado a cualquier iniciativa de protección, como es el caso del importante proceso de colonización y urbanización en la zona terrestre del borde costero, próximo a las playas, sin consideración alguna en este contexto. Por lo tanto, cabe preguntar si los planos reguladores comunales que autorizan la urbanización y edificación han considerado la vulnerabilidad de la flora y fauna nativas, del suelo y de los recursos marinos. ¿Es nuestro el patrimonio natural regional?

La importancia ecológica, el valor paisajístico y el valor cotidiano y productivo que ya poseen muchas especies autóctonas de la Región, son motivos per se para reflexionar acerca de los alcances de su deterioro. El atractivo desierto florido, los usos tradicionales de la flora y la fuente de trabajo que representa el mar continental para pescadores artesanales, constituyen un acervo patrimonial que se pone en serio riesgo si su intervención se aparta de una mirada holística. Muchos de estos recursos ciertamente encierran un potencial aún poco conocido o poco difundido entre el común de las personas, que podría verse comprometido con su desaparición. El conocimiento del patrimonio natural regional (tanto terrestre como marino) y de su estado de conservación resulta entonces crucial para orientar la toma de decisiones que involucren su protección, manejo o intervención criteriosa. Esta información permitirá a actores locales, privados o de gobierno saber a qué atenerse respecto del potencial conflicto o amenazas a la biodiversidad, que puedan suscitar futuras actividades en la Región. Sin duda, la población regional podrá entonces asumir un rol más activo e informado en la conservación de los recursos naturales regionales.

3. REVISITANDO LA SECUENCIA CRONOLÓGICO CULTURAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA Gloria Cabello, Carlos González y Francisco Garrido La prehistoria de la región de Atacama que hoy se imparte en los colegios y gran parte de la que está disponible en textos de divulgación científica (Hidalgo et al. 2000; Niemeyer et al. 1997), fue escrita a partir de excavaciones realizadas entre mediados de los años 1970 y 1990. Época en que la arqueología se centraba en sitios monumentales (con estructuras, cementerios, etc.), sin considerar evidencia menos visible pero igualmente significativa, lo que redundó en interpretaciones parciales sobre la vida de los antiguos pobladores de la Región. Pero asimismo promovió la declaración como Monumentos Nacionales a sitios cercanos a Copiapó como: Viña del Cerro, La Puerta y Punta Brava. Hoy la arqueología trabaja en forma sistemática, explorando metódicamente un área y registrando todo tipo de hallazgo cultural que allí se encuentra. Similar valor científico se le otorga a una punta de proyectil, un basural prehispánico o un sitio con estructuras, pues todos entregan información valiosa para armar el rompecabezas sobre la vida de nuestros antepasados. Actualmente en la Región existen por un lado, escasas iniciativas que emprenden comunidades o instituciones locales que buscan conocer y difundir su patrimonio, en su mayoría se trata de exploraciones arqueológicas que suelen financiarse con fondos concursables como FONDART, FNDR o FPA, como los de Quevedo y Garrido (2004); González et al. (2008a); Cabello (2010a), por citar uno en cada línea. Pero cuyos resultados, dado lo restrictivo de los fondos, generalmente no alcanzan a divulgarse a nivel regional y menos nacional. Quizás la excepción sea el texto educativo de Garrido y Robles (2007a), cuya amplia difusión (11.500 ejemplares) y fácil lectura lo han convertido en una recurrida fuente de consulta (por ejemplo en Squeo et al. 2008). Por otro lado, mucho más numerosas son las prospecciones enmarcadas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que desde el año 1994 a la fecha exige la revisión arqueológica de las áreas destinadas a proyectos de gran envergadura (mineros, inmobiliarios, viales, etc.)2. Lamentablemente, los productos de estas inspecciones son informes técnicos, crípticos a ojos no especializados y de circulación restringida entre las empresas mandantes y los organismos reguladores (CMN y CONAMA, en este caso). Pocos son los trabajos que reflexionan en torno a los hallazgos, publicándolos en medios científicos y de difusión masiva, como lo hacen, por ejemplo, González y Westfall (2005, 2006) y González (2010a). 2

La Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (1994) incorpora el patrimonio cultural dentro de los aspectos protegidos por sus disposiciones, al considerar como parte del "medio ambiente" los elementos socioculturales y sus interacciones. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 95 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que modifica el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (2002), norma este tipo de estudios en lo que respecta al componente Patrimonio Cultural.

No obstante, la mayor parte del territorio regional permanece sin ser explorado, las iniciativas arriba mencionadas dan cuenta de una gran cantidad y diversidad de sitios arqueológicos que complejizan y enriquecen el panorama prehistórico de la Región. Es por ello y frente a la necesidad manifiesta de distintas instituciones por contar con información actualizada sobre la prehistoria de la región de Atacama, que ofrecemos esta síntesis, incluyendo datos y reflexiones generadas a partir de trabajos realizados por los autores de esta sección en distintos puntos de la Región. La ocupación humana de la región de Atacama se remonta varios milenios atrás, evidenciada en el desarrollo de diversos grupos culturales a través del tiempo. Estas poblaciones mantuvieron contacto con otras regiones, tanto del norte árido como del semiárido, e incluso con la vertiente trasandina. Para una mejor comprensión de estas dinámicas, seguiremos las cinco etapas cronológicoculturales en que se organiza la prehistoria de la macro zona Norte Chico o Semiárido, ellas son: Período Paleoindio (10.000 a 8.000 a.C.): inicio del poblamiento americano Tras cruzar el Estrecho de Bering, los cazadores recolectores que venían de Asia, comienzan a explorar y poblar el continente americano con rumbo sur. Subsistían de la caza y recolección de flora y fauna, entre ellas algunas especies actualmente extintas, como el milodón (Mylodon darwini), mastodonte (Stegomastodon sp.), caballo americano (Equus (A.) spp. e Hippidion spp.) y paleolama (Palaeolama sp.). Como es un momento de sequías prolongadas, los recursos se remiten a espacios acotados, principalmente a los ambientes lacustres. En esos antiguos sistemas lagunares hoy se encuentran osamentas de animales asociados a instrumentos de piedra de factura humana que sirvieron para cazar y faenar las presas. El hallazgo de evidencias de esta época es limitado debido a que se encuentran generalmente a muchos metros de profundidad, por lo que se requiere de modelos especializados de búsqueda o bien hallazgos fortuitos. Ninguno de estos casos se ha dado hasta el momento en la región de Atacama, por lo que no se cuenta con registros de esta época. Sin embargo, la macro zona Norte Chico cuenta con dos de las cinco evidencias paleoindias del territorio nacional: el clásico sitio de Quereo (9000 a.C.), definido como un lugar de caza y destazamiento ubicado al sur de Los Vilos (Montané y Bahamondes 1973; Núñez, Varela y Casamiquela 1983; Núñez, Varela, Casamiquela y Villagrán 1994; Labarca y López 2006); y cerca de éste, el recientemente descubierto sitio de Santa Julia que corresponde a un pequeño campamento con instrumentos de piedra y fogones, asociado a fauna extinta hace más de 10 mil años (Jackson et al. 2007). Período Arcaico (8.000 a 400 a.C.): adaptación local a un nuevo ambiente

Hacia el 8.000 a.C. los efectos de la última glaciación habían finalizado y el medio natural presentaba condiciones similares a las actuales. La fauna antes descrita había desaparecido, principalmente a causa de transformaciones ecológicas y la acción antrópica. Por ello, los cazadores debieron readaptar sus métodos y técnicas para la caza de fauna menor como guanacos (Lama guanicoe), vicuñas (Vicugna vicugna), zorros (Lycalopex sp.), viscachas (Lagidium viscacia) y distintas especies de aves, entre otras. Al mismo tiempo, la recolección de frutos y semillas cobró importancia en la complementación alimenticia y permitió conocer el potencial vegetal del área, condición necesaria para una futura actividad agrícola. Consecuente con esta economía cazadora recolectora de amplio espectro, en este período se establece un mecanismo de trashumancia o movilidad estacional constante a lo largo de la costa, hacia valles e interfluvios y la precordillera. Para la costa regional se cuentan con antecedentes desde el Arcaico temprano (8.000 – 4.000 a.C.). Se trata de conchales o acumulaciones de conchas, generados por el consumo de productos marinos por parte de los habitantes del litoral. En ellos también se encuentran artefactos de molienda (morteros y manos de moler), raspadores, raederas, puntas lanceoladas y pedunculadas. Sumándose igualmente objetos de piedra con formas geométricas: triángulos o círculos con muescas de hasta 22 lados. Estos “litos geométricos” son característicos del complejo cultural Huentelauquén y estarían ligados a aspectos rituales, interpretación construida en base a la ausencia de elementos que nos hablen de otro tipo de funcionalidad. Los cazadores recolectores Huentelauquén, cuyas evidencias se encuentran entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo, se habrían especializado en la caza de mamíferos terrestres y aves marinas, así como en la recolección de mariscos y la pesca de orilla (Llagostera 1992). En la costa norte de Atacama, entre Chañaral y Caldera, se identificaron siete sitios adscribibles a este grupo: Piqueros 4, Soldado 1, Castillo 1, Los Médanos 1 y 2 y Obispo 1. Se trata casi exclusivamente de depósitos culturales sobre formaciones dunarias que están sobre terrazas de abrasión marina, o bien, en afloramientos rocosos no superiores a los 20 msnm. Corresponden a conchales de densidad variable formados por conchas de loco (Concholepas concholepas), lapas (Fissurella sp.) y chitón (Poliplacophora sp.) y en menor cantidad choro zapato (Choromytilus chorus), erizo (Loxechinus albus) y ostión (Argopecten purpuratus), junto a desechos líticos y litos geométricos. Entre los sitios mencionados, destaca Obispo 1, ubicado al noreste de caleta Obispito y a unos 7 km al sur del balneario Flamenco. Pues posee una extensión de 1.500 m² y el fechado más antiguo de la Región: 8.860 a.C. (Cervellino 1998). En la provincia del Huasco también se han detectado sitios pertenecientes al complejo cultural Huentelauquén, los cuales corresponden a Quebrada Taisani 1 y Puerto Guacolda. Hacia el interior, en Totoral y Canto del Agua, se han hallado ocasionalmente litos geométricos, pero sin mayores investigaciones al respecto (Cervellino 1998).

Durante el Arcaico Medio y Tardío (4000 – 400 a.C.) el aumento de la temperatura (optimum climaticum) afectó los recursos marinos, estimulando a los habitantes de la costa a desarrollar nuevas tecnologías con el fin de mejorar la obtención de los mismos. En este contexto surge en Arica el anzuelo de concha (de Choromytilus chorus), instrumento que se extenderá por toda la costa norte en esta época, permitiendo acceder a peces de mayor profundidad. De esta manera, a las especies de moluscos y a los materiales culturales antes descritos, se suman anzuelos compuestos y otolitos de peces como tollos (Mustelus mento) y corvinas (Cilus gilberti). En la región de Atacama se identifican sitios arqueológicos pertenecientes a grupos portadores del anzuelo de concha en Chañaral de Aceituno, Puerto Guacolda, Bahía Carrizal, Bahía Maldonado, Puerto de Caldera y Pan de Azúcar (Cervellino 1998). A estos hallazgos se suma el sitio PC 1, sector Punta Cachos, al sur de Bahía Salado, donde sondeos de Sánchez (2009) obtuvieron una pesa o cuerpo de anzuelo compuesto similar a la de Puerto Guacolda (Iribarren 1964). En el mismo sector se registraron otros nueve sitios correspondientes a conchales y eventos de talla lítica, dispuestos a cielo abierto o asociados a aleros rocosos y/o estructuras de los actuales pescadores recolectores costeros (Sánchez 2009). De similares características son los 11 sitios identificados entre Puerto Viejo y Carrizal (Contreras 2003) y los 11 entre Huasco y Quebrada Tongoy (Ibacache 2009), definidos como campamentos en corriente asociación a aguadas costeras. Si bien en ellos no se encontraron elementos diagnósticos, la ausencia de fragmentería cerámica nos permite suponer que corresponderían a ocupaciones de cazadores recolectores y pescadores arcaicos. Dando cuenta así de la profusa ocupación del borde costero durante este período. Hacia el interior en cambio, existen menos evidencias arcaicas, no por falta de restos arqueológicos, sino por una carencia de investigaciones. En la porción norte de la región, estas se remiten por ahora a los contextos líticos provenientes del Tranque Pampa Austral, ubicado 16 km al noroeste de Diego de Almagro, entre la pampa transicional y la cordillera de la costa. Sector que concentra sitios arqueológicos superficiales correspondientes a canteras, talleres y eventos de talla lítica de diversas extensiones generados hace aproximadamente 5.000 años (Peralta et al. 2010). Estos sitios constituían áreas de trabajo temporales donde los cazadores recolectores arcaicos se abastecían de rocas locales, como sílices amarillos y dacitas, para confeccionar sus artefactos y herramientas. Hacia el sur destacan dos talleres líticos y dos hallazgos aislados registrados por Galarce (2008) en un sector de terrazas fluviales altas del río Huasco, inmediatamente al poniente de la ciudad de Freirina. Estudios especializados de algunos de esos materiales, entre los que se cuentan una punta de proyectil y diversos subproductos de talla lítica de recursos pétreos de origen local, permiten a Peralta (2009) relacionarlos específicamente con contextos líticos del Arcaico Medio y Tardío (5.000 – 0 a.C.), similares a los identificados en otros sectores del Huasco, La Serena y Guanaqueros (Ampuero 1972-1973; Peralta 2007). Mientras

que en los valles transversales al sur de Vallenar, se encuentra el sitio Casa de Piedra El Salto, alero asociado a una aguada cuya primera ocupación fue datada aproximadamente en 2.750 años a.C. (Gonzalo Ampuero comunicación personal 2009). En la precordillera existen tempranos antecedentes de nueve campamentos de cazadores arcaicos, localizados en el río Astaburuaga y la laguna del Negro Francisco entre los 3.600 a 4.500 msnm (Cervellino 1998). Se trata de conjuntos de estructuras construidas por pirca sin argamasa, ubicados en torno a lagunas y vegas, que exhiben desechos de talla lítica e instrumentos en materias primas silíceas y obsidiana. Campamentos similares han sido detectados también entre esta Laguna y el Nevado Tres Cruces, por sobre 4.000 msnm: uno en quebrada Villalobos (Niemeyer 1968) y otros seis al oriente de la Ciénaga Redonda (Hermosilla 1997), todos con restos de industria de piedra tallada de cazadores recolectores holocénicos (8.000 – 0 a.C.). También se ha documentado presencia de estos grupos en el Salar de Los Infieles y en la cuenca alta del Huasco. Por ejemplo, abundantes eventos de talla lítica de diferentes tipos –y posiblemente de distintos períodos- asociados a las vegas altoandinas (Cabello 2010a). Muchos de estos sitios presentan restos subactuales correspondientes a crianceros del sector, dando cuenta de la persistencia en la ocupación de los lugares más propicios para el asentamiento temporal en el sector cordillerano. En el caso de los cazadores recolectores arcaicos, está ligado al aprovisionamiento de materias primas líticas y presas de caza durante la época estival. Período Alfarero Temprano (300 a.C. a 700 d.C.): los fundamentos de la complejización Durante este período continúan ingresando al área Meridional Andina (Norte Chico y Chile Centro Sur), por los pasos y puna de Los Andes poblaciones enlazadas culturalmente con el área Centro Sur Andina (sur del Perú, el altiplano de Bolivia, el Noroeste argentino y el Norte Grande chileno), grupos que poseían una rica tecnología alfarera y un dominio más efectivo y tecnificado de la explotación agrícola y ganadera. Se desconoce si estas poblaciones llegan ya conformadas a nuestra zona, si son un resultado endógeno o bien un proceso mixto. Lo concreto es que lentamente se va a sustituir la caza por el pastoreo de camélidos e introducir la horticultura, provocando el surgimiento de los primeros asentamientos estables. Características que conforman las primeras tradiciones alfareras del Norte Chico, agrupadas bajo la denominación de complejo cultural El Molle, que obtiene su nombre de los primeros cementerios excavados por Cornely (1953, 1956) en la localidad homónima de la región de Coquimbo. Hasta hace algunos años, el complejo cultural El Molle ocupaba una vasta extensión entre el río Salado (provincia de Chañaral) por el norte y el Choapa por el sur. Se pensaba incluso que podría estar presente en la falda oriental de Los Andes, pues tenían como elemento diagnóstico común su cerámica: vasos altos y

vasijas globulares sin asas, de paredes delgadas y pasta fina, monocroma, negra o café, a veces con decoraciones de incisiones lineales o geométricas previas a la cocción (Niemeyer 1998a). También compartían el uso de pipas de cerámica tipo T invertida para fumar tabaco nativo; adornos (brazaletes), objetos (agujas y pinzas) y láminas en cobre martillado; el tembetá de piedra, especie de adorno labial, con formas cilíndricas o de “botón”; y el entierro de sus difuntos en túmulos funerarios. Recientes investigaciones en el Choapa dan cuenta que las poblaciones del período Alfarero Temprano (PAT) no poseían túmulos ni objetos de cobre en esa zona. Mientras que la cerámica presenta rasgos propios y locales, distintos a lo definido como Molle y disímiles a lo observado en Chile Central y en las culturas del Noroeste argentino (Pavlovic 2004; Sanhueza et al. 2004; Pavlovic y Rodríguez 2005). Es por ello que más que un grupo cultural, se trataría de una tradición alfarera que los autores denominan PAT en alusión al período en que se inicia, pero que estaría perdurando hasta el 1.000 d.C. y en algunos sectores incluso hasta el 1.500 d.C. (Pavlovic 2004; Pavlovic y Rodríguez 2005; Urízar 2004), siendo contemporánea a los diaguitas e incluso al Inka. Teniendo la precaución de considerar que las poblaciones alfarero tempranas presentan manifestaciones distintas en cada valle y que en la región de Atacama casi nada se sabe acerca de sitios de vivienda, pues la información proviene mayoritariamente de cementerios excavados hace más de 10 años, las características y fechas propuestas originalmente para El Molle en la Región siguen siendo válidas. Este complejo cultural presenta una mayoritaria distribución en los sectores altos de los valles y en los interfluvios, territorios más propicios para la ganadería trashumante que, según parece, sería su principal actividad económica. No obstante, en Copiapó existen importantes enclaves en los valles, donde se produjeron concentraciones más estables asociados a la práctica de una agricultura incipiente. Es el caso de las aldeas aglutinadas El Torín, Cabra Atada y Carrizalillo Chico (Niemeyer y Cervellino 1982). En ellas se observan estructuras habitacionales construidas por el despeje y reordenamiento de los bloques rocosos disponibles en el lugar. Se les asocian túmulos funerarios, consistentes en montículos de tierra y piedra, con una fosa cónica subterránea que alberga varios individuos cubiertos por piedras y esteras de madera, rodeados de ofrendas (Niemeyer et. al 1989). Según la riqueza del ajuar que porta el individuo, sus ofrendas y la energía invertida en el entierro (visible en su tamaño y complejidad), se pueden inferir diferencias sociales y de género. Por ejemplo, el uso del tembetá en estas poblaciones ha sido históricamente vinculado a los hombres ya que en los entierros se le encuentra asociados a individuos masculinos (Iribarren 1950, Niemeyer et al. 2000, Quevedo 1982). Recientes estudios (Torres-Rouff 2010) demuestran que se trata principalmente de hombres adultos (entre 30 y 40 años) con evidencias de lesiones traumáticas, por lo que durante su vida debieron estar involucrados en actividades violentas, quizás

guerreros. En El Torín, estos individuos se entierran al centro del “sector inferior” del sitio (sensu Niemeyer 1998a), permitiéndole suponer a la autora que pudiesen incluso ser parte de un mismo linaje. De esta forma, el uso de este elemento no solo serviría para enfatizar la masculinidad, sino también el rol social o sanguíneo de estos individuos (Torres-Rouff 2010). Entre otros elementos del ajuar de los individuos, destacan los collares de gran longitud cuyas cuentas son elaboradas en concha y piedras semipreciosas, como la turquesa. Respecto del trabajo lapidario resulta fundamental la evidencia de Mina Las Turquesas, ubicada en El Salvador, que originalmente Iribarren (19721973) postulara como incaica. Recientes excavaciones dirigidas por González y Westfall (2005) determinaron la existencia de un asentamiento preincaico y un taller donde se elaboraban bienes suntuarios de turquesa, concha y hueso. La mayoritaria presencia de fragmentos cerámicos propios del Formativo Atacameño permite a los autores plantear que serían ellos quienes controlarían la producción lapidaria en esta época. No obstante, la presencia de cerámica Molle y Los Morros del área Circumpuneña (Uribe et al. 2004), manifiestan las complejas interrelaciones culturales existentes desde aproximadamente el año 500 a.C. (González y Westfall 2005). Relaciones que también se evidencian en los sitios de El Torín (Niemeyer 1994); La Coipa, cercano al salar de Maricunga (Cabello 2008) y en Quinta Los Chañares, al sureste de Diego de Almagro (González 2008). Por su parte, los contactos con el Noroeste argentino (NOA) se vinculan con similitudes entre elementos Molle y los de las culturas formativas de este territorio. Por ejemplo, la presencia de cerámica “cesteada” tipo Vaquerías en el cementerio El Torín (Niemeyer 1988a) o la decoración geométrica incisa de la cerámica y una placa de cobre que representa un ave en vuelo hallado en el sitio quebrada de Pinte, comuna de Alto del Carmen (Niemeyer 1994) que comparten Molle y Ciénaga. En Alto del Carmen existirían otros 17 sitios de túmulos (Sinclaire y Cabello 2005) en las quebradas de Pachuy, Colinay, Colpe, La Plata y La Pampa, además de los más conocidos de quebradas Ipipe y El Durazno, éste último 25 km aguas arriba de Vallenar (Iribarren 1957). También en los alrededores de Freirina, Iribarren (1955-1956) reconoce varios sectores con presencia de túmulos disturbados probablemente asociados a El Molle en: Bodeguillas; Matadero Municipal; Quinta Santa Clotilde; Llano de Los Loros y estación de ferrocarril Las Tablas. Hacia la costa en el sector de Huasco Bajo, en la terraza dunaria norte del río, se encuentra el sector conocido como Llano de Los Infieles, donde existen túmulos de grandes dimensiones (Iribarren 1955). Cerámica café incisa también ha sido registrada recientemente en conchales Punta Alcalde, quebrada de Tongoy, al sur del Huasco (Rodríguez 2007; Rivas 2008) y en quebradas interiores asociadas a ambientes costeros, como Las Cañas, en el Parque Nacional Llanos de Challe (Fernández 2009) y Chañaral, cerca de Chañaral de Aceituno y Carrizalillo (Niemeyer y Schiappacasse 1967). Lo que viene a reforzar la idea de que grupos Molle se desplazaban hacia la costa y mantenían intercambio con las poblaciones

del litoral, cambiando por ejemplo sus vasijas decoradas por pescado y marisco; restos que a veces se encuentran presentes en sitios Molle del interior. En la costa destaca también el sitio arqueológico de Las Lizas, cerca de caleta Obispo, donde además de conchales y material cultural de piedra y cerámica, existe un conjunto de paneles grabados con representaciones de especies marinas (Niemeyer 1985). Si bien el tema de la temporalidad de estas manifestaciones resulta complejo, debido a la imposibilidad de fecharlos directamente, es necesario recordar que los petroglifos del Semiárido fueron adscritos a poblaciones de El Molle en sus dos estilos: La Silla, a partir de los grabados de cerro homónimo ubicado al sur de Vallenar, y Limarí, en base al sitio El Encanto (Ampuero y Rivera 1971a; Mostny y Niemeyer 1983). Adscripción a tomar con cautela pues estudios recientes en el Choapa, han demostrado que la variabilidad técnica, iconográfica y en el tipo de sitio, ponen en cuestión los estilos previamente establecidos y abren la posibilidad de que no solo El Molle sea autor de los grabados, sino también poblaciones del Arcaico (Jackson et al 2001) o Diaguitas (Troncoso 2004). Independiente de ello y considerando que no existen estudios especializados sobre el tema en la Región, podemos señalar que los petroglifos se ubican preferentemente en los interfluvios o en la parte alta de los valles. En el Huasco Alto por ejemplo, Sinclaire y Cabello (2005) dan cuenta de seis sitios con paneles grabados con motivos de animales, humanos y principalmente geométricos, algunos de los cuales relacionan con el estilo La Silla. Las autoras señalan también la presencia de pequeñas horadaciones circulares llamadas localmente “copitas” que se disponen agrupadas en la pared vertical de la roca, lo que las diferencia de las “tacitas”. Otros reportes de petroglifos existen para las cercanías de Vallenar (Rodrigo Escuti comunicación personal 2008) y en las quebradas de Agua Dulce y Agua Salada que unen los llanos de Challe y de Capote al norte de Huasco (Fernández 2009). Por último, Sinclaire y Cabello (2005) también dan cuenta de pinturas rupestres al interior de dos aleros rocosos de ocupación prehispánica y subactual, cerca de las localidades de Juntas de Valeriano y Conay, en las nacientes del Huasco. Se trata principalmente de camélidos y figuras geométricas en color negro, que las autoras asemejan preliminarmente también a La Silla. Lo que al mismo tiempo sería consecuente con la profusa ocupación Molle detectadas por ellas en el sector. Relación que resulta coherente con aleros precordilleranos con pinturas rupestres de ocupación Molle –sobre arcaica- en otros sectores del norte semiárido, como San Pedro Viejo de Pichasca (Ampuero y Rivera 1971b). Alfarero Medio (700 a 1.000 d.C.): una misteriosa transición El complejo cultural Las Ánimas fue propuesto por Montané (1969) para llenar el vacío de 300 años existente entre El Molle y la cultura Diaguita. En efecto, los más antiguos niveles de los cementerios diaguitas de la región de Coquimbo presentan individuos enterrados con camélidos completos y características cerámicas que

serán abandonadas en épocas más tardías. Elementos que serán señalados por este autor como un grupo independiente. Posteriores trabajos de Iribarren (1969) en Tres Puentes y La Puerta, cerca de Copiapó, así como cerámica hallada por Niemeyer (1998b) en los sitios de Puntilla Blanca y Quebrada Seca, apuntarán hacia vínculos con culturas representantes trasandinas del período Medio (Castillo et al. 1996-1997). Este período da cuenta, entre los años 500 y 1.000 d.C., de la integración del área Centro Sur Andina a la órbita de influencias de Tiwanaku, entidad que potencia el intercambio de bienes de distintos pisos ecológicos principalmente mediante el tráfico de caravanas de llamas. Es posible entonces sugerir que en esta dinámica se intensificaran en forma paralela las relaciones de las poblaciones de la región de Atacama con las del NOA, introduciendo los cambios culturales y materiales que se adscriben a Ánimas. No obstante, bien podrían ser poblaciones foráneas que se instalan en el sector a modo de colonias, como ocurre en esta época en Arica; o bien conformar los primeros momentos diaguita, como lo planteaba originalmente Cornely (1956). En definitiva se trata de una incógnita en la secuencia histórico cultural del Norte Chico, siendo un tema escasamente estudiado, con muy pocos sitios pertenecientes a esta filiación, de los cuales la mayoría son cementerios. En ellos, los entierros pueden ser individuales o colectivos en fosas subterráneas señalizadas con piedras, aunque en La Puerta hay montículos de tierra (túmulos). En sus restos esqueletales se observa la deformación craneana de tipo tabular erecta, rasgo distintivo de este grupo. Pero lo más llamativo de sus costumbres fúnebres radica en que las osamentas humanas se encuentran rodeadas delicadamente por uno o más esqueletos de camélidos completos. Y si bien no existe certeza de que éstos sean silvestres (guanacos/vicuñas) o domésticos (llamas/alpacas), es probable que la masa animal fuera excedentaria, consecuente a un modo de vida preferentemente ganadero. No obstante la presencia de manos de moler y morteros, así como hojas de herramientas agrícolas, evidencian que la agricultura y la recolección debieron tener un lugar importante. Asimismo, se cuenta con considerables restos de explotación marítima, como restos de locos, ostiones, lapas, erizos, jaibas y variedad de pescado, junto con anzuelos, barbas de arpón y desconchadores (Castillo 2000). Evidencia que se condice con la presencia de sitios en el litoral y en el curso medios e inferiores de los valles, que lleva a Castillo y Kuzmanic (1982) a describir la economía Ánimas como “pastorapescadora”. Entre su ergología, la cerámica se caracteriza por vasijas de formas abiertas (cuencos acampanados), de interior negro y exterior policromo, con diseños geométricos en negro, blanco y rojo. De igual forma se encuentran puntas líticas pequeñas pedunculadas, fibras de textiles y la reocupación de tembetás Molle como colgantes. Destacan también los elementos para el consumo de alucinógenos vía nasal, como tubos, espátulas y cucharas de hueso y tabletas de

concha y madera. Asimismo, existen adornos de metal fundido, como aros y cintillos en plata y cobre, y cuentas de collar en malaquita y turquesa. Al respecto cabe señalar que en Mina Las Turquesas, la ocupación Ánimas es la segunda más importante del sitio, siendo datada entre 680 y 980 d.C. (C14 Beta196861=1210 +/- 60 AP, cal. 1270 a 970 AP) (González y Westfall 2005). La fecha procede de un depósito de piedras que contenía productos diversos, que se corresponde con el silo de Quebrada Seca (Niemeyer 1998b), forma de almacenaje que reafirmaría la práctica excedentaria antes mencionada. Según González y Westfall (2005), durante este tiempo Ánimas asumiría el control de la producción de cuentas y adornos de turquesas, como lo evidencian la gran cantidad de cuentas y de elementos correspondientes a su proceso de elaboración. Además se encontraron figurillas zoomorfas, confeccionadas en trozos de rocas blandas, mostrando una de ellas claras similitudes con cuentas de collar zoomorfas encontradas en el sitio La Puerta A. Por su parte, la presencia de escasos fragmentos cerámicos foráneos del período Medio atacameño (700 – 900 d.C.), comprueba que el intercambio e interacción cultural con otras poblaciones circumpuneñas continuaría durante esta época. En Copiapó, además de los sitios ya mencionados, se registran elementos de filiación Ánimas en Tres Llanos, Los Pingos, Cabra Atada, Vega Redonda, Toledo y Piedra Colgada. También entre las desembocaduras de los ríos Copiapó y Huasco se ha constatado evidencia de este tipo en: Bahía Maldonado, Totoral y Punta de Lobos. Sitios que por cierto requieren de una mayor profundización en su estudio. En el Huasco Alto se tienen antecedentes bibliográficos de sitios del complejo Ánimas en Juntas de Valeriano y Paso La Flecha que habrían sido excavados por Sanguinetti; un alero de Pasteadero, en la cordillera al norte de la Laguna Grande; restos fúnebres en Chanchoquín Chico (Kuzmanic 1982); y La Huerta, sector cercano a la localidad de Alto del Carmen. Así como en Vallenar centro, calle Prat 450 (Kuzmanic 1988). En los tres últimos, los restos Ánimas preceden entierros diaguita, lo que sumado a una cerámica del Período Medio hallada en el cementerio Molle de Pinte, sugiere continuidad en la secuencia estratigráfica. Cerámica Ánimas I encontrada en sitios del Camino del Inka entre Inca de Oro y El Salvador, daría cuenta que el Qhapaq Ñan se implementó sobre una ruta preincaica (Cervellino y Sills 2001; González y Westfall 2010). En Finca Chañaral la ocupación Ánimas es profusa (Cervellino y Sills 2001), contando fragmentos cerámicos, asentamientos con estructuras de piedras, túmulos funerarios, junto a numerosas pinturas rupestres. Éstas son principalmente camélidos de cuerpos semilunares, motivos geométricos y antropomorfos realizados en color rojo (Gallardo 2008), bien que se ha constatado la utilización de pigmentos ocre y verde (González et al. 2008a).

En efecto, la pintura rupestre de la región de Atacama se ha vinculado preferentemente con Ánimas, pues el tipo de motivos nos remite a la iconografía del NOA, particularmente Aguada (650-900 d.C.), cuya vasta dispersión estilística está acreditada en nuestro país en diversos soportes (Cabello y Ajata 2010). Entre ellas destaca el “Pájaro Verde”, en río Figueroa, que en variados colores (negro, blanco, café, gris, rojo, amarillo, negro azuloso y café rojizo) representa un mítico animal que combina cabeza de camélido y cuerpo de ave. Figura que se ha vuelto ícono de la Comunidad Colla de río Jorquera y sus afluentes. En el río Jorquera se encuentra también la representación antropomorfa de gran tamaño de Tranca de los Monos (Garrido y Robles 2008) y en el río Figueroa, otros dos paneles con círculos concéntricos pintados de rojo (Rees 2005). Los últimos muy similares a los que, junto camélidos en rojo-naranja, se encuentran en quebrada La Puerta, muy cerca del sitio homónimo de filiación Ánimas (Niemeyer 1998b). Entre Diego de Almagro y Copiapó, las manifestaciones rupestres de quebradas de La Chinchilla (Garrido y Robles 2008) y Las Pinturas (Iribarren 1976), destacan por las particulares vestimentas de sus personajes. En éste último sitio, dos de ellos, pintados de blanco sobre motivos rojos, portan un “hacha” en una de sus manos y una “cabeza trofeo” en la otra, apoyando la vinculación de estas manifestaciones con el período Medio y Tiwanaku a través de la tan replicada imagen del “sacrificador” (Garrido y Robles 2008). No obstante la superposición antes mencionada y el registro de cerámica Molle (Gallardo 2009) podrían ampliar la producción rupestre a tiempos alfarero tempranos. De forma similar, recientes estudios de González (2009) en cinco nuevos sitios al este de Inca de Oro (Quebrada Aldaín, Aguada Los Chinches, Aguada Los Guanacos, Viña del Desierto y Pingo Viejo) proponen que los motivos –preferentemente antropomorfos y de camélidos- pueden haber sido generados desde los desarrollos Ánimas en adelante. Intermedio Tardío (1.000 a 1.400 d.C.): los desarrollos regionales Al igual que en el área Centro Sur Andina, donde los grupos locales toman control de su espacio y de las redes de intercambio tras la independencia de Tiwanaku, en los Andes Meridionales se conforman identidades regionales. Se trata de grupos aldeanos, sin grandes urbes, ni centro político, cuya interacción se da principalmente a escala regional. Asimismo, la ampliación de espacios agrarios y el consecuente aumento demográfico generan diferencias de estatus y presión social que obligan a la construcción de recintos fortificados o pukaras para proteger los espacios de cultivo y controlar los cursos de agua. Características que responden más bien a una estrategia de control económico, más que a la connotación militar que se les ha otorgado tradicionalmente. Investigaciones de los últimos años en los ríos Pulido y Manflas y del río Jorquera (Garrido 2007a y b), proponen que en los valles transversales más nortinos (Copiapó y eventualmente Huasco) la cultura Las Ánimas derivó en el período

siguiente en lo que se denominó cultura Copiapó, que encarna el desarrollo regional de este período (Castillo 1998). Mientras que hacia el sur, descendería en la contemporánea y más conocida cultura Diaguita. La cultura Copiapó ha sido muy poco estudiada y se define a partir de su alfarería de tradición negro sobre rojo. Cerámica rojo engobada que se caracteriza por representaciones pintadas en negro de camélidos estilizados. A ellos se alternan diseños geométricos a partir de volutas verticales, comas y líneas onduladas, observándose en menor medida un rostro antropomorfo con franjas verticales y figuras en forma de U rectangulares ajedrezadas (Castillo 1998, Garrido 2007). Las formas básicas de estas vasijas son formas abiertas o pucos, con las paredes ligeramente curvas, que servían al servicio y consumo de alimentos. Aunque también existe el estilo Punta Brava, que corresponde a grandes tinajas, con o sin cuello, de aproximadamente 50 cm de altura y decoración tricolor negro y rojo sobre engobe blanco a modo de líneas en trazos paralelos, diagonales cruzadas, triángulos, grecas, puntos, etc. Algunas de estas vasijas exhiben rostros humanos modelados en el cuello, muy similares a las urnas diaguitas y santamarianas de la misma época y cuya función es de almacenaje de líquidos y alimentos. Para Copiapó también son comunes las puntas triangulares pequeñas pedunculadas con aletas laterales y bordes aserrados, elaboradas en jaspe, calcedonia, cuarcita y cuarzo, destinadas a su uso en flechas. Igualmente, se agregan elementos del complejo alucinógeno como tabletas de madera, tubos inhalatorios, espátulas y cucharas óseas. Por último, existen cuchillos de madera tallada, punzones y placas de cobre fundido, restos de tejido muy finos, cestería y micro morteros. Todo esto principalmente en sitios habitacionales, puesto que hasta el momento solo se han hallado dos cementerios: Altos Blancos con sepulturas ampollares y El Basural sin contexto claro (Castillo 1998). La cultura Copiapó se habría desarrollado en el valle de Copiapó y de preferencia en sus afluentes precordilleranos como el Jorquera, Pulido, Montosa y Manflas, identificándose hasta ahora una minoritaria presencia en la costa y nulos indicadores en la puna norte de la región. Los asentamientos, tipo poblado, se componen por lo general de una decena o más de estructuras de muros de pirca seca o con base pircada y muros de adobe, de forma circular o elipsoidal. Poseen sectores habitacionales, corrales y basurales contiguos, ubicados en las terrazas fluviales y dominando los terrenos de cultivo (Cervellino y Gaete 2000). En zonas agrícolas de importancia, como el Fuerte y Ojos de Agua del Montosa y Manflas, estos asentamientos se encuentran fortificados, según parece para resguardarlos de posibles conflictos, pudiendo tener un contenido más económico que político. El desarrollo de la agricultura se constata en los sitios El Farellón, Chuskal, Los Molinos y El Castaño, por ejemplo, en la presencia de choclo (Zea mays) y variadas semillas (Castillo 1998) que podrían corresponder a poroto (Phaseolus sp.), zapallo (Cucurbita sp.) y quínoa (Chenopodium quinoa). En algunos de estos casos se observan andenerías en las laderas de los cerros, en otros se utilizan canales de regadío. También se aprecian en casi todos los sitios arqueológicos

evidencias de recolección de algarrobo (Prosopis chilensis) y chañar (Geoffroea decorticans) e instrumentos de molienda. Producto exóticos como el maní (Arachis hipogea), evidencian la continuidad de las relaciones con el NOA (Cervellino y Gaete 1997; Castillo 1998). En el extremo norte de la Región, se desconocen por ahora las características específicas del período. Aunque existe referencia de cerámica Copiapó negro sobre rojo y Punta Brava en Finca de Chañaral (Cervellino y Sills 2001; González et al. 2008a) así como se ha comprobado la asociación del primer tipo con huellas troperas, en las proximidades de Inca de Oro (González 2010b). Por su parte, en Mina Las Turquesas, se registran únicamente tipos atacameños para el Intermedio Tardío (Uribe et al. 2004), retomando estas poblaciones el control minero durante esta época. En Cementerio Las Turquesas, uno de los fardos que subsistió al saqueo del sitio, muestra un individuo masculino adulto maduro, momificado naturalmente. Los materiales que lo acompañaban (tocado, gancho de atalaje, redes, costales, collar de turquesas, bolsitas de cuero con turquesas en bruto y una preforma de cuenta de collar y las incrustaciones de turquesa de una tableta de madera para consumir alucinógenos), los bienes trasladados (entre ellos cerámica tardía atacameña) y una pata de camélido, testimonian la orientación caravanera y minera foránea del individuo sepultado en este cementerio (González y Westfall 2008). Radiografías practicadas al cuerpo muestran politraumatismo, que sería la más probable causa del deceso del individuo, que se habría generado –según los autores- durante la extracción de turquesas, principal actividad de la localidad en tiempos preincaicos. Hacia el sur de Copiapó, la evidencia más concreta hasta ahora se encuentra en Quebrada El Algarrobal, donde se registran asentamientos temporales con elementos diagnósticos del Intermedio Tardío como puntas de proyectil pequeñas de base apedunculada con aletas y fragmentos cerámicos decorados tipo Copiapó negro sobre rojo (Cabello 2009a). Mientras que el valle del Huasco ha sido tradicionalmente identificado como el lugar de frontera entre las culturas Copiapó y Diaguita pues, por ahora, no existen estudios sistemáticos en el sector que permitan resolver la disyuntiva. Es más, la presencia de estas poblaciones parecen estar más bien asociadas a tiempos posteriores, enmarcados en la dinámica incaica (vid. infra). La única evidencia hasta el momento de un sitio Diaguita preincaico es en la quebrada de Pachuy, cerca de Chollay, comuna de Alto del Carmen (Sinclaire y Cabello 2005). Se trata de un asentamiento con estructuras habitacionales, construidas con muros simples en base a grandes bloques rocosos. Su emplazamiento sobre una terraza alta sin agua y con acceso restringido se ajusta al patrón de los asentamientos del período Intermedio Tardío ya señalado, donde los escasos sectores cultivables se dejan libres de ocupación y se resguardan a distancia prudente. Independiente de ello, vale la pena señalar que a diferencia de la restringida dispersión de la cultura Copiapó (sector alto del valle homónimo), la Diaguita tiene una extensión mucho mayor, cubriendo toda la región de Coquimbo y ocupando

tanto el interior de los valles como la costa. Se trata de sociedades agromarítimas que cultivan quínoa, poroto, zapallo, etc. en los cursos medios de los valles y que explotarían de forma directa los recursos costeros, compartiendo espacio e interactuando con las poblaciones pescadoras locales que explotan el litoral desde tiempos arcaicos. Así lo evidencian sitios exclusivos diaguita y otros con cerámica de este tipo asociada a una más costera, conformada por fragmentos monocromos con antiplástico grueso, algunas veces de concha molida, que se encuentra desde Taltal y Coquimbo. Razones que servirían también para argumentar la filiación tardía de las pinturas rupestres costeras ubicadas en aleros del Parque Llanos de Challe, cuyo estilo es muy similar a las de la costa de Taltal y El Médano (Cabello 2009b). Respecto de la organización social diaguita, la calidad y cantidad de sus objetos sugiere que contaría con especialistas. Por ejemplo, para la confección de su alfarería, que combina pintura negra, roja y blanca para configurar complejos diseños geométricos que utilizan distintos principios de simetría simultáneos; o la introducción de formas asimétricas como el “jarro zapato”. Así como la manufactura de artefactos (pinzas) y adornos (aros) en metal fundido requerían de un conocimiento acabado de tecnologías metalúrgicas. O el uso de torteras que evidencia la producción textil. Por último, destacan también entre su ergología las espátulas de hueso, decoradas con motivos de felino, que dan cuenta del consumo de alucinógenos por vía nasal. Tradicionalmente se ha dividido la cultura Diaguita chilena en tres fases, siguiendo diferencias cerámicas y fúnebres: Diaguita I (900 a 1200 d.C.) que se relaciona con restos del complejo Las Ánimas; la Diaguita II (1200 a 1470 d.C.), la mejor conocida por la abundancia de restos y su riqueza contextual. La Diaguita III (1470 a 1536 d.C.), que se caracteriza por la aculturación de las poblaciones diaguitas al Imperio Inka. Hoy en día, se prefiere hablar solo de Diaguita preincaico e incaico. Período Tardío o de influencia Inka (1.400 a 1.536 d.C.): la integración al Imperio Mientras la mayoría de los desarrollos regionales seguía en su órbita local, el que se ubicaba entorno al Cusco creció y se complejizó. Se dice que era deber de cada nuevo soberano o Sapaq Inka expandir el Tawantinsuyu (imperio de las cuatro regiones) y con ello, asegurar el sustento para su linaje real o panaca, pues la hacienda del Inka fallecido la conservaban sus herederos (Berenguer 2009). En ese contexto y con el fin de explotar la riqueza minera de los territorios del norte de Chile, el décimo Inka Topa Yupanqui habría emprendido la conquista hacia el sur (Kollasuyu), la cual consolidaría su hijo Huayna Capac. Usando las rutas de intercambios previamente establecidas, los soldados y embajadores del Inka llegaban a un territorio exigiendo a los kurakas (jefes locales) una sumisión pacífica. Si aceptaban, se sellaba la alianza con regalos propios del incanato o de regiones previamente conquistadas, como gorros, textiles, vasijas o vasos queros, los que se convertían en bienes de prestigio para

sus portadores. Incluyéndolos de esta forma en una relación de “reciprocidad asimétrica, de la cual él y su pueblo no podían escapar” (Berenguer 2009:21). Si no aceptaban, la sumisión sería bajo las armas. Al parecer esto ocurrió con la anexión de Copiapó, ya que según relatan los cronistas españoles, habría acontecido un enfrentamiento entre ambas partes (Bibar 1966). Luego de un tiempo sin mayores avances, los incas establecerían una alianza con los Diaguitas de más al sur, con el fin de conquistar los territorios de Huasco y Copiapó (Castillo 1998). Situación que es posible de observar arqueológicamente a través de la presencia de material Diaguita Inka en todos los sitios de esta época en la región, sean habitacionales o de funebria. Ejemplo de esto es el cementerio prehispánico que se extiende en las manzanas en torno a la actual plaza de armas de la ciudad de Copiapó, de donde se continúan extrayendo restos arqueológicos a medida que la ciudad se transforma (Cabello et al. 2010). Facilitadores de la incorporación al Tawantinsuyu fueron tanto el sistema vial Inka o Qhapaq Ñan como la religión estatal, existiendo importantes sitios de adoración a lo largo del Imperio, en los que se practicaban rituales propiciatorios de bienestar social. Muchas veces estos adquirían la forma de altares o plataformas ceremoniales en donde se ofrecían a las divinidades locales y estatales ofrendas como figurillas de concha o metal ataviadas a la usanza Inka, como las halladas en los adoratorios de altura. De esta manera, las deidades locales y sus seguidores, eran incorporados dentro del sistema religioso imperial. En la región de Atacama hasta ahora se ha detectado un santuario de altura en el volcán Copiapó (Reinhard 1991) y un adoratorio en cerro Las Palas, pero se cuentan con antecedentes de otros en los cerros Cantaritos, El Toro y Doña Inés, así como en Los Amarillos (Gabriel Cantarutti comunicación personal 2010). Por su parte, el Qhapaq Ñan ingresa al segmento norte de la región desde el salar de Atacama, atravesando el despoblado (Niemeyer y Rivera 1983). Esta misma vía fue la que tomó Diego de Almagro en su regreso al Perú en 1536, retomada por Pedro de Valdivia cuatro años más tarde. En ella tambos (albergues) y chaskiwasi (refugios) dispuestos a una jornada de camino, permitían recuperar fuerzas a viajeros y animales de carga. La presencia en este tramo de restos de turquesa y ónice permiten suponer que esta difícil ruta sirvió principalmente al transporte de minerales (Berenguer 2009). En parte de este tramo, correspondiente a 4 km en el faldeo oeste del Cerro Indio Muerto y a 5 km al sureste de El Salvador, se identificó material cerámico de filiación Inka local, provincial y cusqueño (Westfall y González 2004; González y Westfall 2010; González 2008). Otros segmentos son evidentes en la comuna de Diego de Almagro, con tramos claramente definidos que abarcan toda la extensión comunal en dirección norestesuroeste hacia Copiapó (Garrido y Robles 2007b; González 2007). Asimismo, se cuenta con evidencias muebles e inmuebles asociadas a la ruta prehispánica, al igual que diversos objetos hallados en sitios y localidades puntuales, como el

sector de Quinta Los Chañares y en Finca de Chañaral, con registros de cerámica Diaguita Inka (Cervellino y Sills 2001; González et al. 2008a). Muy utilizada también sería la vía cordillerana que corre entre 3.500 y 4.400 msnm, uniendo los valles transversales del Norte Chico con importantes puntos del NOA y que correspondería al “camino que es por las cabezadas de los valles” que unía Copiapó con el curso superior del “río Huayco” (Bibar 1966: 28). Se piensa que por alguno de los pasos fronterizos que comunican con Copiapó, el Inka habría accedido a la región de Atacama, posiblemente Pircas Negras que sería posteriormente utilizado por Almagro en el año 1536. Prospecciones arqueológicas impulsadas desde el 2009 están entregando datos sobre otra ruta incaica transversal al noreste del valle de Copiapó, que comunicaría el desierto interior, el espacio puneño y los territorios trasandinos, complementando la ruta “oficial” incaica por el valle copiapino (González y Castells 2010). Si bien las condiciones geográficas de este sector no permiten visualizar tan claramente el camino como en las planicies desérticas, se han detectado gran cantidad de instalaciones asociadas al Qhapaq Ñan, como los tambos de: Río Nevado, Pircas Negras, Ollitas, Caserones, Helados, Pascualama, Tambillos, Vicuñitas, Pasteadero, Colinay, entre otros (Berenguer 2009; Stehberg 1995). A ellos se sumarían otros importantes sitios Diaguita Inka del Huasco, como cementerio La Falda, de Alto del Carmen (Niemeyer 1988) y el del centro de Vallenar, excavado Sanguinetti en 1968 para el Museo del Huasco (Garrido 2004). Localidad donde también funcionaría el centro administrativo de Paitanás (antiguo nombre de Vallenar), existiendo otro en Freirina. Asimismo, recientes exploraciones en el Huasco Alto (Sinclaire y Cabello 2005; Cabello 2010a) permiten complementar esta información con el registro de una quincena de instalaciones menores de esta época que podrían indicar que la circulación incaica hacia todo el semiárido se habría dado principalmente por este valle (Gabriel Cantarutti comunicación personal 2010). Por otra parte la metalurgia, que durante los períodos anteriores tuvo una producción restringida, se ve potenciada con la llegada del Inka. Mediante la mit’a, la población local o mitayos especialistas traídos de otros sectores, tributaban al Imperio su tiempo en turnos para conseguir metal fundido en bruto. Éste se habría llevado a diversos lugares del Tawantinsuyu para su uso en orfebrería, por ejemplo, para la elaboración de las famosas placas de bronce argentinas “Santa María”, las cuales también se encuentran en la Región. El establecimiento metalúrgico más importante hasta ahora conocido es Viña del Cerro en el valle de Copiapó, el cual era administrado por funcionarios diaguita inkas, pero funcionaba gracias al trabajo de la población local (Niemeyer 1993). La cual provendría de los asentamientos de Punta Brava e Iglesia Colorada, mientras que en la estructura rectangular del sitio La Puerta, mal llamado “palacio o palacete inca”, funcionaría el centro administrativo. Con la llegada del Inka a la actual región de Atacama también se incrementa la explotación de los recursos marinos, si bien –y como hemos constatado a lo largo

de esta revisión- el litoral fue continuamente utilizado durante la prehistoria por grupos costeros. Aumento que se infiere de la presencia de tamberías y material típico de la expansión imperial en Obispito, Rodillos, Bahía Obispo, Playa Flamenco, Bahía Salada, Pajonal y Totoral. Así como fragmentería cerámica Diaguita Inka ha sido detectada en varios sitios entre Puerto Viejo y Carrizal (Contreras 2003), entre Huasco y Quebrada Tongoy (Ibacache 2009), en Punta Alcalde (Rodríguez 2007, Rivas 2008) e incluso en la Isla Chañaral (Niemeyer y Schiappacasse 1967). Materiales exclusivos (aríbalos, escudillas, hachas de metal en T, tupus, placas de cobre, etc.) que provendrían de entierros de Caldera han servido para plantear que desde allí el Inka controlaba y reunía una considerable cantidad de recursos marítimos de calidad, posiblemente, activando una vía de tráfico más expedita hacia los valles más sureños.

4. DINÁMICAS REGIONALES HISTORICAS CONFIGURADORAS DE IDENTIDAD Dos hitos marcan la inserción del actual territorio chileno a la historia occidental. Por una parte, la llegada de la hueste dirigida por Diego de Almagro al valle de Copiapó en 1536 y, por otra, la toma de posesión del mismo territorio efectuada por Pedro de Valdivia el 26 de octubre 1540. Si bien la historiografía dedicada a estudiar este período concuerda en la gran cantidad de víctimas que provocó el paso de la expedición de Almagro por la cordillera de Los Andes, la determinación del lugar específico por dónde se verificó el paso a territorio chileno ha sido materia de controversias. Gran parte de los historiadores ha aceptado que el paso se produjo por San Francisco, a una altura cercana a los 4.748 m. No obstante, actualmente se sugiere que la llegada de Diego de Almagro y su hueste se produjo por los pasos de Come Caballos a 4.549 m y Pircas Negras, con solo 4.166 m. Estas hipótesis se basan en las investigaciones del historiador copiapino Carlos María Sayago, quien fue uno de los primeros en proponer el paso de Come Caballos y Pircas Negras como entrada a Chile, conclusiones que no fueron consideradas por la historiografía oficial (Sayago 1973 [1874]). De acuerdo a su interpretación, solo el tránsito por este paso habría permitido a la expedición seguir el curso del río Copiapó hasta la actual comuna de Tierra Amarilla, lugar donde se asentaron, iniciándose el contacto con las culturas que habitaban el actual territorio chileno. El viaje de reconocimiento dirigido por Almagro fue de corta duración. La tenaz resistencia presentada por las comunidades diaguitas de Atacama y Coquimbo en rechazo a las crueldades propinadas por los foráneos y la desilusión de la hueste al no encontrar las riquezas prometidas como enganche para unirse a la expedición, determinaron que Almagro tomara la decisión de regresar a Cuzco en 1537. Años más tarde, Pedro de Valdivia organizó una nueva excursión, cuyo objetivo era conquistar las tierras meridionales antes exploradas por Almagro. Tras obtener la autorización de Francisco Pizarro en 1539, Valdivia dejó Cuzco en enero de 1540 y en octubre del mismo año tomó posesión del valle de Copiapó, en nombre del rey de España. Carlos Sayago ha señalado que a raíz de estos hechos, toda la cuenca del río Copiapó se conoció como el Valle de la Posesión, lugar desde el cual Valdivia organizó la conquista del territorio restante hacia el sur, dando inicio al asentamiento español en estas tierras (Álvarez 1980). Hasta fines del siglo XVI, la infatigable resistencia de los pueblos originarios ubicados en la zona sur del territorio provocó la prolongación del proceso de conquista en territorio chileno. Sin embargo, tras el levantamiento general de Curalaba en 1598, los conquistadores se vieron forzados a cambiar de estrategia, estableciendo una frontera entre españoles y comunidades mapuche en el río Biobío. Este hecho permitió consolidar el dominio ejercido en el Norte Chico y el Valle Central, así como también el desarrollo de distintas actividades productivas en estas zonas, que con el tiempo, fueron configurando diversas identidades al interior de la región.

La identidad minera de la región de Atacama Tras la conquista hispana del Norte Chico ocurrida a mediados del siglo XVI, la actividad minera adquirió un rol económico importante. A fin de aumentar la explotación de los recursos naturales, los españoles introdujeron cambios en la producción: se implementaron lavaderos de oro en la zona y se organizó la fuerza de trabajo mediante el desplazamiento forzado de población autóctona para trabajarlos. Sin embargo, la dependencia de los lavaderos al recurso hídrico determinó que la actividad minera fuese desarrollada solo hasta el río Elqui y los lavaderos de oro de Andacollo. La escasez de agua en los alrededores de los valles de Copiapó y Huasco provocó que, durante el siglo XVI y buena parte del XVII, esta área no tuviera mayor trascendencia económica, salvo ser la puerta de entrada o salida al Reino de Chile. Esta escasa relevancia se reflejó también en que ambos valles dependiesen administrativamente de La Serena hasta bien entrado el siglo XVIII, situación que terminó por imprimir en ellos una evolución muy similar. Si bien el cobre fue escasamente explotado en un comienzo, su producción aumentó durante el siglo XVII, dada la creciente demanda de ese mineral desde el Virreinato del Perú. Esto transformó a la zona de Coquimbo en un área de producción cuprífera especializada, destacando las minas de El Brillador, cercanas a La Serena. Sin embargo, fue durante el siglo XVIII que la actividad minera logró expandirse hasta el río Copiapó, dada las favorables condiciones ofrecidas por el crecimiento de la población y la mayor disponibilidad de productos agrícolas en el área. Junto con esto, las reformas implementadas por la Corona a fin de centralizar la administración de sus colonias, promover una explotación más eficiente de sus recursos y mejorar la recaudación de impuestos, pusieron en marcha una política urbanizadora basada en la fundación de ciudades y villas en todo el territorio. Esta Política de Poblaciones llevada a cabo a lo largo del siglo XVIII, formalizó como villas los lugares donde la población se había concentrado espontánea e irregularmente. Su objetivo era agrupar a los habitantes que vivían dispersos, organizar la explotación económica del territorio a través de la concentración de mano de obra y proveer un mercado incipiente a la producción de las haciendas aledañas (Lorenzo 1983). En el caso específico de Atacama, este afán se materializó con el surgimiento de las ciudades de Copiapó, Freirina y Vallenar. Copiapó fue fundada en 1744 como San Francisco de la Selva de Copiapó. En 1755, el gobernador Ortiz de Rozas fundó Santa Rosa de Huasco, con el propósito de consolidar la población de los alrededores y dotar de vida urbana al sector, además de permitir a la vecindad convertirse en propietaria de tierras (Urbina 1986). Por su parte, la ciudad de Vallenar fue fundada en 1789 por el gobernador Ambrosio O’Higgins, con el nombre de San Ambrosio de Ballenary. El objetivo de este nuevo asentamiento era combatir la dispersión de los pobladores que vivían en las haciendas del valle del Huasco.

Copiapó y Vallenar se convirtieron rápidamente en ejes del desarrollo económico de Atacama, principalmente por la extracción de oro –en la primera mitad de la centuria– y posteriormente por la explotación de yacimientos de cobre y plata existentes en la zona (Pinto 1980). En efecto, desde el siglo XVIII, Atacama se especializó en la minería, como consecuencia de la relevancia económica que adquirió esta actividad y su expansión espacial. Mientras proliferaron los cateadores que inspeccionaban el territorio en busca de vetas minerales, en los valles se establecieron centros de procesamiento y lugares de abastecimiento de las materias primas necesarias como madera, agua y alimentos para hombres y animales. Así también, se instalaron oficialmente los primeros puertos, para el embarque de minerales (Sayago 1973). Fue así como en 1700, se descubrió oro en los alrededores del valle de Huasco y poco después cobre en Jarrillas y Camarones. Por su parte, en el valle de Copiapó se encontraron en 1707 las vetas auríferas de la sierra de Jesús María. No obstante, durante el siglo XVIII, Atacama se caracterizó por sucesivos ciclos de aceleración y contracción tanto de la actividad económica, como de la población que habitaba el área. Los cambios experimentados por la demanda externa de minerales y los costos de los alimentos determinaban continuos desplazamientos demográficos, apreciándose desde ese entonces la movilidad espacial, temporal y laboral característica de la población del Norte Chico (Pinto 1996). Aún así y pese a los períodos de contracción, la población regional aumentó por crecimiento vegetativo y la migración asociada a los atractivos ofrecidos por la actividad minera. Hacia fines de siglo, el perfil minero del Norte Chico era un hecho. Tras la disminución experimentada por la población vernácula poco después de la llegada hispana, la mayor parte de las poblaciones originarias fue progresivamente absorbida y sustituida por una de carácter mestizo. Siendo durante el siglo XVIII que esta población comenzó lentamente a concentrarse en los núcleos urbanos y campamentos mineros, iniciándose así un lento proceso de desruralización de la población regional (Carmagnani 1963). De esta forma, se organizó el peonaje minero como institución económico-social (Carmagnani 1963, Salazar 2000). Los peones mineros enfrentaban ásperas condiciones de vida y de trabajo, dado que los campamentos cercanos a las faenas se encontraban en pleno desierto. Así también, era una población exclusivamente masculina, sometida a un régimen laboral asfixiante, que los desarraigaba de sus familias o no les permitía constituirlas. La vida del peón minero transcurría entre la faena y la placilla, poblado vecino en donde los mismos empresarios dueños de las faenas, ofrecían espacios de sociabilidad para que los peones consumieran vino y aguardiente a precios superiores. De esta manera, no solo aumentaban sus ingresos y recuperaban los salarios, sino que ofrecían al peonaje espacios de sociabilidad y recreación que consideraban como propio (Pinto 1991:234-238). Prosperidad y desarrollo urbano

El perfil económico del Norte Chico se acentuó aún más durante el siglo XIX. La mayor disponibilidad de mano de obra local y el bajo costo de los alimentos permitieron la explotación de yacimientos mineros cada vez más alejados de los centros abastecedores. El valle del Huasco, cuyo centro operativo se ubicaba en Vallenar, se benefició con los descubrimientos de Agua Amarga (1811), Vizcachitas, Tunas y otros minerales menores. Por su parte, Copiapó aceleró su crecimiento gracias a los yacimientos de plata en Chañarcillo (1832) y Tres Puntas (1849), pero también por los minerales de San Antonio, Garín, Sacramento, Lomas Bayas, Bordos, Ladrillos, Checo, Bandurrias, Cabeza de Vaca y Pampa Larga. De ellos, no hay duda que fue el mineral de Chañarcillo el responsable del desarrollo explosivo del área durante toda la primera mitad del siglo XIX. Las actividades minera, agrícola, ganadera y comercial aumentaron al igual que la población, que –según el censo de 1853– logró duplicar su número en solo veinte años, especialmente por la migración de muchos argentinos de La Rioja, San Juan, Catamarca, Mendoza y Córdoba (Marimón 1987). Durante este período de bonanza, se creó la provincia de Atacama en 1843 y florecieron las ciudades creadas durante la Colonia. El principal centro poblacional de la zona, Copiapó, se benefició directamente de la riqueza generada a partir de Chañarcillo y Tres Puntas. Además de aumentar considerablemente su población, la ciudad se vio favorecida con los adelantos urbanos realizados por diversos miembros de la elite copiapina. Reflejo de ellos son algunos edificios –hoy declarados monumentos nacionales–, como la casa de los hermanos Matta (1843) o la estación de ferrocarriles (1854). Situación análoga es la de Freirina, con sus monumentos históricos Los Portales (1870) y la iglesia de Santa Rosa de Lima (1869). Así también surgieron formalmente el resto de las ciudades de la Región y fuertemente asociados al crecimiento que experimentó la economía regional durante el siglo XIX, afloraron en el borde costero varios puertos que permitieron el embarque de los minerales. Chañaral, por ejemplo, se originó tras el descubrimiento del yacimiento Las Ánimas por Diego de Almeyda en 1824 y conoció su época de mayor auge durante la segunda mitad del siglo. Prueba de ello son las edificaciones –reconocidas como monumentos históricos– la iglesia Nuestra Señora del Carmen (1864), el Templo Anglicano (1878) y el Templo Presbiteriano (1870-1878). Posteriormente, en 1849, durante la presidencia de Manuel Bulnes, surgió por decreto ley el puerto de Caldera. Su fundación está directamente unida al mineral de Chañarcillo pues facilitó la salida de su producción a través del ferrocarril que unió ese puerto con Copiapó desde 1851. En efecto, a partir de ese año, se inició la construcción de una amplia red ferroviaria que, con los años, fue ampliando su tendido ferroviario, uniendo los principales yacimientos mineros y puertos de embarque de la Región. Pronto a ese primer tramo se unió el trayecto hasta Potrero Seco (1855) y Chañarcillo (1858), luego se conectó el valle de Copiapó hasta Los Loros y San Antonio (1867) y Paipote con Puquios (1871). Con el paso del tiempo las líneas ferroviarias siguieron extendiéndose para interconectarse con

el trazado del tren longitudinal entre los años 1875 y 1920 (Griem s/d). La red caminera también creció, tanto que para 1861, Atacama era la provincia con mayor número de kilómetros de caminos públicos construidos: 3.242 km (Pederson 2008: 239). El puerto de Huasco se inauguró oficialmente en 1850, mediante otro decreto ley del gobierno de Bulnes. Lugar reconocido desde antaño como paradero de poblaciones prehispánicas, actuó desde temprano como puerto de embarque para los minerales de la zona. No obstante, su reconocimiento formal se concretó recién a mediados del siglo XIX. Por su parte, las ciudades Tierra Amarilla y Diego de Almagro tienen una relación aún más estrecha con la minería. La primera se ubica a pocos kilómetros de Copiapó y posee una larga historia minera dada su cercanía a varios yacimientos importantes de cobre, entre los que hoy se identifican las minas Candelaria, Punta de Cobre y Ojos del Salado. Por su parte, Diego de Almagro –ubicado en la cuenca del río Salado y antiguamente conocido como Pueblo Hundido– surgió de la pequeña y mediana minería de los alrededores. Con el tiempo, se transformó en un importante nudo ferroviario del norte del país gracias a la extensión del tren longitudinal durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, este auge minero tuvo otras consecuencias como la desaparición de parte importante de la vegetación, especialmente de los valles de Copiapó y Huasco, debido a su uso como combustible para hornos de reverbero. Pese a esto, es innegable que la minería desarrollada en Atacama durante las primeras tres cuartas partes del siglo XIX, permitió que la economía regional se estructurara e incorporara definitivamente a mercados más amplios, con lo cual Atacama no solo prosperó en lo económico, sino también social, cultural y políticamente. Copiapó y las ideas liberales A mediados de siglo, Copiapó albergó parte sustancial del pensamiento progresista del país con las figuras de Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo y la influencia de una colonia argentina perteneciente a una elite gobernante e intelectual que huía de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Este pensamiento cristalizó en la Revolución de 1859, movimiento que abogaba por hacer valer, entre otras, las ideas de la separación entre iglesia y Estado, la libertad de culto, la lucha contra el autoritarismo ejercido por el Poder Ejecutivo desde la capital y las leyes de registro y matrimonio civil (Villalobos 2009). Quienes participaron de ella no solo exigían reformar la Constitución de 1833 y contener el poder presidencial, sino que también manifestaron su rechazo a las arbitrariedades del Poder Ejecutivo, como el fraude electoral, la supresión de las libertades individuales y el uso de la violencia. Si bien el gobierno central reaccionó enérgicamente y sofocó todos los movimientos armados surgidos a lo largo del país, en Copiapó, Pedro León Gallo comandó un ejército propio y derrotó a las fuerzas centralistas en la batalla de Los Loros. Sin embargo, fue finalmente vencido en el combate de Cerro Grande, en abril de 1859.

Si bien la revolución constituyente provocó el fin del período autoritario –al provocar la renuncia del candidato presidencial oficialista y supuesto continuador del gobierno de Montt, Antonio Varas – sus consecuencias y el agotamiento de muchos minerales se conjugaron para que el desarrollo económico de la zona decreciera ostensiblemente hacia 1875. A lo que se sumó el auge de la explotación salitrera en las pampas del Norte Grande, zona que a partir de esa época pasó a convertirse en la nueva área de atracción para una población acostumbrada a desplazarse tras la riqueza de nuevos yacimientos. La dependencia económica Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, Antofagasta, Pisagua, Iquique y las oficinas salitreras de la pampa se transformaron en la nueva frontera minera, cambiando el énfasis y lugar de las explotaciones desde los metales del Norte Chico a las sales minerales del Norte Grande. Si bien la actividad de Atacama no experimentó un colapso repentino, los yacimientos de plata más ricos se agotaron y cerraron, mientras los puertos se vieron forzados a disminuir su actividad. Incluso algunos de ellos casi desaparecieron, al igual que muchos asentamientos, los cuales fueron despoblados, dada la necesidad de la población de reorientar sus actividades económicas o simplemente migrar. Un ciclo de expansión y crecimiento se cerraba pero la actividad minera continuaba, aunque contraída, con la pirquinería. Pederson (2008) sitúa en 1907 el inicio en Chile de un nuevo tipo de explotación minera, la del cobre porfídico, de propiedad de capitales extranjeros y de dimensiones tan grandes como los impactos que genera en los entornos en que se instala. En 1908 comenzó a operar el yacimiento Braden-El Teniente, en 1915 Chuquicamata y Potrerillos, entre 1914-1916 (veta que a partir de 1959 siguió siendo explotada por el mineral El Salvador). Con el inicio de la gran minería, el país –y en especial, la provincia de Atacama– quedaron aún más expuestos a las fluctuaciones y frecuentes crisis de la economía mundial (Apey 1992:86). Así lo demostró el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1915. Este conflicto bélico “afectó directamente a las unidades económicas con la cesantía consecuente” (Apey 1992:89), dada la paralización de faenas de importantes compañías mineras extranjeras. Los pirquineros que trabajaban en la pequeña minería nacional resultaron ser los más afectados por esta crisis. Aunque la precariedad de este conglomerado social había sido una constante desde las primeras décadas del siglo XIX, su situación empeoró aún más en los primeros decenios de la centuria siguiente, dada la completa postración de la industria minera provocada por la guerra iniciada en 1914. A partir de dicha coyuntura, la situación de pobreza se generalizó en la provincia de Atacama, evidenciándose principalmente en una población infantil subalimentada y sin posibilidad de acceder a recursos sanitarios. Lo anterior se vio reforzado por municipios inoperantes que, carentes de fondos,

se encontraban inhabilitados para proporcionar los servicios públicos de primera necesidad. Ni siquiera la apertura del mineral de Potrerillos –de la compañía Norteamericana Andes-Cooper Mining Company– pudo detener la extensión de la pobreza, pues en el período comprendido entre ese año y 1917, muchas minas y fundiciones restringieron fuertemente su producción, mientras otras paralizaron definitivamente sus faenas y, con esto, a la principal fuente económica que tenía la zona en ese entonces (Apey 1992:85). La preocupante cesantía generada por el decaimiento de la minería local fue enfrentada por las autoridades locales y nacionales mediante improvisados puestos de trabajo en obras públicas, los cuales proporcionaron un corto respiro hasta 1918. Sin embargo, la situación regional empeoró nuevamente en 1919 con la virtual paralización total de la minería. A lo anterior, se sumaron dos intensos terremotos ocurridos en 1918 y 1922, que vinieron a acrecentar en Atacama los efectos de la crisis (Montiel 1991:49). Así también, la Primera Guerra Mundial “al flagelar violentamente a la industria salitrera, generó una corriente de migrantes que retornaba a su terruño” (Apey 1992:89), aumentando con esto, el número de desocupados y la presión sobre los escasos recursos existentes en las deprimidas localidades de la provincia de Atacama. En efecto, como ya se ha señalado, la baja sostenida que había experimentado el precio y demanda del cobre a fines del siglo XIX, provocó el éxodo de familias completas hacia las salitreras del Norte Grande y, por ende, la despoblación de Copiapó. Sin embargo, la fabricación de salitre sintético en Alemania colapsó la industria calichera, obligando a muchas familias a migrar del Norte Grande y asentarse en Copiapó, Vallenar y Freirina (Montiel 1991:49). Efectos similares provocaron a lo largo de la primera mitad del siglo XX otros hechos y procesos externos: la caída del salitre, la crisis económica de 1929 y un segundo conflicto bélico de escala mundial. Todos ellos vinieron a confirmar lo expuesta que se encontraba la provincia a las crisis externas y la dependencia económica que tenía respecto a los recursos naturales no renovables. En 1967 el gobierno de Eduardo Frei Montalva inició el proceso de compra de la mayoría de las compañías mineras, a fin de que pasaran a control del Estado. Este proceso fue finalizado durante el gobierno de Salvador Allende, específicamente en 1971, cuando se dictó la Ley Nº 17.450 que ordenó la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre. Posteriormente, durante el período de dictadura militar, se adoptó una estrategia económica neoliberal que fomentó la explotación de los recursos naturales y su exportación a los mercados internacionales. Para esto, se generó un cuerpo legal que consagró la propiedad privada como derecho fundamental, con el objeto de facilitar la concesión, exploración, desarrollo y operación de los yacimientos mineros del país, lo que efectivamente generó el crecimiento de la actividad a partir de la década de 1980. En la actualidad, la minería sigue siendo la principal actividad económica de la

región de Atacama, aunque siempre sujeta a alzas y bajas en su producción. Su participación en el PIB Regional entre 1996 y 2005 llegó a un promedio anual de 45,5% y durante la primera década del siglo XXI, la región aportó el 2% del PIB del país, mientras que en el mismo período Atacama tuvo una participación promedio del 10,8% en la producción minera nacional (ARDP 2007).

5. HISTORIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE ATACAMA Paulina Peralta Cabello Hacia un Estado Planificador (1915-1973) La actividad minera en Atacama: foco de atención de las autoridades Los primeros atisbos de políticas públicas aplicadas en la zona de Atacama están estrechamente vinculados con la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Este conflicto no solo evidenció lo expuesta que se encontraba la provincia a las crisis externas y la dependencia económica que tenía respecto a los recursos naturales no renovables, sino que además sirvió de impulso para organizar el primer cónclave minero en la ciudad de Copiapó, que en 1915 reunió a los principales representantes del rubro con el objeto de encontrar soluciones colectivas a las delicadas circunstancias en que se hallaba esta actividad en la localidad. Si bien en términos prácticos las medidas propuestas fracasaron, lo cierto es que permitió la instalación de un nuevo discurso respecto al rol del Estado en relación a las principales riquezas extractivas del país, el cual tomaría fuerza en las décadas posteriores y orientaría las acciones del aparato estatal hasta principios de la década de 1970 (Apey 1992:86). En efecto, durante la realización de este congreso se manifestó la necesidad de convertir al Estado en el principal salvaguarda de los recursos mineros del país, anhelo que finalmente se institucionalizó con la creación de la Caja de Crédito Minero (CACREMI) en 1927 (ENAMI). La Caja contaba con la atribución de construir plantas de tratamiento de minerales de baja ley, conceder créditos para explotación minera y prestar asistencia técnica, así como también con el poder para comprar y vender minerales, a fin de que los productores mineros no se vieran perjudicados por los intermediarios (Vásquez 2007:21). Con la creación de CACREMI, el Estado buscó apoyar a los pequeños y medianos mineros que, hasta entonces, debían vender su producción en grandes agencias compradoras-exportadoras que les ofrecían muy malas condiciones. Así también, fue la respuesta dada por el aparato estatal para enfrentar la opinión de aquellos que criticaban duramente la inoperancia con que el Estado chileno acostumbraba manejar los asuntos públicos, especialmente en contexto de crisis. Básicamente, se le acusaba de beneficiar con sus políticas y acciones a los grandes empresarios industriales mineros, dueños de los medios de producción, fundiciones e industrias, así como también a los banqueros más poderosos, en desmedro de los sectores populares, quienes se encontraban en una permanente situación de miseria y desprotección (Apey 1992:86; Montiel 1991:49). Años más tarde, la profunda crisis económica de 1929 propició un nuevo golpe a la frágil estructura en que se sostenía el sector minero desarrollado en la zona. Potrerillos se convirtió en la única explotación industrializada que no paralizó sus actividades tras la gran depresión económica. En efecto, el caos provocado se

evidenció principalmente en el cierre masivo de minas y fundiciones, la paralización del comercio, la carestía de artículos de primera necesidad y en la gran masa de desocupados que deambulaba al interior de la provincia (Apey 1992:93). Esta nueva coyuntura crítica reactivó las acciones estatales encaminadas a asegurar la estabilidad en la producción minera. En 1937, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y la CACREMI convocaron un congreso minero, en donde se debatió la instalación de una fundición nacional en la zona. Las esperanzas de reactivación de la minería local descansaban en este proyecto, pues su construcción permitiría trabajar yacimientos que se encontraban abandonados, dada la baja ley de sus minerales. En 1939, la recientemente creada Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), aprobó la construcción de la fundición y aportó el capital para iniciar las obras (Ibáñez 1992:120)3. Los diversos obstáculos que se interpusieron en la concreción del proyecto –entre ellos, el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial el mismo año de su aprobación– retrasaron los plazos iniciales, por lo que no fue hasta 1952 que el gobierno de turno pudo inaugurar la faena. La Fundición Nacional de Paipote fue el proyecto de mayor importancia desarrollado por la CACREMI entre las décadas de 1930 y 1950 (Zepeda 1951:55). La apertura de la fundición dio estabilidad a la industria al amortiguar los efectos de las crisis cíclicas, que provocaban el cierre de minas durante períodos prolongados. Además, con Paipote quedó de manifiesto la voluntad de los sucesivos gobiernos de consolidar un aparato estatal capaz de impulsar un desarrollo económico integral a nivel nacional y responder a las inquietudes sociales que iban surgiendo. Fue fiel reflejo del modelo de desarrollo económico y social que predominaría a partir de la década de 1940, basado en la intervención directa del aparato estatal mediante la creación de empresas productivas públicas y el fomento de la actividad económica nacional (O’Brien 1992:11). Es una muestra de la “claridad que existía en aquella época respecto del carácter que debía asumir el Estado, como cimiento fundamental para lograr la modernización del país” (Ibáñez 1992:134), concepción que se mantuvo por varias décadas, pese a los diversos gobiernos que se sucedieron entre 1940 y 1970. Su construcción fue concebida como un núcleo activo, capaz de irradiar sus efectos en un amplio radio de influencia, que iba desde Tocopilla al norte hasta Los Vilos en el sur, abarcando los distintos centros mineros ubicados en la zona (Montiel 1991:54; Zepeda 1951:55). Si bien el concepto de desarrollo que subyacía en los años cuarenta –y que por cierto se mantuvo hasta la década de 1970– se sustentaba casi exclusivamente en fomentar la producción, lo que en el caso de Atacama se relacionaba principalmente con el sector minero, la prestación de servicios a la población se vio beneficiada de forma indirecta. Es decir, pese a que en la época se creía que 3

La creación de CORFO fue un hito fundamental en la institucionalización del rol de fomento productivo que los sectores dirigentes buscaban imprimir en el accionar público del Estado. Esta institución de fomento era técnica, estatal, pero autónoma y multisectorial, dotada de significativos recursos propios.

“la producción de divisas es prácticamente la base del desarrollo económico de una región y del país”, por lo que “sin la minería, Atacama y Chile, no podrían mantener su progreso actual” (Zepeda, 1951:65), el Estado se vio en la necesidad de fomentar políticas de infraestructura e introducción de cambios tecnológicos al interior de la provincia con el objeto de modernizar la cadena productiva minera. Lo anterior se tradujo en una serie de obras y adelantos que beneficiaron a una parte de la comunidad, así como también a otros sectores productivos. Entre las acciones más importantes se tienen: un Plan de Electrificación en la zona mediante la instalación de plantas hidroeléctricas, la construcción de caminos que permitieran la salida de los productos y la extensión del alumbrado público y de otros servicios a zonas rurales, evitando de esta manera el masivo despueble de los campos (Zepeda 1951:60-61, 68). En suma, a partir de la década de 1940 se distingue en Chile un accionar del Estado orientado a fomentar el desarrollo económico nacional, muy próximo a los postulados y estrategias del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), en boga durante esos años. Con el fin de disminuir la excesiva dependencia a los mercados internacionales y sus sucesivas fluctuaciones, el aparato estatal promovió la formación de polos de desarrollo en las provincias – como lo fue Paipote– que en oposición a la concepción de enclave, eran pensados como acciones orientadas a promover un desarrollo integral de sus áreas de influencia. Los organismos estatales consideraban que la extensión de la prestación de servicios y la conectividad por medio de redes comunicacionales formaba parte de sus funciones básicas, así como también el convertirse en un agente económico protagónico, a fin de evitar la presencia de excesivos intermediarios que no hacían más que elevar los costos de producción de las riquezas no renovables. Este modelo de desarrollo económico basado en el fomento de la producción minera se profundizó a fines de la década de 1960, con la chilenización de la gran minería del cobre desarrollada entre 1967 y 1969, elemento fundante del programa de Eduardo Frei M., y su posterior nacionalización bajo el gobierno de Salvador Allende en 1971. Ambas políticas estructurales provocaron una transformación del papel del Estado en relación a las principales riquezas mineras del país: de salvaguarda a propietario de los recursos no renovables. De esta manera, se intensificó aún más la implementación de programas conducidos por agencias estatales, cuya orientación principal era fomentar la producción de este sector económico (Ver Vásquez 2007:73-88). La necesidad de diversificación: el lento estímulo de la actividad agropecuaria Esta concepción de Estado que se fue forjando a lo largo del siglo XX también se reflejó en el sector agropecuario. Las frecuentes crisis mineras provocaron que a partir de la década de 1920 tomara fuerza el diagnóstico sobre la fragilidad de la economía provincial y la necesidad de tender hacia una estructura mixta. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, la actividad agropecuaria en la zona se encontraba en un estado embrionario y la escasa expansión que experimentó dependió casi exclusivamente de las iniciativas emprendidas por

compañías privadas vinculadas a la minería, que concebían este sector productivo en función de abastecer los mercados vinculados a dicha industria y no como uno independiente, factible de ser desarrollado (Apey 1992:92-93). Esta poca extensión de hectáreas cultivables en los valles de Copiapó y Huasco se debía principalmente a la escasez de agua, la falta de irrigación de los terrenos, los ciclos de prolongadas sequías por los que atravesaban los ríos de la zona, la tala sistemática de bosques nativos durante siglos que aumentaba la progresiva desertificación del área, la presencia de grandes haciendas de propiedad individual –sobre todo en el valle de Copiapó– en donde prácticamente no se hacía un uso intensivo del suelo y la falta de mecanización de las faenas agrícolas (Zepeda 1951:26-29; 32-37). Con la crisis económica iniciada en 1929, se generó un amplio consenso respecto a la necesidad de que el Estado asumiera un rol más protagónico en el desarrollo de este sector, sobre todo en relación a la construcción de grandes obras de irrigación, capaces de paliar el problema de la escasez de agua. Sin embargo, las primeras obras de regadío construidas en Atacama “fueron realizadas por los particulares y continuadas después por el Estado” solo desde mediados de siglo (Zepeda 1951:30). A partir de entonces, se destinaron recursos públicos para solucionar los problemas de mayor envergadura, tales como embalses y tranques de regularización de caudales, represas artificiales y grandes canales para distribuir las aguas de forma más eficiente. Para cumplir con esta tarea, el Estado creó la Inspección General de Regadío, convertida años más tarde en el Departamento de Riego, organismo que realizó un Plan de Riego en el cual se proponían la construcción de nuevas obras y una serie de medidas para mejorar las ya existentes (Zepeda 1951:31, 33). De esta manera, al igual que en el sector minero, aunque varios años más tarde, el Estado chileno fue asumiendo un papel planificador en relación a la actividad agropecuaria, mediante la configuración de una institucionalidad permanente encargada de estudiar, priorizar y construir obras de gran envergadura que fomentaran el desarrollo del rubro. La Imposición del Modelo de Desarrollo Neoliberal (1973-1990) Tras el golpe de Estado en septiembre de 1973, el Gobierno Militar se propuso modificar el sistema de gobierno y administración interior del país. Aludiendo al excesivo centralismo con que había operado el gobierno derrocado, el 11 de julio de 1974 se dio inicio a un proceso de regionalización cuyos objetivos superiores eran la integración nacional, la seguridad nacional y el desarrollo socioeconómico. Respecto al primer objetivo, éste era entendido en términos de una ocupación más efectiva y racional del territorio, a fin de afianzar al segundo, el de la seguridad nacional (Comisión Nacional de Reforma Administrativa [CONARA] 1979). Ambos sentidos geopolíticos fueron explicitados por Julio Cannesa, ex presidente de CONARA, al señalar que es preciso clarificar que nuestro proceso de regionalización, no es una mera división geográfica del país, sino que obedece a definidos objetivos

geopolíticos. No habría podido ser de otra manera, puesto que como militares, nos ha correspondido un amplio conocimiento de nuestro país. Nadie mejor que nosotros, podía detectar la existencia de los graves problemas de desvinculación geográfica, la presencia de vastos espacios vacíos que obviamente atentaban contra la Seguridad Nacional, el desequilibrado desarrollo de las diversas áreas geográficas de nuestro dilatado y complejo territorio nacional, y la macrocefalia metropolitana en desmedro de importantes zonas geográficas deprimidas y la generación de cordones de miseria alrededor de los grandes centros urbanos, donde yacía antes latentes la delincuencia y la subversión (Canessa 2000:224). En relación al tercer objetivo, del mismo modo que el régimen anterior, el desarrollo también fue entendido en términos económicos. Sin embargo, ambos sistemas diferían diametralmente en su sustento ideológico, pues la Junta Militar consideraba que se había desaprovechado la privilegiada posición de Chile en el océano Pacífico. Para ellos, la “descentralización espacial de la economía era el único camino posible para incorporar naturalmente los recursos que las diferentes realidades regionales entregan como potenciales, tanto en recursos naturales y humanos” (CONARA 1979:26), lo que en otras palabras significaba la adhesión a un esquema neoliberal, en donde el foco estaba puesto en la integración creciente de Chile a la economía internacional4. Uno de los objetivos básicos de la regionalización fue entonces optimizar al máximo el intercambio económico con el exterior, pues era visto como la mejor alternativa para alcanzar elevadas tasas de crecimiento (CONARA 1979:3-5; del Picó 1996:1). La rápida inclinación del régimen hacia un modelo neoliberal determinó que la función planificadora, tal como había sido concebida en los gobiernos anteriores e incluso en los comienzos del gobierno militar, fue dejada de lado. Solo quedaron en funciones las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC), las que se abocaron a mejorar la información regional con el fin de incentivar la inversión privada, pero en ningún caso para planear el desarrollo en las regiones (del Picó 1996:3). El papel del Estado en materia económica, por tanto, se redujo a incentivar las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, apoyar las industrias regionales mediante la realización de estudios, “a fin de que el sector privado disponga de mejor información sobre las posibilidades de inversión”, proporcionar asistencia técnica y capacitación, siempre en relación con los rubros económicos o “papel vocacional de las regiones” e invertir dineros públicos en obras de adelanto que contribuyesen al desarrollo de las actividades productivas emprendidas por el 4

En 1974, el gobierno militar dictó el Decreto Ley N° 600, que modificó el sistema económico existente a la fecha y dio paso al libre mercado. Esta ley se basó en tres principios: 1. Trato no discriminatorio al inversionista extranjero; 2. Acceso libre a los sectores económicos y mercados; 3. Mínima intervención del gobierno en las actividades del inversionista. (Gobierno de Atacama [GORE] 1989:7).

sector privado (CONARA 1979:27). Para ejecutar estas inversiones públicas, CONARA creó en 1974 el Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), instrumento financiero orientado a materializar “proyectos de desarrollo regional que las propias regiones priorizan y evalúan técnicamente, cumpliendo con el objetivo de participar directamente en la definición de su propio destino” (CONARA 1979:8). Durante el Régimen Militar, los recursos del FNDR fueron asignados por los intendentes, en quienes residía el gobierno y la administración de cada región. Para la toma de decisiones, los intendentes solicitaban la asesoría de SERPLAC y el acuerdo del Consejo Regional de Desarrollo (COREDE), organismo colegiado que era presidido por ellos mismos (del Picó 1996:7). Estos fondos tendieron a ser invertidos en “obras de infraestructura para el desarrollo social y en la acción social, directamente orientada a las necesidades efectivas de la comunidad” (Canessa 2000:221). Atacama: de provincia a región (1976-1990) En el caso de Atacama, el proceso se inició dos años después, con la aprobación del Decreto Ley N° 1.317 de 1976, que determinó su división en provincias. Al igual que lo ocurrido con el resto de las nuevas regiones, los diagnósticos elaborados por el Régimen Militar se centraron exclusivamente en identificar los recursos naturales que determinarían la “vocación exportadora” de Atacama. Fue así como las principales potencialidades y perspectivas de la zona estuvieron enteramente vinculadas al desarrollo de sectores económicos primarios y secundarios tales como el minero (cobre, hierro, baritina, oro y plata), el agrícola (fruticultura y horticultura intensivas, con miras a la exportación); el pesquero (locos, ostiones, machas y algas) y el turístico (Suárez 1975; CONARA 1979:3233). Son escasas las referencias a programas, planes o formulaciones de políticas públicas económicas propiamente regionales. De hecho, para explicar el crecimiento que experimentó la actividad minera en Atacama durante la década de 1980, los funcionarios regionales tendieron a señalar que era resultado de la Constitución de 1980, pues permitió la exploración de los depósitos minerales por entidades particulares bajo el amparo de concesiones. Para ellos, “los preceptos de la carta fundamental de la Nación de 1980, son la base del crecimiento de la región de Atacama en estos años” (GORE Atacama 1989:20). Así también, en las memorias se nombran la Ley Minera de 1982, que estableció las bases legales para las concesiones de exploración y explotación; y el Código de Minería de 1983, que proveyó el marco regulatorio de las prospecciones, desarrollo y operación de minas (GORE Atacama 1990:170-171). Si bien se mencionan algunas acciones propiamente regionales, como el sistema de participación en el precio del cobre implementado para mantener la pequeña minería del cobre ante la baja del precio internacional del metal; la constitución de agencias estatales, como lo fue la creación del Departamento Regional de ENAMI, que permitió mayor agilidad de las líneas crediticias sectoriales o la realización de estudios por parte del Gobierno Regional orientados a evaluar nuevos recursos

mineros, energéticos e hídricos (GORE Atacama 1989:20), se distingue una falta de planificación de la acción pública a lo largo de todo el período. Asimismo, es posible reconocer una ausencia de metas claras en diversas áreas –ya sean productivas o sociales– con sus respectivas estrategias, procedimientos e instrumentos elaborados en función de las particularidades de la Región. En el Plan Regional 1990-2000, por ejemplo, ninguno de los objetivos expuestos fue acompañado de un diseño en el que se declarasen líneas de acción, instrumentos, actores e instituciones responsables, ni indicadores que permitan evaluar los resultados de los programas o proyectos implementados. Hay dos elementos que pueden explicar las escasas referencias que existen de políticas públicas aplicadas en la región de Atacama. En primer término, dado que “las políticas trazadas por el Supremo Gobierno […] se basan en la propiedad privada de los medios de producción y la iniciativa particular como los impulsores del desarrollo económico [se entregaba] a la iniciativa privada, nacional o foránea, un amplio campo para su conveniente desarrollo” (GORE Atacama 1989:50, 53). El rol de Estado en relación al fomento económico era, por tanto, asegurar al sector privado un vasto campo de acción, libre de trabas, por lo que resultaba innecesario, incluso perjudicial –a juicio de los funcionarios públicos– elaborar una política pública de fomento productivo. Es decir, dado que la estrategia neoliberal aplicada por el Régimen Militar tenía como objetivo la acumulación capitalista nacional y del sector privado, su política económica se limitó a fomentar el aumento de las exportaciones transadas en los mercados internacionales. En contrapartida, sí resulta evidente el carácter subsidiario adquirido por el Estado en todo orden de cosas, que en el caso específico del fomento minero, se reducía a tres ámbitos principales de acción: la realización de estudios técnicos, que “han ocupado en gran medida, los esfuerzos del Gobierno Regional, especialmente en aspectos como el desarrollo urbano y el aprovechamiento de los recursos naturales” (GORE Atacama 1989:50), la ejecución del FNDR, destinado principalmente a proyectos de infraestructura y extensión de las comunicaciones y la implementación de programas aislados que, por lo demás, no siempre fueron ejecutados, según información extraída de las mismas memorias institucionales. En segundo término, otro factor que puede explicar la inexistencia de políticas claras dirigidas hacia la Región durante este período, es la preeminencia de acciones homogéneas aplicadas de forma centralizada. En efecto, si bien se declaraba que “en este esquema, cada región proyecta y evalúa sus verdaderas capacidades y atrae estas inversiones hacia los recursos naturales que están radicados precisamente en las diferentes regiones de nuestro país” (CONARA 1979:11) y que el objetivo del proceso era “dotar a cada una de estas zonas de un grado de amplia iniciativa y razonable autonomía en su propio desarrollo económico y social” (Suárez 1975:17), lo cierto es que más que una descentralización propiamente tal, el Estado implementó una desconcentración administrativa. En los mismos documentos se afirmaba que “el proceso de regionalización no pretende jamás llegar a un sistema federal de gobierno, incompatible con sus tradiciones cívicas” (CONARA 1979:5). De forma aún más

explícita, se declaraba que “la regionalización, dentro de un Estado unitario, fue concebida como una amplia desconcentración administrativa, bajo el principio ya enunciado, que el centro no realizará ninguna acción de orden administrativo que pudiera ejecutarse eficientemente en el ámbito regional” (Canessa 2000:223), lo que en ningún caso significaba autonomía ni poder de decisión, ni siquiera de las máximas autoridades provinciales. De hecho, la política de desarrollo regional que cada SERPLAC preparaba en base a insumos proporcionados por directores de servicios y secretarios ministeriales de la zona, luego de ser sometida a la consideración del intendente, debía elevarse necesariamente al gobierno central para su aprobación o modificación, a fin de corroborar su compatibilidad con las políticas y presupuestos nacionales, lo cual restaba total independencia al proceso (del Picó 1989:10). La reforma administrativa implementada se hizo en función de optimizar el control del gobierno central, más que en garantizar a las regiones mayores grados de autonomía. En este sentido, manifiestas resultan las palabras del ex presidente de la CONARA, quien afirmaba que “en el campo político, la regionalización implica una nueva modalidad en el ejercicio del poder, ya que la autoridad central, anteriormente aislada e invisible, se acerca a la comunidad en todo ámbito territorial del Estado” agregando más adelante que este proceso constituía “el más amplio intento jamás realizado con anterioridad, de hacer sentir la presencia del Jefe Supremo de la Nación en todo el territorio nacional” (Canessa 2000:218). En otras palabras, el modelo de descentralización aplicado fue más bien “un proceso de centralización política con desconcentración administrativa” (del Picó 1989:4), en donde el grado de independencia que aparentemente se entregó a las regiones, en la práctica fue anulado por la verticalidad del régimen en la administración del Estado, por motivos de seguridad nacional y por una política económica que en ningún caso contempló un proceso de planificación (del Picó 1989:10)5. A fines de la década de 1980, los propios funcionarios regionales de Atacama resentían este verticalismo. En el Plan Regional de Desarrollo 1990-2000, al analizar el futuro de la regionalización, señalaban la necesidad de “un proceso intelectual interno en cada región, para aprender a valorar y evaluar las diferentes alternativas que pueden producirse en los planes de desarrollo de cada región”, agregando más adelante que una de las debilidades que existía en esos momentos era “que no se ha dejado a las regiones tener márgenes de libertad para definir sus propios caminos (sin salirse de las Políticas Nacionales)”. Creían que en la medida que no se permitiese “un trabajo intelectual propio y creativo de cada región, en donde se identifiquen errores y aciertos de cada uno, es difícil que el proceso de regionalización perdure en el tiempo con la efectividad que se espera" (GORE Atacama 1990:168). 5

Esta verticalidad se manifestó incluso en el ámbito local, pues los alcaldes eran designados y no elegidos democráticamente.

Obviamente, esta reafirmación del poder autocrático a partir de 1974 no permitió la constitución de ámbitos en que participaran los gobernados. Si bien el modelo fue concebido sobre la base de una línea participativa, en donde el mecanismo para canalizar las aspiraciones de la población ha sido institucionalizado a través del Consejo Regional de Desarrollo, integrado por el sector privado (laboral, empresarial, cooperativo y profesional) y un sector público característicamente ‘territorial’, ya que participan el propio intendente regional, los gobernadores provinciales y representantes de los municipios de la región (Suárez 1975:31), Resulta evidente entonces el restringido concepto de participación manejado por el Régimen Militar dado que se reducía a los organismos y actores que formaban parte del diseño gubernamental (del Picó 1989:2). En teoría, la comunidad quedaba representada en su conjunto por medio de los COREDE, los Comités Sectoriales y los Consejos de Desarrollo Comunal (CODECO), organismos colegiados presididos por el intendente. En la práctica, sin embargo, este modelo significaba la escasa o nula participación autónoma de las personas, grupos y organizaciones de base, dado que sus integrantes eran elegidos por el intendente, en conjunto con otras autoridades (del Picó 1989:12)6. Por lo demás, el COREDE solo prestaba asesoría al intendente y daba su opinión en determinadas materias, por lo que gran parte del tiempo funcionó sin ningún poder de decisión. Por su parte, la participación ciudadana a nivel comunal se llevaba a cabo mediante los CODECO, que estaban integrados por juntas de vecinos, organismos que relacionaban al municipio con el vecindario. Sin embargo, desde 1974, el gobierno central había decretado la no elegibilidad de sus dirigentes, hecho que obstaculizó aún más la posibilidad de representación de la población regional mediante organizaciones de base. El rol subsidiario del Estado en lo social Entre 1920 y 1973 el Estado se convirtió en el principal promotor de las políticas sociales. Sus esfuerzos se orientaron hacia el logro de una mayor universalidad y gratuidad en la prestación de servicios básicos a una población que creció sistemáticamente a lo largo del siglo, dada la disminución de los índices de mortalidad. Esta preeminencia de la acción pública en los asuntos sociales se inició durante el primer gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925), administración que tuvo que dar respuesta a las necesidades y presiones de grupos sociales emergentes, principalmente de trabajadores del sector minero. A partir de entonces se fue creando en Chile una institucionalidad social pública que buscaba 6

Los COREDE eran presididos por el intendente e integrados por los gobernadores provinciales, por un representante de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y por miembros designados por los principales organismos públicos y privados que ejercieran actividades en la región.

dar solución a los problemas crecientes de la población. En este sentido, destacan los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular (1938-1941), la “Revolución en Libertad” de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y el más radical del presidente Salvador Allende Gossens (1970-1973), administraciones en donde el Estado asumió un rol gravitante en la satisfacción de demandas sociales provenientes de la clase media, primero, y de los sectores populares –urbanos y rurales– después (Molina 1995:169). Si bien nunca logró convertirse en un Estado de bienestar propiamente tal, las políticas y programas implementados por el aparato estatal entre los años cuarenta y setenta tendieron hacia el ofrecimiento de estrategias inclusivas de sectores históricamente marginados y excluidos del desarrollo nacional (Marcos Fernández comunicación personal 2010)7. Esta preponderancia del sector público se reflejó en su activa participación en áreas como educación, seguridad social, salud y vivienda, cuya oferta de servicios e infraestructura estuvo radicada fundamentalmente en organismos del Estado. Entre los principales cambios estructurales aplicados entre las décadas de 1940 y 1960 se tienen el activo papel empresarial asumido por el Estado, el aumento de la escolaridad básica a los ocho años de edad, la mayor sindicalización obrera y campesina, la asociatividad de las bases comunitarias y la reforma agraria (Molina 1995:169). Sin embargo, durante este período, se fue desarrollando un desequilibrio entre el aumento del gasto social y la disponibilidad de recursos fiscales. El crecimiento constante de la población y la dispersión institucional –que aumentó los costos administrativos del funcionamiento estatal– terminó por socavar este sistema público a principios de 1970 (Molina 1995:169). Tras el golpe militar, el Estado empresarial, planificador y cuyo accionar se orientaba al ofrecimiento de estrategias de inclusión fue desmantelado. A su vez, se instaló un concepto de bienestar basado en el supuesto de que era el mercado y no el Estado el que permitía alcanzarlo de forma generalizada. Obviamente, esto redundaba en la inhibición del papel que tradicionalmente había asumido el Estado respecto a la provisión de servicios básicos a la población. Se creía que al transformarse el mercado en la principal fuente de obtención de bienestar, la acción del aparato estatal debía focalizarse solo en aquellos que se encontraban en situación de extrema pobreza. El gasto público, por tanto, fue drásticamente reducido en este período y el Estado se limitó a realizar acciones compensatorias frente a los desequilibrios generados por la libre actuación de las fuerzas del mercado mediante programas especiales de desempleo, subsidios familiares y pensiones asistenciales (Pizarro et. al. 1995:vii). Los gastos se concentraron en acciones de carácter asistencial y en inversiones en agua potable y alcantarillado, obras dirigidas de forma prioritaria a los sectores de escasos recursos. Tanto en la región de Atacama como en otras, las 7

A diferencia de lo planteado por la literatura especializada en políticas sociales chilenas desarrolladas durante gran parte del siglo XX, Fernández descarta la configuración de un Estado benefactor en nuestro país. En su lugar se distingue una concepción de Estado orientado al ofrecimiento de estrategias de inclusión en un panorama de marcada exclusión.

principales iniciativas se orientaron a proporcionar bienes básicos a familias en condiciones de vulnerabilidad extrema, tales como alimentos, salud primaria, medicamentos, materiales de techo, entre muchos otros, que dan cuenta de un enfoque focalizado, asistencialista y centrado en carencias materiales, más que en el desarrollo de capacidades o la generación de igualdad de oportunidades. A partir de 1980, las agencias estatales contaron con instrumentos que perfeccionaron la efectividad de estas acciones, pues permitieron identificar de manera más exacta los grupos de extrema pobreza. Así también, en el Plan de Desarrollo 1990-2000, se menciona el comienzo de la utilización de encuestas, que si bien eran precarias y exclusivamente centradas en detectar necesidades materiales, dan cuenta de una intención por conocer las demandas de la sociedad regional (GORE Atacama 1990:28). Por otra parte, la reducción del tamaño del Estado provocó la instalación de comunidades de voluntariados en la Región. Con la acción de diversas corporaciones mayormente lideradas por miembros de las fuerzas armadas8 se buscó suplir la ausencia del Estado en ámbitos como la salud e higiene, la capacitación profesional, la recreación e integración comunitaria y la canalización de la actividad mediante la ejecución de proyectos de desarrollo social. Asimismo, consecuente con los principios neoliberales, la disminución de los recursos destinados a salud, educación y vivienda, provocó la transferencia de estas funciones al sector privado y la delegación de la responsabilidad de prestar servicios en educación básica y media, así como la atención primaria en salud a las municipalidades, lo que generó una progresiva presión sobre los recursos de estos organismos locales, en especial de los más vulnerables (Molina 1995:170171). Desde entonces y hasta la actualidad, gran parte de la política social dirigida a la población ha sido gestionada desde el nivel municipal a través de transferencias de fondos desde el nivel central, los que generalmente han resultado insuficientes. Lo anterior ha provocado que el gasto social anual dependa en gran medida de los recursos propios de las alcaldías9, generando muchas desigualdades en la prestación de servicios básicos y bienes públicos, sobre todo por el nivel de pobreza que presenta cada comuna de la Región (Porras y Espinoza 2005:364). Los trastornos generados La implementación del modelo de libre mercado en la Región generó una serie de perturbaciones, cuyos efectos aún se pueden percibir. El criterio de las ventajas comparativas al momento de definir las orientaciones productivas al interior de la Región provocó la desaparición gradual de una estructura económica más 8

Entre ellas destacaron la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN), la Corporación de Ayuda al Niño Lisiado (COANIL), la Corporación Nacional del Cáncer (CONAC), la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM), la Cruz Roja y la Agrupación de Centros de Madres (CEMA Chile). 9 Los recursos propios de los municipios derivan de las matrículas, las consultas médicas realizadas en consultorios públicos, dineros de financiamiento compartido, patentes y una variedad de subvenciones fiscales.

heterogénea, situación que se evidenció principalmente en el sector agropecuario. El aumento de las exportaciones, principalmente de la uva de mesa, cultivada desde fines de la década de 1970, estimuló el desarrollo de una agroindustria que prácticamente ha establecido un monocultivo en el valle de Copiapó (Montiel 1991:61; Pardo 2009a:38), y con esto, la concentración de la actividad económica en unas pocas firmas, dejando a la mayoría del campesinado –entre los que se cuentan los pueblos originarios– con escasas posibilidades de acceder a la tierra, así como también de ampliar o mantener sus predios agrícolas (Chile Sustentable 1999:77). Por otra parte, pese a que el Producto Geográfico Bruto creció en la Región con el aumento de las exportaciones y la apertura financiera, no queda del todo claro que esta especialización regional haya incidido de la misma manera sobre el empleo a nivel local. Se cree que la explotación minera incentivada a partir del Régimen Militar no generó los empleos esperados, pues pese a que es una actividad muy intensiva en capital, demanda escasa mano de obra. Así también, resulta inquietante la precarización del empleo y la desprotección legal que afecta a algunos trabajadores mineros, quienes por su transitoriedad y la escasa especialización, no han logrado desarrollar mayores capacidades organizativas ni mecanismos de presión (Chile Sustentable 1999:102). A su vez, la minería ha aportado poco al desarrollo de las regiones donde opera, pues mientras la producción aumenta, traduciéndose en un incremento de las exportaciones, especialmente en las regiones I, II y III, los indicadores sociales de sus habitantes no mejoran. Al contrario, hay inequidad en la distribución del ingreso. Por ejemplo, en la Región de Atacama, el 10% más rico recibe el 41,2% de los ingresos, mientras el 10% más pobre solo recibe el 2% (Chile Sustentable 1999:103). Así también, el modelo de libre competencia condujo a una explotación desmedida de ciertos recursos naturales, situación que el aparato estatal, en su lógica de intervenir lo menos posible y dar amplia libertad individual, no reguló. Si bien hacia finales del período militar se distinguen algunas muestras de preocupación de las autoridades regionales, al dedicar en sus memorias algunas páginas para describir los casos más graves de deterioro medioambiental, lo cierto es que su accionar fue casi nulo en este sentido. Esta gran expansión minera fomentada en la Región por el Régimen Militar ha ocasionado variadas consecuencias, pues además de amenazar severamente el entorno, ha significado la sobreexplotación de recursos naturales no renovables, situación difícil de sostener en el mediano plazo (Chile Sustentable 1999:99-100). Uno de los principales problemas que aqueja a la Región es la presión ejercida por la minería sobre el agua. Junto con ser el rubro que causa mayor contaminación hídrica, la desmedida expansión de la inversión extranjera en este sector ha provocado la apropiación de este recurso. En zonas de escasez hídrica como la región de Atacama, la minería ha provocado una competencia con el sector agropecuario por los recursos hídricos disponibles. El aumento de la demanda de

agua, su contaminación y los conflictos de intereses por su utilización están generando una serie de problemáticas, que no solo atentan contra el desarrollo de otros sectores económicos que dependen del agua, sino también la disponibilidad de agua potable para amplios sectores de la población10. Además, ha ocasionado la pérdida de derechos de agua de comunidades ancestrales y ha reforzado la monoproducción regional, que inhibe el surgimiento de alternativas capaces de diversificar productivamente los territorios (Chile Sustentable 1999:95). Junto con afectar el aire, el suelo y el agua, la desregulación de las actividades extractivas ha provocado impactos en la salud de la población. La inexistencia de políticas ambientales durante varias décadas ha puesto en serios riesgos la salud de muchos habitantes de la zona, principalmente de los que se encuentran expuestos a las emisiones de las fundiciones cupríferas, que son las que causan los daños más severos. Asimismo, se ha puesto en peligro el desarrollo económico regional, dada la vulnerabilidad provocada por su baja diversificación productiva y su orientación a sobreexplotar sus recursos no renovables (GORE Atacama 1996:30). Por último, la falta de espacios de participación de la sociedad civil, la excesiva rotación de las autoridades regionales y la alta proporción de funcionarios públicos que no provenían de la comunidad, impidió en este período la formación de una identidad entre la sociedad y el Gobierno Regional (del Picó 1989:12). Una parte significativa de los gobernados fue sistemáticamente ignorada y excluida por un sistema que privilegiaba al sector productivo privado. El proceso de reconversión económica desarrollado a partir de la década de 1970 y los cambios experimentados por los ciudadanos, quienes fueron siendo transformados en función de nuevas dinámicas de producción y consumo, provocaron el debilitamiento de las sociedades de base presentes en la Región. Así también, la competencia desenfrenada impuesta por el sistema ha generado que muchos sectores sociales cuya existencia dependía de actividades económicas tradicionales se hayan desintegrado frente al modelo de acumulación capitalista imperante, lo que claramente atenta contra la identidad individual y regional. A su vez, ha provocado nuevas desigualdades, al reforzar las brechas existentes entre las zonas prósperas y las rezagadas, que no perciben los beneficios del desarrollo económico (Ministerio de Planificación y Cooperación [MIDEPLAN] s/d:12).

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El Código de Aguas dictado en 1981 privatizó la propiedad del agua, separándola del dominio de la tierra y permitiendo su compra y venta en el sistema de libre mercado. Según el Código, los derechos de aprovechamiento son concedidos por la Dirección General de Aguas (DGA) para su redistribución y comercialización entre particulares. El aspecto más delicado del ‘mercado del agua’ es que “los derechos de aprovechamiento son concedidos en forma gratuita y a perpetuidad, sin obligar al particular que los posee a declarar cómo y cuándo usará el agua. Tampoco existe costo alguno por su no utilización, por lo que estos derechos pueden ser conservados con fines meramente especulativos. Hasta fines de la década de 1990, los derechos de agua fueron los únicos de propiedad que se otorgaron gratuitamente y sin exigencias de patentes o impuestos. (Ver Chile Sustentable 1999:95).

Continuidad, cambios y Matices Durante los Gobiernos de la Concertación (1990-2009) El modelo implantado en dictadura no varió significativamente durante los primeros años del retorno a la democracia, pues al igual que el gobierno anterior, durante la administración de Patricio Aylwin (1990-1994) los esfuerzos también estuvieron orientados a mantener altas tasas de crecimiento económico, a fin de reducir los elevados niveles de pobreza. No obstante, se configuraron nuevas políticas sociales tendientes a favorecer la equidad en la distribución del crecimiento y en 1992 se comenzaron a desarrollar otros mecanismos de articulación de la inversión pública. Esto ha llevado a que mayores montos de los recursos públicos sean de decisión regional, haciendo viable ejecutar los recursos propios de los gobiernos regionales en programas y proyectos orientados a áreas estratégicas del desarrollo local. En efecto, la creación de un fondo regional, el FNDR, es quizás uno de los aspectos más valorados del sistema de gobierno interior implementado por el Régimen Militar que heredó la Concertación de Partidos por la Democracia en 1990. De hecho, durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) se concretaron nuevas iniciativas públicas conducentes a optimizar los procesos de descentralización fiscal. Junto al FNDR, se confeccionaron otros instrumentos técnicos de inversión pública descentralizada: los fondos ISAR (Inversiones Sectoriales de Asignación Regional), IRAL (Inversiones Regionales de Asignación Local) y los convenios de programación (Raczynski y Serrano 2001:13)11. Con esto, se ha intentado fortalecer la administración pública regional, al otorgarle mayores competencias fiscales y capacidad de gestión a través de la creación de Programas de Inversión Sectorial a nivel regional y de Inversión Regional a nivel local. En el marco de reforma y modernización del Estado, otro impulso dado al proceso de descentralización durante el gobierno de Frei fue la plena instalación y consolidación de los gobiernos regionales, los cuales han ido asumiendo mayor poder en la toma de decisiones (Porras y Espinoza 2005:365; MIDEPLAN s/d:6). Una de las iniciativas más importantes en este sentido fue la creación de las Divisiones de Planificación y Desarrollo Regional al interior de los gobiernos regionales, concretada durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Con esta medida, las autoridades regionales asumieron la competencia de planificar el desarrollo local, tarea que históricamente había sido ejercida de modo centralizado. No obstante, pese a los adelantos descritos, a principios del siglo XXI se estimaba que la descentralización había sido “un proceso incompleto, en la medida que se ha restringido al ámbito institucional” (Raczynski y Serrano 2001:14). En un 11

Otros instrumentos heredados del régimen anterior fueron los planes de desarrollo regionales, comunales y financieros, que han reinstalado la noción de planificación estratégica en los organismos públicos.

estudio realizado el año 2001, se consideraba que el modelo de descentralización chileno se había limitado a lo meramente normativo, desestimándose la funcionalidad potencial que tenía de acercamiento efectivo de las autoridades a la ciudadanía. Así también, se habían descartado otros enfoques, en especial aquel que justifica la descentralización por la diversidad local. Más específicamente se señalaba que “al existir en la sociedad territorios y comunidades con necesidades y preferencias, con historia, con rasgos socioculturales, recursos, sistemas económicos y actores diversos, se requiere de políticas y apoyos también diversos”. Sin embargo, en la realidad, habían primado las políticas centralizadas que “no logran responder con pertinencia a las situaciones particulares” (Raczynski y Serrano 2001:12). Es decir, las innovaciones introducidas habían sido incapaces de generar espacios de participación y control comunitarios que permitieran una definición de políticas desde la base social (Raczynski y Serrano 2001:21). Profundizar la participación: una tarea pendiente La inclusión del nivel microsocial en la definición de cursos de acción de las políticas públicas es hasta hoy un tema sensible. Si en las décadas anteriores a la implementación del modelo neoliberal, la participación de la sociedad civil en la definición de políticas y programas fue escasa, dado los pocos canales institucionales ofrecidos por las autoridades, durante el Régimen Militar esta situación se agravó, pues “como el tejido social fue destrenzado, la participación estuvo extremadamente restringida al reducido grupo de los que asentían y, por lo tanto, el poder de la sociedad civil no fue reconocido” (del Picó, 1993:9). A partir de 1990, había consenso sobre “otorgar efectivo poder social, esto es, reconocer la capacidad de tomar decisiones que tiene una comunidad para decidir sobre su propio medio”, a fin de que “la identidad cultural que se genere en cada persona respecto de su comunidad inmediata” no fuese “simplemente el dato pasivo de la entrega de un patrimonio heredado o la aceptación pasiva del lugar donde cada cual le tocó en suerte pertenecer” (del Picó, 1993:9-10). En los hechos, los compromisos sobre traspaso de mayor autonomía y capacidad de gestión a las unidades locales asumidos por el Ejecutivo, se materializaron por medio de dos hitos emblemáticos. El primero, de 1992, fue la elección democrática de concejales y alcaldes en el nivel comunal, mientras que el segundo data de 1993, año en que se aprobó la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, que erigió los gobiernos regionales y el Consejo Regional (CORE), órgano representativo de elección indirecta por parte de los concejales municipales de cada región (Raczynski y Serrano 2001:13). En esta ley, la descentralización fue definida como la transferencia de competencias desde la administración central a otras administraciones que contasen con personalidad jurídica y patrimonio propio, categoría que comprendía a los gobiernos regionales, los cuales dejaban de estar jerárquicamente subordinados al poder central, mientras este último pasaba a cumplir una función de supervigilancia y coordinación (Ministerio del Interior 2006).

Sin duda que esto ha generado significativos avances, al revertir la dinámica en donde las políticas aplicadas en región se hallaban históricamente condicionadas a los presupuestos asignados por el gobierno central, reduciendo el rol de las autoridades regionales a la aplicación de los instructivos emanados desde el nivel central. Sin embargo, las iniciativas tomadas en esta línea durante los primeros diez años resultaron a todas luces insuficientes para promover “una auténtica construcción social de la localidad” (del Picó, 1993:10). Con el objetivo de encarar esta falencia, en 2004 se elaboró un Plan de Participación para la región de Atacama, en respuesta al cumplimiento del instructivo presidencial de generar oportunidades de participación concreta en la implementación de políticas públicas. La idea era que los gobiernos regionales consideraran el componente participativo al momento de diseñar e implementar sus respectivas estrategias de desarrollo. Bajo la lógica de modernizar el Estado, se esperaba incorporar a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, a fin de fortalecer la confianza y el compromiso de la comunidad hacia el accionar público. No obstante, este documento es más bien declarativo y normativo pues si bien explica la estrategia en términos generales, no presenta particularidades respecto a la región de Atacama como unidad territorial, por lo que perfectamente podría ser aplicado en cualquier otra región. Además, presenta ciertas deficiencias en relación a la participación de la sociedad civil en la definición de áreas y temáticas prioritarias de la localidad, así como también en el diseño de las políticas en sí. Dentro de sus objetivos solo se mencionan mejorar la calidad y oportunidad de la entrega de información de los programas y políticas (ciudadanos en calidad de usuarios de los servicios públicos), incorporar a la comunidad como variable de análisis en las evaluaciones de las políticas y programas públicos, garantizar respuesta pertinente y oportuna de las peticiones, reclamos y recursos que presenten o interpongan (nuevamente en calidad de destinatarios), desarrollar estrategias de fortalecimiento de organizaciones de base, entre otros. Si bien en el texto aparecen referencias a la idea de control social, no es considerado dentro de los objetivos, ni tampoco ninguno de éstos guarda relación explícita con la noción de empoderamiento propiamente tal, salvo los referidos a evaluación y, en cierta medida, a la manifestación de su parecer en calidad de destinatarios de las políticas implementadas (División de Organizaciones Sociales [DOS] 2004). En síntesis, la incorporación de elementos participativos en los programas públicos ha sido insuficiente e instrumental, generando soluciones poco pertinentes y no sustentables en el tiempo (Raczynski y Serrano 2001:20). En cuanto al nivel municipal propiamente tal, su actual estructura política sigue sin dejar mucho espacio para la participación ciudadana. Los Consejos Económicos y Sociales (CESCO) son meros órganos consultivos que están integrados por representantes elegidos por las organizaciones de base, quienes participan de la vida municipal siempre que el alcalde lo estime conveniente. De ahí que no sea el canal más utilizado por los ciudadanos y organizaciones sociales al momento de

expresar sus demandas, buscar solución a sus problemas y dirigir sus denuncias (Porras y Espinoza 2005:365). Concepto de desarrollo y políticas sociales Esta área de las políticas públicas presenta varios matices en relación con el modelo heredado. Si bien mantuvieron el sistema neoliberal, los gobiernos concertacionistas plantearon que “su concepto de desarrollo comprendía de una forma inseparable el crecimiento y la equidad”, dado que la experiencia había demostrado que el crecimiento no era “una condición suficiente para alcanzar equidad, sino que resulta necesaria una participación del Estado para corregir los elementos de desigualdad implícitos en un sistema que se rige por el mercado” (Molina 1995:173). En el caso específico de la región de Atacama, se señalaba a principios de los noventa que “nuestra región es reconocida por sus riquezas naturales, recursos mineros, clima, suelo, calidad de sus bahías y hermosos paisajes, entre otros; sin embargo, no son suficientes para enfrentar las crecientes exigencias del mundo laboral y el desarrollo sustentable”, agregándose más adelante que el desarrollo de los territorios “ya no se funda solo en sus recursos naturales, sino [que] está asociado cada vez más a las capacidades de sus trabajadores, hombres y mujeres” (Duarte 2004:7). Lo anterior se ha traducido en un accionar inspirado en el enfoque garantista, que interactúa con la focalización del gasto social, a fin de superar los índice de extrema pobreza que existen en el país. Lenta, pero progresivamente, los términos que orientan la política de superación de la pobreza se han fortalecido con contenidos centrados en el desarrollo individual y comunitario (integración social, igualdad de oportunidades, ciudadanía, expansión de capacidades, participación social, etc.), sobre todo con el gobierno de Michelle Bachelet, que hizo suya las consignas de gobierno ciudadano y la implementación gradual de un sistema de protección social universal. No obstante, muchas veces, la desigualdad que caracteriza a esta sociedad ha determinado que el foco siga estando en suplir carencias, más que en identificar potencialidades y capacidades. En la actualidad, existe una cobertura casi completa de ciertos servicios básicos – como lo son educación y salud–, aunque con ciertas deficiencias en lo que se refiere a vivienda. Sin embargo, persisten los problemas cualitativos, como lo son la calidad de la educación y la salud, pese a las reformas implementadas, y el grado de eficiencia para llegar al grupo objetivo que se desea beneficiar. En el caso de Atacama, la Región se ubica, según el índice de competitividad regional 2008, en el penúltimo lugar del ranking nacional en la variable educación, dado los bajos resultados obtenidos en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) y la Prueba de Selección Universitaria (PSU) (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo [SUBDERE] 2009:57). En conclusión, las desigualdades en la distribución de los ingresos y las oportunidades de desarrollo no han podido ser superadas, pese a la implementación de políticas orientadas en ese sentido. Los problemas priorizados por organizaciones ciudadanas de Copiapó, Huasco, Vallenar y Tierra Amarilla continúan siendo, en materia

económica y social, la falta de oportunidades para los que se quedan en la Región, además de la falta de calidad en el acceso a la educación y la salud (Chile Sustentable 1999:195). Temas emergentes Durante este período se han incluido nuevos temas a la agenda regional. En primer lugar, el tema de la gestión y administración del agua, crucial para la población regional, se está abordando a través de mecanismos que buscan incorporar sus demandas, necesidades y posturas. Se están realizando “mesas de agua” en que organismos, colectividades regionales y usuarios de la cuenca son representados al momento de buscar soluciones a la problemática. De hecho, a raíz de sus gestiones se está postulando una reforma constitucional que enfrente el sobre otorgamiento de derechos de agua en la cuenca (Pardo 2009b:28). Paralelamente, a partir del año 2000, han surgido nuevas e interesantes iniciativas para descentralizar la inversión pública y orientarla a temáticas de interés de la comunidad. Este al menos es el caso de los programas administrados por la SUBDERE, entre los cuales destacan el de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, el de Electrificación Rural o Chile Emprende. El tema relacionado a los pueblos originarios también ha sido instalado en la agenda programática del gobierno regional, en consonancia con la actitud del Estado en su conjunto, que a través de su política de Nuevo Trato y del Pacto Social por la Multiculturalidad, anunciado el 1 de abril de 2008, ha manifestado el reconocimiento de las etnias. Este Marco de Acuerdo contempla cuatro áreas de cooperación, que son: la construcción de instancias de diálogo social entre las instituciones públicas, organizaciones indígenas y actores sociales relevantes; la promoción y difusión de los derechos de los pueblos indígenas; el fomento del desarrollo integral y la gestión del desarrollo, mediante el diseño o adecuación de políticas públicas de desarrollo orientadas a los pueblos indígenas, con participación de las organizaciones indígenas en la definición de las mismas y el fomento de políticas públicas de multiculturalidad, a fin de que la sociedad chilena comprenda su carácter multiétnico y cultural (Gobierno de Chile s/d). La presencia histórica de comunidades collas en la región de Atacama (se han creado 11 organizaciones entre 1995 y 2001 pertenecientes a esta etnia), diaguitas y de otras etnias (aymara, mapuche), dan una idea del proceso de recomposición organizacional e identitaria ocurrido durante los gobiernos de la Concertación. Se propone fortalecer la cultura indígena y fomentar el respeto hacia ella a través de medidas tales como un catastro de sitios arqueológicos y patrimoniales, la recopilación de antecedentes históricos en cuanto a la lengua, la toponimia, etc., y su incorporación a los planes de estudio (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes [CNCA] s/d:17-20). Otro tema que ha tomado fuerza con la creación del CNCA, ha sido justamente el fomento público de los ámbitos artístico y cultural. Una vez instalada la institucionalidad pública en la Región, se elaboró una política regional para el

período 2005-2010. A grandes rasgos, el diagnóstico regional era el siguiente: a pesar del aporte de la región de Atacama al proyecto país, en tanto lugar de encuentro entre españoles y pueblos originarios y punto de partida de los primeros en su expansión al resto del país; así como también importante centro económico del Chile del siglo XIX y cuna de connotadas personalidades, “el siglo XX gestó un Chile distinto, centralista, mirando hacia Europa, hacia la élite chilena” (CNCA s/d:9). Para enfrentar el aislamiento y la consecuente desventaja de los artistas regionales frente a los de la capital, la política cultural regional propone asegurar que las tres provincias de la Región cuenten con una escuela artística. Por su parte, el tema patrimonial es especialmente relevante para Atacama, figurando como prioridad en la Estrategia de Desarrollo Regional. Sin embargo, la falta de experiencia no permite aprovechar el enorme capital patrimonial material e inmaterial existente. Así también, un tema muy relevante es la concepción de desarrollo sustentable, instalado a partir de 1990. Ese año, el gobierno regional de Atacama imbuido por la relevancia que fueron adquiriendo los temas ambientales en la agenda pública de la regional –que además coincidía con el aumento de la sensibilidad ambiental en la comunidad– tomó medidas para proteger el río Copiapó y evitar los rápidos avances de la contaminación atmosférica provocada por las mineras. Sin embargo, fue con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en marzo de 1994, que se asentaron los soportes del Sistema Regional de Gestión Ambiental. El eje articulador de este sistema pasó a manos de la Dirección Regional de la Comisión Nacional de Medioambiente (COREMA) (Comisión Nacional de Medioambiente [CONAMA] 1999:12). En 1999, COREMA propuso una política ambiental para el desarrollo sustentable en la Región, que cuenta con un detallado diagnóstico sobre los riesgos ambientales generados por la excesiva presión sobre los recursos naturales renovables y no renovables, lo que hacía creer en una coincidencia entre las políticas nacionales con las regionales y locales, así como también con la preocupación ciudadana por el tema (CONAMA 1999). Sin embargo, en los últimos años se ha generado una crisis profunda por el incumplimiento de una promesa hecha por Michelle Bachelet durante su campaña sobre proteger los glaciares y no aprobar su remoción. El camino construido por la empresa minera Barrick Gold sobre el glaciar Esperanza ha reducido los hielos de la zona entre un 56% y un 70% de su capacidad. La aprobación del proyecto minero por la autoridad ambiental vulneró el derecho al agua de los huascoaltinos, descendientes de los diaguitas, y demostró la manipulación política de la ley ambiental por la propia COREMA, ante lo cual la ciudadanía se ha movilizado desde febrero de 2006 (Pérez 2008). La preocupación casi obsesiva por el crecimiento económico mostrada por los gobiernos de la Concertación ha provocado que la aplicación de la Ley Ambiental haya sido constantemente desvirtuada. Así, problemas emblemáticos de contaminación en la Región no han sido adecuadamente enfrentados, manteniendo la política de conceder amplias atribuciones a los grandes proyectos mineros e industriales. Solo por dar un ejemplo, la contaminación causada por

Potrerillos fue emprendida a través de la relocalización de las poblaciones aledañas para alejarlas de las fuentes contaminadoras, en vez de fomentar planes de descontaminación que modifiquen los procesos productivos, a fin de reducir emisiones (Chile Sustentable 1999:105), situaciones que se repiten en Huasco, frente a la Central Guacolda y en Copiapó, frente a los afligidos pobladores afectados por la contaminación de Paipote (Chile Sustentable 1999:124-125). Otra temática no abordada por el Estado chileno ha sido el abandono de minas, tranques e instalaciones mineras, los que al estar ubicados en cursos de aguas generalmente se rebalsan accidentalmente. Por lo menos hasta fines de la década de 1990, no existía legislación que regulara o fiscalizara los tranques o sitios en abandono, ni tampoco identificara responsables para rehabilitar las tierras en proceso de deterioro (Chile Sustentable 1999:101). Finalmente, las políticas de fomento productivo desarrolladas en las dos últimas décadas han ido privilegiando un enfoque más territorial, a fin de que sean más acordes al contexto particular de los destinatarios. Pues el progresivo empobrecimiento de los pequeños agricultores y el proceso de concentración de la propiedad, temas que históricamente han afectado la zona y que se han acrecentado desde la década de 1980, deben ser enfrentados de manera urgente.

SEGUNDA PARTE

6. UNA APROXIMACIÓN A LAS IDENTIDADES DE LA REGIÓN DE ATACAMA Mauricio Lorca Actualmente al interior de la región de Atacama se identifican distintas formas identitarias, algunas la atraviesan transversalmente, otras se asocian a territorios bien definidos. Pero todas generan sentimientos de pertenencia y arraigo fruto de la adaptación a su respectivo medioambiente y a dinámicas históricas y socioculturales propias, que dan cuenta de procesos de continuidad y cambio que les permiten seguir desenvolviéndose en el tiempo. Con el objetivo de comprender esta diversidad de identidades, el Estudio definió cinco unidades territoriales y en cada una identificó casos de estudio representativos de sus dinámicas sociales y culturales. Algunos de estos casos corresponden a comunidades claramente delimitadas y otros a asociaciones sectoriales. En las primeras se enfatizó el análisis de las prácticas cotidianas y los discursos sobre el pasado y futuro que dan sentido a sus procesos identitarios, mientras que en las segundas se analizó la configuración de discursos asociativos de carácter territorial y su vinculación con los procesos de identificación/diferenciación. A continuación se presenta una síntesis de los resultados de estos casos de estudios. A partir de la discusión de éstos se problematizan las actuales configuraciones identitarias regionales. El Desierto Interior de la Provincia de Chañaral Históricamente esta unidad territorial ha estado asociada al desarrollo de la minería, la principal actividad económica regional. Las actividades mineras configuran un particular estilo de vida, en el cual las dinámicas del trabajo estructuran las prácticas y relaciones sociales y con ello las identidades. En este sentido es posible hablar de una identidad minera que emerge asociada a los ciclos y procesos productivos. Así el trabajo en la mina actúa como núcleo discursivo de una narrativa identitaria caracterizada por la inestabilidad, dependencia y movilidad. En las familias mineras el sentido de identidad no tiene que ver necesariamente con la noción tradicional de arraigo a un territorio determinado, sino más bien con la pertenencia a un grupo y la continuidad histórica de sus saberes y prácticas. En esta unidad territorial coexiste la gran minería de la División El Salvador de CODELCO, con la minería artesanal de pirquineros que trabajan en los sectores de El Salado, Inca de Oro y Diego de Almagro. Pese a sus notorias diferencias, ambas comparten la dependencia a los mercados internacionales, lo que otorga un sello diferenciador a sus formas de habitar el territorio. Como caso representativo de las dinámicas identitarias configuradas en este territorio se seleccionó la comunidad de Inca de Oro, cuya historia se ha forjado en

los altos y bajos de la producción minera lo que la hace semejante al resto de comunidades nacidas bajo la lógica del campamento. Sin embargo, el interés en esta comunidad se explica también por su particular sentido de arraigo al lugar, el que hoy genera procesos de patrimonialización mediante los cuales la población local se reconoce y valora en tanto testimonio de la tradición minera regional. Inca de Oro: construyendo identidad, entre inestabilidad y arraigo El poblado se ubica al interior del desierto de la provincia de Chañaral, en el Llano de San Pedro de Cachiyuyo. Su constitución se liga a la expansión de la actividad minera de fines del siglo XIX, en torno al mineral de Tres Puntas. Ya para comienzos del siglo XX se identifica con claridad la existencia de un núcleo habitacional conocido como Cuba o Inca de Oro. En la actualidad el poblado vive de una pequeña minería extremadamente contraída por el agotamiento de las vetas, la caída de las leyes de sus minerales y la dependencia del precio del metal a los mercados internacionales. Una historia de altos y bajos Inca de Oro nace y se desarrolla a partir de los ciclos mineros, es así que narrar la historia comunitaria sea dar cuenta de los periodos de auge y crisis de las actividades mineras. Este relato se inicia con la crisis y cierre de las oficinas salitreras cuya consecuencia fue la migración de los mineros del Norte Grande hacia la Región, siendo el poblado un foco de atracción para la población que se desplazaba. Posteriormente, durante las décadas 1940 y 1950, producto de la actividad aurífera, se recuerda la llegada al poblado de colonias extranjeras, por ejemplo, la china vinculada a la actividad comercial. Ciclo que se revierte a fines de la década 1950 cuando el auge de la minería del oro termina y parte importante de la población de la localidad emigra a Mina Vieja, en Potrerillos. La tendencia se vuelve a revertir en la década siguiente con la apertura de una fierrera en la localidad y el hallazgo de minerales como Doña Ester, Patricia, Soledad, La Despreciada y Santa Fe, los que vienen a reactivar las relaciones económicas con otras localidades de la provincia, como son Diego de Almagro y el puerto de Chañaral. A principios de los años 1980 se identifica otro ciclo económico desfavorable, esta vez efecto de la baja en los precios internacionales del oro, principal recurso de la comunidad. Asociado a la crisis en el precio de ese metal, los relatos identificaron también en este momento el comienzo de emigraciones masivas que modifican algunas dinámicas tradicionales a la localidad, haciendo emerger el abandono del pueblo como hito local. Sin embargo, para fines de la misma década, entre los años 1987 y 1990, el poblado nuevamente vive el comienzo de un breve auge minero mediante el

hallazgo de oro en uno de los cerros colindantes. Hallazgo que implica la llegada de nuevos pobladores, esta vez venidos de las comunidades aledañas y de más al sur. Fueron tiempos que en los lavaderos de oro las mujeres recién llegadas asumieron también labores mineras. Aunque ya para 1990 la extracción de oro decae, iniciándose un nuevo periodo de crisis que, según la comunidad, se mantiene hasta hoy. La práctica minera se vincula a ciclos de expansión y contracción de la demanda de metales, lo que conlleva el alza o baja de sus precios en el mercado local y a su vez origina movimientos de población que vinculan distintas áreas geográficas. En la Región es posible identificar algunos circuitos: el que históricamente ha relacionado al Norte Chico como una macro área y otro más tardío que vincula esta macro zona con el Norte Grande, principalmente la región de Antofagasta. El proceso productivo en el presente: haciendo minería, entre tradición y precariedad La minería desarrollada en Inca de Oro es una minería de pirquineros que puede ser entendida como una derivación de la minería practicada durante el siglo XVIII pero ajustada al presente a través de algunas innovaciones tecnológicas y legales que la hacen seguir siendo funcional y económicamente relevante para quienes viven de ella. El proceso productivo de este tipo de minería contempla una serie de etapas: el sircado y extracción de mineral, la molienda y trapiche y finalmente la comercialización. Actividades que se realizan en forma permanente, independiente a las estaciones del año. El proceso productivo se inicia con el sircado del terreno, o sea, la demarcación de la veta donde se cree hay mineral. Luego se analiza y una vez comprobada la existencia de mineral, se explota usando explosivos. De ahí se saca el producto en un balde y se selecciona. Sircar y extraer el mineral es una tarea compleja, el uso de explosivos conlleva riesgos y requiere gran cantidad de tiempo, por ello los mineros suelen quedarse junto a su veta durante largos periodos de tiempo, sin bajar al pueblo. Después que el mineral es sacado de la veta, se da paso a la molienda y trapiche propiamente tal, es en este proceso cuando el mineral se transforma en metal, pasando de la roca en bruto a la pepita de oro. Los mineros bajan del cerro al pueblo, al trapiche de la planta Nenita, ex ENAMI, planta administrada por los propios lugareños a través de la Asociación Minera. En los relatos de los entrevistados se destacó a la planta por facilitar el trabajo minero de Inca de Oro, principalmente gracias a mantener los precios del trapiche bajos. La última etapa del proceso es la comercialización para lo cual primero se debe tasar el metal, es decir, definir su ley o valor. Si el metal es oro, el trámite por lo general se realiza en la planta del pueblo de lo contrario debe hacerse en

Copiapó. En el caso del cobre, de preferencia se va a Paipote y El Salvador. La definición del valor del metal es reconocido como una de las etapas más complejas del trabajo de la pequeña minería. Actualmente en Inca de Oro las labores mineras son realizadas solo por hombres, situación distinta al pasado cuando también participaban mujeres, ya sea en las tareas de extracción o en los lavaderos de oro. Esto podría deberse a la baja población de mujeres jóvenes, pues quienes en el pasado ejercieron este trabajo hoy son ancianas, dando cuenta del envejecimiento que sufre en general la población dedicada a esta actividad. En la actualidad las labores mineras dependen de los ciclos de aumento y contracción de la demanda internacional de metales, por tanto, el auge o disminución de la actividad está sujeto a factores externos. Lo que genera gran inestabilidad y por consiguiente permanentes movimientos de población. La práctica pirquinera implica riesgos para los individuos que la practican pues están sujetos a contraer la “enfermedad del minero” o silicosis, causada por la inhalación durante las faenas de polvo con partículas muy pequeñas de sílice cristalina. Riesgo al que se suma la posibilidad permanente de accidentes por mala manipulación de explosivos. Sin embargo, se identifica como el principal problema que los mineros enfrentan, la inestabilidad económica causada por las fluctuaciones del mercado internacional de metales. A ello se agrega el monopolio en la comercialización del mineral por ENAMI, situación permanentemente denunciada por los relatos de la comunidad. En los discursos recogidos ENAMI es presentada como parte y juez, quien compra y a la vez determina la ley del mineral, añadiéndose la demora en determinar la ley y, por ende, pagar por la producción. Esta situación tiene por resultado la precariedad del trabajo minero y, por tanto, el bienestar de las familias y muchas veces la migración de la población tras nuevas opciones laborales. Ciertamente, la migración es por un lado un proceso de adaptación pero por otro un problema dado que la población de Inca de Oro progresivamente disminuye. Asimismo es relevante que los relatos comunitarios presenten a Inca de Oro como un poblado que se caracteriza por los conflictos entre vecinos y organizaciones locales. La falta de comunicación es explicada por la práctica instalada de no asistir a las reuniones de las organizaciones sociales, la que a su vez se justifica señalando que en éstas los problemas no se resuelven, por ello la gente no va. De esta manera, en el discurso, los conflictos internos si bien se reconocen, no son asumidos como una responsabilidad vecinal sino como producto de relaciones más complejas entre la comunidad y el orden institucional regional y nacional. Según los relatos esta falta de organización se expresa en lo cotidiano en, por ejemplo, deficiencias en la recolección de basura, responsabilidad que es atribuida a la propia comunidad, tanto por no tener la costumbre de acopiarla y entregarla al camión recolector como tampoco poder organizarse en pos del control del proceso

de recolección. Otros de los problemas identificados por los participantes del Estudio fueron la falta de alcantarillado, la mala calidad del agua potable o la falta de espacios para la juventud. Desde el año 2007 se añade un nuevo conflicto para la comunidad de Inca de Oro, en esa fecha CODELCO inicia sondajes en el poblado para explorar la posibilidad de explotar una veta emplazada bajo el pueblo. Por lo que de concretarse el proyecto, la comunidad debería ser erradicada. Posibilidad que los/las entrevistados/as por el Estudio rechazaron esgrimiendo su avanzada edad y problemas concernientes a los títulos de dominio de la mayoría de las casas. Frente a esa contingencia la comunidad se organizó en el Comité de Defensa del Pueblo, colectivo representativo de las organizaciones sociales de la localidad que a la fecha negocia con CODELCO. El Borde Costero El borde costero de la región de Atacama presenta un trazado irregular con aguas que en su mayoría están libres de contaminación y son ricas en nutrientes generadores de una excelente productividad marina. Son estas características las que explican el temprano poblamiento de este espacio territorial, que se remonta al periodo Arcaico Temprano (8.000 - 4.000 a.C.). Desde esta fecha, la costa regional ha sido una fuente permanente de recursos naturales para las diferentes poblaciones que se han adaptado y desarrollado en el lugar. En tal sentido, a partir de las prácticas productivas de la pesca, buceo y recolección se han configurado una especial relación ser humano-naturaleza y con ella una identidad caracterizada por la adaptabilidad a los ritmos, espacios y procesos ecológicos. Así la identidad de los grupos costeros emerge en los permanentes desplazamientos que hacen del mar un territorio. Para abordar las dinámicas de esta unidad territorial se seleccionaron dos casos: uno es la Caleta Chañaral de Aceituno, comunidad que por una parte es representativa del estilo de vida asociado a la pesca artesanal y, por otra, posee la particularidad de ser reconocida como uno de los últimos reductos de tradición changa pues aquí fue construida la ultima balsa de cuero de lobo. Y dos, la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Caldera, organización que ejemplifica los procesos asociativos que actualmente se gestan en este territorio. A través de ambos estudios de caso se espera captar tanto las dinámicas que sostienen la identidad, mediante el análisis de procesos articuladores de escala comunitaria, como asimismo procesos de integración sectorial que movilizan las demandas sociales de los pescadores artesanales y sus procesos de legitimación. Caleta Chañaral de Aceituno

Se ubica en el límite sur de la región de Atacama, en la comuna de Freirina. El litoral de los alrededores cuenta con sectores de bahías y ensenadas que se prestan para el desarrollo de actividades de extracción de recursos marinos y asentamientos. Por otro lado la presencia de la corriente marina de Humboldt, proveniente del polo y que emerge de las profundidades lanzando a la superficie aguas ricas en nutrientes, permite la existencia de gran diversidad de peces, cetáceos, lobos de mar y otros mamíferos marinos, así como una gran variedad de mariscos, aves acuáticas y algas. Este contexto permite la existencia en el sector de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, conformada por las islas Choros y Damas, en el extremo norte de la región de Coquimbo, y por la isla Chañaral en el límite sur de la región de Atacama. Sector que progresivamente ha adquirido relevancia a nivel turístico. Pertenencia y arraigo construidos en la relación con el mar Los orígenes de caleta Chañaral de Aceituno son difusos y discontinuos para quienes participaron del Estudio, por lo que se apela a una narrativa que asocia el pasado del lugar con un mundo indígena chango del que no existen relatos pero sí su utilización como argumento identitario. De manera que son más bien las narrativas familiares las encargadas de sustentar los recuerdos. Los discursos desplegados durante la realización de las entrevistas del Estudio, destacaron las particularidades que caracterizan la pesca artesanal. Actividad significada como una práctica tradicional que se ancla en la especial relación que desarrolla el ser humano con el mar. De este modo, los testimonios dieron cuenta de sentimientos de pertenencia y arraigo al territorio constituidos a través de la práctica y permanente aprendizaje que implica el trabajo en el mar. Trabajo que gesta un saber local que es trasmitido de generación en generación y que hoy al interior de un escenario global, lucha por resistir la imposición de otros saberes, legitimados académica y políticamente. Actualmente entre las actividades productivas más importantes realizadas por la población de caleta Chañaral de Aceituno están el cultivo de loco, la pesca tradicional y la recolección de algas, las que se realizan durante todo el año de acuerdo a los ciclos biológicos de las especies y el estado del clima. Es en torno a esas actividades productivas que se articulan las prácticas socioculturales de la comunidad. Dentro de las actividades señaladas, una de las principales es el cultivo y cosecha de locos. Desde los años 1990 la institucionalidad ha impuesto períodos de veda y también promovido el cultivo de locos en las áreas de manejo gestionadas por los sindicatos. Es así como los hombres de mar, buzos, mariscadores y pescadores, han pasado de la extracción extensiva del recurso a su cultivo o, dicho de otra manera, de ser nómades marinos a acuicultores sedentarios.

Si bien el trabajo del loco se realiza durante todo el año, su cultivo supone organizarse según el ciclo reproductivo del molusco. Proceso que los/las participantes del Estudio presentaron identificando tres momentos: el amantillamiento, el estudio y conteo y la cosecha y comercialización. En otoño se da el amantillamiento o período de apareamiento y desove de los moluscos. Luego, también durante el otoño y principios del invierno, se realiza el estudio y conteo, es decir el cálculo de la cantidad de individuos posibles de ser extraídos. Para efectuar esta tarea el sindicato contrata una consultora que los apoya técnicamente. Para continuar en primavera con la extracción o cosecha y finalmente durante el verano comercializar el recurso. Otra actividad productiva relevante es la pesca artesanal, la que se realiza durante todo el año, si bien baja en invierno debido a las malas condiciones climáticas pues como se sabe el trabajo en el mar depende fuertemente de la naturaleza. Cuando “la mar está mala” no es posible trabajar sino la vida misma se pone en riesgo. Los relatos de sacrificio adquieren un lugar central, constituyendo a los pescadores como sujetos vulnerables a la naturaleza. Lo que otorga gran importancia al acceso de información climática a través de Internet como una forma de mitigar esa amenaza, lo que es entendido como la adopción de un nuevo recurso por los hombres de mar. Para la pesca se aplican diferentes técnicas como la extracción por buceo, la pesca de red y de espineles. Los pescadores señalaron que en el sector de la caleta existe gran diversidad de peces, unos más rentables que otros, pero también más peligrosos de capturar dependiendo de la profundidad a la que se encuentran. Mientras el tiempo no es favorable los pescadores parten “a acampar” fuera de las áreas de manejo, o sea, salen de su territorio. En las narraciones el acampar se presenta como una práctica frecuente asimismo de ser identificada como un espacio de relajación que escapa a la cotidianidad de la caleta. Práctica que no es bien vista por la institucionalidad fiscalizadora de la extracción de productos del mar pues se constituye en la ocasión propicia para la extracción irregular de mariscos. La recolección de algas a orillas del mar es una actividad cada vez más relevante, se realiza durante todo el año, adquiriendo mayor relevancia en invierno, cuando el “mal tiempo” impide salir a alta mar y las mareas dejan las algas en la orilla. El alga más cotizada es el huiro, en su variedad de huiro pardo y huiro negro. Los que se recogen en las orillas de la playa hasta donde es arrastrado por la marea, luego se deja secar en espacios marcados por cada recolector/a y posteriormente se ata en fardos que son recogidos en la misma caleta por camiones que lo comercializan en Domeyko y Vallenar, su precio actual fluctúa entre $30 y $150. Resulta relevante mencionar que la recolección de huiro, como actividad complementaria a la pesca y cosecha de otros productos, es la principal forma de mitigar los “malos tiempos” sobre todo durante el invierno. En este sentido, la

recolección de huiro es una tarea fundamental en la supervivencia económica de la comunidad y por ende también de su continuidad. Una particularidad de la recolección de algas, en especial del huiro, es que a diferencia del trabajo en alta mar, es realizada también por mujeres que participan en la preparación de productos semi procesados, sean pescados o mariscos. Ahora, hay que aclarar que si bien hay mujeres en la caleta que se dedican a trabajos como los arriba mencionados, la gran mayoría de sus habitantes son hombres solos, cuyas familias residen los meses de invierno, otoño y primavera en ciudades como Vallenar, Copiapó y La Serena. Esta situación fue explicada en los discursos recogidos por las comodidades y servicios que la ciudad brinda, especialmente la escolarización de los niños/as. Los meses de verano son tiempo de vacaciones, la dinámica comunitaria cambia, llegan los turistas y la familia. Con los turistas aumenta el precio de los productos y se agrega como fuente laboral los viajes a isla Chañaral. Es un tiempo de bonanza que se extiende hasta pasada Semana Santa, momento en que las familias retornan a la ciudad y los hombres a la cotidianeidad del resto del año. Entre los hitos del pasado reciente de la caleta los/las participantes del Estudio dieron cuenta de la formación del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos, Mariscadores y Pescadores Artesanales como un momento importante de la historia comunitaria pues la organización actúa a modo de bisagra ante las transformaciones que afectan la actividad, permitiendo a sus miembros adaptarse a ellas pero también resistirlas. El sindicato se creó en 1993 alentado por la institucionalidad pública a través de charlas y visitas de agentes gubernamentales. Según los pescadores no fue fácil tomar la decisión de organizarlo dado que aún existía el temor a la represión de las organizaciones sociales implementada por la dictadura militar. Una vez constituido el sindicato debió enfrentar dos tipos de dificultades. La primera, la restricción asociada a las áreas de manejo y el control de las actividades productivas de los socios. La segunda, consensuar decisiones y prácticas al interior del grupo. Sin embargo, como los participantes llamaron al proceso asociativo vivido y las dificultades que implicó, imperó la opción de “remar para el mismo lado”. Nueva institucionalidad, sobreexplotación de los recursos y conflictos Como se ha dicho, desde la década de 1990 el borde costero es escenario de profundas transformaciones producto de, por un lado, la sobreexplotación de algunos recursos por la pesca industrial y, por otro, la implementación de la Ley de Pesca y Acuicultura, lo que inaugura una nueva etapa en las prácticas extractivas artesanales.

En este sentido los entrevistados por el Estudio mencionan tres procesos institucionales que complementándose generan las nuevas características del trabajo en caleta Chañaral de Aceituno: la regionalización, la instauración de áreas de manejo y la declaración como Reserva Marina de la isla Chañaral. El proceso al que se le adjudicó mayor relevancia durante el Estudio fue el de la regionalización de las actividades pesqueras, consistente en la delimitación de las actividades de los pescadores, buzos mariscadores y algueros a la región en la que estén inscritos. Es decir, el pescador debe establecerse dejando atrás la dinámica tradicional del nómada de mar. El proceso de regionalización se articula con la instauración, a nivel local, de tres áreas de manejo asignadas al sindicato de caleta Chañaral de Aceituno para la extracción de productos marinos y cultivo de principalmente el loco y la lapa. Según los pescadores, el problema con las áreas de manejo es que se encuentran donde la mar es “muy mala” y, por ende, no apta para otros cultivos. A lo anterior, se suma el 11 de julio 2005 la declaración como Reserva Marina de la isla Chañaral, hecho que imposibilita ubicar en ella áreas de manejo. En los relatos de los/las participantes del Estudio, la isla fue señalada como la zona más productiva, por ende, donde tradicionalmente han trabajado. El conflicto sobre el tema está abierto, por un lado la institucionalidad instaura la reserva para proteger la diversidad marina y, por otra, los pescadores la solicitan como área de manejo. En ese contexto los pescadores de la caleta responsabilizan a las autoridades por el conflicto, argumentando que la decisión fue tomada “tras un escritorio”. Además, las restricciones asociadas a la nueva normativa se articulan con el actual bajo valor de los productos marinos, precarizando la actividad artesanal. Esta situación fue ilustrada por los/las participantes del Estudio aludiendo a la baja en el precio del loco, situación contrastante a la de hace dos años. De esta forma, los/las entrevistados/as explicaron cómo la baja rentabilidad les ha llevado a no sacar la cuota de locos asignada. Es decir hay producción, pero no es conveniente trabajarla, lo que se explica por medio de dos argumentos: el cambio en la demanda internacional y el control comercial ejercido por los empresarios que median en la comercialización de los productos. Lo que en suma redunda en un alto nivel de endeudamiento de los pescadores. No obstante, las problemáticas no responden solo a factores externos pues también se dan a nivel local. En efecto, al sindicato de caleta Chañaral de Aceituno actualmente se le atribuyen serios conflictos internos. Lo que en el discurso de los entrevistados es atribuido a la responsabilidad de las autoridades, argumento que sin duda tiene serias implicancias pues, por una parte, constituye una denuncia a la intervención externa, mientras que por otra desresponsabiliza a los pescadores de sus propios conflictos.

Expectativas, desafíos locales y más allá Los discursos sobre el futuro de Chañaral de Aceituno se constituyen en base a las problemáticas del presente. Por consiguiente, las expectativas se asocian a la implementación de acciones que resuelvan o al menos mitiguen la baja rentabilidad y lo inestable del trabajo pesquero artesanal. Entre estas medidas para transformar ese escenario se plantea, por ejemplo, el asumir la comercialización y exportación de los productos. Más cuando los relatos posicionan los productos marinos del sector como parte fundamental de su patrimonio natural, destacando su diversidad y calidad, pues son presentados como sanos y de confianza otorgándoles por tanto un sello particular. Por otra parte, el futuro de la Reserva Marina Isla Chañaral es un desafío pues su gestión enfrenta lógicas distintas: la de la conservación medioambiental y la de la productividad y control local de los recursos. En las entrevistas realizadas por el Estudio, isla Chañaral fue posicionada como patrimonio natural y cultural de la comunidad que explica por qué actualmente se constituye en un atractivo turístico relevante para el sector y la región de Atacama. Sin embargo, también es reconocida por los pescadores como uno de los sectores más productivos de los alrededores, de modo que esperan sea abierta a las áreas de manejo. La Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Caldera La Asociación Gremial de Caldera nace el 10 de diciembre de 1984 dentro de un contexto político complejo. Por una parte, el régimen militar había procedido a prohibir todo tipo de sindicatos, figura organizacional que hasta ese momento ocupaba un espacio relevante en la escena organizacional nacional. Por otra, durante la década de 1980 se comenzaban a implementar políticas económicas de carácter neoliberal dirigidas a instaurar un modelo de desarrollo basado en el libre mercado. La orientación que en materia económica se había adoptado implicaba para el sector pesquero la llegada al territorio marítimo de la pesca industrial de arrastre, la que según relataron los participantes del Estudio generó la sobreexplotación de los recursos. Ante esa situación, algunos pescadores artesanales de Caldera deciden asociarse para “luchar” por la caleta y una mejor posición en el mercado. Desde la posición de los miembros de la Asociación Gremial de Caldera, los efectos de la extracción indiscriminada de los recursos por la pesca industrial se potencian con la implementación de la Ley de Pesca. Endosándoles la responsabilidad de generar una fractura en sus dinámicas tradicionales. Conclusión a la que llegan articulando varios procesos de ordenamiento y regulación institucional: la regionalización del borde costero, la instalación de áreas de manejo, las áreas de reserva para la pesca artesanal y las reservas

marinas protegidas. De ahí que los participantes del Estudio presenten a los/las trabajadores/as del mar como uno de los sectores productivos más regulados por las políticas gubernamentales. Es por ello que los/as entrevistados/as cuestionan por ejemplo la designación de áreas de manejo por considerar se apropian y restringen el acceso a sectores de trabajo calificados como históricos para la pesca artesanal. Sin embargo, al nombrar la medida que suscita mayor rechazo los miembros de la Asociación Gremial coinciden en nombrar la regionalización de las actividades pesqueras. Pues al regular la localización de los pescadores artesanales, genera como se dijo un quiebre en la dinámica móvil que la actividad tenía hasta hace poco. El argumento de la restricción de las labores artesanales se hace más complejo ante las perforaciones que la pesca industrial logró en las cinco millas que la Ley reserva para los pescadores artesanales en la provincia de Huasco. Es importante aclarar que la Ley de Pesca asegura cinco millas para la actividad artesanal siempre y cuando la actividad realizada sea considerada como “relevante”, dejando abierta la posibilidad legal de su utilización por la pesca industrial. El hecho puntual es que los dirigentes de Huasco acordaron la perforación de sus cinco millas, hecho que es considerado una amenaza para todos/as los/las trabajadores/as de la Región, pues la entrada de industriales al sector alteraría, según ellos/as, todo el borde costero. De este modo, los integrantes de la Asociación Gremial cuestionan la medida posicionándose como directamente afectados por ella, desencadenándose un fuerte conflicto regional. En principio este conflicto es netamente organizacional, sin embargo, más allá del rechazo a la acción concreta de la perforación lo que se resiste es el proceso legal que permitió la acción. El tema de fondo es la representatividad de los dirigentes en la toma de decisiones que afectan a todos/as los/las trabajadores/as del mar. Por lo que es la representatividad de quienes permitieron la perforación la que es sistemáticamente deslegitimada en los relatos. No obstante, lo que se desprende de mayor gravedad en los relatos es que la deslegitimación de los dirigentes que mediante su firma permitieron la perforación de la provincia del Huasco es extendida al orden institucional que lo permite. Es decir, según sus argumentos, finalmente es el sistema de representación avalado por el Estado a quien se responsabiliza de la vulneración de los derechos de los pescadores. Consecuentemente, la deslegitimación de esa dirigencia se traduce en un quiebre entre Huasco y el resto de las organizaciones del borde costero regional. Pues dado el proceso de regionalización de la pesca artesanal, los pescadores se identifican directamente con “la Región” en tanto territorio en que desenvuelven sus prácticas productivas. Otra preocupación de carácter asociativo, es la falta de recambio generacional situación que se inserta en un proceso más amplio: la desvinculación de los jóvenes con el trabajo de la mar. La escasez de recursos y las nuevas regulaciones obstaculizan la transmisión de los conocimientos tradicionales,

mientras nuevas expectativas educacionales y laborales motivan la migración de los jóvenes, poniendo en riesgo la continuidad de las formas asociativas y en general el estilo de vida de la gente del borde costero. Buenas prácticas, abriendo otras posibilidades para el futuro No obstante, pese a los argumentos que deslegitiman la normativa vigente, es interesante apreciar la apertura de espacios que reconocen experiencias exitosas. Dentro de ellas es posible mencionar el Programa Fomento de la Pesca Artesanal iniciativa que impulsada por el Gobierno Regional, SERNAPESCA y el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (FFPA), persigue el desarrollo del borde costero regional a través de la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos. Destaca que este Programa haya sido una de las experiencias reconocidas en primer lugar del Segundo Concurso de Buenas Prácticas para el Desarrollo de los Territorios (SUBDERE 2010). Asimismo, a lo largo del litoral regional el turismo emerge como una actividad complementaria a las tradicionales. En esa línea la Asociación Gremial trabaja el proyecto de la lancha turística La Calderina, que al tiempo de prestar servicios turísticos busca vincular a la comunidad con las labores tradicionales asociadas al mar, especialmente a los/las niños/as. El Valle de Huasco Esta unidad territorial se caracteriza por el desarrollo de la pequeña agricultura, área en la que el Huasco representa el 78,5% del total regional. Agricultura que coexiste con las plantaciones extensivas de uva de mesa. Así los principales cultivos del valle en superficie son los forrajeros, seguidos por los de uva de mesa y olivos, pero también una diversidad productiva que abarca desde los tradicionales tomates, ajíes, berenjenas, pepinos de ensalada, zapallos italianos, pimentones y lechugas, hasta cultivos más novedosos y dinámicos para el área como la papa, palta, cítricos, arvejas, alcachofas y jojoba (PTI 2007). En términos generales los productores agrícolas del Huasco son variopintos. Hay un sector tradicional de poca productividad, baja incorporación de tecnología, gestión y agregación de valor, básicamente ligado a la producción de forraje, aceitunas y uva pisquera. Un amplio y atomizado sector de agricultores de gran diversidad productiva, asimismo de medianos empresarios, de buen nivel técnico y empresarial, orientados a la producción de paltas y cítricos, como también es posible encontrar grandes productores de uva de mesa para la exportación (ARDP 2007; PTI 2007). En este contexto, las prácticas sociales, relaciones e identidades se configuran en torno a las actividades agrícolas, organizando la vida cotidiana según los ciclos productivos y sus vulnerabilidades climáticas. Las identidades entonces son fuertemente dependientes de los recursos naturales en especial del agua.

Para atender a estas dinámicas, el Estudio seleccionó como caso la Asociación Gremial Agrícola de la Provincia del Huasco. El interés en esta organización radica en su carácter territorial que integra a los pequeños y grandes productores del valle, siendo también un ejemplo de las actuales formas asociativas con fines productivos que se insertan en las lógicas del mercado. La Asociación Gremial Agrícola de la Provincia del Huasco Esta organización nace de una serie de conversaciones desarrolladas durante el año 2008, en las que se detectó que la agricultura del valle del Huasco no contaba con una voz que la representara. De este modo, con el apoyo de PTI-CORFO y el Programa Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, algunos agricultores se coordinaron para esbozar las características de una organización que pudiese canalizar sus inquietudes. El 25 de marzo del 2009 se funda la Asociación Gremial Agrícola de la Provincia del Huasco, con el objeto de constituirse en un interlocutor y gestor válido y relevante en la toma de decisiones al interior del territorio. Esta Asociación Gremial sitúa su desarrollo como parte de una larga tradición agrícola. Los relatos de los miembros que participaron del Estudio asignaron al Huasco una particularidad cultural que emerge de su orientación agrícola histórica. Como se sabe, el Huasco ocupó un lugar central como proveedor de los productos que alimentaron las faenas de los núcleos mineros de la región de Atacama y el Norte Grande de Chile desde el siglo XVIII en adelante. Lo que actualmente se traduce en recuerdos de auge agrícola del valle durante el tiempo de haciendas como Nicolasa, Montt, Bellavista, Miramar y Mirador. Sistema que se mantuvo vigente hasta la Reforma Agraria que vino a expropiar y dividir algunas, configurando un sistema de parcelas. Por otra parte, la asociatividad agrícola del Huasco hunde sus raíces en un complejo proceso organizacional cuyos antecedentes se vinculan directamente con la llegada de proyectos de gran impacto para la actividad del valle. El primero identificado en las entrevistas llevadas a cabo por el Estudio fue la unión de los agricultores del valle para enfrentar la amenaza del proyecto Guacolda por 1965. La contaminación ambiental producida por Guacolda significó el decaimiento de las actividades agrícolas de la parte baja del valle, la agricultura dejó de ser rentable y los jóvenes abandonaron el campo. La implementación de este proyecto en los relatos fue presentada como la responsable de la “caída” y “muerte” del Huasco, lo que llevó a los agricultores de la parte baja a asociarse para enfrentar de manera conjunta la amenaza. Junto a esta asociación de defensa, los entrevistados de la parte alta relataron experiencias de asociatividad con fines netamente productivos como la Cooperativa Pisquera y la Comercializadora que se desarrollaron a fines de la

década de 1990. Aspecto importante de estas experiencias es que fueron presentadas como fracasos, pues no lograron generar las condiciones para mantenerse en el tiempo, siendo experiencias de corta duración y con serias secuelas económicas para quienes las integraron. En ese escenario los principales fundamentos de la Asociación Gremial como organización son la cooperación y una visión común. A lo que se agrega la visión de objetivos a largo plazo que escapan a la lógica coyuntural y confrontacional que caracterizaron las anteriores experiencias asociativas en el Valle. Al tiempo de asumirse también como una organización coordinadora de la voz de los agricultores, aspirando también a constituirse en un nexo entre éstos y la institucionalidad pública. Entre los temas prioritarios que se plantean para lograr el desarrollo del territorio, están el cuidado del agua y la generación de una estrategia comercial para potenciar los productos locales. La legitimidad de esta nueva institucionalidad descansa, según los entrevistados, en su poder de representar a todos los agricultores del valle, pequeños, medianos y grandes. Para lograr dicha representatividad se ha generado un sistema de representación segmentado por sectores y tamaño de producción. Así cada sector del Huasco está representado por dos directores, uno de pequeños agricultores y otro de grandes agricultores. Estos se integran en un directorio que, independiente de la cantidad de socios o la extensión del terreno, están representados en igualdad de condiciones. Un aspecto clave en el funcionamiento y proyecciones de la naciente Asociación Gremial de Agricultores del Valle del Huasco, es la relación que han establecido con el Programa Territorial Integrado (PTI-CORFO). El que ha asumido un rol de acompañamiento y asesoramiento de las acciones de la Asociación mediante el aporte de profesionales a la planificación e implementación de actividades conjuntas. De esta forma, la coordinación y más específicamente la incorporación de la Asociación a espacios institucionales, intenta responder a la necesidad de la institucionalidad pública y privada de contar con interlocutores válidos para establecer espacios de diálogo. Los desafíos presentes El valle del Huasco se ve actualmente expuesto a una serie de problemas ambientales de potenciales grandes repercusiones a nivel productivo y social. Desafíos que el trabajo de la Asociación Gremial inevitablemente enfrenta dado su objetivo de desarrollar el territorio. Entre estos problemas están la falta de agua de riego, la contaminación y los conflictos internos de la propia organización. Uno de los grandes problemas identificados en las entrevistas realizadas por el Estudio fue la continua disminución del caudal del río Huasco, más cuando actualmente hay sectores del sector alto del valle en los que no se ve caudal. Si bien se reconoce la existencia histórica de ciclos de sequía como el vivido en el presente, la disminución del caudal es atribuida principalmente a la presencia de

proyectos mineros en las cabeceras de la cuenca, los que pondrían en riesgo todas las actividades agrícolas desarrolladas en el Valle, precarizando la agricultura como fuente laboral y por ende la permanencia en él. El problema de la escasez de agua impacta de manera diferenciada al sector alto y bajo del valle, pues la presencia del embalse Santa Juana asegura, hasta el momento, el abastecimiento del sector aguas abajo. En este contexto los relatos señalan que si bien la parte alta ya vive la escasez del recurso, el sector medio y bajo aún no tiene conciencia sobre la inminencia del problema. Otra problemática asociada a la implementación de grandes proyectos mineros en la parte alta del Huasco, según los relatos de los entrevistados es la contaminación ambiental. En relación a la implementación de grandes proyectos, tanto mineros, energéticos o agroindustriales en el valle de Huasco, es interesante que las entrevistas realizadas presenten argumentos contradictorios en torno a la evaluación de sus efectos para la zona. Es decir, al interior de la Asociación coexiste tanto el rechazo y denuncia como la aceptación condicionada de estos proyectos. Efectivamente, uno de los posicionamientos desplegados durante las entrevistas es el rechazo a esos proyectos en tanto actividades incompatibles con el desarrollo agrícola en particular y el estilo de vida del valle en general. No obstante, ese discurso de rechazo y denuncia, convive con el que relativiza los efectos negativos de la gran minería. Argumentando que en el caso de Pascua Lama no se alterarán los glaciares de la alta cordillera y que el proyecto El Morro se contemplaría un proceso de desalinización de agua de mar. O sea, la implementación de ninguno pondría en riesgo el abastecimiento de agua para la agricultura del valle del Huasco. No obstante se reconozca el riesgo potencial de contaminación. A partir de este argumento y siguiendo su lógica de “trabajar con todos”, la Asociación Gremial acepta la llegada de los proyectos mineros, aunque con condiciones. El argumento de la organización plantea que el diálogo abierto estimula a las mineras a insertarse de una manera diferente en el territorio, reemplazando la cuestionada práctica de “repartir lucas” por la de invertir en un desarrollo ordenado y en acuerdo con la Asociación Gremial en tanto organización representativa y legitimada por los agricultores del Huasco. De esta manera se pretende que la llegada de las empresas sea un aporte al proyecto de desarrollo territorial del Huasco. Otro desafío a resolver por la Asociación Gremial de Agricultores del Huasco, pese a su corta vida, son las problemáticas internas que podrían dificultar su gestión. En tal sentido, los entrevistados por el Estudio se refirieron a la carencia de participación y de reales consensos en torno a los grandes objetivos que deberían guiar el accionar de la organización. Cuestión que queda de manifiesto frente a la problemática de la escasez de agua, pues siendo tan diferente la experiencia entre

los agricultores del sector alto, medio y bajo del valle, resulta difícil consensuar una posición. De forma que no existe un discurso integrado y homogéneo al interior de la Asociación Gremial frente al futuro del valle. Por un lado se identifica la expectativa de un futuro incierto, “negro”, contaminado, sin agua ni agricultura sobre el cual es muy difícil soñar. Mientras que por otra, existe la esperanza de un valle en equilibrio, en el que convivan la tradición agrícola y minera. El primero de estos discursos, plantea que la implementación de los grandes proyectos, en especial los mineros, significará a futuro la pérdida y contaminación del agua y con ello la pérdida del valor de la tierra y el fin de la tradición agrícola y el valle propiamente tal. Convive con él, la expectativa de vivir en un “valle equilibrado” que reconozca y respete tanto su tradición agrícola como minera y que ambas se potencien en pos de un desarrollo sustentable, transformando al Huasco en un “valle modelo” para Chile. El Área Cordillerana Este territorio puede considerarse como el refugio de las identidades étnicas regionales. Para abordar las dinámicas e identidades desplegadas en este espacio se seleccionó como estudios de caso a los grupos collas de la comuna de Diego de Almagro y los/las comuneros/as huascoaltinos/as de ascendencia diaguita que habitan el sector alto de la comuna de Alto del Carmen. Ambos grupos son reconocidos por la Ley Indígena Nº 19.253. Los diaguitas huascoaltinos12 La Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos se ubica en la parte superior de la cuenca del río El Tránsito, afluente del Huasco, al interior de la comuna de Alto del Carmen. Las evidencias prehispánicas en el área corresponden a ocupaciones mayoritariamente pertenecientes a poblaciones El Molle a través de cementerios tumulares y posiblemente algunos sitios habitacionales. También existen sitios del complejo cultural Las Animas, especialmente asentamientos habitacionales emplazados en zonas de quebradas. Asimismo de sitios habitacionales Diaguitas en su fase clásica y de aculturación Inka. También se hallan evidencias de contactos interregionales con el área de Copiapó y el noroeste argentino mediados por el Inka (Sinclaire y Cabello 2005). Ya en la Colonia, la Matrícula y Mensura del Pueblo de Indios de Huasco Alto de 1750 reconoció la permanencia en el territorio de indígenas al medir y documentar 12

Si bien los descendientes del pueblo diaguita se diseminan por toda la región de Atacama, el Estudio concentró su atención en la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos dada la concentración de antecedentes prehistóricos e históricos que fundamentan la existencia y concentración en el sector de familias de raigambre diaguita.

los espacios utilizados en el sector por éstos. Durante la República, el Pueblo de Indios del Huasco Alto se mantuvo al margen de la reducción y enajenación de tierras que, entre 1823 y 1830, intentó liquidar ese tipo de posesión colectiva. Sin embargo, el mantener su integridad territorial no significó que el Pueblo de Indios de Huasco Alto tuviera carácter formal durante la Colonia ni la Republica (Pizarro et alt. 2006). Hecho que solo se logró en 1903, cuando los mismos huascoaltinos inscribieron la posesión territorial de sus tierras ancestrales bajo el nombre de Estancia Los Huascoaltinos. En 1993, consecuencia que la etnia diaguita no fuese incluida en la Ley 19.253, esas tierras fueron inscritas de acuerdo al DFL Nº 5 de 1967 bajo la figura de Comunidad Agrícola y regularizada por el Ministerio de Bienes Nacionales bajo el nombre de Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos en 1997. El DFL 5 y sus posteriores modificaciones a través de la Ley Nº 19.233, reconoce el derecho a organizarse de un modo particular, respetando un sistema de organización tradicional y resguardando determinados patrones culturales. Como se dijo, si bien la diaguita no fue explícitamente reconocida entre las etnias indígenas de Chile en la Ley Nº 19.253 (1993), ello generó al interior de la región de Atacama un proceso que posibilitó la posterior reaparición legal de la etnia. Fue Yasna Provoste Campillay, como gobernadora de la provincia del Huasco (19972001) y como intendenta de la región de Atacama (2001-2004), que autoidentificándose como perteneciente a la etnia diaguita, ofreció un sostén privilegiado a la emergencia, organización y reivindicaciones de las personas que, a partir de ese momento, progresivamente comenzaron a identificarse como indígenas. De esta forma, en agosto de 2002, luego de una demanda simbólica de algunos diaguitas frente al Congreso Nacional, los políticos de la Región al unísono presentan una moción de modificación de la Ley Indígena para la introducción de la etnia. Proposición que fue finalmente realizada el año 2006 a través de la Ley 20.117. De esta manera se inaugura una nueva etapa en la historia de los diaguitas huascoaltinos (Lorca 2007). De hecho fue en Huasco Alto donde a petición del Gobierno Regional de Atacama se realizó el Diagnóstico Sociocultural de la Etnia Diaguita que vino a confirmar la continuidad étnica de la ocupación y la utilización de parte de un acervo cultural de características prehispánicas en este espacio. El mismo documento estimó que cerca del 60% de los comuneros tiene apellidos considerados diaguitas. Según registros de la propia Comunidad Agrícola hay 261 familias con derechos comuneros, de las cuales la mayoría se auto identifican como diaguitas, fundamentadas básicamente en la ocupación inmemorial del territorio, su ascendencia a linajes considerados indígenas y a continuar con prácticas consideradas fundamento de etnicidad, como la criancería caprina de tipo trashumante (Lorca 2005). Las principales actividades de los/las comuneros/as se centran en la ganadería extensiva y la agricultura, con una producción y demanda irregular, no logrando

generar ingresos monetarios considerables por lo que el trueque aparece como una práctica habitual (INE 2008). Ambas actividades son complementadas con una minería artesanal que permanentemente se reduce. Tanto la agricultura como la ganadería caprina obedecen a una clara diferenciación espacial, por tanto, climática. En la parte baja y media del valle hay gran cantidad de pequeñas hijuelas y predios destinados a la explotación de frutales y monocultivos agroindustriales de uva de exportación, en los que un número importante de personas se desempeña como asalariados temporales. En la parte alta, se observan minifundios de producción agrícola tradicional (cereales, pajarete y frutos secos) con reducidos vínculos con el mercado. También en este sector se encuentran las invernadas propias a la actividad criancera trashumante que provee carne, queso y guano. Por otra parte, desde hace algunos años se emprenden iniciativas asociadas a un turismo que busca relevar tanto las tradiciones y costumbres como los atractivos paisajísticos y naturales presentes en el territorio. Iniciativas que tienen por objeto emprender acciones destinadas a lograr un desarrollo local sustentable que se ajuste a las expectativas de futuro de los/las comuneros/as. En tal escenario destaca la decisión huascoaltina por nombrar de forma unánime el año 2006 la integridad del territorio comunitario como Área Silvestre Protegida Privada (ASPP). Constituyéndose en un importante aporte privado a la conservación de la diversidad tanto biológica como cultural de la región de Atacama y el país (Meléndez y Louit 2008). Sin embargo, esta opción e instrumentos de desarrollo se ven tensionados por la existencia en el territorio de la Comunidad Agrícola de grandes proyectos mineros como Pascua-Lama y El Morro. Igualmente de la operación de empresas agroindustriales asociadas al monocultivo de la uva, como Agrícola Pintay, Tamarugo o Santa Mónica. Inversiones que tensionan las formas tradicionales de vida de los habitantes del territorio por los potenciales cambios que puede experimentar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, la contaminación del aire o el aumento de tránsito de vehículos de carga pesada sin las condiciones de seguridad vial correspondientes. Los huascoaltinos y su narrativa de defensa territorial Los discursos sobre el pasado que, en el marco del Estudio, desplegaron los/las comuneros/as huascoaltinos/as asoció la historia comunitaria a un pasado remoto que centró su narración en la invasión española al territorio diaguita. En tal sentido, apelar al pasado diaguita permite construir una narrativa que da sentido y continuidad a la lucha por la defensa del territorio. Sin embargo, queda de manifiesto que los relatos de ese pasado lejano no se vinculan claramente con la narrativa de la historia comunitaria, la que se inicia a comienzos del siglo XX con la inscripción de la Estancia.

Siguiendo esa lógica el casi remate de la Estancia en 1997 fue presentado como un hito configurador del presente pues fundamenta un relato que fortalece el rol de la Comunidad y sus representantes ante las amenazas externas de forma que más que datos puntuales, se despliegan argumentos que resaltan la lucha huascoaltina por la defensa del territorio. Ahora, si bien aquel es un hito a nivel organizativo, la narrativa huascoaltina del pasado - al igual que la mayoría de las poblaciones locales de la región de Atacama- se configura a partir del recuerdo de experiencias vividas cotidianamente, de modo que las narraciones de los/las entrevistados/as se centraron en el pasado reciente. De esta forma, quienes participaron del Estudio, se refirieron a, por ejemplo, cómo durante el siglo XX llegó el comercio formal, los negocios, y con ellos la masificación del uso del dinero y la diversificación de la alimentación. Aunque no todas las localidades tuvieron acceso a ellos, por lo que fue común el traslado en burro o caballo para lograr las compras o intercambio de los víveres familiares. De este modo, fue recién con la mejora de los caminos durante la década de 1950, que las comunicaciones y comercio se hicieron más expeditos. Por otra parte, dentro de las principales actividades productivas tradicionales asociadas a la Estancia fueron reconocidas la criancería, el cultivo y la pirquinería. Las narraciones dan cuenta de la existencia de una pequeña agricultura de melga destinada principalmente al autoconsumo, destacando la producción de maíz, porotos, trigo y lentejas. A pesar de las dificultades que ese tipo de agricultura implica se aclaró, se sembraba en abundancia, situación que contrasta con un presente en que la carencia de agua producto de la sequía impide la producción de antes. Resulta importante de mencionar el carácter cíclico que para los/as huascoaltinos/as tienen las sequías, identificándose períodos de sequedad intensa que luego dan paso a fuertes lluvias, generalmente asociadas a las temidas “bajadas de quebradas”. La sequía ha sido una amenaza permanente para los/las huascoaltinos/as, por lo que en el pasado reciente de la Estancia se reiteran los relatos que aluden a tiempos de escasez y conflictos de agua. En este sentido, los discursos desplegados en el Estudio atribuyen la insuficiencia actual del recurso, además de las causales naturales a una mala gestión institucional. Un caso destacado es el de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, a la que se atribuyen decisiones que han ido haciendo más precarias las actividades productivas de los/las habitantes del sector alto del valle del Huasco. Asociada a la escasez de agua surja como hito de la historia reciente en los/las entrevistados/as la llegada de las plantaciones de uva de exportación al territorio, pues si bien este tipo cultivo es sinónimo de trabajo temporal también se le responsabiliza de quebrar las dinámicas sociales pues marca el cambio de la

agricultura tradicional a otra de grandes extensiones. Los/las participantes del Estudio identificaron durante la década de 1970 la llegada al valle de las primeros cultivos de uva, fecha en la que no sobrepasaban la hectárea de producción, para establecer a partir de los años de 1980 la entrada de empresas orientadas a la exportación y la ocupación por ende de grandes espacios. Con la llegada de la agroindustria emergen conflictos por la apropiación ilegal de terrenos y sobre todo por el recurso agua. En efecto, los/las huascoaltinos/as atribuyen a los empresarios parroneros el fomento del mercado del agua por la concentración de los derechos, situación que les permite realizar transacciones con otras empresas, por ejemplo, las mineras. De esta forma, la convivencia de la agroindustria con las prácticas agrícolas tradicionales de los habitantes del valle se hace difícil pues entre otras consecuencias, la extensión de los parrones entorpece por una parte el arriendo de superficies donde el ganado, mayormente caprino, pueda pastar y, por otra, contamina con insecticidas y químicos las aguas y el talaje, imposibilitando al fin y al cabo la tenencia de animales en el sector. Por otra parte, los/las entrevistados/as por el Estudio identificaron también como un hecho relevante para la Estancia la llegada de la gran minería al territorio en la década de 1970. El primer proyecto reconocido fue El Nevado, el que habría iniciado exploraciones por el año 1975, inaugurando una relación compleja entre la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos y las empresas mineras instaladas en el sector pues éstas son posicionadas como el origen de la gran amenaza que actualmente les aqueja: la pérdida del territorio. Siguiendo con esa argumentación si bien las grandes mineras llegaron en la década de 1970, fue recién en los años 1990 cuando la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos “abre los ojos”. De hecho a partir de ese momento se hacen visibles grandes proyectos mineros al interior del territorio huascoaltino: Pascua Lama y más recientemente El Morro. Empresas que generan una percepción negativa en la población local por los posibles impactos que pueden generar a nivel medioambiental, productivo y sociocultural y, por otra parte, por la entrega de dinero a algunos/as comuneros/as para proyectos económicos personales, hecho que suscita la división de los/las comuneros/as entre quienes trabajan y confían en la empresa, y quienes la rechazan. Los conflictos de intereses de la comunidad huascoaltina con la gran minería se han acentuado de tal manera que los/las entrevistados/as por el Estudio explican la situación actual comparándola a la conquista y colonización del pueblo diaguita hace 500 años. El posicionamiento es “los indígenas diaguitas frente al español. Ahora sus herederos continúan la lucha frente a la gran minería”. Llama la atención la fuerza argumental del extracto, principalmente porque articula el rechazo a las mineras con el reconocimiento étnico, equiparando la invasión española a las actuales explotaciones mineras. De modo que, como se dijo, el discurso asociado a lo diaguita legitima la defensa del territorio huascoaltino.

En suma, la narrativa huascoaltina asocia la amenaza que significa la implementación de grandes proyectos mineros con la operación de empresas agroindustriales de uva de exportación, responsabilizándoles de la precariedad actual de sus prácticas productivas tradicionales, forma de vida y equilibrio medioambiental. Todo lo anterior lleva a los dirigentes de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos a poner en cuestión el proceso de reconocimiento indígena llevado a cabo por el aparato público. Esgrimiendo que las organizaciones nacidas al amparo de la institucionalidad, no son culturalmente representativas de la etnia sino funcionales a las políticas sectoriales y/o a los intereses de la gran minería. Los Collas El uso del término colla para referirse a la población indígena del extremo norte de la región de Atacama es conocido y utilizado de forma extensa desde comienzos del siglo XX. Con anterioridad el vocablo había sido usado por especialistas para señalar a las poblaciones del sector puneño meridional chileno, del noroeste argentino y sur boliviano. Lo colla correspondería a una identidad que encuentra su origen en los fuertes cambios que en las poblaciones omaguacas, apatamas y diaguita-calchaquíes tuvieron los procesos de conquista y Colonia. Pueblos que en base a sus características andinas, habrían terminado reconociéndose como parte de un nuevo grupo: el colla (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato 2009). Se identifican como características actuales de la etnia, primero, su movilidad como base de su ocupación histórica del territorio cordillerano y su presencia pendular entre los centros urbanos y espacios rurales de la región de Atacama. Y, segundo, la importancia de la familia como institución base de la organización comunitaria colla (Gahona 2000). Durante la Colonia el flujo colla por los espacios cordilleranos llegó a vincular por la puna atacameña al noroeste argentino con San Pedro de Atacama y con Copiapó y, a su vez, por el despoblado de Atacama, a la actual capital regional con San Pedro (CVHNT 2009). Se identifica el arribo y ocupación de familias collas provenientes del noroeste argentino a los sectores cordilleranos de Atacama hacia fines de la década de 1870. Su llegada habría estado asociada, primero, a la presencia de la minería en el sector norte de la Región, actividad en la que el colla se enroló como peón de mina o proveedor de insumos alimenticios y leña. Segundo, a que la zona cordillerana de Atacama estaba escasamente poblada, encontrándose áreas aptas para la criancería, recolección y caza. Tercero, al Tratado de Libre Tránsito y Comercio firmado por Chile y Argentina en 1856, acuerdo que facilitó el arrieraje entre la vertiente occidental y oriental de Los Andes (CVHNT 2009).

De este modo, se formaron tres núcleos de desplazamiento, ocupación y asentamiento histórico de las familias collas: -

La zona de campos de pastoreo, aguadas, vegas y quebradas que va de Chaco Juncal por el norte y Chañaral Alto por el sur, añadiéndose los cerros Bravo e Indaguaz, quebrada El Asiento, Pastos Cerrados y Agua Dulce, más los campos de pastoreo de Doña Inés, Pedernales y Cerro Blanco.

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El área de las quebradas de Paipote, San Andrés y San Miguel que actúan como asentamiento de invernada, mientras que los campos de pastoreo de la cuenca alta del río Figueroa y la quebrada y salar de Maricunga corresponden a los sectores de veranada.

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La cuenca del río Jorquera conformada por los ríos Figueroa, Turbio, Pircas Negras y Nevado La Gallina (CVHNT 2009).

En la actualidad los espacios rurales en que se desenvuelven las familias collas corresponden a campos de pastoreo, vegas y aguadas donde se crían fundamentalmente cabras pero también algunas ovejas, vacas y mulas. En los fondos de quebrada se cultiva fundamentalmente alfalfa y por los alrededores se recolectan ‘montes’ y leña, además de extraer minerales a pequeña escala. Complementario a todas las actividades económicas resulta la textilería y talabartería. Se identifican lugares de connotación sagrada asociados a prácticas rituales como la Apacheta de la Comunidad Indígena Colla de Río Jorquera y sus Afluentes, ubicada en el sector de Cuestecilla. Donde se realizan ceremonias de pago a la pachamama, la celebración del aniversario de la comunidad y las ceremonias de celebración del año nuevo indígena (GAC 2009). Se identifican también instancias de importancia colectiva como el Día de la Comunidad Colla (1 de mayo) y la marca (con hierro en la parte trasera del animal) y señalaje del ganado caprino y ovino (corte de una oreja) (Gahona 2000). A comienzos del siglo XX la ocupación colla de la zona cordillerana comienza a ser interrumpida por dos tipos de conflicto. Uno, territoriales, pues si bien los espacios cordilleranos estaban desocupados, tenían dueños. Los que a partir de esta época comienzan a arrendar a particulares que restringen a las familias collas el acceso a recursos como el agua y pastizales, exigen el pago de arriendo o bien ofrecen incorporarse a las propiedades como inquilinos. Dos, ambientales, dado que la operación de Potrerillos y El Salvador significó la contaminación de los pastizales y la muerte de ganado, además de reducirse el siempre escaso recurso hídrico resultado de su extracción para procesos mineros. Lo que empujó a la adaptación del pueblo colla a través de: a) el empleo asalariado en la minería o latifundios, ingresando a una lógica completamente

opuesta a los desplazamientos libres de la vida cordillerana; b) refugiarse en espacios inaccesibles y seguir desarrollando de forma aislada su sistema tradicional de vida; c) generar estrategias ajustadas a las nuevas condiciones realizando gestiones con políticos regionales y organizándose en, por ejemplo, el Sindicato de Leñadores (CVHNT 2009). Sin embargo, bajo la dictadura en la década de 1980, el escenario se torna aún más precario: se restringen las organizaciones y el manejo de explosivos, haciendo desaparecer al Sindicato de Leñadores y limitando la pirquinería. Además CONAF restringió la recolección de leña y la fabricación de carbón y el SAG las emprendió contra la ganadería caprina con el fin de proteger especies nativas. Todo lo anterior tuvo como corolario la desposesión y/o desalojo de los asentamientos permanentes y tierras más productivas, la reclusión de algunas familias a los sectores menos aptos para las actividades de subsistencia tradicional y la dispersión y desplazamiento de la mayor parte de la población a los centros urbanos de la región de Atacama para emplearse en el sector terciario, la agroindustria o la minería, al mismo tiempo de acceder a la educación y salud. Con la promulgación de la Ley Indígena 19.253 y el reconocimiento e inclusión del colla como pueblo indígena en 1991, se inicia una nueva etapa de la etnia. Comienza el reconocimiento de las familias collas y su patrimonio, surgiendo el interés por rescatarlo y difundirlo, agrupándose en organizaciones orientadas a ese fin, especialmente en el rescate de conocimientos de medicina tradicional. De esta forma, las familias de quebrada Paipote dieron origen a la Comunidad Colla de Pastos Grandes y a la Comunidad Colla Sinchi Waira; en Tierra Amarilla se organizó la Comunidad Colla Waira Manta Tuj’sí; en Los Loros Pacha Churo Kai y la Comunidad Indigena Colla de Río Jorquera y sus Afluentes; en estación Paipote surge la Comunidad de Pai-ote, mientras que en Diego de Almagro nace Geocultuxial. Los collas de la comuna de Diego de Almagro: una narrativa identitaria entre la cordillera y la ciudad El Estudio llevó a cabo trabajo etnográfico en sectores urbanos y rurales de la comuna de Diego de Almagro. Se entrevistó a dirigentes con residencia en la ciudad de Diego de Almagro y habitantes de la quebrada de Agua Dulce en el sector cordillerano de esa comuna. Resulta relevante la definición territorial colla dada por los/las entrevistados/as pues plantea la existencia de un “país colla” que haría referencia a la cordillera de Los Andes, independiente de los limites fronterizos nacionales. Negando el extendido relato histórico que presenta a los collas como indígenas argentinos que habrían migrado a Chile a fines del siglo XIX. Por el contrario, los relatos colla recogidos proponen un nuevo contexto discursivo en el que más que migraciones

de un país a otro, lo que se habría dado fue un habitar transitando permanentemente entre ambos lados de la cordillera. Al mismo tiempo, aspecto fundamental para comprender “lo colla” es la centralidad que en los discursos se adjudica a la familia pues son éstas las protagonistas de la narrativa histórica y las que sustentan una particular noción de territorialidad. Por ejemplo, el nexo con Argentina se concreta en el vínculo lejano con hermanos y primos que habitan ese país pero que sin embargo son reconocidos como parte de la “familia”, explicando el lazo que hasta hoy mantiene unidos a los collas chilenos y argentinos. Efectivamente, las narrativas familiares del pasado colla dan cuenta de viajes que realizaron padres y abuelos desde Argentina a su actual territorio en la región de Atacama. De este modo, los collas se presentan a sí mismos como los primeros en explorar y explotar los yacimientos de la actual zona minera de la provincia de Chañaral. En efecto, los relatos sostienen que antes que se establecieran “los gringos” en Potrerillos, los collas ya explotaban los yacimientos que dieron vida a ese mineral, específicamente las minas Argentina y El Hueso, sus nombres originales. Según la narrativa colla la llegada de estadounidenses a “su territorio” a inicios del siglo XX inaugura una relación compleja que es denominada por los/las entrevistados/as la “invasión minera”. Según relataron, fueron collas quienes abrieron el camino a los “gringos” gracias al conocimiento que de la cordillera fueron acumulando durante generaciones. En el año 1955, al agotarse Mina Vieja, nuevamente habrían sido los collas quienes, según los/las entrevistados/as por el Estudio, guían a “los gringos” a la mina Indio Muerto, actual yacimiento El Salvador. Pese al rol fundamental que según sus relatos tuvieron en el desarrollo minero de la zona, éste nunca fue reconocido es más, producto del avance de la gran minería y sus efectos contaminantes en el sector, la mayoría de ellos/ellas debió abandonar sus asentamientos para dirigirse a la ciudad. De hecho algunas familias han establecido una vivienda urbana a modo de segunda residencia a la que llegar cuando bajan de las aguadas cordilleranas, lugares en los que intentan retomar la vida criancera. En efecto, en la actualidad se puede apreciar una fuerte movilidad colla en los poblados y ciudades de las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Diego de Almagro. Desplazamiento que mantiene un fuerte vínculo simbólico con los sectores cordilleranos, insertándose dentro de los patrones de movilidad histórica de la etnia y una narrativa de “ser colla” en movimiento. Sin embargo otros, en su mayoría personas mayores, decidieron quedarse en sectores precordilleranos como la quebrada de Agua Dulce, continuando aunque de forma reducida sus actividades tradicionales. Para el resto, especialmente los más jóvenes, el retorno a la precordillera sigue un ciclo estacional, insertándose en las dinámicas citadinas durante la mayor parte del año. Situación que es vista

en los discursos collas como una “dispersión” que podría generar la disolución de las familias como núcleo articulador de las prácticas culturales. En este escenario el reconocimiento e inclusión colla en la Ley Indígena 19.253 marcó una nueva etapa en la etnia. Según se argumentó, este marco normativo no solo generó un reconocimiento de carácter legal sino también un proceso de reconocimiento al interior de los grupos familiares y su entorno social más cercano. La pérdida y rescate de la cultura se constituyen a partir de ese momento en tema central de los discursos collas y en ellos nuevamente la familia es posicionada como eje, espacio de reconocimiento y sentido donde se trasmiten las prácticas tradicionales. Del mismo modo, los/las entrevistados/as reconocen que la política indígena estatal les permitió acceder a espacios oficiales y representó un avance en revertir la discriminación de la que históricamente fueron víctimas. En este contexto los relatos señalan que la aprobación de la Ley les permite “ejercer el nombre colla”, habilitándoles para exigir derechos y emprender la reivindicación de tierras y aguas. Asimismo de la implementación de servicios básicos como agua, luz y vivienda, salud y educación rurales en los espacios rurales. Sin embargo, aunque la Ley les beneficia, también cuestionan el orden institucional impuesto por la misma argumentando que ellos/ellas ya existían y reconocían como collas antes de la promulgación de la Ley, de forma que el ser colla no depende de una normativa. Es decir, los collas no son una producción institucional, aunque sea ésta quien los legitime como grupo diferente al resto. El reproche a la institucionalidad se concreta en los/las entrevistados/as, a través de la crítica a los representantes y dirigentes collas que son incorporados a los espacios institucionales en una posición de colla “agradecido por ser considerado”, por “estar invitado”. Argumento que apunta a que el espacio ofrecido hoy a los collas, es un espacio de sometimiento y conformidad, que realmente no resuelve sus problemáticas. El Valle de Copiapó En el presente esta unidad territorial se caracteriza principalmente por dos factores. Primero, el desarrollo de extensas plantaciones de uva de exportación en el sector medio de la cuenca del Copiapó. Segundo, la presencia de la ciudad de Copiapó, núcleo administrativo regional. Por ende, el resultado es que el valle de Copiapó, como unidad territorial, se ha conformado en el centro de la historia política regional y de las políticas de desarrollo. En este Valle encontramos anclajes agroexportadores con gran movilidad poblacional, centros mineros y comerciales, diversificándose así el paisaje cultural y concentrándose la población regional. De ahí que las dinámicas identitarias que se dan en su interior también sean diversas. Como casos representativos de este territorio se seleccionó la comunidad de Los Loros, icono de la expansión agroindustrial, y la comunidad del Pueblo de San

Fernando, la que actualmente transita tensamente entre la ruralidad tradicional y la integración al sector urbano de Copiapó. Para finalmente centrarse en la ciudad capital, núcleo de las narrativas oficiales sobre la historia e identidad de la región de Atacama. Los Loros La localidad se ubica en la comuna de Tierra Amarilla a unos 70 km al sureste de Copiapó. Se emplaza en el curso medio del río Copiapó, en un territorio angosto consecuencia del encajonamiento de las cadenas montañosas que dan forma al valle. El clima imperante es desértico con escasas precipitaciones anuales, sin embargo el valle presenta un microclima que conforma un escenario favorable para la actividad agrícola. Se estima que en Los Loros residen unas 1.176 personas de forma permanente (INE 2002), cantidad de individuos que aumenta a más de 15.000 con la llegada de trabajadores temporales durante la cosecha de la uva (PLADECO 2009-2012). La narrativa lorina, de los huertos tradicionales al monocultivo La memoria local vincula el surgimiento de Los Loros a la actividad agrícola y minera. La primera es asociada a la presencia de los canales que propiciaron la agricultura, lo que posibilitó que la localidad hasta más o menos la década de 1950, abasteciera de frutas y hortalizas a parte importante del valle de Copiapó, destacando la producción de trigo, maíz, cebada, sandías y cítricos. La segunda remonta el origen de Los Loros a inicios del siglo XIX, periodo en el que se configuraría un pequeño poblado asociado a las faenas mineras. Pese a no tener claridad respecto a la fundación de Los Loros, la historia de esta mina fue usada por quienes participaron del Estudio como un referente para establecer fechas y ciclos en la vida del pueblo. Se señaló 1820 como el año en que se inician las faenas de la mina Amolanas especulándose podría ser también el origen del pueblo. Otro hito asociado a la minería destacado por las narraciones de los/las lorinos/as fue la crisis del salitre en el Norte Grande chileno entre los años 1927 y 1930. Según se relató, esta crisis generó gran cesantía y por ello un importante traslado de población al valle de Copiapó en busca de trabajo, por lo que la población del poblado aumentó. Es relevante que en el discurso esa migración se compare a la actual, la de los temporeros agrícolas que especialmente en verano se instalan en el pueblo. Pues también con la llegada de esos antiguos migrantes la comunidad lorina se sintió tan amenazada como en la actualidad, situación permanentemente planteada y cuestionada por los/las mismos/as lorinos/as. También es identificado como hito en la historia comunitaria la construcción del tranque Lautaro, cuya construcción data de 1930 y su puesta en operaciones aproximadamente del año 1938. El tranque permitió el almacenamiento de agua,

asegurando de esta forma el riego agrícola marcando un antes y un después en la gestión del recurso. La primera mitad del siglo XX se presenta en las narraciones desplegadas a lo largo de la investigación como el tiempo de las haciendas y huertos, época en que Los Loros y en general el valle de Copiapó fueron reconocidos por la variedad de su producción agrícola. Las haciendas, grandes extensiones de tierra propiedad del patrón, eran trabajadas en mediería por una gran cantidad de familias. Dentro de las más recordadas están: Amolanas, Valle Hermoso y Viña del Cerro. Desde mediados de la década de 1960 la localidad comenzó a experimentar importantes cambios fruto de la implementación de la reforma agraria. Lo que se tradujo en la división de las grandes propiedades con el fin de dar acceso a la tierra a los campesinos locales. La Reforma Agraria fue identificada por los/las participantes del Estudio como uno de los hitos más importantes de la historia de la comunidad dado que fue un proceso que cambió la forma tradicional de la tenencia de la tierra y con ello las relaciones sociales que caracterizaron la vida en el valle durante gran parte de los siglos XIX y XX. En los recuerdos de los/las lorinos/as la Reforma Agraria es definida como una repartición de tierras que terminó con las grandes haciendas, impidiendo la continuidad de la concentración de la tierra en pocas manos. El proceso fue ejecutado por la institución creada para expropiar y parcelar las haciendas, la Comisión de la Reforma Agraria (CORA). Es interesante que esta institución y el proceso en general fuera fuertemente criticado por los/las lorinos/as quienes denunciaron la falta de apoyo económico del Estado que experimentaron los parceleros beneficiados, lo que implicó no pudiesen trabajar la tierra y terminaran vendiéndolas. Otra crítica al proceso fue la exclusión de gran parte de las familias locales, quienes argumentan que la Reforma benefició principalmente a los cercanos al patrón y a personas ajenas al valle como el caso de grupos familiares que fueron trasladados a la zona desde el Elqui. De estos argumentos se puede plantear que la Reforma Agraria si bien se constituye como un hecho relevante, también fue un proceso deficiente dado que no logró su objetivo central: mejorar la vida de los trabajadores rurales y sus familias. De esta forma a partir de la década de 1980 la tierra comienza a venderse a empresas foráneas generando una nueva concentración de la propiedad. A partir de ese momento se da un fuerte cambio en el sistema de vida de la población local, que queda a casi exclusiva disposición de la expansión del monocultivo de la uva de exportación. De manera que hoy alrededor de ¾ partes de la superficie destinada a viñas y frutales pertenezcan a agroindustrias nacionales o extranjeras (ODEPA 2000).

Los/las participantes de la investigación identifican la llegada de las plantaciones de uva de exportación como el hecho que da forma a la vida actual. Pudiéndose plantear que las parras imponen un nuevo orden social que se sostiene en la nueva forma de trabajar la tierra: el monocultivo extensivo. Las narraciones recopiladas por el Estudio posicionan a Los Loros como el punto de partida de la expansión de los parronales en el sector, señalando al fundo Tres Soles como el pionero del cultivo. Desde esa fecha, a fines de la década de 1970, la uva de exportación ha experimentado una intensa extensión, ocupando incluso las laderas de los cerros. La llegada de las parras también significó más trabajo, convirtiendo al poblado en un polo de atracción para trabajadores afuerinos en busca de opciones y también por haber sido protagonista de movimientos de población planificados por el Estado en una época de fuerte crisis económica. La relación entre los/las lorinos/as y sus nuevos vecinos se vio marcada por el conflicto. El monocultivo ha generado efectos positivos directos como la gran cantidad de empleos que produce e indirectos como el progreso en las comunicaciones. La comunidad constata las mejoras en la red vial como un adelanto que facilita el vínculo con otras localidades del valle como Tierra Amarilla, Rodeo y Juntas del Potro. Como también la llegada al pueblo, en el año 2007, de la cobertura de teléfonos celulares. Pero si bien la actividad presenta resultados positivos también genera insoslayables efectos negativos para la población local y el medioambiente. El uso de pesticidas y quemas orientadas a elevar la temperatura de los parronales durante el invierno, origina graves problemas de salud a las personas directamente expuestas. Asimismo, el incremento en más de un 1000% de la población del valle durante la época de cosecha ha motivado la toma de terrenos en los alrededores de la localidad producto de la sedenterización de parte de la masa de trabajadores que hasta hace poco operaba en la zona solo temporalmente. Tomas que actualmente se constituyen en uno de los principales problemas que enfrenta la localidad pues evidentemente carecen de ordenamiento, agua potable y alcantarillado. Las dinámicas productivas y sociales del monocultivo La cotidianeidad actual de la localidad de Los Loros se configura principalmente en torno a la producción de uva de mesa destinada a la exportación. Según los entrevistados fue a fines de la década de 1970 cuando las plantaciones de uva se masificaron, comenzando a cubrir incluso las laderas de los cerros, estableciendo un nuevo sistema productivo sinónimo de nuevas dinámicas sociales para el poblado. Los ritmos sociales comienzan a seguir el ciclo de la uva, de ahí la importancia de dar cuenta de ese proceso de producción para aproximarnos a las configuraciones identitarias que de ella emergen.

El ciclo productivo de los parronales comienza con la siembra, el desbrote y el deshoje entre otoño y primavera. Característico a la siembra es el trabajo en parejas, complementándose las características que culturalmente se adjudican a hombres y mujeres. Este etapa del trabajo es realizado por mano de obra local, por personas que residen permanentemente en el valle. En tiempo de primavera la planta brota, etapa que se descompone en dos momentos: desbrote y deshoje. El desbrote es el proceso de selección de aquellos brotes considerados productivos. La selección es guiada por normas de calidad que conciernen el calibre y la forma del racimo. Por su parte el deshoje consiste en sacar las hojas que impiden el paso de la luz y temperatura solar. El proceso de producción de la uva de exportación interviene el ciclo natural de la planta, acelerando el brote de la parra con productos químicos con el fin de adecuarla a las necesidades de los mercados internacionales. Los relatos desplegados durante el Estudio dan cuenta del “Dolmen” como el producto más usado, según se explica este químico adelanta hasta en 40 días el brote de la parra. Esta fase productiva es considerada peligrosa por el riesgo de contaminación. Un dato relevante es que las actividades de siembra, brote y deshoje, son actividades que no requieren gran cantidad de trabajadores y suelen ser realizadas solo por personas de la localidad. Es temporada baja, o sea, de poca oferta laboral y bajos sueldos. El verano es el tiempo de cosecha y empaque. La cosecha consiste en el corte y recolección de la uva, mientras que el empaque o packing corresponde al proceso de empaquetado del producto previo a su comercialización. Una vez embaladas las cajas de uva, se ponen en frigoríficos que las mantiene a una temperatura adecuada para su conservación hasta el lugar de destino, principalmente los EE.UU., país que concentra el 83% de la exportación de uva de mesa de la región (ARDP 2007). El proceso de cosecha y empaque genera el aumento en la necesidad de mano de obra, es cuando llegan los/las temporeros/as que se trasladan de diferentes lugares del país, incluso del Perú, para establecer residencia temporal en campamentos cercanos a los fundos. Al aumentar el trabajo, aumenta también la población de la localidad. La dinámica de trabajo se acelera durante este proceso, según el relato de los/las participantes de la investigación, pese a que los packing se rigen por normas de trabajo que aseguran una jornada de ocho horas, lo frecuente es la extensión de la jornada. En efecto, el trabajo del día termina solo cuando se ha empaquetado toda la uva. En consecuencia, el ritmo de trabajo del packing impone una rutina que quiebra los tiempos usuales de la comunidad: en verano se levanta y duerme siguiendo la dinámica de la uva.

Los/as temporeros/as, especialmente las mujeres y los jóvenes, aprovechan la temporada de packing para reunir dinero. En el caso de las mujeres lo ganado durante la temporada de verano es el principal ingreso que obtendrán en todo el año, lo que explica la adaptación a las exigencias del proceso de empaquetado. Otro factor que refuerza los excesos y el bajo salario es la presencia del contratista, figura que simboliza la precariedad laboral de los temporeros. El contratista es un intermediario entre los trabajadores y la empresa, es quien los recluta y lleva a la empresa agrícola o fundo. Es el encargo de una práctica sistemáticamente mal evaluada y denunciada en los discursos de los trabajadores que participaron del Estudio. Ahora, si bien los bajos salarios, la intervención del contratista y el exceso de trabajo son objeto de denuncia, el principal problema que los trabajadores atribuyen a este tipo de trabajo es su carácter esporádico, sinónimo de inestabilidad y precariedad en los ingresos y la vida misma. El/la trabajador/a de parras de Los Loros se desenvuelve en una permanente dependencia e inestabilidad. Aunque los/las participantes del Estudio dieron cuenta de la implementación progresiva de las normas ISO en el trabajo agrícola como un hito en la historia laboral de la comunidad, hecho que es evaluado positivamente y como uno de los grandes cambios del último tiempo. Sin embargo, es interesante constatar que en el discurso local este proceso de protección de los/las trabajadores/as es atribuido a las exigencias del mercado externo y no como gestado por la preocupación de las propias empresas. El ciclo anual se cierra en invierno, estación en la que las parras deben podarse y amarrar para darles la forma requerida, iniciando así un nuevo ciclo productivo. Estas son actividades menores y de bajo costo, por lo que son realizadas por los residentes permanentes del valle. Llegado el invierno, los/las temporeros parten del pueblo, el trabajo disminuye, solo quienes trabajan de forma estable en los fundos, en su mayoría hombres, mantienen sus ingresos. Terminado el proceso de cosecha y empaque, los/las lorinos/as se dedican a la recolección de uvas secas, la comercialización de ese producto les permite mitigar la baja de ingresos durante la temporada baja pues parte importante de la población, sobre todo mujeres y jóvenes, viven el invierno en cesantía. Las dificultades y desafíos actuales Como se ha visto la actividad económica y social de Los Loros está íntimamente unida al cultivo y exportación de uva de mesa, relación de la que desprenden dos tipos de problemáticas. Por una parte, las generadas directamente por este tipo de producción, por ejemplo, la vulnerabilidad y precariedad laboral, la contaminación del aire producto de quemas o pesticidas asociados al monocultivo y la progresiva

disminución de la cantidad y calidad del agua producto de la sobreexplotación del recurso existente en el valle. Mientras que de forma indirecta emergen problemáticas como tomas, drogadicción y delincuencia que se traduce en una fuerte sensación de inseguridad en los habitantes del poblado. Pues si bien los informantes del Estudio señalan estos hechos como permanentes, también establecen una conexión entre falta de trabajo, alcoholismo, drogadicción y violencia. Todos estos problemas se agravan ante la falta de organización de la comunidad, de lo que resulta una comunicación deficiente y divisiones al interior del poblado, cada grupo vela por sus problemas gestándose un ambiente de conflicto latente. Por lo que todos/as los/las participantes del Estudio comparten el anhelo de una mejor organización comunitaria, de lograr acuerdos consensuados que permitan resolver los problemas que enfrentan. El Pueblo de San Fernando de Copiapó El poblado hunde sus raíces en los llamados Pueblos de Indios, concentraciones de población indígena fomentadas por las autoridades españolas a partir de la Real Cédula de 1545. Carlos María Sayago (1874) reconoce que en San Fernando encontró refugio la población vernácula de la zona, manteniendo su organización social a través de un cacique y/o mandón hasta el siglo XIX. Con el paso del tiempo la población del pueblo fue mestizándose y orientándose a la horticultura, constituyendo a la localidad durante los siglos XIX y XX en un importante proveedor de alimentos para la ciudad de Copiapó y la actividad minera regional, tiempo reconocido como la época de auge del poblado. Desde hace unas décadas el antiguo Pueblo de San Fernando ha sido objeto de un acelerado proceso de urbanización producto del crecimiento de población por aumento natural y una migración asociada a las actividades mineras y agroindustriales. De este modo, el antiguo poblado se ha visto sometido a fuertes y acelerados procesos de cambio en lo económico, social y cultural que lo han empujado a formar parte de la esfera urbana copiapina, tensionando y haciendo perder progresivamente el carácter rural que hasta hace poco tenía. De este modo, a inicios del siglo XXI las dinámicas comunitarias del pueblo de San Fernando experimentan complejos procesos de transformación. La expansión urbana de Copiapó ha llegado al pueblo a través de una serie de proyectos inmobiliarios que han ocupado el espacio de los huertos y callejones tradicionales. Nuevas familias se han asentado en el sector, unas siguiendo el sueño de una casa propia en villas y condominios, otras levantando improvisadas y precarias tomas en los cerros. En este nuevo contexto el Pueblo de San Fernando se transforma en una comunidad que transita entre lo rural y lo urbano. De manera que mientras se inserta inevitablemente en las dinámicas urbanas de la capital regional, también

defiende su diferencia articulando a un discurso de conservación patrimonial. Proceso de cambio que se constituye en el núcleo central de los discursos pueblinos, emergiendo como eje articulador de los relatos sobre la vida cotidiana. Esta situación de ambigüedad y/o tránsito entre lo rural y urbano, es evaluada negativamente por los/las entrevistados/as, quienes atribuyen al proceso de urbanización el carácter de invasión, denunciando en sus relatos la usurpación de su espacio comunitario y con ello “el robo de su identidad”. Identificando este cambio como un atentado al sentido de pertenencia de los/las pueblinos, además de también ser sindicado como la pérdida del “pulmón verde” de la capital regional. Es así como los adultos, en especial los adultos mayores, rechazan la integración a Copiapó, afirmando el “ser pueblino” como opuesto al “ser copiapino”, argumentando una histórica diferenciación entre ambos. Sin embargo, este sistema de categorización no es compartido por los/las miembros más jóvenes de la comunidad, quienes se definen a sí mismos como copiapinos, presentando en sus relatos al Pueblo de San Fernando como un barrio de Copiapó. De esta forma, el conflicto que gatilla la urbanización del pueblo, paralelamente intensifica los conflictos generacionales al interior de la misma comunidad: en los discursos la tensión entre lo rural y lo urbano es sinónimo de la tensión entre mayores y jóvenes. El complejo proceso de urbanización del Pueblo de San Fernando, ha significado también un cambio en sus actividades productivas tradicionales. La agricultura familiar, principal fuente laboral durante gran parte de los siglos XIX y XX es hoy desplazada por nuevas formas de empleo, en especial la contratación de los/las pueblinos/as como jornaleros de la agroindustria desarrollada al interior del valle de Copiapó, la minería y los servicios comerciales de la ciudad. Sin embargo, pese a los cambios, el Pueblo de San Fernando aún se reconoce por su vínculo con la mediana y pequeña agricultura familiar. Si bien los terrenos de cultivo han disminuido producto de la construcción de las nuevas villas y condominios, hay familias que se mantienen como productores de hortalizas y frutales. Las entrevistas realizadas por el Estudio identificaron familias que actúan como proveedores agrícolas para las cadenas de supermercados, mientras quienes no se insertan en esas cadenas comerciales destinan su producción al uso familiar, destacándose productos como mermeladas o el llamado vino copiapino. Sin embargo, lo que impera es el desplazamiento de la agricultura tradicional por la ocupación urbana del pueblo. Las antiguas familias pueblinas progresivamente se distancian de las labores agrícolas, por lo que hoy resulta difícil identificar al Pueblo de San Fernando como espacio agrícola. El proceso de urbanización ha significado por ende la llegada de nuevos habitantes que buscan integrarse como mano de obra a los sectores económicos ejes de la economía regional: la agroindustria y la minería. Es así como las mineras son posicionadas en los

relatos como la principal fuente de trabajo para las familias que hoy habitan el Pueblo. No obstante, en los últimos años el trabajo en las agroindustria del valle se ha constituido en una actividad que atrae fuertemente a inmigrantes extranjeros, en especial peruanos, integrándose a ella en condiciones de gran inestabilidad. Según los/las entrevistados, una cantidad importante de temporeros/as se han instalado en improvisadas viviendas en los cerros de los alrededores del Pueblo de San Fernando, configurando tomas. Las actuales problemáticas Los relatos desarrollados en las entrevistas posicionan la falta de agua para riego como la principal amenaza, por ende, la gran preocupación de la vida cotidiana de los/las pueblinos. Los discursos obtenidos por el Estudio denuncian a las empresas mineras y agroindustriales como responsables por la escasez, denunciando la extracción indiscriminada del recurso. El argumento plantea que la falta de agua hace inviable la agricultura lo que explica la venta de los terrenos de cultivo y su ocupación como espacios habitacionales. De esta manera se vincula directamente el problema de la escasez del recurso con el proceso de urbanización, reforzando discursivamente la sensación de pérdida y vulnerabilidad de los/las pueblinos/as. La venta de tierras supone también la venta de acciones de agua, lo que pone en riesgo el control que las comunidades de agua ejercen a nivel local. Extendiendo el problema desde lo individual/familiar a lo organizacional/comunitario. Otro problema de importancia en los discursos pueblinos fue la contaminación ambiental producida por las actividades mineras, destacando el efecto producido por la fundición de Paipote sobre la agricultura y el Pueblo en general. En tal sentido, la década de 1990 es identificada en los discursos desplegados durantes las entrevistas como el tiempo del despertar de la conciencia ambiental de los/las pueblinos/as. Por otra parte, como se dijo, en los últimos años el Pueblo de San Fernando no solo ha visto la llegada de familias copiapinas atraídas por novedosos proyectos inmobiliarios sino también la de familias de escasos recursos que desde diferentes lugares de la Región llegan a Copiapó buscando mejores opciones de vida. Estas familias son las que se han “tomado” los cerros instalándose en frágiles viviendas, cambiando de forma drástica el entorno tradicional del sector. El problema con las tomas es la precariedad de las habitaciones, que no cuentan con servicios básicos como agua potable, electricidad ni menos alcantarillado. Situación que redunda en marginalidad, los pobladores de las tomas son mirados con recelo por los pueblinos tradicionales, quienes les catalogan como “gente peligrosa”.

Según los/las entrevistados/as por el Estudio, los problemas de contaminación, escasez de agua para riego y, en general, los efectos negativos de la acelerada urbanización del pueblo, son consecuencia de la falta de espacios reales de participación en las decisiones de carácter institucional y político. Es decir, las decisiones de cómo debe desarrollarse el pueblo son tomadas sin considerar las opiniones y propuestas de los/las involucrados/as. Un ejemplo concreto dado fue la falta de participación de los/las pueblinos/as en la planificación del proyecto de doble vía que significó la expropiación de residencias tradicionales del poblado. Esa falta de participación en las decisiones tomadas a nivel institucional, se adhiere, articula y refuerza la falta de organizaciones comunitarias fuertes y representativas que actúen como interlocutores válidos ante la institucionalidad. Sin embargo, es relevante que junto al relato de pérdida del Pueblo de San Fernando, emerja también la expectativa de declararlo pueblo típico, lo que significaría la protección de su estilo tradicional. Además esa designación implicaría su inserción en el mercado turístico regional, de lo que se espera surjan nuevas ofertas laborales para la comunidad pueblina. Copiapó, la capital regional Copiapó es la ciudad regional de más antigua data. El auge de su desarrollo se vincula a la riqueza de los minerales de Chañarcillo y Tres Puntas durante el siglo XIX, época que vio florecer su población y adelantos de la ciudad, igualmente de edificios declarados hoy monumentos nacionales. Asimismo de acunar la “reflexión de nuevas ideas y de un pensamiento, costumbrista, crítico liberal, progresista y sobre todo de corte regionalista” que culminó en la revolución constituyente de 1859 (Cortés Lutz 2007). Actualmente Copiapó es el referente del desarrollo regional, ciudad que concentra más del 50% de la población de Atacama y la institucionalidad pública de carácter regional, además de los servicios educacionales, de salud, medios de comunicación, organizaciones sociales y comercio. Ciudad que experimenta un fuerte crecimiento urbano que la lleva a extenderse hacia los antiguos sectores rurales construyendo nuevos espacios habitacionales. En los relatos de los/las copiapinos, la capital es presentada como una ciudad que crece sin planificación, albergando a oleadas de población que en busca de mejores oportunidades laborales han llegado al territorio desde distintos lugares no solo de la Región sino también del país. Así ha sido la historia de la ciudad, conformando sus calles y barrios a partir de asentamientos provisionales, conocidos como “tomas”, que coexisten con el Copiapó tradicional, asociado a las grandes familias de fines del siglo XIX, y sus emblemáticas casas del sector céntrico. Las narrativas copiapinas dan cuenta de su identidad como una identidad pérdida en la cual el progreso acabó con los recursos naturales, la vida tradicional y las

relaciones de antaño. Pero que en su lugar agilizó las redes comunicacionales y diversificó la oferta del mercado. Una ciudad con pocos lugares de encuentro donde hoy es difícil encontrar un “verdadero copiapino”. Efectivamente, el dicho popular sentencia “Copiapó, una ciudad sin copiapinos”, lugar de paso para los trabajadores de mina y los/las temporeros que llegan al valle. Situación que gatilla una serie de tensiones en su interior: la de los “verdaderos copiapinos”, que demandan por el rescate de las tradiciones, y los recién llegados que de forma precaria y temporalmente se vinculan con la ciudad y su historia. En este contexto el Copiapó tradicional genera una reivindicación cuyo eje discursivo es el recuerdo de la Revolución Constituyente y Pedro León Gallo. Figura que otorga sentido de unidad y diferenciación y que actualmente es usada como símbolo de las demandas de la ciudad. Por otra parte, entre los problemas y tensiones identificados por los/las copiapinos/as, el recurso hídrico ocupa un rol central, ya sea por la mala calidad del agua potable que llega a las poblaciones o bien por los frecuentes cortes de suministro. El problema del agua se simboliza con la imagen de un río seco, que refuerza una sensación de pérdida. A este problema se suma el desinterés de los/las jóvenes por generar proyectos de vida en la ciudad, siendo sus expectativas la migración. Breve Discusión Este panorama si bien no agota los matices que la Región posee, logra dar cuenta de la diversidad de las formas identitarias que actualmente se desarrollan. Una diversidad que se relaciona directamente con las características naturales de los territorios. Así las formas de habitar las diferentes unidades territoriales identificadas por el Estudio se asocian íntimamente con los recursos naturales que en ellos se encuentran. En tal sentido, se identifica que el vínculo entre los grupos humanos y su territorio está mediado por las actividades laborales que estructuran las relaciones sociales, las prácticas y con ello las identidades de las poblaciones regionales. Es la actividad económica la que ha impulsado desde tiempos precolombinos la ocupación y uso de los valles, costa, cordillera y desiertos que componen la región de Atacama. Fue la riqueza mineral la que, entre otras, trajo a los conquistadores españoles a Chile y progresivamente empujó la ocupación de la frontera norte del reino. Desde entonces la minería se configuró en la actividad económica más importante de la región de Atacama. En torno y gracias a ella, parte importante del territorio regional fue poblándose y generando características singulares que hoy conforman paisajes culturales bien definidos.

Fundamental en el desarrollo actual de la Región fue la expansión capitalista impulsada por el auge de la actividad minera del siglo XIX. La riqueza generó el desarrollo de la ciudad de Copiapó y el resto de la Región, estimulando la actividad agropecuaria en los valles e incorporando la costa a través de la instalación de puertos que permitieran enviar fuera la riqueza mineral regional. La cordillera por su parte se mantuvo ajena a esa fase de actividad económica conformándose en sector de refugio para las poblaciones indígenas regionales, los diaguitas huascoaltinos y las familias collas que a fines del siglo XIX se instalaron en el sector puneño. Poblaciones para quienes el espacio cordillerano se constituye en un territorio concreto y simbólico donador de sentido, pertenencia e identidad. Sin embargo, ya para la primera mitad del siglo XX la cordillera regional comienza a incorporarse a la actividad económica a través de explotaciones mineras como Potrerillos y posteriormente El Salvador. Identificándose para fines de ese siglo y comienzos del XXI, un ciclo tardío de expansión en esa área por medio de la proyección e implementación de proyectos mineros de gran envergadura en la cordillera del Huasco y Copiapó. Dinámica que tiene sus antecedentes en la política económica resultante de la implementación de un modelo económico de corte neoliberal durante la década de 1980. Lo que para la región de Atacama significó avocarse a la explotación de sus principales recursos naturales, los del subsuelo, y aprovechar sus ventajas comparativas orientando parte importante de su producción agrícola a los mercados externos. Esto comportó transformaciones productivas y modificaciones normativas sinónimo de presión sobre los recursos naturales y transformaciones en las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas de las poblaciones locales. Esos cambios a escala identitaria se concretan en redefiniciones discursivas y políticas que a su vez alteran las formas en que los actores sociales regionales se relacionan. Sin embargo, a pesar de los profundos cambios que actualmente operan, permanecen particularidades que proporcionan a la región de Atacama una especificidad. Ejemplo de ello es que si bien la actividad minera hoy está asociada a grandes proyectos de capitales transnacionales, la actividad del minero artesanal aún continúa funcionando a lo largo de toda la Región con una tecnología heredada del siglo XVIII pero anclada en la sociedad y paisaje regional. Pero sobre todo, une a gran parte de la población regional una versatilidad que le empuja, dado lo irregular de buena parte de las actividades económicas que tradicionalmente se han desarrollado en la Región, a un permanente movimiento espacial y laboral. Lo que ha dado como resultado que actividades como la minería, la criancería, lo agrícola, la pesca y la recolección históricamente se complementen.

No es raro entonces que los testimonios recogidos por el Estudio narren como hombres y mujeres migraron de un lado para otro realizando el trabajo que mejores perspectivas mostraba en un momento dado y con ello construyeran lo que hoy es la región de Atacama. ¿Cuántos de sus habitantes tienen familiares en Ovalle u otro sector del Norte Chico? ¿Cuántos parientes actualmente viven en Calama o Antofagasta? La movilidad y la adaptación de la población regional se constituyen entonces en características fundamentales al momento de caracterizar la configuración geográfica, cultural, social y económica actualmente presente en los territorios que conforman la región de Atacama.

7. IDENTIDADES REGIONALES: CONSTRUYENDO RELACIONES ENTRE LA TENSIÓN Y LA ARTICULACIÓN Las dinámicas sociales y políticas se transforman según las necesidades de cada colectivo social. En consecuencia, las categorías colectivas de representación de una identidad se modifican de acuerdo a las referencias que maneja cada sociedad en un momento dado para definirse. Las identidades por tanto son construcciones sociales en constante re-acomodo a partir de relaciones y hechos sociales que surgen de la interacción de los distintos actores que componen el escenario social en un momento histórico dado. La realidad se construye entonces sobre representaciones que actúan objetivando lo social. O sea, el mundo social es producto de la actividad humana y de las representaciones que tenemos de él. Los procesos identitarios por tanto se configuran a partir de relaciones sociales continuas y dinámicas. De ahí que uno de los objetivos del Estudio Fortalecimiento de la Identidad Regional de Atacama sea dar cuenta de cómo las identidades actualmente presentes en la Región conviven. Para la realización de este objetivo se parte entonces de las siguientes premisas: la identidad es producto de relaciones sociales que se sostienen en procesos lingüísticos/discursivos, por tanto, a través de ellos es posible identificar dinámicas configuradoras de identidad. Por consiguiente, se abordó la problemática mediante la producción metodológica de discursos y posterior análisis temático y retórico. Esta sección da cuenta de sus principales resultados13. Una primera constatación es que la región de Atacama se configura desde la diversidad cultural. El territorio regional está asociado a una serie de identidades que coexisten, se yuxtaponen, integran y tensionan en complejos procesos de adaptación ambiental y social. En este contexto, pensar el Proyecto Región es sinónimo de reconocimiento y valoración de esa diversidad. Lo que significa un desafío pues los resultados del Estudio señalan que las diferencias culturales se imbrican a desigualdades sociales, configurando sistemas de inclusión/exclusión que se extienden en el tiempo. Elemento clave en la mantención de este sistema es el centralismo que reproduce relaciones asimétricas entre la ciudad de Copiapó y el resto de las comunidades urbanas y rurales de la Región. En este sentido el relato histórico regional se articula en torno a la historia copiapina, relato de desarrollo y progreso que tensiona las diferencia. Por lo que las comunidades locales responden 13

El presente capítulo se elaboró en base a los discursos producidos en talleres participativos de análisis, entrevistas grupales e individuales y grupos de discusión. Por ende, debe comprenderse como una síntesis de esos resultados. El material aludido fue presentado en los Informes Nº 2 y Nº 3 del Estudio.

cuestionando su integración no solo a la historia, sino también al Proyecto Región que desde ahí se propone. De ahí que la región de Atacama sea asumida por las poblaciones regionales como un espacio político-institucional centralizado que no logra constituirse en un referente identitario. Las identidades entonces se articulan desde el “lugar” como espacio territorializado en que se despliegan las identidades, movilizando sentidos de continuidad y pertenencia. Es en el “lugar” donde se configuran los discursos étnicos, sectoriales, etarios y genéricos y donde estos encuentran su espacio de negociación y articulación. Siendo también el sitio donde se hacen sentir los efectos directos de procesos de carácter económico implementados en la región de Atacama a partir de la década de 1980. En efecto, la inserción de la Región a una economía de mercado ha impactado los lugares, activando o generando conflictos por el control de los recursos naturales. Sin embargo, esta misma presión ha creado las condiciones para el surgimiento de discursos identitarios que apelan a un pasado indígena y la protección medioambiental como estrategia de defensa del lugar. Lo relevante es cómo, a partir de la defensa de ese “lugar”, emergen movimientos ciudadanos críticos que articulan sus luchas por el medioambiente, la igualdad social y la diferencia cultural. Siendo en estos movimientos sociales donde se condensan los sentidos compartidos que potencialmente podrían dar contenido a la idea de una Región sinónimo de espacio y proyecto común. Identidades y Relaciones: El lugar como Referente de Sentidos Compartidos Se comprenden las identidades como construcciones compartidas que articulan sentidos de cohesión, continuidad y pertenencia. Como propone Iñiguez “la identidad no puede entenderse al margen de las interacciones entre las personas a lo largo del tiempo en un contexto cultural determinado, pues es fruto directo de ellas” (Iñiguez 2001: 221). De esta manera la noción de identidad se configura en relaciones sociales siempre heterogéneas y dinámicas, desplegándose entre la continuidad y el cambio. Identidades que por tanto “nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas” (Hall 2003: 17). Las identidades emergen entonces de procesos de diferenciación, entendidos como prácticas discursivas que imponen un sistema de clasificación que permite a un grupo o un individuo se ubique en un determinado contexto. De esta manera toda construcción identitaria es contrastiva pues se orienta a un “otro” parte del presente cotidiano y concreto o de un pasado lejano y mítico. Es decir, no hay identidad que no se nutra a su vez de las otras identidades con las cuales se relaciona y ante las cuales se define.

Asumir este carácter constitutivo de las relaciones implica por tanto asumir que el análisis de las identidades presentes hoy en la región de Atacama requiere de las redes de relaciones y vínculos en que éstas tienen lugar. En tal sentido hablar de identidades regionales significa dar cuenta de las lógicas que orientan las relaciones, las regulaciones que sobre ellas operan y las variadas formas que pueden tomar. Un elemento clave para comprender las dinámicas de relación al interior de la región de Atacama es la escasez de referentes transversales que logren articular una narrativa identitaria de carácter regional. Por el contrario lo que se constata es un cuestionamiento de la Región como espacio de construcción y proyección de sentidos comunes. Efectivamente, los discursos generados en los grupos de discusión, talleres de análisis participativo y entrevistas realizados por el Estudio a lo largo de la investigación, identificaron a la “Región” como un espacio institucional, centralizado, que actúa por una parte como proveedor de recursos -mediante proyectos y subvenciones- y, por otra, como agente regulador de las poblaciones locales. Asimismo de también ser asimilada a un “proyecto de desarrollo regional” desconocido y/o ajeno. Es decir, se identifica en las poblaciones locales regionales una definición institucional de “la Región” que no genera sentimientos de identificación territorial, lo que explicaría su cuestionamiento permanente. Este planteamiento coincide con el resultado de otros estudios, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Estratificación realizada por el proyecto Anillos de Investigación en Ciencias Sociales, en la cual la región de Atacama alcanza solo un 21% de identificación, en comparación con el 36% del promedio nacional, ubicándose entre las cuatro regiones con más bajos niveles de identificación del país (Barozet 2007). En este contexto, los procesos de identificación en la región de Atacama se articulan desde los lugares, entendidos como territorios delimitados de sentidos, donde se forman y despliegan las identidades en tanto prácticas históricas. Es decir, el lugar “se refiere a la experiencia de y desde una locación particular con algún sentido de fronteras, territorialidad y ligado a prácticas cotidianas” (Escobar 2005:172). Sin embargo no hay que confundir lo local con el “lugar”, pues local y global son escalas que interactúan territorializando un espacio, de esa interacción emerge la noción de lugar. La producción de los lugares, entonces, se asocia directamente a procesos de adaptación, resistencia y apropiación que marcan la relación entre las formas de ser y hacer locales en un contexto global. De esta forma resulta insoslayable que en la actualidad la producción de lugares en la región de Atacama se inserta en un escenario en el que el modelo

económico imperante genera fuertes transformaciones a escala sociocultural y política a nivel local. En este orden social el mercado ocupa un rol fundamental actuando sobre las relaciones sociales, situación que es sistemáticamente deslegitimada desde los discursos movilizados desde la sociedad, deslegitimación que llega también a la institucionalidad pública como responsable de promover y mantener tal situación. En este contexto los discursos generan un sistema de relaciones polarizadas que insistentemente opone “la Región” y “los lugares”. “La Región” como espacio de totalización que si bien promueve las diferencias, las acepta solo cuando éstas son susceptibles de ser integradas a sus lógicas de desarrollo. En tanto, “el lugar” se constituye como el espacio de lo propio, con lo que se está en contacto cotidiano, puesto que el lugar sigue siendo importante en las vidas de muchas personas, quizás la mayoría, si lo entendemos como experiencia de una locación en particular con alguna medida de anclaje (inestable, sin embargo), con un sentido de fronteras (permeables sin embargo) y de conexión con la vida cotidiana, aun si su identidad es construida, atravesada por el poder, y nunca fija (Escobar 2005:158). La contradicción entre la Región y los lugares no es un tema de niveles espaciales de pertenencia sino de proyectos de vida, dicho de otra manera la identificación con la Región no es posible cuando el proyecto de desarrollo regional se contradice con algunos de los sueños locales. Por ejemplo el de la provincia de Chañaral, lugar que discursivamente se presenta como marginado en sus demandas de reconocimiento cultural viéndose reducido al rol de proveer trabajo y recursos económicos para el desarrollo de un proyecto regional del cual se posicionan excluidos. Aquí ser parte de la región de Atacama carece de sentido pues, como se argumenta, “no hay nada” que los ligue a un proyecto de desarrollo regional. La Región es solamente un referente administrativo externo que muchas veces solo opera regulando sus demandas sociales. En estas condiciones la Región como imaginario social no genera cohesión ni pertenencia. Ante esta falta de poder referencial de la Región como unidad territorial, las comunidades locales se aferran a “sus lugares” construyendo y articulando desde ahí sus narrativas identitarias. La imagen que grafica esta situación es la de una serie de comunidades-islas, parcialmente conectadas desde un núcleo administrativo con el cual no siempre sintonizan. De este modo, en la región de Atacama se identifican una serie de “lugares”, desde pequeños poblados como Inca de Oro, Carrizalillo o Los Loros, a amplios espacios, como el borde costero o la cordillera. No obstante, pese a sus diferentes dimensiones espaciales, su carácter de “lugar” está dado por una narrativa

histórica que cimienta las relaciones sociales y los significados culturales de los grupos que los habitan. El punto es que estas narrativas del lugar en tanto discursos compartidos, lejos de integrarse a un relato de carácter regional, se constituyen desde su particularidad en articuladoras/integradoras de su propia diversidad (de género, etarias e incluso étnicas). De modo que especialmente en situaciones de conflicto esta diversidad de identidades se alinean, unificándose en un único relato identitario generalmente de carácter defensivo y/o reivindicatorio. En este sentido la convivencia de grupos diferentes es posible gracias a la construcción de un lugar común, compartido, donador de sentido de continuidad y arraigo. Un ejemplo de este proceso es el pueblo de Los Loros en el valle de Copiapó, lugar donde convergen mineros hoy jubilados, jóvenes temporeros de la agroindustria descendientes de agricultores de antaño, familias de inmigrantes que se han “tomado” los alrededores del pueblo y collas que transitan entre el poblado y la precordillera. Esa diversidad de grupos e intereses gesta una “identidad lorina” que denuncia la extensión del monocultivo de uva como invasor de “su” lugar. Relegando los conflictos internos entre jóvenes y viejos, lugareños de siempre e inmigrantes tras una denuncia que si bien congrega tampoco genera un discurso de defensa territorial, menos aún de propuestas alternativas. Caso diferente es el del borde costero regional, “lugar” en que la articulación identitaria tiene un carácter sectorial. Efectivamente el mar se constituye como el espacio de sentido que une las poblaciones que se vinculan con la explotación de recursos marinos. Así, a través de sindicatos de pescadores artesanales, asociaciones gremiales de pescadores, buzos y algueros, agrupaciones de empresarios turísticos y redes de mujeres se configura una narrativa identitaria compartida centrada en la relación productiva con el mar. De esta forma, en un contexto de amenaza a la sustentabilidad de las prácticas artesanales de explotación, lo que se defiende es todo el territorio litoral regional, independiente de la localidad específica donde se resida. Aquí la narrativa del lugar se construye desde una lógica de desplazamiento que permite apropiarse del mar en tanto territorio, generando una narrativa identitaria sectorial de todo el espacio litoral. A pesar de sus notorias diferencias los ejemplos anteriores ilustran procesos de articulación de identidades desde la lógica del “lugar” en tanto espacio privilegiado de configuración de sentidos comunes, negociaciones y narrativas vinculantes. Es decir, “el lugar” emerge como “lo otro” a una imagen región homogénea. Expansión del Capital y Defensa del lugar. Complejas Relaciones en un Contexto de Globalización La convivencia de las identidades actualmente presentes en la región de Atacama se da al interior de un fuerte proceso de globalización económica. De ahí que para

comprender cómo se relacionan las identidades regionales sea necesario esbozar el contexto. En tal sentido, lo primero a señalar es que el modelo de desarrollo vigente significa la desterritorialización de las economías locales. En la década del 1980 la implementación de políticas neoliberales en el país significó la apertura de la economía regional a capitales foráneos en los sectores mineros, agrícola y también pesquero. Con el paso de los años la explotación intensiva de los recursos naturales que este modelo económico involucra, terminó por modificar el paisaje natural y prácticas socioculturales y económicas de algunas poblaciones regionales. Consecuencia de este proceso es la extrema especialización y dependencia de la economía regional de sectores productivos, como el minero y agroindustrial, y los efectos que sobre ellos tienen las fluctuaciones de los mercados internacionales. A nivel local estas mismas empresas establecen relaciones de competencia con las poblaciones y formas económicas tradicionales. Lo que en términos más amplios se traduce en una competencia por el control de los recursos naturales y las dinámicas sociales y culturales que en torno a su gestión se articulan. La competencia por los recursos naturales regionales se traduce entonces en la presión sobre las poblaciones e identidades locales. Es la expansión capitalista neoliberal la que actualmente estructura el escenario donde las relaciones sociales regionales tienen lugar y la que origina que las comunidades locales discursivamente se posicionen desde la lógica de defensa de “su lugar”. De esta forma, son los discursos y las prácticas cotidianas desde donde las poblaciones locales se cohesionan para enfrentar lo que amenaza sus sistemas tradicionales de vida. En estas lógicas el mundo discursivamente es visto como un campo de batalla donde las relaciones adquieren la forma de un enfrentamiento entre los “invasores” del territorio y los “invadidos” que se unen para defenderlo. Es desde “el lugar” como espacio historizado quien convoca y sintetiza los sentidos que justifican la defensa. La lógica de defensa de ese “lugar” opera entonces para deslegitimar no solo la invasión sino también el orden social que la permite. La preponderancia de “los lugares” como gestores de identidad significa asumirlos como espacios privilegiados de cohesión y movilización social en torno de la resistencia y defensa de las culturas locales. Pero el hacerlo conlleva el riesgo de replegarse demasiado sobre sí mismos, constituyéndose en baluartes estáticos de una identidad pérdida, descontextualizada y aislada que viene a anular las potencialidades y posibilidad que el futuro puede traer. De modo que los discursos de protección y conservación pueden llegar a radicalizar no solamente las diferencias sino también las formas de discriminación social.

Los discursos desplegados durante la realización de los talleres participativos de análisis que el Estudio llevó a cabo, dieron cuenta de una serie de experiencias que ilustran la instalación y promoción de lógicas de defensa del lugar. Con fines explicativos estas experiencias se pueden agrupar en dos categorías: i. Comunidades y/o agrupaciones que desarrollan una estrategia de defensa mediante discursos y prácticas de resistencia, ii. Comunidades y/o agrupaciones que solo elaboran y promueven discursos de defensa. El ejemplo más claro de la primera categoría corresponde a la Comunidad Agrícola de Ascendencia Diaguita Los Huascoaltinos que elabora y despliega una intensa estrategia de protección de la Estancia para evitar la contaminación que significaría la implementación de los proyectos mineros Pascua Lama y El Morro. También se encuentran en esta categoría la comunidad de la localidad de Inca de Oro que, ante la amenaza de erradicación que conlleva la instalación del proyecto minero San José de CODELCO, se cohesiona en torno al Comité de Defensa de Inca de Oro. Y la comunidad del pueblo de San Fernando, que para defenderse de los proyectos viales e inmobiliarios que amenazan su espacio tradicional realiza campañas de rescate patrimonial organizándose para instalarse como interlocutor válido ante la institucionalidad pública. En la segunda categoría es posible reunir a las asociaciones gremiales y sindicatos de pescadores, buzos y algueros que ante la amenaza que significa la operación de la pesca industrial o la instalación de termoeléctricas en su litoral, se cohesionan por su defensa a nivel regional. Pero, si bien logran elaborar un discurso defensivo de fuertes argumentos, las tensiones internas impiden un trabajo conjunto a nivel territorial. También a esta categoría pertenecerían las familias collas que, aunque atomizadas, apelan a la defensa de los espacios precordilleranos de la contaminación. Sin embargo, su discurso también carece de una articulación organizacional mayor, restándole fuerza ante las empresas mineras y la institucionalidad. En este caso el discurso no genera prácticas concretas. En su conjunto estos casos ilustran cómo las comunidades y organizaciones regionales se cohesionan en torno a discursos de defensa del lugar. Para a partir de esos discursos oponerse al modelo de desarrollo regional, entendido solo como crecimiento económico, mediante la aspiración de un desarrollo situado, comprendido principalmente como calidad de vida. Esto explica, al menos en parte, que las comunidades convocadas bajo la lógica de la defensa del lugar proyecten y constituyan hacia “la Región” relaciones basadas en la desconfianza, transitando entre la búsqueda creativa de alternativas y una resistencia auto referente. Este contexto discursivo ciertamente dificulta una convivencia que se constituye como una coexistencia tensionada que, por un lado, arriesga con aislar a las

comunidades locales y, por otro, puede deslegitimar el accionar de la institucionalidad pública. Pues en este escenario “la Región” no aparece como capaz de convocar y aunar voluntades en torno a proyectos compartidos por todos/as sus habitantes. Pero paradójicamente este mismo contexto moviliza sentimientos de pertenencia con “los lugares” capaces de renovar y construir nuevos discursos identitarios. Las narrativas del “lugar” equivalen, por tanto, a narrativas identitarias que cimientan la posibilidad de relacionarse al interior de la Región. Pues a pesar de sus diferencias, estas narrativas comunitarias comparten procesos como el remontar sus antecedentes al pasado vernáculo y/o emprender procesos de patrimonialización que las fortalecen como grupo social singular. Construyendo nuevas posiciones desde donde relacionarse Así, frente a la presión de grandes proyectos que tensionan la cotidianidad de comunidades atadas al lugar, éstas recurren a la movilización de sus memorias y elementos patrimoniales. Hay que aclarar aquí que las memorias son comprendidas como discursos sociales que articulan hechos del pasado desde el presente para responder a problemas coyunturales, por ende, no corresponden a representaciones estáticas de un pasado inalterable. De ahí que en el actual escenario regional las memorias tengan un efecto legitimador para las estrategias de defensa emprendidas, incorporándose como pieza clave en las narrativas identitarias. El tema es cómo ello ocurre. En los casos abordados por el Estudio, las tramas de la memoria dan cuenta de la constante lucha de las poblaciones locales por proteger sus recursos naturales. Así las historias comunitarias son historias de defensa de un “lugar”, que se fortalece al instalar el origen de cada comunidad en un pasado remoto que confiere continuidad y densidad a la narrativa de defensa. En algunos casos, no en todos, este proceso de vernaculización está asociado al de etnificación14. Ello ocurre cuando las comunidades unen sus recuerdos directos con el pasado de los grupos étnicos que según la historia oficial ocuparon su territorio, reforzando la lógica contrastiva que guía las formas de convivencia de estas identidades. De esta forma en sus discursos, las actuales amenazas representan un episodio más en una larga historia entre invasores e invadidos, en que la que el rol del invasor que antes correspondió al español hoy es ocupado por proyectos económicos de grandes dimensiones y fuertes impactos para las poblaciones locales. 14

Pese a que en algunos contextos vernaculización y etnificación se dan en forma conjunta, no deben confundirse, la vernaculización es un ejercicio discursivo que construye una relación con el pasado lejano para dar continuidad a una narrativa identitaria, Mientras la etnificación es el proceso de construcción de un discurso etnificador que configura y legitima una adscripción étnica.

Este proceso vernaculizador se encuentra por ejemplo en los discursos del borde costero que para la defensa del pescador artesanal y sus prácticas tradicionales, apela a un pasado chango capaz de encadenar simbólicamente las nociones de movilidad, libertad y autonomía que hoy son utilizadas para cuestionar los procesos de regulación institucional. Un matiz diferente adquiere el caso colla, quienes a través de sus discursos sobre el pasado tensionan la historiografía oficial planteándose como los pobladores originarios de la cordillera regional y los centros mineros de Potrerillos y El Salvador. Argumento que les permite sostener la existencia de una nación colla cordillerana invadida y usurpada por las compañías mineras. De esta forma, se instalan como herederos de una larga tradición que los habilita para denunciar su exclusión y precariedad económica actual. Pero sin duda el ejemplo más claro de vernaculización asociada a etnificación es el de los comuneros/as huascoaltinos/as que aceptando una ascendencia diaguita insertan sus actuales luchas contra los proyectos Pascua Lama y El Morro como parte de una resistencia histórica, que es naturalizada como elemento constitutivo de su identidad actual. Según sus discursos, si en el pasado lejano resistieron al invasor español, hoy pueden resistir a las empresas y la institucionalidad estatal. Esta vernaculización tiene importantes efectos en la construcción de posicionamientos dinámicos sobre los que se desenvuelven las relaciones identitarias regionales de las comunidades bajo amenaza. No es lo mismo posicionarse solo como criancero que como un descendiente diaguita que desarrolla una práctica económica tradicional. Otro elemento transversal que sostiene la defensa del lugar es el proceso de patrimonialización, entendido como el reconocimiento y puesta en valor de ciertos elementos culturales como sustento material de identidad en un momento histórico dado para articular discursos de defensa y/o rescate. Es lo que ocurre por ejemplo en la comunidad de Inca de Oro, donde la existencia del camino del Inka, los petroglifos de Finca Chañaral y la estructura minera del pueblo, refuerzan el sentido de comunidad y posibilitan la cohesión en torno a la defensa del pueblo y la promoción de su reconocimiento como pueblo típico minero. Algo similar ocurre con el Pueblo de San Fernando, que frente a la expansión inmobiliaria también se proyecta como pueblo típico. Lo interesante de este caso es que en vez de identificar espacios definidos que podrían tener un valor patrimonial, se postule al pueblo de forma íntegra como “lugar”. De esta manera se apela a una narrativa que da profundidad histórica a las relaciones, resaltando los lugares de encuentro público como las plazas, callejones e iglesias en tanto espacios de congregación comunitaria, más que por sus características arquitectónicas o de otro tipo.

Otros ejemplos son la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos que en forma autónoma ha levantado la línea de base de su patrimonio cultural, la de caleta Chañaral de Aceituno donde actualmente se recrea una balsa de cuero de lobo de tradición changa y la localidad de Los Loros, donde un grupo de jóvenes rescata antiguas fotografías del poblado. El proceso de patrimonialización resulta entonces complementario a la construcción de una memoria vernaculizante que selecciona determinados elementos culturales para ser utilizados como recursos de identidad. Sin embargo, más allá de una identificación/selección de elementos culturales, la patrimonialización en la región de Atacama actúa principalmente sobre elementos patrimoniales de carácter natural. En este sentido el agua ocupa un rol central como elemento que en sí mismo integra lo natural y lo cultural. Pues, de una u otra manera, las comunidades regionales que se cohesionan producto de un conflicto, recurren al agua como símbolo de identidad/diferencia. Los ejemplos son variados desde las aguadas cordilleranas reconocidas por las familias collas, hasta el primer grifo de agua potable que aún se conserva en la plaza de Los Loros, pasando por las vertientes de Finca Chañaral que abastecen de agua a Inca de Oro. La patrimonialización del agua emerge como un proceso que atraviesa y condiciona las relaciones de las comunidades que se congregan alrededor de la lógica de la defensa del lugar. Otro elemento a destacar es la valoración que en los discursos de defensa se asigna al desierto florido, que al igual que el agua, es capaz de generar sentidos de pertenencia para los distintos lugares que componen la Región. Construyendo Relaciones desde el Centralismo A diferencia de las comunidades que se identifican con su “lugar” y no con la “Región”. La capital, Copiapó, sí establece un discurso regional marcado por una lógica centralista. En efecto, los discursos generados desde la capital tienden a asimilar el desarrollo de la región de Atacama al propio. Lógica que es identificada y denunciada por las comunidades regionales como históricamente dada, advirtiendo del riesgo de homologar el pasado y futuro de toda la región de Atacama con el de su capital15. Por este motivo, el centralismo de Copiapó debe ser considerado como otro elemento clave para comprender las dinámicas que guían las relaciones identitarias al interior de la Región. Este rol referencial de Copiapó se sostiene y legitima discursivamente en un relato histórico de características épicas cuya trama se construye en torno a tres hitos principales: la llegada de Almagro al actual territorio chileno, la toma de posesión del valle de Copiapó por Pedro de Valdivia y la Revolución Constituyente encabezada por Pedro León Gallo en 1859.

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Situación observada, por ejemplo, en la comuna de Diego de Almagro, donde los relatos cotidianos cuestionan el lugar central de Copiapó en la historia regional, argumentando que para ellos/as nombres como Pedro León Gallo no tienen mayor relevancia.

Eventos históricos netamente copiapinos que actúan como núcleos discursivos de una historia regional que se entrelaza con la actividad minera, articulándose con sus ciclos de auge. De forma que los hitos políticos adquieren fuerza argumental a través de su contextualización en una narrativa de progreso que atribuye a la ciudad de Copiapó el rol de catalizador de los recursos generados en los diferentes territorios regionales. Mediante este relato histórico, por una parte, Copiapó se posiciona como cuna de la nacionalidad chilena y motor de desarrollo económico regional y, por otra, como crítica y díscola al centralismo del poder estatal. De esta manera la capital regional se sitúa en un espacio discursivo privilegiado en tanto referente histórico nacional, por ser aquí donde se inicia la historia patria. Pero el mismo proceso impone un relato hegemónico que omite, integrando o excluyendo, los relatos que proceden desde los otros “lugares” de la región de Atacama. En definitiva la historia de Copiapó, totaliza el espacio discursivo histórico regional. De ahí que esta construcción histórica se constituya en un importante referente contrastivo para la constitución de discursos identitarios alternativos. Es decir, es desde su relación con Copiapó que otras comunidades constituyen sus procesos de diferenciación, tensionando la identificación con la “Región”. La capital regional emerge entonces como el núcleo discursivo de un sistema de diferenciación que opera en dos niveles. Primero a nivel macro, sintetizándose en la provincia de Copiapó para desde ahí enfatizar las diferencias con las provincias de Huasco y Chañaral. Segundo, a nivel micro, situándose como la gran urbe regional, por ende, diferenciándose al resto de la Región. Relaciones entre Copiapó y Huasco: una tensión histórica A nivel macro se identifica una tensión permanente entre las provincias de Copiapó y Huasco16. La relación identitaria se da a partir de la diferenciación y el contraste, la narrativa de Huasco tiene como uno de sus elementos fundamentales la negación a integrarse a un relato regional que se centra en Copiapó. En el discurso, Copiapó puede ser comprendido entonces como “el otro” que posibilita la alteridad de Huasco. En los discursos huasquinos la crítica al centralismo de Copiapó es metafóricamente posicionada como su “patio trasero”17. Pues como se planteaba, si la región de Atacama se centra en Copiapó, quiere decir que el proyecto regional de desarrollo es finalmente un proyecto copiapino del cual Huasco no 16

Tensión que fue expresada tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión realizados en Vallenar el 21 de diciembre 2009 y en Copiapó el 4 de enero 2010. 17 Metáfora registrada en el grupo de discusión realizado en Vallenar el 21 de diciembre 2009.

participa. Es a partir de este argumento que los/las habitantes del Huasco se niegan a pensar un proyecto región, señalando “ser huasquinos no atacameños”. De esta manera el Huasco discursivamente se desvincula de la Región mediante un ejercicio de diferenciación que niega la posibilidad de inclusión y/o yuxtaposición de ambas identidades, operando bajo un sistema de categorizaciones excluyentes. Los discursos huasquinos configuran una relación asimétrica que reproduce un sistema de dominación/subordinación que toma forma en la concentración del poder político y económico en la ciudad de Copiapó, reduciendo al Huasco a una fuente de recursos para el desarrollo del proyecto copiapino en desmedro del propio. Sin embargo, la configuración discursiva de esta relación de dominación/subordinación permite al Huasco posicionarse desde la lógica de la defensa del lugar, fortaleciendo su narrativa identitaria. Así el sistema de dominación/subordinación se invierte y complementa con uno de superioridad/inferioridad que valoriza a la provincia de Huasco mientras desvaloriza a la de Copiapó. La diferencia entre ambos se sintetiza en la imagen simbólica de sus ríos: uno seco, el otro vivo. En los relatos de Copiapó y Huasco el estado actual de sus ríos es presentado como consecuencia de la implementación del modelo económico actualmente vigente. El que se concreta en el valle de Copiapó en la extensión de monocultivos y faenas mineras que sobreexplotan el recurso hídrico, haciendo desaparecer el río que hasta hace poco formaba parte del paisaje de la capital. Mientras que el valle del Huasco presenta una diversidad agrícola que al igual que su río aún se mantiene, si bien está amenazada por proyectos mineros. Así, en los discursos identitarios la pérdida del río copiapino es homologada a la pérdida de su identidad18, mientras que el río Huasco es posicionado como el eje de la lucha por la defensa de la identidad huasquina19. De esta manera, paradójicamente ser el “patio trasero de Copiapó” y por ende del proyecto de desarrollo regional, ha posibilitado la supervivencia del río y, en torno a él, la construcción de su diferencia. Copiapó y Chañaral: paternidad y dependencia Pero no solo Huasco constituye su identidad contrastándose con Copiapó, también lo hace, aunque de forma diferente, la provincia de Chañaral. Pues las pampas mineras de esta provincia son comprendidas en los discursos centralista, como meros lugares de trabajo, asentamientos temporales que no involucran arraigo ni pertenencia. De ahí que la provincia de Chañaral sea discursivamente

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Planteamiento usado en el grupo de discusión realizado en Copiapó el 4 de enero 2010. Planteamiento usado en el grupo de discusión realizado en Vallenar el 21 de diciembre 2009.

desconectada de la identidad regional, en tanto lugar de tránsito que suele estar más cercano a los núcleos urbanos de La Serena y Santiago que de Copiapó20. Llama la atención que la provincia de Chañaral, siendo uno de los núcleos económicos de la región de Atacama, sea integrada metafóricamente al relato regional de Copiapó como “hijo desnaturalizado”21, o sea, desde la carencia y la necesidad de protección. Desde los discursos copiapinos, la diferencia no se constituye en una relación de rivalidad como ocurre con el Huasco -en la que es posible el reconocimiento y con ello el cuestionamiento del otro- sino en una relación de negación que anula la legitimidad del discurso identitario, no porque éste sea opuesto al de Copiapó sino porque el carácter transitorio de gran parte de su población, es usado como argumento para atribuirles un desarraigo que impide la sedimentación de una identidad. Por su parte la provincia de Chañaral rechaza el centralismo copiapino denunciando, por un lado, el abandono de las políticas públicas implementadas desde el núcleo administrativo y, por otro, la negación de sus comunidades como portadoras y productoras de una cultura singular22. En este contexto el único espacio abierto de relación es el comercio. En efecto en los discursos cotidianos de la provincia de Chañaral, la capital regional es equivalente a grandes tiendas y supermercados que vienen a satisfacer las necesidades de consumo cuando no hay tiempo y/o dinero para visitar el mall de La Serena23. Desde Chañaral entonces se piensa el desarrollo, pero acotado a sus lugares vistos por su población como dinamizadores de la economía regional y nacional, pero también como espacios de un arraigo que muchas veces escapa a las lógicas tradicionales de pertenencia. Chañaral y especialmente las pequeñas y grandes comunidades mineras que ahí se ubican, por ende, construyen sus identidades fuera de los espacios discursivos promovidos por una institucionalidad que es identificada con el gran Copiapó. Así en términos macro regionales, Copiapó se instaura como el espacio urbano donde se centralizan las funciones administrativas del Estado, concentrando las inversión pública y, sobre todo, sintetizando una identidad regional que se construye sobre un relato histórico que totaliza la diversidad de las memorias regionales. De este modo, la hegemonía copiapina junto a los procesos de vernaculización y patrimonialización emergen como catalizador de los procesos identitarios de las comunidades lugarizadas de la provincias de Huasco y Chañaral. Ruralidades tensionadas desde el centro 20

Situación expresa tanto por los entrevistados de Diego de Almagro, Copiapó y El Salvador. Expresión usada en el grupo de discusión realizado en Copiapó el 4 de enero 2010. 22 Argumento usado en el grupo de discusión realizado en Diego de Almagro el 5 de enero 2010. 23 Argumento usado en los grupos de discusión realizados en Copiapó el 4 de enero 2010 y Diego de Almagro el 5 de enero 2010. 21

El centralismo se sostiene sobre distintos planos de diferenciación que se sobreponen y articulan. De esta manera, dicho centralismo también opera a nivel de diferenciaciones que separan lo rural de lo urbano. A este nivel se desarma la síntesis macro que hacía equivalente la ciudad de Copiapó, el valle y la provincia del mismo nombre. En su lugar, es la ciudad por sí misma la que opera como referente de una identidad regional urbana y desarrollada. El carácter urbano de Copiapó es lo que instaura a esta ciudad como icono de un desarrollo deseable, pero también cuestionado desde lugares aledaños como el pueblo de San Fernando. Comunidad tensionada por una expansión urbana que diluye sus límites territoriales. Los discursos desplegados tanto por copiapinos como por pueblinos dan cuenta de un pasado caracterizado por relaciones de complementariedad que se sustentaban en una diferenciación no necesariamente conflictiva, sino más bien facilitadora de comunicación. Probablemente este sistema se basaba en el reconocimiento del otro como algo distinto y a la vez necesario. En los discursos el pueblo de San Fernando es recordado como “el gran huerto de Copiapó”24, lugar donde transcurrían los días de campo y celebración. Mientras que Copiapó a su vez se reconocía como el centro cívico con el que se mantenían relaciones políticas y familiares. El desarrollo económico de la capital se complementaba entonces con la orientación agrícola del pueblo. Sin embargo la relación cambió. Actualmente el aumento de la población copiapina se ha traducido en una intensa expansión urbana que avanza sobre el pueblo25. Así Copiapó se constituye en el otro que amenaza la existencia misma de San Fernando, proceso que es significado por los pueblinos como una invasión a su territorio e identidad. Es decir, el conflicto por la expansión urbana copiapina es también un conflicto por la identidad. Puesto que mientras el discurso desarrollista de la capital regional actúa anulando la diferenciación a través de la integración, el pueblo se posiciona en una férrea defensa de su diferencia apelando a la reivindicación patrimonial. Esta lucha por la identidad se concreta en la lucha por el derecho a un nombre pues mientras la institucionalidad habla de villa Manuel Antonio Matta26, como un barrio residencial más del espacio urbano; los pueblinos lo hacen del pueblo de San Fernando, un lugar con su propia historia y proyecciones de futuro. 24

Informe Nº 3 del Estudio. En cuanto a su población, según el Censo 2002 la región de Atacama tenía una población de 254.336 individuos, esperándose cuente con 280.543 habitantes durante el año 2010. También se prevé la acentuación de la concentración poblacional en la capital regional, ciudad que ya reúne el 50% de los habitantes de la región. La población regional entre los años 1992 y 2002 manifestó un promedio de crecimiento menor al del resto del país, respectivamente 9,3% y 12,8%. Tendencia diametralmente distinta a la registrada en el periodo 1970 - 1992, cuando la región de Atacama mostró un crecimiento muy por sobre el promedio nacional. Es decir, actualmente la Región resulta menos atractiva para la migración desde otras partes del país (ARDP 2007). 26 Nombre asignado al pueblo por la institucionalidad vigente en la década 1980. 25

La relación actual entre Copiapó y el pueblo de San Fernando se construye entonces desde una lógica de expansión que es significada en los discursos de pueblinos y copiapinos mayores de carácter tradicionalista, como una invasión27. Destacando sea el término invasión el que se impone por sobre el de integración para definir el proceso de expansión urbana. Ahora bien, enmarcar la relación en un contexto de invasión identitaria tiene serias implicancias, una de ellas es la constitución de un sistema de dominación/subordinación que en este caso se articula y potencia con uno de agresión/victimización. Pues es desde este sistema que se configuran los discursos de defensa del lugar dado que la victimización genera sentimientos de cohesión social entorno al dolor por la potencial pérdida del pueblo. Discurso que viene a expresarse en la escasez del recurso agua y con ella de la merma de las actividades agrícolas sobre las que se organizaban las dinámicas y relaciones sociales. Desde ahí se construye hoy una identidad que emerge como oposición a los procesos de urbanización a los que el pueblo se ve sujeto. Así, si discursivamente para Copiapó las inmobiliarias y los proyectos viales son sinónimo de progreso, para el pueblo lo son de destrucción. Sin embargo el proceso de diferenciación es más complejo pues para los más jóvenes surgen nuevas formas de relacionarse con la capital regional. Para ellos Copiapó representa eso que como comunidad no se quiere ser, pero al mismo tiempo también representa aquello que como familia o individuo se quiere tener: trabajo, mejor educación y, en no menor medida, posibilidades de consumo. Así la relación puede adquirir también la forma de un tránsito permanente que abre la posibilidad de identificación/diferenciación que no excluye el ser pueblino y a la vez copiapino, pero que al mismo tiempo amenaza la anulación definitiva de la diferencia. El punto es que actualmente estas posibilidades coexisten, tensionan y reformulan de acuerdo a los contextos en que ser pueblino se despliega. Pese a lo anterior, el discurso predominante es aquel que defiende el “lugar” oponiéndolo a Copiapó. Discurso diferenciador que rechaza los cambios apelando a un pasado y tradición autorreferente que arriesga estancar al pueblo en el pretérito. Copiapó entonces cumple nuevamente el rol de contraste identitario. Esta vez enfatizando su carácter de centro urbano invade otros lugares de identidad, totalizando sus historias y proyectos. Es esta la posición que desde el pueblo se le asigna y desde la cual se establece la relación. No obstante, la ciudad de Copiapó también presenta matices que ponen en duda su rol de referente identitario regional pues su constitución actual da cuenta de tensiones internas que cuestionar ese rol. La capital regional es también un lugar 27

En el caso de los niños y jóvenes se observa una desvinculación con el conflicto y una identificación con la ciudad de Copiapó.

donde cohabitan identidades precariamente integradas que se rebelan a ser homogenizadas en una única narrativa histórica e identitaria. Un ejemplo de estas tensiones la proporcionan grupos que se definen a sí mismos como “copiapinoscopiapinos” o “copiapinos netos”, reclamando para sí el derecho al reconocimiento de una identidad verdadera. Excluyendo de este modo a quienes se han asentado en Copiapó pero se ven excluidos de formar parte de ese “nosotros” capitalino. El centralismo entonces cumple también la función de invisibilizar estas tensiones internas a quienes observan Copiapó desde un contexto regional. La Región y las Identidades Étnicas: Reconocimiento, control y Resistencia Aspecto clave para comprender las dinámicas que caracterizan la convivencia de las identidades hoy presentes en la región de Atacama son las relaciones interétnicas que se despliegan en su interior. Estas relaciones se estructuran a partir del reconocimiento de la existencia y convivencia histórica de grupos de ascendencia indígena como son collas y diaguitas huascoaltinos. En este caso nuevamente opera la lógica del referente en tanto parámetro de comparación desde el cual se regulan distintas formas de relación. El referente está dado por el carácter unitario de la nación chilena que en la región de Atacama se regionaliza al situarse a partir de la llegada de Diego de Almagro y el posterior acto fundacional de Pedro de Valdivia, como cuna de la nacionalidad. De ahí en adelante la narrativa regional da cuenta de un espacio occidentalizado en el que los indígenas cuando no son omitidos son integrados como parte de un pasado superado por el progreso, reduciéndolos a representaciones folclóricas o acogiéndolos como grupos vulnerables a los que hoy es necesario proteger28. Desde este referente la diferencia de los grupos indígenas es radicalizada e inserta en una relación asimétrica en la que son objetivados/cosificados en tanto sujetos pasivos sobre los cuales se actúa. Es en este tipo de relaciones donde opera con toda su fuerza la articulación de las diferencias culturales con las desigualdades sociales, configurando y naturalizando un sistema de inclusión/exclusión. De ahí que la relación entre la “Región”, comprendida aquí como el proyecto de desarrollo promovido por la institucionalidad, y estos grupos étnicos se construya desde la lógica de una integración que reconoce su diferencia cultural solo cuando

28

Argumento usado en el grupo de discusión con collas de Diego de Almagro, Agua Dulce, Copiapó y con huascoaltinos de ascendencia diaguita en Copiapó el 22 de diciembre 2009.

ésta logra insertarse en el modelo de desarrollo propuesto, ya sea desde una posición de desigualdad o bien desde una posición de exclusión29. El punto es que desde la lógica integracionista, collas y diaguitas se hacen parte de la región de Atacama mediante un paradójico juego de pertenencia que los incluye para reforzar su exclusión. Dicho de otra manera son reconocidos como parte de un nosotros regional a partir de mecanismos que inhabilitan su poder para ejercer la identidad como un derecho político. Actualmente estos mecanismos actúan a través de un proceso de reconocimiento legal que incorpora primero a la etnia colla y luego a la diaguita a la Ley 19.253. Lo que significa acceder a estos grupos a una serie de beneficios orientados a su conservación y promoción. Sin embargo, el mismo contexto legal genera las condiciones para el despliegue de nuevos dispositivos de regulación social. De este modo, la Ley que reconoce a la vez también norma sus prácticas y con ello sus propios procesos, instalando formas aceptables de ser indígena. Es decir, moldeando, controlando y haciendo adaptar a estas poblaciones a los lineamientos de un modelo único de desarrollo que no permite alternativas por considerarlas amenazantes30. Según los discursos de collas y huascoaltinos lo aceptable y por ello valorado contempla, por una parte, la conservación de prácticas tradicionales como ciertos ritos y producciones artesanales y, por otra, el emprendimiento que inserta los productos indígenas diversificando la oferta del mercado31. Así, según se desprende de sus relatos, el reconocimiento de los grupos étnicos emerge gracias a una lógica conservacionista que los resguarda y otra de mercado que los invita a asumir los desafíos del emprendimiento. Es la conjugación de conservación y emprendimiento la que se propone entonces como mecanismo de inclusión para la especificidad de collas y diaguitas a la imagen-región propuesta por los dispositivos institucionales. Esto explica la presencia actual de collas y diaguitas como símbolos de la región de Atacama pues condensa el carácter inclusivo del modelo, concretando el principio de “crecimiento con equidad”. Sin embargo, el análisis de los discursos de ambos grupos étnicos, advierte del riesgo que esta forma de integración encierra: la anulación de sus particularidades pues una vez dentro del modelo, sus aspiraciones y propuestas de desarrollo se anulan en tanto alternativas. 29

Posicionamientos que si bien en esta relación se potencian mutuamente, no deben ser confundidos. La desigualdad corresponde a un fenómeno económico mientras que exclusión es un fenómeno sociocultural. 30 Argumento usado en grupo de discusión con grupos étnicos realizado en Copiapó el 22 de diciembre 2009. 31 Ejemplo de ello es la participación de grupos reconocidos como collas y diaguitas en las ferias realizadas en la plaza de Copiapó, donde se instalan con tejidos a telar y hierbas medicinales.

Es a partir de este marco discursivo que se gestan las relaciones interétnicas regionales. Es también en torno a estos principios de regulación que se articulan formas de aceptación y resistencia. Los grupos étnicos no son sujetos pasivos sobre los cuales opera una forma predefinida de relación, sino agentes que responden de variadas maneras a lo que es finalmente una propuesta que puede o no ser asumida. Ante el marco de relaciones propuesto desde la institucionalidad y legitimado por la opinión pública regional, los grupos étnicos responden posicionándose discursivamente desde: -

La aceptación de la lógica integracionista relacionándose como sujetos vulnerables o como emprendedores que aprenden el juego de la oferta y demanda minimizando e incluso revirtiendo su situación de desigualdad, aunque no necesariamente de exclusión.

-

La resistencia a la integración a través de la generación de una narrativa diferenciadora más radical basada en su historia, patrimonio y defensa de la naturaleza. Este tipo de relación sostiene los discursos que promueven la defensa del “lugar”.

-

La apropiación selectiva de discursos e instrumentos que atraviesan la lógica integracionista, actuando como agentes creativos que negocian y transitan entre la integración al imaginario del desarrollo y otras formas posibles de relación.

Es preciso aclarar que estos posicionamientos discursivos y las relaciones que desde ellos emergen no se excluyen entre sí. Por el contrario son utilizadas y combinadas de acuerdo a las coyunturas sociales, políticas y económicas que deben enfrentar. También hay que aclarar que collas y diaguitas poseen trayectorias históricas diferentes que sin duda repercuten en cómo se relacionan entre ellos y con el resto de los actores regionales. Las/los collas se organizan en torno a núcleos familiares para desde ellos construir redes de comunicación e intercambio que trascienden el espacio cordillerano y rural, incorporando también los centros urbanos sin perder la nación de ser parte de una familia 32. Esta forma de relacionarse facilita la comunicación entre grupos, sean indígenas o no, pero por otra los hace vulnerables a la demanda institucional de integración. La Ley Indígena exige organizarse en “comunidades” con personalidad jurídica para ser reconocidos como interlocutores válidos33. Aceptar o no esta demanda se 32

Informe Nº 3 del Estudio. La crítica a esta demanda fue hecha durante las entrevistas realizadas en el sector de Diego de Almagro. El análisis forma parte del Informe Nº 3. 33

ha constituido en punto de quiebre entre las diferentes comunidades collas regionales tanto urbanas como rurales. La consecuencia es un proceso de fragmentación que impide legitimar sus dirigencias y construir un discurso colla monolítico. Generándose posicionamientos de carácter particular/familiar que se mueven entre la completa aceptación de las propuestas integracionistas y la indiferencia ante ellas34. De esta manera los collas se ponen fuera del sistema, desvinculándose a través de sus discursos, de un relato identitario regional y sobre todo de un proyecto de desarrollo que les resulta ajeno y carente de sentido. Situación diferente es la de los descendientes diaguitas, su incorporación la Ley Indígena generó procesos de reconocimiento diferentes. Uno lo constituyen las agrupaciones que nacidas al amparo institucional, otro corresponden a los comuneros huascoaltinos de ascendencia diaguita. Ambos procesos no convergen, por el contrario se insertan en dinámicas sociopolíticas opuestas, en las cuales las dirigencias adquieren un rol central, en tanto productoras y/o movilizadoras de discursos étnicos. Así mientras las dirigencias “diaguitas institucionales” se amparan en el modelo integracionista promovido por el Estado, estableciendo relaciones de aceptación y negociación con actores públicos y privados. Los comuneros/as huascoaltinos/as se posicionan desde la resistencia y oposición a las propuestas de integración al proyecto de desarrollo regional35.

34

Especialmente las personas mayores que habitan los sectores precordilleranos. Proyecto que queda de manifiesto en la decisión huascoaltina de nombrar unánimemente la integridad del territorio comunitario como Área Silvestre Protegida Privada (ASPP) el año 2006. 35

8. IDENTIDADES REGIONALES Y PERCEPCIONES DEL DESARROLLO Una característica de la población regional es su baja identificación con la Región en tanto territorio de sentidos compartidos, lo que conlleva a una baja identificación con el proyecto de desarrollo regional. En la región de Atacama, por tanto, hablar de desarrollo es hablar de tensiones generadoras de espacios alternativos que vienen a cuestionar los principios economicistas que guían las políticas de desarrollo nacional y, por ende, también regional. Las transformaciones que este modelo económico movilizan estrategias de adaptación y de resistencia mediante la re-significación de elementos históricos, culturales y naturales de los lugares, asimismo de un cambio en las prácticas locales y formas de relacionarse. Generando cambios en los sentidos identitarios de las poblaciones e interpretaciones de desarrollo que emergen desde la cotidianeidad. Es este el escenario desde donde los actores locales actualmente se sitúan y desde el cual emergen sus percepciones y posicionamientos sobre lo que estiman como desarrollo y, por tanto, desde donde también evalúan el modelo que hoy opera en la Región. Resulta entonces que el desarrollo debe ser abordado como un concepto polisémico en tanto es apropiado desde las lógicas de lugares diversos. Como se ha argumentado la/s definición/es de desarrollo actualmente existentes poco a poco se alejan del paradigma económico pues los resultados que éste ha obtenido se demuestran asimétricos, jerárquicos e inequitativos pues La ciencia económica no tiene nada de científica [pues] se reduce a una batalla de opiniones que fluctúan según la coyuntura para permitir a los más fuertes imponerse. Ella ignora numerosas prácticas que, tanto en el norte como en el sur, no se supeditan a los modelos que construye. Ella tampoco tiene en cuenta los límites de los recursos de los que somos dependientes. Ella santifica las ‘leyes’ del mercado sin imaginar que los intercambios pueden obedecer también a otras reglas. […] se trata por tanto de una empresa de ‘colonización mental’ […] (Rist 2007: 450-451). Por consiguiente, la generación de un desarrollo ajustado a los intereses de las poblaciones regionales, pasa porque las represente y movilice consensuándolas. Por ende, es fundamental tener en cuenta los discursos que hoy se levantan desde las especificidades de la sociedad civil regional. Los que adoptan formas que van desde el rechazo al desarrollo pues amenaza la/s identidad/es, hasta la inserción de ésta/s en las lógicas de mercado. Discursos que sin duda determinan la participación y compromiso de acuerdo a las expectativas que las poblaciones regionales tienen de lo que estiman como desarrollo.

Problematizando el Concepto de Desarrollo: del Paradigma Clásico a las Alternativas En primer lugar es necesario reparar que el concepto desarrollo está íntimamente ligado a la cultura judeocristiana y su concepción del mundo y naturaleza. O sea, antropológicamente hablando es resultado de valores específicos a una cultura, la occidental, y un sistema particular de interpretación del mundo que sitúa al ser humano, como creación privilegiada de Dios, en el centro del universo. Como se dijo, el hombre produce la realidad y a través de ella se produce a sí mismo (Cappa 2003). A partir de la revolución científica del siglo XVII, la Ilustración del siglo XVIII y la Industrialización del siglo XIX el pensamiento cristiano progresivamente se secularizó, añadiendo a sus preceptos otros nuevos y radicales, los científicos. De los que emerge la creencia de que la ciencia y la razón garantizan al ser humano un progreso indefinido (Grinevald 1977). De forma que “todo lo que era inconcebible se hace plausible, todo lo que es plausible se hace posible y todo lo que es posible se hace necesario” (Perrot et al. 1992:11). Es decir, la creencia en un progreso sin límites, construido con fragmentos religiosos y científicos, se plasmó en una forma de ver y actuar en el mundo asegurando la legitimidad y eficacia de la aspiración de desarrollo en la conciencia colectiva36. Por tanto, el concepto de desarrollo debe ser analizado como un conjunto de percepciones, actitudes y creencias que evolucionan en el tiempo pero que permanecen ancladas a la civilización occidental en tanto producto culturalmente determinado. De este modo, las representaciones, prácticas, aspiraciones y expectativas pertenecientes a una cultura particular rebasan sus límites traspasándose y ocupando un rol central en el imaginario del conjunto de poblaciones del mundo. Las que aunando imaginarios terminan homologan el concepto desarrollo como un proceso que connota “nociones de bienestar, progreso, justicia social, crecimiento económico, de expansión y florecimiento personal y también de equilibrio ecológico” (Rist 2007:27). Pero esa definición deja en evidencia los supuestos sobre los que se construye la noción de desarrollo. Por ejemplo, su evolucionismo social dado que hay países que se encuentran en un nivel superior a otros, por ende, también es una 36

La era del desarrollo nace de manera fortuita con el punto IV del discurso de investidura que el presidente de los EE.UU. Harry Truman pronunció en 1949. Este punto alude por primera vez a la noción de subdesarrollo como sinónimo de regiones económicamente atrasadas (economically backward areas). A partir de ese momento emerge el sustantivo subdesarrollado, introduciendo una relación inédita entre desarrollo y subdesarrollo (Rist 2007:134).

categoría de dominación. Es individualista ya que se orienta a desarrollar la personalidad de cada ser humano. También es economicista porque aspira al crecimiento económico y al incremento de ingresos. Pero por sobre todo, el desarrollo en tanto idea, posee un carácter normativo e instrumental: porque todos/as debemos aspirar a él al tiempo de constituirse en la forma de cómo lograrlo (Rist 2007). Es decir, el desarrollo es una representación, una creencia universalmente compartida y perseguida que sintetiza preceptos religiosos y científicos pertenecientes a una cultura que se impuso al resto de sociedades del planeta reproduciendo un orden social hegemónico. No obstante, dado que el desarrollo es una construcción cultural, está sujeto a resignificación en los distintos lugares donde opera. Así desde los espacios cotidianos surge la crítica a las aspiraciones y relaciones que genera, emergiendo reelaboraciones del concepto que lo asocian en lo concreto, por ejemplo, a calidad de vida y la proyección de un futuro armónico. De esta forma, como se dijo, el concepto entonces adquiere un carácter polisémico pues sus acepciones pueden relacionarlo con una economía de mercado de orientación neoclásica y monetarista u otras que reparando en las limitantes que tiene la aspiración universal de crecimiento, enarbolan alternativas que apelan a lo sustentable (p.e. ONU 1987), a un desarrollo a escala humana (p.e. Max Neef 1993) o bien a la reorientación estructural de los procesos de producción de manera de conciliar economía y ecología (Georgescu-Roegen 1995). A escala local, la discusión en torno al concepto desarrollo se vincula estrechamente con los impactos de los procesos globalizadores en las relaciones y prácticas sociales. Las resignificaciones emergen entonces desde la especificidad de los lugares y sus correspondientes identidades, aspirando a generar alternativas frente a un proceso de desarrollo que se impone en tanto norma e instrumento. Pensar el desarrollo desde los lugares cuestiona entonces un modelo, que en tanto mecanismo de dominación, les pospone e instrumentaliza. Lo que explica que en la actualidad sean los actores locales desde sus lugares quienes promuevan estrategias que, fundadas en sus propios recursos, saberes y prácticas, propone un desarrollo propio, entendido como: la capacidad para transformar el sistema socio-económico; la habilidad para reaccionar a los desafíos exteriores; la promoción de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local (Garofoli 1995. En: Boisier 1999:6).

Este tipo de desarrollo se hace viable cuando “promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y sentidos colectivos”. Pues la imposición de patrones externos ajenos a las lógicas de los lugares “carece en el corto plazo de una sociedad que lo sustente”. Por tanto la “viabilidad y éxito de un programa de desarrollo dependerá del grado en que las personas perciban ese programa como un escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y fortalecida” (Güell 1998:3). Es decir, las políticas y programas de desarrollo diseñados e implementados con el objetivo de beneficiar a las poblaciones de la región de Atacama, requieren adecuarse a su diversidad asimismo de ser capaces de convocar, comprometer y promover la participación de las sociedades desde su diferencia. El Proyecto de Desarrollo en los Discursos de las Poblaciones Regionales37 Resulta entonces que la relación entre identidad y desarrollo es una discusión abierta que configura una serie de discursos sociales que conectan, pero también cuestionan las formas que toma dicho vínculo. A lo largo del proceso de investigación del Estudio se identificaron tres repertorios interpretativos entendidos como discursos que circulan en el campo social estando disponibles para su uso según las necesidades. De esta forma, cada una de ellos da cuenta de cómo se atribuyen sentidos a un proyecto de desarrollo, sus prácticas y las relaciones que establecen. Los repertorios corresponden a los siguientes: al de la pérdida, al de la competitividad y el de la rentabilidad. El repertorio de la pérdida: la identidad amenazada por el desarrollo En este repertorio interpretativo el tema central es la denuncia y lamento por la pérdida de la identidad. El desarrollo es presentado entonces como un obstáculo, una amenaza, por lo que es cuestionado y denunciado en el discurso. El desarrollo es visto como “lo otro”, lo que la identidad debe enfrentar. Es destacable que la denuncia de pérdida genere las condiciones discursivas para promover el rescate, exhortando a la acción pero sin explicitar o concretar propuestas claras que permitan generar espacios donde se proyecten cambios. De esta manera la identidad se vincula directamente con el orden institucional y la participación, por lo que se le termina responsabilizando de la pérdida identitaria tanto a la institucionalidad como a las mismas comunidades por no promoverlas. Esta retórica se concreta en las siguientes prácticas discursivas: 37

Este apartado se basa en los repertorios interpretativos desplegados por los participantes del Estudio en los grupos de discusión desarrollados entre el 21, 22 y 23 de diciembre 2009.

La denuncia por la pérdida de la identidad Esta línea argumental construye un mundo que experimenta un brusco proceso de cambio cuyo resultado es la pérdida de los recursos naturales, las tradiciones y consecuentemente la identidad. Para sostener esto se hecha mano a una estrategia discursiva que presenta el pasado como referente comparativo que permite evaluar y, por ende, desacreditar el presente. Así, el pasado es presentado como el tiempo de la abundancia, donde el pasado se constituye como radicalmente opuesto al presente. Por ejemplo el antaño fértil mar de Caldera, capaz de proveer de alimento a la Región, hoy se caracteriza por la escasez de recursos marinos, por lo que la extracción de sus recursos debe ser regulada mediante vedas. La construcción de este tiempo de abundancia es asociado también al tiempo del progreso económico, de esta forma se acredita el carácter referencial de ese pasado. Ejemplos hay muchos, el auge agrícola de San Fernando que según se relata se remontaría al siglo XIX y no a la implementación del modelo agroindustrial actual o bien al poblado de Inca de Oro, que identifica su desaparecido esplendor durante la segunda mitad del siglo XX. Lo importante de estos procesos de acreditación de un pasado mejor, es que inhabilitan los argumentos que sitúan el progreso en el avenir. Pues éste es más bien sinónimo de retroceso. El elemento que sintetiza el mayor contraste entre pasado y presente de la Región es el agua. Por ejemplo, para la población del pueblo de San Fernando el pasado es visto como el tiempo en que “los canales salían llenos” mientras que hoy el agua apenas alcanza para mantener una pequeña producción local. Lo importante de esta línea argumental es que la abundancia y fertilidad de antes se asocia directamente a la identidad, estableciendo una relación causal entre ambas. En la que el contraste se manifiesta en la comparación entre un pasado sinónimo de abundancia y un presente equivalente a escasez que viene a confirmar la constatación de la pérdida identitaria. La denuncia da lugar al lamento por la pérdida De este modo, la región de Atacama habría perdido sus recursos naturales y las prácticas tradicionales asociadas a ellos, asimismo del patrimonio e incluso los recuerdos que sustentan la historia pasada. Por ende, resulta lógico que el resultado de esto sea el desamparo identitario de las nuevas generaciones. Responsabilizando al desarrollo La pérdida del patrimonio y la historia es explicada por la llegada de la modernidad y el desarrollo. Pues en un contexto de competencia discursiva donde el concepto de desarrollo posee una connotación ciertamente evolutiva, se hace difícil

cuestionarlo. Por eso su crítica parte reconociendo los efectos positivos, como las mejoras en comunicaciones y conectividad, para luego pasar a denunciar los graves daños producidos alrededor por la contaminación, el quiebre de las relaciones de confianza y la dependencia económica. Lo anterior hace que argumentalmente sea insostenible evitar las críticas que poco a poco van restando legitimidad al modelo. Esto queda por ejemplo de manifiesto en los discursos de los comuneros huascoaltinos, quienes si bien valoran la construcción de caminos que han facilitado enormemente las comunicaciones entre el Huasco Alto y la ciudad de Vallenar, no llegan a compensar el potencial daño que pueden producir los proyectos mineros que penetran al lugar gracias a ellos. Por otra parte, la constatación de la progresiva pérdida de los vínculos sociales también da lugar a la pérdida de “lo propio”. Ya que los elementos que antes relacionaban a los grupos y generaciones son ahora reemplazados por otros impuestos por el mercado. Todo pareciera cambiar y estar bajo influencia del mercado, lo que se refleja por ejemplo en buena parte de los adolescentes de la Región, quienes son criticados por los adultos, especialmente por los adultos mayores, por en lugar de seguir con las tradiciones, “viven en Internet”. A la denuncia del desarrollo como culpable de la pérdida identitaria se incorpora entonces un nuevo argumento: hoy, a la hora de los balances y prioridades, lo único importante resulta ser lo económico. El crecimiento económico entonces resulta tener más valor que la calidad de vida. La crítica deslegitima entonces al orden social que promueve esta forma de ver las cosas pues sitúan, por ejemplo, al medioambiente y las tradiciones como marginales en la sociedad actual. El ejemplo, lo proporciona los habitantes del pueblo de San Fernando al argumentar que en la expansión urbana de la que son víctimas priman intereses económicos inmediatistas más que el sentido común que privilegiaría el pulmón verde y el sector agrícola de la capital regional. Apelar al sentido común inhabilita entonces los discursos técnicos, que muchas veces son vistos como absurdos e impertinentes. Otro ejemplo es el del puerto de Caldera, en el cual el proceso de desarrollo es asociado y denunciado como los artífices de la potencial llegada de termoeléctricas al sector litoral. Termoeléctricas que son discursivamente usadas como símbolo de lo avasallador que resulta el modelo para con las poblaciones locales. El resultado nuevamente es la constatación de que el criterio económico es incompatible con el derecho a vivir en un medio sano y sustentable, capaz de asegurar a las futuras generaciones. Es lo que se entiende por desarrollo lo que entra a discutirse pues la implementación de este tipo de iniciativas pone en entredicho la sustentabilidad del modelo propuesto. El progreso entonces es inhabilitado como argumento de defensa de un modelo de desarrollo que, según la retórica de la pérdida, representa más bien una amenaza.

El repertorio de la competitividad: la identidad inserta en el modelo Este repertorio interpretativo construye la relación entre identidad y desarrollo desde el discurso de este último, instalándolo como eje argumental de la necesidad de desarrollar las distintas localidades y en general la Región. Para el logro de ese objetivo la identidad pasa a ser entonces un insumo pues su reconocimiento se constituye en pilar de competitividad. Sin embargo, esta línea argumental también cuestiona la preponderancia del criterio económico al momento de definir qué se entiende por desarrollo. De forma que el concepto se amplia y conjuga con el de sustentabilidad donde la identidad tiene un lugar en el desarrollo. Retórica que se concreta a través de las siguientes prácticas discursivas. Las críticas al criterio economicista Esta línea argumental critica la noción meramente económica del desarrollo por omitir aspectos como el cultural. De esta manera se promueve una problematización que abre espacios de reformulación conceptual a través de una apertura que evita la deslegitimación categórica del proceso. Por lo que, al reformularlo, hace viable su aceptación y continuidad. Uno de los principales argumentos de este repertorio es que el desarrollo corresponde a beneficios que “van a llegar” a los lugares, por tanto, serían externos a ellos. Pero junto a la denuncia de esta promesa de desarrollo, se argumenta y persuade que la solución más bien ya está dentro de las comunidades y consiste en la agencia local del desarrollo. Este cambio en la agencia es un movimiento discursivo de fuerte impacto ya que promueve una acción ejercida en y desde lo cotidiano, impulsando un nuevo orden de relaciones. El problema adjudicado a este supuesto es que gestaría las condiciones para la llegada de proyectos que impactan fuertemente en los lugares. Como por ejemplo es la puesta en marcha del proyecto minero Pascua Lama, el que solía ser presentado como la iniciativa que iba a desarrollar la provincia del Huasco a través de la inversión y el empleo pero que, con el transcurso del tiempo, más bien se ha ido perfilando solo como una amenaza para el territorios y sus posibilidades de desarrollo. Lo que se postula entonces es un desarrollo amigable que debe superar las suspicacias que dicen que “quienes llegan solo quieren ganar más, al final es un problema de lucas”. Las alternativas de desarrollo Este discurso entonces no niega la aspiración a desarrollarse sino que complejiza su definición abriendo la posibilidad a otras formas de desarrollo. Las alternativas

van discursivamente emergiendo desde diferentes puntos de la Región, a través por ejemplo, del anhelo de un desarrollo centrado en el turismo de intereses especiales en Inca de Oro como alternativa a la explotación minera o la aspiración a desarrollar una agricultura moderna en el Huasco. En este contexto emerge con fuerza el discurso del emprendimiento que, nutriéndose de la retórica de la competitividad, ve las dificultades como oportunidades, depositando en las capacidades individuales y competencias la responsabilidad de desarrollarse. Promover la competitividad mediante el fortalecimiento de la identidad Si existen alternativas viables para lograr el ansiado desarrollo la tarea entonces es trabajar en ese sentido. Es desde este planteamiento, que la retórica de la competitividad moviliza una nueva línea argumental: la promoción de ésta en los territorios. Sin embargo, la competitividad no es una tarea sencilla, por lo que es necesario fortalecerse y usar lo que se tiene: la identidad. La propuesta es lograr territorios productivamente competitivos utilizando la diferencia como valor añadido en la comercialización de productos. De esta manera, el fortalecimiento de la identidad es a la vez requisito y resultado de una estrategia comercial. Este argumento tiene el mérito de insertar a la identidad dentro de la lógica del desarrollo extendiendo sus beneficios más allá de la esfera productiva al, por ejemplo, fortalecerse el capital social de trabajo por medio de una identidad compartida. Lo que este discurso exige es la acción de los sujetos. Es la dimensión proactiva de este discurso la que le permite problematizar la noción de desarrollo, cuestionando su asimilación a lo meramente económico para incluir conceptos como salud, educación y cultura. Convirtiendo a este argumento en demanda y propuesta a la vez. Este repertorio interpretativo se despliega en varias asociaciones y organizaciones productivas regionales que intentan insertarse en el mercado. El ejemplo más claro es el de la Asociación Gremial Agrícola de la Provincia del Huasco. El repertorio de la rentabilidad: la identidad precarizada por el mercado En este repertorio la relación entre identidad y desarrollo se articula a través de la rentabilidad. Es decir, la identidad se presenta subordinada a la imposición de un modelo de mercado que la regula y rentabiliza. El desarrollo reducido a crecimiento económico solo es accesible para quienes son rentables. La rentabilidad emerge entonces como el principal requisito para que una identidad sea aceptada y promovida. El resultado son identidades precarias con escaso control de sus recursos y posibilidades de reproducción histórica. Este

repertorio interpretativo denuncia al modelo económico y al orden social que lo sostiene y reproduce a través de los siguientes argumentos: Rentabilizar el medio ambiente es rentabilizar la identidad Discursivamente se plantea que el proceso de desarrollo a través de la sobreexplotación de los recursos naturales y la alteración del medioambiente, finaliza por hacer desparecer fuentes de trabajo y la reproducción económica y social de las poblaciones locales. De este modo, la propiedad de los recursos y las relaciones entre sus propietarios y quienes efectivamente los usan, terminan por desencajar las actividades laborales y con ello la identidad de quienes las llevan a cabo. Aunque esto no signifique necesariamente su desaparición, como en la retórica de la pérdida, sino más bien su transformación y puesta al servicio de una economía que les valora exclusivamente de acuerdo a su capacidad de producción y ganancia. Ejemplo de esto es la rentabilización del borde costero, donde la pesca y cultivos de carácter industrial controlan la mayor parte de la explotación y comercialización de los productos, mientras la pesca artesanal se hace cada vez más precaria producto de la regulación de las actividades que hasta hace poco eran cotidianas. En tal sentido la reproducción de estos grupos se ve limitada pues se somete a cuan rentables pueden ser. El mismo argumento se encuentra en las comunidades de origen étnico, cuando denuncian que su cultura es reducida a desarrollar solo las prácticas y elementos folclóricos capaces de ingresar a las redes de comercialización. Mientras que por otra parte sus prácticas económicas tradicionales son reguladas y limitadas a través de, por ejemplo, la restricción al acceso de pastos y aguadas cordilleranas producto de la implementación de proyectos mineros. Denunciando al gran responsable: la institucionalidad y su alianza con el mercado Este repertorio interpretativo posiciona al Estado como el ente encargado de resolver el problema que amenaza a los recursos naturales y las identidades asociadas a ellos. Sin embargo, el Estado y específicamente la institucionalidad pública es denunciada no solamente por no cumplir con ese rol sino por aliarse a los sectores que la generan. Es decir, la institucionalidad pasa a ser parte de la amenaza. Esta situación se explica porque lo que finalmente prima como criterio para el Estado es también la rentabilidad. En este contexto, el discurso critica la pertinencia de una serie de prácticas institucionales así como de procesos de toma de decisiones dado que éstas son guiadas por políticas de carácter económico.

De esta forma, las identidades que no siguen la lógica de la rentabilidad son presentadas como excluidas del discurso y del operar institucional pues no son funcionales al modelo al que deben insertarse. Siguiendo esta línea discursiva los pueblos indígenas regionales dan cuenta de un proceso de inclusión no pertinente. Es decir si bien se les reconoce y abren espacios para expresar su diferencia, no se consideran sus verdaderas necesidades. El resultado son identidades estáticas, anquilosadas por discursos protectores y conservacionistas de lo que finalmente puede adquirir valor de consumo. O sea, este discurso viene a ser la otra cara de la retórica de la competitividad pues el emprendimiento aquí es problematizado cuestionando la pertinencia de entender las identidades desde las leyes de la oferta y demanda. En síntesis, estos tres repertorios interpretativos se vinculan a procesos distintos que responden a diferentes contextos. A veces es posible transitar entre uno y otro, según las necesidades y conveniencias. Pero sin duda son estos repertorios los que se deben tener en cuenta para proponer opciones que vinculen las identidades de la región de Atacama con una/s posibilidad/es de desarrollo. Sueños Región: Los Desafíos de pensar el Proyecto Región Los discursos que surgen en torno a las expectativas de futuro o los denominados “sueños región” se asocian al anhelo de desarrollo. Un desarrollo que considera dos dimensiones: la pertinencia, entendida como la adecuación del proyecto región a los distintos “lugares” de la región de Atacama. Y la sustentabilidad, entendida como una gestión amigable de los recursos naturales que asegure continuidad a las generaciones futuras. Ambas dimensiones, pertinencia y sustentabilidad, deben posicionarse en el espacio político para guiar las decisiones que impactan la continuidad de las diferencias y singularidades existentes en el territorio regional. La articulación de ambas puede ser una asociatividad capaz de lograr una ciudadanía reflexiva, organizada y participativa en la generación e implementación de políticas públicas y privadas ajustadas a las realidades regionales y que aseguren sustentabilidad a sus territorios. La asociatividad cobra entonces relevancia al propiciar debates que canalizan la polifonía regional posicionando visiones compartidas respecto a problemáticas comunes. Dado que, como se dijo, son las necesidades y problemas contingentes los que cohesionan y movilizan a los grupos en pos de su proyección en el tiempo. Por eso es que el tema hídrico hoy emerge como un conductor de las discusiones en torno al reconocimiento de una identidad regional o la construcción de un proyecto de desarrollo común capaz de convocar a la población regional.

Sin embargo, los discursos también proyectan un futuro que no considera la importancia de las relaciones vinculantes o las dimensiones de pertinencia y sustentabilidad. La ausencia de ellas se traduce como el cierre de los espacios de escucha, proyectándose la pérdida de las identidades regionales en tanto sentidos compartidos y la imposibilidad de continuar en el territorio. El consenso de un proyecto de desarrollo regional que considere pertinencia y sustentabilidad es entonces la clave del estar y continuar en la Región en tanto “lugar”.

9. PROPUESTAS PARA UN PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN Existe consenso en el sector público, privado y civil en que la identificación y puesta en valor de elementos naturales, culturales e históricos presentes en la región de Atacama otorgan fundamentos a un proyecto de desarrollo regional propio. Pero, para que ello sea realmente viable, resulta imprescindible incorporar a los distintos actores de la sociedad en un proceso que requiere tener en cuenta dos premisas: estimular la participación de los distintos actores territoriales de forma amplia e incluyente y contribuir a la diversificación productiva de los territorios mediante acciones que protejan, otorgando sustentabilidad y valor, a los activos o recursos patrimoniales regionales. Así se podrían generar iniciativas concertadas en torno a, por ejemplo, atributos culturales como clave para la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales, generando una “economía de la cultura” (Ray 1998). Estrategia que permitiría incluir en la elaboración y logro de desarrollos locales a sectores pobres y discriminados como son los jóvenes, las mujeres o los pueblos indígenas. Pues el trabajo necesariamente vincula la valoración patrimonial con la renovación y reconocimiento público de saberes y capacidades de los actores que componen el tejido de un territorio, contribuyendo a su autoestima y sentido de ciudadanía. Se aspira entonces al reconocimiento y construcción de una identidad cultural, por medio de la participación y el consenso entre los actores sociales regionales, como base de un proyecto de desarrollo socialmente concertado en tanto acción colectiva mancomunada basada en los principios de confianza, solidaridad, reciprocidad, cooperación y respeto. De ahí también que sea necesario que los objetivos que tengan las diferentes políticas y estrategias que puedan ser generadas e implementadas en la Región a partir de este Estudio, se desenvuelvan progresivamente. O sea, que los plazos exigidos por los actores institucionales contemplen y se adapten a los procesos de concertación, consenso, conformación de redes y alianzas que, se espera, redundarán en la institucionalización de políticas orientadas al logro de un desarrollo de características propias para la Región. Es decir, “se requiere, en una propuesta ideal, de gobiernos locales involucrados, organizaciones locales activas, alianzas entre actores, recursos financieros suficientes, políticas públicas favorables, escuelas locales interesadas” (Urrutia 2009:11). En lo concreto, a partir del trabajo realizado por el Estudio, se identificaron tres ejes temáticos considerados fundamentales dada su importancia estratégica para la proyección regional y el interés que por ende despiertan en sus habitantes, ellos son: medioambiente, patrimonio y asociatividad. A continuación, en cada uno de ellos se proponen algunas líneas de acción que, se considera, son capaces de generar y articular el interés de las poblaciones regionales por la construcción de un proyecto de desarrollo propio y consensuado.

Actividades Productivas y Desafíos Ambientales de la región de Atacama Carmen Jorquera-Jaramillo y Enrique A. Martínez La producción primaria representada por la minería, la agricultura y la actividad pesquera son los sectores productivos más relevantes de la región de Atacama. En torno a ellos se genera una amplia gama de procesos y servicios que dan vida a la Región. Estas vocaciones productivas ya se perfilaban claramente entre los pueblos prehispánicos que desarrollaron la agricultura y la ganadería junto a la extracción de minerales destinados a la fabricación de armas, utensilios y herramientas. Considerando la larga data de los ejes productivos más importantes de la Región, para facilitar la comprensión de los desafíos ambientales de las actividades productivas aquí planteados, resulta indispensable profundizar en la evolución de su relación con el entorno. La actividad minera y el entorno natural regional La minería regional posee raíces prehispánicas que fueron relatadas por Gerónimo de Bibar (1558), llegado a Atacama junto a Pedro de Valdivia en las primeras expediciones españolas. Ya entonces él señalaba la existencia de minas de plata, cobre y otros metales, además de turquesas y minerales como estaño, plomo y sal utilizados por los habitantes locales. Además de su importancia utilitaria, los procesos mineros, metalúrgicos y orfebres tuvieron una fuerte carga mítica y simbólica entre estos pueblos (Museo Chileno de Arte Precolombino 2005). El uso del metal se expresó primero en la talla de piedras, huesos y maderas, evolucionando luego en artefactos especializados y adornos. El posterior dominio inka captó tributos principalmente como minerales de cobre, plata y oro (Blanco 2002) e impuso su estilo en herramientas y adornos de cobre o bronce (Ampuero 1978). Estos minerales eran refinados en establecimientos como Viña del Cerro, gran centro metalúrgico del valle de Copiapó (Pérez de Arce 2005; Seelenfreund 2006), ejemplo del desarrollo minero prehispánico. Ya entonces, el uso de leña como combustible resultó clave en la refinería, evidenciando la estrecha dependencia de la minería hacia este recurso natural. Las huellas del auge y decadencia del sector minero sobre el entorno natural han quedado estampadas a lo largo de la historia regional. A diferencia de la tradición minera precolombina – que producto de la pequeña población, interpretamos tuvo apenas impacto localizado -, el arribo español al valle de Copiapó (Encina y Castedo 1964) marcó un drástico cambio al introducir explosivos y tecnologías europeas en la construcción de túneles y galerías (Álvarez 1979). La explotación de nuevos yacimientos incrementó la demanda de maderas para combustible, refuerzo de minas y galerías, construcción de maquinarias, edificios, viviendas, entre otros usos (Campos-Ortega y Jorquera-Jaramillo 2008). La minería mostró entonces los primeros efectos mayores sobre la vegetación local. Al agotarse los yacimientos de alta ley durante la Colonia, la eficiencia de estas explotaciones derivó hacia la extracción de minerales de menor ley, requiriendo

mayor mano de obra y animales de carga para mover volúmenes crecientes de material. Aumentaron las distancias entre fundiciones y minas, movilizando grandes recuas de animales de carga que demandaron forraje; se destinó la mayor parte de los suelos agrícolas regados a estos cultivos, en desmedro de la producción local de alimentos. Este proceso se intensificó en las épocas de bonanza de la minería, comprometiendo el desarrollo agrícola regional (Sayago 1973). Entre 1830 y 1920 se intensificó la explotación de yacimientos relativamente pequeños de alta ley (Sayago 1973). Las principales fuentes de energía fueron agua, madera y caballos (Griem 2004); la leña era obtenida a partir de la cada vez más escasa vegetación local, siendo reemplazada por el carbón de piedra recién en la segunda mitad del siglo XIX (Campos-Ortega y Jorquera-Jaramillo 2008). La explotación de minerales preciosos en yacimientos como Chañarcillo, Capote y Agua Amarga produjo enormes fortunas: el ferrocarril de Copiapó, el alumbrado público a gas, el arribo de espectáculos internacionales, la fundación de la Escuela de Minas y el arribo de científicos como Domeyko y Pissis fueron importantes legados de la minería de la época (Godoy 2007). Sin embargo, los yacimientos agotados hacia fines del siglo XIX, derivaron en la explotación de otros minerales que sustentaron el desarrollo tecnológico del cambio de siglo. El modelo post industrial del siglo XX adoptado en Atacama selló la identidad productiva regional, con la agricultura y la minería como las principales actividades económicas (Álvarez 1979; 1995). La demanda de cobre y hierro se incrementó especialmente durante la reconstrucción de las economías aniquiladas por dos guerras mundiales consecutivas. En reemplazo de la explotación selectiva de metales preciosos, se estableció la Minería Industrial explotando las entonces más atractivas reservas de minerales de cobre de baja ley. Comenzando el siglo XX, la Andes Copper Mining Co. se concentró en Potrerillos, cuyo agotamiento llevó a buscar un yacimiento de reposición en la década de 1940, representado desde 1959 por el mineral de El Salvador (Campos y Sotomayor 2000). A mediados de esta misma década surgió la minería masiva: la explotación de grandes mantos de hierro como Algarrobal, Cerro Imán y Los Colorados, ocupó extensas áreas destinadas a su extracción y procesamiento, generando impactos ambientales en sitios muy distantes de los yacimientos (Campos-Ortega y Jorquera-Jaramillo 2008). La minería aún constituye la actividad productiva más relevante de la región de Atacama (Tabla 1). En esta primera década del siglo XXI, el alto precio internacional del cobre ha estimulado un crecimiento explosivo del sector, con un modelo de explotación que tiende al reemplazo de la mano de obra no especializada por un creciente uso de maquinaria y tecnología robótica, predominando la explotación de grandes volúmenes de baja ley por sobre la extracción de pequeños volúmenes de minerales de alta ley.

Tabla 1. Valor de las exportaciones regionales, por rama de actividad y tipo de producto. Total Regional, años 2001-2006 (miles de US$). Año Rama de actividad económica (Miles de US$) Total Minería Agricultura y Pesca Resto exportaciones Cobre Minería Resto Frutas Pesca Resto y hierro no minería Extractiva Agric. y metálica Pesca 2001 867.769 670.853 86 117.778 53.382 5.431 120 20.120 2002 907.294 645.305 87.274 121.707 5.389 73 47.546 2003 921.525 727.065 13 14.153 107.741 6.384 24 66.145 2004 1.491.076 1.284.465 53 12.263 100.252 6.948 435 86.660 2005 1.913.288 1.642.561 18 27.982 118.840 7.591 23 116.272 2006 3.305.709 2.822.792 166.228 148.277 7.301 87 161.025 Fuente: Adaptado por Campos-Ortega y Jorquera-Jaramillo (2008) de INE-Atacama (2007).

La principal regulación de la actividad minera se centra actualmente en el Código de Minería (Ley 18.248, Ministerio de Minería 1983), que declara que las sustancias minerales del territorio nacional son propiedad del Estado, independiente de la propiedad de las personas naturales o jurídicas de los terrenos superficiales (Título I, Art. 1º). Este artículo precisa que el Estado no traspasa la propiedad del mineral, sino que entrega su uso y goce a quienes solicitan la concesión minera. El Art. 2º define la concesión como un “derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño”. El titular de ésta puede disponer solamente de la propiedad subsuperficial, debiendo respetar los derechos de propiedad superficiales vigentes; los minerales, una vez extraídos, pasan a ser propiedad exclusiva del concesionario. La concesión no faculta al titular para ejercer derechos generales de uso del agua alumbrada como consecuencia de la explotación minera, debiendo atenerse a lo establecido por el código específico vigente. Sin embargo, el Art. 110º dispone que el concesionario tiene “derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar”, debiendo ajustar su utilización a la duración y vigencia de la concesión minera obtenida. El Art. 111° precisa además que “el uso de las demás aguas necesarias para explorar, explotar o beneficiar sustancias minerales se sujetará a las disposiciones del Código de Aguas y demás leyes aplicables”. Resulta comprensible entonces que en la actualidad se observe un importante conflicto por el uso del agua. En sus aspectos ambientales, los proyectos mineros son regulados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA, Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente de 1994), legislación que se sustenta en los principios del Art. 19, Nº 8 de la Constitución Política de Chile, esto es, el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, siendo además “deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. El SEIA en su fundamento constituye una herramienta para asegurar la herencia de un ambiente apropiado a las generaciones futuras, obligando al análisis experto de

proyectos de variados ámbitos productivos, para identificar sus efectos ambientales ex-ante y definir propuestas de manejo para mitigarlos. Es obligatorio aplicarlo en el caso de proyectos de explotación de propiedades o pertenencias mineras, áreas de construcción de botaderos, obras civiles y caminos interiores o exteriores. La gran minería chilena y algunas empresas medianas son reconocidas internacionalmente por la aplicación de normativas ambientales, tanto por su adscripción al SEIA como por la certificación según normas ISO 14.000 (por ejemplo CODELCO Chile) y/o la aplicación otros procedimientos con el mismo fin. Sin embargo, muchas unidades de la mediana y pequeña minería no cumplen este tipo de exigencias, en tanto escasamente han invertido en la mitigación de sus impactos. El alto impacto económico de la minería regional ha ido acompañado de un gran impacto ambiental, apreciable en la alteración de suelos y vegetación nativa y en residuos de diversa naturaleza, que más allá de su disposición local, pueden ser transportados por la atmósfera o alcanzar el océano a través de los cursos de agua. La alteración físico-química en las áreas de extracción y beneficio se suma a la demanda por otros recursos naturales de alto valor ambiental, como energía, suelo, paisaje y principalmente agua, recurso cada vez más escaso por la creciente demanda de distintos actores productivos, que desata conflictos cotidianos en la región de Atacama. Como ejemplo, la explotación actual del acuífero del río Copiapó sobrepasa en 4,7 veces el volumen aprovechable sustentable, desbalance de cerca de 110 mm3/año que continúa reduciendo los niveles freáticos de esta fuente. Considerando las condiciones hidrológicas de los últimos 30 años y las tasas actuales de extracción, se proyecta que entre ciclos del Niño los niveles seguirán bajando aún más rápido (Golden Associates 2006). Por otra parte, la influencia minera sobre la flora regional afecta directamente al menos cinco especies En Peligro (EP) y ocho en categoría Vulnerable (VU), sea por la destrucción de hábitat generada por faenas mineras, construcción y uso de caminos, o por la extracción de agua. A futuro podrían sumarse muchas otras que hoy son afectadas por la actividad minera, pero aún no integran la lista de especies amenazadas. A estos impactos hay que agregar los grandes pasivos ambientales que yacen aún en “tierra de nadie”, ocupando espacios y emitiendo residuos al ambiente. FOCIGAM (2007) identifica relaves, escoriales y botaderos de estéril de 309 faenas mineras abandonadas a lo largo de Chile, fuentes de alteraciones ambientales desde la simple presencia indeseada de desechos en el paisaje hasta la emisión de residuos en suspensión y aguas contaminadas. Dado que la actividad minera continúa dependiendo del comportamiento de la demanda externa en el marco de la globalización (Areaminera 2006), se podría augurar un mercado de minerales en expansión. Siendo así, algunos de los desafíos que se desprenden del análisis precedente se describen a continuación: -

La minería genera recursos como resultado de actividades que suelen alterar irreversiblemente el medio natural. Es necesario orientar esfuerzos

para que la mediana y pequeña minería al margen de las normas ambientales, asuman compromisos ambientales que superen las falencias actuales dentro de plazos razonables, a partir de estrategias basadas en una visión interdisciplinaria (Ministerio de Minería 2005). Asimismo, las unidades ya certificadas deben perseverar en el cumplimiento de las normas ambientales e invertir en el uso de tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente. -

El SEIA ofrece una oportunidad para expandir la función de conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado a través de Reservas Privadas. Bajo la coordinación del Estado de Chile, estas reservas responderían a la necesidad de proteger la biodiversidad regional, iniciativas a las que puede aportar el sector minero.

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Los grandes pasivos ambientales originados en la minería del pasado y resultado de vacíos legales anteriores y actuales, impactan el medio ambiente y la calidad de vida de la población. En este contexto es tarea del Estado generar condiciones e incentivos para que la minería actual se haga cargo de los pasivos derivados de la minería pasada.

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Los desafíos técnicos para la minería apuntan hoy a la eficiencia en la explotación de yacimientos de baja ley y la búsqueda de equilibrio entre rentabilidad, calidad de vida y cuidado del entorno natural. Resulta prioritario invertir en la apropiación tecnológica y en la exploración de energías limpias que reduzcan los impactos de la actividad minera. Para mitigar posibles impactos futuros, es necesario generar procesos productivos compatibles con la conservación del medio ambiente y gestar el conocimiento que permita proteger a nuestros descendientes.

La agricultura y el medio ambiente regional Como fenómeno mundial, la transformación del paisaje natural en un paisaje cultural se ha intensificado junto con la intensificación de la agricultura y la urbanización (Matson et al. 1997); la expansión territorial, la habilitación de nuevos terrenos para la explotación agrícola y el abandono de otros por la decadencia de la productividad, son procesos cotidianos. Existen tecnologías modernas que aumentan la producción, sin embargo su uso inadecuado suele impactar seriamente los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana. Efectos conocidos de la agricultura son: contaminación de aguas superficiales y subterráneas, erosión de los suelos, inducción de resistencia de las plagas a los plaguicidas, erosión genética, pérdida de biodiversidad y la gran dependencia de los productores hacia insumos extra-prediales, que vulneran la sustentabilidad económica de la empresa agraria (Gliessman 2001; Sarandón 2002; Flores y Sarandón 2002/2003). En la región de Atacama, al igual que en cualquier territorio ocupado por el hombre, la actividad económica – particularmente la agricultura - se relaciona

estrechamente a la localización de los recursos naturales y a condicionantes físicos como el clima y la conformación morfológica del territorio (Instituto Geográfico Militar [IGM] 1989). Este sector productivo es conocido en Chile por su dinamismo y fluctuaciones derivadas del agotamiento de los recursos, cambios en la demanda (por ende en los precios) y procesos de cambio poblacional. No es extraño observar variaciones en la orientación productiva, períodos de expansión de algunos cultivos y otros de retracción reflejados en el abandono de las tierras agrícolas. Esta dinámica se constata con menor intensidad en la agricultura prehispánica. La cultura Molle, caracterizada por una economía agroganadera y asentamientos semiestables, habitó la zona desde inicios de nuestra Era hasta el siglo VII, dominando el riego artificial, la domesticación de llamas y la metalurgia (Ampuero 1978; Niemeyer 1978). Los Diaguitas y algunas colonias Inka representaron la última fase de ocupación prehispánica. En el siglo XIII los Diaguitas ocupaban los principales valles del Norte Chico y extendían su territorio a ambos lados de la cordillera; poseían asentamientos aldeanos, practicaban la agricultura, la minería, pastoreo, caza, recolección y explotaban los recursos marinos en la costa (Núñez 1974; Ampuero 1978; Hidalgo 1989). Hacia 1470, el dominio Inka en Copiapó y Huasco agregó nuevas técnicas de regadío y cambios en la explotación del suelo y del agua (IGM 1989). La extensión de la influencia de estos pueblos precolombinos sobre su entorno no tiene comparación alguna con los crecientes efectos ambientales suscitados luego del arribo europeo. A partir de 1536, la conquista española altera sustancialmente la relación del hombre con su entorno (Jorquera-Jaramillo 2008). Las mejores tierras de los valles eran entregadas en mercedes, mientras los primitivos habitantes desplazados ocupaban suelos marginales y cerros de los cordones transversales o eran reclutados en la minería peruana y boliviana (IGM 1989). Los españoles impusieron mecánicamente sus hábitos culturales hasta lograr un completo predominio de las prácticas agrícolas mediterráneas (Agrolog Ltda. y Melendez y Pesce Ltda. 1979), reemplazando las prácticas y cultivos locales. Gay en 1862 describe los cambios suscitados por la presencia española en la agricultura, la cual “... de americana que era pasó a ser casi enteramente europea, y fueron los antiguos propietarios los que después de vencidos, se vieron obligados a ceder sus tierras a los conquistadores y a cultivarlas para ellos”. La primera ocupación española en los suelos de los valles regados de Copiapó y Huasco, estableció ganado foráneo en grandes extensiones de pastos, donde además se introdujeron nuevas especies arbóreas, frutícolas, cereales y hortalizas exóticas. La economía regional sustentada en la minería y en la agricultura intensiva requirió crear centros portuarios para el comercio de productos. Creció la población y la demanda de productos alimenticios en los dos valles principales, a la que se sumó aquélla de las naves que se abastecían en los puertos regionales. En el siglo XIX, la creación de la red ferroviaria facilitó el transporte de productos hacia puertos y centros poblados (IGM 1989). En 1892, el ingeniero agrónomo René Lefeuvre informó al Ministerio de Industria y Agricultura el potencial del valle de Copiapó: “… debería dedicarse a cultivos industriales valiosos que se cultivan

con poca agua de riego como viñas y árboles frutales...”. Para el Huasco, releva que “las pequeñas lluvias que suelen caer en los meses de invierno no influyen sobre el régimen del río que está alimentado exclusivamente por nieves de la cordillera andina”. También identifica el problema energético y la necesidad de reforestación “debido a la explotación de leña sin límite a que ha sido sometida la región” (Rodríguez 1989). En la Región persiste aún la agricultura como una de las vocaciones productivas principales. La actividad agropecuaria actual explota los recursos naturales bajo patrones claramente contrastantes: la agricultura de exportación domina y aún se expande, asociada al igual que en otras Regiones a una fuerte concentración de la propiedad de la tierra que incrementa la desigualdad a escala país (GarínContreras y Ortega-Rocha 2008); la pequeña agricultura se vincula parcialmente al mercado a través de productos frescos como hortalizas; los sistemas agroganaderos de subsistencia mantienen con dificultad la herencia tradicional en pequeñas superficies, mientras persiste la tradición trashumante de migración estival de rebaños caprinos hacia los pastizales cordilleranos. El crecimiento de la ocupación agrícola en las décadas recientes responde al auge de la fruticultura de exportación, liderada por la uva de mesa desde la apertura al comercio exterior en la década 1980. La expansión de viñedos, frutales y hortalizas frente al recurso estático representado por la tierra regada ha ocurrido en desmedro de cultivos tradicionales (cereales y alfalfa) (Rodríguez 1989). En 1973, la provincia de Copiapó poseía 292 há de vides, alcanzando 1.157 há en los años 1975 y 1980, incremento de 290% explicado principalmente por la uva de mesa. En 1987 el cultivo ocupaba 16.780 há en los valles de Copiapó y Huasco (IGM 1989). Entre el VI y el VII Censo Nacional Agropecuario, se observa un crecimiento sostenido al pasar de 13.500 há cultivadas en 1997 a 18.973 há en 2007, de un total de 29.780 y 29.101 há de suelos de cultivo, respectivamente. Esta tendencia radica en el incentivo a la exportación derivado de la apertura a nuevos mercados y los recientes tratados de libre comercio. Las ventajas fitosanitarias y de contra-estación con el hemisferio norte han favorecido especialmente a la fruticultura, aumentando la superficie de uva de mesa, paltos, cítricos y olivos en la zona centro-norte. Sin embargo, el crecimiento agrícola ha ido paralelo a una reducción en la población rural, en tanto la mayor tecnificación de los procesos productivos en la agricultura intensiva ha prescindido progresivamente de mano de obra (Jorquera-Jaramillo 2008). Cabe destacar además el marcado aumento en la demanda de recursos hídricos. En la década de 1980, la superficie potencialmente cultivable excedía al área bajo riego en el valle de Copiapó, considerando 7.924 há regables con manejos de despedrado, desalinización, drenaje y/o nivelación (Rodríguez 1989). A partir de entonces, el riego tecnificado facilitó la expansión de la fruticultura: la superficie regional regada alcanzó 19.534 há en 2007 (INE 2007), aumentando un 37,7% respecto al año 1997; en 10 años, creció 42% en la provincia de Huasco, 32,1% en Copiapó y 1.209,3% en Chañaral. La provincia de Copiapó concentra la mayor superficie bajo riego (56,2%), seguida por Huasco (42,6%), donde se duplicó el

potencial de riego luego de la construcción del embalse Santa Juana. Se estima una disponibilidad relativamente segura de riego para unas 21.000 há, equivalentes al 70% de las 29.800 há de los suelos productivos (Secretaría Regional Ministerial de Agricultura 2004). Este antecedente, junto a las políticas de crecimiento sustentable, la especialización de los rubros que posicionen a Chile a nivel internacional (Ministerio de Agricultura 2006) y la atracción que ejercen las ventajas climáticas de los valles agrícolas regionales, sugieren que aún podría aumentar la ocupación agrícola en la Región. Sin embargo, cualquier expansión futura será limitada por la disponibilidad de agua, recurso que tiende a decaer en el marco de la disminución de las precipitaciones en las zonas áridas del mundo, incluyendo Chile (Le Houérou 1996; 2002; Squeo et al 2006). En el contexto de la ganadería, la escasa precipitación anual y los ciclos de sequía impiden la producción de secano, transformando las veranadas en el único sustento de la masa ganadera caprina fuera de las áreas regadas (Rodríguez 1989). Esta especie (la más relevante en la Región) posee un hábito de pastoreo que ocasiona graves impactos sobre los suelos y la biodiversidad, especialmente cuando la carga animal supera los límites sustentables locales. En 2007, esta especie alcanzó 39.146 cabezas en la Región, disminuyendo 3,8% respecto al Censo de 1997. Aunque la fluctuación de los rebaños guarda directa relación con la disponibilidad de alimentos asociada a la variación en las precipitaciones, es notable la pequeña reducción en un año seco como 2007. La masa ganadera existente supera con creces la capacidad de carga de los ecosistemas regionales, explicando que el sobrepastoreo sea uno de los problemas críticos. Los períodos de desierto florido serían los únicos capaces de sustentar cíclicamente a esta masa ganadera sobredimensionada (Jorquera-Jaramillo 2008). Desde una perspectiva humana responsable con la identidad una sugerencia es hacer un trabajo de extensión con metodologías apropiadas, equipos transdisciplinarios y trabajo participativo para abordar el tema de los rebaños con los crianceros. Esto contribuiría a modificar paso a paso el manejo de los mismos, respetando las tradiciones locales. En suma, se requiere un cambio de óptica de "transferencistas" a verdaderos estimuladores-articuladores de procesos, para que las soluciones que se logren sean verdaderamente apropiables. Pero de ninguna manera se puede ocultar una verdad que es evidente. Hay que bajar la carga animal necesariamente, y con ello aumentar la eficiencia de la ganadería tradicional, lo que significara con el tiempo estabilizar la explotación (hacerla menos fluctuante). El mayor problema es que el tamaño del rebaño también tiene un valor social (prestigio). Se sugiere iniciar un proceso de investigación para la acción con los crianceros. Por ejemplo a través de la búsqueda de especies forrajeras muy tolerantes a la sequía, como la quínoa, donde otros actores también deben participar. Por ejemplo subsidios de gobierno para cercar áreas de exclusión al pastoreo, donde se planifiquen sectores de reposo, revegtación en lo posible y recuperación por unos dos a tres años. En este escenario regional cambiante, la compleja reconstrucción de antecedentes de la vegetación original hace difícil precisar la huella exacta de la actividad

agropecuaria sobre la flora local. Crónicas, documentos históricos, relatos, toponimias y registros gráficos permiten interpretar su evolución: durante la Conquista y la Colonia, los valles de Copiapó y Huasco poseían ricos bosquecillos que fueron explotados como fuentes de energía, ocurriendo una explotación indiscriminada del manto vegetal hacia 1540 (Ampuero 1978). Otro ejemplo es revelado por el nombre de Chañaral, que daría cuenta de la exhuberancia de los chañares (Geoffroea decorticans) en las zonas montañosas, hoy desaparecidos a raíz del uso dendroenergético (IGM 1989). Aún así, se ha logrado determinar que la expansión de la fruticultura y el sobrepastoreo han originado los impactos recientes más relevantes sobre la flora nativa regional (Jorquera-Jaramillo 2008): 5 especies En Peligro y 10 especies Vulnerables han sido afectadas por la agricultura, la ganadería o ambas. Especies de valles altoandinos, en rutas de trashumancia y en la precordillera son afectadas por sobrepastoreo, consumo directo y pisoteo; Vasconcellea chilensis (palo gordo o papaya chilena), Bridgesia incisifolia (rumpiato) y Eriosyce aurata son ejemplos de plantas palatables consumidas por caprinos. La extracción de agua para la agricultura y la minería ha reducido las poblaciones de plantas dependientes del recurso, como Equisetum giganteum (canutillo), Salix humboldtiana (sauce chileno) y Typha angustifolia (totora). Según lugareños, los algarrobos -categorías EP y VU- serían afectados por la fruticultura de exportación. Muchas otras especies que no figuran en categorías de conservación son afectadas por la habilitación de terrenos en áreas antes marginales. La mayor incertidumbre actual acerca de la verdadera dimensión del impacto de la expansión de la fruticultura, radica en que la actividad agropecuaria (excepto la ganadería intensiva) no requiere ser sometida al SEIA, esto es, no existe impedimento alguno para seguir reemplazando la vegetación original. Aún cuando el crecimiento agrícola será limitado por la disponibilidad de agua, resulta preocupante que precios internacionales atractivos pudieran estimular la habilitación de nuevos suelos, agudizando el conflicto por el recurso. Asimismo, los adelantos tecnológicos, la introducción de nuevos cultivos y la mejora genética podrían desplazar la flora local al aprovechar terrenos marginales con cultivos menos demandantes de agua, tal como se proyectaría la producción de Jatropha curcas para biodiesel (Universidad de Chile 2010). Adicionalmente, los efectos del uso intensivo de insumos en la agricultura regional -principalmente fertilizantes químico-sintéticos y plaguicidas-, suelen superar los límites físicos de los predios, a través de deriva atmosférica, arrastre en el agua de riego, percolación hacia capas profundas del suelo y contaminación de aguas subterráneas, afectando finalmente a la población, a los consumidores y al medio ambiente. Sin existir una regulación nacional relativa a la adquisición y uso de estos productos y ante el desconocimiento de muchos usuarios respecto a sus riesgos, es común que se superen las cantidades requeridas por los cultivos o se utilicen ingredientes activos inapropiados para los problemas a resolver. Además de generar riesgos para el medio ambiente y las personas, se desperdician recursos y se reduce la eficiencia del proceso productivo.

Considerando que los proyectos agrícolas están fuera del SEIA, difícilmente se podrá mitigar el impacto del crecimiento de la superficie agrícola y del uso –y abuso- de insumos. Cabe preguntar entonces si la agricultura puede alcanzar la sustentabilidad. Para ello es necesario explorar, difundir e implementar alternativas productivas que compatibilicen los objetivos productivos con la protección de los recursos naturales, reduciendo los riesgos para las personas y proyectando la permanencia de la agricultura en el largo plazo. La sustentabilidad de un agroecosistema se define como su capacidad “para mantener la producción a lo largo del tiempo, a pesar de las restricciones ecológicas y socioeconómicas a largo plazo”; las distintas definiciones relevan la preservación de la diversidad de la flora y la fauna, la capacidad del agroecosistema para auto-mantenerse y mantener un rendimiento estable, en una amplia gama de condiciones (Altieri 1999:338). Los objetivos de largo plazo de la agricultura sustentable se centran en el agroecosistema y los ecosistemas relacionados, consideran los costos ambientales e incorporan la biodiversidad como sistema de cultivo, generando una alta estabilidad (Altieri 1999; Sarandón 2002). El mayor desafío para la sustentabilidad en la agricultura es reducir la inyección de insumos extraprediales, regenerar y aprovechar eficientemente los recursos intra-prediales (Pretty 1995). Cabe destacar que la conservación del capital natural es requisito para la agricultura sustentable (Harte 1995). La producción agrícola sustentable depende de la integridad de suelo, agua y biodiversidad; esta última cumple funciones relevantes en los agroecosistemas, entre otros, a través de servicios ecológicos como ciclos de nutrientes, polinización, regulación biótica, alimento alternativo y refugio para enemigos naturales (Altieri 1999; Pérez 2004). Considerando además que es indispensable asegurar la inocuidad de los procesos y productos agrícolas para proteger a trabajadores y consumidores, cabe plantear los siguientes desafíos ambientales para la agricultura regional del futuro: -

El agua es un recurso limitante para la producción y limitado en su disponibilidad. En el contexto de aridez de la Región, debe aumentarse la eficiencia en el uso del agua, además de reutilizar y reciclar las aguas residuales para su nuevo aprovechamiento. Ello involucra desarrollo tecnológico y adaptación de tecnologías ya probadas a nivel internacional.

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La inserción de principios de manejo ambiental en la explotación agrícola certificada según exigencias de los mercados de destino (por ejemplo: GlobalGAP en Europa) es una oportunidad para adoptar una mirada de largo plazo. Las Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas se fundamentan en el respeto a las personas (trabajadores, operarios, habitantes locales y consumidores finales) y al medio ambiente, acciones que en muchos aspectos corresponden al sentido común. Aún así, su implementación involucra entrenamiento y aprendizaje orientados al cambio de prácticas y hábitos en los manejos productivos y en la toma de decisiones.

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La difusión y entrenamiento deben ser transversales, cubriendo un amplio espectro de actores del sector agrícola y no sólo de las unidades orientadas a la exportación. La pequeña agricultura debe ser especialmente apoyada para cumplir estas pautas, contribuyendo así a mejorar la competitividad y a proteger el medio ambiente y la salud de los consumidores chilenos.

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Es necesario buscar mecanismos para regular el uso agrícola y ganadero de los suelos, y ejercer una mayor fiscalización del uso de plaguicidas y fertilizantes.

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La conservación de la biodiversidad debe extenderse más allá del sistema oficial SNASPE o de reservas privadas, que representan verdaderas islas. Las propiedades agrícolas vecinas a ellas pueden realizar un importante aporte, creando áreas de amortiguación con intervenciones de bajo impacto. Este diseño favorecerá la protección de las áreas de reserva, pero también generará corredores biológicos de conexión entre distintas áreas protegidas (Campagnoni 2000). Entre otras alternativas, puede incluir zonas de exclusión de ganado, prácticas agrícolas y pecuarias de bajo impacto (Berger et al. 2006), diversificación de cultivos, conservación de remanentes de vegetación nativa, eliminación de plaguicidas, inclusión del Manejo Integrado de Plagas, Manejo Ecológico de Plagas (Pérez 2004), manejo agroforestal y manejo orgánico.

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Establecer y recuperar la biodiversidad intra-predial es un desafío con claro énfasis local, en tanto ésta varía a lo largo de la geografía y no existe un modelo único de diversificación en espacios agrícolas. El rescate de la experiencia local adquiere aquí un rol protagónico para lograr adaptaciones a las necesidades de cada unidad de producción en proceso de cambio.

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Se ha confirmado experimentalmente que las prácticas orgánicas son una alternativa para viabilizar estas propuestas; la priorización de este sistema de producción en las políticas públicas más recientes, estimulará su difusión e implementación. Resulta crucial incentivar la investigación en estas temáticas, especialmente creando alianzas de mutuo beneficio entre investigadores y productores (Altieri 2002), en las que ambos logren un aprendizaje, generen conocimientos con impacto aplicado y exploren alternativas de diversificación en los agroecosistemas. Como ejemplo, los aportes potenciales de la vegetación nativa regional a los agroecosistemas involucran muchas preguntas hasta ahora sin respuesta.

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Es relevante concentrar esfuerzos en zonificar el uso de los suelos y planificar el uso del territorio bajo criterios de racionalidad biológica, ambiental y humana. Con ello se maximizará el aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos en los agroecosistemas.

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Resulta indispensable estudiar la incorporación de los proyectos agrícolas – al menos los de envergadura - al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA, Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente).

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Se recomienda trabajar junto a la comunidad en alternativas de uso sustentable de los recursos nativos que hoy se encuentran presionados por la recolección. Por ejemplo, se sugiere generar incentivos a la propagación y establecimiento en terreno de especies nativas - específicamente aquellas con problemas de conservación -, profundizando a la vez en la investigación orientada al rescate, propagación y recuperación de estas especies.

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La educación y capacitación debe extenderse a la sociedad en su calidad de consumidora. Consumidores informados impondrán exigencias a los productos, y con ello a los productores. Asimismo, es necesario generar alianzas con la comunidad para facilitar la labor fiscalizadora del uso de los recursos bióticos. La participación activa de una población identificada con su entorno y sus recursos regionales, contribuirán a ampliar la cobertura de protección de la biodiversidad. Como ejemplo, la atracción del desierto florido requiere una educación para su uso turístico sustentable. La educación hoy y mañana asegurará la sustentabilidad de cualquier iniciativa de protección del medio ambiente a futuro.

La explotación de los recursos marinos La pesca y los cultivos marinos en el borde costero de la región de Atacama en los últimos 30 años han sido agitados. La Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Caldera, muy activa en defender su actividad en el borde costero, a menudo se ha opuesto a la pesca industrial que aún estando lejos de las cinco millas de exclusividad artesanal, afecta la abundancia de recursos pesqueros compartidos. En este contexto, los conflictos con los pescadores industriales han sido intensos. Se agrega la recolección de algas pardas que en los últimos años también ha pasado a ser una “pesquería” bajo normas de protección. Un problema aún más serio, derivado de la escasez de recursos, es la pérdida de la herencia de su actividad a sus descendientes. Los jóvenes, motivados por el énfasis que el modelo pone en el éxito económico y los bienes, al constatar la pobreza asociada a la actividad pesquera, vuelcan sus intereses hacia otras áreas, viéndose cada vez menos incentivados a proseguir en la actividad que ha sustentado a sus padres y abuelos. Aunque en la Región este sector productivo ofrece espacio para los jóvenes en calidad de asalariados en cultivos de exportación de alto valor agregado (ostiones, abalones), estos rubros tampoco están exentos de crisis. Como ejemplo, el precio internacional de los ostiones ha caído por el ingreso de Perú al negocio exportador, provocando pérdidas y cierre de empresas. En otro rubro, las algas rojas (“pelillo”) cultivadas en las bahías de Caldera y Loreto, enfrentaron problemas de microalgas cuya alta densidad

impedía el paso de la luz en los períodos de crecimiento del pelillo (primavera/verano), causando decoloraciones (blooms). Afectando también el turismo local, producto de la llegada a las playas de especies de algas invasoras del género Polysiphonia. Este cultivo enfrentó entonces problemas de precio, junto a esta “plaga” que terminó por hacer inviable su explotación. Los conflictos con la minería en el borde costero constituyen otra valla para los habitantes de la costa regional. Un caso ampliamente difundido se extendió hasta el año 1990: CODELCO descargó por 40 años una borra de mineral de desecho cuprífero y aguas tóxicas en la playa de Chañaral. La mortalidad de gran parte de la vida marina al norte y al sur de la bahía, incluso de macroalgas en las zonas rocosas más alejadas de la playa (Faugeron et al. 2005), llevó a los investigadores a proponer mecanismos de restauración (Correa et al. 2006). Desde 1990 se descargan aguas claras en Caleta Palito, pocos kilómetros al norte de Chañaral, aunque con el doble de la salinidad del agua de mar, dejando un rastro evidente de residuos a lo largo de las riberas del canal y espumas en su desembocadura. Los efectos en la trama trófica pesquera aledaña no han sido estudiados. Por otro lado, recientemente tres termoeléctricas han solicitado permiso para operar en la costa, con el consiguiente riesgo para la pesca artesanal y para áreas protegidas como la reserva Pingüino de Humboldt. Respecto del conflicto minero, el desafío para la ciencia es proponer alternativas de energía renovables para las empresas mineras, que además de reducir los riesgos ambientales, constituyan fuentes de trabajo para los habitantes de la Región. Entre las alternativas, cabe explorar la energía eólica o aún el uso de microalgas (que pueden crecer a grandes densidades aún sin ser cultivadas ex profeso) y de las cuales se puede producir biodiesel. Esto evitaría conflictos con los habitantes del borde costero y se transformaría en una fuente de trabajo alternativo que mantendría la actividad pesquera a una tasa de explotación de equilibrio, sin comprometer negativamente los recursos marinos. Otros desafíos implican mejorar la conectividad entre las caletas y los centros urbanos más grandes, para evitar la emigración masiva y favorecer la renovación de la vida en torno a los recursos pesqueros, aumentando paulatinamente la tecnología y usando en lo posible criterios de desarrollo lejanos al oportunismo y la especulación que proponen las leyes del libre mercado. Lo que implica favorecer la planificación en todos los frentes posibles.

El Patrimonio de la región de Atacama: Soporte de Identidad y Desarrollo Gloria Cabello La identidad solo es posible y se manifiesta a partir de un patrimonio compartido, el que integra una serie de elementos distintivos generados desde la conciencia histórica de un grupo en particular, permitiendo su identificación y diferenciación respecto a los demás. En este contexto, la puesta en valor del patrimonio cultural –entendido como la valorización social efectiva de un bien cultural con repercusiones comunitarias- puede representar un eje de desarrollo para un grupo, valorizando su territorio y movilizando nuevos emprendimientos. El patrimonio se vuelve entonces soporte de identidad y desarrollo. Razón que llevó al Estudio a incorporar este elemento como uno de sus componentes a través de la identificación y caracterización de los activos patrimoniales de la Región, así como de la evaluación de su uso como recurso identitario por parte de distintos actores sociales. A continuación, se proponen lineamientos para que el patrimonio de la región de Atacama sea un recurso sustentable de desarrollo. En sentido amplio, patrimonio es el conjunto de bienes, objetos, tradiciones o valores que una generación hereda de sus ascendientes, el legado para continuar la vida. En términos culturales, esta herencia comprende, por una parte, los componentes culturales inmateriales o intangibles de una sociedad, como el lenguaje, las reglas de parentesco, las creencias, las costumbres, etc. Por otra parte, considera las expresiones tangibles fruto de la conducta y comportamiento humano, las que pueden ser de carácter mueble o transportables (objetos) o inmuebles (construcciones). Cuando éstos perduran en el tiempo independiente de sus productores, hablamos de patrimonio arqueológico (histórico o prehistórico). En síntesis, el patrimonio cultural reúne conocimientos, representaciones de mundo y todos los elementos considerados como propios por el grupo que funda su identidad en él como colectivo específico diferente a los demás. Reconocimiento identitario que se configura en un continuo proceso histórico, con determinadas implicancias sociales y culturales, permitiéndonos, a su vez, identificar nuestro entorno y a sí mismos (Ballart 1997). A través de su estudio, estos elementos se vuelven fuente de conocimiento de particulares formas de vida. Al tiempo que su conservación, difusión y puesta en valor, permiten generar un nexo entre personas y sociedades separadas por el tiempo o por el espacio, cimentando una base identitaria (González et al. 2008b). Reconociendo el patrimonio de la región de Atacama La identificación y el reconocimiento de los recursos patrimoniales se realizó fundamentalmente mediante los talleres de Patrimonio desarrollados por el Estudio en cuatro de sus casos de estudio: Chañaral de Aceituno/Carrizalillo, Inca de Oro, Los Loros y la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos. Talleres en los que

se exploró los procesos de patrimonialización, es decir, qué elementos del patrimonio cultural están actualmente siendo reconocidos, valorados y usados por un grupo en pos de su utilización como insumos de desarrollo. Y, por otra, cómo y por quiénes están siendo activados en tanto soportes de una determinada identidad. La información recabada en esos talleres se presenta sintetizada en la tabla 5, separando por caso los activos identificados en patrimonio material, inmaterial y natural. Tabla 5. Síntesis de activos patrimoniales identificados en los talleres de Patrimonio e Identidad Caso Chañaral de AceitunoCarrizalillo

Patrimonio Material Hallazgos arqueológicos en todo el sector La última balsa de cuero de lobos de tradición changa

Patrimonio Inmaterial Festividades religiosas y bailes chinos: Virgen de Lourdes de Carrizalillo Rodeo de burros y el primer corral de animales de Carrizalillo

Arquitectura histórica: Mina 18 y bahía Sarco

Tradición culinaria: carne de lobo marino y churrascas

Iglesia y plaza de Carrizalillo

Confección textil: hilado en rueca en la caleta y teñidos naturales en Carrizalillo

Patrimonio Natural Clima y desierto florido Biodiversidad local: fauna terrestre (guanacos) y marina (varias especies de aves, peces y cetáceos), particularmente la isla Chañaral Variedad y calidad de los recursos alimenticios marinos: peces y mariscos Fósiles en la aeropista y la Tifuca

Plantaciones de olivos: tradición productiva ancestral Comunida d Agrícola Los Huascoalti nos

Sistematización de sitios arqueológicos en varios sectores del territorio comunal Arquitectura histórica y etnográfica: iglesias y majadas

Origen étnico: Diaguitas Trashumancia criancera

y

ancestros

Agua: lagunas altoandinas, glaciares y río Tránsito.

tradición

Biodiversidad local: fauna y flora terrestre (también hierbas medicinales)

Tradición culinaria: churrascas, queso de cabra y pajarete Confección textil: Pinte y Juntas de Valeriano Conocimiento y uso medicinal de flora nativa Los Loros

Visualización de sitios arqueológicos de gran envergadura, que asocian en su mayoría con los incas.

Tradición culinaria: locro, chanfaina y macote; arrope de chañar y chicha artesanal

Sendero de Chile, ruta Los Huascoaltinos Tramo La TotoraManflas Fósiles y museo de sitio de Pinte

Fuentes de agua: Balneario del Ojo, Finca el Chañar, Hacienda Omar Plaza (abastecimiento vital y medicinal)

Cantores populares Segmentos del Camino del Inka, del llamado camino de travesía que iba a Coquimbo y Santiago, y del despoblado que conectaba

Festividades religiosas y bailes chinos: Virgen del Carmen de Los Loros, San Antonio y San

Flora local: hierbas medicinales y árboles nativos Fauna terrestre entre la que

el área con Potosí y Perú (Sagayo 1972). Arquitectura histórica: iglesias, estación ferrocarril, pulperías, canal comunero y el molino de trigo, un escudo español grabado en roca y la casa del escritor regional Jotabeche; como también algunas minas históricas del sector Inca Oro

de

Isidro en el valle Confección textil: lana de oveja teñida con elementos naturales (proyectos de la Casa Colla).

Pinturas rupestres de Finca de Chañaral y el Camino del Inka

Festividades religiosas: San Lorenzo, patrono de los mineros

Arquitectura histórica minera: caja nacional de ahorro, planta Matta, el viejo teatro, la iglesia San Lorenzo, la Asociación Minera, túneles subterráneos, entre otros.

Técnicas tradicionales: adobe para construir viviendas y las tierras de color para pintarlas

destacan (iguanas)

los

“liguanos”

Desierto florido

Fuentes de agua (abastecimiento vital y tradición de localización) Biodiversidad (flora y fauna local, medicinal y desierto florido). La nitidez del cielo: Centro Astronómico Cerro España Fósiles y tierras de color de Cerro La Campana (uso ornamental)

Pueblo de San Fernando

El “Pueblo”: sus callejones, la placilla Morales, Iglesia y sector de Punta Negra

Origen étnico: el Pueblo de Indios

Agua

Festividades y bailes chinos: Virgen de la Candelaria en Copiapó y San Isidro Labrador en San Fernando Feria Costumbrista y Fiesta de la Vendimia: rescate/promoción de productos tradicionales Tradición culinaria: mermeladas caseras, arrope de chañar, salchichón de burro, mistelas y vino artesanal Rodeo

A modo de síntesis, los activos patrimoniales se relacionan con los siguientes ejes temáticos: Vestigios: sitios arqueológicos prehispánicos que se visibilizan gracias a su monumentalidad (estructuras, pictografías, conchales), su emergencia a través de hallazgos fortuitos o por su visibilización por parte de la institucionalidad. Mientras que las edificaciones históricas, se conciben como evidencia de un pasado mejor. No obstante resulta evidente el desconocimiento y confusión local respecto de sus

connotaciones y significaciones, así como la falta de recursos para la conservación física de muchos de estos lugares. Tradiciones: culinaria, textil, arquitectónica, prácticas productivas e incipientemente la medicina tradicional. Se trata de saberes ancestrales que vinculan a los individuos con su territorio y con su pertenencia grupal, sea indígena o no. Al transmitirse de generación en generación, permiten la actualización y el fortalecimiento identitario a nivel de grupo familiar, bien que el diagnóstico muestra un progresivo decaimiento. Al mismo tiempo, constituyen una potencial fuente de ingreso y de asociatividad, particularmente importante para el ámbito femenino si se mejoran adecuadamente los conocimientos técnicos y comerciales. En relación a lo anterior, vale la pena destacar la innovación en la preparación de ciertos productos propios del territorio. Innovaciones que permiten aumentar la competitividad de los productos, sin perder la identidad local. Por ejemplo, la gastronomía fusión o la producción orgánica. Festividades: la religiosidad popular y los bailes chinos, así como las fiestas costumbristas o tradicionales, juegan un rol importante en tanto lugar de encuentro y celebración común, pero también por el patrimonio material asociado (como, entre otros, las iglesias, corrales, etc.). Naturaleza: flora y fauna nativa, fuentes de agua, desierto florido, cielos limpios y fósiles son reconocidos como una riqueza particular de la región de Atacama. Constituyéndose en elementos de convivencia local, pero a la vez transversales a la Región. En términos generales, podemos señalar que se observaron distintos niveles y procesos con que las poblaciones se relacionan con su patrimonio: mientras para algunos está a la vista y procuran protegerlo y difundirlo; para otros, el tiempo transcurrido ha roto aparentemente la continuidad que los vincula histórica y culturalmente con su pasado. No obstante, el rescate y valorización del patrimonio es percibido por todas las localidades/comunidades como alternativa real de desarrollo y medio de preservación frente a los conflictos. En efecto, las más completas iniciativas patrimoniales impulsadas desde las comunidades locales son las relacionadas con los conflictos por la extracción de recursos. Por ejemplo, ante la amenaza que significa la gran minería sobre los territorios indígenas de la Región, la Comunidad Agrícola de Ascendencia Diaguita Los Huascoaltinos –y más recientemente la Comunidad Colla de río Jorquera y sus Afluentes- han optado por levantar líneas de base que permitan catastrar el patrimonio cultural y natural de sus territorios. Iniciativas que combinan el trabajo de jóvenes profesionales y fondos concursables estatales (CONAMA, CONAF, CONADI, etc.), obteniendo resultados sólidos sobre los elementos patrimoniales presentes, su contexto de vida y uso, y las necesidades para su cuidado (por citar algunos, Peña 2005; Pizarro et al. 2006; Mondaca 2009; Martínez 2009; GMA 2009).

En este mismo sentido cabe destacar las líneas de base que ha propiciado CONAF en los parques nacionales de la Región: Pan de Azúcar y Llanos de Challe (respectivamente Quevedo y Garrido 2004; Fernández 2009). O los estudios que promueve la Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro con el objetivo de sentar bases sólidas para el desarrollo de iniciativas relacionadas con el patrimonio arqueológico, en pos de la reconversión económica local tras la disminución del trabajo en la minería. Iniciativas que por un lado cuentan con programas de apoyo estatales, como el PTI-Chañaral de CORFO y CMNUNESCO, pero por otro se ven enfrentadas a disyuntivas como la destrucción de un tramo del Camino del Inka para la construcción del ByPass (MOP) que protegerá a la población local del paso de camiones con carga peligrosa desechada por la misma minería. Esta falta de coordinación entre distintos sectores de la institucionalidad que redundan en proyectos contradictorios se observa también en Chañaral de Aceituno. En torno a la Isla Chañaral se oponen los intereses de los pescadores que no pueden desarrollar su actividad productiva tradicional debido a las restricciones que implican las áreas de manejo (SERNAPESCA) y particularmente, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (CONAF) con los de algunos actores locales que ven en el turismo una oportunidad de desarrollo como la que se ha logrado en la porción meridional de la Reserva (Punta de Choros, región de Coquimbo). Motivación que no obstante el conflicto, ha conseguido fondos estatales (FOSIS, SERCOTEC) para capacitación en turismo, pero que resultan insuficientes ante la falta de estudios profesionales que actualicen los contenidos básicos de prehistoria local y conservación del patrimonio, requeridos para generar un turismo sustentable. Similar es la situación del proyecto Fondo de Protección Ambiental de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Caldera, orientado a vincular a los/las niños/as con la gestión tradicional de los recursos del mar entre otras cosas, a través de la visita a sitios arqueológicos en tanto testimonios ancestrales de esta actividad. Pues éstas se realizan exclusivamente a partir de los conocimientos vernáculos de los pescadores y el apoyo tangencial del Museo Paleontológico de Caldera. Lamentablemente, la iniciativa no cuenta con bibliografía adecuada ni con el asesoramiento de profesionales que permitan sopesar ese saber ancestral con los conocimientos académicos sobre las antiguas poblaciones costeras del sector. De contar con ellos, el reconocimiento del patrimonio local podría contribuir aún más al refuerzo de esta actividad productiva tradicional. Pero las iniciativas patrimoniales no solo emergen de la sociedad civil, sino también desde la institucionalidad o de Organismos No Gubernamentales. Ejemplo de esto es el Programa Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza que durante casi una década ha logrado instalar la temática patrimonial como eje de desarrollo en varias comunas de escasos recursos de la Región, como Alto del Carmen (2000) o Tierra Amarilla (2009). Pero

que debido a la rotación de los profesionales no logran concretar proyectos sustentables. Por su parte, la importancia del patrimonio como recurso identitario está instaurada en la región de Atacama también a nivel institucional. Si consideramos solo los últimos 10 años, vemos que los conceptos de patrimonio, identidad y diversidad conforman lineamientos estratégicos en las Estrategias de Desarrollo Regional del 2000-2006 y 2007-2017, así como en las políticas culturales del Consejo Regional de la Cultura y Las Artes 2005-2010. Este último, por cierto siguiendo la línea nacional. Resulta preocupante, eso sí, que la mayoría de las medidas propuestas se repitan a lo largo de los años. Pues si bien esto demuestra una valiosa continuidad en la línea de interés, al mismo tiempo indica que los logros han sido escasos y que el tema patrimonial sigue siendo un desafío para las políticas públicas regionales. Por ejemplo, es recurrente la necesidad de realizar un Catastro Patrimonial. Frente a ella, se debe señalar que el Estudio dio un paso adelante mediante la generación de una Cartografía Patrimonial y de un Catastro Selectivo del Patrimonio Arqueológico. La Cartografía Patrimonial de Atacama reúne las principales manifestaciones patrimoniales de la Región, elaborada mediante el uso de un software de Sistema de Información Geográfica. En ella se combina la georeferenciación de información producida durante el desarrollo del Estudio (manifestaciones religiosas, leyendas y tradiciones, hitos históricos, minería histórica y moderna, territorios identitarios, arqueología, territorios indígenas, entre otros) y la proveniente de fuentes secundarias entregada por el Gobierno Regional de Atacama, a saber: CMN (listado de monumentos nacionales), CONAF (áreas silvestres, parques/reservas nacionales), CONAMA (sitios prioritarios de la biodiversidad), entre otros. Por su parte, el Catastro Selectivo del Patrimonio Arqueológico de la Región constituye una base de datos de los sitios arqueológicos presentes en la cartografía. Se trata de una ficha técnica que reúne sintetizando las características básicas de cada uno de los sitios que ahí aparecen (tipología, emplazamiento, descripción, cronología, entre otros) más una foto representativa de ellos. Todo en el programa Access, un soporte inteligible de fácil uso y actualización. La selección de los sitios arqueológicos consideró los activos identificados en los talleres y en bibliografía especializada generada en el ámbito arqueológico, mediada por una valorización efectiva de ellos. Como los valores que se le atribuyen al patrimonio son diversos según los usos y significados que se les dan y del contexto histórico y cultural de dónde esta valoración provenga (Ayala 2008), se acogieron los criterios de Ballart (1997): valor simbólico, referido al uso identitario del patrimonio en tanto repertorio cultural que establece una frontera grupal; valor científico, en tanto vestigio de sociedades pretéritas, pues se extrae

de él información que para hacer inferencias sobre el pasado; y valor económico, cuando el patrimonio es visto como mercancía para insertarse en el mercado cultural. Según estos criterios, se seleccionaron 23 sitios arqueológicos que se listan en la tabla 6 por provincia, mencionando también otros componentes de la ubicación (comuna y localidad asociada) y la valoración otorgada (presencia/ausencia). Tabla 6. Listado de sitios arqueológicos seleccionados para el Catastro SITIO PROVIN COMUNA LOCALIDA Valor Valor ARQUEOLÓGICO CIA D simbóli científic co o Camino del Inka Chañara Diego de Inés Chica X X (tramo Inca de Oro) l Almagro – Copiapó Finca de Chañaral Chañara Diego de Finca de X X l Almagro Chañaral Mina Las Turquesas Chañara Diego de El Salvador X l Almagro Cementerio Las Chañara Diego de El Salvador X Turquesas l Almagro Camino del Inka Chañara Diego de El Salvador X (tramo Salvador) l Almagro Talleres líticos Pampa Chañara Diego de Pampa X Austral l Almagro Austral Pinturas Salar de Infieles Chañara Diego de Salar de X l Almagro Infieles Petroglifos Las Lizas Copiapó Caldera Las Lizas X Quebrada de Las Pinturas Cementerio Inka del Centro de Copiapó Establecimiento Metalúrgico Viña del Cerro Iglesia Colorada

Copiapó

Caldera

El Morado

X

Copiapó

Copiapó

Copiapó

X

Copiapó

Tierra Amarilla

San Antonio

X

Copiapó Copiapó

Iglesia Colorada Los Loros

X

“Palacio Incaico” de La Puerta Pintura El Pájaro Verde Pukara de Punta Brava

Copiapó

Puntilla Blanca

Copiapó

Santuario Inka Volcán Copiapó Tambo El Castaño

Copiapó

Cementerio Diaguita Inka de Alto del Carmen Petroglifos Piedra del Indio Petroglifos Quebrada de

Huasco

Tierra Amarilla Tierra Amarilla Tierra Amarilla Tierra Amarilla Tierra Amarilla Tierra Amarilla Tierra Amarilla Alto del Carmen Alto del Carmen Alto del

Copiapó

Copiapó

Huasco Huasco

Río Figueroa Hornitos Iglesia Colorada Volcán Copiapó Río Jorquera Alto del Carmen San Félix La Totora

X

X

X X

Valor económ ico X

X

X X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

La Totora

Carmen

Túmulos de Pinte

Huasco

Cementerio Diaguita Inka de la Plaza de Vallenar

Huasco

Alto del Carmen Vallenar

Pinte

X

Vallenar

X

X

X

A partir de dicha valoración, se seleccionaron 11 sitios para la provincia de Copiapó (48% del total). Se trata de sitos altamente valorados por la comunidad local, como la pintura El Pájaro Verde que constituye hoy la imagen del la Comunidad Colla de río Jorquera o los petroglifos de Las Lizas que son visitados en el marco del proyecto FPA de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Caldera. Otros, valorados científicamente por estudios que en las décadas de 1980 y 1990 sentaron las bases de la reconstrucción de la prehistoria regional, como el establecimiento metalúrgico Viña del Cerro, el mal llamado “palacio incaico” de La Puerta y el pukara de Punta Brava. Estudios que redundaron en que éstos sitios arqueológicos fueran declarados Monumentos Nacionales, adquiriendo con ello una valoración económica, bien que hoy no exista continuidad en su puesta en valor. Para la provincia de Chañaral se seleccionaron siete sitios (30%), entre los que se cuentan algunos simultáneamente valorados por la comunidad local, la comunidad científica y la institucionalidad, como el ya mencionado tramo del Camino Inka en Inca de Oro o Finca de Chañaral que cuenta con proyectos de puesta en valor (González et al. 2008) y estudios científicos tangenciales (Gallardo 2007). Asimismo, recientes estudios científicos financiados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) han permitido reevaluar sitios arqueológicos en El Salvador, como la Mina y el cementerio Las Turquesas, entregando nuevas luces sobre la minería prehispánica nacional (por citar algunos González y Westfall 2005, 2008). Por último, en Huasco se seleccionaron solo cinco sitios (22%) debido a que el reconocimiento del patrimonio arqueológico de la provincia se concentra en el sector alto del valle, propiciado por la valoración simbólica que le otorga la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos. Es a partir de ella que se enlazan valoraciones económicas y científicas de estos sitios, como las que vinculan los petroglifos del Indio con La Ruta de los Españoles o los de La Totora (Garrido 2008) y el cementerio de Pinte con el Sendero de Chile. Cabe destacar, no obstante, que recientes investigaciones en el sector de Freirina, producto de los EIA del ByPass y Agrosuper (como Cabello 2010b) y el Parque Nacional Llanos de Challe, iniciativa FONDART-CONAF (Fernández 2009) comienzan a aumentar el valor científico de algunos sitios arqueológicos de la provincia. Ambos productos se acogen a los estándares de registro para el patrimonio inmaterial y arqueológico que están desarrollando en conjunto el Área de Patrimonio del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y la Unidad de Geoinformación del Patrimonio (UGP) del Centro Nacional de Conservación y

Restauración (CNCR). El último de los cuales comenzaría su implementación en mayo de este año a través de un software de actualización semiautomática (pues requiere del trabajo conjunto con arqueólogos). En relación a lo anterior, cabe destacar que por iniciativa del CNCR y apoyo de CMN, la UGP, elaboró el año 2007 un inventario regional en Atacama del patrimonio arqueológico descubierto hasta esa fecha. Dicho inventario es uno de los más completos con los que cuenta CMN, bien que lamentablemente no existen los mecanismos que permitan actualizarlo desde entonces (Bernardita Ladrón de Guevara comunicación personal). Por el tipo de información que trata, este inventario es de carácter reservado. No obstante y en pos de resguardar el patrimonio arqueológico, su ubicación debería ser considerada para planificación urbana, vial o turística, entre otros. En este sentido, vale la pena también recordar que cualquier intervención en el patrimonio arqueológico, antropológico o paleontológico, por ejemplo señalética o senderización para la puesta en valor, debe ser solicitada y aprobada por el CMN. Pues se trata de lugares protegidos por Ley de Monumentos Nacionales Nº 17.288 (promulgada en 1970); el Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas (dictada en 1991); la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.300 (dictada en 1994, modificada en 1997 y actualmente en proceso de modificación); y la Ley Indígena Nº 19.253 (promulgada en 1993). Asimismo, resulta indispensable que la puesta en valor de lugares u objetos patrimoniales considere un estudio previo realizado por profesionales afines (antropólogos, arqueólogos, biólogos, economistas, geógrafos, ingenieros comerciales, técnicos en turismo, etc.) a través del trabajo conjunto y coordinado de las iniciativas locales y políticas institucionales. Ello desnuda otra de las falencias presentes al interior de la política cultural regional, donde también es manifiesta la necesidad de implementar una línea de investigación en ciencias sociales, casi inexistente en la Región. Desarrollo investigativo que permitiría al mismo tiempo responder a otras medidas propuestas, como el fortalecimiento de las instituciones culturales en pos del resguardo y difusión del patrimonio cultural. Por ejemplo el Museo Regional, museos locales y la urgente recuperación del Museo del Huasco. O que la educación escolar, técnica y profesional incorpore la temática identitaria de manera actualizada y acorde con las expectativas de desarrollo regional. Al tiempo de responder adecuadamente a la convivencia multicultural, implementando estudios que permitan conocer las reales expectativas y necesidades de los grupos étnicos regionales antes de proponer medidas concretas. Por último, la concurrencia de profesionales afines en el estudio y difusión del patrimonio regional también es vital para asegurar que el desarrollo de la creación artística y la industria cultural se sustenten bajo un sólido perfil identitario y no caer así en la folclorización.

Establecer esta diferenciación de enfoque permitirá sustentar una oferta diversa y no estereotipada de los elementos que hacen ‘distinto’ al territorio [sino] que además lo perfilan como un territorio ‘en movimiento’ y no siempre y solo igual a sí mismo y a sus anteriores expresiones (Ranaboldo 2009:20). Estrategias y recomendaciones para que el patrimonio regional sea un recurso sustentable de desarrollo La realización de este Estudio da cuenta de la riqueza patrimonial que posee la región de Atacama, la cual es reconocida por la comunidad local, científica e institucional como potencial de desarrollo económico local. Al mismo tiempo de dar a conocer las distintas formas en que cada uno de estos actores se relaciona con su patrimonio. Por lo que necesariamente las políticas patrimoniales deben ser diferenciadas según el caso, aunque siempre enfocadas al desarrollo local con el resguardo y el cuidado que suscita el patrimonio cultural de nuestro país. También releva que las muchas iniciativas locales que buscan potenciar la relación de las comunidades con su patrimonio natural y cultural pero que, sin embargo, no logran los objetivos propuestos por falta de sostén profesional que dicte contenidos sólidos y actualizados por temática. O bien se ven truncadas por la falta de continuidad en inversión, capacitación o líneas de trabajo instaladas por organismos externos. Ante este diagnóstico resulta fundamental la necesidad de generar estrategias articuladoras orientadas al fortalecimiento institucional (inversión en capacitación e infraestructura) enfocados en actores particulares (agricultores, pescadores, pequeños mineros, PYMES, o gestores culturales) que tienen propuestas de desarrollo local ligadas al patrimonio cultural y natural. Pero también al diálogo entre ellos, por ejemplo, a través de encuentros donde se compartan experiencias. De esta forma se genera la integración de políticas institucionales con emprendimientos locales y su vinculación con obras de mayor envergadura, donde uno de los dispositivos presentes puede ser el turismo cultural (Quijada 2009). Desde esta perspectiva, se espera que este diagnóstico y los productos asociados den pie a una “alfabetización cultural” en términos patrimoniales (conceptuales y de conocimiento histórico) que, a la postre, impulse planes de educación/capacitación integral del ámbito patrimonial que surjan desde los mismos habitantes y sus necesidades. Así como estrategias de puesta en valor de bienes patrimoniales, que consideren la investigación, la conservación y la difusión de estos activos, y que representen concretas y efectivas implicancias sociales de desarrollo para las comunidades. En este sentido, resulta fundamental que todo plan, política institucional y estrategia del ámbito patrimonial, tome en cuenta un trabajo en conjunto con las

comunidades, sin una óptica centralista, que obvia generalmente las necesidades e inquietudes particulares. Lo cual conlleva también apoyar la generación de redes internas de las comunidades, en la dirección de fortalecer la autogestión. Solo logrando una coherente valoración simbólica, científica y económica del patrimonio, los procedimientos, planes y estrategias de las iniciativas repercuten desde su génesis, desarrollo e implementación, en distintivos aspectos que nutren y consolidan las identidades locales, comprendiendo al patrimonio cultural no solo como una gran reserva valórica, sino también como un activo y foco de desarrollo. Pues Gracias a estos activos [patrimoniales], la comunidad se diferencia de otras agrupaciones humanas, y, a la vez, puede aprovechar esas fortalezas para mejorar su ingreso y su nivel de vida, sin renunciar a lo que le es propio (Quijada 2009:37).

Asociatividad, Identidad y Desarrollo: Un Proceso que Moviliza Visiones Compartidas Los hallazgos del Estudio plantean a la asociatividad como un elemento vinculante entre las identidades de la región de Atacama y los proyectos de desarrollo regional. No es posible fortalecer la diversidad de los procesos identitarios -y desarrollar un proyecto región- sin fortalecer los vínculos asociativos de los actores sociales presentes en el territorio regional. La asociatividad resulta fundamental como gestor de cohesión social y sustentabilidad de los proyectos compartidos. Lograr la pertinencia del diseño e implementación de los programas y proyectos, insertos en las políticas públicas para el desarrollo, requiere de interlocutores válidos, con los que se puedan establecer sentidos compartidos dentro del territorio. Ello “con el objeto de impulsar el diálogo social como respuesta estatal a las organizaciones que guían su acción por relaciones sociales enmarcadas por la asociatividad” (Hernández et al. 2005:1). Entendida como “prácticas sociales que se basan en el reconocimiento de los sujetos como hablantes con igual valor en el proceso de comunicación” (Hernández et al. 2005:7). Al generar y fortalecer los vínculos sociales asociativos, el proyecto región podría adquirir significación para quienes comparten no tan solo el lugar como espacio local/regional sino también la apropiación del lugar como espacio público. En el que se abre la discusión y el debate respecto a lineamientos que guíen la lógica del desarrollo oficial y un desarrollo construido desde el diálogo, donde el rol de la institucionalidad pública sea participar activamente en “la ampliación de las redes de confianza locales hacia sistemas de gestión locales para el desarrollo” (Hernández et al. 2005:19). Este trabajo de carácter asociativo permitiría la continuidad o sustentabilidad de las prácticas sociales, generadas a partir de la participación en la construcción de una lógica compartida de desarrollo. En las secciones 7 y 8 se identificó la falta de elementos transversales de identificación. Es decir, la Región es vista como un discurso institucional que está lejos de posicionarse como un referente de identidad. La asociatividad brindaría entonces la posibilidad de establecer los vínculos para superar este problema. Participación y asociatividad: discursos desde la sociedad civil La asociatividad y su poder para generar un vínculo entre identidad y desarrollo en la región de Atacama dependen en gran medida de la participación. La discusión en torno a identidad y desarrollo en diversas unidades territoriales de la Región, dio lugar a un discurso crítico respecto a cómo se promueve el concepto de “participación ciudadana” desde la institucionalidad pública. Lo que el discurso enfatiza es el cuestionamiento a la posición que tiene la sociedad civil en los programas y proyectos públicos, en que los actores civiles regionales, son

incorporados en un rol funcional, carente de participación real, en un espacio de toma de decisiones poco transparente. Esta crítica usada por la sociedad civil regional se encuentra con un cuestionamiento similar a nivel nacional, en el que el quiebre en la confianza y el compromiso cívico se relaciona con la instalación de la lógica modernizadora. Según este argumento, es probable que el proceso “haya roto más ámbitos de confianza social de los que ha generado […] Probablemente estamos ante la tendencia antes señalada: la vida asociativa vinculada a organizaciones formales tradicionales (sindicatos, partidos políticos, pero también centros de madres y juntas de juntas de vecinos) disminuye y, en cambio, aumenta la participación en asociaciones con fines específicos y objetivos inmediatos” (Segovia 2007:21). De este modo, la legitimación institucional de organizaciones asociativas con fines específicos e inmediatos, permite la crítica a la funcionalidad del carácter asociativo en un escenario político en que la participación ciudadana se presenta como simulada. La sociedad civil denuncia en sus discursos la negación/omisión de las organizaciones asociativas como un interlocutor válido en el momento de abrir diálogos, por ende, se anula la posibilidad de reconocer la diversidad de identidades presente en la Región y la posibilidad de que estas identidades participen de la construcción de una lógica de desarrollo pertinente y sustentable. Las organizaciones asociativas regionales (Asociaciones y Sindicatos de Pescadores Artesanales y Agrícolas; Comunidades Agrícolas; Junta de Vecinos; Coordinadoras por la Defensa del Agua, indígenas, la Central Unitaria de Trabajadores entre otras) plantean el desarrollo como un debate abierto, en el que se posicionan a partir de la crítica al proyecto regional de desarrollo. Un debate que emerge en relación a cómo se construye un desarrollo pertinente con los proyectos de las organizaciones asociativas presentes en el territorio regional. Al no generarse este debate o espacios de encuentro y escucha se está en riego de acentuar la desarticulación de la sociedad civil regional, pues las distancias espaciales propias a la Región acentúan la carencia de instancias de participación oficiales, posibilitando una fractura espacial que conlleva una fractura sociopolítica. Esta fractura se traduce en proyectos autónomos y disociados del espacio político regional. Por tanto el sentido compartido, de pertenencia y continuidad de la Región desaparece en los discursos cotidianos, emergiendo en su lugar la irrelevancia de estar o no estar en la Región y la necesidad de buscar un lugar donde concretar proyectos que el contexto sociopolítico regional actualmente pareciera no posibilitar. La propuesta: fortalecer la asociatividad En este contexto de crítica a la participación promovida por las instituciones públicas y ante la necesidad de construir proyectos compartidos que den contenido y sentido a la idea de Región, una de las propuestas del Estudio plantea como eje central fortalecer los procesos asociativos de la sociedad civil. Propuesta

que se estructura sobre la base de la posibilidad de construir y canalizar proyectos colectivos, abriendo el diálogo social desde la participación efectiva de representantes de la sociedad civil legitimados como interlocutores políticos válidos en la toma de decisiones. En la misma línea la asociatividad permite la pertinencia y sustentabilidad de los proyectos colectivos, al condensar vínculos y conocimientos situados del espacio cotidiano. Lugar en que se concretan las decisiones políticas, siendo un importante indicador de los procesos de cambio que experimenta la sociedad civil regional. En este punto la asociatividad emerge como un canalizador/mediador entre la institucionalidad pública y la diversidad de lógicas desde el lugar existentes en la región de Atacama. Ante la posibilidad de un compromiso social que permite el fortalecimiento de la diversidad identitaria regional, es necesario formular entonces lineamientos que respondan al fortalecimiento de la asociatividad. Así, teniendo ese fortalecimiento como eje de la propuesta para vincular identidad y desarrollo en la región de Atacama, a continuación se plantean tres lineamientos a seguir: 1. Fortalecer las redes de comunicación e información 2. Abrir espacios de encuentro y escucha 3. Promover una educación escolar pertinente 1. Fortalecer redes de comunicación e Información El primer lineamiento tiene que ver directamente con la mejora de los procesos de comunicación al interior de la Región, especialmente entre la población regional y la institucionalidad pública. Para abrir un diálogo social que legitime la alteridad regional es necesario promover y generar redes de comunicación e información, que permitan canalizar y mediar las tensiones existentes y con ello lograr encuentros sociales vinculantes. Sin embargo, para lograr tales objetivos es preciso establecer el marco referencial que delinea lo que entendemos por comunicación, más específicamente, las redes de comunicación e información. Esta propuesta parte cuestionando la forma tradicional de ver la comunicación en la cual se establece un sistema unidireccional de enviar y recibir mensajes. Frente a ello se plantea que la comunicación no es tan solo el espacio de intercambio de información sino que también la instancia donde se construyen y concretan los procesos sociopolíticos. Por tanto el rol de la comunicación se inserta como parte de los discursos y la acción política, de ahí la importancia de generar flujos y canales de comunicación que permitan que la acción política regional dialogue con la diversidad discursiva que generan los procesos identitarios regionales.

Las nuevas tecnologías de la información han establecido un nuevo principio en que la complejidad del espacio social es pensada desde las posibilidades de los flujos y canales de comunicación que permiten la configuración de redes interactivas que permite descentralizar la información, donde las comunidades recrean sus propios medios y procesan su propia información. Esta visión se concreta en el contexto local con las radios comunitarias y de radioaficinados38 quienes han establecido redes de comunicación que permiten intercambiar información y posicionar temas específicos a los distintos lugares de la Región. En esta lógica es necesario reforzar las redes de comunicación ciudadanas regionales, nutriendo sus espacios de debate. Algunos temas que convocan identificados por el Estudio son: -

El agua, su gestión y la valoración del recurso El medio ambiente, los marcos normativos y los actuales conflictos en los territorios El desarrollo de proyectos inmobiliarios y sus efectos en sectores rurales El centralismo de Copiapó y sus consecuencias El aporte de los grupos étnicos en la historia del desarrollo regional

De esta manera la comunicación no se reduce al medio de difusión de un discurso (prensa escrita, radio, televisión, Internet), sino a la producción de un discurso compartido en que las “visiones constituyen un espacio significativo para la interacción sujeto-sujeto (individual-colectivamente), para la negociación de visiones y significados” (Escobar 2005). Es así como el discurso puede posicionar, desde lo cotidiano hasta instancias formales, la promoción transversal de la valoración patrimonial del territorio. Así las visiones compartidas también permitirían la heterogeneidad y la diversidad de proyectos en el territorio regional. La diversidad cultural del territorio de la región de Atacama, requiere una propuesta comunicacional que posicione temáticas transversales que convoquen a las diversas identidades, otorgando sentido a la participación. En la elaboración de la propuesta es necesario definir los conceptos que integren estas temáticas. Así la producción de información del Estudio plantea que estos conceptos sean: -

La sustentabilidad: Visiones compartidas que permiten darle continuidad y cohesión social al desarrollo territorial. La pertinencia: mediante la adecuación de estas visiones compartidas de desarrollo al contexto histórico social de lugares de la Región.

Estos conceptos logran contener las preocupaciones y también los sueños de la sociedad civil regional. La sustentabilidad se asocia directamente al desarrollo. Posicionar comunicacionalmente el concepto posibilita abrir diálogos sobre el 38

En la región de Atacama se encuentran activos más de 60 radioaficinados, una red de gran potencial para constituir un espacio estable y continuo de comunicación regional. http://www.24horas.cl/videosRegiones.aspx?id=21427&idRegion=3

desarrollo y el proyecto de desarrollo regional. La pertinencia tiene que ver con la cultura e identidad y los contextos en que estas se mueven, el debate sería entonces sobre la pertinencia cultural de los proyectos de desarrollo. Para instalar los conceptos se sugiere asociarlos al desarrollo de un concepto de imagen región. Que podría servir de soporte a los discursos institucionales. 2. Abrir Espacios de Encuentros y Escucha Las relaciones sociales construyen las identidades regionales, movilizan los significados y visiones compartidas. Al constituirse las identidades en un proceso relacional es necesario generar espacios de encuentros que movilicen visiones de lo que constituye el nosotros compartido regional como espacio de encuentro. En esta línea los espacios de encuentro generan un diálogo social, el cual puede fomentarse desde el Estado, asumiendo “la voluntad de iniciar un diálogo escuchando a los ciudadanos con el reconocimiento de sus patrones culturales, creencias y conocimientos, adoptando y adaptando sus modelos y metodologías según la especificidad de los espacios (geográficos y sociales) a intervenir” (Hernández et al 2005:30). Sin embargo, extendemos esta interpretación hacia la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil de resignificar y apropiarse de los espacios de encuentro y establecer un diálogo social desde lo cotidiano, desde el lugar donde los sentidos compartidos fluyen y se articulan. Un diálogo social que hemos definido como los espacios de encuentro que generan el escuchar al otro, reconocer al otro como legitimado para hablar y ser escuchado. Un proceso dinámico que establece un lenguaje común, generando visiones compartidas y un aprendizaje compartido. Estos espacios de diálogo social permitirán posicionar los proyectos de desarrollo que emergen desde la sociedad civil, por ende, visiones adecuadas al contexto histórico social y que permitirán asegurar la continuidad de un proceso que se inicia y se concreta en la conversación identitaria cotidiana. Esta lógica de comenzar el proceso desde las lógicas del lugar de los actores locales, potenciará las capacidades de la sociedad civil regional a decidir y proyectar el desarrollo de su territorio, entendiendo que este escuchar al otro no solo debe ser una imposición normativa de la institucionalidad pública, sino una necesidad de construir visiones compartidas que sustenten los proyectos regionales. Por ende la sustentabilidad de la institucionalidad pública está en generar espacios de escucha. Una negociación que fortalecerá la inclusión social de la diferencia, posicionando la diversidad cultural del territorio. Para ello se propone: -

Encuentros Intergeneracionales: la posibilidad de desarrollar los diversos lugares de la Región está estrechamente vinculada con la idea de establecer espacios de diálogo intergeneracionales, donde se encuentren las ideas de niñas/niños, las/los jóvenes con la tradición de los viejos. De este encuentro se pueden establecer huellas de aprendizajes compartidos,

en que la tradición sea construida como un espacio dinámico y movilizador. A modo de ejemplo: una jornada de reflexión en torno a la apropiación y resignificación de los jóvenes de la Fiesta de Toro Pullay, donde se genere un espacio entre adultos y adultos mayores acerca de los significados que estos atribuían a esta fiesta en el pasado y cómo valoran y evalúan la actual. -

Jornadas interterritoriales de conocimientos locales: una particularidad fundamental del territorio regional, es sin duda la fragmentación espacial de los lugares que lo conforman. Por ende, se requiere de jornadas en que se posibilite el encuentro de esos lugares, en que sus diversos actores dialoguen e interactúen, se conozcan, vinculen e incluso emprendan proyectos asociativos interterritoriales. La idea es fortalecer el espacio de aprendizaje territorial a través del compartir los saberes y conocimientos desarrollados por las localidades. Estas jornadas, pueden entrar en la dinámica de ferias no solo de carácter productivo local, sino acompañadas de espacios de conversación en torno al patrimonio y la memoria comunitaria.

3. Promover una educación escolar pertinente El tercer punto a seguir en esta propuesta se centra en la educación escolar. La escuela puede ser considerada actualmente como uno de los principales espacios de transmisión de cultura y por tanto de identidad. En términos institucionales la escuela es la reproductora de los valores y contenidos que dan sentido a los discursos identitarios. Valores y contenidos que han sido seleccionados para generar cohesión y continuidad histórica a determinadas relaciones e identidades. Ello explica la importancia del rol de la educación escolar en la construcción de un proyecto de desarrollo regional. Chile como Estado-nación históricamente ha generado programas educacionales de carácter nacional, orientados a reforzar la identificación de niños y niñas con la nación. En este contexto las políticas educativas han tendido a la homogenización. Recién en los últimos años en el escenario de promoción del reconocimiento a la diversidad se ha instaurado como tema público, de ahí la necesidad de generar propuestas educativas vinculadas a cada territorio. En esta línea, la propuesta es lograr la pertinencia educacional. Entendiéndola como la adecuación de los programas escolares y los métodos pedagógicos con las características de los contextos sociales y ambientales en que éstas se desarrollan, lo que se busca con una educación pertinente es una educación con sentido, que se proyecte desde y para cada territorio. Por eso es importante reconocer a la escuela como una institución social inserta en redes de relaciones e información, parte fundamental de una comunidad. Pues las tensiones sociales y políticas también se manifiestan y reproducen dentro de la escuela, puesto que “dentro de muchas formas de verla como organización, es un

sistema social en sí mismo, pero además un sistema social abierto al medio o entorno social” (Baeza 2008:194). Por tanto es en la escuela donde se pueden instalar las conversaciones sobre la identidad regional y sus proyectos de desarrollo, más aún cuando son los escolares, niños y adolescentes quienes vivirán el futuro. En lo concreto lo que se plantea es: -

Incorporar contenidos regionales a nivel curricular, para ello se sugiere desarrollar un encuentro de docentes, apoderados e investigadores regionales que, en un primer momento, seleccione los elementos históricos, sociales y ambientales que dan singularidad a la región de Atacama. Para, en un segundo momento, diseñar unidades de aprendizaje regional, susceptibles de ser integradas en el currículum. La idea es articular dichas unidades en el programa de nivel nacional y no generar un programa paralelo. Los resultados de este Estudio podrían servir de base para dar inicio a ese proceso.

-

Desarrollar metodologías vinculantes con el contexto socioambiental. La región de Atacama, su diversidad cultural y ambiental, podría ser usada como fuente de recursos pedagógicos para tratar los contenidos curriculares de carácter nacional. En tal sentido la idea es reforzar la investigación científica, social y natural del territorio. En la Región ya existen experiencias de este tipo, el desafío es sistematizarlas y articularlas en un trabajo de carácter regional. El producto podría ser una guía de recursos pedagógicos para los/las docentes de la región de Atacama.

-

Potenciar la escuela como espacio de relaciones identitarias. Construir relaciones que vayan más allá de los lugares, estableciendo vínculos de carácter territorial y regional es uno de los grandes desafíos para lograr un proyecto de desarrollo regional que considere las variables identitarias. Las dinámicas escolares favorecen la construcción de estas relaciones y vínculos, la idea es fortalecer algunos contenidos transversales del proceso educativo como el reconocimiento y respeto de las diferencias, y el desarrollo de capacidad de comunicación, reflexión y análisis crítico, mediante metodologías que promuevan la participación y sobre todo el debate. La escuela podría ser apropiada por los grupos locales como un espacio de debate permanente en que los niños y adolescentes se encuentren y desencuentren con adultos y adultos mayores. La posibilidad está en abrir estos espacios dentro de los tiempos escolares, una opción es la celebración de efemérides.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (ARDP) ATACAMA 2007 Informe de caracterización. IDEAR y Universidad Católica del Norte. AGROLOG CHILE LTDA. Y MELÉNDEZ Y PESCE LTDA. 1979 Estudio de Suelos Valle del Elqui. Comisión Nacional de Riego, Chile. 3 Vols. ALTIERI, M.A. 1999 El agroecosistema: determinantes, recursos, procesos y sustentabilidad. En: Altieri MA. (Ed.). Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable, 3:47-70. Editorial NordanComunidad, Montevideo. 2002 Agroecology: the science of natural resource management for poor farmers in marginal environments. Agriculture, Ecosystems and Environment 93:1–24. ÁLVAREZ G., O. 1979 Atacama de Plata. Oro Impresor, Santiago. 1995 Huasco de Cobre. Ediciones Universidad de Atacama, Copiapó. AMPUERO, G. Y M. RIVERA 1971a Las manifestaciones rupestres y arqueológicas del valle de El Encanto (Ovalle-Chile). Boletín del Museo Arqueológico de La Serena 14:71-103. 1971b Secuencia arqueológica del alero rocoso de San Pedro Viejo de Pichasca. Boletín del Museo Arqueológico de La Serena 14. AMPUERO, G. 1972-1973 Nuevos resultados de la Arqueología del Norte Chico. Actas del VI Congreso de Nacional de Arqueología chilena, pp. 311-337. Santiago 1978 Cultura Diaguita. Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación (Chile), Serie El Patrimonio Cultural Chileno, Colección Culturas Aborígenes. Ed. Gabriela Mistral. APEY, M. A. 1992 Un siglo de minería en Atacama y su impacto regional. 1830-1930. En Fundición y Territorio: Reflexiones Históricas sobre los Orígenes de la Fundición Paipote, editado por J. O'Brien, pp. 51-97. Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Santiago. ARANCIO, G. Y A. MARTICORENA 2008 Descripción de las especies con problemas de conservación en la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A.

Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile 5:61-95. ARROYO, M.T.K., J.J. ARMESTO, F.A. SQUEO Y J.R. GUTIÉRREZ 1993 Global Change: Flora and vegetation of Chile. En: Earth System responses to Global Change: Contrasts between North and South America (Moonet HA, ER Fuentes & BI Kronberg, eds.). Academic Press Imc., San Diego, Estados Unidos: 239-263. AYALA, P. 2008

BAEZA, J. 2008

Políticas del pasado. Indígenas, arqueólogos y Estado en Atacama. Línea editorial IIAM, San Pedro de Atacama.

El Diálogo Cultural de la Escuela y en la Escuela. Revista Estudios Pedagógicos XXXIV, Nº 2. Santiago (Chile). Ver link: http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v34n2/art12.pdf.

BAROZET, E. (Responsable) 2007 “Procesos emergentes en la estratificación chilena: medición y debates en la comprensión de la estructura social”. II Concurso de Anillos en Ciencias Sociales Modalidad Abierta y Modalidad en Innovación de Políticas Públicas. CONICYT. BARTH, F. 1969

“Introduction”. En: F. Barth (Ed). Ethnic Group and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bergen/Oslo, Universitetsforlaget, London, George Allen et Unwin, pp. 9-38.

BERENGUER, J. 2009 Chile bajo el imperio de los Inkas. Catálogo de exposición noviembre 2009 - mayo 2010. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago. BERGER G., H. KAECHELE Y H. PFEIFFER 2006 The greening of the European common agricultural policy by linking the European-wide obligation of set-aside with voluntary agrienvironmental measures on a regional scale. Environmental Science & Policy, 9: 509–524. BIBAR, J. 1966 [1558] Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos de Chile. Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago. BLANCO, M. 2002 El Inca Garcilaso, un indio antártico (1539-1616). Estudios Públicos (Chile), 86: 377-476.

BOISIER, S. 1999 “Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando?”. En: Madoery, O. y A. Vázquez Barquero (Eds.). 2001Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de desarrollo local. Editorial Homo Sapiens, Rosario. CABELLO, G. 2008 Informe análisis cerámico proyecto La Coipa. Manuscrito en posesión de la autora. 2009a Informe específico de arqueología. Anexo 7. DIA Proyecto Extracción de Áridos Quebrada El Algarrobal para el Mejoramiento Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Copiapó (31 julio 2009) https://www.eseia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3937249 (28 marzo 2010). 2009b Figuras en movimiento: Explorando la movilidad a partir de pinturas costeras del norte de Chile. Ponencia presentada en el XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Valparaíso. 2010a Informe de patrimonio arqueológico. En Mejoramiento del manejo del ganado en los humedales altoandinos del área silvestre protegida de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Proyecto FPA CONAMA 2009-2010. Manuscrito en posesión de la autora. 2010b Informe Final Proyecto Construcción Variante Ruta C-46, Freirina. Manuscrito en posesión de la autora. CABELLO, G. Y R. AJATA 2010 Revisitando el arte rupestre de Huatacondo. Informe año II proyecto FONDECYT 1080458. Manuscrito en posesión de los autores. CABELLO, G; F. BAHAMONDES Y M.A. CAMPANO 2010 Salvataje de una tumba prehispánica en el centro de Copiapó (esquina Atacama/Chacabuco). Informe preparado para Consejo de Monumentos Nacionales. Manuscrito en posesión de los autores. CAMPOS-ORTEGA C.H. Y C. JORQUERA-JARAMILLO 2008 Minería y Conservación en Atacama. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile, 18: 323-338. CAMPOS O.C. Y M.C. SOTOMAYOR 2000 Informe Etapa de Diagnóstico. Programa Experimental Demostrativo de Desarrollo Agrícola. I. M. Diego de Almagro - U. de Atacama. CANESSA, J. 2000 Visión geopolítica de la regionalización chilena. En: Antología Geopolítica de Autores Militares Chilenos, editado por C. Meirelles, pp. 215-235.

CAPPA, C. 2003 « Dominor, ergo sum. Aux racines religieuses du concept occidental de ‘développement’: la gestion des ressources naturelles, entre objectivisme scientifique et relativisme culturel ». Itinéraires. Notes et Travaux N° 65. Institut universitaires d’études du devéloppement, Genève. CARMAGNANI, M. 1963 El salariado minero en Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial en el Norte Chico. 1690-1800. Universidad de Chile, Centro de Historia Colonial. CARMILLERI, C. 1998 « Cultures et stratégies, ou les mille manières de s’adapter ». En: Ruano-Borbalan, J-C (Coord.). L’identité. L’individu, le groupe, la société. Éditions Sciences Humaines. CASTILLO, G. 1998 Los períodos Intermedio Tardío y Tardío: desde la Cultura Copiapó al dominio Inca. En: Culturas Prehistóricas de Copiapó, editado por H. Niemeyer, M. Cervellino y G. Castillo, pp. 163-282. Museo Regional de Atacama, Copiapó. 2000 [1989] Agricultores y pescadores del Norte Chico: El Complejo Las Ánimas. En Culturas de Chile: Prehistoria, desde los orígenes hasta los albores de la conquista, editado por J. Hidalgo, V. Schiapacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp. 265-276. Editorial Andrés Bello, Santiago. CASTILLO, G. E I. KUZMANIC 1982 Un cementerio costero del Complejo Cultural Las Ánimas. Ponencia presentada al IX Congreso Nacional de Arqueología Chilena, La Serena. CASTILLO, G., H. NIEMEYER Y M. CERVELLINO 1996-1997 Indicadores, alcances y perspectivas de influencias Aguada en el valle de Copiapó - Chile. Shincal, Revista de la Escuela de Arqueología de Catamarca 6:193-212. CERVELLINO, M. 1998 El Período Arcaico en la Región de Atacama, Caza Recolección y Pesca Marítima. En Culturas Prehistóricas de Copiapó, editado por Niemeyer, H. y M. Cervellino, pp.39-60. Museo Regional de Atacama, Copiapó. CERVELLINO, G. Y N. GAETE

2000 [1997] Asentamientos habitacionales de la cultura Copiapó en el río Jorquera formativo del río Copiapó, región de Atacama, Chile. Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo II, pp. 607630. Museo Regional de Atacama, Copiapó. CERVELLINO, M. Y N. SILLS 2001 El arte rupestre de los sitios Finca de Chañaral y Quebrada de Las Pinturas, Región de Atacama. En Segundas Jornadas de Arte y Arqueología, editado por J. Berenguer, L. Cornejo, F. Gallardo y C. Sinclaire, pp. 134-151. Museo Chileno de Arte Precolombino. CHAPIN III, F.S., E.S. ZAVALETA, V.T. EVINER, R.L. NAYLOR, T.M. VITOUSEK, H.L. REYNOLDS, D.U. HOOPER, S. LAVOREL, O.E. SALAS, S.E. HOBBIE, M.C. MACK Y S. DÍAS 2000 Consequences of changing biodiversity. Nature 405:232-242. COHEN, A. 1969 Custom and Politic in Urban Africa. London, Routledge and Keagan Paul. COMISIÓN NACIONAL DE MEDIOAMBIENTE (CONAMA) 1999 Una Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la Región de Atacama. CONAMA, Copiapó. COMISIÓN NACIONAL DE REFORMA ADMINISTRATIVA (CONARA) 1979 La Regionalización en marcha. Cinco años de un Proceso Integral. 11 julio 1974 - 11 julio 1979. CONARA, Santiago. COMISIÓN VERDAD HISTÓRICA Y NUEVO TRATO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2009 Capítulo cuarto: “Los collas de la cordillera de Atacama”. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas Biblioteca Bicentenario. Pehuén Editores, Santiago, pp. 181-206. COMPAGNONI, A. 2000 Organic agriculture and agroecology in regional parks. En: Stolton S, B Geier & JA McNeely (eds.) The relationship between nature, conservation, biodiversity and organic agriculture: 87-91. IFOAMIUCN-AIAB. CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES (CNCA) s/d Atacama quiere más Cultura. Definiciones de Política Cultural: Región de Atacama 2005-2010. CONTRERAS, L.

2003

Anexo Nº 4 Informe Arqueológico. DIA Ruta Costera, Sector Puerto Viejo Carrizal Bajo, Región de Atacama. (18 noviembre 2003) https://www.eseia.cl/documentos/documento.php?idDocumento=198831 (28 marzo 2010).

CORNELY, F. 1953 Cultura El Molle. Museo Arqueológico de La Serena, La Serena. 1956 Cultura Diaguita Chilena y Cultura El Molle. Editorial del Pacifico. Santiago CORREA, J.A., N.A. LAGOS, M.H. MEDINA, J.C. CASTILLA, M. CERDA, M. RAMÍREZ, E.A. MARTÍNEZ, S. FAUGERON, S. ANDRADE, R. PINTO Y L. CONTRERAS 2006 Experimental transplants of the large kelp Lessonia nigrescens (Phaeophyceae) in high-energy wave exposed rocky intertidal habitats of northern Chile: experimental, restoration and management applications. J. Experimental Marine Biology and Ecolgy, 288:120140. CORTÉS LUTZ, G. s/d El pensamiento regionalista en Copiapó durante el siglo XIX. Los sucesos del 5 de enero de 1859. En: http://guillermocorteslutz.blogspot.com/2007/01/la-revolucionconstituyente-1859.html (6 de abril 2010). DEL PICÓ, J. 1993 Participación a nivel local. Asociación Chilena de Voluntarios, Santiago. 1996 Régimen Militar y Regionalización: Dieciséis años de Tensiones centro-periferia. Asociación Chilena de Voluntarios, Santiago. DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES (DOS) 2004 Plan de Participación Ciudadana: Región de Atacama. Ministerio Secretaria General de Gobierno, Santiago. DUARTE, K. 2004 Diez años de vida y Solidaridad en la Región de Atacama 1994-2004. Fundación Trabajo para un Hermano-Atacama, Copiapó. DUBAR, C. 1998 « Socialisation et construction identitaire ». En: Ruano-Borbalan, J-C (Coord). L’identité. L’individu, le groupe, la société. Éditions Sciences Humaines. EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA (ENAMI) s/d Misión y Estrategia. http://www.enami.cl (4 enero 2010).

ENCINA F. Y L. CASTEDO 1964 Resumen de la Historia de Chile. ZigZag Ediciones, Santiago, 5ª Ed. ESCOBAR, A. 2005 Más allá del Tercer Mundo. Globalización y diferencia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad del Cauca, Bogotá, 2005, 274 pp. FAUGERON, S., E.A. MARTÍNEZ, J.A. CORREA Y C. BILLOT 2005 Long-term copper mine waste disposal in northern Chile associated with gene flow disruption of the intertidal kelp Lessonia nigrescens. Marine Ecology Progress Series 288:129-140. FERNÁNDEZ, F. 2009 Por la senda de los Camanchacos: Prospección arqueológica del Parque Nacional Llanos de Challe. Proyecto FONDART. Graphic Arts Impresores, La Serena. FLORES C.C. Y S.J. SARANDÓN 2002/2003 ¿Racionalidad económica versus sustentabilidad ecológica? El ejemplo del costo oculto de la pérdida de fertilidad del suelo durante el proceso de Agriculturización en la Región Pampeana Argentina. Revista de la Facultad de Agronomía, La Plata (Argentina), 105 (1):52-67. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL MINERA (FOCIGAM) 2007 Memoria FOCIGAM 2002-2007. Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en la Gestión Ambiental Minera. Cooperación Técnica entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Servicio Nacional de Geología de Chile. [en línea] [consulta: marzo de 2010] GAHONA, A. 2000 “Informe Antropológico”. Acciones de apoyo para el traspaso de predios fiscales a favor de comunidades, asociaciones familiares y otras organizaciones indígenas de la tercera región. CONADIIquique. 2000 “Pastores en Los Andes de Atacama. Collas del Río Jorquera”. En: Revista Museos Nº 24. DIBAM, Santiago. GALARCE, P. 2008 Anexo 8. Informe Arqueológico. DIA Construcción Variante Ruta C46, Freirina (02 enero 2009) http://www.e-

seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3449589 octubre 2009).

(22

GALLARDO, F. 2007 Pinturas rupestres, estilos tecnológicos y flujos de información visual en la región atacameña y áreas vecinas. Informe año I proyecto FONDECYT 1070083. Manuscrito en posesión del autor. 2008 Pinturas rupestres, estilos tecnológicos y flujos de información visual en la región atacameña y áreas vecinas. Informe año II proyecto FONDECYT 1070083. Manuscrito en posesión del autor. GARÍN-CONTRERAS, A., Y E. ORTEGA-ROCHA 2008 Transformaciones socioterritoriales a partir de la implantación del modelo neoliberal, en el espacio de la región de la Araucanía, entre los años 1975-2007. Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas Santiago, Chile. pp171-177. GARRIDO, F. 2004 Revisión y embalaje de colecciones del Museo del Huasco. Manuscrito en posesión del autor. 2007a El camélido sagrado y el hombre de los valles: Una aproximación a la Cultura Copiapó y sus relaciones a partir de la alfarería. Memoria para optar al Título de Arqueólogo, Departamento de Antropología Universidad de Chile, Santiago. 2007b Identidades y cambio en la transición del Periodo Medio al Intermedio Tardío en el Valle de Copiapó. Ponencia presentada en el IV Congreso Sudamericano de Teoría Arqueológica, Catamarca. 2008 Catastro de sitios arqueológicos de la Quebrada de la Totora para la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos. Manuscrito en posesión del autor. GARRIDO, F. Y C. ROBLES 2007a ¿Qué sucedió en Copiapó? Rescatando y educando sobre la Historia Prehispana de Atacama. Proyecto FONDART 34467. Texto ilustrado para enseñanza Básica y Media. 2007b Reconstruyendo caminos, la huella del Inca en Atacama. Proyecto FONDART 45332. Video documental en formato DVD. 2008 El color del pasado, la pintura rupestre en Atacama. Proyecto FONDART 66927. Video documental en formato DVD. GAY, C. 1862

Agricultura Chilena. Vol. I. ICIRA, Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, 1ª Reedición del Original, 1973.

GAYMER, C.F., ROJAS, U., SQUEO, F.A., LUNA-JORQUERA, G., CORTÉS, A., ARANCIO, G., DUMONT, C., CORTÉZ, M., HIRIART, D. Y D. LÓPEZ

2008

AMCP-MU Isla Grande de Atacama: Flora y Fauna Marina y Terrestre. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile12:223-249.

GESTIÓN AMBIENTAL CONSULTORES (GAC) 2009 Anexo 8 Adenda EIA Proyecto Caserones (30 abril 2009) https://www.e-seia.cl/archivos/8e2_20090430.001657.pdf (3 abril 2010) GEORGESCU-ROEGEN, N. 1995 [1979] La décroissance. Entropie-Ecologie-Economie. Editions Sang de la Terre, Paris. GLAZER, N. & D.P. MOYNIHAN (EDITORES) 1975 Ethnicity: Theory and Experience. Harvard University Press. GLIESSMAN, S.R. 2001 Agroecologia. Processos ecológicos em agricultura sustentável. 2da Ed., Editorial Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. GMA CONSULTORES 2009 Levantamiento Base de Flora, Fauna y Medio Humano para la Comunidad Colla De Río Jorquera y sus afluentes. Manuscrito en posesión de los autores. GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 1989 Atacama 1973-1990: 16 años de Esfuerzos… el Futuro está Presente. 1990 Plan regional de desarrollo, 1990-2000. Atacama. 1996 Estrategia de Desarrollo Regional de Atacama. Copiapó: Gobierno Regional de Atacama, Unidad de Comunicaciones. Gobierno de Chile. s/d Marco de Acuerdo: Apoyo al Desarrollo de la Política Indígena en Chile. 2008-2010. Sistema de las Naciones Unidas en Chile. GODOY O., M. 2007 "¡Cuando el siglo se sacará la máscara!: Fiesta, carnaval y disciplinamiento cultural en el Norte Chico. Copiapó, 1840-1900. Historia (Santiago), 40(1):5-34. GOLDEN ASSOCIATES

2006

Diagnóstico de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Copiapó y Proposición de un Modelo de Explotación Sustentable. Golden Associates S.A., Santiago. 129 p.

GONZÁLEZ, C. 2007 Qhapaq Ñan en el extremo meridional del Despoblado de Atacama, Chile. Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Tomo II, pp. 511-518. Jujuy. 2008a Prehistoria de Diego de Almagro: Descubriendo nuestro pasado más lejano. II Encuentro de Historia Comunal, pp. 33-61. Diego de Almagro. 2009 Interacciones circumpuneñas y poblaciones locales: Desarrollo cultural, espacialidades y complejidad cultural en el desierto meridional de Atacama (500 AC-1500 DC). Ponencia presentada en el XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Valparaíso. 2010a Algunos alcances sobre patrimonio arqueológico y patrimonio minero-metalúrgico, región de Atacama. (febrero 2010) http://www.atacamaviva.cl/index.php?option=com_content&task=view &id=209&Itemid=121, (24 marzo 2010). 2010b Informe de identificación de línea base sobre el patrimonio cultural. Proyecto Inca de Oro IDOSA S.A. Manuscrito en poder del autor. GONZÁLEZ, C. Y C. CASTELLS 2010. Qhapaq Ñan y la ocupación incaica de la Puna Atacameña (III Región, Chile). Nuevos registros y perspectivas. Ponencia presentada en el XVII Congreso de Arqueología Argentina, Mendoza. GONZÁLEZ, C., C. CASTELLS Y P. RODRÍGUEZ 2008a Investigación y Conservación de las Pictografías y del Patrimonio Arqueológico de Finca de Chañaral, Diego de Almagro, Región de Atacama. Informe Proyecto FNDR Gobierno Regional de Atacama e Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro. Manuscrito en posesión de los autores. 2008b Arqueología, Conservación, Educación Patrimonial y Municipio: El caso de Diego de Almagro, Región de Atacama. Trabajo presentado en el II Taller de Teoría Arqueológica, San Pedro de Atacama. Manuscrito en posesión de los autores. GONZÁLEZ, C. Y C. WESTFALL 2005 Consideraciones sobre la prehistoria de Atacama: El Salvador y sus aportes locales e interregionales. Boletín Sociedad Chilena de Arqueología 38:53-70. 2006 Investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico asociado al Proyecto Minero Damiana (DSALCODELCO), El Salvador, Región de Atacama. En II Seminario Minería y Monumentos Nacionales: Patrimonio arqueológico,

paleontológico e histórico, Consejo de Monumentos NacionalesCEPAL, Santiago, en prensa. 2008 Atacameños en El Salvador: Nuevas apreciaciones sobre un fardo funerario del Cementerio Las Turquesas. Estudios atacameños 35:49-73 2010 [2006] Qhapaq Ñan, arquitectura vernácula y del Inka en El Salvador, Región de Atacama. Reconocimientos iniciales. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, pp. 887-897. Valdivia. GRIEM, W. 2004 La Minería. Museo Virtual W. Griem (1999-2002). Universidad de Atacama, Dpto. de Minas, Área de Geología. [en línea] http://plata.uda.cl/minas/apuntes/geologia/ minas/001histgen01esp.htm [consulta: marzo de 2010] s/d Ferrocarriles en Atacama, Chile. http://www.geovirtual2.cl/Museovirtual/tur190.htm#2 (24 de marzo 2010). GRILLO, R.D. 1969 “The Tribal Factor in an East African Trade Union”. En: P.H. Gulliver (Ed). Tradition and Transition in East Africa. London, Routledge and Keagan Paul, , p. 297-321. GRINEVALD, J. 1977 « Révolution industrielle, technologie de la puissance et révolutions scientifiques ». En: La fin des outils. Technologie et domination. Nouveaux Cahiers de l’IUED, N° 5, Institut Universitaires d’Etudes du Devéloppement, Genève. GÜELL, P. 1998

Subjetividad social y Desarrollo Humano: desafíos para el nuevo siglo. Jornadas de Desarrollo y Reconstrucción Global, SID/PNUD, Barcelona.

GUTIÉRREZ, J.R. 2008 El Desierto Florido en la Región de Atacama. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile 15:285-291. HALL, S. 2003

¿Quién necesita identidad? En: Cuestiones de identidad cultural, compilado por S. Hall y P. de Gay, pp.13-39. Editorial Amorrortu, Buenos Aires.

HANNAN, M.T.

1979

“The Dynamics of Ethnic Boundaries in Modern States”. En: Meyer, J.W. & M.T. Hannan (Ed). National Development and the World System. Education, Economic and Political Change, 1950-1970. Chicago and London, The University of Chicago Press, p. 253-275.

HARTE, M.J. 1995 Ecology, sustainability, and environment as capital. Ecol. Economics, 15: 157–164. HERMOSILLA, N. 1997 Línea de Base de Aspectos Culturales y Arqueológicos. EIA Proyecto Marte y Lobo, III Región. Manuscrito en posesión de la autora. HERNÁNDEZ, L; J C OYANEDEL; R. DÁVILA Y D. CASTILLO 2005 Asociatividad y Políticas Públicas en América Latina: Un Espacio para el Diálogo Social. Ver link:http://www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/2006/asociativi dadypoliticaspublicas.pdf HIDALGO, J., V. SCHIAPACASSE, H. NIEMEYER, C. ALDUNATE Y I. SOLIMANO (Editores) 2000 [1989] Culturas de Chile. Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la Conquista. Editorial Andrés Bello, Santiago. HIDALGO, J. 1989 Diaguitas chilenos protohistóricos. En: Hidalgo J, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano (Eds.) Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la conquista: 289- 293. Editorial Andrés Bello, Santiago. 460 p. HUFTY, M. 2007 Una propuesta par concretizar el concepto de gobernanza: el Marco Analítico de la Gobernanza. Institut universitaire d’études du développement. Ginebra, Suiza. Manuscrito en posesión del autor. IBACACHE, S. 2009 Anexo 8 Informe Arqueológico y de Patrimonio Cultural. DIA Construcción Camino Costero Sector Quebrada Tongoy - Huasco, Dm 0,000 km a DM 19,860. (30 octubre 2009) https://www.eseia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=4140553 (28 marzo 2010). IBÁÑEZ, A. 1992 Paipote: donde se fundieron la minería y el Estado moderno. En: Fundición y Territorio: Reflexiones Históricas sobre los Orígenes de la Fundición Paipote, editado por J. O'Brien, pp. 99-135. ENAMI, Santiago.

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, CHILE (IGM) 1989 Geografía III Región “de Atacama”. Colección Geografía de Chile, IGM, Santiago, 1ª Ed. 206 p. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, CHILE (INE) 1998 VI Censo Nacional Agropecuario 1997. INE, Santiago. 2002 Censo de Población y Vivienda. Santiago, Chile. 2007 VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007. INE, Santiago. [En línea] [consulta: marzo 2010] INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC) 2001 Climate Change 2001: The Scientific Basis, Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Noguer, M., van der Linden, P.J., Dai, X., Maskell, K., Johnson, C.A. (Eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and NY, USA, 881pp. IÑIGUEZ, L. 2001 “Identidad: de lo personal a lo social. Un recorrido conceptual”. En: La constitución social de la subjetividad, editada por E. Crespo, pp. 209-225. Editorial Catarata, Madrid. IRIBARREN, J. 1950 Notas preliminares sobre la dispersión continental de un adorno del labio en los pueblos aborígenes. El bezote, labret o tembetá. Talleres Gráficos El Tamaya, Ovalle. 1955-1956 Arqueología del Valle del Huasco, Provincia de Atacama. Revista Universitaria. Anales de la Academia Chilena de Ciencias 20:183. 1957 Nuevos aportes para la arqueología de la cultura de El Molle. Revista Universitaria. Anales de la Academia Chilena de Ciencias Naturales 21. 1964 La cultura del anzuelo de concha. Mesa Redonda de Ciencias Prehistóricas y Antropología, Tomo II. Lima. 1969 Culturas trasandinas en dos yacimientos del valle de Copiapó. Actas del V Congreso Nacional de Arqueología chilena, pp.135-152. La Serena. 1972-1973 Una mina de explotación incaica: El Salvador-provincia de Atacama. Actas del VI Congreso de Arqueología Chilena, pp. 267-283. Santiago. 1976 Arte rupestre en la Quebrada de Las Pinturas III región. Tomo de Homenaje al R.P. G. Le Paige. Universidad del Norte, Antofagasta. JACKSON D., D. ARTIGAS Y G. CABELLO

2001

Nuevas manifestaciones de petroglifos en la precordillera del Choapa: técnicas, motivos y significado. Boletín Sociedad Chilena de Arqueología 21:43-49.

JACKSON, D., C. MÉNDEZ, R. SEGUEL, A. MALDONADO Y G. VARGAS 2007 Initial Occupation of the Pacific Coast of Chile during Late Pleistocene Times. Current Anthropology Vol. 48 (5):725-731. JORQUERA-JARAMILLO, C. 2008 Agricultura y flora nativa en la Región de Atacama: ¿Es posible producir y conservar? En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile, 17: 305-322. JULIÁ, C., S. MONTECINOS Y A. MALDONADO 2008 Características climáticas de la Región de Atacama. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile 3:25-42. KUZMANIC, I. 1982 Excavaciones de un cementerio del período medio en Chanchoquín Chico, provincia de Huasco, III región (Informe preliminar). Resumen de ponencias IX Congreso Nacional de Arqueología Chilena, La Serena. 1988 Un cementerio del período medio en Chanchoquín Chico, provincia del Huasco, III región de Chile. Boletín Ocasional 1. Museo Regional de Antofagasta. LABARCA, R. Y P. LÓPEZ 2006 Los mamíferos finipleistocénicos de la Formación Quebrada Quereo: (IV Región-Chile): biogeografía, bioestratigrafía e inferencias paleoambientales. Mastozoologia Neotropical 13(1):89-101 LE HOUÉROU, H.N. 1996 Climate change, drought and desertification. J. Arid Environments, 34: 133–185. 2002 Man-Made Deserts: Desertization Processes and Threats. Arid Land Research and Management, 16: 1-36. LETELIER, L., F.A. SQUEO, G. ARANCIO, A. MARTICORENA, M. MUÑOZSCHICK, M.T.K. ARROYO, P. LEÓN-LOBOS, S. MONTECINOS Y J.R. GUTIÉRREZ 2008 Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación:

Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile. LIPIANSKY, E. M. 1998 « Comment se forme l’identité des groupes ». En: Ruano-Borbalan, JC. (Coord.). L’identité. L’individu, le groupe, la société. Éditions Sciences Humaines. LLAGOSTERA, A. 1992 Early Occupations and the Emergence of Fishermen on the Pacific Coast of South America. Andean Past Vol. 3:87-109. LORCA, M. 2005 “La criancería en la cordillera del Huasco Alto. ¿Transformación o pérdida?”. En: Diagnóstico sociocultural de la etnia diaguita en la III región de Atacama. GORE Atacama. Consultora TEPU. 2007 “Un enfoque pragmático a la etnicidad. El caso de los diaguitas chilenos”. Actas del VI Congreso de Antropología Chilena, Valdivia. LORENZO, S. 1983 Origen de las ciudades chilenas. Las fundaciones del siglo XVIII. Editorial Andrés Bello, Santiago. MARIMÓN, R. 1987 Inmigración argentina en la Provincia de Atacama 1850-1880. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia. Pontificia Universidad católica de Chile. Insitito de Historia. MARTÍNEZ, M. 2009 Propuesta de zonificación de un área silvestre protegida de la Región de Atacama en el contexto del cambio global. Memoria (c) para optar al título de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. MARTÍNEZ, E.A., L. CÁRDENAS, Y R. PINTO 2003 Recovery and genetic diversity in the intertidal kelp Lessonia nigrescens 20 years after El Niño 1982/83. J. Phycology 39:504-508 MATSON, P.A., W.J. PARTON, A.G. POWER Y M.J. SWIFT 1997 Agricultural intensification and ecosystem properties. Science, 277(5325): 504-509. MAX NEEF, M. 2006 [1994] Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo. Disponible en: http://www.max-neef.cl/download/MaxNeef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf (19 de abril 2010).

MELÉNDEZ, M. Y C. LOUIT 2008 "Las áreas protegidas de Atacama y los aportes del Libro Rojo a su gestión y planificación”. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Squeo, F.; Arancio, G. y Gutiérrez, .J.R. (Eds.). Ediciones Universidad de La Serena. 12:203-222. MINISTERIO DE AGRICULTURA, CHILE 2006 Lineamientos programáticos de la política agroalimentaria y forestal chilena. Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Minagri, Santiago. 26 p. MINISTERIO DE MINERÍA, CHILE 1983 Ley 18.248 (26/9/1983) – Código de Minería. [en línea] [consulta: marzo 2010] 2005 Revisión de la Gestión Ambiental en la Pequeña Minería. Ministerio de Minería, Santiago de Chile. 84 p. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, CHILE 1994 Ley 19.300 (19/3/1994) – Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. [en línea] http://www.leychile.cl/Consulta/ listaresultadosimple?cadena=Ley+19300 [consulta: marzo 2010] MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN (MIDEPLAN) s/d Bases para una Política Nacional de Desarrollo Regional. División de Planificación Regional, Santiago. MINISTERIO DEL INTERIOR, CHILE 2006 [1993] Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional (noviembre 2007), http://www.subdere.gov.cl/1510/article-74857.html (16 enero 2010). MOLINA, S. 1995 Una institucionalidad pública para la política social. En Políticas Económicas y Sociales en el Chile Democrático, editado por Pizarro C., D. Raczynski D. y J. Vial, pp. 167-194. Cieplan-Unicef, Chile.

MOLINA, R; L. CAMPOS; N. YÁÑEZ; M. CORREA; C. SINCLAIRE; G. CABELLO; P. CAMPOS; I. PIZARRO; M. ABALLAY (Editores) 2005 Diagnóstico sociocultural de la etnia diaguita en la III región de Atacama. Consultora TEPU Gobierno Regional de Atacama. Manuscrito en posesión de las autores. MOLANO, O.

2007-2008

“Identidad cultural, un concepto que evoluciona”. En: Revista Ópera 7:69-84. Universidad de Externado de Colombia.

MONDACA, H. 2009 Plan de monitoreo sobre las bases del patrimonio natural y cultural de la Comunidad Agrícola Huasco Altinos. Memoria (c) para optar al título de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. MONTANÉ, J. 1969 En torno a la cronología del Norte Chico. Actas del V Congreso Nacional de Arqueología chilena, pp. 167-183. La Serena. MONTANÉ, J. Y R. BAHAMONDES 1973 Un nuevo sitio Paleoindio en la provincia de Coquimbo, Chile. Boletín Museo Arqueológico de La Serena 15:215-222. MONTIEL, L. 1991 Copiapó 250 años: reseña histórica. Phelps Dodge, Copiapó. MOSTNY, G. Y H. NIEMEYER 1983 Arte Rupestre Chileno. Publicación del Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, Santiago. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA 2009 Plan de Desarrollo Comunal 2009 -2012. Tierra Amarilla. Región de Atacama. MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO 2005 Joyas de los Andes. Metales para los hombres, metales para los dioses. Morgan Impresores, Santiago de Chile. 95 p.

NIEMEYER, H. 1968 Estudio de las cuencas cerradas de Copiapó. Informe para la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas. 1985 El yacimiento de petroglifos Las Lizas (Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Chile). En Estudios en Arte Rupestre, editado por C. Aldunate, J. Berenguer y V. Castro, pp.109-131. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago. 1988 Excavación del Cementerio Alto del Carmen, Provincia del Huasco. Boletín Sociedad Chilena de Arqueología 8. 1993 [1991] Estrategia del Dominio Inca en el Valle de Copiapó. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, pp. 333-371. Temuco. 1994 Pasos cordilleranos y contactos entre los pueblos del Norte Chico de Chile y el Noroeste argentino. En La cordillera de Los Andes: Ruta de encuentros. Museo Chileno de Arte Precolombino.

1998a

1998b

El período temprano del horizonte agroalfarero en Copiapó. En Culturas Prehistóricas de Copiapó, editado por H. Niemeyer, M. Cervellino y G. Castillo, pp. 61-114. Museo Regional de Atacama, Copiapó. El Período Medio, Complejo Las Ánimas. En Culturas Prehistóricas de Copiapó, editado por H. Niemeyer y M. Cervellino, pp.115-162. Museo Regional de Atacama, Copiapó.

NIEMEYER, H. Y M. CERVELLINO 1982 El Torín, un sitio temprano en la cuenca alta del río Copiapó. Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología Chilena, pp. 159 – 178. Museo Arqueológico de La Serena. NIEMEYER, H., M. CERVELLINO Y G. CASTILLO (Editores) 1997 Culturas Prehistóricas de Copiapó. Museo Regional de Atacama, Copiapó. 2000 [1989] Los primeros ceramistas del Norte Chico: Complejo El Molle. En: Culturas de Chile. Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la Conquista, editado por Hidalgo, J., V. Schiapacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate y I. Solimano, pp. 227-264. Editorial Andrés Bello, Santiago. NIEMEYER, H. Y M. RIVERA 1983 El camino del Inca en el Despoblado de Atacama. Boletín de Prehistoria de Chile 9: 91-193 NIEMEYER, H. Y V. SCHIAPPACASSE 1967 Reconocimiento arqueológico en Punta de Choros e Islas Vecinas (litoral sur de la provincia de Atacama, Chile). Apartado de la Revista Universitaria (Universidad Católica de Chile) Año LII:143-157. NOVOA, J.E., Y. TRACOL Y D. LÓPEZ 2008 Paisajes eco-geográficos de la región de Atacama. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile 2:13-14. NÚÑEZ, L. 1974

La Agricultura Prehistórica en los Andes Meridionales. Colección Testimonios, Ed. Orbe, Santiago. 197 p.

NÚÑEZ L., J. VARELA Y R. CASAMIQUELA 1983 Ocupación Paleoindia en Quereo: reconstrucción multidisciplinaria en el territorio semiárido de Chile (IV Región). Universidad del Norte, Antofagasta. NÚÑEZ L., J. VARELA, R. CASAMIQUELA Y C. VILLAGRÁN

1994

Reconstrucción multidisciplinaria de la ocupación prehistórica de Quereo, centro de Chile. Latin American Antiquity, Vol. 5(2):99-118

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) 2000 “Clasificación de las explotaciones agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario, según tipo de productor y localización geográfica”. Documento de trabajo Nº 5, Santiago. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 2005 Evaluaciones del Desempeño Ambiental - Chile. Publicación conjunta OCDE – CEPAL. 246 p. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 1987 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común. PARDO, A. 2009 El Santa Juana diversificó la agricultura del Valle del Huasco”. Chile Riego 37:38-44. 2009 Éxitos y desafíos de la Mesa de Agua en Copiapó. Chile Riego 38:28-30. PAVLOVIC, D. 2004 Dejando atrás la tierra de nadie: asentamientos, contextos y movilidad de las comunidades alfareras tempranas del Choapa. Werken 5:39-46. PAVLOVIC, D. Y J. RODRÍGUEZ 2005 Nuevas proposiciones sobre el período alfarero temprano en la cuenca del Choapa. Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, pp. 121-130. Tomé. PEDERSON, L. 2008 [1966] La industria minera del Norte Chico, Chile. RIL Editores, Santiago. PEÑA, C. 2005

Experiencia piloto de creación de un área silvestre protegida de propiedad privada en Huasco Alto, Comuna de Alto del Carmen, III Región de Atacama. Memoria para optar al título de Geógrafo, Universidad de Chile.

PERALTA, P. 2007 Informe de análisis lítico. Proyecto Rescate Arqueológico Construcción Camino Huasco - Carrizal Bajo. Km 0,6 Al Km 44,0. Huasco - Región De Atacama. Manuscrito en posesión de la autora.

2009

Informe de análisis lítico. En Informe Final Proyecto Rescate Arqueológico Construcción Variante Ruta C-46, Freirina, editado por G. Cabello. Manuscrito en posesión de las autoras.

PERALTA, P., C. GONZÁLEZ, C. WESTFALL Y G. SANTANDER 2010 [2006] Primeras aproximaciones sobre la arqueología de Pampa Austral: explotación y tecnología lítica al interior de la Región de Atacama (Chile). Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, pp. 297-306. Valdivia. PÉREZ R. 2008

PÉREZ, N. 2004

“El caso Pascua Lama: los huascoaltinos y el derecho humano al agua”. En: Globalización, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, compilado por Bello A. y J. Aylwin, pp. 409-439. Observatorio de Defensa de los pueblos indígenas, Temuco.

Manejo Ecológico de Plagas. Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural-CEDAR, Universidad Agraria de La Habana. San José, La Habana, Cuba. 296 p.

PÉREZ DE ARCE A., J. 2005 Voces metálicas en cencerros de bronce. En: Museo Chileno de Arte Precolombino (Ed.). Joyas de los Andes. Metales para los hombres, metales para los dioses, II: 70-79. Morgan Impresores, Santiago de Chile. 95 p.

PERROT, M.D., G. RIST ET F. SABELLI 1992 La mithologie programmée. L’économie des croyances dans la société moderne. Presses Universitaires de France. PINTO, J. 1980

1991

1996

La población del Norte Chico en el siglo XVIII. Crecimiento y distribución en una región minero-agrícola de Chile. Talleres Gráficos U. del Norte, Coquimbo. “Tras la huella de los paraísos artificiales. Mineros y campesinos de Copiapó, 1700-1850”. En Proposiciones 20: 232-247. Ediciones Sur, Santiago. “Ser hombre en el Norte Chico: el testimonio de un historiador”. En: S. Montecino y M. E. Acuña (comp.) Diálogos sobre el género masculino en Chile. Bravo y Allende Editores, Santiago.

PIZARRO, I.; P. CAMPOS; C. MONTERO Y R. CAMPUSANO 2006 El Valle de los naturales, una mirada histórica al pueblo diaguita Huascoaltino. Proyecto FONDART. Impreso por Mosquito Comunicaciones.

PORRAS, J. I. Y V. ESPINOZA 2005 Redes. Enfoques y Aplicaciones del Análisis de redes Sociales (ARS). Universidad Bolivariana-Universidad de Santiago, Santiago. Programa Chile Sustentable 1999 Por un Chile sustentable. Propuesta Ciudadana para el cambio. LOM, Santiago. PRETTY, J.N. 1995 Regenerating Agriculture. Policies and practice for sustainability and self-reliance. Earthscan Publications Ltd., London. 320 p. PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE 1999 Por un Chile sustentable. Propuesta ciudadana para el cambio. LOM, Santiago. PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO - CORFO HUASCO (PTI-CORFO) Cadenas Agroindustriales. Desarrollo y creación de valor de las cadenas agrícolas y agroindustriales de la Provincia del Huasco. Dirección General CORFO Atacama. QUEVEDO, S. 1982 Análisis de los restos óseos humanos del yacimiento arqueológico de El Torín. Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología, pp. 159178. Museo Arqueológico de La Serena. QUEVEDO, S. Y F. GARRIDO 2004 Conocer para Preservar: un acercamiento social al Patrimonio Arqueológico del Parque Nacional Pan de Azúcar, Región de Atacama. Proyecto FONDART 8706. Manuscrito en posesión de los autores. QUIJADA, A. 2009 Experiencias en territorios rurales bolivianos. Cultura y naturaleza en un proyecto común. Equitierra 4:36-37. RACZYNSKI D. Y C. SERRANO (Editoras) 2001 Descentralización. Nudos Críticos. Desarrollo S.A., Chile.

Cieplan-Asesorías

para

el

RANABOLDO, C. 2009 Recorridos de una mirada Latinoamericana. En El valor del patrimonio cultural. Territorios rurales, experiencias y proyecciones latinoamericanas, editado por C. Ranaboldo y A. Schejtman, pp.1337. Rimisp-IEP, Perú. RAY, CH. 1998

“Culture Intellectual Property and Territorial Rural Development”. En: Sociologia Ruralis, Nº 38, 4-20.

REINHARD, J. 1991 Investigación Arqueológica de las Plataformas Inca Ceremoniales en los Volcanes de Copiapó y Jotabeche (Región de Atacama). Contribución Arqueológica 3:29- 56. REES, C. 2005

Anexo III. Aspectos Históricos, Arqueológicos y Culturales. DIA Prospección Minera, Sitio Río Figueroa, III Región. (26 julio 2005) http://www.eseia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=947362 (28 marzo 2010).

REVISTA AREAMINERA 2006 Historia de la minería en Chile. Los años no pasan en vano. Revista Areaminera (Chile), 2(agosto-septiembre):42-45. [en línea] [consulta: marzo de 2010] RIST, G. 2007

RIVAS, P. 2009

Le développement. Histoires d’une croyance occidentale. France: Presses des Sciences Po.

Anexo R. Patrimonio Cultural. EIA Central Termoeléctrica Punta Alcalde (27 febrero 2009) https://www.eseia.cl/archivos/20090226.133014.pdf (28 marzo 2010).

RODRÍGUEZ, J. 2007 Línea de Base Patrimonio Cultural. EIA Puerto Punta Alcalde, pp.7289 (4 diciembre 2007) https://www.eseia.cl/archivos/20071214.123323.pdf (28 marzo 2010). RODRÍGUEZ J., A. TRONCOSO, C. BECKER, P. GONZALEZ Y D. PAVLOVIC 1997 Ocupaciones prehispánicas en la cuenca del río Illapel. Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo 2:331-344. Museo Regional de Atacama, Copiapó. RODRÍGUEZ, M. 1989 Geografía Agrícola de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 317 p. SÁNCHEZ, R. 2009 Capitulo 5.5: Medio Humano. EIA Puerto Castilla, pp. 64-118. (17 julio 2009) https://www.e-seia.cl/archivos/677_20090716.022538.pdf (28 marzo 2010).

SALAZAR, G. 2000 [1985] Labradores, peones y proletarios. LOM Ediciones. Santiago, SANHUEZA, L., D. BAUDET, D. JACKSON Y L. CONTRERAS 2004 La cultura Agrelo-Calingasta en el Choapa. Werken 5:47-52. SARANDÓN, S. 2002 La agricultura como actividad transformadora del ambiente. El impacto de la agricultura intensiva de la Revolución Verde. En: Sarandón S. (Ed.). Agroecología. El camino hacia una agricultura sustentable, 1:23-47. ECA Ediciones Científicas Americanas, Buenos Aires. 557 p. SAYAGO, C. 1973 [1874] Historia de Copiapó. Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires. SEARLE, J. 1995 The Construction of Social Reality. The Free Press, New York. SEELENFREUND, A. 2006 Informe de Inspección Arqueológica. En: BC&C Consultores Ltda. (Eds.). Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Exploración Minera Recuperada, Sociedad Minera Recuperada Ltda.: Anexo C. 11 p. SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA ATACAMA 2004 La agricultura regional ante los desafíos del Siglo XXI. [en línea] [consulta: marzo 2010] SEGOVIA, O. 2007 Espacios Públicos y Construcción Social. Hacia un Ejercicio de Ciudadanía. Espacios públicos urbanos y construcción social: una relación de correspondencia. Editado por Segovia, O. Santiago de Chile. SEREY, I.; M. RICCI Y C. SMITH-RAMÍREZ 2007 Libro Rojo de la Región de O´Higgins. Corporación Nacional Forestal y Universidad de Chile, Santiago. SINCLAIRE, C. Y G. CABELLO 2005 El patrimonio histórico y cultural del Huasco Alto. Informe de la unidad de arqueología. En Diagnóstico sociocultural de la etnia diaguita en la III región de Atacama, editado por Molina, R; L. Campos; N. Yáñez; M. Correa; C. Sinclaire; G. Cabello; P. Campos; I. Pizarro; M. Aballay, Tomo II-B. Manuscrito en posesión de los autores.

SKINNER, E. 1968 “Group Dynamics in the Politics of Changing Societies: The Problem of ‘Tribal’ Politics in Africa”. En: J. Helm (Ed). Essays on the Problem of Tribe. Proceeding of the 1967, Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society. University of Washington Press, , p. 170-185. SQUEO, F.S., G. ARANCIO Y J.R. GUTIÉRREZ 2008 Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. SQUEO, F.A., R. ARAVENA, E. AGUIRRE, A. POLLASTRI, C.B. JORQUERA & J.R. EHLERINGER 2006 Groundwater dynamics in a coastal aquifer in north-central Chile: Implications for groundwater recharge in an arid ecosystem. J. Arid Environments, 67: 240–254. SQUEO, F.A., G. ARANCIO, L. LETELIER, A. MARTICORENA, M. MUÑOZSCHICK, P. LEÓN-LOBOS Y M.T.K. ARROYO 2008a Estado de conservación de la Flora Nativa de la Región de Atacama. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile 4:45-59. SQUEO, F.A., L. LETELIER, R.A. ESTEVEZ, L.A. CAVIERES, M. MINHOC, D. LÓPEZ Y G. ARANCIO 2008b Definición de los sitios prioritarios parar la conservación de la flora nativa de la Región de Atacama. En: Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama (F.A. Squeo, G. Arancio, J.R. Gutiérrez, eds.). Ediciones Universidad de La Serena, Chile 8:137-163. STEHBERG, R. 1995 Instalaciones incaicas en el norte y centro semiárido de Chile. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM, Santiago. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) 2009 Informe Índice de Competitividad Regional 2008. Maval, Santiago. 2010 Buenas prácticas para el desarrollo de los territorios. Experiencias destacadas 2009. División de Políticas y Estudios, Departamento de estudios y Evaluación. Gobierno de Chile, Ministerio del Interior. SUÁREZ, H.

1975

Perspectiva Histórica de la Regionalización Administración. Universidad de Chile, Santiago.

y

Sistemas

de

TORRES-ROUFF, C. 2010 Piercing the Body: Labret Use, Identity, and Masculinity in Prehistoric Chile. Breathing New Life into the Evidence of Death: Contemporary Approaches to Bioarchaeology, editado por A. Baadsgaard, A. Boutin y J.E. Buikstra. Santa Fe: SAR Press. URIBE, M.; G. CABELLO Y L. SANHUEZA 2004 Análisis de la cerámica arqueológica de Mina las Turquesas, El Salvador (III Región). Manuscrito en posición de los autores. URÍZAR, G. 2004 El material cerámico del sitio Camisas 6 (Embalse Corrales), Comuna de Salamanca, Provincia del Choapa. Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Chungara Vol. 36 Especial, Tomo 2:817-831. URRUTIA, J. 2009 “Introducción”. En: Ranaboldo, C. y A. Schejtman (Eds). El valor del patrimonio cultural. Territorios rurales, experiencias y proyecciones latinoamericanas. Instituto Estudios Peruanos y RIMISP. Lima. 9-12. TRONCOSO, A. 2004 Las posibilidades de la diferencia: una aproximación inicial al arte rupestre del valle del Choapa. Werken 5:127-132. URBINA, R. 1986 “Los repartimientos de chacras en las poblaciones del Norte Chico de Chile durante el siglo XVIII”. Cuadernos de Historia. Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, pp. 17-31. VÁSQUEZ, D. 2007 Crónicas Mineras de medio siglo (1950-2000). RIL Editores, Santiago. VILLALOBOS, S. 2009 Pedro León Gallo. Minería y política. Fundación Tierra Amarilla, Imprenta Italiana, Santiago. VINCENT, J. 1974 “The Structuring of Ethnicity”. Human Organization, vol. 33, N°4, p. 375-378. WESTFALL, C. Y C. GONZÁLEZ

2004

Estudio micromorfológico de un tramo del Camino del Inka y sitios asociados. El Salvador, III Región, Chile. Actas del XV Congreso de Arqueología Argentina, Universidad Nacional de Río Cuarto, en prensa.

YOUNG, C. 1976 The Politics of Cultural Pluralism. Madison, University of Wisconsin Press. ZEPEDA, G. 1951 La Provincia de Atacama y su Economía. Imprenta Relámpago, Santiago.

LOS AUTORES Gloria Cabello Baettig: Arqueóloga (U. de Chile), Máster (DESS) en Museología y Conservación del Patrimonio (UNIGE-UNIL, Suiza). Concentra su investigación y trabajo en las temáticas de arte rupestre y patrimonio, especialmente en el norte semiárido. Es socia fundadora de la Consultora en Ciencias Sociales MyA. Correo electrónico: [email protected], [email protected] Francisco Garrido Escobar: Arqueólogo y Licenciado en Antropología Social (U. de Chile). Becario Fulbright para continuar estudios de Phd en la University of Pitsburgh 2010. Temáticas de trabajo: patrimonio arqueológico, análisis espacial en arqueología y desarrollos prehispánicos del norte de Chile (sociedades Inca y pre-Inca). Correo electrónico: [email protected] Carlos González Godoy: Licenciado en Arqueología (U. de Chile) y becario CONICYT para el Programa de Doctorado en Antropología 2010 (UTA-UCN, Chile). Es profesor del Dpto. de Antropología de la U. Bolivariana y del Centro de Estudios Árabes de la U. de Chile. Profesional del Departamento de Cultura y Turismo, Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro. Comuna en la cual concentra su investigación y difusión. Correo electrónico: [email protected] Carmen Jorquera-Jaramillo: Ingeniera Agrónoma (ESALQ-USP, Brasil) y Programa de Doctorado en Biología y Ecología Aplicada UCN, Coquimbo. Es académica del Dpto. de Agronomía de la ULS, Chile. Concentra su investigación y extensión en Agroecología, particularmente en la restauración de la biodiversidad autóctona en agroecosistemas, manejo y conservación de los recursos naturales asociados. Correo electrónico: [email protected]. Mauricio Lorca: Antropólogo y Magíster en Historia mención Etnohistoria (U. de Chile), Magíster (DEA) en Estudios del Desarrollo (UNIGE, Suiza). Las temáticas en que concentra su investigación y trabajo son identidad, cultura local, patrimonio y pueblos originarios. Participa de la Consultora en Ciencias Sociales MyA. Correo electrónico: [email protected], [email protected] Enrique A. Martínez: Licenciado y Biólogo Marino, PhD en ciencias biológicas, mención ecología. Investigación en ecofisiología, dinámica y estructura genética de poblaciones vegetales naturales y cultivadas. Correo electrónico: [email protected] Paulina Peralta Cabello: Licenciada en Historia y Profesora de Historia en Educación Media (PUC, Chile), Magíster en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Forma parte del equipo de Historia y Ciencias Sociales, Editorial Santillana, donde se dedica a la elaboración de textos escolares de Historia para Educación Secundaria y a la investigación historiográfica de Chile (siglo XIX). Correo electrónico: [email protected]