INCENTIVOS FORESTALES EN LOS TRÓPICOS Una Propuesta para Centroamérica y República Dominicana

INCENTIVOS FORESTALES EN LOS TRÓPICOS Una Propuesta para Centroamérica y República Dominicana

Esta publicación presenta las actividades del Programa Regional de Reducción de Emisiones de la Degradación y Deforestación de Bosques en Centroamérica y República Dominicana (REDD/CCAD-GIZ) Publicado por Programa REDD/CCAD-GIZ Oficina Registrada Apartado Postal 755 Bulevar, Orden de Malta, Casa de la Cooperación Alemana, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad El Salvador, C.A. T +503 2121-5100 F +503 2121-5101 E [email protected] I www.giz.de www.reddccadgiz.org Responsable Dr. Laszlo Pancel [email protected] Autor Froylan Castaneda Diseño Cecilia Vides El Salvador, 2015

Incentivos Forestales en los Trópicos. Una Propuesta para Centroamérica y República Dominicana. By Programa REDD/CCAD-GIZ is licensed under a Creative Commons ReconocimientoNoComercial 4.0 Internacional License. Creado a partir de la obra en www.reddccadgiz.org

TABLA DE CONTENIDOS ANÁLISIS COMPARATIVO DE INICIATIVAS DE FOMENTO FORESTAL A NIVEL NTERNACIONAL Apartado Resumen 1: Introducción 2: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Chile 3: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Colombia 4: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Costa Rica 5: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Ecuador 6: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Guatemala 7: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Indonesia 8: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Nueva Zelanda 9: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Perú 10: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de República Dom. 11: Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal: El Caso de Uruguay 12: Conclusiones Generales Referencias Bibliográficas Anexos

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PROPUESTA DE CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES EN PAÍSES SELECTOS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA Apartado Resumen 1: Introducción 2: Aplicación de los Incentivos Como Mecanismos de Fomento Forestal 3: Objetivos 3.1 Objetivo General del Programa de Incentivos Propuesto 3.2 Objetivos Específicos del Programa 4: Requisitos de un Programa de Incentivos Forestales 5. Amenazas y Oportunidades de un Programa de Incentivos para Plantaciones Forestales y Desarrollo de la Industria Forestal 5.1 Amenazas 5.2 Oportunidades 6: Alcance del Programa de Incentivos para Plantaciones 7: Selección de la Región Donde se Implementaría el Programa Nacional 8: Programa de Incentivos para la Reforestación por medio de un Fideicomiso -Etapa 1: Consultar Leyes, Políticas y Estrategias Forestales -Etapa 2: Actualizar y/o Dinamizar el Programa Nacional de Reforestación -Etapa 3: Propuesta para la Creación de un Fideicomiso a) Creación y Administración del Fideicomiso b) Magnitud y Duración del Fideicomiso c) Uso del Fideicomiso d) Sostenibilidad del Programa e) Monitoreo de Actividades 9: Resultados generales esperados del proyecto 10: Conclusiones Referencias Bibliográficas Anexos

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ANÁLISIS COMPARATIVO DE INICIATIVAS DE FOMENTO FORESTAL A NIVEL INTERNACIONAL Sistematización de iniciativas de fomento forestal para la forestación/reforestación y manejo sustentable de bosques aplicables a la región

RESUMEN Este documento presenta un análisis de iniciativas o mecanismos de fomento forestal de diez países. A cada país seleccionado se le hace un análisis de las bases sobre las cuales descansa su desarrollo forestal; comenzando con una descripción del marco legal forestal y otras leyes afines, pasadas y actuales. Luego, se describen algunos de mecanismos más importantes que cada país usa para promover el establecimiento y gestión de plantaciones comerciales o de protección y el manejo del bosque natural. El análisis discute como los países pueden o están usando otras iniciativas, por ejemplo, cambio climático y REDD+, pago por servicios ambientales y la certificación para promover y mejorar el manejo forestal; y según la información encontrada, se citan ejemplos reales con cifras y beneficios. Los programas de los países escogidos para este análisis tienen particularidades y similitudes; pero esencialmente se basan en dos principios: (i) el incentivo, principalmente económico (aunque no necesariamente), la participación del sector privado (grande, mediano o pequeño) y de los pueblos indígenas es necesario para desarrollar el sector forestal; y (ii) que el incentivo perdure por varios años hasta que el propietario pueda cubrir los costos de allí en adelante. Casi todos los países incluidos en este análisis han tenido éxito en la implementación de sus programas de fomento forestal, de los cuales sobresalen Chile, Uruguay, Nueva Zelanda, Costa Rica y Guatemala. Los primeros tres países han tenido más éxito en fomentar el establecimiento de plantaciones principalmente por contar con marcos legales forestales claros y eficientes; la propiedad privada se respeta y el gobierno garantiza un compromiso político de las autoridades decisoras hacia el programa; de esta forma, promueven el establecimiento de plantaciones a gran escala para fomentar el desarrollo de la industria forestal y generar empleos. Costa Rica también tiene leyes aplicables al sector, pero en algunos casos con debilidades que han causado ciertos efectos negativos del programa, p. ej., el cambio de uso de algunas tierras. En este país y en Guatemala el éxito radica en que sus programas fueron manejados por instituciones autónomas (FONAFIFO y el INAB respectivamente) con caracteres descentralizados, independientes y con personería jurídica propia, aunque reciben algunos fondos del estado para la administración del programa. Adicionalmente en ambos países, el éxito también se debe a que en sus programas de incentivos han concentrado sus esfuerzos en los pequeños y medianos reforestadores, agroforestadores y en la población indígena; además de que han involucrado a las municipalidades. El análisis también describe el caso de Indonesia que nos enseña cómo no manejar un programa. Los esfuerzos de este país en implementar un programa de incentivos para el manejo del bosque natural fueron en vano y el programa fracasó debido, principalmente, a la corrupción, al poder excesivo centralizado de las autoridades pertinentes y a la falta de capacitación de los encargados de implementar el programa cuando ese poder se descentralizó, al grado que el programa se tuvo que “centralizar” otra vez. En Perú el programa de incentivos no ha tenido los beneficios esperados en plantaciones; y quizás se deba a que el país ha puesto más interés en fomentar el manejo forestal por medio de concesiones de grandes extensiones de bosque natural y por varios años.

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El análisis presenta costos y beneficios para los usuarios, describe ejemplos de casos de fomento forestal según la modalidad del manejo y se explica cómo los países pueden o están usando mecanismos, p. ej., el pago por servicios ambientales, cambio climático y REDD+ para agenciarse fondos para el fomento del manejo forestal y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Finalmente, el análisis incluye cuadros descriptivos para los diez países en donde se resumen sus programas; información que permite comparar y/o diseñar programas similares en otros países. Los anexos también incluyen la descripción de un Estudio de Caso de un programa de plantaciones en Mozambique y la evaluación de los programas de incentivos descritos en este análisis.

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1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE INICIATIVAS DE FOMENTO FORESTAL A NIVEL INTERNACIONAL INTRODUCCIÓN Se define “fomento” como una acción que “aumenta la actividad o intensidad de algo”, por lo tanto, fomento forestal implica el “motivar a tomar acción” o “incentivar” medidas y actividades encaminadas a hacer del manejo forestal una actividad sostenible. El objetivo primordial de todo programa de fomento forestal debe ser el apoyar las acciones de manejo del bosque, establecimiento y manejo de plantaciones forestales, uso de sistemas agroforestales, recuperación de tierras degradadas, conservación y protección del recurso, con el propósito de que se mantenga, o se mejore la cobertura forestal de un país y así mejorar la calidad de vida de los pueblos. Sin embargo, tradicionalmente, el fomento de la actividad forestal se ha llevado a cabo mediante el establecimiento de programas de “incentivos” económicos en sus varias formas, para el establecimiento y manejo de plantaciones forestales y sistemas agroforestales, pero hay que reconocer que difícilmente un programa como tal se puede establecer y obtener de él los resultados esperados sin incluir un programa paralelo similar para manejo del bosque. Para efectos de este análisis se usa la definición de incentivo de Enters et al. (2003): “pagos o servicios que aumentan la ventaja comparativa de las plantaciones forestales y estimulan así las inversiones en el establecimiento y la gestión de plantaciones”. El incentivo puede tener una o más de las siguientes características:  

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Técnico: los servicios forestales u otras organizaciones proveen asistencia técnica gratuita; Económico/monetario: exención de impuestos, donación, pago parcial o total por unidad de superficie y por cierto número de años al propietario del recurso para manejar el bosque o para establecer y manejar una plantación forestal; Legal: elaboración de leyes que garanticen la tenencia de las tierras forestales o que les devuelva a las comunidades el derecho de manejo y de cogestión de sus bosques; aclaración y seguridad jurídica; leyes permanentes que favorezcan la actividad; Mercadeo: regulando para mejorar la vinculación de las comunidades con el mercado de los productos forestales o el establecimiento de acuerdos comerciales multilaterales con países vecinos; Política: compromiso de las autoridades del país a dar apoyo a un programa de esta índole.

En general, los incentivos forestales se clasifican en directos e indirectos. Los directos pueden ser créditos subsidiados, incentivos fiscales, reducción o la eliminación de la inseguridad por medio de garantías de préstamos, seguros, acuerdos de protección forestal y seguridad de la tenencia de la tierra y apoyo técnico. Algunos ejemplos de incentivos indirectos incluyen:

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facilitación de información de mercado, extensión, educación e investigación. Los incentivos pueden ser otorgados con financiamiento del estado o financiados por bancos de desarrollo. Tabla 1 Tipos de Incentivos Forestales (Fuente: Enters et al. 2003) Incentivos Indirectos Incentivo Directos Incentivos Variables Incentivos Propiciadores Sectoriales Macroeconómicos Precios de insumo Seguridad en la tenencia de la Plántulas Tipos de cambio directo tierra y los recursos Provisión específica de Restricciones Políticas sobre tipos de infraestructura local en comerciales Condiciones socioeconómicas interés apoyo de las plantaciones (por ej. aranceles) Medidas fiscales y Accesibilidad y disponibilidad de monetarias Subvenciones infraestructura básica (puertos, (p. ej. impuesto sobre la carreteras, electricidad, etc.) renta) Concesiones fiscales Servicio de apoyo al productor Tasas diferenciales Desarrollo de mercado Prestamos ventajosos Facilidad de crédito Estabilidad política y macroeconómica Participación en los costos Seguridad nacional Investigación y extensión

En el sentido estricto de la palabra “incentivo”, ésta puede implicar aspectos tales como:      

Complementariedad interinstitucional: el programa ofrece cierta cantidad de apoyo (principalmente fondos) para la actividad, y el propietario complementa con su aporte; Gradualidad: el apoyo (incentivo) se entrega gradualmente a través de un período fijo de tiempo y a medida que se necesite para la actividad; Responsabilidad y transparencia: de quien maneja el incentivo en hacer los desembolsos a tiempo, y del recipiente para que use el incentivo para lo cual fue otorgado; Compromiso y participación ciudadana: los esfuerzos deben estar encaminados hacia la sostenibilidad del recurso, usando los conocimientos y gestiones locales; Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional: por medio de la capacitación al beneficiado para la co-gestión; Equidad de género y derechos de los pueblos: la importancia del rol que juega la mujer y otras minorías en el manejo del bosque y sus recursos.

Adicionalmente, para obtener los resultados esperados, un programa de incentivos debe involucrar al sector privado, y el país debe estar dispuesto a introducir reformas en el mercado, principalmente de la madera, favoreciendo su venta en el mercado internacional. Precios bajos de la madera y de sus productos, invasiones de tierras, bajo presupuesto y falta de apoyo técnico y político al programa y otros tipos competitivos de incentivos, como por ejemplo, la expansión de la palma africana o una mala aplicación de la ley agraria, pueden hacer fracasar cualquier programa de este tipo. Existen varias razones por las cuales los países establecen programas de incentivos forestales, aunque se reconoce que difícilmente se puede diseñar un programa de subsidio que logre los

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resultados esperados sin que éste produzca algún impacto negativo. Estos programas siempre están en la mira del público y sujetos a críticas (Williams 2001); y, tienden a poner en desventaja a la inversión competitiva y distorsionar el mercado al grado que si el programa no está dando los resultados esperados, es muy fácil para un gobierno o un donante descontinuar su apoyo. ESQUEMAS DE SUBSIDIOS PARA PLANTACIONES (Fuente: Cossalter & Pye-Smith 2003) Los subsidios a la industria forestal en los países más desarrollados sobrepasan por mucho más a los otorgados por los países en vía de desarrollo. En el 2003, el esquema promedio para plantaciones en 11 países de la Unión Europea fue de US$ 1421/ha, con un monto adicional de US$ 761/ha para su mantenimiento, mientras que el subsidio para la mayoría de los esquemas para plantaciones en Sur América fue de US$ 400/ha. Sin embargo, la mayoría de los países en Latino América con un alto interés en el establecimiento de plantaciones han usado y continúan usando incentivos y subsidios como un medio de fomentar y apoyar a la industria forestal. Por ejemplo, entre 1974 y 1994, Chile invirtió unos US$ 50 millones en incentivos a la forestación. Brasil ha usado subsidios e incentivos fiscales relacionados al impuesto para promover el establecimiento de plantaciones y más recientemente, Ecuador y Colombia adoptaron esquemas de incentivos similares al de Chile para el establecimiento de plantaciones. Hasta el 2004, Ecuador proveía incentivos para siembra y mantenimiento de una plantación por hasta US$ 300/ha. Igualmente, Paraguay en ese entonces otorgaba un subsidio de US$ 350/ha para la siembre de la plantación y hasta US$ 100/ha para su mantenimiento.

¿Por qué dar incentivos? Una razón para darlos es para tratar de mejorar la tasa de retorno que promueva un nivel de inversión más deseable, desde el punto de vista social, en el sector. Desde el punto de vista de un inversionista privado, los incentivos son buenos aún y cuando la tasa neta de rendimiento (de la inversión) es más baja, pero mayor que los retornos de otros usos alternativos de la tierra. Desde el punto de vista económico, un inversionista puede necesitarlos para eliminar barreras tales como alto costo del capital para el establecimiento de la plantación o periodos largos de retorno de beneficios. Es decir, los necesitan para reducir el riesgo y la incertidumbre que surge de los largos periodos de gestión de la inversión privada. La reducción de problemas de flujo de fondos durante largos periodos de espera es otro motivo (Toledo 2010). El incentivo también se puede usar por razones estratégicas, p. ej., Chile ha implementado programas de incentivos forestales por muchos años y uno de sus objetivos ha sido establecer inicialmente un programa de plantaciones para desarrollar su industria forestal y también para generar intercambio de divisas (Williams 2001). Otro punto estratégico es crear buenas condiciones de inversión inicial, y desligarse del programa paulatinamente hasta que la actividad se autofinancie dejando así una cultura de negocio por medio del establecimiento de las plantaciones. ARROZ POR ÁRBOLES (Fuente: Toledo 2010.) El Programa “Grano por Verde” (Programa para la Conversión de Tierras Agrícolas a Bosques y/o a Pastizales) en China occidental en el 2000, tenía como objetivo detener la degradación y erosión del suelo convirtiendo unas 15 millones de hectáreas de tierras con pendientes pronunciadas que se cultivaban en bosques y pastizales hasta el 2010. El programa pretendía lograr la recuperación de esos sitios dándoles a sus propietarios un subsidio consistente en alimentos y efectivo por los primeros ocho años: entre 1500 Kg (en el norte de China) y 2250 Kg (en el sur) y unos 300 yuan (± US$36.00) más 700 yuan (± US$85.00) por hectárea para cubrir el costo de la compra de las plántulas en el primer año solamente.

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Tabla 2 Alternativas de Financiamiento Disponibles en América Latina (Fuente: FAO 2013). Líneas de crédito Subsidios, ayuda bilateral y multilateral Donaciones filantrópicas

Créditos/préstamos bancarios (públicos y privados); por ej., el micro financiamiento Préstamos y donaciones de organismos multilaterales y de desarrollo. Canje de deuda por naturaleza Conservación, investigación y desarrollo, y donaciones sociales

Financiamiento con cargo al presupuesto público

Subvenciones y donaciones selectivas concedidas y administradas por bancos públicos Créditos/desgravaciones fiscales de las inversiones Tasa de interés subvencionada Pagos por servicios ambientales

Fondos

Fondos forestales, fondos ambientales nacionales, y fondos fiduciarios de conservación

Asociaciones

Instrumentos de ingresos privados

Instrumentos de inversión privada

Asociaciones comunitarias público-privadas Asociaciones público-privadas Venta de los PFNM PSA (agua, carbono, belleza escénica, biodiversidad) Ingresos públicos procedentes de los impuestos (ej. productos maderables y agua) Cuotas de usuarios (ej. turismo, bio-prospección) Derechos de concesión (tanto para la tala como para la conservación) Ahorros personales/capital para inversiones Capital de riesgo Instrumentos de mercado de capitales (titulación, contratos a plazo) Garantías Inversionista de cartera (fondos ecológicos) Certificados para la compra de valores (certificados de valores)

¿Por Qué Plantaciones Forestales? Como se mencionó anteriormente, una gran mayoría de los programas de incentivos son para el establecimiento y manejo de plantaciones. ¿Por qué es así? Las plantaciones forestales se establecen generalmente para proveer materia prima para la producción de madera y fibra para la fabricación de papel y otros productos. Además, sirven como una oportunidad para la recuperación de suelos degradados y como sumideros de carbono. Sin embargo, el sector privado todavía es cauteloso en hacer grandes inversiones para establecer plantaciones con este último fin, debido a que el mercado del carbono se encuentra incierto y es difícil de cuantificarlo. La Otra Cara de los Incentivos En algunos casos parece ser que el espíritu del incentivo o subsidio se mal entiende. El incentivo es un aporte económico que cubre parcialmente los costos de establecer una plantación; y en cierta medida, se realiza para darle un “empujón” al propietario y que se inicie en el negocio de siembra de árboles. Generalmente el incentivo no cubre todos los costos, lo que indica que el propietario tiene que estar preparado financieramente para invertir sus propios recursos económicos. Esto implica que el incentivo no es permanente, sino que llegará un día donde el reforestador se las tendrá que arreglar por sí solo. Un programa de incentivos requiere de ser alimentado con presupuesto constantemente y en forma permanente, aunque este último detalle genera en muchos gobiernos una gran dificultad para ser cumplido. Un recorte de sus fondos se manifestará en un cese de las actividades de establecimiento y/o manejo de la plantación.

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Por el otro lado, un programa de esta clase necesita ser supervisado en forma permanente para asegurarse que los fondos sean encaminados a la plantación y que ésta se esté desarrollando en buena forma. El incentivo puede crear dependencia, especialmente entre los pequeños y medianos propietarios, al grado que si hace falta, algunas actividades de manejo no se llevarán a cabo, poniendo en peligro la plantación. FINANCIAMIENTO DEL CARBONO (Fuente: UN-REDD Programme 2009) Esta es una fuente potencial de fondos para la reforestación y manejo del bosque que está asociada con la iniciativa global “Reducción de las Emisiones Provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques” (REDD+) y para mejorar los sumideros voluntarios de carbono de los bosques en los países en vías de desarrollo. La primicia detrás de REDD+, como esquema para pagar por los servicios ambientales que generan los bosques, es hacer pagos en base al grado de desenvolvimiento del dueño del bosque o de la plantación, y sus usuarios, que hayan llevado a cabo algunas acciones para reducir emisiones de carbono. Los fondos REDD+ vienen de varias fuentes, incluyendo contribuciones financieras voluntarias (por ej. del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques o Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono, FCPF, del Banco Mundial, del programa UN-REDD+, o de iniciativas bilaterales y multilaterales) y de otras fuentes relacionadas al mercado. Hoy en día, mucho del debate sobre REDD+ es sobre su estructura y como puede ser incluida en un acuerdo sobre el clima. Actualmente, hay más de cuarenta países que se encuentras en distintas etapas de desarrollo de sus estrategias, políticas y proyectos pilotos en preparación para beneficiarse financieramente de las iniciativas fondos de REDD+.

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2: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: El CASO DE CHILE1 Marco Legal Ley de Bosques (1931 - 1974) En 1931 Chile aprobó la Ley de Bosques que tuvo una vigencia hasta 1974. Desde ese entonces el Estado comenzó a fomentar el manejo forestal sostenible de sus bosques a través del establecimiento de plantaciones. Esta ley estimuló el desarrollo de la industria forestal por medio de acciones directas del Estado y de incentivos al sector privado. En su vigencia, la ley contribuyó al establecimiento de unas 580.800 ha de plantaciones forestales. Adicionalmente, esta legislación reguló el uso del fuego en actividades forestales y facultaba al Presidente de la República para crear parques y reservas nacionales. Decreto Ley 701 Según esta ley, los terrenos declarados de aptitud preferentemente forestal, los bosques naturales y los bosques artificiales estaban exentos del 75% impuesto territorial. En 1974 se dicta este decreto que fomentó la forestación y establece una bonificación equivalente al 75% de los costos de establecimiento de la plantación y manejo (poda y raleo) y otros beneficios tributarios y declara expropiables los terrenos forestales beneficiados por la ella. Entre 1975 y 1979 el sector privado estableció unas 243.952 ha de plantaciones forestales de las cuales el 68.3% fueron bonificadas por el Estado. Entre 1990 y 1994, el sector privado sembró unas 353.066 ha de pino radiata, pero sólo el 41% fue bonificado por el Estado. Es mediante esta ley que el sector privado se convirtió en el protagonista del desarrollo forestal, al grado que para 1990 el estado prácticamente se había desligado de esta actividad y para fines de 1994, ese sector comenzó a necesitar menos recursos (del Estado) hasta independizarse. La vigencia del Decreto de Ley (D.L.) 701 termina en 1995. En esos 20 años el Estado chileno invirtió unos US$ 137 millones en bonificaciones al sector forestal privado. De ese monto, un 37% fue a propietarios con menos de 200 ha. La participación de los pequeños productores forestales fue muy escasa debido a la falta de recursos económicos propios para establecer la plantación, ya que la bonificación se pagaba una vez que se demostraba que la plantación estaba bien establecida. A través de esta ley, Chile logró establecer unas 2.620.486 ha de bosques plantados, lo que convirtió al sector forestal como el segundo sector exportador del país, detrás de la minería, con US$ 5.902 millones en el 2011. Entre 1994 y 1997 se bonificaron 952.122 ha, pero sólo un 5% correspondieron a pequeños propietarios forestales. Al final del 2012 expiró la vigencia del sistema de incentivos (según el artículo 12º del Decreto Ley Nº 701 de 19742), razón por la cual la forestación y otras actividades forestales bonificables que se realizaron a partir del 1° de enero de 2013, no fueron beneficiadas. Sin embargo, el

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CONAF s.f. Esta ley sufrió varias enmiendas durante su vigencia en el tiempo

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estado continúo agilizando la tramitación de la ley para continuar con el pago de los incentivos a la forestación. La Ley 19.561 de 1998 En 1998 se inicia una segunda etapa del D.L. 701, pero que fue remplazada por la Ley 19.561 después de dos años de debate y con carácter retroactivo. Esta nueva ley, que no es más que una prórroga de la 701 con modificaciones privilegiando a los pequeños propietarios forestales. Su principal objetivo fue mejorar la participación de este grupo a la actividad forestal por medio de beneficios para el establecimiento de la plantación y su manejo. Durante 1998 y 2010, la ley bonificó unas 480.818 ha, de las cuales un 39% correspondió a pequeños propietarios forestales que consumieron el 49% de los recursos económicos disponibles. Este incremento en relación al primer período se debió a que la ley consideró una serie de instrumentos de financiamiento y apoyo para los pequeños propietarios, incluyendo créditos de enlace, seguro forestal, registro de operadores, facilidades para establecer empresas forestales y convenios con las grandes empresas forestales. Por medio de esta bonificación el Estado reconocía hasta un 90% de los costos de forestación y recuperación de suelos degradados en forma parcializada: para las primeras 15 ha un 75% de los costos al comprobarse el establecimiento de la plantación, y el 15% restante al año siguiente si la plantación se encontraba en buenas condiciones. Si el propietario decidía plantar más de 15 ha, el área adicional se acogía a una bonificación del 75%. Un aspecto importante de esta Ley N° 19.561 es que incentivaba a pequeños productores y a las grandes empresas también por acciones de recuperación de suelos forestales degradados. Posteriormente, en el 2010 esta ley se prorrogó nuevamente y la “nueva versión” casi elimina los beneficios para los grandes propietarios y empresas; además de que les dio mayores beneficios a las comunidades indígenas. Esta prórroga fue por 2 años mientras se preparaba un anteproyecto y tramitaba una ley nueva. En el cabildeo de la nueva ley, la CONAF3 logró que el Gobierno aprobara y enviara al Parlamento el anteproyecto. Éste beneficiaba a pequeños y medianos propietarios únicamente, con pago de bonos anuales por 20 años, que establecieran una cubierta vegetal arbórea o arbustiva en suelos no aptos para una plantación forestal comercial. Esta futura nueva ley, permitiría a estos propietarios plantar especies forrajeras para practicar una ganadería de subsistencia como un medio para eliminar la extrema pobreza en Chile. El anteproyecto aún está en el congreso y por lo tanto no ha sido aprobado. Algunos resultados de las bonificaciones forestales (1976 – 2010) pueden apreciarse en el gráfico siguiente, observando un incremento considerable del 2004 debido a que gran parte de los pequeños y medianos propietarios comenzaron a realizar actividades de recuperación de suelos y forestación. La disminución a partir del 2007 se debió a que la Contraloría General de la República4 empezó a considerar excesivas las bonificaciones (otorgadas por el CONAF),

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CONAF, es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile Este cuestionamiento hizo que la CONAF revisara la tabla del valor de las bonificaciones.

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causando una disminución en los montos bonificados. También hubo pérdida de interés en las bonificaciones de parte de ese sector. Otro aspecto importante de esta ley es que incluyó mecanismos de financiamiento para permitir el ingreso de los pequeños propietarios forestales a los beneficios, estableciendo otros sistemas nacionales de créditos de enlace, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y créditos forestales a través de los bancos y otros mecanismos privados.

Figura 1 Bonificaciones forestales totales y bonificaciones por forestation (Miles de US$). Fuente: CONAF 2012

Ejemplo de Otros Mecanismos de Fomento a la Actividad Forestal Durante los primeros 20 años de la ley de fomento forestal (DL 701) la participación de los pequeños productores en el programa fue mínima. Debido a ello, la Ley 19.560 creó los siguientes dispositivos de financiamiento para este grupo de propietarios: 

Créditos de Enlace para Forestación Para optar a estos créditos el propietario forestal debe tener aprobado un estudio de sus terrenos de aptitud forestal y comprobar legalmente la tenencia de su tierra. El CONAF emite un Certificado de Futura Bonificación (CFB)5, que le da acceso al propietario de solicitar los créditos de financiamiento para su plantación. Los mecanismos para este tipo de financiamiento son los siguientes: a. Crédito de Enlace del Instituto de Desarrollo Agropecuario. El INDAP apoya a los pequeños agricultores y forestales. Al calificar, el CONAF le entrega al propietario un CFB. Con esto el propietario puede optar a un crédito por medio del INDAP para el establecimiento y manejo de la plantación, o solicita directamente el crédito a un banco o a un operador forestal que presta servicios de forestación; el propietario endosa el certificado y pone la tierra como garantía o puede recurrir al Fondo de Garantía para Pequeñas Empresas (FOGAPE). Este tipo de crédito financia hasta el 90% del CFB con un préstamo a dos años pagable en una sola cuota. CONAF facilita al propietario la obtención de la garantía.

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El beneficiario del CFB puede sub-contratar los servicios de personas o empresas para las actividades de forestación.

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Entre 1998 y 2011, este mecanismo colocó más de US$ 45 millones a unos 38.000 pequeños propietarios quienes establecieron 97.000 ha de plantaciones (Figura 2). La bonificación se paga una vez establecida la plantación con una supervivencia de mínimo un 75% al año después de la siembra. Al comprobarse eso, el banco solicita el pago a la Tesorería General de la República.

Figura 2 Colocaciones de INDAP a pequeños propietarios para actividades forestales (Miles de US$). Fuente: CONAF 2012

b. Crédito Forestal por medio de la banca nacional privada o estatal. Con la promulgación de Ley 19.561, se extendieron los beneficios del DL 701. En ese entonces, la banca privada y estatal se interesó en abrir líneas de créditos a pequeños y medianos propietarios y a empresas forestales, para financiar parte de los costos de la forestación, su manejo y recuperación de suelo. Quien recibe el préstamo debe endosar el CFB al banco.

Figura 3 Porcentaje de colocaciones según institución 2004-2010. Fuente: CONAF 2012

La figura 3 muestra la limitada participación de la banca privada durante el 2004 al 2010 en financiar la actividad forestal en comparación con la banca estatal que colocó en ese periodo un 52.1% de los créditos. Actualmente, los créditos de enlace de la banca estatal y privada para estos grupos de productores y microempresas están suspendidos a la espera de mejores condiciones que permitan reducir el riesgo; no así para los propietarios medianos. c. Sistema de Securitización Forestal: en Chile existe una corporación conocida como la “Fundación Chile”, la cual es una alianza, sin fines de lucro, entre en estado y una compañía minera. Esta fundación financia la actividad, y, como garantía, el dueño de la propiedad les entrega en usufructo la tierra por el período que dura una plantación. A cambio, el propietario recibe un pago de arriendo anual, más una participación del 10 % del volumen en pie de la cosecha final. Adicionalmente, después de la cosecha, al propietario se le devuelve su tierra con una nueva plantación establecida. Todas las

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faenas, desde el establecimiento hasta la cosecha son desarrolladas por empresas forestales establecidas y debidamente registradas ante el CONAF, las que se comprometen a comprar el producto final a precio de mercado. De esta forma, las empresas se evitan invertir en compra de tierras asegurándose al mismo tiempo el abastecimiento de la materia prima para sus industrias. Este sistema ha tenido mucho éxito en el establecimiento de plantaciones de pino y de eucalipto.

Logros de los Mecanismos de Financiamiento Forestal en Chile El auge del crédito de enlace como mecanismo de financiamiento entre los pequeños propietarios ha sido positivo. Debido a ello, a este sector se le acredito (hasta el 2006) la siembra de un 34,6 % de la superficie anual plantada, incluyendo forestación y reforestación según se aprecia en los siguientes dos gráficos6.

Figura 4 Superficie plantada por pequeños propietarios en relación a la superficie total plantada (Miles de ha). Fuente: CONAF 2012

Figura 5 Monto de bonificaciones totales y de bonificaciones con crédito de enlace (Miles de US$). Fuente: CONAF 2012

La figura 5 muestra que en siete años, la CONAF bonificó un total de US$ 268.5 millones, de los cuales US$ 81.3 millones correspondieron a pagos realizados a los bancos y a INDAP, por los certificados endosados por pequeños propietarios que obtuvieron créditos de enlace. Esto significa que en ese periodo, más del 30% de las actividades forestales bonificadas fueron ejecutadas por este grupo con apoyo de los bancos y el Estado. Durante el periodo 2000-2006, el estado a través del CONAF y el INDAP tuvo mucho éxito en integrar a los pequeños propietarios agrícolas a la actividad forestal. Sin embargo, como ya se indicó en la figura 4, la participación de los pequeños propietarios disminuyó debido a que se redujeron los montos bonificados por hectárea además de que el Banco del Estado decidió suspender los créditos a los pequeños propietarios, microempresas y los operadores forestales

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A partir del 2000 se comenzó a registrar en forma separada las plantaciones de los pequeños propietarios forestales.

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hasta no disponer de instrumentos para reducir el riesgo. A raíz de esta incertidumbre, la superficie plantada por pequeños propietarios solo alcanzó el 5.4% de las plantaciones que se establecieron en el país en el 2010. Ley 20.283: La Ley de Sobre la Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Los objetivos de esta ley son la protección, conservación, recuperación y mejoramiento genético de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. Esta iniciativa tiene un buen componente social ya que promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos forestales que trabajan sosteniblemente los productos derivados del bosque nativo. La ley fue diseñada para los dueños bosque nativo, con énfasis en aquellos pequeños propietarios que en total tienen bajo su control una extensión aproximada de 3,5 millones de hectáreas de este recurso. Con el propósito de impulsar el desarrollo rural, la nueva normativa legal establece un sistema de bonificaciones para pequeños medianos y grandes propietarios. Para beneficiarse del incentivo económico, los postulantes deben contar con un plan de manejo autorizado por el CONAF, para una de tres actividades: (a) Maderera: aserrable, trozos, trozos con valor para la bioenergía, leña, etc.; (b) Productos No Maderables: turismo, frutos, semillas, hongos, cortezas, captura de carbono; y (c) Preservación de la biodiversidad en bosque nativo y tierras áridas y semi-áridas. Dicha Ley prohíbe la corta de árboles cerca de fuentes de agua (ríos, humedales y glaciares) en terrenos con excesiva pendiente y de especies nativas en peligro de extinción. Incentiva la investigación, el mejoramiento de las especies y la mantención de sus ecosistemas. Cuenta un fondo de US$8 millones anuales a disposición por el Ministerio de Hacienda, lo que además de fomentar el manejo del bosque nativo, se estima que podrá generar unos 5.000 empleos directos y 33.000 indirectos en 15 años, siendo los principales beneficiados las comunidades rurales. El fondo tiene un reglamento que define responsabilidades y penas. El CONAF fiscaliza el cumplimiento de las actividades descritas en un plan de manejo. Mediante esta ley, se han manejado unas 95.308 ha, beneficiando a unos 4.971 propietarios en 72 proyectos, pero la meta es manejar unas 600.000 ha. Se han invertido unos US$ 4,6 millones en investigación y US$ 27.296.716 en bonificaciones. Mediante esta ley, el Gobierno de Chile, espera incrementar la preservación de unas 500.000 ha de bosque nativo y formaciones xerofíticas, para mantener ecosistemas con su flora y fauna. Pago por Servicios Ambientales El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es una herramienta novedosa de manejar los recursos naturales. Es un mecanismo económico potencialmente sostenible diseñado para incentivar a propietarios de bosques, permitiendo que continúen ofreciendo un servicio ambiental en beneficio de la sociedad. En algunos casos, los pagos (en efectivo o en especies) buscan que el usuario del bosque ponga en práctica medidas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular. En su forma más simple, un PSA puede ser por el uso de recursos hídricos. Por ejemplo, el dueño de un bosque en una montaña donde nace una fuente de agua que provee del líquido a las comunidades más abajo para consumo personal o para la generación de energía. El propietario del bosque puede argumentar que el invierte sus fondos en conservar y manejar

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adecuadamente su bosque, que a su vez, protege la fuente de agua, pero que no se le reconoce parte de esos gastos. Un PSA moderno, puede ser el establecer plantaciones forestales con fines de secuestro de carbono para su mercadeo o el pago por mantener la belleza escénica. Por ende el PSA tiende a promover más la conservación del recurso, como es el caso de áreas protegidas. Este mecanismo es un acuerdo voluntario negociado entre el dueño del bosque y un comprador (del PSA) y en donde se define claramente lo que se está comprando: un servicio incalculable (p. ej., toneladas de carbono secuestrado), o uso de la tierra pero limitado a las prácticas susceptibles de ofrecer el servicio (por ej., conservación de los bosques para garantizar la provisión de agua). Un ejemplo en Chile es el buen uso de la cuenca del Rio Puelo. El Instituto Forestal (INFOR) por medio de un PSA busca generar un aumento de agua potable compensando a los propietarios de tierras aledañas el buen uso del recurso en la cuenca del río. En el 2009, el estado financió un estudio por unos 250 millones de pesos chilenos con el objetivo que los propietarios de la cuenca formaran una asociación para establecer un contrato con la cooperativa ambiental en la comunidad de Ancud que les pagara por la conservación del bosque por un monto aproximado de 100 mil pesos por hectárea a cada uno de los propietarios que habitaban cuenca arriba. Otro ejemplo, son los bosques de Araucaria araucana que han sido declarados monumento nacional en Chile lo que prohíbe su corta y comercialización. Muchos de estos bosques que están en manos privadas (principalmente pequeños propietarios), se encuentran abandonados y en peligro de degradación. La Fundación Chile trabaja con un PSA para el desarrollo de un sistema para programas de regulación hídrica mediante la recuperación de la vegetación que contribuya a establecer una cuenca y así mejorar el flujo de agua. Otros Pagos por Servicios Ambientales: Mantenimiento de la Cobertura Vegetal Existe otro proyecto de ley para apoyar a pequeños y medianos propietarios de tierras forestales sin cobertura forestal. El proyecto de ley contempla pagar al propietario forestal una bonificación para establecer las plantaciones para la producción de biomasa y para protección o con otros fines ambientales. Cuando se trata de plantaciones forestales con fines ambientales, se pretende que el proyecto incentive la forestación en terrenos degradados y en sitios marginales, comúnmente asociados a la pobreza rural. Los pequeños propietarios de estos sitios podrán optar a una bonificación del 100% y los medianos a un 90% de la inversión, además de clasificar para recibir un pago anual durante 20 años, por mantener la cubierta vegetal permanentemente. Cualquier otro propietario de suelos degradados recibe una bonificación del 75% de los costos de forestación. El proyecto de ley también considera bonificar, por una sola vez, a pequeños y medianos propietarios forestales que establezcan plantaciones con fines productivos; por cada superficie sembrada la bonificación cubrirá hasta un 90% de los costos de forestación para los pequeños

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propietarios y de un 75% para los medianos propietarios. Para otros propietarios, el porcentaje de bonificación será de un 50%. Con esto, Chile se convierte en un líder a nivel mundial, ya que sería el primer país que reconociendo las necesidades de los propietarios de las tierras degradadas, logra aportar al mejoramiento de ellas, ampliando su cobertura vegetal y contribuyendo, por ejemplo, a una mejor captura de carbono y, por ende, al combate del cambio climático en el mundo. Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (CC) Las fuentes tradicionales de financiamiento, como mecanismo de fomento del manejo forestal, generalmente vienen de los presupuestos nacionales y/o locales, por la venta de productos y servicios forestales o por inversiones del sector privado y asistencia oficial para el desarrollo. Sin embargo, muchos de esos mecanismos tienen una corto plazo debido a que los recursos económicos son cada día más escasos: los presupuestos nacionales se reducen o se tienen otras prioridades para el gasto, y por el otro lado, los organismos internacionales donantes tienden a ser mucho más exigentes en sus aportaciones, y que con frecuencia estos últimos tienden a financiar solo ciertas actividades del manejo. La escasez de recursos financieros nacionales para el manejo, obliga a los gobiernos a buscar otras alternativas innovadores de financiamiento, relacionadas con el PSA, p. ej., la venta de carbono para mitigar el cambio climático. Chile no es la excepción a pesar de que el país no es un emisor de gases de efecto de invernadero debido a los programas agresivos de fomento de manejo en el pasado que le ha devuelto su cobertura vegetal-forestal. Chile es considerado como un país con “carbono neutral” debido a que sus emisiones son menores a las capturas efectuadas por sus bosques aunque si es vulnerable a los efectos del CC. En busca de nuevas fuentes de financiamiento, el CONAF creó la “Plataforma de Generación y Comercio de Bonos de Carbono del Sector Forestal de Chile (PBCCh)”. Por este medio, el país pretende facilitar el acceso a fondos a todo propietario de bosques y/o de suelos propios para forestar, primero estableciendo una estrategia nacional que sincronice los actuales instrumentos de fomento forestal con los que opera el país, con las normas y procedimientos internacionales para garantizar reducciones efectivas de gases. Con esa medida, el gobierno de Chile pretende convertirse en el soporte nacional para las diversas tendencias internacionales, p. ej., el Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), Medidas Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAS por sus siglas en inglés), Mecanismos de Desarrollo Limpio de Forestación y Reforestación (MDL A/R), y otros que puedan surgir a futuro). Luego, con esta plataforma Chile podrá agilizar la implementación de nuevos programas forestales en el futuro, especialmente aquellos con un enfoque directo a la mitigación de los gases causantes del CC. Esto convierte a Chile en un país “REDD+”. Chile y REDD+ Chile participa en REDD+ bajo dos escenarios:

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a. Negociando con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en el diseño de la “arquitectura” para REDD+ internacional. Le toca a Chile y a cada uno de los casi 194 países que han ratificado la Convención, hacer las gestiones a nivel nacional para constituirse como Ley de la República. Para lograr ese objetivo, el país debe considerar que el mercado de carbono es posible como medida de compensación. b. Fondos voluntarios: Chile está en el Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono (FCPF por sus siglas en inglés) o Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques desde el 2010 y con un monto asignado de US$3,8 millones ampliable a cinco millones si al 2014, los resultados son positivos. Estos fondos son totalmente voluntarios y los proveen varios países donantes, agencias implementadoras (BID, PNUD, Banco Mundial) y algunos de los llamados "países REDD+", como Chile. c. Hay otro fondo que funciona casi igual que el FCPF que se llama ONU-REDD del cual Chile forma parte pero solamente como observador. Chile ya ha comenzado la implementación de un amplio proceso participativo y técnico para la puesta en marcha del concepto de REDD+ en las áreas que aplican a la realidad del país, estimándose que es un complemento útil a lo que ya se ha trabajado a la fecha en materias forestales y con total cabida en la estrategia nacional de cambio climático. Propuesta al Fondo del Carbono Dentro del marco de su Propuesta de Cambio Climático, el país ya presentó un proyecto al FCPF valorado en unos US$13.680.000 para desarrollarse, pero con una importante contribución financiera del Estado de Chile valorada en US$4.919.000. De allí surge la necesidad de que el país cuente con un NAMA forestal registrado ante la Secretaría de las Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) para optar a ese financiamiento extra7 para la conservación, manejo y uso sostenible de sus bosques como medida para reducir las emisiones debido a la deforestación y degradación forestal. Uso de Bonos Forestales Hace pocos años atrás, en Chile se emitieron “bonos forestales” por unos US$13 millones los cuales están garantizados por la Corporación de Fomento del país y por parte de sector privado. Los bonos fueron adquiridos por instituciones de inversionistas y con el producto de su venta, se han comprado plantaciones forestales entre 15 a 20 años. Además se usan estos fondos para reforestar otras áreas y pagar por el manejo de las mismas. Lo interesante de este mecanismo es que a cambio, los inversionistas y los propietarios forestales comparten las ganancias del aprovechamiento y venta de la materia prima.

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El CMNUCC, cuenta con un aporte del Gobierno Suizo de alrededor de US$3.000.000.

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Plan de Manejo Intercultural Este plan establece medidas -técnicas o financieras, que permiten apoyar a las comunidades indígenas en la preparación de un plan de manejo con la participación de todos los integrantes de una comunidad y en el cual se definen los usos de los terrenos de la comunidad. Programa de Arborización (5 de junio, 2010) Esta iniciativa del Gobierno de Chile, a través del CONAF tiene por objetivo general contribuir a mantener la cobertura forestal del país y así a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos por medio de los beneficios ambientales que genera la vegetación. La meta es sembrar unos 17 millones de árboles al año 2018. El programa está dirigido a todos los ciudadanos chilenos, especialmente a quienes habitan en zonas urbanas y periurbanas. Las municipios, empresas, programas ministeriales, centros educacionales, grupos de scouts, organizaciones vecinales, todo tipo de empresas públicas, privadas y ONG’s entre otros grupos sociales, son los encargados de distribuir los árboles para la forestación, los cuales serán facilitados por el CONAF. Red de Pequeños Propietarios del Bosque Nativo La Red de Pequeños Propietarios del Bosque Nativo es una organización sin fines de lucro que aglutina a pequeños propietarios de bosque nativo principalmente en la Región de la Araucanía. Su representatividad se ha extendido a otras regiones del país, p. ej. Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. La Red se compone principalmente de organizaciones campesinas, asociaciones o comunidades indígenas y propietarios de bosque individuales. La organización busca facilitar la asociación de pequeños propietarios de bosque para buscar en conjunto propuestas de solución a las necesidades relacionadas a la conservación y manejo sustentable del bosque y promover su participación en las instancias de toma de decisiones sobre las políticas y programas públicos y privados relacionados al bosque, con el fin de contribuir a avanzar en la solución de las actuales tensiones sobre conservación y manejo. Certificación Forestal El país cuenta con un Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal (CETFOR) desde el 2002. Mediante este mecanismo se ha masificando la certificación de los productos que provienen de los bosques manejados en forma sostenible, principalmente para la exportación al mercado internacional. A pesar que los esfuerzos por certificarse comenzaron desde 19988, el auge surgió en el 2004 (como se aprecia en la figura 6). El 2009 fue un año de crecimiento explosivo del sistema, registrándose la incorporación de 16 nuevas empresas, el mayor crecimiento desde el inicio del sistema. Hoy en día, CETFOR tiene un poco menos de las 2 millones de hectáreas certificadas convirtiéndolo en el mayor sello de certificación de Chile.

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La puesta en marcha de la certificación forestal en Chile comenzó con el establecimiento de la Oficina Nacional del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en inglés) a fines de 1998, cuando representantes de unas 70 instituciones académicas, ONG’s y empresas formaron un grupo de trabajo para desarrollar los estándares nacionales del FSC, creando la Iniciativa Chilena de Certificación Forestal Independiente.

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Conclusión La trayectoria de fomentar el manejo forestal sostenible en Chile tiene muchos años. Los mecanismos financieros y de asistencia técnica diseñados e implementados para fomentar el manejo son variados y han tenido el apoyo total del Estado. Todos tienen sus raíces en un marco legal de carácter forestal y en otros instrumentos legales relacionados, p. ej., las leyes de aguas y del medio ambiente. Por otro lado, la participación de los pequeños y medianos propietarios, de la empresa privada, de la población en general y del estado mismo (CONAF, INFOR y otras) ha sido muy valiosa y han contribuido en gran medida a devolverle al país su cobertura forestal. Sin embargo, está claro que la participación principalmente de los pequeños propietarios ha dependido de la facilidad con que hayan obtenido el financiamiento y del apoyo técnico que pueda proveer el Estado.

Figura 6 Evolución de Certificación de Cadena de Custodia. Fuente: CERTFOR/PEFC Periodo 2004-2013.

La Ley 19,561, orientado a integrar a los pequeños agricultores a la actividad forestal, tuvo un efecto muy positivo en mejorar la cobertura forestal del país. Entre 2000-2010 los pequeños propietarios reforestaron un 19% de la superficie total plantada y un 39.6% si sólo se considera la forestación. Desde el punto de vista de la bonificación, la participación de los pequeños propietarios alcanzó a un 30.3%. Estas cifras marcan un cambio importante en relación a la escasa participación de los pequeños agricultores en las bonificaciones forestales en los primeros 20 años de aplicación del Decreto de Ley 701, que se estimó entre un 4-5% del total. Debido a todas las acciones antes descritas, la cobertura forestal de Chile aumentó entre 1997 y 2011; la superficie de plantaciones cambió de 2.11 millones a 2.62 millones de hectáreas y el bosque nativo pasó de 13.40 millones a 13.60 millones de hectáreas. En total, el cambio de la cobertura forestal pasó de 15.64 millones a 16.34 millones de hectáreas (CONAF 2011). Este logro pone a Chile entre uno de los países de América Latina que más contribuye a mitigar los efectos negativos del cambio climático. Sin embargo, el Gobierno acertadamente continúa buscando mecanismos novedosos de fomento, como la venta de carbono y el pago por servicios ambientales, que ayuden a manejar el bosque con menos recursos económicos propios pero con los mismos o mejores resultados.

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3: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE COLOMBIA Marco Legal La primera acción legal en pro de la protección de los bosques de Colombia remonta a 1942 con el Decreto 1454. Este instrumento reglamenta las acciones de protección en zonas forestales protectoras y se clasifica por primera el recurso en bosques de interés general y bosques públicos. Se dictan disposiciones relacionadas con aprovechamiento y el desarrollo forestal. En 1953 aparece el Decreto 2278, se recopila toda la legislación forestal existente en la primera mitad del siglo XX. Con la expedición de la Ley 2ª de 1959, se crean siete Reservas Forestales y pone a Colombia en una nueva conceptualización sobre el desarrollo de la economía forestal, la protección de suelos y la vida silvestre. Luego, el Decreto Ley 2811 de 1974, crea el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables que viene a ordenar las disposiciones en materia forestal. En 1991 se promulga la Constitución Política del país mediante el cual se eleva de rango en el interés político el tema ambiental, recogiendo los principios y derechos plasmados en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Medio Ambiente. En 1993, se publica la Ley 99, la cual sienta las bases para el nuevo ordenamiento ambiental en el país, estableciendo el Sistema Nacional Ambiental y a su vez retoma los principios constitucionales bajo el actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (antes Ministerio del Ambiente). Ley 101 de 1993 - Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Esta ley estableció los criterios y mecanismos para el desarrollo del sector agropecuario y pesquero. Dentro de varios temas, en lo que afecta al sector forestal, se destaca la creación del incentivo a la capitalización rural; la regulación sobre los fondos parafiscales y la creación de las organizaciones de cadena. La norma estaba vigente hasta el 2005 y su referencia a “la explotación forestal” generaba dudas sobre las instancias hasta donde era responsable el Ministerio de Agricultura, para el aprovechamiento de bosque natural (FAO 2005). En 1994 se aprueba la Ley 139 que consiste en una serie de normas y regulaciones diseñadas a estimular la reforestación por medio de incentivos económicos y establece el Certificado de Incentivo Forestal (CIF). Los Decretos 1824 (1994) y el 900 (1997) publicados posteriormente regulan el CIF. Funciona bajo el Ministerio de Agricultura. Ley 165 de 1994 mediante la cual Colombia ratifica el Convenio de Diversidad Biológica. El Artículo 8 del Convenio compromete al país a la conformación de su sistema de áreas protegidas como el instrumento más importante para la Conservación de la Biodiversidad. Decreto 1791 de 1996 establece el régimen de aprovechamiento forestal para uso con criterio sostenible. Define los tipos de aprovechamiento y los procedimientos para acceder a los permisos y autorización de movilización de los productos. Regula sobre bosques naturales y plantaciones forestales.

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La ley más reciente relacionada a la inversión en el sector forestal es la “Ley para Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con Fines Comerciales” (Ley 1377 del 2010). Esta norma es un marco jurídico estable que reglamenta los cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales; no incluye al bosque natural. Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal 

Incentivos Legales al Inversionista del Sector La nueva legislación permite a las empresas forestales operar en cualquier parte del país y beneficiarse de ciertas exenciones, como por ejemplo: 0% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. A continuación se describen los cuatro tipos de incentivos vigentes para el sector forestal en Colombia y sus requisitos para que los proyectos forestales puedan declararse como Zona Franca. a. Extensión del Impuesto sobre la Renta: está exento todo aprovechamiento de plantaciones forestales nuevas (de enero del 2003 en adelante) al igual que el nuevo aserrío de las trozas de esas plantaciones. La exención del impuesto no tiene vigencia. Los requisitos son los siguientes:  Requisitos de exención para nuevas plantaciones: (i) registro de la plantación ante la Corporación Autónoma Regional; (ii) prueba de tenencia de la tierra o permiso de explotación de la plantación; (iii) certificado expedido por la Corporación indicando que se trata de una plantación nueva; y (iv) un certificado de un contador haciendo constancia de los ingresos obtenidos por la venta del producto.  Requisitos para nuevos aserríos: (i) facturas de compra del nuevo aserradero y su maquinaria que fue comprado antes del 1 de enero del 2003; (ii) contrato de compra-venta del producto entre el propietario de la plantación y del aserradero; (iii) un certificado de un contador haciendo constancia de los ingresos obtenidos por la venta de los productos del aprovechamiento. b. Certificado de Incentivo Forestal (CIF): es un subsidio monetario del estado que reconoce el 50% de la inversión en especies introducidas y un 75% en especies nativas para financiar el establecimiento y manejo de la plantación. Ese incentivo se da a partir del segundo año de establecida la plantación. Este tipo de subsidio no es compatible con los beneficios tributarios, ni con otros del estado. En el 2009, solamente el CIF disponía de aproximadamente unos US $7,000,000 para subsidiar la reforestación en el país (PROEXPORT 2010). A lo largo de 16 años, el CIF, con su política de “participación ciudadana”, ha contribuido con suficientes fondos para el establecimiento de unas 173.950 ha a nivel nacional, incrementando los beneficios ambientales y sociales en Colombia. Entre 1995 y el 2011, el gobierno invirtió $251.758 millones de pesos colombianos de inversión en el CIF (PROEXPORT 2010). Los siguientes cuadros dan una idea de los valores pagados por el CIF por hectárea:

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Tabla 3 Valores para el establecimiento de Plantaciones según el origen de la semilla (US$/ha para el año 2009): Valor promedio Nacional de Porcentaje del Valor a Pagar por Establecimiento los Costos Totales Netos Incentivo (%) Incentivo Forestal Especie 827.829 75.00 620.86 autóctona Especie 827.82 50.00 413.19 introducida Tabla 4 Valores por hectárea del CIF para el mantenimiento de la plantación (US$/ha para el año 2009): Valor Promedio Nacional Porcentaje Del Valor A Pagar Por El Mantenimiento De Los Costos Totales Incentivo Incentivo Forestal Netos Año 2 221.89 110.94 Año 3 156.85 78.42 50 Año 4 99.86 49.93 Año 5 188.29 94-14

c. Ley para Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con Fines Comerciales (Ley 1377 del 2010): esta ley define y reglamenta los cultivos agroforestales con fines comerciales en los siguientes aspectos:  Registro de la plantación: ante el Ministerio de Agricultura, de lo contrario su aprovechamiento podría ser obstaculizado por una entidad pública.  Libre siembra, manejo, aprovechamiento y procesamiento: no se requiere la autorización de las autoridades correspondientes para llevar a cabo esas labores cuando se trata de plantaciones forestales comerciales y que estén debidamente registradas, como se menciona en el punto anterior.  Vuelo forestal: la ley establece que el vuelo forestal puede servir como una garantía bancaria. d. Zona Franca Uni-Empresarial de Bienes: estas son zonas para que una sola empresa, incluyendo una de índole forestal, solicite la declaratoria de zona franca al área donde desea instalar su empresa. Es decir, los proyectos agroforestales pueden instalar sus plantas de procesamiento en una Zona Franca Uni-Empresarial, para lo cual debe invertir US$3,8 (FIDUCOLDEX 2009) millones y generar por lo menos 150 empleos. El número de empleos puede disminuir en 15 por cada US$5.0 millones adicionales que se haga a la inversión. Beneficios de la Zona Franca: (i) tasa única (15%) del ISR gravable; (ii) exención del pago de gravámenes aduaneros; y (iii) exención del IVA para materias primas, insumos y bienes que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de la Zona Franca.

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Las plantaciones deben tener una densidad de 1000 árboles/ha o más.

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Tabla 5 Costos promedio de Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones Forestales (2012) Especie Costo Total de Mmto10/ha

Eucaliptus 2,182,466

Pino 2,107,92 9

Teca

Acacia

2,272, 071

1,729,22 8

Gmelina 2,436,027

Valor CIF 2012 % cubierto por el CIF

41.3

Mmto Año 1

522,817

503,147

Mmto Año 2

652,471

596.979

Mmto Año 3

532,768

536,856

Mmto Año 4

442,309

331,429

f.

2,150,366

1,968,41 0

38.3 496,8 80 659,7 02 486,3 17 286,3 35 1,929, 233

50.3

35.7

35.7

325,740

580,807

395,720

564,337

619,020

813,380

506,595

421,452

265,200

1,922,68 5

526,014

304,288 1,925,568

186,800 1,661,10 0 700,849 42.2

Valor CIF 1,739,7 08 1,739,7 08 100 466,37 6 329,67 4 209,88 6 395,76 2 1,401,6 98

Valor CIF 2012 % cubierto por el CIF Subtotal establecimiento + mmto Años 1 al 4 Costos/ha de mmto Años 5 en adelante

32.6

35.6

36.3

36.5

36.4

4,332,832

4,076,33 9

4,201, 303

3,651,91 3

4,361,595

4,094,97 0

3,141,4 06

2,157,62 5 5,809,53 8

836,000

N.A.

5,210,974

2,157, 625 6,358, 928 903,0 20

1,366,198

Total costos Ciclo/ha

2,056,36 6 6,132,70 5

5,727,793

4,930,97 0

N.A.

464,763

333,294

488,631

N.A.

7,261, 948

6,274,30 1

6,061,087

5,419,60 1

N.A.

Admin + Asistencia Téc. Total costos Ciclo/ha + Administración + Asistencia Téc.

e.

869,854 39.9

Subtotal Mmto

Ceiba Roja 2,433,87 0

878,142

340,047

406,470

5,551,021

6,539,17 5

“Plan Vallejo” o sistema importación y exportación de bienes capital exentos de arancel: Amparándose en este plan, el interesado puede importar esos bienes y se le exime del pago del arancel de aduanas y se suspende el IVA. El requisito principal para someterse a este plan es que el propietario que solicite el plan, debe exportar 1.5 veces el valor FOB del bien del capital importado. También existe este el Plan Vallejo para la importación de insumos y materia prima bajo el cual la persona puede importar insumos y materia prima sin pagar el IVA y el arancel. Pero debe exportar el 60% de los bienes producidos con esa materia. Contratos de estabilidad jurídica: Colombia ofrece al inversionista nacional o extranjero, incluyendo el agroforestal, contratos que les garantiza la inversión para que el inversionista se sienta seguro y estable en el país y que su permanencia sea por mucho tiempo. La inversión debe ser mayor a los US$1.8 millones por una duración de entre 3 y 20 años.

La Ley del Primer Empleo (No. 1429 del 2010) Este es otro mecanismo más que el país ofrece para incrementar la producción, incluyendo la agroforestal, es el programa “Ley del Primer Empleo”. Aunque pareciera que el objetivo principal de esta ley es reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 28 años y los recién 10

Mmto = mantenimiento

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graduados, también es cierto que fomenta el manejo de bosque y de plantaciones forestales por los incentivos que ofrece. La ley da incentivos a pequeños y medianos tributarios en el pago de impuestos sobre la renta, matricula mercantil y su renovación; además que les da acceso a préstamos para financiar sus proyectos. La ley prevé que el empresario no paga el impuesto los primeros dos años; en el tercer año paga el 25%, 50% en el cuarto, 75% en el quinto y 100% del sexto en adelante11. Sin embargo, la FAO (2011) reporta que el sector forestal en Colombia tenía en ese entonces unos 25,000 empleados. Mecanismos de Fomento del Manejo del Bosque Natural Una revisión de la bibliografía revela que la tendencia en Colombia es incentivar el establecimiento y manejo de plantaciones forestales, especialmente para aquellas con fines comerciales, en lugar del bosque natural. Sin embargo, hay algunas alternativas: a. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO): es un banco de segundo piso del sector agropecuario de Colombia. Financia actividades agropecuarias mediante la canalización y administración de fondos a través de sistema financiero. Complementa el uso del crédito con el otorgamiento de garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías y trabaja de cerca con el CIF. Aunque su regulación no está muy clara y por el hecho que tiene relación con el CIF, podría financiar actividades relacionadas a la agroforestería o silvopastoril. Los créditos que FINAGRO pueden ser como capital de trabajo, para inversión o para normalización de cartera. b. Créditos bancarios: este mecanismo ofrece dos líneas de descuento a través de FINAGRO que son dirigidas al sector forestal, principalmente para plantaciones forestales y clasificadas como inversión para siembra de “bosques forestales” y sostenimiento de “bosques forestales”. Esta definición deja a interpretación sobre si el crédito aplica o no a bosques naturales. c. Bonos Forestales: este dispositivo financiero fue creado por la Ley 26 de 1977 cuando existía el Fondo Financiero Agropecuario, y es administrado por el Banco de la República. FINAGRO lo maneja a partir de 1990 cuando el fondo fue descontinuado. A través de las Líneas de crédito de FINAGRO, con las tasas de interés fijadas por el fondo12 se pueden financiar toda clase de proyectos productivos como cultivos comerciales (forestales, sistemas silvopastoril) adecuación de tierras para actividad forestal, maquinarias y equipo forestal, infraestructura para agroindustria y comercialización de productos agropecuarios. Los plazos contemplados en el Manual de Servicios de FINAGRO para los cultivos son según el ciclo vegetativo de los mismos o de acuerdo al flujo de caja de la actividad y la financiación es hasta el 80% sobre el valor de la inversión. Colombia ha tenido fondos regionales pero está claro que la intención ha sido la inversión en la reforestación con nada o poco para el bosque natural. Algunos de estos fondos:

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Se trató por varios medios de averiguar cuántos empleos había generado esta ley en el sector forestal y no fue posible. Sin embargo una opinión personal de un experto colombiano en materia laboral, me dijo que “honestamente tengo la impresión de que deben ser muy pocos los empleos nuevos en el sector forestal que uno pueda asociar con la Ley del Primer Empleo”. 12 Hasta un 7% para pequeños productores y hasta un 10% para los medianos y grandes productores.

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a. Programa de Reforestación en las Zonas Carboníferas de Colombia-PRECA (actualmente concluido): Tenía como meta reforestar unas 20,000 ha en zonas de influencia de la minería del carbón. Esto se desarrollaba a través del Certificado de Incentivo Forestal del Carbón, mediante el cual ECOCARBÓN aportaba el 75% de los costos totales de inversión de establecer y manejar la plantación hasta el 5to año y el 25% restante de la inversión lo aportaba el beneficiario. Este último, debía colocar su inversión al inicio, para luego recibir al final el 100% de la plantación establecida. b. Fondo de fomento forestal del Departamento de Antioquia: el 100% del financiamiento provino del presupuesto general del Departamento y tenía como meta establecer unas 4000 ha en plantaciones. Fondo Para La Conservación De Bosques Tropicales En Colombia (Fuente: De Camino y Morales 2013) El Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales es subsidiado por canje de deuda en el 2004 enmarcado en el Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales (TFCA)13 suscrito por Colombia y los Estados Unidos de América y por Conservation International, The Nature Conservancy (TNC) y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Mediante este canje, el Gobierno de Estados Unidos le asignó al país US$7 millones para reducir o reestructurar la deuda de Colombia. Las tres ONG’s canalizaron recursos privados para adquirir una porción de deuda mediante una contribución financiera total de US$1.4 millones. Colombia, por su parte, sustituyó una porción de su deuda bilateral en dólares con los Estados Unidos y realizó pagos en pesos colombianos para crear el fondo forestal del TFCA. Con este mecanismo se proyectó generar aproximadamente US$10 millones para la conservación y protección de ecosistemas forestales. El acuerdo fue por 12 años. Estos recursos forman un fondo forestal compuesto por dos cuentas: donaciones (US$5 millones) para financiar proyectos de ONG’s y comunitarias en las áreas forestales priorizadas; y una cuenta patrimonial (US$5 millones), destinada a generar rendimientos financieros para repotenciar la cuenta de donaciones, apalancando así la sostenibilidad financiera de largo plazo. El último pago será hecho por el gobierno colombiano en el 2016. Los dos gobiernos y las ONG’s aprovecharon la institucionalidad existente en el país para otorgarle al Fondo Acción que se encarga de administrar este fondo forestal producto de canje de deuda del TFCA. El Fondo Acción es una fundación privada colombiana de interés común, sin ánimo de lucro, y fue creada por el Gobierno de Estados Unidos en acuerdo con el Gobierno de Colombia en el 2000. Fue concebido originalmente como un fondo fiduciario para la conservación, con el objeto exclusivo de administrar el canje de deuda de la Iniciativa de las Américas. En 2004 su objeto misional fue ampliado para permitir la administración de un segundo canje de deuda creado bajo el Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales; el Fondo Acción también fue facultado para crear y operar nuevas cuentas y fondos con aportes de terceros.

13

Tropical Forest Conservation Act, TFCA.

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En la actualidad el Fondo Acción administra un sistema con varias cuentas constituido por cuentas patrimoniales (US $42 millones) y cuentas extinguibles (US $16 millones), creadas con aportes de donantes internacionales, fuentes multilaterales, empresa privada e individuos. Pagos por Servicios Ambientales: 

Proyecto Forestal para la Cuenca del Río Chinchina (Fuente: Acosta y Muñoz 2005) Proyecto con horizonte de 20 años que termina en el 2021. El origen de los recursos es el recaudo en un 10% de la facturación por la prestación del servicio de acueducto que efectúa Aguas de Manizales con destino a PROCUENCA14. Al final de proyecto se estima haber establecido unas 7500 ha de plantaciones de especies nativas e introducidas de valor comercial con las cuales se da inicio a un proceso de restauración de la cobertura vegetal en el área. Con un horizonte de 20 años, algunas de las metas del proyecto son las siguientes:     

Manejo sostenible para la conservar 15.000 has. de bosques naturales existentes en la cuenca; Establecer 15.000 has. de plantaciones forestales comerciales; Implementar corredores biológicos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; Fortalecer y consolidar el encadenamiento productivo en el sector forestal regional; Generar 1.500 empleos rurales permanentes.

Los beneficiarios directos son los propietarios que vinculen sus tierras a las metas del proyecto y que sean miembros de la Asociación de Productores Agroforestales de Caldas. Los indirectos están dentro de la sociedad que recibirá los bienes y servicios de los ecosistemas manejados en la cuenca. Ejemplo de un Esquema de Pago por los Servicios Ambientales en Colombia Fuente: Blanco (s.f.) Proyecto: CIPAV – Río la Vieja (2001 - 2006) Nombre dl Proyecto: “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas”. Descripción: Financiamiento del Fondo Mundial Ambiental (GEF) a través del Banco Mundial. El proyecto tenía un alcance regional: Colombia, Costa Rica y Nicaragua. Su objetivo era mejorar el funcionamiento ecosistémico de pasturas en los tres países, a través del desarrollo de sistemas silvopastoriles intensivos que brindaran servicios ambientales globales (biodiversidad y carbono) y beneficios socioeconómicos locales. Monto Total: US$8.4 millones: USD $4.5 millones del GEF y una contrapartida de US $3.9 millones. Ente Ejecutor: El Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV). Ejemplo de algunos PSA: Anualmente se monitorea la finca para determinar los cambios en el uso del suelo (con respecto a una línea base de puntaje diseñado por el proyecto). Una vez certificados estos cambios, se pagaba US$75 a US$110 por año (hasta máximo 4 años) por finca y un bono extra por punto adicional a la línea base: El pago máximo por finca establecido por el proyecto fue de US$6,500 por año, por finca.

14

PROCUENCA es un proyecto de desarrollo sostenible producto de un convenio entre la FAO y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales por iniciativa de su alcaldía y como parte integral de los Planes de desarrollo de las don municipalidades anteriores.

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La distribución y retorno de los resultados se ha hace a la final de del ciclo de la plantación: (i) se deduce primero los aportes que con anterioridad había dado la Corporación de Desarrollo de Caldas (CDC), en base al índice de precios al consumidor, IPC; (ii) La FAO recibe un 5% sobre los aportes hechos por CDC. En caso de utilidad o pérdidas la distribución será así: hasta un 5% para la CDC, sin que supere los 5% del valor invertido, con recursos de la CDC, provenientes de la FAO, actualizado según el índice de precios al consumidor. El porcentaje restante, es para el propietario y el monto a la CDC se pagará en efectivo. Tabla 6 Exoneración del Impuesto Predial según la zona (2004) ZONA ALTA Msnm Total Promedio Máximo Mínimo

Área del Predio (ha) 1,697 424.32 761.5 41.09

Total Impuesto Predial Anual (US$) 1,700 426.00 1,074.00 96.00

ZONA CAFETALERA Exención por Hectárea (US$) 1.00 1.00 1.40 2.3

Área del Predio (ha) 317.68 22.69 84.00 2.30

Total Impuesto Predial Anual (US$) 1,095.00 84.00 429.00 2.52

Exención por Hectárea (US$) 3.45 3.80 5.1 1.1

Cambio Climático y REDD+ Colombia tiene una larga tradición de manejar su bosque con proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio. La lista que aparece en el cuadro anterior muestra ciertos proyectos bajo esta modalidad que igualmente, de una forma u otra, tienen que ver con la mitigación de gases efecto invernadero y cambio climático. El país cuenta con una estrategia REDD+ para responder al cambio climático. Con esta estrategia, se trata de eliminar la deforestación de los bosques naturales, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades locales, identificar y manejar los posibles riesgos ambientales y sociales, y, mejorar los beneficios que son generados por el proceso de preparación e implementación de la Estrategia Nacional REDD+; previendo el desarrollo de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA, por su nombre en inglés)15. Colombia como miembro del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), le corresponde a su Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderar dicha evaluación que contempla la participación de todos los actores relacionados con los bosques y que busca garantizar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales, como criterios mínimos y mecanismos de protección de derechos de las comunidades y del ambiente. Según la FAO (2011) el potencial de existencia de carbono en los bosques de Colombia es de una 112 t/ha. Pero ésta ha experimentado una disminución anual del 11% entre 1999 y el 2010. El cuadro previo muestra un buen ejemplo de cómo un país puede captar fondos por medio del programa REDD+ para el manejo, conservación y uso sostenible de sus bosques.

15

SESA es un proceso que permite que las comunidades y otros actores claves participen apoyado la fase de preparación de la Estrategia Nacional REDD con enfoques analíticos y participativos que permiten integrar consideraciones sociales y ambientales en el marco de las políticas y programas, y evaluar sus interrelaciones, institucionales, económicas y políticas.

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Sistema de Exoneración del Impuesto Predial Aplicado por PROCUENCA Fuente: Blanco (s.f.)

PROYECTO PROCUENCA

PROCUENCA promovió el acuerdo del Consejo Municipal de Manizales Nº 531 del 31 de Julio del 2002, por medio del cual se exonera el pago del impuesto predial a aquellos propietarios que adoptaran modelos de usos eficientes, económicos y amigables con el medio ambiente, promoviendo sistemas de plantación agroforestal, silvopastoril en bloques y/o en franjas, que sean compatibles con las actividades agropecuarias existentes. La base de la exoneración depende del porcentaje de cobertura boscosa del predio la cual es diferencial, según la localización y la elevación sobre el nivel del mar del predio. Las condiciones para acceder a la exención son: (a) que el predio se encuentre en zona rural; y, (b) que mantenga la cobertura requerida. Fomenta el desarrollo de las servidumbres ecológicas como una herramienta para ayudar a recuperar áreas de vulnerabilidad ambiental en zonas de propiedad privada o pública mediante limitaciones al uso del suelo para garantizar que estas áreas pueden cumplir mejor su función en la generación de servicios ambientales, buscando un beneficio colectivo. El proyecto busca incentivar los procesos de reconversión de uso de la tierra como medida compensatoria, para los propietarios privados, por los esfuerzos realizados y para motivar la decisión de modificar los sistemas productivos actuales, introduciendo modelos mixtos que permitan cambiar las condiciones de cobertura vegetal con estructuras que favorezcan el tránsito de especies responsables de intercambio genético.

Certificación Forestal El propietario de una operación de manejo de bosque que se somete voluntariamente a un proceso de certificación es porque desea que las labores llevadas a cabo sean reconocidas ante sus clientes y la sociedad en general, y por lo tanto, contempla y aplica los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Además de que su producto forestal se podrá vender a mejor precio en el mercado internacional. La certificación ayuda a combatir la tala ilegal del bosque. Tabla 7 Portafolio de Proyectos MDL en Colombia (2007) (Fuente: Cardona 2008): Proponente del Proyecto San Nicolás PROCUENCA-FAO CORMAGDALENA ASORPAR Parques Nacionales CIAT.CVS.CORPOICA BOLIVAR-PIZANO CAM

Nombre del Proyecto Implementación de sistemas forestales dentro del plan de manejo sostenible y participativo en la región San Nicolás Proyecto forestal para la Cuenca del Río Chinchiná: una alternativa ambiental y productiva para la ciudad y la región Estrategia para el establecimiento y financiación de los proyectos forestales productivos por CORMAGDALENA en las zonas del Magdalena Bajo seco y del canal del dique El MDL en un plan piloto de reforestación en el Bajo Cauca Antiqueño y Arauca Manejo sostenible de los recursos forestales e hídricos y de la biodiversidad en la estrella fluvial y Parque Natural Paramillo Recuperación de áreas degradas mediante sistemas silvopastoriles y reforestación de tierras marginales en las sabanas del Caribe colombiano Recuperación de tierras degradadas por la ganadería extensiva y creación de opciones productivas para la población Recuperación de tierras degradadas y tierras abandonadas para proyectos forestales y agroforestales

27

8,730

Toneladas de CO2 estimadas 11,666,796

15,000

4,000,000

7,000

5,000,000

11,000

7,773,929

9,754

1,565,190

2,200

250,000

18,600

1,530,612

7,000

N/A

Área (ha)

Proponente del Proyecto ARGOS

PRODEPAZ

COVIANDES Café, Carbono; Corporación Aldea Global

Nombre del Proyecto Reforestación de tierras agrícolas y mejoramiento de calidad de vida de comunidades locales por medio de la generación de empleos y diversificación de productos Brindar una opción de desarrollo sostenible a familias que vuelvan a sus tierras después de ser desplazadas por la violencia y generación de material genético de árboles nativos Plantación de cultivos forestales y plantaciones protectoras para formar un corredor biológico y diversificación de productos a lo largo de la carretera Bogotá. Villavicencio Conversión de cultivos de café a café con sombra y reforestación de otros terrenos de uso agrícola

3,000

Toneladas de CO2 estimadas 881,418

13,857

1,216,593

7,500

1,344,149

3,000

871,765

Área (ha)

El interés de manejo de bosque en Colombia parece inclinarse mucho más al establecimiento y manejo de plantaciones forestales, principalmente para fines comerciales. El país cuenta con una serie de mecanismos que incentivan las plantaciones de bosques plantados, al grado que la superficie cubierta por plantaciones forestales aumentó de 137,000 ha en 1999 a 405,000 ha en el 2010 y una tasa de unas 15,000 ha anualmente, aunque se estima que el país tiene un potencial para unas 25 millones de hectáreas en plantaciones (FAO 2011). Por lo tanto es de interés nacional, tener más hectáreas de plantaciones certificadas como sea posible. Proyecto colombiano REDD+ “Corredor de Conservación Chocó-Darién” Fuente: Fog 2012 

 





Este año, el proyecto recibió el sello Estándar Verificado de Carbono (VCS, por sus siglas en inglés), uno de los más exigentes con que cuenta el mercado voluntario de bonos de carbono. Es el primer proyecto cuyos beneficiarios directos son comunidades afrocolombianas dueñas de títulos de tierra colectivos donde se encuentran los bosques. El proyecto que contempla unas 13.500 ha de bosque húmedo en el nordeste de Colombia, recibió la certificación VCS por reducir la deforestación, evitando emitir unas 100,000 toneladas de carbono en menos de dos años. El proyecto demuestra en forma clara el importante papel que juegan las comunidades que dependen del bosque en la prevención del cambio climático y en la conservación de la biodiversidad. Parte de los recursos financiarán actividades del Plan de Etno-Desarrollo formulado por la comunidad dueña de los títulos, el cual beneficiará alrededor de mil familias que tienen un papel activo en el proceso, y otra parte de los recursos se invertirá en asegurar que el bosque no sea deforestado. En total, casi el 80% de los recursos son invertidos en la comunidad realizando las actividades para evitar deforestación y las actividades del plan de etno-desarrollo”. Otra parte del dinero generado irá a las comunidades, para implementar planes de apoyo a la educación básica, entrenamiento técnico para jóvenes y programas de salud. Un aspecto importante de este modelo es que en todo momento se ha respetado los derechos de la comunidad local, informándola y haciéndola partícipe para que tome las mejores decisiones en relación con sus modos de vida. El proyecto espera prevenir la emisión de más de 2,8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera durante 30 años.

Conclusiones El país está muy encaminado a combatir la deforestación y la destrucción del bosque en aplicación a su Estrategia Nacional REDD+ y así colaborar con los países más desarrollados a mitigar los efectos de los gases invernadero. Inclusive, la mayoría de los proyectos relacionados con pago por los servicios ambientales, están encaminados en esta última dirección, aunque la cantidad de proyectos forestales que existen en el país están orientados hacia el establecimiento de plantaciones para la venta de carbono. 28

4: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE COSTA RICA Marco Legal Costa Rica ha logrado grandes avances en materia de manejo del bosque natural y de plantaciones. Los logros obtenidos datan de muchos años y en cierta medida comienzan con la aprobación de la Ley Forestal N° 4465 de 1969, la cual dio inicio a los incentivos forestales y al sistema actual de pagos por servicios ambientales (PSA) en el país. En 1986 se aprueba la Ley Forestal N° 7032 que democratiza los incentivos en manejo de recursos, ampliando los incentivos de deducción del impuesto sobre la renta que ya existían desde 1979, y crea el Certificado de Abono Forestal (CAF) como incentivo directo a la reforestación y el Certificado de Abono Forestal para manejo de bosques (CAFMA) con énfasis en el aprovechamiento forestal. Sin embargo, con el tiempo de su aplicación se comenzó a cuestionar que a pesar de los beneficios que daba a los propietarios que establecieran plantaciones forestales, también indirectamente permitía el cambio de uso del suelo para diferentes propósitos, y no consideraba los bosques secundarios. Lo anterior provocó que en 1990 se revisará la ley y se creara la Ley Nº 7174. Esta nueva ley establece el requisito de planes de manejo para el aprovechamiento de productos forestales en general. También ratifica el CAF y el CAFMA y crea la figura de Regente Forestal que hace al profesional forestal responsable de ejecutar y hacer cumplir el reglamento y sirve como guía para la elaboración de los planes de manejo. Al crear la figura de regencia, que aún funciona, la labor del estado se resume a supervisar las operaciones y la labor del regente. Ante una disputa o cuestionamiento de la labor del regente, por ley la fiscalía forestal del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica debe intervenir y supervisar el trabajo de su colegiado, y, de encontrar fallas la sanción puede ser hasta una suspensión de su ejercicio o expulsión del colegio lo que le impediría ejercer su profesión en el país. En 1996 se cambia la legislación forestal anterior y se aprueba la Ley Forestal N° 7575 que en la actualidad sigue vigente. Esta nueva carta pone en veda permanente la práctica del cambio de uso y prevé una serie de subsidios a corto y mediano plazo; p. ej. establece el Certificado de Conservación de Bosques, el Pago de Servicios Ambientales (PSA) y la compra de madera por adelantado. En el reglamento de esta Ley, se afianza el Sistema Nacional de Certificación Forestal con la creación de la Comisión Nacional de Certificación Forestal. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) La idea del FONAFIFO empezó en 1990 cuando se promulgó la Ley Forestal No. 7174 y se elaboró su Reglamento mediante Decreto Ejecutivo No. 19886-MIRENEM. Luego, mediante la Norma No. 32 de la Ley No. 7216 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, se oficializó el fondo en 1991 y posteriormente mediante el Artículo 46 de la Ley Forestal No. 7575, publicado el 16 de abril de 1996, se creó oficialmente el fondo.

29

La misión de FONAFIFO es apoyar proyectos exitosos bajo condiciones de tasas de interés y plazos adecuados a la realidad forestal del país. De esa forma, el programa es una alternativa real de financiamiento para proyectos innovadores y con algún grado de riesgo. Se ha apoyado a cientos de productores forestales con créditos de diversas modalidades. FONAFIFO es el ejecutor oficial del Gobierno de Costa Rica del PSA que beneficia a pequeños y medianos propietarios de terrenos con bosque o de aptitud forestal, con el fin de promover el mantenimiento y la recuperación de la cobertura forestal del país. Los fondos que usa FONAFIFO provienen de varias fuentes: una parte del Presupuesto Ordinario de la República16, que en su efecto es un 3,5% del impuesto selectivo a los combustibles. Otros ingresos vienen del impuesto forestal17 y de ingresos generados según la Ley No. 8058 con la aprobación del Contrato de Préstamo entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), y Costa Rica. También, hay ingresos provenientes del contrato de aporte financiero del Gobierno Alemán a través del Banco KfW, ratificado mediante Ley No 8355. A nivel local, FONAFIFO recibe ingresos por las gestiones realizadas, tales como los convenios por protección de recursos hídricos efectuados con Energía Global S.A., Hidroeléctrica Platanar S.A., así como, los contratos de compra-venta de Servicios Ambientales firmados con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Florida Ice & Farm. FONAFIFO también capta fondos del sector privado usando un mecanismo financiero de mercado conocido como “Certificado de Servicios Ambientales” (CSA), para ulterior inversión en el PSA a propietarios de bosques que los quieran conservar. El CSA lleva a cabo tres campañas de captación de fondos de personas preocupadas por el medio ambiente:   

“Bosque Vivo”: ofrece al público la facilidad de hacer una donación al fondo a personas que deseen recuperar y proteger el bosque, asegurándose así los servicios ambientales; “Viaje Limpio”: para las personas interesadas en compensar las emisiones de gases efecto invernadero generadas por el uso de combustible fósiles por el transporte aéreo; “Agua Vital”: los que contribuyen a esta campaña, estarán apoyando la recuperación y protección de las cuencas hidrográficas del país, mediante la protección y regeneración de los bosques en ella.

Mecanismos e Incentivos para el Fomento del Manejo Forestal 

 

16 17

Certificado de Abono Forestal para Plantaciones: es un incentivo de deducción de impuestos sobre la renta; tiene valor nominativo y su intención es promover las plantaciones forestales con fines comerciales; Certificado de Abono Forestal por Adelantado: es dirigido a pequeños y medianos propietarios organizados interesados en reforestación; Certificado de Abono Forestal para Manejo de Bosque Natural: intencionado para promover el manejo del bosque, incluyendo su explotación comercial mediante la aplicación de prácticas apropiadas de silvicultura;

Según lo estipulado en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria No. 8114 en su Artículo 5. Según el artículo 43 de la Ley Forestal No. 7575.

30



Certificado de Certificado para Protección de Bosque: dirigido a promover el incremento del área y permanencia del bosque natural en áreas de importancia para producción de agua potable, áreas protegidas o corredores biológicos.

Crédito Forestal Basado en su misión, FONAFIFO, mantiene una línea de crédito para pequeños y medianos propietarios para cumplir con un mandato de la ley forestal. El Artículo 46 de la Ley Forestal No. 7575 dice que uno de los objetivos del programa es “financiar proyectos de forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque”. Los fondos para esta línea provienen de la recuperación de la cartera vigente y del 40% del impuesto forestal, según lo establece el artículo 43 de la citada Ley Forestal. Pago por Servicios Ambientales El PSA es un reconocimiento financiero por parte del estado a través de FONAFIFO a los propietarios de bosque y de plantaciones por los servicios ambientales que estos proveen. El PSA se aplica en áreas entre 2 y 300 ha para conservación, manejo y regeneración de bosque natural; y una hectárea o más para reforestación y su manejo. Las solicitudes se hacen a en las oficinas regionales del Ministerio de Ambiente y Energía y se canalizan a través de él, quien es un organismo financiero que canaliza los recursos y emite certificados para el PSA. Los montos a pagar por hectárea, las áreas donde aplica el mecanismo y los plazos máximos de aplicación son establecidos por el Poder Ejecutivo. Ese plazo es de 10 años y el subsidio se da proporcionalmente cada año dependiendo de las actividades programadas a través de ese periodo. Los beneficiarios que gocen del PSA están obligados a: (i) proteger el recurso contra los incendios forestales; (ii) prevenir y apoyar las labores de control de la cacería ilegal; (iii) no aprovechar los productos del bosque, en áreas declaradas de protección; (iv) apoyar al estado a realizar labores de investigación y educación ambiental en el área; (v) acatar las recomendaciones técnicas emitidas en este campo por el servicio forestal nacional y por el regente. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y por escrito. El programa de pago por servicios ambientales lo inició FONAFIFO en 1997 invirtiendo unos US$14,000,000 que ayudó a reforestar unas 6,500 ha, a someter a un régimen de manejo de unas 10,000 ha de bosque natural y a preservar unas 75,000 ha de bosques privados (OAS s.f.). Entre 1995 y 2013, FONAFIFO pagó un total de 146.074.001 colones costarricenses, de lo cual el CAF contribuyó con unos 15.172.260 colones y el resto por los distintos PSA18.

18

Fuente: Departamento Financiero Contable/ Unidad de Presupuesto de FONAFIFO -MINAE

31

Tabla 8 Montos por año y porcentajes asignados por los servicios ambientales (Fuente: Campos y Ortiz 1999): Superficie Incentivada

Actividad Conservación, manejo y regeneración del bosque natural Protección Reforestación Agroforestería

Total de US$/ha

Año y porcentaje (%) de pago anual/ha 1

2

3

4

5

2 – 300 ha

1,470.00

20%

20%

20%

20%

20%

2 – 300 ha No menos de 1 ha 350-500019

640.00 980.00 N/D

20%

20%

20%

20%

20%

50%

20%

15%

10%

5%

Por varios años, los porcentajes anuales del incentivo/ha que FONAFIFO daba se basaban en un valor fijo por hectárea por los años de contrato con el propietario; mientras que actualmente sólo se especifica el porcentaje, ya que los valores son revisados ocasionalmente y pueden ser ajustados (siguientes dos tablas). Tabla 9 Proyectos Financiados mediante Créditos (1987-2009) Actividad

Número de Proyectos

Reforestación Crédito puente Viveros forestales Manejo de Bosques Industria forestal Estudios técnicos Equipo de extracción Capital de trabajo Agroforestería Manejo de plantaciones ndustria forestal – plantaciones Otras TOTAL

177 197 84 20 106 64 3 45 8 11 4 230 940

Montos en Colones Aprobados 338,871,054 634,679,014 149,142,980 40,900,000 1,450,535,548 83,302,044 21,000,000 237,885,297 19,998,200 189,684,490 103,931,781 103,299,267 3,373,229,675

Tabla 10 Número de créditos y montos por subprograma y modalidad 2011 Cant. Subprograma Actividad 13 Fomento Productivo Establecimiento forestal 2 Fomento Productivo Mantenimiento plantación forestal 9 Fomento Productivo Procesamiento de madera plantación 2 Fomento Productivo Estudio de manejo de bosque 7 Fomento Productivo Protección del bosque 7 Industria Forestal Industria Forestal 40 Total Cant. 17 1 11 15 1 14 15 1 40

19 20

Subprograma Fomento Productivo Fomento Productivo Fomento Productivo Fomento Productivo Fomento Productivo Fomento Productivo Industria Forestal Comercio Forestal Total

Actividad Reforestación Viveros Manejo de plantaciones Procesamiento de madera de plantaciones Sistemas agroforestales Protección Compra de equipo Venta de equipo forestal

Árboles/ha y US$1.30 el valor de cada árbol. Colones Costarricenses.

32

Porcentaje del Total 10.05 18.82 4.42 1.21 43.00 2.47 0.62 7.05 0.59 5.62 3.08 3.06 100.00

Monto (Ccr20) 112,118,214.25 8,517,900.00 91,000,000.00 25,320,000.00 21,500,000.00 85,150,000.00 343,606,114.25 2012 Monto (Ccr) 161,966,894.00 1,800,000.00 100,623,105.46 183,924,621.76 8,000,000.00 40,000,000.00 103,828,000.00 20,000,000.00 620,142,621.00

Registro de Planes de Manejo La Ley 7174 determina que el plan de manejo forestal es una herramienta de planificación de actividades productivas y de conservación y que éste debe ser elaborado por un forestal debidamente registrado en su colegio profesional. La ley permite que un plan de manejo sea integrado, es decir, que se presente un único documento que contemple las diferentes modalidades (manejo del bosque, protección, reforestación) o un plan de manejo para varias fincas pequeñas pero de un mismo propietario o cercanas en un radio no mayor de cinco kilómetros. Pero la solicitud del pago se hace en forma separada por modalidad. El plan tiene una vigencia según su tipo y objetivo. Para reforestación, la duración es el turno de aprovechamiento de la especie; los planes para conservación y protección de bosques duran cinco años; para los que implican corta de árboles, el plazo del contrato forestal con el Estado, es de 15 años, en caso de existir PSA. El registro computarizado de los planes permite al Estado saber en forma expedita información sobre: cuánta superficie de bosque está bajo manejo y en qué región; quiénes son los propietarios; en qué etapa del manejo se encuentra el bosque; cuántas cuotas de manejo o de reforestación deben reservarse para años venideros; cuánto incentivo se ha dado y cuánto está por darse, etc. Tabla 11 Distribución de los Pagos de los Servicios Ambientales del 201321 Modalidad del Manejo Manejo de bosque Protección del bosque Protección dentro Áreas Silvestres Protegidas Protección de recursos hídricos Protección de vacíos de conservación Regeneración de potreros en tierras Kioto o Carbono Regeneración de potreros Regeneración con potencial productivo Reforestación Reforestación en áreas de protección Reforestación con especies en vías de extinción Segundas cosechas Sistemas agroforestales Sistemas agroforestales con café Sistemas agroforestales con especies en vías de extinción Sistemas agroforestales con especies nativas

Porcentaje por año (%) 4 5 6 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Monto/ha (US$)22 500.00 640.00

1 10 10

2 10 10

3 10 10

640.00

10

10

10

10

10

10

10

800.00 750.00

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

410.00

10

10

10

10

10

640.00 410.00 980.00 980.00

10 10 50 50

10 10 20 20

10 10 15 15

10 10 10 10

10 10 5 5

1,470.00

9 10 10

10 10 10

10

10

10

10 10

10 10

10 10

10 10

10

10

10

10

10

10 10 -

10 10 -

10 10 -

10 10 -

10 10 -

-

-

-

-

-

980.00 1.3023 1.30

65 65

20 20

15 15

-

-

-

-

-

-

-

1.95

65

20

15

-

-

-

-

-

-

-

1.30

40

15

15

15

15

-

-

-

-

-

21

Según se aprecia en las estadísticas de la página Web de FONAFIFO, estas modalidades de manejo y valores son muy similares a los de años anteriores, no así los valores/ha. 22 Fuente: Portal Web de la Oficina Nacional Forestal (ONF) de Costa Rica 2014 23 Valor por árbol incorporado al sistema agroforestal.

33

Compra de Madera por Adelantado Esta modalidad, cuyo objetivo principal era promover el manejo del bosque natural y de plantaciones, fue diseñada por primera vez en Costa Rica por la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica (FUNDECOR). Con su aplicación, se pretendía mejorar el flujo de caja de los dueños de bosques naturales productivos y de plantaciones forestales jóvenes, para hacer la actividad de siembra de árboles más atractiva en relación a otros usos de la tierra y evitar el cambio de uso del suelo por falta de liquidez del propietario. FUNDECOR logró firmar un préstamo de US$500,000 con el International Finance Corporation del Banco Mundial para implementar el proyecto "Compra de Madera por Adelantado". Por medio del proyecto, se le otorgan ingresos económicos al propietario del recurso antes del año establecido de corta, definido en el plan de manejo. Tabla 12 Distribución de áreas contratadas en Osa, por año y por modalidad (período 1997-2012) Fuente: FONAFIFO 2012 Año

Protección de Bosques

Manejo de Bosques

Reforestación

Plantaciones Establecidas

Regeneración Natural

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

88,830.00 47,804.00 55,776.00 26,583.00 20,629.00 21,819.00 65,405.00 71,081.00 53,493.00 19,972.00 60,567.00 66,474.00 52,017.70 59,644.50 65,967.30 62,276.00 838,339.00

9,325.00 7,620.00 5,125.00 3,997.00 1,999.00 309.70 478.60 196.50 29,050.80

4,629.00 4,173.00 3,156.00 2,457.00 3,281.00 1,086.00 3,155.00 1,551.00 3,602.00 4,586.70 5,070.90 4,083.30 4,017.50 4,185.40 4,116.40 4,252.20 57,408.40

319.00 724.00 -205.00 1,248.00

279.30 755.10 1,660.00 1,500.20 1,274.60 2,309.80 1,204.50 8,983.50

Total Hectáreas 102,784.00 59,916.00 64,781.00 29,040.00 27,907.00 24,904.00 68,765.00 72,638.00 57,095.00 24,838.00 65,638.40 72,217.30 57,535.40 65,414.20 72,872.10 69,929.20 934,274.60

Sistemas Agroforestales 97,381.00 412,558.00 513,684.00 380,398.00 541,531.00 656,295.00 370,187.00 536,839.00 598,683.00 569,579.00 4,677,135.00

Número de Contratos 1,200.00 597.00 622.00 271.00 287.00 279.00 672.00 760.00 755.00 619.00 1.180.00 1,103.00 796.00 1,111.00 1,130.00 1,146.00 12,528.00

En el caso de plantaciones, el proyecto incluía plantaciones comerciales, de tres o más años de edad, con turnos de corta de 15 años y una producción proyectada a 200 m3 de madera en rollo como cosecha final. El propietario comprometía entre un 20 y un 40% de la cosecha final y a cambio recibiría pagos anuales entre US$51.00 - US$471/ha plantada. No se hacían pagos anuales después de los 11 años de vida de la plantación. En cuanto a los proyectos de manejo, se ofrecía comprar toda la madera autorizada en el permiso oficial como primera cosecha y se le daba al propietario del bosque un adelanto del 15 - 20% del valor promedio de mercado de la madera a extraer. Esto podía equivaler entre US$75 - US$125/ha (1999). A cambio FUNDECOR vendía la madera en una subasta pública en busca del mejor precio. Una vez adjudicada la madera, la fundación le reintegraba todo el dinero transado al propietario. A tres años de inicio del proyecto, se tenían contratos firmados con 27 propietarios de plantaciones, representando un volumen de unos 1,500 m³ y unos 26 de bosque para manejo.

34

Tabla 13 Pagos anuales por hectárea según el porcentaje de compra. Fuente: FUNDECOR 2012 y Revista Forestal Centroamericana s.f. Compra del 40% de la Cosecha Compra del 20% de la Cosecha Futura Edad de la # de Futura Plantación Pagos Monto Mínimo Monto Máximo Monto Mínimo Monto Máximo (Años) Anuales (US$/ha) (US$/ha) (US$/ha) (US$/ha) 3 9 46.3 70.7 92.6 141.5 4 8 55.3 84.5 110.6 168.9 5 7 76.0 102.4 134.0 204.8 6 6 82.9 126.6 165.7 253.2 7 5 105.3 160.9 210.6 321.7 8 4 139.2 212.7 278.4 425-4

Certificación Forestal La certificación en Costa Rica, como en otros países, se ve como un componente del manejo forestal sostenible que le asegura a los proveedores y compradores de productos forestales, que al adquirirlos están promocionando la sostenibilidad del manejo del bosque y su biodiversidad. Sin embargo, todo parece que en Costa Rica, la certificación no ha tenido el auge esperado ya que a la fecha -según la Oficina Nacional Forestal y el FSC, el país sólo cuenta con 12 casos certificados para un total de 30,159 ha. Cambio Climático y REDD+ Costa Rica negoció por primera vez el secuestro de carbono (o Implementación Conjunta) con Noruega en 1996. El país emitió bonos de carbono (o bonos de compensación) monetaria por US$2 millones. Noruega compró un servicio de secuestro de 200 mil toneladas que durará 25 años, mediante proyectos de conservación en los bosques de Costa Rica y reforestación. Existe una segunda transacción con el Gobierno de Holanda para la reducción de 500 toneladas de gas metano mediante el tratamiento anaeróbico de los desechos del café. Además, el Gobierno de Holanda reforestó unas 80 hectáreas. Por esta acción, Holanda recibió un BCM por ambas inversiones24. Estos dos ejemplos demuestran como un país puede aprovechar la coyuntura para la obtención de fondos para el manejo y conservación y al mismo tiempo colaborar en reducir los gases invernadero. Costa Rica tiene un proyecto REDD+ financiado por Noruega cuyo objetivo es analizar la información disponible y los vacíos de conocimiento en el país, necesarios para demostrar los múltiples beneficios que se pueden derivar de las iniciativas REDD+. Un segundo objetivo es evaluar cómo y dónde las actividades REDD+ en Costa Rica pueden tener mayor impacto positivo en la mejora del estado de los ecosistemas, sus servicios y sus implicaciones sobre el bienestar humano. El proyecto también espera proponer acciones REDD+ Costa Rica que contribuyan a la adaptación al cambio climático de los principales ecosistemas forestales de Costa Rica.

24

El BCM (o Credit Tradable Offsets) es un mecanismo financiero que se puede transferir o vender en el mercado internacional. Quién los compre, estaría pagando por servicios del bosque en Costa Rica.

35

Ejemplos de Aportes de Costa Rica a REDD+ El país lleva muchos años desarrollando programas tendientes a detener la deforestación. A continuación se mencionan solo algunos ejemplos concretos: a. Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que cubren el 30% del país. b. Programa de PSA como una política del estado para la recuperación de la cobertura forestal; por ej., cuando el programa apenas tenía pocos años de funcionar ya la cobertura forestal había cambiado de un 21% en 1987 a un 51.4% en el 2005. c. De 1997 al 2008, el PSA ya tenía sometidas unas 700,000 ha de bosque de las cuales el 85% era para protección. d. Ha controlado el cambio de uso de la tierra. e. Implementa su estrategia nacional de lucha contra la tala ilegal. f. Más de 58,000 ha colocadas en terrenos indígenas. g. Creación de CSA como un instrumento financiero para REDD+ dirigido al mercado voluntario detallista que ha generado varios millones de dólares e involucrado a muchas empresas, personas físicas y ONG entre otras. h. Igualmente tiene su estrategia para el cambio climático. i. Tiene un inventario forestal. j. Y un Plan Nacional de Desarrollo Forestal, entre otros. Como miembro del Comité de Participantes del FCPF, Costa Rica presentó una idea de proyecto (PIN) que al ser aprobada obtuvo en donación unos US$200,000 para preparar el Plan de Preparación el cual es requisito para acceder una segunda donación de US$3.8 millones25. Todos estos esfuerzos han resultado es que en septiembre de este año 2013, el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial/FCPF anunciaron un compromiso para la compra de un Acuerdo de Pago Para la Reducción de Emisiones (ERPA) para REDD+ por un valor que podría llegar a los US$63 millones). Los fondos se usarían para apoyar al país en sus programas de conservación, restauración de tierras degradadas y la expansión de sistemas agroforestales con el objetivo de reducir las emisiones de gases efecto invernadero y aumentar el secuestro de carbono en unas 340,000 ha de tierras privadas y de indígenas.

Conclusiones Costa Rica ha tenido éxito en el establecimiento de plantaciones y en el manejo del bosque natural. En gran medida eso se debe a que años atrás el gobierno descentralizó esas actividades, creando el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que desde su fundación ha venido trabajando con pequeños y medianos propietarios de tierras con incentivos para promover la reforestación y el manejo del bosque natural. A pesar de eso, el sistema no ha dejado de tener sus debilidades, una de las cuales es que debido a la falta de supervisión de parte del estado, el país ha tenido que aprender de sus errores del pasado e ir mejorando los actuales. Adicionalmente, las mismas leyes en cierta medida (por ej., exoneración de impuesto al inicio), contribuyeron en un tiempo a que los

25

Estrategia REDD para Costa Rica: conservación, manejo y recuperación de los bosques para la consolidación de más de 10 de mitigación de impactos ambientales, sociales y económicos ante el cambio climático.

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esfuerzos iniciales de reforestar el país no hayan tenido el éxito esperado, y, hoy en día la mayoría de esas plantaciones no se encuentran localizadas, debido a que fueron abandonadas y sucumbieron. En otros casos, algunas de las flaquezas de la ley forestal fue el cambio de uso del suelo. Parte del crédito del éxito de la reforestación y del manejo del bosque en el país no se debe solamente a la “descentralización”. También se debe a la “era moderna” de gobernantes quienes han demostrado un verdadero apoyo y compromiso político y legislativo hacia la actividad lo que ha hecho que FONAFIFO se haya fortalecido tanto institucional como financieramente, permitiéndole extender sus programas. La preocupación y el involucramiento del sector privado y de las ONG’s, también han sido ingredientes claves para el éxito de los programas forestales en el país. Actualmente, los resultados de FONAFIFO demuestran que los incentivos forestales son eficientes y necesarios para la reforestación y el manejo del bosque natural en la región.

37

5: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE ECUADOR Marco Legal En 1999, el Ministerio del Ambiente aprobó la “Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable de Ecuador”. Mediante este mecanismo, el país implementa una nueva política forestal nacional, promoviendo el uso de los bienes y servicios ambientales de los bosques y la madera, a niveles de intervención que aseguren su permanencia y su regeneración natural. El objetivo principal de esta estrategia es descentralizar la gestión forestal. Reformas del marco legal Para poner en marcha la nueva política forestal, el ejecutivo promulgó el Decreto Nº 346 en abril del 2000, introduciendo cambios sustanciales al Reglamento de Aplicación de la ya existente: Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre26. Un aspecto especialmente importante e innovador de esta reforma fue la incorporación de los siguientes criterios básicos de manejo forestal sustentable en el marco legal que rige el sector forestal del Ecuador: sustentabilidad de la producción, mantenimiento de la cobertura boscosa, conservación de la biodiversidad, corresponsabilidad en el manejo, y reducción de los impactos ambientales y sociales negativos. Conforme a estos criterios, el Ministerio del Ambiente emitió la Normativa para el Manejo Forestal Sustentable (Resolución Ministerial de julio del 2000), mediante la cual se le permite a la autoridad forestal controlar las actividades de extracción en el bosque sobre la base de indicadores verificables correspondientes a cada uno de esos criterios. En septiembre del 2004, se emite una nueva Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre de Ecuador. El Capítulo IX de esta ley se refiere específicamente a los incentivos. El artículo 54 menciona el incentivo al manejo forestal en forma de exoneración del pago del impuesto a la propiedad rural a “las tierras forestales cubiertas de bosques o vegetación protectores naturales o cultivados, las plantadas con especies madereras y las que se dedicaren a la formación de cualquier clase de bosques que cumplan con las normas establecidas en esta Ley”. La Dirección Nacional de Avalúos y Catastros hace la apreciación y determina el impuesto para aplicar dicha exoneración. El artículo 55 menciona que las empresas de aprovechamiento forestal integral cuyas plantas industriales se instalen en áreas de producción de la materia prima, gozarán de los respectivos beneficios contemplados en la Ley de Fomento Industrial. Finalmente, la ley forestal indica que las tierras forestales de propiedad privada cubiertas de bosques protectores o de producción permanente y aquellas en las que se ejecuten planes de forestación o reforestación, no serán afectables por la Reforma Agraria (Artículo 56). De este modo, Ecuador hoy cuenta con un marco legal moderno y coherente para el sector forestal, orientado a hacer que el manejo forestal sea una actividad transparente, clara, simple 26

Ley reformada y emitida otra nueva en el 2004.

38

y previsible. Por lo tanto, el país tiene una base sólida para estimular la ordenación sostenible de sus bosques naturales e impedir la extracción ilegal o destructiva. Mecanismos de Fomento a. Fomento de la participación privada: el Ministerio del Ambiente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, junto con varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas, constituyó la “Vigilancia Verde” (2001). Este es un cuerpo público-privado de supervisión forestal, encargado de controlar el transporte de madera entre el bosque y los puntos de comercialización y transformación; actualmente cuenta con siete puestos de control en el país. Para ello se crea el Sistema Nacional Tercerizado de Control Forestal. Vigilancia Verde se financia mediante un fideicomiso mercantil al cual ingresa el 50% del valor de toda la madera ilegal confiscada y rematada. En su primer año de vida, se confiscó una cantidad cinco veces mayor al volumen de madera confiscado por el gobierno durante el año de comparación anterior (OIMT 2002). b. Regencia Forestal: la regencia la efectúan profesionales forestales independientes, quienes otorgan fe pública y trabajan con el aval del Estado y bajo su supervisión. Son responsables de asegurar que las actividades de aprovechamiento forestal cumplan plenamente con los criterios, indicadores y procedimientos contenidos en las normas, planes de manejo y permisos de aprovechamiento forestal. c. Contratación de servicios de administración y supervisión: como parte del Sistema Nacional Tercerizado de Control Forestal, el Ministerio del Ambiente contaba27 con los servicios de un organismo verificador privado; algunas de sus funciones eran: (i) entregar licencias de aprovechamiento forestal emitidas por la autoridad forestal; (ii) supervisaban la ejecución del aprovechamiento en el bosque, incluyendo entrega de licencias de aprovechamiento, otorgar guías; (iii) en apoyo a la Vigilancia Verde, supervisaban la movilización de los productos forestales; y (iv) recaudaban para el Estado los derechos del impuesto forestal y transferirlos al gobierno. Otro aspecto importante de sus funciones era que ellos supervisaban la labor de los regentes. d. La “tercerización” tenía como objetivo principal mejorar y hacer más transparentes los servicios de administración forestal, para combatir eficazmente las prácticas corruptas e ilegales. El papel del Ministerio del Ambiente era aplicar la ley, controlar a los terceros a los cuales había delegado el control operativo. e. Este organismo supervisaba en todo el territorio continental ecuatoriano bajo contrato por unos diez años. La contratación era por medio de una licitación pública internacional en la cual podían participar empresas especializadas e interesadas en ofrecer tales servicios. Sistema Nacional de Verificación del Aprovechamiento Forestal (SAF) SAF es un sistema electrónico de verificación diseñado en el 2007 y que comenzó en el 2009. Consiste en una aplicación por Internet que tiene cuatro componentes: (i) autorización del aprovechamiento maderero; (ii) emisión en línea de guías de circulación; (iii) control de la movilización de productos forestales; y (iv) control cruzado con SRI. 27

Funcionó seis meses, suspendido por fallo Tribunal de Cuentas.

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El sistema no ha tenido el éxito esperado sea por problemas de políticos (injerencia política, oposición de grupos interesados), o institucionales – legales (oposición interna del gremio, insuficiente presupuesto) y hasta culturales (resistencia de los usuarios a usar Internet). Plan Nacional de Forestación y Reforestación Programa de Incentivos para la Forestación y Reforestación con Fines Comerciales El programa da incentivos económicos como parte del Plan Nacional de Forestación y Reforestación (PNFR). Los fondos no son reembolsables a quienes establezcan plantaciones, principalmente con las 17 especies autorizadas por el gobierno. Este programa se enmarca en las políticas de fomento productivo, que otorga incentivos económicos no reembolsables a quienes emprendan en estas inversiones. En la actualidad, el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales está sujeto al costo inicial de inversión. El PNFR se extiende en todo el Ecuador continental implementando proyectos de: 

Plantaciones de producción industrial y comercial;

  

Forestaría social y actividades agroforestales; Plantaciones para la recuperación, conservación y protección de recursos naturales; Programas de apoyo al PNFR, especialmente en los temas de financiamiento, capacitación e investigación forestal.

El incentivo consiste en un 75% de los costos de instalación y mantenimiento de la plantación durante los primeros cuatro años. El incentivo se entrega al beneficiario un año después de la siembra; esto quiere decir que el interesado debe financiar la plantación al inicio y después de un año se le desembolsa siempre y cuando la plantación esté en buenas condiciones. Los beneficiarios pueden ser: personas naturales, personas jurídicas, asociaciones, comunas y cooperativas productivas. Si el propietario de la tierra no tuviese el capital suficiente para iniciar el proyecto, la Corporación Financiera Nacional (CFN) lo puede calificar para un crédito para la siembra pagadero parcialmente con el incentivo que reciba. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Ganadería, Ganadería, por medio de su Sub Secretaría de Producción Forestal, define los detalles técnicos de la siembra: en cuál zona y cuándo; cuáles especies se sembrarán y otros detalles. El cuadro siguiente muestra los costos por hectárea, los cuales varían según la especie, densidad de siembra y zona geográfica. El plan contempla establecer un millón de hectáreas en plantaciones forestales durante 20 años.

40

Tabla 14 Tabla de costos/ha para el establecimiento de plantaciones por zona, densidad de siembra y de especie y base para calcular el incentivo en Ecuador28 Especie REGIÓN SIERRA

Pinus patula, Pinus radiata, Ciprés

Eucalyptus globulus Aliso Eucalyptus urograndis Teca

Gmelina Balsa REGIÓN COSTA Y AMAZÓNICA

Laurel Fernán Sánchez Pacheco Chuncho Cutanga

ZONAS SECAS

Jacaranda Neem, Algarrobo (Costa)

Densidad 1111

Valores En Us$/ha (2013) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 920 280 178 181

Total (100%) 1,558

Total (75%) 1,169

1600

1,148

300

183

181

1,812

1,359

1111 1600 1111 1111 1600 625 833 1111 833 1111 625 833 625 833 625 833 625 833 625 833 625 833 833 1111 833

899 1,128 920 1,413 1,630 1,237 1,355 1,513 1,244 1,401 1,060 1,265 1,132 1,252 1,101 1,210 1,132 1,252 1,251 1,410 1,132 1,252 1,252 1,012 865

280 300 280 320 345 353 378 410 266 291 N/D N/D 247 266 246 265 247 266 336 269 247 266 266 290 264

177 182 178 267 266 284 284 317 227 238 N/D N/D 219 227 219 226 219 227 311 230 219 227 227 237 225

180 185 181 272 271 233 232 257 231 242 N/D N/D 223 231 222 230 223 231 316 234 223 231 231 241 229

1,536 1,795 1,558 2,272 2,511 2,108 2,249 2,497 1,967 2,172 1,060 1,265 1,821 1,976 1,788 1,932 1,821 1,976 2,214 2,144 1,821 1,976 1,976 1,781 1,583

1,152 1,346 1,168 1,704 1,884 1,518 1,687 1,872 1,476 1,629 795 949 1,366 1,482 1,341 1,449 1,366 1,482 1,660 1,608 1,366 1,482 1,482 1,336 1,187

Los fondos usados para incentivar las plantaciones forestales vienen de un “Fondo Forestal” que permanece en el Banco Central de país y se usa exclusivamente en programas de forestación y reforestación, pero también para labores de conservación, manejo forestal, industrialización, capacitación e investigación. El fondo se enriquece por varias fuentes, por ej., (i) fondos que se obtienen por la concesión de patentes de operación turística en los parques nacionales y otros permisos similares; (ii) el producto de la venta de licencias para la caza, colección y comercialización de la vida silvestre; (iii) los derechos de ingreso de visitantes a las áreas naturales protegidas; (iv) fondos provenientes de préstamos internos y externos; (v) los legados, donaciones y contribuciones voluntarias a favor del Instituto; (vi) fondos generados por la negociación de la deuda externa en favor de la conservación de los recursos naturales; y (vi) los demás recursos que genere la aplicación de esta Ley. Tabla 15 Posibles Escenarios del Resultado de los para el Establecimiento de Plantaciones en Ecuador29. Fuente: NOVOPAN 2013 Escenarios a considerarse Resultados esperados Meta total de plantación 1,000,000 ha Meta anual 50,000 Valor anual de madera en pie US$234,000.000 Valor de productos industrializados (mercado nacional y exportaciones) US$1,400,000,000 Empleos directos e indirectos 100,000

28

Información proporcionada por la Sub Secretaría de Producción Forestal, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Junio 2013. 29 Idem

41

Escenarios a considerarse Recaudación estimada anual del estado vía impuestos (promedio al terminar el periodo) Fijación de carbono (mitigación del calentamiento global)

Resultados esperados US$250,000,000 6,070,000 ton/año

Fondo Ambiental Nacional (FAN) El FAN es una organización privada, sin fines de lucro, que nace del interés del gobierno, sociedad civil, sector productivo, académico y organizaciones no gubernamentales ambientalistas), con el objetivo de identificar un mecanismo idóneo para apoyar el financiamiento del manejo ambiental. Su misión es apoyar al financiamiento de la gestión ambiental tendiente al desarrollo sustentable del país. Algunas de las características de FAN, como inversionista institucional responsable vinculado al ambiente, son: (i) administra y canaliza recursos, sin involucrarse en la ejecución de actividades de campo; (ii) apoya el financiamiento de las prioridades ambientales del país, por medio de una alianza estratégica con el Ministerio de Ambiente de Ecuador; (iii) es un mecanismo voluntario para la canalización de recursos desde entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales; y (iv) dispone de mecanismos internos y externos de control de gestión, para asegurar el cumplimiento de los objetivos, planes y procedimientos, así como de la razonabilidad de sus cuentas. Además cuenta con un Comité de Inversiones y Levantamiento de Fondos. Los recursos de FAN para su administración provienen del Estado (como proveedor inicial del FAN), procesos de canje de deuda por naturaleza, donaciones de la Cooperación Alemana, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, aportes privados y otras donaciones de organizaciones ambientalistas. Los fondos tienen dos destinos; en primer lugar, usos específicos donde se emplea el 100% de los mismos, y en segundo lugar, para el financiamiento de ciertos programas donde se utiliza específicamente el rendimiento de las inversiones, preservando el capital. Tabla 16 Resumen Ejecutivo Forestal de Ecuador30 Incentivo Acuerdo Ministerial 169 de 14 Nov. 2008 Ministerio del Ambiente crea el Programa SOCIO BOSQUE31 que subsidia la conservación de bosques mediante contratos por 20 años. Escala de subsidios: Hasta 50 ha: US$ 30/ha/año; 51100 ha: US$20; 101-500 ha: US$10; 501-5000 ha: US$5; más de 10.000 ha: US$0.5/ha/año. Acuerdo Ministerial Nº 502 del 29 de Octubre del 2,012 (y sus reformas Nº002 y Nº409):  El Programa entregará, a personas naturales y jurídicas, incentivos económicos, equivalentes hasta el 75% del costo del establecimiento, y del costo de mantenimiento de la plantación durante los primeros cuatro años.  En el caso de asociaciones, cooperativas productivas y comunas, el porcentaje del incentivo será equivalente al 100% del costo del establecimiento, y del costo de mantenimiento de la plantación durante los primeros cuatro años. 30

Resultado Entre 2008-2011 ha celebrado 1.217 convenios de conservación por 20 años que cubren 837,492 ha de bosque natural. Proyecta llegar a conservar 4 millones de hectáreas en 7 años, beneficiando entre 500 mil y un millón de personas. El Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales fue lanzado el 15 de enero de 2013 y hasta el mes de Julio se han presentado propuestas de reforestación comercial que ascienden a 13,996.32 ha.

Idem Socio Bosque se fundó en septiembre del 2008. Su inicio fue con financiamiento del estado pero se espera que en el futuro sea con fondos del mercado de carbono a través de la implementación del mecanismo REDD+ del Ecuador. 31

42

Incentivo  La meta de este Programa es reforestar 120.000 ha en cinco años.  El incentivo económico será entregado a los beneficiarios un año después del establecimiento de la plantación.  Para financiar las actividades de establecimiento, se contempla la posibilidad de que los beneficiarios obtengan un crédito puente de la Corporación Financiera Nacional, el cual sería amortizado parcialmente al final del primer año y de cada uno de los tres años subsiguientes, utilizando para ello el incentivo que proveerá el Programa.  Las sociedades que se constituyan a partir del 2010 con el objeto de realizar nuevas inversiones en el sector forestal, estarán exentas del impuesto a la renta durante cinco años contados desde el primer año que se generen ingresos atribuibles a dichas inversiones.  Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha.  El Decreto Ejecutivo 442 del 26 de julio de 2010, establece que están exoneradas del impuesto a las tierras rurales con bosques hasta el momento de la extracción.  Aquellos predios rurales reforestados con especies nativas están exentos del Impuesto Predial Rural. Es política de Estado impulsar el desarrollo a gran escala del sector forestal del Ecuador y con ello el cambio de la matriz productiva del País a través del desarrollo de nuevas industrias que nos permitan producir localmente una serie de productos, que actualmente se importan.

Resultado

“Socio Bosque” Para el Manejo del Bosque Natural Mediante el Acuerdo Ministerial 169/14 de noviembre 2008, se estableció el mecanismo de apoyo al manejo forestal en Ecuador denominado “SOCIO BOSQUE” (Ministerio del Ambiente s.f.) y que opera bajo el Ministerio de Ambiente. Su objetivo es subsidiar la conservación de bosques y páramos naturales nativos mediante contratos por 20 años. La escala de los subsidios se aprecia en el cuadro anterior. Socio Bosque consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa. El incentivo económico que entrega se destina para las siguientes actividades: conservación de espacios, desarrollo organizacional, desarrollo productivo, monitoreo, entre otros. La entrega del incentivo está condicionada a la protección y conservación del bosque, lo que significa que las personas lo reciben hasta que cumplen con las condiciones de seguimiento que se detallan en un convenio que se firma con el Ministerio del Ambiente. En septiembre 2014, este programa, catalogado como pionero en el Ecuador, cumplió cinco años de funcionamiento en todo el país y con el subsidio económico hasta entonces ha conservado 1,198,000 ha de bosques y páramos en el país; esto equivale a unos 2,207 convenios y beneficiando a unos 138,000 habitantes. El proyecto “Socio Bosque” paga entre US$30.00 y US$40.00/ha (dependiendo de la extensión del predio) a personas naturales por conservar sus bosques.

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Cambio Climático y REDD+ en el Ecuador La adaptación y mitigación del CC son política de Ecuador y ésta se ejerce por medio de la Sub Secretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. La Sub Secretaría la conforman los Direcciones Nacionales de Adaptación y Mitigación y tiene por misión liderar las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y darle seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2012 – 2025). Para mitigar los efectos de cambio climático se necesita mucho presupuesto por lo que la Sub Secretaría ha preparado un portafolio de proyectos sobre adaptación y mitigación del cambio climático en el Ecuador. Con este portafolio se pretenden buscar fuentes de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, para financiar iniciativas que deben ser institucionalizadas. Para que estos proyectos sean atractivos deben ir dirigidos a sectores específicos identificados como vulnerables frente a los impactos del cambio climático. El objetivo general del Programa Nacional REDD+ es contribuir paralelamente a la mitigación del Cambio Climático y al manejo integral de los ecosistemas boscosos a través de la implementación de políticas, medidas, proyectos y actividades para reducir la deforestación y sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El país cuenta con el Plan Nacional de Forestación y Reforestación que ha dado buenos resultados y que tiene el apoyo político del Estado; el país espera implementar eficientemente el plan, y si se obtienen los resultados esperados (p. ej. 50,000 ha sembradas anualmente por 20 años) se estaría dando un paso positivo hacia la adaptación y mitigación del CC. Por otro lado las medidas de manejo y conservación del bosque y la colaboración que recibe de grupos extraños a la estructura gubernamental para apoyar la sostenibilidad del manejo del bosque, son signos positivos hacia esa meta de mitigación. Otra herramienta que el país tiene para ganar la lucha contra los efectos del CC es el Plan Nacional para el Buen Vivir que tiene como uno de sus objetivos “prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida”. El Programa Nacional REDD+ se enmarca en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual es el marco de referencia para la implementación de actividades REDD+ en el país. Los elementos de dicha estrategia ya han sido identificados y algunas actividades o proyectos de varios de esos elementos ya se encuentran en implementación. Otro paso que ha tomado el país para contribuir en la mitigación de los efectos de CC es el proyecto “Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en Ecuador”. Este proyecto tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad del país al cambio climático a través del manejo eficiente de los recursos hídricos. El financiamiento viene del Fondo para el Medio Ambiente Mundial; con una contrapartida del gobierno de Ecuador, es implementado por el PNUD y el Ministerio del Ambiente como la agencia ejecutora. En las negociaciones con REDD+, el gobierno debe usar los resultados de “Socio Verde” (y de otras de sus iniciativas de conservación) para demostrar que si hay una reducción de la deforestación en el país.

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Pago por Servicios Ambientales Un servicio ambiental que atrae la atención al Gobierno de Ecuador es el producido por la conservación y buen manejo de las cuencas hidrográficas; y se basa en el principio de que si los bosques y los páramos se manejan y conservan bien, la provisión de los servicios hídricos se mantendrá a perpetuidad. Experiencias indican que la aplicación de sistemas de PSA es más frecuentemente relacionada con la conservación de cuencas que proveen agua a las comunidades abajo. En América Latina, el PSA se ha aplicado a muy distintas escalas y objetivos, desde el nivel de microcuenca - con un servicio muy concreto y administrado generalmente por una ONG, las municipalidades, la misma comunidad o un programa nacional controlado por el Estado32. Estudios realizados sobre actividades de conservación de seis cuencas en varias comunidades del país indican que por medio del PSA es factible promover la conservación del recurso (Cordero 2008). Según ese estudio, el monto aportado por el consumo de agua por cada uno de los 1,300 usuarios de la cuenca fue de US$ 0.08/m³ de agua consumido y el 20% de la facturación mensual se invierte en la conservación de la cuenca. El rango de pago entre las seis cuencas entre US$0.0045/m³ y US$0.08/m³ mensuales y el medio de distribución de los montos aportados fue por pagos directos a municipios – propietarios (comunidades indígenas o dueños privados de la cuenca). Finalmente, el proyecto “Socio Verde” (mencionado anteriormente) es otro ejemplo de pagos por servicios ambientales (Diario Hoy 2011). Certificación Forestal Ecuador tiene unas 164,000 ha de bosque plantado y 9.865,000 ha de bosque natural (36% del país); sin embargo solo registra hasta mayo del 2012 unas 38,367 ha de bosque certificado entre cuatro empresas (FSC s.f.). Entre el 2000 y el 2001 se registró una tasa de variación anual de 1.8%. El país produce unos 1.9 millones de metros cúbicos de madera en rollo para uso industrial y unos 417,000 m³ de madera aserrada. El sector forestal genera unos 24,000 empleos (FAO 2011). El país registra la mayor cantidad de biodiversidad que cualquier otro en el mundo en relación a su superficie territorial. Aproximadamente un 18% de su territorio está en conservación (GIZ s.f.). Por el otro lado, el valor de las exportaciones del sector madera y muebles entre el 2007 y el 2012 tuvo una tendencia ascendente: US$159 a US$236 millones (ProEcuador s.f.), mientras que en el período 1999 al 2006 se exportaron más de 820 millones. Mientras tanto, se estima que el mercado internacional de productos del sector del Ecuador apenas alcanzó un 0.05% del mercado mundial (NOVOPAN 2013). Tabla 17 Fuentes de Financiamiento, montos, aportados por los usuarios y medios de distribución para los esquemas de PSA en Ecuador (Cordero 2008) Fuentes de Montos Aportados por los Usuarios Medios de Proyecto Financiamiento (US$) Distribución 0,05/m³ de agua facturado (aprox. 11% ETAPA-Cuenca Tarifa de agua potable del valor promedio del agua Pagos directos Parque Nacional 0,0045/m3 de agua facturado (1% de la Idem municipioCajas-Cuenca facturación mensual) propietarios

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Resultados del Foro Regional sobre Sistemas de Pago por Servicios Ambientales en Cuencas Hidrográficas; llevado a cabo dentro del marco del Tercer Congreso Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas; Arequipa, Perú; junio de 2003.

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Proyecto

Fuentes de Financiamiento

Municipio El Chaco

Tarifa de agua consumo humano

Municipio Pimampiro

Idem

Municipio Celica

Tarifa agua

para

Donación 25% del ISR

FONAG-Quito

Planilla agua potable y alcantarillado Aporte Empresa Eléctrica Quito Aportes Cooperación Internacional Aportes empresa privada nacional

Montos Aportados por los Usuarios (US$) 0,048/m3 de agua facturado, para un total aprox. de US$13,600/año (total recolectado en 2007) 0,08/m3 de agua facturado (20% de la facturación mensual) para un total aprox. de US$5000.00/año 0,05/m3 de agua facturado 20,000/año; aprox. (total recolectado en el 2006)

Medios de Distribución Idem

Idem Idem

1% de la facturación mensual Montos variable Idem Idem

Los datos mencionados indican que el país podría hacer más para aumentar sus exportaciones forestales; pero también indican que tiene potencial y buena justificación para aumentar su cobertura certificada, lo que además de mejorar el manejo del bosque, también podría impactar positivamente a los trabajadores y a las comunidades.

Conclusiones Ecuador tiene mucho para enseñar y muy buena tecnología desarrollada que puede transferir al resto del mundo. Cuenta con un marco legal muy bien definido y el Estado está muy comprometido en hacerlo valer. Sus mecanismos para promover el manejo forestal son innovadores, en los que participan la empresa privada y organizaciones voluntarias. El sistema de “Tercerizado” que tenía como objetivo importante hacer más transparente la administración forestal, desafortunadamente se descontinuó por presiones externas (al sistema), pero su objetivo era muy importante y es algo que los países puede analizar y ver si es aplicable en sus condiciones legales, sociales, políticas y ambientales. El Programa de Incentivos es otro mecanismo que el país ha sabido implementar y que ha contribuido en gran medida a aumentar la superficie de plantaciones y bosques manejados sosteniblemente. El PSA, su objetivo, beneficios y responsabilidades han sido bien acogidas por las comunidades, los indígenas y las municipalidades. En el país se han estudiado varios casos (relacionados al tema) donde se concluye que el sistema funciona y contribuye a conservar las fuentes de agua mejorando la calidad de vida de las personas. Ecuador todavía se encuentra en las etapas iniciales para convertirse en un país REDD+, pero tiene el potencial en sus bosques y leyes. De lograrlo, el país podría optar a financiamiento internacional para implementar proyectos de manejo forestal sostenible con lo que contribuiría a reducir las emisiones debido a la deforestación y degradación del bosque.

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6: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE GUATEMALA Marco Legal Guatemala tiene una tradición de leyes forestales de muchos años atrás que han incentivado la actividad forestal. Actualmente en el país existen dos mecanismos de fomento muy exitosos que incentivan el manejo forestal y el establecimiento y manejo de plantaciones: (a) el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), y, (b) el Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal y Agroforestal (PINEP). Historial de las Leyes Forestales de Guatemala En 1974 se emitió el Decreto Legislativo 58-74 que aprobó la creación de una nueva ley forestal y fue mediante ésta que se inicia el primer programa de incentivos forestales en Guatemala. La ley permitía una reducción de hasta un 50% del impuesto sobre la renta y del impuesto de circulación a personas individuales o jurídicas que realizaran gastos comprobados en sus plantaciones forestales menor a 5 ha. Este programa comenzó hasta 1975 mediante el Acuerdo Gubernativo 22-75 y fue manejado por el entonces Instituto Nacional Forestal (INIFOR). En 1984, el Decreto Legislativo 118-84 derogó el DL 58-74 creando Dirección General de Bosques y Vida Silvestre (DIGEBOS) que funcionó hasta finales de 1996. Adicionalmente, ese DL ratificó el incentivo fiscal a la reforestación. Programa de Incentivos Forestales: PINFOR (1997 - 2016) El Decreto 101-96 de 1996 creó al Instituto Nacional de Bosques y ratificó al sistema de incentivos forestales actual (Titulo VII, Capítulo I, Artículo 71), lo que se constituyó la base legal para establecer PINFOR. Por medio de esta ley, se permite y legisla el uso de los incentivos para aquellos que se dedican al manejo de sus bosques y de sus plantaciones. Las instituciones estatales encargadas de dar el beneficio son el Instituto Nacional de Bosques (INAB) en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas. La ley estipula incentivar a propietarios de tierras privadas, municipales y comunales, a pequeños, medianos y grandes propietarios como a grupos sociales organizados que se dediquen a proyectos de reforestación y mantenimiento de tierras sin cobertura pero que son de vocación forestal. Por medio de esta ley también se incentiva a propietarios que se dedican al manejo forestal de sus bosques naturales. La ley se extiende aún un poco más, ya que incentiva estas actividades a agrupaciones sociales que ocupan terrenos municipales. La ley define incentivo forestal como un “estímulo” que otorga el gobierno para fomentar la reforestación, creación de bosques y el manejo sostenible de su bosque natural. Sin embargo, el estímulo puede tener dos connotaciones: el apoyo legal (por medio de la Ley Forestal) que tienen los propietarios y que de por sí ya regula la actividad. La segunda connotación es de índole económico. En el caso de Guatemala, este incentivo es un pago en efectivo que el estado le da al beneficiado y se otorga solo una vez por la misma área de acuerdo a un plan de manejo aprobado por el INAB. La duración de PINFOR es de 20 años y está previsto terminar en el 2016.

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Montos Pagados por PINFOR El total de los fondos que el gobierno le asigna al INAB para el programa viene de la oficina de Presupuesto y Egresos de la Nación del Ministerio de Finanzas Públicas y equivale a un 1% del presupuesto de ingresos ordinarios del estado. El INAB asigna el 80% de ese monto para la reforestación y mantenimiento de bosques voluntarios y el 20% para al manejo de bosques naturales. El INAB también recibe del Ministerio de Finanzas Públicas un 9% del monto total de los incentivos otorgados para supervisión y administración, mismo que se hará efectivo en forma simultánea al momento de otorgar el incentivo al beneficiario. Estos recursos pasan a formar parte del Fondo Forestal Privativo. El costo fijo del incentivo por hectárea, por región y especies, para los proyectos de reforestación (establecimiento y su mantenimiento) y de manejo de bosques naturales, es fijado anualmente por la Junta Directiva del INAB, en base al costo real por evalúo. Los valores fijados son publicados en el diario oficial del país. El tiempo del incentivo por mantenimiento de la plantación, según el plan de manejo respectivo, es por un máximo de cinco años. Adicionalmente, la Junta Directiva determina las especies de árboles forestales y las regiones donde se establecerá la reforestación para efectos del incentivo en base a prioridades necesarias que tiendan a atenuar o contribuir a resolver la crisis ambiental, energética o productiva del país. El Ministerio de Finanzas paga el incentivo contra la presentación de un certificado emitido por el INAB indicando que la plantación ya está siendo ejecutada y basado en el cumplimiento del Plan de Reforestación o Plan de Manejo. El programa incentiva a proyectos de no menos de 2 hectáreas, en el mismo municipio perteneciente a uno o varios propietarios. Garantía Crediticia De acuerdo con la ley, el INAB, con recursos del Fondo Forestal Privado, cuenta con un programa de garantía crediticia, y la reglamenta, para la actividad forestal. La garantía sirve para respaldar los créditos que otorgue el sistema bancario para el fomento del sector forestal a los pequeños propietarios. Incentivo al Pequeño Propietario La Ley Forestal obliga al INAB a distribuir anualmente hasta el 50% del monto total del incentivo a proyectos de reforestación y mantenimiento de bosques voluntarios así como al manejo de bosques naturales, a pequeños propietarios que presenten proyectos a realizarse en menos de 15 ha. El resto de incentivo lo otorga a proyectos con áreas mayores a 15 hectáreas. El Fondo Forestal Privativo Este fondo lo conforman los recursos tributarios, económicos y financieros (generados por la aplicación de esta ley), donaciones, créditos específicos y los que se adquieran por servicios administrativos, supervisión y administración de los incentivos contemplados en la ley forestal, evaluaciones o por cualquier otro título. El fondo es administrado por el INAB quién tiene la facultad legal de poder depositarlo en una cuenta especial en la banca nacional. Adicionalmente,

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el fondo se puede alimentar las tasas que establezca el reglamento por los servicios administrativos, sean por monitoreo, licencias, evaluaciones o cualquier otra actividad necesaria para la supervisión del cumplimiento de esta ley o por razón de los aprovechamientos derivados de las concesiones. Tabla 18 Montos incentivados, empleos generados y número de personas beneficiadas PINFOR por año y actividad. Fuente: INAB 2012 Montos Reforestación Manejo Bosque Natural Empleos Beneficiarios Año Incentivados Generados por Programa Proyectos Área (ha) Proyectos Área (ha) (Q33) 1998 5,083,938 279 5,164 60 1,099.1 7 485.4 1999 23,897,342 1,959 11,669 199 4,296.8 5 4,565.6 2000 43,525,844 3,614 14,753 244 6,583.9 26 3,489.8 2001 59,109,064 6,410 326,055 293 7,628.5 66 13,036.8 2002 84,541753 9,375 27,007 407 10,297.2 42 8,888.3 2003 88,415,508 10,637 37,229 404 9,055.9 29 5,891.2 2004 95,868,331 13,588 61,713 415 8,303.4 29 18,710.6 2005 102,626,227 14,960 51,953 368 7,188.5 59 16,360.3 2006 126,007,163 24,182 64,118 405 7,976.7 694 79,590.6 2007 140,189,956 21,835 32,065 466 11,168.8 64 2,882.5 2008 153,611,972 24,869 23,883 483 11,288.6 260 8,879.8 2009 153,592,605 25,313 32,567 430 9,263.1 413 12,511.6 2010 145,513,517 23,171 22,673 331 8,170.3 286 12,954.5 2011 114,578,617 14,935 22,522 217 5,443.2 494 13,538.1 2012 110,209,400 1,823,159 26,957 167 4,577.3 415 15,501.2 TOTAL 1446,552,607 23,398,193 760,355 4,889 112,341.9 2,888 216,235.4 Tabla 19 Distribución de Proyectos Beneficiados por Superficie Fuente: INAB 2012 Rango Número de Proyectos Menor o igual a 15 ha Mayor a 15, pero menor o igual a 45 ha Mayor de 45, pero menor o igual a 90 ha Mayor de 90 ha TOTAL

4,546 2,015 673 543 7,777

Tabla 20 Incentivos para el manejo del Bosque Natural según su objetivo. Fuente: INAB 2012 Manejo de Bosques Naturales para Manejo de Bosques Naturales para Producción Protección (Pago a 10 años) (Pago a 5 años) ÁREA (ha) Monto Adicional Monto Base (Q) Monto Base (Q) Monto Adicional (Q/ha) (Q/ha) 45 39,825.00 350.00 46,560.00 450.00

Metas y Logros de PINFOR La metas de PINFOR para el final de su mandato en el 2016 son: 285,000 ha de plantaciones forestales establecidas y 650,000 ha de bosques naturales bajo manejo. Los siguientes cuadros muestran los logros de este programa desde su inicio en 1998 hasta el 2010.

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Tipo de cambio de 1974 a 1986: Q1.00 = US$ 1.00; de 1986 a 1996: Q 6.00 = US$ 1.00; en 09/2008: Q 7.50 = US$ 1.00; 11/2013: Q 7.92 = US$ 1.00.

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Tabla 21 Incentivos por Reforestación, Forestación y Regeneración Natural. Fuente: INAB 2012 Para Proyectos de 2 a 5 ha Para Proyectos >5 ha Regeneración Natural Año Incentivo (Q/ha) Incentivo (Q/ha) Incentivo (Q/ha) Establecimiento 6,000.00 5,600.00 3,800.00 Mantenimiento 1 2,550.00 2,380.00 1,400.00 Mantenimiento 2 2,250.00 2,100.00 760.00 Mantenimiento 3 1,650.00 1,540.00 500.00 Mantenimiento 4 1,500.00 1,400.00 310.00 Mantenimiento 5 1,050.00 980.00 660.00 TOTAL 15,000.00 14,000.00 7,430

Un resumen de los resultados del programa se aprecia el siguiente cuadro. Tabla 22 Resumen general de los logros de PINFOR (1998 - 2012) Fuente: INAB 2012 Proyectos Área Tratada Monto Actividad Beneficiarios Autorizados (ha) Incentivado (Q) Reforestación 4,889 112,341 1,164,035,456 335,290 Manejo de Bosque 2,888 216,235 282,517,151 425,065 Natural TOTAL 7,777 328,577 1,446,552,607 760,355

Empleos Generados 17,931,330 5,690,679 23,622,004

El Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP) Este programa fue establecido mediante el Decreto N° 51 del 2010 del Congreso de la República de Guatemala. La diferencia entre PINPEP y PINFOR es que el primero incentiva a los pequeños dueños de tierras forestales que no están inscritas en el Registro de la Propiedad, además de que expande su cobertura para beneficiar también a los agro-forestadores; PINFOR excluye esa disciplina de su mandato y sus actividades de manejo y reforestación son a mayor escala. Una particularidad de PINPEP, aunque el decreto no lo dice, es que una gran mayoría de sus participantes son mujeres. PINPEP también se aplica en tierras con o sin cobertura forestal. Esta ley incentiva las siguientes actividades: a. Plan de manejo de bosques para producción y/o protección; b. Plan de manejo forestal para el establecimiento de plantaciones forestales o sistemas agroforestales. Algunos de los requisitos relativos a lo “forestal” para optar a PINPEP son los siguientes: a. La tierra debe ser de vocación forestal o agroforestal; b. Una persona o varias no organizadas se pueden beneficiar de uno o más proyectos, para una superficie total de no más de 15 hectáreas; c. Grupos organizados pueden ingresar proyectos con área de más de 15 ha siempre y cuando no participen en el grupo poseedores individuales con áreas de terreno mayores a las 15 ha; d. El área mínima para poseedores de tierras y grupos organizados será hasta de 0.1 ha; e. Es retroactiva ya que permite incentivar a plantaciones forestales y sistemas agroforestales, que llenen lo requisitos, establecidas aún antes de que inició el programa.

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Al igual que PINFOR, los fondos de PINPEP vienen del 1% y no menor del 0.5% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado del ejercicio fiscal correspondiente; y son manejados por el INAB para incentivar a poseedores de pequeñas extensiones de tierras de vocación forestal y agroforestal. El procedimiento para agenciarse el beneficio es igual al de PINFOR antes descrito con la diferencia que los fondos de PINPEP se maneja a través de un Fondo de Desarrollo Forestal Comunitario que se constituye por ingresos provenientes de la administración del incentivo, donaciones, bonos, regalías de personas individuales o jurídicas y de otras fuentes, como por ej., de “multas” por incumplimiento de compromisos adquiridos. Sin embargo, PINPEP inició operaciones con una aportación única de Q 10,000,000.00 dada por el Ministerio de Finanzas Publicas. Tabla 23 Incentivos anuales por 10 años para manejo del Bosque Natural según producción y protección. Fuente: INAB 2012

Incentivo Anual por 10 Años para Manejo del Bosque Natural para Producción Área (ha) Monto: Q/año De 0-1 a 5.0 2,885.00 por ha Mayor de 5 ha 14,425.00 por las primeras 5 ha + 740.00 por hectárea adicional Incentivo Anual por 10 Años para Manejo del Bosque Natural para Protección Área (ha) Monto: Q/año De 0-1 a 5.0 3,088.00 por ha Mayor de 5 ha 15,440.00 por las primeras 5 ha + 862.00 por hectárea adicional

Montos del Incentivo por Actividad El beneficiario del manejo del bosque natural recibe un incentivo por 10 años consecutivos y es igual cada año. El monto depende del área de bosque a manejar o proteger. Para proyectos de plantaciones y sistemas agroforestales, el propietario recibe el incentivo hasta por seis años: uno de establecimiento y cinco de mantenimiento. Tabla 24 Áreas y proyectos incentivados por actividad por año. Fuente: INAB 2012 Año 2007 2008 2009 2010 97 95 115 159 Proyectos Plantación Forestal 148.55 175.35 185.19 210.79 Área (ha) 46 56 49 77 Proyectos Sistema Agroforestal 117.43 191.22 204.51 207.59 Área (ha) Manejo de 357 374 421 312 Proyectos Bosque Natural 1,856.57 1,431.56 1,675.17 1,128.47 Área (ha) (Protección) Manejo de 40 57 55 16 Proyectos Bosque Natural 321.58 279.02 285.34 81.35 Área (ha) (Producción)

2011

2012

125

260

791

140.36

429.47

1,289.71

72

190

490

171.49

670.35

1,502.59

452

1,955

3,871

1,476.83

7,672.69

15,241.29

28

51

247

119.77

160.65

1,247.71

Tabla 25 Resumen del Incentivo distribuido por el programa del 2007 al 2012. Fuente: INAB 2012 Plantación Sistema Manejo de Bosques para Modalidad Forestal Agroforestal Protección Producción Proyectos 791 490 3,871 247 Área (ha) 1,289.7 1,502.6 15,541.3 1,247.7 Monto (Q) 10,635,213.1 5,611,309.5 75,770,706.5 8,443,879.8 Beneficiarios 1,680 1,151 7,461 1,291 Directos (Hombres)

51

Total

TOTAL 5,399 19,281.3 100,461,108.8 11,583

Modalidad Beneficiarios Directos (Mujeres) Beneficiarios Indirectos (Hombres) Beneficiarios Indirectos (Mujeres) Jornales

Plantación Forestal

Sistema Agroforestal

Manejo de Bosques para Protección Producción

TOTAL

565

492

3,710

350

5,108

4,235

2,794

15,759

2,909

25,967

4,432

2,694

15,965

3,862

26,953

125,910

67,561

1,269,947

149,191

1,612,609

Tabla 26 Montos y empleos generados por PINPEN entre 2007 y 2012. Fuente: INAB 2012 Año Montos Incentivados (Q) Jornales Generados 2007 492,361.71 2008 8,494,737.77 2009 12,646,659.51 2010 14,884,695.90 2011 17,996,627.42 2012 42,006,086.46 TOTAL 100,461,108.77

88,569 172,565 228,619 259,310 277,859 591,693 1,612,609

Tabla 27 Monto Del Incentivo Para Plantaciones Forestales (Q). Fuente: INAB 2012 Fase/Año 0.1 a 1.99 ha 2.0 a 5.0 ha Establecimiento (Año 1) 7,380.00 6,018.00 Mantenimiento (Año 2) 3,095.00 2,524.00 Mantenimiento (Año 3) 2,655.00 2,165.00 Mantenimiento (Año 4) 2,070.00 1,687.00 Mantenimiento (Año 5) 1,923.00 1,568.00 Mantenimiento (Año 6) 1,190.00 971.00 TOTAL 18,313.00 14,933.00

Más de 5.0 ha 5,545.00 2,325.00 1,995.00 1,555.00 1,445.00 895.00 13,760.00

Tabla 28 Monto Del Incentivo Para Sistemas Agroforestales. Fuente: INAB 2012 Establecimiento (Año 1) 3,690.00 3.009.00 Mantenimiento (Año 2) 1,548.00 1,262.00 Mantenimiento (Año 3) 1,328.00 1,083.00 Mantenimiento (Año 4) 1,035.00 844.00 Mantenimiento (Año 5) 961.00 784.00 Mantenimiento (Año 6) 595.00 485.00 TOTAL 9,157.00 7,467.00

2,773.00 1,163.00 998.00 777.00 722.00 447.00 6,888.00

Registro Nacional Forestal El objetivo de este registro es llevar un censo de las tierras cubiertas de bosques y de vocación forestal, así como de ejercer un control estadístico de las actividades técnicas y económicas sobre la materia. Este registro está a cargo del INAB y con esto se abre una ventana de información pública y transparente que puede ser consultada por el usuario y enterarse de que de la situación actual de varias categorías de manejo del recurso forestal en el país. Este registro se complementa con el Sistema Electrónico de Gestión Forestal Fomento Forestal Municipal (BOSCOM) Este es un proyecto mediante el cual se promueve el manejo forestal por medio de las municipalidades con participación comunitaria. Este proyecto es otro esfuerzo del Gobierno de Guatemala de descentralizar el manejo de los recursos naturales involucrando a las “oficinas

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forestales municipales” y a las comunidades. Las oficinas en mención ayudan a implementar la “política forestal municipal”. BOSCOM trabaja en conjunto con instituciones gubernamentales, organismos internacionales relacionados al tema y con otros proyectos nacionales. Muchas de las actividades de BOSCOM consisten en capacitación y al fortalecimiento institucional de las organizaciones comunitarias y se fomenta el pago por servicios ambientales, manejo del bosque natural para producción y protección, plantaciones forestales y sistemas agroforestales. Módulos foresto-industriales Con esta modalidad, el país fomenta procesos de diseño y ejecución de módulos para integrar plantaciones, actuales o futuras a una industria especializada, con tecnología moderna y en capacidad de aprovechar integralmente los árboles de plantaciones. El diseño industrial define la superficie de determinada especie necesaria para el abastecimiento anual, así como detalles sobre procesos por tipo de productos, la ubicación, los sistemas silviculturales, el acopio y transporte. Pagos por Servicios Ambientales Guatemala tiene historia de su creciente interés político y público por el reconocimiento de los servicios ambientales que prestan los bosques naturales; principalmente en el vínculo bosqueagua, de tal manera que el interés por la función hidrológica y de la base de acciones de restauración hidrológico forestal, protección y regulaciones de bosques en zonas de captación hídrica, se ha convertido en instrumento de la Política Forestal. Ese interés se materializa a través de programas como PINFOR34, a través de sus componentes de manejo de bosques para producción y manejo de bosques para protección. En el pasado hubo un programa de Apoyo a la Reconversión Productiva y un Proyecto Piloto de Apoyos Forestales Directos (PPAFD) por medio del cual se hizo efectivo el pago en el 2002 por los servicios ambientales generados en 10,000 hectáreas de bosques naturales y en áreas estratégicas para la captación hídrica del altiplano del país. El otro proyecto que contemplaba un componente de compensación por servicios ambientales, incluyendo ecoturismo, se llamaba “Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Altiplano”. Todas estas iniciativas han hecho conciencia entre los propietarios del bosque y público en general, que el bosque no es sólo madera sino otros productos, bienes y servicios de los cuales la sociedad puede beneficiarse económicamente. Cambio Climático y REDD+ El interés de Guatemala de llegarse a convertir en un país REDD+ y beneficiarse del financiamiento que este mecanismo brinda para el manejo forestal con fines de contribuir a la reducción de emisiones de GEI, son más que evidentes. En diciembre del 2008, Guatemala presentó su Registro de Productos Industriales al FCPF el cual fue aprobado en marzo del

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Se estima que más del 50% de los bosques naturales incentivados con PINFOR hasta el año 2002 tuvieron como objetivo inmediatos la protección de la masa boscosa para garantizar la provisión de servicios ambientales (FAO).

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siguiente año; también se han hecho varias consultas y capacitaciones con pueblos indígenas sobre el tema. Adicionalmente ha realizado -y se mantiene al día, un Inventario Forestal Nacional. En febrero 2011 llegó a Guatemala la primera misión del FCPF. Con frecuencia asiste varios foros especializados sobre la temática. Inclusive en Guatemala se han organizado talleres nacionales e internacionales con el apoyo de REDD-SES para Salvaguardas. Un detalle interesante del camino de Guatemala hacia REDD+ es que cuenta con un plan de trabajo que incluye un diplomado orientado a Salvaguardas Ambientales y Sociales para REDD+, dividido en módulos a ejecutarse en dos años. Finalmente, Guatemala se coordina con aliados estratégicos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), REDD+-SES, CARE, Rainforest Alliance, USAID y aliados locales como Defensores de la Naturaleza, Asociación Sotzil y otros, para lograr su objetivo con REDD+. Ejemplo de un proyecto de secuestro de carbono mediante el manejo forestal sostenible en Guatemala data de 1988, el cual finalizó en 1999. Una compañía en los EEUU estaba construyendo una planta para funcionar con energía de carbón y necesitaba encontrar un proyecto que le secuestrara una 14.1 millones de toneladas de carbón que emitiría la planta por 40 años. En 1989, la compañía firmó un contrato con CARE Internacional para manejar el proyecto agroforestal que según redd-monitor resultó ser el primer proyecto en el mundo financiado explícitamente para compensar las emisiones de GEI. Certificación Forestal El Estado, a través del INAB/MAGA promueve la certificación del manejo forestal como un mecanismo que facilita la inserción de los productos forestales del país en el mercado internacional. El INAB ha hecho una difusión amplia del proceso de certificación, así como del cumplimiento de los roles subsidiario y facilitador que al MAGA le corresponden acorde con la política agraria y sectorial. El país está dando pasos positivos hacia la certificación; cuenta con sus Estándares Nacionales para Certificación Forestal de bosques pequeños y de baja intensidad de manejo cuyo diseño fue liderado por el INAB y coordinado por el Consejo Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible para Guatemala – CONESFORGUA. En la actualidad, Guatemala tiene unas 500,000 ha certificadas (FSC s.f.).

Conclusiones La creación del INAB (Decreto Ley No. 101-96) adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y con carácter de entidad estatal, autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, es sin lugar a dudas, uno de los mejores logros de la legislación forestal de Guatemala. El INAB ha contribuido en gran medida a que Guatemala hoy en día sea un ejemplo positivo de cómo involucrar a las comunidades en el manejo, conservación y uso sostenible del bosque. Es un modelo del uso de incentivos forestales por medio de programas, tales como PINFOR y PINPEP, siendo por ello que el país ha sido efectivo en apoyar al pequeño y mediano reforestador a realizar actividades de manejo y establecimiento de plantaciones para mantener la cobertura forestal de sus predios.

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En materia de pagos por servicios ambientales, el país también es líder en el área centroamericana y pionero en la implementación de proyectos de secuestro de carbono. Sus esfuerzos por convertirse en un país REDD+ y agenciarse fondos REDD+ para implementación de proyectos forestales en el país parecen ir en buena dirección.

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7: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE INDONESIA Marco Legal Hasta 1967 el sector forestal se regía por la Ley Forestal No 5. de 1967. Pero debido, principalmente, a las alarmantes tasas de deforestación y a la presión internacional sobre el país para parar la destrucción de sus bosques, se concluyó que dicha ley ya no cumplía con los principios forestales, específicamente de control de operaciones y manejo del bosque. Como consecuencia, el país la derogó y en 1999 se publicó la nueva ley forestal 41/1999. Seguidamente en ese mismo año se publicó la Ley 22 sobre descentralización. Esta ley establece que todos los bosques de Indonesia, incluyendo sus recursos naturales, serán controlados por los estados tomando en consideración los derechos de los pueblos indígenas en una clara acción hacia la descentralización del recurso y su manejo. Además de las anteriores leyes, el sector forestal de Indonesia también se rige por las siguientes leyes: No. 5 (1990) sobre la Conservación de los Recursos Bio-Naturales y Ecosistemas, No. 23 (1997) sobre el Manejo del Medio Ambiente, No. 25/2000 sobre Gobernanza Regional y la No. 25/1999 sobre Balance Fiscal entre los gobiernos central y regionales. Mecanismos para Fomentar el Manejo Forestal Descentralización (Ley 22-1999) Uno de los objetivos generales de la descentralización era darle a los distritos la autoridad y el control sobre el manejo de sus bosques y hacerlos responsables del bienestar de sus recursos. Específicamente, la ley pretendía mejorar el control, distribución y uso de los recursos naturales, así como ser más justo en la repartición de los beneficios, principalmente económicos. Además, con esta ley se rompía la hegemonía del manejo centralizado del bosque del pasado, lo que a su vez proveía a los distritos un marco de trabajo propio para manejar sus recursos. Sin embargo, la ley (Artículo 8) especifica que el Gobierno se encargará de determinar las áreas forestales especiales y de definir los límites del bosque de las comunidades (Artículo 14). El Artículo 18 le da hegemonía al gobierno central sobre los bosques a lo largo de ríos y de otras fuentes de agua. La ley también dice que el gobierno central regulará la protección del bosque (Artículo 48)35. Recentralización La descentralización parece no haber funcionado debido a que la ley tenía ciertos huecos sobre la competencia de funciones y sobre los límites de autoridad del gobierno central y de los locales que en cierta medida se traslapaban. Durante el transcurso de la aplicación de la Ley 22, los gobiernos regionales y el central se enfrascaron en discusiones como la división de autoridad, la repartición de los beneficios del sector forestal, además de que se cuestionaba el incremento desmedido del aprovechamiento del bosque. Todo esto llevó a que paulatinamente se experimentaran conflictos de intereses en las comunidades, llevando así a la deforestación 35

Desde 1957 han habido intenciones de descentralizar el manejo forestal en Indonesia.

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continúa. La sostenibilidad del recurso no fue garantizaba, al grado que el gobierno central gradualmente empezó a quitarle la autoridad sobre el manejo de sus bosques a los distritos en un claro paso hacia la centralización (Bullinger y Haug 2012). Estas situaciones hicieron que el gobierno central emitiera una serie decretos y políticas36 nuevas para retomar muchas de las funciones de la administración forestal descentralizada, indicando que la era de centralización del manejo de los bosques en Indonesia había regresado quedando a la espera que algunas de las políticas forestales de la descentralización se materializaran (Dermawan et al. 2006). Incentivos Indonesia contó con un fondo para la reforestación y la rehabilitación de bosques, el cual era financiado por un impuesto gravado al volumen de madera producida; este fue creado por el Decreto Presidencial No 35-1980. Se estima que desde su inicio en 1989, el fondo entregó unos US$ 500 millones anualmente a compañías que terminaron usando el dinero en otras cosas (Reyes 2012). Desde 1989 al 2009, el fondo entregó unos $5.8 billones. En un tiempo, el Ministerio de Bosque aportó más de un billón de dólares entre préstamos y donaciones en efectivo usando el fondo, para promover el establecimiento de plantaciones comerciales; sin embargo, a través de los años, este fondo ha sido mal manejado financieramente y su administración ha sido muy cuestionada por la falta de transparencia, al grado que el gobierno tuvo que crear una Comisión para Erradicar la Corrupción debido a una pérdida de multibillonaria (Barr y Sayer 2012). Otro objetivo del fondo era para promover la inversión privada en el establecimiento y manejo plantaciones forestales; el incentivo apuntaba hacia a los conglomerados de la madera de Indonesia, inversionistas extranjeros, empresas estatales y a concesiones. El incentivo, era una fuente de fondos accesible que le daba a la industria de la madera y de contrachapados, acceso a las tierras forestales para promover el establecimiento de plantaciones con esos fines. El fondo también fue usado para convertir tierras altamente degradadas a bosques productivos37. Otro diseño (poco inusual) que usó el gobierno en 1992 para incentivar la industria forestal fue el esquema de la “transmigración” (Decreto Ministerial No. 341/Kpts-II/1992) que tenía como objetivo controlar el crecimiento de la población en zonas de alta densidad poblacional (Java y Bali) (Asia-Pacific Forestry Comission 2004). Otro objetivo del decreto era depreciar los costos de la mano de obra para la industria, con lo que indirectamente se estaba subsidiando a las compañías dedicadas al establecimiento de plantaciones forestales.

Lecciones Aprendidas de este Modelo de Incentivos en Indonesia Este esquema de incentivos tuvo una serie de problemas que afectaron su efectividad. La mayoría tuvo que ver con restricciones legales sobre el apeo de árboles, transporte y venta de la madera cosechada. Las regulaciones concernientes al apeo de árboles y transporte de madera en propiedad privada eran muy estrictas lo que desanimó al sector privado a invertir en el establecimiento de nuevas plantaciones. Por otro lado había mucha burocracia en la tramitología. También había cinco especies “reservadas” que solo podían ser transportadas y mercadeadas 36

Quitándole la autoridad a los jefes distritales de emitir permisos para concesiones pequeñas; Junio 2002 (Decreto 34/2002): mediante el cual las concesiones las autoriza el gobierno central. 37 Debido a la naturaleza y a la magnitud del objetivo del fondo, así como a su política de donación y préstamo de alta envergadura, no es posible hablar de detalles como, p. ej., incentivo por ha y por cuánto tiempo.

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por el departamento forestal oficial38. Los cargos y las regalía por aprovechar estas especies redujeron aún más los ingresos de sus dueños. La falta de información sobre el mercado y bajos precios de los productos de la madera fueron otras causas del fracaso del incentivo en Indonesia. Otra de las situaciones que debilitó el esquema de incentivo en Indonesia, fue la imposición de vedas a la exportación de trozas que puso en alerta y desanimó a la industria maderera a invertir en plantaciones forestales. Habiendo extensas superficies de bosque natural, la industria estimó que sembrar árboles era una inversión poco atractiva. Cambio Climático y REDD+ REDD+ ofrece oportunidad de crear nuevos flujos de ingresos cuando un país protege sus bosques y rehabilita los degradados. Sin embargo, muchos de los posibles beneficiaros de los fondos REDD+ carecen de un record positivo en el manejo de fondos públicos (Ahamad 2010). Indonesia es un país con potencial para obtener fondos REDD+ debido a que tiene una cobertura forestal muy alta, y una tasa de deforestación y degradación forestal de igual dimensión. La tasa de deforestación ha cambiado a través del tiempo, por ej.: entre 1985–1997, 1997–2000, and 2000–2005, la tasa cambió de 1.8 millones ha/año, 2.8 millones ha/año, y 1.2 millones ha/año, respectivamente. Estudios indican que Indonesia tiene unas reservas de carbono que varían de 8 hasta más de 300 toneladas de C/ha. (Anónimo 2010). El Ministerio Forestal, en coordinación con otros ministerios y el Consejo Nacional sobre Cambio Climático, están conscientes de las políticas de REDD+ y han implementado una estrategia nacional REDD+ 2009-2012 que le permitirá prepararse para el mecanismo REDD+ post 2012 que le permita obtener fondos proveniente de aportaciones multilaterales. El país ya cumplió con la primera fase del programa REDD+ Indonesia y continúa trabajando con varios grupos y agencias interesadas y el Grupo de Trabajo REDD+ en preparación para presentar su propuesta. En este sentido, Indonesia y Noruega han negociado un acuerdo de 1 billón de dólares para REDD+ el cual sería destinado principalmente a la recuperación de áreas con suelos de turba -considerando que estas áreas tienen un mayor impacto porque emiten más CO². Pero la implementación de un programa REDD+ en Indonesia pueda que se llene con obstáculos en el camino. Por ej., durante 1990-1999, aproximadamente un billón de dólares del fondo se usaron para apoyar el establecimiento de plantaciones, pero muchos de los beneficiarios usaron los fondos en diversas actividades que hasta la fecha no han pagado por completo dichos préstamos. Si estas compañías aplican para proyectos REDD+, será importante considerar minuciosamente las implicaciones si dichos participantes de REDD+ fallan en cumplir sus obligaciones. Los donantes e inversionistas desearan estar seguros que sus dineros serán manejados correctamente. Si no es así, se corre el peligro que las inversiones se vayan del país a otros proyectos con un sistema contable más confiable y con gobernanza. Por lo tanto, los fondos REDD+ deben manejarse con eficiencia, de lo contrario, la habilidad de lograr las metas

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Tectona grandis, Madhuca latifolia, Acacia catecú, Dalbergia latifolia y Santalum album

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de reducción de carbono estarán en duda y el flujo de los fondos REDD+ no se llevara a cabo (Forest Climate Change s,f, y CIFOR 2014). Pagos por Servicios Ambientales Indonesia cuenta con el programa “Premiando a los Pobres de las Tierras Altas Por Servicios Ambientales (Rewarding Upland Poor for Environmental Services - RUPES) que tiene como objetivo promover la implementación de PES tomando como base principal la reducción de la pobreza. Este programa busca trabajar y favorecer a las comunidades viviendo en terrenos montañosos cuyos pobladores son entre los más pobres y marginados. Estas comunidades reciben pocos de los beneficios de la inversión nacional y local en el proceso de desarrollo económico del país. Sin embargo, muchas de estas comunidades manejan el paisaje que provee servicios ambientales a aquellos que viven afuera, entre éstos: agua potable y abundante, protección a la biodiversidad, sumideros de carbono que contribuyen a reducir el calentamiento global, belleza natural y turismo. RUPES busca diseñar mecanismos que les permitan a las comunidades de las tierras altas compartir los beneficios locales y globales que esos servicios ambientales proveen. Trabaja en asociación con organizaciones nacionales e internacionales para lograr sus objetivos, como son la identificación de los servicios ambientales en las comunidades; cómo pueden medirse los servicios ambientales; definir quién debe recibir las recompensas de los servicios ambientales; el mecanismo a implementar para entregar las recompensas y cuánto debe pagarse por esos servicios. El pago (o incentivo) que RUPES da a sus beneficiarios no necesariamente es en efectivo. Existen casos que el premio a las comunidades ha sido apoyarles en asegurar sus derechos sobre la tierra para efectos de proteger las cuencas y para mejorar el secuestro de carbono (IFAD s.f.). Certificación Forestal La certificación forestal en Indonesia se dio por primera vez en 1990 y fue el primer país en vías de desarrollo que logró la certificación de las operaciones de teca de la compañía Perum Perhutani. En 1993 el país estableció su propio esquema de certificación llamado Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) que junto con el Consejo de Manejo Forestal (FSC) han desarrollado un Protocolo Conjunto de Certificación que obliga a LEI y a la FSC a usar los criterios e indicadores de sostenibilidad de ambos esquemas. A pesar que al inicio la certificación tuvo éxito en Indonesia, las malas prácticas, políticas forestales de un Estado ineficiente y los conflictos relacionados al bosque y su tenencia contribuyeron a retrasar el desarrollo de este mecanismo de promoción del manejo forestal en el país. Sin embargo, la certificación en Indonesia ha tenido algunos efectos positivos: (i) otorgamiento por parte del gobierno a compañías que han adoptado la certificación LEI; (ii) ha habido un aumento de parte de la compañías de participar e involucrarse en consultas públicas sobre el destino del recurso y la participación de las comunidades; y (iii) la apertura de una arena política para que las ONG y las comunidades expresen sus preocupaciones (Muhataman 2006).

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Hasta junio del 2013, LEI había certificado un total de 1,873,698 ha de bosques: 411,690 ha de bosque natural, 1,429,055 ha de plantaciones forestales y 32,683 ha de bosque comunitario. Las experiencias generadas por los esquemas de certificación, principalmente sobre mejores prácticas de manejo del bosque y mayor involucramiento de las comunidades, pueden servir para desarrollar métodos REDD+ más equitativos, eficientes y sostenibles.

Conclusiones El caso de descentralización de Indonesia ofrece buenas “lecciones por aprender” que pueden a ayudar a asegurar la sostenibilidad de bosque y sus recursos, sin embargo, tiene sus limitaciones y en algunos casos no tienden a reducir la presión hacia el bosque de las comunidades (Obidzinski y Barr 2003). Algunos aspectos positivos del sistema en relación a manejo del bosque incluyen (i) facilitación en la participación de todos los actores en la planificación de actividades y en la toma de decisiones e implementación de las actividades; (ii) formas directas de contribuir con el desarrollo de las comunidades; (iii) mejorar la capacidad técnica de las comunidades en manejar el recurso; (iv) mejorar la gobernanza del bosque así como el interés de las comunidades en agenciarse de los beneficios en forma sostenible; (v) mejorar la participación de la empresa privada en la actividad; (vi) aprovechamiento al conocimiento local; y (vii) contribuye a reducir la tala ilegal de madera (Dermawan et al. 2006). Sin embargo, la descentralización requiere de una ley forestal clara, transparente y bien definida; adicionalmente requiere de una clara definición de autoridad, y de un marco político sólido y comprometido tanto a nivel central como a nivel de las regiones. y división de autoridad. A pesar de la experiencia y las lecciones aprendidas en Indonesia, tanto la descentralización como la recentralización del manejo del bosque pueden tener efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, estudios indican que la centralización tiende a ser contraproducente y que la tendencia es hacia la descentralización. Se ha comprobado que la certificación en Indonesia ha contribuido a que todo el contexto del manejo del bosque tienda a ser más sustentable. Sin embargo, si las prácticas de manejo no son adecuadas, ni transparentes, ni participativas y las políticas forestales del estado son ineficaces y existen conflictos relacionados al bosque y su tenencia, sus resultados pueden ser negativos para la sostenibilidad del recurso forestal. Indonesia es un país con el 52.1% de su territorio cubierto por bosques (94,432,000 ha) y unas 3,549,000 ha de plantaciones. Entre 1990 y el 2010 el país perdió 1.02% de sus bosques anualmente, o sea unas 24,113,000 ha durante el periodo. Se calcula que sus bosques contienen unas 13,017 millones de toneladas métricas de carbono (Saatchi 2011). Las cifras de deforestación del país son alarmantes y contribuyen a producir los GEI, pero al mismo tiempo su extensa cobertura forestal, incluyendo plantaciones, y las medidas de manejo forestal sostenible que exige el país, pueden favorecer la reducción de estos lo que daría como resultado que Indonesia sea un candidato muy valioso para clasificar a un proyecto REDD+. Los recursos forestales y los servicios ambientales que estos proveen a la sociedad pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las comunidades que los manejan. Es necesario

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estimularlas por sus esfuerzos en cuidar de dichos servicios, pero no necesariamente en forma monetaria. No obstante, para llegar a usar mejor los recursos y sus servicios ambientales más eficientemente, es necesario identificarlos, diseñar mejores métodos de medición, definir claramente quién debe recibir las recompensas, diseñar mecanismos de entrega de los beneficios y definir cuánto pagar por esos servicios.

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8: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE NUEVA ZELANDA Marco Legal El sector forestal de Nueza Zelanda se regía por la Ley Forestal de 1949 la cual fue enmendada en 1993. Esta ley dio por finalizada la práctica de apeo no sostenible y la tala rasa del bosque nativo. Una nueva modalidad de esta nueva ley es que cubre actividades de manejo sostenible del bosque nativo privado. La ley ofrece a los propietarios del recurso la alternativa de que ellos manejen sus bosques para su aprovechamiento y producción de madera aserrada bajo el control del estado. El servicio forestal funciona bajo el Ministerio de Agricultura y Bosque pero tiene fuertes enlaces con el Ministerio de Industrias Primarias (MIP). En el país existen varias vías legales para proteger los bosques nativos, una de las cuales es la Ley de Gestión de Recursos, aprobada en 1991. La Ley de 1991 sobre el Manejo de los Recursos prácticamente reemplaza a casi todas las leyes concernientes al suelo, aire y agua. Su principal objetivo es “promover el manejo sostenible de los recursos naturales y físicos del país”. Y el sentido de la misma es que todo lo que se relaciona con el sector forestal debe aplicar a todos los distintos tipos de uso de la tierra. Debido a presiones de ambientalistas, la tala del bosque nativo en propiedad del estado cesó en el 2002, y ahora la ley permite que este ecosistema se pueda aprovechar solamente en propiedad privada siempre y cuando se compruebe su sostenibilidad. La política del Gobierno sobre el manejo de los recursos es de carácter multisectorial. Se trata de contrarrestar y administrar efectos adversos sobre el medio ambiente y establecer marcos legislativos y económicos dentro de los cuales las decisiones de inversión pueden ser en gran medida impulsadas por el mercado. Nueva Zelanda no tiene una sola política forestal nacional sino un paquete de leyes -todas en vigor que, en su conjunto aportan los elementos necesarios para una prueba de legalidad de los productos forestales del país. La determinación de la legalidad de la madera procedente de sus bosques plantados recae fundamentalmente sobre la Ley de Ordenación de los Recursos Naturales, que proporciona el marco legal para la protección del medio ambiente y gestión de los recursos del país. Lo anterior se logra a través de una serie de declaraciones de política nacional, normas, declaraciones de política regional, planes distritales y otros. Estos instrumentos establecen el marco jurídico en el que los usuarios de los recursos pueden operar. Con respecto a la legalidad de los derechos de los indígenas, la Ley Forestal 1949, demanda que sus recursos forestales sean manejados sosteniblemente. Los bosques autóctonos incluidos en un plan de manejo forestal sostenible o permiso extendido legalmente, no pueden ser cosechados excepto de conformidad con el plan o con el permiso. Otras leyes relacionadas al sector forestal en Nueva Zelanda incluyen las siguientes: a. La Ley de Tenencia del Territorio Whenua, 1993: reconoce las tierras Maori y sus bosques como “tesoros pasados a ellos por sus antepasados”. b. La Ley de la Propiedad 2007 mediante el cual el Estado garantiza la propiedad privada.

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c.

La Ley del Registro del Derecho Forestal 1983 que reconoce los derechos forestales del propietario de la tierra y le permite establecer plantaciones y cosecharlas. Estos derechos son muy importante para la inversión privada ya que por este medio un propietario puede establecer un convenio de siembra de árboles en su tierra con otra persona o compañía y respetar ese convenio.

Mecanismos para Fomentar el Manejo Forestal El servicio forestal nacional ofrece varios esquemas e iniciativas de donación de fondos para fomentar e impulsar en desarrollo sostenible entre las comunidades rurales forestales. Los siguientes son ejemplos de cuatro esquemas de desarrollo más relevantes al sector forestal: 1. Esquemas Relacionados a la Política Nacional sobre Cambio Climático a. Esquema de Donaciones para Forestación (AGS, por sus siglas en ingles). Es un fondo discutible donde la iniciativa surgió en el 2006 aunque comenzó en el 2008/2009. Este esquema surgió como una opción del plan de acción del programa “Manejo Sostenible de la Tierra y Cambio Climático”. El AGS ofrece una alternativa al Estado para comercializar los derechos de emisión de GEI propuesto por Nueva Zelanda como una forma de aumentar los niveles de absorción extendiendo el área de bosques “Kioto” en el país. Bajo este esquema, los beneficiados firman un contrato con el Estado, de quien reciben una donación para sembrar árboles y establecer nuevas plantaciones en tierras que no tenían una cobertura forestal antes del 31 de diciembre de 1989. A cambio de la donación, el Estado también cubre con los gastos de administración del programa y se convierte en el dueño de los créditos de carbono por los próximos 10 años39. La entidad que recibe la donación se convierte en el propietario del nuevo bosque y puede ganar ingresos por la venta de la madera pero sólo después del vencimiento por un periodo de 10 años estipulado en un contrato. Por los primeros 10 años, después del establecimiento de la plantación, el gobierno posee los créditos de carbono generados bajo el Protocolo de Kioto y asume la responsabilidad de cumplir con todas las obligaciones de deforestación y aprovechamiento exigido por el protocolo. El contrato caduca a los 10 años, pero si el propietario desea optar al Régimen para el Comercio de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (Emission Trade Systems, ETS para sus siglas en ingles), entonces cualquier crédito de carbono y las obligaciones relacionadas a la deforestación y aprovechamiento, del protocolo, serán su responsabilidad. La plantación puede ser para objetivos energéticos bajo un estricto plan de manejo o para efectos ambientales o combinación de ambos. El tamaño mínimo es de 5 ha en un sólo lote o el total de varios con un mínimo 1 ha. cada uno. También incentiva la forestación a ambos lados de fuentes de agua. Clasifican para este esquema: (i) tierras que al 31 de diciembre de 1998 no tenían cobertura boscosa; (ii) tierras forestales con cobertura a esa misma fecha; (iii) terrenos que fueron deforestados entre enero de 1990 y diciembre del 2007. Durante el periodo 2008/2010 se habían establecido unas 3,279 ha por medio de este esquema y durante el 2010/2011 otras 6,380 ha. En un periodo de cinco años, el estado ha erogado unos NZD23.5 millones al programa.

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El MAF estima que durante esos 10 años se “secuestrarían” unas 1.6 toneladas de CO² con un valor de mercado de NZD 2,416/ha.

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b. Iniciativa Sumidero Forestal Permanente (PFSI para sus siglas en inglés): es un mecanismo voluntario que comenzó en diciembre del 2007. Promueve el establecimiento permanente de bosques en tierras sin cobertura forestal y con fines ambientales. Esto se lleva a cabo bajo un convenio por más de 50 años, entre el propietario y el estado en el que el primero se compromete a mantener la cubierta de copas de los árboles en forma continua aunque permite el aprovechamiento controlado del bosque y con ciertas restricciones. El dueño de la tierra recibe beneficios una vez que la cantidad de carbono secuestrado ha sido medida y verificada. Adicionalmente, el propietario corre con todos los costos y riesgos asociados con la liberación de carbono de su bosque. Otros costos cargados al propietario incluyen los costos de monitoreo, verificación y administración. Es aplicable a bosques sembrados permanentes, con cualquier especie, establecidos después del primero de enero de 1990 y está vigente desde enero del 2008. Adicionalmente, este esquema tiene otros beneficios más allá de los relacionados al cambio climático. Por ej., retira tierras marginales de toda actividad productiva, enriquece la biodiversidad y mejora la conservación del suelo y fuentes de agua. Hasta el 2011, la superficie de bosque bajo este esquema es 7,141 ha: 4355 ha con especies exóticas y 2,787 ha con especies nativas (Ministry of Agriculture 2011). El propietario paga una cuota de NZD500.00 por ingresar al programa. Montos de la Donación del Esquema AGS El Estado no eroga fondos directamente aunque carga con algunos costos por la administración de la iniciativa; es decir, el interesado en vender los créditos de carbono cubre con los gastos de establecimiento y manejo de la plantación. Por ej., el costo directo de administrar el programa fue de NZD375/ha en el 2007/2008 y en el 2010/2011 NZD84.00. Los pagos al propietario vienen de los créditos de carbono proporcional al secuestrado por un rodal nuevo. Son producto de su venta en el mercado internacional. Se estima en NZD20.00 por tonelada de CO². Los montos, son revisados anualmente, varían según la categoría y son fijados en base a la tasa de secuestro de carbono y el riesgo del gobierno a mantener el derecho de propiedad del mismo. Para el periodo 2011/2012 el monto pagado fue entre NZD1,700.00 y NZD2,100/ha para bosques que demostraron tasas altas de secuestro y unos NZD900/ha para los de una tasa baja. 2. Esquemas relacionados la política de estado sobre el uso sostenible del suelo a. Proyecto Forestal de la Costa Este (ECFP) que inició en 1993 tiene que ver tanto con el campo agrícola y el forestal. Opera bajo el esquena de donación y fue establecido en 1992. Desde su inicio ha proveído fondos a propietarios de tierras para prevenir y controlar la erosión en tierras agrícolas y/o forestales; por medio de la donación, el propietario puede establecer plantaciones comerciales. La meta del proyecto es recuperar las peores 60,000 ha de tierras, agrícolas y/o forestales severamente erosionadas, principalmente en el Distrito Gisborne, aunque hasta el 2011 solo 35,000 ha pertenecientes a unos 356 beneficiarios. Su modalidad de operación es por medio de un contrato entre el proyecto y el propietario.

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Financiamiento de este Esquema (Fuente: Ministry of Agriculture and Forests 2011) El proyecto tiene vigencia hasta el 2020. Cuenta con el endose del Estado quien inicialmente le aprobó unos NZD2.8 millones anualmente pero que con el tiempo fue cambiado a NZD4.5 millones de los cuales NZD4.1 son para donaciones. En monto de la donación para forestación oscila entre NZD1,476 y NZD2,280 por hectárea y NZD1,512/ha por la reversión de tierras degradadas. Las donaciones se hacen dependiendo del objetivo, según indica el cuadro siguiente: Tabla 29 Porcentaje del monto pagado por aforestación y otras actividades (Fuente: Ministry for Primary Industries 2014) Actividad

1er Pago*

2do Pago

Forestal/establecimiento de bosque

70%

Plantación para postes

80%

Reversión de tierras degradadas

50%

30% después del primer raleo 20% al tercer año de establecida la plantación 50% al quinto año

*El primer pago se realiza al inicio de la actividad

Incentivos para la Empresa Privada El gobierno no ofrece incentivos a la empresa privada extranjera. La garantía que un inversionista de otro país tiene con deseos de establecerse en Nueva Zelanda es un ambiente de inflación baja. No hay impuestos sobre las ganancias del capital; el país mantiene acuerdos de tasación doble con 34 países incluyendo los Estados Unidos de Norte América. Por otro lado, el impuesto corporativo bajó en abril del 2008 de 33% a un 30%. El Código de Buenas Prácticas Forestales El Código de Buenas Prácticas Forestales se publicó por primera vez en 1990 después de tres años de consultas a nivel nacional; fue actualizado en 1993 y su objetivo es planificar e implementar las operaciones forestales en una forma sostenible. Cambio Climático y REDD+ Los programas antes descritos tienen que ver mucho con Cambio Climático y los beneficios que el propietario recibe vienen de la venta del carbono en el mercado internacional del carbono. El país está muy involucrado en este proceso, tanto a nivel nacional como internacional, y su potencial para contribuir a la reducción de GEI es notorio. Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en implementar a nivel nacional un régimen para el comercio de desechos de emisión de GEI que tiene un componente forestal como parte de su estrategia de cambio climático; lo que a su vez cumple con las obligaciones del país bajo el Protocolo de Kioto. La experiencia de Nueva Zelanda sobre la consulta de este proceso con las comunidades indígenas puede ser aprovechada por otros países que se encuentren en el proceso de elaborar su propia estrategia nacional para reducir sus emisiones debido a la deforestación y degradación del bosque (REDD+).

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Tabla 30 Montos de donación y programa de pagos por trabajos de prevención/control de Monto de la Al Momento de Distancia del Tratamiento Donación Establecer el Puerto (km) (NZD/ha) Tratamiento (NZD/h) 0 – 80 1,476 1,033.00 en el año 0 Al bosque 150 2,014 1,410.00 en el año 0 215 2,820 1,974.00 en el año 0 Labores de A cualquier 1,512.00 76.00 en el año 0 reversión de tierras distancia 70% de un costo Siembra para postes A cualquier 80% del total de la actual y y varas distancia donación en el año 0 razonable

la erosión (2009) Pago Final (NZD/ha) 443.00 al último raleo 604.00 al último raleo 846.00 al último raleo 756.00 en el 5to año 20% del total de la donación al año 0

Pago por Servicios Ambientales Los ejemplos descritos anteriormente son casos de PSA. La siembra financiada de árboles para la recuperación de suelos degradados y su eventual protección o para captar las emisiones de CO², se pueden considerar como casos de PSA. El país tiene un gran potencial para aplicar el concepto de PSA para mejorar sus fuentes de agua, proteger la biodiversidad y reducir la erosión involucrando a su población indígena más necesitada -ya que solamente los Maorí poseen unas 500,000 ha de bosques. Certificación Forestal Nueva Zelanda tiene un 30% de su territorio cubierto por bosques equivalente a unas 8.1 millones de hectáreas: 6.4 millones de bosque natural y 1.8 millones de hectáreas en plantaciones privadas y casi todo está certificado. La tasa anual de siembra de árboles es de unas 50,000 hectáreas que producen más de unos 18 millones de metros cúbicos de madera. Con el éxito que el país tiene con el establecimiento y manejo de sus plantaciones y la continua renovación de plantaciones, el país estima que la producción de madera para el 2020 será de unos 40 millones de m³. En la actualidad, el 99% de los productos exportados provienen de las 1.8 millones de hectáreas. El sector forestal aporta un 4% producto interno bruto del país y crea unos 17,000 empleos. El volumen de madera disponible para la exportación aumento un 74% entre 1996 y el 2010. A diciembre del 2012 su industria forestal había exportado 13,761,008 m³ de madera en rollo representando unos NZD 1,575,818,000 y unos 2,077,861 m³ de madera aserrada a septiembre de este año equivalente a unos NZD 812,586,000 (Ministry for Primary Industries 2014b). Estos datos demuestran la importancia de los bosques y sus industrias relacionadas y su aporte al desarrollo económico del país. Sin certificación, los manejadores de bosques, incluyendo la industria forestal, sería un sector muy vulnerable a alegaciones infundadas y hasta ilegales de partes interesadas, lo que vendría a dañarles la imagen y acceso al mercado internacional.

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9: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE PERÚ Marco Legal La Ley Forestal y de Fauna Silvestre No. 27308 de octubre del 2001 fue derogada por la Ley 29763 de julio 201140. El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) es la institución estatal directamente encargada de hacerla cumplir. En el Artículo 10 de la primera ley, estableció las modalidades del aprovechamiento y manejo del bosques naturales: (i) Concesiones forestales otorgadas mediante una subasta pública en unidades de “aprovechamiento” de 10,000 hasta 40,000 ha, por un plazo de hasta 40 años renovables; y (ii) concesión dada en concurso público, en unidades de “aprovechamiento” de 5,000 hasta 10,000 hectáreas, también por hasta 40 años renovables. La segunda modalidad era para empresarios catalogados como medianos y pequeños, en forma individual u organizados en sociedades y cuyo plan de manejo comprendía subunidades de aprovechamiento no menores a 1,000 ha. Tabla 31 Tipos y tamaños de las Concesiones en Perú (Fuente: Sandoval 2009) Superficie Otorgada Tipo de Concesión Cantidad (ha) 171 2,871,925 85 1,267,111 Maderables 34 494,668 (concurso público) 48 285,661 250 2,641,624 SUB TOTAL 588 7,560,989 Maderables 1,861 concesiones (adecuación de 15 256,794 para un total de contratos) 9,228,751 ha Otros productos del 934 793,459 bosque

Adicionalmente

Ecoturismo

25

56,412

Conservación

16

423,094

Reforestación

282

135,142

1 1,861 4,464

3,861 9,228,751 99,999

Fauna TOTAL Permisos

Departamento Ucayali Madre de Dios San Martin Huánuco Loreto Madre de Dios, San Martin, Loreto, Ucayali, Junín y Pasco Madre de Dios Madre de Dios, Loreto u Ucayali Madre de Dios, Loreto u Ucayali Madre de Dios, Pasco, Junín, Ucayali, Piura, Lima San Martin

El Artículo 13 de la ley, especificaba que previo a la suscripción del contrato de concesión para unidades de 10,000 – 40,000 ha, el concesionario debía presentar una fianza bancaria a favor de la autoridad competente, equivalente al 15% del valor de la madera aprovechada estimada en el plan de manejo para cada año hasta la finalización del contrato.

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Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: DS No. 09-2013-MINAGRI fue aprobada en agosto, 2013 y en octubre del mismo año, fue lanzado el Proyecto de Reglamento de la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley No. 29763 fue lanzado en octubre 2013

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También se daba en concesión: (i) el aprovechamiento con fines no maderables (especies de flora y fauna); (ii) concesiones para ecoturismo, conservación y servicios ambientales, como es el caso del secuestro de carbono. La ley le permitía al estado a concesionar sus tierras con fines de forestación y reforestación con fines de producción, protección y servicios ambientales, en tierras de capacidad de uso mayor forestal sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea. La nueva Ley 29763 abole al INRENA y crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura. El SERFOR se convierte en la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre. Al igual que la anterior, esta ley mantiene lo concerniente a las concesiones bajo la misma reglamentación. Otras dos leyes que legislan actividades forestales en el país incluyen: a) El Plan Nacional de Reforestación 01-2006 lanzado bajo la R.S. No. 002-2.006-AG. Tiene por objetivo principal mitigar las causas del cambio climático al nivel nacional y global, promoviendo la reforestación de las cuencas hidrográficas y el manejo de los recursos naturales con criterios ecosistémicos y de sostenibilidad. Tiene como meta, la reforestación de unas 864,500 ha al 2024 y que para ese entonces Perú esté posicionado competitivamente en el mercado mundial con plantaciones forestales que generan riqueza y bienestar para su población en armonía con el ambiente b) Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería: Ley 28852. Objetivo general: promover la inversión privada en reforestación con plantaciones forestales, agroforestería y servicios ambientales. Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal Según la Ley 27308 Anterior La ley anterior no hablaba sobre incentivos, pero sí de “estímulos” consistente una reducción porcentual, no estipulada, en el pago de los derechos de aprovechamiento para aquellas concesiones que involucren proyectos integrales de extracción, transformación en plantas de procesamiento ubicadas en el ámbito regional de la concesión y comercialización de productos forestales con mayor valor agregado (Artículo 31º). Adicionalmente, estipulaba esta ley que el estado implementaría mecanismos de estímulos complementarios a los beneficios otorgados en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Mecanismos de Fomento del Manejo Forestal Según la Nueva Ley 29763 El Título III (Artículo 131) de esta ley trata sobre la promoción, financiamiento, certificación e inversión forestal y de fauna silvestre. Mediante ese artículo, el estado implementa mecanismos de estímulos o incentivos de naturaleza no tributaria para manejo, conservación, aprovechamiento, transformación de recursos forestales y de fauna silvestre. Las concesiones, permisos y autorizaciones forestales o de fauna silvestre, registrables pueden ser objeto de hipoteca, fideicomisos o de constitución de otros derechos reales. Las plantaciones forestales inscritas en el Registro Nacional de Plantaciones también pueden ser hipotecadas. En caso de comunidades nativas y campesinas, estas modalidades de financiamiento son aprobadas previamente por la asamblea comunal. 68

Fondo de Promoción de las Áreas Protegidas del Perú (PROFONANPE) Este fondo es producto de negociaciones con el Fondo Fiduciario del Banco Mundial (GEF), y tiene aproximadamente veinticinco años de funcionar en el Perú. Fue creado en 1992 mediante el Decreto Ley 26154 como un fondo fiduciario y es constituido principalmente por donaciones de la Cooperación Técnica Internacional, por recursos complementarios transferidos por el Estado o por la empresa privada y también por el canje de deuda bilateral por naturaleza, entre varios gobiernos y organizaciones con el Perú41. PROFONANPE es una sociedad sin fines de lucro y de interés público, con existencia legal y su propia personería jurídica. Tiene representación mayoritaria del estado, empresa privada, ONG y de la cooperación internacional. La misión del programa es captar, administrar y canalizar fondos con el objetivo de financiar proyectos, a largo plazo, de manejo de las áreas naturales protegidas para la conservación de la biodiversidad y de las zonas de amortiguamiento. A través de los años, PROFONANPE ha contribuido al desarrollo de innovaciones en el manejo de las áreas protegidas. Algunos logros concretos de este fondo desde su inicio hasta la fecha incluyen los siguientes: (i) el número de áreas naturales protegidas de administración nacional pasó de 33 a 75; (ii) correspondiente a una superficie de 6.2 a 19.5 millones de hectáreas (15.2% del territorio nacional) y (iii) y a 150 el número actual de guarda parques. Otro logro significativo ha sido que colaboró con el Ministerio del Ambiente para que en el 2008 Perú creara el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Actualmente financia unos 35 proyectos relacionados con la protección, conservación y uso sostenible de las áreas naturales protegidas y con el manejo sostenible en zonas de amortiguamiento. PROFONANPE maneja varios fondos para sus actividades: (i) Fondo Patrimonial: se utilizan solamente los intereses generados, pero no el capital; (ii) Fondos Extinguibles: se usa tanto los intereses, como el capital; (iii) Fondos Mixtos: usa el capital principal para financiar proyectos y con los intereses generados y acumulados, crea un fondo patrimonial; (iv) Fondos de Mercado: fondos de pequeña escala usados para un fin muy específico; y (v) Donaciones financieras y asistencia técnica: usa la modalidad de desembolsos parciales de corto y mediano plazo de la entidad donante. Cambio Climático y PSA Perú impulsa un programa de incentivos económicos a indígenas con dos objetivos: (i) para conservación del bosque de la Amazonía, y (ii) contrarrestar los efectos del cambio climático. El programa cuenta con un presupuesto anual de US$3.8 millones y abarca a unas 48 comunidades amazónicas para una superficie total de 500.000 ha (CHIRAPAQ 2013). El programa forma parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, cuya meta para 2021 es tener cero deforestación, y que se propone la conservación de 54 millones de hectáreas de los 72 millones de bosque tropicales amazónicos y secos existentes en Perú. Pretende mantener la sostenibilidad del bosque además de que promueve el desarrollo económico y social de las comunidades.

41

Por ejemplo: Estados Unidos de Norte América, Canadá, Alemania, Fundación John D. and Catherine T. MacArthur.

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El monto del incentivo es de unos US$ 3.7/ha/año, por un periodo de cinco años y se entrega a comunidades nativas con el compromiso de que vigilen y conserven el bosque donde viven, que lo reforesten y le den buen uso a los productos de esas tierras; pero también lo pueden usar para la producción agrícola, educación y salud. El gobierno ya ha entregado incentivos a 16 comunidades de la región Amazonas por un total de unos US$860.000 por haber realizado buenas prácticas de manejo y conservación de unas 231.902 ha. A pesar de lo exitoso que aparece este programa, no deja de generar problemas ya que las comunidades nativas reclaman que éste vaya acompañado de un programa de demarcación y titularidad de tierra de las comunidades nativas. Cambio Climático y REDD+ en Perú Según la FAO (2010), Perú tiene aproximadamente unas 68,000,000 ha de bosque entre bosque en tierras bajas, en terreno montañoso y bosque seco una tasa de deforestación del 0.22%, que comparado con el resto de los países de Sur América, es bajo. El país tiene una larga historia de formulación e implementación de políticas y regulaciones forestales relacionadas apuntando hacia la conservación de las áreas protegidas y al manejo sostenible de su bosque natural. Un paso firme e importante para lograr ser un país REDD+ y beneficiarse del FCPF, es el hecho que recientemente la ley anterior No. 27308 fue eliminada y reemplazada por la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre No. 29763 que especifica que el proceso de consulta con las comunidades indígenas es obligatorio. Estos tres ingredientes son en sí un potencial para que Perú clasifique como un “país REDD+”, sin embargo, el país se involucró en este proceso hasta el 2008 en COP14 cuando el Ministro de Ambiente expresó el deseo del país de preservar unas 54 millones de hectáreas de bosque y eliminar la deforestación al 2021 para lo cual solicitó el apoyo de la comunidad internacional para lograr esa meta. Con apoyo y compromiso con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial, Perú ya elaboró su Estrategia Nacional REDD+ que le dicta a seguir para lograr su objetivo con REDD+. El país es muy activo en las iniciativas internacionales de REDD+, y ya participa del FCPF. Su fase preparatoria fue evaluada en el 2011. Proyecto Peruano REDD+ “Compensación de Carbono Madre de Dios en la Amazonía Peruana” Fuente: Fog L 2012 



 

El proyecto Peruano REDD+ “Compensación de Carbono Madre de Dios en la Amazonia Peruana”, recientemente logró el sello Estándar Verificado de Carbono (VCS) para Vilcabamba-Amboró, una de las áreas de mayor diversidad en el mundo. SCS Global Services, que es la entidad que asesora proyectos REDD, estima que este corredor biológico es cada vez más vulnerable a la deforestación por la construcción de la Carretera Transoceánica y por la presión poblacional. El proyecto abarca 100.000 hectáreas de selva. Al evitar su deforestación, se espera compensar la emisión de 9,4 millones de toneladas de CO2 equivalente en 10 años. Parte del dinero generado irá a las comunidades, para implementar planes de “apoyo a la educación básica, entrenamiento técnico para jóvenes y programas de salud”.

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Es importante mencionar que Perú es un caso piloto en el Programa de Inversión Forestal, el cual ya aceptó (en el 2011) hacerle una donación al país para que desarrolle un plan de inversión REDD+ de largo plazo Un ejemplo como el país, por medio de PROFONANPE, está contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de los procesos de deforestación en la Amazonía central del Perú se resumen como sigue: 

Asistencia financiera al proyecto “Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques”, a través de Áreas Protegidas en la Región Amazónica” mediante el manejo efectivo de áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, con un enfoque integral de conservación y desarrollo; duración: 3 años y un financiamiento por US$3,145,198 (Fase I) y US$4,458,00 (Fase II). Ambas fases son financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Protección de los Recursos Naturales y Seguridad Nuclear Alemán a través del KfW.

Pago por Servicios Ambientales y Concesiones para el Ecoturismo Perú es muy rico en experiencia sobre el tema de “Pagos por Servicios Ambientales”, y hay muchos proyectos de esta índole a nivel nacional. Si bien, no existen en implementación esquemas de pago por servicios ambientales hídricos en el Perú, si existen algunas iniciativas que apoyan la conservación y manejo sostenible de dichos recursos, así como de sus ecosistemas, presentándose la posibilidad de crear un fondo para conservación de ecosistemas naturales alimentado por un porcentaje del valor combustibles fósiles. La legislación peruana en materia de pago por servicios ambientales es reciente. La ley se inclina a legislar los servicios ambientales relacionados con el recurso hídrico. Sin embargo, también reconoce otros servicios ambientales como: la protección de la biodiversidad, la belleza escénica y la mitigación de emisiones de GEI con el fin de establecer mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de ellos42. Mientras que los servicios ambientales de los bosques los contempla la Ley Forestal (No. 29763), que además establece las concesiones para ecoturismo, conservación y servicios ambientales. Algunos modelos sobre el estado de avance de la legislación peruana sobre este tema incluyen, por ejemplo: la retribución económica de los derechos de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, el desarrollo de incentivos económicos orientados a promover prácticas ambientalmente adecuadas y mecanismos de indemnización por los servicios ambientales de los bosques. El Estado establece mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando lograr la conservación de los ecosistemas, de la diversidad biológica y de los demás recursos naturales. Así mismo, existen en el país varias ONG’s y sociedades, como SePerú (Servicios Ecosistémicos Perú) la cual es una sociedad que se dedica a capacitar personas y a facilitar la implementación de esquemas de pago o compensación por los servicios ecosistémicos. PROFONANPE es otro 42

Artículo 94 de la Ley General del Medio Ambiente N° 28611 del 2011.

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ejemplo de PAS. Este Fondo le da asistencia financiera para un proyecto que busca diseñar mecanismos de compensación justos y expeditos a una comunidad en la cuenca hidrográfica del río Chilí por cuidar y conservar el área protegida de la cuenca. El proyecto se implementa con fondos de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC). Certificación Forestal La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) en su Artículo 133 le da una legitimación a la certificación forestal apuntando los beneficios sociales, ambientales y económicos que este proceso ofrece, aunque la considera como una práctica voluntaria sin injerencia del Estado más de lo que le permite la ley. El estado promueve la certificación principalmente en dos maneras: a) b)

Fijando una reducción porcentual en el monto del pago por derecho de aprovechamiento. Brindando facilidades para el aprovechamiento de diversos recursos forestales.

Al Estado y a la sociedad en general le conviene que las empresas forestales exportadoras de productos forestales estén certificadas ya que al tener ese estatus, se les asegura a los consumidores que los productos forestales que adquieran no contribuyan a la degradación de los bosques en el mundo. Adicionalmente, esta nueva ley estableció que a partir del año 2005, sólo procedería la comercialización interna y externa de productos forestales provenientes de bosques manejados, y que aquellas concesiones que estuvieran certificadas recibirían un descuento en el pago de los derechos de aprovechamiento. A enero de este año, el país tenía 923,921.53 ha de bosque certificadas (pertenecientes a 59 empresas) por FSC y dos de sus entidades certificadoras acreditadas. También hay unas 543.6 ha de plantaciones bajo el mismo estatus. De esas empresas, si están certificadas en cadena de custodia, hay que hacer notar que estas certificaciones han sido promovidas por organismos como WWF, Proyecto PRA/USAID, Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), SNV-América Latina, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, entre otros.

Conclusiones La modalidad y dimensión del manejo del bosque natural y de las áreas protegidas en Perú son de tal magnitud que requiere mucho compromiso de quien lo efectúa y mucha supervisión por parte del estado. Sin embargo, las concesiones dan la oportunidad al país de darle seguimiento al manejo por varios años y validar si la tendencia de las prácticas silviculturales y de conservación y de protección es o no hacia la sostenibilidad. El manejo se hace bajo varios tipos de concesiones algunas de las cuales alcanzan las 40,000 ha. El país incentiva el manejo y la conservación prácticamente sin desembolsar fondos ya que el incentivo que da por el buen manejo forestal es de naturaleza no tributaria; y en vez, puede ser un descuento en el pago de los derechos de aprovechamiento, por ejemplo. El país ha hecho mucho progreso en materia de manejo forestal sostenible en el cual se involucra la sociedad

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privada como guardianes de que el manejo sea el apropiado y apoyando con fondos para proyectos de conservación, como es el caso de PROFONANPE, antes mencionado. En el tema de mitigación de emisiones de gases de invernadero, la literatura nos enseña que el país ha hecho grandes avances relativos a REDD+. Perú implementa varios proyectos de manejo del bosque natural y de conservación y protección de área protegidas para la mitigación de los efectos del cambio climático. Por otro lado, el país tiene su Estrategia Nacional REDD+ la que está aplicando para lograr con su objetivo con REDD+. En materia de pagos por servicios ambientales, Perú ha desarrollado mucha experiencia y en la actualidad ejecuta varios proyectos de esta índole, aunque casi todos los casos encontrados en la literatura se relacionan con el tema agua.

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10: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE REPÚBLICA DOMINICANA Marco Legal La Republica Dominicana tiene su trayectoria de leyes forestales desde el siglo XVI que han fomentado el manejo forestal y de plantaciones con incentivos fiscales y financieros. Una búsqueda en la literatura, demuestra que hasta 1998, el país tenía más de 150 leyes, normas, decretos y resoluciones forestales y del medio ambiente. A continuación se presentan algunas de esas leyes de los tiempos más modernos y que tratan sobre mecanismos de fomento al manejo forestal y plantaciones: Ley Forestal No. 290 de 198643: Incentivos al Desarrollo Forestal Esta ley incentivaba proyectos de reforestación o forestación para su ulterior aprovechamiento como madera, pulpa, combustible o cualquier otro proceso de transformación industrial. También incentivaba el crecimiento de árboles con fines energéticos, por ejemplo, para la fabricación de carbón vegetal todo esto usando técnicas de bajo impacto que garantizaran la conservación, manejo y uso sostenible del bosque. El incentivo otorgado por esta ley consistió principalmente en exenciones de hasta un 90% de varios tipos de impuesto nacionales y municipales relacionadas con actividades relacionadas a la siembra, manejo, aprovechamiento, procesamiento, importación y exportación de productos forestales. Varios de sus artículos fueron modificados por la Ley 55-88 de 1988. Los cambios consistieron en reducir los porcentajes de las exenciones. Ley Forestal No. 118-99 Esta ley data de diciembre de 1999. Cada año, el Instituto Nacional de Recursos Forestales (INAREF) hacía un estimado del total del fondo necesario para usar como incentivo a198644. l manejo forestal y plantaciones para ser incluido en el Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos que se presenta a las Cámaras Legislativas cada año. Estos fondos eran distribuidos entre las distintas Gerencias Regionales forestales del país y con ellos se atendían solicitudes de pago de los Certificados de Retribución Fiscal Negociables (CRFN). A cada gerencia se le asignaba un monto estipulado, para pagar el bono y una vez acabado éste, se aceptaban más solicitudes hasta el siguiente año. Los CRFNs eran otorgados bajo contrato entre el INAREF y el interesado por una sola vez para cada unidad de superficie, salvo el caso de devastaciones a causa de desastres naturales. Eran títulos de valores nominativos, que podrían ser negociados o utilizados para el pago de todo tipo de impuestos, tasas nacionales y municipales o cualquier otro tributo así como su negociación en la bolsa de valores o entidades bancarias. También se podían usar como garantía para préstamos bancarios o de instituciones financieras y para otorgar préstamos para

43 44

Derogada por la Ley de Fomento Forestal del 28 de junio del 2003. Idem

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actividades de reforestación y manejo de bosques a productores con planes de manejo previamente aprobados por el INAREF. El monto fijado por hectárea para las actividades de manejo de bosque, establecimiento y manejo de las plantaciones era variable; éste lo decidía el INAREF. La ley permitía adelantarle al interesado hasta un 50% del costo total fijado y el beneficio era por cinco años, sin carácter retroactivo. Se consideraba como superficie forestada aquella que, seis meses después de plantada y de acuerdo al estudio técnico presentado, tuviera un porcentaje de supervivencia o prendimiento no menor al 80% de la densidad programada en el plan de manejo previamente aprobado. Ley de Fomento Forestal45 El 28 de junio del 2003 la Presidencia de la República presentó un proyecto de ley de fomento forestal ante el Congreso Nacional en ocasión del Día Mundial del Ambiente. Esta ley creó un régimen especial de promoción y fomento para las inversiones en proyectos de reforestación comercial, el cual se regirá por esta ley, su reglamento y las normas complementarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Podrán optar a los beneficios que otorga la ley, las empresas y personas naturales que realicen inversiones en las actividades forestales comprendidas y reguladas por la misma. Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, establece que las inversiones para manejo y uso de los recursos naturales serán objeto de exoneraciones de impuestos y tasas de importación, impuestos al valor agregado y períodos más cortos de depreciación. El Decreto No. 659 del 21 de junio del 2001, instituye el Reglamento Forestal, Normas Técnicas para el Establecimiento y Certificación de Plantaciones Forestales, el Reglamento para el Funcionamiento de la Industria Forestal Maderera, las Normas Técnicas para Planes de Manejo Forestal y las Normas y Procedimientos para los permisos forestales. Según la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los proyectos sometidos gozarán, hasta por 35 años, de beneficios tributarios en forma de exoneración del: a) pago de todos los impuestos sobre la propiedad rural, existente o por crear; b) impuesto sobre la renta a las ganancias netas obtenidas por el desarrollo del proyecto; c) arancel establecido para la importación de materias primas, maquinarias, equipos, vehículos utilitarios e implementos que se requieran para el proyecto; d) impuesto o tasa que grave las exportaciones de bienes y servicios generados directamente por los proyectos; e) impuesto nacional o municipal vigente o futuros para la transferencia de propiedades, inscripción de bienes, registro y constitución de compañías, ampliación de capital, emisión de acciones y todo otro título de deuda y capital; 45

Esta ley deroga la Ley 290 del 28 de agosto de 1985 sobre incentivos al desarrollo forestal y sus modificaciones, y sustituye cualquier otra disposición legal o parte de ella que le sea contraria.

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f) impuesto al valor agregado, correspondiente a la compra o importación de bienes y servicios destinados efectivamente al proyecto. Tabla 32 Árboles plantados por Particulares y por el Ministerio (SEMARENA s.f.) Árboles Plantados por Año Particulares Ministerio 1972 - 1976 396,624 12,428,136 1977 - 1981 ---7,249,111 1982-1986 3,823,783 8,903,087 1987-1991 7,895,493 8,897,524 1992-1996 8,360,940 5,931,591 1997-2001 15,521,537 15,976,131 2002-2003 4,529,451 14,381,075 TOTAL ÁRBOLES 40,527,828 73,766,655 Total Hectáreas 36,843 67,060

Total Plantados 12,824,760 7,249,111 12,726,870 16,793,017 14,292,531 31,497,668 18,910,526 114,294,48346 103,903

En resumen, esta ley del 2003 adopta medidas necesarias para crear las condiciones legales, institucionales y financieras para el fomento y promoción de la inversión privada en el establecimiento e industrialización de plantaciones forestales con fines comerciales. Esto abre el camino para que empresas y personas naturales que realicen inversiones en actividades forestales puedan optar por los beneficios que otorga la ley. Ejemplo de estas actividades incluyen: recolección, procesamiento y venta de semillas forestales, producción de plántulas, establecimiento y manejo de plantaciones forestales, incluyendo la cosecha, industrialización y comercialización de productos forestales. El apoyo financiero o bonificación podrá consistir en pagos directos, bonos, certificados de retribución fiscal negociable u otro instrumento financiero, dependiendo de la disponibilidad de recursos y de la política fiscal del gobierno. Para gozar de los incentivos establecidos, los titulares de los proyectos deben cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Fomento Forestal (CNFF) y suscribir un contrato de cumplimiento con ellos. Las empresas o personas naturales titulares de proyectos que califican para el incentivo reciben una bonificación no reintegrable por hectárea plantada, el cual podrá variar de acuerdo a la zona, la especie y el tamaño del proyecto y según lo establezca anualmente el CNFF quién aprobará el pago usando los recursos de un Fondo Forestal. Los recursos del Fondo provendrán del Presupuesto Nacional y de otras fuentes como donaciones, ventas de servicios ambientales y otros. El pago de la bonificación se hará una vez se demuestre que la plantación haya sido establecida y se compruebe una supervivencia del 80% de la plantación. Las empresas y personas naturales beneficiarias del régimen establecido por esta Ley podrán deducir anualmente y por un periodo de diez años, hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto total a pagar del impuesto sobre la renta, con la condición de que dichas empresas o personas naturales inviertan un monto equivalente de recursos en el desarrollo de proyectos forestales previamente aprobados por el CNFF.

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Asumiendo una densidad de 1100 plantas/ha (3 x 3 m), este total equivaldría a unas 104 mil hectáreas de plantadas.

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Plan Quisqueya Verde La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, implementa un plan de fomento del manejo forestal llamado el “Plan Nacional Quisqueya Verde”; es una alianza de organizaciones no gubernamentales, federaciones, organizaciones comunitarias de base, sector privado, universidades, colegios, escuelas, instituciones públicas, gobiernos locales e iglesias. Fue establecido por medio del Decreto No. 138-97 e inició operaciones en junio de 1997. El objetivo general del plan es mejorar las condiciones de vida de la población rural a través del fomento de los recursos naturales, la generación de empleos, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor del desarrollo sostenible. El plan se implementa con fondos de la Presidencia de la República, del presupuesto nacional, y del fondo Quisqueya Verde del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adicionalmente, el plan recibe apoyo financiero de la cooperación internacional, del sector privado, ONG’s, Universidades. Recientemente, el plan recibió un importante apoyo del Gobierno de Taiwán bajo un acuerdo para desarrollar y fomentar la producción, uso, manejo y mercadeo de bambú. Mediante este acuerdo, el país proveerá la tierra para la producción de varias especies de bambú y el Gobierno de Taiwán contribuirá con el personal capacitado experto en la producción y manejo de la especie. Bajo este acuerdo, ambas partes se comprometen a capacitar a grupos independientes tanto para la producción de la materia prima así como su procesamiento y fabricación de muebles. A través de este Plan, el ministerio ha logrado integrar a la sociedad civil generando unos 12,000 empleos directos e indirectos; adicionalmente ha sembrado unos de 115.0 millones de árboles. El principal objetivo de esta siembra ha sido para protección y recuperación de sitios naturales degradados. A inicio del 2007, Gobierno emitió otro decreto (582-09) mediante el cual se relanzó el “Plan Quisqueya Verde” con la participación de unas 300 brigadas de reforestadores en igual número de comunidades, y la construcción de más de 60 obras de infraestructuras en las distintas áreas protegidas del país, con una inversión que sobrepasó los RD$128 millones. Sin embargo, una parte considerable de los fondos del plan son para protección, conservación y manejo de las áreas protegidas del país. El relanzamiento del Plan integró a todos los organismos oficiales de reforestación en una sola institución y buscó la aprobación de la ley Sectorial Forestal, para regular y garantizar la inversión a las empresas y particulares que manejan bosques con fines comerciales. Últimamente, el Plan ha realizado un inventario de emisiones, para evaluar la calidad del aire identificando las fuentes contaminantes. También ha iniciado un programa de control de especies exóticas invasoras en áreas prioritarias incluyendo en humedales. Se estima que todos estos dispositivos legales y financieros mencionados anteriormente, han dado resultados positivos ya que la tasa de pérdida neta del bosque maduro en el país, originalmente causado por la demanda de productos forestales, está disminuyendo de manera considerable gracias, principalmente, al establecimiento y manejo de plantaciones forestales y a la restauración de los bosques a través de la regeneración natural. El uso actual y la gestión 77

moderna de los bosques demuestran que hay lugares que experimentan progreso y mantienen o recuperan su cobertura boscosa. La Participación de la Mujer en el Desarrollo Forestal Existe en el país un bosque reconocido como “Bosque de la Mujer”. Este proyecto tiene como objetivo específico la recuperación del Cachón de la Rubia en Santo Domingo Este, y es implementado por un grupo de mujeres que se dedican a sembrar árboles con nombres femeninos como la caoba, la penda, la ceiba, la anacahuita y la palma cana, entre otras. Cambio Climático Con todas las medidas para “arborizar” el país, la Dirección de Cambio Climático desea mejorar el manejo de sus bosques y volverle la cobertura verde a su territorio; esto lo podrá lograr aumentando la superficie nacional cubierta con plantaciones forestales. Además, los esfuerzos ayudarán a combatir los posibles efectos negativos del CC pueda tener en los bosques del país y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en general. En este sentido, el país se prepara para enfrentar los efectos del CC formando parte, por ejemplo, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde el 2004; también cuenta con un Plan de Acción y una Estrategia de Adaptación al Cambio Climático. Se han efectuado varias evaluaciones de impacto para estudiar la vulnerabilidad y adaptación de la biodiversidad, los recursos hídricos y el turismo al CC. Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía, en aplicación de la Ley 57-07, también contribuye a reducir los efectos del CC. Por ejemplo, promueve e incentiva económicamente otras fuentes de energía renovable, como la solar47; se espera que esta iniciativa ayude a reducir el consumo de leña lo que a su vez tiende a reducir presión de la población, principalmente la pobre, al bosque mismo. La República Dominicana y REDD+ Desde finales del 2011 – inicios del 2012, la Secretaría de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Grupo de Trabajo Nacional sobre REDD (GTN-REDD), con apoyo de la GIZ, se encuentran involucrados en la preparación de una Estrategia REDD+ (R-PP-RD). Se espera que con una estrategia socializada y aprobada por las partes, el país haya creado las condiciones institucionales y regulatorias para optar e implementar los mecanismos de compensación para la reducción de las emisiones. A pesar de no contar con esos mecanismos, el país cuenta con varias leyes, planes y políticas que apoyan las actividades de REDD+. La República Dominicana fue el primer país del Caribe que desarrolló un Plan Nacional de Desarrollo Compatible con el Clima (CCDP). El plan identifica una serie de opciones de reducción que, de aplicarse, se traduciría en una reducción total de las emisiones anuales de hasta un 65 por ciento en el 2030. Este desarrollo transformaría a los bosques del país en sumideros netos de carbono. La presentación de este plan y el establecimiento del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo 47

El gobierno le reconoce al usuario de energía solar el 75% de impuestos de la inversión como un crédito fiscal a tres años, igual a 33.33% anual del Impuesto sobre la Renta.

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Limpio (CNCCMDL), forman parte de los esfuerzos del país para mitigar y reducir las emisiones de CC. En resumen, la República Dominicana es un país socio de la asociación REDD+ y del Programa Regional Centroamericano REDD, fundado con asistencia de la GIZ. Sin embargo, no lo es del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), ni del Programa ONU-REDD, o del Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial. La mayor parte de la colaboración internacional es para proyectos a nivel subnacional y está orientado principalmente a la capacitación. Pagos por Servicios Ambientales (PSA) El concepto del PSA en la región no es nuevo y ha tomado mucho tiempo en ser aceptado y en apreciar sus resultados; posiblemente se debe a una cultura generalizada de que los recursos forestales, y específicamente las aguas de los ríos, se pueden usar “gratis” para convertirlas en negocio. Desde agosto del 2000, la Ley Marco Ambiental No. 64-00 determina, enmarca y orienta las actividades y estrategias del sector ambiental del país y constituye la base para la implementación de un sistema nacional de PSA. El enfoque es casi exclusivo en la valoración de los recursos hídricos. La idea central de PSA en este contexto es de cobrar un monto de los tres grupos de usuarios de agua más importantes del país – energía hidroeléctrica, agua para riego y agua potable – y con lo recabado financiar medidas de conservación de los recursos naturales en las cuencas altas del país. Las instituciones públicas involucradas en el sector hídrico y ambiental ven muy positiva la introducción de un sistema PSA y pagar por la protección de la cuenca, no solo por el esperado aumento de actividades en conservación, sino que también porque los fondos públicos disminuyen cada año. En el año 2001 se elaboró una serie de borradores de arreglos legales (Decreto Ejecutivo, Reglamento, Manual de Procedimientos) para concretizar las líneas dadas por la Ley Marco Ambiental y tener una base operativa para iniciar su implementación. El ejemplo más claro de un PSA en el país, es el concepto del El Proyecto “Manejo y Conservación de Recursos Naturales de la Cuenca Alta Río Yaque del Norte” (PROCARYN) del estado Dominicano y apoyado por la Cooperación Dominico-Alemán. Este proyecto se basa sobre el fomento financiero para actividades de reforestación y manejo forestal, agroforestería, conservación de suelo, acompañado por apoyo a la reforestación, procesamiento y comercialización forestal y agroforestal, legislación de tierras, desarrollo comunitario, y planificación de uso de suelo a nivel de finca. Las medidas de fomento parten del principio de voluntariedad de participación de lado del productor. En base a una solicitud de éste, se elabora un contrato de colaboración, determinando la medida de fomento, la respectiva área, y los aportes de ambas partes durante la fase de ejecución (entre 1 y 5 años). Las medidas están acompañadas por un sistema de monitoreo. Certificación Forestal A pesar de los beneficios de la certificación forestal, uno de los cuales es promover el manejo sostenible del bosque y las plantaciones, este mecanismo de fomento podría desarrollarse más en el país. El ejemplo más notable data del inicio de 2007, cuando el país recibió su primera certificación forestal. El grupo certificado se llama ASODEFOS, que cuenta con 31 miembros, 16 de ellos participan en la Certificación Forestal con un total de 354.64 Has. 79

11: MECANISMOS DE FOMENTO DEL MANEJO FORESTAL: EL CASO DE URUGUAY48 Marco Legal La actividad forestal de Uruguay se rige por la Ley Forestal N° 15939 de diciembre de 1997. Esta ley define la política forestal nacional la cual es formulada y ejecutada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por medio de la Dirección General Forestal (DGF). La DGF tiene varias responsabilidades, pero las más interesantes para efecto de este documento son:  Promover el desarrollo forestal mediante actividades de investigación, extensión, propaganda y divulgación.  Fomentar y planificar la forestación en tierras privadas o públicas y desarrollar todas las actividades que, con este fin, se prevén en esta ley.  Incrementar y mejorar la producción y distribución de plantas y semillas para forestación.  Asistir a las instituciones públicas y a los propietarios particulares de bosque en el manejo de formaciones naturales o artificiales y su explotación racional. La DGF fija anualmente los beneficios tributarios en base a los costos de forestación y mantenimiento que la dirección maneja; el incentivo se da para los siguientes ecosistemas: i. ii. iii.

Bosques plantados existentes o que se planten en el futuro para protección; Bosques de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal; Bosques naturales declarados protectores.

Esos ecosistemas están exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural. Sus respectivos valores o extensiones no se computan para la determinación de ingresos a los efectos de la liquidación de los impuestos que gravan la renta ficta de las explotaciones agropecuarias y del monto imponible del impuesto al patrimonio. De igual manera, los ingresos derivados de la explotación de los bosques no se computarán a los efectos de la determinación del ingreso gravado en el impuesto a las rentas agropecuarias. Los beneficios fiscales mencionados anteriormente se dejan de otorgar si el bosque es destruido total o parcial por cualquier causa. Si el propietario es el culpable, la DG exige el pago total de lo beneficiado incluyendo los recargos por mora desde el momento que el impuesto hubiere sido diferido. Mecanismo Financiero El mecanismo más usado en la República de Uruguay para promover el establecimiento y manejo de plantaciones forestales y del manejo del bosque natural ha sido preferencialmente a través de préstamos o créditos, otorgados por intermedio del Banco de la República. Se han abierto

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Fuente: Haltia y Keipi 1997

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una serie de líneas de crédito para el financiamiento de planes de inversiones forestales y producción de plantas. Para el establecimiento de plantaciones forestales, el crédito se ha destinado para plantaciones de hasta 300 ha anuales. El monto del crédito es hasta un 80% de la inversión, excluyendo la tierra, con un máximo del 100% del costo fijo de forestación correspondiente; calculado por la DGF, con plazos hasta por 15 años, dependiendo de la especie utilizada y hasta 10 años de gracia total con capitalización de intereses. La plantación sirve como garantía hipotecaria y prendaria. Para aprobar el crédito, se exige presentar un plan de forestación, manejo y protección aprobado por la DGF y la contratación de seguro contra incendios. Para optar a estos beneficios, el beneficiado debe ser persona física o jurídica, pública o privada titular de la explotación forestal; y es para todos los bosques protectores o de rendimiento, plantados a partir del 1° de enero de 1989. El monto prestado para distintas categorías de contribuyentes varía entre 20% y 50% del Costo Fijo de Forestación, calculado anualmente por la DGF. Los requisitos son: i. Tener aprobado un Proyecto de Forestación y Manejo para la plantación de Bosques Protectores o de Rendimiento. por la DGF. ii. Garantizar no menos de un 75% de prendimiento de la densidad inicial. iii. Solicitar ante la DGF el pago del subsidio dentro de los cuatro años a partir del momento de la plantación. Estímulos Financieros De acuerdo a la Ley 15.939, los estímulos financieros para la inversión forestal se resumen así:  Exoneración de impuestos sobre la tierra afectada a la producción forestal (impuesto al patrimonio, impuesto a la renta e impuestos municipales).  Subsidio en dinero equivalente al 50% de los costos de plantación fijados por la DGF.  Posibilidad de invertir más del 30% de los impuestos a la renta de otros sectores en proyectos forestales; estableciendo similares beneficios para compradores de bonos de deuda externa uruguaya.  12 años de exoneración para cualquier nuevo impuesto.  Exoneración de tasas a la importación de maquinaria forestal y foresto industrial para proyectos aprobados por la DGF.  Créditos blandos con 10 a 12 años de gracia para amortización de capital e intereses.  Se independiza al propietario del bosque del dueño de la tierra, lo que flexibiliza el acceso al crédito.  Permite contratos de renta de la tierra por períodos de hasta 30 años, mientras que para el resto de la actividad el máximo son 15. Fondo Forestal Las actividades de forestación se llevan a cabo en base a Plan Nacional de Forestación que tiene vigencia cinco años con actualizaciones anuales. Dicho documento contiene las metas a 81

alcanzar por año, entre las cuales se incluirá la cantidad de hectáreas a forestar. Una vez actualizado y aprobado el Plan Nacional de Forestación por medio de la DGF, se publica un programa de promoción a las actividades forestales para información y eventual beneficio de los interesados. Por medio de la Ley 15939, se creó el Fondo Forestal el cual es administrado por una Comisión Honoraria, y cuenta con una contribución del estado consiste en un aporte mínimo anual equivalente al costo ficto de forestación de diez mil hectáreas. El fondo sirve para atender las erogaciones que demande la aplicación de la ley forestal y está formado por varias fuentes: por aportes del Poder Ejecutivo y por el reintegro de los créditos otorgados (por el Fondo Forestal mismo) y los intereses cobrados; por el producto de toda clase de entradas por utilización, concesiones y del monto de las indemnizaciones que reciba el Patrimonio Forestal del Estado. También lo alimentan las multas aplicadas por infracciones, préstamos y demás financiamientos y por legados y donaciones que reciba. Este fondo está depositado en el Banco de la República Oriental del Uruguay. Distribución del Fondo El fondo se distribuye de la siguiente forma: a. El 95% para integrar el Fondo Forestal. Con dicho fondo se atienden además de los financiamientos previstos en la ley (forestación para protección), las erogaciones que demanden las expropiaciones, adquisiciones y forestaciones de predios. b. El restante 5% es para atender gastos de contratación de personal, contratación de servicios y gastos del Programa. Fomento a las Empresas Forestales La Ley Forestal (Artículo 65) también incentiva a los productores y empresas rurales, industriales o agroindustriales dedicados a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional durante quince años para las siguientes actividades:  Producción de plantas forestales para el establecimiento de plantaciones y manejos de bosques.  Explotaciones de madera o utilización de otros productos del bosque.  Elaboración de la madera para la producción de celulosa pasta, papeles y cartones, madera aserrada, madera terciada y chapas de madera, tableros de fibra de madera y de madera aglomerada, destilación de la madera.  Preservación y secamiento de la madera.  Utilización de productos forestales como materia prima en la industria química o generación de energía. La DGF sugiere al Ejecutivo exonerar la importación de materia prima necesaria para el procesamiento de madera de producción nacional, equipos, maquinarias, vehículos utilitarios e implementos que se requieran para la instalación y funcionamiento de estas empresas. La exoneración puede ser de todos o parte de los siguientes tributos y tasas: derechos adicionales y demás gravámenes aduaneros, incluso el impuesto a las importaciones; proventos y tasas

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portuarias; recargos, depósitos previos y consignaciones, así como cualquier otro gravamen a la importación o aplicado en ocasión de la misma Para gozar de los beneficios tributarios y de financiamiento establecidos por la ley, los interesados deben presentar un plan de manejo y ordenación para las labores de explotación y regeneración de bosques, previamente aprobado por la DGF. La ley también legisla para aquellos casos cuando el bosque beneficiado con financiamiento es destruido total o parcialmente en forma intencional o por culpa grave del beneficiario, éste último debe restituir el monto de la financiación otorgada dentro de un año. Si no es culpa del beneficiario, la DGF puede concederle un plazo razonable para su nueva plantación o, en su defecto, para la devolución de los beneficios recibidos. El Poder Ejecutivo determina el régimen de otorgamiento de los financiamientos de acuerdo a las etapas de realización del proyecto. Queda a opción exigir o no a los beneficiarios de los financiamientos la contratación de seguros y el otorgamiento de las garantías que se consideren necesarios. El Sector Forestal y Política Económica de Uruguay (Fuente: FAO 1998) Las exenciones tributarias a las plantaciones y empresas forestales incluyen una protección contra futuros y nuevos tributos que se puedan crear y graven a las explotaciones forestales es por un lapso de 12 años desde el establecimiento del bosque. Por lo tanto, las empresas forestales están exoneradas de pagar los principales impuestos que normalmente pagaría una empresa agropecuaria corriente. La política forestal también permite subsidios directos a las plantaciones que se establezcan en los suelos de vocación forestal, previo aprobación del proyecto por parte de la DGF. El subsidio cubre aproximadamente el 50% del costo de plantación. Otro beneficio es que la línea de crédito del Banco de la República es 12 a 15 años con períodos de gracia hasta la cosecha para los intereses y el principal. Adicionalmente, la ley permite una reducción hasta de un tercio en la tarifa portuaria para el movimiento de madera. Es notable el contraste entre los volúmenes y los precios entre la actividad ganadera y la forestal: por año y por hectárea, la forestación con Eucalyptus produce unas 20 toneladas de madera aprovechable versus 70 kg de ganado en la ganadería, es decir un volumen físico casi 300 veces mayor; en términos de precios unitarios, el Eucalyptus en pie al momento de la cosecha obtiene unos 20 dólares por tonelada versus unos 800 dólares la tonelada el ganado para faena, es decir unas 40 veces menos. Impactos Socioeconómicos Las primeras plantaciones de Eucalyptus realizadas al amparo de la legislación vigente (diciembre 1987), con diez o más años de edad, ingresan al período de cosecha; como el área plantada se fue incrementando hasta las tres mil hectáreas anuales hasta alcanzar las 50.000 hectáreas en 1996, los volúmenes de cosecha se multiplicarán rápidamente los próximos años. Desde 638.000 m³ totales en 1997, se pasará a 1.6 millones de m³ en el año 2000, y a 8.7 millones de madera en el 2004.

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Pago por Servicios Ambientales Como en muchos países del mundo, el uso que tradicionalmente se le da al bosque natural en Uruguay ha sido para la provisión de combustible, postes para la construcción de cercas y viviendas. Los servicios ambientales del bosque en el país incluyen la conservación de la vegetación en las riberas de los ríos y arroyos, la protección de la fauna, suministro de abrigo y sombra para el ganado y el hombre. Estos usos y servicios ambientales, en propiedad privada o pública, los bonifica la ley (Capítulo II, Artículo 12) por lo se concluye que en Uruguay se paga por proteger el bosque. Este artículo hable de “forestación obligatoria” y dice que “Es obligatoria la plantación de bosques protectores en aquellos terrenos que lo requieran para una adecuada conservación o recuperación de los recursos naturales renovables”. El propietario del predio puede: (a) realizar el trabajo, o (b) vender el terreno a terceros o al Estado. Cuando la superficie forestada sobrepase el 5% del área total del predio, la ley estipula que se le rebajará proporcionalmente el precio del arrendamiento, en tanto la superficie ocupada por el bosque no sea aprovechable para el ocupante. Estos bosques para protección, como lo especifica la ley, gozan de los mismas exoneraciones y demás beneficios fiscales que las plantaciones y el bosque natural para producción. Cambio Climático y REDD+ Como todos los países, Uruguay, también sufre las clemencias del CC, principalmente incrementos del promedio anual de lluvias, cambios en las temperaturas máximas y mínimas y cambios desfavorables en los períodos promedio con ocurrencia de heladas que directa o indirectamente afectan a la producción agropecuaria y la forestal. El país tiene todo el marco legal para enfrentar, prevenir y hasta resolver algunos de los problemas causados por el CC. Por ejemplo, tiene los siguientes mecanismos legales: a) Ley 17.283 de noviembre 2008: se crea la Ley General del Ambiente. b) Ley 17.279 de noviembre 2000: se aprueba el Protocolo de Kioto. c) Ley 16.517 de julio 1994: el gobierno aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático. d) Decreto 238/009 de mayo 2009: se crea el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático que cuenta con un mecanismo para identificar y presentar proyectos conocido como “Cartera Nacional de Proyectos”. El país tiene varios proyectos con presentación pública y/o comunicados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), pero todos tienen que ver con aspectos de energía. Afortunadamente, Uruguay tiene un gran potencial forestal que puede contribuir a la reducción de CO² y al mismo tiempo aumentar su stock de carbono debido a que la ley forestal indirectamente desanima la deforestación al incentivar la restauración de bosques y suelos degradados. Por el otro lado, el país tiene grandes proyectos de forestación y de reforestación que forman parte importante de la columna económica del país. El país se encamina en este sentido, porque aunque no cuenta con un proyecto REDD+, ya tiene definida sus Medidas de

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Mitigación Apropiada para el País (NAMA) que lo encamina hacia la posibilidad de un proyecto de UN-REDD+ y del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial. Certificación Forestal Al 2013, Uruguay tenía aproximadamente unas 1.1 millón de hectáreas en plantaciones principalmente de Pinus (30%) y Eucaliptus (70%). Una mayoría de estas se establecieron usando mecanismos de fomento previstos en la Ley Forestal de 1987. Según el boletín “Agenda Forestal 2013” de Uruguay, el sector forestal en general es el único sector certificado en el país según sus estándares de sostenibilidad. También reporta que el “país constituye uno de los mayor índice de bosques productivos certificados en el mundo”. Estas certificaciones han puesto al país a la vanguardia de las exportaciones forestales de la región y convierten al país en pionero mundial en la obtención de certificaciones por varias de las compañías certificadoras más prestigiosas del mundo.

Conclusión Desde hace varios años, Uruguay apuntó a convertirse en unos de los países con el sector forestal productor e industrial más exitoso. Por ejemplo, actualmente, el aprovechamiento de trozas que llegan al aserradero es casi de un 100% y las exportaciones de productos forestales ocupa el tercer lugar del país después de soya y carne. La industria forestal, que incluye todo el proceso desde la instalación de la plantación a la conversión de la materia prima y la exportación del producto al mercado internacional, ha venido creciendo desde entonces. En 2011 llego a la cumbre de las exportaciones forestales con unos US$1,300 millones exportados, principalmente pulpa; estas bajaron a US$ 1,119 millones en el 2012 debido a la crisis económica en Europa. Solo en el 2011, el sector generó unos 24,000 empleos de los cuales unos 13,000 (Rosario Pou y Asociados 2013) fueron empelados de campo. Actualmente en el país ya no existen los subsidios a las plantaciones. Sin embargo el mecanismo fiscal de fomento al manejo forestal actual por medio de la exoneración de impuestos continúa. Estos dos mecanismos son, en gran medida, los responsables del éxito forestal en Uruguay.

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CONCLUSIONES GENERALES Las siguientes conclusiones se han captado de la lectura y revisión de los distintos sistemas de incentivos de los países que se tuvo que hacer para efectuar el presente análisis. a) Los programas de incentivos financieros han sido efectivos y han creado un impacto positivo en el establecimiento de plantaciones (Diaz et al. 2012)49. Sin embargo, para que tengan éxito, se necesitan políticas apropiadas que los apoyen, tenencia de la tierra asegurada, asistencia técnica y otras condiciones que hagan que la inversión sea atractiva aún sin subsidio. b) La concentración de esfuerzos de la mayor parte de los programas de incentivos está en promover la reforestación, y menos atención se le da a incentivar el manejo del bosque natural. c) Todos los casos analizados presentan buenas experiencias que se pueden usar para diseñar programas similares en otro países, pero el éxito dependerá de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales del país. d) En la mayoría de los países donde ha funcionado un programa de incentivos, ha sido porque ha habido un compromiso político de las autoridades que mandan el país hacia una inversión segura y porque el estado ha asegurado no cambiar las leyes relacionadas con la cosecha final del producto. e) Para que un programa de incentivo para el establecimiento y manejo de plantaciones forestales y para el manejo del bosque natural funcione, es muy importante involucrar e incentivar a la empresa privada y crearles las condiciones para la inversión de largo plazo. f) Los pequeños, medianos propietarios y las comunidades indígenas pueden contribuir mucho a reforestar un país; pero requieren, principalmente, apoyo financiero para lograr éxito, no tanto así la empresa privada que puede tener acceso a créditos de la banca privada. Chile y Nueva Zelanda son ejemplos de esto. g) La mayoría de los modelos de incentivos forestales con pequeños y medianos propietarios se puede considerar exitosos. Sin embargo, estos modelos han tenido ciertos problemas de ejecución ya que en algunos casos ha habido problemas presupuestarios y en otros, los beneficiados han presentado deficiencias técnicas y operativas, lo que ha causado problemas de morosidad por no ejecución de las labores en la plantación. h) Un programa de incentivos puede aparentar cierto grado de “descentralización” del estado, pero eso no justifica que éste se desligue totalmente de la actividad. El estado debe mantener su rol de supervisor constante. i) En varios países, tanto la banca privada como la estatal todavía no se aventuran a dar créditos para la reforestación a pequeños propietarios y microempresas, a la espera de mejores condiciones que permitan reducir el riesgo. j) La participación de la población rural en general, en la creación de mecanismos de financiamiento es muy importante y necesaria. Pero también su participación en el programa es altamente dependiente de la facilidad con que puedan obtener financiamiento y apoyo técnico.

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Según dicho documento, el país con una inversión de US$314 millones entre 1993 y 2004, (US$200 millones de inversión privada y US$100 millones del estado) logró establecer unas 43,200 ha de plantaciones o sea el 61% del área total reforestada en Panamá.

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k) Es posible que pequeños y medianos propietarios de tierras no demuestren interés en la forestación y aforestación; pero se sabe que ellos reaccionan positivamente a los incentivos que el Estado les ofrece. l) La lucha contra la tala ilegal también es una forma de fomentar el manejo del bosque. m) Los tratados de libre comercio entre los países, el cambio en el comercio del producto y las exigencias de mercado por mejor calidad, están motivando a los países para que le pongan más atención al tema de la certificación forestal. n) La presión para reducir la deforestación debe ser compartida por todos los niveles de la sociedad para reducirle esa carga a las comunidades forestales. o) La imposición de vedas a la exportación de trozas desanima a la industria de la madera y de contrachapados, además de que los desalienta a invertir en el establecimiento de plantaciones forestales si en el futuro no se les permita aprovecharlas. p) Si se continúa permitiendo que el bosque natural siga siendo explotado a la velocidad actual, podría haber poco interés en incentivar este recurso. q) Los sistemas de PSA más comunes en el continente, son aquellos relacionados a los recursos hídricos; y está comprobado que estos contribuye a la conservación y uso racional del recurso agua. Más sin embargo, se requieren más estudios sobre el impacto socioeconómico y ambiental de estos sistemas. Los PSA también tienen aplicación en muchos otros aspectos del sector forestal. r) Los PSA son una importante fuente de recursos para el manejo forestal. Pero para una mejor aplicación, es necesario tener marcos legales específicos a este tema. s) Los PSA tienen mayor probabilidad de mejorar la gestión del recurso hídrico siempre y cuando exista una relación directa entre proveedores y usuarios. t) El desarrollo forestal del futuro podría concentrarse más en la conservación del recurso y en la búsqueda de mercados para los servicios ambientales, más que en la elaboración de productos forestales. u) Las proyecciones en la demanda de productos forestales maderables a nivel mundial, junto con el desarrollo de la industria y la apertura de nuevos mercados de la madera, aumentarán las exportaciones. Eso significa que se necesitará contar con mayores extensiones de plantaciones para satisfacer esa demanda y certificadas. v) Las iniciativas REDD+ por combatir la deforestación y conservar la biodiversidad serán exitosas si cuentan con el interés de las comunidades forestales y los indígenas. w) El mercado de carbono es una alternativa para captar fondos para la conservación, pero su aplicación todavía está en sus primeras etapas ya que falta mucha capacitación sobre el tema y se necesita desarrollar mejores sistemas para calcular más efectivamente la cantidad de carbono captado por un bosque.

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90

ANEXOS ANEXO 1 Estudio de Caso: “Nuevos Bosques de Mozambique Pueden no Ser Tan Verdes Como Parecen” (Fuente: Myburgh 2011) Mozambique tiene unos de 400.000 kilómetros cuadrados de bosques en gran parte sin tocar, que cubren la mitad del país, lo que lo convierte en un sitio perfecto para las grandes compañías, nacionales o internacionales, que andan en busca de tierras para establecer negocios en el sector agrícola.  Ley Forestal No.10/99 de Julio 1999, Art. 28: escuetamente menciona incentivos pero no los define, ni los reglamenta.  La reforestación la realiza principalmente el estado, y con fines de conservación y restauración de suelos degradados.  Extensión de plantaciones (ha): 38,000 (1990); 38,000 (2000): 24,000 (2005); 62,000 (2010).  Tasa de cambio: (1000 ha/año): 0.0 (1990-2000); -3.0 (2000-2005); 8.0 (2005-2010). % del área de bosque: no significativo.  La mayor parte de los subsidios que el Gobierno otorga son para la expansión agrícola; esto ha provocado mucha deforestación y degradación del ambiente lo que al final es un desincentivo para el manejo forestal o para el establecimiento de plantaciones.  El estado promueve la reforestación, entre industriales y personas jurídicas, para uso comercial, industrial y principalmente para la producción de carbón vegetal otorgando un “incentivo especial”; el incentivo se da en forma de un “diploma de garantía”.  Hay más énfasis en otorgar incentivos (también sin definir) pero para el manejo del bosque tipo Miombo “siempre y cuando el recurso tenga un valor limitado”.  El gobierno pasó un decreto (No. 16/2002) que otorga incentivos fiscales para el establecimiento de plantas procesadoras en el país, con el objetivo de contra restar la excesiva exportación (mucha en forma ilegal) de madera en royo. Este incentivo podría ayudar a fomentar el establecimiento de plantaciones comerciales en gran escala, ya que en la actualidad, el país tiene una cuota alta de importación de productos forestales provenientes de los países a su alrededor.  Establecimiento de plantaciones para la producción de madera. Esto se podría lograr por medio de alianzas entre el estado y el sector privado o fomentando el establecimiento plantaciones forestales como negocios familiares de pequeña o mediana escala.  Manifestación poco favorable de ciertas comunidades contra las plantaciones: las empresas extranjeras invierten grandes cantidades de recursos económicos para establecer plantaciones forestales en Mozambique, pero tienen mucha oposición de los “conservacionistas” quienes temen que las inversiones no son tan buenas para el medio ambiente, como podrían parecer. Los tres mayores inversionistas del sector forestal forestales de Mozambique publican sus credenciales "verdes", con esquemas para plantar árboles para filtrar el carbono de la atmósfera y ayudar a reducir el calentamiento global. Pero los proyectos han provocado la inconformidad de las comunidades locales, que a veces dicen que nunca fueron consultados, y también de activistas que temen las consecuencias de sustituir bosque natural con plantaciones comerciales de pino y eucalipto. Los grupos empresariales, Green Resources, (Noruega) PORTUCEL (Portugal) están haciendo inversiones considerables para establecer unas 250,000 ha de plantaciones forestales de eucaliptos. Ambas empresas aducen que sus programas cumplen con los esquemas internacionales que tienen como objetivo eliminar el carbono de la atmósfera y generar beneficios económicos para Mozambique mediante el procesamiento de la madera para papel y materiales de construcción. "Las plantaciones se establecen en zonas degradadas por la actividad humana, y por lo tanto, no se talarán árboles indígenas de alto valor cultural. Pero los ambientalistas argumentan que las plantaciones amenazan la biodiversidad de Mozambique, y que los bosques degradados se les deben permitir la regeneración natural. Dicen los ambientalistas: “la siembra de pino y eucalipto en los recursos” causan un impacto terrible además de que las plantas exóticas consumen mucha agua del suelo”

91

ANEXO 1 Estudio de Caso: “Nuevos Bosques de Mozambique Pueden no Ser Tan Verdes Como Parecen” (Fuente: Myburgh 2011) Una gran extensión de plantaciones es propiedad de grupos religiosos de Noruega y Suecia a quienes el Centro de Cooperación Sueca, que apoya a pequeños propietarios, acusó de sobornar a líderes comunitarios para que se les permitiera establecer más plantaciones con esas especies, lo que causó problemas internos entre de las comunidades. Si a la comunidad no se le consulta y por ende ésta no se siente involucrada, el proyecto no puede funcionar. Como consecuencia, se reporta que grupos de pequeños agricultores, en un acto de frustración han arrancados los arbolitos sembrados y hasta les han echado fuego a las plantaciones Lecciones aprendidas de este caso: Un proyecto de reforestación, con o sin incentivos, debe ser participativo y consultarle a los que saldrán o beneficiados o afectados por la actividad. Si la "consulta a la comunidad no se ha hecho correctamente, la comunidad no se sentirá involucrada". Adicionalmente, para que un programa de reforestación sea aceptado por las comunidades, debe encontrarse un equilibrio entre el bosque plantado y el bosque natural y establecer las plantaciones con una visión paisajista.

92

CHILE

Marco Legal

AÑO

PAÍS

ANEXO 2 Comparativo de Mecanismos de Fomento de Plantaciones Forestales en los Diez Países

1930 1974 1975 1985 1986 1997

-

1998 2010

-

-

COLOMBIA

DL 701 Ley 19.561

Aporte a propietarios pequeños: 37% del monto asignado Pequeño propietario protección suelo; y Secularización Bonificaciones; exoneración de impuestos

1942 1953 1993 1994

Ley 139

Incentivos económicos CIF51

Ley 101

Incentivo de capitalización rural

1993 2005 1996 2010

51

DL 701

-

137.00

504.00

Bonificación

Exoneración de impuestos; Zonas Francas; CIF

Beneficiados

Exención de impuestos Hasta 90% de los costos de establecer la plantación: Hasta 15 ha:75% Más de 15% el siguiente año

HA establecidas (miles de ha)

Plantaciones (ha por año)

580

16

Sector privado y pequeños Forestadores (solo lograron un 5% de participación)

1,850 2.620

64,00050 (2005-2010)

Pequeños (90%), medianos (75%) y grandes propietarios (50%) Público general

DL 1791 1377

Monto Asignado (millones US$)

Aporte del Estado

Ley 20,448 (prorroga de DL 701) DL 1454 DL 2278 Ley 99

2011

50

Ley de Bosques

Incentivos financieros aplicados

en

CIF: 251,758 millones ZF: 15% del ISR; 50-70% del subsidio económ.

Protección conservación Agroforestería, reforestación pero principalmente inversionistas con fines comerciales

Cifras de esta columna fueron extraídas de: FAO Global Forest Resources Assessment 2010. Certificado de Incentivo Forestal

93

Costo/ha Plantación

Manejo BN

PSA

90 -100% de un bono por 20 años. Manteniendo la cobertura forestal permanente

De 50-90% de un bono por establecer una plantación

y

Aprovechamiento 15,000 Plantación y agro forestería

Entre 50 y 75% del incentivo dependiendo de la especie pagado en 5 años según spp

Se usa un fondo de canje de deuda por naturaleza

Beneficiarios directos e indirectos

AÑO

PAÍS COSTA RICA ECUADOR

Marco Legal

1969

4465

1986

7032

1990 1997

-

7174 FONAFIFO

Incentivo financiero aplicados

Monto Asignado (millones US$)

Incentivos y PSA Deducción del ISR; CAF y CAFMA Ratifica CAFMA

CAF

Deducción impuestos

7575

2000

DL 346

2004

Ley Forestal, Conservación y Vida Silvestre

2008

A.M. 169 Socio Bosque

2010

D. E. 442

2012

A. M. 520

Beneficiados

y

Pequeño y mediano reforestador; con fines comerciales; industrias pequeñas

BM/CR; KfW Alemania; Crédito Forestal Compra de madera por adelantado Control de actividades de extracción por parte del estado 75% del costo Incentivos y del Pequeño y exoneración del Parte del 50% establecimiento mediano pago a la del valor de de la plantación reforestador; propiedad; madera ilegal primeros 4 años fin comercial; beneficios de la + otras fuentes Exoneración y industria Ley de Fomento seguridad en la pequeña tenencia tierra Subsidio: Conservación, 138,000 US$30.0/ha/año a contrato de 20 habitantes US$ 5.0/ha/año años Exoneración del Exoneración del imp de tierras Imp. Predial Rural rurales con bosque; 20 años 75% del establecimiento de la Incentivo plantación a individuos y 100% a económico cooperativas o grupos asociados Certificado de Conservación de Bosques; PSA; Subsidios

HA establecidas (miles)

Plantaciones (miles ha/año)

Costo/ha Plantación

Manejo BN

PSA

de

3.5% del impuesto al combustible e impuesto forestal 1997: 14 millones

1996

Bonificación

94

65: Reforestación 10: manejo BN; 75: Conservación bosque privado

4,000

1,000 (2000 2005)

1.198,000 ha millones conservada

Reforestación: 980.00/ha Protección 640.00 ambos pagaderos en 5 años

75% del costo/ha pagaderos en 5 años y según densidad de siembra, especie y región

US$500 por año por 10 años

Pago de un incentivo

Aplicable a áreas de 2 a 300 ha pagadero en 10 años en bosque natural: US$500 por ha

Ej. US$30 – 40/ según el área del predio. Ej: US$0.08/mes/m³ de agua facturado

AÑO

PAÍS

GUATEMALA INDONESIA

Marco Legal

Incentivo financiero aplicados

1974/ 1975

D.L. 58-74/ 22-75

Incentivo reducción del 50% del ISR y del impuesto de circulación

19841996

D.L. 118-84

Ratificó el incentivo

D.L. 101-96

Creación del INAB y PINFOR; Pago del incentivo una sola vez en la vida

1996

Monto Asignado (millones US$)

Bonificación

HA establecidas (miles)

Beneficiados

Plantaciones (miles ha/año)

Costo/ha Planta-ción

Manejo BN

Pequeño, mediano grande propietario Del Estado

1% del presupuesto del ingreso ordinario del Gobierno: 20% de este 1% va para el incentivo para manejo de BN.

INAB: solo da el 50% del incentivo a áreas < de 15 ha; el otro 50% a >15 ha

Pequeño mediano reforestador

Producción protección

Dueños con tierra forestal no inscrita en el registro; mujeres participando

y

y

2010

D.L. 51

Creación de PINPEP; Incentivo

1967

Ley For 5

La ley no funcionó: deforestación excesiva continuó; vino la ley 41 en 1999

1980

D.L. 35

Incentivo financiado con un impuesto al volumen de madera producida para establecimiento de plantaciones e inversión privada; pero se detectó que fondos eran desviado para otros usos; la intención también era para la restauración de tierras forestales degradadas

1999

Ley 41 y la Ley 22

Centralización y al poco tiempo, centralización de la autoridad forestal; incentivos en especies no siempre monetario

95

285: plantaciones; 640: bosque natural

14,000 (2005 - 2010)

Varía por tamaño y objetivo (producción o protección) Q2885/ha de 45 ha

5,000 (2000-2005)

Imposición de vedas perjudicó el incentivo

4,000 (1990-2000)

Costo fijo del incentivo por ha

PSA

AÑO

PAÍS NUEVA ZELANDA

Marco Legal

Incentivo financiero aplicados

Monto Asignado (millones US$)

Bonificación

Permitía tala rasa del bosque nativo; descontinuada en 1993

Beneficiados El 70% de las plantaciones son propiedad de compañías extranjeras. El 17% son plantaciones de menos de 100 ha Tierras agrícolas y forestales

1949

Ley Forestal

1991

Ley de Gestión del bosque nativo.

Incentivo

Bosque nativo solamente

19932020

Proyecto ECPF

Donación

356 familias al 2011 Comercio de derechos de venta de GEI

Propietarios de tierras que firman convenio con el estado

Contrato propietario – GoNZ para venta de carbono

Propietario corre con todos los costos; cosecha final es de él

2006

AGS

Donación para reforestación y restauración de suelos degradados

2007

PFSI para bosques establecidos después del 1990

Donación con compromiso por 50 años para conservación

Dueño paga por hacerse “socio” NZD500 y mantener la plantación

96

HA establecidas (miles)

35 mil hasta el 2011

7,141 al 2011

Plantaciones (miles ha/año)

55,000 (1990-2000) 9,000 (2000-2005)

Costo/ha Plantación

Pago varía: de 50 – 70% 1re pago y el resto al 1er raleo o los 5 años

Manejo BN

PSA

NZD900 a 2100/ha según tasa de captación de carbono

AÑO

PAÍS

1992

Incentivo financiero aplicados

Monto Asignado (millones US$)

Bonificación

D.L. 26154 (PROFONANPE)

Captar y canalizar fondos para financiar proyectos de manejo y aprovechamiento, asistencia financiera;

Donación: Alemania. Fondo fiduciario y donaciones de la Cooperación Técnica Internaci. Ej Alemania

Maneja varios fondos que solo se usan los intereses y no el capital y desembolsos parciales

Beneficiario debe presentar una fianza bancaria

Acceso al bosque por 40 años para su aprovechamiento para madera según un plan de manejo. Pueden hipotecarse

27308

PERÚ

2001

Marco Legal

R.S. 01-2006

2006 28852

2011

Ley 29673 permite hipotecar concesiones

Concesiones por subasta pública: 10M a 40M ha por 40 años; o por concurso público: 5M a 10M ha Plan Nacional de Reforestación “Estímulos” o “donaciones” al sector privado = reducción en pagos de los derechos del aprovechamiento “Estímulos” o “incentivos” de naturaleza no tributaria

Beneficiados

Promoción de la reforestación, agroforestería y PSA

Plantaciones (miles ha/año)

Pequeños, medianos y grandes empresarios, Para mitigación de GEI

Sistema de concesiones por varios años

HA establecidas (miles)

La empresa privada; reducción del pago derecho del aprovechamiento Comunidades nativas y campesinas

97

Meta: 864M al 2024

8,000 (2000-2005)

Costo/ha Plantación

Manejo BN

Manejo por concesión hasta de 40 años renovables y permisos de aprovechamien-to. Incentivo US$3.7/ha/año por 5 años a comunidades nativas

PSA

Incentivos económi-cos por prácticas ambienta-les. Mecanismos de indemnización por los servicios ambientales del bosque

AÑO

PAÍS

Beneficiados

Reducción de hasta el 90% de varios tipos de impuestos

Plantaciones con fines energéticos

D. L. 138

Asistencia técnica, capacitación

Fondos de la Presid de la Rep; Cooper. Internac; Taiwan; sector privado

Generación de empleo

Reforestadores y comunidades forestales de bajos recursos económicos

1999

Ley Forestal 118-1999

Incentivo con pago retornable o bonos; títulos de valores normativos

Fondos del presupuesto nacional

CRFN52 bajo contrato y negociables para pagar impuestos.

2000

Le y General del Medio Ambiente 64-00

Exoneración fiscal, de tasas de importación

Fondos del presupuesto nacional

Inversionistas forestales

Ley de Fomento Forestal

Beneficios tributarios especiales a inversionistas; exoneración hasta por 35 años

Fondos del presupuesto nacional

Reforestación comercial

1997

REPÚBLICA DOMINICANA

Ley 290

Incentivos plantaciones para madera y energía

Monto Asignado (millones US$)

Bonificación

1986

2003

52

Marco Legal

Incentivo financiero aplicados

Adelanto hasta un 50% para manejo o plantación; beneficio era por 5 años Inversionistas forestales; beneficios hasta por 35 años

Inversionista, personas naturales,

CRFN: Certificados de Retribución Fiscal Negociables.

98

HA establecidas (miles)

Plantaciones (miles ha/año)

Costo/ha Plantación

Bonificación al comprobar que la plantación está bien.

Manejo BN

PSA

Monto fijo/ha, revisado cada año 50% de deducción del ISR por 10 años a empresas forestales

Contrato de colaboración voluntaria y contrato con el estado para un PSA

AÑO

PAÍS

Marco Legal

URUGUAY

Ley Forestal No. 15939

1997

Fondo Forestal Plan Nacional de Forestación creado por la Ley 15939

Incentivo financiero aplicados Beneficio tributario; línea de crédito; intermediario: banco nacional del estado; subsidios (50% del costo); reinversión de impuestos; créditos blandos:12 años Créditos blandos por 10 años, multas, indemnizaciones, donaciones. Fondo depositado en el banco del estado

Monto Asignado (millones US$)

Bonificación

Beneficiados

Beneficios fiscales: Exención de impuestos; devolución en caso de fracaso de la plantación; fomento a la empresa privada

Tierras privadas; contrato de renta de la tierra hasta por 30 años. Empresas rurales, y agroindustria

HA establecidas (miles)

302,000 (2005) 306,000 (2010)

Aporte del Gobierno igual al costo de establecer 10M ha; reintegro de créditos, multas

Financiamiento de forestación para protección

Empresa privada, Industria forestal

99

Plantaciones (miles ha/año)

Costo/ha Plantación

Manejo BN

Préstamos que cubren de 20 al 50% del costo fijo de reforestación, por 12 año. Renta de la tierra hasta por 30 años

Bosques de protección gozan de las mismas exoneraciones y beneficios fiscales que las plantaciones

PSA

CHILE COLOMBIA 53 54 55

ANEXO 3 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES DESCRITOS EN ESTE ANÁLISIS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CLASIFICACIÓN Y RAZONES53 Año de Fundación del Programa D.L. 701 de 1974 a 1994 Programa muy eficiente; 1er instrumento financiero desde Ley de Bosques (1974); con extensiones hasta el 2012 y 1934; participación muy activa del sector privado; decisión de Continuidad y Aceptación del Programa más la industria maderera de sustituir la madera del bosque por la de plantaciones; participación de la banca privada; largos Fondos Estatales Asignados al Programa (US$) 1976-2000, US$ 162 millones. En 18 años las exportaciones aumentaron 30 veces. En 1995 periodos de pago y de bonificación; Compromiso político; obtuvieron ingresos mayores a los 2 300 millones de exoneración de impuestos forestal: variedad de tipos de dólares en más de 400 productos forestales y derivados. En incentivos; plantaciones estrictamente comerciales. Derecho a Inversión no Estatal Generada por el Incentivo el 2000, el sector forestal generó divisas por US$2350 la propiedad privada. El % que forman las plantaciones con millones en el 2001; las exportaciones fueron de US$ 2 206 relación al área total de bosque ha tenido un aumento considerable a través de los años. Buena generación de millones. Genera unos 100 mil empleos. empleos. Es la segunda actividad económica del país. Sólida En el 2000, el sector forestal aportó al PIB US$ 3 200 Contribución del Sector al PIB54 capacidad técnica y administrativa de las autoridades millones (alrededor del 2%). forestales; Aspecto negativo: entre 1974 y 1994 la política Área Reforestada (Miles de Ha)55 1,707(1990); 1,36 (2000); 2,062 (2005); 2,384 (2010) forestal de incentivos solo favorecía a los grandes Tasa de Reforestación (Ha/año) 61,300 (’90 – ‘00); 61,400 (´00 - ´05); 64,000 (’05 - ‘10) empresarios y poco a los pequeños. Porcentaje del Área Total de Bosque (%) 11.4 (1990); 14.9 (2000); 16.5 (2005) Año de Fundación del Programa

Ley 139 de 1994

Continuidad y Aceptación del Programa

16 años del Certificado de Incentivo Forestal (CIF)

Fondos Estatales Asignados al Programa (US$)

Entre 1995 - 2011: $251, 758,000 de pesos colombianos; y solo en el 2009 CIF contaba con US$ 7 millones.

Inversión no Estatal Generada por el Incentivo

25% de los costos/ha cubiertos por el propietario

Contribución del Sector al PIB

7% del PIB (2010) y el 28% de la inversión extranjera directa.

Área Reforestada (Miles de Ha)

137 (1990); 255 (2000); 330 (2005); 405 (2010)

Tasa de Reforestación (Ha/año)

12,000 (‘90 – ‘00); 15,000 (‘00 – ‘05); 15,000 (’05 – ‘10)

Porcentaje del Área Total de Bosque (%)

0.2 (1990); 0.4 (2000); 0.5 (2005)

Programa eficiente. Plantaciones con fines puramente comerciales; empresas forestales operar en cualquier parte del país; buen sistema de exoneraciones de impuestos y beneficios y sin vigencia, como por ejemplo: 0% del ISR para el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. El programa incluye también la agroforestería; CIF; política de “participación ciudadana”. Interés exclusivo en incentivar solo la reforestación. Declaratoria de “zonas francas”; amplia gama de especies incentivadas. Al 2011, 25 mil empleos generados. Aspecto negativo: mayor énfasis en empresas grandes.

Al clasificar un programa como “exitoso” o “eficiente” es en términos generales, a pesar de que estos han tenido su dosis de dificultades a través de sus años de existencia. Se buscaron cifras de esta contribución antes del incentivo, pero no se encontraron, por lo que se asume que las cifras citadas son solo después. Datos nacionales pero complementados con estadísticas de: FAO; Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005 y 2010.

100

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Año de Fundación del Programa

ECUADOR

COSTA RICA

Continuidad y Aceptación del Programa

56 57

Fondos Estatales Asignados al Programa (US$)

INDICADORES 1979: Certificado de Abono Forestal (CAF) En 1986 se aprueba la Ley Forestal N° 7032; 1990: FANAFIFO 3,5% del impuesto selectivo a los combustibles y otros ingresos vienen del impuesto forestal; US$14 millones para pagos de PSA. Solo entre 1988-1995: US$46.4 millones

Inversión no Estatal Generada por el Incentivo

US$122 millones (FAO 2005)56

Contribución del Sector al PIB

6% pero incluye agricultura, silvicultura y pesca57

Área Reforestada (Miles de Ha)

295 (1990); 203 (2000); 222 (2005); 241 (2010)

Tasa de Reforestación (Ha/año)

-9,000 (‘90-‘00); 4,000 (’00 – ‘05); 4,000 (’05 – ‘10)

Porcentaje del Área Total de Bosque (%) Año de Fundación del Programa Continuidad y Aceptación del Programa Fondos Estatales Asignados al Programa (US$)

0.1 (2000); 0.2 (2005) Decreto Nº 346 en abril del 2000 Desde el 2000; poca aceptación (Información no encontrada) US$250 millones; beneficio a 500 mil y un millón de personas 3.2% 161 (2000); 165 (2005); 167 (2010) 1,000 (‘00 – ‘05); n.s. (’05 – ‘10) 1.4 (2000); 1.5 (2005)

Inversión no Estatal Generada por el Incentivo Contribución del Sector al PIB Área Reforestada (Miles de Ha) Tasa de Reforestación (Ha/año) Porcentaje del Área Total de Bosque (%)

Fuente: FAO 2005 Fuente: Portolés 2012

101

CLASIFICACIÓN Y RAZONES Programa eficiente y solo a escala de pequeños propietarios; administración independiente de la autoridad forestal estatal; con capacidad para recaudar fondos externos para el fideicomiso; implementación del programa en cooperación con centros agrícolas, municipalidades y ONG. Uso de la figura de “regente”; Alto compromiso del estado para con los objetivos del programa. Evidente cultura nacional de conservar y proteger los recursos naturales y la biodiversidad. Uso de varios tipos de “certificados de abono forestal” incluyendo pago por adelantado. Aspecto negativo: reforestación en pequeños lotes y no a escala comercial. Resultados mixtos: Gestión descentralizada y relativamente nueva.; más interés en manejo del bosque que en plantaciones; poca participación privada; Sistema de “tercerización” de contratación de servicios de supervisión por privados y transparentes para combatir algunas prácticas corruptas e ilegales. Aspecto negativo: no ha habido el éxito esperado por injerencia política, oposición de grupos interesados y hasta culturales (resistencia de los usuarios a usar Internet para realizar trámites).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Año de Fundación del Programa

Inversión no Estatal Generada por el Incentivo Contribución del Sector al PIB Área Reforestada (Miles de Ha) Tasa de Reforestación (Ha/año) Porcentaje del Área Total de Bosque (%)

INDICADORES Decreto Legislativo 58-74 de 1974 FONAFIFO desde 1996 según Decreto 101-96. Se crea PINFOR y luego PINPEP Decreto N° 51 del 2010 C/u de esos dos programas reciben el 1% del presupuesto de ingresos ordinarios del estado. De 1998 al 2009: se dieron 893 millones de Quetzales en incentivos58. US$167 millones (FAO 2005) 2.8% 51 (1990); 93 (2000); 101 (2005); 173 (2010) 4,000 (‘90-’00); 2,000 (‘00-‘05); 14,000 (’05 – ‘10) 0.7 (1990); 2.1 (2000); 3.1 (2005)

Año de Fundación del Programa

Ley forestal 41/1999

Continuidad y Aceptación del Programa

Poca continuidad, cambios recuentes reversibles.

Fondos Estatales Asignados al Programa (US$)

1989 al 2009:unos $5.8 billones

Inversión no Estatal Generada por el Incentivo

El sector contribuye aprox. unos US$ 21 billones a la economía del país, general 3.7 millones de empleos o sea más de un 4% de la fuerza laboral total del país.

Contribución del Sector al PIB

Entire forestry/industry sector: 3.5%

Área Reforestada (Miles de Ha)

2,290 (1990); 3,672 (2000); 3,699 (2005); 3542 (2010)

Tasa de Reforestación (Ha/año)

5,000 (‘00-‘05); -30,000 (’05 – ‘10)

Porcentaje de Área Total de Bosque (%)

1.9 (1990); 3.1 (2000); 3.8 (2005)

INDONESIA

GUATEMALA

Continuidad y Aceptación del Programa

58

Fondos Estatales Asignados al Programa (US$)

Fuente: INAB-FAO; 201O

102

CLASIFICACIÓN Y RAZONES Cuenta con dos programas de incentivos; programas con muchos logros con énfasis también en la agroforestería; arduo trabajo con comunidades indígenas y con municipalidades; Programas manejados por el INAB que funciona en forma independiente del estado y con su propio presupuesto; mucha transparencia; tiene beneficios específicamente para mujeres. Modulo “Foresto-Industrial” que promueve la industria forestal. 7,752 empleos anuales entre 2004-2008. Alto % de certificación. Aspecto negativo: poco énfasis con grandes propietarios. El programa tuvo varias deficiencias: demasiada centralización del programa al inicio, seguido por descentralización, pero los estados no mostraron capacidad técnica ni administrativa para implementar el programa; otra vez se centralizó, lo que el gobierno central aprovechó para hacer “favores” especiales con los fondos del programa. Por el otro lado, la literatura reporta un alto grado de corrupción que al final hizo sucumbir el programa. El gobierno tenía más interés manejar el bosque natural y dejar las tierras que serían destinadas a la siembra de árboles, para la palma africana. Bastante plantación certificada pero han perdido algunas. Aspectos negativos: mucha corrupción y préstamos con montos considerables a pocas empresas. Avance de la frontera “palma africana” pone en peligro tierras de vocación forestal.

PERÚ

NUEVA ZELANDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Año de Fundación del Programa Continuidad y Aceptación del Programa

Área Reforestada (Miles de Ha) Tasa de Reforestación (Ha/año)

INDICADORES Ley Forestal de 1949, enmendada en 1993. Desde 1993 y programa muy eficiente; 17 mil empleos. NZD2.8 millones/año aumentado a NZD4.5 millones/año de los cuales NZD4.1/año para donaciones. (US$1.00 = NZD1.23) Exportaciones madera en royo: NZD 1,575,818,000; de madera aserrada: NZD 812,586,000 Casi un 8% (2011) pero incluye agricultura, bosques y pesca; solo el sector forestal: 4% 1,261 (1990); 1,809 (2000); 1,854 (2005); 1812 (2010) 55,000 (’90 - ‘00); 9,000 (’00 – ‘05); -8,000 (’05 –‘10)

Porcentaje del Área Total de Bosque (%)

16.3 (1990); 21.5 (2000); 22.3 (2005)

Año de Fundación del Programa Continuidad y Aceptación del Programa Fondos Estatales Asignados al Programa (US$) Inversión no Estatal Generada por el Incentivo

Área Reforestada (Miles de Ha) Tasa de Reforestación (Ha/año)

Ley Forestal 27308/2001 Ley derogada por la Ley 29763 del 2011 (Información no encontrada) (Información no encontrada) 1–4%: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c19.htm. PIB es parte del PIB del sector agrícola 263 (1990); 715 (2000); 754 (2005); 993 (2010) 45,200 (‘90 – ‘00); 8,000 (‘00 – ‘05); 48,000 (’05 – ‘10)

Porcentaje del Área Total de Bosque (%)

0.4 (1990); 1.0 (2000); 1.1 (2005)

Fondos Estatales Asignados al Programa (US$) Inversión no Estatal Generada por el Incentivo Contribución del Sector al PIB

Contribución del Sector al PIB

103

CLASIFICACIÓN Y RAZONES Programa muy eficiente. Alto grado de compromiso del estado y respuesta positiva de los propietarios privados incluyendo la industria forestal que está muy desarrollada; respeto a los derechos de los indígenas y a la propiedad privada. Buenos esquemas de donaciones. El servicio forestal funciona bajo el Ministerio de Agricultura y Bosque pero tiene fuertes enlaces con el Ministerio de Industrias Primarias. Buen auge de incentivo para plantaciones como sumideros de carbono. Aspecto negativo: el gobierno no dona fondos a la industria forestal extranjera porque la garantía de inversión es que la inflación es muy baja. Resultados mixtos; más interés en el manejo del bosque natural a nivel de concesiones (hasta de 40 mil ha) que en plantaciones. Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, 28852 para promover la inversión privada en reforestación. Incentivo económico para indígenas, exclusivo para cambio climático. Aspectos negativos: ley anterior hablaba de “estímulos” o “incentivos de naturaleza no tributaria”. Escaso valor agregado al PIB. Gran reto porque las tierras para reforestación están muy degradadas y erosionadas. Las comunidades nativas reclaman que el programa vaya acompañado de un programa de demarcación y titularidad de tierra de las comunidades nativas.

REPÚBLICA DOMINICANA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Año de Fundación del Programa Continuidad y Aceptación del Programa Fondos Estatales Asignados al Programa (US$) Inversión no Estatal Generada por el Incentivo Contribución del Sector al PIB Área Reforestada (Miles de Ha) Tasa de Reforestación (Ha/año) Porcentaje del Área Total de Bosque (%)

INDICADORES Decreto No. 138-97 de 1997 Programa relativamente nuevo. Fondos de la Presidencia y del estado (monto no detallado) (Información no encontrada) 0.4 y 0.6% anual (1977 a 1981); 3.0% (2003) 5.7 por el estado y sector público (2006) 2,971 (1972 - 2003) N.D.

CLASIFICACIÓN Y RAZONES Programa difícil de clasificar porque se reportan muy pocas estadísticas e información al respecto. A través del tiempo, ha habido demasiados decretos, resoluciones y leyes forestales. Ley de incentivos para fomento de bosques pero solo para aprovechamiento. Participación activa de la mujer. Aspectos negativos: la labor de plantar la lidera el estado con poca participación del sector privado. El plan Quisqueya Verde no enfatiza la reforestación para fomento de la industria; su objetivo principal es la protección y recuperación de sitios. Alta dependencia de la importación de productos forestales.

Año de Fundación del Programa

Ley Forestal N° 15939 de diciembre de 1997 Programa muy aceptado por los propietarios privados, aunque la mayoría ya siembra con recursos propios o créditos con la banca privada. Primeras plantaciones fueron en 1987. Fondo Forestal con aportación anual equivalente al costo de establecer 10,000 ha/año US$1,300 millones (2011); US$1,119 millones (2012) 1.0% (2006) forma parte del PIB agropecuario del 6% 201 (1990); 669 (2000); 766 (2005); 978 (2010) 47,000 (‘90-‘00); 19,000 (‘00-‘05); 42,000 (’05 – ‘10) 22.2 (1990); 47.5 (2000); 50.9 (2005)

El programa muy eficiente; adoptó aspectos buenos de la experiencia en Chile. Alto compromiso político hacia la actividad; interés de desarrollar la industria forestal desde un inicio. Facilidades de préstamos o créditos blandos por varios años por medio de la banca del estado; existencia de líneas de crédito para inversión en el sector. Área reforestada (ha/año) alta, y principalmente con fines económicos. Iniciativa de la empresa privada en sembrar árboles sin recursos económicos del programa. % del bosque formado por plantaciones muy alto. Ley 15939 de exoneraciones. Respeto a la propiedad privada. Aspecto negativo: alto énfasis en grandes productores y poca participación de los pequeños.

URUGUAY

Continuidad y Aceptación del Programa

Fondos Estatales Asignados al Programa (US$) Inversión no Estatal Generada por el Incentivo Contribución del Sector al PIB Área Reforestada (Miles de Ha) Tasa de Reforestación (Ha/año) Porcentaje del área Total de Bosque (%)

104

PROPUESTA DE CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES EN PAÍSES SELECTOS DE CENTRO AMÉRICA Y EN REPÚBLICA DOMINICANA Sistematización de iniciativas de fomento forestal para la forestación/reforestación y manejo sustentable de bosques aplicables a la región

RESUMEN El presente documento plantea una idea de propuesta, y sienta las bases para la elaboración de una propuesta más formal y completa para un proyecto regional. Este proyecto tendría como objetivo principal apoyar a los gobiernos en el diseño de programas nacionales de incentivos forestales para el establecimiento y manejo de plantaciones forestales. El proyecto tendría cobertura regional incluyendo a los gobiernos de Honduras, Nicaragua y República Dominicana; pero su implementación sería a nivel nacional de cada uno de los países. El documento propone establecer un fideicomiso para la implementación y administración del proyecto regional de incentivos, y define una serie de pasos y cuidados que se deben seguir en su diseño. También se recomienda una serie de pasos previos a seguir antes de comenzar a proponer un programa. Lo presentado aquí, se basa en una serie de experiencias de programas de incentivos forestales establecidos en el pasado y funcionando con alto cierto grado de eficiencia, en los siguientes diez países: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Indonesia, Guatemala, Nueva Zelanda, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se propone un programa que tenga la calidad de semi-autonomía; es decir, que su administración e implementación se maneje en forma independiente del estado y con su propio reglamente. Pero tendría cierto grado de relación con el gobierno por dos razones principales: los funcionarios del programa serían empleados del estado y pagados por éste, pero asignados técnica y administrativamente por tiempo completo al programa; y el gobierno facilitaría los fondos, total y parcialmente, para la creación del fideicomiso, el cual se podría complementar o engrandecer por otras fuentes como, por ejemplo, por aportaciones de donantes, de proyectos, de otros ministerios del estado y otras fuentes. El documento también propone aspectos como: (i) el objetivo general y los específicos; (ii) requisitos de un programa de incentivos forestales; (iii) amenazas y oportunidades del programa; (iv) alcance del programa; (v) criterios de selección de la región del país, como área piloto, donde se debería implementar el programa; y otros. Adicionalmente, este escrito hace una justificación por que concentrar las actividades del programa en fomentar las plantaciones forestales y dejar el manejo del bosque natural al estado. Para desarrollar el programa, se proponen varias etapas: (i) consultar las leyes, políticas, estrategias forestales y propuestas (Santos 2012) de los países sobre incentivos al sector, ya que de allí se pueden extraer muy buenas ideas de lo que debería incluirse en un programa nacional; esto permitiría diseñar un programa de incentivos en base a la ley forestal del país y de un programa nacional de reforestación; (ii) actualizar o dinamizar el programa nacional de reforestación, y de haber necesidad, apoyarlos en la elaboración de uno nuevo; y (iii) la creación de un fideicomiso, su administración, uso, magnitud y su duración. El monto del fideicomiso queda por definirse por cada país ya que eso dependería de las metas de cada uno. Sin embargo, se propone una meta de unas 2000 a 3000 ha de 107

reforestación por país para los primeros cinco años del proyecto, lo cual podría cambiar con el tiempo. Para lograr sus objetivos, y basado en el costo por hectárea en Honduras, se estima que un fideicomiso de unos US$2.5 a 5.0 millones por país. También se definen aspectos de: (i) sostenibilidad de un programa de incentivos en caso de que los fondos del estado se agoten, o que por cuestiones políticas el gobierno desvíe los fondos del fideicomiso a otras actividades o programas de su prioridad; y (ii) monitoreo de actividades proponiendo la creación y/o la puesta en funcionamiento la figura de un regente forestal que sería un profesional independiente contratado por los propietarios para darle seguimiento técnico a los proyectos de reforestación. Finalmente, este documento describe lo que serían los resultados esperados del proyecto regional.

108

1: INTRODUCCIÓN En la primera parte de esta consultoría se presentó un análisis de los programas de incentivos o fomento para el establecimiento de plantaciones y su manejo al igual que para el manejo del bosque natural; el análisis incluyo una revisión de las leyes forestales y otras afines que legislan la actividad. Se analizaron los programas de incentivos forestales de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Nueva Zelanda, Perú, República Dominicana y Uruguay. Tomando como base las experiencias que esos diez países han tenido en la implementación de sus programas de fomento forestal, este documento hace una serie de observaciones y recomendaciones de las cuales se pueden extraer ciertos elementos para elaborar una propuesta de un programa de incentivos para plantaciones forestales (o mejorar los ya existentes). La idea es diseñar un programa regional, aplicable en otros países pero con las adaptaciones correspondientes a nivel nacional, según la condición social, económica, ambiental, cultural y política de cada uno de ellos1. Las recomendaciones que se hacen, son para aplicación en el ámbito centroamericano y el Caribe y están dirigidas a aquellos países de la región, que si bien es cierto quizás ya tengan un programa de incentivos, pero que tal vez no se implementa o que no está dando los resultados esperados. Algunas de las ideas que aquí se presentan son aplicables para un programa de incentivos para plantaciones y quizás no apliquen a programas de incentivos, como FONAFIFO de Costa Rica y PINFOR de Guatemala, no porque estos programas no tengan sus dificultades, sino porque en términos generales los números en cuanto a la extensión de plantaciones que han fomentado y establecido y la cantidad de fondos que han erogado para ese fin, indican que los programas han sido eficientes. Tampoco debe interpretarse como que esos dos programas no necesitan mejorías, porque es muy posible que sí. En resumen, todos los países de Centro América y la mayoría de los del Caribe cuentan con sus programas de incentivos forestales implementados bajo distintos esquemas aunque el fin es el mismo. Sin embargo, algunos no operan porque quizás no estén oficializados, o porque todavía no cuentan con un reglamento. Este es el caso de Honduras; la ley legaliza el incentivo pero el programa no se ha desarrollado a su capacidad por falta de fondos y porque todavía no cuenta con un reglamento de cómo debe operar. Así pues, que las recomendaciones de este documento pueden servirle a aquellos países que: (i) cuentan con un programa facultado por ley pero que no funciona y que por lo tanto hay necesidad de rediseñarlo; y/o (ii) que no tienen un programa de incentivos, y que por lo tanto tendrían que elaborar uno nuevo.

1

A través de este documento se hace alusión a Honduras, Nicaragua y República Dominicana asumiendo que cuando se habla de países de la región, se refiere a estos países solamente ya que Guatemala y Costa Rica ya tienen sus programas de incentivos funcionando eficientemente.

109

2: APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS COMO MECANISMO DE FOMENTO FORESTAL Un objetivo primordial del incentivo para el establecimiento de plantaciones forestales es reducir costos e incrementar sus ganancias. Este beneficio también se puede obtener mediante otras de este mecanismo debe ser racional y justificado en concordancia con la política y leyes forestales de un país. También deben ir en concordancia con la política económica de la nación para evitar fomentar resultados adversos, como ya ha sucedido en varios países; por ejemplo, cambio de uso del suelo, competencia desleal con otros sectores, o conversión de bosques de regeneración natural a bosques plantados. Todo programa de incentivos requiere de investigación sobre los costos y ganancias de los distintos tipos de inversionistas (grandes empresas o pequeños propietarios). La información generada por la investigación sería necesaria para diseñar tratos diferentes según el tipo de inversionista. La administración de los programas de incentivos deberá ser supervisada para asegurarse que los fondos se utilicen para lo que se otorgaron. Hay una tendencia que va de incentivos directos a indirectos. En vez de pagar subsidios para corregir distorsiones en otro sector de la economía nacional que desaliéntenla inversión en forestación y aforestación, hoy en día se insiste en eliminar aquellas distorsiones e impedimentos estructurales a cambio de la creación de un clima de negocios que estimule la empresa privada. Es posible que se necesite una reforma a los sistemas de impuestos o la eliminación de barreras administrativas que desalientan el comercio de la madera o de sus productos. La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad también reconoce la necesidad de eliminar incentivos perversos. Los incentivos no necesariamente deben venir de las arcas de los gobiernos. Hoy en día existe la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento para la inversión en el establecimiento y manejo de plantaciones forestales. Esta posibilidad se enmarca dentro del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y se podría usar para promover a las plantaciones como sumideros de carbono en el contexto de los mecanismos de Desarrollo Limpio y Comercio de Emisiones.

110

3: OBJETIVOS Objetivo General del Programa de Incentivos Propuestos El objetivo general del programa de incentivos sería fomentar el desarrollo forestal del país mejorando la participación de las comunidades rurales y de la industria forestal en el establecimiento, manejo y comercialización de plantaciones y de sistemas agroforestales, contribuyendo así al manejo, conservación y uso sostenible de los bosques, áreas protegidas y vida silvestre del país.

Objetivos Específicos del Programa a. Apoyar las políticas de los países de: reducción de la pobreza, equidad de género, generación de empleo, y de desarrollo humano en general. b. Colaborar con los países en la elaboración de sus planes nacionales de reforestación, o apoyar acciones si estos ya existen. c. Ampliar y mantener la cobertura boscosa del país mediante el establecimiento de unas 2000 a 3000 ha de plantaciones y agroforestería en los primeros cinco años del programa. d. Promover el desarrollo forestal industrial en una región del país, incrementando el valor agregado a los productos forestales, promoviendo el aumento de las exportaciones, y mejorando la competitividad de los productos forestales en la región. e. Contribuir a la reducción de gases efecto de invernadero y proteger la biodiversidad. f. Mantener una base de datos detallada de las plantaciones incluyendo información como: localización geográfica exacta, especies y densidad sembrada, fecha de siembra, nombre del propietario, y otros datos de la plantación de acceso al público en general. g. Promover en los países una “ley de incentivos” específica para el sector forestal, con bonificaciones financieras en base a la ley forestal que comprenda créditos o subsidiados con amplios plazos de pago y con tasas de interés de repago favorables. h. Apoyar a los países en la elaboración y en dinamizar de programas nacionales de inversiones en el sector forestal para el fomento de la inversión principalmente en lo relacionado a productos, bienes y servicios de las plantaciones. En términos generales, el programa apoyaría los esfuerzos de los gobiernos para tratar de lograr las metas descritas en sus respectivos planes de nación, y principalmente las relacionadas al sector agroforestal. El programa favorecerá y fortalecerán acciones de los gobiernos para: (i) reducir la pobreza; (ii) mejorar la calidad de vida de los menos privilegiados; (iii) mejorar la participación de la sociedad civil para la descentralización; (iv) mejorar la gobernabilidad y la democracia; y (v) reducir la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales y ambientales.

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4: REQUISITOS DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES Un programa de incentivos para el establecimiento de plantaciones forestales será exitoso en la medida que se den las siguientes condiciones: a. Legal: la ley forestal, del medio ambiente y otras afines deben ser muy claras en lo que a tenencia de la tierra se refiere. Difícilmente un programa de reforestación se desarrollará si la tenencia de la tierra no está bien definida o no se respeta. b. Social: a las comunidades hay que respetarles sus derechos y deben dárseles la oportunidad de participar en la elaboración del programa de incentivos para que sea aceptado por ellas. Las municipalidades también deben tener su participación en el diseño. Igualmente, el programa debe ir encaminado a la generación de empleo rural y a la participación de la mujer. c. Participación: el programa debe permitir la participación de todos los sectores de la sociedad, pero principalmente la empresa privada y las comunidades rurales. d. Financiera: todo programa de incentivos necesitará de su presupuesto; el pago oportuno del incentivo al reforestador, según un programa de actividades, es necesario para que éste pueda manejar su plantación debidamente y que no tenga excusas para no hacerlo. Si el programa carece del presupuesto apropiado, o el gobierno central no hace los desembolsos a tiempo, difícilmente se va a poder motivar o fomentar la actividad. e. De mercado: el programa debe ir orientado hacia el establecimiento de plantaciones con fines, principalmente comerciales, a modo que contribuyan a establecer o fortalecer la industria forestal en la región.

112

5: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PLANTACIONES FORESTALES Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FORESTAL Amenazas Indudablemente, la principal amenaza a un programa de incentivos forestales es la falta de presupuesto. Otras de índole económica, son por ejemplo, intereses bancarios altos, requisitos engorrosos para obtener créditos y periodos de pago cortos. Además de las condiciones mencionadas anteriormente, hay otras razones técnicas, que hacen que un programa de incentivos a la reforestación no sea muy atractivo a los propietarios de tierras y la industria forestal quienes, en términos generales, ven la reforestación con fines económicos. La carencia de un plan nacional de forestación y aforestación eficiente que le indique a las autoridades forestales del país, a los propietarios de tierras interesados y a la industria forestal, cómo y cuál es la meta a la que se desea llegar en materia de plantaciones forestales también se constituye en amenaza al programa. Varios países tienen un plan, pero éste quizás esté obsoleto o que necesita ser revisado y actualizado; otros no lo tienen. Esto indica que lo que hace falta es una política de estado económica y sectorial, clara y bien definida para motivar a la industria forestal a contribuir con el desarrollo forestal comercial del país. Luego, en la mayoría de nuestros países hay problemas de distribución geográfica y de calidad de las plantaciones que igual desalientan al inversionista. El área cubierta de bosques plantados en Centro América y el Caribe ha cambiado a través de los años como lo demuestra el siguiente cuadro. Sin embargo, muchas de esas plantaciones se encuentran en lotes aislados por todo el país, en su mayoría de hectareaje pequeño, que económica e industrialmente no pueden ser sostenibles. Desde el punto de vista económico, esa distribución de norte a sur y de este a oeste no fomenta el establecimiento de la industria forestal que para abaratar costos de transporte y procesamiento necesita suficiente materia prima en sus alrededores inmediatos. Este es el caso de Honduras en donde ha habido un “boom” de plantaciones pero con las características de calidad, posición geográfica y de superficie mencionadas. Muchas de esas plantaciones son de mala calidad porque su establecimiento comenzó mal desde el momento mismo que la semilla o estaca fue sembrada hasta el momento de un manejo de la plantación inoportuno y deficiente. Existe la tendencia en estos países que planta producida en vivero, planta sembrada en el bosque, sin darle la importancia a la calidad de la plántula que se lleva a la siembra. Otros factores que limitan el desarrollo del sector son la tala ilegal, la degradación de las tierras forestales y las altas tasas de deforestación; esto sucede principalmente en zonas rurales donde hay mucha pobreza, donde las tasas de desempleo altas y con un índice de desarrollo bajo. Los incendios forestales son la causa principal de degradación del bosque y su biodiversidad y las plantaciones forestales no se salvan de este fenómeno. Sin embargo, los esfuerzos nacionales de protección muestran avances 113

positivos debido a que la superficie media quemada por incendio, por ejemplo en Honduras, se ha reducido de 99.1 ha en 1997 a 34.0 ha en el 2010. La superficie media quemada es más alta en el bosque nacional y la más baja es en los bosques municipales, lo que evidencia el potencial de la gestión local para producir cambios. El número de incendios sigue siendo muy elevado en la región, y la principal causa es la actividad humana. Tabla 1 Situación del área de las plantaciones forestales en Centro América y el Caribe Área de Plantaciones Forestales Tasa de Cambio Anual (1 000 ha/año) (1 000 ha) País 19902000

% del Bosque

2.0 2.0

n.s. 9.0 n.s3. 4.0 0.5 4.2 3.2

N.D.

N.D.

1990

2000

2005

2010

BZ

2

2

2

2

% del Bosque2 N.D.

CR

295

203

222

241

9.0

SV GT

10 51

13 93

14 101

15 173

5.0 5.0

HN

31

26

30

N.D.

-

NI PA

N.D4. 13

N.D. 44

74 62

74 79

DO

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

% del Bosque

0.5

20002005 0

% del Bosque

0.0

20052010 n.s.

3.7

4.0

1.8

4.0

1.7

2.4 6.2

n.s. 2.0

2.0 1.7

n.s. 14.0

1.7 11.4

n.s.

0.8

n.s.

N.D.

N.D.

n.s. 13.3

1.0 3.8

n.s. 7.1

N.D. 3.0

N.D. 5.0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0.85

Oportunidades: ¿Por Qué un Programa de Incentivos para Plantaciones Forestales? El énfasis de la mayoría de los programas de incentivos en la región Centro Americana y el Caribe son para el establecimiento y manejo de plantaciones. Esto se debe a que generalmente, las plantaciones forestales se establecen para proveer materia prima para la producción de madera y fibra para la fabricación de papel y otros productos. Muchas otras plantaciones se establecen con fines energéticos y otras con fines conservacionistas. El fomento de plantaciones es una forma eficaz de promover el establecimiento y desarrollo de la industria forestal en una región. El aprovechamiento y el volumen de madera aprovechado proveniente del bosque natural van en decadencia, mientras que aumenta la madera proveniente de los bosques plantados (FAO 2006a). Según la FAO, existen en el mundo unos 300 millones de hectáreas de bosques plantados que proveen más de la mitad de la madera destinada para uso industrial; en tanto, su extensión y productividad siguen aumentando (FAO 2006b). En Centro América, sin embargo, en el 2005 existían 274,000 ha de plantaciones de las cuales el 45% estaban en Guatemala. Entre el 1990 y el 2000, Honduras tuvo una tasa de cambio de área plantada por año negativa (-500 ha/año) mientras que en el período 2000 al 2005, fue positiva (800 ha/año). La tendencia en esos mismos dos periodos, fue positiva para el resto de los países de la región. En todos los países de Centro América la tasa de cambio del bosque natural (ha/año) fue negativa, excepto en Costa Rica. El Caribe tiene solamente un 3.4% de los bosques plantados de la región; sin 2 3 4

En base al 2010 n.s. = no significativo, es decir, valor muy pequeño como para reportarlo. N.D. = Información no disponible o no encontrada.

114

embargo, la superficie plantada es muy importante ya que representa casi un 7.5% de la cobertura forestal de esa región. También se experimenta un aumento en el consumo de madera de plantaciones para la generación de energía térmica y eléctrica a nivel industrial debido a los crecientes y frecuentes aumentos al costo de la energía no renovable. Y en la era moderna, a las plantaciones también se les ve como una oportunidad para la recuperación de suelos degradados y como sumideros de carbono. En cuanto a conservación y uso sostenible de la biodiversidad, la utilidad de los incentivos fue reconocida por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad (FAO 2006ª). Por otro lado, con la firma de tratados de libre comercio y la presión internacional para la conservación y protección del bosque natural, se le abre una ventana de oportunidades al comercio exterior de la madera proveniente de bosques plantados. Pero en términos general, la tendencia de la superficie de bosques plantados en Centro América y el Caribe en los últimos 20 años ha ido en aumento, aunque en forma lenta (FAO-FRA 2005 y 2010).

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6: ALCANCE DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PLANTACIONES Se pretende desarrollar programas nacionales que perduren por muchos años, y que por los primeros 5 y 10 años, se concentren en fomentar el desarrollo de plantaciones forestales y agroforestales con una tasa de 500 a 600 ha anuales. Y paralelamente, ir promoviendo el desarrollo y establecimiento de la industria forestal local. El proyecto sería regional, pero con aplicación específica en los países seleccionados, basado en las leyes forestes y afines de cada nación beneficiada. Debido a que se anticipan algunos problemas inevitables de presupuesto como para afectar todo un país, se recomienda seleccionar una región del país e implementar el programa allí, por lo menos por sus primeros años. Querer afectar todo el territorio nacional desde su inicio, podría causar problemas presupuestarios y de logística, además de dispersidad territorial geográfica de las plantaciones; esto último sería contra producente para la industria forestal. Sin embargo, dependiendo de los resultados del programa en ese primer período, se podría considerar su extensión a otras regiones del país. El escenario ideal sería que al final de los cinco a diez años, la cultura de establecer plantaciones ya esté enraizada entre las comunidades, y que los propietarios ya no necesiten de un incentivo o subsidio para continuar sembrando. También se esperaría que para ese entonces, la banca nacional ya se haya abierto al sector forestal y presten recursos a la industria o a los interesados en sembrar árboles.

116

7: SELECCIÓN DE LA REGIÓN DÓNDE SE IMPLEMENTARÍA EL PROGRAMA NACIONAL La selección de la región donde se podría desarrollar el programa de incentivos depende de las prioridades del país. Para el caso de Honduras, se recomendaría la región sur del país por tener las siguientes características: a. Su población es muy pobre, existe mucho desempleo y altos grados de hambruna; b. A nivel nacional, tiene el grado más bajo de educación de sus pobladores; c. En una región árida, carente de agua y muy susceptible a los efectos de cambio climático; d. Es una región marginada con suelos degradados; e. La región es propicia para la siembra de especies de alto valor, como la teca, el cedro, guanacaste, madre cacao y otras; f. Estratégicamente, la carretera Canal Seco cruza la región la que a su vez le permite tener acceso directo a un puerto grande para su exportación. Regiones con condiciones similares en los otros países podrían ser seleccionadas para la implementación de sus programas, pero serán las autoridades nacionales quienes harán la decisión final en base a sus prioridades.

117

8: DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA REFORESTACIÓN POR MEDIO DE UN FIDEICOMISO ETAPA 1: Consultar Leyes, Políticas y Estrategias Forestales Nacionales El primer paso a seguir antes de empezar a diseñar un programa de fomento forestal con incentivos, es consultar la política forestal del estado, la ley forestal nacional y, si hay una, la estrategia del sector forestal5. Es muy posible que estos tres instrumentos ya legislen un plan de reforestación pero que tal vez no lo implementa por falta de su reglamento o de su propio presupuesto. También, en el marco de la implementación del programa de fomento, la autoridad forestal deberá considerar la revisión y actualización de convenios de cooperación, comanejo y/o usufructo vigentes, suscritos con otras dependencias del Estado, gobiernos locales, grupos agroforestales y otras organizaciones comunitarias. El programa también deberá establecer rutas concretas de promoción de la inversión y apertura comercial forestal. La revisión y/o actualización de normas técnicas y reglamentos para los programas de reforestación deberán realizarse. Finalmente, habrá necesidad de averiguar si existen o será necesario elaborar y aprobar normas técnicas específicas y reglamentos que agilicen los diversos instrumentos legales vigentes y en desarrollo. Lo que sigue a continuación es un resumen de lo que las leyes forestales de los países en mención dicen sobre incentivos; aspectos esos que ayudarían al diseño de un programa respectivo. El Anexo 1 trata de hacer una comparación de las políticas y los incentivos de los países en mención. Ley Forestal de Honduras El Capítulo III, Artículo 148 de dicha ley, habla de “incentivar” las siguientes actividades: forestación y reforestación; protección del bosque natural y artificial; protección de cuencas y microcuencas hidrográficas; establecimiento de plantaciones energéticas, maderables y de uso múltiple; y manejo forestal en bosques públicos y privados. También asigna al Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) como proveedor del incentivo. La ley identifica 15 diferentes categorías de incentivos; algunos ejemplos resumidos incluyen los siguientes: a. Asistencia técnica gratuita en la elaboración de propuestas para proyectos forestales; b. Permitir gratuitamente la cosecha de ciertos productos para uso doméstico; c. Derecho de aprovechar hasta un 50% del volumen comercial producido cuando se hayan realizado actividades de protección y silvicultura en bosque público; d. Devolución anual del 100% de la inversión realizada en la protección forestal en 5

En el caso de Honduras esta estrategia se conoce como EL Programa Nacional Forestal (PRONAFOR 2010 – 2030) y no es más que una referencia para actividades de planificación participativa en el sector y áreas protegidas.

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áreas forestales nacionales y ejidales; e. Devolución anual del 50% de la inversión realizada en forestación o reforestación en sus áreas deforestadas; f. Devolución del 100% de la inversión realizada en forestación y reforestación de áreas públicas deforestadas, más un 50% del producto final. g. Compensación del uso de bienes y servicios ambientales; h. Certificación de plantaciones con derecho a aprovechamiento y comercialización de los productos y con carácter retroactivo; i. Se reducirá de la Renta Neta Gravable, hasta el 100% del costo de inversión de proyectos de forestación y reforestación; j. A partir de los cinco años de publicada la ley (28 diciembre 2007), la materia prima (leña, carbón vegetal), usado en la industria para generación de energía deberá venir de plantaciones energéticas las que son declaradas de interés nacional. Esta ley también exonera del impuesto de bienes y muebles a predios comprendidos dentro de las zonas de reservas (Artículo 151) y habla del tamaño de las áreas a incentivar a comunidades (Artículo 153). Finalmente, el Artículo 152 le da el mandato al ICF de “gestionar fondos para forestación”. Adicionalmente, la ley (Artículo 37) habla en cierta medida de otro incentivo que es que el ICF cuenta con un Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones. El monto de este fondo equivale al 1% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Su Artículo 39, se refiere a los componentes del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones y a otorgar “créditos” para el establecimiento de plantaciones a grupos agroforestales que forman parte del Sistema Social Forestal. Seguidamente, la Ley menciona el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Artículo 40) equivalente a unos 60 millones de lempiras Hondureños y que es manejado por el ICF. La legislación también se refiere a otro tipo de incentivos (Artículo 43) y es el financiamiento a las municipalidades quienes podrán solicitar recursos del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones para el establecimiento de bosques plantados y otras actividades municipales relacionadas. Finalmente, el Artículo 44 de la ley, legisla lo que son los pagos por servicios ambientales. Lo que se ha tratado de hacer al citar lo que la ley de Honduras dice sobre incentivos, es alertar y demostrar que muy posiblemente que las leyes forestales de otros países digan algo similar lo que hay que tomar en cuenta el momento de diseñar un programa de incentivos. Como se podrá observar, la ley forestal actual define varias medidas de fomento forestal con incentivos que bien aplicadas podrían incrementar las iniciativas de forestación y reforestación en Honduras. Por otro lado, el sector comercial forestal ha sido identificado como uno de los potenciales rubros con que cuenta el país para impulsar el crecimiento económico y social especialmente de las comunidades rurales. En vista de lo anterior, el país estableció en el 2011, el Programa Nacional de 119

Inversiones, el cual es un mecanismo de fomento y de atracción de la inversión forestal. Es aquí donde los incentivos pueden ser la mejor forma de generar la inversión en un sector forestal con deficiencias de competitividad y con poco énfasis en la producción de bienes y servicios. Ley Forestal de Nicaragua Por su parte, la Ley Forestal de Nicaragua, (Capítulo X, Artículo 40) describe los objetivos de la política de incentivos así: a. b. c. d. e. f. g. h.

Ampliar y mantener la cobertura boscosa; Incrementar el valor agregado a los productos forestales; Promover el aumento de las exportaciones de los productos forestales; Fomentar el crecimiento de empleo; Ayudar a reducir los efectos del cambio climático; Proteger la biodiversidad; Promover la diversificación de productos y servicios forestales Mejorar la competitividad de los productos forestales a nivel nacional;

El Artículo 42 de la Ley Forestal de Nicaragua, establece los siguientes incentivos forestales en calidad de exoneraciones: a. Del pago de los impuestos de bienes inmuebles por un periodo de 30 años el área de cualquier propiedad con cobertura de bosque; b. Por 15 años del pago del 50% del ISR sobre utilidades derivadas del aprovechamiento de plantaciones; c. De un 15% del impuesto de los ingresos provenientes del aprovechamiento a los dueños de bosque que comercialicen madera bajo planes de manejo por 20 años; d. Del 50% del ISR por 15 años, para industrias que aprovechen al menos el 80% del árbol y/o aprovechen al menos 15 especies. e. Del 50% del ISR por 15 años para industrias que muestren una integración de la primera y segunda o segunda y tercera transformación; f. Por 5 años del arancel a las importaciones y de todos los impuestos a la compra local de maquinaria, equipo y otros bienes de capital de manufactura reciente; g. De los impuestos de transferencia de propiedad de las áreas cubiertas de bosque; La ley también reconoce incentivos en calidad de pagos por servicios ambientales; las fincas donde se realicen actividades agropecuarias, y que mantengan bajo cobertura forestal al menos un 25% del área total tendrán preferencia para acceder a estos pagos. Específicamente, la ley considera como gastos de inversión deducibles en un 100%, para efectos del ISR, los costos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones, de conformidad con los costos/ha establecidos por la autoridad forestal nacional. La ley (Artículo 43) indica que el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), podrá otorgar bonos forestales por un monto de 50% de los costos estándares en diferentes tecnologías para proyectos de reforestación hasta por un máximo de 50

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manzanas; y en áreas de interés público, el bono será del 100% de los costos. Luego la ley establece que las plantaciones podrán constituirse en garantía hipotecaria o prendaria para efectos mercantiles. Ley Forestal de República Dominicana Por su parte la Ley Forestal de República Dominicana (Ley No. 290) especifica que actividades forestales son sujetas al incentivo: a.

b. c.

Proyectos de forestación y reforestación para su aprovechamiento, incluyendo construcción de obras, estructuras, viviendas y otra infraestructura que faciliten el desarrollo de sus objetivos; Siembra de árboles con fines energéticos, incluyendo carbón vegetal, en escala comercial o para consumo en el hogar; Proyectos por escuelas, centros educativos y de investigación, orientados a la forestación.

Específicamente, algunos de los incentivos que la ley otorga son en relación a la exención de/del: a. b. c. d. e.

f. g.

90% del pago del ISR por todos los conceptos contenidos en la ley derivados por la empresa, persona natural o jurídica en actividades de reforestación; Impuestos sobre construcción; Impuestos sobre constitución de sociedades comerciales o de aumento de capital de estas; Impuestos nacionales y municipales de patentes, venta de productos forestales que tengan su origen en proyectos o inversiones incentivados por la ley; 90% de todos los derechos de importación y demás gravámenes conexos necesarios para la reforestación; como por ejemplo, semilla, equipo para sembrar, talar, podar, fumigar, irrigar, aserrar y otros; 90% de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria rural existente o por crear; 90% de todos los impuestos sobre transferencia de propiedad inmobiliaria rural.

El estado también puede dedicar los fondos provenientes de préstamos y donaciones otorgadas por organismos internacionales o Gobiernos foráneos al desarrollo de proyectos forestales. La Banca Agrícola, por su parte, deberá incluir en sus programas de financiamiento, créditos hipotecarios destinados al desarrollo de proyectos forestales. Finalmente, la ley indica que las donaciones que hagan las personas naturales o jurídicas podrán ser deducidas del ISR siempre y cuando se hagan a organizaciones sin fines de lucro.

ETAPA 2: Actualizar y/o Dinamizar el Programa Nacional de Reforestación Este programa debería partir de una estrategia nacional de reforestación. Es un instrumento valioso con varios objetivos, que ayudaría a identificar áreas y proyectos que, teniendo una clara representación geográfica, podrían constituirse como guía para las inversiones e intervenciones de los gobiernos, la sociedad civil y la empresa privada.

121

Adicionalmente, el programa ayudaría a definir lineamientos para orientar las políticas, acciones estratégicas y operativas para la restauración de las áreas degradas, mediante los diferentes tipos de reforestación procurando la participación de todos los actores de la sociedad y teniendo como base los parámetros de ordenamiento del uso del suelo, ambiente, y económico.

ETAPA 3: Propuesta para la Creación un Fideicomiso para el Programa de Incentivos para la Reforestación a)

Creación y Administración de un Fideicomiso6

Idealmente, un fideicomiso para apoyar la administración y la implementación de un programa de incentivos a la reforestación y la agroforestería debería contar con los fondos suficientes para poder operar por varios años, aunque con el tiempo los objetivos del programa cambien. Tanto el programa como el fideicomiso, se deben manejar en forma semi-autónoma del resto de la dependencia forestal del estado y contar con presupuesto asignado anualmente por el éste para que el programa funcione. El programa de incentivos, estaría supeditado a una “Oficina Nacional de Reforestación” la cual se reportaría directamente a la autoridad forestal más alta del estado. Los funcionarios del programa serían empleados públicos, pagados por el gobierno, pero trabajarían exclusivamente para el programa. La labor del estado pasaría a ser de supervisor y a velar porque se cumpla la ley forestal. El fideicomiso en sí, sería administrado por el programa pero el fondo permanecería depositado en un banco, generalmente del estado. Sin embargo, dependiendo de si la ley lo permite, se podría estudiar la posibilidad de que el fideicomiso se depositara en un banco privado, otorgado a éste por medio de una “subasta” entre los bancos interesados para ver quien ofrece las mejores condiciones, incluyendo de intereses, por tener y administrar el fideicomiso. Tener el incentivo en la banca privada tendría muchas ventajas, dos de las cuales serían: (i) se generarían más intereses que en un banco del estado, y así contar con más fondos para invertirlos en plantaciones o en apoyo a la industria forestal; y (ii) el fondo estaría blindado contra los intereses e influencias de los políticos de turno. Los servicios forestales de los países deberán fomentar la suscripción de acuerdos de cooperación internacional para recaudar fondos para sus programas nacionales de reforestación y su fideicomiso, basándose en principios de adaptación y mitigación al cambio climático, apertura de industrias forestales de alto volumen, plantaciones de biomasa para producción de energía eléctrica y reservas forestales internacionales. Además de los convenios, el programa deberá desarrollar un portafolio de proyectos de reforestación para la gestión de plantaciones industriales que los organismos de cooperación externa puedan considerar financiar. El programa debería hacer esfuerzos para agenciarse fuentes permanentes de recursos financieros que posibiliten la ejecución

6

Se omite dar detalles específicos sobre cómo debería funcionar el programa ya que esos detalles son los que deben definirse en un reglamento, además de que la tendencia sería a ser diferentes por país. Adicionalmente, esta propuesta podrá tener validez siempre y cuando las leyes del país lo permitan.

122

de las actividades propuestas en el Plan Nacional de Reforestación. Tómese como ejemplo el caso de Honduras, cuya base estable del fideicomiso podría ser parte del Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones. Este fondo equivale al 1% del presupuesto nacional que el estado le otorga al Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Otras fuentes podrían ser donaciones y/o préstamos de organismos internacionales (teniendo como colateral el mismo 1%), aprovechamientos forestales y pagos por captura de carbono, entre otras. Otros países tienen sus propios tipos de fondos. Por ejemplo, Nicaragua tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO), que está constituido por el 10% de las recaudaciones que el estado recibe por pagos de impuestos, multas, donaciones, subastas por decomiso y otorgamiento de concesiones forestales, que parece ser que eso no es suficiente. Parte de este fondo podría formar el fideicomiso. La República Dominicana también tiene su Plan Nacional de Reforestación denominado “Quisqueya Verde”. Este es un proyecto de inversión social ejecutado por el Ministerio Ambiente, orientado a mitigar la pobreza extrema a través de acciones de reforestación y recuperación de áreas verdes naturales. Fue creado como iniciativa del gobierno, para contrarrestar el acelerado proceso de deterioro de los recursos naturales y los altos índices de pobreza de las familias que habitan en las zonas rurales del país. El Artículo 10 de la Ley Forestal 290 (modificada) define un mecanismo que podría usarse para establecer un fideicomiso. El artículo dice que “de toda la cartera de préstamo de los bancos comerciales, hipotecarios y de desarrollo, por lo menos un 10% será destinado para proyectos de desarrollo forestal”. Luego dice la ley: “Por lo menos el 10% de todo fondo de inversión para el desarrollo creado por el Estado, o con partes estatales a título de contrapartica, y que sean destinados a préstamos, se utilizará para financiar proyectos de reforestación y/o manejo forestal”. Los fondos para la creación del fideicomiso también podrían ser producto de canje de deuda por naturaleza, o donación de los cooperantes; y es aquí que se necesitaría el verdadero compromiso político y apelo al programa por parte de los gobiernos, para convencer a los donantes de la necesidad de crear ese fondo. También podría ser una donación, estatal o privada, en calidad de préstamo por un período largo de tiempo, por ejemplo, por 10 años; y cuando se venza ese periodo, el fondo regresa al donante, integro y sin intereses. Este modelo sería un tanto peligroso especialmente si el programa para entonces no ha desarrollado su capacidad de captar fondos externos. Otra parte posible para un fideicomiso podría venir del sector privado o público. Por ejemplo, el programa de reforestación de Honduras cuenta con un fondo de unos 30 millones de lempiras que ha asignado al programa nacional de reforestación. El programa debe crear su propia capacidad para captar fondos externos, como por ejemplo, donaciones de ONG, aportaciones de la cooperación internacional incluyendo la banca o canje de la deuda por naturaleza. También existen posibilidades de general proyectos de reducción de emisiones de gases de efectos de invernadero. El fideicomiso también se podría reforzar económicamente con el producto de multas que imponga la 123

autoridad forestal del estado relacionadas con el aprovechamiento ilegal de árboles y de plantas, o por la cacería ilegal de animales silvestres. También se podría alimentar con el producto de la venta de madera decomisada, impuestos de aprovechamiento y otras fuentes. En resumen, se puede apreciar que la mayoría de los gobiernos tienen mecanismos en la ley forestal con fondos que podrían usarse, parcial o totalmente, para la creación de un fideicomiso para la implementación de un programa nacional de reforestación. b)

Magnitud y Duración del Fideicomiso

Es muy difícil citar una cifra que vaya a formar lo que sería el fideicomiso nacional ya que ello dependería de las metas, objetivos y planes enmarcados dentro del Plan Nacional de Reforestación de cada país y de sus leyes forestales. También dependería del compromiso político del país hacia el programa7. Tampoco se pretende sugerir una cantidad fija para cada país. Pero, partiendo del hecho de que se está proponiendo un programa semi autónomo con una duración inicial de 5 a 10 años y que el país pagaría los empleados de la oficina, se estima que un fideicomiso por unos US$2.5 a 5.0 millones por país podría ser suficiente para administrar el programa. La recomendación también es que el programa se desarrolle en una región piloto y no en todo el país. c)

Uso del Fideicomiso

El fideicomiso tendría su propio reglamento y su uso debería ser supervisado por un grupo de personas notables representando varios sectores sociales, económicos, ambientales y del estado. Lo recomendable sería planear y efectuar actividades anuales en base al monto de intereses generados, ya que, en caso de que los fondos del fideicomiso fueran un préstamo temporal y retornable, entonces el capital no sería propiedad del programa, sino que tendría que devolvérselo a su donante. Un porcentaje de ese fideicomiso, por ej., un 10%, podría utilizarse para la administración del fondo y el resto para ser usado como incentivos para las plantaciones. Parte del fideicomiso se usaría para donaciones a personas interesadas en establecer plantaciones, comerciales o de protección, que por limitación de tierra, no puedan sembrar más de, por ejemplo, unas cinco hectáreas de terreno. Cuando un propietario de tierra desee establecer una plantación con fines puramente de protección o de conservación, el monto de la donación no sería retornable al fideicomiso, al menos que por negligencia de él/ella, el propietario no acata las recomendaciones técnicas de la autoridad forestal y la plantación fracase. Las donaciones funcionarían de la siguiente manera. El propietario interesado, establece la plantación con sus propios fondos, y cuando la autoridad forestal constate que la plantación está bien establecida (generalmente no más de los 5 años después de la 7

Por ejemplo, el Plan Nacional de Reforestación de Honduras tiene asignado los 30 millones que parte o todo lo que podría convertirse en fideicomiso.

124

siembra), se le reembolsa al propietario una cantidad máxima del costo real por hectárea incurrido en el establecimiento y manejo de la plantación. El costo por hectárea estaría basado en estándares asignados por la autoridad forestal que los revisa periódicamente para hacer los reajustes necesarios. El producto de la cosecha de los árboles es toda del propietario, y solo se le podrá hacer una donación en su vida. La cosecha estaría exonerada de pagar los impuestos. Debido a que la mayoría de los pequeños y medianos propietarios tendrán problemas presupuestarios para establecer su plantación, el fideicomiso podría considerar hacer la donación en partes anuales por cinco años, con desembolsos anuales según lo logrado en el año. Por ejemplo, podría darse un 20% del costo por hectárea anualmente por 5 años. Otra parte del fideicomiso se podría usar para otorgar préstamos blandos a personas (individuales u organizadas) interesados en sembrar árboles con fines comerciales, siempre y cuando el plan de actividades (o plan de manejo) haya sido aprobado por la oficina forestal estatal. Estos préstamos tendrían un interés bajo y períodos largos para pagarlos (p. ej. 10 años), lo que podría ser equivalente al periodo de aprovechamiento de la plantación. También se podría usar para dar préstamos similares a industriales forestales que deseen mejorar su equipo de aserrío o de aprovechamiento. Esta oficina también podría canalizar otros mecanismos autorizados por la ley forestal, como por ejemplo, en lo que a exoneración de impuestos se refiere. La autoridad forestal estatal atendería las solicitudes de donación y/o financiamiento y se aseguraría que todos los requisitos técnicos y legales estén cumplidos. Una vez que la autoridad forestal aprueba el plan, ésta recomienda al fideicomiso dar el financiamiento en calidad de donación o de préstamo, según sea el caso, y bajo las condiciones crediticias y de garantías que el banco convenga con el interesado. d)

Sostenibilidad del Programa

Un motivo de preocupación del programa sería: ¿qué pasaría si se acabasen los fondos del fideicomiso? En respuesta parcial a esto, el programa deberá diseñar sus propios criterios de asignación de fondos a los interesados. También, éste debe crear su propia capacidad para captar fondos externos como y se mencionó anteriormente. También existen posibilidades de general proyectos de reducción de emisiones de gases de efectos de invernadero. El fideicomiso también se podría reforzar económicamente con el producto de multas que imponga la autoridad forestal del estado relacionadas con el aprovechamiento ilegal de árboles y de plantas, o por la cacería ilegal de animales silvestres. También se podría alimentar con el producto de la venta de madera decomisada, impuestos de aprovechamiento y otras fuentes. La otra preocupación podría ser que el fideicomiso no se exhausta, pero que no haya interés de parte de los propietarios en establecer plantaciones o la industria forestal en la región, quizás debido a que los precios del mercado de los productos forestales no les son favorables. Bajo estas circunstancias, el programa debe contar con una sección de promoción o publicidad del programa; es decir, el programa debe socializarse 125

constantemente con las comunidades y con la parte industrial. Las condiciones legales, técnicas y crediticias deben de ser lo suficientemente favorables para los propietarios y se debe estar seguro que a esas plantaciones no se le impondrá vedas en el futuro y que la propiedad privada se respete. Es importante que este programa se maneje en forma “independiente” del resto del organigrama de los servicios forestales, lo que se espera que evite la remoción de personal técnico por cualquier razón, especialmente políticas, lo que debilitaría la parte técnica del mismo. Otros aspectos que puedan poner en precario la sostenibilidad del programa son de índole técnico. Como por ejemplo, la falta de un programa de protección de las plantaciones contra incendios, ataque de plagas y enfermedades y/o falta de supervisión de parte del servicio forestal nacional quién deberá estar vigilante que el regente este haciendo una buena labor y que la ley forestal del país se cumpla. e)

Monitoreo de Actividades

El programa ayudaría a crear o a dinamizar la figura del “regente forestal” para monitorear y dar asistencia técnica a los propietarios. El regente será un profesional forestal neutral, quién además tendría la responsabilidad de hacer que los fondos asignados, donados o prestados, se usen para lo que fueron asignados. El proyecto deberá contar con un sistema de monitoreo y evaluación que funcione en base a indicadores de desempeño y de impacto junto con algunos criterios de verificación. Las metas de los programas deberán planificarse con las comunidades, los propietarios y el sector industrial. Se recomienda aprovechar la oportunidad y que los programas a través del proyecto establezcan sistemas nacionales de parcelas permanentes de muestreo. Estos sistemas servirían para monitorear el desarrollo de las plantaciones; lo que a su vez permitiría evaluar la condición de las plantaciones como respuesta a las distintas aplicaciones silviculturales (raleos, podas, medidas de prevención de incendios, aprovechamiento de fustes, etc.) a las que han sido sometidas. También ayudaría a evaluar la condición del estado de la flora y fauna en las plantaciones. Esta actividad se podría llevar a cabo con centros de investigación y académicos nacionales o internacionales. Toda esta información debería ser registrada en una base de datos con acceso al público en aras de la transparencia.

126

9: RESULTADOS GENERALES ESPERADOS DEL PROYECTO El resultado principal de este proyecto sería la creación de programas nacionales de fideicomisos para incentivar y/o subsidiar proyectos nacionales para el establecimiento y manejo de plantaciones forestales y para el fomento de la industria forestal en regiones seleccionadas por los países. Otras acciones de los programas nacionales de incentivos irían encaminadas a apoyar las políticas de los países de la región en sus esfuerzos de reducir la pobreza, de promover la equidad de género, de generar empleo entre las comunidades, y de desarrollo humano en general. El programa promovería la cultura de establecer plantaciones forestales, principalmente comerciales, entre las comunidades y la industria forestal como una contribución al manejo forestal sostenible de los recursos naturales de los países, con una visión de manejo de paisajista. Al aumentar el área de plantaciones, el programa también estaría contribuyendo a ampliar y mantener la cobertura boscosa de los países y a promover su desarrollo industrial forestal. Se mejoraría la capacidad técnica de los servicios forestales de los países en mención, miembros de grupos cooperativistas agroforestales, el sector privado y las comunidades indígenas quienes son los usuarios principales de los recursos forestales. El programa también promocionaría e implementaría una cultura participativa en el manejo de las plantaciones compatibles con la biodiversidad y el medio ambiente de importancia regional, en general. Adicionalmente, el proyecto apoyaría la planificación conjunta de actividades de establecimiento y manejo de las plantaciones forestales entre las comunidades, las municipalidades y el gobierno central para asegurarse que las actividades de manejo futuras tomen en consideración el manejo, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Finalmente, el proyecto ayudaría a los países a contribuir a la reducción de gases efecto invernadero y proteger la biodiversidad que más bien podría ser una oportunidad para que el programa capte fondos de otras fuentes externas.

127

CONCLUSIONES Las plantaciones forestales tienen gran importancia para los países, desde el punto de vista económico, social, político, ambiental y cultural. Sin embargo si el país carece de una sólida capacidad institucional para la gestión de incentivos financieros que fomenten el sector forestal, la sostenibilidad de un programa de incentivos o subsidios forestales estaría en peligro. Un programa de incentivos es necesario para el fomento de plantaciones comerciales y de protección en la región; de lo contrario, los esfuerzos por reforestar el país, continuaran siendo acciones aisladas sin resultados positivos ni substanciales. Se debe pensar en reforestación en grande y con especies deseables, para fomentar el desarrollo de la industria forestal en una región. Los países que se incluirían en este proyecto ya tienen legislado el uso y asignación de incentivos para el establecimiento de plantaciones forestales. Casi todos estos programas se basan en donaciones, financiamiento con fondos retornables, préstamos y exoneraciones fiscales, unos más generosos que otros. Generalmente, el problema radical por el cual estos programas nacionales de incentivos no funcionan o no son eficientes, es porque tienen problemas presupuestarios y es que frecuentemente, el estado no le asigna el fondo a tiempo o lo desvía a otras actividades. A pesar de contar con un marco legal forestal que ha sido revisado y enmendado varias veces a través de los años, las condiciones necesarias para incentivar y promover la industria forestal y facilitar la actividad económica privada, deben ser revisadas. Una ley específica de incentivos forestales con bonificaciones financieras en base a la ley forestal, que incluya créditos subsidiados con amplio plazos y tasas de repago capitalizables debe ser considerada y ajustada bajo un programa de nacional de reforestación. Por esta razón, se propone un proyecto regional, pero para programas con aspectos de aplicación nacional, que se manejen administrativa y técnicamente en forma independiente por medio de fideicomisos alimentados parcial o totalmente con fondos de cada estado y de otras fuentes. Experiencias y estadísticas sobre la extensión de plantaciones establecidas y el desarrollo consecuente de la industria forestal en otros países de Centro y Sur América indican que la mejor forma de fomentar el desarrollo de plantaciones es por medio del modelo propuesto en este documento.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS FAO 2006a. Ordenación Forestal de los Bosques Plantados: Directrices voluntarias. Documento de Trabajo sobre bosques y árboles plantados FP37S. FAO. 2006b. Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en América Latina y el Caribe. Estado de Montes 148. FAO-FRA 2005 y 2010. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005 y 2010. Santos A (2012) Propuesta de modelo financiero legal para el uso de los fondos reembolsables y operatividad de los incentivos del Programa de Reforestación Nacional. ICF.

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ANEXOS ANEXO 1 Comparación de las Políticas y tipos de Incentivos según las Leyes Forestales8 OBJETIVOS DE LOS INCENTIVOS EN: HONDURAS • •

• • • • • •

Incentivos o subsidios; Forestación y reforestación; Protección del bosque natural y artificial; Protección de cuencas y micro cuencas hidrográficas; Establecimiento de plantaciones energéticas; Manejo forestal de bosques públicos y privados;

•

• •

• •

•

NICARAGUA Mejorar la cobertura boscosa; • Incrementar el valor agregado a los productos forestales; Promover el aumento de las exportaciones de los productos forestales; Fomentar empleo; Ayudar a reducir los efectos del cambio • climático; Proteger la biodiversidad; Promover la diversificación de productos y servicios • forestales; Mejorar la competitividad de los productos forestales.

LA REPÚBLICA DOMINICANA Para proyectos de forestación y reforestación para su aprovechamiento, incluyendo construcción de obras, estructuras, viviendas y otra infraestructura que faciliten el desarrollo de sus objetivos; Siembra de árboles con fines energéticos, incluyendo carbón vegetal, en escala comercial o para consumo en el hogar; Proyectos por escuelas, centros educativos y de investigación, orientados a la forestación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INCENTIVOS DE LOS TRES PAÍSES a. Asistencia técnica gratuita en elaboración de propuestas para proyectos forestales. b. Cosecha gratis de ciertos productos forestales. c. Derecho

de aprovecha r comercialmente 50% del volumen comercial producido cuando hayan realizado actividades de protección y silvicultura con plan de manejo.

d. Devolución del 100% de la inversión en protección en bosques nacionales y ejidales. e. Devolución del 50% de la inversión realizada en forestación o reforestación en áreas privadas deforestadas. f. f) Devolución del 100% de la inversión realizada

a. Asistencia técnica gratuita en el manejo de la plantación.

a. Asistencia técnica gratuita en el manejo de la plantación.

b.

b.

c. Exoneración del 15% del impuesto sobre producto de la venta de madera aprovechada con planes de manejo, por 20 años. d. Exoneración de un 50% del ISR sobre utilidades derivadas de la venta de madera aprovechada de plantaciones forestales. e. Bono del 100% de los costos estándares de reforestación e áreas de interés público. f. Deducción del 100% de los costos de inversión por el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales, basado en un costo normal por hectárea.

c.

8

d.

e. Exoneración del 90% de todos los gravámenes de importación de insumos para la reforestación; ej.: semilla, equipo para sembrar, podar, talar, irrigar, aserrar y otros.

Este cuadro trata de comparar los tipos de incentivos entre los tres países. Las áreas en verde indican que el incentivo a la par (de un país) no tiene similitud con los incentivos de los otros países. Cuando dos o tres incentivos en línea aparecen sin sombreado, eso indica que entre esos incentivos hay similitudes aunque el texto escrito en la ley sea diferente.

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en forestación y reforestación de área s deforestadas. g. Compensación por el uso de bienes y servicios ambientales.

h. Certificación de plantaciones con derecho a aprovechamiento y comercialización de los productos. i. Reducción de la Renta Neta Gravable hasta un en 100% del costo de la inversión en forestación y reforestación.

j.

Exoneración de impuestos de bienes y muebles a predios dentro zona de reserva.

k. Incentivo según el tamaño del área. l. Fondo de reinversión forestal y fomento de plantaciones equivale a 1% del presupuesto general de ingresos y egresos del estado. m.

n.

o.

p.

f.

g. Pago por servicios ambientales; se debe mantener un mínimo del 25% del área total bajo cobertura vegetal. h.

g.

i.

Bonos por un monto de 50% de los costos estándares en diferentes tecnologías para proyectos de reforestación de hasta 50 manzanas.

i.

j.

Exoneración del pago de los impuestos de bienes por un periodo de 30 años por el mantener una cobertura forestal del 25% en cualquier propiedad.

Exoneración sobre construcción estructura para reforestación.

la de la

h.

k. Ver i) arriba

Exoneración del 90% del pago del ISR por todos los conceptos de la ley derivados por una empresa forestal, persona natural o jurídica en actividades de reforestación. j. Exoneración del 90% todos de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria rural existente o por crear. k. Exoneración del 90% de todos los impuestos sobre transferencia de propiedad inmobiliaria. l. N.D.

l.

m.

m. Las plantaciones pueden usarse como garantía hipotecaria o prendaria. n. Exoneración de impuestos de transferencia de la propiedad de áreas cubiertas de bosque. o. Exoneración del arancel a las importaciones y todos los impuestos por la compra local de maquinaria y otros bienes de capital. p. 15 años de exoneración del 50% del ISR para industrias que muestren buena integración en la transformación.

n.

131

o.

p.

q.

q.

r.

q. 15 años de exoneración del 50% del ISR para industrias con mínimo un 80% de aprovechamiento del árbol y 15 especies o >. r.

s.

s.

t.

t.

s. Exoneración de impuestos nacionales y municipales de patentes, venta de productos forestales que tengan su origen en proyectos o inversiones incentivados por la ley. t. Exoneración de impuestos sobre la constitución de sociedades comerciales forestales o de aumento de estas. u.

u.

v.

v.

w.

Créditos para establecimiento de plantaciones. u. Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y vida silvestre de USD3.00 millones. v. Financiamiento a las municipalidades para plantaciones.

132

r.

Programa Regional REDD/CCAD-GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Apartado Postal 755 Bulevar, Orden de Malta, Casa de la Cooperación Alemana Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad El Salvador, C.A. T +503 2121-5100 F +503 2121-5101 E [email protected] I www.giz.de www.reddccadgiz.org

Programa Regional REDD/CCAD-GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Apartado Postal 755 Bulevar, Orden de Malta, Casa de la Cooperación Alemana, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad El Salvador, C.A. T +503 2121-5100 F +503 2121-5101 E [email protected] I www.giz.de www.reddccadgiz.org