LA SITUACION DE CORDOBA REQUIERE CON URGENCIA UN MANEJO INTEGRAL Víctor Negrete Barrera. Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú Hay desconfianza, preocupación y miedo en el departamento de Córdoba. La mayoría de la población no quiere volver a vivir los malos momentos cuando estuvo a merced de los bloques y grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC como la Casa Castaño, Córdoba, Héroes de Tolová, Mineros, Montes de María y Elmer Cárdenas y los frentes 5, 18 y 58 de las FARC. La situación después de la desmovilización 1. Grupos conformados, control de territorios y homicidios La desmovilización de gran parte de las AUC en Córdoba (2005-2006) produjo una nueva fase del conflicto que poco a poco está configurándose: 1. Los reductos no desmovilizados se reagruparon rápidamente y mediante acuerdos, amenazas, negociaciones y reclutamientos conformaron dos grandes grupos antagónicos (Los Paisas-Los Rastrojos y Aguilas Negras-Autodefensas Gaitanistas) ya con áreas controladas y en disputa. En la mayoría de los municipios del departamento hay presencia permanente de estos grupos. Según la Policía en Colombia existen seis bandas criminales producto del crecimiento, reestructuración, fusión y reclutamiento de las 16 que emergieron después de la desmovilización. Son conocidas con los nombres de Los Urabeños, Los Paisas, Los Machos, Renacer, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Erpac y Los Rastrojos con 3.700 hombres que manejan 1.170 redes pequeñas dedicadas a cometer delitos diversos con presencia en 159 municipios de 18 departamentos. De acuerdo con investigaciones de la organización no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris los nuevos grupos armados ilegales o neoparamilitares se encuentran en 300 municipios con 11.000 efectivos aproximadamente. Por su parte la Fundación Ideas para la Paz, que también hizo una investigación sobre estas organizaciones, advierte que por acción de estos grupos el país “no está exento de la emergencia y consolidación de una tercera generación de paramilitares”. Considera que subvalorarlos sería peligroso porque “tienen potencial para dar el salto hacia la búsqueda del reconocimiento político”. Human Rights Watch en su reciente estudio “Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia”,2010, asegura que el surgimiento de estas estructuras, con más de 4.000 miembros en 24 de los 32 departamentos, citando fuentes oficiales, “coincidió con el incremento del desplazamiento, los despojos de tierras, las amenazas contra sindicalistas y otros hechos violentos en el país” y el Gobierno “no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a los funcionarios del Estado que tolerarían a los grupos sucesores”.

2. La apariencia y acciones de estos grupos no son uniformes: algunos miembros usan capuchas, otros camuflados y la mayoría viste como cualquier pacífico parroquiano; hay desarmados y quienes portan armas de corto y largo alcance; por lo general son foráneos, los traen de otros departamentos y los mantienen en los lugares asignados hasta que son detectados por las autoridades y los enemigos; al principio no acostumbraban a permanecer o pernoctar en los pueblos, con algunas excepciones de familias indígenas del alto San Jorge que los recibían como huéspedes de manera voluntaria o forzada, actualmente el número que vive en los pueblos va en aumento; la relación con la población es diversa: en algunos es mínima, estrictamente indispensable, con saludos, preguntas o la solicitud de una compra en la farmacia o tienda del pueblo o llevar una razón a alguien conocido; en otros colaboran con recursos económicos o productos para hacer obras o adelantar proyectos productivos y en número creciente los que utilizan a la población directa o indirectamente en actividades del conflicto como proporcionar información, trasladar o cuidar armas y estupefacientes y donde hay sospechas o sembrados de minas antipersonas utilizar campesinos del lugar para desmalezar; en puntos críticos el control del territorio y la población lo ejercen de manera drástica: siembra de minas antipersonas, montaje de retenes, requisa minuciosa de personas, víveres y productos, vigilancia a todos los eventos de la comunidad y las labores de los líderes. Por ahora la mayoría está dedicada al narcotráfico y el sicariato, hay grupos que extorsionan o están adquiriendo tierras por compras forzadas, voluntarias o bajo amenazas . En los últimos meses se ha sabido de casos de jefes y mandos medios de estas organizaciones que están acosando a jovencitas a estar con ellos, advirtiéndoles a los familiares a no denunciar los hechos. El editorial de un periódico local también denuncia que “habitantes de La Doctrina en el municipio de Lorica informan de un no declarado toque de queda. Moradores del San Jorge piden ayuda porque también allí grupos extraños imponen su ley. El Alto Sinú no goza de paz y para cerrar el círculo los concejales del departamento denuncian que se impide su acceso a varias zonas en momentos en que se lleva a cabo la campaña política para elegir senadores y representantes”. 3. Terminado el proceso de desmovilización en 2006, el número de muertos ha venido aumentando cada año. El tope histórico era de 512 homicidios ocurrido en el 2008. En el 2009 alcanzó la cifra de 532 según el Observatorio del Delito de la Gobernación de Córdoba sin incluir 37 muertos que están sin establecer las causas de su fallecimiento por la Fiscalía y Medicina Legal ni los muertos ocurridos en combate con la fuerza pública, lo que aumentaría la cifra a 569 por lo menos. Según proyección del DANE, el departamento contaba con 1.558.267 habitantes en el 2009. De acuerdo con los datos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 34.1%, en caso de los 532 o 36.5% si sumamos los 37 por establecer. En ambos casos estamos por encima de la media nacional que está calculada en 32%. Hay comunidades que aseguran que muchos muertos quedan en el anonimato, enterrados en cualquier paraje

solitario o en los cementerios de pueblos como NN o sin identificación conocida. Por la cantidad ya no solo son de los municipios del sur (Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia) y Montería, ahora también son los de San Antero, Lorica, San Pelayo, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento y vuelven a figurar los de Buenavista, La Apartada, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. Los sitios preferidos por los sicarios para cumplir su macabro oficio son establecimientos públicos (billares, cantinas, tiendas, llanterías), calles, caminos rurales y casas. 4. Llama la atención la diferenciación que tratan de hacer algunos entre muertos de buena y mala procedencia con la intención de disminuir el efecto de las cifras y la gravedad de la inseguridad. Los de mala procedencia son los muertos que resultan de las vendettas, ajustes de cuentas y purgas que ocurren entre los grupos ilegales enfrentados. Lo consideran positivo para la sociedad porque se acaban entre ellos. Creen que la mayoría de los muertos en Córdoba, un 70% aproximadamente, son de gente de mala procedencia. Los de buena procedencia son personas sin antecedentes, honradas, trabajadoras, que por casualidad, equivocación, resentimiento, venganza, riñas o cobros de deudas terminan siendo víctimas de los violentos y delincuentes. En el departamento, sin tener en cuenta esta perversa y equivocada interpretación, han caído miembros de los grupos ilegales en pugna, desmovilizados (160 desde el 2005), mototaxistas, concejales, exconcejales, exalcaldes, hacendados, ganaderos, comerciantes, educadores (9 en lo que va corrido del año y 61 en total) , desplazados, victimas y defensores de victimas, indígenas EmberaKatios y Zenú, exmiembros de la fuerza pública, funcionarios, campesinos, veedores, deportistas, expiloto de automovilismo, cobradiario, pescadores, pastores, conductores, funcionaria de la Fiscalía. Es decir, las causas son múltiples y en gran número de casos son diferentes al enfrentamiento directo entre miembros de grupos ilegales rivales. 2. Alertas tempranas Las alertas tempranas son para mitigar o detener hechos o factores de cualquier índole que causen daño. Las de la Defensoría del Pueblo son para mitigar o detener violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra grupos o comunidades. La declaratoria de alertas tempranas depende de diagnósticos bastante completos sobre características y situación de territorios, la comunidad, los antecedentes por los que han pasado, los posibles perpetradores, presencia y acción de las autoridades y la apreciación real del peligro a que están expuestos. A esto lo llaman informe de riesgo. Este puede ser inminente y requiere declaratoria y atención inmediata o quedar bajo observación permanente con notas de seguimiento sobre cómo evoluciona el proceso. En el departamento, en zonas de Montelíbano y Puerto Libertador hay un informe de riesgo desde 2006 con cuatro notas de seguimiento. Tierralta tiene informes del 2006, 2007 y 2009.

Montería tiene una alerta temprana desde el 2008 y preparan una nota de seguimiento. Este año San Pelayo, Valencia y Lorica fueron declarados con informes de riesgo inminente. Están en preparación informes de riesgo de las zonas del bajo Sinú (San Bernardo del Viento) y Costanera (San Antero, Los Córdoba, Moñitos y Puerto Escondido). Los factores de riesgo a que están expuestas las comunidades o sectores de estos lugares van desde el enfrentamiento de grupos ilegales de la posdesmovilización hasta el asesinato selectivo y sistemático de miembros de un movimiento político, pasando por intentos de control territorial de las FARC, cultivos, procesamiento y expendio de coca, rearme y reagrupación de desmovilizados, desplazamientos, minas antipersonas, reclutamientos y homicidios. Ninguno de estos casos está cerrado, los riesgos siguen vigentes a pesar del tiempo transcurrido. Es más, en cada informe de riesgo hay recomendaciones precisas a cada una de las instituciones de carácter municipal, departamental y nacional vinculadas con la responsabilidad de proteger y prevenir estas y otras infracciones. Sin embargo, las alertas tempranas e informes de riesgo continúan. El caso de San Pelayo es la excepción. Una vez fue declarado el riesgo inminente de inmediato actuaron todas las instituciones, aseguraron el orden público en la zona y pudo hacerse el retorno de las familias a sus hogares. 3. Otros delitos Los delitos de mayor ocurrencia en el departamento de acuerdo con la Policía Córdoba en el período 2002-septiembre 2009 son los siguientes: Homicidios comunes. En total 2.483 casos. Los municipios más afectados: Montería 636, Tierralta 256, Montelíbano 211, Puerto Libertador 163, Lorica 122, Planeta Rica 117, Cereté 108. El registro indica que en el lapso 2002-2005 el número de muertos disminuyó y aumentó en el 2006-2009. En el 2008 el número de homicidios fue de 512, el más alto de la historia en ese momento, superado en el 2009 con 532 o 569 si se incluyen los muertos por establecer. Sin embargo en los informes nacionales esta situación no la registran las autoridades ni los medios. Lesiones comunes. Total 3.145. Municipios más afectados: Montería 1641, Lorica 187, Sahagún 152, Cereté 132, Tierralta 115, Montelíbano 106, Planeta Rica 104, San Antero 72. Entre 20022005 los casos disminuyeron mientras en el 2006-2009 aumentó. Total en el 2009: 487.

Terrorismo. Total 11. En Valencia 3, Montería 2, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Moñitos, Puerto Libertador, San Antero y Tierralta 1 en cada municipio. Entre 2003-2006 hubo 10 casos, en el 2007-2009 disminuyó a 1. Secuestro. Total 37. Municipios más afectados: Tierralta 13, Montería 9, Puerto Libertador 4. En el 2002-2004 se mantuvo el número de casos, en el 2005-2006 disminuyó, en el 2007 aumentó y en el 2008-2009 volvió a disminuir. Extorsión. Total 77. Municipios más afectados: Montería 42, Montelíbano 7, Canalete 5, Planeta Rica 4, Sahagún y Tierralta con 3 cada uno. Entre 2003-2004 aumentó el número de casos, en el 2005 disminuyó y en el 2006-2009 volvió aumentar. Hurto a personas. Total 2605. Municipios más afectados: Montería 1830, Cereté 105, Lorica y Montelíbano 86 cada uno, Planeta Rica 70, Sahagún 68, Ciénaga de Oro 55. En el 2002-2005 disminuyó y en el 2006-2009 aumentó. Total en el 2009: 487. Hurto a residencias. Total 2021. Municipios más afectados: Montería 1390, Lorica 113, Sahagún 74, Cereté 54, Planeta Rica 41, Montelíbano 38, Ciénaga de Oro 31. En el 2002-2003 aumentó, en el 2004-2005 disminuyó, en el 2006-2007 volvió aumentar, en el 2008 bajó de nuevo y el 2009 aumentó. Total en el 2009: 300. Hurto a comercio. Total 1.174. Municipios más afectados: Montería 875, Lorica 58, Cereté 51, Sahagún 38, Planeta Rica 34, Montelíbano 16, Tierralta 14. En el 2002-2003 aumentó, en el 2004-2005 disminuyó y en el 2006-2009 volvió aumentar. Total en el 2009: 202 Hurto motocicletas. Total 628. Municipios más afectados: Montería 423, Cereté 32, Lorica 24, Sahagún 21, Montelíbano 20, Planeta Rica 17, Tierralta 15, Puerto Libertador 8. En el 2002-2003 aumentó y en el 2004-2009 disminuyó. Abigeato. Total 245. Municipios más afectados: Montería 57, San Pelayo 18, Sahagún 17, Ciénaga de Oro y Lorica 15 cada uno, Chimá 12, Cotorra y Tierralta 9 cada uno, Momil y San Andrés de Sotavento 8 cada uno. En el 2002-2006 disminuyó, en el 2007-2008 aumentó y en 2009 disminuyó. De acuerdo con estos datos, los delitos que han crecido en el departamento en los últimos años son los homicidios comunes, lesiones comunes, extorsión, hurto a personas, residencias y comercio, no incluye la venta de drogas. Los que han disminuido son el terrorismo, secuestro, hurto de motocicletas y abigeato. Es decir, la inseguridad ciudadana es un hecho que afecta a muchos ciudadanos y familias. Intervienen en su ejecución los grupos armados ilegales y la delincuencia común y organizada. En la modalidad de hurto por ejemplo se han presentado 6.428 casos y en la de homicidio y lesiones comunes 5.628. El primero está concentrado en

Montería, la capital y en las cabeceras intermedias (Cereté, Lorica, Sahagún, Planeta Rica y Montelíbano. Llama la atención que Ciénaga de Oro, una cabecera pequeña, presente numerosos casos de hurto a personas y residencias, terrorismo y abigeato. El dato sobre hurto de motocicletas es importante porque es el vehículo más utilizado para cometer actos de sicariato. 4. Otros hechos del conflicto Desplazamiento. De acuerdo con Acción Social de la Presidencia de la República el departamento había sido receptor hasta el 30 de septiembre del presente año de 125.848 desplazados y expulsor de 122.170. Los municipios que más recibieron fueron en su orden: Montería, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia, Planeta Rica y Cereté. Los que más expulsaron: Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia, Montería, San Andrés de Sotavento y Planeta Rica. En lo que va corrido del presente año (enero-mediados noviembre) han sucedido los siguientes desplazamientos masivos: San Pelayo 21 familias con 83 personas, San Felipe Cadillo (Tierralta) 108 con 548, Cabildo San Antonio (Puerto Libertador) 49 con 224, Río Verde (Puerto Libertador) 12 con 50, Danta-Alto Cristal (Tierralta) 29 con 138 y La Bonita (Tierralta) 67 con 270 para un total de 286 familias con 1313 personas. De estas han retornado 70 familias con 307 personas. Desmovilización. El departamento llegó a tener 3.783 desmovilizados registrados oficialmente en los Centros de Servicio de Montería y Tierralta, sin incluir unos mil que no aparecieron en las listas según la Policía. En agosto pasado estaban asignados a los centros 2.878, manteniéndose activos 2.621. La deserción obedece a traslados a otros lugares del país por razones de seguridad, trabajo o educación, abandono del programa, asuntos familiares o reingreso a grupos armados ilegales. Reclutamientos. El reclutamiento es una vieja práctica de los grupos armados ilegales. La mayoría de los asentamientos subnormales y barrios populares de Montería, así como numerosas poblaciones urbanas y rurales del departamento la conocen muy bien porque la han padecido. Jóvenes de barrios de Montería han dicho en repetidas ocasiones que los reclutadores les ofrecen entre 500.000 y 600.000 pesos mensuales para trabajar con ellos. El coronel Sergio López, comandante Policía Córdoba, reconoció que estos hechos se presentan en varios municipios, con capturas en Montería, Planeta Rica, Ayapel, Tierralta y el sur. Pero no todos los adolescentes y jóvenes fueron reclutados para hacer parte de los grupos armados ilegales. La Fiscalía investiga 50 casos de los llamados ”falsos positivos” ejecutados en 26 operaciones. Victimas y reparación. Según el Comité de familiares víctimas de la violencia en Córdoba, Comfavic, el número de casos que asesoran es de 7.000 aproximadamente. En Acción Social,

Córdoba, desde el 15 de agosto del 2008 hasta la fecha hay radicados 4.342 casos que solicitan reparación individual por vía administrativa (decreto 1290 del 22 de abril del 2008) y ayuda y asistencia humanitaria por ley 418 de 1997. Al primero tienen derecho las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley que les violaron derechos fundamentales relacionados con la vida, integridad física, salud física y mental, libertad individual y libertad sexual. Hasta agosto pasado 58 familias habían recibido 1.049.912.929.40 pesos. A la segunda tienen derecho las víctimas de la población civil que hayan sufrido perjuicios por la violencia política en su vida o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres, entre otros. (Muerte, incapacidad permanente, lesiones personales, secuestro, amenazas, pérdida de bienes). Hasta agosto pasado 847 familias habían recibido 12.255.262.078.16 pesos por casos de homicidio e incapacidad permanente y otras 96 recibieron 79.573.140 pesos por casos de lesiones y secuestros. Despojo de tierras. Muy difícil ha resultado averiguar sobre el despojo de tierras en las distintas etapas del conflicto en Córdoba. La falta de información en las instituciones que tienen que ver con el tema, los trámites engorrosos y costosos para acceder a ciertas informaciones oficiales y el peligro que acarrea adelantar estas indagaciones, son los principales obstáculos que no han podido superarse. Los responsables de despojos se han valido de procedimientos diversos para desalojar a los propietarios u ocupantes de hecho y apropiarse de manera formal o ilícita de sus predios, según lo recuerda el Área de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR: compraventas a bajo precio, forzadas, sin pago, falsas (con suplantación de firmas, falsificación de documentos, asesinato de propietarios), desplazamiento forzado, muertes selectivas, amenazas e intimidación. La construcción de grandes obras viales y energéticas, así como la plantación de monocultivos por lo general conlleva presiones, reubicaciones e indemnizaciones forzosas y desventajosas que favorecen casos de despojos. Si son bienes públicos como los humedales y otras fuentes de agua los métodos más utilizados han sido: desecación, cambios de cauce, rodamientos de cercas, apropiación de playones, ocupación con ganado o cercados, títulos y escrituras falsas. A pesar de las dificultades que existen para acceder a esta información, hay algunos datos que sirven de referencia. 1. La Dirección Nacional de Estupefacientes hasta febrero del 2008 incautó 146 predios. Los municipios con más incautaciones son: Ayapel 30, La Apartada 23, Montería 19, Planeta Rica 17 y Tierralta 16. 2. Según encuesta parcial de Pastoral Social a desplazados por la violencia, citada por Alejandro Reyes en su libro “Guerreros y

campesinos”2009, las tierras abandonadas en Córdoba suman 60.851.52 hectáreas. Los municipios con más tierras abandonadas son: Tierralta 32.617 hectáreas, Montelíbano 13.229, Puerto Libertador 11.469, Montería 1.490, Ayapel 696 y Valencia 605. 3. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) recibió del Incora en liquidación 2.948 solicitudes de familias desplazadas aspirantes a subsidios de tierra. De estas familias, 969, aseguraron haber dejado 38.738 hectáreas abandonadas, la mayoría en Córdoba, de acuerdo con Víctor Negrete en su libro “Lucha por la tierra y reforma agraria en Córdoba”. Minas antipersonas. Desde el año 2003 hasta el 1 de mayo del 2008 hubo en el departamento 50 accidentes producidos por minas antipersonas que ocasionaron 54 civiles y militares heridos y 17 civiles y militares muertos, incluyendo 7 menores de edad. Los municipios con más accidentes fueron Puerto Libertador 25, Tierralta 21, Montelíbano 3 y Montería 1. Cultivos de uso ilícito. Entre el 2006 y octubre del 2008 las autoridades erradicaron por aspersión14.245.72 hectáreas y por erradicación manual 5.261 para un total de 19.506.72 hectáreas. Los municipios afectados fueron: Puerto Libertador 8.617 hectáreas, Tierralta 6.053.48, Montelíbano 4.823.61 y Valencia 10.5. Según el Ejército al finalizar el año 2009 todavía quedan unas 11.000 hectáreas con cultivos de coca en el Parque natural nacional Paramillo. Panfletos. Según el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP la campaña de panfletos aumentó en el país al pasar de 16 casos en el 2008 a 82 en lo que va corrido del 2009. Córdoba aparece en segundo lugar con 9 casos después de Bogotá con 10. Los grupos más amenazados son delincuentes, drogadictos, indigentes, prostitutas, lesbiana y homosexuales. Después de varios meses de silencio los pasquines han resurgido en las poblaciones de Chinú, Planeta Rica, Sahagún, resguardo indígena de San Andrés de Sotavento y algunos barrios populares y subnormales de Montería. Resumen. Delitos que han crecido: homicidios, lesiones personales, extorsión, amenazas, hurto a personas, residencias y comercio. Permanecen: desplazamiento, todo el proceso del narcotráfico (producción, procesamiento de la hoja de coca, comercialización y exportación de base de coca), minas antipersonas, reclutamiento, apoderamiento de tierras de manera “legal” e ilegal. Han disminuido: terrorismo, secuestro, abigeato, robo de motocicletas. Están fortalecidos: los distintos grupos de la posdesmovilización. 5. Algunas medidas de las autoridades Consejos de seguridad. Los medios de comunicación y otros grupos han empezado a dudar de la eficacia de los frecuentes consejos de seguridad que las autoridades celebran en Montería y otras cabeceras municipales, con la presencia, algunas veces, de los altos mandos, ministros, organismos de justicia y control y el propio presidente de la república. Al parecer las medidas

tomadas han resultado insuficientes. El aumento del pie de fuerza e incremento del personal de inteligencia ha sido constante, tomas de pueblos, localidades y expendios de sustancias alucinógenas con requisas a personas, motociclistas y vehículos, retenes en carreteras y calles son cada vez más frecuentes, prohibición del tránsito de motocicletas de más de 100 centímetros cúbicos con parrilleros hombres a determinados días y horas, restricciones a establecimientos comerciales en horarios nocturnos, solicitud de colaboración ciudadana y compromiso de los jueces, toque de queda en Lorica que, ante las protestas de mototaxistas y comerciantes, debieron flexibilizar posteriormente. Nuevas fiscalías. La Fiscalía anunció la creación de dos fiscalías especializadas para atender casos exclusivos de las llamadas bandas criminales. Funcionarán en Montería y tendrán jurisdicción sobre casos de Córdoba, Sucre y bajo Cauca antioqueño. “Lo que se busca es descongestionar los despachos judiciales y que los delincuentes capturados no queden libres por vencimiento de términos” aseguró el Fiscal encargado Germán Mendoza Diago. Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI. Es la estrategia del gobierno para la recuperación y control militar del territorio, la lucha contra las drogas y el crimen organizado, la reactivación social y económica, el fortalecimiento del servicio de justicia formal y mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la reconstrucción del tejido social a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana. En Córdoba, los sitios escogidos para implementar estas acciones son: la llamada Zona de Ubicación en Tierralta; Tierradentro en Montelíbano; Mieles, San Rafael, Cocuelo, Guadal y Santo Domingo en Valencia; Río Verde, Juan José y La Rica en Puerto Libertador. Las labores que realizan son variadas, tienen que ver con salud, educación, restaurantes escolares, desayunos infantiles, capacitación para el trabajo y desarrollo económico, entre otros. Mediante directiva presidencial (01 del 20 de marzo 2009 con vigencia hasta el 7 de agosto 2010) se ordenó llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial. Es el proceso para atender y consolidar, de manera rápida y dinámica el trabajo que llevan a cabo múltiples instituciones del Estado, coordinadas por el CCAI, en zonas estratégicas de orden público en los componentes de atención humanitaria de emergencia, justicia, seguridad, desarrollo socioeconómico, gobernabilidad y ordenamiento de la propiedad. Una de las áreas principales seleccionada para iniciar la consolidación es la que le corresponde a Córdoba. Según resultados obtenidos de estudios y reuniones efectuadas por el grupo social del programa consideraron que, en medio de tantas necesidades y deficiencias, las dos prioridades a atender con urgencia en el área son el hambre y el desempleo. El plan acordado contempla la producción inmediata de alimentos, la generación de excedentes a corto y mediano plazo y la transformación o valor agregado de estos a largo plazo.

Aunque al parecer las instituciones gubernamentales de los distintos niveles están respondiendo, algunos consideran que por ser proyectos a largo plazo, más allá del próximo 7 de agosto, corren el riesgo de quedar inconclusos; que están militarizando el componente social y hacen ver la limitación que tiene el programa por cuanto es netamente rural, cuando el conflicto y la inseguridad están urbanizándose cada vez más. Comando operativo especial de seguridad ciudadana del Bajo Cauca Antioqueño. Por resolución 02857 del pasado 22 de septiembre la Policía creó este Comando con unidades operativas de Córdoba y Antioquia. Del primero hacen parte las Estaciones de Policía de Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel, Uré, La Apartada y la subestación Tierradentro. Del segundo las Estaciones de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza y la subestación La Caucana. La creación obedeció “a la importancia estratégica que tiene la zona para la economía del país, la confluencia de conflictos de tipo social, político y de orden público, así como el incremento de los índices delincuenciales”. Con esta estrategia, un servicio de policía fortalecido y con autonomía suficiente en lo presupuestal y operativo, aspiran a atender de manera integral las necesidades y la compleja situación que vive la zona. 6. Pobreza El programa Familias en Acción de la Presidencia de la República está dirigido a familias del nivel 1 del Sisben (Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales), los de pobreza extrema y desplazados por la violencia con hijos menores de 18 años que reciben subsidios escolar y de nutrición. Hasta el mes de septiembre el programa tenía inscritas 183.585 familias del nivel 1, equivalentes a 917.925 personas y 13.384 familias desplazadas, equivalentes a 66.920 personas para un total de 984.845 personas. Si a esta cifra le agregamos los del nivel 2 del Sisben, la cantidad de pobres sube aproximadamente a 1.200.000 personas. Si el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE calcula en 1.558.267 la población del departamento para el presente año, significa que el 77% de la población es pobre, es decir, tres de cada cuatro cordobeses. 7. Fortalezas y debilidades por factores de competitividad y calidad de vida *Según el Indicador global de competitividad de las ciudades del Caribe colombiano, con datos del 2006 y 2008, Montería, la capital de Córdoba, comparada con 22 capitales del país, incluidas las ocho de la Costa Caribe, ocupó el puesto 19. Entre sus debilidades y fortalezas están las siguientes:

Recurso humano. Baja tasa de alfabetismo (84.1%), mala calidad de los colegios (solo el 16% se ubicaron en las categorías alto, superior y muy superior), bajo porcentaje de personas en edad de trabajar (75.5%), baja cobertura en el sistema de seguridad social en salud (60%), alta tasa de mortalidad en menores de 1 año (16.6 por cada 1.000 nacidos vivos). Como fortaleza, la tasa de cobertura bruta en primaria y secundaria. Ciencia y tecnología. Mínima inversión en innovación y desarrollo tecnológico en la industria y solo tres universidades adelantan investigaciones. Aspecto positivo, la producción científica y bibliográfica de las tres instituciones. Infraestructura. Baja cobertura en todos los servicios públicos domiciliarios, en especial alcantarillado (24%); cobertura más alta, energía eléctrica (93.6%). Acceso precario a las tecnologías de información y comunicación (251 clientes por cada 10.000 habitantes). Finanzas. Bajos niveles de captaciones por habitantes en el sistema financiero y alto endeudamiento de las empresas. Gestión empresarial. Alta productividad laboral y comportamiento dinámico en la productividad. Medio ambiente. No hubo muertes en niños menores de cinco años por enfermedades respiratorias, bajos niveles de consumo de agua y producción de residuos sólidos. Fortaleza económica. Pobreza (44.5%), bajo grado de urbanización (23.8% vive en zona rural), bajo índice de densidad industrial. Internacionalización de la economía. No registró compras de bienes en el exterior y el volumen de ventas a los mercados internacionales fue mínimo. *Según el Informe Nacional de Competitividad 2009-2010, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, “hay una larga lista de debilidades presentes en todas las ciudades: pobreza, inequidad, desempleo, informalidad, cobertura y calidad de la educación superior, transporte, inseguridad, impuestos e ingresos que no alcanzan. De las 15 ciudades estudiadas en competitividad y calidad de vida Montería ocupó el último lugar. Discriminados los aspectos tenidos en cuenta en el estudio obtuvo los siguientes resultados: ambiente económico puesto 13, ambiente social 14, educación 14, salud 15, recreación, cultura y deportes 15, servicios públicos 12, movilidad y transporte 9, seguridad 3, costo de vida 1 para un promedio de 15. En orden las cinco primeras fueron: Medellín, Bogotá, Manizales, Bucaramanga y Cali.

*Según el Departamento Nacional de Planeación en el informe sobre regalías la tasa de mortalidad infantil es de 37 por cada mil niños nacidos vivos cuando la meta del cuatrenio (2006-2010) es del 16.5; las coberturas de acueducto es del 54% y la meta del 91.5%, alcantarillado es del 23% y la meta del 89.4%, educación básica del 97% y la meta del 100% ; la afiliación al régimen subsidiado de población vulnerable alcanza el 72% y la meta es del 100%. En el 2008 Córdoba y sus municipios recibieron 195.873 millones de pesos por la explotación de hidrocarburos, níquel, metales preciosos, carbón e impuesto de transporte. 8. Desnutrición e inseguridad alimentaria. Según la Encuesta nacional de la situación alimentaria y nutricional en Colombia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2005), en Córdoba el 15% de niños (as) menores de cinco años presentaron retardo en su crecimiento mientras el promedio nacional fue del 12%. Además, el 45% de niños (as) tenían anemia y el 52% de toda la población presentaba deficiencia de proteínas. En cuanto la inseguridad alimentaria, en Colombia la vive el 40.9% de los hogares, en Córdoba el 55.4%, en el área rural el 58.2% y en el Sisben nivel 1 el 59.4%. 9. Ejemplos a tener en cuenta. Medellín es sin duda la ciudad colombiana con más experiencia en el manejo de conflictos sociales y armados urbanos. Algunos investigadores paisas nos piden que recordemos la Consejería presidencial para Medellín de la década del 90 bajo la dirección de personalidades como María Emma Mejía y Jorge Orlando Melo o el Plan Estratégico que contó con amplia participación de la sociedad y el acompañamiento técnico del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. Las sucesivas administraciones municipales, preocupadas por la situación, han presentado propuestas con mejores o menores resultados y las universidades, gremios económicos, organizaciones de la sociedad civil, iglesias y otros sectores, han contribuido con estudios, recursos, ideas, acompañamiento y capacitación, entre otros. Algunos de estos programas, llamados Arriba mi barrio, Muchachos a lo bien, Núcleos barriales de vida ciudadana los llevaron a cabo directamente en los asentamientos con graves problemas sociales. Otros propusieron: elaborar un sistema de recolección, análisis y divulgación de información sobre la violencia y formas de enfrentarla; adelantar acciones, estudios, seguimientos puntuales a las manifestaciones de la violencia; las fases por las que ha pasado el conflicto y sus transformaciones permanentes. El actual alcalde, Alonso Salazar, propuso un nuevo plan con tres ejes básicos: social, operativo y laboral para enfrentar los homicidios, la guerra entre los combos infiltrados por el narcotráfico, casas de vicio, el hurto, plan de oportunidades en educación y trabajo a jóvenes de zonas vulnerables, movilización ciudadana por la convivencia y la seguridad y programas

lúdicos y culturales que disminuyan la participación de los jóvenes, principal sector involucrado en los hechos de violencia. En Bogotá, en los primeros días de octubre, realizaron el primer Cónclave de seguridad ciudadana con la participación del ministro de Defensa, alcaldes de las ciudades capitales y el presidente Alvaro Uribe. “El propósito de la reunión fue diagnosticar de manera franca y abierta lo que viene pasando con el crimen y la violencia en el contexto urbano y comparar las experiencias y estrategias locales para combatir la delincuencia”. Los temas tratados fueron los siguientes: deficiencias en el proceso de judicialización, fuentes de financiación para estrategias y programas en temas de convivencia y seguridad ciudadana, menores en conflicto con la ley, políticas de desarme, tráfico y consumo de estupefacientes, comportamiento de la violencia homicida, hurto en todas sus características y modalidades de transporte ilegal en las ciudades capitales. En conclusión: Existe una enorme preocupación por el conflicto armado, el narcotráfico, la pobreza y la inseguridad ciudadana. Es un hecho sabido que la fuerza pública es necesaria pero insuficiente. En Córdoba tenemos estos cuatro factores operando pero no contamos con una estrategia social integral. Todos los análisis que se hacen indican que la situación persistirá o agravará si no tomamos medidas rápidas y efectivas. En consecuencia, propongo conformar un grupo interdisciplinario que elabore y presente un plan de actividades que nos permita buscar salidas a esta compleja y grave situación. Fuentes -Situación de conflicto y pobreza en el departamento de Córdoba y perspectivas de paz. Acción Contra el Hambre y otros. Montería, 2008 -Defensoría del Pueblo, seccional Córdoba. Sistema de Alertas Tempranas. Montería, 2009. -Alta Consejería para la reinserción a la vida civil de personas y grupos alzados en armas. Centros de servicio de Montería y Tierralta. Montería, septiembre 2009. -Policía Córdoba. Estadísticas 2002-2009. Resolución 02857 de 2009 que creó el Comando operativo especial de seguridad ciudadana del Bajo Cauca Antioqueño. Montería, septiembre 2009. -Acción Social. Montería, septiembre 2009. -Gobernación Córdoba. Observatorio del delito. Montería, 2009. -Informe de Coyuntura Económica Regional. Córdoba 2008. Banco de la República y Dane. Bogotá, 2009

-Indicador global de competitividad de las ciudades del Caribe Colombiano 2008. Observatorio del Caribe Colombiano y otros. Bogotá, 2009. - Mejores y peores ciudades para vivir en Colombia. Revista Dinero. Bogotá, 11-07-09 -El Tiempo. Denuncian que a veedor lo mataron los corruptos (23-05-09, pág.1-16). Líder que reclamó tierras a Mancuso fue asesinado (29-07-09, 1-12). Medellín en alerta por sicariato (208-09, 1-9). Oleada de sicarios (13-08-09, 1-16). Desmovilización de “paras” no frena racha criminal en Córdoba (sección Caribe, 15-08-09, 1). Alarma por auge de bandas de exparamilitares en el país (18-08-09, 1). Medellín lanzó plan de seguridad (16-09-09, 1-10). Gaviria, Uribe y Medellín (17-09-09, 1-17). Córdoba, con nuevas fiscalías especializadas (26-0909, 1-14). Un año de los “falsos positivos”. Secretos de una gran atrocidad (18-09-09, 1). “Monoleche señala a 50 testaferros (21-10-09, 1-4). Intolerancia y amenazas van en alza (19-10-09, 1-11). Pese a más crímenes, Medellín pidió paz (24-10-09, 1-7). Siguen reclutando a jóvenes de Bogotá (29-10-09, 1). Profesores de Córdoba están azotados por bandas (29-10-09, 1-14). Estudio sobre las ciudades del país. Costo de vida, debilidad de grandes ciudades y ventaja de pequeñas. Montería, atrás (12-10-09, 1-2). Político, soldado y policía, en capturas contra bandas (11-11-09, 1-18). La violencia desafía a Medellín (26-11-09, 1-9). La delincuencia mete miedo en Córdoba (sección Caribe, 28-11-09, 2). De acuerdo con estudio “En al menos 10 regiones hay policías y militares con nexos con bandas criminales” (20-1-10, 1-4). Policía lanza ofensiva contra bandas criminales en 159 municipios (25-1-10, 1-3). Polémica por informe de Human Rights Watch (4-1-10, 1). -El Meridiano de Córdoba. Matan a concejal tierraltense (25-07-09, pág. 4B). Reclutados (23-0809, 1). Fuerzas evaluaron Salto Estratégico (1-09-09, 1). Desubicado. Las cuentas de Frank Pearl (3-09-09, 1). Preocupa. Orden público, prioridad (17-09-09, 1). ¿Será que si?. Plantean modelo de seguridad. Secuestro express en Córdoba (24-09-09, 5A). Se calienta. Otra vez desplazamientos en el alto Sinú (22-10-09, 1). Lanzan granada contra una casa en centro de Montería. Enfrentamientos en Tierralta entre los de “Urabá”y “Los Paisas” (22-10-09, 4C). Llegaron más refuerzos de la Policía (23-10-09, 4B). Amenazados. Maestros, aterrados (30-1009, 1). Otro consejo (de seguridad). Más fuerza pública (1-11-09, 1). Inseguridad. Córdoba, hueso duro…(2-11-09, 1). Once muertos. 24 horas sangrientas. (25-11-09, 1). Puro plomo. Ola criminal no cesa (30-11-09, 1). Homicidio. Matan a jefe del CTI (1-12-09, 1). Informe de la Policía. Hay 3.700 en las bacrim, bandas criminales (9-1-10, 4C) Se extiende la voz . (27-1-10, editorial). -El Universal, Montería. 7 crímenes en el San Jorge (13-08-09, pág. 7B). Fiscales no aceptan cargo para investigar criminales en Córdoba (6-10-09, 1). (A mediados de diciembre) llegarán 150 refuerzos para la Policía Judicial de Montería (16-10-09, 1).

-Revista Semana. Crece la violencia urbana (23-11-09, 19). Nota. Este documento fue elaborado en octubre del 2009, complementado y actualizado parcialmente el 4 de febrero del 2010