Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” denuncia violaciones de los derechos de las mujeres En el marco de la violencia sociopolítica en Colombia las mujeres siguen siendo un grupo social particularmente vulnerable. Esto es, en pocas palabras, la conclusión del “VI Informe sobre Violencia Sociopolítica contra Mujeres, Jóvenes y Niñas en Colombia 2002 – 2006”, elaborado por la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” (véase recuadro) y presentado el pasado 14 de diciembre en la Biblioteca Nacional de Bogotá. El Informe contiene el balance del seguimiento de algunas recomendaciones formuladas por la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas, Radhika Coomaraswamy, después de su visita oficial a Colombia en noviembre de 2001. Entre otras cosas, la Relatora instó al Estado colombiano a elaborar una política de protección de los derechos humanos de las mujeres e hizo un llamado a todas las partes que participan en el conflicto para que suscribieran un acuerdo global sobre el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el que se incluyera protección especial contra la violencia por motivo de género.

Resumen exprés

• En el contexto del conflicto armado en Colombia, las mujeres, jóvenes y niñas continúan siendo víctimas de violaciones del derecho a la vida y de una serie de violencias contra ellas por el simple hecho de ser mujeres. • Las principales formas de violencia contra las mujeres son las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, la violencia sexual, el impedimento de la participación política y el desplazamiento forzado. • Las violaciones de los derechos de las mujeres son cometidas por todos los actores armados. • Las causas para la situación difícil de las mujeres son, entre otras cosas, la falta de voluntad del gobierno de implementar una política explícita de proteger sus derechos, la política de “defensa y seguridad democrática” y la alta cuota de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.

El resultado del informe es desencantador: llega a la conclusión de que el Estado colombiano no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por Radhika Coomaraswamy y que todos los actores del conflicto armado – guerrilla, grupos paramilitares, fuerza pública – siguen rindiendo poco o ningún respeto a las normas humanitarias. “Todo ello ha permitido que se continúen cometiendo graves crímenes contra las mujeres”, dijo María Eugenia Ramírez, investigadora del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), una ONG que forma parte de la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”. Según las cifras presentadas, entre enero Presentaron el informe: Carmen Alicia Mestizo (Corporación Sisma de 2002 y junio de 2006, Mujer), María Isabel Casas (experta independiente), María Eugenia por lo menos 1608 Ramírez (ILSA), Rodrigo Urprimny (De Justicia) mujeres perdieron en

Colombia la vida en medio de combates, en la calle, en su casa, o en su lugar de trabajo, por ejecuciones extrajudiciales. “Del ta modo, en el período citado murió, en promedio, cada día una mujer a causa de la violencia sociopolítica.” No obstante, las ejecuciones extrajudiciales sólo son los excesos más atroces de la violencia contra las mujeres. “En medio de la guerra todas las formas de discrimininación y violencia que están vigentes en nuestra sociedad, se exacerban y recrudecen”, subrayó María Eugenia Ramírez. Violencia sexual Además de los asesinatos y las desapariciones, una de las principales formas de violencia que los actores armados emplean en contra de las mujeres, las jóvenes y las niñas es la violencia sexual. “No sólo presionan a las jóvenes para que establezcan relaciones sexuales y afectivas con ellos, sino que controlan también la vida íntima de las comunidades mediante la imposición de normas sexistas y homofóbicas”, dijo María Eugenia Ramírez. “Además, en muchos casos se les obstaculiza a las mujeres el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.” Motivos para la violencia sexual constituyen, según la investigadora de ILSA, el trabajo político de las mujeres, su orientación sexual y sus relaciones afectivas y vínculos familiares con miembros de grupos armados del otro bando, entre otras cosas. La Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”

• La Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” es un espacio de coordinación y reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacioales e internacionales. Fue fundada en septiembre de 2000 y su objetivo es hacer visibles las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres en el contexto del conflicto armado interno colombiano. • La información utilizada por la Mesa proviene de fuentes secundarias, talleres formativos realizados con mujeres afectadas por el conflicto, recopilación de testimonios, e informes de investigación aportados por las organizaciones que participan en la Mesa y otras organizaciones de mujeres y derechos humanos. • La Mesa publica informes anuales y los envía a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias y a otras instancias nacionales e internacionales. Así mismo, da seguimiento a las recomendaciones realizadas para Colombia por la Relatora. • En abril de 2001 la Mesa elaboró el primer informe que fue entregado a Radhika Coomaraswamy, la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, con el fin de despertar su interés por el caso colombiano y promover su visita para constatar la situación de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En noviembre de 2001, la Relatora visitó el país y presentó el Informe de la Misión a Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. • En su informe, la Relatora instó al Estado a diseñar y desarrollar una política de protección de los derechos humanos de las mujeres que incluyera una adecuada atención a las víctimas del conflicto armado, y solicitó medidas especiales de protección para las victimas, las organizaciones de mujeres y para quienes trabajan en cuestiones relacionadas con derechos humanos. Además, hizo un llamado a todas las partes que participan en el conflicto para que suscribieran un acuerdo global sobre el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el que se incluyera protección especial contra la violencia por motivo de género y pidió a las partes que tomaran medidas al respecto y reconocieran las violaciones sexuales como crímenes de guerra e incluso como crímenes contra la humanidad. Finalmente, la Relatora exhortó al Estado colombiano a que tomara las medidas necesarias para acabar la impunidad que impera frente a los delitos cometidos contra las mujeres, los investigara, enjuiciara a los culpables y garantizara la reparación a las víctimas. • La Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” considera que el cumplimiento de las recomendaciones de la Relatora ayudaría a superar la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, y a reducir el impacto del conflicto armado sobre las muje res, jóvenes y niñas. • Más informaciones sobre la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” y sobre el VI Informe sobre Violencia Sociopolítica contra Mujeres, Jóvenes y Niñas en Colombia se pueden conseguir en la página de internet de las Mesa (www.mujeryconflictoarmado.org) o enviando un mensaje al siguiente correo electrónico: [email protected].

Fuera de esto, María Eugenia Ramírez señaló que la violencia sociopolítica en el país tiene también un impacto grave en la participación política de las mujeres. “Por un lado, las integrantes de organizaciones de mujeres, de sindicatos o partidos políticos son con frecuencia objeto de hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos – sobre todo aquellas que trabajan en zonas de confrontación armada”, dijo. “Y por el otro lado, se ha presentado un incremento desmedido de detenciones arbitrarias contra líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, habitantes de zonas de tradicional presencia guerrillera y, en general, opositoras y opositores políticos que son calificados por el gobierno como auxiliadores o colaboradores de la guerrilla.” Realidad de discriminación El último punto que María Eugenia Ramírez destacó en relación con las formas principales de violencia Participantes en el evento. Alrededor de 150 asistieron al ejercida contra las mujeres en evento. el marco del conflicto armado, fue el desplazamiento forzado. “Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a las mujeres”, dijo y especificó que el 40 por ciento de los hogares en situación de desplazamiento tenía jefatura femenina. Las causas para este fenómeno radican, según la investigadora, en gran parte en la realidad de exclusión, discriminación y violencia con la que las mujeres se ven confrontadas y que se basa en relaciones inequitativas entre ellas y los hombres. Aparte de esto, María Eugenia Ramírez señaló que las posibilidades de las mujeres desplazadas de acceso a la justicia en términos de reparación y restitución de derechos para las víctimas de la guerra son más limitadas que para los hombres – un hecho que aún aumenta su vulnerabilidad. “Muchas mujeres, especialmente aquellas de procedencia rural con bajos niveles educativos y restringidas experiencias de movilidad en lo público, desconocen la lógica de funcionamiento tanto de las instituciones como del sistema de justicia, y no cuentan con la información necesaria sobre mecanismos de protección, herramientas de exibilidad y, menos aún, con los recursos técnicos y económicos que se requieren para adelantar acciones en este sentido”, dijo y añadió: “Esta situación se agrava aún más dado que las mujeres normalmente no tienen la titularidad de los bienes.” Concepciones patriarcales Organizó el evento: Belén Pardo Junto con la falta de voluntad del gobierno colombiano de diseñar y desarrollar una política explícita de Herrero, miembro del equipo de la protección a las mujeres, María Eugenia Ramírez secretaría técnica de la Mesa de responsabiliza de la difícil situación que encaran las Trabajo “Mujer y Conflicto mujeres, sobre todo la política gubernamental de Armado.” “defensa y seguridad democrática”, implementada desde el primer período del actual gobierno, así como la laxa jurisdicción en términos de derechos humanos. “Dicha política ha involucrado a la población civil en el conflicto armado”, dijo. “El uso de mecanismos como la

Recomendaciones La Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” hace en su informe un llamado a las instancias internacionales que tienen presencia en Colombia, y en particular a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, así como a la comunidad de derechos humanos y organizaciones sociales para que exijan al Estado colombiano el cumplimiento real y efectivo de sus obligaciones en materia de prevención, protección y garantía de derechos de las mujeres, y hace las siguientes recomendaciones: 1) En materia de prevención: • Cumplir con las obligaciones relativas a los derechos humanos de las mujeres, niñas y jóvenes, así como las emanadas de las Recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, los procedimientos especiales, los órganos convencionales y los compromisos adquiridos en éstos y otros organismos de las Naciones Unidas, incluyendo la Comisión (hoy Consejo) de Derechos Humanos. • Poner fin a la política de militarización de la vida civil, en tanto la utilización de la población como informante, el confinamiento de poblaciones y los bloqueos económicos o de cualquier índole como estrategias militares han aumentado y profundizado las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. • Garantizar, mediante la aplicación de políticas económicas, la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en particular los de las mujeres, niñas y jóvenes. • Apoyar la permanencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, y fortalecer su mandato pleno. 2) En materia de protección: • Fortalecer, respetar y garantizar las múltiples iniciativas que las mujeres vienen desarrollando por la defensa de sus derechos y para resistir y protegerse de los efectos del conflicto armado. • Diseñar e implementar coordinadamente con las mujeres y sus organizaciones víctimas de la violencia sociopolítica, políticas públicas y medidas de protección que atiendan a sus experiencias y necesidades particulares. 3) En materia de sanciones y reparación: • Cumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que las violaciones de derechos humanos no pueden, en ningún caso, ser juzgadas por la justicia penal militar, en especial, la violencia sexual. Así mismo, reforzar la independencia de la justicia y evitar la instrumentalización de la Fiscalía por parte del Ejecutivo. • Investigar, juzgar y sancionar, bajo un marco jurídico acorde con los estándares internacionales de derechos humanos a quienes, siendo presuntos autores de graves violaciones, no fueron investigados sino recibieron beneficios jurídicos mediante el Decreto 128 de 2003. • Atender estrictamente las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, y todos los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación de las víctimas al aplicar la Ley 975 de 2005 y el marco normativo relacionado con el proceso de negociaciones con los grupos paramilitares, y ajustar los decretos que la regulan.

red de informantes, el programa de soldados campesinos o las campañas cívico-militares hacen que no se cumpla el principio de distinción entre combatientes y civiles.” Debido a esta militarización de la vida civil María Eugenia Ramírez está convencida de que la seguridad de la población – “en especial la de las mujeres, jóvenes y niñas” – no ha mejorado en los últimos años. “La política de ‘defensa y seguridad democrática’ ha vulnerado sus derechos, ha fragmentado el tejido social por el miedo y la desconfianza que se instalan en las comunidades, ha estigmatizado las organizaciones de mujeres en diversas regiones del páis, y ha aumentado la violencia sexual”, afirmó.

En cuanto a la jurisdicción, la investigadora reprocha al gobierno que “el número de casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que quedan en la impunidad continúa siendo muy alto”. Atribuye esta situación penosa sobre todo a dos factores: “Por un lado, existe una dispersión del marco normativo frente a las violaciones de género y, por otro, persiste la aplicación de concepciones discriminatorias Después del evento quedó tiempo para discusiones animadas. y patriarcales contra las mujeres por parte de quienes imparten justicia en sus fallos y decisiones.” Además, hizo resaltar que existían muchos obstáculos que las mujeres tienen que enfrentar a la hora de acceder a la justicia, como por ejemplo la desconfianza en ésta misma, la consecuente ausencia de denuncia, la falta de coordinación entre las instancias responsables y su poco interés por iniciar investigaciones de oficio. Insensibilidad de las autoridades judiciales Con su crítica a la justicia María Eugenia Ramírez no estaba sola. “En muchas ocasiones las autoridades judiciales son muy insensibles si se trata de detectar la violencia de género, judicializarla y sancionarla de manera apropiada”, dijo Rodrigo Uprimny, director del Centro de Derecho, Justicia y Sociedad “De Justicia” y profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Teoría del Estado en la Universidad Nacional. Para ejemplificar su reproche, describió el caso de una bacterióloga que había sido secuestrada por el Frente 19 de las FARC y a quien se había violado. “En el juicio contra el supuesto violador la autoridad judicial llegó a la sorprendente conclusión de que no había una evidencia de que la mujer hubiera resistido ferozmente a la violación y de que se trataba, por consiguiente, de una relación sexual consentida.” Acorde a Uprimny, esta conclusión no sólo va en contra del sentido común “que muestra que cuando uno está privado de la libertad solamente con una actitud suicida se resiste violentamente a quien lo tiene en una situación de constreñimiento permanente”, sino que viola también las normas de derecho internacional “que les corresponde a las autoridades colombianas aplicar”. Con ello se refirió al Estatuto de la Corte Penal Internacional que señala entre sus reglas de procedimiento que en casos de violencia sexual el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo A continuación de la presentación del hayan disminuido su capacidad para dar un informe, Ochy Curiel, cantautora de Santo Domingo, dio un concierto. consentimiento voluntario y libre. “Es obvio que

una persona secuestrada está precisamente en un entorno coercitivo de esa naturaleza”, dijo Uprimny. Aporte notable En vista de los riesgos particulares a los que las mujeres están expuestas en relación con el conflicto armado, el informe no se limita a denunciar las discriminaciones en contra las mujeres así como las omisiones del Estado en materia de prevención, protección y garantía de derechos de las mismas, sino que presenta también una serie de recomendaciones (véase recuadro). Entre otras cosas, la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” solicita que se ponga fin a la política de militarización de la vida civil y que se garantice, mediante la aplicación de políticas económicas, la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en particular los de las mujeres, niñas y jóvenes. “Estas recomendaciones son un aporte notable en la lucha de las mujeres por el mejoramiento de su situación”, afirmó Rodrigo Uprimny. “Sin embargo, para que no se queden en el papel, tienen que ser apropiadas por la sociedad y los movimientos sociales a los que corresponde vigilar su cumplimiento”. Jürg Schiess, ILSA, 18 de diciembre de 2006

Para mayor información póngase en contacto con María Eugenia Ramírez, investigadora de ILSA ([email protected])