INTRODUCCION

Durante la década de los 80 y, con mayor intensidad a partir de los años 90, los trabajadores hemos sufrido el proceso de transformaciones que experimentó la economía internacional. Los cambios en las relaciones de poder, la irrupción de nuevas tecnologías y los procesos de reconversión productiva, operados al amparo de la hegemonía neoliberal, han aumentado las desigualdades sociales y la brecha entre pobres y ricos crece día a día. En el mundo de los mercados, la cifra de seres humanos que viven en condiciones de extrema pobreza llega casi a 2.000 millones, cerca de la tercera parte de la población mundial, mientras en forma simultánea los gurúes de la globalización profetizan un mundo informatizado sin espacio ni tiempo donde una pantalla reemplazará a la realidad. En esta esquizofrenia de fin de siglo debemos ubicar un debate que no tiene nada de virtual, porque se trata de desentrañar la perspectiva con que los trabajadores abordamos algo que forma parte de los derechos esenciales en la nueva distribución de poder: las comunicaciones. Hablamos de poder económico tangible –se mueven 3.000 millones de dólares por semana en el mundo– y de un poder más sutil pero no menos decisivo: la opinión pública, la generación de ideas, la difusió n u ocultamiento de la información, la propiedad de la información, la circulación de los mensajes, la imagen que la sociedad construye de sí misma y del mundo. En nuestro país, en forma simultánea a la recuperación de los derechos democráticos y las libertades políticas que la dictadura militar arrasó entre 1976 y 1983, el movimiento obrero argentino asistió a la pérdida de derechos laborales históricos, a la descomposición de las estructuras sociales que caracterizaron la Argentina de los años 60 y 70, así como a la progresiva retirada del Estado en las áreas económica y social. Pero en la última década, la destrucción del derecho laboral y la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo no se consumó a punta de bayoneta sino al amparo de un “consenso social y político” que tuvo en los medios de comunicación un punto clave de articulación. La construcción de ese consenso mediático alrededor de algunos paradigmas del neoliberalismo –como las bondades de la desarticulación del Estado y las priva tizaciones, las políticas de ajuste y pago de la deuda externa, la apertura económica indiscriminada o la venta inescrupulosa del triunfalismo tecnológico como sinónimo de la modernidad– fue posible en la medida en que los gobiernos de turno, y especialmente el menemismo, a partir de 1989, emplearon el poder político para instrumentar la distribución de negocios en el área de las comunicaciones. La desindustrialización y la tercerización de la economía argentina constituyeron por supuesto un reflejo de lo s cambios globales y coincidió con la explosión mediática del mundo, construida a partir de la informática y las industrias de la comunicación. El auge de la transmisión satelital, de las tecnologías digitales, de la expansión de la TV por cable, de la telefonía celular, el intercambio acelerado de datos e imágenes y el surgimiento de fábricas gigantescas de imagen, sonidos y discursos se sintetizó en la ilusión de la aldea global y en la retórica de la globalización: una gigantesca telaraña de múltiples terminales y pocos predadores en el centro. En El crimen perfecto, el francés Jean Baudrillard acusa a este fenomenal dispositivo de fines de siglo del “asesinato de la realidad”. La intoxicación permanente de imágenes e información que domina la vida cotidiana, aun en los países periféricos, ha cambiado de tal manera la relación entre el hombre y su entorno que la existencia de lo real depende más de la aparición de su ‘doble’ (la información) en la pantalla que de sí mismo. “La información sólo es la confusión paradójica del acontecimiento y el medio, y la incertidumbre política que de ahí resulta”, sostiene Baudrillard luego de advertir que “vivimos en un

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mundo en el que la más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad, y enmascarar al mismo tiempo esa desaparición”. En un país que como el nuestro conoce trágicamente de desapariciones –y la función de este método en la imposición de un sistema político y económico de dominación– también se han consumado crímenes sociales como el cierre de más de 30.000 industrias, la pérdida de unos 600.000 puestos de trabajo, la fuga de unos 50 mil millones de dólares o la transferencia de ingreso de los asalariados hacia los grupos económicos más concentrados por un monto cercano a los 80.000 millones de dólares. Desapariciones todas que en otro tiempo hubiesen requerido el concurso de un ejército de represión y que hoy se practican al amparo de discursos políticos prestados y una venta fraudulenta de futuro. El discurso posibilista del menemismo –‘‘la política es el arte de lo posible”– apunta a justificar las relaciones de poder, asociando sistemáticamente cualquier modificación con el “caos”. El argumento del “realismo” –cuya consecuencia directa es el “no se puede” hacer otra cosa– va de la mano con el miedo como factor de gobernabilidad. A falta de un proyecto de país, el modelo se sostiene mostrando reiteradamente las imágenes negativas del pasado, con la hiperinflación como protagonista principal. Los medios, por su parte, construyen un discurso sospechoso de la política para ocupar ellos el lugar central de la credibilidad social. Las ambiciones de poder, las internas, la frivolidad de la farándula partidaria están en el centro de la escena; a los otros se les niega espacio porque no tienen poder (y de paso se los aleja de la posibilidad de obtenerlo). Tal como lo apunta el investigador español Lorenzo Vilches “para los medios no es importante decir la verdad”. En los periódicos, a una hora determinada del día, y en los medios audiovisuales a toda hora, hay un grupo de personas decidiendo los ‘temas’, discutiendo qué poner, qué hará la competencia, qué resaltar, qué ignorar, qué banalizar. “La noticia se construye, el acontecimiento no es lo importante, donde hay una cámara de televisión hay noticia; si no, no existe.” En el mundo globalizado, la dictadura de los mercados ha transformado a los electores y al público en rehenes de la oferta. Y de la misma manera en que la comunicación se ha convertido en una pujante aventura empresaria –regida por la curva de ganancias y de poder antes que por su carácter testimonial o de servicio–, también el poder político desinfla la demanda social con el argumento de que “no hay otra cosa”. Unos y otros fabrican la oferta ‘posible’ de la realidad y ofrecen “más realismo” frente a los cuestionamientos. Desmitificar los medios y los discursos es, por ello, una tarea inseparable en la construcción de una ilusión real (contrapuesta a la fantasía virtual del mundo globalizado) que organice la construcción de un poder alternativo. Y para ello es necesario enfrascarse no sólo en el desenmascaramiento de la resignación mediática y los discursos falaces del poder sino también en el análisis económico y político de las industrias que se han convertido en el motor más dinámico del actual orden internacional. Es indispensable señalar aquí que, al menos hasta la actual etapa de la historia, poder político y poder mediático son dos caras de una misma moneda. Sobre todo porque la gestación de este último –entro nizado como cuarto poder del sistema – requirió de una creciente retirada del Estado para consumar su concentración y expansión. No obstante, y como veremos, esta guerra de posiciones en el tablero mundial recién está empezando, y en la Argentina se juegan varias fichas.

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SINTESIS HISTORICA Así como hacia fines del siglo pasado y a comienzos del actual se generalizó el uso de una serie de innovaciones tecnológicas que proporcionaron un renovado impulso a la revolución industrial, hacia mediados de esta centuria la industria bélica se convirtió en el motor de la investigación científica y condujo progresivamente a las grandes corporaciones que se asociaron en el proceso a una nueva ecuación de poder en el mundo: la denominada revolución científico-técnica. Sobre finales de siglo, el sector de las telecomunicaciones asociado a la informática emerge como un factor decisivo en este nuevo ordenamiento, determinando la aparición de una nueva fuerza productiva: la información. Intentaremos pasar revista rápidame nte a cómo se produjo este proceso, para luego analizar de qué manera ha impactado, tanto en las relaciones económicas globales como en la vida cotidiana y especialmente sus consecuencias en la realidad nacional así como en la situación de los trabajadores. DEL COMPLEJO MILITAR- INDUSTRIAL AL MUNDO GLOBALIZADO AÑOS 60 El mundo bipolar consagrado luego de la Segunda Guerra Mundial nunca fue concebido como un ámbito de coexistencia ni mucho menos de cooperación, y así como Estados Unidos pretendió emerger de la contienda con la imagen del paradigma atómico como emblema de poder, así los años posteriores mostraron una creciente articulación entre la ciencia y la industria militar, en la carrera que desataron los países capitalistas y la URSS, que tuvo en la conquista del espacio su primer punto de referencia. Hacia 1959 en los Estados Unidos, “el 20 % de la mano de obra –no agrícola– trabajaba directa o indirectamente para los principales contratistas de Defensa: la cifra ascendía al 22 % en el estado de Washington, al 17 % en Arizona y al 16 % en Maryland” (Reich, 1991). En 1963, “la investigación para la defensa, el espacio y la energía absorbían a aproximadamente los dos tercios de los científicos que trabajaban en las fronteras científica y tecnológica de la nación”, según el Council of Economic Advisers (Brzezinski, 1970). Los gastos en investigación y desarrollo ascienden en 1968 a unos 24.000 millones de dólares en los Estados Unidos (dos tercios de ellos financiados por el gobierno federal), contra unos 6.000 millones que destina Europa occidental. Por aquel entonces, la URSS equipara la inversión norteamericana, aunque su conexión con el mundo productivo es mucho más débil que la establecida por EE.UU. a partir de los contratos con las corporaciones privadas. Poco antes del fin de la década, el arribo de la Apolo XI a la Luna se convierte en un anticipo de la “aldea global” en blanco y negro, merced a su transmisión en directo por la red de satélites, que ya pululan en el espacio, hacia todo el plane ta. Por ese entonces, el futuro asesor en Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brezezinski, habla del inicio de la “era tecnotrónica” y menciona por primera vez la perspectiva de una “red de información mundial”. “Las naciones industriales más avanzadas –sostiene– están empezando a ser posindustriales y en algunos sentidos están ingresando en la era posnacional. La proyectada red de información mundial, para la que Japón, Europa occidental y Estados Unidos están muy maduros (...) podría crear la base para una división más racional del trabajo en materia de investigación y desarrollo” (Between twoo ages, 1970).

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También pronostica que “el Tercer Mundo es víctima de la revolución tecnotrónica” y que “en un mundo electrónicamente intercomunicado, el subdesarrollo absoluto o relativo será intolerable, en especial cuando los países más avanzados empiecen a superar la era industrial”. AÑOS 70 Pero si el cambio tecnológico ya se perfila con claridad hacia comienzos de la década del 70, será la crisis del petróleo la que forzará el definitivo reacomodo de la estructura productiva. Hasta ahora ha dominado el sector siderúrgico –cuyo principal insumo energético es el petróleo– siendo la industria metalmecánica el factor principal del desarrollo capitalista. La crisis de 1973 acelera la transferencia de la tecnología electrónica desarrollada en el campo militar hacia el sector productivo y se instala definitivamente el paradigma de la civilización electrónica. Del complejo militar/espacial/energético hacia las corporaciones y de éstas –que en muchos casos participaban del diseño de la Trilateral (EE.UU., Europa y Japón) como primer ensayo de la economía global– hacia diversas articulaciones productivas en todo el mundo; así circuló la información tecnológica clave para el cambio. Serán Japón y luego otras economías asiáticas los primeros emergentes de este proceso de modernización productiva donde empieza a florecer la informática como un dato significativo del proceso industrial. La expansión japonesa llegará en pocos años a producir fuertes desequilibrios en la balanza comercial norteamericana. En esta década de reconversión productiva, donde cada vez más los países de la periferia son víctimas del deterioro de los términos del intercambio (cada vez venden más barato y compran más caro), la liquidez financiera derivada del auge de los petrodólares empezará a suministrar un ‘salvavidas de plomo’ a los países del Tercer Mundo: la deuda externa. Esta “globalización” del capital servirá para sostener dictaduras y consolidar el establecimiento de los grupos económicos locales, generando un perverso mecanismo de control sobre las economías periféricas. Forzadas a la apertura, recibirán la invasión sistemática de la primera ola productiva derivada de la revolución electrónica. Junto con ello comenzará la liquidación de las industrias nacionales y la terciarización de la economía. AÑOS 80 El desarrollo tecnológico va perfilando un nuevo patrón productivo y social. Mientras que en las décadas anteriores, la expansión del cap italismo en los países centrales se sostuvo en parte sobre la ampliación de la base social que podía acceder al consumo de los bienes producidos en ese momento (industria metalmecánica liviana), en los años 80 aparece la posibilidad tecnológica de aumentar la productividad (tasa de ganancia) vía reducción de la mano de obra por medio de la creciente automatización en las líneas de producción. Y por otro lado, la dinámica de consumo es reorientada hacia bienes con alto componente de tecnología electrónica, que va imponiendo un ritmo artificial de obsolescencia, en términos de lanzamientos constantes de nuevos modelos. La planificada diversificación de la oferta maneja los mercados y controla la demanda. Como lo apuntaba Alvin Toffler, el nuevo orden requiere de un consumidor individualizado: así como la sociedad industrial creó la sociedad de masas, la etapa posindustrial empezó a fragmentarla, dando lugar a múltiples productos sectorizados para múltiples demandas. La crisis de las industrias y de la agricultura se contrapone al auge de los servicios como motor de la economía. La agenda del GATT durante la década se centrará en la informática, las finanzas, la ingeniería, la alta tecnología, las telecomunicaciones y la propiedad intelectual, como patrones del nuevo orden internacional.

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Pero los progresos de la industria electrónica y la agresividad comercial de Japón –que en 1984 se convierte en el principal acreedor del mundo– crearon un serio problema a la economía norteamericana, cuya balanza comercial con lo s países asiáticos pasa a ser rápidamente deficitaria. La revolución conservadora que pone en marcha Ronald Reagan apunta a frenar la “decadencia” norteamericana y, para ello, se apelará nuevamente al complejo militar-industrial como motor de la reconversión. El núcleo ideológico que sostiene a Reagan ya había proclamado al comenzar la década que “la distensión es la muerte” (proclama del Comité de Santa Fe, 1980). El 23 de marzo de 1983 Reagan anuncia la Guerra de las Galaxias con el fin de impulsar una nueva revolución tecnológica y restablecer la hegemonía de los EE.UU. en el mundo. La denominada Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE o Guerra de las Galaxias) dispone la inversión de 26.000 millones de dólares en cinco años, destinados básicamente al desarrollo de rayos láser, microelectrónica, fusión nuclear y sistemas de telecomunicaciones. La escalada bélica norteamericana hará trepar el presupuesto bélico de 1987 por encima de los 300.000 millones de dólares. Este fenomenal despilfarro bélico se sostendrá sobre la base de un abultado endeudamiento norteamericano (cerca de 500.000 millones de dólares hacia 1988), pero también será financiado – paradójicamente– por los países latinoamericanos, especialmente mediante el cobro de la deuda externa. En 1984, los EE.UU. “importaron” 100.000 millones, de los cuales el 40 % procedía de América Latina. Hacia 1987 la deuda regional asciende a 380.000 millones. Aunque EE.UU. pretende asociar a Alemania, Japón, Gran Bretaña y Francia en el proyecto de la IDE, Europa responde con una iniciativa propia: el proyecto Eureka. La réplica de la CEE se concentró en proyectos sobre informática y electrónica, robótica, comunicaciones, biotecnología y materiales. La obsesión de la década está concentrada en los supercalculadores (computadoras de quinta generación) y la inteligencia artificial. Una alianza entre las empresas de comunicaciones GTE (EE.UU.) y Thompson–CSF (Francia) obtiene un contrato superior a los 4.000 millones de dólares para equipar al ejército norteamericano de una red de comunicación coordinado por computadoras y denominado Red Integrada de Transmisiones Automáticas. Los satélites de uso militar ya suministran un flujo de información tal que permiten disponer de una visión permanente y completa de los movimientos, el clima y la agricultura en cada continente. Hacia fines de la década se podrá decir que los servicios están en el corazón del nuevo orden productivo mundial y que el control de las redes de información asegurará un dominio sobre las actividades subordinadas, que progresivamente pasan a depender de ellas. El derrumbe de la URSS como modelo alternativo al capitalismo terminará por afirmar el reinado de las corporaciones sobre la “aldea global” y acelerará la privatización de los recursos tecnológicos desarrollados a partir de la carrera militar-espacial. AÑOS 90 A lo largo del proceso, la producción, el control y la distribución de información ha pasado a convertirse en el dato central del nuevo escenario mundial. La revolución científico–tecnoló gica no ha sido neutra ni desinteresada, no se focalizó en la resolución de los problemas básicos de la humanidad, por el contrario: los multiplicó mediante el desempleo, la fragmentación social, el hambre endémica que se extiende en vastas regiones del planeta y, por supuesto, tampoco diseminó el conocimiento para favorecer el progreso de las naciones. Lo privatizó para consagrar un nuevo ordenamiento de poder, sustentado ahora sobre el control de la información y los derechos de propiedad intelectual.

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Y también recicló la deuda externa hacia el interior de los países periféricos de manera de convertirla en una herramienta para la captación de recursos estratégicos, mediante la alianza entre los grupos económicos locales y las principales corporaciones, a través del proceso de privatizaciones. Es en este escenario en que la convergencia de las industrias de la comunicación (telefonía, transmisión de datos, satélites, Internet, y medios de producción y distribución audiovisual) han dado lugar al nacimiento de la rama productiva más dinámica de fines de siglo, cuyos negocios mueven actualmente nada menos que 1,5 millón de millones (sí, 1.500.000. millones, o 1.500.000.000.000 de dólares por año), con una fuerte concentración en un puñado de empresas del hemisferio norte, merced a la desregulación y las fusiones. Durante la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Comunicaciones, realizada en 1994 en Buenos Aires, el vicepresidente norteamericano Al Gore, formalizó la propuesta de creación de la Infraestructura de Información Global, donde los últimos adelantos en materia de fibras ópticas, tecnología digi- tal y microelectrónica se plasmarán en la denominada “autopista de la información”, convertida en un emblema del año 2000. (Es en este escenario desigual y desproporcionado en que los trabajadores debemos asumir una batalla propia por la información y la comunicación como parte insoslayable de una construcción de poder. Recuperar nuestra propia voz y nuestra imagen junto a los sectores populares para disputar el sentido de la realidad.) AÑO 2000. EL PARADIGMA DE INTERNET El exponente más paradigmático de la globalización en términos de comunicación es sin duda Internet. Internet es una red formada por computadoras de todo el mundo conectadas entre sí por enlaces satelitales o fibra óptica, que ofrece básicamente las siguientes posibilidades: por un lado, el acceso a una serie de servicios de comunicación (Correo electrónico, Foros, Teleconferencias, etc.) y a servicios de información organizada en distintas formas (Bases de Datos, Boletines, etc.); por otro, disponer de un sitio propio para alojar información y ponerla a disposición de la red (WEB). DESARROLLO Internet nació en 1969, en la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzados de EE.UU. (Defense Advanced Research Projects Agency. DARPA). La base del proyecto era la necesidad de intercambio informativo entre investigadores y científicos militares, ubicados en sitios apartados. La red, que en principio debía soportar hasta un ataque nuclear sin perder la conexión, constaba de 4 computadoras conectadas y se la denominó DARPANET. En 1972 ya se habían conectado 37 computadoras (nodos) a la red, que pasó a denominarse ARPANET. Hacia 1984, la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. (Natio nal Science Foundation o NSF), que contaba con grandes supercomputadoras distribuidas en cinco centros regionales decide compartir su potencia con la comunidad académica vinculada a proyectos de Estado. Inicialmente se iba a usar ARPANET pero a esta altura ya estaba bastante saturada, por lo tanto deciden crear la NSFNET. Ya para 1987 empieza a resultar ineficiente y se redimensiona totalmente, permitiendo un acceso más rápido. A partir de aquí se abre a la utilización por parte de investigadores universitarios, agencias gubernamentales e incluso a organizaciones internacionales dedicadas a la investigación, con la única condición de pertenecer a países aliados de EE.UU. Es en los 90, previa caída del muro, cuando la red, o Internet como se la conoce actualmente, se abrió para todo aquel que se pudiera

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conectar. Pero el gran auge se da a partir de 1995, con la aparición de la WEB, esta opción es la que se está difundiendo en forma vertiginosa, pues además de ser utilizada institucionalmente, permite su aprovechamiento comercial. ALGUNOS DATOS DE INTERNET EN EL MUNDO Números: 172 países, 56 millones de usuarios, 23 millones de páginas WEB alojadas en 7 millones de nodos, Indice de crecimiento 100 % anual. Volumen de negocios: en 1994 u$s 200 millones, en 1995 u$s 1.500 millones, que involucran a las empresas que desarrollan el software para acceder a la red y las que ofrecen el servicio de conexión y mantenimiento. Publicidad: 270 empresas gastaron u$s 12,4 millones durante el ultimo trimestre de 1995 colocando anuncios en 175 sitios Web. El consumidor virtual: A principios de 1996, Commerce Net, que es una entidad dedicada a promover el comercio en Internet, daba los siguientes datos acerca del perfil de los internautas : el 65 % son hombres, el 53 % no supera los 35 años y el 51 % ocupa cargos gerenciales. Según el mismo estudio, el 66 % de las conexiones se realiza desde el trabajo y el restante 44 % desde el hogar y la escuela. Un estudio del Rochester Institute of Technology realizado a mediados de 1995 dice que de 378 compradores de productos vía Internet, el 79 % fueron hombres, la edad promedio de 32 años y un alto nivel educativo (67 % universitarios). Otro estudio realizado por la firma SRI internacional reveló que el promedio de renta anual de los usuarios ronda los u$s 40 mil; el 28 % más pobre gana u$s 20 mil y el 25 % más rico u$s 80 mil. Otros datos: sólo el 3 % de los habitantes del planeta tienen contacto habitual con computadoras, y sólo el 1 % accede a Internet. En los hogares conectados a Internet en EE.UU. se ve un 25 % menos de TV. Durante 1995 se vendieron por primera vez en EE.UU. más computadoras que aparatos de TV. Sólo el 20 % del total de habitantes del planeta tienen teléfono.

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LAS REDES DE LA COMUNICACION GLOBALI ZADA En principio diremos que en el proceso de globalización aparece una cierta diferenciación entre la modalidad de elaboración, circulación y acumulación del mensaje/información que se da entre el área productiva intraempresaria e interempresaria, y que se despliega en el desarrollo de la esfera masiva/pública, configurand o distintos matices en el proceso de apropiación e implementación de la tecnología, y en el uso instrumental/político de estos ordenamientos. REDES PRIVADAS En los últimos años, el flujo de información experimentó un proceso creciente de circulación por redes privadas, estrechamente vinculado con la aplicación de una serie de innovaciones tecnológicas al proceso de expansión capitalista. Si bien no se trata de un fenómeno nuevo –el telégrafo, por ejemplo, se inventó en 1844 y hacia 1847 ya era masivamente usado para fines comerciales– la existencia de grandes corporaciones desplegadas en todo el planeta, le asigna a este proceso una capacidad de intervención que nunca antes había tenido. En efecto, las grandes compañías han mutado: hoy son una red de unidades descentralizadas. “Son cada vez más una fachada, detrás de la cual se mueve una multitud de unidades y subunidades descentralizadas que se alían permanentemente con otros grupos similarmente descentralizados en todo el mundo. (...) Las firmas que sobreviven y tienen éxito pasan de la producción de altos volúmenes a los bienes de alto valor.” (Reich, 1991). En esta especialización productiva –el pasaje de alto volumen al alto valor– se produjo la mutación organizativa de la gran compañía en una red extendida de unidades descentralizadas. En esta nueva modalidad de organización de la producción –caracterizada por la dispersión geográfica de sus unidades– intervino decididamente la expansión complementaria de las telecomunicaciones. En síntesis: este proceso de circulación e implantación planetaria de los factores de producción ha sido posible gracias a la apropiación por parte de las corporaciones que se descentralizaron, de múltiples innovaciones originadas en el campo de las telecomunicaciones. Algunas de las tecnologías que median entre las diversas unidades de producción de una corporación descentralizada son los sistemas cerrados de telecomunicaciones, los servicios informativos personalizados, redes de computadoras, fax, videoconferencias, etc. Gracias a estas aplicaciones, la toma de decisiones y la circulación de la mayor parte de los insumos dentro de las corporaciones fragmentadas en el mundo se hace posible en tiempo real. “El nexo entre los distintos puntos estratégicos de la red mundial son las computadoras, los aparatos de fax, los satélites, los monitores de alta resolución y los módems, todos los cuales relacionan a los diseñadores, ingenieros, contratistas, concesionarios y vendedores de todo el mundo”, dice Reich, en 1991. Ésta es la primera dimensión comunicacional de la globalización: la dimensión interna de las corporaciones, la que ha posibilitado el proceso de descentralización e implantación planetaria. Por estas redes internas de comunicación circulan flujos de conocimientos e información privatizados. Es el proceso de producción misma el que se ha planetarizado. Los intermediarios estratégicos son quienes manejan el flujo de las redes; deciden de dónde toman la invención, dónde producen, quién agrega el marketing, el diseño, etc. Son como capataces globales de una cadena de producción mundial y descentralizada. Este conjunto de vías privadas e internas de las corporaciones permite la constitución de crecientes flujos de información, y es ese poder real –que determina lo público y lo privado– el que lleva a Noam Chomsky a describir el

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“gobierno de las corporaciones” como factor decisivo en el manejo de las cuestiones nacionales e internacionales. Así como las noticias son un insumo público, al alcance de todos las 24 horas, lo que se privatiza son “los paquetes exclusivos de información adaptados a las necesidades de los suscriptores” –información interna, personalizada, dirigida, etcétera. De acuerdo con un estudio de la “General Accounting Office”, 496 firmas internacionales “financiaron investigaciones académicas en 1988, mediante las cuales obtuvieron una visión anticipada de los descubrimientos inéditos y la posibilidad de adquirir las patentes de las universidades. Tan solo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se reúnen 130 compañías extranjeras con 161 empresas nacionales para invertir más de 4 millones de dólares anuales destinados a la investigación” (Reich, ídem). La fortaleza na cional ya no depende tanto de la posesión de capital sino de conocimientos. En esta perspectiva, el factor de producción más relevante ya no es el capital, sino el saber. “Los intermediarios estratégicos ... enviarán los descubrimientos hacia cualquier parte del mundo donde se pueda producir mejor y más barato. La información se está convirtiendo rápidamente en parte de las redes mundiales”. Dantas sostiene al respecto que “la revolución científico-técnica o ‘revolución de la información’ es el proceso histórico por el cual la ciencia y la tecnología se vuelven fuerzas productivas directas...”, en términos concretos: recuperar, almacenar, procesar y distribuir información pasa a ser una actividad primaria en el ciclo de producción y reproducción del capital. La realización de la mercadería depende menos del capital adelantado en forma de salarios, materiales e instalaciones, y más del capital aplicado en las actividades de investigación del mercado, desarrollo tecnológico, diseño del producto, estudio de procesos, gerencia, etcétera. Los lugares en que se ubicó a la información, en diferentes etapas históricas y sociedades, es variable. Desde la acepción habermasiana de esfera pública, en la que la información circulaba libremente y era accesible a todos; hasta el Estado planificador que desarrolló dispositivos de almacenamiento y sistematización de la misma, a fin de perfeccionar sus estrategias de intervención. En los procesos de producción se puede diferenciar entre las etapas prefordistas en las que la información y saberes específicos estaban en manos de los productores directos, y la etapa fordista que expropió esos saberes a los trabajadores, fragmentando tareas y funciones y alejándolos del conocimiento global del proceso productivo. En un plano global, la etapa actual se caracteriza por la apropiación por parte de las grandes corporaciones empresarias de las fuentes de información técnica y especializada, y el control de los medios de procesamiento y distribución de la información. Pero además, el proceso ha impactado en forma directa sobre los medios masivos de comunicación y la producción de “cultura” convertida en mercancía. Nicholas Garnham recuerda que la concentración de capitales en sectores clave de la producción industrial y la consecue nte caída del margen de beneficio impulsó al capital a buscar otras áreas de inversión y este proceso llevó a la invasión del sector cultural de los massmedia. De esta manera, la producción de cultura e información pasó a ser “regulada estable y progresiv amente por la lógica de producción de mercancías”. Así como en la producción de altos volúmenes se competía fundamentalmente a través de la reducción de costos, en la producción de alto valor se compite a partir de la invención continua de nuevos valores de uso. Para Jameson, “está claro que estas tecnologías son al mismo tiempo productoras de nuevos tipos de productos e instrumentos para abrir nuevos espacios mundiales, para “rediseñar” el globo y reorganizar el capitalismo a una nueva escala. En este sentido las

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descripciones del capitalismo avanzado en términos de información o de cibernética son apropiados”. El aumento de la velocidad, extensión y costo de la innovación sobre los valores de uso requiere a la vez, el fortalecimiento y la protección de los insumos que circulan en el interior de estos canales privados de información. Éste es el objetivo de la ley de confidencialidad que EE.UU. reclama al Congreso argentino. Sin embargo, en su acuerdo regional de comercio (NAFTA), Estados Unidos firmó algo distinto de lo que ahora reclama a nuestro país. “El artículo 171 del NAFTA dice que pasados cinco años, la información de la técnica con la que se descubrió un negocio o producto, deja de ser secreta. Es innecesario volver a fojas cero por dos razones: la información trasciende o quien generó la información ya recuperó la inversión en ese tiempo” (Clarín). La ley de confidencialidad que demandan las empresas extranjeras impone el secreto indefinido de sus recetas de investigación, desarrollo y fabricació n. El efecto secundario de esta tendencia es el “vaciamiento” de información técnica y especializada en el mundo periférico y en la sociedad civil. El máximo nivel de monopolización de la producción, circulación y uso de estos saberes por parte de las corporaciones nos conduce a la imagen invertida del Estado preexistente: una esfera pública vaciada, expropiada y condenada a consumir otros insumos comunicacionales. Una parte complementaria de este proceso de vaciamiento y privatización es la irrupción de un aparato universitario privado, así como el intento de desarticular objetivos y estrategias del aparato público y el desfinanciamiento de los centros tecnológicos y de investigación pública. Las organizaciones de la sociedad civil, las empresas locales, los organismos de gestión estatal pierden buena parte de las chances de acceder a los saberes técnicos y especializados con los que es necesario dotar todo proyecto de poder. Por eso es necesario defender el carácter público de informaciones y saberes estratégicos (que como vimos, se financió inicialmente con recursos públicos) para el proceso de producción y de gestión estatal, e instalar el debate sobre la defensa y articulación de los centros universitarios públicos, centros de investigación y de gene ración tecnológica (Conea, Conicet, Inti, Inta, etc.) con el conjunto de actores de la sociedad civil. REDES PÚBLICAS Varios autores hacen referencia a que la globalización económica es paralela a procesos de fragmentación social y cultural. El despliegue planetario del capital y sus nuevas estrategias es paralelo también al aumento de las mediatizaciones en la sociedad civil; es decir, los dispositivos que se interponen entre las personas, las separan y las aíslan unas de otras. De éstos, la televis ión es el de mayor significación. “La TV... es uno de los grandes instrumentos de la soledad, la manipulación, el silencio y la fragmentación de las visiones. El uso capitalista de la electrónica y la TV desarticula el debate, la plaza, la razón, las posibilidades de la autonomía social en la interpretación del mundo”, dice A. Gilly, en 1994. Y agrega que “destruye los antiguos lazos, costumbres y solidaridades voluntarias, sin que sean reemplazadas por otras nuevas sino por la soledad individual...”. Este proceso de fragmentación social, que genera la ofensiva planetaria del capital transnacional, es una nueva forma de desorganización del lazo social. La izquierda, así, ha perdido el monopolio de la función desorganizadora. La TV, en parte, opera como par complementario del debilitamiento de los espacios públicos y comunitarios, y de la desorganización del lazo social: sirve de soporte a la dispersión en los ámbitos privados, en esta contraética de la soledad. Cuando Rousseau imaginó la democracia directa, perseguía la utopía de una política elaborada con el menor nivel de mediaciones entre los ciudadanos. Todos ellos, reunidos en las

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plazas públicas, elaboraban las políticas que luego un brazo ejecutivo débil y subordinado a esa voluntad soberana, llevaba a la práctica. Lejos de Rousseau, en la sociedad mediatizada actual, un político para dirigirse al resto de la población, necesita previamente recalar en la TV, que, entonces, media en esa relación. Este dispositivo de mediación no es un espacio neutro, es decir, un lugar de pasaje puro, donde los discursos ingresan, circulan, y egresan sin modificaciones. Por el contrario, este aparato de mediación participa decididamente en la construcción del discurso e incluso en la construcción de la identidad de los dirigentes emisores. Es de lo que se habla cuando se dice que los medios “construyen la realidad”. Como sistema de mediación generalizado entre las personas, no sólo dispone de prácticas de exclusión, sino de estrategias de redefinición y producción de la id entidad de los emisores que no excluye. Es este aparato múltiple de mediación entre los individuos el que se ha colocado en el centro del interés del capitalismo mundial, hasta constituirse junto a las telecomunicaciones, en el sector más dinámico. Como tal, no es una rama de producción más: es lo que más se acerca al punto en que confluye maximización de la ganancia y herramienta para desestructurar toda autonomía política, sobre todo de los sectores sociales subordinados. Lo que aparece comprometido es, en última instancia, la posibilidad de generalizar políticas autónomas, en tanto este dispositivo de mediaciones múltiples controla el grado de diferenciación de cualquier política respecto de núcleos no negociables por el establishment. Ese grado de diferenciación puede ampliarse o reducirse, puede tener amplitudes diversas según los medios y coyunturas, según lo que suceda en la sociedad y la política y es esencial para mantener el relato “democrático”. Partiendo de que los medios tienen poder para construir la noticia y la identidad de los emisores, las tareas de un sujeto social no terminan en la introducción de su mensaje en el medio, sino que deben existir estrategias para negociar la construcción de los textos (Grimson, 1995). Los medios, en general, pierden autonomía para construir discursos e identidades si se encuentran con sujetos movilizados, dotados de sus propios relatos y estrategias para negociar la construcción de las informaciones que los involucran. El centro del problema reside en crear dispositivos que permitan regular el tratamiento de la información, es decir, permitir la injerencia del actor objeto de la información en la formación de los textos que los contienen, constituirse en emisores no prescindibles y con cierta capacidad de controlar la edición de sus mensajes. Existen experiencias latinoamericanas –aunque limitadas a temas estratégicos– en las que se crearon consejos de la comunicación social con funciones de edición informativa: por ejemplo, en los países del área andina a fin de comunicar el proceso de integración de los países de la región. En ellos participan miembros de los organismos representativos de los profesionales del periodismo y un conjunto de entidades de la sociedad civil. Es decir: se abrió una instancia de máximo nivel técnico, con funciones y estructura, pero, además con autonomía. Ese conjunto de estados latinoamericanos distribuye socialmente sus funciones de comunicación y por lo tanto cuotas de poder en beneficio de la sociedad civil. También puede recordarse uno de los debates abiertos por el NOMIC : junto a la discusión para devolver a la periferia su soberanía en cuanto a la regulación de los flujos comunicacionales y culturales, se comenzó a plantear que el nuevo orden debía incluir además la democratizac ión interna de los medios, que proveyera al gran público acceso al control de los mismos. En la actualidad, “la política, más que el ámbito por la confrontación del poder, empieza a ser el de la negociación y construcción colectiva de un orden” (Barbero, 1995).

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Lo que sucede es que en esta escena de negociación los sujetos que negocian portan poderes tan disímiles, que esa asimetría disuelve la escena de negociación y la muestra como de simple imposición. Abrir un espacio de negociación con los medios, en la búsqueda irrenunciable de una democracia mediática, requiere del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. El poder sólo dialoga con otros poderes. Otra cuestión parte de algunas aseveraciones teóricas que ven en la TV una doble condición: un producto, pero también, “un modo de organización global de la cultura” (M. C. Matas, 1993). El término “cultura mediática” refiere a ese desborde de las “formas televisivas” al conjunto de las prácticas culturales y sociales. Por ejemplo, las relac iones entre elementos dentro de un videoclip son tan fugaces como las relaciones entre personas en la sociedad. Desde esta perspectiva, todas las relaciones sociales estarían siendo impregnadas por la forma en que se organiza lo interno a la TV. INTERNET : ¿R ED PÚBLICA O PRIVADA ? Si bien en su primera etapa la red estuvo fuertemente vinculada a la estrategia de defensa de EE.UU., la difusión que experimenta a principios de los años 90 la conforman como un espacio comunicacional de acceso casi interacadémico, cuya característica fundamental está dada por la libre circulación de la información. Es a principios de 1995 y a partir de la tecnología que posibilita la WEB, cuando se instala la viabilidad de un uso comercial de la red, y a partir de aquí se empiezan a visualizar operatorias que tienden a establecer distintos tipos de control sobre la información circulante. Así el 8 de febrero de 1996 Clinton convirtió en ley el Acta de Decencia de Comunicaciones (CDA, ley 104–104), esta ley inhibe de transmitir, bajo cualquier tipo de cadena electrónica, toda clase de sugerencia, propuesta, imagen o comentario indecentes o manifiestamente ofensivos; la ley pretende proteger a los receptores menores de 18 años, y como las páginas Web son totalmente públicas, el flujo circulante por Internet queda sujeto a esta ley. Ahora bien, su eficacia requiere el uso de medios técnicos para discriminar al receptor, sugiriendo el gobierno el uso de tarjetas personales o claves de acceso; y obviamente, haría falta implementar un eficiente mecanismo de control para viabilizar las restricciones. Lo curioso de esta ley es que forma parte del Acta de Telecomunicaciones recientemente sancionada y cuyo contenido pretende asegurar el derecho a la información global. Ha sido resistida judicialmente, pero todo indica que éste es el comienzo de la regulación. Otro proyecto, ya explícitamente relacionado con el tema comercial y la seguridad, es el denominado SET (Secure Electronic Transactions), que consiste en definir una única norma para las transacciones con tarjeta de crédito en Internet y cuyo alcance parecía imposible, hasta que MasterCard y Visa, que juntas manejan unos 700 millones de clientes en el mundo, presionadas por el sector financiero, decidieron emprender este proyecto a fines de febrero de 1996. Este acuerdo atrajo de inmediato a los principales jugadores de este nuevo campo de transacciones confiables incluyendo a GTE, IBM, Microsoft, Netscape, SAIC, Terisa Systems y VeriSign, todas empresas vinculadas a la generación de software y hardware que permitirá su implementación. Debido al tamaño de estas compañías y a su capacidad para atraer a los principales bancos a este campo, muchos observadores consideran que SET es el catalizador que hará surgir el comercio masivo en Internet. Si bien en esta etapa, el proyecto no apunta a controlar todo el flujo de la red, de hecho se desarrollará tecnología de control de información, que eventualmente estará disponible para hacer cumplir la CDA.

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Otro de los interrogantes que aparecen es si esta expansión tan acelerada podrá ser absorbida por la tecnología sosteniendo el ritmo de demanda. Algunos especialistas prevén un virtual colapso por saturación de tráfico. No obstante, algunos anuncios parecen desmentir categóricamente esta posibilidad, por ejemplo, Philips y Sony están trabajando para adaptar el tradicional aparato de televisión a la Internet de manera tal de usar la red con la misma facilidad que hoy se recorren los más de 50 canales del cable. El objetivo es incorporar un aparato llamado set-top box al clásico televisor, y que éste conecte directamente el televisor con la línea de teléfono. Esto hará que sin necesidad de tener conocimientos de computación, y tan sólo usando el control remoto se pueda acceder a Internet. El sistema fue puesto a prueba a partir de octubre de 1995 en la ciudad de San Francisco, California. También la red está generando escenarios de confrontación entre actores comunicacionales, vinculados íntimamente a la imposibilidad del control del flujo de la información. Como la red permite transmitir textos e imágenes, pero además sonido, existe un desafío planteado: la paulatina migración de la telefonía internacional a Internet.

ARGENTINA DE LA TUTELA MILITAR A LOS MULTIMEDIOS EN DEMOCRACIA La recuperación de la vida institucional a partir de 1983, cuando aún el Estado detentaba un poder casi monopólico tanto en materia de radiodifusión como de telecomunicaciones, constituyó una ocasión desperdiciada para definir un modelo democrático y federal de comunicación que aprovechara los avances tecnológicos apuntando al desarrollo social y regional, contemplando los requerimientos de todos los sectores: el público, las provincias, los empresarios del sector, los trabajadores, los inversores, etcétera. En ese momento los cuatro canales de TV de Capital Federal (7, 9, 11 y 13), más de 80 emisoras de radio en AM y FM, el 25 % de Papel Prensa (emprendimiento estratégico para el sector gráfico) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) eran patrimonio público y ese poder estatal podía emplearse para diseñar un marco jurídico democrático de las comunicaciones. Sin embargo, trece años después, las leyes –y tomamos la legislación como punto de referencia, en la medida en que ésta refleja las relaciones de poder– que regulan el sector no sólo son las mismas que se originaron en tiempos de las dictaduras militares, sino que se han convertido en letra muerta. Porque en este período se operaron las transformaciones más significativas en toda la historia de las comunicaciones en el país y ello se concretó al margen de cualquier marco jurídico actualizado. La ley de telecomunicaciones proviene de la dictadura anterior al “Proceso”: fue sancionada en 1972, en tiempos de Lanusse. La de radiodifusión, en cambio, fue dictada en 1980. Esto no significa, como dijimos, que el status quo del sector siga siendo el mismo, sino que todos los cambios omitieron el debate político e institucional y se consumaron (aceleradamente a partir de 1989) como negocios puntuales –la privatización de canales de televisión y emisoras de radio – o al amparo de la Ley de Reforma del Estado –como el caso de Entel–, o mediante reformas puntuales a la Ley 22.285 (de Radiodifusión) surgidas de la presión empresarial. Lo que no existió fue un marco político y legislativo que ubicara esas transformaciones en el marco de los derechos sociales a la información, a la opinión y a la comunicación, y dentro de un modelo nacional para el sector. En otras palabras, así como durante la dictadura militar se favoreció desde el Estado –y a expensas de éste– la constitución de grupos económicos concentrados que resultaron después los beneficiarios principales del proceso de privatizaciones, de la misma manera a partir de 1989 se

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posibilitó por un lado la conformación legal de los multimedios (mediante la derogación del inciso e) del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que impedía a los propietarios de diarios el acceso a frecuencias de radio o televisión), y por otro la concreción de los mismos mediante la privatización de medios en poder del Estado. En forma simultánea, la privatización de Entel y la división del país en dos zonas adjudicadas a Telefónica (España), Citicorp, Banco Río y Techint en el Sur, y a Stet (Italia), Telecom (Francia) J.P. Morgan y Pérez Companc en el Norte– así como las licitaciones de telefonía celular abrieron las puertas a la internacionalización del sector y generaron nuevos actores de peso económico en el campo de las comunicaciones, destinados a confrontar o a fusionarse en el mediano plazo merced a la convergencia tecnológica y a la desregulación. Una rápida síntesis histórica debería mencionar el rol del estado en la gestación de Papel Prensa, que arrancó en 1971 bajo la dictadura de Lanusse y que para 1976, en tiempos de Videla, tenía a David Graiver como principal accionista. Tras la confusa muerte del empresario, el paquete de acciones fue adquirido por La Nación, Clarín, La Razón y La Prensa, en tanto que el Estado conservó un 25 %. Desde el comienzo de su producción, en 1978, Papel Prensa funciona con energía subsidiada y un 65 % de su producción abastece a Clarín. Poco antes de abandonar el poder, en noviembre de 1983, la dictadura vendió a precio vil sus acciones, operación que el gobierno de Alfonsín anuló al asumir el gobierno. En la actualidad, y tras la quiebra de La Razón, el grupo Clarín controla el 36,5 % de Papel Prensa, en tanto que el Estado aún conserva su porcentaje. A partir de 1982 comenzó a operar la agencia DyN, creada a instancias de Clarín –propietario del 23 % de las acciones–, destinada a abastecer de información a los medios capitalinos y de todo el país. Durante toda su gestión, el gobierno de Alfonsín mantuvo una ríspida relación con el grupo editorial presidido por la señora de Noble. En cambio fue durante ese período que se consolidó la posición del grupo Eurnekián –dueño de El Cronista Comercial–, que desplegó agresivamente su red de cable –violando disposiciones municipales en la Capital Federal– a partir de Cablevisión, pasó a manejar Radio América (AM y FM), y finalmente la licencia de Canal 2 (al cabo de una confusa privatización). Por otra parte, desde 1986 Clarín había comprado Radio Mitre pero no podía ejercer la titularidad de la licencia en virtud del artículo 45 de la ley de Radiodifusión, que Alfonsín se negó sistemáticamente a derogar. El próximo paso significativo para el sector se ubicará hacia fines de 1989, cuando el gobierno de Menem anula el mencionado inciso de la Ley de Radiodifusión e inicia el proceso de privatizaciones, permitiendo a Clarín el acceso a Radio Mitre y luego a Canal 13, en tanto que el grupo Atlántida accedió a Radio Continental y a Canal 11. Con anterioridad, el gobierno de Alfonsín había negociado con el grupo Romay el retorno de Canal 9 a manos privadas. En cuanto al sector telefónico, el proceso iniciado en 1990 con la venta de Entel y la constitución de las empresas conjuntas formadas por Telefónica y Telecom para comunicaciones internacionales (Telintar) y comunicación satelital (Startel), proceso en el que se negoció una importante suba de tarifas y una rentabilidad asegurada del 16 % para las licenciatarias de telefonía, se continuó luego con la distribución de las bandas para comunicación celular. En orden de aparición se instalaron Movicom (del grupo Macri) en Capital Federal y GBA, CTI (Clarín, AT&T,GTE) en las dos zonas en que se dividió el interior, Miniphone (Telefónica y Telecom) para competir en Capital y GBA, CCPI (Telecom) para competir en la zona norte del interior, y Unifon (Telefónica) para competir en la zona sur del interior. En síntesis, el corte de la torta en el área de las comunicaciones ha reproducido el modelo que prefiguró la dictadura militar, incluyendo a varios de sus actores económicos que reaparecen ahora como socios del famoso ‘cuarto poder’ en la era democrática. La integración de estos actores como grupos concentrados se operó básicamente a partir de la etapa democrática y se articuló básicamente a partir de las privatizaciones.

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Esta apretada síntesis inicial apunta a subrayar el comp romiso económico y po- lítico que vincula a los grupos principales de la industria comunicacional del país con el modelo que los engendró y a los lazos entre la sectores de la clase política que los han servido desde la función pública, para entender los condicionamientos de un debate que ahora aflora a la superficie en torno de los proyectos de ley de telecomunicación y radiodifusión, no tanto por una demanda del Parlamento como por la inminencia de una nueva puja distributiva en el sector. TELEFÓNICAS VERSUS MULTIMEDIOS ¿Por qué en la Argentina se pudo reformar la Constitución Nacional y en cambio, en 13 años, no se pudo aprobar una ley de radiodifusión o de telecomunicaciones? Simplemente porque esto último toca el poder real mucho más que lo primero –al menos con los alcances que tuvo la convocatoria constituyente de 1994–, y porque los grandes grupos del sector no han acordado aún cómo repartir el negocio. Esto revela varias cosas: primero, la debilidad del poder político y su falta de proyecto de país; segundo, la puja entre los grupos internacionales –aún en proceso de concentración y posicionamiento– por la distribución del mercado mundial; tercero, la resolución de alianzas o de conflictos entre los grupos extranjeros y los locales y cuarto, la distribución entre los propios grupos locales. El conflicto local tomó estado público a partir de la guerra de solicitadas que las empresas telefónicas y las cámaras que agrupan a los multimedios protagonizan desde 1995. El detonante fue un proyecto de radiodifusión cocinado por sectores del Poder Ejecutivo y legisladores encabezados por el diputado duhaldista Juan Valcarcel (presidente de la comisión de Comunicaciones), que impedía –amparado en los pliegos de Entel– a las telefónicas el acceso a frecuencias de radio y televisión al tiempo que los multimedios se preparaban para participar del negocio telefónico. Telefónica y Telecom salieron al ruedo acusando al proyecto de “arbitrario y discriminatorio contra las licenciatarias del servicio básico” así como de “proteger en forma incomprensible e injustificada los intereses de las compañías de televisión por cable”. La Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) contestaron con otro aviso pago que titularon “País serio sin telefonía ‘bananera’” en el que acusan a las telefónicas de “querer modificar las reglas de juego una vez que comenzó el partido”. Posteriormente otro proyecto, esta vez de telecomunicaciones, presentado por el senador radical Conrado Storani (presidente de la comisión de Comunicaciones del Senado) apuntó a la totalidad del paquete –asumiendo el carácter convergente de los sistemas de telecomunicación y telerradiodifusión– autorizando a las telefónicas a competir en el ámbito de la televisión. ATA, ARPA y ATVC volvieron a las solicitadas denunciando “sospechosos privilegios” a favor de las telefónicas en el proyecto de Storani, al que acusan de “constituirse en una nueva mordaza a la prensa, pretendiendo debilitar el rol fundamental que los medios tienen en la Argentina de hoy, a través del control republicano de los actos de gobierno”. El tema de la desregulación está en el trasfondo del problema, y para abordarlo cabe señalar varias cuestiones preliminares.

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DESREGULACION (O NUEVO REPARTO) Hablamos aquí de desregulación en la medida en que ésta es la palabra empleada en el lenguaje oficial para aludir a los cambios en las reglas de juego, sobre todo entre telefónicas y multimedios. Pero compartimos el concepto de “re-regulación” que emplea el profesor Guillermo Mastrini cuando afirma que “el uso del concepto de desregulación constituye una falacia construida a partir de presentar Estados en retirada, cuando por el contrario dichos Estados se encuentran en la primera línea de batalla, generando un volumen de dispositivos legales, en muchos casos mayor que los previos, destinados a establecer reglas de juego acordes con los intereses de los grupos oligopólicos”. Un primer intento para abordar el debate sobre desregulación en el área de telecomunicaciones debería situar el problema en dos planos: a) el de telefonía básica y servicios de telecomunicación –puesto en marcha con la privatización de Entel, y con legislación ya aprobada–, y b) el de la articulación entre empresas de telefonía y los multimedios (o viceversa) –parcialmente regulado y con una legislación obsoleta– que volvió al tapete en ocasión del debate legislativo sobre la Ley de Radiodifusión. Se trata de dos debates superpuestos pero estrechamente relacionados: el marco telefónico vigente tiene plazos concretos para la desregulación, pero impide el acceso a la transmisión de TV; en tanto que en el sector de los medios de comunicación, los intentos legislativos (superadas las barreras de las 22.285 que impedían la formación de multimedios) intentan habilitar el camino a la televisión por cable para incursionar en telefonía (caso Ley Valcarcel). ESCENARIO La perspectiva de un debate integrado de ambas cuestio nes en el marco de un proyecto de Ley de Telecomunicaciones habilita la rediscusión de todo el paquete y ubicará las regulaciones (o desregulaciones) en el centro del tironeo interempresario. Para situar estos temas habría que repasar sintéticamente el proceso a partir de la privatización de Entel. 1) T ELEFONÍA BÁSICA En el año 1990 se concreta la privatización de Entel mediante la división del país en dos zonas:

Los contratos de transferencia de las partes norte y sur de la ex Entel conceden a Telecom y Telefónica la exclusividad para explotar los servicios de telefonía básica urbana, interurbana e internacional hasta el año 1997, con opción a tres años más previa aprobación de la autoridad regulatoria. El eje de las discusiones previas a la adjudicación estuvo centrado en el marco tarifario que luego de sucesivas negociaciones pasó de 1,6 centavos de dólar en marzo de 1990 a 4,6 centavos en

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octubre (fecha de la transferencia), para situarse en 3,85 durante los primeros meses de la convertibilidad (1991) y rondar los 4,18 centavos a partir de 1994. Los pliegos de licitación garantizan a las licenciatarias –vía tarifas– una rentabilidad no inferior al 16 %. Posteriormente, la discusión se centró en la estructura tarifaria (reacomodamiento de tarifas urbanas, interurbanas e internacionales), tema estrechamente vinculado con la desregulación. Las telefónicas apuntan a retener un mercado cautivo con altas tarifas en el área metropolitana y el Gran Buenos Aires (con una población de 12 millones de habitantes), para sostener los sectores que quedarán más expuestos a la competencia: comunicaciones interurbanas e internacionales. Esto es así porque la instalación de redes urbanas supone un gran esfuerzo técnico y económico (redes de cables con canalizaciones subterráneas, ramales aéreos y centrales de conmutación) que lleva mucho tiempo recuperar, lo que ha determinado que en muchos países donde se ha desregulado la telefonía básica urbana, ésta sigue siendo un ‘monopolio natural’. (la irrupción de la TV por cable generó de hecho un tendido paralelo, que surge como alternativa básica para disputar las redes urbanas). En cambio “entre los servicios que las nuevas tecnologías permiten prestarse en competencia están las comunicaciones interurbanas. Actualmente es técnicamente posible y económicamente viable multiplicar redes terrestres o utilizar las capacidades ociosas de los satélites de comunicaciones” sostiene un informe del Congreso del Trabajo y la Producción (CTP). El grueso de las inversiones de las telefónicas se concentró en los últimos años en la ampliación de la capacidad de transmisión de enlaces interurbanos mediante radioenlaces digitales y fibra óptica. El área de las comunicaciones inter-urbanas, así como de larga distancia, es lo que en principio se proponen disputar las grandes empresas internacionales de telecomunicaciones, especialmente las norteamericanas (AT&T, Sprint, MCI, Bell South, South West, Us West) así como la British Telecom o la Deutsche Telekom a partir de la desregulación (1997/1990). Telefónica y Telecom han constituido en forma conjunta tres empresas para atender las comunicaciones internacionales, la comunicación satelital y la telefonía celular:

COOPERATIVAS: Se estima que por fuera de los contratos de privatización de Entel (que repartieron la “crema” del negocio telefónico) quedaron en actividad unas 180 cooperativas telefónicas en todo el país, que reúnen cerca de un millón de usuarios. Las cooperativas habían sido autorizadas por Entel a brindar el servicio en las regione s consideradas no rentables a cambio de quedarse con el 40% de los ingresos por llamadas salientes. Luego de la privatización ese porcentaje subió a más del 70%, aunque posteriormente se produjeron sucesivas renegociaciones. Un curioso decreto del PEN fechado en octubre de 1996 creó la engañosa suposición de que el gobierno se disponía a reparar una histórica injusticia contra el sector cooperativo, privado de prestar servicios de radiodifusión mediante un artículo de la ley 22.285. Pocos días después, un

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contradecreto firmado de apuro a instancias de los lobbies del sector volvió todo a fojas cero y motivó la presentación de un proyecto de ley del diputado Floreal Gorini que “consagra el derecho de las cooperativas de todas las ramas para brindar todo tipo de prestaciones vinculadas con la comunicación”. 2) T ELEFONÍA MOVIL O CELULAR Junto con la aprobación de los contratos de privatización de Entel se fijaron las condiciones de adjudicación para las bandas de radiocomunicación móvil celular en tres áreas: CAPITAL FEDERAL y GRAN BUENOS AIRES - ZONA NORTE - ZONA SUR. Los decretos 506 y 663 de 1992 establecieron que sobre las dos bandas (A y B) habilitadas en cada zona la segunda banda en Capital y alrededores correspondería a las licenciatarias telefónicas (Telefónica y Telecom) en tanto que la primera banda en cada una de las dos zonas del Interior serían para operadores privados (no telefónicos). Al cabo de dos años, las telefónicas podrían acceder a las bandas restantes en el Interior. En este tema, las telefónicas lograron imponer su posición de que las interconexiones para larga distancia deben pasar obligatoriamente por su red, reteniendo así una parte significativa de la facturación. Como resultado de estas disposiciones, el mapa de las comunicaciones celulares quedó diagramado de la siguiente forma:

Sucesivas adjudicaciones permitieron que Movicom (Macri con Bell South y Motorola) iniciara el negocio de la telefonía celular en Capital y GBA, entrando en competencia con Miniphone a partir de 1992. En 1994, CTI ganó la licitación para las dos zonas en que se dividió el país, colocando por primera vez a un grupo multimedia (Clarín) en el negocio telefónico. En marzo de 1996, las licenciatarias telefónicas ingresaron al negocio en sus respectivas zonas de influencia. Los pliegos de adjudicación de telefonía celular autorizan también a los licenciatarios a ofrecer servicios de concentración de enlaces (trunking) que permiten instalar sistemas de comunicación en zonas rurales o ciudades chicas. Al efecto deberán solicitar la asignación de una frecuencia para cada localidad en la banda de 800 MHz.

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3) SERVICIOS DE VALOR AGREGADO OTROS SERVICIOS El desarrollo tecnológico experimentado en el sector determinó que, además de los grandes negocios en el sector de telefonía (básica o celular), se multiplicara la oferta de servicios de comunicaciones, que abarcan ya una veintena de rubros y donde operan en competencia unas 500 empresas. Los principales servicios que ya disputan este mercado son: Transmisión de Datos, Servicios de Audiotexto, Aviso a Personas, Videoconferencias, Sistemas de Alarmas de Enlaces Múltiples, Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (truncking), Repetidores Comunitarios, Transporte de Señal Digital Vía Satélite, Almacenamiento y Remisión de Fax, Radio Taxi, Transmisión de Datos y/o Voz y/o Telemando por satélite, Mensajería Rural, Servicio de Móvil Marítimo, o servicios integrados on line que combinan satélite, fibra óptica, microondas digitales y cable submarino para la formación de redes de telecomunicación. INTERNET Es uno de los instrumentos emblemáticos de la globalización, con perspectivas insospechadas en cuanto a su explotación económica. La facturación anual de los operadores se calcula en 1.500 millones de dólares en la actua lidad. La expansión de este servicio permite engrosar la facturación tanto de las empresas informáticas que diseñan el software como de las telefónicas, o las empresas satelitales, o de comunicación mediante cables submarinos de fibra óptica (como Unisur, de Telintar) e incluso de nuevos oferentes como VCC (empresa de televisión por cable) que en breve ofrecerá servicios de Internet, televisión interactiva, transmisión de datos de alta velocidad, videoconferencias y otros, entre los que ya incluye la telefonía a pesar de que no existe aún marco legal para hacerlo. Cabe señalar que el acceso a Internet vía cable está siendo auspiciado por las norteamericanas Comcast, TCI (propietaria del 75 % de Cablevisión), Time–Warner y US. West (socia de VCC en Argentina luego de la compra de Continental y también de TCI en los EE.UU.) a los que se sumó recientemente Multicanal, del Grupo Clarín (asociado con AT&T). 4) SERVICIOS DTH. TRANSMISIÓN SATELITAL DIRECTA El desarrollo tecnológico ha creado por otra parte sistemas alternativos de transmisión y recepción de imagen y sonido que pueden ser captados en forma directa por los usuarios sin intervención de las telefónicas o los sistemas de televisión por cable. Desarrollado inicialmente en los Estados Unidos, el Direct Home Television (DTH) determinó la formación de gigantescas alianzas en el plano regional para tratar de captar el mercado latinoamericano de televidentes mediante emisiones directas por satélite. Para 1997, y sin ningún marco legal –nacional o regional– que regule esta actividad, está prevista la entrada en funcionamiento de dos consorcios regionales. El primero, SKY constituido por la norteamericana TCI y News Corp (del australiano R. Murdoch) en combinación con Televisa de México (propietaria del 50 % de Panam-Sat) y la brasileña O Globo (con intereses en Intelsat), que emitirá 150 canales de recepción individual para toda la región. El segundo, denominado Galaxy America DTH con patrocinio de DirecTV de USA (de Hughes Comunication, controlada por General Motors), TVA–Brasil (del grupo Disney–ABC y editorial Abril), Multivisión de México, la Organización Cisneros de Venezuela, el grupo Luksic de Chile y el grupo Carbajal de Colombia que se propone emitir 72 canales orientados a Brasil y otros 72 hacia la región latinoamericana, y que ya cuenta con un telepuerto en Buenos Aires provisto por Imagen Satelital.

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En esta misma línea, el consorcio propietario del satélite argentino Nahuelsat (privatizado) inició la emisión de 10 a 30 señales por el sistema DTH con destino a las zonas rurales o no servidas por cable. Las emisiones comenzaron en 1996. El grupo Nahuelsat está conformado por Daimler Benz (Alemania), Aeroespatiale (Francia) y Alenia Spazio (Italia) y también cuenta entre sus socios al Banco Mundial, Telecom, Banco Provincia de Bs.As. y el Grupo Brisa. En 1996 también entró en funcionamiento la estación terrena de Benavídez, que opera con el Nahuel 1 y Nahuel transitorio C1–C2.

5) T ELEVISIÓN POR C ABLE El sector de televisión por cable en Argentina exhibe varias particularidades. Su surgimiento, asociado a la necesidad de antenas comunitarias que permitieran la recepción en el interior de las señales emitidas desde Buenos Aires y con la participación de empresarios regionales permitió su multiplicación en todo el país hasta alcanzar las 1.400 estaciones. Esta inserción lo convirtió en el segundo mercado americano, luego de los Estados Unidos, con 4,5 millones de abonados. Posteriormente, el ingreso de los grupos internacionales y la consolidación de los multimedios locales determinó un proceso de concentración que ha llevado a que el 40 % de las empresas de cable de todo el país estén ahora en poder de 3 empresas (VCC, Cablevisión y Multicanal). A los efectos del debate sobre desregulación entre este sector y el de telefonía cabe tener en cuenta algunas cuestiones:

La hipótesis que parece tener mayor consenso hasta el momento (al menos hasta el proyecto Valcarcel) es la de habilitar a los cableros para ingresar al negocio telefónico. Si se observa la cantidad de abonados se comprenderá el temor de los licenciatarios telefónicos. Máxime teniendo en cuenta la articulación entre los grupos concentrados internacionales ya asociados con empresas de cable (TCI, Us West) y la perspectiva de la propia desregulación telefónica (1997 0 2000) que habilitaría una fuerte disputa en las comunicaciones internacionales y los servicios interurbanos. En forma preventiva, el ingreso de Telefónica a Multicanal, confirma por un lado la estrategia de la empresa española de posicionarse en el mercado regional de telefonía y multimedios, y también la del grupo Clarín, que se posiciona en el centro de un dispositivo donde se combinan el propio multimedio y el negocio de telecomunicaciones con AT&T, GTE y Telefónica. Por otra parte, los soportes técnicos de unos y otros también marcan las limitaciones y perspectivas del negocio. Las telefónicas tienen fuertes inversiones en centrales de conmutación y enlaces interurbanos, pero las terminales domiciliarias aún pasan por el viejo cable de cobre, que permite acceder –vía modem– a Internet o a bases de datos y (con alguna inversión tecnológica) emitir hasta 4 señales de TV. En cambio, las redes de cable combinan la fibra óptica con el coaxil,

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acortando los tiempos de transmisión, permitiendo las transmisiones interactivas y el envío de más de 60 señales. En principio puede decirse que los cables están en condiciones de acceder a la telefonía, aunque en principio no pueden competir con las telefónicas porque carecen de los enlaces y sistemas de interconexión que requieren fuertes inversiones. Por otra parte, pueden ejercer una fuerte disputa sobre el sector de servicios con valor agregado e incluso mejorar la oferta. Las empresas telefónicas a su vez disponen de una arquitectura integrada y un flujo de recursos que les permitiría diversos caminos en el escenario de la desregulación: montar su propia red de cable, absorber las empresas remanentes del sector o bien encarar un proceso de alianzas y fusiones para captar porciones del mercado. A partir de este conjunto de elementos cabe preguntarse: cuál debe ser el rol del Estado nacional en el proceso? cómo pueden preservarse los derechos de los usuarios? qué se debe hacer con las cooperativas telefónicas y las empresas de cable aún “in–dependientes”? cómo poner límites (si este es el tema) al proceso de concentración empresaria y a la cristalización de un sistema oligopólico en las telecomunicaciones? cómo preservar el derecho a la información de la sociedad? cuáles deben ser los espacios públicos de la comunicación? cómo preservar los medios nacionales frente a la expansión internacional de la industria de las comunicaciones y cómo preservar a los medios locales y regionales ante la concentración de los multimedios nacionales? En definitiva, qué regulaciones efectivas (ver casos EE.UU., Brasil, Canadá, Italia, etc.) pueden ser útiles frente al descomunal proceso de expansión económica y tecnológica para alentar un modelo de comunicaciones con sentido nacional, democrático, federal y pluralista? LEGISLACIÓN : UNA ASIGNATURA PENDIENTE El atraso de las leyes argentinas en materia de medios de comunicación no tiene tanto que ver con las dificultades emanadas del avance tecnológico sino con algo mucho más simple: el reparto de la torta. Es que la legislación que no ha podido aprobarse desde la recuperación del sistema institucional debe resolver cuestiones básicas como las siguientes: ¿quiénes pueden ser propietarios de los medios?, ¿cuántos medios puede tener un mismo grupo?, ¿cuál es su capacidad de concentración a nivel regional y nacional?, ¿hasta dónde pueden los capitales extranjeros controlar a la radio, la televisión y el cable en la Argentina?, ¿pueden las organizaciones sociales tener medios de comunicación?, los medios públicos ¿son del gobierno o del Estado?, los medios de baja potencia, ¿serán preservados o liquidados?, ¿cuáles son los derechos del público, de las provincias, de los trabajadores, etc.?, ¿qué cantidad de producción propia y nacional debe garantizarse? y, por último: ¿quien adjudica las licencias y controla a los medios? Estas y otras cuestiones derivadas de una intrincada de intereses de las industrias de la información, la cultura, el entretenimiento y la electrónica han descolocado en forma sistemática a los legisladores y políticos argentinos, que no aciertan a encontrar un modelo capaz de sintonizar los intereses comunitarios frente a la madeja de multimedios, empresas telefónicas y satelitales que se disputan la torta. Y la torta en cuestión no es poca cosa. Las licenciatarias del servicio básico telefónico (Telefónica y Telecom) facturan anualmente unos 4.500 millones de pesos, a los que deben sumarse otros 1.600 millones por comunicaciones internacionales, telefonía celular y servicios con valor agregado, en tanto que la facturación de los cables ronda los 1.500 millones (básicamente por abonos) y la publicidad en los medios mueve más de 2.000 millones por año. Estas cifras, que a primera vista parecen exorbitantes, empalidecen en realidad si se ven los números que movilizan las industrias del sector a caballo de la globalización.

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Pero ocurre que como en vastas regiones del planeta aún imperan criterios de protección – por razones económicas, políticas y culturales– como en el caso de la Unión Europea, Canadá o Japón, los grandes consorcios de la comunicación no dudan en apuntar hacia el mercado latinoamericano. Y tanto las telefónicas (AT&T, Sprint, MCI, Bell South, South West, Us West, British Telecom o Deutsche Telekom) como las grandes cadenas de producción y distribución de información o programas (TCI, Continental, Comcast, Time Warner, Turner Broadcasting Sistem, Disney–ABC, Microsoft–NBC, News Corp, Berlusconi o Televisa) procuran acceder al mercado local por cualquiera de las puertas disponibles: telefonía, cable o directamente por satélite (mediante el nuevo sistema DTH). La cuestión es que a partir de la privatización de Entel, de las licencias para telefonía móvil, la privatización del satélite ‘argentino’ Nahuelsat y el ingreso de operadores internacionales en los multimedios locales se ha prefigurado un campo de batalla de todos contra todos donde lo único que no se ha discutido es cómo poner a salvo los intereses de usuarios, abonados, consumidores, emisores del interior del país, pequeños y medianos operadores del sector, trabajadores de la cultura y de los medios de comunicación, artistas, etcétera. Desde 1983 a la fecha, el Congreso Nacional no ha logrado más que algunas reformas a la Ley 22.285 (de Radiodifusión) para permitir a los propietarios de medios gráficos el acceso a radio y televisión. Es decir, para consagrar la formación de grupos monopólicos nacionales capaces de concentrar la producción y difusión de noticias, espectáculos o programas. La actual Ley de Telecomunicaciones data de los tiempos de Lanusse, en tanto que la de Radiodifusión procede de la última dictadura militar. Tanto el Poder Ejecutivo como los legisladores nacionales no han podido hasta la fecha más que cambiar algunos artículos de estas leyes y aprobar pliegos de privatización para facilitar el negocio de los grupos más poderosos. Pero han fracasado en la tarea de definir una política nacional de comunicaciones que contemple los intereses federales y regionales, que fije las pautas de un sistema público (no gubernamental) para la radio y la televisión –tal como sí existe en los países que exigen privatizaciones y desregulación de mercados–, que incorpore la infinidad de innovaciones tecnológicas producidas en las últimas décadas y que ponga a salvo los derechos a la información y a la protección del espacio audiovisual nacional, tal como los establecen la Constitución Nacional y los pactos internacionales firmados por el país. La debilidad –o complacencia– exhibida hasta la fecha se enfrenta ahora con un desafío mas arduo aún. La imposibilidad del oficialismo para llevar a buen puerto el último intento en materia de radiodifusión (el famoso proyecto Valcarcel), que llevó a las telefónicas a hacer sonar los tambores de guerra por impedirles el acceso al cable y permitir en cambio que los cableros incursionen en la telefonía, derivó ahora en la idea de discutir todo en un solo paquete: el de las telecomunicaciones (con radiodifusión incluida). En principio hay un detonante concreto: se debe decidir si la telefonía básica, los servicios interurbanos y los de larga distancia se desregulan en 1997 o en el 2000. La idea no es mala si se tiene en cuenta que a partir de las fibras ópticas, los sistemas digitales, la oferta de satélites y la expansión de la informática, todo tiende a la confluencia. Técnicamente está bien discutir el problema como un todo. Pero a partir de acá todo es opinable, porque el gran tema de la desregulación (que provocó un verdadero temporal político en los Estados Unidos, antes de desemboca r en menos regulaciones) solo tiene hasta el momento a los principales oligopolios como protagonistas y operadores. En el Senado han ingresado dos proyectos que apuntan en forma directa a legislar sobre la convergencia. Tanto el radical Conrado Storani (titular de la comisión de Comunicación de la cámara alta) como el oficialista Antonio Cafiero intentan que se apruebe una ley que regule todo el sector de telecomunicaciones (es decir, telefonía, comunicaciones personales y comerciales, así

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como radio, televisión, cable y satélite). Mientras tanto, en Diputados, el bonaerense Juan Manuel Valcarcel –PJ– (presidente de la comisión respectiva en la cámara baja), con el indisimulable apoyo del grupo Clarín y la oposición de las telefónicas, intenta despachar un proyecto que abre a los multimedios el camino del negocio telefónico y que pone débiles barreras a la cristalización de monopolios en el sector. Por otra parte, los diputados opositores Fernando Pino Solanas, Irma Parentella, Rafael Flores, Floreal Gorini y la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación (Cositmecos) apuntan a una legislación que garantice el pluralismo en la propiedad de los medios, preserve a los medios comunitarios y establezca un sistema público con una amplia participación sectorial, del parlamento y las provincias (según los casos), así como a la vigencia de altas cuotas de producción nacional y regional (Mercosur) en la programación. A fin de permitir una rápida visualización de lo que plantean unos y otros, en el cuadro siguiente se reflejan las posturas de los diferentes proyectos en torno a lo que consideramos temas centrales de la discusión.

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UNA PERSPECTIVA DESDE EL MOVIMIENTO SOCIAL La funcionalidad di eológica que este sistema mediático ha tenido respecto del modelo económico en su conjunto, no puede soslayarse a la hora de analizar una estrategia de poder para los sectores más desprotegidos de la sociedad. Cabe aquí reflexionar, al igual que en el plano de la construcción sindical, que así como hoy la pelea salarial es estéril al margen de la lucha por un modelo económico alternativo, también es insuficiente la demanda mediática de lo social si no se advierten los límites de la comunicación en el actual ordenamiento nacional e internacional. Si no se replantea el rol del Estado Nacional, el Congreso, las provincias y la sociedad en su conjunto en la disputa de un sistema plural, democrático y federal de comunicación social. Por otra parte no hay que perder de vista que este alumbramiento ‘democrático’ de los modernos sistemas de comunicación –aún en la etapa inicial de desarrollo en que se encuentran– lleva implícita una contradicción difícil de resolver: entraña por un lado un compromiso con el sistema político (las dictaduras requerían el monopolio de las comunicaciones como parte del ejercicio de la doctrina de la seguridad nacional) y por ende con los actores del mismo, pero tienen una potencialidad de poder tan influyente que su propio desarrollo (si carece de regulación política y social) termina conspirando contra la democracia. Este conjunto de razones –y la pelea que se avecina– hacen que la batalla de la comunicación sea una lucha esencialmente política, antes que una cuestión técnica o de gerenciamiento periodístico. Como parte sustantiva de la sociedad, los trabajadores (y hablamos aquí de todos ellos, activos, jubilados, precarios, sub–empleados o desocupados) no sólo tenemos derecho a recibir información y mensajes, sino a incidir en su producción y circulación. La comunicación es un derecho social con rango constitucional por el que toda persona tiene derecho a recibir, investigar y difundir información y opiniones. Ese derecho no pertenece a los propietarios, editores ni siquiera a los periodistas: pertenece a todas las personas. Claro que su ejercicio depende de una distribución diferente del poder, y éste es el desafío no sólo en términos de la comunicación sino en todos los órdenes. El tema de la comunicación, abordado desde la perspec tiva de los trabajadores, queda inscripto en un amplio entramado de significaciones, que exceden holgadamente su tradicional visión como herramienta de la difusión y la propaganda, y a la vez evidencian en forma contundente la necesidad de articularlas en una política de comunicación, como elemento central a la hora de pensar en un proceso de acumulación de poder popular. Pensar hoy en una política de comunicación es mucho más que pensar en la estrategia de prensa. Es meterse en los nuevos escenarios tecnológicos y resignificarlos desde la propia identidad, es reconocer que este aparato mediático opera tanto a nivel de la difusión como de la producción, no sólo de mensajes, sino del sentido de la realidad, y además es el soporte material que viabiliza el orden productivo, político y cultural que asume el capitalismo en esta etapa de su desarrollo. Es también hacer el esfuerzo por entender las distintas estrategias comunicacionales que emergen en la sociedad civil, visualizándolas como prácticas que exceden la difusión de mensajes, cómo ámbitos donde los trabajadores logran ser productores de sentido y a través de ellos vertebran organización. En nuestro país la forma en que aparecen estos aspectos es por un lado, la alta concentración de empresas multimedia y de telecomunicaciones, los cruces entre ellas y su relación directa con las internacionales, como estrategia concreta de avance sobre el escenario de negocios emergente y de consolidación del modelo. Cuya expresión clara se ve en la puja sectorial que despliega el tratamiento de la ley de radiodifusión y telecomunicaciones.

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Por otro lado, están los espacios públicos aún no arrebatados, y las distintas experiencias independientes que aparecen en la sociedad civil, presentando como características fundamentales, altos niveles de fragmentación en su direccionalidad. En este proceso de concentración, es evidente que la libertad de información queda sujeta al cruce entre los intereses de los grupos económicos propietarios de los medios de comunicación (y sus circunstanciales aliados políticos/sectoriales) y la estricta lógica de mercado; estos factores son los que delinean la política de selección y producción del material cultural e informativo que es propagado por el sistema de medios. Planteado este escenario se visualiza muy claramente la débil posición a la que fue reducida la sociedad civil para garantizar un mínimo acceso plural e independiente al sistema de medios. Entonces aparece como fundamental la necesidad de definir una política comunicacional que intente abarcar y articular los diversos aspectos involucrados. Los trabajadores, los actores sociales en su conjunto y las organizaciones que los representan son portadores y productores de un conocimiento y una experiencia político-social. Esto es información que debe ser transmitida, sistematizada y articulada para incidir en la realidad. A partir de esto cabe reflexionar sobre la necesidad de organizar un dispositivo de producción propia que permita no sólo incidir en el sistema de medios, sino también desarrollar medios propios que canalicen las demandas comunicacionales no satisfechas, aprovechando las nuevas tecnologías para lograr la mayor eficacia. Los trabajadores, como un actor más del movimiento social, al aportar en la construcción de este tipo de experiencias, estarían asumiendo una cuestión fundamental : interactuar y resignificar uno de los espacios paradigmáticos del capitalismo en esta etapa de globalización. Estos espacios son los que materializan la capacidad tecnológica actual de la comunicación y las distintas formas que va adquiriendo la información que circula por ella. Constituyendo a esta información, de hecho, en el principal insumo circulante que viabiliza el proceso de reproducción capitalista en esta etapa. En la medida en que avancemos en la construcción de un modelo de apropiación sistemática de la información circulante, de crecimiento en la capacidad de poder producirla y fundamentalmente, en la posibilidad de articular redes de comunicación entre los distintos actores sociales que permitan la circulación de esta información propia, dispondremos al menos, de elementos aptos para la creación y difusión de sentido propio, y para contrarrestar en alguna medida la perversa fragmentación que atraviesa al movimiento social, que diluye y dilapida sistemáticamente las posibilidades de acumulación. Esto es lo que define al tema comunicacional como esencialmente político. Cabe señalar que si bien el tema comunicacional aparece como central, como herramienta que articula gran parte de la acción política de generación de consenso, no creemos que éste defina en términos excluyentes los resultados de la confrontación. Para una organización popular, es fundamental asimilar toda la logística mediática como ventaja en el modo de dar la lucha, pero así como el bloque dominante cuando llega el momento de definir articula todo el poder que posee, la posibilidad cierta de motorizar transformaciones va a estar dada por la construcción de poder político real y organiza ción social con que oponer en esa confrontación.

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