REFLEXIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

SOBRE

PAC

ACCIÓN COFINANCIADA EN UN 50% POR LA COMISIÓN EUROPEA

Material perteneciente a la campaña informativa “LA NUEVA PAC Y SUS REPERCUSIONES EN LA CIUDADANÍA EUROPEA”

http://www.unionsagrarias.org/pacyciudadania/ COORGANIZA N:

COMISIÓN EUROPEA Dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural Aragón

Región de Murcia

Unión de Pequeños

Agricultores y Ganaderos

Acción cofinanciada en un 50% por la Comisión Europea

Unión de Pequeños

Agricultores y Ganaderos EXTREMADURA

ALMERÍA

05 CONTEXTO 05 LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) 06 REFORMA DE LA PAC 09 PRESUPUESTO DE LA NUEVA PAC 11 AYUDAS DIRECTAS

11 Beneficiarios de las ayudas directas: “agricultor activo” y “actividad agraria” 12 Límites del importe de las ayudas directas 12 Reparto del pago básico 13 Pago verde o greening 14 Ayuda asociada 16 Pago para jóvenes 16 Régimen de pequeños agricultores

17 ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS

17 Los alimentos europeos vs los de terceros países 17 Medidas de intervención 17 Fin de cuotas lácteas 18 Derechos de plantación de viñedos 18 Incremento del poder negociador de los productores 20 Contratos obligatorios 20 Medidas en caso de crisis

21 DESARROLLO RURAL

21 Destino de los fondos FEADER 21 Medidas a incluír en los PDR 24 Iniciativa LEADER

ÍN

DI

CE

REFLEXIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA SOBRE LA PAC

CONTEXTO Este informe se edita con objeto de recopilar las principales aportaciones recogidas durante la celebración de la campaña informativa “La nueva PAC y sus repercusiones en la ciudadanía europea” cofinanciada por la Comisión Europea y celebrada entre abril y diciembre del año 2013.

La política

agrícola común (PAC)

En este período en el que se debatía la nueva PAC, se celebraron diferentes actividades (seminarios, jornadas de puertas abiertas, desayunos mediáticos, granjas móviles en colegios, universidades, ciudades, ferias locales y ferias internacionales) en Andalucía, Aragón, Extremadura, Galicia y Murcia, lo que ha permitido la participación de diferentes tipos de destinatarios (ganaderos, agricultores, mujeres, jóvenes, niños, jubilados, técnicos, periodistas, amas de casa o estudiantes). Las aportaciones recogidas durante este período se plasman en el presente documento con el objetivo de dar a conocer a la sociedad y a partes interesadas las opiniones generadas en torno a la PAC y a su modificación para los años 2014-2020.

Además de difundir la PAC, las actividades de la campaña también brindaron la oportunidad de conocer la opinión que diversos colectivos tienen sobre ella, como población del medio urbano, del medio rural, estudiantes, profesionales del sector, etc. La postura sobre la necesidad de que el sector agrícola cuente con ayudas es muy diferente en función del colectivo al que pertenezca el participante. A pesar de que la PAC es cuestionada por una parte de la ciudadanía, especialmente en estos tiempos de crisis en los que la sociedad está muy pendiente del destino del dinero público, gracias a esta campaña se contribuyó a mejorar la percepción de esta política comunitaria, abriendo nuevos campos de mira que el destinatario no percibía en la PAC.

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Así, en general, a mayor desconocimiento del sector agrario, menor es la comprensión de la existencia y objetivo de las ayudas. Los técnicos que participaron en la campaña se esforzaron en hacer ver a los participantes que las ayudas directas de la PAC son un pago para compensar a los agricultores y ganaderos por las funciones que estos realizan y que no son debidamente remuneradas por el mercado, tal como las funciones de carácter medioambiental, social, o territorial. No obstante, entre los propios beneficiarios de las ayudas, se alzan voces que preferirían percibir un precio justo por sus productos y que por lo tanto, no serían necesarias las ayudas que actualmente suponen entre un 30 – 60 % de la renta de las explotaciones. La campaña ha recogido opiniones contrarias respecto a la repercusión de la PAC en la ciudadanía de la Unión Europea. En lo relativo a la producción de alimentos sanos y de calidad, se aprecia cierto desconocimiento respecto a la extensa normativa a la que están sometidos los productos agrícolas en materia de sanidad vegetal, bienestar animal, etc., frente a los alimentos procedentes de terceros países, lo que obra en contra de la comprensión de la PAC. Las ayudas de la PAC, tanto los pagos directos a agricultores y ganaderos como las medidas para el desarrollo rural, han contribuido a lo largo de estos años a modernizar las explotaciones, a crear empresas y generar empleo en el medio rural, conservando el territorio con todo lo que ello supone (paisaje, fauna, flora, hábitats...). Esta función es insustituible, por lo que la PAC del futuro debe seguir apoyando a los agricultores y ganaderos para la garantizar la continuidad de la Europa rural.

Reforma de la

PAC La PAC afronta una nueva reforma para responder a los objetivos marcados en la estrategia Europa 2020 en la que, por primera vez, el presupuesto europeo se reduce para ajustarse al nuevo marco financiero plurianual 2014-2020. Todo ello en un contexto global en el que la agricultura debe hacer frente al reto de alimentar a una población mundial creciente con unos recursos limitados. Los profesionales del sector están acostumbrados a las periódicas reformas que sufre la política agrícola común. Algunos consideran que cada reforma, en vez de simplificar las condiciones supone nuevas

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obligaciones y mayor carga burocrática para las explotaciones. Sin embargo, esta nueva reforma es percibida por muchos de ellos como una oportunidad para “hacer borrón y cuenta nueva”, dejar atrás las injustas referencias históricas y plantear un nuevo modelo de reparto más justo que tenga en cuenta la situación actual de los diferentes sectores productivos. Por su parte, la ciudadanía en general se muestra partidaria de una nueva PAC en la que tenga un mayor peso para el reparto de las ayudas el comportamiento ambiental de los agricultores en sus explotaciones. Por primera vez la reforma es negociada a tres bandas (Comisión, Consejo y Parlamento Europeo) lo que permite a los ciudadanos percibir que la PAC no es una política que viene de “Bruselas” como que viene de “Marte”, sino que en la decisión participan los representantes elegidos directamente por los ciudadanos tanto en los comicios nacionales como en las elecciones europeas. Se valora positivamente que durante el largo proceso de negociación a nivel europeo desde la propuesta inicial de la Comisión en octubre de 2011 hasta la publicación definitiva de los reglamentos en diciembre de 2013 se consiguiesen mejorar muchas cuestiones, flexibilizando su aplicación. Por primera vez, la nueva PAC deja a decisión de cada EM la definición de un gran número de elementos para la aplicación de la PAC en su territorio. Así, cuestiones clave como quién va a ser beneficiario de las ayudas, los tipos de ayuda a aplicar, el presupuesto a destinar a cada medida y el sistema de reparto de las mismas serán decididas por el gobierno de cada país en función de sus necesidades específicas y siempre con la perspectiva de lograr el cumplimiento de los objetivos marcados desde Europa. Esta flexibilidad de la PAC genera opiniones a favor y en contra. Algunos participantes de la campaña consideran que supone una oportunidad para diseñar un modelo de aplicación de la PAC adaptado a las diferentes regiones y sectores del país. También hay quién opina que en vez de una política común se generarán 28 políticas agrícolas diferentes, provocando desigualdades entre agricultores de los distintos EEMM. Por ejemplo, una pequeña explotación de vacuno de leche situada en una zona de montaña, que cuente con una escasa dimensión territorial en España, que apuesta por un modelo de reparto del pago básico regionalizado, ante el futuro escenario de desaparición de cuotas lácteas, estará en peores condiciones que una explotación de leche de Francia en la cual se aplicará el pago redistributivo a las primeras hectáreas.

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Presupuesto de la nueva

Según se fue conociendo el modelo de aplicación de la nueva PAC en España acordada entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas, los agricultores tomaron conciencia de que se había perdido la oportunidad de hacer un nuevo reparto y que la nueva PAC supondrá el mantenimiento de un status quo para el cual se ha cambiado todo para dejarlo igual, pero con menos presupuesto, y en la que se sigue vetando el acceso a determinados sectores como el de huerta o viñedo.

PAC

El presupuesto de la Unión Europea para el 2014-2020 reserva para la PAC una dotación inferior a la del período anterior 2007-2013. No obstante, la PAC continúa siendo una de las principales políticas de la Unión y cuenta con un presupuesto muy importante. La cuestión determinante para la consecución de los objetivos planteados para el sector agrícola y ganadero en los próximos años es cómo se haga el reparto del presupuesto. En este sentido, por primera vez, la Unión Europea otorga a los Estados miembros una gran flexibilidad para distribuir su partida, posibilitando incluso la transferencia entre pilares. Los beneficiarios de la PAC muestran su preocupación por el reparto que se adopte en España, así como las posibles diferencias que se puedan crear entre el mismo sector en diferentes países puesto que a la hora de competir en un mismo mercado no estarían en igualdad de condiciones. Temen que la nueva PAC sea menos “común” que nunca. Respecto a la posibilidad de transferir fondos entre el primer y el segundo pilar, la opinión general de los profesionales del sector es que en ningún caso se merme la dotación para ayudas directas, y que dentro del segundo pilar tengan un mayor peso las medidas destinadas a las explotaciones agrarias frente a otras actividades.

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Ayudas directas

Beneficiarios de las ayudas directas: “agricultor activo” y “actividad agraria” La determinación de los futuros perceptores de las ayudas directas de la PAC ha sido un tema que ha generado una gran polémica. La ciudadanía no comprende ni justifica que haya perceptores de ayudas que no se correspondan con el perfil de “agricultor” o “ganadero”, tales como personas jubiladas, empresarios para los que la actividad agraria no es significativa en el conjunto de sus actividades, etc. Son los conocidos como “agricultores de sofá”. Desde Bruselas se optó finalmente por elaborar una lista negativa de las actividades que no podrán percibir ayudas entre las que se encuentran aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas permanentes. Por lo tanto, la ampliación de esa lista negativa y la definición de “agricultor activo” y de “actividad agraria” debe ser decidida por cada Estado miembro. Para ello, desde Europa se ofrecen unos criterios basados en la relación entre el importe de las ayudas y el volumen de ingresos procedentes de actividades no agrarias, con el objetivo de no conceder pagos a aquellas personas o entidades cuya actividad agraria sea “insignificante” respecto al global de sus actividades empresariales. Sin embargo, en España se decidió no utilizar esos criterios ni otros basados en la integración en el régimen de la seguridad social agraria para no excluir a aquellos para los cuales la agricultura supone una actividad secundaria o a tiempo parcial. Así pues, en España serán considerados “agricultores activos” y por lo tanto tendrán derecho a percibir ayudas directas de la PAC a partir del año 2015, aquellas personas cuyas ayudas directas supongan hasta el 80% del total de sus ingresos agrarios. Esta condición no será aplicable a aquellos que perciban menos de 1.250 euros al año. Esta decisión ha decepcionado enormemente al colectivo profesional agrario, que ven que a pesar de que por primera vez se introducen

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condiciones a los perceptores de las ayudas, los criterios seleccionados son tan poco exigentes que no supondrán una disminución significativa en el elevado número de perceptores de la PAC que en la actualidad rondan el millón. Otra cuestión que también generó controversia es la introducción de la definición de “actividad agraria” que debe desarrollarse en la superficie de la explotación para poder recibir pagos. Los requisitos que deben cumplir las parcelas para ser consideradas admisibles debían ser definidos por cada Estado miembro. En España finalmente, se optó por exigir la realización de al menos una actividad anual y en el caso de superficie de pastos la inscripción en el REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas) y el mantenimiento de una carga ganadera mínima de 0,2 UGM/Ha. Al igual que en la definición de “agricultor activo”, el establecimiento de los requisitos de “actividad agraria” es vista como una cuestión clave. En este sentido, tanto la ciudadanía en general como los profesionales del sector están de acuerdo en que sólo deben recibir pagos aquellas superficies en las que se cultive o se aprovechen sus pastos. Respecto a la decisión adoptada en España, los profesionales la califican de decepcionante, ya que resultó poco restrictiva. Por ejemplo, la exigencia de una oveja por hectárea o 1 vaca en 5 hectáreas no se refiere precisamente a una actividad agraria profesional o efectiva.

Límites del importe de las ayudas directas La necesidad de que el sector agrícola cuente con ayudas es apoyada mayoritariamente. A la hora de establecer un límite a la cuantía de las mismas, la opinión general es que deben ser adecuadas para compensar a los agricultores, pero sin que ocasionen beneficios excesivos, ya que perderían su legitimidad para la sociedad. Respecto a los límites inferior y superior planteados en la propuesta de reglamento de ayudas directas, el primero de ellos no fue cuestionado. Sin embargo, el límite superior y la reducción de la ayuda a partir de un determinado importe sí generaron un mayor debate. En este sentido, la inmensa mayoría de agricultores que participaron en la campaña demandan establecer un límite de ayudas por explotación menor que el previsto y que se tenga en cuenta el empleo generado por cada beneficiario.

Reparto del pago básico El diseño del modelo de reparto del pago básico, la ayuda directa dotada con un mayor presupuesto, ha sido decidido por el gobierno

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estatal junto con las comunidades autónomas. De las distintas opciones que permitía el reglamento europeo para aplicar el reparto, en España se optó por un modelo de regionalización que en lugar de tener en cuenta criterios administrativos considerara criterios agronómicos. Para ello se calculará el valor medio del derecho en cada comarca agraria para cuatro tipo de cultivos: tierras de secano, tierras de regadío, pastos y cultivos permanentes. Cada cultivo de cada comarca se integrará en una de las 20-22 regiones agronómicas definidas para el conjunto del territorio nacional. Así, a cada receptor se le asignará un número de derechos de un valor determinado en función del tipo de superficie declarada. El número de derechos se corresponderá con la menor de las superficies declaradas en los años 2013 y 2015. El valor total se calculará teniendo en cuenta los importes cobrados en el año 2014 y aplicando unas correcciones a la baja. A partir de esta asignación inicial cada beneficiario tendrá un tratamiento diferente en un proceso de convergencia interna de manera que el valor medio de sus derechos evolucione hasta el año 2020 para ajustarse, con condiciones, al valor medio de la región a la que pertenece. Este modelo de reparto del pago básico en España ha sorprendido al colectivo agrario, que lo ven como tremendamente complejo y que en definitiva lo que pretende es que no haya transferencias entre sectores productivos, comunidades autónomas ni explotaciones. Es decir, se crea un nuevo método de cálculo para garantizar que los pagos no sufren grandes variaciones. Los agricultores y ganaderos más críticos con este modelo aprobado consideran que este modelo perpetúa el viejo sistema basado en derechos históricos y que debido a que la dotación presupuestaria para el nuevo periodo es inferior, los pagos futuros también van a verse reducidos. Algunas voces reclamaron para España el mismo modelo que se aplicará en Francia, donde se abonará una tasa plana por hectárea declarada y se corregirá a través de la introducción del pago redistributivo a las primeras 52 Ha. De este modo se realiza un ajuste de los pagos en función del tamaño de la explotación que se corresponde casi completamente con un ajuste en función de la orientación productiva de la explotación.

Pago verde o greening A pesar de que uno de los objetivos de la PAC es orientarse hacia una producción más sostenible para responder a las demandas de

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la sociedad europea, todavía se detecta que algunos ciudadanos no comprenden la relación agricultura – protección del medio ambiente. Esto ocurre especialmente en las zonas cuya agricultura y ganadería son intensivas (riego, fertilización química, fitosanitarios, producción de residuos, olores, etc). Así mismo, se pone de manifiesto que algunos beneficiarios de PAC no son conscientes de su importante papel en la protección y conservación del medio (conservación de los hábitats, mantenimiento del paisaje, protección de flora y fauna, prevención de incendios, conservación de razas autóctonas y variedades en riesgo de erosión genética, etc). En este sentido, la nueva PAC introduce el pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, conocido también como pago verde o greening dándole una gran importancia, ya que obliga a los Estados miembros a aplicarlo y a dotarlo con el 30% del sobre nacional para ayudas directas. A pesar de que los requisitos planteados inicialmente en la propuesta de reglamentos eran más restrictivos, a lo largo de la negociación se fueron introduciendo enmiendas que flexibilizaron las condiciones para percibir esta ayuda. Esta ecologización de la PAC cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad, que encuentra lógico que se aplique este pago complementario a aquellas explotaciones que tienen un mejor comportamiento ambiental. Por el contrario, algunos profesionales consideran que el cumplimiento de estos requisitos puede condicionar su actividad, especialmente, el relativo a la diversificación de cultivos.

Ayuda asociada Desde que se conoció la propuesta de reglamento de pagos directos, la ayuda asociada fue vista por los profesionales del sector como una oportunidad para compensar las posibles pérdidas que pudieran tener por la aplicación del pago básico. En especial, los sectores ganaderos, que cuentan con una menor dimensión territorial que las explotaciones agrícolas, demandaron que en España se aplicase esta medida, que se dotase con el mayor porcentaje permitido y que se dedicase a su subsector un presupuesto suficiente para evitar pérdidas en los apoyos recibidos hasta el momento. Además del importe destinado a cada sector, lo que más preocupaba a los productores era el sistema de reparto de estas ayudas. Consideraron que ya que este pago estaba destinado a compensar a los sectores más sensibles o que atraviesan especiales dificultades, el

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reparto no debería ser lineal, sino que debería aplicarse teniendo en cuenta aspectos como el tamaño de las explotaciones, la situación de las mismas en zonas con dificultades, etc.

Pago para jóvenes En general, los participantes en la campaña reconocen el grave problema de relevo generacional que existe en el campo español y consideran necesario aplicar medidas de fomento de incorporación de jóvenes al sector. En este sentido, el pago para jóvenes que se aplicará a partir de 2015 es bien acogido. Algunas personas consideran que este pago no debería ser tan restrictivo y aplicarse también a las mujeres que se incorporen aunque no sean consideradas jóvenes y a cualquier modalidad de instalación de un agricultor joven (titularidad compartida, como socio de entidad asociativa, etc).

Régimen de pequeños agricultores Otra novedad de esta reforma es la introducción de un sistema simplificado para los perceptores de ayudas de pequeño importe. Para aquellos que perciban pagos inferiores a 1.250€ anuales, el Estado miembro les ofrecerá acogerse al régimen de pequeños agricultores, lo que les evitará el cumplimiento de las condiciones de las distintas medidas del primer pilar. Así, estos perceptores no tendrán que cumplir los requisitos del pago verde ni estarán sometidos al proceso de convergencia interna. España ha decidido incorporar de oficio a este régimen a todos los que perciban menos de 1.250€/año. El sector considera que este régimen facilita la continuidad en la actividad de pequeños agricultores, puesto que no tendrán que asumir tantas cargas burocráticas como condicionantes en su labor.

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Organización común de

mercados Los alimentos europeos vs los de terceros países Es destacable la preocupación general ante la reforma de la OCM como una liberalización de los mercados. Se concibe como una amenaza para las producciones europeas la posibilidad de entrada masiva de productos procedentes de terceros países con menores requerimientos sanitarios, ambientales, etc. Algunas voces reclaman mayores exigencias para la entrada en los mercados de la Unión de productos foráneos. A pesar de la opinión generalizada de que la agricultura europea está fuertemente subvencionada, el análisis de la situación internacional revela que las grandes potencias proporcionan a sus agricultores un nivel de apoyo similar e incluso superior.

Medidas de intervención Tras analizar la propuesta de reforma de la Organización Común de Mercados (OCM), los profesionales del sector se quedaron con la sensación de que esta reforma daba una vuelta de tuerca más al desmantelamiento de los sistemas de intervención en caso de crisis de mercado, ya que estos mecanismos sólo se desencadenarán en casos muy excepcionales y con importes muy bajos. A pesar de que la nueva PAC creará la reserva para crisis en el sector agrario, en general subyace la idea de que el sector ya no cuenta con la misma protección o red de seguridad que hasta ahora.

Fin de cuotas lácteas Esta reforma confirma la largamente anunciada desaparición del sistema de cuotas lácteas. A pesar de las medidas de “aterrizaje suave” tomadas en el pasado, a partir de abril de 2015 no habrá límites a la producción de leche en la Unión Europea. Esta medida genera una gran incertidumbre entre los ganaderos de leche que, por una parte lo ven como una oportunidad de crecimiento de su explotación, pero al mismo tiempo, temen el incremento de la volatilidad de los precios de este producto.

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A esta situación de inseguridad respecto al futuro hay que añadir la problemática de un gran número de explotaciones que adquirieron en su momento cuota para poder producir leche y que ven como el sistema desaparece y ellos tienen que seguir haciendo frente a los préstamos solicitados en su momento. También se valora la extinción del sistema de cuotas lácteas como una oportunidad para que en España se cubra la demanda de productos lácteos con leche nacional. En lo que coinciden los ganaderos es que debería establecerse un estricto sistema de vigilancia de la evolución del mercado de la leche y la creación de un sistema de intervención rápida en caso de emergencia.

Derechos de plantación de viñedo La reforma de la OCM supondrá una cierta liberalización en el cultivo de viñedo al sustituir los derechos de plantación por un nuevo sistema de autorizaciones. Los viticultores, especialmente los de zonas amparadas por Denominaciones de Origen y aquellos situados en zonas con especiales dificultades de producción, los que desarrollan la denominada “viticultura heroica”, temen una depreciación del valor del vino y por tanto la inviabilidad económica de sus explotaciones.

Incremento del poder negociador de los productores Una de las principales preocupaciones de los productores es el precio que perciben por los alimentos que producen. Ante un sector productor atomizado y disperso y un sector de distribución alimentaria representado por tan sólo una decena de operadores se producen grandes desequilibrios. Las distribuidoras compiten entre sí para atraer a los consumidores con prácticas mercantiles desleales con los productores, siendo muy frecuente que utilicen como reclamo ciertos productos a precios por debajo de coste (leche, carne de pollo, aceite de oliva, etc). Las pérdidas que asumen en estos casos las trasladan a lo largo de la cadena de valor, siendo soportadas finalmente por los productores que son el eslabón más débil. Para resolver esta grave situación que está llevando al límite de su supervivencia a un gran número de explotaciones e incluso a industrias de transformación, los participantes en la campaña proponen diversas medidas: campañas de sensibilización a los consumidores, fomento de canales cortos de comercialización y, fundamentalmente, medidas por parte de las administraciones para controlar y sancionar

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este tipo de prácticas anticompetitivas y para favorecer el reequilibrio de la cadena. En este sentido, destacan que la nueva PAC amplíe los sectores en los que se permite el reconocimiento de las Organizaciones de Productores (OP) y la negociación por las mismas de las condiciones de los contratos obligatorios. Estas herramientas son acogidas con esperanza por los productores para contribuir a mejorar su posición frente a intermediarios, industria y distribución.

Contratos obligatorios El nuevo reglamento de la OCM introduce la posibilidad de que los Estados miembros exijan la formalización de contratos obligatorios por escrito en los intercambios de determinados productos agrícolas y ganaderos. Además, estos contratos podrán ser negociados por las Organizaciones de Productores reconocidas para cada sector. Esta medida, demandada durante años por los agricultores, no tendrá especial relevancia en España, ya que la Ley de medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria aprobada en agosto de 2013 ya establece la obligatoriedad de los contratos para todos los productos agrícolas, ganaderos y forestales a partir del 1 de enero de 2014. Así pues, en relación a los contratos obligatorios, lo que demandan los profesionales del sector es que se implanten cuanto antes y que no pase como en el sector lácteo, que a pesar de que los contratos son obligatorios desde octubre de 2012, en la actualidad su implantación no llega al 70%.

Medidas en caso de crisis El nuevo reglamento de la OCM incluye una serie de medidas excepcionales: medidas para evitar perturbaciones del mercado, de apoyo del mercado relacionadas con enfermedades animales y pérdida de confianza de los consumidores debido a la existencia de riesgos para la salud pública o la sanidad de los animales o las plantas, medidas para resolver problemas específicos, acuerdos y decisiones durante los periodos de desequilibrios graves en los mercados y la reserva de crisis en el sector agrario. El sector demanda medidas de seguridad que eviten graves pérdidas como las acontecidas en el pasado, por ejemplo con las vacas locas o con la crisis del pepino.

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Desarrollo

rural

Destino de los fondos FEADER Los agricultores y ganaderos reconocen que gracias a las medidas incluidas en el segundo pilar de la PAC han podido modernizar sus explotaciones e incrementar su competitividad. “Se ha pasado de la azada al guiado del tractor por GPS, o de ordeñar a mano al robot de ordeño”. Por eso tienen especial interés en que los futuros planes de desarrollo rural (PDR) incluyan medidas para la modernización de las explotaciones dotadas con presupuesto suficiente, así como que se impida el uso de los fondos FEADER para inversiones poco justificables como pistas de paddle, tanatorios, etc.

Medidas a incluir en los PDR Los PDR constituyen una estrategia para alcanzar los objetivos fijados por cada territorio en relación a unas prioridades de desarrollo rural de la Unión. El reglamento europeo propone las medidas que se pueden incluir en los PDR y establece que se deben destinar un mínimo del 30% para medidas agroambientales y un 5% para la iniciativa LEADER. A partir de estas premisas cada Estado miembro goza de una gran libertad para redactar los planes a su medida. En España se ha decidido repartir los fondos FEADER en 17 programas autonómicos y uno nacional. La Administración General del Estado contribuirá con un 30% de la aportación nacional. Más allá del debate del reparto de fondos entre Comunidades Autónomas, lo que le preocupa a los ciudadanos es que se aprovechen adecuadamente los recursos disponibles, que no queden proyectos viables por financiar y que no se tengan que efectuar devoluciones de fondos a la Unión Europea por falta de ejecución de los programas. Así mismo, exigen a todas las administraciones implicadas en la cofinanciación a nivel nacional (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas) que se comprometan a aportar la dotación que les corresponde. Se ha considerado interesante aprovechar la posibilidad de incluir

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dentro de los PDR subprogramas temáticos específicos, dirigidos por ejemplo a mujeres, a jóvenes, a zonas de montaña, etc., para aprovechar la mayor tasa de cofinanciación de las medidas. Entre la variedad de medidas que pueden ser incluidas en los PDR, las que cuentan con un mayor respaldo tanto entre la ciudadanía en general, como por parte de los agricultores y ganaderos son las siguientes: -Incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Todos los participantes son conscientes del grave problema de envejecimiento de los profesionales del sector agrario y de que para garantizar la continuidad de la agricultura y la ganadería es necesario que se incorporen jóvenes a la actividad. Pero a la vez, son conscientes de las enormes dificultades que tienen que vencer aquellos que deciden instalarse: acceso a las tierras porque los propietarios no las ceden para poder seguir cobrando la PAC, por presión urbanística, elevada inversión inicial, dificultades para conseguir financiación, etc. Es unánime la solicitud de medidas que incentiven verdaderamente la tan necesaria incorporación de jóvenes a la actividad agraria y a la actividad económica en general de los pueblos. -Ayudas a la modernización de las explotaciones. La agricultura del futuro requiere instalaciones y maquinaria modernas y eficientes que optimicen los costes de producción y permitan a las explotaciones defenderse en un mercado cada vez más competitivo. Los agricultores denuncian que numerosas solicitudes para inversiones en explotaciones rentables quedan excluidas de las ayudas por falta de crédito de las mismas. -Formación. Los participantes en la campaña consideran que el sector ha evolucionado tremendamente y continuará haciéndolo: nueva normativa, nuevas técnicas, etc. por lo que la formación continua de los profesionales es fundamental. Más allá de los tradicionales cursos presenciales, la nueva PAC fomentará nuevas modalidades de transmisión de conocimientos a través de talleres e intercambios, lo que ha generado grandes expectativas. -Ayudas agroambientales, agricultura ecológica, bienestar animal, pagos a zonas con limitaciones naturales, etc. Estas medidas de apoyo a las explotaciones que asumen compromisos

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ambientales gozan de un gran reconocimiento por parte de la sociedad y constituyen un apoyo imprescindible para aquellas situadas en zonas con dificultades especiales. En numerosos casos, este tipo de ayudas suponen el 60% de la renta de las explotaciones. Por ello es necesario que ningún solicitante que cumpla los requisitos se quede sin apoyo, tal como sucede en la actualidad en muchas Comunidades Autónomas españolas.

Iniciativa LEADER La gestión de los programas LEADER por parte de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en los que tienen gran influencia las entidades locales es cuestionada en muchos casos por la ciudadanía en general, lo que perjudica la percepción de los logros conseguidos gracias a esta iniciativa. Es indiscutible que la agricultura es la gran beneficiada de las ayudas de la PAC, pero no es nada despreciable la contribución de la PAC en otras actividades económicas desarrolladas en las zonas rurales, de forma directa, indirecta e inducida. Es necesario que la PAC contribuya a la existencia de una agricultura viable que actúe como dinamizador de otras actividades económicas. Los GDR juegan aquí un papel importantísimo en el que deben ser muy delicados a la hora de apoyar proyectos, debiendo éstos ser prioritarios y estar destinados a conseguir las prioridades marcadas, haciendo un buen uso de los fondos disponibles.

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ESTE INFORME HA SIDO PUBLICADO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EN ENERO DE 2014 EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA COFINANCIADA POR LA COMISIÓN

EUROPEA “LA NUEVA PAC Y SUS REPERCUSIONES EN LA CIUDADANÍA EUROPEA”. El material no expresa necesariamente la visión de la Comisión.

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