Desde la Izquierda en Canarias, hemos decidido trabajar juntos porque apostamos por una profundización democrática de las instituciones canarias, y esto sólo será posible si cambiamos las formas de hacer política y apostando claramente por la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público. Deseamos que se produzca una evolución hacia una sociedad más justa, sostenible y democrática. Una sociedad con carácter solidario, donde la vida de las personas sea digna, libre e igualitaria. Las organizaciones que acordamos estas líneas programáticas nos comprometemos a la búsqueda de una continuidad y de una unidad en la acción, más allá de la cita electoral, trabajaremos juntas haciendo seguimiento de la coalición, y hacia una participación abierta con la ciudadanía, organizaciones políticas y colectivos sociales, como fruto del trabajo conjunto y en base a las necesidades que se plantean con la democracia participativa, dando entre todas estos pasos que son el proceso que nos llevará a la solución de la crisis económica, social, medioambiental, ética y democrática en la que nos encontramos. Presentamos como líneas base de desarrollo programático, 4 ejes: Democracia, Economía, Cohesión Social y Sostenibilidad. Estos 4 ejes, como puntos cardinales, guiarán la transición desde el modelo social que tenemos al que deseamos para Canarias. Trabajaremos con las herramientas de la izquierda y la ecología política, por la justicia social y ambiental. Todas las personas que trabajamos en los movimientos sociales y políticos reivindicativos en Canarias, lo hacemos porque creemos sinceramente que otro mundo es posible. Queremos hacer realidad ese futuro deseado.

El tipo de desarrollo capitalista, como el que rescata a un banco antes que las personas, exprime al ser humano y los recursos de nuestras islas, y pone a la democracia a su servicio, tiene como fin último la creación de riqueza. El capitalismo que permite los desahucios masivos, no tiene en cuenta el valor social, no distribuye y genera profundas desigualdades, que a su vez generan frustración y violencia. El capitalismo tampoco valora nuestro medio natural más que como un recurso productivo, siendo esquilmado hasta el extremo de enfermar los ecosistemas y a la humanidad que en ellos habitan. Es imprescindible abandonar la creencia de que el crecimiento económico indefinido es necesario para el bienestar. Los derechos humanos son la base del nuevo modelo hacia un nuevo régimen económico que proponemos. Este modelo recoge aportaciones de filosofías políticas de la izquierda tradicional, actualizada por conceptos ecologistas y feministas, y vertebra los objetivos y recursos de la sociedad alrededor lo deseable: alcanzar el bienestar común, donde se garantice un mínimo social y económico en el que todas vivamos con dignidad y con nuestras necesidades básicas cubiertas.

No queremos gobernar por delegación, sino con participación. La participación ciudadana se constituye en el eje vertebral y transversal de nuestra propuesta, que se fundamenta en el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.

● Reforma del procedimiento de las Iniciativas Legislativas Populares, permitiendo que se usen para crear, reformar o derogar normas en cualquier órgano de competencia normativa y reduciendo el número de firmas exigidos. ● Establecer mecanismo de consultas populares o referéndum para asuntos de trascendencia autonómica o municipal. ● Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos. ● Establecimiento de presupuestos participativos, para que en la gestación, gestión y control de los presupuestos de las administraciones públicas haya participación de los ciudadanos/as. ● Revocabilidad de los cargos públicos o moción de censura ciudadana de los presidentes de las Comunidades Autónomas y alcaldes adaptándolo a los diferentes procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. ● Para que Canarias sea territorio de paz y en paz, impulsaremos la solicitud de un Estatuto de Neutralidad, así como una declaración de Canarias como Plataforma de Paz. Apostamos por la reconversión del sector armamentístico e infraestructuras militares instaladas en nuestro territorio, hacia otros sectores que crean riqueza social y ecológica y por una transición a medio plazo que conlleve la desaparición de cualquier ejército militar en el seno de Canarias. A nivel europeo, promoveremos la salida de la OTAN. ● Para impulsar la vertebración del archipiélago en base a la reforma de la Ley Electoral Canaria, proponemos que la relación de votos-escaños sea equilibrada y proporcional según el número de votos y el tamaño del territorio, de forma que la ciudadanía esté representada de manera fiel al territorio y la población. Los límites de número de votos necesarios para acceder al Parlamento canario deben suprimirse tanto para cada isla como para el conjunto del archipiélago. ● Defensa irrenunciable del derecho a decidir de Canarias sobre su marco político, que rija la convivencia y la organización social, económica, administrativa y su marco de relaciones internacionales en la consecución de una sociedad más justa y anticapitalista. ● Aprobación de una ley integral y severa anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito

Apostamos por un modelo socioeconómico alternativo para Canarias, basado en la creación y distribución de la riqueza social y la menor dependencia del exterior en sectores estratégicos de la economía.  Reivindicación y rescate del sector público como eje imprescindible de la economía canaria. Un nuevo modelo económico y social que sustituya el actual Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y en especial de la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC), que son uno de los principales motivos que han llevado a Canarias a un índice de pobreza extrema de la mayoría de la población.  Implementación de una verdadera política impositiva progresiva y justa y unas nuevas relaciones con la Unión Europea que impliquen que cualquier tipo de exención fiscal que tenga como fines el hecho diferencial canario, la distancia o el fraccionamiento del territorio, esté directamente ligada a una verdadera diversificación y sostenibilidad de la economía, de creación de empleo digno, de investigación, innovación y desarrollo, con controles previos del capital a invertir sujetos a inversión y con proyectos previos que tendrán que ser verificados por una Agencia Canaria de Administración Tributaria.  Por un nuevo modelo energético sostenible para Canarias, basado fundamentalmente en las energías alternativas. Diversificación de las fuentes de energía, con participación de la población en los procesos de producción y consumo responsables.  Fuerte inversión en energías renovables, que en Canarias son especialmente competitivas ya que se cuenta con más horas de sol al año y mayor potencial eólico, y que ayudan a reducir el coste de la producción de electricidad y a la mejora del medio ambiente.

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Eliminación de los proyectos de introducción del gas para la generación de electricidad. Todo ello en el ámbito de la soberanía, ahorro y eficiencia energéticos y de desarrollo sostenible. Establecimiento de políticas y estrategias para la producción, distribución y el consumo sostenible de los alimentos en Canarias, promoviendo circuitos cortos de distribución de la producción agrícola y ganadera, y fomentando especialmente la producción ecológica, y luchar contra las estrategias de los mercados y transnacionales que especulan con los alimentos para convertirlos en puros instrumentos financieros. Dada la extrema fragilidad de nuestro archipiélago por la casi total dependencia del exterior y pérdida de biodiversidad biológica y cultural, reivindicación de la soberanía alimentaria como una estrategia más de supervivencia, trabajo, medio y cultura.

Desde la izquierda transformadora es necesario plantear un Nuevo Modelo Económico y Social para Canarias que modifique la estructura de poder en el archipiélago apostando por la propiedad pública de los recursos naturales y de los medios de producción: 

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Propiedad pública de la tierra, un Empresa Pública de Reforma Agraria y Banco de Tierras que asuma y regule el uso de los terrenos agrícolas abandonados y/o improductivos en la perspectiva de la autosuficiencia alimentaria. Reforma Agraria que racionalice la producción agraria, dedicando prioritariamente tierras a cultivos de consumo interno posibilitando así el autoabastecimiento de las islas y destinando los excedentes a la elaboración de derivados o la exportación junto a los cultivos tradicionales que verían mermada su extensión. Propiedad pública del agua y de las fuentes de energía y de los medios para su transformación, constitución de una Empresa Pública Regional de Agua y Energía encargada de gestionar estos dos recursos en todas sus facetas: producción, distribución, consumo tanto humano como agrícola y que potencie las energías alternativas en el horizonte de sustitución de las energías fósiles y la autosuficiencia energética. Instituto Canario de Crédito-Banca Pública como banca ética que sustituya el objetivo de beneficios para los accionistas por el de beneficios para reinvertir en posibilitar el desarrollo económico y social. Sanidad y Enseñanza Públicas únicas, con la desaparición de los conciertos y subvenciones a la enseñanza y sanidad privadas.

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Fiscalidad Progresiva que reparta la carga fiscal de acuerdo a los ingresos de cada empresa y a la renta de cada ciudadano-a. Desaparición de todas aquellas excepciones, reducciones y deducciones recogidas en el REF actual y que benefician en exclusiva al empresariado. Supresión del AIEM, impuesto indirecto que perjudica al consumidor al incidir directamente en el coste de la cesta de la compra. Empresa Pública Regional de Transporte Marítimo, Aéreo y Terrestre que posibilite el transporte de personas y mercancías en/entre las islas y desde las islas bajo criterios de calidad, seguridad y coste adecuado. Simplificación y abaratamiento de la Administración Autonómica, distribución de los recursos humanos y materiales de los Cabildos Insulares entre las Empresas Públicas que dispondrían de delegaciones insulares. Empresa Pública de Infraestructuras encargada de acometer la conservación, mejora y ejecución de todas aquellas obras necesarias que mejoren la conectividad en las islas, entre ellas y con el exterior. Estudio, reformulación y renegociación si procediese de las ayudas, subvenciones y programas de la UE dirigidos a Canarias POSEI, REA, FEDER,…acentuando su conexión directa con las necesidades y problemas reales de la población. Empresa Pública de Radio y Televisión como organismo autónomo del gobierno y regida por criterios de información veraz y objetiva al ciudadano y de promoción cultural y educativa.

Por un Marco Canario de Relaciones Laborales, que implique el reconocimiento de la soberanía de las instituciones y los agentes sociales canarios para aplicar una política laboral y social propia, el desarrollo fluido de la lucha de clases en Canarias en función de su propia correlación de fuerzas y no mediatizada por las posiciones agresivas del capital español e internacional y de las direcciones de sindicatos que hacen dejación de su papel de defensa de la clase y se entregan al poder económico, así como la existencia de instrumentos jurídicos, políticos y administrativos propios, que hagan posible el desarrollo de una política laboral y de empleo centrada en nuestras propias necesidades y en los intereses globales de Canarias.

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Conquista y preservación de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora canaria. Defensa y conquista de servicios públicos de calidad, como garantes de la igualdad y cohesión social. Tipificación de interés general para Canarias de los servicios esenciales a la población, de una sanidad pública, gratuita y universal; como garantía de calidad de vida, y una apuesta necesaria por la innovación y el desarrollo. Deberá garantizarse siempre y en todos los casos la sostenibilidad, legitimación y suficiencia financiera del Servicio Canario de Salud, así como el derecho a la asistencia sanitaria en condiciones de equidad, sin recortar las inversiones en investigación. En educación, tiene que garantizarse el derecho a una enseñanza pública de calidad, para sentar las bases del progreso económico y social que deberán estar reguladas en una Ley Canaria de Educación, como herramienta eficaz para dotar a la Escuela Canaria de iniciativa propia y de una normativa que refuerce su compromiso con la calidad, con los alumnos/as más vulnerables, con las familias que tienen menos recursos económicos y culturales, con la autonomía y democracia en los centros públicos, con la estabilidad y con la dignificación laboral y social del profesorado. Los sistemas de protección social y atención a la ciudadanía han de garantizar el bienestar de las personas más desfavorecidas, satisfaciendo sus necesidades básicas sobre el principio de la universalidad de derechos y la igualdad de acceso. Potenciación de la cultura autóctona, en el marco de las culturas globales, como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y desarrollo artístico, científico e industrial en la que se expresa la vida tradicional del Pueblo Canario; Potenciación de una cultura moderna y creativa que gire en torno a la participación ciudadana y a la recuperación del patrimonio histórico, natural, del rescate de nuestra historia y de la preservación de la identidad del Pueblo Canario.

Creemos en una sociedad de empleos estructurales ligados a un modelo de producción y consumo ecológicamente sostenible, que garantice las necesidades básicas de todo ser humano. Apostamos por garantizar el acceso a bienes y servicios que garanticen los derechos fundamentales. Los bienes comunes (agua, energía, suelo…) no pueden ser mercancías. Nuestras propuestas para garantizar una gestión sostenible y pública a estos recursos son:

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Como recurso natural y bien universal, su acceso debe ser garantizado como Derecho Humano. Defendemos y proponemos una política de uso social, racional y sostenible del agua, primando la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral. Nos oponemos a la privatización de cualquiera de las fases del ciclo integral del agua y defendemos una política de tasas y cánones claramente progresiva. Los servicios de agua tienen que ser siempre 100% públicos, por lo que se rechaza el acceso de empresas privadas a su accionariado en cualquier proporción. Se establece que se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), incluso en caso de impago. Los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse sólo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Las instituciones canarias tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias y fomentar nuevos mecanismos para asegurar el “control social” del recurso, con transparencia y “participación ciudadana efectiva”.

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Renovar la red de tuberías para maximizar su eficiencia. Introducir sistemas de riego inteligentes en parques y jardines públicos y favorecer la reutilización del agua. Integrar el ciclo del agua en la rehabilitación integral. Entender las aguas pluviales y residuales como recursos susceptibles de ser tratados para su reutilización, reciclaje o reincorporación al medio en condiciones de calidad suficientes. Implementar medidas de eficiencia energética en la gestión del agua: Optimización del consumo de bombeo en la red de distribución. Bombeo durante excedentes de renovables y horas valle. Uso de los saltos de agua de las instalaciones de distribución para acumulación de energía de los excedentes renovables. Tender a sistemas descentralizados y participativos en la gestión del agua. Elaborar planes efectivos para evitar la sobreexplotación de los acuíferos, las extracciones ilegales, los vertidos tóxicos o sin depurar y la contaminación de las masas de agua en general tanto en acuíferos, en el interior y en costas. Recuperación de sistemas tradicionales con técnicas actuales de recogida de aguas pluviales con fines de agricultura y ganadería.

Consideramos que debe ponerse en pie una política energética basada en la consideración de la energía como un bien público universal y no como una mercancía: 

Promovemos la generación pública de electricidad por parte de los municipios desde fuentes renovables de energía.

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Fomentamos la producción de energías limpias. Apostamos por la intervención pública del mercado de la energía, dado que es estratégico, con fijación de precios máximos y servicios mínimos.

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Creación de escuelas técnicas de formación profesional de energías alternativas.

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Incentivar cooperativas, autónomos y pequeñas empresas energías limpias, nuevo modelo energético.

En la gestión de los residuos lo primero es reducir su cantidad, en segundo lugar proceder a la reutilización de la mayor parte de los generados y en tercer lugar proceder al reciclado del resto. 

Los vertederos son síntoma de mala gestión de los materiales utilizados como materias primas en los procesos y mala gestión de los residuos. Defendemos la gestión pública de los residuos tratándolo como materiales recuperables y reutilizables. Nos oponemos a la incineración de residuos, tanto si se recubre de eliminación como si lo hace de “valorización”.

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Apostamos por las recogidas selectivas de residuos en origen, siendo esta la forma más eficaz de comenzar el correcto tratamiento de los residuos. Seguimos insistiendo en el impulso a la Estrategia Residuo 0: recogida puerta a puerta (orgánico vs resto, recogida separada en fracciones), compostaje de calidad, centros locales de Reutilización y reciclaje, investigación e incidencia en fracción no reciclable, incentivos fiscales.

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Es primordial entre otras medidas, garantizar una vivienda digna para tod@s. Potenciar la promoción de Vivienda social frente a vivienda libre, incluyendo a ambas en las planificaciones Urbanas estando estos al servicio de los derechos de la ciudadanía que garantice espacios protegidos, que garantice la vinculación entre paisaje y territorio.

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Desarrollar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que tenga en cuenta la jerarquía de prioridad en la movilidad: peatonal, no motorizado y público municipal, público privado compartido, privado. Facilitar la intermodalidad entre los medios no motorizados y el transporte público.

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Aumentar las zonas peatonales y dificultar el acceso de vehículos privados a ciertas zonas. Desarrollar el modelo de “super-manzanas” para favorecer la movilidad peatonal.

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Fomentar el uso responsable de la bicicleta creando una red de itinerarios ciclistas seguros con medidas como el calmado de tráfico, implementación de zonas 30, etc.

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Controlar las empresas de autobuses urbanos, para el mantenimiento y renovación de la flota, incrementando la confortabilidad y velocidad comercial gestionando el tráfico con vías de uso exclusivo o compartido prioritario.

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Mejorar el transporte público a los centros de trabajo periféricos (polígonos industriales...) con el objetivo de evitar la necesidad de utilizar el vehículo privado.

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Revisar y adaptar las concesiones de empresas privadas de transporte público a las nuevas formas de transporte y contribuir a la gestión del transporte a demanda.

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Fomentar iniciativas de uso compartido del automóvil privado, en aquellos casos en que no haya otras alternativas, por ejemplo puntos de encuentro.

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Implementar una tasa de aparcamiento de grandes superficies, evitar los parques comerciales alejados de la trama urbana y establecer aparcamientos disuasorios en la periferia de las ciudades.

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Elaborar Ordenanzas municipales que penalicen automóviles contaminantes en relación directa potencia motor de combustión (todoterreno, SUV, y similares).

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Reducir el parque móvil municipal sustituyéndolo por otras alternativas de transporte como las bicicletas.

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Eliminación del proyecto ferroviario y hacer una auditoría técnica de la inversión con la depuración de responsabilidades políticas.

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Transporte urbano e interurbano sin combustibles fósiles, para la obtención de reducción del 50% de tarifa de guaguas.

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Reducir drásticamente la contaminación atmosférica, acústica, electromagnética, del suelo y agua superficial y subterránea, con medidas restrictivas y rigurosos controles. Reclamar más competencias y medios para las administraciones locales.

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Reducir el uso y la exposición a sustancias químicas peligrosas en todos los espacios del municipio, mediante controles rigurosos e información accesible al público.

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Crear un registro de instalaciones contaminadas y/o contaminantes para su gestión, paulatino desmantelamiento y eliminación del foco de contaminación (tejados con amianto, etc.)

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Elaborar y realizar un seguimiento de un mapa de ruidos y un Plan de Acción contra la contaminación acústica para disfrutar de pueblos y ciudades silenciosas.

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Reducir la contaminación lumínica para ahorrar energía y permitir disfrutar del cielo nocturno. Bajar los niveles de alumbrado nocturno tomando como referencia los niveles europeos u otras iniciativas. Añadir criterios de optimización del rendimiento de los sistemas de iluminación existentes.

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Aplicar el principio de precaución en lo tocante a los límites de exposición a los campos electromagnéticos.

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Realizar estudios técnicos con el fin de ordenar, ubicar (con criterios técnicos y urbanísticos) y racionalizar la implantación de estas infraestructuras, así como asegurar un elevado nivel de protección para la salud de los vecinos y vecinas, implicando al colectivo médico/sanitario, principalmente de atención primaria.

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Soterramiento con eliminación Campos Electromagnéticos de líneas de Alta Tensión y Media Tensión y Ordenación del actual mapa del sistema radioeléctrico TM en todas las islas.

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Fomentar una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente. Promover la Soberanía Alimentaria como sistema local y sostenible que mantenga la diversidad biológica y que provea alimentos saludables, regionales y libres de manipulación genética.

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Abordar el mercado con nuevos criterios, creando y protegiendo nuevos canales de comercialización. Incorporar la cercanía, los productos frescos, conservar suelo agrario y el paisaje como argumentos de comercialización.

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Desarrollar un Plan Formativo de huertos urbanos y agricultura familiar.

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Realizar ferias de productos ecológicos y locales, potenciando y favoreciendo la producción local y los circuitos cortos de comercialización.

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Proteger las tierras agrarias de calidad de los procesos urbanizadores.

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Proteger los usos y bienes comunales de los municipios (tierra, agua, semillas y culturas originarias).

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Conservar la cultura agraria y su transmisión generacional.

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Garantizar políticas de sacrificio cero en las perreras a través de la esterilización, el fomento de la adopción, las políticas educativas y las campañas de concienciación social.

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Acabar con los espectáculos en los que son utilizados animales.

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Campañas educativas y de concienciación social contra el abandono y a favor de la adopción de animales.

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Adopción de medidas que des incentiven la compra y venta de animales.

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Apostamos por poner fin a los espectáculos con animales. Para ello proponemos:

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Retirada de las subvenciones públicas a los espectáculos y recintos que usan animales los cuales están obligados a realizar comportamientos antinaturales, sometidos a situaciones estresantes, a esfuerzos excesivos, a temperaturas extremas o conducidos directamente a la muerte, como ocurre en los circos, zoológicos, acuarios (como el proyecto Gran Acuario prevista su construcción en suelo público de Las Palmas de Gran Canaria).

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Prohibición total de Peleas de Gallos en todo el archipiélago.

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Oposición a las matanzas selectivas como medidas de control poblacional de especies animales.

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Aplicación rigurosa de la legislación para evitar la caza no selectiva.

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Creación de un sistema veterinario público.