JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-1aS-31 LEY ADUANERA CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DEBE EJERCERLO DE OFICIO.- Conforme a los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, adoptando la interpretación más favorable a la persona, lo que se entiende en la doctrina como el principio “pro persona”; por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia P./J. 4/ 2010, ha sostenido que el artículo 152 de la Ley Aduanera, al no establecer un plazo para que la autoridad elabore y notifique el acta de irregularidades de mercancías de difícil identificación, viola la garantía de seguridad jurídica, misma situación acontece, tratándose del levantamiento del acta de irregularidades o escrito de hechos u omisiones derivado de la resolución definitiva del procedimiento de verificación de origen practicado conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al quedar al arbitrio de la autoridad el determinar el momento en que llevará a cabo tales actos, dejando en incertidumbre al particular sobre la situación que guarda la importación o exportación que realizó de las mercancías; en ese sentido, no obstante que no se haya hecho valer concepto de impugnación en relación a la actuación de la autoridad sustentada en el artículo 152 de la Ley Aduanera para el levantamiento de acta de irregularidades o escrito de hechos u omisiones derivado de la resolución definitiva del procedimiento de verificación de origen, este Tribunal a efecto de cumplir con la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ha de ejercer de oficio el control difuso de la constitucionalidad en materia de derechos humanos, sin que ello implique una determinación de inconstitucionalidad por parte de este Tribunal, puesto que sólo se está dejando de aplicar dicho precepto. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-23/2012) PRECEDENTES: VII-P-1aS-220 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1058/11-07-02-9/103/12-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz. (Tesis aprobada en sesión de 22 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 180 VII-P-1aS-221 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 877/11-03-01-2/124/12-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretario: Lic. Andrés López Lara. (Tesis aprobada en sesión de 27 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 180 VII-P-1aS-222 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 109/11-03-01-8/905/11-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe. (Tesis aprobada en sesión de 29 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 180 VII-P-1aS-223 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2892/10-07-03-1/1243/11-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe. (Tesis aprobada en sesión de 10 de abril de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 180 VII-P-1aS-224 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1030/11-04-01-2/1488/11-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte. (Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 180 Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos mil doce.- Firman la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-1aS-32 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME COMO ACTUAL EL CONTENIDO EN EL REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE, SI

NO REFLEJA CAMBIOS DESDE SU INSCRIPCIÓN HASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- Si la autoridad demandada interpone incidente de incompetencia por razón del territorio al considerar que la Sala que está conociendo no es la competente, y para acreditar que el domicilio fiscal del actor es uno diverso al señalado en su escrito de demanda, exhibe el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente que contiene la impresión de las constancias de su base de datos, del cual se advierte que no existe movimiento alguno desde su registro, por lo que, se deduce que el domicilio fiscal del contribuyente contenido en dicho reporte se ubica ahí, desde la fecha de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, hasta la presentación de la demanda; ello es así, ya que mientras no haya una modificación al domicilio, se debe entender que subsiste el mismo como actual, por lo que es competente por razón del territorio para conocer del juicio, la Sala Regional en cuya circunscripción territorial se ubique el domicilio fiscal señalado en el mencionado reporte. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-24/2012) PRECEDENTES: VI-P-1aS-399 Incidente de Incompetencia Núm. 21806/09-17-11-8/476/10-S1-01-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de julio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián Rodríguez Uribe. (Tesis aprobada en sesión de 23 de noviembre de 2010) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2011. p. 243 VI-P-1aS-453 Incidente de Incompetencia Núm. 7285/10-17-04-1/236/11-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de mayo de 2011, por unanimidad de 4 votos a favor.Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretaria: Lic. Sara Rocha Mata. (Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2011) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 43. Julio 2011. p. 98 VII-P-1aS-7 Incidente de Incompetencia Núm. 22630/10-17-07-5/522/11-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2011, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. (Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2011) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 2. Septiembre 2011. p. 22 VII-P-1aS-31

Incidente de Incompetencia Núm. 13317/10-17-05-6/318/11-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2011, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretario: Lic. José Luis Reyes Portillo. (Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2011) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 3. Octubre 2011. p. 69 VII-P-1aS-240 Incidente de Incompetencia Núm. 3445/11-07-03-4/1430/11-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Praxedis Alejandra Pastrana Flores. (Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 216 Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos mil doce.- Firman la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VII-P-SS-48 PRINCIPIOS DE RESERVA Y PRIMACÍA DE LA LEY. LAS REGLAS DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEAS FISCALES ESTÁN SUJETAS A ÉSTOS.- Las resoluciones administrativas de carácter general que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, están sujetas a los principios de reserva y primacía de ley, en la medida en que reflejan la voluntad de la administración pública en ejercicio de sus potestades, con efectos generales. El principio de reserva de la ley determina que las Resoluciones Misceláneas Fiscales no puede regular materias que deben ser normadas en las leyes; mientras que el principio de primacía de la ley, consiste en que la miscelánea fiscal debe estar precedida por un ordenamiento legal en el que encuentra su justificación y medida, toda vez que su función se limita a detallar y precisar la regulación correspondiente, y no a corregir disposiciones y procedimientos legales. PRECEDENTES: VII-P-SS-15 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19228/07-17-03-4/437/11-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

en sesión de 7 de septiembre de 2011, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 12 de octubre de 2011) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 4. Noviembre 2011. p. 110 VII-P-SS-41 Recurso de Reclamación No. 7120/10-11-01-1/1136/11-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de marzo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor.-Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López. (Tesis aprobada en sesión de 14 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 98 REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VII-P-SS-48 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28169/08-17-08-5/286/10-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de mayo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz. (Tesis aprobada en sesión de 9 de mayo de 2012)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VII-P-SS-49 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS REGLAS DE UNA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL.- El artículo 2o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del 1° de enero de 2006, incorporó una regla de procedencia del juicio contencioso administrativo federal consistente en la impugnación de diversas resoluciones administrativas de carácter general que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, siempre y cuando sean autoaplicativas o cuando el interesado las controvierta en unión del primer acto de aplicación, excluyéndose la competencia del Tribunal para conocer de los reglamentos y demás normas generales de mayor jerarquía. Por lo que este nuevo sistema de control de la legalidad de normas administrativas de observancia general, permite que puedan impugnarse las Reglas de las Resoluciones Misceláneas Fiscales, en aras de ampliar la tutela de los derechos de índole administrativo que gozan los gobernados. PRECEDENTES: VII-P-SS-16 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19228/07-17-03-4/437/11-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

en sesión de 7 de septiembre de 2011, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 12 de octubre de 2011) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 4. Noviembre 2011. p. 110 VII-P-SS-30 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 108/11-16-01-4/1096/11-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de noviembre de 2011, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 23 de noviembre de 2011) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 6. Enero 2012. p. 39 VII-P-SS-42 Recurso de Reclamación No. 7120/10-11-01-1/1136/11-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de marzo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López. (Tesis aprobada en sesión de 14 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 99 VII-P-SS-43 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22234/10-17-01-2/1577/11-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de marzo de 2012, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 14 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 99

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VII-P-SS-49 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28169/08-17-08-5/286/10-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de mayo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz. (Tesis aprobada en sesión de 9 de mayo de 2012)

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VII-P-1aS-279

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA EMPRESA NACIONAL QUE EXTRAE LA MERCANCÍA DEL DEPÓSITO FISCAL PARA SU IMPORTACIÓN DEFINITIVA, NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A RETENER EL IMPUESTO RELATIVO POR ENAJENACIÓN DE BIENES.- En términos de lo dispuesto por los artículos 119 y 120 de la Ley Aduanera, si una empresa o el agente aduanal introduce al país mercancía bajo el régimen de depósito fiscal a un Almacén General de Depósito y lo acredita con el pedimento respectivo, con tal introducción no existe importación definitiva en territorio nacional, sino que la importación se realiza hasta el momento en que es extraída la mercancía del Almacén en cita e importada o exportada, según sea el caso, configurándose hasta ese momento la obligación de “pagar” los impuestos de comercio exterior, así como las cuotas compensatorias que correspondan. En efecto, el hecho de que la empresa extranjera, haya internado a territorio nacional la mercancía revisada bajo el régimen de depósito fiscal, no le da el carácter de importador, pues quien realmente importó de manera definitiva la citada mercancía a territorio nacional lo fue la empresa nacional, al haberla extraído del depósito fiscal. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la empresa nacional no se encuentra obligada a retener el impuesto al valor agregado por concepto de enajenación ya que ésta, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 1° de la Ley referida, está obligada exclusivamente al pago del impuesto al valor agregado por la importación de los bienes. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 879/11-08-01-2/1363/11-S1-05-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de febrero de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Hortensia García Salgado. (Tesis aprobada en sesión de 15 de mayo de 2012)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-P-1aS-284 ORDEN DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE.- NO ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD SEÑALE LA FECHA DE DURACIÓN Y/O CONCLUSIÓN.- El artículo 38 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, establece que todos los actos administrativos deberán estar fundados y motivados. Por lo que, para que una orden de revisión de escritorio o de gabinete se considere debidamente fundada y motivada, debe señalar lo siguiente: 1) La documentación que requiere; 2) la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige; 3) la facultad que ejerce; 4) la denominación de las contribuciones; y, 5) el periodo a revisar. De manera que, el hecho de que la autoridad fiscal no señale la fecha de duración y/o conclusión de las facultades ejercidas, no le resta validez a la orden de revisión de escritorio o gabinete, al no ser datos indispensables para que el contribuyente adquiera certeza jurídica en relación a la facultad de comprobación ejercida por la autoridad.

Juicio de Tratados Internacionales Núm. 19285/08-17-08-2/165/12-S1-02-03.Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. (Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2012)

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-P-1aS-285 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL. CASOS EN QUE RESULTA IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LAS TASAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- De conformidad con el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales pueden presumir la existencia de ingresos, así como el valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones en los casos en que dicho supuesto así lo establece. En relación con ello, el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, faculta a la autoridad fiscal para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, siempre y cuando se presente alguno de los ocho supuestos que ahí se enumeran. Ahora bien, cuando en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos previstos y la autoridad fiscal cuenta con la documentación suficiente para conocer de la situación fiscal del contribuyente, como lo es su contabilidad, ésta se encuentra en la posibilidad de determinar la utilidad fiscal con base en dicha documentación, pudiendo emitir su determinación sobre bases más ciertas. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 910/11-11-03-4/270/12-S1-03-04.Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2012)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-P-1aS-286 MULTA FISCAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2004. CASO EN QUE DEBERÁ MOTIVARSE SU CUANTÍA.- El artículo 76 fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente al 2004, establecía que cuando el contribuyente cometiera una o varias infracciones, originando la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicaría una multa equivalente del 50% al 100% de las contribuciones omitidas actualizadas. Por otra parte,

de conformidad con el artículo 77, fracción I, inciso c), del citado ordenamiento, dichas multas podrían aumentarse de un 50% a un 70% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas. Ahora bien, si la autoridad fiscal impuso una multa equivalente al 50% de las contribuciones omitidas actualizadas, es evidente que no se encontraba obligada a realizar mayores razonamientos respecto del monto de la multa, sino exclusivamente motivar adecuadamente la sanción misma. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 910/11-11-03-4/270/12-S1-03-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2012)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-P-1aS-294 DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. CORRESPONDE AL CONTRIBUYENTE DEMOSTRAR CON LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES REALIZADOS PROVIENEN DE DIVERSOS SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales presumirán que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones; asimismo el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone que al valor de los actos o actividades determinados presuntivamente como base del impuesto, debe aplicarse la tasa «que corresponda» conforme a la propia ley. Por tanto, corresponde al contribuyente demostrar con la documentación pertinente, que el valor de los actos o actividades determinados provienen de diversos servicios, para que se esté en condiciones de aplicar a su favor las excepciones previstas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. PRECEDENTES: VII-P-1aS-138 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3721/09-17-05-5/163/11-S1-03-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de noviembre de 2011, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán. (Tesis aprobada en sesión de 2 de febrero de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 80

VII-P-1aS-139 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2999/09-06-01-3/640/11-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de febrero de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. (Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 80 VII-P-1aS-231 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 768/11-04-01-5/41/12-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Yazmín Alejandra González Arellanes. (Tesis aprobada en sesión de 27 de marzo de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 199 VII-P-1aS-267 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 910/11-11-03-4/270/12-S1-03-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 11. Junio 2012. p. 196

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VII-P-1aS-294 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1865/10-08-01-4/218/12-S1-05-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretario: Lic. Hortensia García Salgado. (Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2012)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-P-2aS-172 CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. REQUISITOS PARA QUE OPERE LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO.- El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, establece que las facultades para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios se

extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga la obligación de hacerlo; que dicho plazo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 42 o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; que el plazo de caducidad se suspenderá con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación mencionadas, e inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal y que dicha suspensión estará condicionada a que cada seis meses se levante cuando menos un acta parcial o final o se dicte la resolución definitiva; que de no cumplirse esta condición se entenderá que no hubo suspensión. Por tanto, si se inicia una visita domiciliaria, se levantan diversas actas y se dicta la resolución definitiva, pero no se levantan cuando menos una cada seis meses, resulta evidente que no se da la condición establecida por el legislador federal para estimar suspendido el plazo de caducidad con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación. En consecuencia, cuando no se cumpla la condición debe considerarse que no hubo la suspensión y por ello, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se presentó la declaración del ejercicio y concluir con la notificación de la resolución definitiva que determine el crédito fiscal. PRECEDENTES: V-P-2aS-264 Juicio No. 415/01-06-01-4/24/01-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 12 de agosto de 2003, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez. (Tesis aprobada en sesión de 2 de septiembre de 2003) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. Tomo II. No. 36. Diciembre 2003. p. 493 V-P-2aS-330 Juicio No.1784/02-18-01-7/628/03-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 13 de enero de 2004, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla. (Tesis aprobada en sesión de 13 de enero de 2004) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 43. Julio 2004. p. 202 VI-P-2aS-539 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20218/02-17-06-8/AC1/583/06-S2- 10-04 y su acumulado 16397/04-17-04-1.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de mayo de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes. (Tesis aprobada en sesión del 11 de mayo de 2010) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 31. Julio 2010. p. 131

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VII-P-2aS-172 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5450/09-07-01-5/1037/11-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Gerardo Elizondo Polanco. (Tesis aprobada en sesión de 8 de mayo de 2012)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-P-2aS-181 REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA LIQUIDACIÓN DERIVADA DE UNA ORDEN DE ESTA NATURALEZA DEBE LIMITARSE A LA DOCUMENTACIÓN Y LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN DICHA ORDEN.- Conforme al artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, tienen la facultad para requerir a estos sujetos que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. Por lo que la orden de revisión que al respecto se emita debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que se exprese la documentación que fue requerida, ello con el objeto de dar plena seguridad y certeza al contribuyente y evitar el ejercicio indebido o excesivo de la atribución de revisión, en perjuicio de los particulares. Por su parte, el artículo 48 del propio Código, establece que como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones. Por lo que si en la orden de revisión o gabinete expresamente se señala que la revisión será por la información y documentación mencionada en relación a los pedimentos que se tramitaron con una determinada fracción arancelaria, resulta evidente que la determinación del crédito fiscal únicamente podía motivarse en las irregularidades encontradas respecto de esa fracción, por lo que es ilegal la determinación del crédito fiscal que abarque la revisión de mercancías que se tramitaron bajo otras fracciones arancelarias diversas a la que iba a ser objeto de revisión. PRECEDENTE: V-P-2aS-394 Juicio No. 173/03-09-01-9/1114/03-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de septiembre de 2004, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2004) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo I. No. 49. Enero 2005. p. 407 REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VII-P-2aS-181 Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 204/08-09-01-8/1092/08-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de mayo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2012)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-P-2aS-191 CADUCIDAD DE FACULTADES DE LA AUTORIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- DEBE ATENDERSE AL TÉRMINO GENÉRICO DE CINCO AÑOS TRATÁNDOSE DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS.- El artículo 67, fracción I del Código citado establece que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir de que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo, o en su caso cuando se presenten declaraciones complementarias, a partir del día siguiente a aquel en que se presenta, por lo que hace a los conceptos modificados. Dicho precepto también indica en la parte conducente que en los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 fracción III de ese Código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente. Por su parte, el artículo 26, fracción III aludido consigna que son responsables solidarios con los contribuyentes, los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de ese numeral, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo de que se trate. El inciso b) señalado se refiere a cuando dicha persona moral cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del Reglamento de dicho Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstos en ese Código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. Por lo que, si un responsable solidario, socio de la contribuyente, en su demanda alega la caducidad de las facultades de la autoridad para determinar las contribuciones y sus accesorios, el plazo para

determinar dicha figura será de cinco años, sin que sea aplicable el de tres a que alude el artículo 67, pues si bien este último supuesto se refiere a los casos de la fracción III del artículo 26 del ordenamiento citado, ello es a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente, pero no el relativo a la aptitud de ejercer las facultades de comprobación de la autoridad incluso para determinar el crédito que corresponde a un responsable solidario porque el deudor principal haya cambiado su domicilio fiscal sin el aviso correspondiente, pues esto último es el relativo a la determinación de la responsabilidad solidaria pero no así de las facultades de la autoridad. PRECEDENTE: VI-P-2aS-69 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 42/06-10-01-7/183/08-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de junio de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 12 de junio de 2008) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 8. Agosto 2008. p. 211 REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VII-P-2aS-191 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2213/10-12-03-3/AC1/679/11-S2-10- 04.Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de mayo de 2012, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández. (Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2012)

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VII-TASR-6ME-4 DONACIONES.- LAS REALIZADAS POR LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS AL PÚBLICO EN GENERAL DEBEN SER CONSIDERADAS COMO ENAJENACIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- El artículo 8, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el año 2005, establece que para los efectos de esa ley, no se considera enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la donación, salvo que ésta se efectúe por empresas para los cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Asimismo, el numeral 19 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, indica que para los efectos del artículo 8 en mención, se considerarán transmisiones por las que no se está obligado al pago del impuesto al valor agregado las donaciones u obsequios que efectúen las empresas con fines de promoción, siempre que éstos sean deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ese

entendido, si bien en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales en comento, por regla general las donaciones no se consideran enajenaciones, también lo es que esas disposiciones jurídicas establecen una excepción a esa regla, esto es, que las donaciones que realice la empresa no sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta; razón por la cual, si una asociación religiosa dona al público en general, libros, revistas, folletos, videos, casetes, etcétera, tal donación sí debe considerarse como una enajenación, al no ser sujeta de deducción por parte de la asociación en términos del artículo 176, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año de 2005. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12149/11-17-06-4.- Resuelto por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de abril de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Lucelia Marisela Villanueva Olvera.- Secretaria: Lic. Claudia Nalleli Nava Martínez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-TASR-7ME-4 CONTADOR PÚBLICO.- CÓMPUTO DEL PLAZO PARA NOTIFICAR LAS IRREGULARIDADES DE SU ACTUACIÓN PROFESIONAL CONFORME EL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con el artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene la facultad de revisar los dictámenes formulados por contador público. La revisión se llevará a cabo con el contador público que haya formulado el dictamen, y para ello, establece tres supuestos de requerimiento de información los cuales identifica con incisos. Así se tiene que la autoridad puede requerir al contador público a) cualquier información que conforme al Código Fiscal de la Federación y a su reglamento debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales, b) la exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada y c) la información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La revisión no deberá exceder del plazo de doce meses contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de información, cómputo que comienza, una vez que la autoridad ejerce cualquiera de las tres facultades contenidas en el precepto referido y las notifica al contador público. Así las cosas la autoridad al notificar el primer oficio que se fundamente en el artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ya sea inciso a), b) o c), inicia sus facultades de comprobación y por ende se sujeta al plazo de 12 meses para concluir las mismas y en su caso, notificar al contador público las irregularidades de su actuación profesional. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8139/11-17-07-8.- Resuelto por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de abril de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Isabel Gómez Muñoz.- Secretaria: Lic. Minerva Beatriz Salazar Aparicio.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-TASR-1NE-11 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE CAUSACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 93, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, RELATIVO A LA ENAJENACIÓN DE UN BIEN, SI EL CONTRIBUYENTE CELEBRÓ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.- El citado artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio dos mil cinco, establece que en el caso de que las personas morales a que se refiere este Título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del Título II de la referida ley, a la tasa prevista en el artículo 10 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. En ese sentido, el concepto de enajenación tiene significación en tanto que se pasa a otro la propiedad u otro derecho sobre algo, una cosa, comúnmente vinculado con la compraventa. Ahora bien, el arrendamiento financiero es una opción para las empresas que no cuentan con el capital de inversión necesario para adquirir un activo fijo que represente una fuerte inversión de dinero; estas empresas lo utilizan como un mecanismo de financiación alternativo e innovador frente a un crédito bancario ya que disponen del inmovilizado sin necesidad de comprarlo. Por tanto, si el contribuyente celebró un contrato de arrendamiento financiero respecto de un bien determinado, en modo alguno puede actualizar el supuesto previsto por el artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, en virtud de que no se transfiere la propiedad de un bien o de una cosa, propia de la compraventa, sino que solo se adquiere un bien para ceder su uso y disfrute, durante un plazo determinado contractualmente. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1899/10-06-01-8.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de mayo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Lerma Jasso.- Secretario: Lic. José Mercedes Hernández Díaz.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-TASR-1GO-23 DECLARACIÓN ANUAL.- EL HECHO DE UBICARSE EN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2010, NO SIGNIFICA QUE NO PUEDA PRESENTAR SU DECLARACIÓN ANUAL SI CONVIENE A SUS INTERESES.- Del segundo párrafo del artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2010, se advierte que las personas físicas que únicamente obtengan ingresos por intereses, considerarán la retención que se efectué como pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al ejercicio de que se trate y no excedan de $100,000.00, y en ese caso no estarán obligados a presentar la declaración a que se refiere el artículo 175 de esta ley. En tal virtud, si las retenciones que se le realizaron a la actora por diversas instituciones

bancarias, tienen el carácter de pagos definitivos, y por tanto no está obligada a presentar su declaración anual, eso no significa que la actora no pueda presentar su declaración anual si conviene a sus intereses, ya que dicho precepto no le prohíbe hacerlo si así lo desea. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2822/11-13-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Agustina Herrera Espinoza.Secretaria: Lic. Francisca Trujillo Vásquez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-TASR-1GO-24 DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR.- ES PROCEDENTE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS RETENCIONES QUE SE REALICEN POR INSTITUCIONES BANCARIAS A LOS CONTRIBUYENTES TENGAN EL CARÁCTER DE PAGOS DEFINITIVOS.- Del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, no se advierte que cuando las retenciones que se realicen por instituciones bancarias a los contribuyentes tengan el carácter de pagos definitivos no proceda la devolución de saldo a favor. Ello es así, porque del referido precepto se advierte que: a) Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, b) En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate, y c) Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio. Por tanto, si a la actora: 1) se le retuvieron diversas cantidades por parte de instituciones bancarias por concepto de impuestos por intereses reales; 2) presentó su declaración anual del ejercicio 2010 del impuesto sobre la renta; y, 3) en su solicitud de devolución señaló que tenía un saldo a favor del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2010; resulta evidente que actualizó el supuesto establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, y en consecuencia era procedente que la autoridad le devolviera el monto solicitado. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2822/11-13-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Agustina Herrera Espinoza.Secretaria: Lic. Francisca Trujillo Vásquez.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VII-TASR-CA-13 ENAJENACIÓN DE CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA-HABITACIÓN.- NO CAUSAN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- La función encomendada a quien se autoriza para dictaminar estados financieros, no se acota a la

simple validación de la información y documentación que se le proporciona, sino que debe realizar su valoración analítica en apego a las disposiciones legales y normatividad conducente, donde en caso de advertir alguna irregularidad, debe comunicarlo a la autoridad al rendir su dictamen, tal como lo disponen los cardinales 52, primer párrafo, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación; 52, primer párrafo, fracción II y 54 fracción II, de su reglamento, todos vigentes en 2008; motivo por el cual, si de la interpretación armónica de los artículos 4, fracción I, y 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 28, segundo párrafo y 29, primer párrafo, de su reglamento, la enajenación de las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas como casa-habitación, no pagarán impuesto al valor agregado y en tal medida, al estar exento de dicha contribución, a su vez se excluye de la posibilidad de aplicar la mecánica de acreditamiento del impuesto en comento; en ese orden, no se apega a derecho que al dictaminar los estados financieros, el contador valide la existencia del saldo de impuesto al valor agregado por recuperar, derivado de las operaciones llevadas a cabo por el contribuyente dedicado a la construcción y enajenación de bienes como el referido, cuando éste no podía aplicar el acreditamiento del impuesto trasladado por sus proveedores y prestadores de servicios. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 663/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VII-TASR-CA-16 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ES PROCEDENTE EL ACREDITAMIENTO DE LA PARTE EFECTIVAMENTE PAGADA RESPECTO DE UNA OPERACIÓN.- Conforme a los artículos 1-B, primer y segundo párrafos, 5, fracción III y 5-D, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con relación al cardinal 5 del Código Fiscal de la Federación, para efectos del impuesto al valor agregado se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, donde además se prevé la mecánica de cálculo de dicho impuesto con la condicionante para considerarlo acreditable, que haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate; de lo anterior, destaca que no se realiza distinción alguna en el sentido de acotar tal circunstancia únicamente al entero o extinción plena de la contraprestación pactada en un comprobante fiscal; es por ello que se apega a derecho que el particular acredite la parte proporcional del impuesto que corresponde al anticipo efectivamente realizado y no desvirtuado por la fiscalizadora. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 958/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de agosto de 2011,

por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-TASR-CA-18 ASISTENCIA TÉCNICA.- EL SERVICIO DEBE BRINDARSE EN FORMA DIRECTA POR EL PROVEEDOR Y NO A TRAVÉS DE TERCEROS.- Conforme al artículo 31, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la deducción por asistencia técnica, se requiere la comprobación de que quien proporciona los conocimientos cuenta con elementos técnicos propios para ello, los preste en forma directa y no a través de terceros; por lo que si el interesado reconoce que los servicios fueron finalmente realizados por diversa persona que fue subcontratada, se apega a derecho su rechazo por parte de la autoridad; ya que con independencia de que el particular haya consentido o no que su prestador de servicios realizara una subcontratación para cumplir con las obligaciones pactadas, en tales circunstancias, no se cumple el requisito categórico previsto en el cardinal antes citado, pues si bien se debe respetar la libertad contractual entre las partes, no es menos cierto que si pactan la prestación de ciertos servicios en determinada forma, no es motivo suficiente para que la fiscalizadora tenga que pasar por tal cuestión, cuando se pretenda trascender lo pactado, al marco legal aplicable, exigiendo con ello un beneficio. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 980/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-TASR-CA-19 SINDICATOS.- SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE REALICEN.- Acorde a los artículos 93, 95 y 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 16, 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; 356 y 378 de la Ley Federal del Trabajo, vigentes en 2006, se advierten ciertos elementos de esencial importancia, a saber: 1. Los sindicatos, no se consideran sujetos del impuesto sobre la renta ni de múltiples obligaciones, tales como llevar contabilidad o expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen afines a su naturaleza; 2. La naturaleza jurídica del sindicato, no comprende la realización de actividades empresariales con fines de lucro; por lo que de realizarse tales acorde al cardinal 16 del código citado, estará obligado a llevar sistemas contables, efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones y expedir comprobantes que acrediten tales actividades; en ese orden, se apega a derecho que con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad requiera a un sindicato información y documentación relativa al impuesto sobre la renta y el impuesto al valor

agregado, ya que no se encuentran ajenos al cumplimiento de esas obligaciones con motivo de los actos y actividades empresariales que efectúen. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 555/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de septiembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VII-TASR-CA-21 ACTIVIDADES EN PERIODO PREOPERATIVO.- SUPUESTO EN EL CUAL NO SE PUEDEN CONSIDERAR COMO TALES.- Conforme al artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se asume al periodo preoperativo como el lapso durante el cual el contribuyente reúne y prepara los diversos elementos, tangibles e intangibles, que conforman su empresa, para estar en condiciones de producir bienes o prestar sus servicios constante o permanentemente; en ese orden, si en determinada data el contribuyente surgió a la vida jurídica y actividad económica con motivo de su legal constitución y con casi cinco años de posterioridad, realiza la adquisición de inmuebles con fines de arrendamiento (lo cual resulta acorde a su objeto social), no se apega a derecho que la autoridad limite su actuación a considerar tales operaciones como erogaciones en periodo preoperativo y no como una actividad propia del objeto social del contribuyente, máxime cuando fueron reportados en tales términos por el interesado y la fiscalizadora incluso omitió estudiar el objeto social de la persona moral. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 906/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VII-TASR-CA-23 FACULTAD PARA ALLEGARSE DE INFORMACIÓN CON MOTIVO DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.- LA AUTORIDAD NO PUEDE EXTRALIMITARSE AL REQUERIR CUESTIONES QUE CARECEN DE SUSTENTO LEGAL.- Si con motivo de una solicitud de devolución, con fundamento en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la fiscalizadora requirió que se manifestara el proyecto económico y destino que se daría a los bienes adquiridos, considerando el tipo de clientes a los que pretendía dirigir su proyecto, medios de publicidad que utilizaría, entre otras cuestiones; a lo cual, el contribuyente realizó las aclaraciones respectivas donde destacó que dada la considerable erogación que le implicó la adquisición de los bienes con fines de arrendamiento (lo que era compatible con su objeto social), al no contar con solvencia económica no se contemplaba abordar en breve el proyecto, por lo que a dicha fecha no

se tenían visualizados los posibles clientes ni el medio de publicidad a utilizar para promoverlo.- En ese orden; no se apega al marco legal, que la autoridad rechace la devolución solicitada, por no presentar un proyecto económico sobre los bienes, alegando que con ello no se justificaba lo indispensable del gasto realizado ya que si bien no se soslaya la utilidad práctica que pudiera representar para la autoridad, el hecho de que el particular contara a priori con un proyecto económico para el destino de los bienes, e incluso con una lista de clientes potenciales, estrategia de mercadotecnia, remodelación del lugar, entre otras cuestiones exigidas, empero, se pondera que no se justificó la base legal que conminara al interesado a contar con tales elementos, aunado a que ni siquiera analizó el objeto social del contribuyente para constatar las cuestiones de trato.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 906/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VI-TASR-XXXVI-149 COMPROBANTE FISCAL.- SUPUESTO EN EL CUAL NO SE ACREDITA LA CANTIDAD DE MERCANCÍAS ENTRATÁNDOSE DE TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO.No se cumple con el requisito previsto por el artículo 29-A, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, cuando en un comprobante, en el apartado de cantidad se plasmó únicamente una cierta cifra y en el de descripción se asentó “tiempo aire electrónico”; en efecto, en la medida de lo posible, debe delimitarse la naturaleza del producto objeto de la operación mercantil, para de tal forma poder establecer la información que se requiere para tener por satisfecho el requisito fiscal en comento, para lo cual, debe atenderse si los productos de mérito, son comercializados o no, por unidad y a su vez si dicha unidad y producto se encuentra vinculado al mismo tiempo con alguna unidad de medida métrica o de peso, verbigracia, kilogramos, metros, entre otros; o bien, si los productos son comercializados a granel; por lo cual, si la operación no recayó sobre bienes tangibles identificables por unidad, sino en el bien intangible denominado “tiempo aire electrónico”, se requiere que en el comprobante se haga constar la precisión de la unidad de medida utilizada; en ese orden de ideas, si bajo la afirmación del interesado, el bien comercializado era relativo a “tiempo”, se pondera que no cuenta con sólo una medida generalmente aceptada, ya que incluso cuenta con una inferior, como lo es el segundo y una superior como es el minuto, por lo cual, si en todo caso se trataba de la adquisición de determinado número de minutos de tiempo aire electrónico, así debió establecerse en el texto del comprobante respectivo. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 387/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de octubre de

2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VI-TASR-XXXVI-150 LUGAR DE ENTREGA ENTRATÁNDOSE DEL TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO PARA DETERMINAR LA TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- SUPUESTO EN EL CUAL NO SE ACREDITA.- El cardinal 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2009, establece que la tasa del 10% a los valores que señala, se aplicará cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza y siempre que la entrega material de los bienes se lleve a cabo en dicha región; por lo cual, sin prejuzgar sobre la naturaleza intangible del bien denominado tiempo aire electrónico, no basta para considerar aplicable la tasa en comento, que la interesada manifieste que su propio cliente aceptó haber realizado operaciones comerciales con ella en determinado periodo, ni que se exhiba el comprobante fiscal relativo a la enajenación del bien; cuando es omisa en aportar elemento de convicción alguno bajo el cual acreditara su efectiva recepción en región fronteriza; tal consideración no descansa en exigir la constancia material de un bien intangible, por el contrario, se plantea bajo la base razonable que aun de tratarse de un bien de tal naturaleza, debe probarse el lugar de recepción por parte del adquirente, cuando precisamente derivado de dicho hecho, se pretende obtener efectos favorables, como es la aplicación de una tasa preferencial para el citado impuesto. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 387/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de octubre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VI-TASR-XXXVI-159 TASA PREFERENCIAL DE 0% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA EXPORTACIÓN DEFINITIVA DE BIENES.- SU PROCEDENCIA.- De la interpretación armónica de los artículos 2-A, fracción IV, 4, 29, fracciones I y II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; el primer párrafo del artículo 36, y 172, fracción I, de la Ley Aduanera y 193 del Reglamento de la Ley Aduanera; la regla 2.7.4 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2008 y su apéndice 2 del anexo 22; se tiene que la tasa aplicable para la exportación definitiva de bienes será del 0% para las empresas residentes en el país, donde para efectos del despacho de las mercancías a través de empresas de mensajería no se prevé la limitante de los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, para llevar a cabo su exportación a través de éstas; de lo anterior destaca que no se establece la improcedencia de la tasa en comento, a la circunstancia

de que en un pedimento que sobrepasa la cantidad antes referida, se haya asentado la clave T1 (aplicable a exportaciones hasta de dicha cantidad); por lo que tal cuestión no puede fungir como sustento de la negativa para determinar la viabilidad de una solicitud de devolución. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 330/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de julio de 2011.Sentencia: por 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.