Problem ática sobre el sistem a político mexicano Roberto Varela UAM-Iztapalapa

Angel Palerm fue miembro de mi comité de tesis de doctorado en Antropología. Su muerte prem atura me impidió apro­ vechar sus criticas y observaciones sobre la tesis que prepa­ raba. Tuve, sin embargo, la suerte de oír sus comentarios, una calurosa tarde del mes de abril de 1979 en Cuernavaca, sobre el siguiente apartado que en su homenaje reproduzco aquí. 1. Proposiciones y tesis Basándonos en la teoría energética propuesta por Adams, vamos a enunciar dos proposiciones de carácter general que nos parecen ser válidas y cuatro tesis sobre el sistema políti­ co mexicano que consideramos falsas. Insistimos en que tanto las proposiciones generales como las tesis particulares se desprenden de la teoría general de Adams sobre el poder social: nosotros, al menos, las dedujimos conscientemente de ahí. I a proposición: Aunque ambos procesos se den sim ultá­ neamente en el tiempo, la estabilidad política no es la causa o condición del desarrollo energético del sistema, sino por el contrario es la expansión energética la que permite un estado de estabilidad política (prioridad de la naturaleza, sim ulta­ neidad en el tiempo). 2a proposición: En sociedades complejas, una sociedad particular que no proporcione al gobierno central las bases para obtener un poder independiente y suficiente y cuyo

ingreso energético sea bajo y desequilibradamente distribui­ do, tenderá en el proceso de concentración del poder a asum ir formas autoritarias de gobierno. I a tesis falsa: Existe una concentración excesiva de po­ der en el sistem a político mexicano. Los fenómenos del auto­ ritarismo, caciquismo, intermediación política, corrupción son su expresión manifiesta. 2a tesis falsa: Los program as implementados por el go­ bierno federal p ara descentralizar la adm inistración pública son program as p ara aliviar la concentración excesiva de poder. Asimismo los proyectos llamados de desarrollo regio­ nal tienen a mediano o largo plazo el efecto de desconcentra­ ción del poder. 3a tesis falsa: La reforma política (Ley Federal de O rga­ nizaciones Políticas y Procesos Electorales, 1977) propuesta por él ejecutivo es la solución que ofrece el gobierno federal a la crisis de legitimidad (luego, de debilidad) del sistem a polí­ tico mexicano. 4a tesis falsa: No existe o se da escasam ente la participa­ ción política entre el campesinado mexicano. 2. Proceso de concentración del poder en México En el proceso de concentración del poder del periodo posrevo­ lucionario (a partir de 1924) el gobierno federal tomó un papel predom inante y casi exclusivo en sus prim eras etapas. Aho­ ra bien,el sistem a energético de sustentación en términos de recursos naturales susceptibles de ser controlado y servir, por consiguiente, como base de poder social independiente, era sum am ente exiguo. Y aunque a partir de Calles especial­ mente se intentó desarrollar esta base, los resultados no fueron particularm ente apreciables debido a factores inter­ nos y externos. Quedaban, por tanto, otras dos fuentes: la primera, el poder asignado del propio sistema; la segunda, el poder delegado de otro sistema, principalmente el de los E sta ­ dos Unidos. Sobre estas dos bases y siguiendo una línea oscilatoria (by trial and error) se fincó el proceso de concen­ tración del poder que permitió m ás adelante, a partir del final de la segunda guerra mundial, una expansión significativa del sistem a energético y con ello sentar las bases de un poder

independiente, en primer término p ara el mismo gobierno federal y subsecuente y /o concomitantemente para otras unidades operantes en los niveles estatales y nacionales. El inicio de la concentración del poder sobre las dos bases indicadas no podía ser una empresa ni fácil ni rectilí­ nea. No era fácil obtener poder asignado de amplios sectores de la población m exicana y concentrarlo en el gobierno fede­ ral puesto que los beneficios de la etapa arm ada no eran patentes sino quizá para algunos miles de mexicanos. Sub­ sistían, por otro lado, numerosos centros de poder local o regional a todo lo largo y ancho del país comandados por jefes políticos o militares, y un amplio sector de la población, especialmente rural, que conformaban unidades fragm enta­ rias o informales. La estrategia del gobierno federal (con la variante cardenista de su política de masas) fue la de g an ar las lealtades (poder asignado) de los numerosos jefes políti­ cos y militares m ediante la aplicación de una dosis balancea­ da de recompensas, am enazas y coerción física y, a través de ellos, m antener bajo control al resto de la población. Este proceso cristalizó finalm ente en el p n r y en sus sucesivas metamorfosis: p r m y p r i . Recibir poder delegado por parte de los Estados Unidos era no sólo deseable sino indispensable para el presidente mexicano en turno, ya que ese poder podía transferirle a otros personajes actuales o potenciales que compitieran por el control del gobierno federal. Pero, por otra parte, la necesi­ dad imprescindible de controlar los recursos naturales más im portantes del país chocaba de frente con los intereses de ciudadanos norteamericanos que los tenían bajo su propio control. E sta empresa de reconciliar lo aparentem ente irre­ conciliable —obtener poder delegado de la m ism a fuente a la que se tra ta b a de afectar en sus intereses— siguió un movi­ miento de avance y retroceso en la medida en que los intere­ ses del gobierno norteamericano coincidían total, parcial o m ínim am ente con los intereses de algunos de sus súbditos en México, y de la coyuntura económica y política internacio­ nal. Puesto en otra forma, tanto el gobierno federal mexicano como algunos inversionistas norteamericanos en México compitieron a la vez por el poder delegado del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El uso de estas dos fuentes de poder fue efectivo aunque por su m ism a naturaleza de poder dependiente no fuese sufi­ ciente p ara consolidar el poder del gobierno federal. De ahí que, aun cuando siguieron utilizándose, el gobierno federal fue tratan do de aprovechar las circunstancias internas y externas p ara adquirir una base de poder independiente, proyecto claram ente formulado por el presidente Calles y usufructuado por sus sucesores a partir del final de la segun­ da guerra mundial. 3. Subdesarrollo y dependencia Es necesario enfatizar que el proceso de concentración de poder del México posrevolucionario se fue haciendo sobre una base energética insuficientemente desarrollada como para sustentar una estructura de poder correspondiente a la de los modernos estados-naciones. El carácter autoritario que h an señalado los an alista s nacionales y extranjeros del sistem a político mexicano y que padecen en carne propia los no analistas, descansa en ese hecho del desarrollo insuficien­ te y desequilibrado del país: la concentración del poder se fue efectuando en base al control de medios de destrucción y del poder asignado que pudo obtener de los jefes del ejército y de los líderes de los movimientos organizados de m asas, m ás el poder delegado de los Estados Unidos. Sería ilustrativo h a ­ cer un análisis com parativo del proceso de concentración del poder entre un país altam ente desarrollado y caracterizado por estructuras no autoritarias y México para comprobar que el carácter no autoritario del primero es el resultado de un proceso de desarrollo equilibrado anterior a la concentración del poder en el gobierno central (tenemos en mente el caso de los Estados Unidos). H ay que enfatizar asimismo que el proceso seguido de concentración del poder con su carácter autoritario y aun despótico de esta sociedad subdesarrollada y dependiente no es u na consecuencia directa de que sea capitalista sino de que es subdesarrollada y dependiente. P ara aclarar y m atizar la frase anterior argüiríam os que si el proceso seguido de con­ centración de poder del sistem a político mexicano no h a sido todavía m ás autoritario, se h a debido a su carácter capitalis­

ta: si el proyecto de sociedad hubiera sido el socialista hubié­ ramos tenido un autoritarismo más severo. Es decir, tom an­ do como constantes el subdesarrollo y la dependencia o el desarrollo y la independencia de una sociedad capitalista y de otra socialista, esta última por su misma naturaleza (al menos m ientras subsista el Estado con el control monopólico de los medios de producción) tenderá a restringir el número de dominios m ientras la primera a aumentarlos. Puesta esta premisa, tenemos que seguir matizando la afirmación ante­ rior. Algunos fenómenos del autoritarismo, por ejemplo el caciquismo, es cierto que no aparecen en las sociedades socia­ listas subdesarrolladas y dependientes y sí en las capitalis­ tas subdesarrolladas y dependientes, pero tampoco se en­ cuentran en las capitalistas desarrolladas e independientes; hay que advertir, sin embargo, que si no aparecen en las primeras es precisamente porque al ser un sistema m ás auto­ ritario no permite su existencia: sencillamente los hace des­ aparecer. Por tanto, aunque parezca paradójico, tenemos que afirm ar que las formas extremas de autoritarismo son el resultado del poco poder existente en el sistema. (Wolf, 1972: 216-223, ya hacía una observación semejante sobre el autori­ tarismo y falta de poder en la era de Los Caudillos en la historia de Venezuela). 4. Autoritarismo y consenso , Al h ab lar del concepto de autoritarismo viene a la mente su aparentemente contrario: consenso. Pero en un plan analítico no son conceptos m utuam ente excluyentes: existe traslape entre las dos nociones ya que se puede tener consenso sobre que se ejercite el autoritarismo. Cuando se trata, por tanto, de caracterizar un sistem a político dado es preferible centrar el análisis sobre 1) el espectro de las posibilidades reales de disentir, 2) los medios que se emplean para evitar o reprimir la disensión y 3) las unidades operantes que confieren poder asignado al centro de decisiones y las que se lo retiran o quisieran retirarlo. En el caso mexicano no parece que haya existido una diferencia notable, en cuanto al primer punto, respecto a otros estados-naciones con características seme­ jantes o superiores de desarrollo: los ordenamientos jurídicos

y constitucionales son similares (quizá la diferencia más notable fue la vigencia de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal sobre el delito de disolución social). Donde sí existe la diferencia es en los otros puntos. El proceso de concentración de poder en México se h a caracterizado por el empleo oscilante de formas violentas o m itigadas de repre­ sión con un predominio de las violentas de 1924 a 1934, formas m itigadas de 1934 a 1946, de nuevo violentas aunque selectivas de 1946 a 1952 y m itigadas aunque selectivas de 1952 a la fecha. Las unidades operantes sobre las que no se ha ejercitado la violencia son aquellas que h an tenido un control independiente sobre los recursos más im portantes del país (banqueros, industriales, comerciantes); se ejerció la violencia pero dejó de aplicarse una vez que se sometieron al gobierno federal sobre el ejército a partir del término de la rebelión escobarista de 1929, sobre la Iglesia católica a partir de Avila Camacho y sobre los movimientos organizados de masas de filiación oficialista a partir de la sectorialización del partido oficial en 1938; selectivamente se h a ejercitado sobre los movimientos independientes y organizados de m asas y sobre los relativam ente independientes (grupos disidentes al interior de una central oficialista); continuam ente se ha apli­ cado a los movimientos no organizados especialmente en el campo (con excepción del periodo cardenista) y a los grupos guerrilleros. Sobre estas líneas podemos destacar dos tenden­ cias: primera, una disminución progresiva de la aplicación de la violencia a los grupos disidentes; segunda, una relación inversam ente proporcional del ejercicio de la violencia con el grado de organización de los grupos disidentes. Sería ilustra­ tivo com parar el número de personas sobre las que h an apli­ cado las formas m ás extremas de represión —asesinatos y encarcelamientos— entre los grupos organizados de m asas independientes o relativam ente independientes y los movi­ mientos no organizados, especialmente campesinos: la pro­ porción sería fácilmente de uno a cien o mil (¿serían capaces siquiera los mismos responsables de estos actos de cuantificar sus datos?). Ahora bien, si consideramos que la localiza­ ción de movimientos disidentes de grupos no organizados se concentra en las regiones geográficas menos desarrolladas —Pacífico Sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas) y parte del Cen­

tro (Hidalgo, Tlaxcala)—, podremos cualificar m ás la segun­ da tendencia: el grado de organización de los grupos está en relación directa al control que ejercen sobre los recursos sig­ nificativos del país. Completando, pues, la segunda tenden­ cia, afirm aríam os que a menor concentración de poder délos grupos disidentes, resultado del control de recursos menos significativos p ara el país, existe una aplicación mayor de medidas violentas p ara reprimir su disidencia. Si, por otra parte, fijamos la atención en la importancia de los recursos que controlan los diferentes grupos o unidades operantes y no existiendo una disidencia abierta, encontramos que existe una mayor autonom ía en la toma de decisiones internas entre los que controlan los recursos menos significativos y menor autonom ía entre los que controlan los recursos más significativos. Tenemos, por tanto, otra aparente paradoja: el mayor grado de autonom ía se da precisamente entre los grupos que son al mismo tiempo los objetos sobre los que se ejerce la forma m ás violenta de represión cuando manifies­ tan su disidencia. 5. Cultura política, legitimidad, ideología Nos parecen insuficientes la explicaciones que en términos de cultura (o tradición) política, legitimidad e ideología se ofrecen sobre el carácter de los sistemas políticos. En el fondo las tres posiciones suponen (pero no prueban) que cierta tradición cultural o la interiorización de ciertos valores o ideas son responsables del actuar de los actores sociales. A esta explicación que, adem ás de la casi imposibilidad de proporcionar una prueba empírica, convincente supone nece­ sariam ente la homogeneidad de los grupos sociales, opon­ dríamos la selectividad situacional de normas y valores que hacen los actores sociales en las sociedades menos comple­ jas y, a fortiori, en las más complejas (Cfr. Gluckman 1958). Hay que m anejar, por otra parte, el concepto de legitimidad con precaución ya que p ara que sea útil hay que aplicarlo a seis aspectos del sistem a político analíticam ente distintos: es decir, no se sigue necesariamente la legitimidad o ilegiti­ midad de un nivel de la legitimidad o ilegitimidad de otro. Los seis aspectos que tendríamos que distinguir son: comuni­

dad política, régimen, gobierno, status político, oficial políti­ co y decisión política (Cfr. Political Anthropology: 10-19). No basta, por tanto, referirse globalmente a legitimidad o crisis de legitimidad de un sistem a político, sino hay que referirse explícitamente al nivel del que se está hablando y ante quié­ nes es legítimo o ilegítimo. Es especialmente engañoso apli­ car el concepto de legitimidad al régimen, concebido éste como las “reglas del juego”: si hay algo especialmente refrac­ tario al análisis racionalista de la teoría de juegos es ju sta­ mente lo político, ya que la posibilidad m ism a de la teoría es que los actores sigan las m ism as reglas. Lo que “no rm a” , sin embargo, lo político, no son reglas, sino las relaciones de poder. Viniendo al caso mexicano nos parece especialmente difícil entender cuál es el contenido real que se da al concepto de legitimidad o crisis de legitimidad que se emplea a diestra y siniestra a partir de 1968. Después de los estudios de los an alistas nacionales y extranjeros que m uestran quiénes h an sido los beneficiarios del desarrollo mexicano y de los análisis que se están realizando sobre los afectados y benefi­ ciados por la crisis económica de los años recientes, ¿qué significado concreto puede tener h ab lar de “crisis de legitimi­ dad ”? Es muy cuestionable que esta crisis se refiera a la m ayoría de la población, especialmente a los campesinos y a los estratos urbanos m ás pobres, pues primero h ab ría que probar que en alguna época el sistem a político fue legítimo para ellos y se m antuvo por algún tiempo. E igualmente cuestionable es asum ir que los beneficiarios del desarrollo tan desigual ya no consideran legítima la fuente de sus in ­ mensos beneficios que difícilmente podrían obtener de otro sistem a político. La reforma política que h a sido implementada a iniciativa del ejecutivo no es, nos parece, una medida p ara recuperar un a legitimidad perdida sino es el resultado de la concentración de poder independiente que h a adquirido el gobierno federal: es decir, no es un resultado del debilita­ miento del gobierno sino, al contrario, de su fuerza. Lo que tienen de rescatable y útil las teorías antes criticadas cree­ mos que está m ás claram ente formulado en el concepto de poder asignado. Nos parece asimismo que es en las variables de subdesarrollo y dependencia donde se encuentra la expli­

cación del carácter autoritario del sistema político (como anteriormente lo hicimos) y no en la maldad in n a ta o en la cultura de los valores o ideología de los actores sociales. 6. Intermediarios políticos y corrupción Resulta de particular im portancia el hacer mención explícita de los intermediarios políticos (political middlemen o power brokers) no sólo por el rol que de fa d o desempeñan en siste­ m as políticos como el mexicano sino también por su interés teórico. En primer lugar, tenemos que definir con precisión el concepto de intermediario político que vamos a utilizar. E n­ tendemos por tal al actor social que a) pone en contacto dos unidades operantes que no están articuladas una con la otra, b) en base al poder que le confieren am bas unidades. El recibir poder de dos unidades no articuladas (ni conjuntiva ni disyuntivamente) es el elemento discriminador para distin­ guir a estos intermediarios políticos de otros actores sociales (políticos o no). El intermediario político pertenece, en el mo­ mento de su intermediación, a las dos unidades aunque sea visto por los intermediados como perteneciente a la parte opuesta. H abría dos tipos según que las unidades interme­ dias estuvieran en el mismo nivel o en diversos. En el primer caso, el intermediario recibiría poder asignado de ambas; en el segundo, poder delegado por parte de la unidad superior y poder asignado por parte de la inferior. Lo anterior nos per­ mite diferenciar a otros “intermediarios políticos” que sólo aparentem ente son semejantes: nos referimos a los actores políticos que al poseer poder independiente y superior a las dos unidades imponen a éstas sus propias decisiones (media­ ción en base a su propio poder) o a los que actúan como mediadores en casos de conflicto entre dos unidades (las unidades estarían ya articuladas en un proceso disyuntivo). Hecha esta precisión conceptual, intentemos ubicar a los intermediarios políticos del segundo tipo en el contexto del proceso de concentración del poder. Nos parece que la apari­ ción o extinción de los intermediarios políticos depende de tres variables del sistema: 1) número de niveles, 2) carácter unitario o múltiple de los dominios, y 3) grado de desequili­ brio entre las unidades superiores e inferiores. El número de

niveles de un sistem a nos señala la concentración de poder; el carácter unitario o múltiple, las alternativas abiertas a las unidades inferiores; el mayor o menor grado de desequilibrio entre las unidades, las posibilidades de confrontación exito­ sa por parte de las unidades inferiores. Las variables, aunque independientes entre sí, al relacionarse una con otra confor­ m an un sistem a que propicia o desfavorece la aparición de intermediarios políticos. Postularíam os que éstos proliferan en sistem as o partes de ellos donde existen, a) pocos niveles, b) en dominios de carácter unitario, y c) el grado de desequili­ brio entre las unidades superiores e inferiores es muy alto. En estos sistem as se requieren intermediarios políticos ya que, por una parte, las unidades superiores, dada la poca concen­ tración de poder que poseen, no logran llegar h a s ta los nive­ les más bajos de articulación; las unidades inferiores, por la otra, poseen pocas o nulas alternativas exitosas de confron­ tación ante las unidades superiores. Retomando el proceso de concentración de poder en el sistema mexicano, visualizamos un proceso paulatino y lento de desaparición de intermediarios políticos. A bundan en la época de Calles y del m axim ato en que la configuración del sistem a político corresponde justam ente a la descripción que acabam os de hacer: poca concentración de poder, división del mismo en dominios de carácter unitario y alto desequili­ brio entre las unidades superiores e inferiores. El proceso evolutivo ha seguido una línea de aumento de niveles y tra n s ­ formación de dominios de unitarios a múltiples; el grado de desequilibrio entre las unidades superiores e inferiores se ha m antenido constante y sólo se h a modificado respecto a uni­ dades inferiores excepcionales: de aquí la perm anencia del carácter autoritario que hemos señalado anteriormente. Conviene asimismo hacer mención de uno de los fenó­ menos m ás sobresalientes y persistentes del sistem a político mexicano y que h a recibido la atención tanto de los an alistas del sistem a como de la población mexicana: la corrupción. No es nuestra intención añadir nuevas pruebas de su existen­ cia o señalar nuevas formas que asume su cuerpo proteico. Queremos m ás bien resaltar, viéndolos desde la sima del sistema, dos aspectos que tienen que ver directamente con el argum ento que hemos venido desarrollando en este trabajo.

Los dos aspectos resultan de la respuesta a una pregunta: ¿por qué permiten, ocasionan o favorecen los funcionarios públicos del m ás alto nivel (por tanto, los últimos responsa­ bles ya sea directa o indirectamente, inm ediata o m ediata­ mente, pero al fin y al cabo los responsables) la corrupción? El permitir la corrupción es una forma de control político. En efecto, por una parte, los funcionarios que confieren un cargo endosan con él el “permiso de corromperse” a los recipientes de aquel. Esto ocasiona que estos últimos confieran a su vez un doble poder otorgado a sus bienhechores: el correspon­ diente al cargo mismo y al del “permiso de corrupción”. Bajo este primer aspecto el sistema se parece al del patron-client relationships en donde se da una “superimposition of a series of m utual g ran ting relations between a single actor or unit, and a series of other single actors or u nits” (Adams 1975:47). Aún más, las expresiones folklóricas del pueblo mexicano cóm ala déla “carg ad a” o de la búsqueda de “huesos” cuando se nombra, elige o impone a un nuevo funcionario público sugieren, al igual que en las relaciones patrón-cliente, que es el cliente y no el patrón el que lleva la iniciativa en establecer la relación. Pero, por otra parte, y éste es el segundo aspecto que deseamos destacar, al ser la corrupción un acto formal­ mente punible y al ser el actor del mismo, por tanto, un sujeto potencial sobre el que puede ejercerse la acción judicial impi­ de que se desarrollen poderes independientes fuera de todo control al mismo tiempo que se crea otro motivo para dar aún más poder otorgado al centro de decisiones al no permitir éste que se persiga criminalmente a los corruptos. Tenemos, por tanto, tres hechos que proporcionan poder otorgado al centro —el cargo mismo, el permiso para delinquir y el permiso para hacerlo im punemente m ientras sigan fieles y adictos al que otorgó el cargo—, y dos mecanismos de control para m ante­ ner sujetos a los subordinados —la libre nominación, promo­ ción o remoción del cargo y la prosecución de un delito—. El sistema se reproduce en todos los niveles de articulación, lo que da como resultado una enorme concentración de poder otorgado: de ahí, parte de la solidez del sistema político mexi­ cano pero tam bién parte de su debilidad ya que el poder otorgado es poder dependiente. Se nos antoja ver el sistema político mexicano como con “dem asiado” poder otorgado, ya

que una de las características m ás notables de las sociedades complejas con un alto ingreso energético es que, aunque no cesa, sí disminuye notablem ente la im portancia del poder otorgado al entrar en escena como prima donna el poder independiente. De ahí nuestra insistencia un tanto machaco­ na en señalar que no es el exceso de poder el responsable de ciertos fenómenos políticos (autoritarismo, caciquismo, in­ termediación, corrupción) sino de su insuficiencia. De esto se sigue obviamente que estamos postulando que en la medida en que exista mayor poder en el sistema desaparecerán di­ chos fenómenos. Desde nuestra perspectiva, que se etiqueten estos fenómenos como transitorios y coyunturales o perm a­ nentes y estructurales no tienen m ás contenido que la forma estilística que le imprimen sus autores según el grado de frivolidad o seriedad con que quieren proyectar su im agen de intelectuales. 7. Presidencialismo y continuidad del proceso En relación estrecha con el punto anterior percibimos una continuidad en el proceso de concentración del poder en el sistem a mexicano. Los cambios que se h an dado (oscila­ ciones, avances y retrocesos) no h an sido ün rompimiento en la línea continua de concentración de poder sino adaptacio­ nes m ás o menos afortunadas al medio. Este proceso, tan viejo al menos como la nación mexicana, no h a sido modifi­ cado por diseños alternativos y diferentes de sociedad: a lo m ás se h an sucedido cambios estratégicos o tácticos. Las ingeniosas periodizaciones que se hacen sobre la revolución m exicana o sobre los presidentes en turno, vistas en una perspectiva histórica amplia, no son sino eso: ingeniosas clasificaciones folk. Las agudas y sesudas contraposiciones que hacen los defensores, por ejemplo, de la teoría del péndu­ lo sobre los presidentes mexicanos, son intentos fallidos de romper un proceso energético, no mental, con las herram ien­ tas del intelecto. El fenómeno del presidencialismo mexicano, nos pare­ ce, es el responsable de la confusión en que caen algunos analistas del sistem a político mexicano. El grado de poder independiente que h a n ido adquiriendo los presidentes por

medios constitucionales, aconstitucionales, paraconstitucionales y anticonstitucionales ha ejercido tal hechizo que difí­ cilmente se h a vuelto la vista al proceso mismo que h a engen­ drado tales portentos. Más que rompimientos en el proceso de concentración del poder h a habido “estilos personales de gobernar” (Cfr. Cosío Villegas 1972; 1974. Carpizo 1978). Paralelam ente a la adquisición de poder independiente por parte del ejecutivo federal se h a dado la disminución y fusión de dominios en el mismo ejecutivo: La división de poderes con que tradicionalm ente se caracteriza a las democracias for­ males, en el caso mexicano se h a unificado en el presidente. De ahí resulta, nos parece, el error de creer que en México existe una concentración excesiva de poder. No vemos que sea tal el caso si lo comparamos con otros estados-naciones de la Europa Occidental o con los Estados Unidos. Lo contra­ rio es lo cierto: existe mayor concentración de poder en esos países —resultado de un ingreso energético superior al de México— que en el nuestro. Lo que ocurre es que la unifica­ ción de dominios en el ejecutivo y el carácter autoritario del sistema —fruto del todavía insuficiente y desequilibrado des­ arrollo del país— dan la apariencia de una concentración enorme de poder. Puesto en otros términos: existe enorme concentración del poder en México en el gobierno federal respecto a las unidades intermedias o inferiores del sistema pero no en el sistem a global comparado con otros sistemas. 8. Política local: autonomía y dependencia El efecto más notable que observamos de la evolución de la concentración del poder en el nivel local es la disminución y, en algunos casos, el cese dramático de participación de las mayorías en la tom a de decisiones que afectan su campo interno de operación. Esto es verdad tanto al hacer el análisis evolutivo de cada una de las comunidades que estudiamos viéndolas aisladam ente como al considerarlas sincrónica­ mente y formando un conjunto único. El principio es el m is­ mo: a menor concentración de poder, mayor participación; a mayor concentración, menor participación. No es en la con­ cepción casi mística de la naturaleza de la “com unidad” cam pesina donde h ay que buscar su explicación sino en la

muy m aterial transform ación de las relaciones de poder. Las comunidades, en efecto, que m uestran un alto grado de parti­ cipación form an unidades de consenso cuyo centro de deci­ siones cuenta únicam ente con el poder asignado por los miembros que la componen. Cada una, por tanto, de las decisiones que se tomen tienen aplicación efectiva en tanto que los propios miembros las acepten. Esto implica la necesi­ dad incesante de consulta y discusión entre la m ayoría o totalidad de los miembros p ara llevar a efecto una resolución. A medida que el centro de decisiones adquiere otra base de poder —del control independiente de un recurso significativo o de las lealtades que puedan proporcionarle algunos miem­ bros de la comunidad o del poder delegado de otra unidad superior— la necesidad de obtener poder asignado decae sensiblemente y, por tanto, la participación m ayoritaria dis­ minuye: se ha pasado de unidades de consenso a unidades de mayoría. Es im portante notar, sin embargo, que en este pro­ ceso continuo se da una aparente interrupción: es el caso de las unidades que al p a sa r de una unidad de consenso a otra de m ayoría h a n perdido gran parte del poder asignado pero no h a n adquirido suficiente poder independiente o delegado. En estas comunidades es donde cesa dram áticam ente la par­ ticipación: son las que padecen más severamente la crucifi­ xión by power. Las unidades de consenso son el resultado del bajo ingreso energético de su propio sistema. Al poseer, por tanto, un control sobre recursos no significativos p ara las unidades superiores conservan un grado relativo de autono­ mía: adm inistran autónom am ente su miseria, hacen sin m a­ yores interferencias su pequeña política, juegan al p en ny capitalism ; pero si se salen del círculo estrecho que se les ha asignado son reprim idas violentamente sin que a nadie le importe o nadie se entere de su suerte. En la medida en que estas comunidades aum entan su control sobre recursos sig­ nificativos pierden autonom ía aunque reciban, no siempre, beneficios que “graciosam ente” les conceden las unidades superiores. Se conservan todavía, por una parte, características de dominios unitarios en los niveles locales de articulación, al menos en la estructura política. No existen, por consiguiente, en muchos casos alternativas viables de acción. La supuesta

apatía con que se quiere caracterizar el comportamiento polí­ tico de los campesinos (explicación que no explica sino dis­ fraza la pereza intelectual y la propia apatía del analista) es solamente una suposición: se da activa participación cuando se puede hacerlo, no cuando es imposible. Desechamos, por otra parte, como infundadas las bases empíricas del argu­ mento que se emplea p ara medir la politización de los grupos campesinos y urbanos. Se arguye que a mayor politización se da mayor abstención electoral; la premisa menor establece, basándose en las estadísticas oficiales de las votaciones, que existe mayor abstención en los centros urbanos que en los rurales; la conclusión, por tanto, es irrefutable: se da mayor grado de politización entre la población urbana que en la rural. Data non concessa la premisa mayor, negamos que las estadísticas oficiales nos revelen adecuadam ente el absten­ cionismo electoral. En la zona estudiada, al menos, la absten­ ción de los campesinos en las votaciones es sumam ente alta aunque en los recuentos oficiales es sumam ente baja. El resultado fraudulento, que invalida el soporte empírico del argumento, no lo referimos principalmente a las prácticas que se h an atribuido al partido oficial: nos referimos a las prácticas fraudulentas que cometen las élites políticas loca­ les contra... ¡el p r i !, al hacerle creer (por los resultados de las votaciones que registran un alto número de votos favorables) que la población es priísta cuando son esas élites las que votaron en vez de y suplantando al campesino abstencionis­ ta. No es necesario discutir la validez de la premisa mayor puesto que si los datos empíricos probaran sin lugar a dudas que existe mayor abstencionismo en el campo, la premisa misma se modificaría: a mayor abstención menor politiza­ ción. El punto, nos parece, es probar a toda costa que los campesinos son apolíticos, pues es privilegio de las clases medias ilustradas que tienen un alto grado deescolarización y leen la prensa o de las clases obreras sobre todo indepen­ dientes al acceder a la categoría del homo politicus. El cam ­ pesino, adem ás de sufrir los embates del poder, se encuentra entre los fuegos cruzados que le disparan sus simpatéticos analistas: si no participa en la política nacional, es apático; si participa, está despolitizado. Finalmente, el proceso de expansión del sistema energé­

tico y la consecuente concentración de poder en los niveles superiores h a tenido un impacto diferencial en el nivel local que a su vez h a expandido su propio sistem a energético y concentrado el poder. Los actores sociales que estaban en una posición mejor en el nivel local h a n aprovechado la expansión energética de ambos sistem as y el poder delegado del nivel superior; los que estaban en la posición m ás desven­ tajosa cayeron en otra peor. Si a principios de la década de los veinte se vislum braba un embrión de diferenciación social, en la de los setenta estaba perfectamente cristalizado un sistem a de estratificación social: élite política y económica, sector medio, sector bajo. Y aunque no todas las com unida­ des h a n completado el proceso, sí se ve claram ente hacia dónde se encam inan. BIBLIOGRAFIA ADAMS, Richard N., Energy Press, A ustin , 1975.

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