REFLEXIONES SOBRE UNA AEROMÉXICO MORIBUNDA PABLO CASAS LIAS (INIJA) Escarbando en el recuerdo del conflicto colectivo de naturaleza económica que promovió Mexicana en contra de sus trabajadores, mismo que a la postre resultó en él vaticinio de una quiebra anunciada, queda claro que con las circunstancias económicas y financieras de una empresa de primer nivel, no se juega. Si los problemas económicos resultan ciertos, mal, porque el daño está hecho y, si no lo son, peor aún, porque se espanta al posible capital fresco. La historia del sindicalismo mexicano y la carga que éste resulta para el crecimiento de cualquiera empresa, son reales. Líderes corruptos, burocracia, nula productividad y demás, son apenas algunos de los síntomas de ese cáncer detectado como sindicalismo. Pero también es cierto que, en el país existe otro tipo de sindicalistas: los administradores y/o ejecutivos de las empresas. Los altos sueldos, la parafernalia típica del snob , la mala dirección, las inversiones a capricho e inútiles, los subsidios directos y simulados, también son un cáncer para las empresas.

Bien, la historia de Mexicana terminó como debía, en quiebra. Pero la de Aeroméxico apenas inicia. ¿Por qué el recuerdo? Para recordar que el camino de Mexicana no es un fenómeno aislado, sino que ha hecho mella también, en empresas con tradición de muchos años (Aeroméxico) y, en todas aquellas incipientes aerolíneas que apenas surcaron los cielos nacionales, fueron declaradas por sus propietarios en concurso mercantil. Diversas aerolíneas por todo el mundo han experimentado o experimentan una crisis profunda, dan manotazos de ciego en busca de una solución que no es fácil ni inmediata, pero la encuentran. Lo ocurrido con American Airlines fue la prueba concluyente. Debe quedar claro que, cuando se habla de una crisis en Aeroméxico, no es porque otras no pasen por la propia, sino que no es tan profunda ni de la misma naturaleza que la de aquélla. A pesar de que en la Ley Federal del Trabajo de 1970, la solución encontrada por el legislador para dichas controversias, es prolongada, por sus términos y por las diversas etapas que la misma ley prevé antes de llegar a la resolución, lo cierto es que, hoy en día, los conflictos colectivos de naturaleza económica tienen un procedimiento sumario, gracias al complicidad de la autoridad laboral con la empresa promovente. Así, ante la falta de operación política y firmeza para la toma de decisiones por parte de los gobiernos panistas, dichos conflictos se convirtieron en la espada de Damocles pendiente sobre la cabeza de los trabajadores, que en caso de no aceptar la disminución de sus conquistas laborales, caerá sobre ellos. Aún así, dado que ese tipo de conflictos introduce un verdadero desequilibrio entre las partes, tanto la ley de 1970 como la vigente, prevén la modificación colectiva de las condiciones de trabajo cuando existen circunstancias económicas que lo justifiquen o cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Para ello, quién promueve el conflicto, debe mostrar los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se solicitan,

así como, un dictamen formulado por perito relativo a la situación económica de la empresa. El procedimiento laboral brevemente referido, tiene su propia regulación y autoridad jurisdiccional: la Ley Federal del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero… ¿qué pasa cuando una persona moral mexicana (aerolínea), que es titular de una concesión otorgada por el ejecutivo federal para la explotación, uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación y desarrollo de los servicios de transporte civil, promueve un conflicto colectivo de naturaleza económica? Resulta que por esa sola circunstancia, es un ente hibrido, es decir, es de derecho privado, pero también es un ente de derecho público. En tal virtud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, verifica el cumplimiento de la leyes y reglamentos respectivos y demás disposiciones aplicables, con la finalidad de que en la prestación del servicio de transporte aéreo, se garanticen las condiciones máximas de seguridad y de operación que permitan proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros. Así las cosas, ante un conflicto colectivo de naturaleza económica promovido por una aerolínea, la autoridad aeronáutica debe verificar que las capacidades necesarias para ser titular de una concesión (técnica, financiera, jurídica y administrativa), estén debida y fehacientemente acreditadas, a efecto de que se preste un servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y precio. Cabe hacer mención, que la autoridad aeronáutica por conducto de sus facultades y programa de verificación de cumplimiento de las capacidades requeridas para ser titular de una concesión, debe ser la primera en detectar el incumplimiento de alguna de ellas. En la práctica, ese fue el motivo y justificación, mediante el cual, dicha autoridad, revocó concesiones otorgadas a diversas aerolíneas nacionales y, que hoy tiene como consecuencia, el actual mercado y oferta existente. Es axioma que esa verificación por parte de la autoridad aeronáutica, no sucede. Tan es así, que fue en su momento, la justificación con la que la Federal Aviation Administration (FAA), consideró que México no cumplió

con los estándares establecidos por la ICAO, por lo que no se podía volar el espacio aéreo norteamericano con nuevas aeronaves o establecer nuevas rutas. Aunado a lo anterior, la falta voluntaria o involuntaria de interés por parte de la autoridad aeronáutica ante ese tipo de conflictos colectivos y falta de capacidad financiera y/o económica, resulta evidente, tal y como aconteció en el conflicto colectivo de Mexicana, en el que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, entonces a cargo de Gilberto Lopez Meyer, cuando fue llamada a juicio como tercero interesado, manifestó expresamente: no tener interés en participar en éste procedimiento… . Por lo que, hoy, no sorprende la situación actual de Mexicana ni la de Aeroméxico. Esa misma complicidad de la autoridad, es la que autorizó volar a Aeroméxico -sólo a ellos- la ruta Panamá-Monterrey sin que el acuerdo binacional estuviera aprobado por el Senado de la República, y la misma que permitió que sin autorización previa por parte de la Comisión Federal de Competencia y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Delta Air Lines invierta en esa aerolínea. Misma complicidad que hoy consideró procedente el conflicto colectivo de naturaleza económica promovido por Aeroméxico: la moribunda . Dentro de los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para el sector aeroportuario se proponen: o Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México y centro del país. o Desarrollar los aeropuertos regionales y mejorar su interconexión a través de la modernización de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, bajo esquemas que garanticen su operación y conservación eficiente, así como su rentabilidad operativa. o Supervisar el desempeño de las aerolíneas nacionales para garantizar altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad en sus servicios.

o Promover la certificación de aeropuertos con base en estándares internacionales, así como la capacitación de pilotos y controladores aéreos. o Continuar con el programa de formalización de nuevos convenios bilaterales aéreos para incrementar la penetración de la aviación nacional en los mercados mundiales. o Continuar con la elaboración de normas básicas de seguridad y actualizar la reglamentación en temas de seguridad. o Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico y aeroportuario. Por lo que resulta evidente que para el actual gobierno federal, las aerolíneas nacionales no son estratégicas, y más allá de una mala supervisión, no habrá política pública alguna referente a ellas. Qué paradoja extraña resulta que por un lado Aeroméxico y Boeing festejen la primera entrega de un equipo 787 Dreamliner, y por otro lado, los trabajadores sufran la resolución de la autoridad laboral que declara procedente el conflicto colectivo de naturaleza económica promovido por Aeroméxico. Ese es dreamliner mexicano. Quizá por ello, cuando Martín Luis Guzmán, encontrándose en la ciudad de Nueva York, se refiriéndose a la política mexicana, escribió: Vista desde lejos por un mexicano, y a la luz de lo que acontece en otros países, la vida pública de México se presenta con perfiles enteramente definidos y claros. Falso que sea aquél un país tan absurdo como suelen creer algunos de sus hijos, o tan inexplicable y misterioso como a menudo aseguran los extranjeros. Todo lo contrario, la política de México parece, desde aquí, desenvolverse sobre un plano que no por ser muy peculiar está exento de lógica.