Situación de Derechos Humanos y DIH Pueblo Ébêra Katío, Córdoba

SITUACION DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PUEBLO EMBERA KATIO TIERRALTA, CORDOBA 2005- 2006 (PRIMER TRIMESTRE)

Consejo Nacional Indígena de Paz CONIP Septiembre de 2006

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Situación de Derechos Humanos y DIH Pueblo Ébêra Katío, Córdoba

Documento auspiciado por el Programa SUIPPCOL Consultora: Amanda Romero, con el apoyo de las organizaciones ACIN, OIK, Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, AsoU'wa y ASCATIDAR, en las cuatro regiones visitadas, y ONIC, AICO, CIT y OPIAC, como miembros del CONIP. Equipo de Apoyo del CONIP: Johanna Rojas, Higinio Obispo, Arahúgo Gañán, Lisardo Domicó Coordinador MIV: Lisardo Domicó Secretaría Técnica MIV: Joanne Hutchinson Bogotá, DC, septiembre de 2006

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ABREVIATURAS ACDH: Alto Comisionado (de las Naciones Unidas) sobre Derechos Humanos. AUC: Autodefensas Unidas de Colombia. CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CINEP: Centro de Investigación y Educación Popular. CONIP: Consejo Nacional Indígena de Paz. CORELCA: Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica. CUS: Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca. DANE: Departamento Nacional de Estadística. DAS: Departamento Administrativo de Seguridad. DNP: Departamento Nacional de Planeación EDA: Enfermad Diarreica Aguda. EPL: Ejército Popular de Liberación. EPS: Empresa Promotora de Salud. FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo. ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. INCORA: Instituto Colombiano de Reforma Agraria. INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. INDERENA: Instituto de Recursos Naturales Renovables. IRA: Infección Respiratoria Aguda. MAP/MUSE: Minas Antipersonales y Munición sin Explotar. MAPP/OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Organización de los Estados Americanos. MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MEN: Ministerio de Educación Nacional. OEA: Organización de Estados Americanos. ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia. ONU: Organización de Naciones Unidas PAAP: Parque Natural Nacional del Nudo de Paramillo. PAB: Plan de Atención Básico en Salud. PEC: Proyecto Educativo Comunitario. POS: Plan Obligatorio de Salud. SED: Secretaria de Educación Departamental. SEM: Secretaria de Educación Municipal. UAESPAM: Unidad Ambiental Especial de Parque Natural Nacional de Nudo de Paramillo. USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

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SITUACION DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO RESGUARDO PUEBLO EMBERA KATIO, ALTO SINÚ, TIERRALTA, CÓRDOBA 2005- 2006 (PRIMER TRIMESTRE)

““Somos nosotros, las comunidades, las más afectadas por la ausencia de políticas públicas, en una estrategia de aniquilamiento…. Toda nuestra lucha ha sido simbólica, nunca hemos acudido a las armas, ni a las acciones ilegales, pero nuestros contendores han recurrido siempre a la guerra sucia”.

Introducción El presente informe realiza un análisis, basado en la visita a la zona del Resguardo Embera Katío del Alto Sinú, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, en el mes de junio de 2006, con el apoyo de los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú y la comunidad de Amborromia, en el último río, así como la sistematización de la información de fuentes primarias y secundarias disponibles, para el período 2004, 2005 y el primer trimestre de 2006, tomando nota que en muchos casos los registros son incompletos, debido a las dificultades de la organización indígena para mantener una base de datos, la apretada agenda de las y los líderes de los Cabildos Mayores y el temor prevaleciente que impide que todos los casos sean denunciados o debidamente registrados ante las autoridades indígenas, organismos de derechos humanos o autoridades estatales y gubernamentales. Este informe llama la atención sobre la gravísima situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este pueblo indígena, a fin de evitar tragedias mayores y detener las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario que ocurren en su territorio. Contexto En el departamento de Córdoba existen dos grupos étnicos entre los Pueblos Indígenas: los Embera Katío y los Zenúes. Los cuatro municipios con población indígena de Córdoba son: Montelíbano, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento y Tierralta. 1. Ubicación1 El pueblo Embera Katío (Ébêra) del departamento de Córdoba, habita en las riberas de los ríos Sinú, Esmeralda y Verde, en territorio milenario, constituido en resguardo indígena por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), -hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER-, mediante la resolución 0053 de diciembre de 1998, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba al norte de Colombia. El tamaño actual del territorio Embera es de 103.517 has., sin contar con el área de restitución por la inundación causada, que fue de la Quebrada de Mutatá a la comunidad de Mongaratatadó (Ver Mapa Resguardo Embera Katío del Alto Sinú, anexo). 2. Población En el territorio tradicional de los Embera-Katío, dos porciones fueron constituidas como resguardos indígenas mediante las resoluciones 002/93 y 064/96 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). El de Karagaví, que se encuentra a lo largo de los ríos Esmeralda y Sinú en la jurisdicción del 1

La sección que describe la ubicación, población y organización de los Embera Katío, corresponde a una contribución directa de Neburuby, indígena Embera Katío, asesor de los Cabildos Mayores.

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Municipio de Tierralta en el Departamento de Córdoba y del Municipio Ituango en el Departamento de Antioquia; y el de Iwagadó, antigua Reserva Indígena de Río Verde, que colinda con el anterior y está situado a lo largo del río Verde en la jurisdicción del municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba. Antes de la constitución de esos resguardos, el INDERENA y el Ministerio de Minas y Energía crearon el Parque Nacional Natural del Paramillo, quedando sobrepuestos el parque y los dos resguardos. La población de Iwagadó es de unos 750 habitantes, y la de Karagaví de 1.549; de éstos, 769 habitan sobre el río Esmeralda y 780 sobre el Sinú. El 51.2% de la población es femenina, el 62% es menor de 12 años y el 5% mayor de 50.2 El Parque Natural Nacional del Nudo de Paramillo tiene 460.000 hectáreas, 300.000 en Córdoba y 160.000 en Antioquia. “Creado el PNNP el ejército desalojó los colonos y adelantó una campaña de cerco y aniquilamiento contra la guerrilla del EPL [a comienzos de la década del 90]. Uno de los resultados obtenidos fue la desocupación de colonos, pero una vez retirado el ejército, empezaron a regresar”3. En la actualidad, son 4.256 indígenas del pueblo Embera, distribuidos en 24 comunidades, de las cuales 8 comunidades están sobre el río Sinú, 6 comunidades en el río Esmeralda y 9 comunidades en el río Verde: Tabla No 1. COMUNIDADES DEL RESGUARDO EMBERA KATIO DEL ALTO SINÚ EMBERA BEDEA KURANZADO 1 Beguidó 2 Kachichí 3 Wido 4 Karakarado 5 Junkaradó 6 Kanyidó

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ESPAÑOL RIO ESMERALDA Quebrada Venado Cachichi Quebrada El Oso Quebrada Cadiyo o Amañador Quebrada Pita Q.uebrada de Achiote

KERADÓ 1 Amborromia 2 Mongaratatadó 3 Zambudo 4 Nejodó 5 Koeredo 6 Kapupudo 7 Changarra 8 Kiparadó 9 Antadó

RIO SINÚ Guineo Quebrada Pedregoso QuebradaTotuma Quebrada Guamo Quebrada Caimán Quebrada Candelaria Changarra Quebrada Jagua Quebrada Tagua

IWAGADO 1 Dozá 2 Tundó 3 Pawarandó 4 Ariza 5 Porremia 6 Imamadó 7 Simbra 8 Chimiado

RIO VERDE Rio Pulgas Rio Clara Torres Quebrada Tigre Quebrada Polillas

Corte Constitucional, Sentencia T-652 de 1998 http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/ach/despCord6colonizacion.htm

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9 Zorandó

Río Viejos

3. Organización La lucha de los Embera Katío surge del tránsito de una organización basada en unidades familiares, a la constitución del Cabildo, gracias a las disposiciones de la Constitución Nacional de 1991. Después de una serie de dificultades alrededor de la forma en que se deberían elegir los representantes de las organizaciones indígenas del Alto Sinú, en parte derivadas de la inexperiencia en el manejo de los recursos transferidos por el gobierno nacional para atender las necesidades en salud y educación, y en parte por factores relacionados con la ingerencia de agentes externos, mestizos o blancos, que llegó inclusive a los estrados judiciales de Tierralta, Montería y Bogotá, el Pueblo Embera acordó nombrar dos Cabildos Mayores, uno para cada uno de los dos ríos más importantes, el Sinú y el Verde, respectivamente. La división interna del pueblo Embera propiciada por Urrá y el Gobierno La organización se rompe por la acción indebida de la compañía Urrá S.A. ESP, que alienta la conformación de una organización paralela, denominada “Alianza de Cabildos Menores”, la mayoría de ellos ubicados en barrios marginales de la ciudad de Tierralta. “Desde 1997 Urrá S.A. interrumpió la celebración de contratos bajo el Plan de Etnodesarrollo por la crisis de legitimidad de los representantes indígenas. Como condición previa a la financiación anual de los proyectos existentes, Urrá impuso la resolución del conflicto interno y la acreditación de los representantes de cada resguardo. Esta posición fue respaldada por la ONIC, según oficio del 20 de noviembre 1997, que recomendó a Urrá abstenerse de suscribir acuerdos por defectos de validez. En el caso de los convenios existentes o interacciones necesarias, la ONIC recomendó tratar con los gobernadores de cada comunidad y con el Cabildo Mayor que cada una respalde”.4 En consecuencia, desde la segunda Junta Directiva realizada en la comunidad Beguidó, río Esmeralda, durante los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de 1995 los indígenas definieron como Pueblo Embera Katío la estructura organizativa así: Cabildos locales, Junta Directiva y Cabildos Mayores. Del 10 al 12 de agosto de 1998, la Corte Constitucional envió una inspección de verificación al Resguardo, la cual fue atendida por las autoridades indígenas y las comunidades de Tundó por el Río Verde y Sambudó por el río Sinú. Dicha inspección fue acompañada por los delegados de los Ministerios del Medio Ambiente, de Minas y Energía, del Interior, de la Procuraduría General de la Nación, de la empresa Urrá, de la Defensoría del Pueblo Regional, de la Comisión Colombiana de Juristas y de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia). Tras la decisión de la Corte Constitucional (Sentencia T 652 de 1998), en el sentido de que eran los indígenas mismos quienes debían solucionar el problema, éste se resolvió con el nombramiento de los Nokó o Cabildos Mayores por cada uno de los dos ríos principales, y esa situación continúa hasta la fecha. 4

Corte Constitucional. Sentencia T 652 de 1998

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La división tenía por base la oposición de los Cabildos Mayores a la construcción de la represa de Urrá. “En la visita de inspección mencionada, uno de los compañeros indígenas de los Cabildos Menores de la Alianza defendió a la empresa Urrá manifestando que “Urrá no culpa” lo cual dejó en evidencia que Urrá es [para la mayoría indígena], el autor intelectual de la división interna del pueblo Embera Katío del Alto Sinú”.5 El gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, convocó a dos mesas de concertación con Urrá. Se suponía que iba a haber acuerdo en ambas, pero esos acuerdos resultaron diferentes. Entonces, el Ministro del Ambiente “tenía como justificación de sus decisiones unilaterales una supuesta falta de alternativas ya que, a su parecer, los Emberas no habíamos presentado propuestas en la mesa”.6 La empresa y el gobierno utilizaron métodos de mala fe, dividieron al pueblo Embera y ofrecieron unas pequeñas cantidades de dinero a cambio de un acuerdo. “Algunos de nuestros compañeros, los del Cabildo de Río Esmeralda, aceptaron esa propuesta, sin tener en cuenta los impactos de la obra y el daño a nuestras vidas. Pero muchos de nosotros estamos convencidos que el daño a nuestro medio ambiente y a nuestra seguridad alimentaria es irreparable y que ningún pago puede compensar eso”.7 El Gobierno Nacional siguió impulsando dos acuerdos, buscando la autorización de los gobernadores indígenas para el llenado y operación del embalse, a través de engaños. El Ministro del Ambiente de esa época, Dr. Juan Mayr, quiso hacer firmar a los tres gobernadores Mayores un acta donde se aceptaba el llenado del embalse antes del proceso de consulta. Por otra parte, Urrá inició los pagos en efectivo a las comunidades del río Esmeralda “y eso ha producido mucho problema, porque ni la Corte Constitucional, ni Urrá, ni algunos de nuestros hermanos, fueron capaces de decirle NO a ese dinero maldito y no se dieron de cuenta que plata de bolsillo era dañina; hoy el 65% la población del pueblo Embera habita en el Resguardo y el otro 35% de la población Embera se encuentra en el casco urbano del municipio de Tierralta y la ciudad de Montería, departamento de Córdoba”.8 Para la dirigencia de los Cabildos Mayores, “la división puede ser un factor para el exterminio de las comunidades, porque los indígenas que están en la Alianza [en medio urbano], presentan mayor vulnerabilidad actualmente por las situaciones de alcoholismo y corrupción”.9 3.1 Los Cabildos Locales Cada comunidad elige un Cabildo Local, que es la máxima autoridad de la misma y está conformada por 5 miembros que son: 1 1 1 1 1

Gobernador Local Representante de Recursos Naturales Representante del Territorio Representante de la Organización Representante de las Mujeres

Nokó local Oi Yibarí Drua Wandra Embera Wandra Nokó Wera

3.2 La Junta Directiva La Junta Directiva la conforman todos los miembros de los Cabildos Locales y los Cabildos Mayores. Se ha establecido que las reuniones de la Junta Directiva se realizarán cada 2 meses. A esta Junta Directiva también se la llama Asamblea de Gobernadores, y es la instancia que elige a los Cabildos Mayores. 5

Documento elaborado por los Cabildos Mayores, julio de 2006. Ídem. 7 Ídem. 8 Ídem. 9 Entrevista a miembros del Cabildo Mayor Embera Katío del Alto Sinú, Tierralta, junio de 2006. 6

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También se definió que en la Junta Directiva del 28 al 30 de enero de cada año, se hiciera una posesión colectiva de los Cabildos Locales. Esto quiere decir, que en el mes de enero de cada año cada comunidad Embera del Alto Sinú debe reunirse en Asamblea Comunitaria para elegir sus Cabildos Locales. 3.3 Cabildos Mayores Los Cabildos Mayores son la máxima autoridad del Resguardo; representan a las comunidades ante el Estado al nivel Municipal, Regional, Nacional e internacional y se encuentran dirigidos por los Nokós (jefes). Actualmente Wilson Domicó es el Nokó de Río Sinú y Abel Domicó es el Nokó de Río Verde. Los Cabildos Mayores se conforman por 8 miembros que son: Nokó: Embera Wandra: Drua Wandra: Oi Yibari: Krincha Wandra: Noko Wera: Secretario General: Jenené

Gobernador Mayor. Representante legal Representante de la problemática organizativa Representante de la problemática territorial Representante de la problemática de los recursos naturales. Representante de la problemática educativa Embera/ etnoeducación. Gobernadora de las mujeres Embera Responsable de actas, cartas y demás papeles del Cabildo Mayor Guardia indígena

4. Los Embera antes de Urrá Los Embera Katío del Alto Sinú provienen de una migración de siglos, del Chocó, y como en otras regiones de Colombia, han debido soportar diferentes oleadas de invasiones de colonos blancos, que buscan riquezas naturales: “Recurriendo a la historia reciente encontramos que durante el período colonial, desde finales del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XIX, las tierras montañosas del sur de Córdoba sirvieron de refugio a reductos de las etnias Zenú que se asentaron en la quebrada Naín en el alto Sinú y a negros fugados de las minas de oro del Bajo Cauca antioqueño que fundaron los palenques de Cintura y Carate en las ciénagas del mismo nombre, en el bajo San Jorge y a Uré en la parte alta. Vecino a Uré, los indígenas Embera Katíos procedentes del Chocó, fundaron el pueblo de San Cipriano situado donde la quebrada con este nombre desemboca en el río San Jorge. Estos grupos desarrollaron economías basadas en la extracción de oro y maderas, la caza de animales y agricultura en pequeña escala, dado lo inhóspito del terreno y los débiles vínculos con la sociedad colonial. A pesar de estas dificultades vivieron en armonía con el paisaje natural. Después vino la oleada de la extracción maderera; para el caso del Caribe colombiano esta actividad fue ejercida por compañías extranjeras para abastecer los mercados de Estados Unidos y Europa. La llevaron a cabo en dos períodos: el primero entre 1883 y 1915. En este último año el estallido de la primera guerra mundial paralizó las exportaciones de madera. Después de un receso la compañía maderera D. Emery Company de Boston, Estados Unidos, la que más extrajo maderas de esta región, abrió un segundo período de exportaciones entre 1926 y 1942. En este período cayeron las selvas de las serranías de Las Palomas en la margen izquierda del río Sinú, la de los ríos Mulatos y San Juan, las aledañas al golfo de Urabá y las de la parte alta de los ríos Sinú y San Jorge.10

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Galeano Sánchez, José. Colonización, Desplazamiento y Productividad Agrícola. En: EL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA 19992001. Tomado de: www.disaster-info.net/desplazados/informes/ach/despCord6colonizacion.htm

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De acuerdo con datos históricos, Córdoba se caracterizaba a comienzos del siglo XX por la presencia de una abundante vegetación selvática en las márgenes de los ríos Sinú y San Jorge. Sin embargo, en la década del 40 se registró una fuerte colonización que destruyó manglares y selvas húmedas, produciendo un brusco cambio en la conformación del paisaje: "...En un siglo, la colonización avanzó lentamente hacia el Alto Sinú. La selva fue deforestada; se establecieron grandes haciendas ganaderas y poblaciones como Tierralta, que corrieron paulatinamente más hacia el sur el límite de poblamiento Emberá. Fueron determinantes las actividades de las empresas francesas y norteamericanas, entre ellas las de explotación de madera, de caucho, de ipecacuana o 'raicilla', el comercio de pieles y labores agrícolas y ganaderas. Al entrar el siglo se incrementó la colonización con la afluencia de familias provenientes de varios pueblos y ciudades de la costa Caribe y posteriormente, con la llegada de campesinos antioqueños. A partir de la década del 50, se intensificó el desarrollo de la subregión sinuana, forzando el repliegue de los indígenas que habitaban en cercanías de Tierralta y Tucura."11 Antes de la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá I, sobre el río Sinú, los ríos eran ricos en recursos ícticos, y “los Embera Katío nos dedicábamos a la agricultura y a la pesca, sacábamos al mercado lo que producíamos para vender y así suplir nuestras necesidades básicas; cada vez que salíamos al pueblo lo hacíamos bajando río abajo en planchones o balsas, que utilizábamos como medio de transporte fluvial; esto lo hacíamos cada vez que lo considerábamos necesario, sin necesidad de pagar pasajes. Éramos unidos, teníamos una sola autoridad para todo el pueblo Embera… éramos solidarios, nunca recibíamos amenazas de muerte y jamás habíamos visto quitar la vida con un arma de fuego a un indígena. Vivíamos en paz sin violencia en nuestro territorio hasta el año 1993”. 5. El Proceso de Urrá En 1951 el gobierno nacional hizo el primer estudio en donde se señala la Angostura de Urrá como sitio de posible embalse, en el río Sinú. En 1971, la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, CORELCA, contrató un estudio para estimar la viabilidad de un proyecto hidroeléctrico que generaría cerca de 300.000 kilovatios, “pero los Êbêrâ no fuimos tenidos en cuenta en ese estudio a pesar que se comprometían nuestro territorio”. En 1977 una firma norteamericana llamada Damey Moore, acompañada por funcionarios del Estado colombiano, realizó el estudio y evaluación ambiental para estimar la viabilidad del proyecto hidroeléctrica Urrá II. En el mismo año, se declaró de “utilidad pública” la zona del proyecto en donde se incluyó al territorio indígena “y sin adelantar con nosotros la consulta previa”; en dicho estudio no se menciona la existencia de los indígenas en la región ni se tuvieron en cuenta las opiniones ni la cultura del pueblo Embera. El proyecto lo inició la empresa “Interconexión Eléctrica S.A.” (ISA) en 1980, y pasó a ser responsabilidad de CORELCA en 1982, que subcontrata con compañías extranjeras. En efecto, en 1982, el gobierno colombiano firma un convenio con la empresa rusa “V.O. Energomachexport” para el diseño, suministro y montaje del equipo hidroeléctrico. En 1985 se hace un contrato con “Skanska Conciviles” (de Suecia) para la construcción de las obras civiles. “Tampoco nos dijeron nada a los Embera al respecto”.12 “Mediante Resoluciones No. 27 (Febrero 20, 1989), No. 142 (Diciembre 18, 1992) y No. 167 (Diciembre 14, 1992), el Gobierno Nacional declaró de “utilidad pública e interés social” el territorio necesario para la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá I bajo la administración de CORELCA”.13

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Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP y El Colombiano: COLOMBIA, PAIS DE REGIONES. Fascículo #6, páginas 91 y 92. 12 Testimonio Neburuby. 13 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 1998.

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En 1992, se crea la Empresa Multipropósito Urrá S.A. y seis meses más tarde, el entonces Instituto de Recursos Naturales Renovables (INDERENA), hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, otorga la licencia para la construcción del proyecto Urrá. Es así como “el 13 de abril de 1993, aunque no se había adelantado el proceso de consulta previa al pueblo Embera-Katío como lo requerían la Ley 21 de 1991 y el Artículo 330 de la Carta Política, el INDERENA le otorgó a CORELCA una licencia ambiental (Resolución 0243/93), para la construcción de las obras civiles y la desviación del río Sinú; quedó pendiente la licencia para la segunda etapa, de ‘llenado y operación del proyecto’.”14 “Tampoco nos consultaron. No le preguntaron a los pescadores, ni a los campesinos”. Desde hace más de 50 años, se viene hablando del proyecto Urrá, pero en el sector eléctrico no se hablaba de los Êbêra. Era como si no existieran. Los ingenieros pasaban por los tambos15, por el territorio pero nunca escribieron que los Embera fuéramos personas con derechos. Servíamos sólo para las fotos”. 16 5.1 Urrá 1 Urrá es una palabra Êbêra que significa “abeja pequeña”, que produce miel conocida también como Korabari. “Para hacer daño, hasta el nombre nos lo han robado”. En 1993 empezó la construcción de Urrá 1 en la angostura de Chibugadó sobre el río Sinú a siete (7) kilómetros del resguardo Embera Katío del Alto Sinú. Por esa razón, con líderes como Kimi Pernía Domicó, en 1994 la comunidad organizó una marcha llamada Do Wambura (Adiós Río) en protesta por el llenado de la represa Urrá I. El 22 de noviembre 1994, se suscribió un Acta de Compromiso entre la Empresa Urrá S.A., la comunidad indígena y la ONIC, en la que se establecieron las bases para el proceso de consulta previo a la licencia para la segunda etapa de la obra; la compensación por el impacto consistiría en la elaboración y ejecución de un plan de desarrollo, luego conocido como el Plan de Etnodesarrollo o Jenené -2 de octubre de 1995-. Éste contiene 8 programas aprobados por Urrá en las áreas de: manejo sostenible del hábitat tradicional del pueblo Embera-Katío en el Parque Nacional del Paramillo (Karagaví); manejo ambiental y socioeconómico del río Verde (Iwagadó); desarrollo pecuario; organización del pueblo Embera-Katío; educación; salud; actividades de género; y recreación y cultura. En 1995, a pesar de las reiteradas peticiones indígenas, de dio inicio a la construcción de la represa de Urrá, mediante el desvío el río Sinú y desde entonces la situación cambió totalmente. “El 23 de octubre de 1996, se suscribió un convenio entre la Empresa Multipropósito Urrá S.A., el INCORA, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y el pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, en el que se acordó que a la firma dueña del proyecto le correspondía: a) cumplir con los compromisos del Plan de Etnodesarrollo para 1996; b) financiar el Plan de Etnodesarrollo hasta el año 2000; y c) mejorar sus esfuerzos en el transporte de peces, al igual que revisar y reformular el proyecto de estanques piscícolas. Además, el pueblo Embera exigió como condición previa a la inundación, el pago del servicio ambiental por el mantenimiento de los bosques y las aguas, y el pago de una participación en los ingresos por la generación eléctrica. Para darle seguimiento a estas condiciones, Urrá S.A. se comprometió a establecer una Comisión Interinstitucional de Concertación, integrada por el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, Urrá S.A., la Defensoría del Pueblo, la ONIC y el Cabildo Mayor, para que 14

Corte Constitucional, Sentencia T-652 de 1998 Viviendas tradicionales 16 Testimonio Nokó Rió Sinú y Neburuby. 15

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"en el término de un mes concierte sobre las propuestas que formulen las comunidades y las instituciones competentes." En siguientes fases de la consulta, Urrá ha negado su obligación de conceder un porcentaje de sus ingresos a la comunidad Embera Katío. En cambio, relevante al pago de servicio ambiental, Urrá ha propuesto repartir el 1%, fijado por ley, entre los ocupantes de la cuenca afectada, dentro de los cuales figuran los Embera17. El 15 de septiembre de 1997, Urrá S.A. solicitó formalmente la ampliación de la licencia ambiental para el llenado y funcionamiento del embalse. Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente, mediante auto número 828 del 11 de noviembre de 1997, negó la licencia con base en el incumplimiento de varios requisitos previos, entre ellos, el proceso de consulta y concertación con el pueblo Embera-Katío.”18 Urrá I ha inundado 7417 hectáreas, de las cuales 417 hectáreas corresponden a territorio indígena y el proyectado Urrá II inundaría 70.000 19hectáreas pertenecientes al resguardo indígena, lo cual significaría el exterminio del pueblo Embera y de la biodiversidad existente en la zona. Este último proyecto habría sido archivado por el gobierno por la presión del pueblo Embera. Como todo embalse, la vida útil del Proyecto Urrá I está estimada por la propia Empresa en 50 años; pero la firma monitora internacional “MONENCO AGRA” de Canadá, la proyecta a 2O años. “Quienes conocen del tema nos informan que será mucho menos aún”20. Por eso, como lo ha dicho la Corte Constitucional en su fallo “En este marco doctrinal, y teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso, es claro que la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I resultaron más perjudiciales para la integridad cultural y económica del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, que la presión territorial y el infrarreconocimiento a los que estuvieron sometidos desde la conquista española: tales obras no sólo constituyen otra presión territorial, sino que hicieron definitivamente imposible para este pueblo conservar la economía de caza, recolecta y cultivos itinerantes que le permitió sobrevivir por siglos sin degradar el frágil entorno del bosque húmedo tropical que habitan”21. 6. Los impactos identificados “La visibilidad de los pueblos indígenas surge solamente a raíz del impacto negativo de la construcción de la represa o embalse de Urrá”22. La construcción y el funcionamiento de la represa hidroeléctrica Urrá I, generó impactos a nivel ambiental, social, cultural y económico a la población de la región. Por ello, las comunidades han identificado a lo largo de estos diez años dichos impactos entre ellos, los más importantes23: a) Impactos ambientales: o o o

La inundación de 7417 hectáreas de los cuales 417 hectáreas están dentro de nuestro territorio indígena. La descomposición de árboles, raíces, plantas medicinales y venenosas (biomasa) en las 7417 hectáreas. Los funcionarios de Urrá dijeron que no eran importantes. Alteración gravísima de importantes ecosistemas: páramo, selva húmeda, humedales y estuario.

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Corte Constitucional, Sentencia T-652 de 1998 Ídem. 19 Acuerdos del 19 de abril de 2000: “El gobierno nacional ratifica los compromisos celebrados el 22 de Noviembre de 1994 y en abril 19 de 2000 con el pueblo Embera Katío del Alto Sinú en el que dentro de la política de desarrollo del sector eléctrico, el gobierno nacional no encuentra necesario, conveniente ni factible la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Urrá II”. 20 Documento Cabildos Mayores, julio de 2006 21 Corte Constitucional, op. cit., p. 16 22 Testimonio Nokó Río Sinú. Tierralta, Córdoba, 13 de junio de 2006. 23 Síntesis de impactos presentada por los Cabildos Mayores, documento Neburuby, julio de 2006. 18

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o o o o o o o

Penetración de la cuña salina en el estuario del bajo Sinú24, agravada por este desvío del río. La sedimentación y contaminación del río, que genera un ambiente inhóspito en especial en la época seca. Las inundaciones de las tierras más fértiles del territorio del pueblo Êbêra, perdiendo incluso, las márgenes del río donde solían cultivar arroz y otros productos para consumo de las comunidades. La baja del nivel del agua de la Ciénega Grande de Lorica, que se alimentaba del río y que trajo la pérdida de la calidad de vida de cientos de miles de pescadores y campesinos de la región baja. La desaparición del pescado, fuente principal de alimentación y comercio indígena.25 Aumento de mosquitos, zancudos y otros insectos portadores de enfermedades infecciosas. La división interna del Pueblo Embera, "que hoy nos cuesta vidas”, por conflictos internos entre comunidades de los ríos del territorio.26

b) Impactos culturales A pesar de las duras condiciones de vida, los actuales habitantes de los resguardos del Alto Sinú mantuvieron su cohesión social, basada en el territorio, la lengua, y la cultura. "La cultura de las comunidades indígenas, en efecto, corresponde a una forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y de actuar en el mundo, constituido a partir de valores, creencias, actitudes y conocimientos, que de ser cancelado o suprimido -y a ello puede llegarse si su medio ambiente sufre un deterioro severo-, induce a la desestabilización y a su eventual extinción. La prohibición de toda forma de desaparición forzada (Constitución Política, Art. 12) también se predica de las comunidades indígenas, quienes tienen un derecho fundamental a su integridad étnica, cultural y social”. 27 Por consiguiente, la presencia de este megaproyecto hidroeléctrico ha sido más negativa que las penurias y problemas de los siglos de pervivencia que lograron estos indígenas:

24

"La región sobre la desembocadura del río Sinú, en la bahía de Cispatá, que contaba con 40.000 hectáreas [de manglar], fue afectada en 1949 [por la deforestación] porque el río cambió su curso, abriendo una salida directa al mar, por la boca de Tinajones; por este motivo, la tierra se salinizó y quedó inútil para la agricultura. Se produjo entonces un proceso migratorio de los campesinos, sobre todo hacia los latifundios de San Bernardo del Viento y Lorica". En: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP y El Colombiano: COLOMBIA, PAIS DE REGIONES. Fascículo #6, páginas 91 y 92.

25

Ya en 1998 la Corte Constitucional había declarado en su sentencia T-652: “Sobre la desaparición del pescado en los ríos y quebradas de los actuales resguardos, hecho que afecta la supervivencia física del pueblo Embera-Katío y la posibilidad de que éste pueda conservar su cultura tradicional, quedó establecido que las obras civiles de la hidroeléctrica impiden las migraciones de los peces, que aún el traslado de éstos desde un lado a otro de la presa no permitió su reproducción, y que la inundación del embalse impedirá que se reproduzcan los pocos peces que se llevaron a la parte superior de la vertiente, puesto que "para su desarrollo los huevos deben permanecer en movimiento, desde el momento de la fertilización hasta la eclosión de las larvas". Además, el ensayo de acuacultura que se hizo con el engorde de alevinos en estanques, obtuvo resultados muy limitados, se suspendió en todas las localidades visitadas, dependió totalmente de alimentos industriales, y no incluyó la posible adecuación y apropiación de la tecnología necesaria para lograr la reproducción de los peces en estanques”.

26

Véase Revista Cambio: “La Hora de los Emberá Katío”, En: http://www.revistacambio.com/html/pais/articulos/3411/ 27 Corte Constitucional, Sentencia T-380 de 1993.

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“Antes los pueblos indígenas vivían sin interés en los recursos económicos, pero por la ingerencia de la empresa, esto cambió la cultura. Antes vivían en terrenos amplios, sin necesidad de tocar los recursos del gobierno. 28 La Corte Constitucional mediante la sentencia T-652 de 1998 ordenó la indemnización a la comunidad por la pérdida de la fuente de alimentación que era el pescado y el transporte tradicional argumentando que: “Como la omisión de la consulta previa para otorgar la licencia ambiental a la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica es precisamente el hecho que originó la violación de los mencionados derechos, y los daños irreversibles que la construcción de tales obras vienen causando en nada se remedian cumpliendo a posteriori con el requisito constitucional omitido, la Corte ordenará que se indemnice al pueblo afectado al menos en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede escapar, y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar. Si los Embera-Katío del Alto Sinú y la firma dueña del proyecto no llegaren a un acuerdo sobre el monto de la indemnización que se les debe pagar a los primeros, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, los Embera-Katío deberán iniciar ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Córdoba -juez de primera instancia en este proceso de tutela-, el incidente previsto en la ley para fijar la suma que corresponda a un subsidio alimentario y de transporte, que pagará la firma propietaria del proyecto a cada uno de los miembros del pueblo indígena durante los próximos quince (15) años, a fin de garantizar la supervivencia física de ese pueblo, mientras adecuan sus usos y costumbres a las modificaciones culturales, económicas y políticas que introdujo la construcción de la hidroeléctrica sin que ellos fueran consultados, y mientras pueden educar a la siguiente generación para asegurar que no desaparecerá esta cultura en el mediano plazo. Una vez acordada o definida judicialmente la cantidad que debe pagar a los Embera-Katío la Empresa Multipropósito Urra S.A., con ella se constituirá un fondo para la indemnización y compensación de los efectos del proyecto, que se administrará bajo la modalidad del fideicomiso, y de él se pagará mensualmente a las autoridades de cada una de las comunidades de Beguidó, Cachichí, Widó, Karacaradó, Junkaradó, Kanyidó, Amborromia, Mongaratatadó, Zambudó, Koredó, Capupudó, Chángarra, Quiparadó, Antadó, Tundó, Pawarandó, Arizá, Porremia y Zorandó, la mesada correspondiente al número habitantes de cada una de ellas”. 29 Después de las demoras en iniciar el proceso de desembolsos, para el liderazgo indígena, en estos momentos, el análisis que hacen es que dicha indemnización, que comenzó a recibirse en abril de 2006, trajo más problemas que beneficios al pueblo Embera30 por lo siguiente: o o

Ha generado más divisiones internas, sin posibilidad de unificar, luchar y defender los derechos territoriales, la educación, la salud, los recursos naturales y los derechos humanos ante el Estado, como pueblo “para el futuro de los futuros”. El pueblo Embera está perdiendo la visión, la costumbre y la cultura indígena, ya no trabajan comunitariamente, ni les interesa la organización, el control territorial, la lucha política, ni la prohibición del corte de la madera etc. Hay riesgo que pueden desaparecer las tradiciones y costumbres milenarias de este pueblo Embera Katío del alto Sinú. Esto se comprueba por lo

28

Testimonio de Cabildo Local de Amborromia, Tierralta, 12 de junio de 2006.

29

Corte Constitucional, Sentencia T-652 de 1998.

30

Análisis de los Cabildos Mayores, julio de 2006.

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o o

o

que una mujer líder ha dicho: “Urrá hizo mucho daño, porque la gente ya no quiere tejer sus collares”31. A raíz de la inundación de 28 lugares sagrados (Jaidéra) se han suicidado 20 indígenas desde 1997, y se ha ido perdiendo la relación con sus mayores y sus creencias religiosas. Para los Embera el pescado tenía una gran importancia, puesto que “no sólo significaba seguridad alimentaria sino también realizamos ritos, ceremonias tradicionales como el “Jenené”; el pescado no era para comercializar, solo para consumo diario y para comer en las celebraciones, convites, fiestas, matrimonios, donde todos podían disfrutar. Esto era común en temporadas como semana santa”. Pérdida el medio de transporte tradicional por el río: “El pueblo indígena Embera no está acostumbrado a manejar recursos, pero ahora hay necesidad de ampliación y se debe recurrir a lo occidental, por el desvío del río: tener motor fuera de borda, algo que cambió la cultura indígena.”32

Estos impactos negativos que viven los Embera Katío se desarrollan en un contexto de un ambiente de hostilidad, discriminación racial y racismo que ostentan numerosas personas no indígenas, que les siguen considerando como inferiores, incapaces de tomar sus propias decisiones y desarrollar sus Planes de Vida. Por ejemplo, artículos de prensa en los que se mencionan los problemas internos de los Cabildos Mayores y la “Alianza” en relación con la rápida aculturación derivada de la recepción de dineros de la indemnización reflejan posiciones discriminatorias, porque generalizan situaciones particulares de algunas familias y dan crédito, además, a voceros de la empresa Urrá S.A.: "Se enloquecieron con la plata. Ahora viven en Tierralta, borrachos en la plaza, algunas en los prostíbulos y no quieren regresar [a] sembrar. En promedio son 8 miembros por familia que gastan 800 mil pesos y la pregunta es qué va a pasar en el futuro", dijo un funcionario de Urrá que pidió omitir su nombre.33 La discriminación racial es algo sentido por todas las comunidades y su relación con las personas no indígenas, en particular funcionarios y funcionarias públicos, sectores económicamente poderosos e intermediarios económicos, hecho que ha conducido a que la dirigencia indígena y sus autoridades tradicionales soliciten al Estado colombiano una pronta solución para prevenir y sancionar esta situación. El Pueblo Embera Katío se vio obligado a presentar recursos ante las instancias internacionales, en concreto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares para la protección de sus derechos, no solamente en vista del reiterado incumplimiento de las autoridades competentes en Colombia, sino por el asesinato y desaparición de importantes líderes (como se menciona más adelante), y aparte de declaraciones retóricas y repetidas faltas, el tema sigue sin resolverse, en una situación que revela una de las peores prácticas en el país contra de minorías étnicas. En los acuerdos el gobierno ha reconocido la urgencia de capacitar sobre los derechos indígenas y buscar a través de la sensibilización y la educación, que cese esta discriminación: “…el Gobierno Nacional y las autoridades indígenas impulsarán reuniones con sectores sociales y medios de comunicación para facilitar el diálogo y la discusión sobre la importancia de los pueblos indígenas y la necesidad de asegurar el pleno respeto de sus derechos y libertades.” (Páginas 8 y 9, 2 D); “el Ministerio del Interior y de Justicia divulgará los derechos de los pueblos indígenas, la legislación indígena y el compromiso del Estado colombiano por garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas. Estas actividades son permanentes y se concretarán en una estrategia de comunicación. Para el diseño de la estrategia de comunicación se realizará una reunión en el mes de julio de 2005 y se presentará para su aprobación en la siguiente reunión del

31

Testimonio de la Noko-Wera de los Cabildos Mayores de los ríos Verde y Sinú, Tierralta, 13 de junio de 2006. 32 Testimonio de miembro de la comunidad de Amborromia, junio de 2006. 33 El Tiempo: “Plata de Urrá enloqueció a los Emberás”, 14 de Septiembre de 2003.

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espacio de seguimiento a los acuerdos; el gobierno nacional facilitará el acceso del Pueblo Embera al canal institucional y la realización de eventos en la zona”34. Como se explica más adelante, esta situación se agrava en la medida en que el discurso oficial –incluso el de la compañía hidroeléctrica- desarrollan toda una campaña publicitaria para acusar a los líderes indígenas de los Cabildos Mayores como miembros de la insurgencia, con gravísimas consecuencias para el disfrute de sus derechos civiles y políticos. c) Impactos económicos Aunque los medios de comunicación atribuyen los problemas económicos a la ausencia de una capacitación en el uso del dinero, en la actual situación económica del pueblo Embera Katío del Alto Sinú en realidad se combinan una serie de elementos por la marginación, la opresión, el racismo (al que hemos hecho mención anteriormente) y el entorno en el que predomina el dinero fácil relacionado con el narcotráfico y su vínculo con los actores de la guerra. Así, por ejemplo, la empresa en cierta forma culpa a la Sentencia de la Corte Constitucional: “Alfredo Solano, presidente de Urrá, añadió que ya se le había advertido a la Corte Constitucional tribunal que ordenó indemnizarlos con 75 mil millones de pesos- sobre estos riesgos: ‘Ellos no tenían manejo de plata y menos de sumas grandes’.”35 Mientras que para la Defensoría del Pueblo, el asunto era de preparación y capacitación: “Para Gabriel Mujuy, defensor delegado de asuntos indígenas y minorías étnicas, faltó prever mecanismos para enseñarles a manejar dinero. Este -dice- ha ocasionado cambios acelerados en los embera y los ha llevado a un proceso de aculturación.”36 Reconociendo que esas son, entre otras, las causas de la situación, actualmente se pueden identificar otros aspectos de la crisis humanitaria por la que atraviesan los Embera Katío: o

“El acceso a los alimentos es restringido en esta dinámica de exterminio”37. De acuerdo con la observación en la visita practicada a la zona en junio de 2006, a causa de la pérdida de las playas y vegas de los ríos, muchos indígenas dejaron de cultivar el arroz y ahora deben comprarlo en los establecimientos comerciales de Puerto Frasquillo y Tierralta, donde florecen negocios de blancos, principalmente antioqueños. Así mismo, se han introducido alimentos occidentales procesados que no suplen las calorías necesarias, como por ejemplo, las pastas y condimentos y sopas de sobre. Algunas madres alimentan a sus niños y niñas con leche en polvo o de fórmula, y desde el inicio de la entrega de la compensación individual por los impactos negativos de la represa, se ha incrementado el consumo de bebidas alcohólicas también, un fenómeno que anteriormente afectaba de modo principal a indígenas de la “Alianza de Cabildos Menores”, pero que desde 2003, tiende a generalizarse, así como la adquisición de bienes suntuarios: “…Las 290 familias indígenas que cada mes van por su subsidio de $113.994 pesos por persona –dinero que consigna la empresa Urrá en el Banco de Bogotá en Montería –, ven cómo extraños mediadores les arrebatan una comisión, sólo por cobrar el dinero… Así mismo,

34

Análisis del seguimiento de las Recomendaciones del Acta del 8 de abril de 2005. El Tiempo. “Plata de Urrá enloqueció a los Emberas”, 14 de septiembre de 2003. 36 Ibíd. 37 Documento de los Cabildos Mayores, julio de 2006. 35

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han sido escandalosas las riñas fatídicas entre los mismos embera, como cuando Daniel Domicó le quitó la vida a John Domicó, propietario del bar El Amigo en Tierralta….”38 o

Los túneles y la turbina del embalse impidieron la subida del pescado que ascendía al Alto Sinú y afectó el desove de huevos del Bocachico39. Esto lesionó la economía de los pescadores del Bajo Sinú y generó crisis alimentaria a las comunidades indígenas del Alto Sinú, como bien lo destacó la Sentencia de la Corte Constitucional de 1998, al señalar que para este pueblo, “la economía tradicional de subsistencia ya no es posible, y la supervivencia de los Embera-Katío del Alto Sinú sólo será viable si se incorporan a la economía de mercado; es decir, si renuncian a la diversidad de productos naturales que aquel modo de producción les ofrecía y cambian -definitiva y apresuradamente-, sus prácticas tradicionales de caza y recolecta por actividades agrarias orientadas a la venta de las cosechas; paradójicamente, la legislación sobre protección ambiental les prohíbe hacerlo por la superposición de sus tierras con el parque nacional natural”. 40

o

Adicional a esto, los indígenas no cuentan sino con algunas lanchas de motor y para desplazarse deben realizar pagos para transporte fluvial y terrestre permanentes.

o

Los proyectos productivos diseñados para paliar los daños y las pérdidas fueron impuestos desde fuera, sin contar con la construcción de consensos o la preparación y capacitación de la población indígena conforme a sus usos y costumbres, para alcanzar una transición económica digna.

o

Finalmente, se anota que la inexperiencia en el uso del dinero y la influencia de los blancos ha llevado a algunos indígenas a consumir bienes suntuarios, la prostitución, el alcoholismo y problemas de inseguridad, que exacerban la ya deteriorada situación de salud de la población de este territorio, en especial los grupos más vulnerables, como niños, niñas, mujeres lactantes y gestantes (por lo general adolescentes), y personas adultas mayores.

d) Impactos sociales

Aunque algunas familias conservan sus tradiciones, otras prefieren las comodidades de los blancos y gastan sus mesadas en electrodomésticos. Foto “El Tiempo” José A. Perdomo, edición virtual.

38

Revista Cambio. “La hora de los Embera Katíos”. En: http://www.revistacambio.com/html/pais/articulos/3411/ 39 Nombre científico: Prochilodus sp., posiblemente P. nigricans. 40 Corte Constitucional, Sentencia T 652 de 1998.

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Como se ha dicho anteriormente, el impacto social en la estructura comunitaria del Pueblo Embera Katío, ocasionado por la construcción y puesta en marcha de la represa de Urrá es muy notorio. Partiendo del hecho de que la única ruta de acceso a las comunidades es la represa, y que su autonomía se vio totalmente menoscabada por las reglas del juego impuestas por la empresa (principalmente al norte, para tener acceso al Puerto de Frasquillo, y de ahí a Tierralta y Montería), por los grupos armados (en especial al sur del territorio, en la zona selvática y montañosa del Nudo de Paramillo, en jurisdicción del municipio de Ituango –Antioquia) y por los funcionarios/as estatales responsables de la protección de sus derechos, los condicionantes geográficos y estratégicos que afectan al pueblo Embera Katío lo constriñen a haber quedado en la práctica encerrado y con graves amenazas en ciernes: • • •

•

• • •

• • •

La presencia de comunidades campesinas que han ocupado ilegalmente las tierras que bordean el resguardo, y en donde en estos momentos se registra un alto índice de cultivos de coca, laboratorios y demás factores relacionados con el procesamiento y tráfico de cocaína. Las consecuencias negativas para la población indígena derivadas de las fumigaciones con químicos (Glifosato y mezcla de otros componentes) a cultivos de coca de las comunidades campesinas vecinas a ellos inclusive en 2005. La presencia en estas comunidades campesinas de redes de desmovilizados que han sido contratados dentro del programa de Desarme, Desmovilización y Reinserción del gobierno central para llevar a cabo la erradicación manual de cultivos de coca, en un proceso en el que se destaca el liderazgo personal del ex vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, a partir de finales de 2005. Debe tomarse en cuenta que la sede de la “zona de reubicación”, como se denominó el lugar escogido por el gobierno Uribe para las negociaciones de paz con las AUC está localizado en Santa Fe de Ralito, en la vía que conduce de Tierralta a Montería, y que la mayoría de las haciendas de la zona son propiedad de miembros de las AUC o personas allegadas a su proyecto político. Las tensiones y problemas que surgen por la interferencia de cultivadores y cosecheros (“raspachines”) de hoja de coca con miembros de las comunidades indígenas vecinas a ellos, en especial por la cohabitación en el uso común del puerto de Frasquillo. La aculturación, manipulación y conflictos entre las familias que se separaron de los Cabildos Mayores y se ubicaron en veredas aledañas o barrios del municipio de Tierralta, y las comunidades que habitan en el territorio, en especial porque ahora desea recibir el pago de indemnización. La introducción en las comunidades de electrodomésticos, tales como radios, televisores, ventiladores y otros, que distorsionan y cambian el imaginario colectivo sobre los acontecimientos locales, regionales, nacionales e internacionales y su forma de relación con la naturaleza y la sociedad nacional, a la par que inciden en los roles tradicionales de la mujer y la familia Embera Katío, en especial en la juventud. Los sufrimientos asociados con el desplazamiento forzado que han vivido las comunidades del Pueblo Embera Katío, implican igualmente factores de aculturación y cambios en las percepciones que sobre sus derechos, su territorio y su cultura tienen estos indígenas. La influencia del paramilitarismo en la vida pública del municipio de Tierralta y del departamento de Córdoba (y de Ituango, en Antioquia), que hace que los servidores/as públicos/as estén sujetos a mediaciones, presiones e intereses políticos de las AUC desmovilizadas. La presencia de nuevos rebrotes de paramilitares y grupos ligados al narcotráfico, que han dado lugar a situaciones de violencia, en especial en el Puerto de Frasquillo, aparentemente en ajustes de cuentas.41

41

El Tiempo, 9 de julio de 2006: “Salvatore Mancuso, otrora jefe militar de las autodefensas, le pidió al Estado en los últimos días que le pusiera fin a la ola de crímenes que vienen registrándose en la zona de Tierralta (Córdoba) porque, en su criterio, está en peligro el proceso de paz; pero simultáneamente ha

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Estos problemas sociales, entre otros, son generalmente atribuidos exclusivamente a la relación EmpresaPueblo Indígena. Sin embargo, como puede observarse en el diagrama (abajo), la notoriedad del problema suscitado por la construcción de la Represa, conlleva otros problemas adicionales que, combinados, ponen a este pueblo en altísimo riesgo de exterminio:

“Los actores del conflicto armado legal e ilegales, los políticos de la costa Caribe, la empresa Urrá S.A., el gobierno a través del antes Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), así como el Ministerio del Interior y de Justicia han violado de manera continua, deliberada y cínica el derecho internacional humanitario y los derechos humanos en general del pueblo Embera Katío del Alto Sinú. La violación de los derechos humanos se presenta en dos momentos: antes y después de la firma de los acuerdos del 19 de abril del 2000 entre las Autoridades indígena del pueblo Embera y el Alto Gobierno Nacional. Es importante anotar que es el deber como autoridades del pueblo Embera Katío realizar la denuncia ante los diferentes medios de comunicación, ante las entidades del estado Colombiano y ante los organismos internacionales. 42 Marco Legal e institucional eludido las notificaciones de la justicia. Por eso, la Fiscalía le acaba de dar un ultimátum: o se presenta a rendir indagatoria en seis procesos que requieren su testimonio, o es capturado y llevado a Bogotá para que cumpla su deber como comandante desmovilizado. 42

Documento Cabildos Mayores, julio de 2006

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El Pueblo Embera Katío del Alto Sinú ha sido uno de los pueblos indígenas que en Colombia ha empleado todos los recursos legales que ofrece el sistema jurídico nacional, y que ante su inoperancia, ha recurrido a la movilización, la denuncia y las acciones no violentas, que dieron por resultado dos acuerdos importantes: el primero, del 19 de abril de 2000 Acuerdos del 19 de abril de 2000, que abordan los temas de Derecho a la vida, la integridad personal y el territorio; Derecho a la Educación, y Derecho a la Salud. Y el segundo, del 8 de abril de 2005, en los que se plantean varios temas: licencia ambiental, salud y etnoeducación. Estos acuerdos se sobreponen, de muchas maneras, con la determinación de los Cabildos Mayores de acordar con el Estado colombiano un procedimiento amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la solución del conflicto surgido por la violación grave de los derechos humanos, en particular por la detención-desaparición forzada e involuntaria de Kimi Pernía Domicó y el asesinato y amenazas contra otros dirigentes del Pueblo Embera Katío: “El 4 de junio de 2001 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Kimi Domicó, Uldarico Domicó, Argel Domicó, Honorio Domicó, Adolfo Domicó, Teofan Domicó, Mariano Majore, Delio Domicó, Fredy Domicó y demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katio del Alto Sinú secuestrados en el cabildo comunitario y zonas aledañas. Se solicitó al Estado colombiano adoptar de manera urgente las medidas necesarias para establecer el paradero y proteger la vida e integridad personal de las personas arriba mencionadas, adoptar las medidas necesarias para proteger a los demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katio del Alto Sinú, de común acuerdo con los peticionarios, e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los atentados en contra de la Comunidad. Tras la respuesta del Estado las partes continuaron presentando información y observaciones con relación a estas medidas cautelares”.43 En desarrollo de las acciones para responder a la demanda ante la CIDH interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas, se crea una Comisión Mixta44, con funciones específicas para la superación de la crisis humanitaria del Pueblo Embera-Katío, del Alto Sinú. Desde sus inicios, la Comisión Mixta tiene la misión de implementar la verificación de la situación de los pueblos indígenas en las áreas de salud, atención a niños y niñas, a través del ICBF y Acción Social de la Presidencia de la República. Aunque originalmente estaba previsto que se trasladara cada dos meses a terreno, los Cabildos Mayores dan cuenta de las dificultades para que fluya la información sobre su trabajo, puesto que su reglamento no se ha cumplido a cabalidad hasta ahora, y adolece de los males de la burocracia, las presiones políticas y los constreñimientos propios de la presencia de la Zona de Ubicación paramilitar. Además, la Comisión Mixta ha establecido mesas de trabajo o “Comisiones”, que siguen fallando en alcanzar la meta establecida por las partes dentro del caso ante la CIDH. Pero la implementación de las determinaciones ha sido lenta: Licencia Ambiental Seguimiento a los impactos ambientales: Mitigación Reparación o compensación

43

Organización de Estados Americanos, OEA. “Informe Anual de la CIDH 2003”. Washington, 2003 Hacen parte de la Comisión Mixta: El Ministerio del Interior y de Justicia, División de Etnias; el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; la Comisión Colombiana de Juristas, y el Pueblo Embera Katío, representado por los Cabildos Mayores.

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Además de las funciones de seguimiento a los impactos ambientales por la construcción de la Represa, la Comisión Especial tiene la tarea de diseñar, e implementar: Régimen Especial de Manejo Plan de reemplazo de las prácticas tradicionales de recolección y caza Según el Acta de acuerdos después de la Asamblea Permanente, “estos debían ser trabajados como un insumo para el Diagnóstico, que en últimas constituiría el Plan Integral de Vida o Plan Jenené, de ocho meses de duración, entre mayo y diciembre de 2005. La Empresa Urrá S.A. adicionaría los recursos para garantizar la seguridad alimenticia, y los Cabildos Mayores harían lo suyo, aportando los equipos, la metodología, el plan y el cronograma de actividades, objetivos y metas propuestos para ese trabajo”. Hoy, después de más de un año de los acuerdos, su desarrollo es lento, improductivo e ineficaz para resolver la crisis humanitaria del pueblo Embera Katío. Veremos brevemente, los principales acuerdos a los que se llegaron en el Acta del 8 de abril de 2005; posteriormente, en la sección sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentamos el balance que a la fecha hacen los Embera Katío sobre el estado de cumplimiento de los mismos. Derecho a la Educación Fue previsto en cabeza de la SED Córdoba, a partir de mayo de 2005 para abordar junto con la Procuraduría y el Ministerio de Educación Nacional, programas educativos de acuerdo con las necesidades del pueblo Embera Katío. Para ello, se estableció una

El Cabildo Mayor debía informar al SED Córdoba las necesidades en cuanto a qué obras se requerían, el número de niños y niñas que se beneficiarían, el tipo de construcción y los costos que esto acarrearía. El SED y el MEN se comprometieron a asignar recursos económicos para la ampliación de la cobertura en primaria para el 2006, y posteriormente, para secundaria, así como la financiación de dos ciclos adicionales en el proceso de profesionalización docente, de los 13 ciclos. Derecho a la Salud La propuesta era hacer una concertación del Plan de Atención Básico en salud, PAB, a partir del 15 de abril de 2005, con la Secretaría de Salud Departamental, que haría visitas cada dos meses a las comunidades. El acuerdo incluyó la provisión de un microscopio y el estudio para incorporar la medicina tradicional dentro del POS que maneja la empresa indígena MANEXKA (#4). Igualmente, se daría capacitación en salud dentro del PAB, así como capacitación a funcionarios con una “perspectiva étnica” (#6). Se habló de 816 cupos de afiliación al régimen subsidiado basado en un listado sensual, en que los Cabildos Mayores debían aportar el 33.5%, para implementarse desde julio de 2005 (#7). El sistema de potabilización de agua: el MAVDT y el Ministerio de Protección Social iban a “coadyuvar a que la Alcaldía de Tierralta y la CVS cumplan con el sistema de potabilización de agua en el resguardo” (#8). Transporte de enfermos de Frasquillo a Tierralta desde marzo de 2006, incluso pago de salario del conductor y la gasolina. ICBF Se plantea que los programas de esta institución deben hacer una “definición conjunta con los Cabildos de la zona de criterios que respondan a la situación de mayor vulnerabilidad de las comunidades y que permitan priorizar recursos y cupos de los programas del ICBF hacia ellas”.

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Sin embargo, haciendo clara alusión a la existencia de las otras comunidades indígenas que se separaron de los Cabildos Mayores, el documento de Acta señala que “Prevalecerá el principio de equidad, de tal manera que se focalizarán las comunidades más alejadas de los centros urbanos, con menor presencia institucional, con mayores dificultades de comunicación, con mayor afectación por la situación del conflicto armado, con población en peores condiciones de salud y con más dificultades de acceso a servicios”. Para ello, el ICBF y los Cabildos harían un “diagnóstico social actualizado que permita conocer las necesidades de la población indígena de la zona y las posibles soluciones a éstas” Sin embargo, más adelante, el mismo acta indica que se haría un “análisis de las investigaciones auspiciadas por Urrá S.A. ESP u otras instituciones (estudios epidemiológicos)” sobre los problemas de salud indígena. Llama la atención, sin embargo que el Acta inste al “ICBF Regional Córdoba, teniendo en cuenta las particularidades sociales y culturales del pueblo Embera Katío” para que haga “una propuesta de flexibilización de los lineamientos de los programas de restaurante escolar y desayuno infantil que consultará y validará con los Cabildos y comunidades indígenas de la zona”. “ICBF hará gestión con la Fuerza Pública que tiene presencia en la zona para hacerles conocer los programas del ICBF, y se concertará con ellos la forma más adecuada para la identificación de remesas que se envían a los asentamientos ubicados en los sitios más alejados”. (p. 7, 4 B)

Situación de violaciones de los Derechos Humanos (Civiles y Políticos) atribuidas a paramilitares y miembros de la Fuerza Pública Desplazamientos forzados El 27 de enero de 1999 un grupo de hombres presumiblemente paramilitares incendiaron 4 tambos indígenas en la comunidad de Kiparadó, en el Resguardo Embera Katio. Esto tambos se encontraban abandonados porque las familias que los habitaban fueron presionadas a desplazarse por los grupos guerrilleros. El 15 de septiembre de 2000, los cabildos mayores del Río Verde y Río Sinú denunciaron que un presunto grupo de paramilitares incursionó en Zorandó y en Zimbra, acusó a los indígenas de ser auxiliadores de la guerrilla y obligó a los habitantes de estos caseríos a abandonar las dos comunidades. El sábado 16 de septiembre de 2000, 4 hombres armados presumiblemente de las FARC tras asesinar al comunero Januario Cabrera Lana, en la comunidad de Zorandó, obligaron a 7 familias de esa comunidad a desplazarse hacia la vereda El Cerro en límites con Antioquia. El 26 de septiembre de 2000, los enfrentamientos entre las AUC y las FARC, originaron el desplazamiento forzado de 200 familias del corregimiento de Saiza, Tierralta. El 27 de septiembre de 2000, y tras 6 días sin ningún tipo de información, se confirma por parte de las autoridades indígenas locales el desplazamiento masivo de la comunidad de Zorandó hacia el departamento de Antioquia. Por otro lado se conoció el desplazamiento de la comunidad de Simbra, ubicada a dos horas de la comunidad de Zorandó, hacia ésta última, después de recibir amenazas por parte de los grupos paramilitares, quienes reunieron a los civiles en el sitio conocido como El Llano, en límites con Antioquia, y dieron un plazo de 20 días para que todas las personas indígenas y campesinos desocuparan la región. El Sábado 30 de Septiembre de 2000 los miembros de la comunidad indígena Simbra que se encontraban en la comunidad de Zorandó se desplazaron hacia el sitio denominado El Cerro, en límites con el departamento de Antioquia, luego de que un grupo de hombres armados al aparecer de las AUC solicitaron a los miembros de la comunidad que despejaran el área, advirtiendo que aquellas personas que no desalojaran serían consideradas miembros de la guerrilla. Por otro lado, también manifestaron que no respetarían el territorio indígena, que no tenían que ver con los Cabildos y que contaban con un determinado número de hombres listos a incursionar en nuestro territorio.

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Como lo han señalado Villa & Houghton, “En materia de capacidad des-estructurante de la violencia y el terror, resulta relevante el número de veces en que un pueblo o comunidad debe desplazarse. Visto en esa lógica, uno de los pueblos más afectados por el desplazamiento forzado fueron los Emberá Katío, con el 20% de los casos de desplazamiento masivo, el 13,4% de los desplazados y una tasa de 12.252 por cada 100.000, cuatro veces la nacional; sin embargo, al aplicar esta tasa a cada una de las unidades territoriales de ese pueblo, resulta por su gravedad lo que viene ocurriendo con los Emberá Katío del Alto Sinú, cuya población es de 2600 personas y la cantidad de desplazados forzados fue 2163, el 83% del total; y con los Emberá Katío del Alto San Jorge, el 100%, de los cuales estuvo en situación de desplazamiento por varios años (…) Los datos sobre desplazamiento forzado masivo revelan los municipios donde el fenómeno es más agudo: Mutatá, con 2.800 desplazados; Tierralta, con 2289 y Puerto Libertador, con 1696, sobre el Nudo de Paramillo, ilustran la fuerte arremetida sufrida contra los Emberá Katío como efecto de la disputa territorial ocurrida en esa región entre las FARC y el Ejército, en asocio con los paramilitares”45 (subrayado nuestro) De acuerdo con los testimonios acopiados durante la visita a las comunidades del Río Sinú, “en estos momentos, no se registran casos graves de desplazamiento indígena. En Nejundó dentro del Resguardo por causa de los combates, se presentaron desplazamientos en Noviembre de 2003, antes de las negociaciones de Santa Fe de Ralito. Igualmente, en la región de Saiza y Barrancones, que ya no son parte del territorio del Resguardo, sino de población campesina, sí se han presentado desplazamientos. Los Emberas de Antioquia son quienes se han desplazado forzadamente en estos días46. Sin embargo, la aparición de grupos armados, presumiblemente de ex paramilitares rearmados, a más de los enfrentamientos entre tropas de los Batallones Voltígeros (Antioquia) y Junín (Tierralta, Córdoba), hacen temer a los Embera Katío que la situación podría repetirse como a inicios del siglo: “Los miembros de la comunidad señalaron que lo que menos quieren es desplazarse. Pero frente a una situación de amenaza, no tendrían otro camino. Pues vale la pena señalar que el pasado 1º de marzo, cuando una canoa se desplazaba por el río, en cercanías de Bocas del Río Verde, con el objetivo de conocer la situación de sedimentación, la comisión compuesta por tres funcionarios de Urrá, un funcionario de Parques, dos asesores y tres miembros de la comunidad Embera, minutos después de que la canoa pasó el puesto de control [del ejército] de Naín, se encontraron con (…) hombres armados que manifestaron necesitar la canoa para transportarse (…) Esto demuestra que cerca al Embalse, en zonas aledañas, y dentro del mismo resguardo, hay presencia de actores armados, que incluso no se tienen claramente identificados. Al respecto es evidente una situación de riesgo y una vulneración de los derechos humanos de la población civil en la zona.”47 Además de la crisis humanitaria derivada del conflicto armado, también hay otro factor de riesgo, resultante de la pérdida de los medios de vida de los campesinos cocaleros, vecinos del Resguardo Embera Katío. Así lo expresó la Defensora Comunitaria, en carta a funcionarios(as) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Tierralta, solicitándole asistencia urgente para 17 familias campesinas, “que se quedaron resistiendo frente al desplazamiento forzado que realizaron sus vecinos en el año 2001 al casco urbano de Tierralta [y]… no ha contado con el apoyo del Estado en cuanto a salud, educación, producción, trabajo, subsistencia”, ocasionadas por las erradicaciones manuales de coca. “La comunidad ya no tiene grandes esperanzas, por lo que considera como solución desplazarse (…) Solicitamos también al ICBF su apoyo, para que brinde una ayuda prioritaria a esta comunidad en cuanto a alimentación, ya que allí habitan 40 niños en total, los cuales están padeciendo de hambre”.48

45

Villa, W. y Houghton, Juan Carlos: Violencia Política contra los Pueblos Indígenas en Colombia 19742004, p. 72 46 Testimonio de representantes de comunidades de los Ríos Verde y Sinú. Comunidad de Amborromia, junio de 2006. 47 Carta de la Defensoría Comunitaria a los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, 1 de junio de 2006. 48 Carta de la Defensoría Comunitaria a los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, 1 de junio de 2006. Anexo carta al ICBF de Tierralta, 14 de julio de 2006.

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Ello se corrobora por las informaciones aparecidas en medios de comunicación nacional, en donde se señalaba que: “Uno de los motivos de preocupación En Tierralta (Córdoba), el legendario e indomable territorio sobre las estribaciones del Nudo de Paramillo, hoy se vive una situación típica de lo que podría llegar a ser un posconflicto en el país, porque la vigencia de la coca, las rencillas políticas, el reagrupamiento de ex combatientes en otras formas delincuenciales, el tráfico de armas, las cuentas de cobro entre ex paramilitares y las víctimas del conflicto armado, así lo están demostrando (…)Mancuso, en carta enviada el 3 de julio pasado al presidente Álvaro Uribe y a la OEA, denunció que en la zona de Tierralta ex paramilitares y ex miembros de la Fuerza Pública, bajo el seudónimo de ‘Los Traquetos’, están sembrando el terror y controlando a sangre y fuego el negocio del narcotráfico y las vidas de los pobladores. También le dijo al Gobierno que las autoridades locales sabían quiénes estaban detrás de estos crímenes. (…) Concretamente se refirió a los nueve asesinatos ocurridos entre el 30 de junio y el 3 de julio pasados, crímenes en los que resultaron víctimas algunos de sus amigos cercanos: Óscar Zapata Guerra y sus dos escoltas, Lino Ramón Arias Paternina y Jorge Alvarado Reyes. Zapata, propietario de varias gasolineras y chalupas en el corregimiento de Frasquillo, cerca de Tierralta, transportaba erradicadores de coca hacia la localidad de Crucito, en el Nudo de Paramillo. Otra de las víctimas es Aran Assiaf, a quien le asesinaron a su hijo y a su yerno Andrés Alberto y Hernán Giraldo. Assiaf donó dos fincas para la siembra de especies maderables, de la que se están favoreciendo desmovilizados de los bloques Catatumbo y Córdoba (…) Aunque se habla de que las víctimas estaban colaborando en el proceso de erradicación de la hoja de coca, la Policía y el Ejército afirmaron que se trataba de retaliaciones entre traficantes de droga de la zona”.49 Confinamiento Las comunidades de Kiparadó fueron objeto de repetidas violaciones a su derecho al libre tránsito, como el 29 de enero de 1999, cuando grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUCordenaron a tres familias indígenas salir en un plazo de tres días; sus viviendas fueron incendiadas. A las familias amenazadas les prohibieron migrar hacía el casco urbano de Tierralta y la zona de Río Verde. “Si van a salir pueden salir a la zona del Río Esmeralda; a otra parte no”, argumentaron los agresores. Igualmente ordenaron despejar la parte central de la comunidad de Kiparadó, donde se encuentra el dispensario de salud y la escuela. Desde los días 3 hasta el 6 de junio del 2001, permanecieron aislados 226 Embera que se encontraban en una Asamblea extraordinaria en la comunidad de Beguidó, después de ser informados de la presencia de un reten de las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales manifestaron a miembros de la comunidad indígena la orden expresa de no permitir la movilización de canoas por el río Sinú, quien no acatase esta orden se atendría a las consecuencias. Finalmente el reten fue levantado, y las personas se pudieron desplazar el 6 de junio de 2001. El 16 de septiembre de 2004, las comunidades denunciaron que mientras sucedían combates en la zona central del resguardo, “en el puerto de Frasquillo, miembros del ejército prohibían la salida de Johnsons [botes] dejando a una treintena de compañeros Embera y a un número desconocido de campesinos, privados de su derecho a retornar a sus casas, hasta nueva orden. Y, por supuesto, dejando a toda la población del resguardo incomunicada y sitiada”50. A la fecha de elaboración de este informe no se tienen noticias de nuevos confinamientos de comunidades Embera Katío. Detenciones arbitrarias y retenciones El 31 de enero de 1999, fueron retenidas en el Río Sinú, en el sector denominado La Caimanera, 14 canoas con sus respectivos ocupantes; de esta canoa, siete pertenecían a indígenas. Después de destruir las canoas 49

El Espectador: Alto Sinú está entre la guerra y la cultura de la coca. Lo que hay tras la crisis en Tierralta. Edición Nacional, 9 de junio de 2006. 50 Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Comunicado de Prensa, 16 de Septiembre de 2004.

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y sus motores, los hombres armados, presuntos paramilitares de las autodefensas unidas de Colombia (AUC) retuvieron por dos días a 40 personas, dentro de las cuales 10 pertenecían al Pueblo Embera Katío. Los indígenas eran: Gabriel Domicó, Solangel Arias Domicó, Eugenio Domicó, Lubertin Cabrera, Luz Marina Domicó, Antonio Domicó, William Domicó, Libardo Domicó, Micaela Domicó, y Ana Luz Guasaruca. El 16 de septiembre del 2000 fueron retenidos por hombres fuertemente armados que portaban brazaletes de la AUC, tres canoas que subía con el personal indígena e insumos necesarios para la ejecución de los proyectos de desarrollo pecuario y fomento piscícola que se llevaban a cabo en las comunidades indígenas de Río Sinú y Verde. La retención ocurrió desde las 11:00 de la mañana en el sector conocido como las bocas de Río Verde. Las personas retenidas fueron: Ricardo Bailarín, Efraín Chamarra, Elkin Rubiano, Amado Domicó, Rigoberto Domicó, Álvaro Rubiano, Rubit Domicó, Miguel Domicó García, Saúl Bailarín, Oraime Domicó, Martín Casamá, Algarin Domicó, Domicilio Guasaruca, Luis Alberto Cabrera, Agustín Pernía, Irenia Domicó Chara, Loliria Domicó, Diana Domicó, Maritza Domicó (menor de edad), Horacio Bailarín, Germán Domicó, las personas fueron retenidas por 5 días, después de utilizar las canoas de propiedad de la comunidad. El 19 de mayo del 2001 un grupo de hombres fuertemente armados, los cuales se auto denominaron de las AUC llegaron a la comunidad de Kiparadó, donde se quedaron por una noche, al día siguiente se llevaron a los indígenas: Uldarico Domicó (25 Años) Argel Domicó (24 años), Honorio Domicó (34 años), y Adolfo Domicó (13 años). El días lunes 21 de mayo salieron en búsqueda de sus hermanos, el gobernador de la comunidad, el señor Teofán Domicó (46 años), acompañado por otros miembros de la comunidad: Mariano Majore (26 años), Delio Domicó (27 años), y Fredy Domicó (14 años). Las personas antes mencionadas estuvieron en poder del grupo armado hasta el días jueves 26 de mayo, cuando fueron dejadas en libertad. Aparte de retenciones por algunas horas en los retenes instalados por las partes en el conflicto, no se informó sobre casos de personas que hayan sufrido limitaciones a su libertad personal similares a los casos aquí presentados. Asesinatos En 2003 se produjo el asesinato de en el casco urbano de Tierralta Córdoba, El 13 de Noviembre de 2004 se reportó que otro indígena Embera Katío, John Domicó Domicó, había sido asesinado en Tierralta, Córdoba, a manos de otro indígena, en una riña alrededor de su posición frente a la represa de Urrá, “hecho que se suma a la larga lista de muertes que el pueblo Embera Katío del Alto Sinú ha puesto en su lucha…”51; el hecho sucedió mientras los dirigentes Embera, Nokó Mayor del Río Sinú, Wilson Domicó, y el Nokó Mayor del Río Verde, Abel Domicó, iniciaron la negociación con la empresa Urrá y el Gobierno Nacional en Bogotá52. Durante el primer semestre de 2006, sin embargo, se conoció por denuncias del propio jefe de las AUC desmovilizadas, Salvatore Mancuso, la ola de asesinatos que vienen ocurriendo en Tierralta, la mayoría entre ex paramilitares, campesinos y personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Como lo expuso el Obispo de Montería luego de un Consejo de Seguridad realizado en Tierralta: Parte de lo que se venía desconociendo en todo el territorio nacional fue expuesto el 3 de julio pasado en la emisora Sergio Restrepo Jaramillo de Tierralta por el obispo de Montería, Julio César Vidal Perdomo, quien alertó a los fieles sobre el espejismo de la bonanza cocalera, que, según él, no ha traído sino un mundo de ilegalidad en el que viene proliferando la prostitución, la muerte y la desolación. “Hay miedo en la población y el pueblo está triste, llora y está preocupado”, dijo el religioso. 51 52

Documento de Cabildos Mayores, julio de 2006. Oficina de Prensa ONIC Boletín de Prensa 047, 13 de noviembre de 2004.

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Vidal Perdomo advirtió que si se quería parar esta ola de asesinatos, se debía optar por la legalidad. Una alerta que se sustenta en los 30 crímenes ocurridos a lo largo de este año, pero que hasta que el agua no les llegó al cuello a los amigos de Mancuso y a algunos dirigentes políticos locales, no se prestó atención.53 Torturas La tortura sigue presente en el accionar de las partes en el conflicto. Si bien esta práctica fue recurrente en muchas de las muertes, detenciones y desapariciones de comuneros Embera Katío causadas por las AUC, en el momento también hay reportes de situaciones que representarían tratos crueles, inhumanos y degradantes. El pasado 15 de febrero de 2006, representantes indígenas denunciaron que “cinco hombres vestidos de camuflado que circundaban cerca de la comunidad de Porremia, a las 5 a.m. (…) golpearon y detuvieron por cuatro horas a cuatro indígenas54”. Los hechos sucedieron en el contexto en que soldados del Batallón “Voltígeros”, con sede en el Urabá Antioqueño desplegaban un operativo en la región, y aparentemente se habrían perdido de su comandante. La Defensoría del Pueblo verificó la información en visita a la comunidad de Porremia el 21 de marzo, estableciendo que “el 15 de febrero (…) después de que algunos indígenas salieron en las horas de la mañana, aproximadamente a las 6 a.m., a recorrer los alrededores de la comunidad, a casi kilómetro y medio, aparecieron varios hombres armados, vestidos de camuflado, con armas [con Ghalil] y morrales que demostraban su movilidad. Específicamente, cinco hombres se le acercaron a Augusto Mojoré Jumí, de 18 años; le quitaron su machete y le preguntaron que dónde estaba la guerrilla; lo acusaron de colaborarle a la guerrilla, y que si no hablaba, lo castraban y le echaban sal. Le golpearon la cabeza, se sentaron encima de él, y le golpearon cerca al corazón, diciéndole que tenía que decir dónde estaba la guerrilla, y que se lo iban a llevar a Carepa. Aunque fueron cinco hombres en total, en los alrededores había como 30 hombres, que de acuerdo con la descripción parecían ser ejército, aunque de otra jurisdicción. (…) También a Julio Martín Domicó, de 30 años, le preguntaron si era indio; le quitaron el gorro, los tenis y también lo acusaron de cómplice y ayudante de la guerrilla. De igual forma a Algarin Domicó, de 22 años, lo golpearon y lo acusaron de igual forma que a los demás. Des pués de eso tomaron la ruta que conduce hacia Saiza”.55 Pese a la contundencia de los testimonios, los representantes del ejército en la zona han desestimado el tema, aduciendo que “realizarán las investigaciones pertinentes que ayuden a esclarecer la situación, aunque tiene sospechas de quién pueda ser”, sin precisar más detalles, cuando se trata de un crimen de Lesa Humanidad. Masacres El 14 de julio de 1999, en el corregimiento de Saiza (en cabecera del Río Verde) municipio de Tierralta, fueron incendiadas 10 viviendas, retenidas y masacradas 8 personas, por un presunto grupo de paramilitares. El miércoles 20 de septiembre de 2000, 11 personas fueron ejecutadas en la finca El Guineo, vereda Naín por grupos presuntamente paramilitares, el hecho originó el desplazamiento forzado de varios pobladores. Todas las víctimas eran campesinos de la vereda El Naín. El hecho ocasionó además el desplazamiento forzado de varios pobladores campesinos de la vereda. Los autores de los crímenes cometidos en Naín, amenazaron con continuar las masacres en la comunidad indígena de Kiparadó, razón por la cual los Cabildo Mayores de Río Verde y Sinú manifestaron su preocupación.

53

El Espectador, 9 de julio de 2006. Carta de la Defensoría Comunitaria a los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, 2 de junio de 2006. 55 Ídem 54

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En el período del presente estudio no se han reportado casos nuevos de masacres entre la población indígena o campesina de Tierralta. Amenazas de muerte, estigmatización y hostigamientos El 18 de noviembre de 2005, en Carta a Carlos Franco, Director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y a Rafael Bustamante, de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, los Cabildos Mayores hacen un resumen de la ausencia de respuestas del Estado colombiano: “En el marco de la tercera visita adelantada por la Comisión Mixta a nuestro resguardo Ébêra Katío del Alto Sinú, queremos manifestarles las siguientes consideraciones: Las medidas cautelares fueron solicitadas a la CIDH desde el 2000 y decretadas por ese organismo en 2001, pero sólo hasta el 2004, se definió conjuntamente con el gobierno colombiano el esquema de protección correspondiente, el que contiene como mecanismo de protección la Comisión Mixta, la Defensoría Comunitaria y el Programa de protección a líderes y autoridades indígenas.” En ese contexto, la autoridad indígena propuso al gobierno colombiano la definición de un conjunto de medidas en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, en lugar de aceptar la oferta institucional de lo que se denomina “esquema de protección” dentro del Programa de Protección a líderes y autoridades indígenas amenazadas: chalecos, guardaespaldas, radios y vehículos o la salida temporal por tres meses para los líderes. Se trataba de proteger no solamente a los líderes, sino a todo el pueblo indígena. Por eso, los Cabildos Mayores propusieron mejor que las medidas de protección fueran encaminadas a fortalecer los servicios de salud y educación; y la ampliación del resguardo, sumado a un papel clave de la Defensoría Comunitaria. “Sin embargo, la discusión ha sido muy difícil en términos de acceso pleno y efectivo a estos derechos y al bienestar comunitario, por la ausencia de voluntad política del Estado de responder por sus obligaciones con esta población”56. Desapariciones forzadas e involuntarias Un tema que no se ha resuelto, porque permanece en la impunidad, además de los asesinatos cometidos entre 1998 y 2004, son las desapariciones forzadas e involuntarias. Por su importancia en el actual contexto, reseñamos los casos más emblemáticos en información proporcionada por los Cabildos Mayores: En un atentado en Saiza, el 14 de julio de 1999, en que fueron incendiadas las viviendas y masacradas 8 personas, resultaron heridos los indígenas Rubén Darío Mosquera Pernía y Moisés Domicó Bailarín, éste último menor de 14 años, quienes se salvaron porque se hicieron los muertos. “Nuestros hermanos fueron trasladados al hospital San José de Tierralta, donde permanecieron custodiados por miembros de la policía”. El día 15 de julio de 1999, a la 1:00 p.m., aproximadamente, en Bentací, sitio en la vía que conduce de Tierralta a Montería, y cuando era transportado hacia el hospital San Jerónimo de Montería, fue sacado de la ambulancia y retenido por hombres armados presumiblemente paramilitares el indígena Rubén Darío Mosquera Pernía, quien no contaba con ningún tipo de escolta, a pesar del serio riesgo que corría. “Hasta la fecha desconocemos su paradero”. 57 El 16 de septiembre del 2000, en Tierralta (Córdoba), fueron desaparecidos los indígenas Ricardo Bailarín, Domicilio Guasaruca, Agustín Pernía, Nariño Domicó, Efraín Chamarra, Elkin Rubiano, Amado Domicó, Rigoberto Domicó, Alvaro Rubiano, Rubit Domicó, Miguel Domicó García, Saúl Bailarín, Oraine Domicó, Martín Casama, Algarín Domicó, Luis Alberto Cabrera, Irenae Domicó Chava, Lidia Domicó, Diana Domicó, Horacio Bailarín, Germán Domicó y Maritsa Domicó, por miembros de las ACCU. Las víctimas pertenecen al grupo indígena que, algunos meses antes, ocupó las instalaciones del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá. Los hechos se presentaron en momento en que los indígenas transportaban insumos para desarrollar proyectos agrícolas y piscícolas con base en los acuerdos realizados con el Gobierno. 56 57

Documento Cabildos Mayores, julio de 2006 Ídem

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El día sábado 2 de junio de 2001, en inmediaciones a la oficina de los Cabildos Mayores de los Río Sinú y Verde, siendo las 6:20 p.m., fue raptado nuestro líder y autoridad tradicional KIMY PERNIA DOMICO, por tres hombres armados quienes lo abordaron y a la fuerza lo obligaron a subirse en una motocicleta de color blanco, de la cual se bajó, después de forcejear con los captores; los hombres armados procedieron entonces a colocar una pistola en la cabeza y esposándole lo subieron nuevamente en la moto, en medio de dos de los agresores, mientras que el otro los siguió en otra moto de la misma características. Según versiones, el señor KIMY gritaba “me cogieron”, en la salida de Tierralta hacia Montería. En cercanía de la estación de gasolina, KIMY se tiró de la motocicleta y de nuevo fue obligado a subirse para tomar definitivamente la vía que conduce hacia dicha ciudad. Por la forma del operativo se presume que el acto fue perpetrado por paramilitares. Hasta la fecha de publicación del presente documento se desconoce el paradero de nuestro hermano. En una carta a Álvaro Uribe Vélez, que a la vez era un pronunciamiento, la Coordinadora Asturiana de ONGD [Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo], a tres años de la desaparición del líder indígena Embera-Katío, Kimy Pernía, enviada el 11 de junio de 2004, hacía preguntas sobre la impunidad frente a éste y los casos de los asesinatos de dirigentes en 1998, y afirmaba que la responsabilidad en la desaparición de Kimi era de los paramilitares: “… A pesar de que cerca de 1000 autoridades indígenas llevaron a cabo durante diez días una Misión Humanitaria en Tierralta (Córdoba), para pedirle a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, que devolvieran a su dirigente, la dirigencia de esta organización no respondió a los pedidos de los pueblos indígenas. Lo único concreto que sabemos hasta el momento es que el Sr. Salvatore MANCUSO, comandante de las ACCU, manifestó a líderes Emberá que el secuestro fue perpetrado por hombres bajo su mando, pero no bajo su responsabilidad, pues se encontraban en franquicia”58. La situación de presiones y hostigamiento de los paramilitares en contra de la población indígena ha continuado, a pesar del desarrollo del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Auto Defensas Unidas de Colombia. Posterior a esta comunicación, el 25 de mayo de 2004, se reportó el intento de desaparición forzada del Gobernador de la comunidad de Arizá: “… el Gobernador Indígena Ovidio DOMICÓ, de la comunidad de Arizá, fue retenido por un grupo paramilitar a kilómetro y medio de Puerto Frasquillo, en jurisdicción del municipio de Tierralta (Córdoba). La retención tuvo lugar el 25 de mayo de 2004, aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando se desplazaba en una canoa para asistir a la Asamblea General de mujeres que se llevaría a cabo entre el 25 y el 29 de mayo, en la comunidad de Beguidó, ubicada en el río Verde. Los hombres armados que interceptaron la canoa del Gobernador indígena se desplazaban también en una canoa, pero de mayor velocidad, y habían partido del sitio conocido como Puerto Frasquillo, lugar de pleno control de la pública. … Los términos del acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las AUC con el acompañamiento de la MAPP-OEA precisan los principios rectores, dentro de los cuales deben actuar las partes (…) e indica (….) que la conducta de los miembros de las Autodefensas y del Gobierno Nacional, dentro de la zona de ubicación, se ajustará al respeto a la población que habita en la zona.(subrayado en el texto), (…) y que La Fuerza Pública se encargará de la seguridad perimetral de la zona y del control de acceso”. (Subrayado en el texto). 59 Al día siguiente, 26 de julio de 2004, los Cabildos Mayores expidieron un comunicado público, en el que exigieron al Alto Comisionado de Paz. Luis Carlos Restrepo, la recuperación de la libertad del Gobernador y de ese modo, prevenir su desaparición forzada:

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Carta pública al Presidente Álvaro Uribe Vélez. Coordinadora Asturiana de ONGD, 11 de junio de 2004, en Archivo ONIC. 59 Comisión Colombiana de Juristas. Comunicado Público: “RETENIDO POR PARAMILITARES GOBERNADOR EMBERÁ EN “ZONA DE REUBICACIÓN”.

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“(…) En el 2001 las AUC se comprometieron con nuestro pueblo a no realizar ninguna acción en contra nuestra y que en todo caso respetarían la aplicación de la justicia propia Embera sin tomar justicia por su propia mano y cuenta. De la misma forma desde el año pasado en el marco de las negociaciones con el estado colombiano, las AUC suscribieron un acuerdo y manifestaron públicamente el cese de toda acción armada, hostigamiento y hostilidades hacia la población civil (…) Hoy justamente cuando el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, visita el municipio de Tierralta para ultimar detalles sobre la zona de ubicación paramilitar, el pueblo Ébêra exige al gobierno colombiano y a su Alto Comisionado, una exposición pública, amplia y suficiente de los acuerdos que hasta el momento ha suscrito con las AUC , una aclaración pública sobre los incumplimientos de los paramilitares y un compromiso verdadero para garantizar el cese de las hostilidades por parte del paramilitarismo hacia el pueblo colombiano, y en especial, para los grupos más vulnerables. El silencio y la desidia del gobierno colombiano frente a estos hechos no pueden ser interpretados sino como una permisividad y legitimación de acciones de lesa humanidad. (…) Exigimos al Alto Comisionado el esclarecimiento inmediato de la desaparición de nuestro compañero Ovidio Domicó y le responsabilizamos de cualquier atentado contra su vida. De igual forma, responsabilizamos al Estado colombiano por futuras acciones que puedan realizar estos grupos contra nuestro pueblo, de sus asesores, líderes, gobernadores y la organización. 60 Finalmente, se logró su liberación: “Luego de gestiones que adelantamos directamente y en estrecha colaboración solidaria de varias organizaciones defensoras de derechos humanos ante las Naciones Unidas, la OEA, el veedor del proceso de paz, el Ministerio del Interior y de Justicia, y la Defensoría del Pueblo, los captores entraron en comunicación con la Defensora Regional de Córdoba. Después de algunos inconvenientes, finalmente los paramilitares accedieron a entregar el día de ayer al compañero a la Defensora Regional de Córdoba. Esta funcionaria acompañó a Ovidio Domicó hasta nuestras oficinas, donde se produjo su entrega oficial al Pueblo Embera…”61 El 4 de agosto de 2004 se produjo una visita de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, a la sede de los Cabildos Mayores, en Tierralta, para averiguar sobre la desaparición de Kimi Pernía Domicó y los asesinatos de Lucindo y Alejandro Domicó. Igualmente preguntaban por la masacre y desaparición de otros indígenas Ébêra Katío, bajo el proceso 1035 en las comunidades de Alto Socorro, Gloria, Zancón y Palestina; sin embargo, las dos autoridades de los Cabildos Mayores no les recibieron porque los funcionarios no informaron con anticipación la fecha de la visita, ni los indígenas podían suministrar datos sobre las comunidades mencionadas porque los casos de las comunidades por las que averiguaba la Fiscalía corresponden a campesinos y a los Cabildos Menores que se separaron de la organización indígena. En el Acta de la Fiscalía señaló que el caso de Kimi había sido “asignado a la Unidad Nacional de Derechos Humanos a fin de avanzar en las investigaciones y se había conformado una comisión de cuatro Fiscales para conocer los casos de los indígenas y que, precisamente, dos integrantes de la misma hacen parte de esta comisión”62. La Defensoría Comunitaria, figura creada tras los acuerdos de protección a las comunidades, por implementación de las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha extendido su mandato de acuerdo con los puntos 5 y 6 del Acta de Constitución del Esquema de Protección para el Pueblo Indígena Embera Katío del Alto Sinú, mediante el establecimiento de reuniones periódicas con la Fuerza Pública, en lo que se denomina la “Mesa de Trabajo con la Fuerza Pública”, en la que participa también la Defensora del Pueblo de Córdoba, la analista del Sistema de Alertas Tempranas, SAT de la misma institución, y la Defensoría Comunitaria. De acuerdo con informes de la propia Defensoría Comunitaria, en 2005 se realizaron en total tres reuniones de dicha Mesa, y que una evaluación de las mismas señalarían una “mejoría en las restricciones que se

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Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Comunicado Público, 26 de julio de 2004. Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Comunicado a la Opinión Pública, Tierralta: 27 de mayo de 2004. 62 Acta de visita a la Casa Indígena del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde de la comunidad Embera Katío en Tierralta, Córdoba 61

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estaban presentando en el Puerto de Frasquillo para la entrada de remesas y gasolina. También la mejoría en los niveles de coordinación y comunicación con el Batallón Junín”63. Sin embargo, en la primera reunión de 2006, la Defensoría indicaba que el representante del ejército “señaló como una posibilidad que sea el DAS el que esté desarrollando la toma de fotografías”, algo que los testimonios de los indígenas desestiman en repetidas ocasiones.

Violación y abuso sexual a mujeres y niñas Las mujeres han soportado muchas presiones y el horror de combates, la pérdida de sus parejas, hijos, parientes y vecinos a causa de asesinatos selectivos, masacres, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas e involuntarias. Pero también han sido víctimas directas del conflicto armado. “La experiencia nos enseña a los líderes indígenas porque los actores armados dan mal ejemplo, porque conquistan a las mujeres y jóvenes y cuando no lastiman, asesinan. Tanto la guerrilla como los paramilitares hacen esto por eso no es conveniente para los pueblos indígenas.”64 No se logró obtener testimonios específicos, sin embargo, de mujeres que hubieran sido víctimas de abuso sexual u otras violaciones de sus derechos humanos.

Situación de Derecho Internacional Humanitario Homicidios y otras infracciones al DIH atribuidas a la guerrilla: En la región de Tierralta opera el Frente 18 de las FARC. Las infracciones al derecho internacional humanitario atribuidas a la guerrilla incluyen homicidios, secuestros, retenciones, amenazas de muerte, y el irrespeto a las autoridades y vida indígena. Los informes suministrados por los Cabildos Mayores indican que desde 1999 se vienen dando una serie de estos hechos, que han afectado principalmente a miembros de las comunidades. En el último tiempo, se reportó el secuestro de dos personas: “El día 10 de junio del 2005, en las bocas de Río Verde, comunidad indígena de Kapupudo, fueron abordados por un grupo de hombres armados, presumiblemente de las FARC, nuestros hermanos Colmes HERNANDEZ y Darío GOMEZ, el primero presidente de nuestra Junta de Acción Comunal, y el segundo contratista de la Empresa Urrá, los cuales adelantaban en la zona unos talleres de capacitación sobre técnicas para la pesca en el Embalse, las cuales se dieron el día jueves 9 de junio y donde se colocaron las artes de pesca para ser recogidas el día viernes 10 de junio en horas de la mañana. Cuando nuestros hermanos se disponían a recoger las artes de pesca, fueron abordados por los hombres armados en mención, los cuales según información de miembros de la comunidad indígena fueron desplazados hacia la cabecera del río Sinú. Solicitamos a los captores que respeten la vida de Colmes y Darío y pedimos su pronta devolución, ya que son líderes importantes de nuestra comunidad”.65 Posteriormente, ante la Comisión Mixta, los pueblos indígenas denunciaron que “el 10 de agosto de 2005, a las 5 de la tarde, un grupo de hombres fuertemente armados, presuntamente del grupo guerrillero FARC,

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Carta de la Defensoría Comunitaria a los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Anexos. Tierralta, 1 de junio de 2006. 64 Testimonio de mujeres Embera Katío, reunión con Cabildos Mayores, Tierralta, 12 de junio de 2006. 65 Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Comunicado Público, 16 de Septiembre de 2004.

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asesinó de tres impactos de bala en la cabeza al indígena Honorio Domicó. La víctima pertenecía a la comunidad de Kiparadó, resguardo Embera Katío del Alto Sinú.”66 Acciones atribuidas a la Fuerza Pública El 16 de Septiembre de 2004, las comunidades denunciaron “Fuertes combates entre el ejército colombiano y la guerrilla de las FARC que aterrorizan y atentan contra la vida de la población indígena del Resguardo Embera Katío del Alto Sinú. Los hechos se presentaron en el sitio conocido como Bocas del Río Esmeralda y Río Sinú, localizado en el centro geográfico del territorio embera, al medio día de hoy. Al parecer al menos ocho pangas llenas de hombres del ejército transitan en estos momentos por el río Esmeralda (…) La información se obtuvo de dos asustadas compañeras Emberas quienes buscando transporte para traer a sus hijos enfermos al hospital, se vieron cercadas por el fuego cruzado y debieron nadar río abajo a la vez que sus familiares corrían sin rumbo fijo, presas del terror. Las compañeras después de esconderse en el río, mientras el combate, salieron a buscar un Jhonson y finalmente, lograron llegar al puerto de Frasquillo. Mientras estos hechos sucedían en el puerto de Frasquillo, miembros del ejército prohibían la salida de Johnsons [botes] dejando a una treintena de compañeros Emberas y a un número desconocido de campesinos, privados de su derecho a retornar a sus casas, hasta nueva orden. Y, por supuesto, dejando a toda la población del resguardo incomunicada y sitiada. El número aproximado de hombres del ejército que han salido del Puerto de Frasquillo en lo que va del día es superior a los 500 hombres”. 67 Los enfrentamientos armados entre guerrillas y fuerzas estatales, aparentemente con el apoyo de ex combatientes paramilitares, sigue afectando a las comunidades indígenas Embera Katío, tal como se ha informado a la Defensoría Comunitaria en repetidas ocasiones en lo que va transcurrido de 2006. Así, por ejemplo, “el 7 de marzo se presentó un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, cerca de la Quebrada La Chispa, del sector de Crucito; allí hubo un muerto. Esta situación ocurre cerca de los sectores de la comunidad de Kiparadó. Todas estas situaciones llevan a que la comunidad esté alarmada; los niños se encuentren tristes y las mujeres preocupadas. La comunidad espera que se respeten los compromisos adquiridos en las Comisiones Mixtas, para ver si la situación de ellos mejora.”68 Posteriormente, se denunció que “... Desde finales del mes de agosto y hasta alrededor del 12 de Septiembre [de 2005], el ejército permaneció en territorio de los Embera Katío, violando sus derechos humanos y cometiendo múltiples infracciones contra el derecho humanitario: miembros de la fuerza pública permanecieron con sus tiendas de campaña en cercanías de los lugares de habitación de la comunidad de Amborromia; durmieron al menos en dos oportunidades debajo o al lado de los tambos (viviendas de la comunidad); entraron en los tambos ‘cuando les pareció’; sustrajeron animales domésticos (gallinas), en algunas oportunidades pagaron el precio que ellos quisieron, y en una ocasión no pagaron: preguntaron a las mujeres, niñas y niños sobre el sitio donde está la guerrilla; obligaron a los jóvenes a cargarles sus remesas [alimentos y vituallas]; utilizaron los botes de la comunidad; dijeron a la gene que ‘como estas cosas las hacen para la guerrilla, entonces para ellos también las tienen que hacer”.Igualmente, denunciaron que “persisten los controles y restricciones de alimentos del [sic] ejército en contra de las familias de las comunidades indígenas en Puerto Frasquillo69

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ONIC. Comunicado Público, 25 de Septiembre de 2005. En: Comisión Mixta: Informe de la Comisión Mixta de Protección para el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Visita realizada entre los días 18, 19 y 20 de Noviembre de 2005. 67 Cabildos Mayores de los Rios Verde y Sinú. Comunicado de Prensa: COMBATES DENTRO DEL RESGUARDO EMBERA KATION DEL ALTO SINU PONEN EN RIESGO LA VIDA, NUESTRA VIDA. 16 de Septiembre de 2004. 68 Carta de la Defensora Comunitaria a los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, 1 de junio de 2006. Anexo carta a la Doctora María Milene Andrade García, Defensora Regional Córdoba, 10 de mayo de 2006. 69 Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Comunicado a la Opinión Pública. 12 de septiembre de 2005. En: Informe de la Comisión Mixta de Protección para el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Visita realizada entre los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2005.

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Reclutamiento de niños, niñas y jóvenes Los testimonios de las comunidades indican que las guerrillas, especialmente, reclutaron jóvenes de la comunidad hace unos cinco años, sin respetar a las comunidades, aunque el nivel de reclutamiento no fue alto, porque los indígenas no quieren morir en el conflicto. También reportaron que quienes tratan de desertar, son asesinados por la misma guerrilla, haciendo alusión a un caso sucedido en 2001. Soldados y Policías “por un día” No se logró información sobre actividades desarrolladas por la Fuerza Pública con niños, niñas y adolescentes indígenas.

Reclutamiento de adultos Sobre los programas principales del gobierno Uribe, como la Red de Informantes y el de Soldados y Policías campesinos, los líderes indígenas informaron que muy rara vez los indígenas que se involucran en actividades militares o de policía. Sin embargo, resaltaron que la división creada por la Empresa Urrá S.A. sí ha servido para que algunos indígenas tomen partido por ésta y por la fuerza pública, mientras que otros presionados por las guerrillas, han sido utilizados para obtener información sobre el ejército. Militarización y ocupación de bienes civiles de las comunidades por las partes en conflicto: Fuerza Pública, guerrillas, paramilitares. Las comunidades del Alto Sinú han sufrido en los últimos nueve años la continua presencia y ocupación de sus viviendas tradicionales o “tambos”, sus puestos de salud, escuelas y vehículos de transporte fluvial (canoas de remos y de motor fuera de borda) por todas las partes en el conflicto. Los hechos más recientes de denuncia se reportaron el 12 de febrero de 2006, cuando en un operativo aún sin aclarar, en el que al parecer un grupo de militares del Batallón “Voltígeros”, de Carepa (Antioquia) se habrían extraviado en la región del Nudo de Paramillo, las comunidades presenciaron que “en horas de la mañana estaban volando dos helicópteros por el río Verde; este sobrevuelo tuvo cinco rondas y desde allí lanzaron dos velones de humo. Las bengalas cayeron cerca del tambo de Ofelia Domicó, madre de familia. También sobrevoló por la comunidad de Dozá. Los sobrevuelos duraron aproximadamente tres días. Los niños estaban muy asustados”.70 Nuevos hechos de presencia de tropas en las comunidades de Porremia y Kiparadó se habrían registrado durante los días 28 a 30 de abril de 2006, cuando soldados pertenecientes al Batallón “Voltígeros” estuvieron hostigando a la población, averiguando sobre la presencia de la guerrilla en la zona. En denuncia pública, los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú denunciaron la presencia de “grupos armados no identificados”, en clara alusión a posibles paramilitares rearmados, que están “estableciendo retenes, incrementando la inseguridad de nuestros hermanos indígenas, que justo en estos momentos reciben los recursos de indemnización por los daños causados por la Empresa Urrá”: “…el miércoles 1 de marzo de 2006, mientras nos desplazábamos hacia las colas del Embalse de Urrá, en límites con nuestro territorio, junto con una comisión técnica conformada por [la empresa] Urrá, [funcionarios del] Parque Natural Nacional de Paramillo y los Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde, fuimos abordados por hombres fuertemente armados, en el sitio conocido como las Bocas del Río Verde, los cuales procedieron a llevarse la canoa, junto con el

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Carta de la Defensora Comunitaria a los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, 1 de junio de 2006.

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motorista y un acompañante del mismo (…) La comisión se desplazó en una canoa contratada por la Empresa Urrá.71 El conocimiento y posible complicidad de la Fuerza Pública en el hecho quedaría establecido en la medida en que los testimonios de la delegación que viajaba así lo indican: “En el sitio conocido como las Bocas de la Quebrada Naín, un retén del ejército nos detuvo y después de hacer sus pesquisas rutinarias, nos informaron que más adelante encontraríamos tropas. A quince minutos vía fluvial del retén mencionado, nos encontramos con unos campesinos, los cuales nos hicieron señas para que acercásemos las canoas; el motorista decidió acercar la canoa, pese a que miembros de la comisión manifestamos no estar de acuerdo con ello, ya que la canoa tenía una misión técnica específica. Segundos después, apareció un hombre fuertemente armado, [que] nos condujo hacia donde se encontraban otros dos hombres igualmente armados, los cuales se llevaron la canoa, junto con el motorista y el ayudante”.72 En el mismo mes de febrero de 2006, se reportó la presencia de unos 20 hombres armados en la comunidad de Kiparadó, tres de ellos encapuchados, preguntando por la guerrilla y con algunos nombres de líderes y miembros de la comunidad. La presencia de estos armados se repitió en el mes de mayo de 2006, cuando “unos 15 hombres de camuflado, junto con uno encapuchado, se ubicaron en la cancha y sacaron como papeles; luego, llegó otro preguntando, hasta que un tercero entró al tambo y subió. Preguntó a la indígena que quedó sola si ella tenía dos hijos, de manera insistente. Pero ella dijo que tenía cuatro. Uno de los soldados preguntó que si el gobernador también estaba en la reunión”.73 Es preocupante, sin embargo, que la respuesta del Ejército en la “Mesa con la Fuerza Pública” haya atribuido el hecho a “una actuación de la guerrilla de la zona, lo cual señala está bajo control”74, algo que podría representar un mecanismo para desviar la atención sobre una situación más compleja en la zona, conforme se ha denunciado por los propios miembros desmovilizados de las AUC y que estarían trayendo más violencia a las comunidades campesinas e indígenas de Tierralta. De la misma forma, sobre el uso de bienes civiles, como las canoas, la Fuerza Pública informó que “ya existe una canoa para disposición única de la fuerza pública, lo cual, favorece enormemente a la comunidad ya que evita el involucramiento de la sociedad civil al conflicto.”75 Pese a ello, los indígenas denunciaron que ““El día 9 [de junio de 2006], saliendo de Frasquillo, el ejército detuvo la embarcación de la comunidad, para que lo llevara a otro lugar, pero ésta se negó, informando que la Comisión Mixta ha solicitado y presentado quejas por esa razón. En los meses pasados, hubo disparos al aire para que se detuvieran…”76 Un fenómeno que se viene registrando en diferentes regiones colombianas en donde se desarrollan operaciones militares prolongadas, es que la tropa detenga los vehículos de transporte civil para pedir a la población gasolina: “Ahora lo más frecuente es que nos detengan las canoas para que les demos la gasolina para cocinar ellos”77. El sostenimiento de las tropas es responsabilidad del Estado, y en estas regiones indígenas, donde el acceso al combustible es –además- restringido por ser un precursor usado para el procesamiento de cocaína, el costo es muy alto, por lo que esta situación representa un atropello más contra la población. Privación de alimentos y medicamentos 71

Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Comunicado a la Opinión Pública. Tierralta, 2 de marzo de 2006. 72 Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Comunicado a la Opinión Pública, 2 de marzo de 2006. 73 Carta de la Defensora comunitaria a los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, 1 de junio de 2006. Anexo, informe de misión a Kiparadó, mayo 2006. 74 Carta de la Defensora Comunitaria a los Cabildos Mayores, Anexos. 1 de junio de 2006. 75 Ídem 76 Testimonio comuneros del río Sinú, Tierralta, 12 de junio de 2006. 77 Testimonio miembros de Cabildos Mayores, Tierralta, 12 de junio de 2006.

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No solamente las guerrillas tratan de controlar a la población indígena Embera Katío, sino que la Fuerza Pública también ha sido responsable de controles en el paso de víveres y medicinas para las familias de las comunidades. Así mismo, cuando se trata de eventos comunitarios, en los que se requiere el ingreso de mayor cantidad de víveres, se ha registrado la prohibición de entrar alimentos para la realización de la Asamblea General de los cabildos, prevista entre los meses de Diciembre de 2005 y enero de 2006, como lo denunciaron las comunidades de los Cabildos Mayores. Por ejemplo, en visita a Pawarandó, del 24 al 26 de febrero de 2006, la comunidad informó que sigue sufriendo dificultades para “subir grandes cantidades de víveres, drogas e insumos en general (…) A veces también se presentan inconvenientes con mercados inferiores a $100.000. La mayoría de las familias tiene más de 5 hijos e hijas, razón por la que no les alcanza el mercado”. “Antes éramos libres, pero ahora por la guerra, ya no es como antes, porque hay retenes, control de alimentos”.78 Se denunció por parte de los Cabildos Mayores que los retenes del ejército están causando mayores problemas de desnutrición infantil: “La acción de la Fuerza Pública ha demorado el tránsito de remesas dirigidas al programa de desayuno escolar y almuerzo indígena, para niñas y niños de las escuelas, las cuales apenas llegan al cago de dos días de retenes, con algunos alimentos descompuestos, a pesar de las certificaciones correspondientes dadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y la Defensoría del Pueblo. ‘Con esos controles y considerando que entre los impactos más graves ocasionados por la Empresa Urrá a nuestro pueblo, ha sido la falta de pescado, nuestra seguridad alimentaria es adicionalmente afectada y con ella la salud de nuestros niños y pueblo en general.”79 El Comandante de la Brigada XI manifestó que “el control de alimentos se hace por orden expresa de los altos mandos, como un mecanismo de cortar los abastecimientos que van a la guerrilla [pero] que no ha dado instrucciones a los soldados que se encuentran en Puerto Frasquillo para establecer topes para el transporte de alimentos”.80 Libertad de movimiento y tránsito El 30 de agosto 2005 cuando tres hombres armados, al parecer pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP), asesinaron al indígena Honorio Domicó, quien pertenecía a la comunidad de Kiparadó, en el resguardo Embera Katío del Alto Sinú, municipio de Tierralta, Córdoba, las guerrillas impidieron el desplazamiento de las comunidades que, atemorizadas por lo que pudiera suceder, buscaban salir al río, con dirección a Puerto Frasquillo, en zona rural de Tierralta. En desarrollo de intensos operativos militares especialmente desde finales del 2005, y hasta el mes de febrero de 2006, enmarcados dentro de la Política de Seguridad Democrática del actual gobierno, tropas del ejército establecieron un retén en el Puerto de Frasquillo y comenzaron a tomar fotografías de todas las personas que se embarcaban, al tiempo que les entregaban una ficha, que debían retornar a su regreso al puerto. Tras las protestas de las comunidades, fuentes militares informaron a la Defensoría del Pueblo que “la toma de fotografías casi no se hacía con los indígenas, y que la entrega del ficho era un control de las embarcaciones y no del ejército”81, contrario a los testimonios indígenas, que reportaron que dicha ficha corresponde a un registro que tiene el ejército en una computadora, y que pese a que miembros del Batallón 78

Testimonio de una mujer de la comunidad de Amborromia, 13 de junio de 2006. Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde. Comunicado a la Opinión Pública. 12 de Septiembre de 2005. En: Informe de la Comisión Mixta de Protección para el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Visita realizada entre los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2005. 80 Informe de la Comisión Mixta de Protección par el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Visita realizada entre los días 18, 19 y 20 de Noviembre de 2005. 81 Carta de la Defensora Comunitaria a los Cabildos Mayores, 1 de junio de 2006. 79

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Junín, apostado en inmediaciones de la represa de Urrá, en Puerto Frasquillo, habían informado en una reunión el 2 de diciembre de 2005, con la Alianza de Cabildos Menores, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo que dichas medidas se habían suspendido, la situación se mantenía hasta finales del mes de mayo de 2006, cuando el responsable de derechos humanos de los Cabildos Mayores visitó la zona. Minas La preocupación por la presencia de minas antipersonal y munición sin explotar (MAP/MUSE) en las comunidades más apartadas del resguardo, es decir, las que se hallan en la parte más alta del Nudo de Paramillo, se ha agudizado a partir de 2005. Las comunidades reportaron que la guerrilla de las FARC ha sembrado minas en especial en la parte alta del Río Esmeralda, causando un impacto muy grande en la población, en especial en lo que toca a la medicina tradicional: “Cuando vamos a coger plantas para hacer medicina, entonces, pisamos esas minas y peligra la vida nuestra”82 Pero no solamente éstas En efecto, el 22 de septiembre de 2005, a las 3 de la tarde en la comunidad de Beguidó a orillas del Embalse Urrá, cuando el adolescente Luis Javier Domicó de 15 años pisó accidentalmente una mina antipersonal que le produjo graves quemaduras en una pierna. 83 El proceso de desminado de la zona rural de Beguidó, al que se comprometió la Fuerza Pública, tras una visita a la comunidad afectada, ya ha sido llevado a cabo, gracias a solicitud expresa de la Defensoría del Pueblo, a través de un informe de riesgo. Sin embargo, la Defensoría aclaró que no se respetó el principio de consulta previa y “en este caso en particular, que los procedimientos para desminar una zona sean concertados con las autoridades indígenas”84

Situación de Derechos Humanos (Económicos, Sociales y Culturales) Los problemas socioeconómicos de los pueblos indígenas tienen un impacto muy grave sobre su población, en la medida en que los indígenas son una minoría étnica en Colombia, y por sus características de marginalidad social, se hallan entre los grupos más pobres del país. Pero en el caso de Córdoba, por la altísima concentración de la riqueza, su población en general está dentro de las de mayor pobreza y miseria. Para el caso particular del municipio de Tierralta, donde está localizada la comunidad indígena Embera Katío, el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, ubica que el 78,49 de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas. Su situación, sin embargo, no logra superarse, entre otras cosas, por el desorden institucional que ha vivido el departamento de Córdoba en los últimos dos años. Luego de un pleito entre políticos locales, y gracias a una acción de tutela, se posesionó nuevamente como Gobernador del departamento Libardo José López Cabrales, el 23 de junio de 2006. El gobernador saliente, Jaime Torralvo también interpuso medidas jurídicas para lograr su restitución. En medio de estos cambios, cada Gobernador nombra funcionarios y funcionarias de gabinete, que deshacen –muchas veces-, los programas de gobierno impulsados por el predecesor. De ese modo, cuatro meses después de haberse posesionado el actual Gobernador, la Asamblea Departamental debe aprobar el Plan de Desarrollo. Eso significa que las decisiones para aplicar fondos a programas sociales, entre ellos, los de los pueblos indígenas son las más olvidadas. En este contexto, por causa de la gravísima situación humanitaria a la que está sometida la comunidad Embera Katío del Alto Sinú, se desarrolló, entre noviembre de 2004 y abril de 2005, una movilización a la ciudad de Bogotá, a donde permanecieron para demandar al gobierno central la rápida solución a los problemas:

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Testimonio Gobernador comunidad de Amborromia, 13 de junio de 2006. Actualidad Étnica, 30 septiembre de 2005 84 Informe de la Misión Mixta de Protección para el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Visita realizada los días 18, 19 y 20 de Noviembre de 2005. 83

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“No hace mucho, nuestro pueblo Ébêra Katío, del Alto Sinú tuvo que movilizarse en Asamblea Permanente para denunciar violaciones y reclamar sus derechos por el incumplimiento de obligaciones establecidas a la empresa Urrá S.A. ESP en el proceso de licenciamiento, pero también por el abandono institucional al que nos condenan cuando dejan a un lado nuestras propuestas propias de desarrollo e inversión a la que están obligadas las entidades territoriales con la población que la habita. Pero, además, porque han pasado varios años desde que importantes líderes y autoridades de nuestro resguardo fueron objeto de desaparición forzada y asesinato y hasta hoy las autoridades judiciales no nos han dicho la verdad, ni han aplicado justicia y mucho menos reparación alguna se ha recibido, por tan lamentables sucesos. Nuestra Asamblea Permanente se disolvió luego de varios meses de persistencia en las exigencias y de un acuerdo firmado con el gobierno nacional el 8 de abril de 2005.”85 Durante el 9 y 10 de Noviembre de 2004 se inició el proceso de diálogo entre las autoridades indígenas Embera Katío del Alto Sinú y el Gobierno Nacional en Bogotá, Montería y Tierralta, para adelantar una agenda de trabajo encaminada a solucionar las exigencias de la Asamblea Permanente del Pueblo Embera. Producto de estas conversaciones fueron los Acuerdos del 8 de abril de 2005, que lamentablemente, siguen sin tener una respuesta oportuna, eficaz y que apunte a resolver los problemas estructurales de la población indígena de esta zona, que de ese modo, ha sido puesta en grave riesgo de aculturación y extinción. En las reuniones sostenidas han participado personas de alto nivel de responsabilidad estatal, tales como el Ministerio de Minas y Energía (incluso la Ministra encargada), el Ministerio del Interior y de Justicia, representantes de Urrá (incluso el Gerente y el Presidente), delegados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorios (responsable de Licencias y permisos), dos senadores indígenas, la Comisión Colombiana de Juristas, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y autoridades y representantes de los Cabildos Mayores, y las autoridades locales y departamentales que son las encargadas en últimas de implementar los acuerdos. Una mirada retrospectiva de todos los documentos de acuerdos indica que los temas que ha llevado a la mesa de conversaciones el Pueblo Embera Katío, han sido los mismos durante los últimos 8 años: 1. Revisión, ampliación y modificación de la Licencia Ambiental. Evaluación y rediseño del Comité de seguimiento a la Licencia Ambiental y financiación de consultoría externa internacional para evaluar impactos. 2. Plan de Transición y adaptación a los impactos producidos por Urrá 3. Compromiso y explicaciones sobre la construcción de Urrá II 4. Compromisos para prevenir y ampliar la cobertura total en salud 5. Construcción, dotación y mantenimiento de escuelas y asesorías educativas, plan educativo en el Resguardo Embera-Katío 6. Situación de derechos humanos del pueblo Embera Katío y acuerdos 19 de abril [de 2000] 7. Saneamiento y legalización de territorios 8. Registro poblacional Embera. Punto resolutivo 3 de la sentencia de la CC T-652/98 Y como siempre, se encarga a los indígenas de preparar con antelación los temas a discutir, en una forma particular de colocar las responsabilidades estatales en manos de las comunidades, puesto que la información gubernamental, de la empresa y de los entes de control del Estado no llega a los representantes indígenas: “Para llevar a cabo estas reuniones acordadas los Embera Katío se comprometen a enviar los puntos a discutir, para poder hacer la reunión con los Ministros lo más pronto posible, con el fin de dar solución”.86 El papel que han jugado las entidades de control ha sido valorado por el Pueblo Embera, así como la veeduría internacional al proceso, pero su papel aún no logra transformar prácticas burocráticas que a

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Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Comunicado de Prensa, 29 de julio de 2005. Ibíd.

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menudo se limitan a enviar cartas y recibir o presentar quejas, sin que haya verdaderamente una solución a los problemas: A petición de las comunidades indígenas, a todas las reuniones de la agenda, el gobierno invitará a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Oficina en Colombia del ACDHONU y la Embajada del Canadá.87 La Empresa Urrá, en una interpretación estrecha del concepto de derechos humanos, solicitó no ser incluida en las reuniones que tienen que ver con el tema de derechos civiles y políticos. En todas las reuniones debe participar un representante de la Empresa Urrá, excepto en la de derechos humanos por expresa petición de la empresa.88

Los problemas de la licencia ambiental Desde 1998, la Corte Constitucional ordenó la modificación de licencia ambiental que fuera concedida a la Empresa Urrá S.A.: “…Al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional del río Sinú y el San Jorge (CVS) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, procedan a iniciar el proceso de concertación tendente a fijar el régimen especial que en adelante será aplicable al área de terreno en la que están superpuestos el Parque Nacional Natural del Paramillo y los actuales resguardos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 1997; pues la protección ecológica del parque nacional no puede hacerse a costa de la desaparición forzada de este pueblo indígena… También se ordenará a la Empresa Multipropósito Urrá s.a. que concurra a ese proceso de concertación para determinar el monto de la financiación a su cargo (que es independiente de la indemnización de la que se trató en la consideración 5.a) de esta providencia), pues como dueña del proyecto, a ella le corresponde asumir el costo del plan destinado a lograr que las prácticas embera tradicionales de recolección y caza, puedan ser reemplazadas en la cultura de este pueblo indígena, por las prácticas productivas (compatibles con la función ecológica de su propiedad colectiva sobre las tierras del resguardo), que le permitan en el futuro vivir dignamente y desarrollarse de manera autónoma.89” Sin embargo, “acorde con lo establecido en la reglamentación del comité de seguimiento a la licencia ambiental, éste debe reunirse de manera ordinaria cada tres meses, y desde 2004 [la del 18 y 19 de mayo de 2006] es la única reunión que se realiza”90, por “la inoperancia de ese comité, el bajo perfil de los representantes de los organismos de control y los entes gubernamentales, el no trámite de los reclamos realizados por las comunidades, la no asistencia a las reuniones de los delegados de los órganos del Estado, en general a la no solución de los problemas vividos por las comunidades y ocasionados por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá”91. Durante la reunión mencionada se abordaron tres temas: aspectos forestales, ícticos y pesqueros y transporte fluvial.

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Ídem Ídem 89 Ídem. 90 Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Documento de seguimiento de los Acuerdos del 8 de abril de 2005. Tierralta, julio de 2006. 91 Ídem. 88

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Sobre el primero de estos aspectos, el forestal, Urrá S.A. “manifestó que estaba en proceso de realización de este plan y que en un lapso de dos meses lo entregaría al Ministerio de Ambiente y las autoridades indígenas”. Es decir, que se esperaría que para el momento de la visita de la Misión Internacional de Verificación que visitará al Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, este punto haya sido cumplido a satisfacción por la empresa. En relación con lo relativo a la pérdida de peces en el río (aspectos ícticos y pesqueros), a pesar de que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT conformó un equipo técnico conformado por este Ministerio, la administración del Parque Natural Nacional del Paramillo, PNNP, y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, en el que habiendo analizado la información existente, se produjo un concepto técnico para remediar los serios impactos en el ambiente y en la salud de la población indígena, la empresa Urrá S.A., planteó una reposición al concepto. Es decir, rechazaría, en principio el concepto técnico, a pesar de no haberse realizado aún “el monitoreo pesquero en la parte alta de la cuenca, el monitoreo del ictio-plancton, el desarrollo de los programas de capacitación y desarrollo de la actividad pesquera para las comunidades indígenas.”92 Así, con problemas sin resolver en lo tocante al transporte por el río, la conclusión que hacen los pueblos indígenas en lo ambiental, es que aunque “la comisión ya emitió los conceptos respectivos y se está a la espera de que queden en firme los autos pertinentes (…) los tiempos manejados son muy largos, teniendo en cuenta los impactos generados (…) La concertación se limita por el excesivo trámite al que se sujetan las decisiones y medidas institucionales, cuando las hay”93. Señalan de igual forma, que todo se empantana en la necesidad de tener “conceptos técnicos”, se alega que los indígenas no hacen argumentos “científicos” en sus demandas, y “se descarga en los Cabildos la producción de los informes que sirvan del referencia para los Comités de seguimiento y otros”.94 Dentro de los problemas ambientales, está la decisión de la Corte Constitucional de definir la zona que habita el pueblo Embera Katío del Alto Sinú como de Régimen Especial, en la medida en que se sobrepone la existencia del Parque Natural Nacional con el del Resguardo o territorio indígena. Igual que en el caso de la Licencia, se conformó un “Comité de Concertación”, tripartito: Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú, CVS (máxima autoridad ambiental a nivel local y departamental), la Unidad Ambiental Especial Parque Natural Nacional Nudo de Paramillo (UAESPNN), y el Resguardo Embera Katío. “A la fecha, se entregó a la empresa Urrá la propuesta de reinicio de la concertación, para que ésta brinde el apoyo logístico, y a la fecha la empresa Urrá ha manifestado que no financiará el evento presentado” (subrayado nuestro)95 En lo que respecta al “Plan de reemplazo de las prácticas tradicionales de recolección y caza”, la administración del Parque, UAESPNN, y la empresa Urrá sigue violando todos los procedimientos internacionalmente reconocidos relativos a la consulta libre, previa e informada al Pueblo Embera Katío: en efecto, mientras que los Cabildos hicieron entrega del proyecto de diagnóstico en agosto de 2005, pidiendo a los funcionarios de Parques viabilizar su implementación, buscando la financiación de la empresa Urrá, “para sorpresa nuestra, el día 16 de noviembre de 2005 la Empresa Urrá (…) nos hace llegar el ‘concepto técnico referente a la propuesta para la concertación del Régimen Especial de manejo para el PNN Paramillo y las comunidades Embera del Alto Sinú, emitido por la Oficina de Parques Nacionales Naturales (…) [lo que] hace notar la intención conjunta de Parques y Urrá de generar condiciones de negociación diferentes a las acordadas, en donde los cabildos dejan de ser sujetos activos del proceso”. 96 Es decir, los funcionarios ambientales están al servicio de la empresa y no del Pueblo Embera que habita la zona y ha sido la víctima principal de la represa. Las autoridades indígenas han denunciado que el concepto del MAVDT – Unidad de Parques, afirma que cualquier autodiagnóstico corresponde a la definición del Régimen Especial de manejo del área de traslape 92

Ídem. Ibíd., p. 3 94 Ídem. 95 Ibíd., página 4 96 Ídem. 93

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entre parque y resguardo, “noción que lesiona la autonomía en el ejercicio diagnóstico y obliga a la actuación conjunta del Cabildo con la Unidad de Parques,… no definido en los acuerdos; [y] se pierde de vista que la finalidad del proceso de autodiagnóstico está enmarcada en la construcción del Plan de Vida Embera.”97 Gracias a las gestiones de la Defensoría del Pueblo, el autodiagnóstico finamente inició en marzo de 2006. Educación Las reuniones establecidas luego de los Acuerdos del 8 de abril de 2005, han dado por resultado una serie de encuentros en los que el avance ha sido relativamente escaso: Luego de una reunión en Bogotá, el 15 de Diciembre de 2005, las comunidades volvieron a reunirse el 30 de enero de 2006, ésta vez en Tierralta, para discutir los temas de (a) Mesa permanente de política educativa para los Embera Katío; (b) infraestructura educativa; (c) ampliación de cobertura; (d) Ampliación de la cobertura educativa para educación media secundaria, y (d) Proyecto de profesionalización docente. Aunque a las reuniones han sido convocados todas las comunidades indígenas Embera Katío (incluso las de la Alianza de Cabildos Menores), las autoridades del orden municipal (Secretaría de Educación Municipal, SEM); departamental (Secretaría de Educación Departamental), SED; y nacional (Ministerio de Educación Nacional), MEN, los compromisos no han sido cabalmente cumplidos, y generalmente, se entrega a las comunidades la responsabilidad de informar sobre las necesidades, por ejemplo, de niños y niñas que están por fuera del sistema educativo, algo que las propias autoridades educativas podrían iniciar por cuenta propia, coordinando esta acción con los Cabildos Mayores y demás comunidades indígenas. La aplicación de la Ley General de Educación ha significado un desfase entre la demanda y la oferta educativa en territorio indígena, puesto que se exige que las comunidades sean los encargados de demostrar y “justificar la apertura de convocatorias para la actualización del banco de oferentes, en la medida en que se identifica la necesidad de ampliación de cobertura”.98 Pese a que las comunidades han identificado ya que se deberá incluir en grado 6º (Primero de enseñanza básica secundaria), es de 28, que se hallan cursando 4º y 5º grados de básica primaria, la fecha de inicio del programa de secundaria está previsto para 2007, para “presentar al Banco de Oferentes”. De la misma forma, para Septiembre de 2006, “los Cabildos Mayores deberán presentar ante la Secretaría de Educación Municipal su proyecto de fusión y organización del sistema educativo interno, de manera que se constituya a la escuela de Porremia como centro educativo a la cual se asocian los demás centros educativos del resguardo. Así mismo, se presentará un proyecto de ampliación de cobertura en educación básica secundaria ante la oficina de trámites educativos de la Secretaría de Educación Departamental”.99 En el resguardo hay 16 escuelas primarias, 7 en el Río Sinú y 8 en el Río Verde. No hay colegio de secundaria. Las escuelas han sido construidas con los recursos propios de los resguardos. Desde 2003 se logró el nombramiento de 16 maestros indígenas. Anteriormente, estos maestros eran pagados con los recursos de la comunidad. Pero el sistema educativo no cambia y sigue sin favorecer las diferencias étnicas. Por ello, el Pueblo Embera ha tenido que recurrir a la Procuraduría y otras instancias para ser oídos: “los pueblos indígenas somos de otra raza, de otro modo, y nos han discriminado por la lengua y la cultura, porque ellos dicen que les incomoda para hacer compras o diligencias, porque no hablamos claro [el castellano]”100

97

Ídem. Acta de reunión del tema de educación al seguimiento a los acuerdos del 8 de abril, Tierralta, 30 de enero de 2006. 99 Ibíd. 100 Testimonio de comuneros, reunión con los Cabildos Mayores. Amborromia, 13 junio de 2006. 98

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La mayoría de la comunidad Embera que quiere hacer el bachillerato, debe ir a Tierralta a estudiar, pero por las dificultades, muchos no pasan del cuarto grado de primaria. “Pero allí en el colegio de Tierralta, no permiten que los niños y niñas se pinten, usen el idioma o el traje tradicional”. Es necesario seguir insistiendo en la necesidad de elevar el nivel educativo del pueblo Embera Katío, apoyando y promoviendo de mejor manera incluso a la dirigencia indígena: “consideramos que en un mediano plazo se irán ampliando los grados de escolarización”101. Igual sucede con los proyectos de construcción de escuelas, puesto que a pesar de los compromisos estatales en esa materia102 aún se posterga la realización de estos planes, puesto que la Secretaría de Educación departamental en la reunión del mes de enero de 2006 informó su “compromiso de construcción de dos escuelas para el segundo semestre de 2006, toda vez que se requiere actualizar el presupuesto y definir el modelo o tipo de construcción para la escuela de Porremia, mientras que la de Kiparadó debe mantener el diseño ya presentado de ‘Tambo Escuela’”.103 Respecto de la calidad educativa, ésta se confunde –evidentemente- con la infraestructura, puesto que lo que se abordó en la reunión de enero se refería a 100 sillas que entregaría la Secretaría de Educación Departamental; el transporte escolar apenas sí se esbozó como pendiente de la propuesta que presentarían las comunidades indígenas, sin reconocer que cualquier desplazamiento desde las comunidades necesita de canoas, combustible y disponibilidad de motores y motoristas. Adicionalmente, se proponía que “las escuelas se asocien a una institución ubicada en el casco urbano de Tierralta, para que de esta manera se pueda acceder al fondo de infraestructura que plantea la Ley 21 de 1991. En otros términos, debemos perder autonomía en el desarrollo de nuestro sistema educativo, sometiéndonos en consecuencia a la implementación del PEI [Proyecto Educativo Institucional] de una institución educativa no indígena, localizada en el casco urbano, al igual que se delegaría la capacidad de gestión de los intereses del Cabildo en la materia a las instancias administrativas de dicha institución”.104 Por último, el tema de Proyecto de Etnoeducación el trámite quedaría pendiente de una convocatoria a reunión entre las autoridades municipal, departamental, funcionarios de la Empresa Urrá, la Normal Superior y los Cabildos Mayores, pero de antemano se señalaba que los docentes que participaran en ella deberían estar “involucrados en el proceso y que cumplan los requisitos del programa (…) con la finalidad de abordar el Convenio de ejecución del proyecto de profesionalización docente y retomar el proceso”.105 En otras palabras, las promesas luego de seis años, siguen incumplidas, y las gestiones se limitan a reuniones en donde se pide a los indígenas presentar la información, los diagnósticos y demás necesidades identificados sin que medien los recursos humanos, técnicos y materiales para garantizar una verdadera etnoeducación. La perspectiva del respeto por la cultura propia Embera sigue relegada y no se toman los correctivos para superar el racismo que entraña poner en marcha procesos de consulta previa para estos fines: “En términos generales, el derecho a una educación que respete, valore y proyecte la identidad Embera, no se ha implementado en sus componentes sustanciales. Si bien es cierto se ha logrado el nombramiento de docentes indígenas, las condiciones de calidad que pueden garantizarse mediante la profesionalización docente, la construcción curricular y en general, la aplicación de la Etnoeducación, se ven aplazados por la ausencia de voluntad institucional”.106 101

Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Documento de seguimiento de los Acuerdos del 8 de abril de 2005. Tierralta, julio de 2006, p. 7 102 Artículos correspondientes de la Constitución Política sobre etnoeducación, Convenio 169 de la OIT y la ley 21 de 1991 que lo desarrolla, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros Pactos Internacionales en esa materia, así como el Programa y Plan de Acción de la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas de intolerancia (2001), entre otros. 103 Acta de la reunión del tema educativo… (documento citado) 104 Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Documento de seguimiento de los Acuerdos del 8 de abril de 2005. Tierralta, julio de 2006, p. 6 105 Ídem 106 Ibíd. P. 7

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Salud Dentro de un análisis comprehensivo del bienestar de la población Embera Katío del Alto Sinú, la lentitud en los procedimientos y la excesiva burocracia ayudan no a los indígenas sino a la Empresa Urrá y los poderosos intereses económicos de la región que habitan. De ese modo, la Empresa Urrá decidió no adicionar recursos a los proyectos productivos (particularmente agropecuarios), que ayudarían a garantizar la seguridad alimentaria. “La empresa ha incumplido con este punto, manifestando que hasta no viabilizar el diagnóstico, no se realizará dicha adición presupuestal, lo cual va claramente en contravía del espíritu de la medida”.107 La relación entre la pérdida de la seguridad alimentaria y los problemas de salud agravados para la población infantil, las mujeres y demás miembros del pueblo Embera, hace que las demandas hacia la empresa cobren una importancia capital. Sin embargo, cuando los indígenas presentan sus requerimientos de Salud, los proyectos deben pasar por el Coordinador de Asuntos Indígenas de la gobernación del departamento, para que de conjunto con los entes correspondientes, se dé solución a los problemas. El Pueblo Embera pasa las solicitudes y con interlocutores de cada Secretaría y sector, se acuerda el plan de trabajo, en el que la red departamental de Salud debe implementar acciones, entre ellas: la Secretaría de Salud (local y departamental), el Hospital de Montería, el Centro de Salud Tierralta. Desde la expedición de las normas en materia de salud (Ley 100), los pueblos indígenas crearon las EPS-I y buscaron afiliarse a los regímenes subsidiados de salud para obtener el acceso al servicio. Los Embera Katío escogieron a “Manexka” una empresa prestadora de servicios de salud indígena creada y manejada por sus vecinos, los indígenas Zenú (del norte de Córdoba), quienes deben actuar en coordinación con el Sistema de Salud. Sin embargo, los indígenas tienen quejas tanto por dificultades con los servicios que ofrece Manexka, como por la falta de respuestas del sistema de salud departamental a sus problemas. “Existen al menos cinco médicos tradicionales o Jaibaná en las comunidades del Río Sinú que atienden a las comunidades en sus necesidades”.108 En relación con los médicos occidentales, Manexka ha contratado un médico occidental, “que viene a revisar pacientes cada dos o tres meses De parte de la Secretaría de Salud departamental o municipal no vienen a la zona. Para casos de emergencias, van a Tierralta o a veces llaman a los médicos tradicionales. ”109. A estos problemas se adiciona la altísima contaminación del agua que consumen, y la ausencia de servicios de acueducto y alcantarillado. En el desarrollo de la implementación de los acuerdos entre indígenas y Estado colombiano, se ha solicitado reiteradas veces la intervención de la CVS, como entidad gubernamental responsable del ambiente. Pero la CVS insiste en que en la cuestión de la toma de muestras de agua interviene sólo desde la perspectiva técnica, para atender 17 comunidades, sin responder a los acuerdos del 8 de abril de 2005, en los que se estableció que la CVS debía tomar muestras en la fuente para articular una acción con otras instituciones para potabilizar el agua de las comunidades, mediante micro acueductos. En 2004 se tomaron muestras en Dozá y se halló que la calidad corresponde al agua en estado natural, y que no es apta para consumo humano; de ahí en adelante, no se han vuelto a tomar muestras, porque los

107

Ibíd. P. 6 Testimonio de mujeres de las comunidades del Río Sinú, 11 de junio de 2006. 109 Ídem. 108

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funcionarios alegan que lo hacen solamente si las condiciones de seguridad lo permiten, con el apoyo del ejército. La Comisión Mixta (de la que hace parte la CVS) debe definir el desarrollo de los compromisos, con un Acta respectiva. Se debe determinar la calidad del agua, definiendo cuándo se toman las muestras para organizar los acueductos comunitarios. Todas las comunidades del Río Verde y del Río Sinú están sufriendo porque el agua es simplemente barro. La CVS debería aportar también al saneamiento básico, porque hay un rubro asignado para mejorar la calidad del agua para consumo humano. Se deben definir los puntos de muestreo y las condiciones logísticas necesarias para el desplazamiento de las y los técnicos a las comunidades. La oficina de Planeación Departamental debe asistir para la construcción de los acueductos. El monitoreo debe incluir el acceso al agua y el número de personas de la población que participaría. Para discutir estos puntos de la agenda, el 16 de junio se reunirían de nuevo para definir aquellos lugares en que se tomarán las muestras, y debido a la ausencia de funcionarios de alto perfil en la reunión del mes de junio de 2006 llevada a cabo en Montería, un informe de dicha reunión se pasaría a la Secretaría de Gobierno, Planeación Departamental y la CVS. En cuanto a Programas de emergencia, estos no han sido diseñados aún. Las comunidades no cuentan con cuenta con medicamentos110. En materia de educación en salud, el Cabildo Mayor ha recibido solamente dos capacitaciones en 2003 y 2004, sin seguimiento. El 31 de mayo de 2006 se hizo una reunión en el Hospital San Jerónimo de Montería, sobre el manejo de alimentos y de residuos. Hay un taller pendiente de programarse, hasta que se contrate el personal responsable, pero no se ha avanzado nada más, ni hay visitas de los entes de salud a la zona. “El Plan Maestro definió la necesidad de un técnico en salud ambiental. Los funcionarios de planta son reducidos y la mayoría de acciones se hacen con funcionarios contratados a seis meses solamente”111. La ONG Médicos Sin Fronteras, MSF, hacía presencia en la zona, pero estaba en proceso de retirarse. Los indígenas mencionaron que esta ONG brindó capacitación de microscopistas en la ciudad de Tierralta. Hay actualmente 2 ya capacitados, y 4 en formación, pero los funcionarios de salud pública opinan que es mejor que las comunidades “bajen” a Montería. En relación con el Plan de Atención Básico en Salud, PAB (Departamental), las personas responsables del área hablan de gestiones realizadas entre 2004 y 2005: $16 millones dedicados para combatir las dos enfermedades más recurrentes: enfermedad diarreica aguda (EDA) e infección respiratoria aguda (IRA), con $10 millones adicionales para salud sexual y reproductiva para los indígenas. En 2006 hay presupuestados $200 millones de pesos, para atender: EDA, IRA, salud ambiental, sexual y reproductiva para 4 municipios de población indígena de Córdoba (Montelíbano, Tierralta, San Andrés y Puerto Libertador), es decir, de 50 millones de pesos cada uno. Los 50 millones para Tierralta, deben distribuirse entre 10 comunidades. Aunque se ve como positivo que el dinero se distribuya entre todos los pueblos indígenas del departamento, los Cabildos Mayores solicitaron que les respondan por escrito a su petición de asignación de fondos suficientes para atender sus necesidades. Cuando se llegó a discutir con las personas funcionarias del nivel local sobre el PAB Municipal de Tierralta, éstas dieron cuenta de $30 millones para repartir entre los Cabildos Mayores (10 millones) y la Alianza de Cabildos. La convocatoria inicial era plantear la concertación entre los dos grupos indígenas. Así, se asignaron $20 millones para 7 Cabildos adicionales. De los 190.000 habitantes, del municipio, las 110

Anexo de la carta de la Defensoría Comunitaria a los Cabildos Mayores: Acta visita Pawarandó, DC, 24 a 26 de febrero de 2006. 111 Notas reunión con funcionarios de Salud Departamental y Local y representantes de los Cabildos Mayores. Montería, 12 de junio de 2006

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autoridades locales aseguraron que deben distribuir los fondos entre: los pueblos indígenas, 15.000 desplazados internos (la mayoría campesinos), y 8.000 desmovilizados en el departamento.112 Esto significa que, además de la marginación a la que se tiene sometido a los Embera, los recursos que les corresponden van a financiar el programa de DDR que el gobierno debería asumir con fondos separados. En conclusión, los Cabildos Mayores afirman que: “la atención en salud para las comunidades Êbêra sigue siendo deficiente y más aún si observamos la falta de apoyo a la medicina tradicional. La construcción de un modelo propio de salud en el que se articulen lo propio y lo ajeno, y se logre garantizar la optimización de los recursos interinstitucionales requiere del concurso de todas las entidades encargadas de la materia y la disposición a construir metodologías y conocimientos desde las especificidades que requieren los Êbêra”.113 Los Cabildos Mayores esperan que dentro del Plan Jenené, que culminaría en 2005-2006, se requieren fondos para seguir respondiendo a las problemáticas de salud, en especial “en materia de enfermedades tropicales”. Impacto del conflicto armado en los derechos económicos, sociales y culturales El conflicto armado trae diversos impactos negativos en las comunidades, tanto en su salud mental y física, como en su capacidad de pervivir como pueblos: Después de las torturas que presuntos miembros del Batallón “Voltígeros” de Carepa (Antioquia), infligieron a tres comuneros de Porremia, la Defensoría del Pueblo informó los impactos en los derechos sociales, económicos y culturales de la población Embera Katío: “(…), los miembros de la comunidad se encuentran muy preocupados frente a estos hechos; además temen incluso salir a trabajar a sus cultivos, lo cual afecta el desarrollo normal y tranquilo de su cotidianidad, vulnerando el derecho que tienen a una vida digna. Esto los ha hecho pensar en la posibilidad de que se presente un enfrentamiento entre los actores armados, pues ellos señalan que los unos o los otros se aparecen sin dar aviso alguno, como si estuvieran en su propia casa, como en ocasiones anteriores se ha denunciado. Llegan, toman los animales; a veces los pagan, otras veces no, pidiendo apoyo y colaboración que como bien se sabe, puede representar un riesgo para la misma comunidad”.114 “Los sitios sagrados en la zona no son respetados por los combatientes; por ejemplo, hay controles por los guerrilleros, que colocan minas antipersonal en estas zonas, algo que viola las normas indígenas, poniéndose ellos como autoridad única. Ellas son madres de los niños y no es conveniente que anden por esos sitios porque además hay plantas medicinales…” No solamente afectan los impactos directos del conflicto, sino los rumores, las acusaciones y el hostigamiento a que son sometidos todo el tiempo, en especial en el principal diario del departamento, controlado por la elite política y económica cordobesa: “…son inaceptables los comentarios puestos en apostillas como declaraciones del Gobernador de Córdoba por el diario El Meridiano, sobre que el reciente secuestro de dos biólogos e investigadores en el puerto de Frasquillo, tenga que ver con el Pueblo Ébêra Katío, hecho incluso rechazado por nosotros en comunicado público. El periódico El Meridiano de Córdoba ha sido conocedor de la problemática que nos ha rodeado en los últimos años y por la que hemos tenido que adelantar nuestra lucha para garantizar los derechos reconocidos en el Estado social de derecho que nos rige, situaciones que afectan no sólo a los indígenas, sino a campesinos, pescadores y habitantes en general de la cuenca del río Sinú. Sin embargo, 112

Ídem. Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Documento de seguimiento de los Acuerdos del 8 de abril de 2005. Tierralta, julio de 2006, p.12 114 Carta de la Defensoría Comunitaria a los Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú, 1 de junio de 2006. 113

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ha sido característica constante del diario desarrollo de toda esta problemática, el señalamiento, la discriminación y la calumnia a nuestro Pueblo, a nuestros líderes, colocándolos en el fuego cruzado de un conflicto armado que atraviesa el país hace más de 40 años, con causas tan complejas que ni el sentido común acepta que la acción que realice uno de los actores armados se nos achaque tan alevosa e irresponsablemente. Cabe anotar de qué manera esta línea de información ha sido una de las causas que ha ayudado a generar una opinión pública cada vez más exasperante con nuestro Pueblo Ébêra Katío y por ello, también adversa con la creación de las condiciones que garantizan la realización de un Estado Social de Derecho, como se ve desconocido para algunos en la región”. “…después de levantada nuestra Asamblea Permanente, con el artículo que nos deja como causantes del secuestro reciente, señalamiento perverso, se suman una serie de artículos publicados en los últimos días por el mismo diario, sobre posibles tomas a las oficinas de la empresa Urrá que en su conjunto nos preocupan. Hacemos un llamado a los organismos de Derechos Humanos para que condenen las repetidas y malintencionadas publicaciones que hace el diario El Meridiano de Córdoba contra nuestro pueblo, que vulneran el derecho fundamental a la información, pero que además con ellos seguramente los actores armados adversos a quienes cometieron el hecho, nos pondrán en la mira de su accionar militar. Exigimos al diario El Meridiano de Córdoba, en ejercicio del derecho de rectificación, publique las aclaraciones aquí hechas…”115 Enfoque de programas a mujeres, niños y niñas Existe un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que permitió la descentralización administrativa de recursos para restaurante escolar, en ejecución, en el que también se desarrollan algunas acciones de capacitación con docentes indígenas que apoyan dichos programas. Sin embargo, las autoridades de los Cabildos Mayores insisten en que no hay una armonización entre las políticas estatales en materia de protección y atención a la infancia y “los parámetros culturales de consumo de alimentos”, puesto que a los niños se les llevan alimentos distintos a los de consumo tradicional y se presenta una divergencia respecto de su valor nutricional. Al parecer las relaciones entre la organización indígena y funcionarias del ICBF no han sido las mejores: “Es necesario madurar mejores procesos de concertación interinstitucional que permitan ganar una dinámica de trabajo conjunto matizado por la horizontalidad en las relaciones”.116 Por las presiones de la Fuerza Pública en el control de alimentos, como se mencionó anteriormente, el Acta del 8 de abril de 2005 precisó que: “La Regional ICBF Córdoba concertará con la Comisión Mixta de Derechos Humanos el acompañamiento en la zona del Resguardo, con el fin de hacer seguimiento directo y evaluación periódica a la ejecución de los programas ICBF”117. Esto incluye una evaluación del programa de restaurante escolar, que los indígenas consideran urgente y necesario, por los altos niveles de desnutrición que siguen presentando los niños y niñas indígenas y las dificultades administrativas en la transferencia de los recursos por parte de funcionarios del nivel local. Finalmente, los Cabildos Mayores citan los problemas de la pésima atención en salud para los pueblos indígenas, “a partir del caso de la niña Nafry Luz Domico, quien parece haber muerto en el hospital de Montería por lesiones personales, aun sin esclarecer pese a la información que se ha solicitado a la Fiscalía, creemos que los pacientes indígenas no tiene garantías por fuera de su territorio y su estado de indefensión y vulneración es superior”118. Fumigaciones y cultivos de uso ilícito

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Comunicado Cabildos Mayores Del Río Sinú y Río Verde- Resguardo Embera Katío Del Alto Sinú. “Ahí Están Pintados, El Meridiano Saca Lo Mejor Que Tiene: El Señalamiento, La Discriminación Y La Calumnia. ¿Hasta Cuándo Más Irresponsabilidad En La Información? 29 de julio de 2005. 116 Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Documento de seguimiento … p.13 117 Acta 8 abril, página 7. 118 Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Documento de seguimiento… p.12

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En cuanto al manejo de los recursos naturales, por necesidad, los pueblos indígenas sacan madera de la selva para el consumo, pero de manera controlada. Sin embargo desde la década de 1980 y ahora se ha abusado por parte de campesinos, que sacan la madera por el puerto de Frasquillo, con la complicidad de la Fuerza Pública. La deforestación, en cambio, ha surgido a partir de la introducción de cultivos de coca. Dentro de la implementación del “Plan Colombia”, el Pueblo Embera Katío también ha sido víctima de fumigaciones y más recientemente, de erradicación manual de cultivos: En el resguardo hay cultivos ilícitos pero a través de colonos,[y fumigaciones] que están afectando a la población civil (sic).119 El INCODER (con el apoyo logístico de la empresa Urrá SA), “se compromete que en el año 2005 comprará las 21 mejoras pendientes por adquirir en relación al Saneamiento del Resguardo Embera Katío del Alto Sinú (…) iniciando en febrero de 2005.120” Para ello, se adjudicarían recursos de 400 millones de pesos (ratificados por la XIII Comisión Nacional de Territorios Indígenas el 24 de febrero de 2005), además para “levantamientos topográficos”. INCODER solicitaría presupuesto a Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) “para atender las necesidades de tal saneamiento hasta el año 2010 o hasta tanto se cumpla con la obligación del saneamiento total del territorio, previa consideración de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas”121. Si bien esta medida es algo urgente para los indígenas, ahora tienen la preocupación de que esas tierras, en las que hay presencia de coca, les traerían mayores problemas y dificultades con los campesinos colonos, pero igualmente con los grupos armados. Por ello, piden que se entreguen las tierras ya “saneadas” y que al recibirlas, ellos no tengan que afrontar la presencia de cultivos de uso ilícito y resolverlo con un alto costo. El 2 de agosto de 2005, comunidades indígenas vecinas a las del Alto Sinú, correspondientes también a la etnia Embera Katío del río San Jorge (río que nace también en el Parque Natural Nacional del Nudo de Paramillo, y está separado del río Sinú por la Serranía de San Jerónimo), denunciaron una intensa fumigación de cultivos de coca: “…En el Alto Uré, se viene fumigando de manera repetida desde hace más de 2 años. Lo delicado es que las fumigaciones resultan más graves para la comida de la gente y para los bosques, que para la coca, la cual queda intacta en muchos casos. Hace mes y medio, la fumigación se hizo sobre un bosque de conservación en Alto Cristal y sobre los sitios de cultivo de las comunidades Batatadó, Dochamá (San Antonio) y La Danta, fumigando un total de 55,25 hectáreas. Esto dejó sin comida a las familias, como también ha provocado muchas enfermedades (diarreas, gripa, erupciones en la piel, vómito, mareos, dolor de cabeza, fiebre) y contaminación del río y los animales. La coca, viene arrasando las comunidades ante la impasividad del Estado, que sólo sabe fumigar los alimentos, el bosque, los rastrojos, mientras sigue aumentando la coca”122 Luego de las fumigaciones, el gobierno nacional inició la implementación de un programa de erradicación manual en el Parque Natural Nacional del Nudo de Paramillo, contando para ello con la mano de obra de desmovilizados de las AUC, dirigidos por Salvatore Mancuso. Las consecuencias de esta situación, como lo constató la visita del Nokó Wilson Domicó y 8 Jenenés a la comunidad de Kiparadó, localizado a una hora en bote del Puerto de Frasquillo, y a 5 horas de Crucito, es seria, porque además de la presencia de hombres armados y algunos encapuchados, hay “temor en los habitantes de la comunidad, pues hace ya casi un mes comenzó el proceso de erradicación en la zona, el cual hasta donde se conoce, no tiene programas de sustitución; esto propicia mayor desconcierto, zozobra 119

Testimonio de comuneros de Amborromia. 12 de junio de 2006. Acta de acuerdos del 8 de abril de 2006 121 Ídem. 122 Carta del Cabildo Mayor Embera Katío del Resguardo Quebrada Cañaveral Río San Jorge a Luis Evelis Andrade y Nilson Zurita, ONIC, firmada por el Gobernador Mayor, Aurelio Jumí Jarupia. Archivo ONIC. 120

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y malestar entre los habitantes que, directa o indirectamente se han visto beneficiados por los cultivos de coca [en particular] la población campesina, del sector de Alto Colón [quienes] vienen haciendo ante la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Alcaldía y demás entes territoriales, la grave situación social que presentan, debido a la subsistencia que ha existido de la coca, y las pocas posibilidades ahora encontradas”.123 A pesar de la presencia de ONG como “Corso”, que proporciona algunos desayunos infantiles, y que el tema de la población campesina se planteó en el Comité de Atención a la Población Desplazada de Tierralta, el 29 de marzo de 2006, “a la fecha, la situación no ha mejorado; por el contrario, se ha empeorado a partir de lo denunciado por la comunidad (sic) pues hasta ahora, el Secretario de Gobierno Municipal ha señalado que el gobierno sí está haciendo presencia, refiriéndose a la Fuerza Pública, pero en cuanto a lo social, las respuestas no se ven”.124 De todos modos, ante la decisión del gobierno nacional del mes de julio de 2006 de fumigar parques nacionales, a raíz de los ataques a erradicadores manuales en la Serranía de La Macarena, al sur oriente colombiano, no excluyen la alta probabilidad de que este mecanismo sea usado en contra de las comunidades indígenas del río San Jorge y según la evolución del conflicto y el proceso de desmovilización paramilitar, recomposición de grupos desmovilizados y creciente delincuencia, extenderse al Alto Sinú. Administración de Justicia Sobre la aplicación de la Justicia Indígena, los Cabildos Mayores consideran que el conflicto armado les ha restado la autonomía para poder hacer respetar sus decisiones o para aplicar la justicia en sus comunidades. Además, su impresión de la justicia ordinaria es muy negativa: “…En todo problema que suceda hay que presentarlo ante la Fiscalía, ante la Policía; pero la Policía siempre quieren solucionar las cosas [diciendo] ‘los problemas de ustedes, nosotros los solucionamos’. Entonces nosotros vemos que eso queda en nada (…) Como en el caso de la muerte de un compañero indígena a manos de otro indígena (…) y todo quedó en impunidad”.125 Utilización de recursos en la jurisdicción nacional Además de la utilización de los recursos legales de protección, como la Acción de Tutela, los derechos de petición, y las denuncias penales, los Embera Katío han recurrido incesantemente a las autoridades locales, departamentales y nacionales para la solución de sus problemas. En desarrollo de éstas, el 4 de agosto de 2004 los Embera tuvieron la visita de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, para averiguar sobre la desaparición de Kimi Pernía Domicó y los asesinatos de Lucindo y Alejandro Domicó. Igualmente preguntaban por la masacre y desaparición de otros indígenas Ébêra Katío, bajo el proceso 1035 en las comunidades de Alto Socorro, Gloria, Zancón y Palestina; sin embargo, las dos autoridades de los Cabildos Mayores no les recibieron porque no informaron con anticipación la fecha de la visita ni podían suministrar datos sobre las comunidades mencionadas porque ellos corresponden a los Cabildos Menores que se separaron de la organización indígena. En el Acta de la Fiscalía señaló que el caso de Kimi había sido “asignado a la Unidad Nacional de Derechos Humanos a fin de avanzar en las investigaciones y se había conformado una comisión de cuatro Fiscales para conocer los casos de los indígenas y que, precisamente, dos integrantes de la misma hacen parte de esta comisión”.126 123

Carta de la Defensoría Comunitaria a los Cabildos Mayores, 1 de junio de 2006. Anexo Informe de Comisión 20 al 22 de mayo de 2006 a la comunidad de Kiparadó. 124 Ídem. 125 Testimonio del Nokó del Río Sinú, 13 de junio de 2006. 126 Fiscalía General de la Nación. Acta de visita a la Casa Indígena del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde de la comunidad Embera Katío en Tierralta, Córdoba, 4 de agosto de 2004.

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Posterior a esa visita, la evolución de los casos en el sistema judicial colombiano ha sido lenta o inexistente, en un cuadro de impunidad generalizada. Utilización de recursos en la Jurisdicción internacional para la protección de los derechos humanos Seguimiento a las Medidas Cautelares Como se mencionó anteriormente, las medidas cautelares han sido un espacio para mantener en la agenda el tema de los derechos humanos del Pueblo Embera Katío. El Gobierno nacional, con el apoyo directo de la USAID, ha mantenido el Programa de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, que desde 1997 se estableció al lado del Programa de protección a víctimas de la Unión Patriótica, y al de Protección a testigos (de la Fiscalía General de la Nación). Sin embargo, a raíz de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se creó el ETNOCRER o Programa de Protección a Comunidades Étnicas (indígenas y afro descendientes), un esfuerzo interinstitucional, bajo la responsabilidad directa del Ministerio del Interior y de Justicia, en el que participan la Dirección de Derechos Humanos y la de Etnias, de dicho ministerio. El funcionamiento y criterios de este Programa se debían concertar conjuntamente entre los entes gubernamentales y los pueblos indígenas, sin embargo, “Este compromiso se esta incumpliendo, a pesar que se realizó una reunión en el mes de Julio del 2005 convocada por la Dirección de Derechos Humanos y Dirección de Etnias. En ella, se llegó a la conclusión que era necesario adelantar un proceso interinstitucional que permitiera revisar el desarrollo de las medidas cautelares, así como del ETNOCRER, pero además, la atención al Desplazamiento Indígena, todo en el marco del desarrollo de los distintos programas institucionales que se vienen adelantando con los Pueblos Indígenas (oferta institucional). Para ello, la Defensoría del Pueblo elaboraría un documento que recogiera la situación de la oferta institucional, se adelantaría una reunión interna entre los Pueblos Indígenas con medidas cautelares los días 8 y 9 de Agosto de 2005, para luego, reunirse con las instituciones el día 11 de agosto, con el fin de avanzar en la identificación de logros, dificultades, ajustes, recomendaciones y gestiones correspondientes. Este proceso quedó ahí, pues las reuniones fueron aplazadas y hasta ahora no hay señales de que se adelanten prontamente”127 Otros mecanismos de la ONU Las Recomendaciones del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas en Colombia, en su visita realizada en marzo de 2004, solicitaron que se realizaran tres reuniones para analizar, evaluar y proponer medidas para abordar los problemas de los Embera. Sin embargo, los Cabildos Mayores indican que: “El Gobierno viene incumpliendo el compromiso relacionado con el impulso de la realización de 3 reuniones para analizar, evaluar y proponer medidas con respecto al informe y recomendaciones del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en Colombia, puesto que la primera reunión debió adelantarse en Junio 2005. Hasta ahora no se ha convocado ni parece estar en la agenda gubernamental avanzar en la primera de estas reuniones. Para adelantar estas reuniones el Ministerio del Interior tiene el compromiso de financiar un representante de cada uno de los pueblos indígenas con medidas cautelares por parte de la CIDH.”128

127 128

Cabildos Mayores de los Ríos Verde y Sinú. Documento de seguimiento… p. 15 Ídem.

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Actividades de Prevención y Protección y Mecanismos para Garantizar la Diversidad y el Debate Respetuoso También en el campo de los derechos humanos, los Cabildos anotan que: “Los compromisos del Gobierno, a través del Programa de DDHH de la Vicepresidencia y del Mininterior, son cinco (5). En primer lugar, en concertación con las Autoridades Indígenas, diseñar y poner en marcha un programa de capacitación con autoridades locales orientado a brindar las condiciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. En él se deberá incluir la participación de las autoridades indígenas como expositores de sus problemáticas y de las dificultades que han tenido en el proceso de reclamación de sus derechos. Igualmente, como resultado del mismo se producirán directrices institucionales que señalen la forma como cada una de las instituciones prestará atención al pueblo indígena Êbêra Katío en cada una de sus necesidades. En segundo lugar, se impulsaran reuniones con sectores sociales y medios de comunicación para facilitar el dialogo y la discusión sobre la importancia de los pueblos indígenas y la necesidad de asegurar el pleno respeto de sus derechos y libertades. En tercer lugar, en desarrollo de sus competencias de ley el Ministerio del Interior divulgará los derechos de los pueblos indígenas, la legislación indígena y el compromiso del Estado colombiano por garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas. En cuarto lugar, el gobierno nacional facilitará el acceso del pueblo Êbêra al canal institucional y la realización de eventos en la zona. Por último, las anteriores actividades se formalizarán como permanentes en una estrategia de comunicación, para lo cual se realizará una reunión en el mes de julio de 2005 y se presentará para su aprobación en la siguiente reunión del espacio de seguimiento a los acuerdos. Estas obligaciones no han tenido avance en su cumplimiento, a pesar que la situación regional de discriminación, señalamiento, estigmatización no parece tener mayores cambios. Como fue señalado por los Cabildos Mayores en comunicados públicos (…) y en visita de la Comisión Mixta realizada los días .... En la actualidad el Ministerio del Interior tramita la ejecución de un proyecto para comunidades en riesgo, todo indica que el mismo sería el encargado de desarrollar estos compromisos. Los Cabildos Mayores han sido contactados para concertar el desarrollo del mismo, pero aún no se ha definido el alcance que tendría.”129 Alternativas y demandas desde las organizaciones indígenas “…Son (…) años de tristeza, desolación y angustia de todo el pueblo, sus hijos e hijas, sus hermanos y hermanas. Pero son también tres años de impunidad, a la fecha el estado no ha esclarecido los hechos, ni nada”. Como queda dicho a lo largo de este documento, los Embera han desarrollado muchas actividades y han generado alternativas para demandar sus derechos. Parte de ello son: 1. 2. 3. 4.

La Declaración de Sambudó de 1999, contra la presencia de los actores armados algo que se debe difundir y circular como parte del mandato. Defensa del territorio ante la imposición de Urrá- Toma de antejardines del ministerio de Ambiente, Bogotá (2000) Movilización para la búsqueda de Kimy Pernía Domicó (2001) Asamblea Permanente (2005)

Dentro de otras formas de resistencia que están buscando implementar están: 129

Ibíd. Pág. 14

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o o o o

Seguridad alimentaria, para no depender del municipio Prevención del desplazamiento forzado Jenené o Guardia Indígena: fortalecimiento como recurso propio. Presencia de las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, por ejemplo, a través de la Comisión Mixta y la creación de la Defensoría Comunitaria.

También los Embera han realizado eventos para honrar la memoria de sus desaparecidos, como el efectuado el 2 de junio de 2004, en el parque de Tierralta en el que dos monumentos representativos del Árbol Jenené fueron inaugurados: “… la escultura muestra los rostros de nuestros compañeros caídos, los seres de la naturaleza que se vieron afectados por la construcción de la Represa Urrá I, enmarcados en el árbol jenené, principal imagen cosmogónica de la cultura Embera, origen de la vida y de los ríos”. El texto bilingüe en la placa de los monumentos reza: A TODOS AQUELLOS HERMANOS QUE ENTREGARON SUS VIDAS POR DEFENDER NUESTRA DIGNIDAD Y NUESTROS DERECHOS. A NUESTRO PUEBLO QUE EN MITAD DEL SILENCIO CONVIERTE SU VOZ EN UN GRITO DE LIBERTAD Y SE NIEGA A SER MARGINADO Y DESCONOCIDO. A NUESTROS HIJOS, LOS ENCARGADOS DE MANETENER NUESTRA MEMORIA, NUESTRA HISTORIA Y NUESTRA LUCHA.

Recomendaciones: Al Gobierno nacional 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Convocar de manera inmediata la Comisión de expertos130 con la finalidad de realizar un análisis global del estado actual de los impactos dentro de un espacio objetivo y neutral de valoración al cumplimiento de los compromisos. Denunciar y rechazar enfáticamente la incursión militar en el territorio indígena, los combates en el territorio indígena, y los hostigamientos y vejámenes a los que nos someten los actores armados ilegales y legales. La vida de nuestras mujeres, hombres y niños está hoy en manos del ejército131. Educación Adelantar procesos formativos sistemáticos sobre la Etnoeducación y la legislación indígena a funcionarios públicos del nivel municipal y departamental. Realizar un Foro departamental de Etnoeducación con experiencias de otras regiones del país. Resolver la problemática generada por la aplicabilidad del cabildo en la convocatoria para infraestructura y garantizar la inversión mediante el fondo. Financiar el proceso del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) Embera allegado al MEN, Gobernación y Municipio. Gestionar ante la SEM cupos de ingreso para los bachilleres indígenas, al centro de educación superior que comenzara a funcionar en el municipio de Tierralta. Exigir por parte del MEN a la Secretaria de Educación de Tierralta como una exigencia y requisito para su certificación la inclusión de programas y proyectos en el plan sectorial de educación, referentes a la Etnoeducación previa concertación con las autoridades indígenas. Establece un cronograma y metodología de seguimiento a la SED y SEM de Tierralta por parte del grupo de Etnoeducación del MEN y generar la institucionalización de la Etnoeducación en la región.

Salud 10. Los procesos de capacitación no se han implementado, es necesario construir un plan de capacitación, sistemático y acreditación sobre derechos especiales de los pueblos indígenas en materia de salud e iniciativas y experiencias en etnosalud de otros pueblos indígenas. 130 131

Creada en el marco de los compromisos del 19 de Abril del 2000 Cabildos Mayores. Comunicado público. Tierralta, 16 de Septiembre de 2004.

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11. Sobre el transporte de pacientes indígenas es necesario recordar el compromiso adquirido por Urrá S.A. y solicitar al Ministerio las gestiones y seguimiento, de acuerdo a los compromisos pactados en la reunión en Tierralta en el mes de Junio, sobre la ambulancia fluvial que MANEXKA debe tener en su dotación. 12. El ministerio tiene el compromiso de gestionar ante el municipio de Tierralta y la CVS la solución a los problemas de calidad de aguas; en este orden de ideas proponemos que se inicie un diagnostico de la calidad de aguas en la fuente por parte de la CVS y que se genere un compromiso con el municipio para la construcción de los micro acueductos en las comunidades, a través de la inclusión de los requerimientos presupuestales en el Plan de Desarrollo Municipal. 13. Seguimiento y asesoría permanente por parte del Ministerio a la aplicación de la adecuación sociocultural del sistema de salud, en las IPS de primer y segundo nivel. 14. Propiciar la construcción del modelo Embera de salud mediante la financiación de un proceso comunitario de construcción y la apertura de espacios interinstitucionales para el desarrollo de la interculturalidad en el ámbito de la salud. 15. Debido a que el proyecto de salud que fue ordenado por la Licencia ambiental y que se enmarca en el Plan Jenené culmina su ejecución el presente año, las comunidades Êbêra quedan desprotegidas en materia de control a las enfermedades tropicales típicamente generadas por las represas y otras relacionadas con la zoonosis, el saneamiento ambiental, etc.; se hace relevante establecer continuidad financiera del proyecto en la misma medida que subsisten las razones que le generaron ampliando su aplicación hacia el modelo de salud propio. 16. Frente a esta situación se requiere que la Nación garantice la casa de paso para los pacientes indígenas en la ciudad de Montería. Atención a niños y niñas 17. Habilitar un escenario de evaluación del programa [del ICBF] de desayuno y restaurante escolar y su desarrollo actual, cuyos resultados sirvan de base de concertación para la flexibilización de los programas y los criterios administrativos. Papel de la Defensoría del Pueblo 18. Evaluar el mecanismo de alertas tempranas para establecer dispositivos que prevengan futuros ataques, dadas las amenazas reales que se ciernen sobre la población Embera. Durante el período 2003 a 2005 se han hecho cinco (5) alertas por presencia de paramilitares, la fuerza pública y las amenazas y hostigamiento de las guerrillas, con resultados generalmente positivos. 19. Realizar una evaluación conjunta del trabajo de la Defensoría Comunitaria, a fin de poder introducir la figura de Defensoría Comunitaria Indígena, es decir, que el cargo en cuestión pueda ser ejercido por una persona indígena puesto que de ese modo se garantiza una mayor compenetración con nuestros problemas. 20. A través de la Defensoría Regional se han presentado solicitudes de medidas al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Defensa, así como a autoridades locales y departamentales, para la protección de la población, pero se debe pasar de los intercambios de cartas al ejercicio e implementación de la ley que otorga funciones de defensa y protección de los derechos humanos. A las guerrillas

.

1.

Reiterar nuestra decisión en la Declaración de Sambudó, rechazando la utilización del territorio Embera por los dos frentes de las FARC que hacen presencia en él (5º y 18), porque pone en serio riesgo la integridad de nuestros hermanos, además viola nuestra autonomía, el respeto por nuestro territorio y el derecho a vivir en paz.

2.

Rechazar las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las guerrillas al minar un amplio territorio de la parte alta del Río Esmeralda, principalmente, y exigir cesen estos atropellos. A los grupos paramilitares

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“Exigimos al gobierno nacional, al presidente Álvaro Uribe, al vicepresidente Francisco Santos, al Ministro del Interior y de Justicia, el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos por las AUC de cesar toda hostilidad y respetar a la población civil; instamos a la iglesia colombiana, como mediadora del proceso de paz y al Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo, como veedor del mismo, requerir al estado colombiano ofrecer las garantías suficientes para nuestro pueblo y establecer responsabilidades inmediatas acerca de las violaciones [de derechos humanos]y tomar las medidas pertinentes”.132 A las ONG y organizaciones sociales Acompañar al pueblo Embera Katío del Alto Sinú en sus demandas por lograr restablecer sus condiciones de vida con dignidad y poder vivir en paz. A las organizaciones internacionales 1.

2.

3.

Intergubernamentales Mantener su acompañamiento y observación permanente para lograr que el Estado colombiano cumpla con las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Destinar funcionarios idóneos para abordar la temática indígena, mediante el envío de funcionarios en el terreno, que estén monitoreando y apoyando las labores de capacitación en derechos humanos, el desarrollo de los Planes de Vida y el adelanto de las comunidades, conforme a los instrumentos internacionalmente reconocidos suscritos por Colombia. Elaborar informes periódicos de seguimiento a la situación de los pueblos indígenas de Colombia, con el propósito de aportar en el diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades de esta población. No gubernamentales

1.

2.

132

Apoyar iniciativas desde y para las comunidades indígenas, respetando los principios de autonomía de los pueblos indígenas, como complemento de la acción que corresponde al Estado colombiano, mediante la creación y apoyo a proyectos y programas orientados al desarrollo de los Planes de Vida y la protección de los derechos humanos del pueblo Embera. Mantener una mirada comprehensiva de la problemática de derechos humanos, procesos de paz y pervivencia de los pueblos indígenas, a fin de comprender las relaciones existentes entre los pueblos indígenas y el resto de la población en zonas altamente conflictivas.

Cabildos Mayores, Comunicado público del 26 de julio de 2004

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