Número 1 – Año 1 Agosto - Septiembre de 2011 Publicación bimensual del

Editorial: Las contradicciones en el gobierno de Santos II Percepción de una sombra narco-paramilitar en tiempos de elecciones Ley de victimarios Santos… ¿mejor que con Uribe? El mercado de carbono en Colombia La pesada y bellacruz que llevamos a cuestas Ríos de memoria, afluentes de justicia Memoria, silencio y acción psicosocial: Reflexiones sobre por qué recordar en Colombia. Cine y memoria histórica. Con los pies por la tierra: restricciones e impulsos en el territorio.

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Número 1 – Año 1 - Agosto - Septiembre de 2011 Publicación bimensual del

Revisión de textos: Adriana Arboleda, Julían Carreño y Grupo ISSAC Fotografías: Archivo MOVICE, Capítulo Valle, Colectivo Dexpierte, Familia Verbel, Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, Capítulo Sucre, Dario Ghilarducci, Annalisa Piccirilli

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Portada: Archivo MOVICE Concepto Gráfico: O.V.M. Procesos Editoriales [email protected] Revista elaborada en el marco del proyecto “Preservación de la memoria de las víctimas de lesa humanidad en Colombia, como aporte a una cultura de paz y respeto por los derechos humanos” ausipiciado por

Los contenidos de esta revista no reflejan necesariamente las posturas de las organizaciones auspiciadoras.

Contenido Editorial: Las contradicciones en el gobierno de Santos II. . . . . . . . . . 3 Percepción de una sombra narco-paramilitar en tiempos de elecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ley de victimarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Santos… ¿mejor que con Uribe?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 El mercado de carbono en Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . 27 La pesada y bellacruz que llevamos a cuestas. . . . . . . . . . 31 Ríos de memoria, afluentes de justicia. . . . . . . . . . . . . . . . 39 Memoria, silencio y acción psicosocial. Reflexiones sobre por qué recordar en Colombia. . . . . . . . 43 Cine y memoria histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Con los pies por la tierra: restricciones e impulsos en el territorio. . . . . . . . . . . . . . . 55

Editorial LAS CONTRADICCIONES EN EL GOBIERNO DE SANTOS II

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or segunda vez, uno de los grupos más poderosos en la historia del país, la familia Santos, asume la más alta carga del poder político; Juan Manuel Santos el representante actual en esta tarea, cumplió su primer año del gobierno en la presidencia de Colombia. Para muchos fue una sorpresa el timonazo que sus acciones dieron a la política de Seguridad Democrática y la aparente distancia que generó y genera con su predecesor, concentrando su política de Estado en temas como: las víctimas, la restitución de tierras y en la lucha contra la corrupción. Opciones que fueron tomando cuerpo con la formulación de planes de choque para la legalización de escrituras, la expedición de la Ley de Víctimas en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, y las campañas mediáticas de anticorrupción, cuyas principales denuncias recaen directamente sobre el anterior gobierno, del cual, no olvidamos, él hizo parte. Pero al mismo tiempo, este gobierno habla de las locomotoras: minera, de vivienda, infraestructura y agricultura, expide un regresivo Estatuto de Seguridad; planea una sustancial reforma a la justicia que incluye: cambios en las altas cortes, reducciones a los alcances de la tutela, la reactivación del fuero militar; promueve programas de mercado de carbono

y con ello la promoción de monocultivos como la teca. Entre tanto, abandera la unidad nacional que se convierte en una peligrosa reforma al sistema de partidos, que atenta contra la concepción de oposición política necesaria en cualquier democracia. El MOVICE ha denunciado desde el principio de este gobierno, que estas políticas son incompatibles; que la restitución de tierras va en contravía de la gran cantidad de concesiones que se están otorgando a lo largo y ancho del país para la explotación de minerales; una sola empresa, la Anglo Gold Ashanti, tiene solicitudes que ascienden a dos millones de hectáreas, a sabiendas de que esta expoliación de recursos atenta gravemente contra el territorio y menoscaba recursos fundamentales como el agua, el aire y la biodiversidad. La política de restitución de tierras en la práctica está limitada a la entrega de un papel que se puede vender, pero en el cual no se puede cultivar, ni vivir, ni tejer relaciones comunitarias, ni promover la permanencia de la cultura. La restitución no incluye el libre tránsito por ríos y carreteras de personas, medicinas y alimentos, y no permite la autodeterminación de las comunidades a construir sus propios planes de vida.

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La inversión social se está condicionando a la inversión extranjera que expropia nuestros recursos de manera insostenible; las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas deben regresar a sus tierras invadidas de teca y palma (que a la larga tienen la misma función de control territorial) o con ganadería extensiva, en detrimento de los cultivos ancestrales encaminados a la autonomía alimentaria. Las comunidades tienen que retornar a territorios controlados por el narcotráfico y el paraestado, sin mecanismos efectivos para garantizar la vida e integridad de sus líderes y liderezas como quedó evidenciado con los asesinatos de Rogelio Martínez, Antonio Mendoza Morales y Keyla Esther Berrío Almanza, entre otros muchos. O deben regresar a territorios ocupados por poseedores de mala fe como en el caso de la hacienda Bellacruz. El marco normativo se está acomodando en pro de las multinacionales que van sobre las locomotoras minera y de infraestructura, y en ese sentido castiga ejemplarmente la tradición de recuperación de territorios a través de acciones de afirmación de derecho, como quedó consagrado en la ley de víctimas. La negación de la presencia paramilitar, la connivencia con la nueva parapolítica, los acuerdos de unidad con todos los partidos políticos que están siendo investigados por atentados contra el erario y graves crímenes contra la humanidad, las reformas a la estructura del Estado para obstaculizar las investigaciones contra parapolítica, el Estatuto de Seguridad que será la base de nuevas violaciones a los derechos humanos. Son todas políticas que van en

contra de las garantías de no repetición, derecho inescindible de las víctimas. En este primer año se siente con gran intensidad la persecución del movimiento social, por ejemplo en la infiltración de la policía en el evento sobre agua y minería, realizado en la ciudad de Pasto en el mes de julio de 2011, o en la marcha contra la desaparición forzada en Cucuta en agosto; en el mantenimiento de procesos judiciales contra miembros del MOVICE como David Ravelo y Carmelo Ágamez; el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, en medio de las exigencias de justicia por el asesinato de su hijo y la defensa de las derechos de los desplazados en la capital antioqueña, y del asesinato también del padre Reynel Restrepo, en su lucha por la protección de territorio en Marmato; en las múltiples amenazas y hostigamientos a organizaciones del Movimiento, que tienen una clara intención por la defensa del territorio y demás derechos de las víctimas, como el capítulo Sucre; los graves hostigamientos que han sufrido las comunidades que retornaron a la finca La Europa, como la quema de casas; en los incumplimientos repetidos del Estado frente a las obligaciones adquiridas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección y garantías para los integrantes del Movimiento. Las contradicciones serán innegables mientras se mantengan sumidos en la impunidad los millones de hechos de violencia en el país, los diversos magnicidios como el de Jaime Garzón y Manuel Cepeda (quienes cumplieron en este período 12 y 17 años respectivamente en la impunidad) asesinados por orden de la cúpula militar, que fue transmitida a los grupos

paramilitares, en ambos casos, por José Miguel Narváez, personaje “coincidencialmente” responsable material de las interceptaciones telefónicas, tortura psicológica, sabotaje de la que fueron víctimas las organizaciones de derechos humanos que buscaban justicia en estos dos casos, todos ellos crímenes gestados desde el DAS, entidad desde la cual se fraguó también la revictimización del MOVICE durante su segundo y tercer encuentro de víctimas, en el diseño y ejecución de campañas de desprestigio. Sea este el llamado para insistir sobre el seguimiento de la normativa y de las prácticas que lesionan los derechos de las víctimas; acompañar con determinación los procesos de regreso y retorno, e insistir al gobierno en que las principales garantías son políticas, es decir: tienen que ver con el desmantelamieto de los grupos paramilitares y de las estructuras políticas y económicas que los sostienen, la depuración de las fuerzas militares y organismos de inteligencia, las reformas en la justicia en pro de la verdad y el castigo a los responsables y en general el diseño y ejecución de efectivas políticas estatales para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Estamos atentos a evaluar cada uno de sus pasos porque la política pública no es sólo lo que se dice, sino el camino real y las consecuencias que traen las decisiones u omisiones sobre los temas que conciernen a todos los colombianos y colombianas. Grupo ISSAC MOVICE Como siempre recibimos sus comentarios en [email protected] [email protected] Fotografia archivo de MOVICE, escritos que aparecieron en los muros del parqueadero donde se desarrolló nuestra III Asamblea.

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Fotografía de la campaña política de Roberto Jiménez

Percepción de una sombra narco-paramilitar en tiempos de elecciones Elecciones

el

Municipio

Serie:

de

Dosquebradas, Risaralda

la nueva parapolítica

Juan Federico Giraldo Hijos e Hijas por la Memoria contra la Impunidad

H

ace casi un año, en las ferias de la Cosecha de Pereira, en agosto de 2010, presencié en un evento de dichas festividades, algo que me llamó sumamente la atención: una camioneta de alta gama, específicamente una “Hummer”, me atrajo no tanto por su visible suntuosidad, sino porque estaba colmada de lo que al parecer era una campaña publicitaria. En el momento no pensé mucho en el asunto, pero al cabo del tiempo seguí viendo el automóvil, como también la pieza publicitaria en diversos lugares, tales como casas, automóviles, muros, postes, etcétera. La notoriedad del símbolo se caracterizaba por una “R” roja en mayúsculas, encerrada en un círculo y bordeada por dos colores: amarillo y verde; emblema que empecé a ver más seguido y en mayor número, sobretodo en el municipio de Dosquebradas1.

1. Dosquebradas es un municipio colombiano en el departamento de Risaralda, vecino a la ciudad capital del departamento, Pereira. Dosquebradas es la segunda ciudad más

Al cuestionar de forma aleatoria a algunas personas por dicho emblema publicitario que abundaba en la ciudad, la respuesta que encontré fue muchas veces imprecisa; sin embargo, siempre acertaban manifestando que era la campaña política del hermano de Macaco. Unos decían que era para el Senado, otros para la Alcaldía de Pereira o de Dosquebradas. En fin, una parte significativa de la población desconocía a qué cargo le estaba apuntando esta persona, en todo caso, sin conocer bien de qué era la campaña, varios reconocían y apoyaban la intención del hermano de un ex-jefe paramilitar que aspira a un alto cargo público. Roberto Jiménez Naranjo, hermano de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, se presentó en junio del 2010 como pre-candidato a la Alcaldía de Dosquebradas, Risaralda, aspiración que se ha ido consolidando desde varios años atrás con la inserción de éste en la política municipal, importante del departamento y tiene una población aproximada de 200.000 habitantes.

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dándose a conocer en barrios representativos como líder de asociaciones deportivas. Con aval del Partido Liberal fue concejal de Dosquebradas en los periodos 2000 y 2003, obteniendo en éste último período la mayor votación en dicho municipio y siendo elegido Presidente del Cabildo Municipal. Para el mismo 2003, sería electo a la Gobernación de Risaralda el Liberal Carlos Alberto Botero2 (en el presente, candidato a repetir), el cual se encuentra investigado por la Procuraduría, debido a su alta votación, especialmente en el municipio de Dosquebradas (obtuvo allí un total de 22.137 votos), donde según Verdad Abierta3 para ese tiempo operaba el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez. Roberto Jiménez no ha negado en ningún momento su relación de hermandad con dicho paramilitar, pero niega en todo momento su conexión a hechos delictivos de los que es responsable su hermano, argumento que sustenta diciendo que “uno puede escoger a sus amigos, pero no a sus hermanos”4. Para nadie en la región es desconocido el vínculo de sangre que éstos tienen, aunque a finales del 2006, Jiménez tuvo que renunciar a su cargo en el Consejo Municipal, ya que se le estaban imputando nexos con su hermano de carácter ilícito5, hechos que no pasaron a mayores, ya que no se abrieron procesos judiciales. Para el año 2008 en el que 2. Proceso que se lleva por la falta disciplinaria gravísima consagrada en el numeral 12- artículo 48 de la ley 734 de 2002, en la modalidad de promover y auspiciar grupos armados al margen de la ley, concretamente paramilitares. 3 Vuelve y juega la parapolítica, Verdad Abierta. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/parapolitica/nacional/3325-vuelve-y-juega-la-parapolitica 4 Página Oficial de la Candidatura: http://www.accion-civica.com 5 Inserción de dineros del paramilitarismo a clubes de fútbol. En éste caso a Acción-cívica Dosquebradas. Revista Semana. Disponible: http://www.semana.com/ nacion/goles-paras/95768-3.aspx

fue extraditado su hermano se le acusó de testaferro de éste, caso del que fue absuelto meses después. El fantasma ilícito que ronda a Jiménez no lo abandona, según éste, él es “víctima” del proceso de Justicia y Paz, ya que en las acusaciones que enfrenta su hermano (Macaco) su nombre ha entrado a colación de manera constante. Es así como en su actual aspiración a la Alcaldía, los avales de los Partidos Políticos con los que ha trabajado o apoyado le han dado la espalda; Muestra de ello, los Verdes le negaron el apoyo e ingreso a dicha colectividad, como también desde del Partido Liberal fue vetada su posibilidad de admisión, dada sus relaciones familiares. Por tales sucesos, Jiménez decidió inscribirse mediante la recolección de firmas, las que para un barón electoral de tal municipio no son un gran impedimento. Sin embargo, la Comisión Nacional Electoral le devolvió las 41.274 firmas, exigiéndole una póliza de seriedad6, la cual se le complicó obtener, ya que este candidato se encuentra en la famosa Lista Clinton7, al ser señalado como brazo derecho de los negocios del narcotraficante Carlos Mario Jiménez; en esa medida la mayoría de las aseguradoras que tienen nexos con los Estados Unidos, por políticas internas, impiden la adquisición de la póliza a los que se hallan en tal lista. No obstante, Jiménez en sus discursos públicos de campaña asegura: “voy hasta el final y de aquí sólo me quita Dios y eso sería arrebatando mi vida”, es decir, este candidato 6 La Registraduría devolvió firmas a grupos significativos de ciudadanos que aspiran inscribir candidatos para las elecciones de octubre. Página Oficial Registraduria, Disponible en: http://www.registraduria.gov.co/La-Registraduria-devolviofirmas.html 7 http://www.semana.com/documents/Doc-2143_201129.pdf

va realizar hasta lo imposible para llegar a la alcaldía, pues su maquinaria política es la de mayor influencia en el municipio, encabezada por alianzas anteriores como las de Germán Aguirre y Habib Merheg (ex-Senadores) y el ex-Gobernador Carlos Alberto Botero, políticos altamente reconocidos de la región, que han sido investigados por nexos con paramilitares, especialmente con el hermano de Jiménez, Macaco. En un proceso de búsqueda por la Costa Pacífica, Roberto Jiménez halló un movimiento político algo desconocido que le brindó el aval, denominado Afrovides (Asociación Afrocolombiana para la Vida y la Salud)8 de Tolú, Sucre9; así pues el 1 de agosto del 2011 realizó su inscripción de candidatura en la Registraduría Civil, siendo el aspirante con más amplias posibilidades de quedar en la alcaldía de Dosquebradas. Por otro lado, su campaña política se ha empeñado en ingresar a diversos barrios, especialmente los marginales del municipio, enseñando un perfil carismático, con un espíritu renovador, que se entrelaza con un mensaje de fondo, cuyo contenido pretende expresar el peso que carga sobre sus espaldas por su relación de sangre con su hermano, a las que refiere en todo momento como una “cruz” a cargar en su vida personal y política, tanto que para “él es presuntamente un estigma que utilizan sus opositores para fundar semillas de duda en sus seguidores”.

Fotografía de la campaña política de Roberto Jiménez

8 Dicho movimiento le sirvió de trampolín a Yahir Acuña ex concejal de Sincelejo y diputado del departamento de Sucre que en una campaña relámpago de solo dos semanas alcanzó la más alta cifra, 45.755 votos, de los cuales más de 40.000 fueron en Sucre. Según varios informes de inteligencia de la Armada Nacional señalan a Yahir como “parte de la estructura política de las autodefensas de alias Cadena”. 9 Hermano de ‘Macaco’ inscribió su candidatura a la Alcaldía de Dosquebradas, Risaralda. Caracol Radio, Disponible en: http://www.caracol.com.co/oir. aspx?id=1524363

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Sin embargo, desde otro análisis se puede percibir que ese supuesto fantasma ha sido fundamental para la consolidación de su presente campaña política, es decir, nombrar en todo momento a este extraditado jefe paramilitar, es en todo sentido, estratégico, debido a que en la zona los hermanos son ampliamente conocidos y han construidos unas bases de legitimidad consolidadas en unas lógicas de democracia de clientelas, instaurada desde la acción comunal, sabiendo construir un modelo de gestión de intercambio mutuo: favores como obras, dádivas y pequeños beneficios, a cambio de lealtades y, por ende, de votos, pero dentro de una esfera de sumisión, control y dependencia, o sea, la campaña ha adquirido todo un carácter demagógico y “mercantil”. Es decir, dentro de la región a través de los años se ha naturalizado determinadas prácticas políticas (como la compra de votos, sobornos, presión violenta, financiación ilícita de campañas, el tráfico de influencias) para asegurar el control sobre los cargos públicos, pero también se ha configurado una característica que ha devenido a la par con el narcotráfico y se ha desencadenado con los herederos del paramilitarismo, lo que se puede denominar: neoparamilitarismo (localizándose en la zona con la banda “la Cordillera” 10). La actual presencia paramilitar, no ha dejado de influenciar la vida social y política, pero ahora existen nuevos ingredientes que han cambiado sus estrategias de control sobre el territorio y la población, sobretodo al hacer explícito sus intereses económicos, los cuales permean y se hacen difusos entre los limites de lo ilegal y lo legal, lo correcto e incorrecto, siendo 10. “La Cordillera” tiene sus raíces en Caucasia, Antioquia. Su entrada al área metropolitana de Pereira y Dosquebradas obedece a un acuerdo entre hombres de Carlos Mario Jiménez (alias “Macaco”) antes de su desmovilización.

esto altamente aceptado, reconocido y practicado dentro de la población en diversas dinámicas económicas11, sociales y culturales de la cotidianeidad. Lo más preocupante es que esta configuración de una “cultura traqueta”, propia del neoparamilitarismo, no tuvo, ni tiene la necesidad de utilizar una intensa violencia como la desarrollada anteriormente para legitimar e interiorizar su dominio ilegal dentro del territorio, mas bien, esto hace parte de su maniobra política, al hacerse considerar a nivel local como poseedora del poder económico y bélico, y a nivel nacional como simples bandas delincuenciales de orden local. Por ende, su capacidad económica y armada no ha de desaparecer, estará ahí, en cualquier momento en el que tengan que ejercer su poder para beneficiarse, conservar su negocio y ampliar su órbita de acción lo harán, por tal motivo existe la necesidad de tales grupos en apoyar aspiraciones de algunos candidatos que los favorezcan en la disputa por el poder. Muestra de ello, a inicios de julio del presente año fue asesinada una joven en una vereda próxima a la ciudad de Pereira, en una fiesta organizada por Felipe Muñoz, asesor jurídico de la campaña a la Alcaldía de Roberto Jiménez; la mujer de 24 años recibió diversos disparos dentro de la finca y luego fue envuelta en una cobija, siendo el cadáver abandonado a varios metros del predio. De nuevo la campaña de Jiménez salió a hacer referencia sobre el extraditado, declarando que: “Nosotros somos 11. “el préstamo gota a gota, el transporte ilegal, el microtráfico, el cártel de la gasolina, la explotación minera ilegal, las conexiones con contratistas, el testaferrato, el chance y finalmente el lavado de dinero por intermedio de la construcción de viviendas entre otros negocios.” http://www.moe.org.co/home/doc/ moe_mre/2011/mre2011/14_NeoparamilitaresBacrim.pdf

realistas, Roberto Jiménez tiene un hermano que se llama Carlos Mario Jiménez pero por eso, entonces no todo lo que suceda en Dosquebradas, Roberto debe ser el malo” 12. Según indicó Jiménez, él no presenció dicha fiesta y tampoco era una actividad de su campaña; sin embargo en la fiesta hubo presencia de múltiples carros con el logo de la “R”. Se presume que el asesinato fue en presencia de varios asistentes y al parecer algunas personas guardaron silencio sobre los hechos. En la primera semana de agosto fueron detenidos 6 personas por el asesinato de la joven mencionada, entre Fotografía de la campaña política de Roberto Jiménez ellos se encuentra Juan Carlos Zuleta Marín, supuesto cada vez que lo mencionan en medios de comunicación, por cabecilla de la banda criminal “Cordillera” (sucesor de alias “niño Fabián”); Zuleta fue desmovilizado del Bloque Central los vínculos con su hermano; no sólo se beneficia en términos Bolívar de las autodefensas que orientaba alias Macaco, como publicitarios de campaña, sino que consolida su aspiración a también fue destituido de la Policía, por su colaboración con un cargo público, después de ser señalado infinitas veces por sus posibles nexos ilícitos. los grupos armados ilegales.13 En últimas, el discurso de Jiménez de renovación polítiAl cabo de lo sucedido, en la zona hubo toda una confusión y desconfianza frente al candidato, pero luego, al parecer, hubo ca y con aspiración de derrotar el fantasma de su hermano, un giro que favorecía enormemente la campaña, como ha sido parece perderse ligeramente por la escasa capacidad en la transformación de las 12 Continúa investigación del asesinato de la joven de Dos Quebradas, Diario costumbres políticas de el País. Disponible: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/continua-investigacionla región, por los víndel-asesinato-joven-dos-quebradas, Campaña de Roberto Jiménez afirmó que no tuvo que ver, El Diario del Otún. Disponible en: http://www.eldiario.com.co/seccion/ culos reales o ficticios JUDICIAL/campa-a-de-roberto-jim-nez-afirm-que-no-tuvo-que-ver110706.html 13 Aseguran a 6 personas por homicidio de joven en una fiesta en Pereira, Diario (conscientes o no) que El Tiempo. Disponible en: http://m.eltiempo.com/colombia/eje-cafetero/aseguranestablece con otros a-6-personas-por-homicidio-de-joven-en-una-fiesta-en-pereira/10100411, Asegurados miembros de banda la Cordillera por homicidio de una joven en fiesta de políticos locales o mopolíticos. Radio Santa Fe. Disponible en: http://www.radiosantafe.com/2011/08/05/ vimientos vinculados a asegurados-miembros-de-banda-la-cordillera-por-homicidio-de-una-joven-enfiesta-de-politicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campai dineros del narcotráfico gn=Feed%3A+radiosantafe+%28Radio+Santa+Fe+1070+a.m.+radio+en+c y el paramilitarismo. olombia%29&utm_content=Twitter

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Fotografia archivo de MOVICE

Ley de victimarios Reforma

pretende pagar con dineros públicos defensa de criminales de

Lesa Humanidad

Camilo Fagua / Equipo Jurídico MOVICE

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on la entrada en vigencia del nuevo período legislativo, el pasado 20 de julio (2011-2012), el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, anunció que impulsaría la aprobación en el Congreso de la República de un proyecto de ley1 para promulgar un nuevo sistema de defensa técnica y juzgamiento a los miembros de la fuerza pública involucrados con la comisión de delitos. Cabe recordar que en nuestro país el Constituyente de 1991 incluyó el fuero militar en el artículo 221 de la Constitución, bajo el entendido de que los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, solamente pueden ser conocidos por las cortes marciales o tribunales militares. Este concepto, que en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha explicado, se traduce en: a). “El Fuero Militar -a que hace referencia la norma constitucional mencionada-, se circunscribe única y exclusivamente al ámbito de lo penal, en cuanto al juzgamiento de las conductas delictivas realizadas 1. A inicios del año, el ministro de defensa, Rodrigo Rivera, impulsó una serie de audiencias en el Congreso de la República, con el fin de explicar a los miembros de la Corporación y a los altos mandos militares, las motivaciones de un proyecto de ley que busca implementar un sistema de defensa a militares y policías.

por los miembros de la Fuerza Pública” (elemento objetivo) ; b). Dicho fuero cobija a todos los miembros de la Fuerza Pública, que a la luz del artículo 216,integran en forma exclusiva las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (elemento subjetivo); c). El fuero militar se restringe a los ilícitos penales cometidos en “servicio activo y en relación con el mismo servicio” (elemento funcional) (Sentencia C 11 49 de 2001). De allí se extrae, que tal Institución pierde vigencia en el momento que los miembros de las fuerzas militares cometan delitos no relacionados con su servicio, que generalmente estén ligados a crímenes de Lesa Humanidad, tales como tortura, desaparición forzada, asesinato en persona protegida, etcétera. En este sentido, es necesario resaltar algunos casos emblemáticos donde la figura de Fuero Militar ha sido levantada para aplicar de manera directa la jurisdicción penal ordinaria. Caso Palacio

de Justicia

Uno de los casos más relevantes tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, en el Palacio de Justicia, en noviembre del año 1985, cuando un comando de integrantes del M-19 irrumpió en las instalaciones del edificio y tomó el control de éste, quedando

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adentro varios trabajadores de la cafetería y miembros de la rama judicial.

muertos en combate en el municipio de Ocaña, práctica que se dio a conocer como “ Falsos Positivos”.

La operación, “Tricolor 83”, desarrollada para la “retoma del palacio”, se efectuó con base en el manual de inteligencia del ejército. Lo anterior implicó que de las 200 personas que salieron con vida del palacio, 11 fueran objeto de desaparición forzada2. Por la ocurrencia de estos hechos el Juzgado Especializado Penal del Circuito y el Juzgado 51 Penal respectivamente, condenaran al entonces comandante de la Brigada XIII, Arias Cabrales y al comandante de la Escuela de Caballería Coronel (r) Plazas Vega.

Si bien este caso hace parte de los múltiples asesinatos cometidos por miembros de la fuerza pública en contra de la población civil, llama la atención que detrás de los miles de “Falsos Positivos” se esconde una gran empresa criminal, donde miembros de la fuerza pública, realizaron acciones de engaño, asesinaron selectivamente y se apropiaron indebidamente de recursos públicos, con el fin de mostrar resultados en su lucha contra el terrorismo, amparándose en el cumplimiento de sus funciones.

Si bien, este operativo se dio en el cumplimento de la labor de las fuerzas militares, el “trato especial” dado a los rescatados fue ignorado e implicó la comisión del delito de desaparición forzada y secuestro agravado, delitos de Lesa Humanidad encaminados a desaparecer a las víctimas, el ocultamiento del victimario y las pruebas; todos crímenes que son de tratamiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria y, por ende, no pueden ser tomados como delitos en servicio. Casos

de

“Falsos Positivos”

¿Deberían

gozar de un

Defensa Técnica?

Frente a los casos antes mencionados, en los que militares en servicio activo se han visto involucrados en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad en contra de la población civil, cabe preguntarnos si es adecuado que se busque poner en la agenda legislativa un proyecto de ley3 direccionado a brindar un juzgamiento y una defensa especial a los miembros de la fuerza pública.

En el año 2008, en el marco de la aplicación de la “Seguridad Democrática”, se dio a conocer el caso de 14 jóvenes que fueron llevados, mediante engaños, al municipio de Soacha, y, posteriormente, hallados como guerrilleros

Al respecto deben ser tenidos en cuenta varios aspectos que involucran la jurisdicción penal militar y la asistencia técnica por parte del Estado durante el proceso. En este sentido, podemos citar al profesor Andreu, quien expresa que es necesario tomar en cuenta tres aspectos 1. El derecho al

2. Uno de los apartes de la sentencia en contra del Coronel ® Alfonso Plazas Vega, da cuenta que algunas de las personas llevadas a la Casa del Florero fueron apartadas en un grupo que el ejército llamo los “especiales”, adjetivo que se utilizó para denominar a los civiles que pudieran tener vinculaciones con el grupo insurgente.

3. Esta propuesta legislativa se sumaría a los numerosos intentos que han hecho congresistas de la bancada de gobierno, con el objetivo de modificar la normatividad que rige a los militares, es el caso del proyecto de Ley 099 de 2009 Cámara, mediante el cual la representante a la Cámara Lucero Cortés pretendía reformar la Ley 1224 de 2008.

debido proceso legal o juicio justo, incluido el derecho a la defensa y a ser asistido por un abogado; 2. El derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y los tribunales; y 3. El carácter y naturaleza de jurisdicción especializada de carácter restrictivo y de naturaleza funcional que tiene la jurisdicción penal militar (Federico Andreu-Guzmán 2011). En cuanto al debido proceso, los instrumentos de derecho internacional hacen claridad que para hacer efectivo dicho principio debe garantizarse el acceso a un juez imparcial y competente, que aplique la totalidad de las garantías internacionales referidas al debido proceso. Lo anterior ligado al desarrollo de principios tales como la presunción de inocencia y la utilización igualitaria de los medios procesales para las partes. De otro lado el principio de igualdad ante la Ley, debe ser asumido como la posibilidad de tener un juez que dé aplicación a los principios de la recta administración de justicia de acuerdo al tribunal competente. En el caso de la Justicia Penal Militar, no se rompe el principio de igualdad ante la ley, pero el derecho internacional la acepta en situaciones estrictas y definidas que estarían relacionadas con la competencia material, es decir: el conocimiento de delitos estrictamente militares cometidos por personal militar.

Podemos decir que la figura del fuero militar y el objetivo de la justicia penal militar están encaminados solamente a la protección de daños sociales relacionados con el servicio. Por su parte, el sistema de defensoría pública opera en el momento en que el procesado no cuente con un abogado defensor o no pueda sufragar sus gastos; estas apreciaciones nos interrogan acerca de la pertinencia de una nueva ley de juzgamiento para militares, en la cual el conjunto de la sociedad colombiana deberá asumir los gastos procesales de quienes están siendo juzgados por la justicia ordinaria ante la comisión de crímenes de Lesa Humanidad. Bibliografía 1. Andreu-Guzmán Federico, La Defensa Militar Técnica Y Derecho Internacional, Comisión Colombiana de Juristas.2011. 2. Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes) informe, Soacha La Punta del Iceberg, Falsos Positivos e Impunidad. 2010 3. Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C 11 49 de 2001 4. Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Sentencia de 9 de Julio de 2010. 5. Juzgado Cincuenta y Uno penal del Circuito de Bogotá, Sentencia de 28 de abril de 2011

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Fotografia archivo de MOVICE

Santos… ¿mejor que con Uribe? Equipo de Protección MOVICE

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esde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, se ha hecho evidente un cambio en el discurso presidencial sobre el actuar de los defensores de derechos humanos y las víctimas, especialmente contrastadas con los sistemáticos señalamientos y estigmatizaciones que caracterizaron los anteriores gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, lo cual ha resultado bastante sorprendente sobre todo si se tiene en cuenta que la lógica política indicaría que este debería ser un gobierno de continuidad de la visión política de la “Seguridad Democrática”. Ante estas actitudes políticas, que han estado acompañadas por otros pronunciamientos de varios de sus ministros, se podría esperar que la situación de derechos humanos en nuestro país mostrara signos de mejoría y especialmente, que la situación de agresiones contra víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos cesara, o al menos disminuyera. Contrariamente, la realidad de los hechos muestra que las buenas palabras y las buenas intenciones expresadas, no se han reflejado en un cambio sustancial de la situación de estas personas. Por el contrario, varias fuentes

han mostrado cómo esta situación se viene agravando durante el período presidencial de Juan Manuel Santos en comparación con el último periodo del Álvaro Uribe. Así lo evidenció el Programa Somos Defensores en su informe semestral, en el cual menciona que en lo corrido del primer semestre de 2011, han sido asesinados 29 defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, mientras que tres más han sido desaparecidos1. Esta situación de violencia contra las y los defensores ameritó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2011, quien expresa su preocupación por las amenazas contra defensores de derechos humanos por parte de las “Águilas Negras”. Es de precisar que ante esta instancia algunas de las organizaciones y personas cuentan con medidas cautelares como es el caso del MOVICE. 1. Informe presentado el 8 de agosto de 2011, denominado,” Mas allá de las Cifras”, del periodo de Enero a Junio de 2011, presentado por el Sistema de Información Sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH.

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Estos hostigamientos se continúan realizando a través de la estrategia paramilitar, lo cual revela su vigencia, tal como se mencionó en la anterior edición de esta revista. Dichas estructuras paramilitares han logrado mantener su control territorial gracias a la connivencia de mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales del orden regional y nacional.

Existe

18

una

Campaña de Exterminio el MOVICE

contra

Desde su nacimiento en junio de 2005 el MOVICE ha sido objeto de una fuerte campaña de estigmatización proveniente del mismo palacio presidencial, contando con la actuación de ministros, órganos de inteligencia como el DAS y altos funcionarios del gobierno de la “Seguridad Democrática” quienes llegaron a catalogar a nuestro Movimiento como aliado del terrorismo y de las guerrillas2. Lo anterior ha generado que durante todo este tiempo, las víctimas y defensores de derechos humanos parte del Movimiento 2 En octubre de 2010 el MOVICE fue informado sobre la existencia de un periódico virtual “B1” que estaba colgado en la página web de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que es presidente el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el periódico aparecen varios testimonios y fotografías del montaje judicial que tiene su génesis en la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante el DAS y la RIME y en el que más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones estudiantiles que hacen trabajo en Antioquia son señalados de pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino). En este proceso la prueba testimonial incriminatoria que se acreditó era falaz y estaba estructurada por los organismos de seguridad del Estado que, valiéndose de guerrilleros conversos interesados en acceder a dádivas jurídicas y económicas, se prestaron a verter declaraciones en contra de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, en el propósito perverso de vincularlos a organizaciones insurgentes.

hayamos desarrollado nuestra lucha por la verdad, la justicia y la reparación y por garantías de no repetición en un contexto permanente de riesgo y peligro. Este ambiente general de estigmatización y hostigamiento ha producido un alto proceso de revictimización contra las víctimas pertenecientes al MOVICE, que no cesa en este gobierno por el simple hecho de que se haya dado un cambio de discurso del Presidente: la estrategia prevalece en varias zonas del país como una campaña sistemática de estigmatización y eliminación del Movimiento para acallar las voces y acciones de exigencia de los derechos a Verdad, Justicia, Reparación y no Garantías de no Repetición. Desde nuestro nacimiento, hemos podido recopilar la ocurrencia de 314 actos de revictimización contra los miembros de la organización. De estas 314 agresiones, 85 ocurrieron durante el primer año del mandato del Presidente Santos: del 7 de agosto del 2010 al 6 de agosto del 2011. Es decir, durante un período de un poco más de seis años, el 27% de las agresiones registradas contra integrantes del MOVICE ocurrieron durante el último año. Lo anterior representa un aumento de 44% comparado con el último año de gobierno del ex Presidente Uribe, en el cual se registraron 59 casos. Una de nuestras mayores preocupaciones es el aumento de la impunidad en un número importante de casos, porque las víctimas no cuentan con garantías de imparcialidad, autonomía y confidencialidad o de reserva sumarial para hacer la denuncia ante las autoridades, especialmente en zonas de control Foto: Dario Ghilarducci

paramilitar, donde existen alianzas con la fuerza pública, ocasionando el aumento del subregistro de violaciones de derechos humanos. En otros casos las víctimas superan el temor y denuncian, a pesar de la falta de garantías para acceder a la justicia, pero los casos son archivados bajo el argumento de falta de pruebas.

Nos mismos

matan

por

motivos:

19

los para

callar nuestras voces

Las estructuras paramilitares, militares y algunos sectores económicos y políticos ven en el MOVICE una amenaza que devela su participación en crímenes de lesa humanidad e impide que consoliden su control sobre tierras e instituciones públicas. Por lo tanto, recurren a las mismas prácticas represivas que se utilizaban durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez: amenazas de muerte, montajes judiciales, hostigamientos, señalamientos, desaparición forzada, y asesinatos. Estas agresiones sistemáticas y gene-

ralizadas revelan una campaña de exterminio que pretende desarticular al MOVICE en todo el territorio nacional: durante el primer año del gobierno del presidente Santos, las agresiones contra sus integrantes han ocurrido en 16 de los 20 departamentos del país donde el MOVICE tiene capítulos conformados.

Ni

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garantías… ni voluntad política

A raíz de este grave panorama, en noviembre 5 de 2009, durante la Audiencia realizada en el marco del último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, que trató sobre las garantías para el ejercicio de los derechos de las personas que integran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se presentó la grave situación de amenazas, hostigamientos, y judicializaciones en contra de varios de sus miembros en diferentes regiones del país. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez se comprometió a realizar una serie de reuniones de alto nivel en Bogotá en las que se discutirían los mecanismos para garantizar que la labor de las víctimas se diera en condiciones de seguridad y protección. Luego de exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno ante la CIDH, se logró la realización de una sola reunión de alto nivel que tuvo lugar el 1º de julio del 2010, convocada por la anterior Viceministra del Interior, en la que se hizo entrega de una lista de los 210 casos documentados por el MOVICE. En dicha reunión, la Viceministra se comprometió a “remitir directamente a la Fiscalía General de la Nación la documentación presentada”. Hasta ahora, El MOVICE no tiene conocimiento sobre las posibles gestiones adelantadas por parte de la Fiscalía sobre los mismos. Hay que decir que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no sólo no ha adelantado los compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los acordados en dicha reunión con varios ministerios y órganos de control, sino que además ha suspendido dicho diálogo con el MOVICE

de manera unilateral, dando claros mensajes de falta de voluntad política para reanudar estas conversaciones oficiales. Desde la visión del MOVICE, las garantías exigidas al ejecutivo no se deben limitar a garantías materiales y de asignación de esquemas, pues sobretodo consideramos que lo más importante es que el Estado asuma medidas políticas. El Estado debe comprometerse especialmente con el desmonte real y efectivo del paramilitarismo y el juzgamiento de todos los sectores que participaron de sus delitos y fines, fuese en condición de promotores, instigadores, patrocinadores o beneficiarios. Debe además garantizar un ambiente político favorable, de respeto de la labor de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales, profundizar las investigaciones por amenazas y ataques contra los miembros de nuestra organización y deben tomarse medidas para castigar a los agentes estatales que participen de alguna forma de hostigamiento a la acción de las víctimas y los defensores de derechos humanos.

Casos

emblemáticos

Aunque en términos generales se puede afirmar que la situación de las víctimas que pertenecemos al MOVICE, es bastante grave en todo el país y que la situación de amenazas, hostigamientos y ataques se dan contra todos nuestros capítulos, consideramos pertinente resaltar algunas situaciones que están totalmente fuera de nuestro control y podrían producir desenlaces fatales.

Capítulo Sucre: En el departamento de Sucre el paramilitarismo se incrustó de manera arraigada en la vida política económica y social. Desde el 2006, 35 políticos (dos gobernadores, cuatro representantes a la cámara, tres senadores y siete diputados, entre otros) han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por sus nexos con grupos paramilitares. Este fenómeno ha creado y mantenido un ambiente hostil y de desprotección para los miembros del MOVICE, quienes frente a la evidencia de la inexistencia de garantías efectivas en este departamento, no tienen confianza alguna en las autoridades de la región, y siguen siendo objeto de un sinnúmero de amenazas y hostigamientos, como los cometidos contra la secretaria técnica del Capítulo, y el asesinato de uno de sus líderes, todo ello sucedido en el último semestre.

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• Situación de la familia de Ingrid Vergara: Este es un caso que evidencia un alto nivel de persecución contra la familia Torres Vergara, quienes ejercen un liderazgo fuerte en el Capítulo Sucre, de exigibilidad de los derechos de las víctimas y de restitución de tierras. Durante el periodo de Santos han sufrido catorce (14) incidentes de seguridad, materializados en hostigamientos, seguimientos y amenazas de muerte contra su esposo, Franklin Torres y sus hijos. Actualmente Ingrid es la Secretaria Técnica de este capítulo. Cartilla de Protección del MOVICE, aún plenamente vigente.

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• Familia Verbel Rocha: miembros del Capítulo Sucre del MOVICE, quienes sufrieron la pérdida de uno de sus hermanos, EDER VERBEL ROCHA, en un atentado contra varios miembros de esta familia, donde se encontraba un menor, el día 23 de marzo del presente año. Esta familia se ha destacado por su liderazgo en la labor de denuncia contra el paramilitarismo en la región. EDER fue asesinado, por dos hombres armados, quienes sin mediar palabras le dispararon a los tres. ORLANDO VERBEL ROCHA y el menor lograron escapar del sitio evadiendo los disparos. Por este hecho hay dos personas detenidas quienes presuntamente fueron los autores materiales, sin embargo no se tiene conocimiento de los autores intelectuales del mismo. • Carmelo Agámez: Fue secretario técnico del Capítulo Sucre, hasta su injusta detención, el 13 de noviembre de 2008. El defensor de derechos humanos es investigado absurdamente por el delito de concierto para delinquir por pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar. El proceso judicial se caracteriza por sus graves irregularidades. En el mismo están investigados varios políticos de la región realmente comprometidos con el paramilitarismo. La inexplicable vinculación de Carmelo puede ser una retaliación en su contra o un mecanismo para impedir que el MOVICE se constituya como actor civil popular dentro del proceso. Actualmente continúa detenido a pesar de que su defensa ha evidenciado claramente las inconsistencias en el proceso.

Capítulo Valle: Este capítulo se ha mantenido activo a pesar del alto número de amenazas y hostigamientos en contra de sus integrantes y organizaciones pertenecientes al mismo. Dichas amenazas se han dado a conocer mediante mensajes de textos que han llegado a los celulares de la secretaria técnica y de otro integrante del Capítulo. En la última etapa ha sido una región golpeada por el paramilitarismo, que nuevamente comienza un proceso de control en la región, y por las cuestionadas acciones violatorias de los derechos humanos de la Brigada Tercera del Valle del Cauca, especialmente por su autoría de varios casos de ejecuciones extrajudiciales. • Ejecuciones extrajudiciales: El 14 de enero de 2007, en el sitio la Reforma (zona rural de Cali), miembros de la Tercera Brigada del ejército asesinaron a tres hombres que eran reconocidos en la zona por ser contratistas de pintura, siendo engañados por un reclutador que se movía en este gremio, quien confesó dentro del proceso que el ejército le pagó la suma de dos millones de pesos para que entregara a estos hombres, para luego hacerlos pasar como miembros de grupos paramilitares. Se ha llevado un proceso largo y riguroso, y hasta la fecha el ejército no ha dado una explicación clara y razonable de los hechos. El fiscal que se encuentra en el caso considera que no hay garantías, incluso para él, para continuar en el proceso. La esposa de una de las víctimas, Jenny Torres, integrante del MOVICE, y su abogado han sido amenazados en repetidas ocasiones por su lucha por la verdad y la justicia en este caso.

23 Fotografía cortesía: Familia Verbel

• Caso en Buenaventura: Paramilitares del Bloque Calima que intentan mimetizarse en nuevos grupos paramilitares vienen desplegando toda una persecución contra mujeres y niñas del municipio de Buenaventura, donde se ha aumentado la tasa de feminicidios como un mecanismo de revictimización y represalia contra esta población, por tratarse de mujeres viudas que ahora son cabezas de familia y líderes de sus comunidades. Este es el caso de las mujeres de una vereda cerca de Buenaventura quienes hacen parte del MOVICE, Capítulo Valle. Actualmente se encuentran acorraladas por los mismos paramilitares que nuevamente retoman sus comunidades para imponer el terror y generar desplazamiento en dichas zonas.

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Comité Nacional de Impulso: Los días 2 y 19 de junio del presente año, se dieron a conocer, mediante panfletos, amenazas contra varios integrantes de éste Comité, así como de otras organizaciones sociales. Estos panfletos estaban firmados por grupos paramilitares del Bloque Capital de las Águilas Negras y Los Rastrojos, donde dan un plazo de veinte días para abandonar la ciudad. Amenazas que se dan al parecer porque son organizaciones y personas que supuestamente “se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por líderes defensores de derechos humanos”. Las víctimas de estas amenazas son Alfonso Castillo, Iván Cepeda, Ruby Castaño y Rigoberto Jiménez, quienes se destacan por su liderazgo y compromiso con el Movimiento. Llama la atención que durante el periodo de Juan Manuel Santos aún persista la acción de grupos paramilitares que plantean actuar en defensa de su gobierno; pese a que el gobierno se esfuerza en presentarlas como BACRIM, estos grupos dejan en evidencia que su actuación es plenamente paramilitar, que implementan los mismos métodos, atacan los mismos blancos, actúan por iguales motivaciones y gozan de la misma permisividad de las autoridades.

Consideraciones Finales El presente informe llama la atención sobre casos e incidentes de violaciones a los derechos humanos que se

Fotografia: archivo de MOVICE

han venido presentado durante el primer periodo del Presidente Santos; observando una estrategia de exterminio que pretende un proceso de revictimización contra quienes insisten en la exigibilidad del acceso a la justicia en procesos que se adelantan contra agentes del Estado; ó que lideran procesos de restitución de tierras y de acompañamiento a comunidades, o sectores sociales que se encuentra en vulnerabilidad. Consideramos que no son suficientes las gestiones legislativas y aprobaciones de leyes como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, pues es imprescindible que estas acciones estén de la mano con el reconocimiento de la

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Fotografia: archivo de MOVICE

existencia del paramilitarismo y de su connivencia con varios agentes del Estado, y en este sentido se trabaje en función del desmonte real y efectivo del mismo. En igual sentido se comience un proceso de depuración de la fuerza pública sobre agentes que tienen algún tipo de relación con este fenómeno paraestatal. En este contexto, se hace necesario que la política gubernamental de difusión y promoción de los derechos humanos y el respeto por el DIH al interior de las fuerzas armadas del Estado, pase de ser una mera formalidad a una real implementación para garantizar el respeto por

los derechos constitucionales de la población colombiana y especialmente de la población civil. Instamos al Sistema de Naciones Unidas, al cuerpo diplomático, a la Unión Europea y demás organismos de la comunidad internacional a verificar este preocupante panorama de crisis humanitaria y de violaciones a los derechos humanos contra integrantes del Movimiento, e invitamos a ser garantes en el proceso de interlocución, frente al cual éste gobierno no ha mostrado voluntad política de reactivar dicho proceso para las garantías reales y efectivas para el MOVICE.

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Fotografía: Annalisa Piccirilli

El mercado de carbono en Colombia U na

nueva estrategia para la legalización del despojo ,

la implementación de megaproyectos agroindustriales y el lavado de imagen del sector minero - energético .

Moritz Tenthoff Corporación Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria Algunas

de las violaciones de derechos

humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo, y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir

“reformas”

radicales que habrían de traer ese ansiado libre

L

mercado.1

a acumulación del capital se basa en la adquisición al menor precio de materia prima y la reducción de costos de producción. Inherente al modelo capitalista han sido las prácticas de conquista, colonización y de imperialismo que han buscado el control territorial para asegurar esta acumulación de capital en manos de una pequeña elite mundial. La necesidad del neoliberalismo

1 “La Doctrina de Shock; El auge del capitalismo del desastre”, Naomi Klein (Paidós, 2008)

de abrir nuevos mercados2 y tener acceso a los cotizados recursos naturales, llevó durante los últimos sesenta años a la imposición del mercado libre en numerosos países, a través de institutos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la práctica sistemática del terror y decenas de intervenciones militares3. Para poder legitimar las intervenciones económicas y militares que el neoliberalismo necesita en su lógica de expansión, se requirieron luego de la caída del muro de Berlín nuevos pretextos, que la de la “amenaza comunista”. 2 La privatización de sectores que cubrían derechos fundamentales como la salud y la educación por un lado y la flexibilización laboral por otro, llevaron a un deterioro de las condiciones de vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Los nuevos sectores económicos, como el de las telecomunicaciones y el internet, generaron burbujas especulativas que mostraron otra vez el carácter insostenible del actual modelo. 3 Naomi Klein en su libro “La Doctrina de Shock; El auge del capitalismo del desastre” muestra como fue implantada la lógica neoliberal alrededor del mundo a través de una combinación de estrategias, entre las que se encuentran intervenciones militares, bloqueos e imposiciones económicos y el aprovechamiento de desastres naturales

27

28

La lucha contra las sustancias ilícitas durante los noventa fue uno de los escenarios permitió decenas de intervenciones militares, políticas y económicas en varios países de América Latina y Asia. En 1997, el Protocolo de Kyoto, fue testigo de cómo 38 países industrializados se comprometían a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2012 en una media de 5,2 por ciento con respecto a los niveles de 1990. El marco legal no atacaba las causas estructurales del fenómeno del calentamiento global, sino que permitían crear nuevos mercados como el de las emisiones de CO2, y legitimaban nuevas intervenciones alrededor del mundo por parte de empresas multinacionales, ejércitos extranjeros4, bancos y agencias multilaterales. Para las grandes empresas, el discurso de ser una empresa CO2 neutral o verde a la vez constituía una excelente estrategia para venderse a sus consumidores El comercio de emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto se presenta en dos grandes formatos: el sistema de ‘tope e intercambio’’ (cap and trade) y el sistema de ‘compensaciones’. El sistema conocido como ‘tope e intercambio” es un mecanismo que permite a gobiernos u organismos intergubernamentales como la Comisión Europea distribuir licencias para contaminar (o ‘permisos de emisión’) entre las grandes industrias de los países que han firmado el 4 El Estado Mayor del ejército canadiense aprobó en 2009 el documento “El Contexto de la futura seguridad 2008-2030”, en donde entre otras hacía referencia al papel del ejército en el contexto del cambio climático. “En todo el mundo tendrán lugar fenómenos meteorológicos cada vez más violentos y cada vez más vinculados al cambio climático que exigirán intervenciones militares, desde misiones de socorro a las víctimas de catástrofes naturales hasta operaciones de estabilización a gran escala”.

Protocolo de Kyoto.5 En lugar de cambiar su comportamiento, una empresa que contamina por encima de su “tope” puede negociar estos permisos con otras empresas que contaminan por debajo de su “tope”. En el marco de este mecanismo se estableció además la posibilidad de implementar proyectos de reducción de emisiones localizados en un país Anexo I que pueden ser usadas para el cumplimiento en el sistema de ‘tope e intercambio’”. El segundo mecanismo del Protocolo de Kyoto sigue la lógica de compensar las emisiones en vez de reducirlas a través de un mercado de bonos de carbono. Las empresas –y, a veces, los organismos financieros internacionales, los gobiernos y los particulares– financian Mecanismos de Desarrollo Limpio’ (MDL) fuera del territorio en el que se deberían reducir las emisiones de carbono. Países del listado Anexo 1 pueden compensar sus emisiones a través de MDL en países del listado Anexo 2 (los países africanos, asiáticos y suramericanos). La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) regula la certificación de los MDL que generan Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) que luego pueden ser comercializados. Los MDL tienen dos objetivos principales: por un lado las empresas de los países del Anexo 1 no tienen que bajar los volúmenes de sus emisiones, sino que podían comprar equivalentes de captura de CO2 en otras partes del mundo; y por otro lado, los MDL permiten la implementación y financiación de cientos de megaproyectos en países asiáticos, africanos y latinoamericanos. 5 Los países que han firmado el protocolo son referenciados en el mismo protocolo en un listado llamado Anexo 1 y está conformado por los países europeos, Japón, Australia y Nueva Zelandia.

Los MDL, que han sido implementados alrededor del mundo durante la última década, en su gran mayoría han sido megaproyectos económicos desarrollados por empresas minero-energéticas y organismos multilaterales. La necesidad de grandes extensiones de tierras para estos megaproyectos ha llevado a la profundización de los conflictos sobre el territorio, la militarización de los espacios civiles, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la criminalización de las voces de protesta. Durante los dos gobiernos de Uribe (2002-2010) se impulsó los mercados de carbono en Colombia desde 2002, creando un marco legislativo y promocionando, entre las empresas minero-energéticas, el gran potencial que podía tener Colombia en este mercado. La Ley 788 del 27 de diciembre de 2002 ofrecía incentivos tributarios en proyectos de reducción de emisiones de carbono a través de sus artículos 18 y 95, ampliando las oportunidades de mercado para las empresas de reforestación y las hidroeléctricas. Las ganancias que generaron los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio sólo para el año 2010 en Colombia eran de alrededor de 140 millones de dólares. Los megaproyectos presentados como proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio se están desarrollando en los sectores de energía, forestal, transporte y sus principales beneficiarios son empresas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran ISAGEN, ARGOS S.A., INCAUCA, FEDEPALMA, Empresas Públicas de Medellín, Cerrejón S.A. y EMGESA. Megaproyectos energéticos como las hidroeléctricas Hidrosogamoso y El Quimbó fueron presentados ante el Ministerio del Medio Ambiente como

MDL’s y se está considerando todavía su aprobación. ARGOS S.A. está reforestando en la zona de Montes de María miles de hectáreas de Teca en tierras que fueron usurpadas por los paramiltares del Bloque Montes de María y el proyecto ya cuenta con la aprobación como MDL por parte de la UNFCCC. Colombia es hoy en día el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos MDL registrados ante la ONU, y el número 11 del mundo. A finales de 2010 el número de proyectos Mecanismo de Desarrollo Limpio aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente eran 158. El gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo se propone que para 2014 este número haya llegado por lo menos hasta 300. Los MDL y el mercado de carbono en Colombia se presenta como otra estrategia de empresas y del gobierno colombiano para poder legalizar el despojo de millones de hectáreas de tierras, presentando los megaproyectos que en ellas se desarrollan como benévolos para el medio ambiente. A la vez la UNFCCC y organismos multilaterales han mostrado el interés de ampliar los mercados de carbono e incluir proyectos de “conservación” en comunidades indígenas y afrocolombianas, como también en parques naturales, lo que permitiría la entrada del mercado a unos territorios que hasta la fecha siempre habían resistido su mercantilización. El estímulo al sector forestal durante el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos y la apertura por parte de Naciones Unidas de aprobar estos proyectos como MDL prevé, una fuerte expansión de plantaciones forestales en zonas de conflicto y con la financiación que generan los mercados de carbono. El control territorial que generan estas plantaciones

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30 a largo plazo, entre otros por el hecho de dejar improductiva las tierras y porque los proyectos son de mínimo 25 años, buscan consolidar y legalizar la concentración de tierras que se ha establecido a través de la violencia durante los últimos 20 años. En este contexto es de suma preocupación que la organización ambiental colombiana Fundación Natura, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio del Medio Ambiente y el Global Environment Facility (GEF)6 hayan hecho un portafolio de proyectos forestales que cubre alrededor de 95.000 hectáreas de proyectos de reforestación que estarán incluidos al mercado de carbono.7 6 El GEF está conformado entre otras por diez agencias de financiación, como el Banco Mundial y el BID, ha financiado desde su fundación en 1991 más de 9.5 mil millones de dólares en proyectos. 7 Portafolio de Proyectos de Carbono Forestal (Consultoría 2A) noviembre 16 de 2010.

Las organizaciones campesinas y comunidades indígenas y afrocolombianas desde la movilización y con el acompañamiento de acciones jurídicas y políticas han podido frenar varios de los megaproyectos que se han querido implementar con el apoyo de la UNFCCC y la financiación de los mercados de carbono. Desde sus múltiples resistencias las comunidades han desenmascarado el discurso del mercado de carbono con el que el gobierno colombiano, embajadas de países europeos y empresas nacionales e internacionales han buscado entrar a sus territorios. Como dice un campesino de los Montes de María que está decidido a defender su tierra frente a las plantaciones de Teca de la empresa ARGOS, “El azadón es mi arma, la tierra mi munición. De aquí no me voy y si me toca defender mi tierra con la vida, que así sea”.

La pesada y bellacruz que llevamos a cuestas. (Una

lucha de

100

años que aun tiene generaciones que la resisten).

Camilo Álvarez Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad

E

l caso de la hacienda Bellacruz no es tan distinto a las otras miles historias de despojo, que entremezclan distintos elementos como: paramilitares, agroindustria, ganadería extensiva y clase política regional, es por demás uno de los casos más documentados durante la década de los 90’s y que tuvo mayor resonancia por su efectividad en la lucha de las campesinas y los campesinos, que al final en su mayoría fueron reubicados. Se conoce además como uno de los casos insignes en haber desenmascarado lo que los medios fueron nombrando como “parapolítica”. A través de la experiencia de la comunidad de Bellacruz se logró revitalizar buena parte de la solidaridad internacional y se fueron madurando estrategias para la presión y denuncia en los estrados internacionales; a su vez se aportaron bases Se

Bellacruz es una realidad que sintetiza la larga duración del conflicto por la tierra en nuestro país, como se conjuga la relación entre terratenientes, paramilitarismo (en todas sus versiones) y poder político; de sus lecciones también aprendemos que las “reformas” que se han implementado en 100 años, son tímidas, en muchos de los casos son apenas un maquillaje frente a un modelo que se consolida. Entre muchos casos, Bellacruz vuelve a mostrar que la lucha campesina se mantiene y que las disposiciones del Estado, cuando éste ha tenido voluntad

25.000 hectáreas que durante 80 años acumuló fraudulentamente la familia M arulanda G rillo en los hoy municipios de Tamalameque, Pelaya y La Gloria en el sur del departamento del Cesar. Durante casi tres generaciones la familia M arulanda G rillo usurpó a los campesinos y campesinas de la región sus tierras para consolidar su emporio . conoce por hacienda

Bellacruz

para afirmar que lo que se nos aproximaba a comienzos de la década de los 90’s, como estrategia paramilitar a nivel nacional, era un proyecto ligado a los territorios y al despliegue del capital y no solamente a la eliminación de la “oposición política”.

al predio de

31

32

política, sólo alcanza a brindar un mínimo porcentaje de las exigencias y demandas legítimas de la población.

de las familias que organizaron los sindicatos campesinos y la vieja ANUC línea Sincelejo.

Luego de 80 años de historia, se abre un nuevo capítulo en Bellacruz. Parte de las familias herederas de la lucha de Eloisa Corrales, quienes poseen títulos desde la corona española, ratificados por la reforma de Lleras en los 60’s y por disposiciones del extinto Incora en los años 80’s y 90’s, han decidido volver a reclamar lo suyo; bajo la sigla de ASOCOL, alrededor de 70 familias, con miles de folios bajo el brazo, regresaron para exigirle a las instituciones responsables de la política de tierras y el campesinado.

Al llamado y convocatoria de lucha por la tierra, vuelven a emerger las nuevas generaciones y las viejas sabidurías que se gestaron en la región.

Poco a poco, han forjado una nueva estrategia que reaviva la lucha por su territorio, y que a la vez vuelve a desnudar la manera en la que los terratenientes se han adecuado a los cambios generales de las políticas del agro y el mundo del campo, acompañados sistemáticamente por el uso de la violencia y la justicia privada. Cuando decidieron a regresar hace aproximadamente dos años, encontraron que en la zona se mantienen buena parte En

los años

‘30’

arribó a la región

quien a partir de un plagio a la misma

Cercados por la combinación de terratenientes y paramilitarismo, han surgido organizaciones de desplazados y desplazadas, del campesinado, de víctimas del terrorismo de Estado que le apuestan al retorno, a la condición irrenunciable de vivir dignamente en su territorio. Así, evadiendo las nuevas trampas del asistencialismo, de la demagogia de la política tradicional y resistiendo al control paramilitar, se pueden ver de nuevo en la zona, asambleas, reuniones de comités y escenarios de movilización, como el paro organizado por las asociaciones de desplazados y desplazadas el año pasado en Pelaya. Desde la emisión de la resolución 1551 de INCORA en 1994 que admitió como baldíos de la nación buena parte de la hacienda Bellacruz, las comunidades saben que cuentan con la argumentación jurídica y legal para acceder a sus terrenos.

Carlos Marulanda Grillo, funcionario de la Aduana, institución, donde laboraba, compró una cabeza de playa

en la región; en conjunto con las autoridades de la región emprendió un plan sistemático de desalojo mediante mecanismos policiales y jurídicos (sacrificaba sus propias reses y enterraba los cueros en los predios de los campesinos para acusarlos de abigeato); los campesinos y las campesinas de la región se enfrentaron al nuevo terrateniente, disputando el terreno legalmente; las familias esos días donde el

Corrales, Galvanez

Estado

y

Rizzo

conservan la memoria de las luchas de

se erigía como el protector del nuevo dueño, las trampas legales y

la persecución policial logró que buena parte de la comunidad de la región fuera expulsada, otros fueran empadronados y vinculados laboralmente a la hacienda y otros pocos como la familia

Corrales

mantuvieran sus títulos viviendo en la zona.

A finales de los años 40’s, luego del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, llegaron los Chulavitas a la región, desplazando a los campesinos y medianos propietarios liberales; buena parte de los que se habían mantenido

Marulanda, fueron entonces desplazados de esta manera; entre ellos don Luis Corrales, líder de tal oposición, Su familia y otras tantas se escondieron en la Sierra del Perijá hasta el año 1953, cuando Rojas Pinilla prometió que la persecución iba a parar. La familia Corrales esta vez en cabeza de Eloisa, una de las hijas de don Luis, continuó la lucha por su tierra, para esa época constituyeron sindicatos campesinos en Ayacucho: San Bernardo y Simaña; también se destacaba otro líder Jesús Perroni Navarro. en resistencia frente a la familia

Sin embargo, durante esos cinco largos años, Carlos Marulanda, habiendo emparentado con la familia Ramírez, clan conservador con ascendencia en la región, no sólo pudo mantenerse, sino que consiguió ampliar aún más la hacienda, controlar el poder político y ser uno de los “mandos” regionales de la misma policía Chulavita que había enviado del poder central. Los Corrales esperanzados en las promesas de Rojas Pinilla y el papel del ejercito luego de la “Violencia”, regresaron tocando todas las puertas institucionales sin respuesta, el ejército fue su última búsqueda, allí encontraron al general Duarte Blum compañero de armas de Rojas Pinilla quien se había convertido en otro de los nuevo dueños de tierras de la región y se había aliado con

Así

Marulanda.

la resistencia de los campesinos y las campesinas se

complicó pero nunca claudicó.

Fotografía Bella Cruz cortesía: Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad

33

A

comienzos de los años

gobierno de

60’s,

Lleras Restrepo

el

intentó

dejar una marca que abriera o al menos no cerrara del todo las compuertas al campesinado y llevó adelante unas cuantas reformas que apuntaban a devolver una parte de las tierras, brindando espacios de colonización en otras, que fueron alineando al campesinado a

Sin embargo, la resolución al igual que otros fallos a favor de las comunidades de la región, no aplican en la zona. El control paramilitar y las políticas de la “nueva ruralidad” se campean en la hacienda y todo el sur del Cesar. La poca efectividad de la resolución se ratificó con la emisión de una nueva en febrero de este año, reafirmando que en la hacienda Bellacruz existe posesión de la sociedad MR Inversiones de baldíos de la nación. En las visitas que la comunidad ha hecho al terreno se han encontrado con nuevos ricos en sus parcelas, casas de recreo, camionetas último modelo y hasta familias de cantantes vallenatos en la zona.

En los baldíos crecen con una separación de dos metros miles de palmas definitiva. La familia Corrales, aceiteras. La nueva cara de MR Inversiones tiene por demás nuevas alianzas, que se había mantenido bajo los nuevos socios que ayudan a limpiar la cara de las tragedias que acompañan principios Liberales, logró al menos Bellacruz y a la vez reproducen el despojo, la impunidad y el crecimiento el reconocimiento de la problemática económico a costa de las familias campesinas. de la hacienda Bellacruz; bajo la Las empresas Frigorífico “La Gloria” y Dolce Vista se engrandecen en los ley de Lleras, Eloisa Corrales y las predios de la hacienda, siendo propiedad de la familia Marulanda la primera familias que lideraba arrebataron con donde se procesa y comercializa la carne de las reses que rumean en buena el respaldo del INCORA, 9.000 parte de las 15 mil hectáreas que al menos formalmente desde los 90’s tiene hectáreas a la hacienda Bellacruz; en la hacienda Bellacruz. esos terrenos ella y unos cientos de sabiendas que no era una reforma

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Pelaya,

De la “Dolce Vista” se vanagloria el potente industrial Colombo- Brasilero, que sigue siendo un estandarte de la Germán Efromovich, el mismo que se apropió de Avianca la principal y casi lucha campesina. Las comunidades única aerolínea del país; en su mirada la inversión en palma aceitera y el campesinas lograron entonces sus control de las tierras en el país es parte de una estrategia a largo plazo para parcelas; sin embargo, el pleito se su enriquecimiento. En la primera inspección institucional solicitada desde mantuvo por 2.000 hectáreas, las nuevas gestiones de las 70 familias agrupadas en ASOCOL muy poco ha que correspondían a un baldío de cambiado, hay presencia del Ejército, los testaferros de la familia Marulanda la nación, las y los campesinos lo a quienes se adjudicó tierra como campesinos por parte del INCORA, la peleaban para las y los campesinos; la infraestructura de MR Inversiones y la seguridad privada deambulan por las familia Marulanda lo peleaba como tierras de los campesinos y campesinas. propiedad y parte de la hacienda.

liberales fundaron el pueblo de

Fotografía: Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad

A

la muerte del patriarca, los hijos y las hijas del hacendado, crearon la sociedad

MR Inversiones y el control de la hacienda recayó principalmente en Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda Ramírez. Político, empresario y diplomático el primero, ascendió en las toldas del partido Liberal luego de estudiar en Harvard y Cambridge para ser Ministro de Desarrollo durante el Gobierno de Virgilio Barco y luego embajador ante Bélgica y la Unión Europea; del segundo, los campesinos sólo supieron que vivió en Estados Unidos un buen tiempo, que luego regresó a Barranquilla y que predicaba síntomas de una religión evangélica que defendía la propiedad y la justicia privada. Gabriel López y Gumercindo Buelvas fortalecieron los sindicatos campesinos y la ANUC línea Sincelejo; desde el año 1987 se adelantaron ocupaciones de tierra en las hectáreas baldías en disputa, desde la década de los 60’s, más de 280 familias ocuparon y crearon caseríos y veredas en las tierras que había sido peleadas por sus padres. La familia Marulanda con toda la influencia en el Estado y la injerencia directa sobre la policía de la región y el Batallón Ayacucho que se acantonó en la hacienda durante esta época, mantuvo los hostigamientos a los campesinas y campesinas ocupantes: desalojos, quemas de cultivos, detenciones permanentemente. En el año 1989 fueron asesinados Gabriel y Gumercindo por sicarios que se transportaban en carros de la hacienda, muchos de los y las líderes que surgieron al calor de los sindicatos campesinos y la ANUC línea Sincelejo salieron desplazados de la región; ya se engendraba una nueva forma de “chulavitas” en la región “Los paramilitares”. La

organización campesina se renovó.

Eloísa Corrales

y otros líderes como

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En

la década del los

90’s,

las familias que persistían en la titulación mantuvieron una estricta dinámica

organizativa que respondía por

13 veredas; En 1994 el INCORA reconoció la existencia de siete baldíos

(Los Bajos, Venecia, San Simón, Potosí, Caño Negro y María Isidra) que hacían parte de Bellacruz y en la que vivían y trabajaban al menos 170 familias de campesinos ocupantes.

la hacienda

Agotadas las posibilidades para mantener su propiedad en instancias legales, la familia Marulanda volvió a echar mano de su vasta experiencia en justicia privada, esta vez según la misma comandancia de Policía de Aguachica, se supo de relaciones entre la familia Marulanda y el esmeraldero Víctor Carranza. Desde comienzos del año 1996 un grupo paramilitar bajo las órdenes de Francisco Alberto Marulanda Ramírez y en total articulación con las fuerzas militares, desplazaron las familias ocupantes de los baldíos y persiguieron las familias asentadas con titulación de INCORA. La respuesta de las autoridades locales fue nula, el gobernador de ese entonces era el ahora expresidiario congresista Mauricio Pimiento.

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Fueron asesinados Eder y Eliseo Narvaez Corrales, hijos de Eloisa y otros líderes como los hermanos Dinael, Diosenel y José del Carmen Toscano. Diosenel era el presidente de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos, que orientaba la ocupación de los baldíos y los comités campesinos veredales. En totalidad la arremetida paramilitar en contra de las comunidades organizadas en las 13 veredas cobró la vida de medio centenar de campesinos y campesinas, además de varias familias exiliadas. La

Cesar se sostuvo; alrededor de 80 familias lograron su INCORA; otros se desplazaron a otras regiones del país llevando consigo la memoria y la experiencia de lucha; otros más se mantuvieron en la zona esperando el mejor momento para volver a alentar la lucha por su hectáreas de tierra reconocidas en títulos de hace más de 100 años, pero sobre todo porque llevan en sus cuerpos, en sus vidas algo no que se encuentra en títulos, ese es su territorio. lucha campesina de esta zona del sur del

reubicación con presión al

Luego de casi 100 años de historia, la memoria que habita en estas comunidades; va forjando nuevos pasos, bajó la conducción de ASOCOL, lograron que se inscribiera unas 1.000 hectáreas de la finca en el plan de choque de restitución de tierras; con títulos de hace más de 100 años. No es más que la restitución de los predios que vio Eloisa Corrales legalmente en sus manos en la década de los 60’s,

pero ellos y ellas saben que si se logra de nuevo esa porción de terreno, habrá toda la voluntad de los hijos y las hijas de las familias campesinas para levantarse en contra del latifundio, recogiendo las banderas por la tierra y el territorio por la vida digna, en honor y consecuencia a Eloisa, Gabriel, Gumercindo, la familia Toscano, los Narvaéz, a todos y todas, campesinos y campesinas de esta tierra.

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Fotografía Bella Cruz cortesía: Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad.

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Ríos de memoria, afluentes de justicia H-Escuela Nacional

de

Hijos

e

Hijas

H

ijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad nos encontramos adelantando desde un proceso de formación, la campaña nacional: Ríos de memoria, afluentes de justicia, con la cual buscamos generar memoria larga y colectiva para la acción transformadora, el rechazo social a la impunidad reinante en el país, la construcción de apuestas para la concreción de la justicia y proposiciones para alcanzar la paz. Ratificados en la necesidad de hacer memoria y que la justicia se haga real, creemos necesario que Colombia se piense desde su pasado. Pensarse desde el pasado nos invita a trabajar por la memoria, conceptualizada como un potencializador de la lucha y la transformación social; como una posibilidad de mirar con ojos críticos y constructivos la historia de nuestros padres y madres; y como un escenario de larga duración que nos permita contextualizar y entender la situación actual de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, afrocolombianas, las mujeres, la izquierda, los movimientos sociales y los sectores económicamente excluidos del país. La memoria, como memoria larga, como motor de lucha y como horizonte de criticidad, es el espacio

por la

Memoria

y contra la Impunidad

desde el cual le apostamos a la escritura de una historia y de una acción colectiva alternativa en el país. Para nosotras y nosotros es requisito indispensable la construcción de una sociedad en paz, en la que las colombianas y los colombianos construyamos una nueva ética por la vida y las diferencias. Pensamos que es fundamental generar procesos sociales de rechazo a la impunidad, capaces de censurar la violencia y el terror de nuestra historia política, y le apostamos a generar conciencia sobre qué es justicia y cómo se materializa. Al tiempo, que acompañamos procesos legales de aplicación de justicia, consideramos fundamental caminar hacia la construcción colectiva de nuevos arreglos éticos, políticos y de bastiones de la vida en sociedad como la justicia. Ríos de Memoria, Afluentes de Justicia, hace parte de estos esfuerzos por otra historia y otra justicia. Como generación estamos empeñados y empañadas en aprender del pasado, en buscar ser consecuentes en el presente con lo que consideramos un llamado y una opción individual marcada por la historia, y a dejar sembradas semillas de emancipación, justicia y memoria para el futuro. La

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Por otra parte, problematizando el ambiente electoral, en Santa Marta lanzamos como candidato a la alcaldía a Jaime Bateman para el periodo 2011-2014. Con esto estamos haciendo un llamado a transformar la forma de entender la política y la dinámica electoral en la región, además de realizar un ejercicio de memoria de las luchas de la izquierda, partiendo de un ícono como Bateman y otros líderes sociales y políticos que hacen parte de la terna.

Fotografía cortesía de: Colectivo Dexpierte

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campaña se lleva a cabo en las distintas regiones donde está presente el movimiento. En Bogotá queremos dar cuenta de la impunidad existente frente a las desapariciones forzadas, la permanencia de la tortura como una estrategia de terror y las afectaciones de género que caracterizan estas vulneraciones de derechos humanos. En Barrancabermeja buscamos visibilizar la lucha obrera por medio de los archivos fotográficos que se encuentran en la Unión Sindical Obrera –USO, con la idea de recuperar el tejido social que la USO ayudó a construir y dar cuenta de esta manera de los cambios generacionales ocurridos en la ciudad a través del tiempo. Como ha sido común en otros lugares de Colombia, en Bucaramanga los falsos positivos judiciales y la persecución ha sido una estrategia para desactivar los procesos de lucha social. Por eso, en esta ciudad damos cuenta de la judicialización y penalización de procesos sociales y políticos en lo que corresponde al período 1980- 2010.

En Barranquilla estamos visibilizando los asesinatos selectivos en contra de sindicalistas, reconstruyendo sus vidas, obras, luchas y aportes a los procesos sindicales de los que hacían parte, pero también a la otra sociedad sonada y buscada por ellos y ellas. En el Cesar nos pensamos desde una memoria de más larga duración, por lo cual partimos de los procesos étnicos indígenas y afros, y de las comunidades campesinas, a través de documentales producidos sobre estas luchas. Allí

Fotografía cortesía de: Colectivo Dexpierte

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Fotografía cortesía de: Colectivo Dexpierte

nos interesa evidenciar los procesos de resistencia a los megaproyectos, al despojo de la tierra y al conflicto. También se pretende generar auto-reconocimiento y pertenencia cultural y subvertir la producción audiovisual tradicional. En el Eje Cafetero estamos realizando acciones de memoria colectiva. Entre estas, está la conmemoración de los 15 años de las desapariciones forzadas ocurridas en el municipio de Carmen de Vivoral, Antioquia, el 26 de noviembre. También se viene llevando a cabo la acción de memoria en la Comuna 13 de Medellín por la “Operación Orión”.

Estas campañas son parte de Ríos de Memoria y Afluentes de Justicia y buscan recordarle al país las luchas de la izquierda y los movimientos sociales, que seguimos en pie de resistencia y construyendo propuestas de presente y futuro, así como las vulneraciones de derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en Colombia. Lo que obligan a pensar desde dicha realidad opciones para una paz que sobrepase el cese de los fusiles y acuerdos entre las élites responsables de la guerra, las mismas que nos desconocen como actores políticos para definir nuestro futuro.

Para ampliar la información o para adherir a la campaña: [email protected]

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Fotografias: Cor tesía del Capítulo Valle del MOVICE

Memoria, silencio y acción psicosocial. Reflexiones sobre por qué recordar en Colombia Julián Carreño Integrante del Equipo Técnico Nacional del MOVICE

D

esde las últimas décadas hasta nuestros días, la memoria ha ocupado un lugar importante en los discursos intelectuales de la academia colombiana. Si bien es cierto, como lo planteara Andreas Huyssen (Presentes pretéritos: medios, políticos y amnesia. 2002) que acontecimientos no menores como la caída del Muro de Berlín, y lo que se llamó en algún momento el desmoronamiento de los grandes relatos, conllevaron a trasladar la mirada hacia el pasado, también lo es, como lo dilucida él mismo, que asistimos a un “boom de la memoria”, cuya consecuencia inmediata se vislumbra en el auge de ésta al interior de las comunidades académicas, memoria incorporada todavía desde una insularidad parcial o, en algunos casos, total con el mundo socio-político. Es en este sentido, desde donde pudo haber surgido la reciente publicación Memoria, silencio y acción psicosocial. Reflexiones sobre por qué recordar en Colombia, un esfuerzo que brota en el seno mismo de la academia, pero a partir de

cierta disidencia, cierta “epistemología de la colaboración” (Castillejo, 2009) y quizás, cierta “militancia de la memoria” (Ángel del Río Sánchez. 2008). Sus editores: Julio Roberto Jaime Salas, Edgar Barrero Cuellar y Claudia Girón, se aventuran en un trasegar que desafía a los discursos académicos lejanos todavía de tener una mirada amplia de la realidad social y política del país. El primer capítulo, La memoria contra el olvido en Colombia, problematiza la tensión entre memoria y olvido, así como sus consecuencias ineludibles para un país en donde persiste la impunidad y el conflicto social, político y armado. Contiene tres artículos provocadores. El primero se titula Iluminan tanto como oscurecen: de las violencias y las memorias en la Colombia actual, del profesor, antropólogo e investigador Alejandro Castillejo. Más que una reflexión sobre la diversidad de estudios de la memoria, se requiere, según el autor, comprender la violencia sociopolítica del país desde el punto de vista de las articulaciones con el pasado.

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Una pregunta entonces que se hace Castillejo es la siguiente: ¿cómo las sociedades enfrentan su pasado? Plantea dos escenarios, a saber: por un lado, desde el esclarecimiento en momentos de transiciones políticas (es interesante el llamado a la crítica que hace el autor en torno a la transicionalidad, entendida ésta como el tránsito de una sociedad en conflicto socio-político a otra cuya violencia política ha cesado, pues según advierte, en el caso de Sudáfrica, pese a que se abolió el Apartheid, no se indagaron las razones de fondo de los crímenes, so pena de derruir la unidad nacional y la reconciliación, lo que redunda en la injusta distribución actual de la tierra) materializados en las investigaciones históricofactuales de las comisiones de la verdad; por otro lado, en las actualizaciones del pasado, caso de las comunidades de sobrevivientes. Algunos elementos de reflexión que deja el autor están referidos a la encarnación de la memoria en el ser humano para que haya de esta suerte lo que llama una articulación de sí, es decir, una construcción de sentidos sociales del pasado, que nos permita como colombianos y colombianas comprender las causas de fondo y de estructura de la violencia sociopolítica, desde el retorno a lo cotidiano. En este sentido, la academia debería tener como cimiento una “intelectualidad vigilante” y un “activismo teórico”. El segundo artículo de este capítulo se titula De la memoria ingenua a la memoria crítica: nueve campos reflexivos desde la psicología social de la liberación. En este texto el investigador y director de la Cátedra Ignacio Martín Baró, Edgar Barrero, indaga sobre la experiencia de la memoria desde la óptica de su significado en el marco de las presencias o de ausencias

de la misma; así como las valoraciones que se hacen a partir de ella. Su crítica se circunscribe a la psicología social de la liberación y, por consiguiente, a los efectos que tienen, entre otros aparatos de poder, los medios de comunicación en la conciencia crítica de los sujetos. Es quizás por esta razón que decide acercarse a Paulo Freire en cuanto a los niveles de conciencia y sus efectos “al interior de la estructura histórico-social”. Según la forma como se significa la experiencia vital existencial, la organización de los sistemas cotidianos de interacción y comunicación, la posición del sujeto en el entramado social y los sistemas ideológicos en los que participa el sujeto, estarían tres niveles de conciencia: una memoria ingenua, en la que ésta se desconoce a sí misma y prefiere sumergirse en las lagunas del olvido conducido; otra memoria mágica, en la que se reconocen los hechos históricos, aunque atribuyéndoselos a deidades míticas ante las cuales no hay nada que hacer; es aquella que causa la impotencia de la acción; y una más, la crítica, cuyo quehacer consiste en auscultar las causas de lo sucedido como posibilidad de transformación social y política. El tercer y último artículo de este capítulo, Las memorias como clave para superar el marasmo, del psicólogo Nicolás Armando Herrera, realiza una indagación interesante sobre lo que sucede en Colombia desde el punto de vista de la psicología social; esto es, naturalización de la guerra, fatalismo histórico y una lógica exacerbada del presentismo o del “aquí” y el “ahora”. Según el autor, la memoria ha tenido unas ciertas transformaciones en el ámbito de los discursos académicos y cobra especial relevancia desde Durkheim a Halbwachs, cuando resulta posible la reflexión sobre memoria

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colectiva, memoria de masas y memoria histórica. En este sentido Herrera detecta dos grandes tensiones: una, entre memoria y olvido; otra, entre memorias hegemónicas y disidentes.

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Un segundo capítulo se titula El rol de las ciencias sociales: recuperación de la memoria histórica y reparación integral de las víctimas. Allí el reconocido historiador colombiano Mauricio Archila, en su reflexión sobre La historia hoy: ¿memoria o pasado silenciado?, enfatiza la posición del recuerdo en el individuo; éste es el portador inmediato del la memoria, pero en realidad son los grupos sociales la que la determinan. Archila reflexiona sobre el sentido de la historia para los historiadores en esa tensión entre modernidad y posmodernidad, tensión que ha marcado las discusiones académicas de este campo disciplinario, sobre todo en las últimas décadas. Aunque Archila no se centra en esta discusión, en cambio sí exhorta a superar “la insularidad de nuestra academia y a mantener viva la memoria”, en vista de que “acallarla es prácticamente arrancarnos la piel”. En este capítulo también aparece la reflexión del psicólogo Armando Aguilera, en el texto El silencio impuesto a la recuperación de la memoria: una propuesta de la atención psicosocial a víctimas de violencia sociopolítica en Colombia, en donde el autor hace evidente el surgimiento, en la década de los noventa, de la indagaciones sobre los problemas individuales, sociales, culturales, económicos y políticos generados por el clima de la violencia. Según él, los psicólogos que intervienen en casos de violencia sociopolítica, desde sus avances y retrocesos en los análisis y las capacidades de interactuar con la realidad colombiana, deben propulsar

propuestas de intervención psicosocial que apuntalen a la construcción de procesos organizativos, educativos y terapéuticos. En un tercer capítulo titulado Memoria, historia y futuro en Colombia, aparece un texto que todavía hoy y más que todo hoy tiene plena vigencia. Se trata de la introducción del primer informe Colombia Nunca Más, del sacerdote Javier Giraldo y que se tituló Memoria histórica y construcción del futuro. Allí el padre Giraldo enfoca su mirada hacia la estrategia de “perdón y olvido” por parte del establecimiento político, presentada en su esencia para evadir la responsabilidad del Estado colombiano en los crímenes de lesa humanidad. Estrategia por lo demás difusa e inmoral que convierte al olvido en una nueva agresión contra las víctimas. Recuerda el padre Giraldo que no hay que temer al hecho de que la memoria parta de la interpretación del pasado, cuestionando los postulados o pretensiones de objetividad, que le restarían supuestamente su carácter de rigor científico. Sucede más bien lo contrario: es precisamente su carácter experiencial y subjetivo lo que la humaniza e invita a salvaguardarla, bajo la convicción inexorable de que la derrota de las víctimas no es definitiva. Otro tanto puede decirse del artículo La memoria como constituyente de identidad social y colectiva de la escritora y periodista Maureén Maya. La escritora presta énfasis en que la memoria no sólo se sostiene en recuerdos autorizados inscritos en valores simbólicos, a través de monumentos, calles, escuelas, entre otras, sino que estos lugares del recuerdo logran trascender sólo si conjuran el odio y consiguen resarcir a las víctimas.

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Fotografias: archivo de MOVICE

Un artículo que cobra especial relevancia es el escrito por los profesores universitarios e integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Claudia Girón y Raúl Vidales, y que titulan El rol reparador y transformador de la memoria: de la eficacia simbólica a la acción política colectiva. En este artículo los profesores no sólo realizan una elaboración académica, sino que además ponen a flor de piel su sensibilidad como defensores de derechos humanos, como “militantes de la memoria”, lo que les permite de facto rechazar la idea inicial de que nos encontramos en un contexto transicional. Es imposible hablar de transición política en Colombia, expresan, bajo la existencia del conflicto interno vigente.

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Los autores en este sentido prestan hincapié en los mecanismos de poder que han permitido una falsa valoración del conflicto interno colombiano, evidente en un ambiente social del olvido, la pervivencia de la impunidad y la desarticulación del tejido social. En consecuencia, recalcan la importancia de la memoria colectiva como forma de organización y lucha política de las víctimas, a través de las estrategias audiencias ciudadanas y galerías de la memoria del MOVICE, estrategias que buscan esclarecer lo sucedido, las razones bajo las cuales fueron victimizadas, los responsables de los crímenes, por citar algunos de sus objetivos, que son a su vez parte de los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y las Garantías de no Repetición. Desde Maurice Halbwachs,

plantean dos marcos sociales en el caso de las víctimas de crímenes de Estado: 1. Hitos de la violencia, que marcaron la vida del país. 2. Generación de sentido y pertenencia para mantener viva la memoria de los ausentes. Por último, encontramos el texto de Nelsón Molina y Diana Carolina Páez, quienes lo han titulado La memoria colectiva, una ética del futuro. En este texto los autores hablan de la memoria como aquella que está inscrita en transformaciones permanentes, acciones selectivas y consecuencias relacionales. En esta dirección destacan tres aspectos en particular: factores sociales, la temporalidad de la memoria y los medios implicados, todos ligados a las peculiaridades culturales. Pese al esfuerzo que hacen los escritores de tomar en cuenta, incluso a quienes no quieren recordar, es de destacar que esta apertura a los diálogos de memorias, podría también incentivar una omisión, de no plantearse críticamente, en torno a las razones por las cuales el olvido ocupa hoy un lugar social predominante. Este libro es, en definitiva, de obligada lectura por estos días. Confiere un lugar para nuestro destino como país y como nación. Hoy en día que nos vienen los vientos aciagos de la ley de víctimas y de tierras, con la consiguiente titulación del despojo, y que muchos han recibido bajo la ilusión de una brisa fresca, este libro nos recuerda por qué es importante no olvidar en Colombia.

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Cine y memoria histórica R eseña : R etratos

en un mar de mentiras , de

C arlos G aviria Renata Cabrales Capítulo Bogotá MOVICE, ANDAS

La violencia histórica, sistemática y generalizada en la que está sumergida la sociedad colombiana nos ha impuesto la cultura del miedo. Miedo que nos obliga a olvidar y a callar. Esta cultura, además, es alimentada constantemente por los medios masivos de comunicación que son los encargados de maquillar las monstruosidades cometidas por el Estado a través de la historia de un país que ha sufrido los estragos de una guerra sucia desde hace, al menos, sesenta años.

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Algunos sectores sociales han padecido en particular los impactos de la guerra, ya que han sido estigmatizados por agentes del Estado como enemigos de éste; tal es el caso de los defensores de derechos humanos, organizaciones campesinas, sindicalistas, entre otros. Pero esto no es todo. Lo realmente preocupante es que las estrategias de exterminio que se han llevado a cabo contra dichos sectores específicos de la sociedad, son justificadas como una necesaria limpieza social, por ser considerados una amenaza para las políticas de dicho Estado. Ante la injusticia social, las víctimas han hecho toda clase de intentos por hacer visibles sus problemáticas con el fin de contribuir a la construcción de la memoria histórica del país. Pero las políticas del Estado colombiano no ofrecen las condiciones para la construcción de esta memoria histórica. Además, encontramos los medios masivos de comunicación encargados de reproducir y legitimar las políticas de seguridad del Estado y mostrar a los colombianos y las colombianas una realidad completamente distinta a la que vivimos, invisibilizando y justificando las aberraciones cometidas por los agentes del Estado colombiano, logrando el objetivo de anestesiar el resto de la sociedad ante estos hechos monstruosos.

Es por eso que la academia y el arte en general, desempeñan un papel fundamental en la reconstrucción y el cultivo de la memoria. Se puede decir que, al ser la realidad un punto de partida para la creación de cualquier obra de arte pero, más aún para el cine, por ser de carácter más popular que el resto de las artes, se logra transmitir de forma casi inmediata un mensaje de carácter social que tiene como fin la defensa de los derechos humanos, cultivar la memoria histórica y hacer visible una realidad que ha sido maquillada por los medios corporativos de comunicación en nuestro país. Desde los comienzos del cine, muchas películas se han caracterizado por su temática social y política, esto se evidencia en la cinematografía de personajes como Fritz Lang y Sergei Eiseinstein, por mencionar un par de ejemplos. En el caso latinoamericano se puede mencionar el papel de Nuevo Cine Latinoamericano, que nació de la necesidad de algunas naciones por conformar el testimonio cinematográfico de sus realidades; también cabe mencionar el caso de España, donde el cine ha servido de medio para que algunos directores hagan visible la terrible realidad que vivieron durante la época del franquismo. Es por eso que el arte de la imagen debe constituir un buen medio de expresión artística para la defensa de los derechos humanos y sobre todo para el cultivo y la construcción de la memoria histórica de un país que ha sido golpeado por tantas guerras. El arte, pero sobre todo el cine, por su carácter popular, como ya mencionamos, no debe hacerse el de la vista gorda en una sociedad como la colombiana, donde la violación de los derechos humanos es el pan de cada día. El cine

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Fotografía Dario Ghilarducci

debe evidenciar esta realidad que los medios oficiales de comunicación se encargan de ocultar, sembrando con esto la indiferencia en un gran porcentaje de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia

Un país, donde, según su manera facilista de solucionar los problemas de índole social, es tomar el camino fácil y no “dar papaya”. Un lugar donde la violencia se justifica si no eres un buen cristiano ya que este es país de “El sagrado corazón”.

No en vano existen personajes ingenuos a la manera de Jairo el protagonista de la película Retratos en un mar de mentiras de Carlos Gaviria, tema a tratar en este escrito. Personajes como éste, tienen una idea errada del país en que vivimos, ya que según ellos, Colombia es un gran “vividero”.

Nuestro país, un “vividero” donde los militares son niños que juegan a ser superhéroes y a parecerse a los superhéroes de Hollywood, a través de los cuales el gran imperio nos ha vendido su imagen de salvador del mundo y que, gracias a su ayuda para combatir la insurgencia y el

narcotráfico, Colombia es un Estado Social de Derecho donde prevalece la política de seguridad democrática. Retratos en un mar de mentiras narra, al mejor estilo Road movies, el viaje de dos primos, el “gracioso” Jairo y la “loca” Marina. Los dos primos parten desde la Bogotá donde predomina la indiferencia de su gente, recorriendo hermosos paisajes en donde, de vez en cuando, se asomaba una familia desplazada a pedir limosna, pero ésta resultaba opacada por ese vividero bonito del cual hacía alarde Jairo.

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Finaliza en la Costa Caribe este recorrido que muestra poco a poco la realidad de un país azotado por la violencia, realidad que la limitada cámara de Jairo no logra captar. Una limitación impuesta por el personaje, ya que según su forma de ver las cosas, Colombia es un país bonito que hay que disfrutar y según él, lo mejor que Marina debe hacer es olvidarse de sus traumas del pasado. Seguro del paraíso donde vivía, este curioso personaje afirma que si él no se mete con nadie, nadie se mete con él. Los personajes deciden viajar a reclamar esas tierras que en el pasado les habían arrebatado los asesinos paramilitares, cuando Marina era aún muy pequeña. Retratos en un mar de mentiras se penetra en el viaje físico y emocional que inicia la protagonista, Marina, desde el

momento que no tiene más alternativa que acompañar a su primo a ese pueblo cerca del mar (origen de su nombre), donde vivió parte de su infancia antes de ser desplazada por la violencia. De esta forma, ese viaje emocional de Marina, quien encerrada en su mutismo, a través de sus recuerdos, nos muestra la cruel realidad que vivieron, ella y toda su familia, por culpa de la violencia paramilitar en esa zona del país. Esta gran pieza cinematográfica muestra una Colombia que puede ser al mismo tiempo un gran paraíso y un infierno. El relato nos enseña sin reservas la verdad de una violencia que azota al país desde épocas remotas y que no ha finalizado aunque el gobierno de Santos pretenda convencernos de la desmovilización de los grupos paramilitares y que quienes operan en la zona son nuevas bandas criminales, denominadas BACRIM. El relato hace visible una realidad que el gobierno también pretende ocultar y es la realidad que han tenido que enfrentar los más de cuatro millones y medio de desplazados que existen en Colombia. Finalmente, teniendo en cuenta que uno de los retos del movimiento social es recuperar la voz de las víctimas, el cine se convierte entonces en un buen medio de construcción de la memoria histórica, para así garantizar la no repetición de crímenes de lesa humanidad, la aceptación pública de los hechos, y la recuperación de la de la dignidad de las víctimas.

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Fotografias: archivo de MOVICE

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Con los pies por la tierra: Restricciones

e impulsos en el territorio

La presente propuesta se centra en la elaboración de una cartografía social multimedia en la que ilustrando diferentes casos podamos reflejar las restricciones e impulsos de movimiento y las autonomías de los procesos organizativos en el territorio

Colombia

en los diferentes aspectos:

1. El retorno a la tierra (procedimientos y garantías) 2. Principales restricciones e impulsos para el reasentamiento y la permanencia en el territorio (control militar y social e intereses económicos) 3. La autonomía en el territorio: Megaproyectos industriales Vs proyectos de vida, zonas alternativas vs planes de consolidación Dicha Car tografía quiere, más que indicar lo que ya sabemos o de diagnosticar lo que sucede, ser un apor te acerca de los procesos de lucha por la tierra en las distintas regiones del país, procesos que nos permitan mirarnos desde la solidaridad y diversidad de las luchas en pro de las tierras y los territorios locales, para podernos observar en lo nacional y recuperar de esta suer te el país que nos quieren quitar. ¿Por qué es impor tante la lucha por las tierras y los territorios para el MOVICE? Hablar, vivir, pensar y sentir las tierras y los territorios en Colombia es para el MOVICE, auscultar las razones por las cuáles comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, sociales, intraurbanas u

otras han tenido que vivir el destierro y el despojo de sus territorios; es comprender las maneras como las ciudades se han venido configurando para conver tirse en lugares de la exclusión social, política, económica y cultural; pero también es sumergirse en el corazón de la tierra, en la diversidad cultural de los pueblos y sus cosmovisiones, en las formas de resistencia urbanas, así como su sentido de la vida. Es en este sentido que el Movice, desde su surgimiento en el 2005, en pleno auge del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, comenzó a hacer evidente la existencia de una política de Estado de la expropiación y el desarraigo como forma de justificar un modelo económico basado en la rentabilidad económica y la confianza inversionista, política que se nos presenta con distintos matices hoy en el gobierno Santos, pero que pende del mismo hilo: busca profundizar el modelo de desarrollo extractivista por medio de un Plan Nacional de Desarrollo, que promete prosperidad democrática en la ley y agudización del conflicto político, social y armado, en la práctica, a través de la reingeniería paramilitar. Visítenos!

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