EJERCITO DE CHILE: ENCONTRANDO UN CAMINO1 Histórico cambio de mando En el año 1998, mientras el mundo entero conocía los detalles de la relación extramarital del ex presidente estadounidense Bill Clinton con Mónica Lewinsky, se sorprendía con la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba y enfrentaba los coletazos de la llamada crisis asiática, los chilenos eran testigos expectantes de la entrega de la Comandancia en Jefe del Ejército que el General Augusto Pinochet Ugarte hacía luego de casi 25 años al frente de su institución. “Misión

cumplida‖ expresaba Pinochet frente a más de seis mil personas que participaron en la ceremonia de cambio de mando, que por los siguientes cuatro años pasaría a ser asumido por el Mayor General Ricardo Izurieta. Este traspaso del mando significaba para muchos el fin de una etapa que había comenzado el 11 de septiembre de 1973 cuando las Fuerzas Armadas, encabezadas por Pinochet, derrocaban mediante un golpe de estado al Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. No exento de problemas ni polémica, Pinochet asumía la primera senaduría vitalicia en Chile al día siguiente de dejar la Comandancia en Jefe. Sus opositores intentaron trabar su llegada al Congreso presentando una acusación constitucional en su contra. Sin embargo el reconocido ingenio político y estratega de Pinochet lo ayudó a sortear estas manifestaciones, tanto dentro como fuera del Senado. Así, recién jurado senador y correspondiéndole acercarse al estrado para votar por el nuevo Presidente de la Cámara Alta, estrechó la mano del futuro elegido. La certera devolución de dicho gesto por parte de Andrés Zaldívar, prestigiado parlamentario democratacristiano, fue entendido por muchos como una legitimación de su presencia en el hemiciclo. La sagacidad que mostraba Pinochet, sin embargo, abría espacios de desconfianza hacia su plan de modernización del Ejército, que comenzó a ser delineado a principios de los ’90 y que más tarde se conocería como ―Plan Alcázar‖. El Gobierno y la Concertación veían este plan como un ―amarre‖ de Pinochet hacia las autoridades políticas del país, una nueva forma de influir en el Ejército después de haber salido de él, tal y como lo habría hecho con la Constitución de 1980 y los 1

Este caso fue preparado por el profesor Juan Carlos Eichholz, director del Centro de Liderazgo Estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez, con la colaboración de los investigadores Sylvana Palomino y Manuel José Pau. La información utilizada proviene de antecedentes públicos y de múltiples entrevistas a personas involucradas en los eventos. Su objetivo es servir como material académico para su análisis y discusión en clases. Derechos reservados, 2007.

1

mecanismos institucionales que habría establecido para perpetuar su gobierno. Sin embargo, algunos analistas consideraban este plan un intento serio, profesional, necesario y despolitizado de adaptación de la institución hacia los nuevos tiempos que vendrían. Hay quienes incluso veían que, por primera vez en muchos años, Pinochet centraba sus esfuerzos en labores propias del mando y de las funciones que constitucionalmente le correspondían. De hecho, esto se ve corroborado al comparar las líneas principales del proyecto elaborado por Pinochet y el capítulo dedicado a Defensa del Programa de Gobierno presentado por la Concertación de Partidos por la Democracia en el año 19892. La fortaleza arábica Una vez desligado de sus obligaciones de gobierno, en 19903, Pinochet no se abocó de inmediato a sus funciones estrictamente militares, sino que debió conciliar esta labor con su preocupación por la contingencia y el proceso de transición a la democracia. En este contexto, quedarían en el registro histórico nacional situaciones que recordaban la influencia y el poder del ex dictador dentro del país: la investigación del llamado caso ―pinocheques‖ —un pago hecho por el Ejército a un hijo del General por un monto de 971 millones de pesos— que fue obstruida por ―los ejercicios de enlace‖ de 1990 y por el ―boinazo‖ de 1993, en que tropas del Ejército circularon por las calles de Santiago en traje de combate, siendo interpretado como un amedrentamiento por parte del gobierno de Patricio Aylwin. Ya en el gobierno de Frei, tuvo lugar el llamado ―telefonazo‖, en el que Pinochet se habría comunicado con el Ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, para decirle, según versiones de prensa, “que no podría sujetar a su gente si un General de la República iba preso”, en referencia a la confirmación que hizo la Corte Suprema en 1995 de la condena a Manuel Contreras por el asesinato del ex Canciller Orlando Letelier4. No había sido fácil para el Gobierno sostener el equilibrio, particularmente desde marzo de 1991, cuando se dio a conocer el ―Informe Rettig‖ y se terminó de destapar el tema más complejo de la relación cívico-militar: las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar. Por eso es que resultó un respiro para el gobierno de Aylwin la clase magistral dictada por Augusto Pinochet el 21 de agosto de 1992, titulada ―Ejército de Chile: Trayectoria y Futuro‖. Ver anexo 1. Pinochet se mantuvo como Comandante en Jefe del Ejército luego de haber dejado el gobierno en manos de Patricio Aylwin en marzo de ese año, tras perder el Plebiscito de 1988 que consultaba por su permanencia en el poder. 4 Diario ―La Nación Domingo‖, 23 de abril de 2006. 2 3

2

Con ocasión del inicio de las festividades del mes del Ejército, el Comandante en Jefe exponía en dicha oportunidad, y por primera vez, su visión sobre la necesidad de la institución castrense de "conformar una fuerza militar adecuada a los tiempos”5. De dicho texto se desprende lo que Pinochet entendía por modernizar al Ejército, lo que muy bien resume el ex director de la Academia de Guerra, Jaime García: ―En primer lugar, se trata de estructurar una fuerza militar profesional, racionalizada, tecnologizada y eficiente. En segundo lugar, eminentemente disuasiva. En tercer lugar, participativa del quehacer nacional y sintonizada con los valores democráticos. En cuarto lugar, capaz de integrarse sin complejos con la sociedad.‖6 Sobre estos cuatro ejes circulaba el plan de modernización que iniciaba el Ejército, que se desarrollaría hasta el Bicentenario de la República, en el año 2010, y que pretendía ―servir de guía a los oficiales de los Estados Mayores destinados al trabajo de apreciación que debe hacerse antes de llevar a la práctica el plan”7. No fue sino hasta 1994 cuando el plan tomó el nombre de ―Alcázar‖, en alusión a las fortalezas arábicas, para simbolizar en el Ejército de Chile a un fuerte de la nación. El plan era integral. Vislumbraba una exhaustiva revisión de toda la institución: definir el rol que le correspondería a la industria militar, profundizar las relaciones con otros ejércitos, establecer revisiones al sistema de salud y al polémico sistema presupuestario y de adquisiciones, definir el rol de la mujer y de la conscripción, profesionalizar el rol de los soldados, etc. No era una reforma pequeña, y necesitaba apoyarse en nuevas estructuras y maneras de pensar dentro del Ejército. Por eso, estos cambios implicaban afinar el sistema de gestión y de recursos humanos, precisar actividades y verificar cargos, adecuar la organización territorial y la estructura institucional, implementar y adquirir nuevas tecnologías que permitieran todo esto, y ―perfeccionar a nuestra gente en el ámbito extra institucional, tanto en los centros de enseñanza de educación superior como en el nivel técnico-profesional‖8 siguiendo la tradición histórica que ha tenido el Ejército en materia de intercambio y relaciones con otros ejércitos e instituciones. Siendo consciente del estado de las relaciones cívico-militares existentes en ese momento, Pinochet no sólo planteaba una reforma interna a la institución castrense, sino que también buscaba mejorar y profundizar las relaciones con el mundo civil, volver a generar confianzas y así conseguir el necesario apoyo que involucraba la modernización que planteaba. 5 6 7 8

Clase magistral ―Ejército de Chile: Trayectoria y futuro‖. García, Jaime. La modernización militar FASOC, Año 14, Nº11, enero-marzo, 1999. Clase magistral ―Ejército de Chile: Trayectoria y futuro‖. Op.Cit. 3

Estas orientaciones se traducirían en un hecho de insospechados alcances para la evolución futura de la institución. Hubo un grupo importante de oficiales que fueron enviados a estudiar a universidades, nacionales y extranjeras, como una manera de acercar los lazos con la sociedad y principalmente para traer al Ejército nuevas ideas y pensamientos. De esta manera, oficiales que después ocuparían altos cargos dentro del Ejército, como Juan Emilio Cheyre, Juan Carlos Salgado, Francisco Javier Urbina y Oscar Izurieta, entre otros, tuvieron la oportunidad de conocer con perspectiva universitaria lo que sucedía en distintas materias. La abogada de derechos humanos, Pamela Pereira, quien trabajó con estos uniformados en distintas instancias de cooperación cívico-militar, plantea que fue este hecho el que ―modificó (en dichos militares) su forma de ver al mundo. No hay persona que pase por la Universidad y no le cambie la cabeza…”. La nueva manera de ver la sociedad fue clave para el desarrollo de la institución, ya que estos oficiales influyeron intelectualmente de manera muy potente en el Alto Mando, llegando a configurar las principales líneas de la modernización y de la política que tendría el Ejército en materia de derechos humanos, que había sido omitida por Pinochet en el lanzamiento del plan. Ricardo Izurieta9: Tiempos de cambio Después de 25 años sin un cambio de mando en el Ejército, la ceremonia del 10 de marzo de 1998 se convertía, tal como lo había sido el traspaso del mando presidencial de 1990, en un nuevo hito dentro del proceso de transición a la democracia en Chile. Quien asumiera la nueva Comandancia en Jefe del Ejército no sólo lidiaría con los proyectos que dejaba lanzados Pinochet al interior de la institución, sino que tendría que alejar al Ejército de la esfera política. Reflejando las expectativas que los distintos sectores habían puesto en el sucesor del ex dictador, el diario El Mercurio señalaba que ―su misión fundamental (la del nuevo Comandante en Jefe) será redituar al Ejército en sus funciones básicas: la defensa del territorio y su colaboración profesional para el desarrollo del país”10. Todo el peso de esta elección recaería en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Como la decisión no era fácil, en 1995, Edmundo Pérez Yoma, Ministro de Defensa de la época, ya había iniciado los sigilosos movimientos para escoger al futuro Comandante en Jefe. Los nombres que encabezaban la lista de los reemplazantes al cargo eran el del 9

Ver anexo 2. Diario ―El Mercurio‖, Cuerpo de Reportajes. Domingo 8 de marzo de 1998.

10

4

Vicecomandante en Jefe de ese entonces, el General Guillermo Garín, y el del Mayor Ricardo Izurieta, quien, aunque se encontraba sólo en el séptimo lugar del escalafón por antigüedad, alcanzaría sorpresivamente un cupo dentro de la quina que le permitiría ser elegible para el cargo. Pérez Yoma conoció en 1995 a Izurieta —quien desempeñaba labores como agregado militar— en su primer viaje oficial como Ministro a Estados Unidos. Aunque Pérez ya contaba con algunos antecedentes, quedó sorprendido de la tranquilidad y claridad en las ideas del futuro Comandante. Tiempo después, y como una forma de pavimentar su llegada a la Comandancia en Jefe, lo convencería para que trabajara en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, en uno de los cuatro cargos del Ejército que dependen exclusivamente del Secretario de Estado y que salen de la línea de mando del Ejército. Cuando el 30 de octubre de 1997 el Cuerpo de Generales se reunió en Lo Curro para un extenso encuentro con el General Augusto Pinochet, nada hacía prever que ese mismo día se conocería el nombre de su sucesor. La agenda sólo contemplaba asignar a cada general el mando para el año siguiente y hacer las evaluaciones de rendimiento de los subalternos que correspondía hacer al Alto Mando. Un sorpresivo llamado del Ministerio de Defensa ausentó a Pinochet durante el almuerzo, quien a su regreso comentó a los generales que el Gobierno le había entregado el nombre del futuro titular del Ejército. Ni Izurieta ni los demás generales presentes imaginaron que el nombre del nuevo Comandante en Jefe sería el suyo, pese a que Izurieta ya formaba parte de la quina de la cual se elegiría al nuevo Comandante en Jefe. Después del postre, Pinochet leyó escuetamente el nombre del designado, se levantó y abandonó la sala, dejando a los presentes en medio de la confusión. Mientras unos quedaron en silencio, otros se dieron vuelta para saludar a Izurieta. En tanto, éste se mostraba completamente sorprendido, pese a que, posteriormente, trascendió que el Ministro de Defensa lo había citado un par de días antes para informarle su designación. Ricardo Izurieta Caffarena tenía 54 años al momento de asumir y era poseedor de una gran fortuna familiar. Se le reconocía cierta independencia ideológica y un bajo perfil, no estaba vinculado con asuntos de derechos humanos y, salvo haber sido Subsecretario de Guerra en 1989, tampoco había desempeñado cargos políticos durante el gobierno militar. Izurieta, aún siendo cercano a Pinochet, era un nombre totalmente nuevo. Su gestión comenzaba con breves declaraciones al término de la ceremonia del 5

cambio de mando, a través de las cuales pretendía marcar lo que serían los lineamientos de sus años en la Comandancia en Jefe: "El Ejército es una institución permanente de la República, que pertenece a la sociedad chilena, y ésta nos entrega la misión que tenemos que cumplir". Junto con lo anterior, dejaba en claro cuál sería su quehacer inmediato y futuro: "Conocer bien mi institución y hacerla cumplir las misiones que nos exige la Constitución de la República". Las circunstancias harían que la historia nos relatara algo distinto. Izurieta rápidamente tuvo que adaptarse a los requerimientos que su nuevo cargo le exigía. Esta situación fue la que probablemente lo motivó a comenzar su trabajo con visitas a los regimientos más alejados de la capital con la idea de empaparse de la realidad que vivían. Más tarde, combinaría estas visitas con una labor informativa sobre el estado de avances de los distintos proyectos que estaba llevando adelante la institución bajo el paraguas del Plan Alcázar. El proyecto que generaba mayor interés en Izurieta era la reestructuración del sistema docente institucional, que apuntaba a una formación permanente de los oficiales, buscando generar un cambio cultural y de mentalidad, centrado en la persona, estimulando un perfeccionamiento constante a través de estudios complementarios que satisficieran las necesidades institucionales. Así, redujo en un 10 por ciento el número de generales, ya que cada oficial asumía la misión para la cual estaba más preparado y no la que podía corresponderle por grado, antigüedad o costumbre. Puso término a la Vicecomandancia en Jefe y al Comité Asesor del Comandante en Jefe, decidido a cortar los lazos que ataban al Ejército con el mundo político. Dio un giro al Centro de Estudios e Investigaciones Militares y devolvió a su rol natural al Estado Mayor del Ejército, el que continuó como asesor del Comandante en Jefe, pero exclusivamente en el ámbito militar. Desaparecieron los generales con ―muñeca política‖ y todos fueron llamados a mantener los canales oficiales a través del Ministerio de Defensa y la Comandancia en Jefe. Con esto también cerró la puerta a los civiles que ofrecían asesorías al Ejército, es decir, terminó con los asesores privados. También fue muy riguroso con los llamados a retiro, y varios generales vinculados a Pinochet salieron en noviembre de 1998 y en abril de 1999. En materia de ascensos y destinaciones, Izurieta fue muy estricto con los requisitos de puntaje para evitar favoritismos. Así, pudo impulsar al interior del Ejército reformas administrativas —cerrando o fusionando regimientos y reparticiones para reducir costos operativos—, de educación y de salud, lo que implicaba un estricto ordenamiento de las finanzas de la institución, que se encontraban con un alto grado de endeudamiento. En definitiva, intentó conducir al Ejército hacia lo

6

estrictamente profesional, poniendo en marcha las bases sentadas por Pinochet. La prueba de fuego: Pinochet en Londres Mientras Izurieta navegaba por la profesionalización y la resistencia interna, a sólo siete meses de asumido el mando su gestión se vería irremediablemente marcada por el arresto del General Pinochet en Londres y su prolongada detención de 503 días. Así, pese a sus intenciones de mantenerse al margen de la contingencia, estos hechos lo llevarían inevitablemente al primer plano. Con ello, los normales afanes de desligarse de la sombra de Pinochet para perfilar su propio estilo terminaron trastornando su cronograma de trabajo. Pese a las acusaciones en temas de derechos humanos que existían en contra de Pinochet en el extranjero, en septiembre de 1998 viaja a Londres para operarse una hernia en la columna. Una vez allá, el juez español Baltasar Garzón extendió una orden de captura internacional en su contra. Al día siguiente, el ex comandante en Jefe era notificado, aún convaleciente, de su arresto en la London Clinic. En Chile, una parte de las miradas se posó en el accionar del Gobierno del Presidente Eduardo Frei, quien exigió a España que se respetara la legalidad nacional y se autorizara el retorno de Pinochet al país. Pero el resto de las miradas se fijó en el recién asumido Comandante en Jefe. Mientras el Gobierno quedó satisfecho por su tranquilidad y criterio, el sector en retiro fue mucho más crítico de su accionar, exigiendo movilizaciones inmediatas y llegando algunos incluso a sugerir un rescate con soldados de elite en Londres. Tanto el Gobierno como la institución castrense coincidieron en que las circunstancias que rodeaban a la situación del General Pinochet en Londres constituían un hecho insólito e inaceptable para el país. Si bien Izurieta expresó abiertamente su apoyo y solidaridad a Pinochet, también manifestó que las medidas que adoptaría el Ejército serían a través de los canales oficiales, recurriendo a todos los medios diplomáticos y jurídicos que fueran necesarios. Esta actitud, a ojos de los generales en retiro, significaba una clara señal de subordinación del Comandante en Jefe a las decisiones presidenciales. Para Pamela Pereira, abogada de derechos humanos, la detención de Pinochet en Londres fue el hito fundamental para entender todo lo que pasaría después, porque sin esa detención no habría sido posible la Mesa de Diálogo, ―porque para quienes estamos en el mundo de los derechos humanos entendemos que se puede conversar cuando existen condiciones objetivas para hacerlo y esas condiciones se daban en la medida en que estuviéramos en el punto más bajo de la fuerza expresada en la adhesión ciudadana al Ejército”.

7

Después de un año y fracción, el 2 de marzo de 2000, Jack Straw, ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, decidió liberar a Pinochet por razones humanitarias. Veinticuatro horas después, Pinochet aterrizaba en Pudahuel, donde lo esperaba Ricardo Izurieta. Al pisar la losa del aeropuerto, se levantó de su silla de ruedas, caminó y saludó con el bastón en alto a sus partidarios. Ese gesto representaría, para algunos, una burla a la justicia, y, para otros, el retorno triunfal de un patriota. También lo esperaba, aunque lejos del aeropuerto, el juez chileno Juan Guzmán Tapia, quien ya había iniciado el primer proceso de desafuero en Chile en contra del ex dictador, por considerar que existían pruebas suficientes para procesarlo por la operación Caravana de la Muerte. El diálogo Si bien la detención de Augusto Pinochet en Londres forjaba uno de los momentos más tensos y difíciles en la transición chilena a la democracia, existiendo masivas protestas en las calles, apedreamientos a las embajadas española e inglesa, e, incluso, la orden de un alcalde de no retirar la basura a una de ellas a modo de protesta, unos cuantos pudieron ver en este hecho una oportunidad para enfrentar a la sociedad de una vez por todas con el postergado tema de los derechos humanos. En este contexto se iniciaban las conversaciones para establecer una ―Mesa de Diálogo sobre derechos humanos” que, coincidencia o no, debutaba el mismo día en que Pinochet había lanzado las primeras líneas del Plan Alcázar en 1992, también el 21 de agosto, pero esta vez de 1999. Todos los sectores coinciden en que la detención de Pinochet en Londres fue el factor clave que permitió el establecimiento de la mesa. Para los afectados por las violaciones a los derechos humanos significaba un gran avance, y consideraban necesario que las Fuerzas Armadas finalmente reconocieran esos hechos cometidos durante la dictadura. Para los militares fue claro en ese momento que no podían continuar con sus labores propias y mantener la esencia de la institución mientras no solucionaran este problema: necesitaban dar un término real a la transición. En este contexto era necesario lograr encontrar dichas visiones, acercar las posiciones y generar las confianzas que permitieran a ambas partes lograr sus objetivos. ―Y esa conducción, más que provenir del mundo militar, tenía que venir del mundo civil, porque el mundo militar estaba descalificado. La sociedad civil no le creía al mundo militar”, declara el ex Subsecretario de Carabineros y coordinador de la

8

Mesa de Diálogo, Luciano Foullioux11. Por esto resultaba clave la intervención de Edmundo Pérez Yoma, quien ya había logrado, con gran maestría, el primer acercamiento entre el mundo militar y el mundo civil desde el retorno a la democracia en 1994, cuyo fruto fue ―El Libro de la Defensa Nacional‖. Transparentar las políticas de defensa hacia el mundo y acercar esta materia a los ciudadanos eran los objetivos con los que el Presidente Frei justificaba la iniciativa en su primer discurso presidencial del 21 de mayo, en 1994. Pero además, en palabras de Germán Concha12, participante de la comisión que preparó el libro, tenía un objetivo velado de ―demostrar que se puede hablar de defensa sin estar hablando de derechos humanos y de Pinochet” y, por eso, agrega que lo interesante del libro no era su contenido, ―lo interesante era lograr que se hiciera el libro sin que nadie se parara de la mesa o saliera golpeando una puerta.” Finalmente, el primer Libro de la Defensa Nacional veía la luz en 1997 y fue un antecedente que permitió acercar posiciones. Con la Mesa de Diálogo el desafío era aún mayor, ―había que buscar una forma ingeniosa, audaz y contundente que diera una señal política muy potente, a modo de ir legitimando el camino de reinserción, pero a la vez también a modo de ir preparando al país para los procesos más abiertos y transparentes de justicia y verdad que siempre parecen muy traumáticos”, dice Foullioux. Vencer las resistencias para sentar a todos los actores a conversar sólo fue posible gracias a la experiencia y habilidad política de Pérez Yoma. Junto con su equipo, fueron buscando la fórmula que asegurara la confianza y tranquilidad de quienes participarían. ―El diseño que nos dimos fue el de generar una instancia en donde estuvieran presentes las Fuerzas Armadas, el mundo de derechos humanos, fuerzas morales y sociedad civil. Teniendo claros los referentes, teníamos que salir a buscar a las personas que fueran lo más representativo posible de los referentes. En el caso de las Fuerzas Armadas, que son estatutarias, había que entrar al proceso de seducción y convencimiento, lograr que se sentaran.”, señala Foullioux. Enlazando manos y visiones El Ejército había designado como su representante en la Mesa de Diálogo al Luciano Fouillioux Fernández es abogado, y en su rol de Subsecretario de Carabineros participó e integró la Mesa de Diálogo. Trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y dirigió el Programa de Derechos Humanos durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Se le atribuye parte de la iniciativa en la Mesa de Diálogo y la proposición a La Moneda de las reparaciones económicas y sociales a los familiares de las víctimas de violaciones de los DD.HH. 12 Germán Concha Zavala es abogado de la Universidad Católica de Chile y Magíster de la Academia de Guerra en Ciencias Militares con mención en Política de Defensa. Además, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile. 11

9

General Juan Carlos Salgado, cuyo proceso de designación no parecía haber sido dejado al azar. Hombre cercano a Izurieta, tenía una historia personal de la que nunca se enteraron sus compañeros: su hermano Mario había sido detenido por la Armada en el buque de guerra Maipú en 1973 por su cercanía con el MIR, siendo golpeado por los uniformados, según publicaría años más tarde la revista Qué Pasa13. El proceso de convocatoria y las demás designaciones no fueron fáciles. Así, por ejemplo, ―las agrupaciones de derechos humanos estuvieron dudosas. A ratos veían posibilidades, a ratos no las veían, y finalmente resolvieron no subirse a la Mesa, fundamentalmente por una decisión política del Partido Comunista. Ellos tomaron una posición de oscurismo”. O dentro de las fuerzas morales, ―la Iglesia Católica era la más dudosa… no quería perder el liderazgo en estas materias. Fue la última, pero también se subió.” Pero, por otro lado, porque esto era algo importante y ―porque estas cosas tampoco se pueden mantener ocultas, aparecieron voluntarios a ser convocados…” recuerdan los coordinadores de la mesa. Pero las dificultades no se extendían sólo a convencer a los distintos estamentos involucrados. Dentro del mismo Gobierno no existía plena convicción en la iniciativa, pues la imagen de Frei ya estaba deteriorada por su opción por defender a Pinochet tras su detención y los alcances de la crisis asiática. Por lo tanto, un fracaso en la Mesa significaría en la práctica una nueva derrota política para el Presidente. Así, los encargados de la iniciativa contaban con una velada oposición a la Mesa dentro del propio Gobierno y un Presidente que en la práctica nunca se pronunció. La estructura de la Mesa era simple pero arriesgada. Representantes de los distintos sectores convocados se sentarían a conversar sin una agenda previa, la bitácora del encuentro se iría construyendo con los aportes que cada uno de los involucrados fuera realizando, hecho que la clase política consideraba una idea disparatada. Esto se veía refrendado por las distintas aspiraciones con que los integrantes llegaron a discutir. Mientras el Gobierno pretendía encontrar una solución al tema de los detenidos desaparecidos y acercar el mundo civil al militar, los abogados de derechos humanos, simbólicamente representados por la abogada Pamela Pereira, tenían objetivos mucho más ambiciosos. Considerando al Ejército una institución de todos los chilenos, no querían seguir ―regalándole a la dictadura su pertenencia”, y por eso buscaban un reconocimiento institucional expreso de la violación a los derechos humanos como una práctica de Estado y, por sobre todo, convencer a la sociedad de que el ―drama de los detenidos desaparecidos se soluciona en los tribunales”. 13

―El secreto mejor guardado‖, Breves, Revista Qué Pasa, 31 de diciembre de 2005. 10

El Ejército, por su parte, estaba en una posición tremendamente complicada. Por un lado, tenían al General Pinochet arrestado en Londres y a la ―familia militar‖ fielmente apegada a su persona y obra, y, por otro, veían poco apoyo popular, miembros de sus filas procesados y un alejamiento considerable de su participación en el quehacer nacional. Por esto buscaban una visión integradora en la Mesa, intentando el acercamiento a la sociedad civil y la solución del tema de los derechos humanos, para lo que proponían una ley de punto final y el reconocimiento por parte de sus opositores del contexto histórico en que se produjo el Pronunciamiento Militar que derrocó a Allende en 1973. La primera sesión fue de carácter protocolar. Más allá de un breve intercambio de percepciones respecto de las distintas sensibilidades presentes, no se abordaron inmediatamente los temas para los cuales fue convocada y, a pesar de las declaraciones de buena voluntad ante la prensa, hubo un momento de alta tensión cuando la abogada Pamela Pereira se negó a estrechar la mano de los oficiales uniformados. Ante la perplejidad de los representantes de las Fuerzas Armadas y de todos los presentes, la abogada se excusaba de dar la mano a los militares explicando que su padre se encontraba desaparecido ―por creer en la palabra de un militar que lo fue a buscar y nunca más volvió, por lo que no creo en el honor militar”. Más tarde, la abogada relataría que este hecho dio paso a un compromiso tácito con los militares ―en que quedó claro que si esta cuestión (la mesa de diálogo) tenía resultados, nos daríamos la mano; si no, no.” Los problemas no terminaron ahí. Si bien la Mesa tuvo una metodología de registro de actas de cada una de las reuniones, constituyéndose un régimen de semi-publicidad, el compromiso era que se sesionaría reservadamente hasta el fin del diálogo; sin embargo, ese compromiso no siempre se respetó. Luego de las reuniones, más de algún integrante comentaba con la prensa sus impresiones, especialmente el mundo de derechos humanos, lo que producía un desequilibrio que generaba ciertos roces, puesto que las Fuerzas Armadas, por su modo de funcionamiento, no tenían la posibilidad de hacer lo mismo. A principios del año 2000 ya se habían debatido las principales posturas y se habían establecido algunos consensos respecto del contexto histórico en que se habían producido las violaciones de los derechos humanos. Entre ellas, la condena a éstos y la forma en que se podría recopilar información respecto al paradero de los desaparecidos durante el Gobierno Militar. La Mesa de Diálogo gozaba de buena salud y credibilidad dentro del país. Sin embargo, debería sortear un último obstáculo antes de revelar sus resultados. Un par de días antes que los integrantes lograran obtener el acuerdo final, Pinochet regresaba al país en medio de los vítores de sus partidarios y el repudio de sus

11

detractores. Esta conflictiva situación impediría que se lograra un acuerdo en ese momento, generando su minuto más difícil, que llevó incluso a pensar que esta iniciativa fracasaría. Lo concreto era que la Mesa se suspendería por cerca de un mes, a la espera que las aguas se calmaran y que asumiera el nuevo Gobierno. Una vez instalado el Gobierno de Ricardo Lagos, Mario Fernández, el nuevo ministro de Defensa, reinició los contactos para revivir la iniciativa. Sin embargo, se reconoce que fue Edmundo Pérez Yoma quien, gracias a su carisma y la credibilidad y confianza que había logrado dentro de la Mesa, logró salvar la iniciativa. Su trabajo estuvo centrado en limar las asperezas que produjo el mediático regreso del ex senador vitalicio. Una vez recobradas las confianzas, se pulirían los acuerdos obtenidos, los que finalmente se darían a conocer el 13 de junio de 2000, cuando se suscribió el acuerdo. La ―Declaración de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos"14 contiene, en cinco carillas, el acuerdo que expresa la condena unánime de los participantes a las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento del contexto histórico que produjeron dichas violaciones, el reconocimiento de la necesidad de solucionar el tema de los desaparecidos, la propuesta de ciertas fórmulas para recopilar información y, por sobre todo, la idoneidad del Poder Judicial para solucionar el tema. El acuerdo no hacía mención a la ley de punto final propuesta por las Fuerzas Armadas, ni a un reconocimiento institucional expreso de las fuerzas militares a las violaciones a los derechos humanos, como pretendían los abogados de las víctimas. Al finalizar la sesión en que se dieron a conocer los resultados de la Mesa, la abogada Pamela Pereira y el representante del Ejército, General Juan Carlos Salgado, protagonizaban una de las escenas más simbólicas del acuerdo obtenido. En los momentos en que terminaba la ceremonia, ante la prensa, en medio de la alegría por los resultados alcanzados, se encontraron los dos, y se estrecharon las manos. ―Fue la imagen del acuerdo”, relata un testigo de ese encuentro que dio la vuelta al mundo. Juan Emilio Cheyre15: El elegido Cumpliendo con la normativa, después de cuatro años ocupando al alto mando, el General Ricardo Izurieta debía dejar el cargo. Quien lo sucediera debía estar capacitado para poner en marcha la nueva orgánica administrativa y operativa de la institución fijada por sus antecesores. 14 15

Ver anexo 3. Ver anexo 1.

12

Cuando Izurieta ocupó la Comandancia en Jefe se concentró en dar el puntapié inicial al proceso de modernización de la institución, el que había quedado postergado dada la multiplicidad de funciones que cumplía antiguamente el Comandante en Jefe del Ejército y la ya comentada detención de Pinochet. Por otro lado, este nuevo cambio de mando no sólo significaría encaminar a la institución en su proceso de profesionalización, sino que también generaría un verdadero cambio generacional. Con la salida de Izurieta saldrían también gran parte de los oficiales que estaban activos para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Con gran trayectoria, logros profesionales y contactos académicos, el elegido fue el General Juan Emilio Cheyre. Destacado por sobre sus pares de la misma generación, a sus 53 años Cheyre dominaba dos idiomas y era experto en esgrima, esquí, natación y paracaidismo militar. Fue director de la Academia de Guerra, Comandante del Comando de Institutos Militares y Jefe del Estado Mayor del Ejército. Estudió un magíster en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Chile y fue candidato a doctor en Ciencia Política en la Universidad Complutense en Madrid. Sin embargo, no sólo su abultado currículo lo haría merecedor del cargo; también contaba con una especial simpatía del Presidente Ricardo Lagos. Todo pronosticaba que el período del nuevo Comandante en Jefe estaría marcado por la profesionalización de las Fuerzas Armadas. De hecho, Cheyre reconoció que su primera premisa sería que ―nada detuviera el proceso de modernización y transformación del Ejército y que el pasado se convirtiera en un freno”. En los círculos militares había gran esperanza en lo que sería su gestión. Ya se había superado, aunque parcialmente, la detención de Pinochet en Londres, y se habían entregado las conclusiones de la Mesa de Diálogo. A los ojos de la institución, el proceso de transición en el Ejército parecía superado. Al asumir su cargo, el 10 de marzo de 2002, Juan Emilio Cheyre reiteró el compromiso de su institución para con la unidad del país y recalcó que ésta continuaría trabajando para el reencuentro de la sociedad chilena. "Para el Ejército es imperativo y también creo que lo es para el país, dar vuelta la página de los eventos del pasado que aún nos dividen. Es necesario unirnos". Entre los planes inmediatos de Cheyre estaba la adquisición de nuevos sistemas mecanizados para sus unidades de ingenieros, nuevos blindados para la infantería y unidades de artillería. Continuar con la reducción de regimientos, la centralización de dependencias en el Campo Militar de la Reina —la que incluía la construcción de un nuevo Hospital Militar y con ello la consolidación de la reforma de salud del Ejército—y la racionalización del uso de recursos. Para él, más que la 13

modernización del Ejército lo que se estaba llevando a cabo era un proceso de transformación, ―porque no nace del capricho del que transforma, sino que del fin de una institución que lo requiere para seguir cumpliendo con su eficiencia y finalidad. Esto se produce porque el entorno demanda al Ejército un cambio”. La puesta en práctica del proceso de transformación del Ejército representaba un proceso traumático para muchos de los que permanecían dentro de la institución, implicaba un cambio cultural que no todos entendían y que por lo tanto no todos estaban dispuestos a emprender. Cheyre, que conocía muy bien la mentalidad militar, recorrió más de 1.400 horas en avión en cuatro años para comunicar el por qué de este cambio, ya que la información que los comandantes de los regimientos entregaban a la gente, a su juicio, no era suficiente. Se necesitaba un Ejército diferente, y con eso no se refería sólo a reducción de batallones, sino que tenía que ser un ejército doctrinario, que versa sobre el comportamiento ético de los militares. “Mi

objetivo final era que nadie fuera espectador del cambio, ‘a mí me interesa que usted se suba al tren’, les decía. Y eso era necesario porque la gente quería descubrir cómo le iba influir el cambio”, serían sus palabras para explicar su plan de acción y reconocería que ―más que conciencia del cambio, lo que había en la gente era sospecha. La gente se preguntaba: ‘Cuándo viene, cuándo viene…’. Ahí estaba el problema, junto con los retirados y los viejos que son mucho más duros‖. Dos perfiles para dos cargos El mando del General Cheyre duraría todo el resto del período presidencial de Ricardo Lagos, quien debía designar al sucesor de Cheyre días antes de dejar la presidencia. Así, el cambio de mando en el Ejército se produciría el 10 de marzo de 2006, un día antes de que Michelle Bachelet --quien fuera vista por muchos como un símbolo de las nuevas relaciones cívico-militares al ser nombrada Ministra de Defensa del Gobierno de Lagos a pesar de su pasado socialista, de ser víctima de violaciones a los DD.HH. e hija de un General de Aviación que murió recluido en los primeros días del Gobierno Militar-- asumiera como la primera Presidenta de Chile. Quizás esta coincidencia en el período de los mandatos de Lagos y Cheyre fue la que generó que, por lo menos a la luz pública, se vislumbrara una estrecha y coordinada relación entre ellos. Relación inimaginable después del opaco trato que en público se daban Frei e Izurieta, quienes aparentemente se preocupaban de regirse por el protocolo y se notaban rígidos al momento de relacionarse, sobre todo en lo que se refería a los temas que vinculaban al Ejército con la política y la sociedad civil.

14

Otra diferencia está dada por la historia anterior de cada uno de los Comandantes. Así, por ejemplo, cuando Cheyre asumió, ya contaba con la simpatía de Lagos, a quien conoció en El Escorial en 1998, en un seminario sobre la transición chilena que reunió en la misma mesa de debates a un selecto grupo de intelectuales chilenos y españoles, a destacados representantes de la política chilena, y a empresarios y militares nacionales. En la ocasión dijo: "El gobierno de las Fuerzas Armadas nació con un claro sentido 'transicional', es decir, para producir el paso de una democracia autodestruida al de una restaurada y fortalecida". Y agregó: "Como constante en esta dinámica, siempre estuvo presente el propósito de alcanzar la recomposición democrática con miras a impedir la recreación de una situación de vacío de poder e ingobernabilidad. La intervención de las FF.AA. chilenas, en cuanto a instituciones, no responde, como se ha dicho, a un propósito de permanencia en tareas del campo político; en una especie de institucionalización de un militarismo. Ella da cuenta de la naturaleza de la crisis en la que se precipitó el país, la que hizo ineludible su intervención como tales cuerpos armados, a fin de pacificar una convivencia política y social profundamente erosionada y asegurar la supervivencia del Estado, del cual forma parte". Así, en el Hotel Victoria Palace del Escorial, que se convirtió en el escenario en el que se daban los primeros pasos para que civiles y militares chilenos analizaran los últimos 20 años de la historia de Chile, comenzó a gestarse una relación entre Cheyre y Lagos que posteriormente sería muy criticada por el sector en retiro del Ejército. En tanto, muy distinto fue lo que ocurrió con Izurieta, cuya cercanía con el Gobierno y su relación con el Presidente Frei estaba dada principalmente por Edmundo Pérez. De hecho, algunos personeros del ambiente político aseguran que Eduardo Frei delegó en Pérez Yoma su relación con el Comandante en Jefe, obligándolos a trabajar juntos. “Izurieta

es de una personalidad más retraída y con menos manejo comunicacional, a diferencia de Cheyre, que es exactamente lo contrario. Sin duda Cheyre tuvo más brillo, porque tiene un desarrollo intelectual más avanzado, tiene más fortalezas, pero además le toca un mejor momento y un presidente más lúcido. Lagos y Cheyre se sentían llamados a hacer esto. ‘Nacimos para esto viejo, estamos como señalados por la mano del Señor’. Ambos tenían una personalidad tan fuerte, tan atrayente y estaban tan convencidos de que la historia los había puesto en su justo lugar a los dos, que inevitablemente entre ellos había una muy buena relación. En cambio, Frei e Izurieta, dos personalidades opacas, que conversaban lo estrictamente necesario, no tenían el glamour que tenían estos otros dos. Es como uno para cada uno”. Con estas palabras, la abogada Pamela Pereira retrata la relación entre los Comandantes en Jefe y sus respectivos Presidentes, con quienes le tocó trabajar muy estrechamente en iniciativas como la Mesa de Diálogo y en los 15

coletazos del Informe Valech. Y a la luz de los hechos, Lagos no se equivocó al pensar que Cheyre sería capaz de dar pasos históricos. Durante su gestión lanzó documentos señalando que el Ejército no era heredero del régimen militar, pronunció su famoso ―nunca más‖ y asumió la responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. En cada uno de estos hechos, conversó el contenido de los documentos con Lagos, generando sintonía con La Moneda. ”Nunca

más”

Aunque la mayoría aspiraba a que la nueva gestión se abocara casi específicamente a los temas propios de la institución, Cheyre debería tomar una serie de definiciones políticas. Entre ellas, la discusión de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, algunas reformas constitucionales, los procesamientos de Pinochet y las investigaciones por la obtención de su patrimonio personal en el marco del llamado ―Caso Riggs‖, la discusión sobre el futuro de la Ley Reservada del Cobre que Lagos encomendó analizar para optimizar el pago de los militares, y las resoluciones del Informe sobre Torturas en el Régimen Militar, conocido como Informe Valech16. Cheyre se adelantó a todos estos hechos y, utilizando estratégicas intervenciones públicas, removió el escenario político, social y militar de nuestro país. Así, cuando recién se iniciaba en su segundo año en el alto mando, anticipándose a la conmemoración de los 30 años del golpe militar, Cheyre hace público a través del diario ―La Tercera‖ el documento llamado ―2003: Un desafío futuro”, en el que analiza los hechos que dividieron al país, las violaciones a los derechos humanos y los avances en cuanto a la transformación del Ejército. Del texto se extrajo que el Comandante en Jefe quería evitar que el clima de los 30 años del 11 de septiembre alterara los planes de transformación del Ejército y volvieran a vincularlo con el pasado. 16

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura – Informe Valech – fue creada como un órgano asesor del Presidente de la República, mediante el DS 1.040 del Ministerio del Interior en 2003. Ella tuvo por objeto determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. La Comisión debía también proponer medidas de reparación al Presidente de la República, para las víctimas que identificara y elaborar un informe de todo ello. La Comisión recibió testimonios a través de entrevistas personales en todo el territorio de la República, durante un período de seis meses, y en más de 40 países, donde las personas entregaron sus testimonios por escrito. Fuente: www.comisiontortura.cl

16

Y sería a mediados de ese mismo año, cuando Juan Emilio Cheyre pasaría a la historia de Chile al pronunciar su reconocido e inesperado ―nunca más‖. Esta declaración constituía el segundo hecho pensado para abogar por una salida para el tema de los derechos humanos en menos de seis meses. Mientras se encontraba en la ciudad de Calama, en el curso de una visita al regimiento reforzado Topater, el Comandante en Jefe haría ver que la institución estaba ―viviendo una gran transformación. Estamos construyendo el Ejército del Siglo XXI. Junto a ello, hemos dado pruebas que nuestro proceso se ha comprometido a nunca más violaciones a los derechos humanos". Declaraciones tras las cuales subrayó que se refería "al nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida". Las reacciones no se hicieron esperar. Al Presidente de la República, Ricardo Lagos, lo llenó de satisfacción y orgullo que el Ejército de Chile señalara con meridiana claridad que respecto de las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie podrían tener justificación. Además, consideró sus declaraciones como la consolidación del proceso de integración del Ejército al Chile democrático. Los principales bloques políticos valoraron sus declaraciones como un aporte para el proceso de reencuentro, mientras que un sector de los militares en retiro repudiaron sus declaraciones afirmando que: ―Cheyre habla de victimarios, pero esos victimarios somos todos los que controlamos la invasión marxista y la subversión”... Calificativos como ―traidor‖ o ―vendepatria‖ son usuales en este sector, quienes además critican el abandono en que dejó Cheyre a los militares en retiro procesados en causas de derechos humanos, poniendo como ejemplo de su ―nivel de deslealtad” el hecho que a la muerte de su suegro, el ex Vicecomandante del Ejército General Carlos Forestier, quien también fuera procesado por estas mismas causas, no haya asistido a su funeral aduciendo un viaje programado por Centro América. Afirman también que las declaraciones del ―nunca más‖ fueron sólo una estrategia comunicacional para potenciar su imagen, y así generar una carrera política a futuro. Según ellos, se trataría de una declaración que no tuvo sustento puesto que el mismo Cheyre se habría retractado la misma tarde que las emitió frente a un grupo de Oficiales en la Escuela de Guerra. Cheyre sentía la presión de los militares en retiro y algunas versiones señalan que este sentimiento existía incluso al interior de las filas castrenses activas, pero que por las circunstancias propias del mando y la jerarquía militar estas opiniones nunca serían expresadas. A tal punto llegó el rompimiento de relaciones entre los partidarios del General Pinochet con el General Cheyre que en los días previos al deceso del ex 17

gobernante, el 10 de diciembre de 2006, y mientras éste permanecía en el Hospital Militar de Santiago, el automóvil de Cheyre fue atacado mientras se retiraba del recinto hospitalario con botellas y escupos, y le fueron lanzadas monedas por fervientes pinochetistas que rechazaban la visita que el ex General hacía a su antiguo Capitán General. Incluso, muchos especularon que su ausencia en los funerales de Pinochet fue producto del temor a nuevos ataques y a la incomodidad que su presencia podía producir en los familiares del difunto General. Sin embargo, Cheyre se encargó de aclarar que su ausencia, coincidencia o no con las circunstancias de la muerte de su suegro, se debía a un viaje planificado con anterioridad en el marco de sus labores académicas. En tanto, el mundo de derechos humanos reaccionaba de manera más cauta frente a su ―nunca más‖. Para Pamela Pereira, las declaraciones de Cheyre no eran suficientes y aprovechó el momento para hacer un llamado al resto de las Fuerzas Armadas para que se sumaran a las declaraciones del General castrense. Además, según ella y varios de los abogados que defendían estas causas, este ―nunca más‖ sólo se enmarcaba en esa lógica de procesos muy propia de los militares, era un paso evidente al avance que había ido teniendo la institución. En su opinión, ―tiene cierta amplificación de la prensa, más que algo que para mí haya resultado novedoso. Lo que sí me llama la atención es la utilización de una frase que es propia de la izquierda”, develando sus dudas en cuanto a que el ―nunca más‖ se trataría tan sólo de una estrategia comunicacional. Tanto en La Moneda como en el Ministerio de Defensa sabían previamente de las declaraciones antes que éstas salieran a la luz pública y esto, porque tal como reconoce Francisco Vidal, vocero de Gobierno en parte del período de Ricardo Lagos, se produce una convergencia de intereses entre Cheyre y el Presidente. ―El Gobierno de Lagos se estructuró en torno a tres ejes. Uno era libertad y república, el otro crecimiento, y el tercero cohesión social. En el primer eje, caben muchas políticas públicas, pero dentro de república estaba contemplado que las Fuerzas Armadas volvieran a ser de todos los chilenos”. El objetivo de Lagos era despolitizar absolutamente a las Fuerzas Armadas, entonces ―el Presidente tiene que haber tenido en mente eso cuando nombra a Cheyre, por su historia y desde el punto de vista de su trayectoria, su cero vinculación con el tema de los derechos humanos”. Más tarde, el 5 de noviembre de 2004, adelantándose a la entrega del Informe Valech, y luego del cierre del Batallón de Inteligencia del Ejército—al que Cheyre adjudicó a algunos funcionarios severas violaciones a los derechos humanos— el Ejército, a través de su Comandante en Jefe, volvería a dar un paso en el proceso de reconciliación nacional. Publicó a través del mismo periódico en que había dado a conocer sus anteriores declaraciones, un documento que llamó ―Ejército de Chile: El fin de una Visión”. En él dejaba a un lado la tesis de los ―excesos‖ y responsabilidades individuales en las violaciones a los derechos humanos 18

ocurridas durante la dictadura, argumento que solía esgrimir la institución castrense antes de la era Cheyre. Sus declaraciones fueron las más significativas que enunciara el Alto Mando militar desde que se iniciara el proceso de transición cuando el Ejército decidiera participar en la Mesa de Diálogo. En este documento, Cheyre señala que ―las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie, pueden tener justificación ética. (...) El Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación. Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones. (...) Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse‖. Estas declaraciones encenderían nuevamente el escenario político y traerían devuelta la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos, potenciado por los efectos que tuvo la difusión del Informe Valech días más tarde. Cheyre reconoce que, al final, la seguidilla de declaraciones y manifestaciones provocadas por sus dichos pudieron generar que los generales en retiro pudiesen sentirse discriminados. Pero a su vez declaró que ―la prolongación de eso hace que un proceso sea regresivo. La verdad libera y yo la asumí y acepté las pérdidas. Hubo gran generosidad de quienes entendieron. Este desafío no fue mío, sino que de un equipo, y que por ser mucho trabajo debe ser consolidado, y por eso al que viene le queda profundizar y hacer comprender el fenómeno, pero lo anterior era necesario hacerlo de una. Los procesos graduales no sirven para llevar a cabo procesos vitales”, contradiciendo en esta última parte su propio actuar. Un final inesperado A menos de un año que culminara su mandato, la muerte empañaría inesperadamente la trayectoria de Juan Emilio Cheyre en el Alto Mando y pondría en jaque uno de los proyectos emblemáticos de su gestión: dar un nuevo rostro al servicio militar. El miércoles 18 de mayo de 2005, una caminata instructiva de una compañía de soldados conscriptos del Regimiento de Refuerzo N° 17 de Los Ángeles (VIII) culminó con la muerte de 44 conscriptos y un suboficial en los faldeos del volcán Antuco, convirtiéndose en una de las mayores tragedias militares ocurridas en Chile en tiempos de paz. Dada la poca claridad que los mandos del regimiento entregaban sobre lo 19

ocurrido, se intensificó el drama de los familiares y sus ataques, al igual que los de la prensa, los que apuntaban directamente a la falta de profesionalismo e incapacidad militar. Esta situación motivó a que Cheyre asumiera personalmente las operaciones de rescate de los conscriptos que permanecían extraviados. Uno de los momentos más dramáticos se produjo cuando el propio Cheyre confirmó la muerte de todos los conscriptos a sus familiares y que la orden de marchar bajo las condiciones climáticas existentes en el sector precordillerano de Antuco nunca debió darse. Tal como fue la tónica durante toda su gestión, el Gobierno le esbozó una señal de apoyo y pidió no cuestionarlo en uno de los momentos más difíciles de su mandato. No obstante, gran parte de la sociedad criticó su tardía respuesta frente a lo sucedido, e, incluso, muchos pensaron que tras las presiones Cheyre renunciaría a su cargo. Con el fantasma de la tragedia de Antuco aún en el cuerpo, algunos meses más tarde, una nueva tragedia enlutaría a la institución. El 28 de septiembre de 2005, el vehículo en el que se desplazaban tres funcionarios del Ejército, los que participaban en faenas de exploración de refugios en el Territorio Chileno Antártico, cayó al interior de una grieta de 40 metros de profundidad, dejando atrapados a los militares en su interior. Pese a la profundidad y a las inclemencias del tiempo, lograron hallarlos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La tragedia nuevamente pondría en duda la autoridad de Cheyre dentro del Ejército, pues a sólo semanas del cambio de mando se descubriría que dicha expedición no había sido autorizada y se habían falsificado los permisos para realizarla. El gobierno nuevamente salió a su rescate, evitando criticar frontalmente la situación, responsabilizando a mandos medios y apaciguando las voces críticas. El cierre de una era Cuando el 10 de marzo de 2006 el General Oscar Izurieta Ferrer17 asumía la Comandancia en Jefe en reemplazo de Juan Emilio Cheyre, las aguas parecían más calmas. A los ojos de la sociedad, el proceso de acercamiento a los civiles se veía prácticamente terminado, y aunque quedaban pendientes algunos procesos judiciales de militares en causas de derechos humanos, existía la sensación de que el Ejército ya había encontrado un camino para solucionar este tema, para así continuar finalmente con sus funciones técnicas y abocarse al proceso de modernización que culminaría en el año 2010. 17

Ver anexo 2. 20

El 19 de septiembre de 2006, y en su primera celebración del día de las Glorias del Ejército como Comandante en Jefe, Izurieta declaraba que "para el Ejército la transición está terminada y lo único que para nosotros está pendiente es indudablemente una cantidad de gente que está procesada, que cuando terminen todos sus procesos, recién vamos a dar por terminada definitivamente la transición”, dando por concluido el difícil proceso que habían iniciado sus antecesores 8 años antes e interpretando el sentir de gran parte de los chilenos. En el ámbito de la profesionalización y modernización militar los desafíos del General Oscar Izurieta son bastantes y conllevan la misión de finalizar el proceso ya iniciado e imprimirle su propio sello, tal como lo hicieran los Comandantes en Jefe que sucedieron a Pinochet antes que él, que hicieron suya la misión de transformación, llevándola al campo de la implementación, estudiando la realidad de la institución, informando oportuna y adecuadamente a la institución y apoyándose en la fuerte cohesión que produce la fuerte estructura jerárquica militar. Sin embargo, y como ha sido la tónica en este proceso, no todo sería tan fácil. A finales de 2006, un fuerte dolor en el pecho generaría un vertiginoso deterioro en la salud de Augusto Pinochet, volviéndose a mover las aguas al interior del Ejército y del país, reviviéndose aquellas épocas en las que la figura del ex dictador dividía al país. Después de una favorable semana internado en la Unidad de Cuidados Intensivos coronarios del Hospital Militar de Santiago, luego de haberse recuperado de un infarto al miocardio, nada indicaba un desenlace fatal. Sin embargo, a las 14:15 horas del domingo 10 de diciembre de 2006, Augusto Pinochet moría sin llegar a enfrentar condena alguna por los delitos que le eran imputados. Con su muerte, el Gobierno tenía la difícil misión de decidir si convocaría o no a funerales de Estado, tal como se ha hecho con todos los ex presidentes del país. Pero la decisión ya había sido negociada hacía tiempo, y se apresuraron en reafirmar que no se harían funerales de Estado para el ex gobernante y que tan sólo le corresponderían los honores militares en su calidad de ex Comandante en Jefe del Ejército, nada más. La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sólo se manifestó al día siguiente de su deceso y, a través de las siguiente palabras, trató de justificar la decisión adoptada: ―Tengo la profunda convicción y la voluntad para superar la adversidad, los momentos amargos e injustos y entender que como en los ciclos personales también en los ciclos de la historia de una nación se abren nuevos derroteros donde lo que aprendimos del pasado nos debe ayudar para enfrentar mejor el presente y el futuro”. Y agregó que ―la historia se va construyendo y las verdades se van instalando. Y no voy a eludir en este momento que tengo un concepto muy formado acerca de un período doloroso, dramático y complejo que vivió nuestro país”. La comunicación de la decisión no estaría fuera de la polémica, puesto que dentro 21

del propio Gobierno no existía consenso. Sea como fuere la postura de algunos personeros dentro de las filas del Gobierno, la decisión quedó a firme, decidiéndose por las autoridades militares que el velorio del fallecido General se realizaría por más de 24 horas en el mismo lugar donde juró como miembro de la Junta de Gobierno el 11 de septiembre de 1973: el hall central de la Escuela Militar. Superando todas las estimaciones y bajo la desazón de opositores al Régimen Militar, miles de personas se apostaron fuera de la institución esperando su oportunidad de ver por última vez a quien consideraban un segundo padre de la patria. Pese a que el tiempo de espera superaba las 3 horas y las temperaturas bordeaban los 30 grados centígrados en el día, más de 100 mil personas lograron pasar frente al féretro en las horas dispuestas para el velatorio. La despedida final en el patio de Honor Alpatacal de la Escuela Militar marcó uno de los momentos culminantes del último homenaje del Ejército a Pinochet. Tuvo un gran simbolismo y despliegue, además del enorme marco de asistentes, que fue calculado en 50 mil personas. Luego de las emotivas palabras de sus familiares, con el discurso del Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, se cerró la ceremonia fúnebre en la Escuela Militar y, para muchos, el fin de una era. En sus palabras, a través de las cuales realizó un detallado recuento de la vida del militar, se apresuró en señalar que no le correspondía a él evaluar al gobierno militar, sino que debía ser la historia la que examinara las relaciones políticas o económicas que a Pinochet le cupo en su gobierno. Y, en una clara señal de justificación a la ciudadanía, dijo que es ―indispensable, para contribuir al esclarecimiento de una época tan compleja -inserta en la dialéctica de la Guerra Fría-, mencionar que el Ejército también era víctima de la pasión política desatada, que amenazaba su unidad. Esto ocurría, a su vez, en el seno de las otras ramas de la Defensa Nacional, con la peligrosidad que ello representaba para la supervivencia del país”. “Sin

duda alguna, la decisión más difícil de la vida de soldado del General Pinochet fue su determinación para, de consuno con la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, asumir las responsabilidades superiores de conducción del Estado, ante la gravísima crisis institucional que vivía el país”. En su discurso, pocas palabras estuvieron dirigidas a la modernización del Ejército, solamente recordó que el ex Comandante sentó las bases de lo que fue el proyecto de modernización institucional, especialmente respecto a los procesos educativos, de instrucción y a la incorporación definitiva de la mujer a la profesión militar. El énfasis lo puso en uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Pinochet: la situación de derechos humanos. Y aprovechó para recordar la posición del Ejército 22

frente al tema. ―Ésta ha sido establecida claramente por mis dos antecesores”. “La

situación de los derechos humanos constituye el aspecto más controvertido de su gestión. Él mismo, años después, se condolió por tanto sufrimiento. Más recientemente, en noviembre de 2006, asumió la responsabilidad política de todo lo obrado durante su gobierno”. “En

tal sentido, y conforme a lo que sostuvo durante su detención en el Reino Unido, siempre reconoció la exclusiva competencia de los tribunales chilenos para juzgarlo (…) ¡Augusto Pinochet Ugarte, Capitán General, ex Comandante en Jefe del Ejército: descansa en paz!”. Se dice que Pinochet y Cheyre fueron políticos de excelencia y que Ricardo Izurieta un militar ciento por ciento, rasgo que compartiría con su primo. Y así como al General Ricardo Izurieta se le reconocen los avances por la estructuración orgánica del proyecto de modernización, el saneamiento de las finanzas castrenses y las reformas educativas, al General Juan Emilio Cheyre se le destaca su labor de desmarcar a la institución de la temática de los derechos humanos, continuar con el orden financiero impuesto y concluir la reestructuración y reducción de batallones y unidades existentes, se espera que Óscar Izurieta sea capaz de otorgarle dinamismo y definición a su mando, concluyendo con la modernización proyectada, que permita un Ejército más moderno y despolitizado, profesionalizado, con tecnologías de punta en sus procedimientos, que logre insertarse con éxito en campañas de ayuda internacional y en ejercicios conjuntos con otros Ejércitos. Son varios los desafíos que la institución tiene por delante y las discusiones que vengan no se podrían llevar a cabo sin la relación que hoy existe con el mundo civil, gracias al fructífero camino que se ha pavimentado. Sólo la historia dirá si el camino emprendido fue el correcto y sus protagonistas dignos del desafío que enfrentaron.

23

ANEXO 1. COMPARACIÓN DE CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN Y DISCURSO DE GENERAL AUGUSTO PINOCHET FUENTE: FASOC Vol. VII, Nº 3 PROGRAMA DE LA CONCERTACION Año 1989

MODERNIZACION DEL EJERCITO Clase Magistral 21 de Agosto de 1992

Modernización y Política de Defensa

Modernización y Política de Defensa

-"El objetivo central de la política de Defensa es el resguardo de la soberanía e integridad territorial".

-El Ejército debe ser capaz de cumplir la tarea que le corresponde en la supervivencia de la Nación, respaldar militarmente la seguridad del Estado, comprometido con el orden institucional.

-Se debe tener "plena colaboración de las FFAA para formulación de la política de Defensa". Ellas "son responsables de su implementación y desarrollo". "La definición de sus objetivos políticos y rendimiento es tarea que corresponde a la autoridad política emanada de la soberanía popular".

-En la actualidad la conducción de la Fuerza militar es planificado por el Estado Mayor, dirigido por el Cmdte. en Jefe. Las áreas a modernizar deben proyectar el legado histórico y debe hacerse junto a la sociedad. Este trabajo debe hacerse con autonomía, procurando en el momento oportuno integrarse con los otros estamentos de la sociedad.

-Se debe "establecer una óptima relación entre intereses y objetivos nacionales -democráticamente definidos- y las políticas que orientan y regulan las actividades de las FFAA".

-"Luego de un largo período en que prevalecieron las ideologías, los países han comprendido cuál es el valor de la realidad para formular sus políticas...El criterio de modernización de la institución se encuentra directamente vinculado con un conjunto de variables relacionadas con el entorno en donde debe actuar" (potenciales amenazas, fortalezas y debilidades).

-"La capacidad militar se ha orientado y deberá seguir orientándose al desarrollo de un poder bélico de carácter disuasivo".

-"Se requiere una fuerza capaz de disuadir".

-"Se requiere de un gran esfuerzo de permanente modernización".

-"El mundo actual lleva a adecuar instituciones, a reestructurar organismos...a una revisión tal, que produzca en definitiva un nuevo estilo de actuar en el quehacer profesional". Se necesita concebir y estructurar normas que permitan perfeccionar y modernizar el sistema de gestión en general. Actualizar proceso de educación, instrucción y formación de personal a fin de lograr mayor eficiencia. Ejército debe contar con doctrina actualizada, ser potente, equilibrado, flexible y rápido.

-Se "deberá profundizar su énfasis en el uso de tecnologías apropiadas y en una mayor eficiencia de los recursos". Desarrollo y absorción tecnológica. Integrar conocimiento y entrenamiento científico y tecnológico moderno.

-Se requiere Ejército que incorpore "desarrollo tecnológico de punta basado en la creatividad propia y enmarcado en el nivel optimizado de gastos que fija nuestra realidad".

-"En materia de personal...se producirán necesarios ajustes a funciones". Implementar reducción racional y gradual del personal. Esto permitirá reasignación

-"Considero prioritario redefinir roles, precisar actividades y verificar cargos con el fin de buscar una mayor eficiencia en su empleo". Racionalización de

24

de recursos. Se busca mayor eficiencia en la utilización de los recursos humanos y materiales.

áreas administrativas y logísticas con el objeto de que sean más eficientes.

-"Asegurar e incrementar la capacidad operativa de la rama a través de desarrollo de servicios conjuntos". Interoperatividad. Planificación estratégica del MDN.

-Incrementar la cooperación con las otras ramas de la Defensa. La modernización no es un fin sino un medio, que actualmente está en marcha para que "el Ejército de mañana esté mejor entrenado, para integrarse en operaciones conjuntas".

-Asegurar y estabilizar aprovisionamiento local e internacional de sistemas de armas. "Exige tener una política de aprovisionamiento con visión interinstitucional de conjunto". Coordinación. Desarrollo productivo dual.

-"Hay que definir el papel que tendrá la industria militar". Revisión de su rol en la Defensa como en el desarrollo del país. Mediante distintos mecanismos hacer que contribuya con recursos al Estado.

-"No parece aconsejable obtener del presupuesto de Defensa, en el corto plazo, recursos significativos para otros rubros".

-Imperioso lograr mayor rendimiento de los recursos. "Hay que estudiar y concebir métodos de abastecimiento y gestión eficientes". "Tendría que establecerse sistema de formulación presupuestaria ágil y moderno" que permita asignación por funciones y no por programas. Intensificar evaluación de proyectos. Privilegiar recursos destinados a operaciones y material.

Fuerzas Armadas y Sociedad

Fuerzas Armadas y Sociedad

-Deben existir buenos vínculos entre FFAA y sociedad. Un área favorable en la integración civilmilitar se encuentra en el campo del conocimiento. Se propone la creación de programas conjuntos Universidad-FFAA. Desarrollo de iniciativas conjuntas en campo de la investigación y tecnologías de uso dual.

-Establecer formas dinámicas y eficientes para favorecer vínculos con sectores políticos y otros campos del quehacer nacional y con las instituciones de la Defensa Nacional. Comunicación más directa con la comunidad.

-"Las FFAA podrían enriquecer sus programas educacionales incorporando materias que informen y analicen el devenir internacional contemporáneo y las perspectivas de la revolución tecnológica en curso. Estas iniciativas deben hacerse con la colaboración de los altos mandos".

-Es necesario "reflexionar sobre las posibilidades de actualizar el proceso de educación, de instrucción y de formación del personal, tanto en materias específicas como en otras de interés general, a fin de lograr una mayor eficiencia".

Política Exterior y Defensa -Mayor coordinación P. Exterior y Defensa. Desarrollo de iniciativas diplomáticas y política exterior que colaboren con la Defensa Nacional. Incremento de interacción de las instituciones de la Defensa con responsables de Política Exterior a través de tres niveles: -El Consejo de Seguridad Nacional (reformado) -El Consejo de Política Exterior (reformulado) -Iniciativas específicas de proyección estratégica del país.

Política Exterior y Defensa -Intensificar relaciones con otros ejércitos, de acuerdo con política exterior. Capacitar y entrenar personal en el extranjero, desarrollo de misiones. Participación en cuerpos armados de organismos internacionales.

25

ANEXO 2. BIOGRAFÍA MILITAR DE COMANDANTES EN JEFE DEL EJÉRCITO AUGUSTO PINOCHET UGARTE. Nació el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso. Fue admitido en la Escuela Militar en 1933. Tras cuatro años egresó como Alférez de Infantería, siendo destinado a la Escuela del Arma en San Bernardo. Más tarde, junto con su ascenso a Teniente, volvió a la Escuela Militar. A fines de 1945, pasa al Regimiento "Carampangue", en Iquique. En 1948 ingresa a la Academia de Guerra. En 1951, es llamado a la Escuela Militar donde se le designa comandante de los sextos años y profesor del curso militar. Más tarde obtiene el bachillerato e ingresa a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Sin embargo, su destinación a Quito, a comienzos de 1956, trunca sus estudios. En 1963, es nombrado como Subdirector de la Academia de Guerra. En 1968 se desempeñó en el cargo de Jefe del Estado Mayor en la II División de Ejército. Y, a fines de año es ascendido a General de Brigada y recibe la orden de trasladarse a Iquique, como Comandante en Jefe de la VI División. En Enero de 1971 es ascendido a general de división y nombrado Comandante General de la Guarnición de Ejército de Santiago. Posteriormente es nombrado Jefe del Estado Mayor General del Ejército. El 23 de Agosto de 1973, asume la Comandancia en Jefe del Ejército. Días más tarde, encabezaría el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y el 17 de diciembre, sería nombrado Presidente de la República. En 1990, se produce el cambio de mando en el Gobierno, y con él, retoma sus funciones en la conducción del Ejército. En 1992 formuló la necesidad de emprender una gran tarea de modernización del Ejército, que apuntaba a estructurar una fuerza militar con un alto grado de instrucción y entrenamiento, acorde al desarrollo del país y con las características que imponen los conflictos modernos. El 10 de marzo de 1998 deja su cargo de Comandante en Jefe del Ejército, para asumir como senador vitalicio el 11 de marzo de 1998. RICARDO IZURIETA CAFFARENA. Nació el 11 de junio de 1943 en Santiago, hijo de Pelayo Izurieta Molina ex general de división, y Victoria Caffarena Morice, ex campeona sudamericana de natación. En marzo de 1949 entró al Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda, donde estuvo hasta 1957. Un año después, Ricardo Izurieta ingresó a la Escuela Militar, cuando su tío Oscar Izurieta Molina, ocupaba el cargo de Comandante en Jefe del Ejército en el gobierno de Jorge Alessandri. El 27 de diciembre de 1962, el joven Izurieta se graduó, obteniendo diez distinciones: Premio Ministro de Defensa Nacional, Premio Comandante en Jefe del Ejército, Premio Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Premio Brasil, Premio Colegio MilitarArgentino, Premio Colombia, Premio Ecuador, Premio España, Premio Misión Militar de Estador Unidos y Premio Perú." Incluso el diario "La Nación" de esa época destacó en su su portada la ceremonia y el "caso excepcional del subteniente Ricardo Izurieta". En 1965 y hasta 1972, continuó sus estudios en la escuela de caballería, realizando los cursos de Maestros de Equitación, de Tenientes, de Aplicación Avanzada del Oficial Subalterno, y de Capacitación Pedagógica. Entre 1971 y 1989, Izurieta fue agregado del Regimiento de Caballería Nº4 Coraceros, Comandante del Regimiento de caballería blindada N.3 Húsares de Angol y gobernador de esta provincia, Agregado Militar en Tel Aviv, Israel, en 1987, miembro de la IV Comisión Legislativa, en 1988, y Subsecretario de Guerra, un año más tarde. En 1990 asumió como Director de la Academia de Guerra y como Comandante en Jefe de la I División de Ejército. Luego fue Comandante del Comando de Institutos Militares en 1992, y jefe de la Misión Militar en Washington en 1993. En 1996 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El 10 de marzo de 1998, el Capitán General Augusto Pinochet entregó el mando del Ejército a Izurieta. Así, éste fue ascendido al grado de teniente general, y se le impuso la condecoración

26

Presidente de la República en el grado Collar de la Gran Cruz. JUAN EMILIO CHEYRE ESPINOSA. Juan Emilio Cheyre es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid; magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército y Magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además de estudiar en la UC, Juan Emilio Cheyre se desempeñó como profesor del Instituto de Ciencia Política entre 1984 y 1986. En su trayectoria académica se cuenta también su experiencia docente en la Universidad Gabriela Mistral, en todas las academias de guerra de las fuerzas armadas nacionales, y también una intensa participación como invitado a dictar clases magistrales y exposiciones en institutos de educación superior, congresos y seminarios en Chile y en el extranjero. OSCAR IZURIETA FERRER. Nació el 18 de octubre de 1950. Está casado con Ginetta Fornazzari y tiene dos hijos. Ha cumplido destinaciones importantes: agregado militar en Londres y luego jefe de la misión militar en Washington, y tiene un magíster en ciencias políticas con mención en relaciones internacionales de la Universidad Católica. Era agregado militar cuando se produjo la detención de Pinochet en Londres, de donde había tratado de sacarlo alertado ante un posible interrogatorio. Fue también el primero en enterarse que el General había sido arrestado y quien inicialmente coordinó todos los detalles de su defensa.

27

ANEXO 3. DECLARACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE DERECHOS HUMANOS

Fuente: Ministerio del Interior. www.ddhh.gov.cl REFLEXIONES FUNDAMENTALES La mesa de diálogo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro. Chile sufrió, a partir de la década de los ’60, una espiral de violencia política que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones. Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones de los derechos humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar. En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de los detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todo un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin. Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FFAA. y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la sociedad civil han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la franqueza. Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente: El país necesita hacer todo lo humano posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria. Reafirmamos que es condición del estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático, como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas. Aseveramos, asimismo, que la defensa del Estado de Derecho y, en particular, el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancias, es sustento ético de las instituciones de la nación. Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La solución del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu -en alguna medida- a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos 28

trasciende ese deberá también tiene como propósito que el país tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse. CONTENIDOS PRINCIPALES DE UN COMPROMISO PARA SER ASUMIDO POR EL PAÍS ENTERO Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita clarificar su destino. Condiciones generales sobre la información: Con el objeto de dar información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante. La mesa de diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa. Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile: Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtengan será entregada al Presidente de la República. Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparadas por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligadas a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados conforme a la legislación vigente. La mesa de diálogo acoge la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa información, pero están dispuestas a colaborar en su obtención. Respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en esta Mesa de Diálogo: Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la mesa de diálogo se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentarán las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan serán entregados al Presidente de la República.

29

Respecto de los poderes del Estado. Se solicita lo siguiente: Al Poder Ejecutivo: Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional, y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que están llamados a participar en este esfuerzo nacional. Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema la designación de los ministros en visita que corresponda, una vez recibida la información pertinente.

Al Congreso Nacional: Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional. A la Corte Suprema de Justicia: Que designe ministros en visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República, sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente. Que instruya a los ministros en visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente. Solicitamos al señor Presidente de la República, como máxima autoridad de la nación, que una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses. Le solicitamos, asimismo, que luego de esa evaluación y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la mesa de diálogo pone a su disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiera considerar viables. CONSIDERACIONES FINALES Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país. El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto. La mesa de diálogo estima que sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos. Quienes suscribieron el acuerdo final de la Mesa de Diálogo el 13 de junio del año 2000, con sus cargos a esa fecha, fueron: Mario Fernández Baeza, Ministro de Defensa. Angel Flisfisch Fernández, Subsecretario de Aviación.

30

Luciano Fouillioux Fernández, Subsecretario de Carabineros. Monseñor Sergio Valech Aldunate, Obispo de la Iglesia Católica. Monseñor Neptalí Aravena Bravo, Obispo de la Iglesia Metodista. Jorge Carvajal Muñoz, Gran Maestro de la Masonería. León Cohen Delpiano, representante de B’nai B’rith (organización judía humanitaria). Brigadier General Juan Carlos Salgado Brocal, representante del Ejército. Contralmirante Felipe Howard Brown, representante de la Armada. General de Aviación Juan Ignacio Concha Besa, representante de la Aviación. General Reinaldo José Ríos Cataldo, representante de Carabineros. Pamela Pereira Fernández, abogada de derechos humanos. Jaime Castillo Velasco, abogado de derechos humanos. Roberto Garretón Merino, abogado de derechos humanos. Héctor Salazar Ardiles, abogado de derechos humanos. Guillermo Blanco Martínez, Premio Nacional de Periodismo. Claudio Teitelboim (Bunster) Weitzmann, Premio Nacional de Ciencias. Sol Serrano Pérez, historiadora. Elizabeth Lira Kornfeld, psicóloga. José Zalaquett Daré, jurista. Jorge Manzi Astudillo, psicólogo social, Coordinador de la Mesa. Gonzalo Sánchez García-Huidobro, abogado. Coordinador de la Mesa.

LEY 19.687 18 ESTABLECE OBLIGACION DE SECRETO PARA QUIENES REMITAN INFORMACION CONDUCENTE A LA UBICACION DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Fecha Publicación: 06.07.2000 Fecha Promulgación: 28.06.2000 Organismo: Ministerio del Interior; Subsecretaría del Interior. Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente: En sesión ordinaria del día 21 de junio de 2000 fue aprobada por la Cámara de Diputados por 104 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones (Ascencio (DC), Rozas (DC), Jiménez (DC) y Soria (PPD)). En sesión ordinaria del día 21 de junio de 2000 fue aprobada en el Senado por 43 votos a favor, 1 en contra (Lavanderos (DC)) y ninguna abstención. 18

31

Proyecto de ley: ''Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123. La determinación de las personas a que alude el inciso anterior será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto. La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso. El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso primero, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal. Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquéllos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley. La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto. A la información a que se refiere esta ley, no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.''. Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. Santiago, 28 de junio de 2000.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- José Miguel Insulza Salinas, Ministro del Interior.- Mario Fernández Baeza, Ministro de Defensa Nacional.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.- Alvaro García Hurtado, Ministro Secretario General de la Presidencia. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Jorge Burgos Varela, Subsecretario del Interior.

32