El movimiento del agua en Bolivia y el conflicto con "Aguas del Illimani" por Jorge Komadina Rimassa * En abril del año 2000, después de una intensa movilización conocida como la "Guerra del Agua", vecinos y campesinos de Cochabamba obligaron al gobierno a rescindir el contrato con la empresa transnacional "Aguas del Tunari". Cinco años más tarde, las organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto lograron una victoria similar: la rescisión del contrato con "Aguas del Illimani", empresa dominada por la poderosa "Suez Lyonnaise des Eaux". Estos episodios no constituyeron un supuesto "complot" para propiciar un golpe de Estado, como se dijo en círculos gubernamentales y diplomáticos. Por el contrario, el conflicto de El Alto es el resultado de una amplia y legítima movilización social basada en un principio moral y político: el agua es un bien público y no una mercancía. Ciertamente, el movimiento ha implicado acciones colectivas para recuperar los recursos públicos de manos de empresas transnacionales, pero también ha involucrado el diseño de propuestas alternativas de gestión pública del agua con fuerte control social. No solamente ha sido un movimiento reactivo, sino altamente pro-activo. En ese marco, este informe analiza en su primera parte los principales procesos sociales y políticos en los cuales se inscribe la acción del movimiento boliviano por el agua, examina sus fortalezas y debilidades. En segundo lugar, se emprende un análisis del reciente conflicto entre la Federación de Juntas vecinales de El Alto (FEJUVE), el Estado boliviano y la empresa "Aguas del Illimani" (AISA), evaluando las estrategias de los actores y los acuerdos logrados. Finalmente se examinan las estrategias y dispositivos de presión y negociación utilizados por la empresa, el gobierno y la cooperación internacional. Veamos. 1. La crisis del ciclo neoliberal y la emergencia de movimientos sociales en Bolivia. En 1985, se inició en Bolivia un ciclo histórico marcado por la imposición de un modelo neoliberal. A nivel político, la influencia neoliberal se tradujo en la vigencia de un sistema de partidos basado en pactos y alianzas de gobierno que aseguró la sucesión en el poder de las organizaciones políticas tradicionales 1 . Los programas de ajuste estructural (promovidos por el Consenso de Washington) y la política de privatizaciones de los recursos públicos caracterizan el modelo económico. Asimismo se impusieron estructuras simbólicas que resaltaron los valores del mercado, la modernidad y empresa privada, que implícitamente condenaban tanto los usos y costumbres tradicionales, como las formas de acción colectiva de los grupos sociales. La políticas de ajuste estructural de "primera generación" (década de los ochenta) incluyeron básicamente los ajustes destinados a controlar el gasto del Estado. A mediados de los noventa, se aplicaron las reformas de "segunda generación", destinadas a privatizar los recursos públicos, entre ellos las empresas municipales de agua potable. Así, en 1997, los recursos de SAMAPA (empresa municipal de agua potable de La Paz) fueron transferidas a un consorcio francés, la "Suez Lyonnaise des Eaux". Desde entonces ese contrato fue objeto

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Sociólogo y analista político, consultor de Proesah Principalmente el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN).

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de críticas por el desequilibrio entre la elevación de tarifas y la calidad del servicio 2 . En Cochabamba, en 1998, los servicios e instalaciones de las empresas municipales MISICUNI y SEMAPA fueron concedidos a la empresa "Aguas del Tunari", cuyo componente accionario estaba controlado por una subsidiaria de la Bechtel, y que gozaba del derecho a fijar tarifas. Otro importante dispositivo del poder neoliberal fue la aprobación de la polémica Ley del Agua (Ley 2029), que afectó los antiguos usos de costumbres el agua de los campesinos y convirtió el agua en una mercancía. Sin embargo...donde hay poder hay resistencia. La política privatizadora enfrentó la oposición de nuevos movimientos sociales, tanto en zonas rurales como urbanas. Aun más: la resistencia se transformó en ofensiva. Las fuerzas anti-neoliberales han conseguido una importante representación parlamentaria y, en octubre del 2003, después de lograr la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, han posicionado una agenda política, que incluye la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. Los sucesos de mayojunio de este año han radicalizado aun más las estrategias de los movimientos sociales y han planteado seriamente la necesidad de reformar profundamente la relación entre la sociedad y el Estado. Los recursos naturales y principalmente el agua se han convertido en referente estratégicos en la constitución de algunos movimientos sociales. De esta manera, el año 2000 se produjo la "guerra del agua" en Cochabamba, conflicto que confrontó a una empresa transnacional con la población organizada. La movilización no sólo logró la salida de "Aguas del Tunari", sino también la organización de una empresa social que propone un modelo alternativo de gestión pública del agua. La "guerra del agua" fue el "principio del fin" del sistema político neoliberal. Esta lucha fue dirigida por un movimiento social de nuevo tipo, articulado por la "Coordinadora del Agua y la Vida", fundada en octubre de 1999 y liderizada por Oscar Olivera y Omar Fernández. Aunque no posee una base organizativa propia y permanente, la Coordinadora agrupa a 30 organizaciones sociales de la región, entre ellas a los campesinosregantes, los obreros fabriles, las juntas vecinales y los comités cívicos. Su característica es la organización territorial flexible, no es una instancia corporativa, agrega intereses mediante la concertación. Para comprender el arraigo social del movimiento social del agua es importante señalar que la estructura organizativa de gestión y regulación de los sistemas de agua y riego de los valles cochabambinos se remonta hasta la época precolonial. Los "usos y costumbres" de riego han constituido un referente para la conformación de la Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones de Regantes (FEDECOR), organización matriz de todos los sistemas y organizaciones de regantes de los valles de Cochabamba. El líder de esta organización, desde su fundación, es Omar Fernández. La FEDECOR fue organizada en un congreso constituyente en 1997 y en ella participan 13.000 personas. Los "regantes" tuvieron una

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El contrato ha sido severamente cuestionada, entre otras, por las siguientes razones: Primero: la concesión fue un proceso poco transparente, pues vulneró normas del país. Segundo, la concesión en ningún caso estuvo orientada a los pobres, más de 150 mil alteños tenían negado el acceso al servicio. Tercero: se hizo un incremento adicional del 19% en las tarifas. Cuarto: la concesión atentaba contra intereses económicos del Estado. AISA debía pagar más de 8 millones de $US/año a SAMAPA por el uso de la infraestructura, pero solo pagaba 3.5 millones de $US, generando una gran pérdida al Estado boliviano. Al respecto ver los informes mensuales escritos por Carlos Crespo en el marco del Observatorio de Conflictos Sociales en Bolivia (CESU-UMSS) para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2005 (www.cesu.umss.edu.bo).

participación importante en el cuestionamiento político y jurídico de la Ley de Aguas de inspiración neoliberal. Posteriormente, durante la "guerra del agua", el año 2000, su movilización fue decisiva. El conflicto por el Agua en Cochabamba fue interiorizado por otras ciudades de Bolivia, particularmente por El Alto, como una experiencia extraordinaria, capaz de ser replicada. Así, se conocieron varios intentos frustrados por organizar una "coordinadora" del Agua en esa ciudad. En octubre del 2003 los pobladores de El Alto lograron expulsar a G. Sánchez de Lozada del gobierno, esa experiencia política fue fundamental para la victoria frente a "Aguas del Illimani". 2. El conflicto de El Alto Las demandas de la población de El Alto no son de data reciente. Las protestas por el servicio de agua comenzaron cuando se otorgó la concesión en 1997. En varias ocasiones se produjeron reclamos y movilizaciones contra la empresa; así, durante los conflictos de febrero y octubre del 2003, las instalaciones de AISA en El Alto fueron quemadas y saqueadas. Seis meses antes del conflicto de enero 2005, los dirigentes vecinales plantearon una plataforma de 18 puntos, que incluyó la revisión del contrato con AISA. Las respuestas nunca llegaron. En noviembre del 2004 se realizó un paro de 24 horas y otro fue anunciado para diciembre de ese año, que fue levantado con la promesa de revisar el contrato con Aguas del Illimani. El presidente de la FEJUVE, Abel Mamani, dijo que el Gobierno se comprometió a revisar el contrato y a presentar sus conclusiones el 20 de diciembre. Tampoco hubo respuesta. En enero del 2005 la demanda de los "alteños" se inscribió en una nueva coyuntura. El último día del año 2004, el Presidente Mesa sorprendió al país con un decreto que elevó los precios de la gasolina y del diesel. La medida provocó críticas entre todos los sectores sociales y políticos, sobre todo en El Alto y en Santa Cruz. El clima político del país se tensionó. El gobierno acusó a los dirigentes de ambas ciudades de preparar un golpe de Estado, pero no convenció a nadie. Aunque las demandas de ambos movimientos coincidían en el tema de la elevación de la gasolina y el diesel, ellos tenían alcances y protagonistas distintos. En realidad, el nuevo contexto favoreció a la demanda "alteña" porque fue apoyada por muchos sectores descontentos (los sindicatos obreros y campesinos, los transportistas y comerciantes minoristas, entre los más importantes.).

En ese contexto se destaca el rol estratégico que jugó la FEJUVE de El Alto, una organización de larga experiencia histórica y amplia base social, fuertemente arraigada entre los pobladores. Las primeras organizaciones vecinales en esa ciudad fueron creadas en 1957, entre ellas, el Consejo Central de Vecinos y la Sub-Federación de Juntas Vecinales. En un principio fueron dependientes de las organizaciones vecinales de la ciudad de La Paz. La FEJUVE de El Alto se organizó en 1979, en el marco de las luchas populares contra las dictaduras. Ahora bien, las juntas de vecinos en El Alto son organizaciones (micro) territoriales creadas en torno a necesidades básicas (agua potable, caminos, luz, escuelas...). Las decisiones son tomadas en pequeñas asambleas de zona. Las juntas se articulan en una federación, la FEJUVE-El Alto, que cuenta con un directorio que representa a todos los distritos. Su espacio de decisión es la asamblea de distritos. Aunque las demandas de los dirigentes vecinales en la última década han girado en función a la satisfacción de necesidades básicas, en los últimos años se han formulado demandas políticas nacionales, como la nacionalización de hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. La organización en base a una estructura de distritos, con funcionamiento descentralizado, pero articulado a un eje aglutinador facilitó la toma de decisiones y la ejecución de acciones. La estrategia de lucha se asentó en dos pilares: la ocupación del territorio (forma indígena y campesina de movilización) y la participación vecinal flexible, que involucró a todas las organizaciones con dirigencia, aunque sea pequeña. En cada uno de los nueve distritos que tiene la ciudad se analizó y planificó la movilización. Asimismo la FEJUVE se ha ganado, en los últimos años, una gran legitimidad, sobre todo entre los sectores más pobres, por la posición critica que adoptó en relación tanto a los partidos políticos como en relación a las estructuras clientelistas, organizadas desde el gobierno y las alcaldías. La organización y la legitimidad fueron el secreto de la victoria. Algo más: Abel Mamani, el principal dirigente, ha unificado a los dirigentes y ha generado confianza. La FEJUVE logró el respaldo de otros grupos sociales como los comerciantes, universitarios, transportistas, trabajadores de la prensa, obreros. La FEJUVE tuvo la capacidad de establecer convenios de acción conjunta con otros sectores, como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, que ayudó a ampliar la base social de la resistencia. Pero, el apoyo también vino desde otros movimientos sociales, organizaciones y activistas, del interior y exterior del país, como la Coordinadora del Agua de Cochabamba y los regantes. Asimismo contó con un equipo técnico que apoyó en la construcción de los contraargumentos y las propuestas críticas a la concesión. Los dirigentes también demostraron una gran capacidad de negociación con el gobierno, Se construyeron argumentos válidos, incontestables y de naturaleza propositiva. Asimismo se desplegaron diversas tácticas de negociación que pusieron al gobierno a la defensiva. Por otra parte, en el curso de la movilización, la demanda fue concentrándose en objetivos específicos, fácilmente reconocibles. La recisión del contrato con AISA se convirtió en el punto central. ¿Cuáles fueron las formas de acción colectiva empleadas? El 10 de enero del 2005 se inició la movilización decisiva liderizada por la FEJUVE exigiendo la salida de Aguas del Illimani. Un paro cívico indefinido fue dispuesto, incluyendo bloqueos y demostraciones pacíficas. A la demanda de FEJUVE se sumaron las juntas vecinales de la zona Sur y de las laderas de La Paz, y la Central Obrera Regional de El Alto. Las salidas y entradas a la ciudad fueron controladas por los vecinos y las principales avenidas y calles de los nueve distritos fueron bloqueados con chatarra y llantas ardientes. La ciudad de La Paz quedó prácticamente aislada. Una vez que los distritos determinaron la forma de bloquear, la sugerencia bajó a las

asambleas de las zonas. Cada una decide la forma en que convocará a todos los vecinos, algunos necesitan utilizar amenazas o multas para que todos asistan a las movilizaciones y a otros les basta con adhesiones voluntarias. El paro fue acompañado por marchas y mítines. El 13 de enero, después de consultar a los ocho distritos y a las organizaciones aliadas, la FEJUVE levantó el paro. Se habían logrados los objetivos propuestos sin violencia y sin muertos. Sin embargo, en Febrero 2005, la FEJUVE-El Alto tuvo que movilizarse nuevamente porque el gobierno revisó los acuerdos originales en torno a la rescisión del contrato. El presidente Mesa nombró un nuevo vice-ministro de Servicios Básicos vinculado a la empresa DUCTEC (que el año 2001 intentó exportar aguas hacia el norte chileno), y a un nuevo superintendente de saneamiento básico, militante del MNR y relacionado con la concesión a AISA. La FEJUVE pidió (y obtuvo) la renuncia del nuevo Superintendente. Las nuevas movilizaciones y negociaciones desembocaron en los siguientes acuerdos: •

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Creación de una comisión interinstitucional (FEJUVE El Alto, el gobierno y la Alcaldía de La Paz) para discutir y definir el nuevo modelo de empresa, sobre la base del principio de respetar el patrimonio público, equidad, eficiencia y participación ciudadana. Creación de una comisión de monitoreo (FEJUVES de La Paz y El Alto) encargadas de fiscalizar y acompañar el procesos de terminación del contrato con AISA, particularmente la realización de la auditoría técnico/financiera, que incluye inspecciones en el terreno acerca del diseño, calidad e impactos ambientales de las obras. Creación de una comisión de transición, conformada por este organismo, SAMAPA y AISA, para "operacionalizar" el cierre del contrato y en tiempo de máximo cuatro meses.

El gobierno entregó los decretos que autorizan la contratación de la empresa para evaluar los activos fijos de AISA y la formación de una comisión de estudio y diseño de la nueva empresa de agua potable. No obstante, hasta ahora el proceso de cierre del contrato no ha avanzado seriamente. La instalación de un nuevo gobierno nacional ha retrasado aun más este proceso. III Contra-estrategias: El gobierno, "Aguas del Illimani" y la cooperación internacional frente al conflicto del agua. El Gobierno cometió muchos errores en el manejo del conflicto y demostró que carecía de una estrategia coherente. En un primer momento intentó negociar simultáneamente con la FEJUVE y con AISA para revisar sólo dos puntos del contrato: tarifas y ampliación de la cobertura. El Presidente no consideró seriamente, desde el inicio del conflicto, la salida de AISA. Otro error: recurrió a la manipulación mientras negociaba para desprestigiar al movimiento. Acusó a los dirigentes vecinales, particularmente a Abel Mamani, de tener conexiones con abogados de Sánchez de Lozada. La reacción fue contraria a la esperada. FEJUVE apoyó a su presidente y abandonó las negociaciones mientras no difundieran las disculpas públicas respectivas. El gobierno tuvo que disculparse y debilitó su posición.

La fortaleza del paro cívico obligó al gobierno a cambiar de táctica. Para atender la principal demanda regional de El Alto, el Gobierno se vio obligado a anunciar el fin del contrato de concesión con la empresa Aguas del Illimani. Así, instruyó a la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), a través del Decreto Supremo 27973, "acudir ante las instancias judiciales que correspondan, con la finalidad de garantizar que este proceso termine de manera razonable a favor del Estado boliviano". También le encomendó realizar todas las acciones necesarias en forma inmediata para la terminación del contrato de concesión suscrito con AISA. De esta manera, se concentró ya no en la defensa cerrada de la inversión internacional sino en la negociación de la salida de AISA 3 . La Superintendencia de Agua y Saneamiento (SISAB) fue otro actor importante en el conflicto: protegió la concesión en contra del interés de los usuarios y el gobierno. La dirigencia vecinal tuvo que demandar la renuncia del superintendente por su actitud parcializada a favor de la empresa. Nuevamente se puso en evidencia los graves problemas que supone la acción de las “superintendencias” de regulación, al ser juez y parte de las concesiones. ¿Cuál fue la estrategia de AISA? En días pasados, el 16 de junio del 2005, en una carta enviada a la Superintendencia, la empresa ha reiterado su intención de irse del país y entregar todas sus instalaciones a SAMAPA residual. Esta decisión es un hecho incontrovertible. No obstante, AISA quiere negociar en su beneficio su retirada de Bolivia, para ello, ha enfatizado en varios documentos la decisión unilateral del gobierno de romper el contrato con la empresa para lograr los siguientes acuerdos: •

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Se pretende que la auditoria para determinar el valor del activo neto (referencia de una futura indemnización) sea realizada por empresas consultoras internacionales relacionadas directas o indirectamente con la multinacional del agua. La auditoría debe ser estrictamente contable y no debe verificarse en el terreno. Suez pagará el costo de la auditoría, pero los resultados del informe deben ser vinculantes: si una de las partes discrepa, el informe se anula. AISA anuncia que no renovará las boletas de garantía, tampoco pagará los cánones de arrendamiento, y menciona que se debe descontar esos ingresos de la futura indemnización como compensación de la “ruptura unilateral”. Las futuras acciones de AISA se basarán en el tratado de protección de inversiones (BIT) entre Bolivia y Francia. AISA ha decidido llevar el caso a un tribunal internacional de disputas.

Finalmente, es preciso analizar el rol desempeñado por algunos organismos internacionales. El 20 de enero, ocho días después de la emisión del DS 27973 (fin del contrato con AISA) llegó a Bolivia la Sra. Paulina Beato, alta funcionaria del BID. Después de reunirse con el alcalde paceño, Juan del Granado, manifestó claramente que ese organismo no aceptaba una rescisión unilateral del contrato, por tanto se debía buscar una salida “concertada”. Asimismo 3

El Poder Ejecutivo intentó negociar con Aguas del Illimani la conclusión del polémico contrato. Hubieron problemas cuando la Superintendencia del sector pidió a la empresa la revisión de tarifas. En respuesta, el gerente de Aguas del Illimani, Antoine Kuhn, envió el 7 de enero una carta que falta el respeto al Presidente de Bolivia. que tuvo que ser respondida por El canciller Juan Ignacio Siles respondió a la nota del gerente demandando respeto a la figura del presidente y respeto a las normas bolivianas.

señaló la necesidad de garantizar una "administración transparente, eficiente y responsable", en la nueva empresa de agua potable, atributos que una empresa social no puede garantizar (como mostraba el caso de SEMAPA en Cochabamba). Más aún, afirmó que no habría más apoyo financiero de la cooperación y el BID en los próximos tres años, si no se consideraba la participación privada en la futura empresa. Días después el alcalde paceño se reunió con representantes de la cooperación internacional, incluida la GTZ, COSUDE, Banco Mundial, quienes respaldaron los argumentos de Beato, y en el caso de la GTZ se tradujo en un ofensivo comunicado público “sugiriendo” la modalidad de la “Sociedad Anónima Mixta” (modelo promovido por este organismo) como el más recomendable para la nueva empresa. Juan del Granado, Alcalde de La Paz, no pudo resistir esa presión y cambió su posición: ahora propone la constitución de una empresa mixta e incluso el retorno de la empresa francesa Suez (socia mayoritaria de AISA), porque tendría más capacidad para canalizar créditos de la cooperación internacional que SAMAPA y el gobierno boliviano 4 . ¿Cuál fue el rol de la GTZ? En una gira por Europa, el dirigente de los regantes Omar Ferandez afirmó que la GTZ influye en las políticas hídricas bolivianas, define agendas del gobierno (plan nacional de cuencas) e impulsa proyectos orientadas a la mercantilización del agua y sus servicios (las EPSA SAM). Una sección de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE) envió una carta a la GTZ, cuestionó las declaraciones de Fernandez y apoyó su política en Bolivia. La respuesta del organismo de cooperación alemán, fue la crítica de las ONG’s alemanas que apoyan la lucha contra la privatización del agua, como “Pan para El Mundo” 5 . De acuerdo a un reporte del Observatorio de Conflictos Sociales en Bolivia, la población de Llallagua está muy descontenta con el servicio EPSA SAM implementados en la región y han decidido volver a la modalidad de empresa pública municipal, no sin criticar duramente a la GTZ por su labor en la región. Conclusiones y reflexiones finales La movilización de los vecinos de El Alto no es una lucha aislada, ella forma parte de un amplio movimiento social nacional contra la mercantilización del agua, cuya plataforma incluye la aprobación de los reglamentos de la Ley 2066 y la Ley de Riego, la oposición al modelo EPSA-SAM, la anulación del modelo regulatorio basado en la superintendencia y la lucha contra la exportación de aguas. Asimismo, este movimiento está articulado a los movimientos sociales que, desde distintas regiones de Bolivia, demandan la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y la reforma profunda del Estado Boliviano. El conflicto de El Alto demuestra, nuevamente, la gran influencia de algunas agencias de cooperación internacional en Bolivia, que atentan contra su soberanía e imponen al Estado y 4

La base del programa para la presente gestión municipal del alcalde Juan del Granado es el PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE LA PAZ financiado por el BID, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (84%), crédito aprobado el pasado año (BO0216). En suma, el proyecto municipal y político de Del Granado depende de este crédito. Al respecto ver Observatorio de conflictos sociales en Bolivia, mayo 2005. 5

En el Foro Alternativo Mundial del Agua, en Ginebra entre el 17 al 20 de marzo, como parte de una gira de 21 días en Europa, Omar Fernandez demandó la solidaridad con el pueblo alteño, denunció a la GTZ y el BID por su manipulación e intromisión en las políticas de agua del país

a las organizaciones sociales condiciones de colaboración que son moralmente inaceptables y poco realistas en sentido práctico. Aún más, la poderosa presión de los organismos internacionales vinculados con las petroleras ha desestabilizado al propio Presidente Carlos Mesa. La presión de algunos organismos de cooperación ha obligado a los alcaldes de La Paz y El Alto a diseñar un modelo de empresa basada en la participación privada (u otras con participación privada), enfrentando en los hechos a la FEJUVE, cuyo objetivo es la formación de una empresa pública social. Esto constituye a la vez una debilidad y un desafío para las organizaciones sociales porque esta empresa debe ser a la vez autónoma, participativa, transparente, con alto control social y eficiente. En ese marco, una de la amenazas más grandes del nuevo proyecto caer en las estructuras clientelistas y corruptas de Estado y el sistema político. Uno de las oportunidades del movimiento boliviano por el agua es la Asamblea Constituyente, escenario de re-fundación del Estado boliviano, participativo y plurtalista, en el cual es posible definir, sin condicionamientos externos, una política de gestión del agua y, en general, de los recursos naturales. Cochabamba, junio del 2005.