Universidad Nacional de General Sarmiento Instituto del Desarrollo Humano Licenciatura en Estudios Políticos

Tesis de licenciatura

El peronismo republicano. John William Cooke en el Parlamento Nacional

Cristian Leonardo Gaude

Director: Eduardo Rinesi

2014

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Indice Introducción:

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Capitulo I: Lecturas sobre la obra y acción política de Cooke.

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Capitulo II: Diferentes tradiciones republicanas en disputa

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Capitulo III: El pueblo y la élite. Bases heterogéneas de la unidad política

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Capitulo IV: La libertad: atributo social amparado por el Estado

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Capítulo V: Entre el pueblo, las instituciones y el caudillo. Un republicanismo criollo

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Capítulo VI: Conclusiones

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Introducción En 1943 una intervención militar desplaza del poder político del Estado a Ramón Castillo, ultimo representante de la denominada “década infame”, dando por finalizado un período de más de diez años de estabilidad política basada en el fraude electoral, la corrupción, la exclusión del pueblo de la vida política y la apropiación del poder publico por aquellos sectores sociales más vinculados a la actividad agroexportadora. Entre los diversos sectores que conformaban el movimiento insurreccional de 1943 se encontraba un grupo de oficiales de jerarquía media nucleados en el denominado GOU (Grupo de Oficiales Unidos). Dentro de este grupo comenzó a destacarse rápidamente la figura del entonces coronel Juan Domingo Perón. Desde la Secretaria de Trabajo y Previsión, Perón fue construyendo una carrera política vinculada a la relación con las clases trabajadoras de la nación. En efecto, su intervención en los conflictos laborales terminaba casi siempre en la resolución del conflicto a favor de los trabajadores, lo que fue granjeándole el apoyo de los mismos. Cuando la figura de Perón adoptó un carácter demasiado notorio como defensor de los intereses populares, los sectores del ejército más vinculados a los poderes tradicionales y al anticomunismo lo visualizaron como un peligro para la estabilidad de la nación y lo detuvieron en la Isla Martín García en 1945. Lo ocurrido frente a esta situación es analizado desde múltiples interpretaciones (Luna, 1986; Torre, 1990; Romero, 2001; etc.), lo que es imposible de negar es que el 17 de octubre de 1945 la Plaza de Mayo fue llenada por las masas de trabajadores (presencia extraña en ese espacio geográfico reservado para los residentes del mismo) que reclamaban por el retorno de Perón a su puesto en la Secretaria de Trabajo y Previsión. Así, se forjo una alianza entre Perón y la mayor parte de la clase obrera argentina que se extendería durante casi treinta años. Esta alianza atravesaría por diferentes momentos, destacándose el periodo 1946-1955, en que Perón ejerce el papel de presidente de la Nación Argentina. Durante estos años se forma de manera definitiva un movimiento político basado en la búsqueda de mayores niveles de justicia social denominado “peronismo” en honor a su líder, el cual tiene una notable influencia sobre el movimiento pero no lo agota, ya que el mismo lo trasciende ampliamente. (Altamirano, 1995)

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Durante las primeras presidencias de Perón, el peronismo adquiere las características básicas que lo distinguen. En primer lugar se trata de un movimiento político que apela a los trabajadores para darle legitimidad al régimen que inicia. En segundo lugar, la apelación a los trabajadores no es realizada en el vacío sino que es sustentada en un innegable aumento de la participación del salario en el PBI nacional y en la sanción de leyes laborales coincidentes con reivindicaciones obreras de larga data (lo novedoso del peronismo se encuentra justamente en la correlación entre discurso y práctica política en lo referido a las leyes laborales). En tercer lugar, se trata de un movimiento político que busca el desarrollo industrial nacional en base a la intervención estatal en la economía. En cuarto y último lugar, este movimiento tiene una profunda prédica anti elitista que divide a la sociedad en dos grupos sociales diferentes: los trabajadores y la elite, concibiendo la función del Estado como la de armonizar los intereses de ambos grupos para satisfacer el interés general de la comunidad organizada. Estas características básicas son interpretadas desde diferentes posturas por quienes han estudian el fenómeno peronista. Muchos autores consideran al peronismo como un fenómeno político autoritario y demagógico, que lejos de defender los intereses de la sociedad argentina pretendía generar conflicto para perpetuarse en el poder. Tal es la interpretación de Peter Waldmann (1987), quien sostiene que el peronismo fue una forma de autoritarismo latinoamericano muy similar al totalitarismo europeo. Waldmann sostiene que la figura de Perón puede ser resumida en la analogía del “bombero piromaníaco” que avivaba las llamas incitando a las masas a rebelarse y al mismo tiempo se presentaba ante las clases propietarias como el único capaz de refrenar a las masas. Otra de las interpretaciones tradiciones acerca del fenómeno peronista es la que refleja Luís Alberto Romero, quien sostiene: “Según la concepción de Perón, el Estado, además de dirigir la economía y velar por la seguridad del pueblo, debía ser el ámbito donde los distintos interese sociales, previamente organizados, negociaran y dirimieran sus conflictos. Esta línea –ya esbozada en la década de 1930– se inspiraba en modelos muy difundidos por entonces, que pueden filiarse tanto en Mussolini como en el mexicano Lázaro Cárdenas, y rompía con la concepción liberal del Estado. Implicaba una reestructuración de las instituciones republicanas, una desvalorización de los espacios democráticos y representativos y una subordinación de los poderes constitucionales al Ejecutivo, lugar donde se asentaba el conductor, cuya legitimidad derivaba menos de esas instituciones que del plebiscito popular” (2001: 112)

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De este modo, el peronismo es percibido como una suerte de movimiento corporativista y profundamente antidemocrático que atentaba contra los derechos individuales y que no representa los fundamentos del poder político republicano. Frente a este tipo de lecturas, propondremos en este trabajo acercarnos al peronismo desde una posible lectura “republicana popular”, que supere la visión simplista acerca del autoritarismo de Perón a través del análisis del concepto de caudillismo, aceptando como ciertas las lecturas que definen al movimiento peronista como antiliberal, pero sosteniendo que justamente en ese antiliberalismo se encuentra el posible carácter republicano del fenómeno. En esta línea pretendemos analizar la obra política de John William Cooke, a través del estudio de sus intervenciones en el Congreso, como expresión republicana particular del fenómeno peronista.

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Capítulo I Lecturas sobre la obra y acción política de Cooke.

Lecturas tradicionales. Las fases del ideario cokkiano La figura de John William Cooke está ligada indisolublemente a la denominada “resistencia peronista”, que se inicia desde el golpe de estado que derroca a Perón y tiene un punto culminante en 1959 con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre (Salas, 2006) . Al mismo tiempo, también, al referirse a Cooke, la mayoría de los trabajos sobre su obra destacan su papel formativo en los orígenes de la izquierda peronista y de la consigna del “socialismo nacional”. En esta perspectiva, el centro de atención al estudiar la obra de J. W. Cooke está concentrado en el estudio de la correspondencia que mantiene con el exiliado líder del movimiento y en las tensiones, en ella expresadas, acerca de cuál debe ser la estrategia para la reinstauración del peronismo en el poder. En esta línea de análisis cabe destacar los trabajos de Ernesto Goldar (2004) y de Aritz Recalde (2009). No abundan, en cambio, los trabajos referidos a la tarea de Cooke como diputado nacional entre 1946 y 1951, “fase” o “etapa” de su vida militante que suele ser considerada desde una perspectiva evolutiva como una instancia inferior de su pensamiento, el cual se habría completado sobre el final de su vida. En efecto, existe cierto consenso en referencia a una progresiva radicalización en el pensamiento del delegado de Perón, que finaliza en su adhesión al marxismo como proyecto político, que encuentra en la Revolución Cubana su mayor expresión en la región. En este afán de encasillar al pensamiento de Cooke en etapas claramente delimitables encontramos la obra de Richard Gillespie (1989). El académico ingles propone cuatro etapas del ideario cookiano. La primera etapa, dice, es la que desarrolla Cooke en su juventud como militante universitario vinculado al radicalismo yrigoyenista. En esta etapa, su pensamiento y acción se orienta a la denuncia de los vicios de la restauración oligárquica de la década del 30 y la defensa de la legalidad democrática. La segunda etapa empezaría, según Gillespie, en 1946 cuando Cooke se suma a las fuerzas del oficialismo peronista como diputado nacional. En esta etapa, 6

Cooke se convierte en un ferviente defensor de la justicia social y el welfare state, reivindicando la intervención estatal para garantizar la justicia social. Con la “Revolución Libertadora” se inicia, para Gillespie, la tercera etapa del pensamiento de Cooke, en la cual sus principales preocupaciones son la resistencia frente a la tiranía y la organización insurreccional para reinstaurar el peronismo, y su comunidad organizada, en la Argentina. Finalmente, cuando las relaciones con Perón se enfrían y Cooke se traslada a Cuba en 1960, comienza para Gillespie su etapa “marxista”, la cual está basada en la negación de la legalidad burguesa, la exaltación de cuba como faro revolucionario ejemplificador para Latinoamérica y la opción por la lucha armada como factor de cambio político. La identificación de fases claramente diferenciables en el pensamiento de Cooke también podemos encontrarla en los trabajos de Hernán Brienza (2006) y Aritz Recalde (2009). Ambos autores proponen distinguir tres fases en la evolución del pensamiento de John William Cooke. La primera, vinculada al radicalismo yrigoyenista, en la cual Brienza encuentra en Cooke a un militante probritánico, liberal, institucionalista y adherente a la visión hegemónica de la historia argentina que propone la línea histórica mayo-Caseros. (Cabe destacar que tales afirmaciones no son sostenidas en documentos sino que las realizan por afiliación familiar, ya que el padre de John William estaba vinculado a la UCR) Con la llegada del peronismo, el pensamiento de Cooke sufriría una primera mutación (Recalde sostiene que es por la influencia de César Marcos y Raúl Lagomarsino), que lo lleva a convertirse en un nacionalista populista revolucionario, que denuncia las inequidades producidas por el liberalismo, la acción nociva del imperialismo sobre la soberanía nacional y que defiende el keynesianismo como herramienta de la justicia social. En esta etapa, Brienza sostiene que Cooke es próximo al marxismo en cuanto herramienta de análisis para la realidad nacional, pero no como ideal político, ya que para el Diputado Nacional por la Capital Federal la contradicción básica de la Argentina no estaba en la lucha de clases sino en la antinomia nación/imperialismo. Finalmente, ambos autores coinciden en verificar una radicalización definitiva de Cooke hacia la izquierda y su intención de volcar al peronismo hacia el socialismo, procurando tender puentes entre Cuba y la Argentina para la formación de un bloque revolucionario regional.

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La identificación de etapas diferentes en el pensamiento de Cooke no niega para los autores que hemos mencionado la existencia de un núcleo de pensamiento que pervive a través del tiempo y las circunstancias. Todos los trabajos referidos a la acción política de Cooke desde que adhiere al peronismo, encuentran en la base de su pensamiento tres ejes temáticos: el nacionalismo, el antiliberalismo y el antiimperialismo. En efecto, el nacionalismo es el eje central del pensamiento de Cooke y atraviesa toda su obra. Ésta, es posible sostener que se asienta en la defensa de los intereses nacionales y en la liberación de la nación de las fuerzas que le impiden realizarse. Por eso, su nacionalismo lo lleva a denunciar al imperialismo y al liberalismo como la herramienta ideológica del mismo. Esta posición, que durante el período en que el peronismo es gobierno adquiere en Cooke un carácter institucionalista que encuentra en la intervención estatal sobre la economía la posibilidad de completar el proceso de liberación nacional iniciado en 1810, tras el golpe de estado que derroca a Perón se mantiene, solo que cambia de carácter en el contexto de la persecución que sufre el peronismo por parte de la “tiranía libertadora”. En efecto, alejado el peronismo del poder, Cooke adopta una posición revolucionaria que, tal como destacan Gillespie, Recalde y Brienza, niega la institucionalidad burguesa y promueve la profundización del carácter revolucionario del movimiento peronista, lo que lo lleva a posiciones encontradas con las de Perón. Tal como destacan Horacio González (2007) y los autores antedichos, la profundización de la opción revolucionaria en Cooke lo lleva a discrepar con Perón en cuanto a dos temas: la estrategia para la toma del poder y las bases de apoyo sobre las que debe asentarse el movimiento. La posición del líder exiliado en España era ahogar al régimen de la “Libertadora”, valiéndose de todas las tácticas posibles (sabotajes, alianzas electorales, huelgas, etc.), por lo tanto, estaba interesado en recibir y autorizar a todo aquel que pueda contribuir a la causa, sin importar desde dónde y cómo. Cooke, en cambio, advertía sobre la necesidad de organizar en forma centralizada al movimiento, bajo una unidad no solo estratégica sino también táctica. La amplitud de acciones llevaba a la dispersión del esfuerzo y a la confusión acerca de cuál era la posición del peronismo. Frente al “sí fácil” de Perón, que pretendía “atacar desde todos los frentes”, bendiciendo la acción de todo aquel que invocara su nombre,

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John William Cooke planteaba la intransigencia y la vía insurreccional como única opción para el regreso del peronismo al poder. Este punto de vista diferente entre el líder exiliado y su representante en el teatro de operaciones los lleva a discrepar sobre el carácter de los dirigentes intermedios del movimiento, en un contexto de tiranía proscriptiva de la voluntad popular. Para Cooke, el mayor problema que enfrentaba el peronismo no estaba en la represión de la “Libertadora” o de los gobiernos semidemocráticos, sino que estaba dentro del movimiento mismo (como ya venía advirtiendo desde 1954 en la revista “De Frente”), y era la presencia de una dirigencia sindical burocrática. Al respecto, Ernesto Goldar (2004) sostiene que Peronismo y Revolución, una de las obras centrales de Cooke, debe leerse como una “Critica a la Razón Burocrática”, a un modo específico de ejercer las funciones representativas del pueblo. El burócrata para Cooke, no está preocupado por el fortalecimiento del movimiento, ni tampoco por el regreso de Perón al país. Su principal preocupación es la preservación personal de su lugar como burócrata, por lo tanto su espíritu lo lleva a la no-acción, las expresiones reformistas y a posiciones negociadoras que expresan su mentalidad burguesa. En el contexto de la ausencia de una dirección centralizada y totalmente definida, por la ausencia del líder reconocido por todos los sectores peronistas, la Razón Burocrática, sostenía Cooke, buscaba autorreproducirse, mirándose a sí misma y por ende alejándose de la voluntad y del sentir de las bases, perdiendo por ende su carácter representativo de lo popular y convirtiéndose en élite escindida del sentir popular. Así, la pervivencia dentro del movimiento de los sectores burocráticos impide toda voluntad intransigente, ya que su propio espíritu es la negociación, y detiene la acción intransigente, ya que el burócrata es el dirigente de la inactividad y el reformismo. Cooke procurara forzar a Perón a manifestarse contra la Razón Burocrática y remplazarla por la acción de masas y la organización de las bases para la toma del poder, lo que en los hechos implicaba que Perón desautorizase a una serie de dirigentes gremiales y políticos en la Argentina. Perón no adherirá al planteo de Cooke y este será el comienzo del enfriamiento de las relaciones entre ambos.

Cooke y el revisionismo histórico

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Tal como hemos dicho antes, la mayoría de los estudios dedicados a John William Cooke se enfocan en su correspondencia con Perón y en su carácter de pensador influyente en la formación de la izquierda peronista. Sin embargo, cabe destacar el trabajo de Melina Adelchanow (2005) quien realiza un análisis acerca del papel que cumple la historia en el pensamiento político de John William Cooke. Adelchanow sostiene que Cooke adhería al revisionismo histórico, el cual se presentaba a sí mismo como el opuesto de la historiografía liberal y de la historia oficial, no por mero interés académico o erudito sino porque a través de las relecturas del pasado que proponía el revisionismo y su reinterpretación del mismo, encontraba un punto de apoyo donde legitimar su proyecto político. El conflicto de interpretación acerca del pasado histórico nacional que se manifestaba entre la historia oficial y el revisionismo era concebido por Cooke como una manifestación del conflicto y la lucha política entre dos Argentinas: una oligárquica, liberal y con los ojos puestos en Europa, y otra nacionalista, antiliberal, popular y reconocedora del papel positivo de los caudillos. Es la lucha entre la “civilización” y la “barbarie”, sostenían los revisionistas, lo que impulsa el falseamiento del pasado por parte de la historiografía oficial. Tal corriente historiográfica identificaba toda manifestación de cultura popular y generada desde la realidad de la región como un símbolo de lo extraño, lo impropio, lo incivilizado (lo fuera de la civitas, paradójicamente), lo bárbaro. En contrapartida, eleva al altar de lo civilizado (lo propio de la civitas) y lo natural, la cultura europea, lo foráneo, los dogmas del liberalismo. La adscripción de Cooke al revisionismo histórico, sostiene la autora, estaba sustentada en la defensa de cuatro ejes que se corresponden con las principales preocupaciones políticas del mismo. En primer lugar, adhería a la noción de la historia como un conflicto entre dos Argentinas; una de orientación oligárquica y vinculada a los intereses del imperialismo en la región, que había sido erigida como sentido común por la elite política conservadora, y otra popular y nacionalista, una “Argentina oculta” basada en los preceptos morales propios de la región. En segundo lugar, Cooke adhería a la propuesta de una linealidad revolucionaria en la historia nacional. Frente a la exaltación liberal de la línea histórica Mayo-Caseros, que marcaba en 1810 el inicio de la Liberación Nacional, ponía como punto final del proceso la victoria de Urquiza sobre Rosas en 1852 y el exilio del último, Cooke (entre otros) proponía una nueva línea histórica que expresaba hitos de la liberación nacional. Esta línea no está basada en

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“sucesos”, sino en la acción de caudillos populares que en su momento representaron cabalmente los intereses del pueblo. Así, frente a la línea liberal Mayo-Caseros, el revisionismo histórico peronista proponía una línea más amplia que partía de San Martín, pasaba por Rosas y los caudillos provinciales, tenía una nueva expresión en la figura de Irigoyen, y finalmente con la llegada de Perón a la presidencia de la nación veía completarse el círculo de una liberación, que no solo era política sino también económica y social. De esta manera, sostiene Adelchanow, mientras el peronismo está en el poder, Cooke lo presenta como el desenlace histórico de las reivindicaciones populares y del proceso revolucionario iniciado en 1810. Adelcharow destaca también el lugar central otorgado al pueblo en la reconstrucción de la memoria histórica y la construcción de un proyecto político vinculado a ella. Éste es el tercer de eje de acercamiento al revisionismo por parte de John W. Cooke, quien entiende que el conflicto entre “dos Argentinas” es manifestación del enfrentamiento socio-político entre la oligarquía y el pueblo. La oligarquía, para el diputado peronista, logra implantar tras la Batalla de Caseros un clima cultural favorable a los intereses comerciales de los grandes propietarios de tierras, en alianza con los intereses imperialistas de Europa. De esta manera, la oligarquía concentra el poder político y económico y crea un clima cultural propicio al liberalismo, y por ende (en el pensamiento de Cooke) al imperialismo. El pueblo, en cambio, adquiere el status de auténtico representante de los valores morales de la región y su acción es la mejor defensa de los intereses nacionales frente al imperialismo. Desde Cuba, Cooke dirá que el pueblo se manifiesta en los momentos más críticos de la historia nacional, ya sea resistiendo las invasiones inglesas a principios del siglo XIX, pugnando por las definiciones políticas de liberación nacional en mayo de 1810 y en julio de 1816 y resistiendo al intento de desvirtuar el proceso revolucionario por parte de las elites bonaerenses, erigiendo caudillos provinciales que lideren guerrillas de resistencia en defensa de la liberación nacional y el federalismo. El último eje de relación entre el desarrollo intelectual del revisionismo histórico y la obra y acción política de Cooke es justamente la defensa del caudillismo como una manifestación popular que permite el autoreconocimiento del pueblo en su liderazgo. En este sentido es interesante notar que pese a las etapas que diversos autores identifican en la evolución del pensamiento cookiano, la figura del líder popular

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siempre encuentra un lugar en las manifestaciones de Cooke, ya sea en la Cámara de Diputados de Nación o en Cuba como testigo participante de la revolución que se realizaba en la isla. Adelcharow propone, entonces, que las lecturas de la historia argentina que realiza Cooke están vinculadas a su proyecto político, y si bien ciertas definiciones van variando o moviéndose sobre su propio eje, a lo largo de toda su vida política conserva las cuatro características antedichas (conflicto entre dos argentinas, línea histórica de caudillos, exaltación del pueblo como guardián de los valores morales nacionales, y caudillismo como característica típica de la región y como manifestación de la voluntad popular) La preservación de estas preocupaciones históricas a lo largo de su vida lleva a la autora a relativizar la propuesta de identificar etapas tan definidas en el pensamiento de Cooke. Al referirse a las etapas propuestas por Gillespie, sostiene que son correctas para organizar el análisis, pero que no se niegan entre sí. Al respecto dice: “Señalan más bien un cambio en su forma de enfocar la realidad, ante condiciones políticas que fueron variando sustancialmente. Cooke conserva ciertas preocupaciones pero las redefine.” (Adelcharow, 2005: 18)

Coincido con la afirmación de Adelcharow. Las fases propuestas por los autores acerca de la evolución del pensamiento de Cooke no marcan un cambio profundo en su pensamiento, sino que señalan el cambio de contexto en el que realiza sus expresiones políticas. Las bases del pensamiento de Cooke propuestas en todos los trabajos acerca de su vida y obra señalan su carácter nacionalista, antiimperialista, antiliberal, su exaltación del pueblo y la denuncia de la oligarquía como factor negativo para la liberación nacional, la recuperación del caudillismo como una forma de representación popular que nace del pueblo, los vicios que pueden generar en el movimiento la aparición de elites dirigentes desvinculadas del sentir popular (la razón burocrática), finalmente la preocupación por definir al peronismo como un movimiento revolucionario cuyo papel es finalizar el proceso de liberación nacional iniciado en 1810, tarea que debe realizar desde el Estado.

Leyendo a Cooke en clave republicana

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En estas páginas procuraremos analizar la obra política de John William Cooke, durante los años que ocupo una banca como Diputado Nacional por la Capital Federal (1946-1951) a través de sus intervenciones en el Congreso. Procuraremos rastrear en dichas intervenciones las características básicas de su pensamiento, que llevaron a los autores que han trabajado sobre el tema a caracterizarlo como un pensador nacionalistas, antiliberal, antiimperialista y representativo de una tendencia de izquierda (con la amplitud que el termino pueda tener) dentro del peronismo. Los ejes articuladores del trabajo serán el análisis de la definición que realiza el joven parlamentario con respecto al concepto de libertad, su relación con la acción del Estado y el rol que le adjudica al mismo en cuanto al desarrollo de la libertad. Procuraremos también analizar cuál es el papel que cumple el conflicto entre las “dos Argentinas” que denuncia la historiografía revisionista en la generación de instituciones. Finalmente, buscaremos dar sentido al lugar que Cooke le da al pueblo en cuanto a la generación de instituciones propicias para la libertad, articulando dicha definición con el concepto de caudillismo y su desarrollo en la región. Nuestra hipótesis –ya la anticipamos– es que puede leerse la obra de Cooke, durante los años que ejerció la función de Diputado Nacional por la Capital Federal (1946-1951) a la luz la tradición republicana popular, que no siempre se manifiesta en forma pura en la acción de Cooke, sino que también encuentra tensiones con la misma. Procuraremos corroborarlo a través del análisis de la obra parlamentaria de Cooke entre los años 1946-1951 articulándola en base al concepto de libertad como no-dominación desarrollado por Phillip Pettit (1999).

Un joven Diputado Nacional John William Cooke inicia su vida política durante la “década infame” como joven militante radical irigoyenista. Tal posición lo acerca en 1946 al peronismo, en el que creía ver una continuidad con los ideales igualitarios que el radicalismo representaba a principios del siglo XX. Rápidamente empieza a destacarse como un hombre con profunda vocación política y con una formación cultural de tal magnitud que le permite abordar la discusión y el análisis de los principales temas de interés político, económico y social del momento. Estas características lo llevan a convertirse en uno de los primeros diputados por la Capital Federal del gobierno peronista en 1946.

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Desde su banca como diputado nacional Cooke realiza un sin número de intervenciones, desplegando en cada una de ellas un cúmulo de interpretaciones acerca de la sociedad argentina (tanto en su presente como en su pasado a través de la afinidad con el revisionismo histórico) y de preceptos políticos tendientes a instituir una república de características populares con un fuerte contenido de igualdad social. Al analizar la labor parlamentaria de Cooke durante los años del primer peronismo notamos la emergencia de preocupaciones políticas que lo acompañarán a lo largo de su vida, tales como la explotación de los trabajadores, la desigualdad material entre los ciudadanos que redunda en capacidad de presión política diferencial, la denuncia del imperialismo como fuerza que atrasa el desarrollo económico de Latinoamérica, la defensa de la planificación económica y finalmente la necesaria vinculación entre el pueblo y las instituciones para finalizar la “liberación nacional”. Esta serie de preocupaciones son las que permiten realizar una lectura de Cooke como un pensador nacionalista, antiimperialista, antiliberal y latinoamericano. Sin embargo, tal lectura se realiza usualmente refiriendo al período en que Cooke lideró la “resistencia peronista” como delegado personal de Perón, destacándose en última instancia el alejamiento final entre ambos por la “radicalización” del pensamiento de Cooke. En este trabajo, en cambio, pretendemos adentrarnos en el pensamiento de Cooke a través de sus expresiones políticas volcadas en el Congreso Nacional como vocero del partido gobernante y de una fuerza política excluida y proscripta, ya que creemos encontrar las bases del pensamiento político más difundido de Cooke (lo realizado tras el derrocamiento del peronismo hasta su muerte) en los años que ejerce como parte del bloque parlamentario peronista, solo que matizados por el contexto político y la posición de oficialismo que ocupaba el peronismo. Así, frente a la definición de la República Argentina como una país desigual en lo social, falto de libertad por la presión externa del imperialismo sobre una estructura económica semicolonial y la presión interna de los grupos económicos sobre la soberanía del Estado y las decisiones de los individuos, frente a la apropiación del poder público por parte de la élite y su utilización como poder privado, Cooke pretendía iniciar un proceso de trasformación basado en la libertad y su correlativa igualdad. Este proceso de transformación, sostenía, solo podía ser llevado adelante por un poder político que actuara por y para el Pueblo y cuya función sería preservar los intereses del mismo. Tal poder, sostenía, estaba representado en el Estado.

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De esta forma, frente a la debilidad del republicanismo que percibe en el territorio, plantea fortalecer al Estado frente a los poderes privados que inciden sobre su autonomía, asegurando la superioridad del interés público por sobre los intereses privados. Permitiendo que el agente de transformación sea al mismo tiempo transformado en el proceso revolucionario que Cooke vislumbra en el peronismo. El rol del Estado es, en la visión de Cooke, lo que el peronismo se plantea reformular, y no desde fuera de él sino en un proceso de cambio que el mismo Estado propicia y lleva adelante. Dicha revolución basada en el fortalecimiento del Estado frente a los poderes económicos y a los intereses particulares era planteada como una revolución desde lo institucional que pretendía partir de las instituciones políticas existentes en la Republica Argentina y a partir de ellas comenzar el proceso de transformación. Al respecto decía en una de sus primeras intervenciones como Diputado por la Capital Federal en junio de 1946: “Creemos que la violencia en la acción no significa mayor profundidad en las ideas. No nos interesan las gesticulaciones: no nos interesan los gestos violentos. Precisamente, porque creemos que esta es una revolución trascendente y con gran sentido de profundidad –ya sea en la intensidad de las ideas, como en el tiempo– es que entendemos que hay que hacerla por el único medio que ha de darle perdurabilidad: por el plano de las realizaciones legales. No tenemos ningún temor de que la revolución vaya deshilachándose entre los puntos y comas de las leyes; muy por el contrario, creemos que ha de conseguirse una realización integral de la reivindicación del pueblo argentino.” (2007: 39)

La revolución peronista toma entonces un camino institucional para su realización. Esta primera definición nos permite comenzar a vincular la labor parlamentaria, del joven diputado en particular y del peronismo en general, con la tradición republicana. No es caprichosa la elección de la vía institucional para la realización de la revolución. En dicha definición programática encontraba Cooke la conciencia acerca de la legitimidad y perdurabilidad de las transformaciones que el movimiento peronista pretendía llevar adelante. Frente a las acusaciones sobre la figura de Perón como un déspota o un tirano, frente a las acusaciones de la oposición sobre el peronismo como un movimiento fascista y totalitario, Cooke argumentaba que el propio movimiento se ocupaba de desmentir tales acusaciones llevando adelante todas las reformas políticas, económicas y sociales mediante canales institucionales. Tal voluntad alcanza su máxima expresión

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en la reforma constitucional de 1949, proyecto que presenta Cooke junto con el diputado Guardo en 1948. Allí sostiene con referencia al peronismo: “Llegó la revolución, y el pueblo fue nuevamente interpretado. La revolución inicio la supresión de todo lo antinacional, liquido malas deudas, canceló contratos humillantes y onerosos, retomo lo que legítimamente la pertenecía al país e inicio su régimen con el capital permanente de la Nación: pueblo y trabajo Del Estado prescindente en materia económica, del clásico estado gendarme, sumiso con el amo, duro con el débil, se ha pasado, por imperio de los hechos y de las circunstancias, a un Estado planificador y equilibrador de todas las actividades. De un Estado insensible al ‘debe’ y al ‘haber’ de las transacciones internacionales en materia de productos y de moneda, la necesidad de salvaguardar la riqueza y el porvenir del país ha impuesto un Estado comprador y vendedor único de sus productos y sus divisas, ante el extranjero. De un Estado que no tenía intervención, en materia de trabajo y de salarios, de acuerdo con las supuestas leyes de la oferta y la demanda, se ha llegado a un Estado de justicia social, que vela por el bienestar y la seguridad efectiva y real de todos los habitantes. De un Estado manejado por cenáculos de notables y camarillas áulicas, se ha llegado a un Estado donde el pueblo, después de estar fuera del conocimiento y de la cosa pública, manifiesta, recién ahora, su voluntad libérrima en limpios comicios. Y todo ello, bajo el imperio del actual texto constitucional. No se hizo una revolución contra la Constitución, sino dentro de ella, buscando interpretarla lealmente en lo mucho que tiene de democrático, de popular, de justiciero.” (2007: 197)

En esta intervención de Cooke podemos ver identificados a grandes rasgos los principales ejes de transformación del peronismo, destacando la importancia de las reformas introducidas tanto a nivel político como a nivel económico. Sin embargo, lo que le interesa destacar a Cooke es el carácter legal de tales acciones, no desde un andamiaje institucional impuesto por el peronismo sino desde la actualidad de las instituciones nacionales, rescatando de ellas sus fundamentos básicos. La opción por el parlamento, que defiende Cooke entre 1946 y 1951, era una forma de vincular al peronismo con la historia nacional identificando en ella hitos y personajes que contribuyeron a la formación institucional de sistema político argentino, de los cuáles el peronismo decía ser continuidad. Esta opción, sostenía, era más propicia para que las transformaciones iniciadas, la legislación realizada y los preceptos ideológicos difundidos fueran apropiados por el pueblo, no como una donación del líder del movimiento a ellos sino como derechos obtenidos que no dependen de la figura de Perón. Al mismo tiempo, este “institucionalismo” permitía al peronismo refutar las críticas realizadas desde la izquierda y la derecha del arco político quienes 16

paradójicamente coincidían en identificarlo como un movimiento autoritario y totalitario. Todo lo contrario. El autoritarismo y la imposibilidad de desarrollo individual se encontraban, para el peronismo, en aquellas relaciones sociales que escapaban a la regulación del Estado y donde el liberalismo conformaba un clima cultural sustentado en las capacidades individuales y el libre juego de la oferta y la demanda, lo cual se traducía para Cooke en dominación de los poderosos sobre los débiles. La solución que la revolución encontraba era fortalecer al Estado y otorgarle un nuevo rol interventor en aquellas áreas que el liberalismo consideraba propias de la “sociedad civil”. Así, las reformas proyectadas perseguían tres objetivos que se complementaban entre sí: fortalecer al Estado, tanto en el ámbito interno como en el ámbito de las relaciones internacionales, devolver al pueblo su lugar como soberano, superar aquellas situaciones de dominación que se registraban como causa de la desigualdad social. De esta forma, todos los proyectos e intervenciones de Cooke en el parlamento apuntaban a extender la libertad más allá de expresiones de buena voluntad, nivelar la diferencia de poderes sociales entre los trabajadores y los empleadores y superar el liberalismo como ideología hegemónica, que atravesaba toda la Constitución Nacional, para lograr el fortalecimiento del Estado. El peronismo, tal como lo expresa Altamirano (1995), no reconoce en su formación ideológica inicial un núcleo de pensamiento uniforme, sino que dentro del mismo conviven diferentes corrientes ideológicas que se articulan en base a la figura de Perón. Creo que dentro de esas diferentes corrientes es posible identificar un carácter republicano, siendo Cooke uno de sus principales exponentes. En efecto, lo que la labor parlamentaria de Cooke nos enseña sobre su definición de la libertad, su vinculación con la igualdad, la necesidad de una herramienta política que garantice la posibilidad de disfrutar de la libertad más allá de las expresiones de buena voluntad, el papel del pueblo y de las instituciones en la liberación nacional y la lucha contra los poderes particulares que atentan contra los intereses y la voluntad general, permite establecer vínculos entre la obra de Cooke en particular (y el peronismo en general) con una cierta tradición republicana a la que denominaremos “popular”, basada en una concepción de libertad como no-dominación, que requiere para su efectiva realización la intervención constante del poder político de la comunidad nacional.

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Capítulo II Diferentes tradiciones republicanas en disputa

Las apelaciones a la república o al republicanismo en los debates políticos argentinos contemporáneos suelen referir al mismo como un unidad coherente de preceptos ideológicos que dan forma a un régimen político definido por la separación de poderes, los balances y contrapesos para evitar la concentración del poder público en uno de ellos, y el control institucional sobre las acciones de los gobernantes. Sin embargo, tales definiciones refieren a cierta forma de republicanismo que se identifica con la tradición liberal, y no agotan todos los significados con los que a lo largo de la historia se ha investido a la noción de republicanismo. (Skinner, 1985) El republicanismo no es un conjunto homogéneo de precepto ideológicos, sino que podemos rastrear diferentes corrientes de pensamiento republicano en disputa. Si bien el sentido liberal del republicanismo ha logrado elevarse sobre otros, no es la única alternativa republicana. Podemos identificar al menos dos tradiciones republicanas que se diferencian en cuanto a la definición de libertad que proponen y la derivación de ella de una serie de razonamientos políticos que articula conceptos comunes a ambas tradiciones, pero que se relacionan de manera diferente en cada una de ellas.

Republicanismo liberal y republicanismo popular La primera de estas tradiciones republicanas es la que adopta un carácter liberal. Esta conjunción entre republicanismo y liberalismo suele enfatizar la necesidad de “respetar las formas” para la toma de la decisión publica, evitando así la concentración del poder político en manos de los gobernantes y garantizando que no atenten contra las libertades individuales de los integrantes del cuerpo político. La libertad, desde esta perspectiva, es considerada un bien negativo (es ausencia) del que gozan los individuos en cuanto se encuentran a salvo de interferencias para la acción en base a sus propias capacidades. Esta concepción de la libertad como no interferencia y bien individual encuentra en el siglo XVII un desarrollo importante, en base al desarrollo de la misma que Thomas Hobbes realiza en su Leviatán. Hobbes 18

sostenía que la libertad era la ausencia de impedimentos para la acción individual, y que la acción del gobierno era una forma de reprimir dicha libertad. En el argumento de Hobbes, la represión a la libertad por parte del gobierno era una necesidad para superar el estado de guerra y por tanto una acción virtuosa y positiva. El liberalismo en cambio, adhiere a la definición de libertad como ausencia de interferencia, pero no se plantea reprimirla sino que al contrario busca expandirla. Siendo la libertad un bien individual, en esta tradición republicana cobra especial interés la figura del ciudadano como unidad integrante de la comunidad política. La comunidad política está formada por individuos que tiene un carácter dual, son al mismo tiempo ciudadanos con funciones políticas (directas o indirectas) relacionadas al gobierno de la cosa pública y agentes privados diferentes de la totalidad que forma la comunidad. De esta manera, los ciudadanos desarrollan su vida en dos ámbitos diferentes y escindidos. Por un lado tienen obligaciones políticas que los emparentan con el resto de los ciudadanos y los llevan a una vida pública de responsabilidades frente a la comunidad. Por otro lado, los ciudadanos son individuos particulares que desarrollan sus vidas en un ámbito privado que no guarda (en apariencia) demasiada relación con el carácter público de la ciudadanía. La libertad como ausencia de interferencia se manifiesta en este segundo ámbito de la vida de los ciudadanos, ya que los individuos son más libres en cuanto menos trabas para su acción individual encuentren. Las trabas para la acción individual, tal como planteaba Hobbes, están en la interferencia del Estado en la vida de los ciudadanos. De este modo, las leyes que regulan los comportamientos son consideradas limitaciones a la libertad, que solo son aceptadas como necesarias en cuanto garantizan la seguridad de los individuos y permiten la interacción entre ellos dentro de parámetros estables y previsibles. Así, una república liberal goza de buena salud en cuanto logra contener el ámbito de lo público a su mínima expresión y promueve el desarrollo del ámbito privado. Así, el Estado es concebido como poder público que debe retraerse sobre sí mismo lo más posible para evitar atentar contra la libertad. La república, desde esta perspectiva, requiere un estricto diseño institucional de balances y contrapesos que evite, por un lado, la apropiación del poder público en manos privadas mediante la concentración del poder, y, por otro lado, que limite el poder del Estado para interferir en la libertad de los individuos.

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La función del Estado es generar leyes que permitan ordenar las interacciones sociales entre los individuos, asegurando su libertad y seguridad y al mismo tiempo, reprimirse a sí mismo para garantizar el goce de los derechos por parte de los ciudadanos. Este rol de guardián de la libertad individual frente a otros individuos y frente a sí mismo, convierte al Estado en un poder público que debe estar al margen de los conflictos entre los individuos para asegurar su papel neutral. El conflicto aparece para esta tradición como una situación que no compete al Estado sino a diferentes partes de una relación social. Cuando el conflicto que se da en el seno de la “sociedad civil” llega al Estado se convierte en un peligro para la república, ya que se presentan, pues, dos caminos ante tal situación, la posibilidad de una disgregación del cuerpo político por las diferencias entre las partes, o la intervención del poder público a favor de alguna de las partes, lo que es aún peor pues atenta contra la libertad individual que debía proteger al convertirse en poder privado interviniendo a favor de un parte de la sociedad. Para el republicanismo liberal el conflicto político es siempre un peligro para la unidad social y para el poder público ya que es sinónimo de desintegración o muestra la intención de convertir al poder público en poder privado, trasladando intereses particulares al ámbito del Estado. El hincapié sobre los individuos deriva en la existencia de un cuerpo político homogéneo que se vuelve heterogéneo solo en el ámbito de las relaciones económicas. De esta forma la idea de pueblo aparece como una sumatoria de individuos dispersos, basados en la figura del ciudadano, que se reconocen en cuanto tienen intereses generales en común, es una concepción que no reconoce fisuras, el pueblo es la totalidad del cuerpo político, nunca una parte y el interés general del mismo es siempre uno y no admite contradicciones. Tal definición lleva al republicanismo liberal a considerar que la republica funciona correctamente en cuanto el poder público es llevado adelante por canales institucionales que protejan los derechos individuales de cada miembro del pueblo. La política es apenas una acción administrativa de la “cosa pública” que no reconoce fisuras y cuando lo hace es porque está mezclando los asuntos públicos con los asuntos privados. De esta manera, la participación política es concebida como una carga (excepto para los políticos de profesión que optan por ella como forma de vida) para los individuos, necesaria solo para que los ciudadanos garanticen su propia libertad.

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Frente (en ocasiones al lado) al republicanismo liberal, preocupado por la defensa de la libertad individual y el diseño institucional del poder político para reprimir la posibilidad de acciones tiránicas sobre la misma, por parte del Estado, podemos identificar una segunda tradición republicana que se construye sobre los cimientos conceptuales e ideológicos de la libertad como autogobierno, del papel del pueblo como actor (virtuoso) central de la política, y de la definición del conflicto como posibilidad de desarrollo institucional para la libertad. Esta tradición republicana (a la que denominaremos popular) encuentra sus raíces en el pensamiento político de autores tales como Cicerón y Polibio que refieren a la Republica Romana, en el Maquiavelo de los discursos sobre la primera década de Tito Livío, la preocupación por la igualdad de James Harrington, manifestada en su utópica Oceana en 1656, y el lugar del pueblo y de la soberanía en el Contrato Social de Rousseau, entre otros. En contraposición a la noción negativa de la libertad, propia del liberalismo, el republicanismo popular propone un concepto positivo de la libertad. Si para el liberalismo, la libertad es ausencia de interferencias a la acción individual, la libertad republicana es positiva en cuanto requiere el autogobierno de la comunidad política. Esta forma de concebir a la libertad implica afirmación ciudadana en el Estado, participando políticamente de la toma de decisiones referentes a los asuntos públicos. Así, al igual que en el republicanismo liberal, el diseño institucional del Estado para la decisión política cobra vital importancia. Sin embargo, siendo la libertad el autogobierno y por ende una acción positiva de la comunidad, las instituciones están orientadas a favorecer la participación política de los ciudadanos, no a protegerlos contra el poder del cuerpo social. Es en la posibilidad de forma parte de una comunidad política que se autogobierna que los individuos pueden ser considerados libres de la tiranía. Esta idea podemos remontarla hasta los escritos políticos de Cicerón en el siglo I A.C. y su preocupación por la “cosa pública” frente al ascenso del interés privado entre los ciudadanos de Roma. Esta preocupación lo llevaba a defender la figura del ciudadano como actor político que se realiza a través de la república, advirtiendo que sin ella el interés privado ni siquiera podría ser una preocupación pues la libertad de los ciudadanos, afirmaba, estaba atada a la fortaleza de la república. El ciudadano, en el planteo de Cicerón, es libre en cuanto pertenece a un cuerpo político que trasciende su

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individualidad, es decir que es libre en cuanto forma parte de una comunidad regida por leyes. De esta manera, uno de los pilares del republicanismo liberal está en discusión; la distinción tajante entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado y el reconocimiento de la primera como el reino de la libertad. En efecto, la libertad republicana es gradual. Mientras más pública sea la vida (y por ende menos privada) mayores los márgenes de libertad social. La libertad es aquel “vivir deacuerdo a las leyes” expresado por Rousseau en el Contrato Social.

Libertad como no-dominación y autogobierno en la tradición republicana popular Para esta tradición republicana es en el ámbito de los privado que la libertad corre riesgos frente a los avances de la tiranía y la dominación. Aquí es importante destacar la obra de P. Pettit (1999) quien sostiene que la libertad propugnada por el republicanismo no es la de autogobierno sino la de no-dominación. Al respecto de la misma sostiene: “Destacada la central importancia de esas dos cosas, resulta muy natural concebir la libertad como el estatus social de estar relativamente a salvo de la interferencia arbitraria de otros, y de ser capaz de disfrutar de un sentido de seguridad y de paridad con ellos. Este enfoque presenta así la libertad como no-dominación: como una condición en la cual la persona es más o menos inmune, y más o menos notoriamente inmune, a interferencias arbitrarias.” (1999: 12)

La libertad como no-dominación, basada en la tradición republicana que identifica Pettit, no concibe a la libertad como un atributo de los individuos sino que es una capacidad social. La libertad es una capacidad que solo puede ser alcanzada socialmente, es “ser capaz de disfrutar de un sentido de seguridad y de paridad con ellos (el resto de los individuos)”. Así ningún individuo puede ser libre si el resto de la sociedad a la que pertenece no lo es. Al tiempo que la libertad es reconocida como un atributo social, no individual, Pettit señala como una de sus características la ausencia de “interferencias arbitrarias”. No se limita a la ausencia de interferencias o de intervención sino que la libertad requiere que la interferencia que incida en la acción de los sujetos no sea arbitraria. Esta falta de arbitrariedad refiere a las leyes como institución mediadora en las relaciones sociales, de esta forma cuando el Estado interviene en el denominado 22

ámbito de la sociedad civil no está atentando contra la libertad de los individuos sino que está cumpliendo su papel de regulador de las relaciones sociales, regulación necesaria desde esta perspectiva, pues solo desde el lugar de poder público pueden superarse las desigualdades sociales (y por ende la dominación) que produce el mercado. Entre la libertad como autonomía y la libertad como no-dominación parece haber una brecha que las distingue. Sin embargo, creo que son complementarias y que ambas forman parte de la tradición republicana. La libertad como autogobierno impulsa la participación política de los ciudadanos y un rol activo en la participación del gobierno por parte de todos los sectores sociales. De esta manera, guarda una estrecha relación con la democracia como régimen político, siendo de esta forma más libre la sociedad, en cuanto más logra acercarse a la democracia directa. Sin embrago, en el marco de las sociedades complejas contemporáneas, el ideal de la democracia directa parece ser un ideal demasiado ambicioso y utópico. En este contexto, la preocupación por la dominación para definir la libertad cobra especial interés. El autogobierno, propugnado como paradigma de la libertad republicana desde la antigüedad refiere a la sociedad, no a los individuos. En efecto, quien se autogobierna es la comunidad política, es afirmación frente a los poderes externos al Estado, ya sea otros Estados, o frente a poderes económicos y/o sociales al interior de la sociedad. La defensa de la participación democrática (central en el republicanismo popular) es importante en cuanto fortalece a la comunidad, pero esta concepción de la libertad como acción política positiva frente a otros no es extendida al interior de la sociedad, allí el ideal de libertad es el de no-dominación. Para entender la distinción es fructífero analizar las dudas que genera la libertad republicana al intentar comprenderla desde su acepción liberal. Al intentar tender vínculos entre el republicanismo y el liberalismo Gargarella sostiene: “En efecto, si alguien no puede seguir el modelo de virtud personal que prefiere porque su comunidad se lo impide o lo desalienta, luego, la afirmación de que tal individuo se autogobierna plenamente comienza a aparecer como demasiado dudosa por más que tengas amplias posibilidades de intervenir en política. Un entendimiento habitual, sensato, de la idea de autogobierno, debe dar cuenta de la importancia que le asignamos tanto al control colectivo sobre los destinos de la comunidad, como a la posibilidad de que cada persona escoja por sí misma la dirección que quiere imprimirle a su vida.” (Gargarella 2001, 58)

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Aparece aquí plasmada la preocupación liberal de que la comunidad avasalle al individuo. El autogobierno republicano no esta apuntado, en efecto, a los individuos sino a la comunidad. Sin embargo, tampoco es necesariamente antitético con la libertad individual. La libertad republicana requiere, en primera instancia, asegurar la autonomía de la comunidad frente a otros que le son ajenos (tal es el sentido de libertad republicana que encontraremos en los pensadores de la antigüedad y del renacimiento), lo que supone cierta unidad del cuerpo político en base a leyes que establezcan pautas de comportamiento sociales. Es decir que el Estado, como poder público, impone modelos de virtud cívica entre los ciudadanos. Sin embargo, la libertad desde la óptica republicana no se agota en el autogobierno de la comunidad sino que se llena de contenido al entenderla como nodominación. Tras la seguridad y el fortalecimiento del poder público de la sociedad frente a agentes externos, al interior de la comunidad las leyes y la intervención del Estado están orientadas a minimizar las posibilidades de que se produzcan situaciones de dominación social y/o económica, en base a la desigualdad de capacidades individuales que se dan en las relaciones sociales. El pasaje de la libertad como autogobierno hacia el exterior, al de nodominación al interior de la sociedad nos habla del reconocimiento de un cuerpo político unificado frente a lo ajeno, pero cuya unidad desaparece en las relaciones sociales al interior de la misma. El cuerpo político no es un uno, sino un dos conflictivo.

Maquiavelo: el pueblo y los grandes, humores enfrentados Si para la versión liberal del republicanismo, la sociedad política esta formada por individuos particulares que se asociaban políticamente para la obtención de “bienes convergentes” (básicamente la seguridad individual frente al resto), para el republicanismo liberal la distinción al interior de la sociedad no se da tanto en sentido individual sino que se manifiesta en la distinción entre grupos sociales. En los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo hace referencia a la división social que existía en Roma entre los nobles y los plebeyos, identificando a ambos como parte de un mismo cuerpo político pero como grupos

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sociales que tienen intereses comunes (republicanos) pero también tienen intereses particulares que los enfrentan. Al respecto establecía: “Y, sin duda, observando los propósitos de los nobles y de los plebeyos, veremos en aquellos un gran deseo de dominar, y en éstos tan solo el deseo de no ser dominados, y por consiguiente mayor voluntad de vivir libres, teniendo menos poder que los grandes para usurpar la libertad.” (2003: 44)

Encontramos aquí una distinción social al interior de la comunidad que reconoce facciones en su conformación. En Maquiavelo, la distinción entre los nobles, los poderosos, y los plebeyos convierte al pueblo, al populus como totalidad, en la heterogeneidad de los débiles frente a los poderosos. Al tiempo que la sociedad no es un todo homogéneo sino que está dividido en diferentes estratos sociales, emerge como tema importante para ésta tradición republicana el conflicto entre el pueblo y los nobles. En la cita anterior el conflicto entre los nobles y la plebe estaba en las voluntades contrapuestas de ambas parcialidades, la una por dominar y la otra por no ser dominada. Dicho conflicto, sostiene Maquiavelo, fue la causa de la libertad de Roma durante varios siglos. El conflicto generaba instituciones para preservar la unidad del cuerpo social, evitando que los intereses particulares de cada parcialidad prevalezcan por sobre los intereses generales de la sociedad. De esta manera, la libertad de Roma había estado en sus instituciones que ante el enfrentamiento entre la plebe y los nobles actuaba canalizando el conflicto por canales institucionales que aseguren el anteponer los intereses de la sociedad como conjunto frente a los intereses sectoriales. Para lograrlo las instituciones debían estar basadas en promover la libertad y evitar la dominación. De esta forma, encontramos en esta tradición una apelación al pueblo para asegurar la estabilidad (o la existencia) de un orden republicano. El pueblo como sujeto político contrasta con la idea de individuos dispersos que postula el republicanismo liberal a través de la figura del ciudadano. En efecto para la tradición liberal el ciudadano es un individuo que responde a sus propios intereses y que forma parte de la sociedad nacional en cuanto responde a un interés común con el resto de los individuos. De este modo existe una sociedad compuesta por la suma de individuos que a ella pertenecen, sin que al interior de ella existan diferentes grupos sociales que aglutinen de forma diferente a estos individuos.

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En la tradición republicana popular, la figura del individuo esta subordinada al grupo social de pertenencia, a las condiciones materiales y a la cotidianidad que comparte con otros individuos formando un grupo social. Así, la sociedad no es un todo homogéneo sino que está compuesta por grupos sociales diferenciados que siempre devienen en la distinción entre un grupo social con mayor capacidad de dominación y un grupo que se encuentra en posición de debilidad frente a los poderosos, este último grupo es el pueblo. La apelación al pueblo es, de esta forma, una manera de garantizar la armonía del cuerpo político, impidiendo que los grupos dominantes puedan subordinarlo a su voluntad privada. En Maquiavelo el problema no alcanza mayor magnitud en cuanto reconoce que la voluntad del pueblo es, simplemente, no ser dominado, la cuestión es profundizada cuando se reconoce en el pueblo la existencia de una voluntad particular diferente del interés general. Cuando en 1762 Rousseau publica “El contrato social” sostiene que los intereses particulares que se dan en el estado de naturaleza generan la necesidad de crear un poder común para asegurar la libertad, este poder común que no es otro que el Estado era para él la síntesis del interés general que se encontraba entre las pequeñas coincidencias de los intereses particulares (2001: 43) Así, existen puntos comunes entre los intereses particulares del pueblo y de los grandes, lo que permite la creación de un cuerpo político. Esta coincidencia es lo que denomina la voluntad general. La voluntad general es la voluntad de todo el cuerpo político de vivir en libertad y con seguridad (libro I, capítulo VI), tales objetivos se cumplen mediante la fuerza común de la sociedad. Esta fuerza común se refleja en las leyes como voluntad y en Estado como instrumento de ellas. Siendo, de esta forma, el Estado la base para la existencia de la libertad. A diferencia de la tradición republicana liberal que considera al Estado como guardián de los derechos individuales de cada ciudadano, siendo el Estado mismo, un peligro para dicha libertad, y por ende las instituciones y la división de poderes una de las principales preocupaciones de dicha tradición, en la tradición popular la libertad solo puede manifestarse en cuanto el Estado intervenga para su concreción. La libertad para Rousseau es vivir deacuerdo a las leyes (Libro I, capitulo IX), por fuera de ellas solo hay lucha de poderes entre voluntades particulares.

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El Estado al convertirse en manifestación de la voluntad general imparte la libertad civil entre los miembros de la sociedad, libertad que solo cobra sentido cuando se complementa con un elemento central en la tradición republicana popular; la igualdad. La igualdad, tal como la entiende Rousseau (2001: 72), es la existencia de una paridad de poderes entre los ciudadanos, paridad que no solo debe manifestarse como igualdad ante la ley, sino que debe también adoptar un carácter material. Así, la igualdad que en la tradición liberal adoptaba la forma de igualdad ante la ley y libertad de contratación, prescindiendo del Estado, en la tradición popular el Estado interfiere en lo que el liberalismo denominaría sociedad civil para garantizar, mediante sus instituciones, que no se produzcan allí diferencias de poderes que devengan en la subordinación de unos ciudadanos a otros. En resumidas cuentas, la tradición republicana popular está asentada en cuatro pilares que garantizan la libertad de los ciudadanos. El primero es compartido con la tradición liberal; el funcionamiento de poder público a través de instituciones estatales como medio para evitar el dominio de un particular sobre todo el cuerpo político. El segundo es el reconocimiento del pueblo como actor político relevante que debe estar en vinculación directa con el diseño institucional del Estado. En tercer lugar, la libertad es considerada como autogobierno de la comunidad frente a otros, y como nodominación sustentada en el mayor margen de igualdad posible en el seno de la sociedad, igualdad que es propiciada desde el poder público. En último lugar, la tradición republicana popular se destaca por el papel otorgado al conflicto en el proceso de desarrollo de la libertad. El mismo adquiere un status positivo, aunque peligroso, ya que si bien se reconoce en él un peligro para la unidad del cuerpo político y por ende de la república, es mediante el conflicto que las instituciones se forman para garantizar la libertad del pueblo y la estabilidad de la república. Es en base a esta tradición republicana que se puede leer la acción parlamentaria de Cooke durante el primer peronismo. En este trabajo procuraremos rastrear los cuatro pilares del republicanismo popular en las intervenciones del joven diputado peronista en el congreso.

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Capítulo III El pueblo y la élite. Bases heterogéneas de la unidad política

Pese a que el republicanismo precisa concebir a la sociedad como una comunidad política unificada que actúa movida por el interés general, reconoce que dentro de dicha comunidad existen diferentes sectores sociales que en su carácter particular tienen intereses contrapuestos que quiebran la unidad del cuerpo político, ya que los intereses facciosos de estos sectores en ocasiones entran en conflicto con los intereses generales de la sociedad. En las intervenciones parlamentarias de Cooke encontramos una distinción recurrente entre dos sectores sociales diferentes que forman la sociedad política nacional: el pueblo y la élite, o los trabajadores y la oligarquía. Esta distinción es central, en la perspectiva de Cooke, para comprender la historia argentina, ya que para él, las instituciones nacionales, el clima cultural, la ideología política hegemónica y el perfil económico adoptado por la Argentina eran consecuencias del papel cumplido, como clase dirigente, por la élite durante la mayor parte de la historia nacional.

La élite. El interés particular al poder La élite, en el pensamiento de Cooke, estaba conformada por los dueños de la tierra, la clase propietaria de la pampa húmeda y del interior del país. Pese a su carácter propietario, la élite terrateniente no estaba vinculada a la tierra, sino que su vista estaba orientada hacia el viejo continente del cual obtenía su formación intelectual y formaba su concepción del mundo. De esta manera, la élite era una suerte de adaptación local de las clases dirigentes europeas y actuaba en consecuencia, exaltando todo lo europeo (más precisamente lo proveniente de Francia e Inglaterra) por sobre lo americano. Tal formación cultural en base a la copia e imitación de lo europeo occidental entre la élite terrateniente era complementada por una real vinculación con las potencias económicas en base al intercambio comercial. En efecto, ya a mediados del 28

siglo XIX la República Argentina comenzaba a adoptar un claro perfil de economía agroexportadora complementaria de las economías centrales europeas, principalmente de Gran Bretaña. Este diseño económico, basado en la exportación marítima de alimentos y materias primas y la importación de productos industriales y de capitales, convirtió a Buenos Aíres en la cabeza virtual de la República, subordinando al resto de las regiones a su comando. Tal subordinación se traspoló a la sociedad subordinando al pueblo a la dirección política de la élite. De esta forma la élite es identificada por Cooke como una clase dirigente que se apropió del poder público, privando al pueblo de su derecho a involucrarse en la cosa pública, en la “res publica”. Así, el rol dirigente adoptado por la élite la convirtió en una oligarquía escindida de la voluntad popular y su dirección del rumbo político del Estado Nacional era realizado a favor de sus intereses facciosos y en base a los preceptos ideológicos europeos, exaltando sus virtudes “civilizadoras” y remarcando el carácter “bárbaro” de la cultura criolla. Así, la elite se convirtió en clase dominante por concentrar en sus manos, a un mismo tiempo, el poder económico y el poder político. Desde su posición dirigente, repetía constantemente Cooke, la oligarquía inició un proceso político y económico alejado de la realidad nacional del territorio. En lo económico convirtió a la nación en un complemento de los países imperiales europeos. De este modo la Argentina se volcó a la producción de materias primas y alimentos, los cuales estaban orientados al mercado externo, dejando de lado cualquier intento de iniciar un proceso de industrialización nacional, deteniendo el progreso de la sociedad para adoptar un modelo económico que beneficiaba solo a los propietarios de la tierra. Cooke sostenía que la formación cultural de la élite, orientada por los preceptos ideológicos europeos, impidió que se manifestara un proyecto nacional con identidad propia, imponiendo en cambio un esquema económico complementario de la industria europea. Esta situación no era para él atribuible a gobernantes específicos sino que era la consecuencia de una clase dirigente sin conciencia nacional. Cooke lo expresaba en los siguientes términos en su intervención de 1946 con respecto a la ratificación legislativa de los decretos de ley referentes al régimen bancario y a las organizaciones económicas:

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“Veamos el panorama de la política en materia económica. Este país ha tenido gobernantes buenos y malos. Jamás hago en este recinto condenas retrospectivas a mandatarios determinados, que podrían ser injustas; pero sí puedo afirmar que no ha existido en nuestro país una clase dirigente con concepto cabal de su rol, que permitiese la formación de la conciencia nacional en materia económica.” (2007: 101)

Luego continuaba: “La conciencia pública nacional no ha podido formarse en materia económica, principalmente por la ineptitud y la inercia de la clase gobernante, que ha seguido líneas hedónicas de conducta, fomentadas por la prédica de los traidores nativos.” (2007: 101)

La élite es caracterizada, en primer lugar, como una porción de la población que se apropia del poder público y se erige en clase dirigente. Este rol adoptado por ella deviene en un estancamiento económico de la república por la imposibilidad de aprovechar al máximo el potencial de la región, ya que desde su rol dirigente la élite adopta esquemas económicos que responden a preceptos ideológicos europeos y no nacionales. Sin embargo, en la segunda cita empieza a vislumbrase una de las características básicas que Cooke atribuye a la élite; su papel de agente local del imperialismo. En efecto, Cooke consideraba a la clase dirigente nacional, formada tras la batalla de Caseros en 1852, como la expresión local del imperialismo. Son frecuentes las alusiones en ese sentido realizadas por Cooke en su papel de diputado nacional por la Capital Federal entre 1946 y 1951. El papel jugado por la élite como agente local del imperialismo ingles cobraba mayor trascendencia en cuanto la oligarquía no era un agente social más entre otros, sino que se había erigido en la clase dirigente de la república, tomando decisiones en nombre de toda la comunidad política. El clima cultural en que se movía la clase dirigente era de vital importancia para entender el devenir de la historia nacional. Eran frecuentes, en las intervenciones parlamentarias de Cooke, referencias a la historia nacional y su posición revisionista con respecto a la misma. Tal revisionismo, en Cooke, solía traducirse en reconocer a Juan M. de Rosas como un héroe nacional e identificar a toda la dirigencia política que siguió a Urquiza tras la batalla de Caseros como hombres alejados del sentir popular, deslumbrados por el liberalismo y dispuestos a desterrar del país todo lo que consideraban parte de la herencia hispánica y remplazarlo por una nación que pensara y

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sintiera como Francia en lo político y como Inglaterra en lo económico. Sin embargo, esta imitación, decía Cooke, se limitaba a la puerta de entrada, a Buenos Aíres, donde reinaban las formas francesas y la vocación de complementariedad económica con la nación insular británica era adoptada a través del intercambio comercial y la división internacional del trabajo. Este intento de imitar a Europa, tal como lo planteaba el diputado peronista, solo podía realizarse excluyendo al pueblo de las decisiones públicas y desvirtuando la formación mental criolla. Según Cooke, la historia nacional y la geografía de la región habían formado una cultura nacional que difería de los preceptos ideológicos hegemónicos de Europa. La élite, desde el Estado, llevaba adelante un proceso político destinado a remplazar la cultura local por el norte cultural que veían en Europa. Así el colonialismo intelectual de la élite la llevaba a despreciar todo lo que era producción cultural local. Ya en los fundamentos que preceden al proyecto de reforma constitucional que presenta junto al diputado Ricardo Guardo, sostiene: “Lo antiamericano, lo anticriollo, lo antiargentino, fue exaltado precisamente por aquellos americanos, por aquellos criollos, por aquellos argentinos que, constituidos en clase dirigente, pretendían olvidar su origen, su sangre, su idioma, su arquitectura mental. Renegaban de la tierra, para igualarse a los conquistadores y a los amos imperialistas, con la conocida intransigencia de todo neófito.” (2007: 196)

El colonialismo cultural era acompañado de un dominio económico, ejercido por los países industriales y favorecido por la clase dirigente que actuaba en beneficio propio y de espaldas a los interés generales de la república. La pulsión de dominar que orientaba los actos de la élite la llevaban a no refugiarse en el ámbito personal, sino que requería unificar en sus manos el poder económico, producto de la propiedad de la tierra, y el poder político, autoproclamándose representante de la nacionalidad ante el mundo y tutor del pueblo, al cual, sostiene Cooke, adosaron el rótulo de bárbaro e incapaz de manejar su propio destino. Para Cooke, desde que Urquiza depone por las armas a Rosas en 1852, la República Argentina fue conducida por un grupo de notables que se convirtió en oligarquía. A excepción del periodo comprendido entre 1916 y 1930, el pueblo argentino, sostenía el joven diputado, había estado subordinado a la élite, que en su intento por controlar los destinos de la república había falseado la realidad y el pasado mismo. 31

En el homenaje póstumo, realizado al doctor Adolfo Saldias por los cien años de su nacimiento, en septiembre de 1949, Cooke decía: “Nuestra historia, señor presidente, fue maliciosamente deformada por el grupo dirigente que, después de la caída de Rosas, se encaramó en los comandos económicos, políticos y sociales. Ella no ha sido falseada sin motivo, ya que la oligarquía argentina ha sido muy cuidadosa. Cada vez que conquisto el poder ya sea en la época de la oligarquía del puerto de Buenos Aíres, la oligarquía iluminista directorial, ya sea después del 53, una vez que tuvo en sus manos los medios de dirigir al país, no descuido el comando conceptual, el dominio de las ideas. Al mismo tiempo que consumaba la tremenda entrega económica del país, de la que recién ahora estamos saliendo, consumó la entrega conceptual ligándonos a una serie de dogmas que han constituido uno de los eslabones más pesados de la cadena del yugo al extranjero.” (2007: 374)

El colonialismo cultural propiciado por la oligarquía buscaba negar al pueblo toda oportunidad de dirigir los destinos de la nación y de dar inicio a un proceso de desarrollo económico pensado desde y para el pueblo. Para eso era necesario (y esa era otra de las características básicas de la oligarquía según el planteo de Cooke) desvirtuar el régimen representativo, para lo cual, la oligarquía, recurría como practica constante al fraude, acción que identificarían abiertamente en la década del 30 como una acción “patriótica”. La élite, entonces, era percibida por Cooke como una clase social apartada de la cultura local y con poca o ninguna vocación republicana y nacional. La caracterización de sus miembros como gerentes del imperialismo europeo en América da cuenta de un grupo social con vocación de dominar, pero no a favor de la comunidad política que integra, sino en provecho propio. La apelación al fraude o el negar al pueblo el derecho al voto argumentando incapacidad mental para tal acción, eran intentos de apropiarse del poder público y desvirtuar su objetivo convirtiendo en poder privado. La élite forma parte de la comunidad, del soberano, del Pueblo entendido como totalidad del cuerpo político. Sin embargo, sus características básicas contrarias a la cultura criolla y alejadas de los valores morales nacionales (cuestión que analizaremos luego), y su papel de agente local del imperialismo, permiten caracterizarla como un agente social cuyo interés particular se impone por sobre el interés general, lo que lleva a Cooke a ubicarla (aunque nunca lo exprese explícitamente) por fuera del Pueblo, y a reservar el papel de auténtico soberano a quienes representan cabalmente el espíritu republicano y democrático de la nación: el “bajo pueblo” formado por su experiencia histórica y la realidad geográfica de la región.

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El pueblo. Reserva moral de la nación En la tradición republicana, el ciudadano es la figura central de la política pública. La figura del ciudadano remite a un sujeto de derecho que participa del gobierno común, ya sea directamente o a través de representantes. De esta forma, la totalidad de los ciudadanos forman al Pueblo, el cual es soberano e indivisible, siendo los ciudadanos participes del gobierno en cuanto forman parte de una totalidad diferente a su individualidad. El Pueblo no es la suma de todos los ciudadanos, sino que se trata de una comunidad política basada en la capacidad de acción que proporciona la unión como totalidad y no la adición de capacidades individuales. Sin embargo, cuando Cooke refiere al pueblo es claro que no tiene en mente a la totalidad de los individuos que forman la comunidad política, pese a que todos ellos sean considerados ciudadanos. Cooke no refiere al pueblo como totalidad que fundamenta la existencia del Estado, sino que se refiere al pueblo en sentido limitado y con consecuencias prácticas. El pueblo, para Cooke, está compuesto por los sectores populares, básicamente la clase trabajadora. Su definición es práctica en cuanto permite distinguir sectores sociales y actuar en base a dicha distinción. De esta forma el Pueblo, soberano por derecho en la tradición republicana, es remplazado por una versión más limitada de sí mismo: el pueblo trabajador, que se convierte en la totalidad en cuanto quienes quedan fuera de él no responden mental y materialmente a los valores políticos que expresa la República Argentina. La tendencia hacía el dominio y la falta de conciencia nacional de la élite permite a Cooke caracterizarla como un poder faccioso que actúa en contra de los intereses nacionales y que lejos de fortalecer a la republica la debilita desprestigiando con su práctica política a las instituciones estatales. Sí la élite creció intelectualmente admirando e imitando a Europa, el pueblo es “el hijo de la tierra”; sí la élite esta impulsada por su afán de dominio, el pueblo es impulsado por los preceptos de libertad y justicia, si la élite era considerada agente local del imperialismo, el pueblo es el sujeto político que puede completar la liberación nacional. En suma el pueblo es, para Cooke, el depositario de los auténticos valores nacionales que pueden crear una república libre, fuerte y duradera.

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Las ideas favorables a la libertad y a la igualdad que la tradición republicana popular desarrolla cobran sentido en la región cuando el pueblo se las apropia otorgándole sentido desde su propia experiencia y materialidad. La libertad y la igualdad funcionan en el país no por el desarrollo de la idea en Europa y la importación de tales conceptos al territorio, sino porque el pueblo ya tenía incorporados dichos conceptos. Cooke expresa cabalmente esta afirmación en ocasión de tratarse la derogación de la Ley de Residencia (4144) en el año 1946. Allí decía: “De nada hubiese valido la difusión de las teoría de libertad, americanas y europeas; de nada hubiese valido la traducción de Rousseau; nada hubiese significado la doctrina de los enciclopedistas, si el hijo de la tierra no hubiese tenido profundamente arraigados en su espíritu los conceptos que dichas doctrinas preconizan.” (2007: 75)

La definición del pueblo como hijo de la tierra es de la mayor importancia. El contacto del pueblo con la tierra lo lleva a la formación de una cultura propia que sintetiza las características de la región y la historia nacional, formando lo que Cooke denomina la cultura criolla. Para el diputado, la geografía de la región, con predominio de la llanura, y el papel jugado por el pueblo en las luchas de liberación nacional dejó una profunda huella en su espíritu, que persistía aún en el tiempo que él ocupaba su banca como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aíres. Por eso continúa en la derogación de la Ley 4144 diciendo acerca del pueblo: “El contacto con la llanura le da la noción de objetiva de la inmensidad y, subjetivamente, la noción de >, de > y de >. Su lucha en la soledad, bastándose a sí mismo, aislado en sí mismo, le dio la concepción de >, puesto que si vencía al medio ambiente no tenía por qué reconocer ninguna superioridad sobre él. No se quiera ver en esto ningún factor anárquico ni disolvente. Ese espíritu de la altivez criolla y no otro sentían sus antepasados, los fijodalgos de Aragón, cuando decían: >. La libertad y la igualdad generaron el coraje.” (2007: 75)

La materialidad de la región, entonces, permitió al pueblo generar una mentalidad propicia a la libertad en sentido igualitario. Tal mentalidad, sin embargo, alejaba al pueblo de los preceptos ideológicos hegemónicos provenientes de Europa, donde el concepto hegemónico de libertad adoptaba la noción negativa de ausencia de impedimentos para la acción, profundizando el carácter individual de los ciudadanos. Para los criollos, en cambio, la libertad adoptaba un significado diferente. La libertad no era concebida como ausencia de impedimentos para la acción individual, sino que 34

era concebida como un estado de igualdad entre los miembros de la sociedad donde ninguno de ellos pueda dominar al otro. El trabajo, enfrentando la naturaleza, daba a los hombres la convicción de que sus propias capacidades eran suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, y que si por su cuenta podían superar las dificultades que ofrecía la vida en la llanura, no existían razones para creer que el resto de los hombres pudieran ser superiores a ellos. De esta manera, Cooke recurre a una suerte de determinismo geográfico para sostener que frente al dominio de la oligarquía, el pueblo tomó distancia de tales prácticas refugiándose en sí mismo y no prestando consentimiento a las prácticas políticas de la élite. El pueblo, en la lectura política que realiza Cooke, es la contracara de la élite. Sí la clase dirigente previa a la revolución del 43 había basado sus prácticas políticas en un intento de destruir toda construcción cultural nacida de la experiencia nacional y arraigada al territorio, el pueblo era depositario de los valores morales de la nacionalidad, ya que en él se encontraba sintetizada la historia nacional y las características geográficas de la región que forman practicas morales que devienen en políticas. Cooke identifica entre las principales características de la cultura criolla que orienta las prácticas sociales del pueblo a los siguientes valores morales: fe en el porvenir y en la grandeza futura de la nación, confianza en el propio esfuerzo, exaltación del coraje y pundonor criollo, desprecio de las leyes injustas, sentido de la amistad, libertad e igualdad como conceptos prácticos. La fe en el porvenir y en la grandeza futura del país es para Cooke una característica esencial del pueblo argentino. La confianza en el futuro, sostenía, llevó al pueblo argentino a refugiarse en sí mismo cuando la élite se erigió en clase dominante alejada de la realidad nacional. También mantuvo intactos los valores morales nacionales cuando intentaron remplazarlos con una cultura foránea a través de la incorporación masiva de inmigrantes. De esta manera, afirmaba Cooke, la fe en el futuro permite que el pueblo se mantenga impoluto frente a las experiencias políticas alejadas de la realidad del territorio. La confianza en el propio esfuerzo lo llevaba a exaltar al trabajo como el medio para procurar la satisfacción de todas sus necesidades. El esfuerzo individual llevaría a la consecución de los objetivos de vida particulares, y al anudarlo con el esfuerzo colectivo llevaría al desarrollo económico nacional. Esta consideración llevaría a Cooke

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a proyectar la reforma del artículo 15° de la Constitución Nacional en 1948, estableciendo que el trabajo es un derecho inalienable en cuanto es el medio para el desarrollo individual y social de los ciudadanos. El coraje, en el marco de la concepción igualitaria de la sociedad, era percibido por Cooke como una característica que permitía al pueblo resistir los intentos de dominación que sobre él se ejercía. No era rebelión constante ni prepotencia, sino resistencia frente a los intentos de coartar su libertad. Al mismo tiempo el pundonor criollo llevaba al pueblo a refugiarse en una aparente frivolidad frente a la política cuando se lo excluía de la misma, frivolidad que la élite caracterizaba como ausencia de madurez mental para manejar su propio destino. A tal característica refiere Cooke en la fundamentación acerca de la reforma de los artículos 20° y 21° de la Constitución Nacional, allí dice: “Se dijo que no era capaz de sentir con seriedad, de pensar con seriedad, de actuar con seriedad. Que era vano, ligero, epidérmico. ¡No! Es precisamente un pueblo de pundonor viril, con una enorme reserva de fe. Su frivolidad, su ligereza, su insensibilidad, es una reacción de pueblo grande. No se queja, ni llora, ni se siente humillado, ni deprimido. Esta grandeza de nuestro pueblo, esta grandeza que tiene su fuerza, como Anteo, en la tierra, no ha sido captada por la oligarquía servidora del imperialismo, ni por nuestra seudo , de espaldas al país” (2007: 217)

Así, lo que aparentaba ser indiferencia, falta de compromiso o poco interés por los asuntos públicos, era considerado por Cooke como una conciencia clara acerca de la exclusión que el pueblo sufría con respecto a la política y la falta de vinculación entre los valores nacionales y las practicas institucionales de un Estado cooptado por la oligarquía. El pundonor y el coraje llevaban al pueblo a oponerse a todo lo que consideraban un atentado contra su libertad, aun cuando quien lo realizase fuese el Estado Nacional. De aquí se desprende el desprecio hacía las leyes injustas. El desprecio por las leyes injustas era una práctica de resistencia del pueblo frente a la clase dirigente. Si tenemos en cuenta que Cooke remarca constantemente que la historia política argentina se caracteriza por el dominio de la oligarquía y la exclusión del pueblo de los aparatos de gobierno durante la mayor parte de la vida de la república, la actitud de desprecio hacía las leyes injustas es una forma de deslegitimar la autoridad de una clase dirigente con la que no sienten ninguna vinculación. Al mismo tiempo es también una afirmación de conciencia acerca de cuál es el papel que el pueblo debiera cumplir: el de legislador. 36

La amistad es tomada como una actitud frente a la vida y a la sociedad, en la cual los ciudadanos del pueblo se vinculan entre sí de forma fraternal y no como medio para obtener beneficios. Finalmente, la libertad y la igualdad aparecen como los conceptos morales que aglutinan a todos los anteriores. La libertad es, desde la perspectiva del pueblo, un estado físico y mental en el cual el individuo no se encuentra subordinado a ningún poder ajeno a su voluntad. Para Cooke, el contacto del pueblo con la tierra había generado una concepción de libertad diferente a la que se propiciaba desde Europa con el liberalismo. Si en Europa la libertad era considerada como una situación en la cual los individuos no sufrían ninguna intervención en sus elecciones, en Argentina el pueblo concebía a la libertad como ausencia de dominación, no como no intervención. El pueblo, por sus características básicas de amistad, esfuerzo, fe en el porvenir y demás, tenía una concepción que difería del liberalismo desde el inicio, ya que este último consideraba a la libertad como un bien individual y en la conciencia criolla la libertad era esencialmente social, no pudiendo ser libres los hombres antes de que sea libre el conjunto de la sociedad. Esta concepción de libertad iba acompañada de la igualdad como su requisito fundamental. Nuevamente retomando la génesis de la cultura criolla, Cooke dice que la conciencia popular fue formada por la experiencia histórica, lograda en las guerras de independencia y en la resistencia al poder subordinante de Buenos Aíres, y por el contacto con la geografía local, basada en los espacios abiertos de la llanura y en la noción de inmensidad que proporcionaba. Esta conjunción entre experiencia histórica y determinismo geográfico había formado en el pueblo un fuerte sentido de pertenencia social a la comunidad política nucleadas bajo el rotulo de República Argentina. Dicho sentido de pertenencia, basado en una experiencia histórica común y en la conciencia acerca del trabajo como el único medio para llevar adelante la vida, había inculcado en el pueblo la noción de igualdad en cuanto todos los individuos sabían que no eran menos que nadie, pero tampoco más que otro. En suma, el pueblo era considerado por Cooke como la “reserva moral” de la sociedad argentina, ya que en él se encontraban sintetizados los auténticos valores morales de la sociedad formados al calor de la experiencia histórica y de la geografía de la región. Al mismo tiempo, consideraba que el pueblo había sido excluido de su papel

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soberano durante la mayor parte de la historia nacional. Dicha exclusión lo colocaba en una situación de subordinación frente a la élite terrateniente que concentraba en sus manos el poder político y económico de la nación. Pese a su papel subordinado, el pueblo era visto por Cooke como el representante de la soberanía nacional, ya que en la distinción que realiza entre el pueblo y la élite, la segunda manejaba los resortes del Estado pero no representaba a la sociedad ya que defendía sus intereses particulares. El pueblo, en cambio, tenía la potenciabilidad de unificar a la comunidad nacional, ya que los valores morales que en él estaban resguardados no respondían a intereses particulares sino que eran de carácter general.

John William Cooke: los ecos de Maquiavelo (1) La distinción discursiva entre el pueblo trabajador y la oligarquía terrateniente que realiza Cooke, puede ser analizada en base a la distinción social propuesta por Maquiavelo en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Allí Maquiavelo sostenía que en toda comunidad política se encuentran dos humores sociales contrapuestos: el de los grandi y el del popolo. Los grandes tenían una pulsión hacia la dominación, mientras que el pueblo quería no ser dominado, es decir que anhelaba la libertad. El conflicto entre los humores enfrentados del pueblo y los grandes, sostenía Maquiavelo, tenía una doble potenciabilidad. Por una lado, librado al azar, podía ser la ruina de la ciudad, ya que la conflictividad social podía radicalizarse impidiendo todo reconocimiento político entre las partes y concluir en la ruina de la ciudad. Sin embargo, el conflicto también podía convertirse en causa de la libertad. Si el conflicto era canalizado en forma institucional podía generar instituciones orientadas a la libertad. (Maquiavelo, 2003) De esta manera, cuando el poder público reconoce el conflicto social inherente al cuerpo político y actúa en consecuencia tras el ideal de no-dominación, las instituciones resultantes son propicias para el desarrollo de la libertad. La distinción entre pueblo y oligarquía que orienta el pensamiento de John William Cooke puede ser comprendida a través de lo expuesto por Maquiavelo y su defensa de la república como el régimen político de la libertad.

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La distinción entre el pueblo y la oligarquía tenía consecuencias materiales para la República Argentina, que se traducían en debilidad frente al exterior y en desvinculación e irreconocimiento entre el pueblo y el Estado por la apropiación del poder público en manos de la oligarquía. Ante tal situación Cooke presentara una serie de proyectos de ley tendientes a fortalecer al Estado en su carácter de poder público y a democratizar las instituciones de gobierno, vinculando al pueblo y las instituciones.

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Capítulo IV La libertad: atributo social amparado por el Estado

Tal como hemos dicho al principio de este trabajo, las lecturas acerca del pensamiento de Cooke durante este periodo suelen centrase en su carácter nacionalista, antiliberal y cercano al marxismo como herramienta de análisis. Todos los autores coinciden en señalar que los años en los que ocupó una banca como diputado nacional en el congreso estuvieron signados por la búsqueda de la “liberación nacional”. Esa preocupación por la libertad nos permite complementar las lecturas acerca del pensamiento de Cooke vinculándolo al republicanismo. La preocupación por la libertad de la nación llevó al diputado peronista a proponer una serie de proyectos de ley que buscaban superar, lo que él consideraba, los principales problemas argentinos de su tiempo. En todas las intervenciones parlamentarias del diputado peronista podemos encontrar un eje conductor: la preocupación por ampliar los márgenes de libertad política, económica y social en el país, y el reconocimiento del Estado como el garante necesario de la libertad. Es que a diferencia del planteo liberal, Cooke veía en la intervención estatal en los ámbitos económico y social la herramienta para garantizar la libertad nacional en un sentido igualitario, que impidiera la subordinación de los más débiles hacia los poderosos. Es en esta convicción del joven parlamentario justicialista donde creemos encontrar vínculos entre su pensamiento y el ideario republicano. La libertad republicana es no-dominación, que solo se consigue igualando políticamente lo que social y económicamente es desigual. Al respecto es esclarecedor lo expresado por Rousseau en el Contrato Social. “Lo que el hombre pierde por el Contrato Social es la libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que le atrae y puede obtener; lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Para no engañarse en estas compensaciones conviene distinguir la libertad natural, cuyos únicos límites son las fuerzas del individuo, de la libertad civil, que se halla limitada por la libertad general, y la posesión de, que no es sino el producto de la fuerza o el derecho del primer ocupante, de la propiedad, que no puede ser fundada más que sobre un título positivo” (2001: 38)

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La libertad civil a la que Rousseau refiere es la libertad de acuerdo a las leyes. En el marco de una sociedad civil que aglutina en su seno a diferentes intereses particulares, que en cuanto tales se disputan recursos escasos, el interés general es asegurar la libertad y la seguridad de todos ellos, función que cumple el Estado. En suma, los conflictos entre intereses particulares requieren la intervención de un poder regulador que intervenga en dichos conflicto desde un lugar de legitimidad que garantice la libertad, es decir, a favor del interés y la aceptación pública. Tal poder regulador lo ejerce, en la tradición republicana popular, el Estado. Para cumplir su función de garante de la libertad, el Estado Nacional debía contar con altos márgenes de autonomía respecto de poderes particulares ajenos al cuerpo político, es decir que debía actuar en nombre del interés general de una sociedad dividida y conflictiva. Al mismo tiempo, debía contar con suficiente poder político para ejercer sobre el territorio su papel soberano frente a poderes externos. Uno de los principales problemas que enfrentaba la Argentina, desde la óptica de Cooke, era la competencia, en cuanto a la capacidad de ejercer la soberanía sobre el territorio, que enfrentaba el Estado Nacional por la acción de poderes particulares que le disputaban la capacidad de tomar de decisiones de orden público. Estos poderes particulares eran internos y externos. Los primero eran los poderes económicos locales, especialmente los de carácter monopólico. Los poderes externos eran los países imperialistas que buscaban imponer sus intereses en el territorio.

Libertad como no-dominación. Entre la intervención del Estado y la dominación de los poderes económicos. Respecto a la competencia que enfrentaba el Estado por la acción de poderes particulares que buscaban incidir en la toma de decisiones de orden público, John William Cooke desarrolló varios proyectos de ley tendientes a fortalecer el Estado Nacional. Uno de los primeros proyectos de ley que presenta en el Congreso es el referido a la represión de los actos de monopolio, proyecto que presenta junto al Diputado peronista Modesto Orosco en 1946.

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En oportunidad de informar al recinto acerca del carácter y el contenido de la ley, Cooke atacaba al monopolio por considerarlo un fenómeno que impedía el desarrollo de la economía, produciendo estancamiento y concentración de las riquezas. Las concentraciones monopólicas, argumentaba, producen subordinación en dos frentes diferentes pero vinculados. Por un lado, sostenía, el monopolio reduce la libertad de los consumidores en cuanto estos se ven obligados de hecho a aceptar los términos de intercambio económico que ofrece el monopolio. Por otro lado, más preocupante aún, el monopolio se transforma de poder económico a poder político disputándole al Estado su soberanía y su margen de decisión frente a la cuestión pública. Cooke lo expresaba en las siguientes palabras: “Existe también un problema que afecta ya a la soberanía del Estado, porque al lado de las autoridades constituidas de acuerdo con las cartas constitucionales se forma el gobierno de los consorcios financieros, de los hombres de la banca, del comercio y de la industria, que por medio de esta vinculación realizada a espaldas de los intereses populares, llegan incluso a posesionarse del gobierno por los resortes que ponen en juego cuando se trata de la defensa de sus intereses.” (2007: 87)

Y luego continuaba diciendo: “Cuando haya transcurrido el tiempo y se apague el encandilamiento que produce la figura de Roosevelt, como político podrán apreciarse sus extraordinarias dotes de analizador del sistema capitalista en el que le toco convivir; y él sostiene que si el pueblo tolera el desarrollo del poder privado al punto de formarse imperialismos de carácter industrial y económico, se cae en un sistema totalitario de un carácter fascista que consiste en la apropiación del gobierno y la dirección del país por un grupo reducido de hombres que controlan el poder financiero. Pero yo afirmaría que esto es peor que el fascismo, porque para imponer un sistema político es necesario librar una batalla de cualquier orden y para imponer un poder financiero basta con tener el capital.” (2007: 87)

Así, el monopolio se convierte en poder político de las corporaciones que compite, con cierta efectividad, con el Estado, procurando anteponer sus intereses particulares a los intereses generales de la sociedad. La capacidad de presión de las concentraciones financieras pueden, de esta forma, incidir en el rumbo político de la sociedad, convirtiéndose en poder político que afecta a la comunidad sin ser representativo de ella. De esta manera, vemos en Cooke una preocupación que excede lo económico en cuanto al tema de las concentraciones monopólicas y trasciende hacia lo político. Para

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Cooke, el monopolio es la hegemonía del interés particular por sobre el interés general, lo que deviene, a título de nuestro interés, en debilidad del orden republicano. Hasta aquí su ataque sobre la forma monopólica de concentración de las riquezas y de la capacidad productiva no es esencialmente diferente de la defensa de la libre concurrencia y la condena de las distorsiones del mercado que pueda realizar cualquier pensador liberal. Su planteo se diferencia en cuanto Cooke considera que la dinámica de la economía de mercado lleva inevitablemente a la formación de monopolios. La regulación económica a través de las fuerzas del mercado conduce a la imposición del más fuerte por sobre el resto. Una vez concentrado el poder económico y político la competencia basada en la libre concurrencia a los mercados se vuelve un mito que no tiene correlato con la realidad. Este punto es para Cooke especialmente relevante en cuanto caracteriza a la economía argentina como semicolonial y débil frente al capital internacional, que cuenta con una capacidad diferencial para competir en el mercado interno y convertirse en poder monopólico. Para Cooke, dejar libradas las fuerzas del mercado para que organicen el sistema económico nacional equivalía a propiciar la formación de poderes monopólicos que controlen el mercado e impongan su voluntad particular por sobre la sociedad que recurre a dicho mercado para satisfacer sus necesidades, produciéndose una subordinación de los consumidores hacia quienes ejercen el monopolio. Al mismo tiempo, también implicaba la perpetuación del papel productor de materias primas y alimentos que Argentina había adoptado desde mediados del siglo XIX, deteniendo perpetuamente el desarrollo económico nacional. Frente al poder desmedido que representan los poderes económicos devenidos en monopolios, la solución que vislumbraba era radicalmente diferente a la del liberalismo. Si para dicha corriente el monopolio es una deformación del mercado que puede corregirse mediante la intervención coyuntural del Estado y su retirada tras la solución del problema, dejando luego al mercado para que se autorregule, para John William Cooke la única solución posible para evitar el ascenso de poderes privados que compitan con el poder público estaba en la intervención constante del Estado en la economía, mediante la planificación. Los monopolios, desde la óptica de Cooke, perturbaban la libre competencia en los mercados, ya que generaban un poder de influencia desmedido que impedía el juego limpio entre diferentes productores u oferentes de servicios. Sin embargo, la libertad de

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concurrencia a los mercados a la que Cooke refería estaba enmarcada en un proceso de resignificación de la economía y de la relación entre ésta y el Estado. Al respecto decía: “Cuando hablamos de libre concurrencia no lo hacemos –nadie lo hace ya– con el viejo concepto de liberalismo sin restricciones; lo hacemos con el nuevo concepto social de que se impregnan todos los problemas de carácter económico del , como fin de la economía del Estado. Por eso no hay contradicción entre esta defensa, por una ley, de la libre concurrencia y las palabras de critica que han pronunciado algunos señores diputados, entre ellos el que habla, contra el llamado libre juego de la oferta y la demanda, que yo he afirmado en este recinto que no es libre ni juego. Observando este problema a la luz de esta nueva axiología, surge el bien social como primer valor en las realizaciones de este tipo.” (2007: 92)

De esta forma, el problema de los monopolios no es simplemente económico sino que es también social. Cooke encontraba en el monopolio un poder particular con capacidad de incidir en las opciones de los individuos sin estar de acuerdo a los intereses y opiniones de estos. En palabras de Pettit (1999) podríamos decir que el monopolio es una clara situación de dominación, pues nos encontramos ante interferencias arbitrarias fundadas en la voluntad y el poder de particulares alejadas del interés y la opinión de los afectados. Aparece también aquí un eje central de las intervenciones de Cooke en el parlamento; el papel del Estado como dador del “bien social”, al cual no es posible arribar por fuera del Estado. Por lo tanto, el planteo de Cooke era que cuando las prácticas monopólicas no pueden ser superadas, por ejemplo en aquellos servicios públicos que requieren un control monopólico, el Estado debe nacionalizar dichos servicios asegurando que su ejecución y desempeño sean realizados en beneficio de los usuarios y no de fracciones del capital. Hasta aquí la libertad aparece como un derecho que debe ser garantizado positivamente por el Estado, impidiendo que la capacidad financiera de los poderes privados redunde en capacidad política para coartar las libertades individuales. Sin embargo, el planteo de Cooke va más allá. La libertad individual como ausencia de dominación está inserta en el marco de una sociedad libre. En otras palabras, los individuos son libres solo en cuanto la sociedad a la que pertenecen es libre; y ésta es libre en cuanto vive de acuerdo a las leyes que se da a sí misma, las cuales se vuelven efectivas cuando el Estado interviene activamente para su cumplimiento.

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He aquí, para Cooke, una condición de la libertad: la intervención estatal para garantizarla, lo que deriva en la necesaria fortaleza del Estado como poder público para cumplir tal fin. La ley antimonopolios estaba orienta en tal sentido, ya que facultaba al Estado para intervenir en la economía cuando considerase que existía un poder particular que distorsionaba ilegítimamente al mercado, logrando así impedir la formación de poderes privados sustentados en la capacidad financiera. También estaban orientados en tal sentido los decretos de ley referentes al sistema de régimen bancario y a las organizaciones económicas que Cooke presentó para ser ratificados por la Cámara de Diputados en diciembre de 1946. Allí, plantea el papel de economía semicolonial que cumple la Argentina en el sistema económico internacional, sosteniendo que dicho papel había sido tomado en desmedro de los intereses nacionales. Por lo tanto, proponía el bloque legislativo peronista, la nacionalización del Banco Central. En defensa de dicho proyecto refería se Cooke a la pérdida de soberanía que habría implicado no aprobarlo, ya que los bancos privados tenían participación en el Banco Central por ser éste una institución mixta, existiendo así, por fuera del control público, una institución con capacidad de emisión financiera al margen de la planificación económica. De esta forma, proponía Cooke que la nacionalización del Banco Central fuera acompañada por la nacionalización de los depósitos y por el control del crédito por parte del Estado para enfrentar las situaciones de inflación.

La libertad como autogobierno o contra el imperialismo. También en 1946 se refería a la repatriación de la deuda externa y los beneficios que encontraba en tal acción. En referencia a esto decía que la repatriación permitía desvincular a la deuda del patrón oro y convertirla en pesos, medida que protegía a la economía argentina de las fluctuaciones financieras del mercado internacional y fortalecía al Estado frente a la presión de los acreedores. Al respecto de tal situación decía: “Pero cuando, por medio de la deuda al exterior, se ha llegado a presionar en la política económica y hasta en la política general de los países, cuando la insolencia del imperialismo llegó hasta el grado de pretender cobrarse directamente de los fondos de la aduana, cuando pretendió inmiscuirse de tal manera en funciones

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esenciales de nuestro Estado, ha de comprender la Cámara que nosotros pongamos en esto algo de valor sentimental. No por odio al extranjero, ni por exacerbación nacionalista, sino por la satisfacción de haber sacudido un yugo que nos molestaba en nuestras finanzas y nos hería en nuestra dignidad.” (2007: 112)

De esta forma, la nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los depósitos y la repatriación de la deuda externa eran consideradas por Cooke como una manera de fortalecer al Estado y dotarlo de herramientas para la intervención en procura del “bien social” que le atribuía. Aparece en primer plano la presión del imperialismo sobre la política nacional. La deuda externa era para Cooke, una forma de subordinación del Estado nacional frente a los poderes económicos internacionales e importaba una pérdida de soberanía en el marco de una economía semicolonial. Al respecto decía Cooke, en ocasión de exponer en 1948 el proyecto de ley que finalizaría con la Disolución de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba en manos de empresas privadas, que la deuda externa nacional pocas veces había respondido a una auténtica necesidad de capital líquido y que sus causas eran la presión de la banca internacional, en complicidad con la clase dirigente, para presionar al Estado Nacional incidiendo en las decisiones de orden público. La deuda externa se convertía entonces en una herramienta de dominación imperial sobre la comunidad nacional. Esta dominación, sostenía Cooke, era propiciada por la ausencia de una clase dirigente con conciencia del interés público nacional. Al respecto afirmaba en 1946: “Además, a de comprender el señor diputado que nosotros tengamos motivos, que reconozco serán sentimentales, pero no por ello menos importantes. La deuda externa ha sido fomentada por los países de penetración imperialista en nuestro continente, porque muchos gobiernos endeudados han sido arcilla en manos de los fuertes consorcios internacionales. Los déficit de presupuestos han correspondido, desde hace muchos años, al monto de la deuda pública, y cuando los gobiernos han sido complacientes se ha conseguido aumentar el monto de la deuda a veces con el pretexto de dar a los empréstitos un destino que nunca se ha llegado a cumplir.” (2007: 112)

La acción del imperialismo británico sobre la economía nacional explicaba para Cooke la mayor parte de las causas del atraso económico de la Argentina. De esta forma, junto a los empréstitos onerosos e innecesarios (tal como los califica en 1948) convivían leyes sancionadas en favor de la relación comercial con Inglaterra y en perjuicio de la sociedad nacional.

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El imperialismo era identificado por el joven diputado peronista como el principal peligro para la libertad y el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Ya sea colonial o semicolonial, era un fenómeno político en virtud del cual un pueblo se veía sometido total o parcialmente a un Estado Nacional ajeno a sí mismo. Tal sometimiento privaba a dicho pueblo de ejercer en forma absoluta su voluntad soberana sobre el territorio y sobre la sociedad misma. Es decir que lo privaba de su autonomía. Para Cooke, la República Argentina era parte de estos pueblos dominados por un Estado imperialista. La dominación era parcial, se daba en lo económico, pero impedía que la libertad se expresara en toda su potenciabilidad en la región. Lo expresaba claramente en los fundamentos que preceden al contenido de la reforma constitucional que propone en 1948. Allí sostiene: “Dejemos de lado las formulas declamatorias y la vocinglera faramalla de los discursos oficiales. La verdad es que América del Sur, la Argentina, era simplemente un continente de exploración con un régimen colonial dependiente de imperialismos foráneos. La civilización y el progreso se radicaban en la Capital Federal, más o menos delegados en los personeros nativos, en la oligarquía intelectual y dirigente, al servicio del supercapitalismo. Lo que éramos, no era lo nuestro, era lo impuesto. Para la metrópoli imperialista, solo representábamos una simple colonia más. El país que había dado libertad a medio continente, y que después de la Vuelta de Obligado hizo que las escuadras más poderosas de la tierra saludasen el pabellón blanco y celeste con veintiún cañonazos de guerra, se sometió a la imposición de dogmas fementidamente generosos: libertad de comercio, libertad de navegación. Así entramos en el coloniaje.” (2007: 195-196)

El imperialismo, tal como lo expresaba Cooke, no requería en los países semicoloniales de intervenciones militares espectaculares, ese tipo de intentos habían demostrado ser inapropiados en el territorio, sino que contaban con una herramienta más efectiva: el control ideológico. De esta forma, la principal causa de la debilidad del Estado Nacional frente a las potencias imperiales era dada por la definitiva inserción de Argentina en el mercado mundial como país agroexportador en la segunda mitad del siglo XIX, lo que generaba una dependencia económica que fue restando autonomía al Estado frente a los países centrales que demandaban sus productos, especialmente Inglaterra. La relación que se establecía entre un país colonialista y un país semicolonial, tal como la Argentina, era en principio una relación comercial, en la cual el primero obtenía materias primas del segundo y por su parte, exportaba hacía él productos

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industriales, generando una balanza comercial muy desfavorable para el país semicolonial. La relación entre Argentina y Gran Bretaña consistía en la exportación de materias primas y alimentos por parte de la Argentina hacia Gran Bretaña, y la importación de productos industriales y capitales en forma de empréstitos y de inversión directa en las principales columnas del diseño económico nacional. Esta relación económica, aparentemente basada en la “libre concurrencia a los mercados” se convertía para Cooke, en una relación política de subordinación indirecta, tal como lo expresa en el Presupuesto general de gastos para 1948 o en el proyecto de reforma del artículo 26° de la Constitución Nacional referente a la navegación de los ríos interiores, ya que la Republica, que había obtenido su libertad política en las guerras de independencia del siglo XIX, carecía aún de libertad económica y libertad cultural. De esta manera, Cooke consideraba que la libertad obtenida frente a España a través de la gesta nacional y regional en la primera mitad del siglo XIX no fue definitiva, pues no estuvo acompañada de un desarrollo económico basado en el interés nacional y pensado en provecho de la sociedad, sino que en lo económico se inició un proceso de subordinación económica frente a Inglaterra y en provecho de los dueños de la tierra. Cooke resume la política internacional de Inglaterra en ocasión de presentar la reforma de los artículos 12° y 26° de la Constitución Nacional. Allí sostiene: “Es así como primero ha de luchar por la libertad de los mares, que, en la práctica, no significará otra cosa que la libertad de los mares para los barcos ingleses. Como luego luchará por la libertad de comercio que no significará otra cosa que la libertad de comercio para las manufacturas inglesas, para la economía y la finanza inglesas. El libre cambio y la libre navegación entusiasmaran durante décadas y décadas a todos los teóricos del mundo, que no advertirán el profundo desequilibrio que traerá a la mayor parte de los pueblos de la tierra, en beneficio exclusivo de un imperio. Unos países se dedicaran a brindar materias primas y otros la elaborarán. Los primeros no tendrán industrias y los segundos no serán agropecuarios. Estos tendrán poderío político y riqueza e industria. Aquellos ya como colonias, que como Estados políticamente independientes, se mantendrán en un simple papel de producir materias primas y consumir artículos manufacturados. ‘Inglaterra será la fábrica del mundo y América la granja de Inglaterra’, dirá Cobden. El equipo dirigente en el Plata, sin ningún asiento en la realidad del país, exaltará sus consignas, y en un discurso que ha de merecer las ponderaciones más entusiastas dirá por boca de Vélez Sarsfield: ‘mientras tengamos una vaca y una yegua en nuestro país, no tendremos civilización’. (2007; 255)

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Así, en primer término destaca la actuación de Inglaterra como potencia imperialista que no solo actúa por la fuerza sino que genera una conciencia económica hegemónica a nivel mundial basada en el liberalismo económico. Y en efecto, el liberalismo fue adoptado por todos los países como sentido común a partir del cual debía construirse cualquier modelo económico. No fue la excepción la República Argentina. Lo deja en evidencia la libre navegación de los ríos sancionada en el artículo 26° de la Constitución Nacional de 1853. Tal disposición solo puede comprenderse, según el diputado peronista, como una profunda muestra de colonialismo mental por parte de la clase dirigente nacional. Cooke realiza en el Congreso una detallada síntesis del proceso que llevó a los constituyentes a sancionar el artículo 26° teniendo en cuenta el rol jugado por Inglaterra para tal fin, ya sea promoviendo la independencia de la Republica del Uruguay, la guerra del Paraguay e incluso la formación de la alianza que derrotó a Rosas en Caseros en 1852. La libre navegación de los ríos interiores era contraria a los intereses nacionales ya que otorgaba ventajas económicas imposibles de enumerar para Inglaterra a cambio de ningún beneficio material para Argentina. Cooke lo expresaba de este modo: “El principio de libre navegación de los ríos internacionales, internacionalizados o de interés internacional –especialmente en la cuenca del Río de la Plata– tiene su origen en la política del poder. Política de poder realizada, dirigida y manejada desde luego, por las grandes potencias imperialistas. En esa política, nosotros fuimos simplemente el botín disputado, al margen de nuestros auténticos intereses y de nuestra realidad histórica, geográfica y económica.” (2007, 250)

La libre navegación se convirtió así en una pérdida de soberanía del Estado Argentino frente a Inglaterra. La internalización de los ríos era en los hechos renunciar a cualquier intento de control sobre el tráfico en el territorio y, peor aún, la imposibilidad de iniciar un desarrollo económico progresivo que beneficiara a las diferentes regiones del país. Dice Cooke al respecto: “Con la libre navegación de los ríos, comenzó el dominio económico del país por fuerzas foráneas. Fue la primera expresión de imperialismo económico, de imperialismo colonial. La libre navegación de los ríos, las concesiones a los ferrocarriles y los puertos, fueron la trabazón apretada del sistema impuesto. No se tuvo en cuenta que el dominio y manejo del tráfico de un país, significa la posesión del país mismo”. (2007; 250)

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El modelo agroexportador que comenzaba a perfilarse ya cuando Urquiza le arrebatara el poder a Rosas, requería que el país adhiriera a la libertad de comercio para entablar un fluido intercambio comercial con Inglaterra. Frente a la demanda de productos agrícolas para la creciente población urbana británica, la clase dirigente adhirió a la libertad liberal, basada en una supuesta igualdad entre agentes económicos que concurren libremente al mercado y entablan relaciones por propia iniciativa sin ningún tipo de presión. De esta manera, el imperialismo británico ingresó en el territorio a través de las conciencias de los hombres que dirigían al país, a través de la adhesión al librecambio como piedra angular de cualquier diseño económico. Tal situación de alineamiento ideológico con Europa era para Cooke la base de todos los males que afectaban a la Nación. Sin embargo, la extensión del liberalismo como ideología hegemónica se produjo por iniciativa de la élite –sostenía– manteniéndose el pueblo siempre al margen de dicha adhesión. Este accionar de la élite, preocupada por abandonar todo rastro cultural criollo y remplazarlo por el impulso civilizador de la cultura francesa y anglosajona, es explicado por Cooke de formas diferentes. En ocasiones considera que se trató de un colonialismo mental que le impedía a la clase dirigente vislumbrar el futuro de la economía nacional y la subordinación política a la que sometía a la república, tal como lo expresa en ocasión de argumentar en favor de la disolución de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aíres, a fines de 1948. Pero en otras afirmaciones la élite es presentada como un agente consciente del imperialismo, que actúa de acuerdo a los intereses de Inglaterra solo para obtener beneficios económicos que la favorezcan, es decir que antepone sus intereses particulares a los intereses generales de la sociedad. En esta última lectura acerca del papel de la oligarquía terrateniente, el modelo agroexportador sigue siendo un modelo de economía colonial, pero no es un modelo que perjudique a la totalidad de los miembros de la sociedad nacional si se los considera aisladamente, sino que la adopción de tal modelo, aun a conciencia de su carácter colonial, es explicada como un intento de la oligarquía terrateniente por obtener beneficios económicos derivados de la tierra (que concentraba en sus manos) sin preocuparse por la suerte de quienes no tienen acceso a la misma y del desarrollo económico nacional.

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Así, el modelo agroexportador era a nivel general un modelo que imponía la dependencia de la economía nacional al mercado externo, pero a nivel particular beneficiaba a la élite terrateniente y solo perjudicaba a las masas populares.

Algunas consecuencias de la presión del imperialismo El proyecto de reforma constitucional que el diputado por la Capital Federal presenta junto a su colega Ricardo Guardo pretende dar cuenta de los problemas que la libre navegación de los ríos interiores (consecuencia de la vinculación entre los intereses de la élite y el imperialismo británico) suponía para la República Argentina. Por lo tanto, entre los diferentes propósitos de la reforma estaba la abolición del artículo 26° de la Constitución del 53 que establecía la libre navegación de los ríos. Al mismo tiempo pretendía reformar el artículo 12° suprimiendo la sección que impedía establecer puertos preferenciales. La libre navegación, sostenía, era la primera expresión del colonialismo económico que Argentina no había sabido superar. Las doctrinas de libre comercio impuestas por Europa y la “oligarquía” del país perjudicaron al pueblo argentino, negándole su derecho a un desarrollo económico industrial y centralizando la economía en la Ciudad de Buenos Aíres en detrimento de las provincias del interior del país, produciendo así un desequilibrio entre las regiones que determinó una fuerte concentración demográfica en las principales ciudades y un notable atraso económico de las regiones interiores en favor de intereses imperiales internacionales. Lo mismo ocurría con la prohibición de establecer puertos de preferencia, ya que no promovía el desarrollo de otros puertos además del de Buenos Aíres, impidiendo que se desarrollara el comercio en otras regiones y expulsando hacia la Capital Federal a grandes contingentes de migrantes internos en busca de trabajo. Las reformas proyectadas, argumentaba, impactarían directamente sobre las desigualdades sociales y económicas del territorio. Cooke lo expresa del siguiente modo: “En síntesis, (la reforma sobre los artículos 12° y 26°) crea trabajo, allí precisamente donde no existe, donde las condiciones de nuestros compatriotas son miserables, donde todo es paupérrimo y denigrante, en razón del desequilibrio impuesto por la economía imperialista extranjera. En esta forma, importantes problemas conexos, como el de restituir la población artificial de la urbe a su zona natural, el agro, han de encontrar solución, dando equilibrio al actual cuerpo deforme de la Nación.

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Finalmente, se creara y se consolidara la real cohesión y unidad del país, divorciada actualmente de su geografía, de sus centros de producción, de sus rutas naturales.” (2007; 270)

La libre navegación de los ríos y el impedimento de establecer puertos de preferencia eran consideradas por Cooke medidas que no beneficiaban a la Nación sino que más bien eran parte de las causas de su posición colonial en las relaciones económicas internacionales. La libre navegación era, en su opinión, una pérdida de soberanía del Estado nacional sobre el territorio. El lugar dejado vacante por el Estado era ocupado de hecho por los países imperialistas que mediante estrategias comerciales impedían el desarrollo económico del país produciendo al mismo tiempo un debilitamiento del Estado argentino frente a otros Estados Nacionales. La intervención económica, mediante la planificación estatal, acompañada por las reformas legislativas, tales como la nacionalización de los ríos interiores y de los depósitos bancarios eran, desde la óptica de Cooke, las bases para completar el proceso de liberación nacional iniciado en 1810, complementando la libertad política con la libertad económica nacional.

Fortalecer al Estado para ampliar la libertad Hasta aquí la libertad, o la falta de ella, ha sido abordada desde una perspectiva que pone el acento en el Estado como fenómeno político aglutinador de la sociedad, identificando entre las causas de la ausencia de libertad factores internos y externos que le disputan al mismo su papel decisor dentro de los límites de la sociedad nacional. La acción de los monopolios, del imperialismo, del capital financiero internacional, afectaban, para John William Cooke, la libertad nacional, ejerciendo dominación sobre los individuos que forman la comunidad, pero principalmente subordinando al Estado y erigiéndose en poder político particular con capacidad de tomar decisiones de orden general. Frente a la debilidad del Estado por la acción adversa del imperialismo, la deuda externa, la dependencia de la economía nacional frente al mercado internacional y la acción de los monopolios, la solución que Cooke vislumbraba era fortalecer al Estado e iniciar una revolución basada en una concepción igualitaria de la libertad sustentada en la intervención estatal a través de la planificación económica en favor de los intereses nacionales. 52

En efecto, Cooke vislumbraba en la economía de mercado la perpetuidad de las relaciones de dominación en base a las riquezas. La ausencia de regulación estatal en cuanto a las relaciones económicas favorecía, según él, la subordinación indefinida de la economía nacional con respecto a las economías industriales centrales y la existencia de un poder político paralelo al Estado que actuaba movido por intereses particulares pero incidiendo sobre el total de la sociedad. Para evitar tal situación, el peronismo, a través de Cooke, y de otros, propone la planificación económica como medio para garantizar la liberación nacional. Hasta aquí, la liberación nacional aparece como un proceso vinculado a la fortaleza del poder público frente a los poderes particulares que le disputan la soberanía. Sin embargo, podemos encontrar en la obra parlamentaria de Cooke un acercamiento diferente a la cuestión de la libertad, donde la dominación no se ejerce directamente contra el Estado, sino contra el pueblo en el ámbito de la “sociedad civil”, esfera de sociabilidad presentada por el liberalismo como escindida de la política y no sujeta al interés general sino a la interacción entre individuos particulares. En este sentido es paradigmática la reforma del artículo 15° de la Constitución Nacional que propone en 1948. Este artículo, considerado por el diputado peronista como la garantía de la libertad individual hecha ley en la Argentina, pretendía incluir al trabajo como un derecho positivo en cuanto era considerado la herramienta humana para la reproducción de la vida, estableciendo así al trabajo como una necesidad de los hombres. Esta concepción del trabajo como necesidad era la base de la cual partía Cooke para sostener que en las relaciones laborales no se manifestaba la libertad sino que era un lugar propicio para que se propaguen las situaciones de dominación. Las relaciones laborales eran concebidas por Cooke como una relación entre actores sociales en disparidad de fuerzas. Por un lado se encontraba el capital, interesado en reproducirse, por otro lado se encontraba el trabajo, al cual apelaba el capital para llevar adelante la producción de riquezas. Estas dos fuerzas, manifestadas en el empresariado y en las masas de trabajadores, se relacionaban para llevar adelante cada uno sus objetivos. Pero en esta relación, nos dice Cooke, el empresariado estaba en una posición privilegiada a la hora de definir las condiciones de relación laboral, ya que tenía una mayor capacidad de maniobra en la negociación fundada en el control de

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los medios de producción y en el acceso o no a los mismos. Al respecto, en 1948, decía en la fundamentación de la reforma del artículo 15° de la Constitución: “Hemos visto la batalla librada contra los intereses creados, que por una deformación de los elementos del organismo social han transformado el capital, de indispensable instrumento de trabajo para la producción de las subsistencias necesarias para el bienestar de los pueblos, en instrumento de poder y de influencia política para esclavizar a los hombres en provecho propio, mediante las cadenas del miedo a la vida, que es decir miedo al hambre, a la indignidad, al sufrimiento por sí y por los seres queridos. Los privilegios que detentan el oro sin más razón ni motivo que el azar de los hechos y sin más finalidad que la satisfacción egoísta de innobles apetitos, utilizan su privilegio para mantener en su mano el poder de dirigir e intervenir en forma desproporcionada en la vida de los que carecen de medios económicos, privándolos de la libertad que necesitan para lograr su propia personalidad, con desmedro de su salud física y moral.” (2007; 316)

Cooke consideraba que las dos partes de las relaciones de producción, el trabajo y el capital, estaban inmersas en una relación profundamente desigual que obligaba al primero a desprenderse de su carácter humano y de sus características particulares para convertirse en elemento de producción, adaptando sus pautas de comportamiento a las exigencias del capital para conservar su lugar de trabajo. Esto tenía como consecuencia la subordinación obligada de los trabajadores al empresariado, ya que estos últimos se convertían en una suerte de dadores del derecho al trabajo. Cooke lo expresaba en los siguientes términos: “La abolición de la esclavitud como institución, la libertad de pensar, la libertad de cultos, la libertad de trabajar, de aprender, de enseñar, la libertad política, son conquistas que han costado guerras, martirios, revoluciones, luchas, esfuerzos de todo orden, en un propósito irrenunciable, constantemente triunfante y constantemente derrotado A ese conglomerado debe agregarse la libertad económica, a fin de procurar a los habitantes de la tierra la cantidad de libertad económica necesaria para reducir el miedo de vivir que aflige a millones de seres humanos, organizando un mundo mejor, en donde cada hombre que cumple con sus deberes para con la sociedad en que vive, en la medida de sus aptitudes y de sus responsabilidades, tenga asegurado el mínimo necesario para su subsistencia y la de aquellos que el destino pone bajo su dependencia, y así, librado del temor al mañana, se encuentra en condiciones de realizar las actividades del trabajo sin perjudicar el desarrollo de su personalidad y su mejoramiento físico y moral, cumpliendo con ello el propósito final de mejorar la sociedad por el mejoramiento de cada uno de los individuos que la integran.” (2007: 315-316)

El miedo a vivir al que refiere Cooke es producido por la inseguridad que los trabajadores experimentan con respecto al acceso o a la permanencia en el mercado laboral. Dicha situación, según el diputado peronista, generaba en los hombres una 54

actitud ante la vida reñida con el sentido de libertad que expresaba el artículo 15° de la Constitución Nacional. De esta manera, para Cooke, en el ámbito de las relaciones laborales el capital y el trabajo establecen una relación asimétrica que permite la dominación del primero sobre el segundo. Dicha asimetría, librada de toda intervención estatal y regulada por el mercado cual una simple transacción económica, es la causa de la falta de libertad de la mayoría de la población, que se encuentra condicionada en su accionar por la necesidad de acceder y conservar el empleo. De esta forma los trabajadores están dispuestos a subordinarse voluntariamente al poder social y económico del capital sacrificando su libertad a cambio de conservar los medios para la reproducción material familiar. La libertad aparece aquí como una situación social que no es absoluta, sino que admite grados de dominación de un sujeto sobre otro. De esta manera, la libertad es un concepto que esta siempre en potencia y buscando actualizarse. Así, las libertades conquistadas históricamente en base al liberalismo político (libertad de expresión, derechos políticos, etc.) son superadas por el peronismo y actualizadas mediante el concepto de libertad económica al que refería Cooke en la cita anterior. La libertad económica era concebida por el diputado peronista como la garantía de un piso en cuanto al acceso a las riquezas generadas socialmente, asegurando la supervivencia material de los todos miembros de la sociedad. Este piso económico, que buscaba garantizar, mediante su incorporación en el artículo 15° de la Constitución Nacional, era un primer paso para impedir la dominación del capital sobre el trabajo y la renuncia consciente a las libertades ya garantizadas en 1853 que las masas realizaban para insertarse en el mercado laboral. Los trabajadores se encontraban, según Cooke, en una situación de dominación antes de 1943, impuesta por la necesidad de acceder al mercado laboral y mantenerse en él, por lo cual aceptaban su papel de simple herramienta de producción negando cualquier potencialidad de su identidad que no esté orientada al trabajo. La ausencia de leyes laborales efectivas provocaba que aquellos que lograban incluirse en el mercado laboral estén dispuestos a sacrificar su libertad individual a cambio de evitar lo más posible los efectos de la pobreza para sí y para su familia. Así, librada a la regulación del mercado, las relaciones laborales se convierten en sometimiento voluntario de los trabajadores a los empleadores, ya que en dicha relación el segundo tiene suficiente poder para negar al primero su naturaleza (el trabajo) a través de la libertad de

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contratación en el contexto de la ausencia de regulación laboral efectiva, en cambio el trabajador no puede negar el carácter propietario del empleador ya que solo es “libre” de aceptar el trabajo ofrecido o rechazarlo para que otro ocupe su lugar. En la libertad de contratación entre el empleador y el trabajador existe una mentira o una verdad vedada, que oculta la desigualdad de poderes entre los actores y el sometimiento necesario de uno a otro. Cooke lo ilustra en los siguientes términos: “Si la libertad consiste en la facultad de decidir, de elegir la propia conducta, no existe libertad para quien tiene un solo camino impuesto por la necesidad. En estas circunstancias, ese único camino debe ser reglamentado por el Estado, interesado fundamental en la salud de la raza, en el rendimiento del trabajo nacional y en el bienestar del pueblo trabajador que forma la inmensa mayoría de los habitantes de la Nación.” (2007: 321)

La libertad es para Cooke, al igual que para el liberalismo, capacidad de decisión individual. Pero su planteo es superador en cuanto reconoce que tal capacidad de decisión está vedada a una gran parte de los miembros de la sociedad. La capacidad de decidir el propio camino está reservada, en el contexto del liberalismo como ideología del Estado, a una pequeña parte de la sociedad. Para la mayor parte solo existe “un solo camino impuesto por la necesidad”. De esta forma la libertad no puede existir sin la capacidad para ejercerla. No hay capacidad de elección allí donde solo existe una opción. En casos tales, sostenía Cooke, es el Estado quien debe reglamentar la forma en que se desarrolla la interacción social entre los actores involucrados, procurando acceder a los más altos niveles de igualdad social, convirtiendo en “cosa pública” las relaciones que el Estado liberal reconoce como privadas. Para el liberalismo los individuos entablan relaciones económicas libremente en el mercado laboral en cuanto los trabajadores pueden ofrecer sus servicios y los empresarios demandar su trabajo sin verses sometidos a ningún tipo de intervención externa a las dos partes del intercambio comercial (naturaleza que finalmente toma el trabajo). Cooke, en cambio, sostenía que era precisamente esa ausencia de intervención en las relaciones laborales lo que atentaba contra la libertad de los hombres, ya que la relación establecida entre empleado y empleador no era libre y mucho menos igualitaria. Los trabajadores, según Cooke, estaban obligados de hecho a vender su fuerza de trabajo. Ante tal situación, sostenía, la comunidad política misma debía encargarse de que la obligación social de los trabajadores no se convirtiera en una situación de dominación, y la forma de cumplir tal objetivo era aplicando la fuerza pública, allí 56

donde se producía un desequilibrio de poderes para proteger al eslabón más débil de la cadena: la fuerza de trabajo. De esta forma, el planteo de Cooke era que si los trabajadores estaban obligados de hecho a trabajar para reproducir sus vidas era preciso que el Estado les asegurara el goce de derechos laborales que le permitieran superar el temor a quedar excluidos del mercado laboral, tener herramientas de defensa ante eventuales situaciones de dominación por parte de los empleadores, propiciar el desarrollo de la personalidad a través de la superación de la identificación del trabajador como simple herramienta de producción, y finalmente asegurarles que puedan satisfacer sus necesidades básicas a través del trabajo, definiendo una distribución del ingreso razonable entre el capital y el trabajo.

Libertad en sentido republicano en la revolución peronista En las relaciones económicas internacionales, en la disputa por el poder político entre las instituciones públicas establecidas y los poderes fácticos basados en el poder económico y en las relaciones laborales para llevar adelante la producción nacional, Cooke identificaba atentados contra la libertad en cuanto verificaba límites o restricciones a la capacidad de decisión política de la sociedad. Tal situación se producía por el anclaje ideológico del liberalismo en la cultura política argentina. Para Cooke, el liberalismo generaba una conciencia individualista que identificaba a la libertad con la ausencia de intervención estatal en las relaciones civiles y el respeto del libre juego de la oferta y la demanda, respecto del cual dice que no es ni libre ni juego ( 2007: 147). Más aun, para Cooke, el liberalismo era una clara elevación de ciertas libertades en base a la negación de otras, presentando a las libertades civiles y políticas como atributos individuales que están por encima de las necesidades de la comunidad. La libertad individualista que promueve el liberalismo atentaba, según Cooke, contra los conceptos reales de libertad, igualdad y democracia que anidaban dentro del pueblo argentino, generando una mentalidad proclive a la negación de tales libertades, en cuanto solo representan un discurso sin correlato en la realidad, en favor de la elevación del dinero como único valor social real. En marzo de 1947 en oportunidad de presentar el plan quinquenal decía en el parlamento:

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“Ya no se puede contentar a los pueblos con declaraciones en el sentido de asegurar una igualdad política, que contrasta con la desigualdad económica y, menos aún, hacerles creer que para conservar la primera deben mantener la segunda. La famosa igualdad de oportunidades de las viejas teorías es un mito, que solo aparece en tránsito fantasmal de formulación teórica. Yo quisiera que alguien le dijese a los obreros de Tucumán, a los mensús, a las clases proletarias, que tienen igualdad de posibilidades, porque nadie les impide veranear en Mar del Plata o especular en la bolsa.” (2007: 150)

La igualdad política, que el liberalismo pretende garantizar, es para Cooke una mentira ya que no puede ser ejercida en virtud de la desigualdad económica que se registra en el capitalismo liberal. En la base de la crítica de Cooke al liberalismo se encuentra su identificación del mismo como un fenómeno político que otorga derechos pero sin dar las herramientas para hacerlos efectivos. En efecto, los individuos son libres e iguales ante la ley en el planteo liberal, pero la libertad esta limitada por las capacidades (económicas, sociales) de cada uno de los individuos, siendo por tanto en muchos casos impracticable. Al mismo tiempo, la igualdad se muestra en toda su falencia cuando los individuos son encuadrados dentro de diferentes estratos sociales (en el planteo de Cooke básicamente como clase obrera o capitalista), teniendo todos iguales derechos –pero en cuanto dependen de sí mismos para garantizarlos– diferentes capacidades para ejercerlos. Con respecto a esto último continúa Cooke en la presentación del Plan Quinquenal de 1947: “Nadie cree en la igualdad de probabilidades, sino como una fórmula que nadie entiende, porque nunca tienen la oportunidad de experimentarla. Entonces, no es extraño que la mentalidad popular se vaya planteando en forma cruda y real la pregunta de si no sería mejor el sacrificio de esa libertad política casi siempre hipotético por una igualdad económica que le permitiese subvenir a sus necesidades. Y si a eso se agrega que la libertad política es muy relativa, porque la clase dirigente en lo económico lo es en lo político, llega un momento en que el hombre que se planteó esa disyuntiva piensa si al fin y al cabo no es bien poco lo que tiene que sacrificar para poder llegar a mantener niveles de vida compatibles con la dignidad y las necesidades de los seres humanos.” (2007: 150)

Al pronunciar esta frase Cooke estaba alertando sobre el peligro político que implicaba para la Republica la desigualdad económica, teniendo en mira la experiencia del fascismo en Europa. La extensión del fascismo y la consolidación del comunismo –proseguía en la presentación del primer Plan Quinquenal– tras la Segunda Guerra Mundial, obligaba, sí 58

se quería conservar el sistema capitalista, a una reestructuración del Estado y una redefinición del papel que le tocaba desempeñar. La base de su argumentación era que el capitalismo como sistema económico y social no podía permanecer tal cual funcionaba en el siglo XIX. En todas las intervenciones parlamentarias de Cooke está presente la idea de que la competencia entre los países imperialistas había llevado a las dos guerras mundiales, y que como consecuencia de ellas la humanidad debió enfrentar graves consecuencias económicas y sociales que llevaron a la generación y expansión de ideologías contrarias a la libertad; más concretamente, al fascismo. Ya en la presentación del presupuesto para gastos de 1948, Cooke sostenía que el capitalismo liberal llevaba a que la mayoría de los seres humanos se encontraran sometidos a unos pocos. Lo mismo ocurría también en la relación entre las naciones. Esta situación creaba, según él, un campo propicio para que germinaran regímenes totalitarios contrarios a la libertad de los individuos, ya que, en cuanto las masas de desposeídos que generaba un sistema económico basado exclusivamente en la obtención de ganancias no tenían acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas, es decir, no contaban con libertad económica, estaban dispuestas a sacrificar su libertad política a cambio de lograr cubrir la satisfacción de sus necesidades. Esta situación, profundizada por la experiencia del nazismo alemán y por la consolidación de la Unión Soviética en manos de Stalin, hacía necesario que el Estado adoptara un rol interventor como faro desde el que irradiar la libertad en detrimento de su papel tradicional represivo. Cooke lo expresaba, en la discusión del presupuesto general de gastos y cálculo para 1948, en los siguientes términos: “Entonces, si no queremos caer en la necesidad de llegar al Estado comunista o de llegar a otro tipo de Estado, de carácter totalitario, es preciso que nuestros sistemas económicos, sin llegar a la sociabilización, encuentren en sí mismos las formas que les permitan cumplir los fines sociales del Estado, sin que ello constituya un desmedro para los fueros de la personalidad humana. Eso es lo que se busca en todos los países democráticos, eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que va a conseguir el plan quinquenal. Nosotros no vamos a hacer ahora la defensa del intervencionismo de Estado. El Estado gendarme ya hace mucho tiempo que ha efectuado su transición y la única controversia a esgrimir es con respecto a los límites de la injerencia del Estado en la esfera de la economía privada, y elegir en que forma se hará efectiva esa intervención y ese control y regulación estatal.” (2007: 147)

El espíritu de estos párrafos es el que guía la reforma del sistema rentístico nacional. La evolución de las sociedades, tras las experiencias del capitalismo liberal, el 59

imperialismo y las dos confrontaciones armadas de magnitudes mundiales, requiere que el Estado garantice efectivamente la satisfacción de derechos sociales que permitan a los individuos satisfacer sus necesidades. El peligro de no garantizar dichos derechos, advertía Cooke, es la pérdida del margen de libertad que los individuos disfrutan, ya que esa insatisfacción crea un ambiente propicio para la generación de Estados totalitarios que reflejan la frustración de las masas. Al mismo tiempo, la necesidad de intervención estatal en las decisiones económicas debe realizarse a favor de una mayor equidad en la distribución del producto social. El capitalismo, sostenía Cooke, solo puede subsistir en cuanto logre articularse con la democracia, entendiendo por ésta la extensión del goce de derechos políticos, sociales y culturales a todos los miembros de la sociedad en forma igualitaria. Este encuentro solo puede realizarse dentro de la institucionalidad, a través del Estado, que justamente debe acompañar la evolución de la historia transformándose y adaptándose para asimilar los cambios de contextos encauzándolos de manera pública. Así, el Estado, en 1948, ya no puede seguir cumpliendo su papel de “Estado gendarme”, cuya principal actividad es la represión de los desposeídos y la protección de la propiedad privada. Tal rol del Estado no se condice con el “fin social del Estado” promulgado por el peronismo. Cooke es consciente de que el Estado interventor es una realidad innegable, pero también comprende que afecta intereses económicos que el Estado gendarme protegía, y por lo tanto produce resistencias difíciles de ignorar. En ese contexto advierte que sí no aceptan el intervencionismo estatal, los propietarios corren el riesgo de perderlo todo y arribar a una sociedad comunista. Ante el “peligro comunista” Cooke propone la intervención del Estado, pero no ya en su rol represivo sino en su carácter social. Frente a la desigualdad social, intervención estatal niveladora a favor de los menos poderosos; frente a la proliferación de poderes políticos y económicos privados; fortalecimiento del Estado e instituciones reguladoras de la actividad privada; frente a la incidencia política de las naciones imperialista, recuperación de la soberanía nacional en aquellos factores determinantes, tales como la navegación de los ríos. De esta manera, la libertad se traduce en el peronismo de John William Cooke en una defensa férrea del intervencionismo estatal a favor de la planificación económica, la recuperación del poder soberano del Estado sobre el territorio, la igualación de poderes entre los ciudadanos en base a un equilibrio social propiciado por el Estado, y la vinculación entre las libertades civiles y políticas logradas a través de la

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historia nacional con la libertad económica que propugnaba como la superación del peronismo a la sociedad liberal. Es decir, libertad en sentido republicano.

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Capítulo V Entre el pueblo, las instituciones y el caudillo. Un republicanismo criollo

Tal como hemos sostenido hasta aquí, la libertad republicana requiere de una fuerte intervención del Estado, en el ámbito de la sociedad civil, para evitar situaciones de dominación basadas en la desigualdad de capacidades de incidencia políticas y económicas entre los ciudadanos. De esta manera las instituciones estatales adquieren una centralidad trascendente, ya que ellas son las encargadas de reglamentar las formas y los alcances de la igualdad compatibilizando las libertades individuales con las necesidades sociales y generando una equidad de capacidades que permita a los ciudadanos vincularse entre sí en la posición de mayor igualdad posible. Así, en el planteo de Cooke, el Estado debía estar regido por ciertos preceptos básicos tendientes a la consecución de la libertad en un sentido socialmente igualitario, interviniendo en aquellas relaciones sociales signadas por situaciones de dominación. Tal función, sostenía el diputado peronista, no había sido cumplida por el Estado argentino, por haber estado éste impulsado por valores morales que no coincidían con la concepción de libertad que estaba resguardada en el pueblo. La base de tal planteo se encontraba en la apropiación que la élite había realizado de los resortes del Estado Nacional. En efecto, Cooke creía que a lo largo de la historia argentina, pocas veces el Estado se había comportado como poder público impulsor de la voluntad general, y que más bien había funcionado como instrumento de dominación al servicio de la oligarquía, que convertida en clase dirigente, había distorsionado sus objetivos para valerse, en su propio beneficio, de su capacidad de intervención. La clase dirigente nacional procuró desde el Estado excluir al pueblo de la discusión acerca de la “cosa pública”, sosteniendo la inferioridad cultural del mismo por considerarlo un pueblo en estado de barbarie. Al respecto decía Cooke, en ocasión de argumentar a favor de la derogación de la ley 4144 (ley de residencia) a mediados de 1946:

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“Voy a terminar en pocas palabras más. Nuestros grandes hombres solieron no ver ese substratum profundo. Alberdi decía que . El gran Sarmiento, en su famosa carta a Mitre, le expresaba: . ¡Ya lo habían regado antes, cuando murieron en defensa de su país! Se trata de una valorización europea del problema argentino. Y en Sarmiento importa una contradicción flagrante. Sus conocimientos, su cultura, su visión de nada hubiesen servido, ningún bien hubiesen rendido al país, sí él no hubiese sido, a su vez un hijo de la tierra, aún más, un gaucho.” (2007: 76)

El carácter europeizante de la clase dirigente argentina la llevaba a emular las doctrinas ideológicas europeas y sus diseños institucionales para “civilizar” el territorio. De esta forma, Cooke creía que las clases dirigentes previas a la revolución peronista habían generado un diseño institucional del Estado como imitación de las repúblicas de notables de Europa, excluyendo al pueblo de la participación política por considerarlo incapaz de cumplir tal función. Las consecuencias de tal exclusión aparecen patentes en el pensamiento de John William Cooke. En primer lugar, se generaron instituciones políticas basadas en preceptos ideológicos europeos que contrastaban con la realidad nacional argentina. En segundo lugar, se produjo una escisión entre el Estado y el pueblo, ya que éste no veía reflejado en aquél sus opiniones e intereses. En tercer lugar, sostenía Cooke, la desvinculación entre el pueblo y el Estado había generado una desvirtuación del espíritu democrático y libertario mostrado por el pueblo y la mayor parte de las figuras políticas que llevaron adelante las guerras de independencia iniciadas en 1810. Finalmente, la desvirtuación de los ideales de libertad popular forjados al calor de la lucha por la independencia, el colonialismo cultural –basado en la adopción casi dogmática al liberalismo europeo– y la desvinculación entre el Estado y el pueblo, que generaba un poder público al servicio de intereses particulares, habían impedido que en el territorio se expresaran cabalmente los conceptos de libertad e igualdad forjados por la experiencia histórica nacional que el pueblo resguardaba. Ante tal situación, Cooke pretendía establecer una nueva relación entre el pueblo y las instituciones estatales, erigiendo al primero en soberano de hecho y de derecho, y a las segundas en herramientas políticas que reflejaran los valores morales resguardados en el pueblo. Como hemos referido anteriormente, Cooke veía en el pueblo una suerte de reserva moral de la nación, ya que la materialidad de su vida lo había llevado a formar una serie de valores virtuosos (libertad, igualdad, etc.) que debían ser los pilares que sostuvieran el andamiaje institucional de la república. El pueblo, entonces, debía ejercer 63

de guía para las instituciones, que no debían ser otra cosa que reflejo de la cultura criolla y de sus valores morales. Este intento de vinculación entre el pueblo y las instituciones para fortalecer el orden republicano nacional encuentra su mayor expresión en las reformas políticas proyectadas por Cooke en 1948, en ocasión de fundamentar la reforma de la Constitución de 1853. El republicanismo de Cooke, de esta forma, no se limita a las instituciones y las leyes, sino que incorpora como parte central del aparato político a la figura del pueblo. El pueblo adquiere, en la reforma proyectada por Cooke, su efectivo papel soberano en el marco de la democracia representativa.

John William Cooke: los ecos de Maquiavelo (2) La voluntad general de la sociedad, argumentaba el diputado peronista, es superior a cualquier tipo de voluntad particular que se forme en su seno. Por lo tanto, el Estado debe materializar esta voluntad. Sin embargo, Cooke reconoce que la sociedad no es un todo homogéneo, sino que es una suma de intereses particulares que se entrecruzan. En esa interacción surgen intereses comunes, que son la base para determinar el interés general. Así, en el seno de la sociedad existen diferentes grupos (o clases) sociales cuyos intereses son de una doble naturaleza. En primer lugar, todos los miembros de la sociedad tienen intereses de fondo referidos al fortalecimiento de la sociedad para asegurar su buena salud y supervivencia. En segundo lugar tienen intereses sectoriales, más concretos y visibles que refieren al beneficio particular y que excluye a otros sectores sociales en un juego de suma cero. Esta doble naturaleza de los intereses se encuentra en todos los individuos y grupos sociales que conforman la comunidad política: están presentes tanto en la clase dirigente a la que refiere Cooke como también en el pueblo. Más aun, la inmediatez de los intereses particulares de ambos grupos y la distancia temporal entre el presente y el origen de la comunidad –situación que sumerge al interés general en una especie de letargo por su poca presencia en la mente de los individuos debido a su transformación de objetivo político en tradición sin asiento en la realidad por la ausencia de discusión

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acerca de él– produce una total subordinación del interés general al interés particular en los individuos de cualquiera de los dos sectores, y por ende en los sectores mismos. Sin embargo, tal como sostiene Maquiavelo (2003), en la oligarquía y en el pueblo existen pulsiones diferentes; la de dominar, en una; y la de no ser dominado en el otro. Esta concepción se encuentra presente en la obra de Cooke, que por eso mismo encuentra en el pueblo las bases para que la libertad oriente a la política pública. La voluntad de libertad que anida en el pueblo, sostiene, puede y debe ser usada para orientar las instituciones estatales en un sentido de igualdad y libertad que garantice el perfecto funcionamiento de las instituciones. Así, la Constitución debe ser el reflejo de los valores populares nacionales estableciendo un puente entre las instituciones y los valores de la región, tal como lo expresa en la fundamentación de la reforma: “Mi tesis es la siguiente: lo que la Constitución tiene de permanente, lo que la Constitución tiene de representativa, lo que de la Constitución no tocará ni esta Convención ni ninguna otra convención elegida libremente no había que irlo a buscar en fuentes tan remotas. Había que mirar en el interior del país, como han de mirar estos constituyentes de 1948 y por encima de los ideólogos, de la teología y de los ejemplos extranjeros, extraer el sentido de libertad que anida en el fondo del alma de la raza. A mi juicio, le faltó confianza en lo nacional, en lo nativo, en la capacidad del hijo de la tierra. Creyeron que había que adaptar nuestro país a la Constitución perfecta que ellos creían dictar, cuando lo que debió hacerse era lo inverso: hacer la Constitución ajustándola a la realidad del país Si no estuvieran en la esencia del alma argentina los principios fundamentales de la libertad, sería vano, señor presidente, intentar crearla por medio de instrumentos jurídicos, que caducan cuando, en vez de ser representación de una realidad social, pretenden encuadrar a esta en sus esquemas apriorísticos.” (2007: 169-170)

La cultura criolla aparece aquí como el resguardo de la libertad. En oposición a las doctrinas políticas europeas, fundamentalmente al liberalismo, Cooke plantea la necesidad de ajustar la Constitución a la realidad nacional. Para el diputado, la libertad no fue generada por la adscripción institucional, mediante la Constitución, a la teoría liberal, sino que la libertad en el sentido republicano estaba presente en el territorio en la cultura política del pueblo. De esta manera la reforma debe apelar a él para superar el grado de desarrollo de la libertad producido en 1853 y actualizarla en un sentido igualitario. El ordenamiento jurídico, las instituciones políticas y la Constitución no producen por sí mismas una cultura política que pueda determinar el grado de desarrollo de un pueblo. El camino es inverso: la realidad de los pueblos es la base desde la cual debe partir cualquier orden jurídico político. No es posible, plantea 65

Cooke, introducir doctrinas políticas foráneas en una nación cuyo desarrollo histórico es diferente al atravesado por la sociedad en la cual se formó tal ideología. Cada pueblo, al seguir una trayectoria histórica singular, genera una conciencia propia mediante la cual proyecta sus instituciones. Para Cooke, la Constitución Nacional sancionada en 1853 no era un producto de la realidad histórica y del desarrollo de la conciencia pública nacional, sino que es un intento de transponer los valores morales de Europa a un pueblo cuyo desarrollo histórico lo había llevado por caminos diferentes y que por lo tanto no coincidía plenamente con tal doctrina. De esta forma, cuando los constituyentes del 53 hablaban de libertad, el pueblo la comprendía en un sentido amplio y extensivo; en cambio, la clase dirigente la entendía como libertad reducida, basada en la exclusión del pueblo con respecto a los derechos políticos y limitándola al ámbito civil. Cuando referían a la igualdad, el pueblo se representaba una justa distribución de los recursos simbólicos y materiales; en cambio la clase dirigente la entendía como “igualdad de oportunidades”, basada en la propia capacidad para competir en un mundo mercantilizado. Habiendo estado el pueblo excluido de la discusión en 1853, creía Cooke que la realidad nacional no había tenido una efectiva presencia en la discusión de la Carta Magna, había estado presente en su lugar la conciencia de la clase dirigente, cuyos ojos y pensamiento estaban volcados más allá del Atlántico (en Francia y Gran Bretaña) o al norte del continente. Así, la Constitución no pudo desplegar toda la potenciabilidad de la región con respecto al desarrollo de la libertad, limitando sus alcances por el grado de desarrollo obtenido en Europa y Norteamérica. Cooke refiere, en la fundamentación de la reforma, a los ejemplos europeos y de Norteamérica en cuanto a materias tales como la libertad, la democracia y la justicia social. Refiriéndose a ellos dice: “El régimen democrático ¿Dónde los iban a buscar nuestros constituyentes? ¿En Europa, donde no existía más voto que el calificado? ¿A Inglaterra, el paradigma, la cuna de la libertad y de la democracia, donde no votaban sino los propietarios y solo algunos de ellos? ¿Dónde en 1865, muchos años después de sancionada nuestra constitución votaba un solo ingles de cada seis? (…) ¿podía acaso acudir a Francia, donde ni siquiera su Convención Constituyente, revolucionaria y contraria a los privilegios se atrevió a establecer el sufragio universal, que contó solo con el voto de cinco diputados?” (2007: 170)

Luego continúa:

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“La libertad de culto, que es el orgullo de nuestra Constitución, la tolerancia confesional, ¿la íbamos a buscar en Inglaterra, donde recién en 1829 se dio a los católicos el derecho de votar y ser elegidos miembros del Parlamento, no obstante lo cual durante muchos años permanecieron en situación de inferioridad? ¿En ese país que recién en 1848 levantó las incapacidades a los judíos? En materia social, ¿A dónde mirar? ¿A Inglaterra, donde Marx y Engels tomaron los ejemplos que dieron base a sus teorías sobre la situación del proletariado? ¿Dónde en 1815 todavía se estaba discutiendo si se reformaban las leyes penales, que aplicaban la marca, la picota, el látigo, es decir, los instrumentos de tortura que nosotros ya habíamos quemado en la plaza pública en 1813? ¿Dónde la pena de muerte se aplicaba para más de doscientos delitos, tales como cazar un conejo, cortar un árbol que perteneciese a otro o robar del escaparate de una tienda objetos por valor de más de seis chelines?” (2007: 171)

La realidad social y el desarrollo material de los conceptos de libertad e igualdad en los países centrales no podían ser considerados como ejemplos de la senda del progreso, sino que, para Cooke estaban por detrás del desarrollo alcanzado en la conciencia del pueblo argentino. Así, la Constitución Nacional estaba atravesada por una doble influencia: la del pueblo argentino, que la llevaba por la senda de la igualdad y la libertad, y la de las ideologías europeas, que limitaban tales conceptos en su aplicación, distinguiendo de hecho y de derecho diferentes tipos de ciudadanos. Los valores morales de la cultura criolla, basados en la libertad y la igualdad, estaban presentes en el pueblo que vivía vinculado al ámbito local. En cambio, la oligarquía, erigida en clase dirigente escindida del pueblo, estaba volcada ideológicamente hacia Europa, a la cual pretendía imitar. Incluso entre aquellos constituyentes con mayor conciencia nacional, Europa representaba la civilización a la cual Argentina debía llegar. Para Cooke, el punto de partida, para la búsqueda de la libertad, no estaba en Europa sino que estaba en el pueblo, al cual considera depositario de los valores morales propios de la región. De este modo, el pueblo se convierte en la brújula que debe orientar a las instituciones por la senda de la libertad. Uno de los artículos que proyecta reformar es el artículo 20°, referente a la naturalización de los extranjeros en el territorio. Cuando desarrolla el contenido de la reforma, refiere a la necesidad de que el pueblo sea el depositario de los valores morales que orientan a las instituciones por canales republicanos. La intención de la reforma era generar igualdad entre los naturales y los naturalizados y asegurar que quienes ingresaran a formar parte del cuerpo político nacional compartieran los valores y costumbres del pueblo. Estos valores y costumbres se encuentran depositados en el pueblo por la experiencia histórica del mismo, la cual está condicionada por la geografía del país. Al respecto, Cooke afirmaba: 67

“El hijo de la tierra conserva a través del tiempo sus eternos valores morales: fe en el porvenir, en la grandeza futura del país; confianza en su propio esfuerzo; culto nacional del coraje; pundonor criollo; sentido de la amistad; concepto de la igualdad; orgullo de la nacionalidad.” (2007: 217)

Esos son los valores morales propios de la región a la cual refiere Cooke, y cuyo pueblo, portador de esos valores, es justo por eso el referente obligado de la virtud nacional. Tales valores, sostenía Cooke, deben ser preservados y orientar al Estado en su práctica interventora. Es justamente en el pueblo donde se conservan estos valores, y no en la clase dirigente, por estar aquél vinculado directamente a la geografía del país. Existe en esta concepción de Cooke una suerte de determinismo geográfico que se plasma en la siguiente afirmación: “Esto es lo fundamental: la preservación de nuestras características de democracia que tipifican al hombre argentino. Nuestra realidad física, la que imprimió un sello distintivo a nuestro pueblo, es la llanura. El hombre de nuestras pampas ha vivido en contacto con la noción objetiva de la inmensidad, de los horizontes sin límites, del espacio inconmensurable. No tenía delante suyo montañas que le marcaran un límite, ni bosques que le cerraran el paso, ni un clima que lo aletargara. Solo tenía espacio. Espacio que le dio subjetivamente la noción de tiempo, de eternidad, plasmando su principio de libertad. Por otra parte la vida en contacto con la inmensidad le obligo a bastarse a sí mismo, a imponerse a la llanura. Esta lucha con la soledad, aislado en su propio ser, bastándose a sí mismo, le dio otra concepción: la igualdad. Puesto que vencía a la llanura, no tenía por qué reconocer ninguna superioridad sobre él. No pretendía verse en este principio un factor anárquico ni disolvente, ni hallar tampoco analogía con doctrinas seudo libertarias. Este sentimiento implica la conciencia de su dignidad, de esa altivez tan criolla que permite aunar la dignidad más absoluta con la obediencia más amplia. No la igualdad a base de derechos, sino la igualdad a base de obligaciones, de cualidades, de capacidad, de un mínimo de coeficiente.” (2007: 216)

La base natural del territorio argentino había generado en los hombres que lo habitaban una conciencia moral propia de la región. Así, el hombre argentino que vivía en contacto con la tierra tenía una concepción particular acerca de la libertad y la igualdad. Cooke sostenía que la vinculación del pueblo argentino con la llanura había tenido un efecto permanente sobre la cultura criolla. La mentalidad del pueblo argentino fue, así para Cooke, creación de su propia experiencia histórica. La vinculación de los hombres con el espacio abierto que suponía la llanura y su autosuficiencia para la reproducción de su vida mediante el esfuerzo formaron una conciencia nacional basada en la libertad que aborrecía cualquier tipo de

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subordinación; al mismo tiempo, la vida a través del esfuerzo generó una conciencia de igualdad entre los hombres. Pese a que la relación entre los hombres y el espacio geográfico de la llanura está lejos de representar cabalmente a la sociedad argentina de 1948, Cooke sostiene que la mentalidad generada por tal relación fue heredada por el pueblo y se encuentra contenida en su matriz cultural. A diferencia de la clase dirigente, separada del sentir popular, la concepción de libertad que el pueblo maneja es una creación autóctona de la región, y que abarca dentro de su definición a la igualdad como parte inalienable de si misma. De este modo, los valores morales antedichos que anidan en el pueblo pueden orientar a la sociedad argentina por el sendero de la libertad y la igualdad.

Entre el pueblo y las instituciones; el caudillo Tal como hemos dicho, la sociedad argentina, en el planteo de Cooke, está dividida en dos grupos sociales diferentes; el pueblo y la oligarquía. Durante la mayor parte de la historia argentina los resortes del poder público estuvieron en manos de esta última, lo que resultó en una dependencia económica con respecto a los países centrales de Europa, desigualdad social al interior de la comunidad nacional y desvinculación entre el Estado y el pueblo soberano. Si la Constitución de 1853 fue utilizada por la oligarquía como una extensión de su poder privado, desvirtuando todo lo que tenía de nacional e igualitario. Cooke propone que la nueva Constitución esté orientada por el pueblo, para que así los valores morales que en él anidan sean extendidos a toda la sociedad mediante su institucionalización. El proyecto de reforma constitucional presentado por Cooke buscaba vincular al pueblo de forma directa con las instituciones principales de la república, para que su espíritu libertario estuviera representado y orientara la práctica política del Estado. En esta línea de argumentación, sostenía que debía establecerse una mayor vinculación entre el pueblo soberano y sus representantes para asegurar la coincidencia entre los objetivos del Estado y la cultura política criolla. Tal voluntad se veía reflejada en la proyectada reforma de los artículos 46° y 48°, referentes a la elección de los senadores, tendiente a que los mismos representaran cabalmente el sentir popular y el grado de

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desarrollo del concepto de libertad que existía en el pueblo, y que de esta forma, las leyes sancionadas respondieran a la voluntad popular. En referencia al vínculo entre el pueblo y las leyes sostenía Cooke en ocasión de argumentar a favor de la derogación de la ley de residencia: “Votaría su derogación porque es antisocial; votaría su derogación porque es impopular. Votaría su derogación porque no interpreta lo que debe ser la expresión de la voluntad popular. En materia legislativa el pueblo es siempre juez; tal vez el que tenga más claro sentido de la equidad. Por eso en cualquier circunstancia aconsejaría la desaparición definitiva de esta ley de la nomenclatura jurídica argentina.” (2007: 68)

Ya en ocasión de tal afirmación, en 1946, Cooke sostenía que las leyes debían ser el reflejo de la voluntad del pueblo al que afectara, convirtiendo en ordenamiento jurídico la experiencia histórica del desarrollo del concepto de libertad en el seno de una sociedad determinada. Junto a la reforma del artículo 20° referente a la naturalización de los extranjeros, Cooke propone varias reformas tendientes a ampliar la participación del pueblo en la política pública. Algunas de las principales reformas en este sentido son las ya mencionadas referentes a la composición de la Cámara de Senadores. Para eso, Cooke proyecta la reforma de los artículos 46° y 48°, referentes a los procedimientos para elegir senadores y a la duración del mandato de los mismos. Estos artículos establecían la elección indirecta de los senadores a través de las legislaturas provinciales o las convencionales y la duración del mandato durante un período de nueve años. La elección indirecta, instituida en el artículo 46°, establecía que la elección de los senadores debía ser realizada por electores escogidos por la legislatura provincial correspondiente, dejando al margen al pueblo. Cooke proponía que la elección de representante para el Congreso fuera realizada en forma directa, eligiendo libremente el pueblo a sus representantes a través del sufragio popular. La relación entre los representantes y los representados, sostenía, se vuelve así más directa, y la voluntad popular queda mejor expresada en el Congreso, superándose las dificultades propias de la situación política inmediatamente anterior al peronismo, que se expresaban en las compras de bancas en el Senado. El espíritu de esta reforma apuntaba a superar la dominación de la oligarquía sobre el pueblo, ya que los legisladores nacionales, al ser elegidos directamente, encontrarían su legitimidad como representantes en una delegación de funciones realizada directamente por el soberano, 70

impidiendo que los valores de libertad e igualdad que habitaban en el pueblo fueran despreciados por representantes de las clases dominantes. El pueblo se convierte de este modo en legislador, ya que, en el marco de un régimen representativo, los representantes provienen de la voluntad popular y no de una designación realizada por minorías dirigentes escindidas del sentir popular. Al tiempo que establecía la necesidad de que el pueblo escogiera directamente a sus representantes en el Congreso Nacional, Cooke pretendía reformar el artículo 48° de la Constitución del 53 que establecía una duración de nueve años en el cargo, reduciendo a seis el periodo en que los senadores deben permanecer en sus bancas. Cooke sostenía que la extensión de nueve años de mandato era contraproducente para la república, ya que tal extensión de tiempo devenía en una rutinización del poder que dificultaba el progreso de las sociedades. Mayor importancia cobraba esta reforma desde el momento en que Cooke caracterizaba al peronismo como un movimiento revolucionario que transcurría por canales institucionales: revolución y rutinización son fenómenos incompatibles. Para que los representantes del pueblo que cumplieran funciones legislativas pudieran acompañar el ritmo de las transformaciones era preciso, según lo expresado por Cooke, que el tiempo de mandato se redujera a seis años. De esta forma el Estado podía amoldarse con mayor rapidez para acompañar y propiciar la profundización de las transformaciones democráticas. Aunque Cooke proyecta la reducción del tiempo de mandato, no se opone a la reelección indefinida sancionada en 1853, ya que entiende que los representantes solo dependen, para seguir cumpliendo dicha función, de que el pueblo los considere representantes de sus intereses, no siendo el tiempo quien limita sus funciones, sino el pueblo a través del sufragio. La elección directa de representantes para la Cámara de Senadores suponía que el pueblo controlara al poder legislativo transpolando a él sus valores morales, los cuales se manifestaban en leyes de alcance nacional. Así, la libertad y la igualdad que expresaban los valores morales propios de la región adquirirían entidad como normas jurídicas de aplicación efectiva, propiciando la liberación nacional tanto en el orden externo como en el orden interno. La expresión de la cultura política popular en el Congreso Nacional permitía sancionar leyes nacidas de las necesidades de la región y desde una construcción

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ideológica autóctona que superara el colonialismo cultural al que Cooke veía sometida la Republica. Sin embargo, la reforma política que cobra mayor trascendencia a los fines de este apartado es la reforma de los artículos 77°, 81° y la supresión de los artículos 82°, 83°, 84° y 85° de la Constitución Nacional de 1853, referentes a la elección de las máximas figuras del poder ejecutivo nacional. La Constitución del 53 establecía la elección indirecta mediante una junta de electores compuesta por representantes de la Capital Federal y de cada provincia del país. Cooke proponía, al igual que para la elección de senadores, la elección directa del presidente y vicepresidente por parte de los ciudadanos de la república. La base argumental de la elección indirecta, nos dice Cooke, estaba fuertemente influenciada por la Constitución Norteamericana en la cual estaba expresada la desconfianza que inspiraban las pasiones populares y la necesidad de que tal elección recayera en los hombres más capaces de analizar las cualidades que es conveniente poseer para ese puesto. Tales influencias generaban un perjuicio para la salud de la república. Cooke veía en ellas la transpolación de preceptos ideológicos foráneos que no respondían a la realidad nacional de la República Argentina, estando por ende condenadas al fracaso desde su sanción e importando una debilidad política para el país por no vincular al pueblo con el Estado. En efecto, para Cooke una de las características propias de Latinoamérica en general y de la Argentina en particular era la tradición caudillesca que atravesaba toda la cultura política nacional. En la región, sostenía, al calor de las luchas de liberación nacional primero y después de resistencia frente a los intentos de desvirtuación del proceso libertario por parte de las élites que pretendían apropiarse del mismo para imponer sus intereses particulares y subordinar a las mayorías, se había forjado un sentido de pertenencia y de fortaleza a través de la unión que se expresaba en la emergencia de caudillos erigidos en héroes populares por las masas. Esta tradición caudillesca requería que el sistema político nacional diera cuenta de ella para garantizar la estabilidad de las instituciones y la legitimidad del Estado como poder interventor por parte de las masas. Al respecto decía Cooke en la fundamentación de la reforma del artículo 81°: “El régimen argentino, fuertemente presidencialista, necesita que la primera magistratura sea desempeñada por hombres que cuenten con un amplio respaldo popular y no que resulten el producto de una elección del tipo de la programada por los Constituyentes del 53. El fracaso de nuestro sistema político no radica en el

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fracaso de ese sistema antipopular, sino en la desvirtuación de la esencial democrática del espíritu nacional: el dominio de la oligarquía, su apoderamiento de los resortes electorales, el alejamiento de las masas populares de la posibilidad del sufragio libre, el fraude, son las causas de que el régimen electoral no haya brindado al país mandatarios con la sensibilidad necesaria para el manejo de la cosa pública.” (2007: 230)

El diseño institucional del régimen representativo de Argentina estaba basado fuertemente en la figura del titular del poder ejecutivo, convirtiéndose éste en el referente visible del poder público. Tal situación requería, como sostenía Cooke en el párrafo anterior, que el presidente de la republica contara con una amplia legitimidad en torno a su papel gobernante, para que las instituciones fueran aprehendidas por el pueblo como un producto de su propia fuerza política. La elección directa, sostenía Cooke, generaba mayor grado de reconocimiento entre el pueblo y el presidente de la nación, al tiempo que evitaba la apropiación del poder por los grupos de notables. Al respecto, continuaba Cooke en la fundamentación de la reforma: “Cabe formular otra objeción, además. La posibilidad de que los electores no respondan, en el colegio electoral, al candidato por quien el pueblo los ha elegido. La Constitución en ninguna parte determina que los electores deban votar por el candidato ya designado por el partido al cual pertenecen. Una de dos: o el elector cumple su mandato y, en este caso, la elección indirecta está completamente de más, o no lo cumple, y entonces el pueblo es defraudado.” (2007: 231)

La elección indirecta aparece aquí como un proceso innecesario –más aun, peligroso– pues había permitido la apropiación del poder por parte de la élite, desvirtuando la relación entre el pueblo y el Estado y produciendo el consiguiente distanciamiento entre la estructura institucional nacional y la cultura política y las necesidades de la región, al asentar las instituciones sobre cimientos conceptuales ajenos a la realidad del país, y por eso mismo, opinaba Cooke, funcionales a los intereses de las potencias imperialistas. La elección directa del presidente y vicepresidente de la nación para propiciar el reconocimiento del pueblo en el Estado, poder público que regula las interacciones sociales donde puedan producirse situaciones de dominación, era un intento de construir instituciones basadas en la cultura política que anidaba en el pueblo, generando instituciones a partir de la experiencia del mismo. Ya en 1946 refería Cooke a la necesidad del pueblo de identificar líderes para vincularse socialmente y comprometerse con un proceso político. Al respecto, sostenía que el pueblo se había mantenido al margen de la política durante el tiempo de la 73

“organización”, ya que había visto ahí un proceso político con el cual no se sentía identificado, optando por refugiarse en su propia privacidad. Solo había salido de sí mismo para vincularse con el resto cuando estuvo convencido de que existían hombres que encarnaban su sentir. Cooke lo expresaba en los siguientes términos. “El pudor viril que le impide quejarse, gimotear, lo inhibe también de adoptar una actitud beligerante. Se refugia en el escepticismo, en una cierta indolencia elegante, en una frivolidad aparente. De tiempo en tiempo, un caudillo que intuye en sus sentimientos un peligro para la patria, lo sacan de esa actitud aparentemente frívola y entonces surgen nuevamente renovados valores que la tierra ha transmitido a sus hijos.” (2207: 76)

Aparece aquí la figura del caudillo como líder popular que asume la posición de inspirador político para la acción de masas. El pueblo, en el contexto de un régimen político atravesado por el fraude, el desprecio de lo autóctono y la apropiación del poder público por parte de una clase dirigente escindida del sentir popular, se refugia, según lo expuesto por Cooke, en una actitud indolente que refleja desprecio hacia la acción política, ya que no ve en ella posibilidades reales de expresarse. Solo cuando aparece una figura que permite aglutinar a los individuos tras la identidad conjunta del pueblo, y que impulsa la acción conjunta del mismo a través de su propia realidad material y su cultura, abandona su reclusión en sí mismo y propicia el inicio de un proceso de cambio que le permita retomar el poder público. La revolución peronista a la que Cooke adhería partía del reconocimiento de las características particulares del pueblo y de la cultura política nacional que en él estaba resguardada. La tradición republicana que podemos vislumbrar en el peronismo de Cooke es complementada con la figura del caudillo como expresión política del pueblo. En efecto, la preocupación por la libertad como no-dominación, la institucionalización del poder público y la emergencia del pueblo como actor soberano de la comunidad, trinomio básico de la tradición republicana popular, adquiere sentido en el territorio solo cuando existe un elemento que permite vincular al pueblo con las instituciones. Tal elemento es el caudillo. El planteo de Cooke era que para que el pueblo se identificara políticamente con el Estado y considerase la acción interventora del mismo como su propia acción y voluntad traducida en poder público, el Estado debía representársele como un poder legítimo que reflejaba la voluntad nacional y no como una herramienta de la oligarquía utilizada para su propio provecho.

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La única manera de lograr tal vinculación, advertía el joven diputado peronista, era a través de la figura del presidente. La tradición caudillesca nacional requería que el poder público pudiera ser visualizado a través de una figura visible para ser considerado como tal. Cuando el poder ejecutivo era ejercido por funcionarios que no contaban con altas dosis de legitimidad popular, el pueblo se refugiaba en sí mismo y desconocía la legitimidad del Estado. Para propiciar el vínculo entre el pueblo soberano y las instituciones estatales que reflejan la unidad y la fuerza del cuerpo político, para que los representantes del poder ejecutivo sean visualizados por las masas como un nexo entre la acción estatal y la voluntad popular, Cooke proponía la elección directa del presidente y vicepresidente, para lo cual era necesaria la reforma del artículo 81° de la Constitución Nacional de 1853. Al mismo tiempo, también proponía la reforma del artículo 77° y la supresión de los artículos 82°, 83°, 84° y 85° de dicha Constitución, para permitir la reelección de los titulares del poder ejecutivo tras finalizar su mandato. Al respecto de tal reforma sostenía: “En el caso de que el pueblo esté conforme con la conducción que un Poder Ejecutivo da al país, ¿en qué forma puede el ciudadano asegurar y mantener esa política beneficiosa? El artículo 77° lo pone en el trance de votar por algún candidato en la esperanza de que ha de continuar la línea de su antecesor, y le impide que elija precisamente q quien ha demostrado ser el intérprete fiel de una idea o de un momento del alma nacional.” (2007: 235-236)

La democracia, tal como la entiende Cooke, requiere que la voluntad popular sea respetada y encauzada por el Estado. El pueblo como soberano, tiene derecho de escoger a quien mejor interprete su voluntad. Los argumentos contrarios a la reelección eran muchos y variados, pero uno de los que se destacaban era la apelación a la historia política nacional y el papel jugado por el fraude en la misma. Quienes se oponían a la reelección sostenían que desde el poder ejecutivo siempre se había gravitado en torno al resultado de las elecciones para imponer un sucesor y que tal situación se agravaría en caso de que el propio titular del ejecutivo buscase imponerse a sí mismo, propiciando el fraude electoral. A estas críticas respondía Cooke en el Congreso: “El hacer fraude o no hacerlo, es un problema de calidad moral, y no de oportunismo simplemente. La no reelección –insistimos– no hace a la esencia del sistema democrático. Este se basa en el respeto de la voluntad mayoritaria, periódicamente consultada en elecciones honorables. Pero si de ellas pudiese

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resultar el deseo de mantener en el cargo a una determinada persona, ¿Qué razón existe para vedar al pueblo su legítimo derecho a utilizar a ese ciudadano en la función para la que lo considera el más apto?” (2007: 237-238)

De esta forma propone Cooke establecer lazos entre el poder público del Estado y la voluntad del pueblo. La figura del presidente, al ser tan trascendente en el sistema representativo argentino por estar asentada en la tradición caudillesca de la región, requiere reformar la Constitución para fijar allí la voluntad popular como fundamento del poder público y de la democracia. La figura del caudillo, visualizada muchas veces desde el liberalismo como una forma de autoritarismo y demagogia, se convierte, al vincular la obra política de Cooke con la tradición republicana popular, en la base de la democracia y del fortalecimiento del Estado como poder público capaz de conjurar las situaciones de dominación que se dan en el marco de la sociedad civil. De esta forma, para Cooke, el caudillismo no es un fenómeno negativo, ya que permite encauzar institucionalmente los valores morales del pueblo, siendo el caudillo un instrumento del pueblo y no al revés. Al respecto sostenía: “Nuestro país ofrece, desde el punto de vista político, rasgos propios que son típicos de nuestra individualidad nacional. El caudillismo es una de ellas. La declamación que hacen contra el caudillismo los que quieren una política en suelo americano, se estrella frente a la realidad argentina (por otra parte, esa política suele no funcionar muy eficazmente ni aun en Europa). El hecho es que nuestros mejores gobernantes han sido caudillos >. La adhesión a los grandes conductores no es una actitud de sumiso acatamiento –que el argentino repudia como incompatible con su concepto de la dignidad– sino que constituye una postura de lealtad hacía aquellos líderes que saben captar el sentir del hijo de la tierra.” (2007: 237)

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Capítulo VI Conclusiones

“Los dos términos del silogismo de la oligarquía son perfectamente coherente: por un lado los dogmas históricos, por el otro los dogmas económicos; detrás de ellos el imperialismo. Nuestra posición es inversa: creemos que solamente se puede obtener la liberación económica nacional a través de la destrucción de esos dogmas históricos falsamente fabricados. Y contra nosotros emplean los mismos recursos: se nos tilda de totalitarios, se dice que somos antidemocráticos. Seriamos totalitarios y antidemocráticos si nosotros, creyendo en la barbarie y en la tiranía de algunos hombres, siguiésemos elogiándolos; pero nos proponemos demostrar – y lo hemos conseguido si se estudia el problema objetivamente– donde estaba la barbarie, donde estaban las fuerzas del país y donde los enemigos de la nacionalidad. Todo esto en una trama coherente, y las dos posiciones, la de la oligarquía y la posición popular, están perfectamente delineadas. Nuestra postura es la más democrática, porque reivindicamos lo popular contra las fórmulas importadas del extranjero porque reivindicamos a los hombres que fueron representación de la masa argentina contra los hombres que solo fueron representantes de pequeños intereses del círculo; porque vamos al elogio de los caudillos que son representación del sentir nacional, en contra de la oligarquía de todos los tiempos, que solamente es la representación de sus propios intereses o de los intereses extranjeros, cubierto todo ello con el manto de los dogmas históricos y de los dogmas y .” J.W. Cooke 1949

El carácter republicano de la obra y acción parlamentaria de John William Cooke se recorta sobre su modo de pensar lo que él llamaba “la revolución peronista”. Esta era paran él una profundización del proceso de liberación nacional iniciado en la Argentina en 1810, que buscaba garantizar las libertades políticas y civiles obtenidas en las jornadas de aquella revolución primera, pero complementándolas con una libertad económica que se había revelado como prerrequisito para materializar aquellas otras. Así, los conceptos de libertad, igualdad, justicia social y comunidad organizada se articulan en la obra de Cooke en forma de un pensamiento político que, comprendido como totalidad, expresa una sugerente variable de republicanismo popular. El actor central en el proceso de liberación que encarnaba la revolución peronista era el Estado Nacional. En efecto, para el diputado peronista la libertad era un bien cuya conquista y cuya defensa requerían la activa intervención del poder público para su concreción. De esta manera, frente a la identificación una serie de peligros que atentaban contra la libertad nacional, tales como los intereses económicos del imperialismo y la 77

debilidad de la economía argentina frente al mismo, o la existencia de poderes fácticos basados en una posición monopólica sobre el mercado, lo que redundaba en capacidad de incidencia política, Cooke defendía la planificación económica como única manera de garantizar el desarrollo económico nacional y fortalecer al Estado frente a los poderes económicos que le disputaban su capacidad decisora sobre el territorio y los recursos de la nación. La intervención estatal en la economía y la planificación económica aparecían, entonces, como herramientas fundamentales para completar el proceso de liberación nacional a través de la liberación económica. Ya en la presentación del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para 1948 refería Cooke al papel interventor del Estado, sosteniendo que tal papel era imprescindible y esencial para el Estado aún en las sociedades liberales. Con respecto al específico tipo de intervención del Estado que promovía la revolución peronista sostenía: “Queremos dejar constancia que intervención ha habido siempre en este país, y sobre todo en los gobiernos anteriores a la revolución. El intervencionismo no es nuevo. Lo que es nuevo es el intervencionismo en favor de la clase necesitada y el intervencionismo por medio de la planificación, porque puede haber intervencionismo sin planificación y lo ha habido en este país; lo que no puede haber es planificación sin intervencionismo; si se demuestra que la planificación es imprescindible, de hecho quedara demostrado que no puede dejar el Estado de intervenir en las relaciones del capital privado.” (2007: 145)

Este pasaje refiere a uno de los problemas que Cooke identifica en la historia política nacional: la apropiación del poder público en manos de una élite escindida del pueblo y de la voluntad general. La intervención del Estado en la economía, sostiene Cooke, siempre estuvo presente, quizás con más fuerza aun durante la vigencia del modelo agroexportador, solo que dicha intervención no era en provecho de la comunidad política o de la libertad nacional. La clase dirigente argentina, vinculada a la propiedad de la tierra y al comercio internacional con las potencias industriales, utilizaron al Estado como herramienta de intervención en la economía en beneficio de sus propios negocios y en desmedro de una planificación orientada a la liberación de la economía nacional. Así, identificada la clase dirigente nacional como una oligarquía terrateniente que nucleaba en sus manos tanto el poder económico como el poder político, se entendía que la intervención del Estado en lo económico estaba asentada en el mantenimiento del modelo agroexportador para favorecer a los dueños de la tierra, lo que había generado un sistema político que requería excluir al pueblo para mantener el 78

modelo económico y convertir las libertades obtenidas mediante el proceso de independencia en expresiones de derecho sin correlato en la realidad, ya que se veían impedidas de manifestarse por la ausencia de libertad económica. Al respecto decía Cooke en marzo del 47’: “Son hechos que yo anoto para dar la sensación de que la libertad económica es la base de la libertad política, pero que la falta de libertad política trae entronizada la falta de libertad económica. Si este plan no es lo que nosotros deseamos que sea, ello será lamentable para el país. Habríamos cometido un error. Pero este plan es un plan argentino elegido por los argentinos. Si hacemos un mal plan, cada uno pagará las consecuencias de sus propias acciones. No habrá ningún ciudadano que pueda decir que está sufriendo las consecuencias de algo que le fuera impuesto. La voluntad del pueblo ha llevado a este movimiento al poder. La revolución nacional tiene claras concepciones en materia económica y va cumpliendo sus etapas a ritmo acelerado, en cumplimiento de promesas y compromisos contraídos.” (2007: 153)

La intervención del Estado en lo económico, para obtener el grado de libertad económica necesaria para evitar la dominación política por parte de los países imperialistas, aparece en el pensamiento de Cooke como una de las características básicas de la revolución peronista. Pero para que tal intervención tuviera el sentido que el peronismo le atribuía era preciso, según el joven diputado peronista, que el Estado estuviera directamente vinculado con los valores morales que anidaba en el pueblo argentino. En efecto, tal como sostenía Cooke, la intervención estatal en la economía era un hecho regular en todas las naciones, incluida la Argentina, pero dicha intervención, en el marco de un régimen político oligárquico que excluía de hecho al pueblo de las decisiones políticas, no estaba orientada en un sentido de igualdad y libertad, sino que era impulsada por las pulsiones de dominación de la clase dirigente, que propiciaban un modelo económico que fortalecía su poder en cuanto clase social sin importarle la debilidad que al mismo tiempo implicaba para la Republica considerada un todo. Ante tal situación, Cooke abogaba por establecer una mayor interrelación entre las instituciones del Estado y el pueblo, pensando a las primeras como herramientas política de liberación y al último como norte moral que orientara la acción de las instituciones. Los valores morales que anidaban en el pueblo, producto de su experiencia histórica y de su entorno geográfico, debían ser, en opinión de Cooke, una guía para la formación de instituciones políticas capaces de establecer una sociedad libre e igualitaria.

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Así, frente a la intervención realizada por un Estado “tomado” por la élite terrateniente, cuya intencionalidad era mantener intactas las relaciones comerciales con Gran Bretaña sin tomar en cuenta la dependencia y el atraso que implicaba para el país mantener la primacía de tal relación, en el planteo de Cooke la dirección de los resortes del Estado debía ser retomada por el pueblo, al que consideraba soberano legítimo de tal poder. De esta forma, la intervención estatal estaría orientada por una pulsión diferente: la de la liberación nacional y la igualdad social en el marco de una comunidad política organizada. Algunas de las causas que habían permitido la escisión entre el pueblo y el Estado radicaban en el diseño del régimen político argentino, sostenía Cooke. Tal régimen, desde su génesis, había sido planteado como un gobierno de notables con la una capacidad diferencial para discernir qué era lo mejor para la nación, excluyendo al pueblo, lo más posible, de la toma de decisiones políticas. De este modo, tras la sanción de la Constitución Nacional de 1853, se adoptó un sistema que se pretendía republicano y representativo, pero que en la práctica no cumplía ninguno de esos requisitos. El pueblo, declarado soberano, debía ejercer tal posición a través de la representación depositada en ciudadanos electos. Sin embargo, los representantes no eran elegidos directamente por el pueblo sino que se había establecido la elección indirecta como forma de evitar que llegara al poder un representante cabal de las inclinaciones populares. De esta manera, los valores morales resguardados en el pueblo no encontraban correlato en las prácticas del Estado, ya que quienes cumplían el papel de representantes del pueblo no respondían, necesariamente, a los intereses generales del soberano. Respecto de esta cuestión decía Cooke, en su última intervención en el parlamento como diputado nacional, en octubre de 1951: “Esa es la historia política argentina a grandes rasgos en la que no vemos un solo caso de un gobernante que haya podido surgir a la primera magistratura por el voto de sus conciudadanos y por la libre expresión de la voluntad popular. Pero no era el fraude episódico de quienes intentaban apoderarse del gobierno. La clase dirigente argentina siempre ha sabido cuál es su verdadera posición frente al pueblo y por eso, por boca de uno sus prohombres, enunció su famosa frase: , y le negó al pueblo la madurez y capacidad para regir sus propios destinos. Es sobre la sangre y el aislamiento del hombre argentino que la oligarquía, a través de cien años, pudo edificar ese tremendo aparato jurídico, económico y social, como consecuencia del cual nuestro patrimonio fue explotado por una casta de traidores nativos que siempre actuaron como gerentes del imperialismo europeo en América.” (2007: 417)

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La acción de la oligarquía solo podía ser posible apartando al pueblo de la decisión política con respecto a la cosa pública. Por eso explicaba Cooke, se lo había excluido del gobierno, relegando el papel de ciudadanía que debía cumplir; por ser considerado inexperto e incapaz para tales menesteres. Apartado el pueblo de su papel soberano, las instituciones políticas argentinas se convirtieron en reflejo de las pulsiones particularistas y dominantes de la clase dirigente nacional refrenando el impulso libertario del pueblo. La desvinculación entre el pueblo y las instituciones del Estado cobra mayor importancia en la obra de Cooke desde el momento en que la Revolución Peronista en que se sentía enrolado se presenta como una revolución que parte y de lo institucional y busca desde ahí expandir el concepto de libertad mediante la acción interventora del Estado. La libertad, que en el marco del primer peronismo significa para John William Cooke intervención estatal a favor del fortalecimiento de la capacidad soberana del Estado y liberación de la economía nacional mediante el desarrollo industrial, el control del comercio internacional y justicia social, requería una clara consciencia de los representantes acerca de cuál era el papel que debía cumplir el Estado en el proceso de liberación nacional. La clase dirigente argentina, que en su opinión no era otra que la elite terrateniente, nunca se había mostrado inclinada hacia esos objetivos, por ser ella misma un engranaje más del modelo económico dependiente que vinculaba a la Argentina con las potencias industriales desde una posición subalterna. Al mismo tiempo, la clase dirigente nacional encontraba sus referencias culturales en Europa y despreciaba toda construcción cultural e intelectual propia del territorio, considerando todo lo local como una expresión de la barbarie y el atraso cultural. Este desprecio por lo natural del territorio era percibido por Cooke como uno de los principales males que afrontaba la república, ya que redundaba en desprecio por las masas vinculadas a la tierra y en exaltación de lo que denominaba “la ideología del imperialismo”: el liberalismo. Tales sentimientos eran convertidos en orientadores de la acción de las instituciones en el contexto de un Estado apropiado por una clase dirigente que no representaba al pueblo y que defendía sus intereses facciosos desde el poder público, lugar del interés general. De esta manera para que el Estado pudiera cumplir el papel asignado por la Revolución Peronista y preconizado en el Congreso por Cooke, debía en primer lugar vincularse a los valores morales que anidaban en el pueblo, devolviendo a éste su lugar

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de soberano. He aquí el segundo pilar del pensamiento republicano de John William Cooke: la centralidad del pueblo como actor político relevante y fuente de la legitimidad del poder del Estado. La labor política de Cooke, en efecto, está atravesada por la presencia del pueblo como concepto aglutinador de las mejores características de la nacionalidad. Si la historia política argentina estaba, en su opinión, plagada de gobernantes sin conciencia nacional y aliados a los intereses imperiales, el pueblo era presentado por Cooke como un actor político que jamás había prestado su consentimiento a la clase dirigente y que resistía los embates del imperialismo. Cuando afirma que la clase dirigente estaba adscripta al liberalismo como ideología rectora de sus acciones que representaban la civilización, opone a ella al pueblo convirtiéndolo en depositario de los valores morales de la nación, basados en un concepto igualitario de la libertad. Finalmente, si la elite, desde su posición de poder y su dominio de los resortes del Estado, había construido un sistema político y económico que no permitía la definitiva liberación de la república y no promovía la igualdad entre los ciudadanos, el gobierno del pueblo garantizaría complementar la libertad política y civil con el grado de libertad económica necesaria para ejercer aquellas otras, al tiempo que, orientando la acción de las instituciones mediante los preceptos morales e ideológicos propios de la región que anidaban en el pueblo garantizaría la extensión de la igualdad entre los ciudadanos impidiendo la proliferación de situaciones de dominación. De esta forma, la extensión de la libertad en un sentido igualitario y social, asentada en la intervención del poder público de la comunidad allí donde pudieran producirse situaciones de dominación que afectaran a la libertad del Estado o de los ciudadanos, requería vincular al pueblo con las instituciones de gobierno en forma directa, ya que era ahí donde estaba depositada la virtud de la republica forjada a través del contacto con la tierra y la historia nacional. Así, tal como hemos mencionado antes, Cooke propone establecer un vínculo más estrecho entre las inclinaciones del pueblo y la dirección del Estado, proponiendo en el proyecto de Reforma Constitucional que presenta con el diputado Guardo en 1948 la elección directa de los representantes del pueblo en el parlamento y en el poder ejecutivo. Tal medida buscaba producir una identificación más directa entre las decisiones del Estado y la opinión y voluntad del pueblo, ya que la elección directa permitía, según Cooke, que los representantes del pueblo efectivizaran sus inclinaciones y persiguieran la libertad de la república, auténtico interés nacional, y que

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no se repitiera la situación de apropiación del poder público por parte de particulares que había sucedido en tiempos del gobierno de la oligarquía. Entre las reformas políticas que proyectaba darle a la Constitución Nacional también estaba incluida la incorporación como ciudadanos plenos de derecho a los habitantes de los territorios nacionales del sur del país. Los artículos 37° y 81° de la Constitución de 1853 establecían que los territorios nacionales, al no haber sido incorporados como provincias, no tenían representación en la Cámara de Diputados ni en la junta de electores que elegía al presidente y vicepresidente de la nación. De esta forma, quienes allí habitaban se encontraban en una situación de inferioridad de derechos con respecto a sus conciudadanos, ya que en los hechos carecían de derechos políticos y se veían subordinados a un poder político ajeno a sus opiniones. Al respecto, decía Cooke, en referencia a los ciudadanos que allí residían: “Son argentinos para defender la patria, prestando el servicio militar en estado de paz y aportando su sangre si se lo reclama la Republica en épocas de guerra; son argentinos para allegar recursos al tesoro público en la medida no despreciable que su riqueza contribuye a formar el erario nacional; son también argentinos en el constante esfuerzo por el progreso y la prosperidad de la Nación mediante la tesonera acción de su trabajo. Pero no lo son para gozar, como sus conciudadanos, el derecho del sufragio, desde que carecen de él para elegir diputados al Congreso de la Nación y electores de presidente.” (2007: 218)

Luego continuaba: “Esta es, en realidad, la compañía a que los actuales artículos 37° y 81° de la Constitución Nacional condenan a los ciudadanos domiciliados en los territorio nacionales , en una condición inadmisible que repugna al sentimiento de justicia y equidad, a la igualdad política que informa nuestras instituciones, al sentimiento de confraternidad argentina y a los legítimos intereses de esas tierras que se mantienen en estado de colonias, sin perspectivas de adquirir la jerarquía a que tienen legítimo derecho.” (2007: 218)

La situación en que se encontraban los habitantes de los territorios nacionales representaba dos problemas políticos desde un enfoque republicano. En primer lugar, atentaba contra la noción de igualdad entre los ciudadanos ya establecida en la Constitución de 1853, ya que de hecho coexistían dos tipos de ciudadanos diferentes en base a los derechos políticos que cada uno de ellos podía ejercer. Esta ausencia de igualdad importaba, para la doctrina de la Revolución Peronista, una ausencia de libertad, ya que los habitantes de los territorios nacionales estaban sometidos a un poder público del que no formaban parte.

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En segundo lugar, la desvinculación entre los ciudadanos de los territorios nacionales y los representantes del Pueblo en el Estado, generaba un problema de formación e inclinaciones de los individuos del que ya diera cuenta Cicerón en el siglo II a.c.: la preferencia por los asuntos e intereses privados por sobre los de índole general. Sostenía Cooke sobre esto, que el no integrar a los habitantes de los territorios nacionales como ciudadanos de pleno derecho y en igualdad de condiciones con los habitantes de cualquiera de las provincias debilitaba a la república en cuanto éstos no veían razones para contribuir al fortalecimiento de un poder político que les era ajeno y que se formaba de esta manera una mentalidad proclive a la exaltación del interés individual por sobre el de la sociedad. Entonces, Cooke buscaba establecer una fuerte vinculación entre el pueblo y el Estado a través de la incorporación de los habitantes de los territorios nacionales como ciudadanos de pleno derecho y, más importante aún, mediante la elección directa de los representantes del pueblo en el Estado. Estas medidas, proyectadas como reforma constitucional, se veían complementadas con la referencia al tiempo de duración del mandato que los representantes debían cumplir. De esta manera, proponía el diputado peronista por Capital Federal, acortar el período de mandato de los senadores pero permitir su reelección, proponiendo también la reelección inmediata del presidente y vicepresidente de la nación. Estas reformas perseguían dos objetivos diferentes pero interrelacionados. En primer lugar, era la manera más directa de vincular al pueblo con las instituciones y con la acción del Estado como voluntad propia de la sociedad. Junto con la elección directa, la reelección aparecía como un derecho soberano del pueblo a elegir libremente a sus representantes. Cooke consideraba que el caudillismo era una de las más importantes características de la región. El pueblo, sostenía, necesitaba personificar la dirección de los procesos de liberación que llevaba adelante en la figura de un líder que funcionara como aglutinador y manifestación concreta de la fuerza y voluntad popular. Por tal razón, afirmaba, el régimen político argentino era fuertemente presidencialista, pues el pueblo veía en el presidente una suerte de dirigente que ponía en funcionamiento el poder del pueblo a través de los resortes del Estado. Así, el temor al caudillismo que la intelligentzia nacional preconizaba, definiéndolo como un rasgo de la barbarie del pueblo y como una de las razones que exigían impedir que el pueblo escogiera directamente a sus representantes, se convierte en la obra de Cooke en una rasgo esencial para la democracia argentina, en cuanto es

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expresión de un régimen político nacido de la aplicación de conceptos culturales propios de la nacionalidad y no de la imitación de preceptos ideológicos hegemónicos, impuestos por el imperialismo y sus “personeros nativos”, tal como definía Cooke a los miembros de la clase dirigente. El caudillismo, de esta manera, era la forma que tenía el pueblo de identificarse con el Estado y vislumbrar en su acción interventora la expresión de su propia voluntad y la persecución de los intereses generales de la nación. En las antípodas de esta posibilidad, la elección indirecta creaba una desconexión entre los representantes y los soberanos restando legitimidad a la acción del Estado, que era percibida por el pueblo (más aun en el marco de la apropiación del poder público por parte de la clase dirigente) como una interferencia arbitraria que no respondía a sus opiniones e intereses. Advertía Cooke que las acciones del Estado solo podían ser concebidas como legitimas por el pueblo en caso de que los principales dirigentes de tales acciones fueran percibidos por el pueblo como una personificación de su propia voluntad. De esta forma, si la elección directa de los miembros del poder legislativo era concebida como una necesidad imperiosa para que los valores morales resguardados en el pueblo orientaran a las leyes sancionadas en el Congreso, mayor importancia adquiría, en relación con la misma preocupación la elección de presidente y del vicepresidente. La figura del presidente de la nación adquiere en el sistema político argentino una centralidad muy fuerte, que se explica, según la argumentación de Cooke, por la tradición caudillista de la región, la cual fue formándose ya en tiempos de la colonia pero adquirió mayor relevancia a lo largo de las guerras de independencia nacional y de resistencia frente al dominio de Buenos Aires por parte del resto de las provincias argentinas. A lo largo de dicho periodo, sostenía el diputado peronista, el pueblo estuvo enfrascado en la lucha por la libertad y la igualdad, generando en la lucha líderes a los que concebía como aglutinadores de la fuerza de la totalidad y como expresión de la voluntad popular. Esa experiencia histórica de lucha por la libertad y de integración como totalidad a través de la dirección de caudillos proclamados por el pueblo había generado una huella mental que solo permitía al pueblo concebir como legitimo a un poder, cuando éste era encarnado por un figura de estilo caudillesco en la cual el pueblo viese personificado el interés general. Cuando el pueblo no puede reconocer en el presidente de la Nación un representante de la voluntad popular nacional, se refugia en sí mismo,

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alejándose de la cosa pública para refugiarse en los problemas particulares que lo aquejan. Este alejamiento de la política por parte del pueblo es la representación de aquel peligro que Cicerón veía manifestarse en Roma: el desprecio de la vida pública y del servicio a la república en favor de la exaltación del interés particular, y la debilidad del Estado por la disgregación de las voluntades. De esta manera, el caudillismo era concebido por Cooke como una construcción propia de la cultura política latinoamericana en general y argentina en particular. El ignorarla sólo conducía a la creación de repúblicas débiles que eran sometidas a los intereses de potencias imperialistas del mundo. Su aceptación, en cambio, implicaba un cambio revolucionario en cuanto a la identificación de la grandeza nacional, encontrando la posibilidad de la misma en la aceptación de lo natural del territorio para la construcción de las instituciones que permitiera la definitiva liberación de la patria y no en la imitación de los esquemas ideológicos europeos, que solo conducían al liberalismo y a un falsa libertad individual que no encontraba correlato en la realidad por la falta de libertad social. Es un reflejo del pensamiento de John William Cooke lo expresado en la Cámara de Diputados en 1951 en ocasión de la discusión acerca de la asignación de recursos, provenientes de una multa impuesta a la sucesión Bemberg, para la Fundación Eva Perón. Allí decía: “Nosotros sabemos que la libertad es un fundamento básico de la personalidad, pero también sabemos ser capaces de sacrificar parte de esa libertad poniéndola al servicio de objetivos y postulados fundamentales para la verdadera grandeza de la patria. Así como Dios da, en el terreno religioso y espiritual, el libre albedrío para que los hombres, a través de los dogmas, se encaminen por la senda del bien, de la misma manera, en lo político, el hombre tiene su libertad. Dentro de ella es signo de fuerza y no de debilidad el ponerla al servicio de objetivos que están superando a su propia persona. Nosotros creemos que el progreso nacional se ha realizado siempre a través de hombres que interpretaron el sentir de lo popular, que encarnaron lo que piensa el hombre de campo, la fábrica, el taller o la oficina; precisamente, lo que hay de vital en el pueblo tiene una oportunidad magnífica de expresarse cuando hay una personalidad suficientemente fuerte y realizadora como para que en ella vayan a confluir todas esas fuerzas espirituales argentinas, a fin de ir cumpliendo las etapas progresivas de la evolución nacional.” (2007: 409)

Encontramos aquí la mayoría de los elementos políticos que atraviesan el pensamiento político de Cooke. La apelación a la libertad comienza como una renuncia a parte de la misma. Sin embargo, esa renuncia solo es al sentido individual que el liberalismo da al concepto. La libertad, como hemos referido anteriormente, en un 86

sentido republicano no es individual sino social: es encontrase en igualdad de condiciones frente al resto de los ciudadanos y no verse sometido a la intervención arbitraria de un poder ajeno a los propios intereses y opiniones. El sacrificar parte de esa libertad expresado por Cooke significa la relativización de la libertad de comercio, de contratación y de propiedad privada cuando tales libertades, presentadas como elementales por el liberalismo, atentan contra la consecución de los ideales de libertad e igualdad nacionales. Es una apelación a la burguesía nacional la que Cooke realiza aquí, ya que consideraba que en la práctica solo son ellos los que gozan de tales libertades. El pueblo aparece al final del pasaje que citamos, y vinculado con la idea de caudillo. En efecto, la apelación al pueblo es para destacar su carácter de depositario de la virtud política nacional. Tal virtud permitiría al Estado actuar con un rumbo determinado que encauzara las voluntades y las capacidades nacionales en un sentido de liberación, ya que para Cooke el pueblo es por definición el sujeto de la liberación nacional. Sin embargo, sostiene, la liberación nacional requiere que la fuerza y el sentir del pueblo sean encauzados institucionalmente a través de la fuerza del Estado, y para lograr tal finalidad es preciso partir de la cultura nacional y popular, es decir, del reconocimiento de caudillos que permitan establecer puentes entre las instituciones y el pueblo para que el Estado garantice la libertad en un sentido republicano de nodominación. La libertad como no-dominación, el reconocimiento del pueblo como actor virtuoso de la política, el poder público institucionalizado y la preminencia de lo social sobre lo individual son los rasgos esenciales del republicanismo popular, y tales características podemos identificarlas en las expresiones de John William Cooke en el Congreso de la Nación El pensamiento de Cooke puede ser leído como un expresión local del republicanismo popular, ya que los elementos de esa tradición republicana están presentes en su pensamiento político. Este pensamiento puede ser concebido como una totalidad teórica que cobra coherencia cuando sus elementos son interconectados. Así, la libertad como no-dominación es la finalidad de la Revolución en la que Cooke se sentía enrolado. Tal libertad requería de un sentido de igualdad entre los ciudadanos que impidiera la subordinación de uno a otro en razón de la existencia de un poder de incidencia y negociación diferencial basado en una desigualdad social o económica que redundara en desigualdad política. La consecución de tal finalidad solo podía

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alcanzarse mediante la regulación social que realizara un poder político del que todos los ciudadanos se sintieran partícipes como totalidad. Dicha totalidad es dada por el concepto de nación, y la intervención legitima, es decir, no arbitraria, solo podía ser realizada por canales institucionales, es decir, desde el Estado. Porque, en efecto, siendo el Estado el encargado de garantizar la libertad de los ciudadanos debe primero garantizar la libertad nacional. El peronismo ha sido definido en numerosas ocasiones y por numerosos estudiosos del fenómeno (incluido Cooke) como un movimiento antiliberal y antiimperialista, características que para Cooke son indisolubles, ya que consideraba al liberalismo el arma de penetración ideológica del imperialismo. La libertad como un producto de la acción del Estado nunca había podido manifestarse en la Argentina por la debilidad del país frente a la acción del imperialismo. Por tanto, para iniciar un proceso de transformación social en un sentido igualitario que garantizara la libertad de los ciudadanos más allá de sus diferencias económicas, era preciso, en primer lugar, asegurar la fortaleza del Estado frente a la incidencia de poderes externos interesados en que mantuviera su posición subordinada en el sistema económico mundial. Así, aparece un tercer elemento central en el pensamiento de John W. Cooke: el pueblo. Establecida la libertad en un sentido igualitario que debe ser garantizada por el Estado, por medio de la sanción de leyes que tiendan hacia la liberación nacional y la justicia social, el pueblo, como antagonista de la oligarquía y depositario de los valores morales de la nación basados en la libertad, la igualdad y el orgullo nacional, se convierte en un referente obligado, que debe orientar las prácticas del Estado. Cooke establecía conexiones entre la libertad, el Estado y el pueblo para garantizar el éxito de la revolución en un sentido de libertad que podemos denominar republicano. La libertad, entonces, era caracterizada como el objetivo de la revolución, al tiempo que el Estado era definido como el único actor capaz de llevarla adelante, ya que su funcionamiento a través de instituciones permitía que pudiera ser vislumbrado como el fruto de la voluntad general. Al mismo tiempo, el pueblo aparecía representado como el depositario de los valores morales nacionales y la emulación de su pulsión de libertad por parte del Estado era la forma de generar instituciones virtuosas propicias a concretar en el ámbito económico la liberación nacional. Esta unión entre el pueblo y el Estado para que sus instituciones fueran orientadas por la cultura popular era encauzada a través de la figura de los representantes del pueblo en el Estado. Más concretamente, de la figura del presidente

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de la nación. La figura del presidente adquiría en el republicanismo de Cooke una importancia central, ya que era la figura visible de la revolución y el aglutinador de la potencia del pueblo. El desprecio a la tradición caudillesca que mostraba la clase dirigente nacional, sostenía el diputado peronista, no era otra cosa que el desprecio por el hijo de la tierra y la cultura local, y el temor al pueblo unificado bajo una figura que impulsara su potencial transformador. Así, la libertad, las leyes, las instituciones, los contrapesos, la publicidad del poder y demás características del republicanismo carecían de sentido si no eran reapropiadas por el pueblo desde la realidad del territorio y desde su propio desarrollo histórico-cultural. Para Cooke, el pueblo no podía concebir al Estado como una manifestación de su propio poder si no veía en él una personalidad que le inspirara confianza y reconociera como líder de un movimiento popular; en resumidas palabras, un caudillo. El pueblo y su voluntad (expresada en el Estado a través de la figura del caudillo) eran la base que Cooke encontraba para que la planificación e intervención económica del Estado fuera realizada en un sentido de libertad republicana que formara una sociedad libre hacia el exterior e igualitaria hacía el interior.

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