1

EL PLAN COLOMBIA

I.

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, en agosto de 1998, el gobierno del presidente Pastrana planteó la necesidad de iniciar la construcción de un gran Plan que, centrado en la negociación política del conflicto armado, permitiera establecer una alianza con el mundo contra el delito internacional del narcotráfico y, por los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y el medio ambiente, con el fin de generar las condiciones propicias para lograr una paz sostenible en el país. Dicho plan fue denominado Plan Colombia desde octubre de 19981. Como resultado del énfasis del gobierno en la negociación política, después de dos encuentros personales entre el presidente Pastrana y el comandante de las FARC2, en enero de 1999 se creó un “área de distensión”, dentro de la cual se establecieron las condiciones para empezar los diálogos. Con base en éstos, el 24 de octubre del mismo año se inició en firme la negociación política con esta organización. De la misma manera, en abril del 2000, el gobierno definió un “área de encuentro” con el ELN3 para la realización de la Convención Nacional propuesta por esta organización, en la que, con participación de todos los sectores de la sociedad se establecerán las condiciones para el diálogo y la negociación con este grupo armado. Con el mandato legítimo de los colombianos de buscar la paz como el principal propósito de la sociedad colombiana, el gobierno continuó el proceso de formulación y discusión del Plan Colombia en escenarios representativos como el Consejo Nacional de Planeación y el Congreso. De esos escenarios, el Plan Colombia surgió como una estrategia complementaria al Plan Nacional de Desarrollo y, sin pretender ser una solución a todos los problemas que aquejan a Colombia, en su concepción recogió sistemáticamente los éxitos y fracasos de diferentes políticas que se han puesto en marcha en el país en el pasado, así como la experiencia nacional e internacional de procesos de paz fallidos y exitosos. En conjunto, el Plan se propone atacar factores estructurales tales como la ausencia de alternativas económicas para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población, la escasa presencia del estado en ciertas zonas, la impunidad, el poco acceso a la justicia, y el narcotráfico, los cuales alimentan el conflicto y la violencia que hoy caracterizan a la sociedad colombiana.

1 2 3

Discurso del Presidente Andrés Pastrana. 22 de Octubre de 1998. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC) son la principal organización guerrillera del país. Ejercito de Liberación Nacional, segunda organización armada en importancia.

2

II. ANTECEDENTES Y

EFECTOS DEL CONFLICTO ARMADO

El conflicto interno en Colombia, con casi cuarenta años de existencia, es probablemente uno de los más complejos a nivel mundial. Tiene su origen con el surgimiento de los dos principales movimientos guerrilleros actualmente en operación: las FARC y el ELN en 1964 y el EPL4 en 1967. A partir de 1970, y durante los años 80, el conflicto se expandió con el surgimiento de nuevas organizaciones guerrilleras, como el M-195 de origen y naturaleza eminentemente urbana, y el movimiento Quintín Lame, de origen indígena6. Esta expansión fue acompañada por una complejidad creciente debida, por una parte, a la extorsión ejercida por la guerrilla sobre civiles y sus actividades económicas; y por otra parte, debido a la inserción del narcotráfico en la promoción de acciones de algunos grupos de autodefensa contra las guerrillas y de alianzas de seguridad entre guerrilleros y narcotraficantes alrededor de los cultivos ilícitos. Durante los años noventa, el conflicto interno se agudizó como consecuencia del fortalecimiento de los vínculos financieros entre las organizaciones armadas al margen de la ley con el negocio del cultivo y tráfico ilegal de drogas. Los conflictos sociales y la inseguridad ciudadana también se incrementaron durante estos años como consecuencia del narcotráfico pues este no sólo debilitó las instituciones de justicia y policía sino que profundizó la corrupción, contaminando las relaciones sociales y comunitarias básicas del tejido social. Como resultado, las nuevas oportunidades que se abrieron a los colombianos como efecto de la nueva Constitución de 1991, así como de la incorporación a la vida civil de tres grupos armados durante los años noventa, fueron parcialmente distorsionadas por la penetración de los recursos del narcotráfico en los círculos económicos y políticos de la sociedad, lo cual propició el fortalecimiento, expansión y legitimación de una serie de prácticas ilegales. El conflicto armado y la violencia ordinaria se incrementaron al punto que durante 1980 y, especialmente después de 1985, la violencia, medida a través del número de homicidios, alcanzó su más alto nivel histórico, superior a los 20.000 homicidios al año, coincidiendo con la época de mayor expansión mundial del tráfico ilegal de drogas (Gráfico 1).

4 5 6

Ejército Popular de Liberación, desmovilizado casi en su totalidad en 1991. Movimiento 19 de Abril. Estos grupos se desmovilizaron entre 1989 y 1994 como resultado de negociaciones con el gobierno.

3

30,000

600

25,000

500

20,000

400

15,000

300

10,000

200

5,000

100

97

95

93

91

89

87

85

83

81

78

76

74

72

70

68

66

0

64

0

tonelada s

Numero de Homicidios

Gráfico 1 Homicidios y Narcotráfico

Las consecuencias de estos fenómenos han sido la degradación del conflicto armado, manifiesta en el incremento de homicidios selectivos, masacres y desplazamientos forzados de población civil, particularmente, por parte de grupos de autodefensa y guerrilleros. Asimismo, aunque Colombia ha mantenido un crecimiento económico positivo durante los últimos cincuenta años, el circulo perverso narcotráfico – cultivos ilícitos – violencia, ha impuesto un pesado sobrecosto al desarrollo económico y social. En efecto, en la última década, el país ha debido destinar mayores recursos para combatir la violencia exacerbada por el narcotráfico, así como sus secuelas de violación de los derechos humanos y destrucción del medio ambiente, en detrimento de la inversión social y productiva destinada a jalonar el desarrollo social y económico. Sin duda, el anterior escenario no daba lugar a soluciones parciales que muy pronto mostrarían su inutilidad. El efecto del narcotráfico y su relación con las diferentes formas de violencia en Colombia es tal, que se hace indispensable actuar simultánea e integralmente para enfrentar dicho fenómeno y los efectos que éste genera sobre la exacerbación del conflicto armado y el deterioro social. Bajo este enfoque, la estrategia integral del gobierno se encaminó a fortalecer el Estado, a generar las condiciones para la búsqueda de la paz, a controlar la expansión de los cultivos ilícitos y del tráfico de drogas y a reconstituir el tejido social, esto último como requisito indispensable para garantizar la consecución de una paz durable.

4

III. EL CIRCULO VIRTUOSO PAZ – DESARROLLO

Al iniciar el gobierno, el tema de mayor vigencia en el país era, como hoy, la construcción de la paz y su articulación a los procesos de desarrollo. Sin duda, la violencia y la criminalidad se han convertido en un obstáculo al crecimiento y el desarrollo social, y por tanto en una creciente preocupación para el gobierno, los sectores económicos y la sociedad en general. Desde un punto de vista económico y social, la paz es una condición indispensable para retomar y consolidar la sostenibilidad del proceso de desarrollo en Colombia. La paz genera efectos positivos sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza a través de su impacto sobre la formación y consolidación del capital físico, humano, natural y social del país, y produce también un impacto favorable sobre la capacidad gubernamental. La combinación de estos efectos positivos, mayor crecimiento y menor pobreza, genera a su vez condiciones de equidad social y estabilidad económica más propicias para la construcción colectiva de una sociedad armónica y pacífica, reflejando por tanto un círculo virtuoso entre paz y desarrollo económico y social. La contribución de un entorno pacífico a la generación de mayores niveles de desarrollo económico está dada en gran medida por la posibilidad de evitar la drástica reducción de capital humano, físico, natural y social que la guerra genera con lo cual, es posible retomar los procesos de acumulación de estos capitales con el beneficio que representan para la economía y la sociedad. A. Capital humano y paz En relación con el capital humano, indirectamente, a través de la disminución en la pérdida de vidas, y directamente, a través de una mayor inversión, tanto pública como privada, en educación, salud, investigación y desarrollo tecnológico, la paz permite acumular y mantener el valor del recurso humano del país. A diferencia de la velocidad con que la guerra destruye el capital humano, se requieren grandes inversiones y muchos años para su acumulación. B. Capital físico y paz La paz también afecta positivamente el desarrollo a través de sus externalidades sobre el capital físico. La más evidente de estas externalidades surge de la conservación y el fortalecimiento de la infraestructura física del país, la cual se hace posible en un entorno pacífico, y de la posibilidad de reorientar mayores recursos hacia este campo, como consecuencia de un clima que favorezca incrementos en la tasa de inversión en los diferentes sectores económicos. Tras invertir en capital físico, en condiciones de paz, es razonable esperar incrementos sustanciales en la tasa de retorno de toda la economía debido a incrementos en la competitividad, con su consecuente impacto favorable sobre el desarrollo.

5

C. Capital natural y paz La conservación del capital natural se ve favorecida por la paz en dos aspectos. De una parte, la finalización del conflicto implica el cese de actividades tales como explosiones de oleoductos que afectan de manera irreparable las fuentes de agua y los bosques. De otra, implica incrementar la capacidad del Estado para controlar la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico sobre zonas ambientalmente frágiles como la amazonía o la orinoquía las cuales, están siendo amenazadas por la ampliación de la frontera agrícola que resulta del desplazamiento forzado y la colonización de nuevos territorios que genera la economía ilegal del narcotráfico. Otro efecto positivo proviene de la posibilidad de dedicar mayores recursos a la investigación en formas productivas que conserven el medio ambiente. D. Capital social y paz Este aspecto en particular, posee el potencial de generar los más altos dividendos para el logro de la paz debido a su impacto directo sobre la generación de seguridad y confianza entre los diferentes actores sociales. La experiencia internacional ha mostrado cómo en situaciones de guerra o incluso en contextos con manifestaciones crónicas de violencia las normas de confianza y reciprocidad tienden a ser reemplazadas por patrones de resolución de conflictos que favorecen la respuesta violenta, e incluso cómo las instituciones comunitarias participativas, críticas para promover el crecimiento y disminuir la pobreza, son debilitadas y destruidas por la violencia, erosionando el capital social7. Las actividades económicas que se benefician por mas altos niveles de confianza, producto de un clima de paz, son aquellas en las que se requiere que un agente dependa de las acciones futuras de otros, tales como la provisión de bienes y servicios, los contratos de empleo o las decisiones de ahorro e inversión, entre otras8. Los mayores niveles de confianza generados por un ambiente de paz, permiten ahorrar importantes recursos en frentes como el tiempo en las transacciones económicas y su costo, por cuanto los contratos escritos se hacen más simples y transparentes. Así mismo, se reducen los recursos, tales como pagos de impuestos, sobornos y servicios de seguridad privada, utilizados en la protección contra la violación de los derechos fundamentales y de propiedad. La confianza y el fortalecimiento del capital social, producto de la reducción de la violencia, también tienen un impacto positivo sobre el sector público y las instituciones del gobierno. La credibilidad y legitimidad del gobierno proviene de su capacidad para velar por la protección y la promoción de los derechos y demandas de los ciudadanos, sin que esto se reduzca a una simple cuestión de eficiencia. Dicha credibilidad y legitimidad están igualmente vinculados a la promoción del progreso social, del bienestar y del desarrollo, y a la existencia de una autoridad democrática que al tiempo que garantice un uso racional de los recursos, genere

7

Banco Mundial (1997). Knack, S. y Keefer, P. (1997) “Does Social Capital have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation”, Quarterly Journal of Economics, noviembre. 8

6

confianza y credibilidad en las posibilidades del sistema político9. Todos estos factores son afectados positivamente por la existencia de un entorno de paz. Finalmente, la mayor acumulación de capital social que conlleva la paz, reduce la corrupción dentro de las agencias del sector público y aumenta la institucionalización de las funciones del Estado en aspectos tan importantes como la provisión de seguridad pública. Puesto que el capital social está directamente asociado a la construcción de códigos civiles y patrones regulares de comportamiento y convivencia basados en normas compartidas colectivamente, éste se convierte en un factor dinamizador de la gestión y el control social, contribuyendo a la definición de espacios entre lo público y lo privado, y a la generación de políticas públicas con elevados niveles de calidad10. En consecuencia, fortalece y consolida la institucionalización de los procesos sociales, en general, y en especial los democráticos. En síntesis, el capital social es un patrimonio colectivo indispensable para incentivar de manera importante el desarrollo económico y social. Por su parte, la paz, junto con la confianza y la seguridad asociadas a ésta, puede llevar no sólo a mayores inversiones en capital humano y físico, sino a que estas inversiones tengan mayores retornos a través de mayor acumulación de capital social. Se configura así un circulo virtuoso entre la acumulación de capitales humano, social, físico y natural; la construcción de la paz y el desarrollo económico y social.

IV.

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO: EL PLAN COLOMBIA

Con base en el anterior diagnóstico, el Plan Colombia esta fundamentado en cuatro componentes: a. recuperación económica y social; b. proceso de negociación del conflicto armado; c. estrategia antinarcóticos y d. fortalecimiento institucional y desarrollo social. Estos cuatro componentes, aunque tienen objetivos específicos diferentes, apuntan al mismo objetivo final de prevenir las principales causas de la violencia y generar condiciones para consolidar la paz. Los principales aspectos sobre sus contenidos e integridad se describen brevemente a continuación. A.

Recuperación económica y social

Durante 1999 Colombia enfrentó la más grave recesión económica de los últimos sesenta años. Esta situación fue el resultado, principalmente, de un déficit fiscal creciente desde 1994, que alcanzo un nivel máximo de 5.2% del PIB en 1999, y de una caída de la inversión total que, como porcentaje del PIB, paso de 25% en 1994 a 13.2% en 1999. Esta caída se concentró, particularmente, en la inversión privada que pasó de 14% del PIB en 1995 a cerca de 3% en 1999. Como consecuencia, la tasa de desempleo alcanzó su más alto nivel histórico

9

Marco A. Nogueira, “Gobernabilidad Democrática Progresiva”, Análisis Político, N°. 25, mayo/agosto de 1995, Bogotá. Putnam (1993) demostró para Italia cómo en el Sur las relaciones entre los ciudadanos y los funcionarios gubernamentales tienden a involucrar asuntos de carácter personal, mientras en el Norte estos contactos se orientan a la solución de asuntos de un espectro más amplio, con implicaciones sobre el bienestar de la región como un todo. 10

7

al pasar de menos del 10% entre 1990 y 1995 a un 20.4% en el primer semestre del año 2000 (Gráfico No. 2). Gráfico 2 Desempleo, inversión y su participación en el PIB

30%

Inversión Total 25%

18.1%

20%

Inversión privada

15%

13.2%

10%

Desempleo

5%

3.2%

0% 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

El aumento del desempleo afectó principalmente a la población de menores ingresos, lo que se traduce en un aumento en los niveles de pobreza, con efectos colaterales muy graves en términos de escolaridad, nutrición y salud preventiva en el segmento de población más pobre. Esto, en su conjunto, pone en grave riesgo los niveles de capital humano acumulados. Particularmente, la evidencia ha demostrado que el aumento en el nivel de desempleo trae al menos tres efectos colaterales directos en las familias de menores ingresos. En primer lugar, se presenta un retiro sistemático de los niños y jóvenes en edad de estudiar de los colegios, aumentando así la inasistencia escolar. En segundo lugar, la caída en el ingreso familiar lleva a cambiar los patrones de nutrición, afectando especialmente a los niños en proceso de crecimiento. Finalmente, se presenta un rezago en la salud preventiva, que se refleja en la caída de las tasas de vacunación de los menores de un año. En consecuencia, a través del componente de recuperación económica y social, el Plan Colombia busca contrarrestar los efectos de la crisis económica sobre la población más vulnerable y devolverle al país las condiciones para regresar a una senda de crecimiento del 5% anual en promedio a partir del año 2002 (Gráfico No. 3).

8

Gráfico No. 3 Metas de crecimiento 2000-2002

6%

4.8%

5%

3.8%

4%

3.0%

3% 2% 1% -1%

-1.5%

-2%

-2.5%

-3%

-3.6%

-4% -5%

-5.2% -4.5%

-6% -7% 1999

2000

2001

2002

Para alcanzar lo anterior, este componente ejecutará tres líneas de acción: Ajuste Fiscal, Red de Apoyo Social y Preferencias Arancelarias. 1. Ajuste Fiscal La construcción de una paz duradera requiere de una economía sólida que la soporte. Al mismo tiempo, para concretar el apoyo económico de la comunidad internacional se requiere de una estabilidad financiera básica que genere confianza a los potenciales aportantes. Por esta razón, el gobierno, a través de esta línea de acción del Plan Colombia, contempla una serie de medidas estructurales para equilibrar las finanzas públicas nacionales y territoriales, reducir el déficit fiscal a niveles compatibles con la meta de crecimiento e incentivar a los sectores productivos dentro de la actividad económica. Para esto incluye un cronograma de reformas a través del congreso de la República que incluye la Ley de pensiones territoriales, la Ley de transferencias territoriales, la Ley de intervención económica y la Ley de vivienda, entre otros (Figura 1).

9

Figura No. 1 Proyectos de ley en trámite.

Cámara

Presentado al Congreso Comisión Pensiones Territoriales Ago 99 Loterías y Juegos de Azar

Jul 99

Entes Territoriales Responsabilidad Fiscal

Nov 99

Transferencias Territoriales

Mar 00

Reforma Pensiones

Mar 00

Reforma Tributaria

Mar 00

Ley de Vivienda

Comisión

Plenaria

Promulgación 4 Ley 549, Dic 99

Ago 99

Presupuesto Año 2000

Intervención Económica

Plenaria

Senado

4 Ley 547, Oct 99

Oct 99

4 Ley 550, Dic 99

Oct 99

4 Ley 546, Dic 99

Con estas medidas, a parte de generar cambios estructurales que permitan balancear las finanzas públicas, se busca regresar a la senda de crecimiento de 5% del PIB anual que ha caracterizado a la economía colombiana. Así mismo, es a través de la recuperación de la economía, junto con políticas públicas adecuadas, que es posible reducir el desempleo a tasas menores al 10%, y elevar el ingreso de la población, particularmente, de aquella que más fuertemente ha sido afectada por la actual crisis. No obstante lo anterior, los efectos positivos del crecimiento económico sobre la población más pobre solo podrán verse en el mediano plazo. Por lo tanto, para el corto plazo, el gobierno nacional ha decidido poner en marcha un conjunto de programas de emergencia que están orientados a mitigar los efectos negativos que la crisis económica ha tenido sobre la población más pobre. Este conjunto de programas han sido agrupados en la Red de Apoyo Social. 2. Red de Apoyo Social En el marco del Plan Colombia no es posible concebir la construcción de la paz a la par con un proceso de deterioro y rezago social en curso, como resultado de la crisis económica. Por esta razón, la Red de Apoyo Social (RAS) es una estrategia diseñada para mitigar el impacto de la recesión económica y el saneamiento fiscal sobre la población más vulnerable. Con este objetivo, se han formulado tres subprogramas: Empleo en Acción (Manos a la Obra),

10

encaminado a brindar ocupación transitoria a la población más pobre; Familias en Acción (Subsidios Condicionados), destinados a mejorar las condiciones de nutrición de las familias más necesitadas y garantizar la asistencia al colegio de los niños en edad escolar, y Jóvenes en Acción (Capacitación Laboral de Jóvenes Desempleados de Bajos Recursos), destinado a mejorar las condiciones de acceso e inserción al mercado laboral de jóvenes desempleados de bajos recursos. La Red de Apoyo Social se financiará a través de créditos externos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, por un monto total de US$ 900 millones, de los cuales se han negociado en el año 2000 US$ 532 millones, y se esperan negociar US$150 millones más durante el año 2001. a. Empleo en Acción (Manos a la Obra) El subprograma de Empleo en Acción (Manos a la Obra) contempla dos componentes: Proyectos Comunitarios y Vías para la Paz. –

Proyectos Comunitarios

El objetivo general de este componente es complementar el ingreso de la población más pobre localizada en los cascos urbanos y afectada por el aumento del desempleo, a través de acciones para: –

–

Ofrecer ocupación transitoria a las personas desempleadas, mayores de edad, con cédula de ciudadanía, que no se encuentren matriculados en programas de educación diurna, y que pertenezcan al 20% más pobre de la población urbana, según el Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)11. Realizar obras de infraestructura en barrios de estrato 1 y 2 de las áreas urbanas de los municipios.

A través de este componente, se pretenden financiar proyectos como: • • • • • • • •

11

Extensión e instalación de redes de acueducto y alcantarillado Construcción de accesos peatonales (gradas, calles, puentes) Pavimentación de vías Ciclo rutas Reparación, ampliación y construcción de infraestructura en salud, educación y cultura, canchas deportivas y áreas de recreación pasiva. Taludes Muros de Contención Limpieza y canalización de quebradas y otros proyectos ambientales intensivos en mano de obra no calificada

El SISBEN es una herramienta para focalizar a los beneficiarios de programas sociales mediante las siguientes variables: la calidad de la vivienda donde habitan y de los servicios públicos que reciben, el nivel y acceso a educación y seguridad social y el ingreso y composición de su familia.

11

•

Construcción de vivienda nueva de interés social12

Con el fin de obtener un mayor impacto, el 80% de los recursos se dedicará a los 78 municipios de mayor tamaño, en los cuales se incluyen las capitales de departamento y municipios conurbados y las ciudades de más de 100.000 habitantes en la cabecera municipal. El 20% restante se dedicará a atender las áreas urbanas de los municipios de menor tamaño. A la fecha el componente de Empleo en Acción (Manos a la Obra) – Proyectos Comunitarios cuenta con US$295 millones dólares, de los cuales US$200 millones serán aportes del Gobierno Nacional a través del Fondo de Inversiones para la paz – FIP - provenientes de créditos externos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los restantes US$95 millones corresponden a contrapartidas nacionales y locales. Durante sus tres años de ejecución, el componente de Proyectos Comunitarios, generará aproximadamente 300.000 empleos transitorios de mano de obra no calificada. Adicionalmente, permitirá adelantar más de 6.000 nuevas obras de beneficio comunitario en las zonas más pobres del país. –

Vías para la Paz

El objetivo del componente de Vías para la Paz es desarrollar una infraestructura vial que permita integrar a los circuitos económicos del país a las zonas deprimidas y afectadas por altos niveles de violencia, con los siguientes objetivos específicos: –

Desarrollar proyectos de mejoramiento de la infraestructura de transporte en la zonas más apartadas y de mayor conflicto. Específicamente, el programa se orientará a la formulación y desarrollo de proyectos carreteros y a la adecuación de canales navegables en aquellas zonas en donde la comunicación por vía terrestre no es posible, permitiendo así articular y viabilizar las actividades productivas de las regiones, además de mejorar la calidad de vida de la población.

–

Desarrollar un programa de empleo a través de la utilización intensiva de mano de obra local no calificada para la ejecución de obras de infraestructura, permitiendo mitigar la caída de los ingresos de la población pobre, originada por el aumento del desempleo. En consecuencia, y con el objeto de asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la política de paz en el largo plazo, las inversiones a ser emprendidas deberán enmarcarse bajo los principios de integralidad, participación, sostenibilidad ambiental y descentralización.

Este componente pretende financiar diferentes proyectos como: •

12

Red primaria: construcción y mejoramiento de carreteras, estabilización de la superficie de rodadura y construcción de obras de drenaje.

Los recursos destinados a este sector no podrán superar el 5% del total de los recursos del subprograma, ni de los recursos asignados en cada región y se deberán destinar a proyectos innovadores.

12

• • • •

Red secundaria: construcción, rehabilitación y mejoramiento de vías mediante la ejecución de obras como estabilización de la superficie de rodadura, parcheos y construcción de drenajes. Red terciaria: mantenimiento rutinario como rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas. Proyectos fluviales: recuperación de la navegabilidad de los ríos y dotación de infraestructura portuaria básica. Proyectos de puentes: construcción y rehabilitación de los puentes de vías incluidas dentro del programa.

Hasta el momento, el componente Empleo En Acción (Manos a la Obra) – Vías para la Paz cuenta con recursos por valor de US$ 206.5 millones, de los cuales US$ 162 millones provienen de una operación de crédito con la Corporación Andina de Fomento. Los recursos restantes del orden de US$44.5 millones serán aportados por la Nación, los departamento y los municipios. Con la primera fase del componente Vías para la Paz se espera generar 104.000 empleos. b. Familias en Acción (Subsidios Condicionados) Este subprograma está orientado a dar transferencias a familias de bajos recursos, condicionadas a la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los menores de siete años, y a la asistencia al colegio de los niños entre siete y diecisiete años. El objetivo general del subprograma es apoyar a las familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, con menores de 17 años, para que mantengan a sus hijos en el colegio y les garanticen niveles adecuados de nutrición y atención en salud. Estas familias deberán estar localizadas en municipios que cuenten con una entidad bancaria y que no sean beneficiarios de otros programas como Empleo en Acción – Manos a la Obra (aquellos municipios que cuentan con el 80% de los recursos) y FOREC. El subprograma tiene dos tipos de subsidios: el nutricional y el escolar. El subsidio nutricional busca mejorar las condiciones alimenticias y nutricionales de los menores de 7 años, complementando el ingreso de las familias en extrema pobreza. Por lo anterior, el programa ofrece un subsidio de $40.000 mensuales por familia que tenga niños menores de 7 años, condicionado a que los menores asistan a citas de control de crecimiento y desarrollo. El subsidio escolar se dirige a asegurar la permanencia escolar de los niños entre 7 y 17 años de edad y a facilitar la reincorporación de aquellos niños en este grupo de edad que abandonaron sus estudios educativos, mediante la entrega de recursos monetarios de acuerdo con el número de niños y jóvenes de la familia que asistan al colegio. Su monto varía con el nivel escolar al que asista el menor. Para los matriculados en primaria (de segundo a quinto grado), el subsidio será de $12.000 mensuales, y para los matriculados en bachillerato será de $24.000 mensuales. El subsidio se entregará condicionado a la asistencia a clase, y solamente durante los 10 meses del periodo escolar.

13

Los subsidios se entregarán a la madre de familia a partir de la incorporación de la familia al programa. El programa de Familias en Acción (Subsidios Condicionados) llegará a 28 departamentos y más de 500 municipios con sus zonas urbanas y rurales. El programa tendrá una duración de tres años, y se estima que puede beneficiar a cerca de 300.000 familias, 373.000 niños menores de 7 años y 670.000 jóvenes entre 7 y 17 años. El subprograma tendrá un costo total de US$ 336 millones durante sus tres años de ejecución, para esto se ha previsto la contratación de un crédito por US$230 millones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID -; el resto de recursos corresponde a contrapartida nacional. c. Jóvenes en Acción (Capacitación Laboral de Jóvenes Desempleados de Bajos Recursos) Este subprograma tiene como objetivo mejorar la posibilidad de inserción laboral y social de jóvenes desempleados entre 18 y 25 años, pertenecientes al Nivel 1 y 2 del SISBEN, a través de acciones de formación para el trabajo, capacitación laboral en un oficio y práctica laboral en empresas legalmente constituidas. El programa tiene los siguientes objetivos específicos: • • •

Desarrollar en el joven competencias ocupacionales en un oficio específico, hasta alcanzar un nivel de trabajador semicalificado y así mejorar sus capacidad de vinculación y desempeño laborales. Promover la oferta privada de capacitación laboral pertinente a las demandas de los sectores productivos y a las características de los jóvenes de bajos recursos. Acercar a los jóvenes de bajos recursos y a las entidades de capacitación al entorno empresarial.

El programa se adelantará de una manera gradual en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Cartagena, ciudades en las que estos jóvenes soportan las más altas tasas de desempleo del país13. La capacitación tendrá dos elementos básicos: Una fase lectiva con dos módulos: uno de formación general para el trabajo (aprestamiento laboral), de aproximadamente 100 horas de duración, que proporcione al joven una mejor adaptación al mercado laboral, aumentando su autoestima y mejorando sus relaciones personales y la disciplina laboral; y un módulo de capacitación técnica específica en oficios de aproximadamente 250 horas.

13

Para el conjunto de las diez principales áreas metropolitanas la tasa de desempleo de los jóvenes entre 18 y 25 de los deciles 1 y 2 era, en junio de 1999, 62.8% y 52.8% respectivamente.

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Una fase de práctica laboral en empresas del sector productivo, de aproximadamente 3 meses de duración. Uno de los requisitos para la elegibilidad de los cursos será la presentación de evidencia, por parte de la entidad de capacitación, de acuerdos con empresas productivas formalmente constituidas para la realización de las prácticas. Estas constituyen la principal señal de pertinencia de las acciones de capacitación que serán financiadas por el programa. Se estima que durante los tres años de ejecución, el subprograma podrá contribuir a la capacitación laboral de 100.000 jóvenes. Este subprograma contará con un financiamiento de US$70 millones provenientes de un crédito externo contratado con el BID.

Cuadro No. 1 Presupuesto Red de Apoyo Social Red de Apoyo Social Empleo en Acción (Manos a la Obra) – Proyectos Comunitarios Empleo en Acción (Manos a la Obra) – Vías para la Paz Familias en Acción (Subsidios Condicionados) Jóvenes en Acción (Capacitación Laboral de Jóvenes Desempleados de Bajos Recursos) Gastos de Administración Total Recursos

Crédito 200

Contrapartida 95

Total 295

162

44.5

206.5

230

106

336

70 20 682

70

245.5

20 927.5

3. Preferencias Arancelarias Uno de los elementos centrales para la recuperación económica es la necesidad de fortalecer y consolidar al sector exportador colombiano. Nuestro modelo de desarrollo ha identificado a las exportaciones como sector líder de la economía y en ese esquema, para que tengamos éxito como país exportador, requerimos de acceso de nuestros productos a los mercados. La mejor ayuda que nos puede dar la comunidad internacional es facilitar nuestras exportaciones y comprar los productos que el sector productivo nacional puede exportar de manera eficiente y competitiva. Para esto, en el marco del Plan, se viene trabajando en la identificación y desarrollo de productos con potencial en estos mercados. Por lo anterior y con el objeto de conseguir un apoyo a nuestro aparato productivo, fuertemente afectado por el narcotráfico y su violencia asociada, el Plan Colombia está solicitando ante la comunidad internacional su respaldo en los siguientes aspectos: – – –

Prorroga de los programas de cooperación Obtención de preferencias para productos con valor agregado como: confitería, textiles, confecciones, industria editorial, calzado, cemento y algunos artículos de cuero. Ampliación de la lista de productos e inclusión de sectores con potencial exportador, tales como piedras preciosas y azúcar.

15

–

Levantamiento de barreras no arancelarias que impiden el acceso a los mercados internacionales, tales como cuotas, restricciones cuantitativas, trámites de importación, entre otras.

Actualmente, además de la incertidumbre sobre la permanencia de las preferencias para los productos colombianos, el sistema excluye productos con potencial exportador para Colombia y en algunos casos las preferencias arancelarias se anulan por barreras que impiden el acceso a diferentes mercados. B. Proceso de Negociación Política del Conflicto El gobierno nacional, en desarrollo del mandato conferido por los colombianos, ha sido enfático en su determinación de encontrar una solución política al conflicto armado por medio de la negociación con los grupos alzados en armas a los cuales ha reconocido carácter político. El hecho de que los intentos de diálogo en la primera mitad de la década de los noventa con las FARC y el ELN hayan resultado infructuosos no resta validez a la negociación. Por el contrario, el escalamiento en los niveles de violencia y la expansión de la actividad guerrillera sobre el territorio nacional observados desde la finalización definitiva de los diálogos, hace aún más apremiante la necesidad de buscar revitalizar la negociación como instrumento para finalizar el conflicto armado. Por esta razón, el eje principal del Plan Colombia es la estrategia de negociación política. Sin embargo, es claro que la negociación por sí sola no es suficiente para lograr la paz en el país. El origen del conflicto armado y su más reciente vinculación con fenómenos como el narcotráfico o la crisis económica, hacen necesario acompañar la negociación política de estrategias que permitan generar condiciones para que la paz no sólo sea posible, sino sostenible en el largo plazo. Es por esto, que la estrategia de negociación se complementa con las otras estrategias previstas en el Plan: i) una economía sólida para garantizar el avance en el desarrollo y el crecimiento económico en el largo y mediano plazo, (ii) enfrentamiento y superación del flagelo del narcotráfico para evitar que sus efectos desestabilizadores continúen poniendo en riesgo la democracia colombiana y, (iii) inversiones necesarias que permitan ofrecer alternativas reales de desarrollo y mitigar los efectos que conflicto armado genera sobre regiones, comunidades e individuos. Es decir que, si bien la estrategia de negociación política es independiente, se encuentra estrechamente articulada a los demás componentes del Plan Colombia. El énfasis del Plan Colombia en la negociación ha permitido, después de cerca de una década de estancamiento, avances históricos que permiten vislumbrar que nos acercamos a un punto de no retorno, el cual, ofrecerá en el mediano plazo como resultado la firma de acuerdos que permitan consolidar la deseada paz entre los colombianos. Los significativos resultados que en tan corto tiempo ha ido evidenciando el proceso se reflejan en el establecimiento de una agenda común de negociación, ordenada en 12 puntos (ver anexo) que giran sobre tres ejes temáticos: i. Estructura social y económica; ii. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y relaciones internacionales y; iii. Democracia y estructura política del Estado.

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En términos operativos, se acordó un esquema de negociación, en el cual los temas se debaten entre los negociadores-representantes de cada una de las partes, apoyados por un Comité Temático. Este ultimo se encarga de revisar las propuestas provenientes de diferentes sectores y de analizar la viabilidad de las mismas para nutrir de insumos el proceso de discusión de los negociadores. En este esquema, la participación de la sociedad se encuentra garantizada en forma amplia. Ha sido evidente la disposición de las partes de invitar a diferentes sectores organizados de la sociedad a efectuar sus planteamientos ante la mesa de negociación. En lo que va del proceso comisiones nacionales e internacionales han podido compartir y debatir sus posiciones con el gobierno y la insurgencia en forma abierta, lo cual ha permitido avanzar en el proceso de acercamiento y en la identificación de intereses comunes y en especial, en la forma de llevarlos a cabo. Para la participación de la sociedad, ha sido fundamental la institucionalización de las audiencias públicas, instancia de presentación y discusión de propuestas de la ciudadanía, que en esta etapa del proceso con las FARC se han desarrollado en forma regular en la zona de distensión. (Figura No. 2) Figura No. 2 Acuerdo Metodológico Gobierno Nacional - FARC

CONVALIDACIÓN DEMOCRATICA

ACUERDOS

Gobierno

Participación Ciudadana (Audiencias Pública )

Mesa de Negociación

FARC

Comité Temático Nacional

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Por su parte, el proceso con el Ejército Nacional de Liberación ha sido reactivado en este último año. Después de mostrar unos avances significativos al inicio de la presente administración, se había entrado en una etapa de estancamiento como consecuencia de las acciones indiscriminadas de este grupo contra la población civil14. Como consecuencia de lo anterior, los acercamientos con este grupo insurgente se concentraron en la gestiones para la liberación de secuestrados, la cual una vez se empezó a lograr permitió la reactivación de las conversaciones de paz. Esta reactivación viene contando con importantes puntos de acuerdo. Se está explorando la posibilidad de aplicar un procedimiento similar al acordado con las FARC, a través de una zona de encuentro, para facilitar el desarrollo de las conversaciones, que por sus complejidades no ha podido ser materializada debido, entre otras razones, a los temores de la población residente en el área inicialmente propuesta. De todas formas, independientemente de las dificultades que se están presentando, lo claro es que la decisión del gobierno nacional de avanzar hacia el establecimiento de las condiciones para la negociación con el ELN es incuestionable y que con la voluntad de las partes, sin duda se encontrará el mecanismo que permita continuar con el proceso generando los menores inconvenientes posibles a la población civil. En todo este esquema es indudable la necesidad y la importancia de la comunidad internacional, la cual en esta etapa de avance del proceso se convierte en una prenda de garantía para que las partes en la mesa continúen dialogando hasta el logro de un acuerdo definitivo. Esta es una de las razones por las cuales el Gobierno Nacional ha entregado todas las garantías a los representantes de la guerrilla para que se encuentren con la comunidad internacional, incluso para que en forma conjunta visiten a los países llamados a apoyar el proceso de paz en el país. En consecuencia, el esquema planteado tiende a garantizar la sostenibilidad del proceso paz en Colombia. Están dadas las condiciones y garantías para poder avanzar en el proceso de diálogo y negociación. La viabilidad técnica de las diferentes alternativas que se discuten en la mesa es garantizada por el Comité Temático Nacional. Para asegurar la sostenibilidad de los acuerdos y, el respaldo y compromiso de la sociedad colombiana sobre los mismos, se establecen mecanismos de participación y existe consenso sobre la necesidad de acordar un mecanismo democrático para convalidar los acuerdos alcanzados. Finalmente, en forma progresiva se ha buscando y materializado el acompañamiento y respaldo de la comunidad internacional lo cual se presenta como una fortaleza del proceso que limita los riesgos de ruptura del mismo.

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Entre ellas cabe mencionar el secuestro de los pasajeros del avión de Avianca, de los feligreses de la Iglesia de la María en Cali, y la escalada terrorista contra la infraestructura energética nacional.

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C. Estrategia de lucha contra el narcotráfico. Si bien el origen del conflicto armado no se relaciona con el narcotráfico, la agudización del conflicto y la grave situación de violencia que se viene registrando en el país, en particular, a partir de mediados de los ochenta, se encuentra en gran parte asociada al auge del narcotráfico y a las actividades vinculadas a él. Al comparar la evolución en el número de homicidios registrados en el país en las dos últimas décadas con el comportamiento de las exportaciones de cocaína se observa una estrecha correlación entre la evolución de esta actividad y el incremento y persistencia de la violencia en Colombia De igual manera, el narcotráfico se ha convertido en el mayor obstáculo para el logro de la paz en Colombia por ser la principal fuente de financiamiento de los actores armados que operan en el país y por la amenaza que constituye para la estabilidad de las instituciones democráticas tanto por su fuerza intimidatoria, como por su potencial corruptor que ha venido limitando la capacidad de acción del Estado. En las regiones de cultivos ilícitos, coincidentes por lo general con las zonas de conflicto armado y en especial con áreas de disputa territorial entre actores armados, se experimentan además procesos de descomposición social generados por la economía ilegal y efectos negativos sobre el capital social a través de la destrucción de las organizaciones campesinas, la inseguridad y el debilitamiento de la confianza. Este efecto negativo sobre el capital social, que no ocurre exclusivamente en regiones de cultivos ilícitos, es quizá uno de los costos indirectos más prominentes del narcotráfico y su violencia asociada. El crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia ha adquirido una dimensión creciente en los últimos años al pasar de 44.700 hectáreas en 1994 a 103.500 hectáreas en 1999. Esta situación se encuentra asociada a los esfuerzos de erradicación de cultivos y a los programas de desarrollo alternativo adelantados por Perú y Bolivia en la década pasada, y en especial, a una agresiva estrategia de interdicción aérea adelantada en Perú desde 1992, a través de la represión contra aeronaves de narcotraficantes (Thoumi, 2000). La reducción en el área de cultivos ilícitos en estos países fue totalmente compensada por la duplicación del número de hectáreas destinadas al cultivo de coca y amapola en Colombia, evidenciando un desplazamiento geográfico de la producción (Gráfico 4).

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Gráfico 4 Evolución de los Cultivos Ilícitos 140,000 120,000

Hectáreas

100,000 80,000 60,000 40,000

Bolivia Colombia Peru

20,000

19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98

0

El incremento del área bajo cultivos en el país fue facilitado por la confusión y el desorden que el conflicto armado produce, y por los espacios que éste genera para que el narcotráfico prospere. Como resultado, entre 1992 y 1998 Colombia pasó de ser importador neto de base de coca desde Perú y Bolivia, donde tradicionalmente se concentraba la producción de hoja de coca, a ser el principal productor, transformador y comercializador de la droga al integrar aquí toda la cadena productiva. Lo anterior señala la importancia de darle un tratamiento global al problema, complementando las acciones de los países productores con esfuerzos en el control del consumo y el tráfico de precursores y armas por parte de los países consumidores. Las graves repercusiones del narcotráfico, al igual que las enseñanzas derivadas de la lucha que Colombia viene librando contra este flagelo, obligan a diseñar y poner en marcha una estrategia integral que supere las acciones de erradicación aislada que hasta ahora se han puesto en marcha y que han demostrado su ineficacia. Lo anterior plantea serias diferencias frente al fracaso rotundo de la fumigación como estrategia exclusiva para la erradicación de cultivos ilícitos aplicada en gobiernos anteriores. Precisamente la experiencia colombiana muestra cómo, si se aplica sola, la erradicación produce un efecto negativo al generar incentivos para una mayor producción. Por eso se duplicó la producción en el país, al pasar de 50 mil a 103 mil hectáreas entre 1992 y 1998, mientras que en Perú se presentaba una reducción del orden de 56% en el área de hoja de coca cultivada. Se ha evidenciado, que el factor central de la estrategia peruana para reducir radicalmente el área cultivada, se basó en una interdicción sistemática realizada desde el año 92, acompañada de programas novedosos de desarrollo alternativo.

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En contraste con la experiencia regional, en los últimos años, en el país se soslayó la importancia de una interdicción sistemática y se incrementó la erradicación a través de la fumigación sin contar con una estrategia integral de desarrollo alternativo. Como resultado, las zonas cultivadas han continuado aumentando, con su consecuente costo sobre el medio ambiente (Gráfico 5). Gráfico No. 5 Evolución de cultivos ilícitos y esfuerzos de erradicación

120,000

No 100,000 . de 80,000 He 60,000 ctá 40,000 re as 20,000 91

92

93

94

Area de Cultivos

95

96

97

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Hectareas Erradicadas

Con base en la experiencia regional y nacional, el Plan Colombia plantea una estrategia centrada en la interdicción pero estrictamente complementada por acciones de erradicación, desarrollo alternativo, control sobre las actividades ligadas al tráfico como el el lavado de activos, y control sobre el consumo. La meta de los próximos seis años es la de reducir en un 50% el cultivo, procesamiento y distribución de droga en el país. Para su logro, el componente de lucha antinarcóticos contempla cuatro objetivos estratégicos, que se resumen a continuación. 1. Control a lo largo de la cadena productiva Con el fin de fortalecer la capacidad de control sobre las zonas de cultivos ilícitos a través de una estrategia de interdicción a lo largo de toda la cadena productiva, el Plan Colombia busca mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para efectuar una mejor vigilancia del espacio aéreo y de las rutas fluviales y marítimas empleadas por el narcotráfico. Dado que la mayor área de cultivos se encuentra en el sur del país, el esfuerzo de control de área se concentrará inicialmente en esta zona focalizando su acción en las organizaciones de narcotraficantes pero estableciendo con la población procedimientos para la erradicación manual en el caso de pequeños cultivos de subsistencia o para la fumigación en el caso de grandes cultivos empresariales identificados bajo una cartografía precisa y definida. Por tanto, no se trata de una estrategia de confrontación hacia la población vinculada a los cultivos ilícitos, sino, por el contrario, de una acción integral contra los elementos estructurales de la cadena productiva.

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Bajo ese enfoque, el Plan Colombia logró una importante ayuda financiera del gobierno de los Estados Unidos la cual se destinará, principalmente, a la adquisición de equipos de comunicación, radares, aeronaves y embarcaciones, equipos para control y seguimiento, entrenamiento de miembros del Ejército y la Policía Nacional, al igual que al fortalecimiento de las acciones de la Policía Antinarcóticos.

2. Fortalecimiento del sistema judicial y combate a la corrupción. Este segundo objetivo estratégico busca mejorar la eficiencia del aparato de justicia para lo cual se impulsarán acciones de modernización del sistema judicial y carcelario con el propósito de mejorar la capacidad de acción estatal para investigar y sancionar el delito, en especial en lo que se relaciona con acciones vinculadas al narcotráfico. Especial énfasis se efectuará en el fortalecimiento de las unidades de derechos humanos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. 3. Neutralizar el sistema financiero de los narcotráficantes y avanzar en la extinción del dominio de bienes ilícitamente adquiridos. Estrechamente ligado con los dos objetivos estratégicos anteriores, el Plan Colombia pretende limitar la capacidad de acción financiera de los narcotráficantes mediante el control del lavado de activos y el seguimiento y control sobre actividades normalmente ligadas a esta labor. Así, se concentrará en acciones para contrarrestar el contrabando de bienes mediante el fortalecimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y combatir delitos financieros. 4. Desarrollo Alternativo. El Gobierno Nacional sabe de las dificultades que implica adelantar una política integral de la naturaleza descrita, al igual que reconoce los altos costos que para ejecutarla tiene que asumir. No obstante, persiste en su compromiso de evitar que las futuras generaciones y que la juventud colombiana continúe siendo absorbida por las actividades del trafico de drogas y por la vinculación a grupos armados como alternativa de subsistencia. En este sentido, con fundamento en la corresponsabilidad de las naciones en la lucha contra el flagelo de las drogas, es que ha acudido ante la comunidad internacional para llamar la atención sobre esta realidad y para materializar sus compromisos en esta lucha que cobija a la humanidad. Mientras Colombia continué asumiendo en forma individual este compromiso, las posibilidades de éxito serán reducidas y el alto costo que esto implica seguirá siendo asumido por la sociedad colombiana y por la juventud a nivel mundial. De ahí que el Plan Colombia ha propuesto una ambiciosa estrategia de desarrollo alternativo que requiere del apoyo financiero de la comunidad internacional como parte de su compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra las drogas, la protección del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos. Esta estrategia se desarrolla en la

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sección siguiente como parte del componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social del Plan Colombia.

5. Financiación de la estrategia de lucha contra el Narcotráfico Puesto que debilitar al narcotráfico es esencial para edificar la paz en el país, el Plan Colombia propone una alianza entre los países productores y consumidores de narcóticos, basada en los principios de corresponsabilidad y equidad. Ello supone incrementar el compromiso de la comunidad internacional para atacar el consumo, el lavado de activos, el contrabando de precursores químicos y el tráfico de armas como componentes de un problema polifacético que exige una reacción más fuerte de parte de la comunidad de naciones. La lucha contra el narcotráfico le cuesta a Colombia cerca de 1.000 millones de dólares al año, sacrificando una mayor inversión social y productiva. Por esta razón, el gobierno, con el Plan Colombia logró que el Congreso de los Estados Unidos aprobara un paquete de ayuda por 858.3 millones de dólares para los próximos tres años, menos de la tercera parte de lo que los colombianos aportaremos para combatir este flagelo durante el mismo período. De estos recursos el 74% se destinará a acciones de Lucha contra el narcotráfico y el 26% restante a inversión social a través del componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social (ver cuadro 2). Cuadro No. 2 Recursos de Aporte de los Estados Unidos Lucha Antinarcóticos 634.5 Batallón Antinarcóticos 416.9 Interdicción 101.8 Policía 115.6 Fortalecimiento Institucional y desarrollo Social 224.0 Desarrollo Alternativo 64.5 Desplazados 37.5 Derechos Humanos 51.0 Reforma a la justicia 13.0 Fortalecimiento del estado de Derecho 55.0 Paz 3.0 Total Ayuda a Colombia* 858.5 * No incluye recursos de los programas corrientes de cooperación

D.

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social

La profundización de la democracia y la promoción del desarrollo social son condiciones indispensables para la construcción de la paz en Colombia. Debido a esto, el componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social busca concentrar esfuerzos en la asignación

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de recursos, tanto públicos como privados, hacia las inversiones en capital humano15, físico, natural y social, las cuales tienen el potencial de generar las condiciones más propicias para la construcción de la paz, el crecimiento y el desarrollo en el mediano y largo plazo. El énfasis en el capital humano busca acumular y mantener el valor del recurso humano del país, deteriorado rápidamente por la violencia, y el cual requiere de grandes inversiones y muchos años para su recuperación. Para esto, este componente del Plan Colombia promueve una mayor inversión tanto pública como privada en capacitación productiva, salud, educación y atención humanitaria a víctimas de la violencia como desplazados, niños y mujeres. En cuanto al capital físico, el objetivo es promover las externalidades que este produce sobre la viabilización de actividades productivas y sobre la calidad de vida de la población. El fortalecimiento de la infraestructura física, especialmente en las zonas rurales más apartadas y con mayor violencia, favorece la construcción de un entorno pacífico, en la medida que posibilita incrementos en la tasa de inversión en estas regiones, los cuales contribuyen a mejorar el ingreso y las condiciones de vida de la población. En relación con la conservación del capital natural, la estrategia busca generar condiciones ambientalmente sostenibles para el desarrollo de las regiones que como consecuencia del conflicto armado y la violencia están siendo afectadas de manera irreparable en sus fuentes de agua, los bosques y el patrimonio de recursos naturales. En ese sentido, el componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social se concentra en la las regiones con más biodiversidad, y por lo tanto más frágiles, las cuales, como la región amazónica, constituyen un patrimonio natural de incalculable potencial en servicios ambientales para la humanidad que se encuentra seriamente amenazado. Por último, la estrategia enfatiza en la promoción y fortalecimiento del capital social, debido a que este factor tiene el potencial de generar los más altos dividendos en términos del desarrollo social y la paz. Busca por lo tanto, fortalecer las instituciones comunitarias participativas, críticas para promover el crecimiento y disminuir la pobreza las cuales, han sido debilitadas y destruidas por la violencia. Lo anterior implica realizar un ambicioso e integral programa de inversiones para lo cual, el gobierno considera necesario la participación de la comunidad internacional en una más equitativa distribución de responsabilidades y costos en relación con los principales temas de la agenda internacional. Los programas y proyectos que componen estas inversiones combinan de una manera balanceada acciones dirigidas, por una parte, a reconstruir y fortalecer el capital humano a través de atención humanitaria, prevención y atención del desplazamiento forzado, protección de poblaciones vulnerables y difusión y promoción de los derechos humanos. Por otra, inversiones orientadas a fortalecer el desarrollo productivo, la infraestructura, la capacidad institucional, las organizaciones sociales y el medio ambiente.

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En contextos de conflicto y violencia, el capital humano se deteriora rápidamente debido por una parte, al desvío de recursos de inversión social hacia gasto militar, y por otra, debido a los efectos sobre la salud física y mental de la población, así como al impacto que la violencia tiene sobre la asistencia escolar, y los niveles de aprendizaje de los niños y jóvenes.

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Bajo el anterior enfoque, el componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social del plan Colombia se concentra en dos grandes subcomponentes: (i) derechos humanos y atención humanitaria y (ii) desarrollo alternativo. Estos dos subcomponentes, tienen a su vez diferentes líneas de acción las cuales incluyen programas y proyectos específicos. 1. Derechos humanos y atención humanitaria Este subcomponente busca fortalecer la capacidad del Estado para, por una parte, garantizar la vigencia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y por otra, proteger y atender a la población afectada por la violencia a través de la prevención y atención de fenómenos como el desplazamiento forzado y las violaciones de los derechos humanos, enfatizando en la población más vulnerable (niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad). Para esto, en desarrollo de la política de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y de aplicación del derecho internacional humanitario, el subcomponente promueve una mayor inversión tanto pública como privada en fortalecimiento institucional, mecanismos de protección de derechos y en atención humanitaria en educación, salud, alimentación, apoyo psicosocial, así como en soluciones definitivas para la incorporación económica y social de la población más afectada por la violencia en condiciones de dignidad y no discriminación. El marco de ejecución general es el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, liderado por la Vicepresidencia de la República, con el cual se determinan medidas y acciones para garantizar la plena vigencia de estos derechos. Mediante un dispositivo de concertación descentralizada, autogestionaria y participativa, este Plan de Acción permitirá acceder a una política de derechos humanos que articule en torno a sus acciones y objetivos el concurso de la sociedad colombiana. Dentro de su responsabilidad y compromiso con los Derechos Humanos, en el marco del Plan Colombia, el Gobierno ha diseñado y puesto en marcha mecanismos encaminados a mejorar sus niveles de eficiencia en la lucha contra la impunidad y a garantizar el ejercicio de los derechos dando énfasis, en particular, al respeto y protección de quienes asumen la defensa de los derechos humanos. Es así como, con recursos nacionales este subcomponente fortalece los programas de protección a defensores de derechos humanos; impulsa las investigaciones de violación de derechos humanos; y promueve la conformación de un observatorio de los derechos humanos. Como complemento indispensable a lo anterior, este subcomponente contempla tres líneas de acción: (i) atención a la población desplazada por la violencia; (ii) atención humanitaria a poblaciones vulnerables la cual, incluye acciones para mujeres, niños, eliminación de minas antipersonales y prevención del consumo de droga y (iii) difusión de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. a. Atención a la población desplazada por la violencia Colombia registra 400.000 desplazados desde 1995. Por esta razón, el Plan Colombia incorpora un tratamiento especial a esta problemática a través de una línea de acción cuyos principales objetivos son: (i) mejorar los programas de atención humanitaria de emergencia;

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(ii) desarrollar y consolidar los programas de restablecimiento: retorno, reubicación y estabilización socioeconómica; (iii) prevenir el desplazamiento y establecer mecanismos para proteger a la población antes, durante y después de su ocurrencia; (iv) fomentar la capacidad local de respuesta; (v) crear y operar una unidad técnica que apoye el diseño y puesta en marcha de estándares y mecanismos de operación; (vi) poner en funcionamiento el Observatorio Nacional, como instancia de veeduría ciudadana; (vii) fortalecer la Red Nacional de Información en el registro, la medición, el seguimiento y la evaluación y (viii) impulsar un sistema de alertas tempranas como un mecanismo de comunicaciones para la prevención. Bajo este enfoque, en el marco del Plan Colombia, el gobierno, a través del CONPES 3057 de 1999, adoptó un plan que en sus componentes incluye las siguientes acciones: 1. Para avanzar en la prevención del problema, pondrá en marcha de un sistema de alertas tempranas que busca conocer a través de la Defensoría del Pueblo las causas que dan origen al desplazamiento y movilizar actores para su neutralización. Igualmente, la conformación de comisiones interinstitucionales conformadas por organismos del gobierno, del Ministerio Publico y/o de ayuda humanitaria que contribuyan a proteger a la población que se encuentra amenazada. Por último, el apoyo a los municipios de alto riesgo de recepción de desplazamiento, mediante su fortalecimiento técnico para el manejo de desplazamientos. 2. Para mejorar la prestación de la atención humanitaria, a través de la Red de Solidaridad, pondrá en funcionamiento centros de alojamiento transitorio, en donde se prestan además servicios alimentarios. La atención de la población se realiza de manera diferencial, por grupos vulnerables. En cuanto a salud, se están adelantando acciones tendientes a agilizar y mejorar los procedimientos de atención en hospitales y se están conformando brigadas de salud. En relación con la educación, se están diseñando incentivos para que los municipios acojan en su sistema educativo a población desplazada y se pondrán en marcha metodologías especiales de atención que faciliten su mantenimiento en el sistema. Con el fin de mejorar la calidad del servicio y cumplir con estándares mínimos, se están estableciendo alianzas estratégicas encaminadas a aprovechar ventajas comparativas de diferentes sectores. 4. Con programas de retorno voluntario de la población desplazada a sus lugares de origen, o de reubicación en condiciones de seguridad, cuando lo primero no es posible, se busca propiciar la integración de la población desplazada a la vida social, económica y cultural. Para privilegiar la decisión de las comunidades de retornar, se adelantan gestiones para modificar las condiciones que dieron origen al desplazamiento, lo cual implica el restablecimiento de la seguridad y la promoción de la actividad económica local en campos de organización social, comunitaria y productiva. Para ello se están diseñando programas especiales de acceso a tierra, explotación económica de la misma y de protección de las tierras que abandonan como consecuencia del desplazamiento. Igualmente, y en materia de soluciones habitacionales, se esta diseñando un esquema flexible que se ajuste a las diferentes necesidades y posibilidades tanto urbanas como rurales. Para contribuir a la estabilización socioeconómica de la población, se impulsan proyectos concertados con los beneficiarios.

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4. Por otro lado, mediante el fortalecimiento de los Comités de Desplazados en el nivel regional y local, así como del traslado de personas a asentamientos temporales se esta mejorando la capacidad de protección de las personas desplazadas y de sus bienes. 5. Como acciones complementarias se esta fortaleciendo el marco institucional y los sistemas de información. En cuanto al primero, se ha reorganizado el marco institucional asignando la coordinación gubernamental de la ejecución a la Red de Solidaridad Social. Esta entidad cuenta con el apoyo técnico de una Unidad Técnica compuesta por la Red de Solidaridad Social y las agencias del Sistema de Naciones Unidas; en el nivel subnacional se están reactivando los comités respectivos. En cuanto a los Sistemas de Información y con el fin de mejorar las capacidades de planeación y asignación de recursos, y hacer un seguimiento de las acciones que se efectúen, se emprenderán acciones para realizar una estimación global del desplazamiento, mejorar el sistema de registro de la población desplazada e introducir mecanismos de monitoreo y seguimiento a la Red Nacional de Información.

b. Atención a poblaciones vulnerables y eliminación de minas antipersonales Una de las necesidades más urgentes dentro de la política de paz es la atención humanitaria de emergencia a las víctimas del conflicto armado, con base en lo establecido en los convenios universales del Derecho Internacional Humanitario, bajo criterios de eficiencia y oportunidad. Con el fin de garantizar una efectiva respuesta en este campo, a través de esta línea de acción, el subcomponente de Derechos Humanos y Atención Humanitaria, incluye mecanismos para la mitigación de las pérdidas causadas por la violencia, en especial a través de la prestación de asistencia sicológica y social a víctimas y de la rehabilitación a discapacitados. Teniendo en cuenta que, como resultado de la violencia, el número de mujeres cabeza de hogar ha aumentado sensiblemente, las acciones de atención incluirán programas de capacitación vocacional y apoyo psicosocial dirigidos a recuperar su sentido de autoestima y a vincularlas a actividades productivas que les permitan derivar un ingreso en condiciones de equidad. Igualmente, bajo este marco, se impulsan proyectos dirigidos a generar condiciones para el normal desarrollo de la niñez y su desvinculación total del conflicto, por cuanto los efectos de la guerra conllevan consecuencias psicológicas y físicas que afectan de manera especialmente negativa el desarrollo de los niños. De la misma manera, con el objeto de disminuir y superar la exclusión a que se ven sometidas las víctimas de la guerra y en general la población discapacitada, las acciones involucran rehabilitación, corrección y educación especial teniendo en cuenta necesidades colectivas e individuales, en especial su incorporación social y económica. Además, puesto que en Colombia existen cerca de 70.000 minas antipersonales (MAP) sembradas y distribuidas en 23 departamentos que afectan el 10% de los municipios del país el Plan Colombia, a través de esta línea de acción promueve el diseño de mecanismos y acciones para generar una respuesta integral a la problemática en ámbitos como la identificación, señalización y limpieza de zonas minadas. Dicha respuesta involucra acciones de atención y rehabilitación familiar, social y económica de las víctimas y, educación y sensibilización para prevenir accidentes por artefactos explosivos. Así mismo, como parte de esta línea de acción

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se busca promover el compromiso por parte de los actores armados de abstenerse de usar estos artefactos o al menos señalizar las zonas potencialmente peligrosas para la población civil, como son las áreas aledañas a centros educativos, viviendas, servicios de salud y las vías de acceso a los mismos. Por último, teniendo en cuenta que se viene presentando un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas y de algunas drogas sintéticas, el Plan Colombia pretende disminuir dicho aumento a traves del fortalecimiento de la capacidad de las instituciones, los organismos no gubernamentales y las comunidades para prevenir y disminuir los niveles de consumo. Se enfatiza en el desarrollo de actividades de formación y entrenamiento, en la promoción y apoyo de alternitavas laborales y de ocupación del tiempo libre para la población jóven. Estas actividades se articulan a una estrategia de comuniciaciones que emplea medios masivos y alternativos para sensibilizar y prevenir a la población. c. Difusión de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario Colombia enfrenta una difícil situación humanitaria que, como resultado del conflicto armado y de otras formas de violencia, ha venido agudizándose en los últimos años. A pesar de los esfuerzos normativos y de la voluntad del gobierno por solucionar esta situación, si no existe una educación integral sobre el significado, alcance y contenido del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos, así como de los mecanismos nacionales e internacionales para su defensa y protección, no será posible desactivar los factores generadores de violencia. Por esta razón, es indispensable que los colombianos conozcan cuáles son sus derechos y libertades, asuman la importancia de su defensa y respeto para la vida en sociedad y, en consecuencia, modifiquen sus hábitos de comportamiento en materia de satisfacción de intereses y de solución de conflictos. Bajo ese enfoque, el Plan Colombia, a través de esta línea de acción, busca construir ciudadanía, garantizar la acción de la sociedad civil en materia de defensa y protección de los derechos humanos y libertades, y asegurar la convivencia pacífica más allá del cese del enfrentamiento armado. Para esto, se propone un programa nacional de difusión especialmente dirigido a las zonas afectadas en mayor medida por el conflicto armado. El programa parte de una alianza con el sector académico, a partir de la cual se pretende llegar con progrmas de formación a las diferentes regiones del país. El tipo de formación y difusión que se impartirá es diferenciado: De una parte se encuentran los funcionarios públicos, docentes e investigadores en la materia, con quienes se trabajará a nivel de posgrado. De otra parte están los actores sociales, líderes comuntarios y funcionarios públicos locales con quienes se desarrollarán talleres de formación de multiplicadores. Estas acciones se complementarán con acciones de sensibilización y con una estrategia de difusión, apoyada en las redes de emisoras comunitarias que operan en el país. De esta forma se espera llegar a más de un millón de personas y generar a través de este proceso dinámicas locales y regionales que tiendan a favorecer la humanización del conflicto, la exigencia del respeto por las normas de humanidad hacia los actores armados y, en última instancia, la reconcialiación entre los colombianos.

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2. Desarrollo alternativo En el marco del Plan Colombia, este componente promueve una concepción integral del desarrollo social y económico regional que se basa en la puesta en marcha y apoyo de procesos productivos rentables, participativos y sostenibles que brinden a la población verdaderas alternativas de ingreso frente a las actividades ilícitas y la violencia. La integralidad se fundamenta además, en la promoción del fortalecimiento institucional y de las organizaciones sociales locales y regionales, así como en la preservación y recuperación de zonas ambientalmente frágiles y en el desarrollo de inversiones en infraestructura física y social dirigidas a articular los proyectos productivos a los mercados, así como a asegurar su autosostenibilidad en el largo plazo. Áreas Geográficas de Acción El subcomponente de Desarrollo Alternativo ha priorizado tres regiones iniciales, en las cuales concentrará sus actividades e inversiones: el Macizo Colombiano, el Magdalena Medio y el Suroriente (Mapa 1). Estas regiones se han visto especialmente afectadas por fenómenos de violencia, presencia de grupos armados y por la proliferación de cultivos ilícitos. Además, se caracterizan por contener ecosistemas ambientalmente frágiles y por una precaria presencia del Estado, altos niveles de pobreza y deficiente oferta de servicios básicos (ver Cuadro No.3). Cuadro No. 3 Principales Características de las Regiones Priorizadas Areas Priorizadas Madgalena Medio Suroriente Macizo Colombiano Total Nacional

Población Niveles de Pobreza Total Rural Urbana NBI (1) ICV(2) Analfabetismo 855.040 54.6% 45.4% 60.5% 47.0 17.41% 1´285.624 49.4% 50.6% 60.2% 63.8 10.62% 1´494.626 53.5% 46.5% 56.9% 58.6 12.8% 37´664.711 69% 31% 30.5% 70.8 8.60%

Fuente: DANE 1993 - SISD-DNP 1999. (1) Necesidades Básicas Insatisfechas. (2) Indice de calidad de Vida.

Estas regiones albergan el 85% del área de parques nacionales naturales y zonas de conservación del país, concentran el 28% de la población indígena con 36 etnias diferentes, contienen el 87% de la producción total de amapola y el 85% del total de los cultivos de hoja de coca, concentran el 60% de los frentes activos de la guerrilla y presentan tasas de homicidio y secuestro muy superiores al promedio nacional. En estas regiones el gobierno viene ejecutando inversiones con la participación de los principales actores y estableciendo consensos acerca de programas y proyectos que benefician a la población de la región en general. En el caso del Magdalena, desde hace dos años se viene ejecutando un Programa de Desarrollo y Paz con recursos del Banco Mundial, programa

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que ha permitido fortalecer las bases de la organización social demostrando su eficiencia para prevenir acciones en contra de la población civil y de los actores que están aportando a los proyectos. En el caso de las regiones del Macizo Colombiano y Suroriente, en la actualidad el gobierno ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –PLANTE-, el cual tiene un adecuado grado de aceptación en la comunidad. Este programa al igual que el del Magdalena Medio, aporta en forma importante al logro de los objetivos definidos en éste subcomponente, puesto que posee una experiencia importante de trabajo en estas regiones. De otra parte, la presencia institucional y de la comunidad internacional, es un elemento adicional de disuasión de las acciones violentas en la medida en que se financian acciones que benefician a las bases sociales y a la región, interés explícito tanto de la insurgencia como del Estado.

Mapa No. 1 Áreas Geográficas de Acción

30

a. Transparencia y Convivencia (Fortalecimiento del Capital Social y Desarrollo Institucional) La estrategia de fortalecimiento del capital social está orientada a fortalecer esquemas institucionales (gubernamentales, privados o mixtos) que garanticen la existencia y cumplimiento de unas condiciones claras que hagan posible la articulación de las decisiones de los individuos y las empresas, en forma adecuada frente a los resultados esperados y con criterios socialmente eficientes. Esta estrategia busca igualmente, generar condiciones de sostenibilidad de los procesos de reconstrucción social, económica y cultural que se adelanten en estas regiones. Se apoyarán programas destinados a modificar las reglas de juego y los patrones de comportamiento a través de las cuales se desarrolla y reproduce la violencia, dando énfasis al fortalecimiento de las organizaciones locales en temas relacionados con la paz y la disminución de la violencia. Por otra parte, el énfasis de este campo de acción será consolidar la participación de la comunidad y garantizar que ésta se apropie de los beneficios y ejerza el control social de los proyectos. Este objetivo se logrará por medio del fortalecimiento de organizaciones de base y de los espacios de participación, tales como Consejos Municipales de Desarrollo Rural, Comités de Beneficiarios, Comités de Veeduría y Cabildos Indígenas, entre otros. Los programas y proyectos financiables en esta línea están dirigidos principalemnte hacia el fortalecimiento, de la gestión y el desarrollo local; la educación; el desarrollo de programas regionales; una cultura para la paz; y titulación, uso y manejo de tierras. b. Campo en Acción (Procesos Productivos) Los procesos productivos tienen como principal objetivo el establecimiento de una agricultura que genere ingresos estables a campesinos y comunidades indígenas, a través de cultivos tropicales permanentes y cultivos transitorios con potencial de mercado nacional e internacional. Su principal característica es que son concertados por las comunidades y articulan todas las fases de la cadena productiva, desde la producción hasta la comercialización y la agroindustria. Aunque estos proyectos se basan en su viabilidad en condiciones de mercado y rentabilidad, en el marco del Plan Colombia se facilitará el acceso de los productores a subsidios a la demanda como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y el Certificado de Incentivo Forestal (CIF)16. Igualmente, se utilizarán otros instrumentos para reducir el riesgo de las inversiones tales como el seguro agropecuario para los cultivos de mayor riesgo y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) que facilita el acceso de los pequeños productores al crédito. Adicionalmente, el gobierno se encuentra diseñando mecanismos de financiación de largo plazo para cultivos que requieren mayor tiempo para alcanzar su etapa productiva.

16

El ICR y el CIF son subsidios a la demanda dirigidos a promover la capitalización de las actividades agropecuarias (ICR) y el desarrollo de actividades forestales y ambientales (CIF).

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Los Procesos Productivos son la base de un enfoque no asistencialista que reconoce y fortalece las capacidades de las comunidades y regiones para sentar las bases de su propio desarrollo. Los proyectos promueven esquemas de alianzas estratégicas entre pequeños productores, empresas privadas, asociaciones de productores, comercializadores, ONG y el gobierno, y son complementados con capacitación productiva, agropecuaria, agroindustrial y administrativa, de acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto. La participación de las empresas privadas se lleva a cabo a través de diferentes esquemas, entre los cuales se incluyen la suscripción de acuerdos para la compra de productos; siembras planificadas; esquemas de agricultura por contrato; convenios para la iniciación y puesta en marcha de proyectos cuya producción es de mediano y largo plazo; esquemas de concesión y fiducia; y convenios de capacitación y transferencia tecnológica e inversión privada directa en asociación con los campesinos. Por su parte, la acción del gobierno esta orientada a promover y facilitar la participación de la sociedad civil y del sector privado, así como la integración de las alianzas estratégicas que garanticen el ingreso de los campesinos en los períodos de maduración de los proyectos. Los proyectos son intensivos en mano de obra e involucran cambios tecnológicos que se traducen en incrementos estructurales en productividad y calidad. La sostenibilidad de los procesos productivos está garantizada por factores como las ventajas comparativas de los productos, las perspectivas favorables en los mercados nacionales e internacionales, la incorporación de criterios medioambientales, la representatividad de las asociaciones campesinas y la concertación previa con empresas privadas del sector agroindustrial y las comunidades. Adicionalmente, estos proyectos han sido evaluados en términos de su rentabilidad y factibilidad económica y social por un grupo de consultores externos contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, quienes garantizan la calidad de los contenidos de esta propuesta. Una de las fortalezas de todos los proyectos propuestos en la línea de desarrollo productivo corresponde a las instituciones responsables de su ejecución, las cuales cuentan con una amplia experiencia y conocimientos de las zonas. Entre estas se encuentran: el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Fondo DRI, las UMATA, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), entre otras, así como diversas asociaciones campesinas y empresas privadas. Los proyectos productivos se realizan bajo las siguientes metodologías de intervención: 1. Por un lado, pueden ser realizados como proyectos individuales diseñados y promovidos por las comunidades, el sector privado, el Estado y ONGs, entre otros actores, buscando generar un alto impacto positivo en el desarrollo económico y social de las áreas priorizadas. 2. Mediante los Planes Regionales de Desarrollo Alternativo se busca brindar alternativas económicas legales a los campesinos cultivadores de coca y amapola. Estos Planes se concentran en zonas ambientalmente estratégicas, que se están viendo amenazadas por la inadecuada explotación y la rápida expansión de la frontera agrícola que resulta de la baja productividad, la violencia y los cultivos ilícitos, así como por los asentamientos de colonos

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adelantados mediante procesos de tala y quema del bosque primario para el establecimiento de praderas en monocultivo, en detrimento del bosque amazónico y de recursos de suelos, aguas y fauna. Se tienen previstas cuatro subregiones para su focalización: Caguán (Departamento del Caquetá), Ariari y la Macarena (Departamento del Meta), el Departamento del Putumayo y el Macizo Colombiano. Los Planes de Desarrollo Alternativo giran en torno a líneas de producción que combinan ganadería, agricultura y bosques comerciales maderables, forrajeros o protectores. Se busca de esta forma consolidar las alternativas productivas lícitas desarrolladas actualmente por la economía campesina de las regiones mediante la construcción de modelos ganaderos sostenibles y la disminución de conflictos de uso de la tierra, mediante el manejo de técnicas silvopastoriles, apoyo técnico para el mejoramiento de la productividad de cultivos tradicionales y el fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores. Estos aspectos son recogidos por proyectos con las siguientes características: –

Ganadería: proyectos para reorientar los modelos extensivos de alto impacto ambiental en la región Sur Oriental hacia sistemas intensivos, mejorando la capacidad de carga, las condiciones nutritivas, así como la calidad genética del hato y el fortalecimiento de canales de comercialización de carne y leche, para los cuales existen mercados locales o regionales asegurados.

–

Agroforestería: un proyecto de desarrollo de productos forestales no madereros en toda la región Sur Oriental y parte del Macizo Colombiano, y un proyecto piloto de producción de madera, forraje y frutas amazónicas en el Caguán, para la recuperación de suelos amazónicos degradados. Los proyectos están articulados a la agroindustria de transformación de frutas para la producción de néctares, mermeladas, dulces y extractos, así como a la industria maderera y a la ganadería.

–

Caucho natural: teniendo en cuenta exitosas experiencias en el país desde 1980 a partir de pequeñas unidades de producción familiar, (entre 3 y 5 hectáreas por familia), la demanda nacional de caucho insatisfecha en más de 30 mil toneladas anuales y sus efectos positivos sobre la calidad del suelo y la prevención de la erosión, se proponen proyectos que incluyen capacitación de cultivadores, fortalecimiento de asociaciones campesinas, investigación para mejorar los sistemas de producción y nuevas siembras.

–

Frutales: en el Macizo Colombiano se presenta condiciones agronómicas favorables para la producción de frutales de clima frío moderado, particularmente mora, lulo y tomate de árbol. Sin embargo, los productores de frutas en esta región perciben bajos ingresos, debido a la baja productividad, pérdidas por manejo inadecuado de la post-cosecha, deficiencias en el proceso de la comercialización, ausencia de crédito adecuado, fluctuaciones en los precios y alta intermediación en la comercialización. Los proyectos formulados se proponen solucionar estos problemas mediante el encadenamiento de la producción, acopio, procesamiento, transporte y comercialización, y cuentan con la participación del Comité Departamental de Cafeteros, los Comités Municipales de Desarrollo Regional, empresas comunitarias y asociaciones de productores.

33

–

Piscicultura: en regiones como el suroriente y el magdalena medio se produce un alto porcentaje de la producción pesquera nacional con condiciones geográficas favorables y un gran potencial de crecimiento. Así, el Plan Colombia estimulará la piscicultura en estas regiones buscando generar una nueva cultura de explotación del recurso piscícola que por sus altas posibilidades de generación de ingresos contribuya a mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas para luego extenderla hacia otros departamentos. La acuicultura puede ser parte fundamental de una explotación integral de cada finca, optimizando el uso del recurso hídrico y contribuyendo a la conservación de parques naturales y zonas de conservación, al disminuir la presión pesquera sobre estos, con los consecuentes beneficios para ecosistemas únicos en el mundo. El Plan busca aumentar el número de pequeños acuicultores, a través de proyectos que incluyen asistencia y transferencia tecnológica, adquisición de insumos, mejoramiento de las labores de mercadeo y planificación de la explotación. Así mismo, incluye un fuerte componente de capacitación de jóvenes de la región mediante las denominadas Unidades Piscícolas Escolares.

–

Palma Africana: como resultado de la identificación de los productos agropecuarios más competitivos en los mercados internos y externos, surgió la estrategia de desarrollo de cultivos de palma de aceite asociados a procesos agroindustriales a nivel nacional. El país tiene potencial para desarrollar 1’500.000 hectáreas en los próximos 10 años y la meta que se ha propuesto el Plan Colombia es de 150.000 nuevas hectáreas en los próximos tres años. Los proyectos de palma incluidos hasta el momento en el Plan Colombia suman 37.500 hectáreas distribuidas en el Magdalena Medio, en Tumaco (Nariño) y Vistahermosa (Meta). Dadas las ventajas comparativas de estas regiones, el potencial de esta actividad para generar empleo en las zonas rurales, particularmente en el proceso agroindustrial, y la importante capacidad subutilizada de las plantas extractoras, la palmicultura ofrece una alternativa de ingresos permanentes para pequeños campesinos. Con la primera fase de esta estrategia se espera copar la capacidad instalada de las plantas de extracción y es por esto que los proyectos de producción de palma se encuentran próximos a estas. En una segunda fase será factible instalar nuevas plantas de procesamiento cuando la cantidad de fruto disponible en una determinada región así lo justifique.

–

Productos tradicionales: El desarrollo de la agricultura propuesto por el Plan Colombia contempla en primera instancia el potencial de las regiones pero también la vocación de las mismas y la tradición y cultura de la población. La yuca, el fríjol, el plátano, el cacao o la papa, entre otros productos tradicionales representan no sólo son actividades muy importantes que sustentan las economías campesinas, garantizan la subsistencia y la seguridad alimentaria de algunas regiones sino que mantienen el arraigo a la tierra y son un factor central de cohesión social. Bajo ese enfoque, el plan Colombia busca devolver ese significativo papel a los cultivos mencionados, los cuales actualmente sufren problemas estructurales traducidos en bajos niveles de productividad. La papa, por ejemplo, ha sido un producto tradicional en el Macizo Colombiano; sin embargo, al nivel de la economía campesina presenta muy bajos rendimientos debido al inadecuado uso de tecnologías y en muchos casos no representa una alternativa

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económicamente viable para los campesinos. Los proyectos que se proponen en esta región incrementarán la productividad en cerca del 100%, a través de mejoras en las técnicas productivas, ofreciendo buenas perspectivas económicas, sociales y ambientales. De la misma forma, en el suroriente el plátano es un cultivo de particular importancia económica, desarrollado por pequeños y medianos productores que ha sido seriamente afectado en los últimos años por dos enfermedades: la Sigatoka Negra y el Moko o Ereke. Esto ha provocado el abandono de las plantaciones por parte de los campesinos. Es por esto que se contemplan proyectos que incluyen investigación básica y programas para el manejo de estas enfermedades, así como el fortalecimiento de la capacidad de gestión productiva y tecnológica de los productores. En el marco de productos tradicionales también se contempla el desarrollo de proyectos de yuca, frijol y cacao para el Magdalena Medio y el suroriente, que además de contemplar un aumento del área cultivada, se traducirán en incrementos significativos de la productividad y de los ingresos de los productores, así como en un fortalecimiento de las asociaciones campesinas. 3. Por último, los proyectos productivos también son adelantados a través de Programas Regionales de Desarrollo y Paz. Estos programas son una propuesta de varios sectores de la sociedad civil regional que en un contexto de conflicto, logran un acuerdo en torno a objetivos comunes para construir una alternativa de convivencia y desarrollo a partir de las particularidades sociales, culturales, geográficas y económicas de la región, teniendo en cuenta a todos sus pobladores. Se trata de programas que surgen, se piensan, y se implementan en las regiones, con la convocatoria de actores como la Iglesia, los Gremios y las organizaciones sociales para lograr un acuerdo sobre el cual generar condiciones de desarrollo y de paz a partir del apoyo a procesos productivos y de construcción del tejido social y de lo público en regiones donde tanto el estado como la sociedad civil han sido altamente debilitados. A partir de una amplia convocatoria y concertación regional, los programas se formulan liderados por actores regionales que impulsan el proceso y determinan las inversiones en proyectos productivos regionales que beneficiarán a las comunidades tradicionalmente excluidas de los procesos de desarrollo y de las inversiones. De esta manera, los énfasis más importantes de estos programas son: §

Construcción del sentido de región ligada al sentido de lo público y el desarrollo productivo. Los Programas por medio de los proyectos que apoyan y de los espacios de participación que promueven, plantean la reflexión en las comunidades sobre la implicación en el ámbito de lo público de sus acciones y del desarrollo regional. En esta medida se trabaja la acción colectiva en torno a lo productivo, a la convivencia o a lo educativo con una permanente reflexión en torno a que todas esas acciones están construyendo una región en la que deben caber todos.

35

§

Fortalecimiento de la sociedad a través del impulso de la participación y organización de los pobladores en proyectos y en la conformación de redes de pobladores que buscan articular a los ciudadanos con la construcción del proyecto colectivo del municipio

•

Integralidad de las acciones. Los proyectos productivos que se apoyan y se impulsan se hacen en torno a la organización comunitaria como eje principal del proceso lo que garantiza la sostenibilidad de estos. Se buscan resultados económicos para las comunidades u organizaciones, al tiempo que se incentiva un fortalecimiento real de éstas.

c. Sostenibilidad Ambiental Esta línea de acción apoya la gestión ambiental y la concertación entre los distintos actores involucrados, con el fin de generar compromisos que tengan en cuenta el valor de los bienes y servicios ambientales y las ventajas comparativas de las regiones. Busca que los ecosistemas conserven y recuperen sus funciones ambientales y la prevención de su deterioro, para así contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de la población y al aumento de sus niveles de ingreso. En este sentido, los aspectos ambientales atraviezan transversalmente las acciones contenidas en el componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social del Plan Colombia, en la medida en que la sostenibilidad es un requisito para el desarrollo integral de las regiones. Las acciones que se adelantarán se concretan en restauración y establecimiento de bosques; sistemas forestales productivos; ordenamiento y recuperación de ciénagas; uso sostenible de los recursos; conservación y manejo de áreas protegidas. Los programas de restauración y establecimiento de bosques hacen parte del Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques en Colombia (Plan Verde), el cual es una de las principales acciones en el marco del Plan Colombia, encaminadas a la conservación de cuencas hidrográficas, la restauración de ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, promoviendo alternativas productivas y de aprovechamiento sostenible, en las cuales las comunidades asuman responsabilidades en la gestión ambiental local y regional. d.

Infraestructura

Una de las barreras para generar la dinámica del desarrollo social y económico lo constituye la inexistencia de una infraestructura adecuada que lo soporte. En muchas zonas del país esto es un factor preponderante para la existencia y evolución del conflicto armado porque representa el principal factor para el aislamiento de las regiones con el centro del país y para que los actores armados ejerzan mayor influencia y presión armada sobre la población. En consecuencia, como parte del Plan Colombia se promueve y apoya el desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan comunicar y viabilizar económica y socialmente las actividades productivas, además de mejorar la calidad de vida de la población.

36

Bajo ese esquema, esta línea de acción incluye programas y proyectos de inversión en los sectores de transporte, energización, telecomunicaciones y agua potable y saneamiento básico. Los proyectos de transporte incluyen mejoramiento de carreteras primarias, secundarias y terciarias, así como obras fluviales que en su conjunto están directamente relacionadas con el desarrollo productivo de las regiones. Las inversiones en estos proyectos suman MUS$ 270.940 y se consideran como beneficiarios 3.6 millones de habitantes. Los proyectos de electrificación, con un costo de MUS$ 22.127, buscan incorporar un número importante de municipios al sistema interconectado, mejorando la calidad del servicio y las posibilidades de desarrollo económico de las zonas. En telecomunicaciones, el Plan busca avanzar en el objetivo de alcanzar 100% de cobertura en las regiones priorizadas. Por último, los programas de infraestructura social en agua y saneamiento con un costo total de MUS$ 91.322, tienen un gran impacto social que beneficiará a 1.080.000 personas en 124 cabeceras de municipios menores de 12.000 habitantes. Los criterios para la selección de los proyectos son de tipo social y técnico. En cuanto a los primeros, se encuentran el número de beneficiarios, nivel de pobreza, costo de la alternativa energética, posible fomento a proyectos de desarrollo agrario y el interés de la comunidad. En cuanto a los segundos, se encuentran principalmente la factibilidad de interconección, el costo por kilómetro, el impacto ambiental, y la sostenibilidad de los proyectos en el mantenimiento y operación en el largo plazo. V.

COSTO Y FINANCIAMIENTO REQUERIDO

El costo total estimado del Plan Colombia es de US$ 7.500 millones y se basa en una estimación de las necesidades de inversión en cada componente y de las capacidades de ejecución para un período de tres años por parte de las instituciones y entidades involucradas. Una distribución de esta inversión en los destinos de gasto de cada componente y el financiamiento requerido de parte de la comunidad internacional se presentan en el cuadro 4.

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Cuadro No. 4 Plan Colombia Costos por componentes y potenciales financiadores (millones de dólares)

Estrategias

COLOMBIA

Total

Estatales RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

104.30

15.00

15.00

89.30

89.30

900.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL

900.00

0.00

RESTO DEL MUNDO 64.70 60.00 4.70

900.00

1,968.8

886.0

224.0

858.8

ATENCIÓN HUMANITARIA

575.2

170.2

88.5

316.5

Atención a la población desplazada

192.7

155.2

37.5

Atención a poblaciones vulnerables

14.3

14.3

Difusión de la DDHHH y DIH

51.8

0.8

51.0

1,037.2

359.4

135.5

97.2

26.2

71.0

187.6

123.1

64.5

26.5

26.5

Infraestructura

183.6

183.6

OTROS PROYECTOS POR EJECUTAR DE RECURSOS DE BONOS

356.4

356.4

DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social Procesos Productivos Sostenibilidad Ambiental

Apoyo al proceso de Paz

6.0

0.0

48.0

Lucha contra el narcotrafico (3)

3,664.4

3,030.1

634.3

0.0

Fortalecimiento del Gobierno de Colombia en la lucha antinarcóticos

1,948.3

1,531.4

416.9

220.4

118.6

101.8

30.1

30.1

1,365.6

1,250.0

Inteligencia Asistencia a la policía nacional Asistencia USA- Colombia Infraestructura carcelaria Total (5)

0.0

542.3

54.0

Esfuerzos de Interdicción

US$)

1,004.30

ASISTENCIA TECNICA EN RECAUDO DE IMPUESTOS, REGULACIÓN BANCARIA Y TARIFAS ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE EXPORTACIONES DE FRUTAS Y VEGETALES RED DE APOYO SOCIAL (1) (2)

U.S.A.

Crédito

115.6

0.0 100.0

100.0

6,691.507

4,026.4

900.0

858.3

971.5

VI. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN A.

Fondo de inversión para la paz – FIP

Con el fin de facilitar la canalización de los diferentes aportes a los programas y proyectos propuestos, el gobierno creó el Fondo de Inversión para la Paz -FIP. Este mecanismo es un sistema de manejo de cuentas, que busca agilizar y garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos, brindando total seguridad a los aportantes. Está adscrito a la Presidencia de la República, y la administración de los recursos esta a cargo de un Consejo Directivo, integrado por representantes de la sociedad civil, el sector privado nacional y altos funcionarios del gobierno. Su organigrama se resenta a continuación (Figura No. 3).

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Figura No. 3 Organigrama

Presidente de República

Veeduría especial

Administrativo

Consejo Directivo FIP

Dirección Ejecutiva Plan Colombia

Control interno Auditoria externa

Financiero Comunicaciones

Recuperación económica y social

Proceso de negociación del conflicto armado

Lucha antinarcóticos y seguridad

Fortalecimiento institucional y desarrollo social

Con el objeto de garantizar la agilidad y flexibilidad que se requiere, todos los contratos con cargo a los recursos del FIP se rigen por las reglas del derecho privado. Sin embargo, se está estableciendo una Veeduría Especial para asegurar que la administración y asignación de los recursos se haga de manera eficiente y transparente. Además de la labor de fiscalización propia de los organismos públicos de control como la Contraloría y la Procuraduría, el Fondo contará con esquemas de auditoria externa en los proyectos o campos de acción que se considere necesario. En el caso de aportes concretos de la comunidad internacional se podrán implementar mecanismos que satisfagan los requerimientos de control de los donantes, bajo los principios de flexibilidad y transparencia que caracterizan al Fondo. B. Marco Institucional El FIP no es un ente ejecutor, por lo tanto, los proyectos y programas que financia son adelantados por instancias publicas sectoriales, el sector privado, ONGs, o a través de alianzas entre empresas, instituciones del Estado, agencias internacionales y ONG, entre otras. C. Administración de los programas y proyectos La administración general de las inversiones de esta propuesta a la comunidad internacional será realizada por la dirección ejecutiva del Plan Colombia. Esta instancia de dirección

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depende directamente del Presidente de la República y manejará las inversiones a través de esquemas de administración delegada. Puesto que el FIP es un sistema de cuentas, como parte de la gestión de la dirección ejecutiva, la administración de las inversiones se realizará a través de mecanismos como los siguientes: •

Como banco de segundo piso, bajo convenios con bancos comerciales, para todos los casos en que su intervención se haga a través de prestamos recuperables o condonables.

•

Como inversionista directo cuando su aporte se haga en forma de capital de riesgo a un proyecto económico.

•

Como fondo de recursos no reembolsables cuando su intervención sea para aportar recursos en beneficio de proyectos de impacto sobre beneficiarios pobres.

•

Como fondo de garantías, a través de convenios con aseguradoras o bancos comerciales, para avalar operaciones financieras y respaldar créditos relacionados a los proyectos financiables.

•

Como contratista de fiducias que le administren subcuentas para canalizar aportes de la comunidad internacional a los programas y proyectos. Tal es el caso de los proyectos de restablecimiento de familias desplazadas para los cuales los países podrán aportar diferentes montos a través del Fondo de Paz -FIP. El FIP bajo fiducia tendrá una subcuenta Fondo de Atención a Población Desplazada que canalizará los recursos para estos propósitos.

D. Mecanismos de participación de la sociedad Esta propuesta es el resultado de un ejercicio participativo a diferentes niveles en la identificación y formulación de los programas y proyectos, y adopta como un criterio insustituible de la ejecución de los mismos el establecimiento de acuerdos y alianzas entre los beneficiarios, el Estado en sus distintos niveles, ONGs, agencias internacionales y el sector privado, entre otros. Bajo ese enfoque, todos los programas y proyectos de esta propuesta son participativos en por lo menos una de las tres fases siguientes: a. Preparación, en la cual, con base en un debate previo con amplia participación sobre las causas de la problemática al nivel local, se han definido los objetivos del desarrollo regional y los espacios de participación de las comunidades. Esto ha permitido iniciar procesos de elaboración y concertación de estrategias regionales, programas y proyectos de mayor impacto sobre la construcción de la paz y la promoción del desarrollo socioeconómico local y regional. b. Desarrollo, en la que se han ido iniciando inversiones con énfasis en programas y proyectos productivos generadores de empleo e ingresos y de fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad. La naturaleza flexible del Plan Colombia, y de esta propuesta concreta a la comunidad internacional, ha permitido que alrededor

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de la iniciación de proyectos productivos se estén promoviendo procesos de concertación sobre otras inversiones de impacto para las regiones. c. Consolidación de los programas y proyectos, orientada hacia la autogestión del desarrollo regional y local. En los proyectos productivos, una vez realizadas las inversiones e iniciada la etapa productiva, se deja en manos de los actores y comunidades locales y regionales la administración, sustituyendo la participación pública por participación comunitaria y/o privada, regional, nacional o internacional. Adicionalmente, la sociedad participa a través de aportes económicos por parte de los municipios, departamentos y comunidades organizadas de beneficiarios, para la puesta en marcha de acciones y proyectos. Igualmente, por medio de la suscripción de los Bonos de Paz por empresas y personas naturales con patrimonio superior a los US$ 125.000. Con estos bonos, la sociedad colombiana esta participando económicamente con un aporte de recursos por US$ 600 millones para los próximos tres años, de los cuales hasta el momento se han emitido US$ 107 millones. El nivel de participación y compromisos de las comunidades en los diferentes programas y proyectos presentados a la comunidad internacional es heterogéneo. En los proyectos productivos, se ha acudido a diversas instancias y mecanismos de participación entre los que se encuentran los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Consejos Municipales de Planeación y los Comités de Atención a la población desplazada, entre otros. Cada uno de los proyectos productivos señala el nivel de compromiso de la comunidad, que incluye aportes en inversión o en especie (tierra, mano de obra, obtención de crédito, etcétera) y su proceso organizativo para la producción a través de esquemas asociativos como cooperativas. En el caso del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio- PDPMM, la participación es la base de los programas y proyectos presentados. Los proyectos han sido concebidos, formulados y priorizados por las comunidades en 29 núcleos de pobladores; se trata de proyectos que se encuentran en marcha y se enmarcan dentro de un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil regional iniciado en 1998. El PDPMM, ha implementado una dinámica de participación de las comunidades a través de los núcleos de pobladores que se conforman voluntariamente por líderes de jóvenes, mujeres y asociaciones campesinas. Igualmente, en el caso del Programa de Desarrollo Alternativo –PLANTE, los proyectos han sido definidos por las comunidades a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural –CMDR, respondiendo a las preferencias y prioridades de las regiones. Los proyectos de infraestructura en transporte han sido concertados directamente con las comunidades y responden a las necesidades de comercialización de los productos. En general, responden a demandas presentadas en forma recurrente por las comunidades. En el tema del fortalecimiento institucional, la naturaleza de la inversión implica la definición de programas que responden a políticas nacionales y que en su ejecución contemplan instrumentos de participación comunitaria, obligatorios por ley en la mayoría de los casos. La mayoría de los programas planteados se inicia con diagnósticos participativos, y su éxito esta en función del nivel de compromiso de las comunidades.

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Al igual que en el caso anterior, los programas y proyectos del subcomponente de Atención Humanitaria y Protección de Derechos Humanos se inician con la definición de políticas nacionales. En el caso de la política de atención a la población desplazada por la violencia, el proceso de diseño fue concertado con las diferentes instancias involucradas en la atención: ONGs, organismos internacionales, Cruz Roja Internacional, agencias del sistema de Naciones Unidas y de un proceso de diagnóstico realizado con miembros de las comunidades afectadas. E. Entidades y organismos ejecutores Las entidades ejecutoras de los programas y proyectos de esta propuesta incluyen entidades del orden nacional, regional y local, así como ONG, organizaciones comunitarias, agencias internacionales, universidades y empresas privadas. En el nivel regional y local, se encuentran involucradas entidades territoriales como las alcaldías y las gobernaciones, y las corporaciones autónomas regionales que son instituciones que ejecutan proyectos ambientales. En el caso de ONGs y agencias internacionales, a las cuales se dará particular relevancia en la ejecución de programas y proyectos, se cuenta con las agencias del sistema de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR, los comités de cafeteros, asociaciones gremiales, y la Iglesia, así como organizaciones indígenas, campesinas y de desplazados, entre otras.

VII. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Cada componente de esta propuesta a la comunidad internacional cuenta con un sistema integrado de monitoreo y evaluación. Estos sistemas incluyen el seguimiento del desarrollo físico y financiero de los programas y proyectos, y la evaluación de su impacto mediante una serie de indicadores. Las herramientas principales del sistema son las siguientes: i) planes operativos anuales; ii) evaluación de impacto ambiental; iii) sistema de información geográfica; y iv) encuestas socioeconómicas, realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y firmas privadas contratadas para tal fin. Los indicadores de medición o impacto de los programas establecen para cada componente y región aspectos como los siguientes: i) área, producción y rendimientos en las actividades productivas financiadas; ii) número de beneficiarios; iii) indicadores sociales seleccionados, y iv) número de organizaciones comunitarias, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil fortalecidas, entre otros. Las funciones de seguimiento y evaluación están a cargo del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública, SINERGIA, del Departamento Nacional de Planeación. Además, están sujetos a la fiscalización de las instituciones públicas de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría. Por último, se ha establecido la contratación de auditorías externas y se están promoviendo veedurías ciudadanas por parte de las poblaciones beneficiarias.

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La evaluación de las inversiones de mayor impacto actualmente en ejecución se ha realizado a través de una combinación de estos mecanismos, enfatizando en evaluaciones externas. En particular, en los programas regionales integrales y en los procesos productivos, dichas evaluaciones arrojan resultados positivos en torno al cumplimiento de los objetivos de la inversión. Según estas evaluaciones, la principal innovación y la más grande contribución de estos programas al desarrollo regional es el haber conseguido desplegar inversiones en medio del conflicto armado sin esperar una negociación o arreglo global previo. Esto ha dado lugar a un proceso de recuperación de la credibilidad del Estado basada en aspectos políticos, administrativos y económicos. En lo político, se evidencia una mayor legitimidad derivada del cumplimiento de funciones esenciales del Estado y de una mayor autonomía y participación de las organizaciones de base en las decisiones que afectan a la población. En lo administrativo, han permitido implementar un modelo complementario a los mecanismos tradicionales de ejecución de políticas y programas, el cual otorga un papel activo a la sociedad civil y a organizaciones sociales en alianza con las instituciones del Estado. En lo económico, el principal aporte es haber iniciado programas y proyectos productivos de impacto bajo la ejecución de los pequeños campesinos de las regiones pero con el apoyo del Estado, el sector privado, la banca multilateral y otras organizaciones.

VIII. EL PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Colombia ha demostrado su compromiso y determinación en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto armado que se desarrolla en el país y en el cumplimiento de los acuerdos con la comunidad internacional para luchar contra los fenómenos como el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente con los cuales el conflicto se encuentra asociado. Este gobierno ha iniciado un proceso de negociación con las FARC, bajo una agenda común, que deberá resultar en acuerdos de incidencia en las estructuras económicas y sociales que actualmente alimentan el conflicto interno. En la lucha contra el narcotráfico, el compromiso de Colombia se concreta en la erradicación de 119.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca y amapola, la incautación de 3.500 toneladas de drogas y la destrucción de 2.130 laboratorios procesadores de estupefacientes durante los últimos cinco años. En relación con la protección y conservación del medio ambiente, Colombia ha incorporado preceptos modernos para garantizar el derecho universal de gozar de un medio ambiente sano y juega un papel protagónico en las discusiones del cambio global y el desarrollo sostenible para el nuevo milenio, en la Cumbre de la Tierra, en el Convenio de las Partes sobre Diversidad Biológica y en las Convenciones sobre Cambio Climático y de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción (CITES), entre otros. En cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos, a pesar de una situación interna de alto conflicto, la voluntad del Estado Colombiano en su promoción y protección se concreta en la apertura al escrutinio y cooperación de la comunidad internacional; la puesta en

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marcha de acciones para humanizar el conflicto armado; la lucha contra la impunidad y los grupos de justicia privada; la prevención y atención del desplazamiento forzado por la violencia política; y el mayor compromiso de la fuerza pública con los derechos humanos. Como parte de esa voluntad, el país aceptó la presencia de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, adoptó el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra y firmó la convención de Ottawa. Por otra parte, creó instancias como la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto Armado Interno, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, la Red de Comunicaciones de Derechos Humanos (con presencia en 20 departamentos del país), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y oficinas de derechos humanos en guarniciones militares. Así mismo, puso en marcha el Programa de Lucha contra el Secuestro, la política de prevención y atención del desplazamiento, el Programa de protección a personas en riesgo, un bloque de búsqueda especial y comisiones accidentales para el esclarecimiento e impulso de investigaciones de casos especialmente graves. Adicionalmente, el Presidente de la República encargó al Vicepresidente de la política de Derechos Humanos y ha incorporado el tema como parte de la agenda de negociación con los grupos armados. No obstante lo anterior, todos estos esfuerzos de la sociedad y el gobierno que han sido recogidos y complementados por el Plan Colombia, serán insuficientes para enfrentar el enorme reto que el país tiene por delante si Colombia no cuenta con el apoyo y respaldo de la Comunidad Internacional bajo el criterio de la corresponsabilidad en la lucha contra las drogas, la protección de los Derechos Humanos, y la protección del medio ambiente. Este apoyo se hace aún más indispensable en la medida que el país ha sufrido recientemente las pérdidas causadas por el desastre natural del terremoto que sacudió al Eje Cafetero cuyos costos de reconstrucción han implicado un esfuerzo fiscal adicional al país superior a los US$ 700 millones. De acuerdo con lo anterior, en estricta aplicación de un esquema de corresponsabilidad, basado en la reciprocidad y la equidad internacional al igual que en la solidaridad entre las naciones, el gobierno de Colombia, en representación del compromiso asumido por todos los sectores de la sociedad, confía que la comunidad internacional sabrá valorar los esfuerzos emprendidos por Colombia y prestar el apoyo necesario para complementar el financiamiento requerido y llevar a cabo estos propósitos. Además del respaldo político que se requiere en la negociación y los temas de interés para la comunidad internacional como el narcotráfico, los derechos humanos y el medio ambiente, la sociedad Colombiana espera un importante apoyo en donaciones, créditos blandos, canje de deuda, acuerdos arancelaros y financiamiento con importante grado de concesionalidad para el desarrollo del Plan Colombia.