GEOGRAFÍA DE EUROPA

UNIDAD 3.4: LA UNIÓN EUROPEA AMPLIADA

3.4. LA UNIÓN EUROPEA AMPLIADA

La desintegración de la Unión Soviética, que ejercía una influencia decisiva sobre los estados de Europa central y oriental, ha desencadenado unas profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que también han afectado a la integración europea, acelerando el proceso de ampliación de la UE.

3.4.1. EL PROCESO DE ADHESIÓN: MECANISMOS Y EVOLUCIÓN La Unión Europea dio un paso decisivo hacia la ampliación en 1993, cuando el Consejo Europeo de Copenhague hizo una declaración oficial que alentaba a los países de la Europa central y oriental (PECO) paras que solicitaran su adhesión. En efecto, durante los tres años siguientes se sucedieron las solicitudes (Hungría y Polonia en 1994, Rumania, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Lituania y Bulgaria en 1995, Eslovenia y la República Checa en 1996), añadiéndose al proceso tres estados que ya habían iniciado el trámite de adhesión con anterioridad (Malta, 1990; Chipre, 1990; y Turquía, 1987). El Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997, siguiendo las conclusiones presentadas en materia de ampliación por la Unión Europea en la Agenda 2000, lanzó un proceso de ampliación por etapas, en que cada Estado se incorporaría en función de su grado de preparación y del nivel de cumplimiento de los siguientes criterios de adhesión: •

En el ámbito político, se exige la existencia de instituciones estables que garanticen una democracia estable, el respeto y protección de las minorías, y la primacía del Derecho.

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En el plano económico, el Estado solicitante debe contar con una economía de mercado viable y con capacidad de competir en el mercado de la Unión Europea.

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Finalmente, los Estados deben ser capaces de asumir los objetivos de la Unión política, económica y monetaria contenidos en los tratados comunitarios.

Para facilitar el proceso de ampliación, la Unión Europea dispone de una serie de medidas políticas y mecanismos financieros destinados a favorecer la transición de los países PECO hacia la economía de mercado y a reforzar el intercambio comercial entre éstos y la UE.

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Los acuerdos de asociación constituyen el marco jurídico que define las relaciones políticas y económicas entre la UE y los Estados solicitantes, incluyendo medidas que favorecen la integración progresiva en la Comunidad de los países candidatos, como la creación de una zona de libre comercio, la liberalización del comercio de los productos industriales, o la incorporación de la normativa comunitaria al Derecho nacional. Los países PECO firmaron sus acuerdos de asociación entre los años 1991 y 1996, mientras que Turquía, Malta y Chipre ya mantenían relaciones estables con la UE mediante este tipo de acuerdos desde 1964, 1970 y 1973, respectivamente. El programa PHARE, acrónimo de Polonia-Hungría: Ayuda a la Reconstrucción de las Economías, es el principal instrumento financiero para el apoyo a las estrategias de preadhesión, y se extiende a todos los diez países PECO candidatos más Albania y algunos Estados de la antigua Yugoslavia. Los ámbitos de acción del PHARE incluyen el acceso a los mercados de la UE de los productos procedentes de los estados beneficiarios, el fomento de las inversiones, la formación, el medio ambiente, la agricultura y la agroindustria, aunque en los países candidatos se ha priorizado el fomento de la capacidad institucional y administrativa, y la financiación de las inversiones en los ámbitos en los que es indispensable evitar que haya periodos transitorios después de la adhesión. Los dictámenes de la Agenda 2000 sobre la adhesión señalan que, hasta el primer semestre de 1997, todos los candidatos con excepción de Eslovaquia y Turquía, cumplían el criterio político. En cuanto al económico, Chipre, Malta, Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa son consideradas economías de mercado viables, Eslovaquia se halla muy cerca de esta situación, Bulgaria, Rumania, Lituania y Letonia sólo la alcanzarán en la primera década del siglo XXI si mantienen los esfuerzos de adaptación realizados, y Turquía no es una economía de mercado viable aunque en algunos sectores ya compite en el mercado de la UE. Finalmente, en relación con la capacidad de adoptar el acervo comunitario, la Comisión estima que Chipre, Malta, Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa están en condiciones de asumir los objetivos de los tratados, que los estados bálticos y Eslovenia todavía deben mejorar en este ámbito, y que Bulgaria, Rumania y Turquía no podrán cumplir esta obligación a medio plazo. En función de estas conclusiones, la Unión Europea inició en 1998 las negociaciones de adhesión con los países del grupo de Luxemburgo (Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia, la República Checa y Chipre). A

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partir de esa fecha se vienen realizando conferencias intergubernamentales bilaterales en las que se revisa periódicamente el cumplimiento de los requisitos y se establecen ayudas previas a la adhesión para facilitar la adopción del acervo comunitario. Estas ayudas se vehiculan mediante el Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (ISPA) y el Instrumento agrícola de preadhesión (SAPARD), creados en el año 1999. Tanto los seis candidatos seleccionados para la primera fase de la ampliación como los inicialmente descartados son sometidos a una evaluación periódica en la que se examinan las dificultades específicas de cada candidato. Anualmente, la Comisión Europea presenta al Consejo un informe sobre el progreso constatado en cada uno de los países que han solicitado su adhesión, y en función de los resultados puede recomendar el inicio de negociaciones con los candidatos de la segunda tanda de la ampliación, o proponer la reducción o supresión de ayudas de preadhesión. En los últimos años el proceso de ampliación ha proseguido con •

la participación de los países candidatos durante el período de preadhesión en los programas comunitarios de educación, medio ambiente e I+D, para favorecer que los países asociados se familiaricen con las políticas y los métodos de trabajo de la UE;

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el inicio de las negociaciones con los países del grupo de Helsinki (Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Malta y Rumania) en el año 2000; y

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la aprobación del Tratado de Niza, en que se fija la distribución de escaños en el Parlamento Europeo, la ponderación de votos en el Consejo y la composición del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones para una Unión Europea de 27 miembros.

Pese a que la Unión Europea fijó finales del año 2002 como fecha para la incorporación de los primeros candidatos, actualmente existen grandes incertidumbres asociadas al retraso en la ratificación del Tratado de Niza y al debate sobre el futuro de los fondos estructurales y los fondos de cohesión en el marco de la UE ampliada. 3.4.2. PROS Y CONTRAS DE LA UE AMPLIADA La adhesión a la Unión Europea de los PECO favorece la obtención de un mayor nivel de estabilidad política en el continente, creando un Mercado Único más amplio que potenciará tanto la actividad económica en general como el comercio en particular, contribuyendo así a

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la integración de la economía europea en su conjunto, y reforzando la posición de la UE en los mercados mundiales. Sin embargo, aunque la adhesión de los Estados del grupo de Luxemburgo incrementará la población comunitaria en 100 millones de habitantes, el PIB de la Unión Europea apenas crecerá un 5%, debido a que los países PECO poseen un nivel de desarrollo sensiblemente inferior a los que actualmente constituyen la Unión. Uno de los retos más importantes para la UE ampliada es asegurar la integración de los nuevos estados miembros en las estructuras y políticas comunes, por lo que durante el período de preadhesión se está prestando una especial atención a reducir las diferencias políticas, económicas y sociales actualmente existentes entre los candidatos y la UE15. Entre los aspectos que más tensiones están generando se encuentra el futuro de los fondos estructurales y los fondos de cohesión, ya que desde la primera tanda de adhesiones se producirá un salto estadístico dramático, con un incremento de las desigualdades socioeconómicas entre las regiones más ricas y las más pobres, y un descenso de los valores medios del PIB que perjudicará a las regiones que actualmente reciben fondos comunitarios. Por ejemplo, las regiones encuadradas en el Objetivo nº 1 durante el período 2000-2006 por poseer un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria serán inmediatamente sustituidas por las de Europa central y oriental, mientras que los fondos de cohesión, actualmente destinados a los países más pobres (España, Portugal, Grecia e Irlanda), tendrán que redirigirse hacia los nuevos miembros, cuyo nivel de desarrollo es todavía más bajo. Además, esta ampliación coincide con un horizonte de estancamiento de la economía internacional y con la implantación del plan de estabilidad y crecimiento económico asociado al euro, de forma que los Estados más grandes desean reducir sus aportaciones a los presupuestos comunitarios para disminuir el déficit. La contención de las contribuciones choca con la necesidad de incrementar los fondos estructurales y de cohesión, mecanismos esenciales en la reducción de los desequilibrios regionales de la Unión, por lo que la presión de los países donantes para suprimir las ayudas a las regiones actualmente más beneficiadas aumenta. Evidentemente, Irlanda y los Estados de Europa meridional no aceptan esa postura, y reclaman el mantenimiento de los fondos regionales para asegurar el reequilibrio económico en la Unión.

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No menor importancia tiene la reforma de las instituciones comunitarias, que corren el peligro de colapsar por la heterogeneidad de intereses confluyentes en una Unión Europea de 27 miembros. Las dificultades en alcanzar un consenso para la reforma se pusieron de relieve con el enfrentamiento entre Alemania, que quería un reparto de poder en la UE más acorde con su potencial económico, y Francia, que apostaba por mantener el equilibrio entre los grandes. Finalmente, sólo pudo aprobarse un acuerdo de mínimos con cambios en el Parlamento, la Comisión, el Consejo, el Comité Económico y Social, y el Comité de las Regiones. Finalmente, la Unión Europea ampliada se plantea cuál será su futuro, tal y como pone de manifiesto la Declaración de Laeken. Mientras algunos defienden que sólo es necesario seguir avanzando en la cohesión económica y en la reducción de las desigualdades interregionales, otros apuestan por ampliar la integración al nivel político. Entre éstos también cabe distinguir entre los promotores de una Europa federal, como la que defiende Alemania, y una unión política en la que los Estados seguirían manteniendo el poder, liderada por Francia.

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