"OPINIONES Y ANÁLISIS"
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ELECCIONES 2005: PROPUESTAS ELECTORALES
Primera edición, octubre 2005 D.L. Nº 4 - 1 - 1888 - 05 ©FUNDEMOS Calle Hermanos Manchego No. 2441 Teléfonos: 2440846 - 2440642 Telefax: 2433539 Casilla: 2302 Correo electrónico:
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La Paz - Bolivia
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UN NUEVA BOLIVIA CON PROGRESO Y PAZ Poder Democrático y Social – PODEMOS ……………. 423 DAR LA CARA POR BOLIVIA Unidad Nacional – UN ……...…………………………… 509 CONTENIDO
Presentación ………………………………………………… 7 PROGRAMA DE GOBIERNO Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia – FREPAB ….. 9 BOLIVIA DIGNA, SOBERANA Y PRODUCTIVA PARA VIVIR BIEN Movimiento al Socialismo – MAS ………………………. 117 PLAN PACHAKUTI 2006-2010 Movimiento Indígena Pachakuti – MIP ………………... 201 UN PROGRAMA PARA EL CAMBIO: PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA Movimiento Nacionalista Revolucionario – MNR …….. 279 BOLIVIA UN PAÍS PARA TODOS Nueva Fuerza Republicana – NFR …………………….. 337
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P R E S E N T A C I Ó N
difusión de las propuestas electorales constituye una actividad importante. Para la presidencial de 1997 se preparó un número exclusivo de Opiniones y Análisis incorporando las propuestas de cinco partidos (No. 28); el trabajo se repitió en 2002, con la inclusión de las propuestas de ocho partidos (No. 56). Por lo tanto, la preparación del número 76 con los planes de gobierno de todos los partidos en competencia constituye la prolongación de un compromiso asumido hace varios años.
Si la democracia reserva a las elecciones un lugar privilegiado es porque ellas condensan muchas de las exigencias más elevadas de esta forma de gobierno y representan su momento de verdad. Su desarrollo permite observar la calidad de la libertad de asociación o de expresión; al mismo tiempo, constituyen la mejor oportunidad para que la ciudadanía señale los rumbos por los cuales desea que se orienten las políticas públicas, las acciones del Estado. Para que los electores puedan definir esas grandes orientaciones, se requieren dos requisitos indispensables. Por un lado, las organizaciones políticas que compiten deben informar cuáles son sus propuestas, cómo conciben la evolución del país en los próximos años, cuáles son las líneas estratégicas que deben privilegiarse. La existencia de estos planes de gobierno asegura la posibilidad de un debate de ideas que es fundamental para aumentar la calidad de la democracia. Al mismo tiempo, es esencial que los ciudadanos tengan la posibilidad de contrastar esos proyectos alternativos y, a partir de esa reflexión, decidir su voto. Si la democracia representativa mantiene el ideal de la libre competencia de ideas es porque cree en un ciudadano interesado en los asuntos públicos, preocupado por el futuro de la nación, capaz de hacer una elección esclarecida e informada de la alternativa que más corresponde a su visión del mundo y a sus intereses. Para Fundemos y la Fundación Hanns Seidel, instituciones comprometidas con el mejoramiento de los mecanismos democráticos, la
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Sin embargo, no se trata de la repetición mecánica de un ejercicio: tanto la ciudadanía como los actores políticos juzgan que la Elección General de 2005 ocupa un lugar especial en la cadena de procesos electorales del país y que su resultado puede decidir el destino de Bolivia por un período que va más allá de una gestión de gobierno. En esas condiciones, difundir los programas de gobierno se convierte en una tarea más importante que en otras elecciones: Fundemos y la Fundación Hanns Seidel la asumen con la convicción de que ella favorecerá la calidad de la campaña electoral, generará espacios para el debate y la discusión pública, capacitará a los ciudadanos en los valores de la tolerancia, el respeto mutuo de las ideas y el interés por la vida colectiva. Fundemos cursó una invitación a los ocho partidos habilitados para terciar en la Elección General, con el objetivo de que entreguen sus programas de gobierno para su publicación en el presente volumen. La respuesta fue satisfactoria, pues siete de ellos transmitieron sus documentos en un tiempo oportuno: FREPAB, PODEMOS, MAS, MNR, MIP, NFR y UN. Sólo faltó el plan de USTB, lo que explica su ausencia en este volumen. Fundemos y la Fundación Hanns Seidel están convencidas de que este nuevo número de Opiniones y Análisis será tan útil para los electores e investigadores como lo fueron los trabajos publicados en 1997 y en 2002.
Ivonne Fernández Weisser DIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL DE FUNDEMOS
Hartwig Meyer-Norbisrath REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL PARA EL MERCOSUR
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FREPAB Programa de Gobierno 2006 – 2010
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FRENTE PATRIÓTICO AGROPECUARIO DE BOLIVIA FREPAB
y Asamblea Constituyente, frente al intento del Gobierno y Parlamento de privilegiar la propuesta de autonomías regionales impulsada por las familias de la oligarquía terrateniente de Santa Cruz, afincadas en la CAO, ANAPO y la CAINCO.
PREÁMBULO NOSOTROS, Los militantes del Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB), declaramos y reafirmamos lo siguiente: El Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) es una organización política nacida de imperativos históricos, consagrada a los principios de la democracia y comprometida con nuestro pueblo, con la continuación de la revolución política, social y económica cuyo objetivo es la Liberación Nacional, que está encabezada por los estamentos de los sectores sociales de los trabajadores más esclarecidos de la lucha sindical y política, con quienes iniciamos junto a los movimientos sociales, a partir de las luchas del campesinado del año 2000, la guerra del Agua en Cochabamba, la recusación al impuestazo de febrero y la guerra del Gas de octubre del 2003, y particularmente de mayo y junio de 2005, significaron la recuperación de la conciencia nacional y popular, amenazando con desestabilizar los fundamentos económicos y políticos del modelo neoliberal y su partidocracia corrupta que en veinte años de gobierno ha demostrado su incapacidad para desarrollar nuestro país y mejorar las condiciones de vida de los bolivianos. Estos movimientos, caracterizados por reivindicar demandas nacionales, ponen en evidencia las contradicciones de una sociedad dividida entre mayorías campesinas e indígenas, sectores de trabajadores y clase media empobrecida frente a una minoría privilegiada que se adueñó de Bolivia a partir de 1985, y que hoy está representada por las oligarquías y núcleos de poder económico regionales que buscan la profundización de un sistema colonialista y oprobioso y un Estado fragmentado en autonomías económicas y políticas, significando la máxima expresión del dominio clasista del modelo neoliberal vigente. Por su parte, las movilizaciones de mayo y junio, sin precedente histórico en nuestro país, significaron recordar al propio Estado la existencia de la Agenda de Octubre por la que luchó el pueblo: Nacionalización de los Hidrocarburos
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El vacío de poder de mayo y junio está caracterizado, fundamentalmente, por la demanda de Nacionalización de Hidrocarburos y Asamblea Constituyente, entremezclado con algunos planteamientos de reformulación de la nueva Ley de Hidrocarburos y la renuncia de los Presidentes de Senadores y Diputados que demostraron la ausencia de unidad y dirección única de la movilización social.
Estas rupturas de las estructuras de poder dominante nos demuestran, una vez más, que la ruptura de la legalidad democrática burguesa es posible cuando conviene a los intereses de la clase hegemónica, como ocurre con la posición tozuda y radical que adoptaron los Diputados de Santa Cruz, bajo el lema de: o nos dan cuatro escaños más o INDEPENDENCIA DE QUÉ, DE QUIÉN ?¡¡? Estos grupos económicos nacionales y transnacionales ligados a la Banca Comercial Cruceña, manejada por empresarios chilenos y las empresas petroleras, en el intento de preservar el sistema vigente, decide resistir al propio presidente de la República Eduardo Rodríguez Veltze, que se encuentra junto a los Presidentes del Poder Legislativo, curiosamente todos de la misma posición ideológica. En consecuencia, los compromisos y acuerdos de principio de la tregua social no se respetan, la salida pactada, en lugar de significar un avance en la recuperación de la soberanía política y económica demandada por el pueblo, no hace más que revitalizar al conjunto de partidos neoliberales responsables de la descapitalización nacional, es decir se promueve EL CAMBIO PARA QUE NADIE CAMBIE. El Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) ha tomado la responsabilidad histórica de participar militantemente por la ausencia de unidad y dirección de las movilizaciones populares, ser parte junto a las organizaciones sociales y en cuanta movilización de vecinos, obreros campesinos, indígenas y estudiantes para la formación y estructuración del proyecto político unitario alternativo del pueblo Boliviano, la creación del Instrumento de liberación nacional: El Frente Amplio Patriótico de Bolivia
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La burguesía criolla, al carecer de propuestas de contenido nacional, pretende mantener el monopolio del Gobierno, vía elecciones generales, para defender sus intereses familiares y empresariales porque sabe que su existencia como clase hegemónica está cuestionada por la emergencia de los sectores populares de nuestro pueblo que hoy rechazan e interpelan su política antinacional causante de la pobreza y la crisis estatal.
En esa perspectiva, la derecha criolla antinacional juega su última carta democrática en estas elecciones generales, eso si se realizan, dependiendo de las condiciones que les favorezca habrá elecciones de lo contrario si no tienen el control nos atrevemos afirmar que serán postergadas las elecciones generales del 4 de diciembre del año en curso, así como la Asamblea Constituyente.
El proyecto político de los candidatos de los partidos tradicionales: de Podemos - Tuto Quiroga, UN - Samuel Doria Medina, MNR - Gonista Nagatani, politiqueros con mentalidad colonialista, en la Bolivia actual carecerá de viabilidad debido al fracaso de la política neoliberal ejecutada por la partidocracria corrupta (MNR, MIR, ADN y UCS). Estas empresas políticas jamás han planteado el desarrollo integral y soberano del país y menos lo harán en la hora actual. Históricamente los sectores oligárquicos y empresariales en función de gobierno han condicionado a nuestro país a ser exportador de materias primas en lugar de haber ampliado el mercado interno vía industrialización y potenciamiento del aparato productivo nacional, determinando por el contrario la total dependencia del endeudamiento externo y la caridad internacional. Si los partidos tradicionales ganan las elecciones existe la posibilidad de sostener temporalmente el agotado modelo de libre mercado, pero sólo en base a un mayor endeudamiento externo e interno, donaciones de la cooperación internacional y particularmente a través de la monetización de las reservas de hidrocarburos bajo el compromiso de exportar el gas natural y petróleo como materia prima en lo que se denomina el anillo energético, proyecto que es impulsado por los Organismos Financieros Internacionales y los países vecinos interesados en obtener nuestro gas natural. Ello, permitirá obtener ingresos líquidos en beneficio de la elite gobernante, pero al enorme costo económico social de postergar indefinidamente la industrialización del gas natural, lo que determinará mantener un bajo crecimiento del producto en los próximos cuarenta años con el consiguiente deterioro de los niveles de vida, el incremento de la pobreza, la exclusión social y la falta de trabajo. El sector campesino e indígena continuará soportando el peso de ser proveedor de alimentos y materias primas agrícolas a costa del deterioro de sus condiciones de vida por el intercambio desigual entre campo y ciudad, agravada por la libre importación y el contrabando de productos competitivos de la economía campesina.
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Por otra parte, los sectores sociales no pueden dejar el espacio preelectoral que es de confrontación y debate sólo para los partidos tradicionales o reformistas. Si bien al pueblo las elecciones no le han significado beneficio alguno se ve obligado a participar votando generalmente por candidatos que no hacen más que profundizar el deterioro de sus condiciones de vida, en base a promesas y engañosas mentiras que con gran habilidad y demagogia formulan a través de los medios de comunicación, particularmente televisivos al servicio del neoliberalismo, donde nosotros apenas tendremos cobertura. En esa perspectiva, se hace necesaria la constitución de un Frente Amplio Patriótico para denunciar y desenmascarar el intento de la partidocracia de pretender continuar con el saqueo de nuestros recursos, el agravamiento de nuestra dependencia y el mayor empobrecimiento de nuestro pueblo. En esa dura adversidad nuestro partido con su propia estructura y fuerza sabrá enfrentar junto a nuestro pueblo la arremetida de las empresas políticas. La realidad inmediata de la actual coyuntura política, nos demuestra que sólo con el FREPAB se podrá conformar un gran Frente Patriótico Amplio Antioligárquico y Antineoliberal, conformado por los trabajadores, campesinos y todos los sectores más representativos del pueblo boliviano. Con ese instrumento de dirección y vanguardia las organizaciones podrán de manera consecuente y sostenible continuar la lucha después de las elecciones generales, que está determinada y controlada por los mecanismos de poder que de manera sistemática han postergado hasta el próximo año las demandas de Nacionalización de Hidrocarburos, Asamblea Constituyente y otras demandas de carácter nacional como Tierra y Territorio, Minería, Capitalizadas y otras medidas que recuperen el patrimonio de la Nación. Es importante recordar que en caso de continuar el excedente económico nacional en propiedad de las transnacionales se mantendrá la pobreza, el desempleo y la marginalidad, permitiendo a las multinacionales percibir grandes ganancias por los altos precios del petróleo y el gas natural vigente en los mercados
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internacionales, los que finalmente son pagados por el pueblo a través del consumo de los derivados de los hidrocarburos, no obstante de ser los bolivianos LOS VERDADEROS DUEÑOS DE LA RIQUEZA.
Santa Cruz de la Sierra y Tarija, adquiriendo un poder económico y político superior al Estado, recibiendo las regalías petroleras sin interesarles la industrialización del gas natural y menos la redistribución de ingresos a las provincias y pueblos atrasados de sus regiones.
La exportación de gas natural como energético y como materia prima a través del anillo energético, sólo beneficiará a las transnacionales al convertirse en dueñas legales de nuestros recursos, por ello debe contemplarse la migración de los contratos de riesgo compartido en la nueva Ley de Hidrocarburos, dejando para el Tesoro General de la nación miserables impuestos, si bien la Ley 3058 determina el pago del cincuenta por ciento entre impuestos y regalías, debido a los bajos precios de exportación fijados por las petroleras, sólo favorecerá a sus filiales del exterior, las que con un bajo costo de producción podrán industrializar nuestro gas para su propio beneficio revendiendo sus productos con valor agregado y altos precios a los consumidores de los países vecinos. De acuerdo a información oficial, los ingresos a obtenerse con la nueva Ley alcanzarían a seiscientos millones de dólares; sin embargo, a medida que aumentan los precios internacionales del petróleo son mayores las subvenciones que debe pagar el Estado a las petroleras por mantener precios diferenciales de los productos derivados para el mercado interno. En consecuencia, la diferencia a favor del Tesoro General de la Nación será ínfima, impidiendo incrementar los recursos para educación, salud, infraestructura vial y generación de empleos. Respecto a la distribución de los excedentes contemplados en la nueva Ley de Hidrocarburos, las Alcaldías, Universidades, Ejército y Policía, en una actitud inmoral y prevalida por su condición de agentes económicos, con fuerte capacidad de presión, han logrado del gobierno coparticipación en los impuestos y regalías sin defender ni haber luchado por la recuperación de nuestros hidrocarburos. Por ello, los ingresos por la explotación de nuestros recursos estratégicos no alcanzarán para potenciar nuestro desarrollo, sobre todo por no considerarse en la nueva Ley de Hidrocarburos la industrialización del gas natural. Al no haberse recuperado la propiedad de los hidrocarburos ni reconstituido YPFB, no existe la posibilidad de planificar la explotación y uso del petróleo y el gas tal como establece la Constitución Política del Estado, advertimos que de ser así, el atraso y la dependencia serán el pan de cada día por los próximos cuarenta años y ad eternum.
El FREPAB fija su posición frente a los peligros que asechan a la patria, advirtiendo que en caso de consolidarse el retorno de la oligarquía al gobierno se acentuará el acaparamiento de tierras fiscales y la tenencia de grandes latifundios que no cumplen ninguna Función Económica Social, como lo señala la Ley INRA 1715, que ellos mismos la crearon con Sánchez de Lozada, clase terrateniente que los últimos años ha obtenido créditos del sistema bancario cruceño manejado por chilenos, los que en última instancia son pagados con los impuestos de los trabajadores, al igual que el servicio de la deuda externa e interna contraída por la clase gobernante para su exclusivo beneficio. Advertimos que de mantenerse el modelo vigente seguirá prevaleciendo las condiciones de desigualdad, concentración de la riqueza, exclusión social, falta de trabajo, pobreza y marginalidad. Las empresas estatales continuarán beneficiando al capital extranjero impidiendo el desarrollo industrial y la constitución de unidades productivas empresariales medianas y grandes que permitan ampliar la capacidad productiva, superando las condiciones actuales de la pequeña producción de carácter artesanal, donde la gran mayoría de nuestros militantes, trabajan día a día para sobrevivir.
Sin embargo, junto a las transnacionales, los beneficiarios del saqueo de nuestros recursos indudablemente serán las oligarquías regionales de
En cuanto a las perspectivas electorales, el Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) considera que la dispersión del voto en las próximas Elecciones Generales determinará que el nuevo gobierno, en caso de ser elegido un representante neoliberal, sólo podrá profundizar la política antinacional si el principal partido de oposición mantiene su política permisiva y colaboracionista, como lo hizo durante el Gobierno de Carlos Mesa e inclusive con el actual presidente Rodríguez Veltze, los que a pesar de la transitoriedad de su mandato comprometieron nuestros hidrocarburos a la voracidad de las transnacionales, con la toma de una serie de acuerdos y compromisos de carácter económico, donde el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Armando Loayza en nombre de nuestro país suscribió, en flagrante contravención de la Carta Magna, Notas Reversales con Chile, advertimos que los funcionarios públicos que en nombre de Bolivia, comprometan los intereses de la Nación, no quedarán impunes ni serán olvidados por nuestro pueblo y partido.
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Por el contrario, si no se construye el Frente Patriótico Amplio, a tiempo, en caso de llegar a la presidencia el candidato del MAS, no podrá implementar medidas a favor de los intereses nacionales al no tener la participación del verdadero instrumento político del pueblo y al tener una fuerte oposición neoliberal en el Parlamento, pero sobre todo porque estará condicionado a cumplir con las reglas de la democracia burguesa y compromisos con la Comunidad Internacional, tal como lo pregonan en sus ofertas electorales, significando una nueva frustración para el pueblo boliviano. Por ello, en ambas circunstancias las demandas sociales no podrán ser cumplidas y el pueblo será encandilado nuevamente con la Asamblea Constituyente haciéndosele creer que en esa instancia se podrán solucionar todos los problemas nacionales, sectoriales, regionales y hasta personales.
Planteamos, luchar democráticamente por los derechos e intereses de la Nación y por una democracia social de plena participación solidaria y unitaria, en este contexto, conformamos el bloque histórico encaminado a unir a las clases y estamentos sociales bolivianos en una conciencia y estructura políticas con aptitud de destacar la contradicción entre la Nación, Obreros, Campesinos, Colonizadores, capas medias, Pequeños y Medianos Productores, Cooperativistas Agropecuarios, Hidrocarburíferos, Transportistas, Mineros, de Ahorro y Crédito, de las Telecomunicaciones y sectores progresistas de la burguesía nacional y los factores de dependencia y dominación de los núcleos de Poder Económico.
En esa circunstancia, se torna de vital importancia para los intereses nacionales establecer con toda claridad la estrategia y tácticas que deberán desplegar desde ahora y después de las elecciones generales, el conjunto de las organizaciones, sectores sociales y el pueblo Alteño comprometidos con la recuperación de la Patria. LA LUCHA POR EL PODER POLÍTICO TRASCIENDE LAS ELECCIONES GENERALES DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS CANDIDATOS REFLEJA LA LUCHA DEL PUEBLO Y MENOS REIVINDICAN LAS DEMANDAS SOCIALES El Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB), en consecuencia, propone la siguiente Plataforma y Acción Programática con el objetivo de plantear medidas concretas al FRENTE PATRIÓTICO AMPLIO a constituirse, junto a nuestro Partido y los sectores sociales, con el objetivo de presionar al nuevo Parlamento y Ejecutivo en la adopción de medidas que signifiquen la recuperación de la potestad soberana del Estado para conducir la política y la economía y sobre todo para el control de sus recursos naturales en la perspectiva de la industrialización nacional. Las medidas que se proponen adquieren las características de un programa de liberación nacional que deberá ser encarado por el próximo gobierno o en sus caso por el Frente Patriótico Amplio en función de gobierno debido a que es el único camino posible para permitir la viabilidad de la nación boliviana. El FREPAB es un instrumento político de nuevo tipo, con una estructura social enraizada en las organizaciones sociales más representativas de la sociedad civil, organizado en cada Departamento, Ciudad, Provincia y Municipio, en cada área rural y urbana. 17
El Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia propone la siguiente plataforma y acción programática de gobierno al pueblo de Bolivia; las medidas que se proponen adquieren las características de un Programa de Liberación Nacional que deberá ser encarado en el próximo Gobierno, o en su caso por el nuevo Frente Patriótico Amplio en función de gobierno debido a que es el único camino posible para permitir la viabilidad de la nación boliviana:
JUSTICIA Bajo la apariencia inofensiva y rutinaria preguntar por la forma en la que se realizarían las designaciones de los altos funcionario del poder judicial se encuentran las claves, no solamente para abrir la posibilidad de la construcción de una sociedad más justa sino de la posibilidad de crear un marco jurídico, sin el cual no se podrá dar ningún desarrollo económico ni social al que aspiramos todos los bolivianos, porque de la forma cómo realicemos estos nombramientos, dependerá el normal o anormal funcionamiento de todo el poder judicial. Antes de ingresar a la fase jurídica argumental, para responder a esta pregunta, tenemos que analizar de manera clara las repercusiones que tiene para el desarrollo de la vida jurídica nacional, el sistema de designaciones que se vienen practicando actualmente. El hecho de que los altos funcionarios del poder judicial sean en la realidad nombrados por los partidos políticos que votan en el congreso, da lugar a negociaciones para acomodar una determinada cuota de sus partidarios, desvirtuando de ese modo toda posibilidad de independencia judicial en el ejercicio de las magistraturas. El hecho de que muchos de estos altos funcionarios sean hombres de confianza del propio Presidente de la Republica, que propicia 18
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su funcionamiento, es una clara señal de que el verdadero propósito de esos nombramientos, no es el de llenar esos cargos con personas cuya ecuanimidad sea prenda de garantía de su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, sino por el contrario, se convierten en redes de protección para otorgar impunidad a sus mandantes, que en este caso resultan ser los gestores de esos nombramientos.
El riesgo generaría consecuencias muy serias para la independencia judicial que es la que permite en buena parte una mayor y mejor protección de los derechos humanos. En la medida en que los jueces tengan algún tipo de subordinación al poder ejecutivo o sus facultades sean limitadas, lo que se pone en juego es la posibilidad misma de aplicar la ley al margen de los intereses o presiones del gobierno de turno. De esta forma, la independencia judicial forma parte de las condiciones centrales para el funcionamiento verdadero de un Estado de Derecho.
Esos son los funcionarios que en su caso, tendrían que ser los encargados de juzgar y aplicar sanciones a delitos cometidos por los gobernantes que los elevaron a esas funciones; los que tienen la capacidad de demorar indefinidamente los procesos, cuando no perjudicarlos definitivamente, lo que desvirtúa no solamente la posibilidad de administrar una verdadera justicia que garantice el normal funcionamiento de la república, sino que refleja a la comunidad internacional, la impresión de la falta de seguridad jurídica, sin la cual no es posible ningún desarrollo económico ni social. El que las autoridades judiciales sean nombradas en función de los partidos a los que pertenecen es una aberración que debe ser eliminada de todas nuestras prácticas. Las designaciones de los altos funcionarios del poder judicial, de los que depende el funcionamiento de todas sus reparticiones, deben pasar por una serie de filtros que garanticen su imparcialidad, y que busquen colocar en cada función al profesional idóneo, para lo cual, si es necesario acudir a organizaciones representativas de la sociedad civil, como la propia iglesia combinada con algunas otras instituciones de la sociedad civil, a condición de que los aspirantes a esos cargos no tengan relación con ellas, tenemos que acudir a esos expedientes que son el único modo de garantizar un sistema judicial verdaderamente independiente, que nos permita retornar al reconocimiento de la comunidad internacional. Los riesgos para la independencia judicial significan los proyectos de reforma que se vienen proponiendo desde el gobierno nacional, sin un conocimiento claro del problema. La justicia está en serio peligro ante lo que se considera son claras tendencias autoritarias que buscan limitar sus poderes e instrumentalizarla, en función de los proyectos de seguridad que forman la columna vertebral de las políticas de gobierno; en la actualidad, estamos en presencia de un proyecto de reconfiguración de poderes y de contrapesos que viene desde la Constitución.
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En términos cuantitativos, la tutela no ha tenido un comportamiento que permita afirmar que ha inundado las dependencias judiciales y por tanto no puede considerarse un factor de congestión y atraso judicial. En realidad, lo que existiría es un interés por limitar los efectos garantistas de la tutela especialmente en materia de derechos económicos y sociales. Al limitar las facultades judiciales en materia de estos derechos, lo que en la práctica estaría ocurriendo es una subordinación de los derechos a las políticas económicas de turno. Situación en la que chocaría abiertamente contra el actual marco constitucional. Por otra parte, las amenazas en contra de la independencia judicial no sólo provienen del poder político sino también son agenciadas por los poderes económicos, mediáticos y otros. De igual manera, la independencia judicial es el resultado de un proceso complejo donde intervienen la voluntad política del legislativo y el ejecutivo de respetar la independencia judicial, así como el autoconvencimiento de la judicatura de defender y usar esa independencia. Para entender los riesgos de la independencia judicial podemos identificar algunas líneas de acción, para afrontar tales riesgos es necesario profundizar en el conocimiento de diversas maneras como a nivel nacional se afecta la independencia. Para ello es necesario elaborar un informe nacional sobre independencia judicial. Sin embargo, todos los esfuerzos en la materia no tendrían sentido si los problemas de la judicatura, incluido el de su independencia, no se asumen como temas públicos que atañen no sólo a los jueces sino a la sociedad que se beneficia o no de las garantías previstas para una aplicación imparcial e independiente de la Constitución Política y la ley. La justicia, al igual que la educación, la defensa o la salud, es una función primordial del Estado; es un bien público que debe ser garantizado y al que todos
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los ciudadanos deben tener un acceso equitativo. Sin embargo, por distintos motivos, amplios sectores de la población se encuentran imposibilitados de acceder a la justicia.
Por ello, en el área de Justicia, a través del financiamiento de USAID en sus distintos programas para Bolivia, como el caso del Programa MSD, Compañeros de las Américas, éste último encargado de conformar la denominada Red de Justicia conformada por distintas ONGs y otras a nivel nacional ha intentado buscar mejorar las condiciones de vida de los grupos más pobres y tradicionalmente más desfavorecidos a través de un mayor y mejor acceso al sistema legal boliviano. Así también, el Programa MSD con sus proyectos de Reforma al Nuevo Código de Procedimiento Penal o los Centros Integrados de Justicia con el slogan Justicia para todos, Centros Pilotos de la Ciudad de El Alto que fueron inaugurados con gran despliegue de autoridades y serias deficiencias en su funcionamiento, donde han pretendido que sean los vecinos, previa capacitación, los encargados de administrar estos Centros, sin presupuestar un mínimo refrigerio o viático. Por lo que nos preguntamos: proyectos como estos que son financiados por USAID, no consideran la extrema pobreza de los habitantes de esta ciudad que tienen que participar como administradores de justicia, sin recibir la mínima ayuda para hacerlo. No puede significar otra cosa que quienes han diseñado este proyecto, desconocen la realidad boliviana?
Por ello, en el área de justicia buscamos mejorar las condiciones de vida de los grupos más pobres y tradicionalmente más desfavorecidos, a través de un mayor y mejor acceso al sistema legal. La Iniciativa para el Acceso a la Justicia se sustenta sobre el convencimiento de que una reforma eficaz y duradera de la justicia en Bolivia requiere de una estrategia de reforma que incluya tanto un esfuerzo desde adentro del sistema -de arriba hacia abajo- como desde afuera -de abajo hacia arriba. Tradicionalmente en Bolivia, en las reformas de la justicia, se han adoptado perspectivas internas (de arriba hacia abajo), enfatizándose en una mayor seguridad jurídica, eficiencia y transparencia del sistema judicial. Estos intentos de reforma han ignorado en gran medida la cultura jurídica boliviana, basándose en cambio, en perspectivas que se centran enteramente en las instituciones del Estado responsables de la administración de la justicia. Como producto de estas concepciones, se han creado nuevas instituciones, tales como el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, aumentándose el personal del sistema judicial, se ha incrementado el acceso a nuevas tecnologías y se ha trabajado sobre la sanción de nuevas leyes y reglamentaciones. Mientras que estos esfuerzos, de arriba hacia abajo, son un componente necesario en Bolivia para llevar adelante reformas sustentables de la justicia, ellos presentan dificultades intrínsecas que no encuentran solución en la actual cultura jurídica boliviana. Al centrarse únicamente en estrategias, de arriba hacia abajo, los distintos intentos de reforma de la justicia han dejando de lado un elemento esencial para cambiar la cultura jurídica: una estrategia “de abajo hacia arriba”, de bajo costo, incluyendo a abogados, profesores de derecho, estudiantes de derecho, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y a los sectores más desfavorecidos. Sobre esta base de mejorar el acceso a la justicia, la Iniciativa para el Acceso a la Justicia se encuentra en condiciones únicas para desarrollar e implementar en Bolivia una estrategia de reforma de la justicia -de abajo hacia arriba-, a partir de una consolidada red de personas y organizaciones consagradas a este trabajo y con la capacidad y experiencia necesarias para llevar adelante este valioso emprendimiento.
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Por otra parte, los procesos, planes y propuestas se corresponden con las áreas conexas a los derechos vinculados al mandato de la organización: prevención y sanción de los abusos; seguridad ciudadana; formación de funcionarios y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; objeción de conciencia; educación en derechos humanos; lucha contra la impunidad y acceso a la justicia. Asimismo, incluye el necesario respeto e implementación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el fortalecimiento del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, instituciones fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos. En algunos casos, como el relativo a la seguridad ciudadana, se trata de competencias concurrentes de defensa y promoción de derechos humanos que ha acompañado desde su fundación, en interacción con diversos actores sociales, así como con las funcionarias y funcionarios del Estado. En este sentido, pretende ser una propuesta para retomar el diálogo entre el Estado y la sociedad a los fines de buscar soluciones conjuntas a la problemática de los Derechos Humanos. Estos aportes se distribuyen en áreas temáticas donde se muestran, de manera diferenciada, los plazos probables para su ejecución y el Poder Público al cual va dirigido. Asumiendo en este documento, que en el corto plazo son
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acciones y políticas que se pueden llevar a cabo; en un mediano plazo son acciones, planes y políticas que pueden implementarse. Las propuestas presentadas se fundamentan en los marcos normativos nacionales e internacionales y se orientan en los principios de integralidad y progresividad de los derechos humanos, así como en el enfoque de género y constituyen un papel de trabajo para iniciar el diálogo con autoridades y otras organizaciones en aras de construir caminos viables para el respeto y la garantía a los derechos humanos en Bolivia.
especial consideración a las poblaciones indígenas, pues ello refrenda la legitimidad de la democracia política.
Así también, fiscalizar las políticas públicas referidas a la reforma judicial y al acceso a la justicia, reforma policial y seguridad ciudadana, relaciones civiles y militares y reforma de la justicia militar, libertad de prensa y acceso a la información, proceso de descentralización. Estas Políticas Públicas deben estar orientadas a los siguientes temas: 1) 2) 3) 4) 5)
Humanización social Equidad Familia Educación Medio Ambiente – Preservación y conservación de la biodiversidad
El hecho de que la estabilidad democrática y el desarrollo económico y social son conceptos que tienden a reforzarse mutuamente, ya que las democracias requieren de políticas sólidas que aseguren un desarrollo económico integral de la sociedad; en este contexto, el tema de la igualdad de oportunidades se plantea con fuerza en la agenda pública, más aún cuando la aplicación de políticas y de prácticas inadecuadas agravaron los problemas sociales existentes. La democracia requiere de un Estado que, promoviendo la equidad, concilie los imperativos de crecimiento económico y desarrollo social, privilegie la inversión en el campo social, promueva la igualdad de oportunidades y responda eficazmente a las aspiraciones legítimas de los hombres y mujeres de nuestra región. Ello significa un vasto intercambio de ideas y experiencias, en torno a temas tales como: adecuados sistemas tributarios; formas efectivas de gasto social; focalización sectorial y territorial de políticas sociales; educación; salud; lucha contra la pobreza y formas de contribución solidaria de la sociedad civil.
Uno de los mayores logros históricos ha sido el paso de una política basada en la cooperación, que busca poner en común las ideas y los esfuerzos y resolver los conflictos dentro de cauces institucionales, respetando los derechos al debate público. Valoramos, asimismo, que la búsqueda de acuerdos se haya convertido en una práctica en otros ámbitos de la sociedad, como por ejemplo en el área sindical y empresarial. Es importante que las instituciones faciliten una defensa más eficaz de los derechos humanos y de las garantías fundamentales, como el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos. Al mismo tiempo, consideramos imprescindible, para el desarrollo de la gobernabilidad de la región, garantizar también los derechos sociales, económicos y el respeto a la diversidad cultural. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, tienen un papel esencial en el desarrollo democrático. Por ello, es necesario reforzar sustantivamente la responsabilidad de estas instituciones, así como de las agrupaciones y partidos en la mediación, en la representatividad nacional y en la selección de los liderazgos, de conformidad con la legislación y las tradiciones políticas para fortalecer su prestigio y legitimidad entre la población, siendo indispensables programas que desarrollen el carácter de derecho público de los partidos. La consolidación de la democracia implica el desarrollo de una cultura de la responsabilidad mutua entre los ciudadanos y las autoridades. Esta es una de las áreas más inexploradas de nuestros esfuerzos políticos. En el caso de los cargos elegidos, debe asumirse plenamente la esencia del mandato, con las correspondientes obligaciones de las partes. Los representantes del pueblo, junto con cumplir su cometido, deben dar cuenta pública y periódica de su gestión. A su vez, los ciudadanos deben conocer sus derechos y ejercerlos, así como respetar las facultades de las cuales están investidos los órganos públicos y sus titulares. En esta mutua responsabilidad reside en gran parte la transparencia que se hace exigible actualmente como una de las principales bases de la democracia.
La gobernabilidad en democracia supone la representación y participación de todos los bolivianos, sin consideración de origen, raza, religión o sexo, con
La democracia se fortalece en nuestras sociedades cuando la probidad, la responsabilidad y la transparencia se afirman y se consolidan como rasgos
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esenciales del servicio público y de las prácticas de la sociedad civil y de nuestra cultura política. Reafirmamos especialmente las medidas que toman los Estados para estimular estos comportamientos y prevenir la corrupción.
La administración pública, en las tareas del Estado, está igualmente sujeta a transformaciones para actualizar antiguas funciones y enfrentar otras nuevas. Obligaciones que el Estado realizaba en forma directa, hoy pueden necesitar solamente una supervisión y un marco regulatorio claro, menos burocrático y más indirecto; en otras, como en las referidas a las políticas sociales, el fomento del progreso técnico y el apoyo a la inserción económica internacional se desarrollan nuevas modalidades más eficientes. En este marco de transformaciones, resulta necesario redefinir las fronteras entre lo público y lo privado; las experiencias intentadas, establecimiento de marcos regulatorios transparentes, incorporación de recursos privados a la inversión pública, focalización de subsidios, deben ser incentivadas, teniendo en cuenta las tradiciones nacionales de los Estados.
Estas argumentaciones nos conducen finalmente a la necesidad de comenzar a fomentar la existencia, porque no decirlo, de un poder social capaz no solamente de coordinar la acción de estos actores, sino de ejercer funciones fiscalizadoras del cumplimiento de las metas; cosa que tenemos que hacer, porque se trata de lo que es más importante a la dignidad humana, sin la cual los otros valores sociales pasan a ser simples enunciados; el derecho a la Justicia. La reforma del Estado abarca a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se tiene que fortalecer las estructuras de apoyo al titular del Poder Ejecutivo en la coordinación interministerial, en la formulación de las políticas públicas, en el procesamiento de información y en sus tareas de comunicación con los ciudadanos. El parlamento seguirá experimentando, con gran fuerza, las transformaciones de nuestras sociedades. Su función representativa es hoy más complicada de lo que fue en el pasado puesto que debe articular una mayor multiplicidad de intereses y de grupos. Sus labores, entre las que sobresale la función legislativa, son cada vez más complejas debido al incremento de los aspectos técnicos y especializados de estos procesos. Ello hace imperativo ampliar las iniciativas tendientes a apoyar mejores niveles de información y conocimiento para el proceso legislativo, para la correcta fiscalización y para una apropiada comunicación con la opinión pública.
El cambio en la administración apunta a mejorar la calidad y eficiencia de su capacidad de gestión, especialmente en lo que hace al digno trato de los usuarios de los servicios públicos. Ello es especialmente relevante para la calidad de vida de los sectores menos favorecidos, quienes recurren masivamente a estos servicios. A la fecha, nos encontramos en pleno desarrollo del proceso de descentralización del Estado, que camina a la par con la consolidación democrática y las reformas económicas que tienen lugar en la región y que buscan superar una tendencia centralista. La descentralización avanza desarrollando espacios políticos, económicos, administrativos y territoriales viables para hacer al Estado más eficiente, para promover la igualdad de oportunidades, para el pleno ejercicio de la ciudadanía y para consolidar una democracia participativa con bases locales y comunitarias.
Una de las más notables reformas es la de la administración de justicia, inspirada en una nueva valoración de su papel en la sociedad, particularmente de su función social. Los cambios en esta área se refieren, por una parte, a la estructura de los tribunales, ampliando su cobertura y facilidad de acceso y por otra, a los procedimientos, atendiendo a su agilización y actualización. También se tienen que dar importantes reformas tanto en lo que atañe a las normas procesales como a las de índole sustancial. Asimismo, merecen destacarse las reformas orientadas a la protección de sectores específicos de la población menores, familia- así como a modificaciones tendientes a asegurar la protección de los legítimos derechos de las víctimas y a dar fiel cumplimiento al principio del debido proceso de las personas privadas de la libertad.
Una característica común en nuestro país es la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia. Factores como la corrupción, la ineficacia, la discriminación hacia la población de escasos recursos de origen indígena, los elevados costos y las distancias geográficas han generado una fuerte distancia entre la mayor parte de la población y el aparato judicial. Para muchos habitantes de las zonas rurales y urbanomarginales, cuyas demandas de justicia no son satisfechas mediante las instancias estatales, existen sin embargo otros mecanismos de resolución de conflictos, basados muchas veces en la cultura y valores de la población. Algunos de estos mecanismos son propios de los sectores indígenas y se basan en principios de
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carácter comunitario. Los problemas se resuelven en el idioma de la población y según criterios a veces no comprensibles para una perspectiva occidental.
En algunos casos, el propio Estado promueve estos mecanismos, dándoles valor legal a las decisiones que se toman.
Por ejemplo, pasaron de ver casos de seguridad a la resolución de todo tipo de conflictos y problemas, teniendo como trasfondo la lógica de la reciprocidad andina y la búsqueda de la armonía comunal. Casos que eran ventilados durante años y con mucho gasto de dinero y tiempo por parte los campesinos en las instancias judiciales, con la justicia comunitaria los resolvían en horas, en el lugar de los hechos (especialmente si se trata de problemas de tierras), con todas las partes involucradas y con presencia de la comunidad, garante del cumplimiento de los acuerdos. Igualmente, la justicia comunitaria ha visto problemas y conflictos nunca atendidos por el Estado, como robos menores, demandas por alimentos cuando no hay pruebas formales de filiación, conflicto de familias, maltrato de mujeres, denuncias por amenazas o daños de brujerías, entre otros.
Sin embargo, la justicia comunitaria resuelve básicamente según el propio criterio de justicia. No se trata de una decisión que se tome de manera apresurada o arbitraria, sino más bien se busca un consenso. Las personas que acuden a estos mecanismos saben que van a seguir viviendo juntas, en la misma comunidad y, por lo tanto, deben mantener una relación armoniosa.
En los problemas de familia, tierras y otros conflictos tratan de atender los intereses de ambas partes con el objetivo de que las víctimas reciban alguna forma de reparación o compensación y que los infractores “se reintegren a la comunidad”. Siempre cierran los arreglos con un “acta de arreglo” o “acta de esclarecimiento del problema” o acuerdo de algún tipo, en el que estampan su firma o huella digital, tanto las personas directamente implicadas como sus familiares cercanos (como un mecanismo de prevención de conflictos) y las autoridades presentes. Cuando el problema es grave e involucra varias estancias también están presentes autoridades de las mismas que igualmente ponen su firma y sello. La Justicia Comunitaria aplica una lógica restitutiva en los casos de robo, abigeato o daños obligando a los abigeos o agentes dañinos a devolver lo robado y reparar el daño. A los infractores, tanto de hechos dañinos como a los que incumplen acuerdos, aplican como sanciones trabajar durante el día en alguna obra. Entre las penas que aplican también hay algunas formas de castigo físico aprobadas en asambleas, que los comunarios llaman “hacer física” (ejercicios como “hacer ranas” y otros) y “castigo de masas” (alguna forma de castigo físico aplicado por los familiares o las mujeres), que ha sido reemplazado cada vez más por trabajo comunal. Expresamente rechazan en sus reglamentos “la tortura”, la desaparición y pena de muerte. El objetivo central de la justicia comunitaria sigue siendo la reparación de las víctimas y la reintegración del ofensor, su “arrepentimiento” por los daños causados, que “comprenda su error” y no continúe realizando daños. 27
No pretende afirmarse que estos mecanismos sean perfectos o que puedan reemplazar al Estado. Es frecuente que la justicia se administre con criterios autoritarios o machistas. Por ello, es importante trabajar con estos mecanismos, para lograr una mayor calidad en las resoluciones y sentencias. Sin embargo, estos mecanismos pueden complementarse exitosamente con la administración de justicia formal. Corresponde al Estado y la sociedad ser conscientes de sus posibilidades y también de sus diversas necesidades. Por lo que, el FREPAB plantea la necesidad de potenciar una estrategia integral y multimedia de comunicaciones promoviendo una cultura ciudadana respetuosa de los derechos humanos y los valores democráticos y corrientes de opinión pública favorables a estos temas. El territorio es nuestra casa grande, el lugar donde vivieron y sufrieron los abuelos de nuestros abuelos, donde lograron hacer sus propias leyes, desarrollar su cultura y su organización, tener sus propias autoridades, relacionarse de una forma armoniosa y respetuosa con la naturaleza, tener sus propias creencias religiosas. Teniendo nuestros territorios legalmente asegurados, podremos volver a ser pueblos de verdad. Tendremos un lugar donde volvernos a encontrar, para construir una nueva historia. El siguiente paso es recuperar y desarrollar nuestra capacidad de administración integral y cuando hablamos de esto somos concientes que nos referimos a formas de desarrollo, que implican la importancia del derecho y de las autoridades que lo administran. Pero no hablamos de cualquier derecho, sino de nuestro derecho, propio o consuetudinario, como llaman los expertos, y las autoridades propias o tradicionales.
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La Constitución reconoce el derecho indígena/comunal también incorpora fórmulas semejantes. En primer lugar, se trata de una ley de “coordinación” y no de “reglamentación” como algunos han entendido erróneamente. Y la vigencia de la jurisdicción especial no está supeditada a esta ley, como sostienen varios juristas En segundo lugar, cabe subrayar que la palabra que usa la Constitución es coordinar, lo cual establece una relación horizontal y no de control, revisión o alguna forma de subordinación. Actualmente, hay un modus operandi que pasa en algunos casos por la subordinación, la confrontación y la violencia; y en otros, por una suerte de “convivencia pactada” de dejar hacer y pasar. Lo que se busca es establecer un sistema de coordinación para la relación armónica y pacífica entre la Justicia Comunitaria y la jurisdicción ordinaria en condiciones democráticas y no de subordinación. Entre las necesidades de coordinación se encuentra el establecimiento de reglas que permitan resolver conflictos de competencia, mecanismos de cooperación y auxilio mutuo, entre otras. En tercer lugar, y dentro de una lógica democrática de diálogo intercultural, la ley también debería establecer los procedimientos para resolver presuntos conflictos entre derechos humanos y Justicia Comunitaria.
Aún sin las normas de desarrollo constitucional, hay muchos derechos consagrados en la Constitución y el Convenio 169 que son de aplicación inmediata y requieren de implementación institucional. Los funcionarios, por su parte, deben aplicar el Convenio 169 y la Constitución por encima de sus reglamentos o las normas de menor rango que regulan sus funciones.
Pero esta función de coordinación no otorga por anticipado una potestad a las autoridades de la jurisdicción ordinaria de controlar o vigilar a las autoridades de la jurisdicción especial, ni aún bajo el argumento de vigilar que la Justicia Comunitaria respete los derechos humanos, pues constituiría una interferencia ilegal y una presunción de culpabilidad. En cuarto lugar, si bien la Constitución señala que la ley de coordinación es entre la jurisdicción especial y la ordinaria y las demás instancias del sistema nacional de justicia, ello no necesariamente agota las relaciones de la Justicia Comunitaria. En este sentido, la ley también tendría que regular mecanismos adecuados de coordinación directa con otros entes públicos como la Policía, el Ministerio Público, los gobiernos locales, los Registros Públicos (por ejemplo para registrar decisiones de la jurisdicción especial que modifican registros de la propiedad o el estado civil). En quinto lugar, la ley debe hacer una adecuación normativa entre la Constitución, el Convenio 169 de la OIT (suscrito con posterioridad) y el resto de la normativa nacional, así como desarrollar aspectos que son deficientes o no claros en la Constitución. Lo que de ninguna manera puede hacer la ley es recortar o restringir derechos, sí puede ampliarlos o desarrollarlos. Por ejemplo, en la ley deberían ampliarse los sujetos titulares para ejercer la JE teniendo en Cuenta el Convenio 169, que en este caso es más amplio que la Constitución.
La Defensoría del Pueblo podría interponer acciones de garantía para proteger la libertad de autoridades comunales detenidas o procesadas por el mero hecho de administrar justicia. Igualmente podría interponer acciones de cumplimiento para que se efectivicen los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT y en la propia Constitución referidos al respeto del derecho indígena.
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Asimismo, los Artículos 12 y 28 del Convenio 169, deberían preguntar por el idioma materno de los procesados y garantizar la presencia de un intérprete y defensa profesional idónea. Para garantizar una comprensión adecuada de la cultura, jueces y fiscales deberían convocar de oficio a peritos antropológicos y/o miembros de las comunidades para que les expliquen sus costumbres y no esperar que lo haga la defensa. Finalmente, en el caso de condenar, los jueces deberían aplicar preferentemente penas alternativas a la prisión como lo establece el Art. 10 del Convenio 169. Todos estos derechos son de aplicación inmediata. Los abogados defensores deberían tener formación respecto de la realidad y derechos de los indígenas y ejercer esta defensa eficientemente.
La administración pública en general y todas instancias vinculadas a la justicia en particular (policía, cárceles, registros públicos) deberían procurar la implementación institucional del derecho de hablar en el propio idioma, ya sea mediante la presencia de intérpretes o personal bilingüe. Igualmente se debería garantizar el derecho de los pueblos/comunidades indígenas/campesinas y sus miembros de contar con asesoría legal eficiente y por profesionales que conozcan los derechos indígenas, su cultura, y preferentemente, hablen sus idiomas (Art. 12 del Convenio 169 de la OIT). Por la ratificación del Convenio 169, el gobierno está obligado a desarrollar una acción coordinada y sistemática para la protección de los derechos indígenas, con la participación de los pueblos indígenas (Art. 2,1). El Ejecutivo podría implementar este derecho mediante la creación de una instancia en la que participen representantes de dichos pueblos, en primer lugar, para diseñar un
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modelo de consulta y someter el diseño mismo a una consulta amplia, que pueda llegar no sólo a los niveles de representación de segundo nivel sino de base. Junto al proceso de democratización que vive el país sería importante desatar un proceso de Consulta Nacional sobre los derechos de consulta y participación, a fin de institucionalizar canales de participación efectiva de la población indígena/ campesina en todos los temas que les afecte. Entre éstos, la ley de coordinación entre la jurisdicción especial y la ordinaria.
Del mismo modo, en la perspectiva de complementar los avances en la reforma procesal penal fue aprobada la Ley Orgánica del Ministerio Público, superándose con ello la aparente resistencia del Legislativo a conferir al Ministerio Público el carácter de órgano autónomo, ajeno a los tres clásicos poderes. El Ministerio Público está llamado a cumplir un papel fundamental en el desarrollo del nuevo proceso penal basado en un sistema acusatorio
Para la implementación institucional de los derechos ya reconocidos o para la proposición de reformas normativas que signifiquen un verdadero desarrollo de dichos derechos, y no una limitación, es necesario un profundo cambio en la cultura legal y política. En primer lugar, debe superarse el modelo político autoritario de tratar a los pueblos y comunidades indígenas/campesinas como objetos de políticas antes que como sujetos autónomos y a su vez partícipes en la vida nacional. Esta es la cara paternalista o tutelar de una ideología de la inferioridad indígena que los presenta como incapaces de saber lo que ellos mismos quieren o de poder determinar y resolver los problemas y conflictos que se presenten dentro de su territorio. Esta ideología debe desaparecer. Un mecanismo efectivo para ello sería la implementación del derecho de consulta y participación. Los mecanismos para implementar este derecho, a su vez, deben ser consultados. En Bolivia, la reforma judicial, no sólo ha conseguido algunos niveles de consenso y prioridad dentro de la agenda política, sino que también parece haberse arraigado en el discurso y actuación de los integrantes del sistema judicial. Esto ha favorecido la continuidad del proceso a pesar del cambio de gobiernos y de alianzas partidarias en cada régimen. La falta de independencia política del sistema judicial, la politización del nombramiento de los jueces y fiscales, el retardo en la tramitación de los procesos, la corrupción y la pugna interinstitucional, aparecen como los problemas más cuestionados, a pesar de los avances producidos, dichos problemas continúan.
La situación en la que se debate la Defensa Pública, institución que a pesar de ser considerada como uno de los puntales de la reforma procesal penal en el país, se encuentra en riesgo de cerrarse, este tema junto con la difícil realidad del Ministerio Público, se constituyen en las dos principales preocupaciones. La situación desesperante de la Defensa Pública, dependiente del ViceMinisterio de Justicia mejor equipada en la época del ex ministro René Blattman, con buenos sueldos, aunque probablemente la calidad de los funcionarios no haya variado. Los empleados de esa entidad, de ganar 700 dólares en aquella época, hoy perciben sólo 200. Sumándose a esto, por resolución emitida por el Tribunal Constitucional se autoriza al Poder Judicial a dejar de aportar el 5 por ciento de sus ingresos propios para el funcionamiento de la Defensa Pública, esta entidad ha quedado aún más desamparada que antes, situación que obligó al Vice-Ministerio de Justicia a plantear incluso su cierre. Cuando se empezó a trabajar, el Código de Procedimiento Penal (CPP) tenía dos instituciones pilares que eran: Defensa Pública, por el derecho a la defensa del imputado, y la Fiscalía, por la imputación penal, que también tiene una grave crisis presupuestaria. En este entendido, y ante la aguda crisis en la que se debate pese a estar subvencionada por un organismo internacional como es la GTZ, es necesario que el Estado brinde señales de afianzamiento de estas dos instituciones porque, sin la formación de los fiscales y sin la Defensa Pública, el sistema procesal penal se puede venir abajo.
Con respecto al Código Procesal Penal, aprobado en marzo de 1999, a partir del 31 de mayo de 2000 entró en vigencia el nuevo régimen de medidas cautelares, así como algunas salidas alternativas al juicio y el nuevo régimen de prescripción de la acción que a la fecha trae serios problemas.
Por consiguiente, se hace necesario fortalecer esta instancia de la defensa pública, y a través de la subvención sostenida en una primera instancia de los organismos financiadores, a objeto de ampliar y mejorar su cobertura.
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Es necesario constituir redes reconocidas y efectivas como mecanismos de prevención, defensa y lucha contra la impunidad a las violaciones de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Para esto tenemos que realizar las siguientes acciones:
soslayado su cumplimiento, pese a que en la mayor parte de los casos, los contratos que hemos suscrito con empresas extranjeras y que hemos tenido que respetar, eran contratos nacidos con vicios iniciales productos de negociaciones adversas realizadas por nuestros gobernantes con los inversionistas extranjeros, a los que finalmente hemos terminado compensando largamente.
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Cabildeo de compromiso y respaldo a las redes de protección y defensa de mujeres.
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Cabildeo de compromiso y respaldo a las redes de protección y defensa a la integridad física y emocional de los niños y niñas.
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Elaboración de cartillas de prevención contra el maltrato físico y emocional a mujeres niños y niñas.
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Campaña de difusión preventiva contra el maltrato físico y emocional a mujeres niños y niñas.
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Tener una red de organizaciones y víctimas para luchar contra la impunidad de hechos de violación física y emocional a niños y niñas.
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Crear una red de lucha contra la impunidad al maltrato, físico, emocional o asesinato contra las mujeres.
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Realización de un Foro Nacional con ciudadanos y ciudadanas, líderes intermedios sobre el maltrato físico y emocional a mujeres niños y niñas.
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Presentación pública sobre los resultados del foro a entidades públicas, para el impulso de políticas de Estado que favorezcan en forma efectiva a mujeres niños y niñas.
No cabe duda de que esta es una de las preguntas importantes para resolver la marcha de los procesos que se están gestando y desarrollando en el país, que adquiere gran sensibilidad con la obligatoriedad de la migración de contratos de las empresas petroleras. Pese a la dudosa reputación del accionar de la justicia boliviana entre nosotros, la historia jurídica de los contratos internacionales en Bolivia refleja fielmente que en ningún caso hemos sido nosotros, los bolivianos, los que hemos
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El inversionista de buena fé no tiene en la realidad reparos en contra del sistema judicial boliviano, puesto que generalmente su poder de presión externa es mayor que el del país; en tanto que, precisamente en los casos que son los que dan lugar a este tipo de preguntas, los damnificados hemos sido nosotros, los bolivianos, que es la razón por la que deberíamos enfáticamente hacer conocer los pormenores de estos casos particulares a la comunidad internacional. Nuestro planteamiento es seguridad jurídica para todos, nacionales, extranjeros y Estado boliviano, lo contrario es ir en contra de la norma jurídica que estipula igualdad ante la ley, igualdad que debe funcionar para todos y sin ninguna excepción. Lo que se busca es que haya una repartición igualitaria, que el Estado esté en una posición de igualdad para percibir y beneficiarse de ingresos de empresas o negocios que inviertan en el país. Nosotros perfectamente nos damos cuenta que las inversiones que se han hecho son inversiones significativas y las empresas deben tener una retribución por esas inversiones, pero también el Estado debe tener su participación. Nos damos cuenta que Bolivia necesita inversiones, necesita tecnología, necesita cantidades importantes de capital para desarrollar el sector en beneficio del país y del Estado boliviano, pero obviamente también las empresas que pertenecen a los países inversores también reciban un trato justo. Pero es cierto, que con esta nueva ley petrolera y el compromiso de que las reglas de juego no van a ser cambiadas y dadas las necesidades de carburantes y energéticos que tiene la región -en el caso del gas natural tenemos países que están demandando gas natural de forma urgente: Argentina, Chile, Brasil- creemos que las inversiones volverán a llegar al país. Pero a pesar de los conflictos la economía ha mostrado buen comportamiento en los últimos años.
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Bolivia es un país con mucho potencial. Es un país que tiene reservas de gas, que ha hecho reformas estructurales donde se ha mantenido la estabilidad.
Por lo menos Bs.160’000,000.- (Ciento sesenta millones de Bolivianos) son captados en la actualidad por Recaudaciones de la Policía Nacional, de los cuales un importante monto se destina al Ministerio de Gobierno; otros montos no ingresan en las arcas de la institución del orden por causa de la corrupción.
Hay un problema de inestabilidad política, pero Bolivia, resolviendo ese tema, es un país absolutamente viable, con buenas perspectivas de crecimiento, para mejorar la independencia judicial particularmente en relación con las designaciones de altos funcionarios del Poder Judicial. Izo del Poder Judicial.
I.
GESTIÓN PÚBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, LIDERAZGO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO •
Proteger la existencia y seguridad del Estado, en su condición de ente cohesionador de los intereses de todos los bolivianos.
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Proteger la calidad de vida de los ciudadanos, por tratarse del primero y principal de los derechos humanos.
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Proteger el bienestar físico de los ciudadanos previniendo el accionar de los delincuentes, que para alcanzar sus objetivos no escatiman en provocar daños a veces irreparables en la humanidad de sus víctimas en el afán de evitar resistencia.
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Control estricto sobre la comercialización, internación, porte y uso de armas de fuego.
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Estricto registro de las unidades vehiculares que transitan por el territorio nacional.
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Proteger la propiedad pública del Estado.
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Proteger la propiedad privada de los individuos.
Financiamiento
Si todos los dineros que ingresan en las arcas de la institución del orden y aquellos que debieran ingresar se administran con transparencia, sumados a los recursos del TGN, la Policía Nacional contaría con recursos adecuados para llevar adelante las actividades de Seguridad Ciudadana que requiere todo el país. El plan integral de Seguridad Ciudadana debe contemplar la participación de los gobiernos municipales, conjuntamente las organizaciones de la sociedad civil, tanto en los niveles organizativos, operativos, así como financieros. •
Competencias y responsabilidades: Estas están enumeradas en la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de Organización del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Ministerio Público, y otras leyes conexas, de modo que siendo que la responsabilidad no se puede delegar, las competencias y responsabilidades recaen sobre: los prefectos, por tratarse de la primera autoridad política de cada departamento, los Comandos General, Departamentales y Regionales de la Policía Nacional y las respectivas Direcciones y Unidades Operativas de la misma.
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Liderazgo y conducción: Es sabido que el liderazgo estatal recae en el Ministerio de Gobierno y las prefecturas, el institucional está en manos de los Comandos General, Departamentales y Regionales de la Policía Nacional y el operativo en manos de los Directores de las Unidades Operativas de la Policía Nacional.
•
La Policía Nacional será modernizada y potenciada llevando adelante un proceso de descentralización y modularización operativa, en función de los distritos poblacionales y municipales, de modo que el trabajo será distritalizado.
•
Las Fuerzas Armadas de la Nación tienen un rol específico que cumplir en beneficio del Estado y se la debe utilizar sí y sólo sí la Policía Nacional ha sido rebasada en sus funciones, conforme al marco constitucional.
La Policía Nacional tiene un sistema de recaudaciones que debe ser transparentado. Los recursos susceptibles de ser captados por dicho sistema son bastantes para que, honestamente manejados, generen suficiente dinero para el funcionamiento mínimamente confiable de la Policía Nacional, en lo referente a Seguridad Ciudadana. 35
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•
Las primeras medidas que se deben adoptar son aquellas tendientes a asegurar al policía el respeto, el sueldo y la seguridad personal y de su familia.
•
Existen normas jurídicas en la actualidad referidas a esta problemática, por lo que es imperativo primeramente aplicar las leyes vigentes y posteriormente, si ellas son insuficientes, complementarlas con nuevas y mejoradas normativas.
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Desarrollar una norma que haga más rígidas las sanciones por el porte no autorizado de armas de fuego.
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Ámbito preventivo: a) Desbaratamiento, por diversos medios pacíficos, de pandillas y grupos potencialmente violentos, así como grupos de jóvenes cuya tendencia los lleve a la delincuencia. b) Internación, de los niños y jóvenes de la calle, en centros de rehabilitación, para quitarle potenciales elementos delictivos a los promotores de la inseguridad.
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Ámbito represivo: Persecución policial-judicial de los delincuentes que en la actualidad se encuentran en libertad por negligencia de los niveles protectivo-investigativos del Estado.
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Sostener un estricto control sobre las recaudaciones de la Policía Nacional.
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Evitar la transferencia de fondos captados por la Policía Nacional al Ministerio de Gobierno.
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Administración mixta de los recursos policiales.
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Fijación de escalas de valores reales para las captaciones de dichos fondos.
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Transparentación de los manejos financieros e informes públicos.
•
FREPAB propone: la creación de una Ley de Monitoreo Cívico Social para los Órganos de Poder como ser Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los organismos encargados de la Seguridad Ciudadana y el Ministerio Público.
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FREPAB propone: la creación de una Ley Contra la Corrupción e Investigación de Fortunas.
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Planteamos la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público, para hacer de ellas verdaderos
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instrumentos que transparenten el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando de esa manera el manejo discrecional de la ley en desmedro de aquellas personas a quienes la Ley debe proteger, más aún cuando se trata de personas de escasos recursos, de origen humilde y del área rural, contra quienes se multiplican la prepotencia, arbitrariedad, conculcación de derechos más elementales, etc.
II.
PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
•
Se requiere garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Se requiere implementar programas de difusión para sentar las bases de un control institucional con transparencia, eficiencia y responsabilidad, en procura de crear mecanismos participativos consensuados, para la participación integral de las instituciones gubernamentales responsables de la seguridad ciudadana y organizaciones de la sociedad civil, creando mecanismos participativos de control social con la intervención de los Gobiernos municipales y las organizaciones de la sociedad civil (vecinales, cívicas, culturales, deportivas, educativas, empresariales, religiosas, etc.).
•
Mayor rigidez de la norma jurídica, referida al cumplimiento de las leyes sustantivas de la economía jurídica, como la Constitución Política del Estado, Código Penal, etc., que debe ser observada, acatada y cumplida desde los gobernantes que se encuentran en condición de servidores públicos. La mayoría de estos ejes temáticos deberán ser tratados en la Asamblea Constituyente, a tiempo de sentar las bases de la nueva Constitución Política del Estado.
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FREPAB plantea la abrogatoria de la Ley de Imprenta, con la implementación de un programa jurídico que fije la modernización y adecuación soberana de la comunicación social y de autodeterminación, para que los medios de difusión masiva no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos, terminando con la cultura del temor que sistemáticamente es utilizada por los medios, en contra de las garantías constitucionales de los ciudadanos.
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III.
TIERRA, TERRITORIO, SEGURIDAD JURIDICA
DESARROLLO
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RURAL
Y
La Reforma Agraria supuestamente debería ser el cambio de una estructura agraria excluyente negativa e improductiva a otra mejor que sea participativa con mayores índices de producción, con proceso de distribución de tierras de manera justa, equitativa, transparente y legal a los hermanos productores trabajadores del campo, en donde el Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia tiene enraizadas las ideas de Tierra y Territorio para todos los hombres y mujeres de la Bolivia profunda del campo, que labran la tierra con enormes sacrificios. Sin embargo, en Bolivia, en el largo tiempo de más de 198 años de una estructura donde predominaba la hacienda feudal, seguida de la comunidad originaria y muy secundariamente la pequeña producción parcelaria, toda ella articulada al capitalismo minero hasta el año 1967; y a partir de ello, con grandes créditos que adquiere el país en los gobiernos militares se hipoteca nuestro patrimonio con cerca de 5.000.000.000 de dólares, con la agravante de concentrar estos capitales en Santa Cruz donde se crearon condiciones favorables por el gobierno central para destinar recursos que provenían de la minería particularmente de los departamentos de Oruro Potosí y La Paz, situación que dio el nacimiento y afloramiento de una nueva burguesía criolla que hoy se afinca en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la CAINCO y ANAPO, quienes usufructuaron desde la década de los años 70 los prestamos estatales amañados por los gobiernos de Barrientos, Banzer y García Mesa, donde el Estado tuvo que condonar todos los prestamos otorgados por el Banco Agrícola y el Banco del Estado. Frente a estos hechos, a la larga los que pagamos somos los nueve millones de habitantes bolivianos; que ahora nos hallamos con una estructura donde la hegemonía la ejerce la gran empresa latifundista agraria de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, que siendo el 10 % de las unidades agropecuarias productivas monopolizan el 90% de la tierra, frente a la pequeña producción parcelaria de los campesinos de los pueblos originarios aymaras y quechuas, que representando el 90% de los productores sólo tiene acceso al 10% de la tierra, desde la reforma agraria de 1953, hasta el año de la intervención de 1992. Las estadísticas del ex Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y el Instituto Nacional de Colonización (ICN) nos muestran que hasta este año se emitieron 821,975 títulos de propiedad en el país, mientras el número de beneficiarios era 578,551, a razón promediada de más de un titulo por persona.
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Esta desigual distribución de tierras durante los gobiernos militares dictatoriales, nos muestran que de manera arbitraria e ilegal desde 1971 a 1978, se dieron títulos por casi 18 de las 65 millones de hectáreas aprovechadas, de los 173 títulos mayores de 20.000 hectáreas. El general Hugo Banzer emitió 72.036 de ellos a comunidades campesinas y cooperativas, vale decir que tituló casi un tercio de las tierras, favoreciendo de manera discrecional a los grandes latifundistas del oriente boliviano. Entre 1971 y 1978 se titularon el 27.6% de los 65 millones de hectáreas de las que, según el INRA, cuenta el país para su aprovechamiento agropecuario y forestal. Al estilo de Melgarejo, se realizaron las dotaciones de grandes extensiones de tierras, en gabinete, sin conocer los predios que se adjudicaban, sin ni siquiera realizar pericias de campo. Tampoco cumplieron, estos latifundistas de tierras, con los tramites agrarios que se les exigía a los campesinos y pequeños productores durante 10 y más de 20 años. El FREPAB, como instrumento político de los productores agropecuarios de Bolivia, ha realizado estudios para determinar las causas que dieron origen a la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), 1715 de fecha 18 de Octubre de 1996. Planteamos nuestra posición, para establecer una evaluación crítica que permita identificar las causas que generan la inseguridad jurídica de las tierras y de ese modo establecer las soluciones a los conflictos originados por la ley INRA, para poder sentar las bases de las nuevas políticas que el Estado debe asumir para resolver la problemática de la tierra. Hay que recordar que desde el año 1971 a 1978 se otorgaron, en ocho años, 14.989 títulos con una extensión de superficie de tierras de 17.947.493 millones de hectáreas para 198.954 beneficiarios. Fueron los años de las grandes concesiones ganaderas que concentraron el 82% de las dotaciones y con una insignificante distribución a campesinos del altiplano y los valles. El llamado pacto militar campesino, fundado por Rene Barrientos, contribuyó esta distribución al régimen Banzerista. De las 173 posesiones mayores de 20 mil hectáreas, que hasta la fecha cuentan con títulos, al menos 72 de ellas se entregaron en el gobierno de Banzer. De estas, 36 favorecieron a comunidades campesinas y cooperativas y las otras
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36 a latifundistas de las grandes empresas que en gran parte, eran militares allegados a Banzer y a los círculos familiares de poder de la dictadura que recibieron predios con extensiones superiores a las 20 mil hectáreas.
Del mismo modo ocurrió con las dotaciones tramitadas y tuteladas en la dictadura de García Mesa, anuladas parcialmente por los decretos supremos 19274 y 19378 del presidente democrático Hernán Siles Zuazo (82-83). Entre 1980 y 1981 se titularon 1.589.933 hectáreas y no todos los procesos agrarios salieron en el gobierno de García Mesa, quien gobernó de julio de 1980 a agosto de 1981. En cambio, no hubo decreto supremo que anulara lo obrado por Barrientos (del 64 al 68 se titularon 3.464.080 Has.).
La concentración de tierras en pocas manos se visualiza mejor en los departamentos orientales como Beni, Santa Cruz y Pando contraviniendo el espíritu de la Ley de Reforma Agraria de 1953, que estableció que la adjudicación por familias se haría a razón de una unidad de dotación. Sin embargo, hay datos que nos muestran dotaciones dobles que las estadísticas han puesto al descubierto, en vulneración fragante de la ley agraria de 1953. En este contexto, no se conocen las razones que justifiquen la creación de grandes latifundios más difíciles de explotar económicamente, cuanto más vastos. La extensión media por propietario en Pando es de 326 hectáreas (Leopoldo Fernández, Roger Pinto, Sandro Geordano); mientras en Santa Cruz es de 196 Has.(familia Saavedra Banzer, Paz de Barberí, Landívar, Paz Hurtado, Vargas Bazán, Gutiérrez Vaca Diez, Noel Kempf Mercado y otros). En el Beni, se concentran las mayores estancias ganaderas de las familias Nogales Asbún, Miguel Majluf, Guiteras Denis y otros, con 931 hectáreas por habitante. De la misma manera, en las concesiones forestales de la zona del Choré del departamento de Santa Cruz existen seis concesionarias madereras que ocupan una extensión de 256.724 Has.
Paradójicamente, la pequeña producción parcelaria de los hermanos del área del altiplano y los valles, así como de las zonas de colonización y subtrópico, cubre la demanda alimentaría nacional en un 70%, a través del autoconsumo y la venta de productos de la canasta básica de las ciudades a precios por debajo de su valor. Estos precios bajos de la canasta básica familiar permiten pagar salarios bajos en las ciudades o menor inversión en capital variable. A esta situación, se suma la explotación a la que está sujeto el campesino por el capital comercial y usurero; rescatadores que quitan sistemáticamente las posibilidades de ganancia de los campesinos y pequeños productores.
Asimismo, las casi 7 millones de hectáreas tituladas en La Paz favorecieron a 233.133 personas. En cambio, en el departamento oriental con 9.443.719 hectáreas sólo para 10.133 propietarios.
La economía campesina, numéricamente predominante y subordinada al mercado capitalista, está formada por 550.000 unidades agropecuarias, entre las que tenemos 450.000 pertenecientes al altiplano y valles y 100.000 pequeños agricultores del trópico y subtrópico boliviano. La mayoría de estos últimos es colonizadora del área tradicional. En este grupo, también se concentran las aproximadamente 45.000 familias de los pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente. Afiliadas a la Central de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), pueblos indígenas que han sido favorecidos con la Ley INRA 1715 y su decreto reglamentario, a través del proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), a los 36 pueblos indígenas se les otorgó 16.218.451 hectáreas, desde el año 1996 a la fecha, las tierras que superan los 16 millones de hectáreas, como demuestra el proceso de titulación de los TCOs, ha tomado en cuenta otros criterios señalados por el Banco Mundial para favorecer la administración territorial e inmovilizar las tierras, principalmente las tierras subtropicales y tropicales de la amazonía boliviana. La dotación a los TCOs, fundamentalmente ha buscado proteger los oscuros intereses con el lema consigna de preservación y conservación de la biodiversidad, para lo cual inmovilizaron aproximadamente
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Esto no quiere decir que la mayoría de los propietarios posean igualitariamente, tierras de ese tamaño. Al contrario, en la lista de 1044 propiedades mayores de 10 mil hectáreas, figuran familias que cuentan con hasta 180 mil hectáreas en sucesivas dotaciones surgidas en regímenes de facto. En ese marco, hay que señalar que la media se modera porque existen pequeñas dotaciones a campesinos, sobre todo para agricultores, con intentos muy débiles en la primera experiencia de migraciones dirigidas de asentamientos humanos que el INRA realizó de manera experimental desde Potosí a las selvas del Beni e Ixiamas (Norte de La Paz-Provincia Abel Iturralde), la asignación por familia era de 50 hectáreas, la comparación entre el Beni y La Paz es radical.
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23 millones de Has., donde estos organismos como Conservación Internacional y otros han creado nuevos territorios dentro de la Nación Boliviana, con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Planificación, prefecturas departamentales, Superintendencia General de Recursos Naturales (SIRENARE), Superintendencia Agraria, Superintendencia Forestal, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), BOLFOR I, BOLFOR II y otros.
elaboración del catastro de la propiedad agraria, bajo el lema de “TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y LEGALIDAD” que argüía el ex Director del INRA NACIONAL, Salomón Vargas.
Frente a esta realidad nacional, totalmente atentatoria a los intereses de las clases más desposeídas como son los hermanos campesinos, originarios e indígenas, pequeños productores agropecuarios, hermanos colonizadores, trabajadores informales, el FREPAB ratifica su posición de compromiso de apoyo con las unidades de mancomunidades productivas donde nuestro instrumento político desarrolla e implementa el potenciamiento de las unidades productivas agropecuarias de nuestros hermanos patriotas que trabajan el surco de la tierra, en condiciones de mucha adversidad sin ningún tipo de apoyo para la capacitación técnica de las organizaciones sociales y Cooperativas Productivas. En consecuencia, planteamos en nuestro programa lo siguiente: Abrogatoria de la Ley 1715 del 18 de octubre de 1996 (Ley INRA) y su Decreto Reglamentario, por no haber cumplido con los objetivos señalados en la ley como: Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente. En un tiempo de casi 9 años de la promulgación de esta ley y una inversión de casi 96,000,000 $us. (dólares americanos), sólo se avanzó en un 15% del total de tierras a sanear que son 107.264.094.499 hectáreas. Vale decir, que sólo se han saneado 14.078.866.1804 hectáreas, en la Ley INRA se estableció que el proceso de saneamiento de la propiedad agraria debe durar 10 años, que debe concluir el año 2006, falta por sanear 92.398.765,5600, Has. Haciendo sólo una regla de tres simple, para concluir el proceso de saneamiento se requieren otros 10 años y falta saber si el Banco Mundial nos podrá prestar otros 100 millones de dólares para repetir los mismos procedimientos técnico jurídicos prebéndales, que han sido utilizados para la
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Por los niveles de incapacidad e inoperancia y la corrupción generalizada de los sectores estratégicos involucrados con los recursos naturales, tierra, forestal, medio ambiente, todos del sector estratégico del gobierno central, entre los cuales podemos citar a los más importantes de los que estuvieron comprometidos y son corresponsales de la administración de estos valiosos recursos que han estado manejados al servicio de los consorcios financieros internacionales, quienes han atentado a los intereses supremos de la Nación Boliviana, ocasionando conflictos en toda el área rural, con un alto costo social y pérdidas humanas ocasionadas por el gobierno de Hugo Banzer; el Ministro de Gobierno, Walter Guiteras Dennis, es responsable de la muerte de más de 14 hermanos campesinos, que el FREPAB no olvidara jamás los sucesos del baño de sangre del año 2000. Además, los conflictos permanentes en el área rural fueron provocados por la inseguridad jurídica ocasionada por la mala administración y corrupción, como demuestra la auditoria realizada por la Contraloría General de la República donde se establece que los saneamientos realizados se encuentran en su mayoría mal elaborados, entre los que podemos citar: al ex Director Nacional del INRA, y actual asesor de Ministerio de Agricultura, Sr. René Salomón Vargas; Ex Directora Responsable TCOs del INRA-Nacional y actual Directora de TCOs del Ministerio de Asuntos Indígenas y Campesinos, Silvia Ovando Bilbao; Walter Mallea, ex Director del Proyecto SAN-SIM, los Ministros de Desarrollo Sostenible, Jose Guillermo Justiniano, Isabel Lavadenz Pacieri, ex interventora del (CNRAINC), Moisés Jarmus, Luis Carvajal, Ronald Maclean, Ramiro Cavero, Erwin Aguilera, Carlos Pedraza, Martha Bozo abogada. Asturisaga, actual Viceministro de Tierras y ex Director Jurídico del INRA-Nacional, los Ex Ministros de Agricultura: Mauro Bertero, Victor Hugo Carvajal, Walter Nuñez y otros del Tribunal Agrario: Dr. Hugo Teodovich, ex director Nacional del INRA, Victor Hugo Rivera, Wigberto Rivero; Dr. Ernesto Muñoz, Viceministro de Agricultura; ex Superintendente Agrario, Carlos Agreda; Dr. Hernán Zeballos, Asesor de la Presidencia del gobierno de Banzer, actualmente Superintendente General de Recursos Naturales (SIRENARE); Marianela Zeballos, Viceministra de Medio Ambiente; Neisa Roca, ex Viceministra de Medio Ambiente; Miguel Urioste, Director de la Fundación Tierra; Dra. Irene Ernais, todos corresponsales intelectuales y materiales de la arbitrariedad, discrecionalidad y corrupción con la que se manejó el recurso tierra. 44
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Del mismo modo, todos los recursos naturales renovables y no renovables que fueron denunciados por las organizaciones campesinas, colonizadores, pueblos indígenas, pequeños y medianos productores, sobre las irregularidades de los trabajos de campo ejecutados por la empresa INYPSA, Kadaster y las empresas sub-contratistas TOP-COM y el proyecto CAT-SAN.
la ley 1715 sin concertar con los sectores de las organizaciones sociales involucrados con la problemática de la tierra, a quienes se los consideró como meros espectadores; además, con soberbia se excluyó y discriminó a los pueblos originarios y se apoyó a través de los organismos de la cooperación internacional como el Banco Mundial; BID, que manejó el proyecto (1512 y 1099), la GTZAlemana, la Cooperación Danesa, PASAP-Holanda, Fondos Nórdicos, USAID, FIDA, PESAC, TRANSIERRA, OAIS que de manera disimulada brindaron a las organizaciones indígenas del CIDOB.
Así como, el haber favorecido en la entrega de grandes extensiones de concesiones forestales entre los que se destacan el senador Leopoldo Fernández, quien con el apoyo del Presidente del Servicio Nacional de Reforma Agraria, obtuvo un millón quinientas mil hectáreas para readecuar a las empresas madereras que habían terminado con los recursos forestales de la provincia Abel Iturralde, empresas que fueron reubicadas en los bolsones forestales permanentes del hermano departamento de Pando, para entregar en concesión a 14 empresas por 40 años, ahí se encuentran destacados y prominentes políticos que se beneficiaron con grandes extensiones de tierra y extensiones forestales como: Peter Hecker, Sandro Jordano, Mirtha Quevedo Ivanovich, Alejandra Sánchez de Lozada, Antonio Sánchez de Lozada y Javier Campero Paz. En consecuencia, podemos afirmar que la mal llamada clase política ha usurpado el poder económico y político desde la instauración del modelo neoliberal (decreto supremos 21060). Estos núcleos de poder económico de familias y logias que operaban a nivel nacional crearon mecanismos para la elección selectiva y designación de burócratas llamados consultores y apadrinando los cargos estratégicos como ser la Superintendencia General de Recursos Naturales, SIRENARE; Agraria; Forestal; Tribunal Agrario Nacional; Jueces Agrarios departamentales, provinciales. Sumando a esto la ingerencia abierta de la CAO, CAINCO y ANAPO, ahora representantes de la Nación Camba, así como de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, nos recuerdan los roles que desempeñó el ex Ministro Fernando Illanes. Los objetivos que se establecieron en la Ley 1715 para establecer el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho propietario de la tierra y regular el saneamiento de la propiedad agraria no pudieron implementarse por las irregularidades que se presentaron en el saneamiento, la falta de voluntad política de Sánchez de Lozada y Victor Hugo Cardenas, quienes promulgaron
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Las denuncias fueron presentadas por: gobiernos municipales, Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB) y Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUCTB) ante la Superintendencia Agraria, el Ministerio de la Presidencia, la Contraloría General de la Republica y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación no permitiendo la investigación, a través de una auditoria técnica jurídica operativa, sobre las irregularidades y alta discrecionalidad en el manejo que tuvo el Director Nacional del INRA, durante 6 años, extremos que fueron denunciados en todo el país donde se realizaron el trabajo de saneamiento de la propiedad agraria en sus tres modalidades (SAN-SIN, CAT-SAN y SAN-TCO). Con la nueva Ley Agraria, el INRA no logra la conciliación, resolución de los conflictos de posición y propiedad y anulación de títulos que contengan vicios de nulidad absoluta. Por el manejo discrecional, no se ha implementado el saneamiento de las tierras que tienen los miembros de la CAO la CAINCO y ANAPO en Santa Cruz, tampoco se han identificado las tierras fiscales disponibles en el occidente. Los conflictos de tierras que se presentan a nivel nacional se deben a: Ingerencia política en la designación de los cargos para Director Nacional del INRA; Superintendente General de Recursos Naturales (SIRENARE); Superintendentes Agrario y Forestal y Miembros del Tribunal Agrario Nacional lo que conlleva a una mala administración, improvisación y subordinación a intereses foráneos en los temas tierra, recursos naturales renovables y no renovables. Por lo tanto, se requiere estructurar una nueva ley agraria que vaya en beneficio de las mayorías campesinas, con la participación activa de los directos beneficiaros en el tema tierra, optimizando el tiempo de su conclusión, máximo a cinco años, y con costos mínimos y transparentes.
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Con la participación de organizaciones campesinas, organizaciones de colonizadores, Movimiento Campesino sin Tierra, organizaciones originarias como el CONAMAQ, empresas agrarias de pequeños y medianos productores concertar con todos los sectores involucrados y el Estado, para de esta forma distribuir tierras de manera justa y equitativa promoviendo la propiedad de la tierra a la mujer, atender las demandas de los sectores sociales más importantes en el país, como ser los maestros rurales, fabriles y gremiales priorizando a los sectores más excluidos de nuestra patria y nunca atendidos por nuestros gobernantes de turno.
Europea. Sin embargo, pese a contar con todas estas preferencias, la penetración de nuestro país en esos mercados es muy baja.
Involucrar a los municipios en los procesos de concertación de la nueva ley agraria, para que puedan coadyuvar en el saneamiento de la propiedad agraria con mayor control social; para lo cual, se debe poner especial énfasis en promover el saneamiento interno de los pueblos originarios, de acuerdo a sus usos y costumbres, con el objeto de facilitar los asentamientos y ocupaciones de las tierras baldías y las que sean revertidas al Estado por ser tierras ociosas donde al Estado se lo tiene en el rol latifundista, que permite el engorde de tierras para traficarlas de manera discrecional con los poderes políticos y económicos de turno. El FREPAB plantea eliminar de raíz el latifundio, para impedir la violencia rural. Debido a la disputa de tierras se debe generar una nueva política estatal concertada sobre el tema agrario, que de manera estructural dé una solución integral reconociendo los derechos de los sectores sociales, de los pequeños y medianos productores que siempre han sido excluidos y garantizar también la seguridad jurídica de aquellos propietarios que trabajen la tierra con la consigan de “la tierra es de quien la trabaja con equidad e igualdad de oportunidades”.
IV.
INSERCIÓN INTERNACIONAL
1)
COMERCIO EXTERIOR
El Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) fija su posición programática respecto a las bases constitutivas de la política internacional que será implementada en función de gobierno. En lo que respecta al comercio exterior, Bolivia tiene todos los mercados externos abiertos, puesto que cuenta con amplias preferencias arancelarias dentro del MERCOSUR, la Comunidad Andina, México, Chile, Cuba, así como también beneficios recibidos por intermedio de los sistemas preferenciales otorgados por Estados Unidos y la Unión 47
Esta situación se debe a aspectos de carácter interno, referidos por ejemplo a la escasa diversificación de productos y la poca o ninguna incorporación de valor agregado a los mismos; también a la ausencia de políticas y normativas claras y definidas para promover las exportaciones; asimismo, a la ausencia de una clara priorización de países y regiones para la penetración a los mercados externos, que sean de interés para Bolivia. En lo que toca a aspectos externos que impiden el acceso a esos mercados, están los obstáculos no arancelarios que imponen otros países, los que deben ser objeto de negociación, bilateral y multilateral. La solución y negociación de los aspectos antes mencionados, permitiría profundizar la participación del FREPAB, en los diferentes organismos y mecanismos de integración, así como abrir mercados a través de nuevos acuerdos comerciales y el mejoramiento de aquellos que se encuentran vigentes. En materia de comercio exterior, se debe trabajar en aspectos referidos al mejoramiento de la productividad y competitividad de la oferta exportable, al mismo tiempo que realizan acciones para el acceso a los mercados externos, para lo cual se debe implementar políticas específicas para el desarrollo del comercio exterior boliviano. En lo que respecta al TLC Andino con los Estados Unidos, el FREPAB establece la necesidad de no suscribir ni negociar un acuerdo de esta naturaleza, hasta que no se cuente con las decisiones emergentes de la Asamblea Constituyente, espacio en el que se definirá no sólo una nueva Carta Magna, sino también el régimen económico en Bolivia, así como el uso y administración de los recursos naturales.
2)
ASPECTOS POLÍTICOS
El Poder Ejecutivo no debe propiciar, ante el Legislativo, la aprobación de un Tratado a través del cual se conceda inmunidad ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, así como ante el Tribunal Penal Internacional de Costa Rica o cualquier otro tribunal internacional donde se juzguen delitos de esa naturaleza, para ciudadanos norteamericanos que cometan delitos penales en el 48
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territorio boliviano, por estar en franca contradicción con los principios del Derecho Internacional y el Estatuto de Roma, a través del cual se estableció la Corte Penal Internacional y sus alcances.
La solución del problema marítimo pasa por el tratamiento bilateral, trinacional y multilateral del mismo y las condiciones que generen todos estos escenarios podrán configurar las condiciones necesarias y suficientes para reestablecer relaciones diplomáticas con Chile, sabiendo que las costas que nos arrebataron en una guerra injusta, estarán siempre en el corazón y las aspiraciones bolivianas de un acceso soberano al Pacifico.
Se considera que Bolivia no debe suscribir acuerdos bilaterales, ni multilaterales con terceros Estados, que puedan afectar las bases de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, así como otras disposiciones establecidas en el Estatuto de Roma. El Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) demandará en todos los foros internacionales, que la hoja de coca sea excluida de la lista 1 de Estupefacientes de la Convención Única de Drogas de las Naciones Unidas, ratificando su importancia como parte integral de la biodiversidad nacional, identidad ancestral de los pueblos andinos y al mismo tiempo, cohesivo social de las comunidades andinas. Es importante realizar la promoción internacional de la industrialización y comercialización nacional e internacional de la hoja de coca, defendiendo el mercado legal y puntualizando la diferencia entre coca y cocaína, entre narcotráfico y soberanía, lo contrario sería penalizar las leyes y los productos de la naturaleza, lo que adicionalmente ha significado una alta cuota de sangre y un costo social para los bolivianos. El FREPAB proclama que su compromiso histórico con la demanda marítima boliviana es básicamente una posición irrenunciable de la población boliviana, que tiene en este aspecto un factor de cohesión con contenidos sociales. La oposición de gran parte del pueblo de Bolivia a exportar gas a Chile, expresada durante los conflictos de 2003, permite observar la importancia de este tema para la población boliviana; sin embargo, en el moderno mundo en el que vivimos todos los países nos son necesarios; mucho más, si ellos se encuentran en la vecindad, pero este es un asunto que está más allá de nosotros, porque una vez que Chile nos dé muestras de su voluntad para resolver el problema de fondo y que comparte este nuestro espíritu, no solamente debemos venderles gas, sino, si fuera posible, llegar a un tipo de integración económica que sea de beneficio para nuestros pueblos. Asimismo, es importante que se observen los aspectos económicos del enclaustramiento marítimo de Bolivia, con incidencias sobre el crecimiento y desarrollo económico que ya gravita por más de 100 años. 49
3)
INVERSIÓN EXTRANJERA
Para una economía vulnerable como la boliviana es importante que puedan vincularse el comercio con la inversión y que el aprovechamiento de los acuerdos comerciales pueda ser satisfactorio. Para atraer y garantizar la inversión extranjera, tenemos que hacer lo que hace Suiza, Francia o Alemania, que le ofrecen al inversionista cualquier negocio o actividad que se desarrolle dentro del marco jurídico de esos países, porque en ellos, lo mismo que debe ser en el nuestro, los contratos mal elaborados, leoninamente transados, son nulos de pleno derecho jurídico. Nosotros, hombres y mujeres del Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia propugnamos proyectar un estatuto nacional de inversiones, en el que se establezcan las reglas de juego de esta relación, armonizándolas con las de los convenios internacionales, para que en casos de discrepancias, conflictos de intereses, que no siempre ocurren de mala fe, tengan en los tribunales idóneos el lugar donde ambas partes puedan recurrir. Las experiencias traumáticas que hemos atravesado hasta el momento debido a la corrupción de los gobiernos de Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada y Tuto Quiroga que, en complicidad con los técnicos, burócratas y funcionarios de alta jerarquía, manejaban las empresas estratégicas del área social que fueron capitalizadas. Son las empresas que han contratado mercenarios bolivianos dando informaciones confidenciales y estratégicas en la fijación de sus precios de venta, en las que se tomaba en cuenta las reservas probadas de los recursos hidrocarburíferos, lo que dio origen a los actuales reclamos de seguridad jurídica para los 72 contratos de las empresas petroleras, que fueron firmados de ese modo, lo que no puede constituirse en la razón de que se nos pregunte si los garantizaremos.
nuevos
La inversión extranjera directa debe estar orientada a la búsqueda de los mercados en el exterior así como a tecnologías competitivas y capital. 50
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El FREPAB plantea una política de atracción de capitales, que debe contar con un marco legal atractivo, que garantice la inversión extranjera en el país y destaque las ventajas comparativas de Bolivia, tales como la existencia de mano de obra calificada, la privilegiada ubicación geográfica del país en el centro de Sudamérica, su conexión con los distintos corredores de exportación que la conectan a través de diferentes rutas comerciales y la participación de Bolivia en los diferentes mecanismos de integración y la seguridad para el personal extranjero, lo que jugará un papel preponderante en tanto se traten de proyectos de intereses nacional, que sean manejados con criterios de control internacional.
para realizar un vasto plan operativo militar de toda la región continental, que comienza y concluye en la simple interdicción, sin observar aspectos del desarrollo rural integrado económico y de apoyo a la infraestructura productiva del área rural.
Es importante, también, enfatizar en la complementariedad y alianzas productivas con los socios comerciales de manera de otorgar sostenibilidad tanto al comercio como a las inversiones extranjeras, así como al mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia en el marco de la integración latinoamericana y bilateral, porque especialmente las industrias que requieren alta tecnología, deben realizarse a través de planes de join venture o no se realizarán. En este propósito, las misiones diplomáticas y consulares, así como los funcionarios dedicados a aspectos comerciales y de atracción de inversiones, deben cumplir el papel de promotores en beneficio del desarrollo nacional, lo que significa que debe ser gente que tenga esa preparación
4)
SEGURIDAD CONTINENTAL
El FREPAB plantea enfáticamente dejar establecido que somos enemigos encarnizados de las drogas, de los químicos que en ella se utilizan, de precursores como el éter, para lo que un país como el nuestro no tiene tecnología para producir; por lo que, nuestra defensa es a la hoja milenaria de la coca, del mismo modo que defenderemos la hoja de te o las plantas de café. Asimismo, los productores agropecuarios del FREPAB estamos en desacuerdo CON LA ELABORACIÓN DE ESTUPEFACIENTES QUE DAÑAN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN NACIONAL Y MUNDIAL.
5)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La formulación de políticas nacionales tiene como base la cooperación internacional, un factor de importancia real. que debe crear y contar con los marcos regulatorios soberanos necesarios, no sólo en lo que respecta a los organismos de cooperación internacional, fundaciones y ONG’s, sino también aquella que proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial ( BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), los consorcios financieros internacionales, organismos de la deuda externa, cooperación técnica y otros. Paralelamente, tenemos que saber que en muchos casos, la falta de ayuda, especialmente si ella esta condicionada a la entrega de soberanía y/o al control de los recursos naturales, es una bendición porque nos obligará a hacer lo que por ella no hacemos. Es importante que esos marcos regulatorios, soberanos cuenten, en su formulación, con la participación de las regiones para asegurar el adecuado uso de los recursos de la cooperación internacional. Dichos marcos deben estar dirigidos a asegurar la eficiencia y efectividad de la lucha contra la pobreza existente en Bolivia.
6)
SUB-REGIÓN E INTEGRACIÓN
La integración energética, en el marco de la inserción internacional de Bolivia, es de particular importancia. Bolivia es el segundo país con las mayores reservas de gas en América del sur, lo que hace que tenga una gran importancia estratégica en la región. Sin embargo, esa importancia está en directa relación con la posibilidad de industrializar el gas así como de exportarlo a otros mercados.
La Iniciativa Regional Andina no se constituye en una verdadera política de control de drogas. Se constituye en una estrategia de seguridad orientada a reorganizar la estructura militar norteamericana en América Latina. Concretamente, plantea un plan de contención policial militar, con potencialidades
En esta situación, Bolivia, además de abastecer su consumo interno, a través de un cambio de su matriz energética, se encuentra en disponibilidad de convertirse en el centro de provisión energética de la región, lo que debe ser
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visto en sus diferentes perspectivas; entre ellas, la aplicación de precios internacionales, lo contrario sería fomentar la existencia de un grupo de países a los que estaría subvencionando sin recibir a cambio ninguna compensación, como el caso de la venta solidaria de nuestro gas a la Argentina, a precios de regalo, cosa que venimos haciendo desde hace muchos años, sin que se borre de la memoria colectiva, la condonación que hizo Jaime Paz al Gobierno de Carlos Menen, del total de la deuda que la Argentina tenia con nosotros, que se llamó “Borrón y cuenta nueva”, borrón de 30 años de exportación de gas con bajos precios a la Argentina.
de dinero para incrementar sus gastos, lo que quiere decir que da lo mismo un gasto en educación, que uno en producir artículos superfluos.
La integración energética, que también incluye a la energía eléctrica, debe proporcionar a Bolivia el instrumento que le permita fortalecer sus relaciones con los países del Cono Sur, así como incrementar su presencia sobre el Océano Pacífico.
V.
Nuestras metas de crecimiento económico, no tienen que ser medidas solamente por un crecimiento indiscriminado del producto; si no, tienen que darse en los rubros que por su efecto multiplicador lleguen a la gente, cosa que sólo puede alcanzarse a través de un incremento en la creación de riqueza social, conseguida a través de incrementos de productividad de calidad. Para implementar esas políticas y en vista de la escasez de tiempo que dispondremos para hacerlo, debido a que por la larga y agobiante crisis en la que nos encontramos inmersos, la paciencia de la gente, ya se agotó como consecuencia de la vigencia del decreto 21060; tenemos que dividir el problema del desarrollo en tres partes claramente diferenciadas. La primera de aplicación inmediata, sólo puede consistir en:
DESARROLLO ECONÓMICO 1.-
Optimización del uso de los recursos productivos disponibles.
¿Qué metas de crecimiento y empleo propone alcanzar en los próximos cinco años y cuáles sus políticas públicas concretas para lograr ese resultado?
2.-
Cooperación del Estado para su empleo más eficiente, dinamizando al mismo tiempo los procesos administrativos.
Una de las principales preocupaciones de un gobierno del Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) son las metas de crecimiento económico y creación de empleo que nos proponemos alcanzar, como uno de los instrumentos capaces de ayudarnos a salir de la grave crisis económica, en la que nos encontramos inmersos desde hace ocho años. Pese a que las estadísticas gubernamentales dicen que tenemos un crecimiento del producto; sin embargo, no se traduce en una reactivación económica, que es uno de los primeros puntos que debemos analizar, antes de plantear un programa para el desarrollo económico.
3.-
Incremento de la ofertas de financiamiento, privilegiando a las que ofrezcan mayor creación de empleo.
4.-
Fomento a las innovaciones técnicas así como a la creación y formación de nuevas unidades productivas.
El concubinato de la crisis económica con un crecimiento del producto es una situación inédita en la economía neoliberal, que contradice a sus manuales; lo que es una señal de una grave anomalía, que anida en el seno de nuestra economía, que entre otros factores, se debe a la manera como los economistas computan el PIB, en el que se efectúa la suma del valor de todos los bienes y de todos los servicios de cualquier especie, prescindiendo de quienes los hayan producido. No se realiza una distinción entre los servicios públicos y los producidos por entidades privadas, lo que da como resultado, que mientras mayor es nuestro endeudamiento, mayor es el PIB, porque el Estado dispone de mayores sumas
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En las actuales condiciones internacionales, el desarrollo económico no puede ser concebido, sino, con el liderazgo de las exportaciones, a las que ahora, por la escasa cantidad o diversidad de productos, no podemos acceder, sin ayudas o concesiones; por lo que debemos implementar el programa al desarrollo social, a través de una secuencia lógica que debe comenzar por la implementación de la infraestructura productiva de industrias que puedan aspirar a tener posibilidades competitivas en los mercados internacionales. Para ser realistas, qué es lo que tenemos que hacer en economía para que el desarrollo pueda sustentarse en el tiempo?. Debe concentrarse en la implementación de industrias de insumos industriales intermedios, que son las que pueden, en una segunda etapa, comenzar a prepararse paralelamente a la primera.
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Agregar valor a nuestras actuales exportaciones de materias primas teniendo como primera meta, el duplicar con calidad, en estos cinco años, el exiguo producto bruto nacional, desproporcionadamente pequeño en relación con nuestras riquezas naturales, el tamaño del territorio y la población.
solamente puede lograse con una verdadera vocación de servicio a las comunidades de las que provienen gran parte de nuestros compañeros.
Estos son, asimismo, los insumos que necesitamos producir para impulsar la tercera fase del proceso de industrialización, como es el caso de la industrialización de toda la cadena productiva de los hidrocarburos, que permitirá subir nuestros índices de competitividad, al procesar industrialmente insumos intermedios producidos localmente, posición en la que se encuentran pocos países en el mundo. Las políticas públicas concretas que aplicaremos para lograrlo estarán asentadas en principios básicos que pueden ser concentrados en pocos puntos. Desarrollo de un Estado presupuestariamente responsable, especialmente en su ejecución, para evitar el incremento de los déficits; un Estado subsidiario que deje de lado el protagonismo en aras de arbitrar las actividades económicas desarrolladas por particulares; respetuoso de la seguridad jurídica, de la propiedad privada, de la libertad de precios; políticas que fundamentalmente deben garantizar que los más pobres, se beneficien con ellas, como el instrumento idóneo para combatir la exclusión y la extrema pobreza, que es en realidad, el objetivo central de nuestras políticas, las que deben realizarse con una verdadera apertura hacia el comercio exterior, que debe contar con un apoyo decidido de las estructuras administrativas del Estado que deberemos modernizar.
1)
CUÁLES SERÁN SUS METAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Una de las principales preocupaciones que tenemos es la reducción de la pobreza, especialmente de la extrema pobreza, que es la que nos hace estar en primer lugar en las estadísticas de mortalidad infantil, muertes en el nacimiento, muertes prematuras originadas por la falta de los nutrientes básicos, que insultan nuestra condición humana.
La meta parece ambiciosa, pero sin embargo no lo es, porque se trata de cuestiones básicas que solamente están esperando que se les dedique verdadera atención
2)
COMPETITIVIDAD Y POLÍTICAS SECTORIALES ¿QUÉ POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y MICROECONÓMICAS ADOPTARÁ PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS?
Las políticas macroeconómicas más importantes que debemos implementar, con el objetivo de aumentar la competitividad del país, tienen que desarrollarse a través de verdaderos ajustes estructurales, que inicialmente deben estar dirigidos a apagar los incendios y las urgencias, único medio de crear las condiciones para restaurar el orden social sin violentarlo, cosa que debe conseguirse a través de medidas iniciales, que resuelvan los problemas de los reclamos sectoriales a través de un mecanismo de diálogo permanente para concertar sus demandas. Vale decir, que debemos delinear un plan maestro de nuevo tipo, que sea imaginativo y capaz de satisfacer a todos los sectores en conflicto, en la medida en que estos contribuyan a su realización, cuidando siempre que no profundicen los ya paupérrimos niveles de vida de los más desprotegidos, determinando compensaciones para proteger el IPC. Estas medidas de corto plazo deben ser complementadas con una clara definición de lo que entendemos por gasto social, el que además de ser incrementado con todos los ahorros y recortes del proceso de austeridad y la generación de nuevos ingresos obtenidos por el incremento de los impuestos del gas, deben ser medidos en términos de su efectividad, privilegiando en una primera instancia, a los sectores con los que la sociedad boliviana en su conjunto tiene una deuda histórica, en aras de un verdadero combate a la extrema pobreza.
Nuestra aspiración, por la que trabajaremos para convertirla en realidad en los cinco años de gobierno, será la de eliminar la extrema pobreza, que
Dentro de las medidas macroeconómicas tenemos que comenzar por racionalizar el gasto fiscal, con el objeto de evitar sus déficits, los que más tarde, son siempre trasladados a las espaldas de la gente; sin embargo, no se debe descartar su uso en su verdadera función, que es la de combatir las depresiones
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económicas o coadyuvar a la reactivación económica, con la que se debe encabezar todas estas medidas; cosa que solamente podrá hacerse, una vez que reestructuremos el funcionamiento del modelo económico, y normalicemos el funcionamiento de la economía, hasta alcanzar un completo equilibrio macroeconómico.
medio de acopiar los capitales, los que tienen la ventaja de no estar sujetos a condiciones particulares para el financiamiento de los proyectos, contribuyendo de ese modo a garantizar la estabilidad macroeconómica.
Una reforma tributaria que nos ayude a eliminar las injusticias que se originan en sistemas de tributaciones heterogéneas, que favorecen siempre a los de mayores ingresos; sistema que debe ser equilibrado, transparente y eficiente, para que sirva a su vez como instrumento de redistribución de la riqueza. Las medidas para elevar el índice de productividad de las instituciones estatales, deben comenzar a ser medidas por sus logros, ayudados por su sistematización; al mismo tiempo, para que sean eficientes deben dotarse de sistemas computacionales modernos, especialmente programados para evitar la corrupción, lo que producirá una elevación de las recaudaciones, beneficiando al funcionario, al mismo tiempo que a la colectividad que los cobija. Una de las mayores urgencias es la organización de un sistema nacional de inversiones, que a la vez sirva como instrumento para la aplicación de las políticas macroeconómicas y evite los desperdicios propios de autorizar proyectos que no tienen relación con nuestras urgencias y necesidades priorizadas previamente por nuestras políticas de desarrollo, que sirvan al mismo tiempo para facilitar el control social participativo. Las empresas estratégicas, que por su propia definición deban ser administradas por el Estado, tienen que comenzar a medirse a través de índices de eficiencia, racionalizando sus operaciones y quitándoles posibilidades de desarrollo monopólico, pero cuidando que operen eficientemente. Las que deben poner en el mercado de valores el 49% de sus acciones, con el objetivo, no solamente de realizar los imprescindibles acopios de capitales, sino para que participen en sus directorios sus poseedores, los que junto con los equipos de control social, deben crear mecanismos de control que garanticen la transparencia, idoneidad y probidad de sus actuaciones. El apoyo al desarrollo del mercado de capitales es una de las prioridades del área financiera, en el que queremos fomentar las condiciones que nos permitan hacerlo atractivo, garantizando al mismo tiempo el ahorro interno y externo, como
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Esta es una pregunta dirigida a saber si se piensa realizar una intervención estatal en la economía particular, y mas concretamente en la propiedad privada de las empresas, porque en teoria, (John Kenneth Gailbraith - Economic in Perspective - Capítulo XVII titulado John Maynard Keynes), dice: “Enseñanzas y debates de cómo se puede conseguir el pleno empleo y la estabilidad de los precios, a partir de allí, debería ser tratada como una rama separada de la economía que recibiría el nombre de macroeconomía”. En el mismo libro y en el mismo capítulo dice a continuación: “En la microeconomía, el mercado quedaba como antes y también los negocios y los emprendimientos; el monopolio, competencia imperfecta y la teoría de la distribución. Así, en resumen, el sistema quedaba intacto. La distribución de la fuerza, entre corporaciones, trabajadores y consumidores, fue percibida como clásicamente en esta materia el Estado no tenía necesidad de intervenir, más de lo que lo había hecho en el pasado”. Como consecuencia, basándonos en la autorizada palabra de este profeta, nuestra posición será la de una respetuosa observación del funcionamiento de las reglas macroeconómicas establecidas por la ciencia económica, a menos que el modelo de la economía social de mercado, requiera medidas que se pudieran tomar en consenso con esos actores económicos.
3)
EN BASE A SU ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD ¿CUÁLES SERAN SUS METAS DE EXPORTACIÓN Y DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO? TEMA FISCAL QUÉ POLÍTICAS DE GASTOS E INGRESOS EMPLEARÁ, etc. La transparencia en el manejo fiscal es la consigna que se propone implementar el FREPAB, como norma permanente de conducta fiscal y gubernamental. No se trata solamente de que los recursos del Estado deban ser adecuadamente manejados o fiscalizados, se trata de que nosotros venimos con 58
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una actitud de servicio y no a servirnos del presupuesto estatal, como lo han venido haciendo todos los partidos que estuvieron gobernando Bolivia desde el año 1952.
cobertura de sus propios incrementos salariales, los que hasta un determinado porcentaje deben ser descargados con facturas; sistema que sirve, asimismo, como un factor ordenador en el funcionamiento de la economía boliviana, en su relación con los contribuyentes, que nos permitirá canalizar en beneficio de todos estos sectores sociales, los TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DOLARES ANUALES, que se desvían a las manos de 100 contrabandistas, con la complicidad de las autoridades del gobierno, que han hecho de ellos un botín político.
El talón de Aquiles de la economía boliviana, cuyo manejo por parte del Estado se inicia en el año 1952, es la historia de los déficits presupuestarios, originados en la incapacidad del Estado de no poder desarrollar los mecanismos de recaudación de los impuestos internos y derechos aduaneros, que permitan convertirlos en los pilares naturales para el sustento de los gastos corrientes y los del mantenimiento del Estado. En resumen, siempre hemos gastado y malgastado más de lo que tenemos, de manera discrecional, como el negocio de los núcleos de poder económico al servicio de intereses extranjeros y de la antipatria que son los que nos han conducido a la asfixiante situación de extrema pobreza en la que nos encontramos inmersos. El manejo presupuestario no solamente debe referirse a la proyección de un presupuesto equilibrado de ingresos y egresos, sino al control de la ejecución presupuestaria, que es donde se realizan distorsiones de su aplicación. La austeridad en el gasto fiscal es uno de los principales propósitos en los que esta comprometido el equipo económico del FRENTE PATRIOTICO AGROPECUARIO DE BOLIVIA (FREPAB), pero la reducción de los gastos del gobierno, pese a su importancia, debe hacerse llegar a través de un mensaje claro a la población, de que estamos dispuestos a compartir sus sacrificios, eliminando para siempre, el cuoteo político en el manejo de los recursos de la cooperación internacional. Nos referimos de manera particular a los pluses, con los que se ha cancelado la traición de los consultores, facilitando el despojo de las riquezas que son de todos los bolivianos, a través de las leyes malditas de la capitalización, la ley INRA 1715, el 21060, el Código Minero, la reforma educativa y el regalo de nuestro gas, a través del decreto firmado el 4 de agosto por Sánchez de Lozada, dinero que debe ir en beneficio de la gente. Del mismo modo, los gastos corrientes de apariencia inflexible, si consideramos que se trata de los sueldos de los maestros, médicos, militares, policías y jubilados que en la mayor parte de los casos, reclaman con justo derecho los ajustes compensatorios del IPC, precisamente por su volumen, le dan al Estado una enorme capacidad de negociación para organizar el funcionamiento de un sistema de aplicación del IVA, que ayude a incrementar las recaudaciones, con las que debe atenderse a cada uno de los sectores, produciendo de ese modo la
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La reducción de los gastos de la reforma de pensiones es uno de los problemas de alta sensibilidad en el manejo del gasto publico y su incidencia, dentro del presupuesto nacional, no es tan definitiva como se quiere creer; lo que no quiere decir, que no hubiéramos pensado en la manera de aliviar su incidencia, del mismo modo que se plantea realizar en el punto anterior, en relación a los gastos corrientes. Es poco lo que se puede hacer para reducir los montos que se gastan por ese concepto, que no sea el colocar un límite máximo a las pensiones más altas, como una política que permita sustentarlas en el tiempo; lo que en todo caso, no es una solución desde el punto de vista de su incidencia porcentual. En tanto que, en lo que sí podemos trabajar es en evitar su crecimiento, financiándolo por vía separada, a través de la exigencia a los jubilados de descargos por un porcentaje de sus gastos, a través de la entrega de facturas que incrementarían los ingresos por ese concepto, destinando a financiar los mismos que deberían ser registrados en cuentas independientes, para ayudar a crear fondos compensatorios en el momento en el sobrepasen las previsiones. Asimismo, para poder financiar las inversiones de reactivación del aparato productivo, con el objeto de montar industrias de probada rentabilidad en el campo de los hidrocarburos, tenemos que garantizar los exiguos fondos obtenidos por la capitalización, cuyo manejo hasta ahora es realizado inconstitucionalmente y continúa beneficiando a las empresas capitalizadoras y a sus sicarios, nos referimos específicamente a los fondos que manejan las AFPs, con el objeto de asegurar rentabilidades mayores que nos permitan, sin desequilibrar la economía nacional ir incrementando el IPC del Bonosol. Uno de los gastos gravitantes, dentro del presupuesto nacional, es el del servicio a los intereses de la deuda externa; sin embargo, de que este constituye un porcentaje mayor debe ser sometido a una negociación concertada con los
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acreedores, cosa que puede lograrse a través de emisiones de bonos de la deuda externa, como lo hizo por ejemplo la Argentina.
La experiencia de países como Chile, así como nuestra experiencia de dejar hacer a los banqueros, respaldados por una ilimitada garantía estatal a los depósitos, fue la que dio como resultado la quiebra fraudulenta de muchos de los bancos. Caso BIDESA; BANCO DE COCHABAMBA, BANCO BOLIVIANO AMERICANO, BANCO AGRICOLA y otros, cuyas consecuencias finalmente recayeron en las espaldas de la gente, cosa que es incompatible con el giro bancario propiamente dicho, amen de originar enormes pérdidas fiscales que no estamos en condiciones de enfrentar; como tampoco podemos aliarnos a algunos bancos para realizar esos controles, porque daríamos lugar al desarrollo de un oligopolio odioso, discriminatorio y perjudicial.
4)
TEMA FINANCIERO CÓMO REACTIVARÁ EL FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO, etc.
La anormalidad con la que se desenvuelve el sistema financiero nacional, que no necesita promocionar la colocación de créditos por cuenta propia, obedece a dos factores de la propia estructura de funcionamiento del Estado que los distorsiona: 1. La primera es la que se refiere al hecho de haberse convertido en el banquero del Estado, que le asegura un 8% de rendimiento anual, convirtiéndose de ese modo en un cliente que distorsiona la verdadera misión de la banca comercial, para coadyuvar a la aplicación de políticas macroeconómicas, monetarias y crediticias del gobierno. En una primera instancia tenemos que buscar regularizar esa situación anómala, para devolverle a la banca privada su papel fundamental, en el apoyo al desarrollo de las políticas crediticias gubernamentales, que es la razón por la que el Estado vino, en el pasado, respaldando sus riesgos. Con las tasas en actual vigencia no podemos aspirar a impulsar una reactivación económica, ni mucho menos a apoyar los procesos para mejorar la utilización de las herramientas productivas con las que contamos, por lo que tenemos que rebajar las tasas para préstamos dedicados al sector productivo, como única herramienta para apoyar decididamente la primera fase de nuestro proyecto. 2. La relativa estabilidad monetaria, financiera y cambiaría está actualmente sustentada por el estado de suspensión animada en la que se encuentra la economía boliviana, que es lo que tenemos que romper para reactivarla, no solamente manteniendo la disciplina fiscal, ni la defensa de los mecanismos de la evolución del precio de la divisa, sino tomando las medidas para que en el inicio del funcionamiento de la recuperación económica, no hagan aflorar las presiones inflacionarias subyacentes.
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Una de las alternativas en las que debemos pensar, para financiar la reactivación, es la monetización del gas que tendría el efecto de proporcionarnos recursos frescos e incondicionados para aplicar las políticas de industrialización y de reactivación del aparato productivo nacional. Por lo tanto, debemos desterrar para siempre ese mito bien cultivado por los agentes internacionales y las transnacionales, sobre la incapacidad de los pueblos del Tercer Mundo, para aplicar las nuevas tecnologías y poder conseguir las inversiones requeridas.
VI.
POLÍTICA SOCIAL
La privatización de los servicios básicos en nuestro país, amén de haber adquirido una eficiencia inicial que se viene desvaneciendo, pero sin reducir las tarifas internacionales que rigen en nuestro país (pagos en dólares) y en algunos casos superiores a ella, por la actitud de las transnacionales que se hicieron cargo de su operación, se convirtieron en fuentes de exportación de divisas, y lo que es peor; se convirtieron en una parte importante del gasto del esmirriado presupuesto familiar de la mayor parte de los hogares bolivianos, insumiendo en muchos casos hasta el 25% de los ingresos, suma que antes podía ser dedicada a la adquisición de una vivienda (ENTEL, AGUAS DEL ILLIMANI, MISICUNI, IBERDROLA - ELECTROPAZ) . Estos servicios deben estar bajo la tuición del Estado. Sin embargo, tenemos que garantizar su adecuada administración para darles continuidad en su calidad, lo que requiere fundamentalmente una buena administración y un buen manejo presupuestario, acompañado del control social.
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La única respuesta factible en Bolivia parece ser la administración por una empresa mixta, que cuente adicionalmente con un riguroso control social rotativo, como el medio para evitar los abusos, excesos y actos de corrupción, a través de la fijación de elevados sueldos y honorarios administrativos, los que no guardan ninguna correspondencia con las capacidades o los resultados que obtienen, así como la posibilidad de realizar gastos sin control, que es la razón por la que deben estar sujetos a reglamentaciones claras, especialmente en la realización de contratos y adquisiciones.
pero lo que no podemos permitir es que existan bolivianos que no reciban los nutrientes necesarios para vivir, mientras los gobernantes realizan una serie de gastos suntuarios que pueden ser eliminados.
1.
LOS ELEVADOS INDICADORES MORBIMORTALIDAD
La morbi-mortalidad es uno de los problemas que está ligado a la extrema pobreza, en la que viven especialmente los habitantes de las comunidades rurales; que es un problema que debería ser resuelto por las alcaldías, las que por una falta de orientación del gobierno central, se dedican a construir plazas, escuelitas y canchas de fútbol, sin prestarle la debida atención al factor humano. Seminarios dirigidos a informar a la comunidad, para que acudan a los centros municipales que crearemos para el efecto, serán la forma de comenzar la solución de estos problemas, que deben a estar a cargo de labores comunitarias, como una forma de comenzar a integrarlas a la vida social.
2.
LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Este es uno de los problemas que no se resuelven por falta de buena voluntad e iniciativa para hacerlo y en la mayor parte de los casos se debe a la ignorancia de la población en materia alimenticia, para lo que el Ministerio de Salubridad deberá preparar un contingente de personas que vayan por las comunidades enseñando qué es lo que se debe consumir para evitarla. Esta es, asimismo, una información que se debe hacer llegar a los barrios marginales de las ciudades, en los que adicionalmente deben proyectarse películas educativas sobre el tema, especialmente para reforzar el consumo de los cereales andinos, que tienen todos los nutrientes necesarios para suplir las deficiencias.
3.
EDUCACIÓN
Impulsar la educación gratuita y universal, con un nuevo código educativo en función a desarrollar las capacidades y potencialidades de los niños y jóvenes. Se deberá articular a las universidades, las que manteniendo su autonomía deberán entroncarse a un proceso integral de la educación. La educación debe verdaderamente ser como lo proponía Platón hace cerca de tres milenios, la ciudadela del Estado. Lejos de lo que parece creerse, el problema educativo boliviano, no es un problema de falta de recursos económicos, sino un problema del estado de estancamiento de nuestra cultura, que es la cultura hispana, que no desarrolló originalmente la ciencia en nuestra propia lengua; porque aunque no se crea, o no se sepa, los conocimientos que difundimos en ella, son conocimientos de la ciencia, que nosotros no sabemos qué son, en qué consisten o cómo fueron desarrollados. La solución no es como hace años creíamos, un problema de recursos para reformar, cosa que ha sido palmariamente demostrada con los frutos de una reforma educativa, que en su primera fase le costó al país la fabulosa suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES, que ahora fueron reforzados con otros DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES adicionales, que no han resultado en ningún avance verdadero en materia de educación.
Excepcionalmente, el Estado debe subvencionar los déficits alimenticios aunque se corra el peligro de iniciar un círculo vicioso de dependencia de estas ayudas, que a la larga serán perjudiciales para el desarrollo familiar y comunal,
Las metas que las reformas educativas proponen, en los trabajos de los supuestos expertos consultores, y la manera en la que se encaran, en vista de los resultados, tienen que ser radicalmente cambiadas. Este es uno de los temas en el que los especialistas del FREPAB, han dedicado su mayor esfuerzo, a través de la búsqueda de apoyos internacionales que permitan diagnosticar y en consecuencia, proyectar un real mejoramiento; lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacernos ilusiones sobre las metas que se quieren alcanzar, en la que no valen las filosofías.
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Se trata de conseguir que la mayor parte de la población boliviana, sin distinción de sexos, edades, clases sociales, razas u otros componentes, alcancen una educación mínima, capaz de permitirle a cada uno de esos bolivianos, estar en condiciones de poder comprender las realidades básicas de la vida, las del mundo que nos rodea y de la sociedad en la que vivimos, cosa que se debe impartir con claridad en los estudios elementales.
de las nuevas industrias que tenemos que implementar, sería una alternativa, en la que el Estado debe colaborar ayudando en la realización de los programas, estudios que deben ser acompañados de prácticas, que hagan que la transición del estudiante a la vida real, no le sea traumática, este es uno de los caros anhelos de nuestra visión educativa.
De lo que se trata es de lograr que tengan una comprensión de las lecturas que les permitan participar en las decisiones del manejo de los negocios nacionales, cuando por razones del tipo de proyecto se les consulte, a través de plebiscitos, no sean votos de manada. El estudiante boliviano al terminar su educación secundaria, si trata de realizar un inventario de los conocimientos adquiridos, se encuentra con que es poco, o casi nada, el capital intelectual para continuar una educación superior. No llega a saber qué son, en qué consisten o qué relación tienen los conocimientos adquiridos en esos estudios para el desarrollo de su vida. Los estudios realizados de ese modo han sido de una abundancia exuberante, se ha tratado de enseñarle mucho más de la capacidad que tiene de aprender, pero lo que es más grave, es que no se le ha enseñado qué relación tienen esos conocimientos con el desarrollo de su vida; no se le ha dado ni siquiera nociones sobre el todo y las partes que constituye toda realidad, que es lo que como una especie de juego ha contribuido a elevar los índices de aprovechamiento de la los sistemas educativos españoles, como una forma de entrenamiento para no conformarse con las apariencias con las que las cosas se presentan. Uno de los peores problemas, con los que se encuentra el bachiller, es la escasez de posibilidades reales para producir su sustento material que le ofrecen las carreras universitarias y la competencia de miles de profesionales mal formados que lanzan a la calle las universidades; por lo que sabemos, una verdadera reforma educativa debe consistir en realizar una economía de la enseñanza, restringiéndola a las necesidades que tendrá como ciudadano en la vida diaria. Por las características de nuestra sociedad, la implementación de una verdadera educación técnica que sirva para apoyar las labores agrícolas, forestales, ganaderas, hidrocarburíferas y mineras que le permitan acompañar el desarrollo
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Los presupuestos que se debe asignar a cada programa deben acomodarse a nuestras posibilidades, porque como enunciamos, al comenzar esta parte de la proposición, ya se ha demostrado que el problema no se resolverá con masivas cantidades de recursos, sino con el conocimiento de saber qué es lo que realmente tenemos que hacer para mejorarla, cosa que de momento no sabemos. Nuestro empeño debe localizarse, principalmente, en complementar un desarrollo cultural integrado en las áreas rurales, que son las que más necesitan la atención del Estado, como instrumento para complementar la propia identidad de estos esforzados componentes de nuestra nacionalidad. Proyectos de educación alternativa, de ejercicio real, que permitan que los educandos no tengan que emigrar a las ciudades en busca de oportunidades que los gobiernos anteriores no han sabido construir en sus propios terruños. Las metas demagógicas de alfabetización que no han alcanzado en los dos siglos pasados, deberán ser una realidad en este milenio, como logro conseguido por los sacrificios de los trabajadores que son los que viven de la Bolivia profunda del campo, labrando las tierras que llevan el alimento a las ciudades.
4.
QUÉ MEDIDAS PRIORIZARÁ PARA VINCULAR LA EDUCACIÓN CON EL DESARROLLO PRODUCTIVO
Este es uno de los problemas relativamente fáciles de resolver, porque se trata de implementar a través de la infraestructura existente, en las diferentes regiones del país donde funcionan escuelas, un horario para impartir instrucción técnica, que en muchos casos puede dictarse como un complemento a los estudios secundarios, eligiendo que esas carreras técnicas se refieran a ocupaciones que tengan que ver con los productos de cada una de las regiones.
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5.
QUÉ MEDIDAS TOMARÁ PARA DESARROLLAR LA DIMENSIÓN INTER CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
Lo primero que se tiene que hacer, es preparar campañas educativas, en las que se comuniquen mensajes fáciles de comprender, a través de los cuales se haga conocer a la gente, que es precisamente la variedad intercultural, la base de nuestra potencialidad como país. Este es un papel en el que tiene que jugar una activa participación, las universidades del Estado, que tienen no solamente presupuestos e infraestructura para hacerlo, sino que son parte de la orientación que debe dar en la formación de sus profesionales para que puedan interactuar con la sociedad e impulsar el desarrollo cultural, respetando la diversidad..
6.
QUÉ NORMA ESPECÍFICAS ADOPTARÁ CONTRA LA DISCRIMINACIÓN CULTURAL
La discriminación cultural es una de las formas de discriminación, que está ligada a todas las demás; que nace por el desconocimiento de lo que la gente entiende como cultura, la que nace para servir las más humildes necesidades humanas; pese a las apariencias solemnes con la que ella en muchos casos se presenta. La cultura es la convicción vigente que dirige la vida de los grupos sociales, es, para resumir de algún modo, lo que el humano que la representa es, por lo que no es un tema normativo, sino más bien informativo. Programas de desarrollo cultural especialmente propiciados por las organizaciones civiles de la sociedad. Propiciar que las organizaciones civiles de la sociedad, promocionen la difusión de la cultura, especialmente en Bolivia, más que actitudes demagógicas, requiere de un verdadero marco de acción, en el que, lo primero que tenemos que hacer, es liberar tanto los libros como los materiales escolares de todo tipo de gravámenes. Las alcaldías que son beneficiarias de holgados presupuestos, tienen una dirección de cultura que es la que debemos hacer que funcione efectivamente, ayudando con sus programas culturales a recuperar espacios públicos, 67
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especialmente en los feriados y los fines de semana; actividades que se deben incrementar, tratando de abarcar todas las edades, cosa que ocurrirá si se las declara como actividades prioritarias del Estado.
VII.
INVERSIONES
Quién realiza inversiones en Bolivia, nos está demostrando su confianza, pero no estamos interesados en atraer capitales depredadores, que son los que rompen la posibilidad de una verdadera seguridad jurídica, que para ser tal, debe serlo para todos, cosa que solamente puede conseguirse a través del establecimiento de reglas de juego claras, que a la vez que ofrezcan facilidades y tranquilidad para el desarrollo de sus actividades, exijan como la contraparte el cumplimiento de esas reglas establecidas por las leyes bolivianas, que por la fragilidad del Estado boliviano han venido siendo vulneradas. El Estado boliviano, como todo Estado nacional, tiene el derecho y el deber de señalar a los inversionistas sus prioridades, utilizando para ello los mecanismos de negociación, que a la vez que le den atractivo a sus inversiones, los comprometan con el desarrollo social de su entorno, porque la única garantía real que se puede ofrecer es que se esto suceda en un ambiente de tranquilidad social, que sólo puede conseguirse si se atienden las justas aspiraciones de quienes contribuyen con sus esfuerzos a la consecución de los buenos resultados económicos, me refiero a los trabajadores bolivianos. Una clara demostración de que las cosas funcionan de ese modo, la han dado los gobiernos neoliberales, que no han conseguido, durante sus largas gestiones, atraer verdaderas inversiones productivas a Bolivia; porque al realizar concesiones inmorales a los inversionistas, actuando como verdaderos mercenarios, han contribuido decididamente a la creación de un ambiente de convulsión social, nada propicio para el desarrollo de las actividades productivas, lo que no puede solucionarse con acciones represivas que sólo fomentan la espiral de la violencia. Seguridad jurídica, en consecuencia, significa seguridad jurídica para todos los bolivianos sin excepción y seguridad jurídica para todos los extranjeros que radican en nuestro país, así como para aquellos que realizan inversiones con nosotros, definición que no es del FREPAB o de nuestro proyecto de gobierno, sino que parte de la propia declaración de los derechos universales del hombre consagrados en el año 1789. 68
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La seguridad jurídica, como un marco de acción dentro de la sociedad boliviana, que por ello participa en el seno de la sociedades de las naciones, no puede ser excluyente, la desconfianza que pudiera tener el inversionista nacional o extranjero debe ser despejada porque no es un factor común entre las partes; puesto que no debemos olvidar, que la desconfianza es un capítulo avanzado de la confianza, a la que el pueblo boliviano jamás a faltado. La seguridad jurídica sin equidad, sin un ambiente social que la fomente, sin la esperanza de días mejores para todos, es solo un enunciado. Hablar de seguridad jurídica, en el ámbito de las inversiones que tanto bolivianos y extranjeros realizan en nuestro país, es necesariamente hablar de obligaciones contractuales que se forman entre los inversionistas y el Estado boliviano. Ellas nacen, en consecuencia, en la tácita aceptación de las leyes bolivianas, a cuyo cumplimiento se someten ambas partes.
inversiones y labores productivas en Bolivia, pero en el marco de un verdadero ambiente de paz social, sustentado en una igualdad de oportunidades para todos.
Cuando se hace referencia a las inversiones extranjeras, ellas están sujetas a la firma de contratos que no pueden contravenir las leyes de la república, que no pueden contener excepciones y que obligan en consecuencia a ambas partes. No podemos hablar de seguridad jurídica en cuanto a la impugnación de contratos ilegales que no han cumplido debidamente su tramitación, lo que cae en el campo de las disputas judiciales, cuya garantía de imparcialidad y honestidad es lo que debe garantizar un Estado. El gobierno del FREPAB, pese a lo que se dice y se teme, será un gobierno ejemplar en el cumplimiento de la ley y de sus obligaciones constitucionales y será, en el marco de la asamblea del pueblo, que luchará para lograr las reformas que hagan de nuestra Constitución un equivalente a las que rigen en los países organizados del mundo. Ayudas e inversiones que tengan como principio burlar las leyes bolivianas, distorsionando de ese modo las relaciones contractuales y pretendiendo forzar una seguridad jurídica que tuvo un nacimiento espurio, no es parte de lo que nosotros, ni los demás pueblos del mundo, consideramos como seguridad jurídica. A quienes debemos verdaderamente temer, como impulsores de la inseguridad jurídica, es al propio sistema judicial y a la corrupción estatal, pero en ningún instante a un gobierno del pueblo, que por el contrario se propone fomentar el desarrollo de un clima de paz y tranquilidad para quienes realicen
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El problema del desempleo en Bolivia es uno de lo más complejos con los que tenemos que lidiar, el que no abarca solamente las cifras de desocupación que nos da el INE, sino que va más allá involucrando a los informales y al gran porcentaje de la población boliviana que tuvo que emigrar en busca de oportunidades de vida que no se les pudo brindar. El problema, pese a su aparente diversidad, es un círculo vicioso. Las actividades informales constituyen una forma dramática de subempleo, a la que la gente acude en la desesperación de ganarse el sustento y el de su familia, que tiene efectos perniciosos, tanto para el que lo ejerce, como para la economía porque es una actividad que en su mayoría se alimenta del contrabando, constituyendo con él, un verdadero círculo vicioso, que esteriliza un gran porcentaje de la economía; al realizar dentro de el operaciones al contado, inhibiendo el efecto multiplicador, destruyendo el comercio legalmente establecido y presionando sobre la divisa norteamericana con su demanda por dólares. Dentro de este círculo, existen en realidad poquísimos beneficiados. Los 100 grandes contrabandistas, que son los que se benefician con los mas de trescientos millones de dólares de pagos aduaneros y tributarios que evaden. Perjuicio al que debemos sumar el caos en el que se va convirtiendo el funcionamiento de la economía nacional, que conspira en contra de todos los planes para impulsarla. Las soluciones que debemos aplicar, a la vez que tienen que ser soluciones innovadoras, tienen que ceñirse al marco de las exigencias de los financiadores internacionales para el manejo de la economía, para poder contar con decidido apoyo en la implementación de las soluciones. Se trata de conseguir que esos más de trescientos millones de dólares, se distribuyan entre los informales, como recompensa a su cooperación y a los diferentes sectores que año tras años entran en conflicto tratando de recuperar el valor adquisitivo de su salario. Los resultados que podemos obtener, bien valen el esfuerzo
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VIII.
DESARROLLO ECONÓMICO POBREZA Y EMPLEO METAS DE CRECIMIENTO Y EMPLEO QUE SE PROPONE ALCANZAR EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS PARA LOGRAR EL RESULTADO
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cometida por gobierno alguno, lindando tales hechos en crimen económico penado por ley, al haber violentado, violado y vulnerado flagrantemente la Constitución Política de Estado con grave daño a la economía nacional. 2.
El crecimiento económico nacional dependerá no sólo de la magnitud de las inversiones, sino fundamentalmente de su calidad o rentabilidad económicosocial, que es la razón por la que, especialmente en los inicios, debamos orientar nuestros esfuerzos a pocos rubros principales que tienen un gran potencial y que son fuertes generadores de fuentes de empleo, entre ellos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Sector hidrocarburos, petroquímica y termoeléctrica Sector forestal Sector agrícola Sector minero Sector turismo Sector manufacturero Sector construcción Sector comercio Servicios financieros Sector comunal y social Sector energía Sector cueros Sector camélidos Sector transporte Sector papa Sector quinua Sector oleaginosas, soya Sector ganadero Sector haba
IX. 1)
POLÍTICA DE HIDROCARBUROS RETROCESO HISTÓRICO. LA PRIVATIZACIÓN DE YPFB Y LA ENAJENACIÓN DEL GAS
1.
Este proceso de capitalización-privatización de YPFB y la enajenación de sus hidrocarburos constituyó la peor acción de política económica 71
3.
El eje de la política petrolera regresiva es la Ley de Hidrocarburos N° 1689, de corte colonial cuyo elementos básicos son: •
El petróleo y gas se consideran comodity o simples mercancías y no recurso estratégico de interés nacional.
•
Eliminación de YPFB del escenario petrolero y enajenación de sus reservas de hidrocarburos, las cuales son transferidas libres de costo a las transnacionales.
•
Tributación de despojo: Regalías Departamentales 12% y Participación Estatal del 6%. Demagógicamente se establece una tributación complementaria del 32% para yacimientos existentes, que se burla con disposiciones reglamentarias arbitrarias.
•
Libre mercado de la producción sin obligación de suministrar petróleo y gas para el mercado interno a precios razonables como en el pasado. Lo hacen a precio internacional afectando a la economía nacional.
•
No existe fiscalización alguna sobre las concesionarias dando lugar a la evasión impositiva al declarar utilidades negativas y a la vez realizar exportaciones de productos a precios más bajos que los ofrecidos al mercado interno.
•
La Inversión Externa Directa no fue dirigida a nuevas áreas de exploración sino a las que obligadamente dejó YPFB, con importantes reservas potenciales ya declaradas y con valiosa información geológica-geofísica.
Los resultados, totalmente negativos de este proceso, han sido denunciados a través de Foros, Seminarios, publicaciones y libros. La crisis total que agobia al propio Estado y a la sociedad boliviana se debe a los efectos de este proceso, que resultó la etapa final, salvaje, del Modelo Neoliberal impuesto en agosto de 1985. En síntesis, se desmanteló el Estado-Nación que había emergido como rector y gestor de la economía, como planificador y regulador, y que en el sector estratégico de la economía actuaba directamente a través de las seis empresas estatales
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productivas y de servicios, cuyo exitoso desarrollo significaba el aporte de ingresos sustanciales al TGN. 4.
Es pertinente señalar que el modelo neoliberal es la culminación de un plan y estrategia iniciados en 1974 en EEUU, por la Comisión Trilateral liderizada por el Clan petrolero Rockeffeller que plantea la destrucción del Estado-Nación, que emergían en los países del Tercer Mundo, por ser un riesgo para las transnacionales. Este plan es replanteado mediante los documentos Santa Fe I y II presentados al Presidente Reagan recomendando que el FMI y el Banco Central cambien sus políticas de apoyo económico a estos países, por otras para promover Programas de Ajuste Estructural condicionados a la regulación de presupuestos y ayudas monetarias. Finalmente, en el gobierno de Clinton al plan se lo llama el Consenso de Washington y ya es política de Estado denominado modelo neoliberal.
5.
Brevemente, el modelo es una plataforma con tres pilares: uno, adelgazamiento del Estado-Nación abandonando la dirección y fiscalización del sector económico; dos, privatización de las empresas públicas por ser irrentables y una carga para el Estado; y tres, mercado libre para franca competitividad o sea países sin fronteras.
6.
Ahora, Bolivia es país sin soberanía política y desprovista de independencia económica; es una neocolonia, ocupada por el poder transnacional que opera través del Sistema de Superintendencias para legalizar el saqueo. La pobreza aumentó lo mismo que el desempleo y la marginación social. El propio Estado es mendicante de la ayuda externa para sobrevivir. El FMI y el Banco Mundial son cómplices del descalabro económico social del país. El gobierno hacia el exterior se muestra como régimen democrático y constitucional, ocultando el rosario de violaciones a la Carta Magna manipuladas para imponer el modelo de dependencia neoliberal. Este modelo desvirtúa el espíritu de la democracia, esto es, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
7.
El pueblo boliviano resultó ser el más castigado por este modelo y tomó conciencia de la necesidad de reaccionar con energía mediante la acción concertada de las organizaciones populares del campo, centros mineros y ciudad. El detonante fue el intento de la Pacific LNG o sea las transnacionales petroleras del campo Margarita, encabezadas por la REPSOL-YPF de exportar gas por y para Chile en 2003, dando lugar
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a la insurgencia popular de octubre que culminó con la expulsión del agente principal de las transnacionales Sánchez de Lozada. 8.
La demanda enérgica del pueblo era un cambio de política petrolera al decidir: No a la exportación del gas y SI a su industrialización, mediante la imperativa recuperación del Gas para la Nación y los bolivianos.
9.
El pueblo decidió que se abra un diálogo sobre este cambio de política petrolera que culmine en Consulta Pública o Referéndum. El presidente Carlos Mesa, sin consensuar con el pueblo, planteó cinco preguntas, cuatro de ellas con medias verdades que daban lugar a interpretaciones diversas. El Ejecutivo presentó una ley de hidrocarburos corta que fue rechazada por el Parlamento y tuvo que reemplazarla por otra con 125 artículos. Por su parte, la Comisión de Desarrollo Económico (CDE) presentó otra propuesta siguiendo el patrón del Ejecutivo, pero que en artículos básicos diferían como ser: la obligatoriedad de que los contratos se sometan a la nueva norma propuesta por la CDE mientras que el Ejecutivo proponía la negociación; y en cuanto a la tributación, la CDE definía el 50% de los ingresos como Regalías versus el Ejecutivo que proponía sólo el 18% como Regalía, a la que añadiría un Impuesto Complementario del 32%, cuya normatividad es conflictiva por lo que no se garantiza su cumplimiento.
10.
Ambos proyectos no cumplen con los mandamientos constitucionales en orden a que: a) el Estado debe recuperar la capacidad de dirigir, fiscalizar y regular al sector; y b) que YPFB retome el rol protagónico, que anteriormente tenía, para recuperar sus reservas de hidrocarburos enajenados, recobrar sus refinerías, plantas y redes de oleoductos y gasoductos y, un hecho importante, que participe de las actuales exportaciones de gas y asimismo, asuma la planificación y ejecución de los principales proyectos petroquímicos y de industrialización.
11.
Considerando que la correlación de fuerzas en el Parlamento es favorable al modelo neoliberal, que es el mismo que sustentaba a Sánchez de Lozada, la ley de hidrocarburos que al final se aprobó el 17 de mayo de 2005, con la Ley N°3058, que toma la mayoría de los elementos propuestos por la Comisión Económica de Diputados, no responde a la demanda del pueblo boliviano de recuperar soberanamente nuestros hidrocarburos, por el expediente de la formulación de una nueva política
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petrolera que recupere totalmente estos recursos para el Estado y transforme el potencial de los hidrocarburos en riqueza para salir de la pobreza, la miseria y la marginación social que agobian al pueblo boliviano. 12.
2)
Consiguientemente, el pueblo boliviano ha hecho conciencia de que la solución definitiva es por la vía de la Nacionalización Total de los Hidrocarburos, medida suprema a asumir con la capacidad que tenemos y con la fe y la esperanza que siempre mantendremos.
LA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS ES FACTIBLE Y NECESARIA PORQUE ESA RIQUEZA PERMITIRÁ SUPERAR LA POBREZA
El Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia plantea y reitera su posición programática, respecto a la nacionalización de la industria de los hidrocarburos. La nacionalización de los hidrocarburos significa, no sólo el cuestionamiento a la Política Neocolonial del Imperialismo y la obsecuencia de la oligarquía extranjerizante enquistada en nuestro país, sino que constituye un imperativo de soberanía política y económica debido a que los importante excedentes generados por su explotación está en manos de transnacionales, a través de contratos ilegales, lo que provoca la descapitalización progresiva e incesante de la Nación, reeditando la trágica historia económica de nuestro país, caracterizada por el saqueo de sus riquezas y desmembramientos territoriales a causa de la política antinacional de la clase dominante.
SECCIÓN JURÍDICA DE PRINCIPIOS Las razones que la sustentan son de orden jurídico, de economía política, de capacidad tecnológica disponible y de autoestima del recurso humano nacional. Por otra parte, debemos recordar que Bolivia fue el primer país en la comunidad latinoamericana y tal vez en el mundo petrolero, que enarboló la tesis de la recuperación de un recurso natural, en ese caso, de su petróleo que estaba bajo el control monopólico de la poderosa petrolera norteamericana Standard Oil de Nueva Jersey, De orden jurídico nacional, ya que por mandato del artículo 22° de la Constitución Política del Estado se sustenta el derecho soberano de expropiar la propiedad privada, cuando daña o se interpone al interés nacional obstaculizando 75
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su desarrollo económico social y conforme a lo prescrito en los siguientes numerales del citado artículo de la CPE. “ Numeral I. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo nacional”. “Numeral II. La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumpla una función social calificada conforme a ley y previa indemnización justa”. En el caso de los hidrocarburos es demostrable que por causa del modelo neoliberal, aplicado en agosto de 1985, se vulneró, violó, en forma continua y sistemática, la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, enajenando todos los recursos de petróleo y del gas que habían sido desarrollados exitosamente por YPFB y las reservas recientemente descubiertas de “condensado de gas” que son de gran potencialidad. El proceso neoliberal destructivo del Estado Nacional se inició con el DS 21060, con el que comenzó el desmantelamiento de la empresa estatal YPFB imponiéndole una tributación de asfixia del 65% de sus ingresos brutos, además de seguir pagando las Regalías del 12 %, culminando el proceso con las Leyes de Capitalización, de Hidrocarburos N° 1689 y la última, N° 3058, del 17 mayo/2005, que no cumple con el Referéndum del 18/julio/2004 y, lo que es peor, no se atiene a la declaración del Tribunal Constitucional, en sentido de que los 72 contratos petroleros de Riesgo Compartido no fueron aprobados por el Congreso Nacional, artículo constitucional 59.5, requisito indispensable, por lo que esos contratos son nulos de pleno derecho e inexistentes jurídicamente, todo lo cual justifica el PROCESO DE NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN EL MARCO CONSTITUCIONAL. De orden jurídico internacional. Lo más importante es que existe jurisprudencia internacional respecto a la soberanía permanente de las naciones sobre sus recursos naturales e hidrocarburíferos, impartida por las Naciones Unidas (ONU), el 14 de diciembre de 1962, en su Asamblea General que contó con los representantes de 154 naciones que aprobaron con voto unánime la Resolución N° 1803, que en su parte resolutiva: (Textual) “ DECLARA lo siguiente:
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1.
El derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.
2.
La nacionalización, la expropiación o la requisición deben fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen superiores al mero interés particular o privado tanto nacional como extranjero. En esos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente, con arreglo a las normas en vigor en el Estado que adopte esas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho internacional. En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización de origen a un litigio, debe acogerse a la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial internacional.
3.
El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los Estados basado en su igualdad soberana.
4.
La cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo ya sea que consista en inversión de capitales, públicos o privados, intercambio de bienes y servicios, asistencia técnica o intercambio de información científica, será de tal naturaleza que favorezca los intereses del desarrollo nacional independiente de esos países y se basará en el respeto de la soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales.
5.
La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contrario al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz”.
Así, el derecho a nacionalizar no sólo está involucrado en el Derecho Constitucional e inscrito en las Constituciones de cada uno de los países, sino también ha sido consignado en el derecho internacional dentro de la Carta de derechos y deberes económicos de los Estados aprobado en la Sesión plena 23152 de Naciones Unidas, celebrada el 12 de diciembre de 1974, cuyo capítulo II 77
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Declara el Derecho de todo Estado a elegir su sistema económico y de ejercer soberanía plena sobre sus recursos naturales. Reconoce y determina en el inciso c) del artículo 2do. El derecho de los Estados a “Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de los bienes extranjeros al dominio nacional”. Conforme al mismo dispositivo, declara que en tales casos (nacionalización, expropiación) se aplica el derecho interno de esos Estados, se aplican sus leyes y reglamentos en todas las circunstancias consideradas pertinentes por el Estado. Otros principios sustentados por la ONU, que tienen relación con el caso de la Nacionalización de Hidrocarburos bolivianos son los siguientes: •
La AUTODETERMINACIÓN de las NACIONES
•
La NO INTERVENCIÓN
•
La IGUALDAD JURÍDICA de los ESTADOS
Por otra parte, la pobreza en el mundo, es el resultado del injusto orden económico en el ámbito del sistema capitalista caracterizado por el llamado “los términos del intercambio desigual”, por el cual los países del primer mundo venden su productos industriales cada vez más caro, mientras que los del Tercer Mundo tienen precios cada vez más bajos por sus materias primas. El 14 de junio pasado se realizó en Doha otra Cumbre entre los países del Grupo G.7 ricos y el Grupo G.77 de los pobres, a raíz del reclamo de estos últimos acerca del incumplimiento de los aportes de ayuda comprometidos para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Los ricos se comprometieron a elevar su aporte hasta el 0.56 del PIB, en diez años lo que significarían 165.000 millones de dólares y, además a condonar la deuda externa de los más pobres. Lo rescatable de esta temática para Bolivia en la eventualidad de la nacionalización del gas, radica en que siendo Bolivia el más pobre del Continente, hará valer los argumentos de que para salir del hambre y la pobreza tiene imperiosamente que recuperar este recurso Gas y los países matrices de las transnacionales petroleras asentadas en el país, tienen que comprender esta dramática situación y más bien cooperar como es la determinación del Grupo de los 7, G-7.
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En resumen, el Estado boliviano cuenta con el suficiente arsenal de argumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales; en consecuencia, el Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) reafirma y defiende el proceso de nacionalización de los hidrocarburos en el marco constitucional nacional e internacional.
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2.
Previamente se realizará un inventario con cualificación y certificación de las reservas de hidrocarburos y un balance económico de lo que representan al momento, como sigue:
El hecho económico y político remarcable e importante para la reactivación económica de YPFB, requiere el desarrollo y potenciamiento económico mediante la refundación de YPFB, para garantizar la implementación de la cadena productiva con la industrialización de los hidrocarburos, integral o sea que desarrolle todas las fases de la industria: la exploración, perforación de pozos, producción, transporte, refinación e industrialización, comercialización y distribución. Factor de ajuste por la incertidumbre geológica del tipo de reserva.
Parte de esas complejas tareas, YPFB las realizó dentro de una política de formación permanente de recursos humanos y su actualización para estar al día en la innovación tecnológica y científica petroleras. Esta fue la clave para contar con una empresa moderna y altamente productiva y rentable, que la situó como la primera empresa y más grande del país. Antes de la capitalización tenía ingresos brutos que alcanzaban los 750 millones de dólares en 1994, aportando al TGN 430 MM$ aparte de 45 MM$ como regalías. De no haberse consumado la “des-capitalización”, en este momento su aporte a la nación superaría los 900 MM$. FREPAB propone, por tanto, que YPFB deberá de utilizar el instrumento de la planificación estratégica una vez nacionalizados los hidrocarburos, con señalamiento de objetivos prioritarios. Así, su primer objetivo será lograr el total abastecimiento de carburantes en el menor tiempo posible. Esta meta deberá alcanzar su producción para satisfacer la demanda interna de petróleo y lo más importante es contar con precios competitivos, para estimular la industria, agroindustria, ayudar el transporte y beneficiar la canasta familiar.
Por su carácter estratégico, el desarrollo del sector será totalmente estatal o sea través de la nacionalización y refundación de YPFB, debidamente reestructurado. 79
El costo de transporte de Bolivia (en boca pozo-punto de fiscalización). Por la crisis energética y el agotamiento mundial continuará pronto una escalada ascendente de precios que superen los setenta dólares el barril de petróleo crudo.
•
El precio del gas natural es el promedio ponderado de los precios del mercado interno y los de exportación.
•
El gran total es conservativo pero garantiza, con creces, los pagos por indemnizaciones que correspondan por efecto de la nacionalización.
•
Los yacimientos profundos del Devonico que hacen el 85% de las reservas, se hallan principalmente en el Chaco tarijeño y parte de Chuquisaca. Esta cuenca se extiende hasta Bulo Bulo en Cochabamba, por lo que estas reservas podrían triplicarse.
3.
Es conveniente mostrar el actual escenario de la producción del petróleo y gas, y su utilización en los programas de abastecimiento del mercado interno, con productos tanto de Planta de campo como de Refinerías. Igualmente, se debe revisar las exportaciones al Brasil y Argentina, a través de una evaluación técnica integral.
4.
Con base en esa información, es muy ilustrativo establecer los rendimientos o aportes económicos que obtendrán tanto el Estado como
PLAN BÁSICO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS PARA PROMOVER LA INDUSTRIALIZACION DEL GAS JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA 1.
•
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los departamentos en un año de gestión; para lo cual, los recursos humanos de los técnicos profesionales bolivianos tendrán un papel importante en la planificación y desarrollo de todas las etapas de la cadena productiva y en el ajuste de los volúmenes del petróleo para las refinerías y también de los precios de carburantes destinados a corregirlos, eliminar el déficit de diesel (carga para el TGN) y ayudar a la industria, agroindustria, transporte y canasta familiar rebajando los precios de la gasolina, diesel y GLP con la instalación masiva de gas domiciliario y el cambio de la matriz energética vehicular e industrial.
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EN MM $US.
5.-
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Definido el escenario de producción de petróleo, gas, derivados y precios de los mismos para los mercados internos y externos, así como las inversiones, gastos, costos, tributación y varios; nos permite definir el cuadro de Ingresos y Egresos, las utilidades y determinar la rentabilidad de este programa energético nacional, a cargo de YPFB cien por ciento. INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS, INGRESOS Y EGRESOS, UTILIDADES
INGRESOS en MM us1.- VENTA DERIVADOS+LPGcampos+EXPORT. PETRÓLEO 2- EXPORTACIÓN de GAS al BRASIL y ARGENTINA 3.- VENTA GAS MERCADO INTERNO
953 717 78
TOTAL INGRESOS 1.768 EGRESOS en MM $us. 1. REGALÍAS E IMPUESTOS 998 2. COSTO PRODUCCIÓN PETRÓLEO 49 3. COSTO PRODUCCIÓN DEL GAS 112 4. COSTO REFINACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZ. 158
TRIBUTACIÓN EN MILLONES DE DÓLARES AÑO UTILIDADES YPFB RENTABILIDAD
TOTAL EGRESOS 1.305 463 18.9 %.
Nota: Debe eliminarse el crédito CEDEIM a las exportaciones de hidrocarburos.
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EL ROL DEL ESTADO Y LA EXPERIENCIA VALIOSA DE YPFB 1.
En el mundo moderno, los hidrocarburos se constituyen en el principal recurso energético en el proceso productivo. En Bolivia participan en un 92 por ciento en el Balance Energético.
2.
El consumo energético per capita es uno de los principales indicadores del grado de desarrollo de los países y mantiene una buena correlación con el Producto Interno Bruto nacional, (PIB). O sea, que para un buen crecimiento de la economía o PIB se requiere un mayor consumo energético. Un índice alto es indicativo de un buen desarrollo. El índice boliviano es de 939 Kilos Carbón, por persona (per cápita) versus 2.123 de la Argentina y 13.953 de los EEUU. Los hidrocarburos en Bolivia juegan un papel central y determinante en el desarrollo nacional por tres condicionantes:
3.
4.
a)
Generan un gran excedente económico que viabiliza el despegue de la economía nacional.
b)
Es una industria industrializante con excelentes planes de un desarrollo petroquímico y el impulso a la minería y a la agroindustria.
c)
Motiva el sentimiento de Patria Unida por su rol histórico a raíz de la Guerra del Chaco, la creación de YPFB, la primera expropiación petrolera en 1937 y la segunda en 1969, reiterando la tesis de que el Estado debe realizar directamente el desarrollo de nuestros recursos naturales, en especial de los hidrocarburos por ser estratégicos.
Por estas circunstancias y valores, el sector de los hidrocarburos tiene el carácter de clave y estratégico en el desarrollo social económico nacional, por lo que el Estado debe conducir, planificar y fiscalizar el desenvolvimiento del sector preservando la seguridad energética en particular. Concordante con los principios del punto anterior y por mandato constitucional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -YPFB- es el ente ejecutor de esa política petrolera de racional aprovechamiento de los hidrocarburos, en beneficio de la nación y del pueblo boliviano.
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5.
La creación de YPFB, el 21 de diciembre de 1936, y paralelamente, la expropiación petrolera el 13 de marzo de 1937, recuperando de la empresa norteamericana Standard Oil una extensa concesión, marcan un hito histórico nacional y también latinoamericano. Significó sentar el principio de que una Nación tiene el derecho soberano de recuperar sus recursos naturales para su aprovechamiento por si misma y en beneficio nacional.
6.
YPFB fue organizada como empresa paraestatal, con autarquía administrativa, técnica y económica, y en su funcionamiento con el carácter de integrada abarcando todo el escenario productivo y de servicios del sector, esto es, la exploración, perforación, producción, transporte por dúctos, refinación e industrialización, distribución y comercialización. Tarea gigante fue formar aceleradamente sus cuadros de ingenieros, geólogos y técnicos de alta capacidad, lo cual lo logró y fue la razón de su éxito.
7.
YPFB, al iniciar sus operaciones, se le asignó el área sureste comprendida por los Departamentos de Tarija, Chuquisaca y sur de Santa Cruz conocidas como la llanura chaqueña y sierras subandinas, con límites con Argentina y Paraguay y al norte hasta el Rio Parapetí. La extensa zona al norte de este río fue asignada a la “Comisión Mixta BolivianaBrasilera para el Aprovechamiento del Petróleo boliviano”, comisión que hizo un trabajo poco serio y por ello fue disuelta en 1954, a sugerencia de YPFB que reclamaba la asignación de bloques en esta extensa área.
8.
YPFB, a lo largo de 60 años de existencia, respondió amplia y satisfactoriamente con los objetivos planteados: el primero fue satisfacer cien por ciento el abastecimiento interno de carburantes, que fue cumplido en 1954. Se calcula que por este cometido se logró un ahorro en divisas hasta 1994 de alrededor de 30.000 millones de dólares al valor presente y un ingreso por exportaciones de petróleo, gas y derivados de más de 6.500 millones de dólares.
9.
YPFB se convirtió en la más grande e importante empresa del país pues sus ingresos brutos ascendían a 730 millones de dólares en la víspera de su privatización - capitalización en 1996, manteniendo un crecimiento anual del 6%. El DS. 21060 del año 1985 obligó a YPFB a cancelar todos sus proyectos de inversión, a la vez que le impuso una tributación exorbitante del 65% aplicado a sus ingresos brutos mediante la llamada
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Ley Financial Anual, además del pago de regalías del 12%. Los Balances anuales y Boletines Anuales de YPFB demuestran que esta empresa era el principal sostén del Gobierno pues sus aportes anuales eran superiores a 430 millones de dólares año y que se incrementarían sustancialmente con la exportación de gas programada al Brasil. Pese a esta medida dirigida a su asfixia, no lo logró pues gracias al dinamismo y al mantener todo su poder logístico operatorio continuó descubriendo reservas de hidrocarburos superando a las empresas extranjeras existentes. 10.
YPFB en 1982 descubrió con el pozo Bermejo X.44, las reservas profundas del Devónico entre 4.500 a 4.700 metros que son de “condensado de gas”. A 45 kilómetros al Norte de Bermejo, confirmó la presencia de esos yacimientos profundos con el Pozo San Alberto X-9 en el año 1990, y más adelante, en septiembre de 1993 comprobó la presencia de esos yacimiento en una localidad lejana del Departamento de Cochabamba, con el pozo Bulo Bulo X-3, a cuyas pruebas de producción asistió el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien resaltó este descubrimiento petrolero.
11.
YPFB, a la luz de este importante descubrimiento de estos yacimientos mal llamados de “gas”, pues técnicamente son “condensado de gas”, por contener líquidos livianos, realizó una reinterpretación geológica de esta extensa cuenca petrolera y determinó la existencia de 8 cordones estructurales paralelos corriendo de sur a norte, en los cuales ubicó más de 70 altos estructurales con grandes posibilidades productivas. Entre ellas se identificó las estructuras de San Antonio, Itau, Margarita, Madrejones, Incahuasu y San Roque. Preliminarmente hizo una cuantificación de reservas probables y potenciales del orden de 23 Trillones de pies cúbicos y 500 millones de barriles de petróleo condensado. Planificó su desarrollo gradual a lo largo de 10 años, contando con todos los equipos y materiales para el caso. Cabe citar que sus reservas probadas en explotación eran: 220 millones de barriles de petróleo y 7.2 Trillones de pies cúbicos de gas.
12.
Estas realizaciones de YPFB eran demostrativas de su alto grado de eficiencia operativa y generador de riqueza en beneficio del Estado y del pueblo boliviano, por esfuerzo propio. A este respecto, es conveniente rebatir el mito difundido por los gobiernos neoliberales y las transnacionales que dicen: que para explotar nuestros recursos naturales
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y su desarrollo se requieren de avanzadas tecnologías y de cuantiosas inversiones que no las tenemos, por lo que necesariamente tenemos que acudir a las transnacionales. Esto no es cierto y así está comprobado en Bolivia en hidrocarburos y en energía eléctrica. YPFB y ENDE supieron formar cuadros de profesionales del más alto nivel, con dominio de las tecnologías especificas fundamentales y esto, era un factor esencial para formular proyectos sólidos identificando las tecnologías adecuadas, los mercados correspondientes y los precios de competencia. Al demostrar la rentabilidad del proyecto, los créditos internacionales fluyen por sí mismos y así es como YPFB creció fortaleciendo la economía nacional por efecto multiplicador y creando fuentes de trabajo. Ilustrativo es señalar que YPFB recibió un aporte de capital de arranque, al fundarse, de 50.000 dólares y nada más. En la época en que habían divisas preferenciales para incentivar el desarrollo nacional, YPFB como cualquier otra empresa, recibió esas divisas en ciertos casos, pero no como subsidio. YPFB siempre tuvo una economía sólida que le permitía cumplir con la tributación señalada por ley, esto es, las regalías departamentales y los impuestos al TGN; y al finalizar la gestión anual, siempre se registraban utilidades que eran reinvertidas en la siguiente gestión anual. En ciertas ocasiones, cuando estas utilidades eran altas, se incorporaban impuestos especiales a la gasolina y diesel del orden del 12%. Además propiciaba una política de precios de los carburantes razonablemente bajos en comparación con los vigentes en el mercado internacional, para ayudar a los sectores productivos, de servicios y a la canasta familiar. 13.
Finalmente, para demostrar la potencialidad del sector de hidrocarburos y generar riqueza, es conveniente que revisemos el caso de YPFB, partiendo de la ecuación: eficiencia empresarial más reservas de hidrocarburos descubiertas, más proyectos rentables, más reinversión de utilidades (expansión), más créditos internacionales (expansión), igual a incremento de aportes para el TGN y Regalías o sea generación de riqueza (incremento del patrimonio tangible).
En efecto, antes de la capitalización de YPFB en 1996, su Patrimonio Tangible se había incrementado en un valor extraordinariamente alto, como se describe en el cuadro siguiente:
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La cuantificación y certificación de las Reservas de Hidrocarburos citadas son oficiales de YPFB al 1° de enero de 1995, y constan en documentos de la empresa y eran de conocimiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, de su Ministro de Hidrocarburos y difundidas por Mauricio Gonzalez S., como Presidente de YPFB, en Cadena al demostrar las excelentes bondades hidrocarburíferas de Bolivia para los inversionistas.
LA TERCERA NACIONALIZACIÓN CONSTITUCIONAL PROGRAMA DE PROYECTOS
PETROLERA
1.
El derecho del Estado boliviano a nacionalizar el petróleo y gas tiene su punto partida en el principio de libre determinación de los pueblos sobre su forma de gobierno que decidan adoptar, el modelo económico que resuelvan construir y la estrategia a seguir en la recuperación de sus recursos naturales en bien de su sociedad.
2.
Esos principios de soberanía política, de independencia económica, o sea, de libre determinación o también de autodeterminación se traduce en la Constitución Política del Estado vigente, la cual, ha incorporado en el artículo 4to., el acápite que dice: “ El pueblo delibera y gobierna por.... y mediante la Iniciativa Legislativa Ciudadana, la Asamblea Constituyente y el Referéndum Constitucional...normados por Ley”.
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3.
El pueblo boliviano, en su gran mayoría, ha tomado conciencia de la necesidad y urgencia de recuperar la riqueza hidrocarburífera por acción del Estado o también, en su caso, haciendo valer la iniciativa Legislativa Ciudadana o el Referéndum normados en la CPE. En una encuesta pública de la Red Radio ERBOL de julio 2003, consultando sobre la Nacionalización de los Hidrocarburos, el pueblo votó por esa acción en más del 85 por ciento.
4.
El más alto Foro Internacional, como es el de las Naciones Unidas, tal como inicialmente detallamos, sostiene la TESIS de la SOBERANÍA PERMANENTE de las Naciones y los Pueblos sobre sus recursos naturales y que ese DERECHO del ESTADO es superior al mero derecho Privado sea Nacional o Extranjero.
PROGRAMA DE PROYECTOS DE CARBURANTES Y PETROQUÍMICOS PARA El MERCADO INTERNO Y EXCEDENTES EXPORTABLES, AL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 1. Cuestión previa. Conviene puntualizar que Bolivia ocupa el segundo lugar, en magnitud de reservas de gas natural, en el área latinoamericana después de Venezuela, y con grandes posibilidades de ascender al primer lugar cuando se extienda la exploración hacia el norte de la actual cuenca productora del gas natural. 2. Por otra parte, siendo los hidrocarburos recursos no renovables, organismos especializados en el ramo, prevén que el petróleo mundial alrededor de 25 años de la fecha, ingresará en un periodo de declinación de la producción mientras que el gas natural, en la misma forma y a los 20 años más, también declinará su producción. Por esos acontecimientos ya insuperables, los precios de los hidrocarburos escalarán en forma imprevisible e impresionante. 3. Las reservas de gas valdrán oro en los próximos 50 años, es la evaluación que hizo el doctor Jordi Dalader, Presidente de Electricity Working Group del Consejo Europeo de Regulaciones de Energía. Evidentemente, será así debido a que frente a la perspectiva del pronto agotamiento del petróleo aún no aparece una alternativa energética que lo sustituya, que podría ser la nuclear siempre que se superen los serios problemas que han detenido en su franca
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promoción. El gas, además, por su característica de energía limpia va ganado un gran espacio con precios que en el futuro podrían ser superiores a los alcanzados por los precios de los productos petroquímicos. 4. Por todas esas razones, se hace imperativo el que hagamos valer la tesis ya reconocida en el concierto mundial, de que las naciones del tercer mundo para superar la pobreza, el atraso y la marginación social, deben aprovechar sus recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, y con esfuerzo propio emprender un dinámico desarrollo social y el correspondiente crecimiento económico. Esto significa que en el extremo, tienen el derecho de imponer el principio de su soberanía permanente sobre tales recursos naturales y que en aplicación de otro principio, el de autodeterminación, están amparadas para nacionalizar, expropiar, requisar u cualquier otro proceso, a objeto de recuperarlos con la única condición de reconocer y pagar las inversiones que se hubieran realizado. 5. Esta importante riqueza recuperada será la base económica para que, mediante un plan estratégico social económico de largo alcance, pongamos en movimiento a la energía adormecida del pueblo boliviano, haciendo florecer la economía nacional y elevando la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, es menester que la empresa líder sea YPFB que en el pasado reciente supo cumplir con eficiencia y patriotismo las tareas encomendadas. 6. Por otra parte, los países vecinos, unos más que otros, son deficitarios en gas natural lo que nos concede la ventaja de usar el gas como factor de integración suramericana, a la vez que de instrumento estratégico para resolver determinados problemas geopolíticos existentes. 7. La cuantía de las reservas de gas y petróleo, con que cuenta nuestro país, da lugar a que, paralelamente a la satisfacción completa de las necesidades energéticas que requiere el desarrollo del país, se emprenda la industrialización petroquímica del gas. Es la forma de generar valor agregado pero cuidando que los precios finales sean los adecuados para incentivar el desarrollo económico industrial y social de la nación.
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PROYECTOS A CORTO PLAZO ELIMINACIÓN DEL DÉFICIT DEL DIESEL Antes de 1985, YPFB atento a las variaciones de la demanda, tomaba las medidas técnicas correspondientes a fin de evitar desbalances, y ya en ese año se observó el crecimiento acelerado del consumo del diesel, por lo que se estudiaron alternativas para atenderlo. El DS 21060 de ese año, dispuso la cancelación de todo tipo de inversiones en las empresas estatales anulándose en este caso, un proyecto de bajo monto dirigido a la adecuación de instalaciones de refinación, sus procesos y ajustar volúmenes de crudo para aumentar significativamente la producción de diesel.. Asimismo, por la ley financial anual, YPFB estaba obligada a transferir al TGN el 65 por ciento de sus ingresos brutos incluyendo sus utilidades e independientemente del pago de las regalías departamentales del 12 %. En consecuencia, la empresa estatal estaba desprovista de sus utilidades que como era norma se aplicaba a reinvertidas, para aumentar su producción de hidrocarburos, a la vez que suministrar el cien por ciento de carburantes que demandaba el mercado interno. Al momento de la “capitalización” se presentó el déficit del diesel, como complemento a esa irracional política petrolera, y se inició la importación que a la fecha es una pesada carga que insume entre 60 a 80 millones de dólares año. La Empresa Boliviana de Refinación (EBR) que tomó esta área, no se empeñó en salvar el déficit de diesel debido a que, según su criterio, percibe una utilidad marginal que limita su accionar empresarial y que, además, no le aumentan la cuota de petróleo para las refinerías. Por otra parte, el precio del petróleo boliviano, que ingresa a las refinerías, está normado por el precio internacional, en virtud a los contratos con las productoras, una aberración propia del sistema neoliberal vigente, precio que a partir de octubre pasado tuvo un brutal incremento superando los 60 $/Bl. distorsionando los precios finales de los carburantes nacionales, lo que causó una conmoción social aún no resuelta. Con mayor fuerza afectó al precio del diesel de importación obligando una mayor erogación de divisas. La solución al déficit de diesel se puede dar haciendo que YPFB reasuma el control de las refinerías, pues este déficit que alcanza un promedio de 4.000 barriles por día (BPD) sería cubierto en corto tiempo mediante dos medidas:
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a)
Habilitando una planta de 12.500 BPD existente en la Refinería de Cochabamba y elevando la carga de petróleo de 32.000 BPD a 45.000 BPD; y
b)
Seleccionando crudos de mejores características para el objeto, que los hay, y procesando 4.800 BPD de petróleo descabezado que actualmente se exporta.
El rendimiento en la producción de diesel se elevaría al 37 por ciento del petróleo refinado, esto es, se obtendrían 16.600 BPD cubriendo el cien por ciento de la demanda. El costo de rehabilitación de la unidad de 12.5000 BPD sería de 5.00 MM $us-
USO DEL GAS LICUADO ( LPG ) EN EL PARQUE AUTOMOTRÍZ EN SUSTITUCIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL La producción de gas licuado está aumentando en los campos de producción y llega a 12.000 barriles por día (BPD), como consecuencia del incremento de producción de los yacimientos de condensado para atender la exportación de gas al Brasil que en este momento llega a 21 MMmcd., de acuerdo al contrato entre YPFB y PETROBRAS. Por otra parte, se producirán 3.000 BPD en las refinerías. Por tanto, siendo el actual consumo 10.500 BPD existe un saldo de 4.500 BPD, suficiente para atender 39.000 vehículos por día y que cuando se exporten 30 MMmmcd de gas aumentará la producción de gas licuado y se podrá atender a 76.000 vehículos por día. Existe el programa de utilizar el GNC (gas natural comprimido) en el parque automotriz y se han convertido a este combustible alrededor de 28,000 vehículos. La ventaja del gas licuado sobre esta modalidad es el costo mucho más bajo del equipo de conversión (alrededor de 200 dólares frente al otro entre 800 a 1.200 dólares e igualmente, el Surtidor del GNC está entre 20.000 a 30.000 dólares, frente al de LPG de sólo 5.000 dólares. Esta diferencia se debe a la diferencia de presiones de trabajo de estos sistemas que se refleja en los costos: 3.000 libras /pulgada cuadrada por el GNC frente a la 250 libras /pulgada cuadrada del LPG. La compra e instalación de 50 surtidores, tanques de almacenaje y varios sería de alrededor de un millón de dólares. 91
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SUMINISTRO DE GAS PARA USO DOMICILIARIO, COMERCIAL E INDUSTRIAL. CICLOS QUINQUENALES PARA 260.150 USUARIOS. Existe la justa demanda del pueblo boliviano, en el sentido de que el gas natural, a la par que se exporta a precios bajos, debe llegar de inmediato al hogar popular. Esto es, YPFB debe retomar la línea maestra de 1982 dirigida a sustituir masivamente el Gas licuado (LPG de las garrafas: propano y butano) por el gas natural (metano y etano), que se dispone superabundantemente, suministrándolo por tubería hasta el interior de las viviendas; y asimismo, a los locales comerciales y plantas industriales que usan diesel o gas licuado. Las cooperativas hidrocarburíferas industriales de Bolivia, a través de FECOHIBOL, se encuentran implementado una alianza estratégica con YPFB, para ampliar masivamente la instalación domiciliaria; el FRENTE PATRIÓTICO AGROPECUARIO DE BOLIVIA, ha establecido una alianza estratégica con las doce cooperativas de hidrocarburos del país para el fortalecimiento de la cadena productiva de los hidrocarburos principalmente a nivel nacional rural. Por otra parte, las ventajas llegarán del productor al consumidor directamente, vale decir, todas las comunidades, las ciudades y ciudades intermedias serán beneficiadas con un precio accesible a la economía social, la seguridad de instalación industrial y la comodidad del servicio, serán garantizados por el control de calidad de la empresa estatal del pueblo, YPFB. Se beneficiarán todas las capitales de Departamento y poblaciones importantes así como aquellas cercanas al gasoducto principal. El sistema cooperativo hidrocarburífero industrial de Bolivia (FECOHIBOL) planificará este suministro de gas por periodos quinquenales de 260.000 usuarios cada uno, y cubrirá tres grandes sectores: el industrial, el comercial y el doméstico o domiciliario, en alianza estratégica con YPFB. •
El sector industrial, que tomando datos estadísticos compilados por YPFB, se conoce que se ha desarrollado en tres polos en las ciudades de La Paz-El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. En promedio y por usuario, demanda un volumen sustancial de gas del orden de 45 Millones de pies cúbicos por día (MpcD).
•
El sector comercial que lo conforman: panaderías, restaurantes, lavanderías y otros usuarios artesanos mini empresariales. Este conjunto,
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referido a un bloque formado por 10.000 usuarios domésticos y comerciales, alcanza a 285 comerciales con un consumo de 1.190 garrafas día equivalente a 534.32 MpcD, como se muestra en el siguiente cuadro.
Sector Comercial dentro de un Bloque de 10.000 usuarios domesticocomercial. Tipo de Comercio Panaderias Restaurates Lavanderias Minoristas y Artesanias Totales
El El El El
N° usuarios 147 77 55 6 285
N° gffas/usuar 5.0 3.5 2.5 8 19
Mpc. 330.02 121.01 61.74 21.55 534.32
consumo medio día del usuario comercial es de 534.32/285 = 1.875 Mpc. consumo medio día del doméstico es de 2.7 garrafas LPG = 1.2123 Mpc. consumo medio día Com-Dom es de = 0.0922 Mpc. consumo medio día industrial es de = 45 Mpc
El cuadro siguiente expone un Primer Programa a cumplirse en los próximos cinco años:
•
La Inversión requerida será de 211.13 Millones de dólares. La República Popular CHINA ha ofrecido participar con financiamiento en los gabinetes individuales de medición y control de presión por usuario.
•
El Volumen total consumido en 25 años será de 0.28 TRILLONES PC.
•
El proyecto tiene una Tasa Interna de retorno de cerca del 7% por lo que es más bien de servicio social. Deberá revisarse el precio City Gate de 1.3 $/Mpc.
•
Las redes domiciliarias consumen alrededor de 51 MMpc día y con este proyecto se aumentará en 61 % o sea a 82 MMpc. Día.
•
Para cumplir con el suministro diario de 19.75 MMpc de gas al sector occidental deberá ampliarse el gasoducto troncal, pues el actual está saturado. Previendo necesidades del futuro debe ampliarse a 50 MMpcD adicionales.
•
Los actuales precios del gas natural son como sigue: (sujetos a revisión)
Industrial 1.70 $/Mpc. Comercial 4.32 (La Paz, Oruro, Potosí) y 5.17 $/Mpc (Cochabamba) Doméstico 5.46 (La Paz, Oruro, Potosí) y 5.17 $/Mpc (Cochabamba) Termoeléctricas 1.30 $/Mpc. City Gate 1.30 $/Mpc (a la entrada a la ciudad) Exportación Brasil 2.18 $/Mpc calculado en Río Grande (julio 2004)
PLANTA DE NITRATO DE AMONIO FERTILIZANTES NITROGENADOS PARA LA AGRICULTURA Y EXPLOSIVOS El metano (CH4) es el hidrocarburo parafino que contiene mas átomos de hidrogeno por átomo de carbono. Esta propiedad se aprovecha para obtener el hidrógeno necesario en la fabricación del nitrato de amonio ( NH3) haciéndole reaccionar con el destilado del aire para obtener el nitrógeno. Este es un fertilizante nitrogenado de mucho uso en la agricultura y que por su precio y facilidad de suministro, favorecerá a la mayor productividad del sector. También mezclado con diesel se obtiene un excelente explosivo para uso en las minas y en la construcción de carreteras.
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YPFB en el pasado realizó, en tres ocasiones, estudios para la fabricación de estos fertilizantes pero debido a que el precio del gas natural tenía un alto precio, no lo hacia rentable. Esta situación cambió, por lo que ahora es un proyecto rentable y prioritario para el país y podría pensarse en una planta pequeña de una capacidad de 300 Toneladas por día, suficiente para atender la demanda interna que actualmente es abastecida por Chile, abaratando los precios, lo que beneficiará a todo el sector agrícola. Tendrá un impacto importante en la economía nacional por el ahorro de divisas e incentivo al sector agrícola . Al haber excedentes exportables a países vecinos, por razones de precio competitivo, será una señal importante del desarrollo nacional.
Los factores que han favorecido al mercado de los plásticos son los precios de muchos materiales plásticos que son competitivos y a veces inferiores a los de los productos naturales y el hecho de que el gas y sus líquidos ofrecen una mayor disponibilidad de materiales sintéticos que otras fuentes naturales.
Cabe mencionar que el amoniaco se usa para fabricar otros tipos de fertilizantes como el sulfato de amonio, urea, fosfato de amonio y amoniaco disuelto en fertilizantes líquidos y sólidos. Otras aplicaciones industriales incluyen la fabricación de reactivos químicos como el ácido nítrico y el ácido cianhídrico que se utilizan para hacer explosivos, fibras sintéticas, etc. La inversión sería de 160 millones de dólares para una capacidad de 300 Toneladas día y se logrará su financiamiento por la política establecida por YPFB a este respecto, que más adelante será descrita. Finalmente, una planta de amoniaco casi no produce contaminación ambiental.
Este aumento en el consumo de los plásticos, lo comprobamos al observar que en 1974 se consumían 11 kilogramos por persona, y se calcula que para el 2000, el consumo mundial fue de 38 kilogramos per cápita. La crisis petrolera de 1973-74 también influyó en el aumento de los plásticos sobre todo en la industria automotriz. Al aumentar los precios de las gasolinas y diesel, los países desarrollados se vieron obligados a buscar nuevas alternativas para ahorrar energéticos, por el recurso de aligerar el peso de los vehículos, lo cual lo consiguieron al utilizar los plásticos. En resumen, observando nuestro entorno vemos que los polímerosplásticos están presentes casi en todo: en nuestros alimentos, medicinas, vestidos, calzados, casa, habitación, edificios, escuelas, oficinas, fábricas y en todos los vehículos usados como medio de transporte. En nuestro país existen más de 160 pequeñas empresas que emplean cerca de 6.000 trabajadores, que procesan materia prima de plásticos diversos que se importan alcanzando las 70.000 Toneladas año.
PROYECTOS A MEDIANO PLAZO PLANTA DE OLEFINAS PRODUCCIÓN DE GRAN VARIEDAD DE PLÁSTICOS A partir de los líquidos del gas se obtiene el etileno y seguidamente, el propileno y una variedad de plásticos. También de esos líquidos se obtiene el propileno que pasa a polipropileno y otra variedad de plásticos. El consumo de polímeros o plásticos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Estos petroquímicos han sustituido parcialmente y a veces totalmente a muchos materiales naturales como la madera, el algodón, el papel, el acero y el concreto.
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Este embrión industrial puede desarrollarse y crecer rápidamente de contar con materia prima de primera generación de plásticos boliviana y transformarse en un importante polo industrial. Esta Planta de Olefinas consistiría de unidades de proceso que producirán los siguientes termoplásticos: a) b) c) d)
Polietileno de alta y baja densidad Cloruro de polivinilo PVC Polipropileno PP Polietilentereftalato PET
Los productos plásticos van a crear muchas actividades en cadena, tendrá un gran efecto multiplicador por la diversidad de productos que se fabricarán.
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Así, el polietileno es el más usado en nuestra sociedad y según la tecnología que se emplee se pueden obtener dos tipos de polietileno: el de baja densidad y el de alta densidad y los productos van desde materiales de construcción, tuberías y aislantes eléctricos hasta materiales de empaque. Se trata de un plástico barato que puede moldearse a casi cualquier forma, destruirse para hacer fibras y soplarse para formar películas delgadas. La principal diferencia entre el de baja densidad y alta es que el primero es más flexible y el segundo más rígido y sus tuberías son fuertes y resistentes a la corrosión y a la abrasión. Por ello, se utilizan en las redes de distribución de gas natural y de petróleo crudo.
PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE GAS A PETRÓLEO SINTÉTICO -GTL- Y DESTILACIÓN DE DIESEL Y GASOLINA ECOLÓGICAS
El polipropileno (cristalino) tiene un punto de fusión de 175°C por lo que se usa para elaborar bolsas que se pueden introducir en el horno, permitiendo cocinar alimentos sin que pierdan sus jugos. O sea que tienen buena resistencia térmica y eléctrica además de baja absorción de humedad. Otra propiedad importante es su dureza, alta resistencia a la abrasión y al impacto, excelente transparencia y que no es tóxico. Por ello, se usan mucho en la industria automotriz, maletería, revestimiento, jeringas, bastidores de calefacción y de aire acondicionado, dúctos y en la industria textil. El PVC flexible constituye el 50% de la producción y se destina para hacer manteles, cortinas para baño, muebles, alambres y cables eléctricos, tapicería de automóviles. El PVC rígido se usa en la fabricación de tuberías para riego, juntas, techado, botellas y losetas. El PET o poliester termoplástico como resinas termofijas que pueden ser flexibles y otros rígidos. Los flexibles son usados en la industria del mueble y del transporte como colchones, laminados textiles recubrimientos y calzados. El rígido se usa en la industria de la construcción y como aislante de tanques y recipientes, tuberías y aparatos domésticos como refrigeradores y congeladores, defensa delantera y trasera de automóviles así como láminas altamente transparentes a los mismos. Fabricación de vajillas y productos laminados de cocina. Las resinas fenólicas se usan como pegamentos, adhesivos y material aislante. En conclusión, la capacidad de la Planta de Olefinas antes descrita, sería de 300.000 Toneladas año y su costo de 750.00 millones de dólares. La Planta podría instalarse anexa a la refinería de Cochabamba o en el polo de desarrollo de El Alto.
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En la última década se produjo un gran avance en el proceso de conversión del gas en líquidos abriendo un amplio espacio a la industrialización del gas y rompiendo el limitante que tenía el gas de llegar a mercados lejanos por el alto costo del transporte. En ese sentido, existen dos vertientes de conversión: a) Gasmetanol-gasolina desarrollado por Móvil Oil (MTG) y b) Gas-petróleo sintético diesel-gasolina (GTL) desarrollados por Sasol, Shell, Exxon y últimamente, la Empresa Estatal Japonesa NJCG, basados en el proceso Fisher Trops, con la ventaja de que el diesel y gasolinas son de alta condición ecológica. En síntesis, el balance de materia del proceso indica que por cada 10.000 pies cúbicos de gas se obtiene un barril de petróleo sintético y de este se destila un 80% de diesel y 20% de gasolina. Como subproductos se obtienen: un barril de agua y un flujo de calor para generar energía eléctrica. Una planta de 15.000 barriles de petróleo sintético produciría simultáneamente 15.000 barriles de agua químicamente pura. El balance económico-financiero dice que se requiere una inversión que está variando entre 35.000 a 28.000 dólares por barril capacidad, dependiendo de la capacidad de planta de 100.000 barriles por día (BPD) a 15.000 BPD; costo de inversión que está bajando. Los productos por su condición ecológica, tendrán precios superiores a los productos similares convencionales. El tiempo para su instalación y puesta en marcha es de 5 años, por lo que en nuestro Plan Energético, podría programarse dos Plantas GTL; la primera, de 15.000 BPD a iniciarse dentro de un año de la fecha, tentativamente, dependiendo de las negociaciones con la firma dueña de la patente. Evaluada la bondad del proyecto de 15.000 BPD ya en marcha, se ingresaría en la programación a largo plazo de la segunda Planta de 50.000 BPD, cuyos productos serían destinados a la exportación masiva a mercados de ultra mar. Considerando la propuesta japonesa para la Planta de 15.000 BPD, ésta se compondría de los siguientes elementos:
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• • • • • • • • • • • • •
Costo de inversión por barril de líquido Inversión de la Planta de 15.000 BPD Amortización anual Volumen de gas procesado por día Volumen de diesel producido por día Volumen de diesel para mercado interno Volumen de diesel para exportación Volumen gasolina para exportación Precio diesel en mercado interno Precio diesel de exportación a la Argentina Precio gasolina exportación a la Argentina IEHC diesel mercado interno Volumen de Gas procesado en 25 años
30.000 dólares 517.5 MM $us. 73.93 MM $us 150 MMpc/d 12.000 BPD. 8.000 BPD 3.000 BPD. 3.000 BPD. 59.03 $/Bl o 3.00 Bs/litro. 40.5 $/Bl. 45 $/Bl. 11.61 $/Bl o 0.59 Bs/ltr. 1.37 Trillones pies cúbicos
Resultados económicos de gestión anual en MM$us.
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agropecuaria, FREPAB, plantea la creación de Institutos Técnicos Superiores Agropecuarios en todos los pisos ecológicos del país. En el altiplano, el área más deprimida del país, se podrán perforar pozos de agua y las comunidades campesinas desarrollar intensivamente la formación de unidades productivas, a través de las mancomunidades productivas de los Camélidos, Quinueros, para consolidar la agroindustria y ganadería de altura, con muchos productos de exportación. Independientemente de la generación hidroeléctrica, un primer Plan Termoeléctrico a base del gas consistirá en la instalación de un total de 1.000 MW usinas de ciclo combinado, distribuidos en la siguiente forma: a)
Usina en la ciudad de Tarija de 300 MW.
b)
20 Usinas de 35 MW en puntos estratégicos del área rural conectados a una red o ramales del gasoductos troncal o a transporte “virtual”
TGN 58.47 Utilidad YPFB 60.49 Rentabilidad = 11.7 % Tasa Interna de Retorno TIR = 26 % USINAS TERMOELÉCTRICAS a) b)
Ciudad de Tarija, CAPACIDAD 300 MW Area Rural, 20 usinas, c/u CAPACIDAD 35 MW
La provisión de energía eléctrica se ha hecho imprescindible en el desarrollo Rural Integrado, socio económico del país, especialmente en el área rural donde las organizaciones de las mancomunidades productivas agropecuarias del Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia implementan programas productivos en las tierras bajas de las llanuras, en los valles interandinos y en las zonas subtropicales y tropicales donde existen las unidades productivas de nuestras bases militantes de los agropecuarios de la Bolivia profunda del campo.
Proyecciones de las inversiones requeridas y tarifas: a) b)
Tarija. Area rural: Cada unidad: Total Total Total
Inversión 132 MM$us y Tarifa $MW-h = 36.4 Inversión 22.3 MM$ y Tarifa $MW-h = 39.6 Inversión 578 MM$us. Volumen de Gas Volumen de Gas en 25 años
143 MMpc día 1.31 Trillones
PROYECTO SIDERÚRGICO DEL MUTÚN A DESARROLLAR CON BASE AL GAS
La educación “a distancia” vía televisión, internet, video conferencias, abreviando la brecha digital para las N-TIC será un factor determinante para la educación primaria y secundaria en el campo, para la formación técnica media
Postular por la industrialización del país, es transformar nuestras materias primas en productos con alto valor agregado, significa también una profunda transformación social y cultural. Es valor entendido que hablar de un proceso de industrialización nacional es hablar del desarrollo de la siderurgia y acería de los yacimientos de hierro del Mutún a base del gas natural. Por tanto, el disponer del insumo acero sentará las bases para ingresar en un nuevo ciclo económico.
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Se ha estimado que las reservas de hematita del Mutún alcanzan a 4.000 millones de toneladas con una ley del 50% de Fe, por lo que se considera uno de los yacimientos más importantes de Sud América. A fines de la década de los 60, se organizó SIDERSA como filial de COMIBOL para desarrollar el Mutún a cuyo amparo de realizaron estudios de factibilidad, con apoyo de empresas extranjeras especializadas como Arthur D. Little, Kaiser Engineers, que aportaron importante información técnico económica pero por falta de decisión gubernamental (Gbno de Banzer), no prosperó el proyecto. Sidersa inició una explotación muy limitada de esas reservas cuyos productos, como materia prima precaria, menos de fierro, utilizando leña como combustible del proceso, era exportada al Paraguay y Argentina. En 1984, la firma brasileña Cobrapi realizó un trabajo sobre Reducción de Fierro del Mutún, estudio que proyectaba excelentes perspectivas dado que se preconizaba utilizar gas natural para obtener el “hierro esponja”, aprovechando el proceso mexicano HYLSA patentado en 1960. Coincidentemente, en 1983 fue firmado el Convenio de exportación de gas natural al Brasil por los presidentes Siles Zuazo y Figuereido, por 400 Millones de pies cúbicos/día, gasoducto que posibilitaba la iniciación de la explotación del hierro del Mutún con proyección a su transformación a aceros; pero, por corruptas y mezquinas políticas del MNR con mayoría parlamentaria, anularon tal convenio. Mas adelante, el Gobierno de Paz Estenssoro en 1985, al imponer el DS 21060 por el cual quedaban definitivamente postergados todos los proyectos de inversión de las empresas estatales, canceló definitivamente cualquier proyecto siderúrgico del Mutún. En el nuevo escenario abierto a la industrialización de nuestras materias primas, surge la imperiosa necesidad de un desarrollo siderúrgico del Mutún, en base del gas natural y que culmine con la instalación de los Hornos Eléctricos para la obtención de palanquilla y su transformación en variedad de aceros (acero laminado, varillas, acero inoxidable, etc.), materiales que impulsarán el desarrollo industrial del país. Las necesidades de Bolivia en estos productos son de 120.000 Toneladas año, por lo que la capacidad de la Planta de acería tendría que ser de las pequeñas, o sea de 360.000 Ton. Año, con un costo de 350 millones de dólares y podría ser ubicada en Cochabamba. La producción excedentaria tendrá un mercado en las regiones fronterizas con Brasil, Argentina y Perú.
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PROYECTOS A LARGO PLAZO TRANSFORMACIÓN DE GAS A PETRÓLEO SINTÉTICO-DIESEL Y GASOLINA PLANTA DE 50.000 BARRILES POR DÍA ( Alternativa: de 30.000 BPD) En base a la experiencia de la Planta GTL de 15.000 BPD, puesta en operación en el periodo anterior, cuya producción de diesel estuvo destinada principalmente al mercado interno, esta planta gigante estará destinada a suministrar volúmenes sustanciales a mercados allende los mares. Hay razones fundadas para suponer que en ese momento, se esté ingresando en el ciclo de la escasez mundial del petróleo, por lo que su precio empiece a elevarse fuertemente alcanzando a 65 $/Bl (16/Ag/005) y se prevé los 100 $/Bl. (año 2020) y, naturalmente, los precios al consumidor de diesel y gasolinas bordeen los 110 a 120 $/Bl. En ese escenario, este proyecto será altamente rentable a condición de resolver el problema fundamental del puerto marítimo de embarque en el Pacífico. Perú, en una actitud solidaria con Bolivia, ofreció un área libre en la vecindad del puerto de Ilo, con una soberanía del 95% por 99 años, con posibilidad de acceder a otros 99 años. En esas condiciones, tan favorables, YPFB podría construir su terminal de paliducho y puerto marítimo de exportación del diesel y gasolinas producidos en la Planta de GTL en El Alto, Bolivia. Por razones geopolíticas, la Planta de GTL se instalaría en la ciudad de El Alto, anexa a la Planta de Almacenamiento y de engarrafado Senkata de YPFB.
Las principales características de la Planta de GTL se presentan a continuación: • • • • • •
Costo por barril producido Inversión total en Bolivia Amortización manual Producción de diesel por día Producción de gasolina por día Precio del petróleo índice WTI
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30.000 $us. 1.725 MM$us. 187 MM$us. 40.000 Barriles 10.000 Barriles 65.0 $/Bl,
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Precio del gas, en b.p. ejemplo exportación Brasil) 2.20 $/Mpc Precio del diesel competitivo en mercado de EEUU 77.85 $/Bl. Precio de la gasolina-98 octanos- “ “ 80.85 $/Bl. Volumen total de gas procesado en 25 años 4.56 Trillones pc.
Resultados económicos anuales en MM $us. • Ingresos para TGN por 25% a las utilidades 157.00 • Utilidad Neta YPFB 470.00 • Rentabilidad % 27.2 • Tasa Interna de Retorno TIR % 38.00 • Relación Rendimiento GTL versus exportación como gas 2.64
ESTIMADOS DE REQUERIMIENTOS DE GAS 25 AÑOS en Trillones de pies cúbicos. (Tr.pc.) MONTOS DE INVERSIONES NECESARIAS EN MM $us. PROYECTOS ha desarrollarse en el país. VOLUMEN GAS en Tr.pc INVERSIÓN 1. ELIMINAR DÉFICIT DE DIESEL: 4.000 BPD 00.0 10.00 2. GAS LICUADO EN USO AUTOMOTRIZ Existe saldo importante 00.0 1.00 3. REDES DE GAS DOMICILIARIO-IND-COM, 5 ciclos de 5 años 1.5 1.056.0 4. AMPLIACIÓN DE GASODUCTO TRONCAL. De 16 pñd. Diámetro. 4.1 3.05.0 5. PLANTA DE FERTILIZANTES. DE 300 Ton.día 0.55 160.0 6. COMPLEJO OLEFINAS para PLÁSTICOS. 300.000 Ton año 1.4 750.0 7. PLANTA de GAS A LIQUIDO GTL. CAPACIDAD 15.000 BPD 1.8 518.0 8. USINAS TERMOE ELÉCTRICAS 9. ELÉCTRICAS.20 de 35 MVW y una de 300 MW 1.3 578.0 10. COMPLEJO SIDERÚRGICO MUTÚN capacidad 360.000 Ton año 0.41 350.0 PLANTA DE GAS A LIQUIDO GTL. Capacidad 50.000 BPD T O T A L E S
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4.6 1.730.0 15.6 5.686..0
PROYECTOS DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL Vol. Gas en Tr.pc. Ingresos MM$ 1. 2. 3. 4. 5. T T
AL BRASIL 28 MMmc/D en 25 años Precio medio 3.38 $Mpc 8.74 A LA ARGENTINA 30 MMmc/D.20 años Precio “ 3.38 7.73 Al URUGUAY. 11.64 MMmc/D. 20 años. Precio “ 3.38 $Mpc 3.00 Al Paraguay. 7.76 MMmc/D por 20 años Precio “ 3.38 $Mpc 2.00 AL SUR PERU. 11.64 MMmc/D. 20 años Precio” 3.38 $Mpc 3.00 O T A L 24.47 O T A L GAS NATURAL Reservas Probadas y probables Tr.pc SALDO DISPONIBLE Tr.pc. Reservas Posibles o Potenciales Tr.pc
29.279.0 25.895.0 10.050.0 6.700.0 10.050.0 29.974.0 54.90 14.83 24.20
Estas reservas de gas petróleo se encuentran en un 90% en el Chaco tarijeño, en la cuenca geológica profunda del periodo Devonico y YPFB estableció que esta cuenca se extiende hacia el norte a través de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba ( pozo Bulo Bulo X-3) y puede llegar al Beni y La Paz. Por lo tanto, cuando YPFB extienda su labor exploratoria en esa extensa área existe la posibilidad de triplicar el monto de reservas de gas y petróleo. Ante el interrogante que siempre se hace: ¿Cómo obtener el capital y la tecnología requeridos que nos permita desarrollar los proyectos de este Plan? Cabe recordar, la modalidad que utilizaba YPFB en el pasado ante proyectos de importancia que tenía que poner en marcha, que en términos generales era la siguiente. YPFB, evaluando el desenvolvimiento de la economía nacional en su conjunto, podía detectar sectores o áreas que requerían mayor aporte de energía (de carburantes o fluido eléctrico, lo que se decidía mediante el Balance Energético que anualmente y por quinquenios se realizaba con ENDE) y también se tomaba en cuenta qué clase de insumos industriales y/o petroquímicos eran necesarios. De esta evaluación surgían los proyectos a desarrollar, los mismos que debían contar con dos parámetros básicos en un proyecto. Materia prima en un extremo y en el otro el mercado y los precios. Definida la tecnología adecuada se preparaba un Proyecto de Factibilidad determinando un monto aproximado de la inversión requerida, se completaba el proyecto con análisis de costos, gastos, cuotas de amortización, impuestos, salarios y utilidades. Se acompañaba con indicadores de rentabilidad y tasa interna de retorno TIR.
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Así estructurado el proyecto, se presentaba la solicitud de financiamiento a los bancos internacionales de crédito con aval del Banco Central Boliviano. YPFB no registró en sus 60 años de vida institucional un sólo caso de negativa de crédito a sus proyectos. Más aún, hay registro escrito de los Bancos acerca de que YPFB supo realizar óptimamente sus proyectos y “honrar sus créditos” puntualmente.
el personal técnico de la empresa estatal, que genuinamente domine la materia y con el asesoramiento legal correspondiente.
En general, se optaba por llamar a propuestas internacionales, a compañías que disponían de la tecnología, experiencia y prestigio reconocido, bajo las siguientes bases: 1.
Ofrecer el diseño de los procesos de ingeniería, la adquisición de los equipos y materiales así como la construcción, puesta en marcha y pruebas de garantías.
2.
El entrenamiento en plantas similares en el exterior, del personal técnico y administrativo que se haría cargo de la operación de la planta. Este personal era seleccionado por YPFB, tal como se hizo antes para las refinerías y otras plantas.
3.
Incluiría el financiamiento (de no haber otras fuentes) y el pago con productos producidos en la planta.
4.
Apertura del mercado para los excedentes no consumidos en el país y los que YPFB hubiera comprometido en países limítrofes.
5.
En ciertos casos, el asesoramiento para la comercialización efectiva de los productos de planta en los mercados externos.
6.
El compromiso de acatar la decisión de la empresa nacional del petróleo, de no firmar aquellos contratos de provisión de equipos y materiales y de construcción, en el caso de considerarlos inconvenientes para el país, sin recurrir a juicio de ninguna naturaleza ni a pedir compensación alguna a YPFB o al país por tal decisión.
7.
Los contratos serán en idioma castellano (español) y regidos por las leyes bolivianas.
Las propuestas eran preparadas y distribuidas a firmas constructoras selectas de prestigio internacional. Realizada la evaluación de las propuestas y la elección de la firma, los contratos se discutían, modificados y acordados por
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En resumen, las plantas eran cien por ciento nuestras, como lo fueron las refinerías y todas las plantas de producción, ductos, etc.; por lo que, todo el valor agregado y utilidades, deben beneficiar tanto a la economía de YPFB como a la nacional, independientemente de los impuestos y aportes especiales para el Estado regidos por ley. Por lo tanto, debemos desterrar para siempre, ese mito bien cultivado por los agentes internacionales y las transnacionales, sobre la incapacidad de los pueblos del Tercer mundo, para aplicar las nuevas tecnologías y poder conseguir las inversiones requeridas.
X.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La demanda de la Asamblea Constituyente sólo podrá servir a los intereses de la patria y los bolivianos si ella es Popular y Originaria, constituida en base al consenso y participación agremiada de los sectores oprimidos, a objeto de imponer el cambio radical de la estructura económica y su sistema político y jurídico actual. Esto es superar el modelo neoliberal vigente y sustituirlo en función a los intereses de nuestra sociedad abigarrada, compuesta por diversas formaciones sociales, para su plena realización material y cultural en un nuevo Estado justo, solidario, autónomo, participativo y soberano. La decisión de la convocatoria a la Asamblea Constitucional, en nuestro criterio, debe ser el producto de un pacto social, una voluntad de afirmación de vocación democrática, que por la connotación y trascendencia histórica, hace que esta decisión deba ser madurada y consensuada con todos los actores representativos de los diferentes sectores de nuestra sociedad, como la manera para sentar las bases del diseño de la nueva Constitución, debido a que se trata de la definición de qué clase de país es el que queremos construir, que será el país donde debamos vivir. Las constituciones vigentes desde 1825, que es la fecha en la que se fundó la República, han sido constituciones de un sólo cuño; que pese a sus aparentes diferencias en su redacción, o en sus contenidos, eran constituciones destinadas
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a preservar el poder en manos de las oligarquías dominantes, que a diferencia de las demás naciones del mundo, habían hecho sus fortunas alrededor de permitir el saqueo de nuestros recursos naturales; en las que, el aparato del Estado fue colocado, al servicio de los capitales extranjeros; que en el nombre de la democracia y de la inocencia del pueblo boliviano, utilizaron sus partidos políticos como empresas para mantener su poder económico. No queremos decir que en realidad fueron verdaderas bancas de delincuentes organizados, porque este no es el lugar para hacerlo.
Las Constituciones que estuvieron vigentes desde la propia fundación de la república nunca estuvieron al servicio de todos los bolivianos, eran constituciones clasistas, que es lo que hace que podamos decir; que la sucesión de constituciones que rigieron nuestra vida republicana, sólo tuvieron el objetivo de asegurar que el poder político estuviera en manos de las oligarquías de turno, con el objeto de entronizarlas en el poder por el poder, cosa que debe ser revertida a la situación de normalidad, que no es otra, que ponerla al servicio de los intereses de las grandes mayorías nacionales.
Esta fue la forma en la que se fue perdiendo la oportunidad para construir un Estado verdaderamente fuerte, con sentimientos nacionalistas; desarrollando en su lugar un Estado corrupto, en el que el único merito que se le pedía a la persona que habría de encargarse de dirigir el destino nacional, era ser del partido.
La nueva Carta Fundamental debe orientarse a cambiar la forma en la que está constituido el propio Estado, devolviéndole las funciones originales para las que históricamente fue inventado en Europa, creando paralelamente un nuevo ordenamiento jurídico, que permita la participación de las grandes mayorías nacionales en la toma de las decisiones que tienen que ver, con el destino de sus riquezas naturales y con la búsqueda de su felicidad, su bienestar y la esperanza de un futuro promisorio.
Esas Constituciones le daban al gobernante un control total de los medios de comunicación, del ejército, de la policía y de las reparticiones del Estado, que de ese modo funcionaban a la manera de un feudo particular, que tenía como único objetivo, el control de la propiedad de la explotación de las materias primas. El primer tema que debe tratar la Asamblea Constituyente, que es la razón de su convocatoria, es la redacción de la carta de refundación de la República, en la que debe recogerse las aspiraciones de los grandes sectores nacionales, especialmente de aquellos que históricamente fueron siempre postergados. Constitución que debe ser diferente a todas las anteriores, en las que se dejaba grandes espacios para proteger y beneficiar a los grupos de poder, revirtiendo esa situación hacia la igualdad entre todos los bolivianos, es decir, gobernantes y gobernados. Esta debe ser, asimismo, una Constitución desarrollada por personas que no tengan intereses personales que defender; que es lo que hace necesario, que en ella se prevea, que los asambleístas no puedan ejercer funciones de gobierno durante los 5 próximos años a su realización; sobre los que asimismo, no deben pesar ni cargos ni sospechas de corrupción; debiendo presentar sus declaraciones patrimoniales y los que asimismo, no deberán pertenecer a ninguno de los partidos políticos. Un contrato social entre el pueblo y sus gobernantes.
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La Asamblea Constituyente, al detentar el poder originario, que sólo tiene como restricción la protección de los derechos humanos y el respeto a los convenios internacionales, que hubieran cumplido con los requisitos normales para su contratación; pudiendo impugnar todos aquellos que signifiquen la creación de enclaves, que no son otra cosa que poderes extranacionales dentro de la República, cuya existencia, más allá de las prescripciones de la Constitución, son las causa de las distorsiones del normal desarrollo de la vida nacional. El tercer tema que debe atender la Asamblea Constituyente, que es de capital importancia para el desarrollo de la vida nacional, es la eliminación de la discrecionalidad en el manejo de los recursos económicos y los negocios de la República boliviana que son encomendados al Estado; el que al haber desvirtuado el mandato popular y las funciones para las que fue creado debe ser reformado, para que deje de estar al servicio de pequeños grupos internacionales de poder. Este Estado, que actualmente esta constituido por mercenarios pagados por empresas extranjeras, con el objeto de proteger delincuencialmente los negocios que realizan en Bolivia, otorgando contratos leoninos para el país, mediante los cuales se regala a las empresas transnacionales nuestras riquezas, y por intermedio de ellas, a los países ricos en lo que tributan; en los que pagan los impuestos del despojo que realizan, debe llegar a su final, así como las prácticas
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que hacen que vuelvan en un mínimo porcentaje para pagar millonarias comisiones, sueldos y pluses a los funcionarios de gobierno, así como para mantener el cuento de la ayuda económica internacional, a cambio de la cual se pierde adicionalmente nuestra dignidad.
se ha encarcelado a ninguno de los ladrones del patrimonio nacional, los que por el contrario, campean sus insultantes riquezas mal habidas en medio de la miseria de los demás, sentando con ello un precedente desmoralizador para la conducta social, que impide que funcionen los valores morales que necesita cultivar toda sociedad para progresar, que son sólo algunos de los efectos de la corrupción en el sistema judicial.
A través de las medidas que debemos introducir en la Constitución Política del Estado, tenemos que establecer un pacto entre la sociedad boliviana, dueña de las riquezas, y sus gobernantes, operadores del Estado; convirtiéndolos en sirvientes civiles; como lo hicieron en su momento los ingleses; reforzando de ese modo la idea de la verdadera naturaleza de sus funciones; a los que los bolivianos les encargamos solamente su administración; medidas a través de las cuales deberemos establecer con meridiana claridad, los limites de sus actuaciones. Entre las instituciones que a través de ella deberemos crear, se encuentra el Instituto de Inversiones y Proyectos, que nos permita establecer las prioridades para el desarrollo nacional. Una institución encargada de monitorear y cuidar la contratación de la deuda externa, que debe estar rigurosamente reglamentada, así como la forma en la que se debe aprobar el presupuesto nacional, y la ejecución presupuestaria, que es donde se cometen la mayor parte de las fechorías en contra de los bolivianos; al mismo tiempo que se deben prescribir fórmulas claras para el castigo de la corrupción de los latos funcionarios en el manejo de los bienes nacionales, que debe ser garantizado con la implementación de controles sociales rotativos. Finalmente, y como tercer punto, tenemos que construir un poder judicial acorde con las necesidades de la hora.
El poder judicial, como encargado de administrar la justicia, no puede dejar de estar bajo sus efectos y previsiones, como vino funcionando hasta ahora, cobijando bajo su manto a jueces corruptos que lo desprestigian, sino deberemos crear una sistema de auto control que le permita purgarse a si mismo, de otro modo, estaremos dejando un nicho de corrupción que tiene la capacidad de encanallar al resto de la sociedad que no espera de el nada más que cortapisas y demoras; lo que significa que la sociedad boliviana tiene que aceptar como cotidiano, algo que se sabe que es indebido, que sin embargo no se hace nada para corregirlo; cosa que ocurre en el propio seno del poder encargado de administrar justicia; por lo que debemos fomentar la ampliación de las instancias de revisiones sorpresivas sobre sus fallos, implementando un seguimiento de los procesos, para que se cumplan las prescripciones de la ley, así como los plazos que eviten la retardación de la justicia. Si el administrador de justicia viola su propia ley, la pena debe ser el doble de la del ciudadano de la calle. Se debe mantener en la Constitución Política del Estado la propiedad de los recursos naturales en favor del Estado, etc.
Sin un marco jurídico capaz de trabajar de manera transparente, con equidad e imparcialidad en la administración de la justicia para todos, la patria continuará siendo el reino de la injusticia, la pobreza y la corrupción; la que perjudica especialmente a los más desposeídos, que al no tener los recursos para defenderse, ni la decidida asistencia del Estado para hacerlo, son los más vulnerables, y en consecuencia, los que llenan nuestras cárceles.
Las dolorosas experiencias del despojo de nuestras riquezas naturales, que vinieron siendo manejadas discrecionalmente por los encargados de operar la nave del Estado; los que, inclusive, en el medio de las graves tormentas que tuvimos que atravesar durante la llamada vida republicana: guerras, terremotos y otras grandes tragedias, comerciaban con la impotencia, el hambre y el dolor de nuestro pueblo; negocios en los que se han originado el 95% de las fortunas bolivianas, que es lo que hace que debamos tener cuidado, con las declaraciones de que los recursos naturales son del Estado.
En Bolivia, de acuerdo a informaciones del propio Banco Mundial, se destruye como efecto de la corrupción, el 17.5% del PIB, lo que origina la ruina de miles y miles de familias bolivianas sumiéndolas en la desesperación, al tener que pagar una cuota injusta en el sacrificio que ello origina. En Bolivia jamás
Ninguno de los Estados de los llamados países cultos y organizados del mundo, que son los que nos imponen sus reglas, son lo que son, por haber permitido el despojo de sus riquezas; que es la situación a la que la nueva Constitución debe poner coto.
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No podemos dejar el manejo discrecional de los recursos naturales en manos del Estado. Los recursos naturales son del pueblo boliviano, son en consecuencia de todos los bolivianos; que es lo que debe dejarse claramente establecido en la nueva Constitución. El Estado tiene el papel de gestor de los negocios nacionales, está habilitado para realizar todos los negocios en el entorno de su explotación, cuidando que en ellos se privilegien, los que adicionan valor a las exportaciones de materias primas.
oligárquica de la Asamblea Constituyente, tenemos que abrir espacios, los que van más allá de las previsiones tomadas en el Código Electoral y deben abarcar cuando menos de 450 a 500 asambleístas, que es el único modo de lograr un verdadero pacto social.
Al no ser el Estado boliviano el propietario de los recursos naturales, no puede, en consecuencia, enajenarlos; cosa que debemos hacer conocer a través de todas las embajadas bolivianas en el mundo, así como en los foros internacionales, con la seguridad de que siempre acudirán empresas que en vez de depredar quieran trabajar. Las movilizaciones del pueblo boliviano han cuestionado todo el sistema del modelo neoliberal y a sus corruptos operadores, que son los que nos han conducido a la situación en la que nos encontramos inmersos; en este marco, consideramos que es de fundamental importancia la elección de los asambleístas, los que deben pertenecer o representar a los amplios sectores de la sociedad civil, especialmente aquellos que se encuentran en permanente conflicto, debido a que no se tuvo la capacidad de atender sus demandas, sectores que son una fuerza social y política, que por esas razones deben participar en la toma de decisiones nacionales para dar respuestas a sus justas reivindicaciones, como es el caso del movimiento campesino aymara que desarrolló enormes movilizaciones y bloqueos contra los gobiernos neoliberales de turno, que exige el reconocimiento de su identidad nacional y su derecho a la tierra y al territorio. Organizaciones, tales como los jubilados, proletariado minero, que buscaba recuperar las concesiones privatizadas o por Banzer, Tuto Quiroga y Sánchez de Lozada, representantes de los pueblos originarios e indígenas, los representantes de las diferentes organizaciones laborales, campesinas, colonizaciones, los sin tierra; pequeños y medianos productores; la empresa privada, la microempresa, el ejército, la policía, también las organizaciones de latifundistas y ganaderos (CAO, CAINCO Y ANAPO), entre los que se encuentra el complejo soyeros, banqueros e importadores, mutuales; organizaciones cívicas, organizaciones, como la FEJUVE y la Central Obrera Regional de El Alto (COR); sindicatos, COB, las Cooperativas Hidrocarburíferas Industriales de Bolivia (FECOHIBOL), organizaciones gremiales, maestros urbanos y rurales, trabajadores de la salud, etc. Para garantizar la participación de todos estos actores, que eviten la orientación exclusiva
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El magisterio y los sectores de salud, no dieron tregua en su lucha por recuperar la seguridad social y derogar la ley de pensiones. Nuestra posición respecto a la convocatoria a un referéndum ciudadano es: Un gobierno de orientación y composición social, popular y productivo, como es el instrumento político de las grandes mayorías que se encuentran en condiciones de desesperación, que son los que labran la tierra y los que contribuyen con sus esfuerzos a alimentar las ciudades, que tiene en el FREPAB, instrumento idóneo de nuevo tipo para su defensa, el que no ha sido cómplice ni ha participado en el carnaval de corrupción generalizada ocasionada por los mercenarios neoliberales, tiene que marcar la diferencia entre lo que se ha venido haciendo en materia de la conducción de la nave del Estado y lo que realmente se tiene que hacer para que cumpla sus funciones, de otro modo no se justifica que sea el instrumento de su lucha. La Carta Fundamental de nuestra república ha sido vulnerada innumerable cantidad de veces, sin ninguna repercusión para los transgresores; lo que se debe fundamentalmente, a que los gobernantes han introducido en ellas una serie de mecanismos para evitar asumir las responsabilidades de sus actos, incluyendo la no aprobación de la ley de investigación de fortunas, pese al compromiso de Mario Cossio Cortés, cosa que sabemos no cumplirán porque se trata de protegerse entre ellos, bajo el lema de hoy por ti y mañana por mi. Ninguna reforma constitucional será por sí misma la solución para los graves problemas que amenazan el futuro desarrollo de nuestra sociedad, si en ella no se contempla un sistema judicial capaz de garantizar justicia para todos, en condiciones de igualdad, equidad e imparcialidad, evitando las excepciones que son las que distorsionan el funcionamiento social. La creación de un control social que, a la manera de un tribuno del pueblo, pueda coadyuvar a la justa aplicación de las leyes, aunque sin intervenir en ella,
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será mucho más efectiva que la introducción de cientos de declaraciones líricas, engañosas y demagógicas en las que ya nadie cree, que es uno de los principales temas en los que debemos trabajar, perfeccionando y dotando de imparcialidad, al tribunal constitucional existente; pero incluyendo un estatuto interno, que permita castigar por igual a funcionarios de los tres poderes del Estado, por actos ilegales cometidos en el ejercicio de sus funciones, que fueran debidamente comprobados.
Una de las cuestiones sustantivas, que los bolivianos tenemos que resolver, es la de las autonomías; en las que no pueden caber malos entendidos; por lo que, lo primero que tenemos que hacer es saber de qué hablamos cuando hablamos de autonomías.
Sin mecanismos que nos garanticen equidad e imparcialidad, en las tareas de hacer cumplir la Constitución y las leyes bolivianas, todas las reformas que podamos realizar en ellas, quedarán como lo hicieron hasta ahora, como simples enunciados. Por todas estas razones, y muchas más que no consignamos, no consideramos necesario el tener que realizar un referéndum para la aprobación de la nueva Constitución, por cuanto sería un cuestionado a los postulados que se aprobarán en beneficio de las mayorías nacionales.
AUTONOMÍA Habiéndose postergado la convocatoria para el Referéndum sobre las Autonomías Departamentales, propuesta por el Comité Cívico de Santa Cruz para el próximo año, junto a la Asamblea Constituyente, FREPAB define su posición, en el momento actual, caracterizado por gobiernos de transición incluyendo la primera etapa del nuevo gobierno a posesionarse en enero de 2006. El tratamiento sobre las Autonomías Regionales debe ser postergado hasta recomponer el Estado Nacional, a través de la recuperación de sus recursos estratégicos de manos de las transnacionales. De otra manera, cualquier propuesta o forma de autonomías, incluyendo las ideas que tienen al respecto los candidatos a presidente y vicepresidente del principal partido de posición, podría significar la división definitiva de nuestra nación debido a que las transnacionales han adquirido un poder económico y político superior a muchas estructuras del Estado boliviano. De la misma manera, existen intenciones procedentes del exterior dirigidas a lograr la división de nuestro país y nuestros pueblos en función a sus intereses geopolíticos. En todo caso, si las organizaciones sociales deciden que este tema sea debatido, deberá ser en la Asamblea Constituyente y de ninguna manera antes ni paralelamente como pretenden los núcleos de poder económico oligárquicos y logias de los serbocroatas de la mal llamada “Nación Camba”.
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Por otra parte, recordamos un discurso pronunciado ante las Cortes Constituyentes españolas el año 1932, Don José Ortega y Gasset realizaba la siguiente definición. “El autonomismo es un principio jurídico que supone ya un Estado sobre cuya soberanía ya indivisa no se discute porque no es cuestión. Dado ese Estado, el autonomismo propone que el ejercicio de ciertas funciones del poder público - cuantas más mejor -, se entreguen por entero a órganos secundarios de aquel, sobre todo con base territorial. Por tanto, el autonomismo no habla una palabra sobre el problema de soberanía, lo da por supuesto y reclama para esos poderes secundarios la descentralización mayor posible de funciones políticas y administrativas”, definición con la que nos identificamos plenamente porque marcan las bases constitutivas para iniciar el desarrollo de una verdadera autonomía en Bolivia. La autonomía concebida de ese modo, es en consecuencia aplicable a los departamentos, provincias, municipios, regiones o territorios indígenas, como una forma de agilizar la aplicación de medidas de política nacional, que de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno de los grupos sociales, tenga la posibilidad de potenciar los efectos de su aplicación en la búsqueda de la felicidad y el desarrollo justo, armónico y sostenible de todas las regiones de la patria. El Estado descentralizado autonómico que reconozca la soberanía y contribuya a la unidad, cohesión y solidaridad del Estado-Nación boliviana. En virtud de las definiciones realizadas en el inciso anterior, no puede estar en discusión la cuestión de soberanía, ni de unidad de la nación; en tanto, que la solidaridad, en el caso de Bolivia, no es solamente cuestión política como pudiera serlo en otras latitudes del mundo, la que en nuestro caso es parte inseparable e indisoluble de las tradiciones de nuestras manifestaciones pluriculturales. ¿Cómo considera que deben establecerse las finanzas públicas entre los niveles de gobierno con un esquema autonómico en miras a mejorar la equidad nacional?
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Como quiera que la autonomía no es otra cosa que la sesión de funciones secundarias que realiza el Estado a los órganos administrativos regionales, incluyendo en ellos a los municipales; la forma de realizar la distribución de los recursos en sus diferentes niveles, debe estar aparejado por la serie de funciones que deben atender en función de esa delegación; con la clara obligación de tener que coadyuvar los programas de desarrollo nacionales, que son programas integrales, los que son elaborados y aprobados como políticas nacionales de Estado, en los poderes establecidos del gobierno central, donde también participan los representantes de todas las regiones autonómicas a través de sus representantes, lo que le da el respaldo democrático que es el que nos proponemos defender a toda costa, porque se trata de recursos que les cede el Tesoro General de la Nación.
RECUPERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA MINERÍA
La debilidad de nuestra economía, la permanente escasez de recursos, necesita de la mejor administración y aplicación que debe ser optimizada por los organismos autonómicos, ayudándonos a superar de ese modo las retardaciones de una administración demasiado centralizada como ha sido la nuestra, la que fue manejada de ese modo por los gobiernos neoliberales, que es lo que pretendemos cambiar en beneficio de todos los bolivianos
Al haberse comprobado el proceso fraudulento de la capitalización de las empresas del Estado será necesario que la fiscalía y la contraloría realicen el estudio del proceso de capitalización para devolver al pueblo la propiedad de su patrimonio. Paralelamente, será necesario retornar al sistema de Seguridad Social de carácter Universal y Solidario, a objeto de incorporar a todos los bolivianos en los beneficios de la Seguridad Social.
Tenemos que crear los organismos encargados de enseñar y capacitar a los municipios, programas en los que les hagamos conocer los sistemas eficientes de administración y control, para optimizar el manejo de sus escasos recursos; los que por la forma en que se administran en la realidad, están dando lugar a la construcción de plazas, canchas de fútbol y construcción de escuelitas, que no cumplen con su función, en lugares donde hace urgente falta el agua potable, el alcantarillado, el acceso a la educación y el desarrollo de las infraestructuras productivas, únicas capaces de crear riqueza como el medio para combatir la extrema pobreza en la que se debaten.
OPOSICIÓN AL INGRESO DE BOLIVIA AL TLC
Necesitamos desarrollar todas las capacidades para fortalecer e implementar municipios productivos, con el objeto de fomentar el funcionamiento de las mancomunidades productivas, que con su benéfico efecto multiplicador, irán abarcando regiones y zonas a las que jamás llegó ninguna posibilidad de desarrollo. El pueblo boliviano necesita saber qué es lo que está ocurriendo con los exiguos recursos con los que contamos, los que deben ajustar su productividad para obtener de ellos los máximos rendimientos.
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Reversión de las concesiones mineras otorgadas en los gobiernos neoliberales a propiedad de la Nación para que sea la COMIBOL la que determine, en base a la planificación, la explotación, industrialización y exportación de minerales metálicos y no metálicos en función al desarrollo económico del país; de igual manera, se deberá elaborar un Nuevo Código de Minería en la perspectiva de constitución de sociedades de economía mixta y nueva tributación en función al desarrollo nacional.
REVISIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN
Por ser contrario a la soberanía nacional y negativo a los interese económicos y sociales se debe posponer indefinidamente la participación de Bolivia en ese Acuerdo y otros similares, caso del TLC con Chile. Paralelamente, se debe impulsar la participación en el Alba que es un nuevo Acuerdo de Integración con los países de América Latina, en reemplazo del ALCA que se pretende imponer a los países de la región en función a los intereses hegemónicos de las transnacionales y la economía norteamericana. Asimismo, se debe promover la participación en una Red de Integración Energética suscrita entre Estados soberanos de la región, que permita articular procesos de industrialización y abastecimiento de energía en función al interés nacional.
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Se debe promover y defender el derecho de los Estados y los pueblos a autogobernarse sin interferencias de ninguna naturaleza. La autodeterminación e interrelación es un requisito para la plena vigencia de la soberanía de los Estados para darse el gobierno que más convenga a sus intereses.
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2006 – 2010 “BOLIVIA DIGNA SOBERANA Y PRODUCTIVA PARA VIVIR BIEN”
BOLIVIA digna soberana y productiva JICHAPI JICHAXA AHORA ES CUANDO
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO – INSTRUMENTO POLÍTICO PARA LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS MAS – IPSP
PROGRAMA DE GOBIERNO RESUMIDO, PRESENTADO POR EL M.A.S.
LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2005
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
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POR UNA BOLIVIA DIGNA, SOBERANA Y PRODUCTIVA PARA VIVIR BIEN
1.10 CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA ......... 157
TÍTULO I ÁREA ECONÓMICA MODELO ECONÓMICO DE RECIPROCIDAD Y REDISTRIBUCIÓN, BASADO EN UNA MATRIZ PRODUCTIVA 1.1
INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 121
1.2
CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ PRODUCTIVA ...................... 122
1.3
ACTORES FUNDAMENTALES DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 123
1.4
SECTORES DE LA MATRIZ PRODUCTIVA ..................................... 125 1.4.1 Hidrocarburos. Política Energética Nacional .............................. 125 1.4.2 Minería. Políticas de Desarrollo Minero ..................................... 134 1.4.3 Desarrollo Rural Productivo, Tierra y Territorio ....................... 135 1.4.4 Industria Manufacturera ................................................................. 143 1.4.5 Turismo Sostenible ......................................................................... 144 1.4.6 Vivienda. Objetivos Estratégicos .................................................. 146 1.4.7 Transporte, Carreteras y Vías de Comunicación ........................ 148 1.4.8 Políticas de Empleo e Inclusión Laboral .................................... 149
1.5
FINANZAS PÚBLICAS Y ESTABILIDAD ECONÓMICA ............... 150 1.5.1 Finanzas Públicas ............................................................................ 150 1.5.2 Política Fiscal .................................................................................. 150 1.5.3 Política de Ingresos (Recursos) .................................................... 151 1.5.4 Política de Gastos ........................................................................... 153 1.5.5 Medidas o Instrumentos ................................................................. 154
1.6
EQUILIBRIO MACROECONÓMICO .................................................... 154
1.7
SEGURIDAD SOCIAL A LARGO PLAZO ......................................... 155
1.8 1.9
EMPRESAS CAPITALIZADAS .............................................................. 155 RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES ...................... 156
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1.11 LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ CONTRA LA CORRUPCIÓN .................................................................................... 158
TÍTULO II ÁREA SOCIAL 2.1
SEGURIDAD CIUDADANA ................................................................... 163
2.2
SALUD Y PROTECCIÓN PARA TODOS ........................................... 171
2.3
NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ......................... 173
2.4
POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO ............................................. 179
TÍTULO III ÁREA POLÍTICA 3.1
AUTONOMÍAS .......................................................................................... 185
3.2
ASAMBLEA CONSTITUYENTE ........................................................... 189
3.3
DEFENSA NACIONAL Y FUERZAS ARMADAS ............................. 192
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MOVIMIENTO AL SOCIALISMO INSTRUMENTO POLÍTICO POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS (MAS-IPSP) POR UNA BOLIVIA DIGNA, SOBERANA Y PRODUCTIVA PARA VIVIR BIEN TÍTULO I ÁREA ECONÓMICA MODELO ECONÓMICO DE RECIPROCIDAD Y REDISTRIBUCIÓN, BASADO EN UNA MATRIZ PRODUCTIVA 1.1
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal y nacional del programa económico del MAS es mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los bolivianos y bolivianas. Se iniciará un proceso de cambio del patrón de desarrollo debido al fracaso y saldos negativos que dejaron el Capitalismo de Estado y el Neoliberalismo. El Estado productivo, digno y soberano considera que las características del país son: heterogeneidad estructural, asimetría regional, exclusión política, económica y social, y los altos niveles de pobreza y degradación humana.
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
1.2
CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ PRODUCTIVA
Construir una matriz productiva que tenga capacidad de asegurar la generación de empleos estables, a través de la apropiación y el uso sostenido del excedente económico y la mejora de las condiciones de vida de la población boliviana. Generar ahorro e inversión productiva, empleo e ingresos y producción destinada al mercado interno y externo, tomando como base el control soberano del excedente económico, con protagonismo de los actores económicos sociales nacionales, en especial de los pequeños, medianos y microempresarios del ámbito urbano y de las unidades productivas familiares campesinas e indígenas del área rural. El objetivo central de la construcción de la matriz productiva, es impulsar el desarrollo productivo y la industrialización de los recursos naturales; para tal efecto, el Estado boliviano elaborará una estrategia de desarrollo nacional. La matriz productiva generará una plataforma en los nueve departamentos y los municipios, no sólo para cerrar las actuales brechas sino para que todos tengan capacidad productiva, con una adecuada asignación de recursos. Las actividades productivas que integrarán la matriz productiva son: 1)
Hidrocarburos
2)
Minería
3)
Desarrollo Rural
4)
Industria Manufacturera
5)
Turismo
6)
Vivienda
7)
Transportes y Comunicaciones
La emergencia de este nuevo Estado plantea la culminación de la trayectoria histórica basada en la producción y exportación de materias primas. Se ingresará a una nueva era estatal industrializando los recursos naturales renovables y no renovables y definiendo una explotación sostenible de los mismos, con visión del futuro.
Se impulsará permanentemente la articulación planificada entre los sectores productivos agropecuarios, los recursos naturales y la industria manufacturera.
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1.3
ACTORES FUNDAMENTALES PRODUCTIVA
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
DE
LA
MATRIZ
Los actores fundamentales son: el Estado, la empresa privada nacional, las unidades de pequeña escala en el ámbito urbano y rural, las cooperativas productivas, las empresas estatales latinoamericanas, a través de una alianza estratégica.
a)
Estado
El Estado será el protagonista central de desarrollo nacional, que a partir de un proceso de planificación, adquirirá autonomía en el diseño e implementación de los programas de reestructuración y desarrollo productivo con generación de empleo y reducción de las desigualdades y la pobreza. El Estado participará en actividades productivas mediante empresas públicas en sectores estratégicos como son los Hidrocarburos y la Minería. Las empresas públicas tendrán absoluta autonomía de gestión, dirección y gerencia, acorde con los retos de generar una nueva matriz productiva. El Estado jugará un papel central en el proceso de descentralización política, económica, social y administrativa, compatibilizando estrategias de desarrollo nacional y regional para cumplir con los objetivos de desarrollo económico y social. El proceso de descentralización asumirá la responsabilidad de reducir las asimetrías regionales, eliminar la exclusión económica, política, social y cultural de la mayoría de la población. Asimismo, asegurará la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías en alimentación y nutrición, salud, educación, vivienda y saneamiento básico, energía, transporte y comunicaciones.
b)
Las Unidades Económicas de Gran y Pequeña Escala
Se crearán condiciones óptimas para que las empresas nacionales grandes urbanas y rurales reestructuren el aparato productivo solucionando los problemas que están enfrentando los últimos años, entre ellos, el de financiamiento y tecnología.
Para que los pequeños productores urbanos y rurales sean verdaderamente protagonistas del desarrollo productivo, el gobierno les ofrecerá: 1)
Creación de un Banco de Tecnología para el desarrollo y la reestructuración productiva Mediante este Banco, el Estado ofrecerá Tecnología de Proceso, de Producto y de Gestión. El acceso a maquinarias y equipo por parte de la mayoría de las unidades económicas de pequeña escala se dará bajo condiciones financieras favorables. En el área rural, debido a las características desventajosas de la producción, se delegará a los municipios la responsabilidad de alquilar maquinarias y equipos a los campesinos en los momentos que requieran, los mismos que pagarán solamente el costo del combustible. Simultáneamente, se apoyará e implementará una política de Ciencia y Tecnología que impulse el desarrollo e investigación en instituciones públicas y privadas, adaptando la tecnología externa a nuestras características, mediante la generación de tecnología a la inversa. 2) Creación de una Banca de Fomento para el Desarrollo Los pequeños productores urbanos y rurales solucionarán uno de los problemas centrales que es el acceso al financiamiento para capital de operaciones, materias primas y bienes intermedios para su transformación. El Banco de Tecnología y la Banca de Fomento, tendrán autonomía de gestión, administrativa y operativa, en ese marco definirán políticas de acceso a créditos concesionales con bajas tasas de interés y a largo plazo. Los recursos provendrán de los créditos que obtiene el Estado nacional de la cooperación internacional y que en la actualidad están siendo administrados por NAFIBO y FONDESIF. Las cooperativas del sector productivo del área urbana y rural también tendrán acceso a las dos instituciones bancarias.
c)
Empresas Extranjeras
Las unidades económicas de pequeña escala urbanas y los pequeños productores rurales, comunarios y campesinos constituyen el núcleo central para la diversificación de la producción y el empleo, así como para la generación de excedentes económicos.
Se garantiza la seguridad jurídica a las empresas extranjeras que se sometan a la Constitución Política del Estado y a las leyes bolivianas, para realizar actividades productivas o de servicios en el país, y que deberán cumplir requisitos
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
de desempeño referidos a: generar empleo, transferir tecnología y reinvertir parte de sus ganancias.
1.4
SECTORES DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 1.4.1
Hidrocarburos. Política Energética Nacional
La demanda histórica de la mayoría del pueblo boliviano es la nacionalización de todos los hidrocarburos, la que se ha convertido definitivamente en un imperativo que reivindica la dignidad, la soberanía y el desarrollo productivo del país. Los hidrocarburos son recursos estratégicos para el desarrollo económico del país y el beneficio de su población. La calidad de vida de sus habitantes y la productividad de la industria nacional requieren del suministro de energía a precios competitivos, dentro de la seguridad energética del país. Consecuentemente, el gas natural es el factor viabilizador del proyecto estratégico de desarrollo nacional.
a)
Objetivos Nacionales 1)
Soberanía energética. Significa el ejercicio efectivo del derecho de propiedad del Estado Boliviano sobre los hidrocarburos en toda la cadena productiva (explotación, transporte, refinación, industrialización, comercialización y exportación), a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de la soberanía energética del país. Sin embargo, el Estado, en la modalidad de suscripción de nuevos contratos de producción compartida, previa aprobación del Congreso Nacional, retribuirá al productor en especie y en caso de los derivados, en el momento que YPFB proceda a su venta.
2)
Industrialización del gas natural. Como política de Estado, se garantiza la industrialización del gas natural en el territorio nacional y los excedentes económicos serán reinvertidos en el sector productivo y social.
3)
Rentabilidad Social. Distribución de los excedentes económicos generados por la explotación de los hidrocarburos, por medio de
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
proyectos de desarrollo productivo, construcción de infraestructura y servicios públicos, para el desarrollo sustentable de la población boliviana bajo el principio de equidad y redistribución. Para conseguir estos objetivos, es necesario establecer una nueva política energética del país, a través de la reformulación de la Ley de Hidrocarburos, que responda a los intereses del Estado boliviano, basada en los preceptos constitucionales referidos a la propiedad de todos los recursos naturales. En consecuencia, el gobierno del MAS representará y canalizará la voluntad del pueblo boliviano expresada en las jornadas históricas de octubre de 2003 y junio de 2005. Si bien la Ley 3058 de Hidrocarburos establece el cambio de régimen sin recuperar el derecho de propiedad y la conversión obligatoria de los Contratos de Riesgo Compartido; esto no garantiza que el Estado Boliviano ejerza su derecho de propiedad sobre todos los hidrocarburos, por la siguiente razón: en el Artículo 5 de la Ley, se establece que el Estado supuestamente “recupera” la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo; sin embargo, la definición de boca de pozo, no es la misma que fue utilizada para suscribir los Contratos de Riesgo Compartido, tampoco la que contenía en la Pregunta 2 del referéndum. En efecto, el Estado boliviano no ha recuperado realmente la propiedad de los hidrocarburos (gas natural, petróleo y condensados) en el punto de fiscalización (boca de pozo) conforme a los Artículos 5 y 16 de la misma ley. Este hecho, impide y limita al Estado disponer libremente de los hidrocarburos, fijar precios y calidad, fijar volúmenes de consumo para el mercado interno y para la exportación, industrializar y exportar los hidrocarburos. Por esta razón, el MAS plantea la nacionalización de todos los hidrocarburos. Por otro lado, la conversión obligatoria de los contratos prevista en la Ley 3058, significa el reconocimiento tácito de los Contratos de Riesgo Compartido, sin consentimiento del pueblo boliviano, a través de la autorización y aprobación del Poder Legislativo; por lo tanto, estos contratos no existen legalmente. Por esta razón, la Bancada Parlamentaria del MAS, presentó al Congreso Nacional, el 18 de mayo del 2005, la modificación de la actual Ley de Hidrocarburos, para hacer cumplir el mandato soberano del pueblo boliviano, expresado en el referéndum del 18 de julio de 2004; sin embargo, hasta la fecha no fue tratada, ni considerada.
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b)
Nacionalización de los Hidrocarburos
El Estado boliviano nuevamaente tendrá y ejercerá su DERECHO DE PROPIEDAD EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS HIDROCARBUROS, en base a las prescripciones de la Constitución Política del Estado. Es decir, que el actual Régimen de Concesión impuesto por la política neoliberal, expresada en los inconstitucionales Contratos de Riesgo Compartido, dejarán de existir y se iniciará un nuevo Régimen de Contratos de Prestación de Servicios o Producción Compartida, en el cual, las empresas petroleras productoras transnacionales serán compensadas en especie o en efectivo, en el marco de la suscripción de las nuevas modalidades de contratos. Medidas para la consecución de los objetivos y la nacionalización de los hidrocarburos: -
Una reformulación de la actual Ley de Hidrocarburos, que garantice al Estado boliviano tener y ejercer su derecho de propiedad sobre todos los hidrocarburos y en toda la cadena productiva de los mismos.
-
Por las limitaciones actuales de YPFB, para ejecutar la cadena productiva de hidrocarburos, se suscribirán Nuevos Contratos de Prestación de Servicios o Producción Compartida, bajo los preceptos constitucionales y de la Nueva Ley de Hidrocarburos a formularse. Con esta medida y por seguridad energética del país, el Estado garantizará el consumo interno, la industrialización de los hidrocarburos en el territorio nacional, definirá precios, volúmenes y calidad para el mercado interno y para la exportación de los excedentes.
-
-
Se implementará el Plan Maestro de Explotación de Hidrocarburos, priorizando la incorporación de valor agregado para la exportación de gas natural. Se plantea el fortalecimiento institucional y económico de YPFB, para convertirla en empresa estatal de gobierno corporativo, capaz de ejecutar los objetivos y la cadena productiva de los hidrocarburos.
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
operando en Bolivia y se garantizarán las inversiones y la rentabilidad mínima en la región.
c)
Plan Maestro de Explotación de Hidrocarburos
A partir de la nacionalización de los hidrocarburos, se plantea el Plan Maestro de Explotación de Hidrocarburos, que consiste en combinar la exportación de gas natural como materia prima y la industrialización del gas natural en el territorio nacional. Para ello, se definirán objetivos, políticas y estrategias en torno desarrollar y consolidar mercados limítrofes de exportación en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Eventualmente, a Chile, en este caso, siempre y cuando se pueda llegar a acuerdos de soberanía marítima para Bolivia. Por otro lado, para cubrir la demanda de estos mercados se ingresará a una nueva fase de industrialización del gas natural con base en la transformación del metano en diesel ecológico y el GLP sintético. Además, se buscará ampliar la exportación de estos productos a los mercados de la Unión Europea, Asia y Estados Unidos.
d)
Fortalecimiento institucional y económico de YPFB
Se propone fortalecer institucionalmente a YPFB como empresa autárquica de derecho público, que tenga la capacidad y autonomía de gestión, con un capital humano capaz, eficiente y que garantice los intereses nacionales. YPFB es el instrumento para la ejecución del Plan Maestro de Explotación de Hidrocarburos, será la empresa nacional que, por su naturaleza, represente los intereses colectivos del país. El control de la industria petrolera requiere de una empresa estatal fuerte, eficiente, con capacidad de operar en toda la cadena productiva y ejercer y liderar a nombre del Estado la dirección del sector. La actual situación internacional del sector hidrocarburífero y el contexto a nivel regional, hace que una alianza estratégica de YPFB con empresas estatales de Latinoamérica, en el marco de acuerdos regionales, no sólo sea perfectamente viable sino necesaria e imprescindible para el desarrollo, estabilidad e integración regional. Bolivia planteará, a partir de la riqueza energética, la integración de los países de la región en beneficio y para el desarrollo de la región sudamericana.
En este contexto, las empresas petroleras transnacionales que estén dispuestas a someterse a la Constitución y a las leyes bolivianas y al cambio de Régimen de Contratos de Servicios o Producción Compartida, permanecerán
La importancia y magnitud de las reservas y la posición geográfica del país permitirán no sólo participar en estos procesos de integración sino también
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
adquirir un rol esencial y protagónico para definir con otros países políticas energéticas regionales. Asimismo, permitirán lograr contratos y relaciones económicas de reciprocidad y beneficios mutuos. Ya se han iniciado procesos de integración energética regional a través de alianzas estratégicas entre empresas estatales, como son los proyectos de Petrocaribe, Petrosur y Petroamérica.
y que todos los bolivianos se beneficien de las riquezas hidrocarburíferas, éste es uno de los propósitos del Plan Maestro en Explotación de Hidrocarburos.
Para un adecuado control de la industria petrolera, YPFB no sólo participará en toda la cadena productiva de los hidrocarburos sino también en el transporte, almacenamiento y la refinación del petróleo. Con la capitalización de YPFB y su posterior privatización de Refinerías y Ductos, la propiedad de los gasoductos y oleoductos pasaron a la transnacional Transredes y los poliductos y las plantas de almacenaje pasaron en propiedad a favor de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB) a través de la Privatización; asimismo, las refinerías en propiedad de Petrobras (EGR). Por ello, se plantea la bolivianización de estas empresas mediante el siguiente formato o acciones: 1)
2)
En el caso de Transredes, se transferirán las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) al Estado boliviano, que representan el 33% del paquete accionario. El Estado comprará acciones de los trabajadores y adquirirá las acciones que actualmente están en manos de las empresas extranjeras para alcanzar el 51% del paquete accionario en Transredes y de esta manera pasar a ser socio mayoritario. Asimismo, el Estado ejercerá el derecho de designar los directores y síndicos que representen los intereses nacionales. En el caso de los poliductos y refinerías, el Estado planteará a la Empresa Boliviana de Refinación (EBR) la recompra de las refinerías Valle Hermoso y Palmasola, previa auditoría del proceso de privatización o en su defecto, tendrá una participación mayoritaria en el paquete accionario de esta empresa al igual que en el caso de la CLHB. Sólo de esta manera se podrá concretar la política de refinación de petróleo con miras a satisfacer las necesidades del mercado nacional, el transporte y almacenamiento de los productos refinados.
Por otra parte, la fijación de precios que realizará el Estado permitirá la equidad en la distribución de los hidrocarburos en todo el territorio nacional
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e)
Cambio de la Matriz Energética Nacional y Beneficio para la Población
Para favorecer a la población boliviana, es necesario reformular la nueva Ley de Hidrocarburos y la suscripción de nuevos contratos bajo esta norma, producto de una renegociación con las empresas petroleras, buscando equilibrio para ambas partes, sobre la base de las necesidades de desarrollo económicosocial del Estado boliviano. Bajo estas condiciones, el Estado podrá garantizar la utilización de los recursos hidrocarburíferos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la reactivación del aparato productivo del país, con la ventaja de contar con importantes reservas de gas natural que permitirán el logro de los objetivos del cambio de la matriz energética. Se plantea la instalación masiva de gas domiciliario en las capitales de departamento y ciudades intermedias. En el ámbito rural, se procederá a la sustitución de leña por GLP, asegurando que la población acceda a este nuevo combustible a precios bajos y estables. Asimismo, a la conversión masiva del uso de gas natural vehicular (GNV). Los beneficiarios directos serán las familias bolivianas, los transportistas, los centros de salud y los establecimientos educativos. Los derivados de hidrocarburos, diesel y GLP, serán sustituidos por sus equivalentes sintéticos, obtenidos a través de la conversión química de gas natural en estos productos. Con la industrialización del gas se tendrá suficiente producción para abastecer el mercado interno y la exportación. El costo de los hidrocarburos dependerá del precio del gas natural y no estará expuesto a los precios internacionales, por lo que estos productos serán baratos y de precio estable. Esto permitirá que los bolivianos tengan hidrocarburos a precios mucho menores que aquellos países que importan y desterraremos, de una vez por todas, el hecho de ser los últimos en beneficiarnos de nuestra propia riqueza. Para materializar el cambio de la matriz energética, se promoverá de manera directa la industrialización del gas natural a gran escala, buscando que las plantas se construyan y operen no solamente cerca de los pozos, sino en las grandes ciudades como El Alto, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y otras, que en la forma tradicional de explotación de gas como materia prima, no generaron empleos. 130
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f)
Industrialización de los Hidrocarburos
La industrialización del gas natural será un hecho histórico fundamental que permitirá superar la larga historia de concentrar la actividad económica en la producción y exportación de recursos naturales como materias primas.
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
Este proyecto permitirá elevar la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP), bajo control del Estado a través de YPFB, quien junto al gobierno nacional desplegará acciones inmediatas para acceder al capital necesario y al gas del cual se extraerá el GLP antes de su exportación.
Con la nueva Ley de Hidrocarburos, se promoverán los proyectos de industrialización del gas natural en el territorio nacional. Esta actividad podrá ejecutar YPFB solo o asociado con privados, de tal forma que las plantas a instalarse tengan diversas ubicaciones geográficas, evitando así la concentración del desarrollo en pocas zonas o regiones.
2)
Industrialización del gas para obtener diesel ecológico (GTL)
El aprovechamiento de los hidrocarburos promoverá el desarrollo integral, sustentable y equitativo del país, garantizando el abastecimiento de hidrocarburos al mercado interno, incentivando la expansión del consumo en todos los sectores de la sociedad, promoviendo la exportación de excedentes con valor agregado en condiciones que favorezcan los intereses del Estado y el logro de sus objetivos en materia de política interna y externa.
Se estima que una sola planta de cerca de 100.000 barriles por día, demandará un consumo de 30 millones de m≥/día, cantidad similar de gas que actualmente se exporta al Brasil. La rentabilidad e ingresos a favor del Estado boliviano serían considerablemente significativos. Por lo tanto, si hay un mercado para el gas natural, es el Estado quien incentivará, promoverá y participará, en el mercado interno, a través de las plantas de transformación del gas en diesel y en otros productos.
El proyecto de transformación del metano en diesel ecológico se iniciará para asegurar la soberanía energética del país, para la eliminación de la importación de diesel y su consiguiente subsidio y por su potencialidad para la exportación de productos con valor agregado.
En este contexto, se priorizarán los siguientes proyectos:
1)
Aumento de la producción de GLP
Debido a la política de hidrocarburos vigente en los últimos años, los diferentes proyectos de exportación en curso (Brasil y Argentina) destinan a estos mercados gas húmedo; es decir, una mezcla de gases constituida por metano, etano, propano, butano y pentanos a un precio bajo. Precisamente el GLP está formado por dos de ellos, el propano y el butano. El Estado tomará control efectivo sobre la producción de GLP adicional, ya sea mediante las empresas operadoras o a través de inversiones propias de YPFB, para asegurar, antes que nada, la provisión necesaria para el mercado nacional a precios regulados y accesibles para todos los bolivianos. Se propone ejecutar un proyecto de separación de gases que posibilitaría vender el metano y los otros gases a precios diferenciados, mejorando las ganancias para el Estado boliviano. Actualmente, dicha separación se realiza parcialmente en el territorio nacional y principalmente en Argentina y en Brasil, donde existen plantas de separación que benefician ampliamente a estos países, porque los precios y usos son significativos.
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Una de las características fundamentales del diesel ecológico es que no contiene elementos de contaminación, en especial azufre ni aromáticos, por ese motivo su gran demanda a nivel internacional. En la Unión Europea, Japón y Estados Unidos existen mecanismos precisos de prohibición de carburantes que contengan azufre por su alto nivel de contaminación, por lo tanto el diesel ecológico tiene a estos mercados como los potenciales para la realización de dicha producción. En el periodo 2006 y 2010 se iniciará la construcción, como mínimo, de una planta de tamaño menor y otra planta de mayor capacidad. Para la primera, con una capacidad de producción de 10.000 barriles de diesel por día, la inversión asciende, aproximadamente a 500 millones de dólares. El tiempo de instalación y montaje es de 3 años. La segunda tendrá una capacidad de 100.000 barriles/ día, la inversión asciende, aproximadamente, a 2.000 millones de dólares y el tiempo de maduración es de 5 años. Para este propósito, en ambos casos, YPFB podrá asociarse con empresas privadas, puesto que en la actualidad no cuenta con recursos ni con la tecnología para ejecutar por sí sola.
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3)
Fabricación de plásticos
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5)
Se promoverá la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados óleo químicos. Se avanzará hacia el logro de beneficios para productores que decidan dedicarse a la siembra de cultivos energéticos, de modo que a partir de una política de aliento, puedan aportar la materia prima necesaria y suficiente para generar bioetanol y biodiesel.
6)
Se priorizará la participación del Estado en toda la cadena productiva de los hidrocarburos y se estimulará una participación de la iniciativa privada nacional en el sector de hidrocarburos, tanto en las actividades operativas del sector como en la construcción industrial y explotación de obras de infraestructura y en la prestación de servicios.
7)
Se creará un Centro de Tecnología del Gas, con el objetivo de sentar las bases para que Bolivia sea generador de profesionales altamente calificados, tecnología e insumos para el sector de la energía.
Se negociará la instalación de dos plantas de fabricación de plásticos en territorio nacional, una cercana al océano Pacífico y otra en la frontera con Brasil. Para ello, YPFB se asociará con empresas que tengan experiencia y capital para la inversión.
4)
Otros proyectos de industrialización
En el periodo 2006-2010 se encararán otros proyectos de industrialización del gas como ser la producción de metanol, la producción de fertilizantes y la producción de energía eléctrica para exportación.
g)
Estrategias de la Política Energética Nacional
La Estrategia de la Política Energética Nacional se fija mediante la identificación de las principales opciones y prioridades que permitirán alcanzar: 1)
2)
3)
4)
El Estado recuperará el derecho de propiedad de la producción de hidrocarburos (gas natural, petróleo y condensados) y consiguientemente desarrollará su capacidad para planificar, elaborar e implementar políticas y proyectos en todas y cada una de las actividades del sector de hidrocarburos, así como la fiscalización del mismo. Se logrará un equilibrio racional entre el uso de las reservas de gas para la exportación de materia prima, para el mercado interno y para la industrialización de gas natural en el territorio nacional, condicionando cualquier nuevo proyecto de exportación de gas natural a proyectos de transformación de productos con valor agregado, como diesel ecológico, generación de energía eléctrica y su exportación. Garantizar la autosuficiencia energética del país, especialmente en cuanto a la producción interna de diesel. Se impulsará la inmediata implementación en territorio nacional, de proyectos que produzcan diesel ecológico, a partir del gas natural, a precios estables y accesibles, para todos los consumidores. Se iniciará un proceso acelerado de transferencia y desarrollo de tecnología y de preparación de mano de obra calificada, especializada, idónea y profesional para encarar el futuro desarrollo del sector.
133
1.4.2
Minería. Políticas de Desarrollo Minero
El Movimiento Al Socialismo, tiene como uno de los sectores importantes dentro de la matriz productiva, al sector de industria minera, por ello se plantea: 1)
Refundar la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como empresa estatal con autonomía de gestión y de derecho público, para convertirse en actor principal en la actividad productiva del sector.
2)
Ley para los minerales no metálicos, por no estar legislado en la actualidad.
3)
Nuevo régimen económico del sector, para establecer nuevo régimen impositivo y regalitario, para fomentar y viabilizar la reactivación minera.
4)
Establecer nueva política minera, diferenciando entre pequeñas, medianas y grandes unidades económicas del sector.
5)
Se define una integral minera, para la producción racional e industrialización del yacimiento minero del Mutún.
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1.4.3
Desarrollo Rural Productivo, Tierra y Territorio
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
Fomento a la Transformación y Comercialización de Productos de parte de Comunidades u Organizaciones de Productores
El problema agrario en Bolivia tiene como núcleo central el control de la propiedad de la tierra y del territorio. El conflicto por la tierra y el territorio gira en torno al aprovechamiento de los recursos naturales renovables (tierra, agua, bosques, biodiversidad) y no renovables (minerales e hidrocarburos).
-
Apoyo a la inversión en infraestructura de acopio, transformación y comercialización.
-
Implementación de políticas específicas en beneficio de los productores, definidas en los Consejos de Desarrollo Regional.
Acorde con su propuesta de cambiar el modelo neoliberal, el MAS impulsa también un Nuevo Modelo de Desarrollo Agropecuario y Rural, por medio de tres grandes procesos en materia de políticas agrarias:
-
Regulación de la ayuda alimentaria, prohibiendo donaciones de alimentos transgénicos y estableciendo que la ayuda alimentaria será solicitada por el Estado en caso de desastres naturales o emergencia declarada.
-
Programa de industrialización de la hoja de coca.
-
Promoción del consumo de productos locales con alto valor nutritivo.
-
Reforma de la tenencia de la tierra
-
Reforma de la producción agropecuaria
-
Reforma en el desarrollo rural
Las estrategias y medidas que se proponen para lograr esto, son las siguientes:
a)
Acceso a Mercados Externos -
Fomento a sectores con potencial exportador y acciones gubernamentales de apertura y consolidación de mercados externos para estos sectores.
-
Democratización del acceso a mercados de exportación fortaleciendo la producción agroecológica y convencional de unidades familiares y comunitarias.
-
Promoción y apertura de mercados a productos agrícolas y no agrícolas provenientes del sector comunitario y familiar indígena, campesino y colonizador.
Apoyo a la Producción para la Soberanía Alimentaria -
Conformación de los Consejos de Desarrollo Regional, para desde allí definir e implementar de manera participativa las políticas productivas.
-
Transferencia de recursos para la producción por medio de la creación del Banco de Fomento para el Desarrollo Productivo.
-
Otorgación de subsidios a algunos productos alimenticios esenciales.
-
Creación del Banco de Tecnología para el desarrollo y reestructuración productiva.
-
Ampliación de las preferencias a los productores agropecuarios nacionales en las compras estatales destinadas a desayunos escolares, centros de salud, cuarteles, recintos policiales y otros.
135
Fomento a la Generación de Ingresos y Empleos Rurales no Agrícolas -
Fortalecimiento de las ciudades intermedias mediante el incentivo a la generación de mayores servicios.
-
Fomento a la agregación de valor en el sector forestal y a la oferta maderable para el mercado interno.
-
Sistema de incentivos a la formación de nuevos sectores agroindustriales. 136
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-
Inversión en redes de gas domiciliario, agua potable y electrificación rural.
b)
Tierra para la Vida y la Soberanía
-
Creación de Centros de Enseñanza Técnica no agrícola en el medio rural para capacitar y promocionar a jóvenes hombres y mujeres.
1)
Seguridad Jurídica Sobre Tierras
Políticas de Integración Comercial con Soberanía
El Estado respetará y apoyará las inversiones y los derechos sobre la tierra de quienes probadamente la utilizan en forma productiva y sustentable. Para garantizar seguridad jurídica fundada en el cumplimiento de función productiva y social de las tierras, se tomarán las siguientes medidas:
La agenda de temas de integración comercial de Bolivia seguirá los siguientes lineamientos de soberanía: -
-
Lo que negocie el país no será para debilitar las atribuciones del Estado sino para implementar sus obligaciones en garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población. Se establecerá en el país un sistema que dote a los productores de la legislación necesaria, infraestructura y reconocimiento para contrarrestar la concentración del poder de las empresas transnacionales que dominan el mercado agropecuario internacional.
-
Revisión integral del proceso agrario desde 1996 hasta la fecha.
-
Fortalecimiento y transparencia del INRA.
-
Relanzamiento del proceso de saneamiento agrario priorizando áreas y conformando comisiones de control social.
-
Rápida titulación de tierras de los productores comunitarios y privados.
-
Impulso a los procesos de saneamiento y titulación de tierras de pueblos y comunidades indígenas y de campesinos originarios en todo el país.
-
Impulso al proceso de transferencia progresiva a los municipios y actualización permanente del catastro rural.
-
Se participará en aquellas negociaciones cuyas reglas comerciales permitan políticas gubernamentales que garanticen un retorno justo para los agricultores familiares, incluyendo los costos de producción, mano de obra e inversión.
2)
-
En toda negociación comercial la producción local para consumo local, debe ser considerada como una opción legítima del país.
El Estado controlará la tenencia especulativa e improductiva de la tierra en aplicación de la legalidad constitucional y agraria.
-
El sistema de los Derechos de Propiedad Intelectual que se negocie no será para debilitar los derechos del agricultor a guardar intercambiar y reutilizar semillas.
-
En espacios de negociaciones comerciales, el país no renunciará a los mecanismos de protección de la producción nacional agroalimentaria.
-
La forma o mecanismo de negociación de los acuerdos o tratados internacionales, no implicará intercambios (trade-offs) negativos para el país.
137
Redistribución de Tierras
-
Creación del Defensor Agrario, el mismo que tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de obligaciones de las instituciones agrarias y denunciar ante el Ministerio Público casos de ilegalidades y fraudes con tierras.
-
Reforma del régimen impositivo agrario, articulado a la verificación en campo del cumplimiento de la Función Económica Social, al valor de mercado local de las tierras y a la fijación de incentivos progresivos y diferenciados según el tipo de propiedad y las inversiones efectuadas.
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3)
4)
-
Regulación de las tierras embargadas que retienen las entidades bancarias, articulando la regulación de las ventas, hipotecas y transferencias al catastro rural.
-
Reversión de las tierras no trabajadas y sin inversión fija, destinadas a la especulación, según causales constitucionales y legales.
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-
5)
Programas de Asentamientos Humanos
Prevención y concertación en conflictos originados por la sobreposición de derechos agrarios y forestales.
Agua, Agua Potable y Riego -
Diseño de la Estrategia Nacional del Agua y de los Recursos Hídricos en función de la estrategia de defensa de la soberanía y seguridad nacionales.
-
Selección e identificación de disponibilidad de tierras fiscales para la redistribución.
-
Rediseño de las políticas y planes nacionales y regionales de riego, ajustados a los objetivos nacionales de la Soberanía Alimentaria.
-
Relanzamiento de los programas de asentamientos humanos, en estricto respeto a la capacidad de uso mayor de los suelos.
-
Diseño de la Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas en función de la estrategia nacional del agua.
-
Registro de demandantes de tierra para su asentamiento en nuevas zonas.
-
-
Provisión de infraestructura básica y apoyo estatal temporal para los nuevos asentamientos humanos.
Inicio de un proceso de regularización de derechos de aguas para que las organizaciones de regantes, comunidades indígenas y campesinas obtengan el Registro de sus Derechos para el uso de sus fuentes de agua para riego.
-
Regularización de Licencias de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
-
Anular la indexación al dólar de las tarifas de los servicios básicos, como de agua potable y alcantarillado sanitario, estableciendo una estructura tarifaria indexada a las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).
-
Incremento de la inversión pública nacional, departamental y municipal, en servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para superar los déficit de cobertura.
Tierras Forestales -
Otorgar derechos forestales, en estricto apego a nuestra soberanía económica y al carácter de patrimonio nacional de los bosques.
-
Suspensión de los procesos de licitación internacional de nuestros bosques.
-
Control y sanción de los procesos de deforestación y chaqueo en zonas no aptas para actividades agropecuarias.
-
Incentivo a las actividades agroforestales en el norte amazónico (norte de La Paz, Pando, Beni), declarándolas de interés nacional.
6)
Biodiversidad y Bioseguridad -
Elaboración de disposiciones normativas sobre Conservación de Diversidad Biológica, creando un marco institucional descentralizado con participación social y pública.
Medidas de protección de los bosques contra la tala indiscriminada de maderas finas y preciosas.
-
Fomento a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias como agentes sociales fundamentales de la conservación.
Regulación de los servicios ambientales derivados de la biodiversidad, vinculados a los derechos sobre bosques.
-
Fortalecimiento de la Dirección General de la Biodiversidad.
-
Medidas para garantizar el aprovechamiento forestal con el empleo de mano de obra local y la exportación de bienes con valor agregado.
-
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-
7)
Creación del Instituto Nacional de Biodiversidad, como instancia encargada de la investigación y resguardo de conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad.
Áreas Protegidas y Parques Nacionales -
Reestructuración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
-
Fomento a las actividades forestales, maderables y no maderables dando prioridad a poblaciones originarias, campesinas.
-
Promoción de la medicina tradicional, incentivando su industrialización.
-
Incentivo a la producción artesanal (tejidos, transformación artesanal de productos de consumo y uso humano).
-
Apoyo a la otorgación de derechos para servicios turísticos, en beneficio de las poblaciones y organizaciones locales.
-
No se otorgarán nuevos derechos de exploración o explotación para el aprovechamiento de recursos mineros e hidrocarburíferos dentro de las áreas protegidas.
-
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
El Gobierno desarrollará una estrategia nacional de turismo con inversiones públicas beneficiando a operadores locales, particularmente a aquellos que trabajen con comunidades indígenas y campesinas.
c)
Derechos de Propiedad Intelectual
1)
Asociados a la Biodiversidad -
Creación de un Sistema de Derechos de Propiedad Intelectual Colectiva (SDPIC).
-
Promoción de la producción diversificada que beneficia la protección de la agrobiodiversidad.
-
Fomento de la producción orgánica, impulsando una Ley de Productos Orgánicos y la apertura de mercados nacionales e internacionales.
141
2)
-
Prohibición del uso de insumos agropecuarios (transgénicos) dañinos al medio ambiente y la salud.
-
Aplicación del Principio de Precaución ante tecnologías inciertas, dañinas y que generan dependencia económica.
Medio Ambiente -
Fortalecimiento del organismo rector del medio ambiente para que trabaje en coordinación con los Consejos de Desarrollo Regional en el control y monitoreo ambiental.
-
Lucha contra la deforestación y fomento al cultivo de especies.
-
Establecimiento de programas de reforestación con participación de los productores individuales y comunitarios.
-
Impulso a proyectos de silvicultura y de turismo ecológico.
-
Ejecución del Programa de recuperación de bosques nativos, lucha contra la Descertificación e impulso a programas de uso de tierras.
-
Protección estricta de las áreas naturales de reproducción del ciclo hidrológico.
-
Programa de recuperación de suelos erosionados en el occidente andino.
-
Programa de Manejo integrado de vida silvestre en beneficio de las organizaciones y comunidades locales. Promover el uso de productos naturales.
-
Establecimiento de un sistema de incentivos de control a la contaminación e implementación de un Programa de Reducción de los Chaqueos.
-
Programa de emergencia para la recuperación del Río Pilcomayo, en coordinación con la cooperación internacional y las poblaciones locales afectadas.
-
Articulación de los programas de asentamientos humanos con el manejo integrado de recursos.
-
Control y disminución de los niveles de contaminación del lago Titicaca.
142
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
1.4.4
Industria Manufacturera
Estrategia de desarrollo productivo manufacturero. Atención especial al desarrollo y promoción productiva y comercial de los pequeños productores de las cadenas productivas. Se atenderá con metodologías y acciones diferentes de fomento a las grandes y medianas empresas. El Estado jugará un rol central en el desarrollo productivo manufacturero a través de labores de promoción y acción articuladoras de esfuerzos productivos y orientación de esos esfuerzos hacia los objetivos estratégicos del desarrollo nacional. Las acciones estatales se concentrarán principalmente en el establecimiento de una institucionalidad adecuada para el financiamiento del desarrollo (Banca para el Desarrollo) y en las acciones de apoyo a la gestión tecnológica empresarial productiva (Banco de tecnología). Políticas industriales que otorguen tratamiento diferenciado a las micros y pequeñas unidades productivas y a las medianas y grandes industrias 1)
Desarrollo e implementación creciente del consumo de productos nacionales a través de compra del Estado boliviano.
2)
Incentivos a la reinversión productiva de los empresarios nacionales.
3)
Incentivos vía subsidios temporales por creación de empleo.
4)
Montaje de fondos de garantía para algunos segmentos industriales.
5)
Promover y fortalecer la formación de asociaciones productivas en el marco de las cadenas productivas ligadas a la industrialización de recursos naturales.
6)
Creación y fortalecimiento de mercado y ferias locales regionales y nacionales.
7)
Creación de empresas comercializadoras a escalas elevadas, con recursos humanos calificados.
8)
Mecanismos de información de precios.
143
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
Propuestas para los Artesanos, Micro y Pequeños Empresarios La finalidad es amparar, fomentar y promover el desarrollo de la actividad artesanal en lo económico, cultural y social, mediante el reconocimiento jurídico de los artesanos, estableciendo su protección como patrimonio cultural. Para elevar la productividad y competitividad de la MYPE se promulgará una Ley de Fortalecimiento y Promoción. Se generarán políticas públicas para lograr correspondencia entre el marco legal e institucional del Estado con la realidad del sector artesanal, la micro y pequeña empresa. En la estrategia de desarrollo industrial manufacturero, el gobierno del MAS incorporará al sector de la micro y pequeña empresa como parte importante del proceso de articulación productiva para la industrialización y trabajará en el desarrollo del sector para el potencial competitivo en términos económicos. Las ramas productivas de la microempresa urbana serán privilegiadas, mientras que para las ramas microempresariales de comercio y servicios se establecerán estrategias de reconversión empresarial productiva progresiva para el mediano y largo plazo; es decir, que algunas sub-ramas de micro y pequeño comercio y servicios recibirán apoyo para su cambio de actividad de comercio a producción manufacturera. 1.4.5
Turismo Sostenible
El desarrollo de la actividad turística se plantea a través de la puesta en marcha de las siguientes estrategias: Proceso de Ordenamiento territorial desde la perspectiva turística, para el logro de una práctica sostenible y adecuada a las potencialidades y particularidades de los territorios, regiones y localidades. Legislación, Reglamentación y Normativa, orientadas a la práctica inclusiva y sostenible de la actividad. Reformulación y reglamentación a la Ley 2074 de Desarrollo y Promoción del Turismo. Asimismo, la reglamentación a la Ley 1333 de Medio Ambiente, orientada a la actividad turística y la Legislación y Reglamentación orientada a la preservación del patrimonio cultural (arqueológico, científico y folklórico).
144
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
Puesta en valor de los recursos turísticos nacionales, para desarrollar un producto turístico sostenible y competitivo, esto implica:
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
1.4.6
Vivienda. Objetivos Estratégicos
1)
Articular la política habitacional con la ordenación del territorio, desarrollando reservas territoriales, acordes a la normatividad de desarrollo urbano y rural para ampliar la disponibilidad de suelo con infraestructura y servicios aptos para vivienda.
2)
Otorgar créditos para materiales de construcción, con énfasis en zonas marginales, ciudades intermedias y rurales, apoyando a las familias con asistencia técnica, supervisión y con precios preferenciales de materiales.
Inclusión de la población local en el proceso de desarrollo turístico en su localidad como actora, beneficiaria y decisora.
3)
Fortalecimiento y profundización de los procesos de Descentralización y de Participación Popular. Descentralización del manejo de recursos destinados al desarrollo turístico, hacia Municipios. Fuerte incentivo a la participación de la población indígena.
Promover la cultura de ahorro que permita a los demandantes de vivienda, la integración del enganche para la adquisición de la vivienda.
4)
Alentar la igualdad de oportunidades para las personas de bajos recursos, de obtener una vivienda digna completa con crecimiento progresivo, que asegure elevar su bienestar socio-económico, su calidad de vida y la integración familiar.
5)
Proporcionar asesoramiento técnico para intensificar la autoconstrucción dentro del sistema AYNI (cultura andina).
6)
Diseñar y proponer nuevos mecanismos financieros para dar acceso a la vivienda a familias de escasos recursos económicos.
-
Acondicionamiento, habilitación y restauración
-
Dotación de equipamiento e Infraestructura básica
-
Infraestructura Vial
-
Tecnificación y profesionalización de los Recursos Humanos
-
Promoción
Conversión del Turismo Sostenible en el Nuevo factor de Acumulación de recursos económicos y Generación de fuentes de empleo Involucrar a mujeres adultas y jóvenes, a través de actividades directas y empleos en áreas técnicas, profesionales y calificadas (no solamente de apoyo), logrados a través de la tecnificación, capacitación y oportunidades.
Distribución equitativa de recursos económicos generados por la actividad Ampliación de los beneficios económicos del turismo a Municipios y sociedad local de manera equitativa. Superación de las condiciones de participación de la población local indígena, como mano de obra no calificada o apoyo básico con bajas remuneraciones y pocas oportunidades de crecimiento. Eliminación del monopolio y de la exclusión. Rescate de saberes, técnicas, tecnologías, etc., en proceso de desaparición. Revalorización de las culturas nativas, para la población nacional y para el turismo externo. Valoración y respeto a la cultura viva en todas sus expresiones.
145
LÍNEAS DE ACCIÓN. Las entidades coadyuvantes y participantes en este proceso son: 1)
Los organismos Gubernamentales (Viceministerio de Vivienda y Servicios Básicos, Fondos de Vivienda, etc.).
2)
Las instituciones de crédito que se acoplen a las nuevas modalidades de otorgamiento de recursos destinados a la vivienda.
3)
Los organismos no Gubernamentales que vienen desarrollando políticas y aplicando planes de mejoramiento de la vivienda sobre todo en el área rural.
146
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
4)
Los organismos de Cooperación Internacional que aportan con políticas y Planes Ejemplares para la mejora de la calidad de vida en los asentamientos urbanos y rurales.
5)
Promover ante el Estado los recursos para el financiamiento de vivienda para la población de escasos ingresos, bajo un crecimiento urbano ordenado.
6)
Supervisar los recursos que se apliquen adecuadamente, en cada obra realizada.
Políticas de Asentamientos Urbanos y Rurales 1)
Apoyo al saneamiento del Derecho Propietario de viviendas emplazadas en sectores de “asentamiento peri-urbanos” y “rurales” (dentro de los márgenes admisibles) con soporte legal y técnico y acciones compartidas con el Municipio local.
2)
Acciones conjuntas (juntas vecinales, comunarios, municipio y entidades proveedoras de servicios) para la expansión de los servicios de infraestructura carentes y mejoramiento de vías de acceso en las zonas deprimidas y alejadas.
3)
Transformación de espacios ociosos (áreas sin destino de uso) para implementar centros de actividad productiva (ferias, talleres, centro de acopio, etc.).
El plan de vivienda, contempla cuatro principales aspectos para promover el acceso a la vivienda priorizando el uso de mano de obra intensivo: 1)
Programa de Emergencia Habitacional. Es el Estado quien llevará adelante este programa y estará destinado a familias que estén por debajo de la línea de pobreza.
2)
Programa de Crédito Solidario. Este programa contará con una intervención mixta del Estado y entidades financiadoras privadas, el Estado subsidiará en parte la vivienda y las financiadoras, el resto del capital necesario.
3)
Cooperativas de Construcción. El alto número de desempleados se organizarán en forma de Cooperativas de Trabajo para la
147
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
construcción de viviendas a fin de generar una política que simultáneamente resuelva los problemas habitacionales y de empleo. 4)
1.4.7
Microempresas para la construcción de materiales de construcción. Generar microempresas capaces de abastecer el mercado interno en la demanda de materiales de construcción. Transporte, Carreteras y Vías de Comunicación
Es de interés vital para el desarrollo del país tener como prioridad fundamental la construcción de obras viales que unan los centros de producción minera, agrícola, ganadera, hidrocarburífera y sitios de carácter turístico, además construir carreteras que unan el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, a través del Perú y Brasil. La construcción de la carretera asfaltada que una los departamentos de La Paz con Cobija y Cobija con Trinidad es sumamente importante ya que a través de éstas, Cobija se integrará definitivamente al resto de los departamentos. Alternativamente, se apoyará la expansión de transporte ferroviario e intermodal.
a)
Obras Viales Secundarias
Las obras viales secundarias, en el país en general, son de tierra o en el mejor caso están ripiadas, lo cual no garantiza la transitabilidad en época de lluvias, además son escasas, razón por la cual la producción agrícola y el trabajador campesino no puede comercializar su producción y no produce todo lo que pudiera explotar en un año agrícola. Se priorizará la construcción de carreteras que unan los centros de producción agrícola con las carreteras troncales y poblaciones donde pueda comercializar su producción; asimismo, se construirán carreteras que unan centros de interés turístico con las ciudades capitales.
b)
Servicio Nacional de Caminos (SNC)
Para que la ejecución de una vía no sufra grandes incrementos presupuestarios, se exigirá a los consultores encargados de hacer el estudio, proyecto, presupuesto y pliegos de licitación de los mismos con todos los estudios necesarios como ser topográficos, geológicos, hidráulicos, responsabilidad y obligaciones del control de ejecutor, para que ellos corran con la responsabilidad de subsanar los errores detectados en etapa de ejecución. En caso de que la
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ejecución del proyecto sufra un incremento mayor al 10%, el consultor devolverá a la institución el 100% del pago que se le hizo por la elaboración del proyecto, por sub o sobre estimación del proyecto. Para que el Servicio Nacional de Caminos (SNC) funcione de mejor manera, se propone: 1)
Control social sobre las obras de construcción y mantenimiento vial y prestación de servicios de consultoría.
2)
Auditoría Técnica sobre el proceso de institucionalización.
3)
Elaborar Normas Jurídicas propias para los procesos de adjudicación y contratación de bienes y servicios y control de derecho de vía.
4)
Integración caminera con el Norte y Sur del país.
5)
Fortalecimiento de la Cuenta Nacional de Conservación Vial.
6)
Creación de la cuenta nacional de inversión vial, para la construcción caminera.
7)
1.4.8
Fortalecimiento de microempresas de limpieza y mantenimiento vial.
2)
En tanto los resultados de la implementación de la estrategia de desarrollo industrial, la promoción de las MyPES y las políticas activas de empleo no muestren sus primeros resultados y en la medida en que se logre asegurar los recursos necesarios, se mantendrá en funcionamiento el PLANE de carácter transitorio.
La utilización eficiente de las habilidades y destrezas de la mano de obra está en relación directa con la seguridad y permanencia en el trabajo. Por ello, se restablecerá la plena vigencia de las normas que protegen a la fuerza de trabajo, abrogando y derogando todas las normas que crean incertidumbre y provocan inestabilidad en el empleo. La abrogación del Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985, implica la eliminación de la libre contratación introducida en su Artículo 55. Asimismo, se modificará el Artículo 13 de la Ley de Inversiones No. 1182, del 17 de septiembre de 1990, que incorpora la libre contratación en el tratamiento favorable que se otorga a los inversionistas.
1.5
FINANZAS PÚBLICAS Y ESTABILIDAD ECONÓMICA 1.5.1
Finanzas Públicas
El Estado desarrollará actividades de carácter económico, encaminadas a la obtención de los recursos que le permitan satisfacer las necesidades colectivas, mediante la prestación de servicios públicos.
Políticas de Empleo e Inclusión Laboral
Los sectores que integran la Matriz Productiva son fuentes y responsables para cambiar el curso y las condiciones de los empleos permanentes. Los ejes centrales de las políticas de empleo serán: 1)
3)
La inversión pública en infraestructura productiva será privilegiada como un mecanismo de generación de empleo por su alto coeficiente capital/trabajo, su rápido impacto sobre el empleo y su fácil distribución territorial que permite criterios de equidad para la creación de fuentes de trabajo. Respeto y protección a todos los derechos civiles y políticos de los trabajadores, respeto al fuero sindical y apoyo y promoción a la negociación colectiva a través de la Ley General del Trabajo.
149
Las decisiones sobre la economía pública tienen por objeto responder a las necesidades y demandas de la colectividad sobre la inversión productiva y social, preservando la estabilidad macroeconómica. La actividad financiera del Estado es canalizar recursos para la inversión productiva, como protagonista de la actividad financiera, atribuyéndole la función de productor de servicios públicos y redistribución de riquezas. 1.5.2
Política Fiscal
La política Fiscal es la forma en que el Estado determina el monto total y la composición de los recursos (económicos y financieros), captados de los diferentes agentes económicos y diferentes erogaciones o gastos realizados con el fin de cumplir sus funciones.
150
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Objetivos de la nueva política fiscal: 1)
Asignación de recursos del Estado a la población boliviana, a través de la provisión de bienes y servicios públicos.
2)
Distribución equitativa de ingresos o recursos a la población vía inversión productiva.
3)
Promover el desarrollo económico del país a través de políticas e incentivos fiscales al sector productivo de la economía nacional.
Los gastos corrientes merecerán la atención y tratamiento especial en la propuesta de austeridad (Ley Tijeras, porque serán recortados), por ser gastos innecesarios que no promueven la reactivación económica y concentran excedentes económicos en pocas personas que gozan de privilegios. La nueva política fiscal mejorará e incrementará recursos (ingresos) y reducirá los gastos corrientes o superfluos, sin provocar distorsiones en la economía nacional, bajo el principio de neutralidad. Asimismo, la política fiscal tiene la siguiente clasificación genérica: Política de Ingresos (Recursos) y política de gastos. a)
Política de Ingresos 1) Ingresos no Tributarios 2) Ingresos Tributarios 3) Financiamiento (Interno y Externo)
b)
Política de Gastos (Propuesta de Ley Tijera – Austeridad) 1) Gastos Corrientes 2) Gastos de Inversión o de Capital 3) Transferencias
1.5.3
Política de Ingresos (recursos)
La política fiscal referida a los recursos, tendrá dos escenarios: Primero, para establecer un nuevo sistema tributario y segundo, para corregir el actual sistema tributario vigente. En ambos casos se recurrirá a un acuerdo previo con todos los actores, unidades y agentes económicos involucrados.
151
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
Primer escenario. Estructurar un nuevo sistema tributario de base amplia, bajo los principios de legalidad, generalidad, universalidad, neutralidad y capacidad contributiva traducida en una Ley Tributaria. Ésta contemplará e incorporará un impuesto al ingreso de las personas de acuerdo a su capacidad contributiva, con la finalidad de promover el crecimiento económico del país. Asimismo, es pertinente establecer la nueva relación jurídica tributaria entre el Estado y las unidades económicas, a través de un nuevo Código Tributario, que contenga la parte sustantiva y la parte adjetiva. Esta norma garantizará la relación jurídica tributaria de derecho y no de poder; también garantizará el debido proceso y simplicidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se profundizará la fiscalización estricta a las empresas petroleras; asimismo se ampliará la base tributaria. Segundo escenario. Mantener la estructura del sistema tributario vigente, haciendo fuertes ajustes para mejorar e incrementar los ingresos fiscales, entonces se plantea: 1)
Medidas de carácter administrativo. Se profundizará la institucionalización de la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales; se incorporarán nuevas formas de fiscalización más efectivas a partir del control preventivo educativo a los contribuyentes, fiscalizaciones a todos los niveles y regímenes; y medidas efectivas de lucha contra el contrabando a través de acuerdos interinstitucionales.
2)
Medidas de ajuste a la Ley de Reforma Tributaria. Se reestructurará el sistema tributario vigente, para ello: Se derogará el inciso j) del Art. 76 de la Ley 843 referido a la exención del Impuesto a las Transacciones en las actividades del sector hidrocarburífero (producción) y minero, aplicando los principios de generalidad y universalidad dispuestos en el Artículo 27 de la Constitución Política del Estado. Se ampliará la base tributaria a los sectores MyPES, Comerciantes Minoristas, Artesanos y Vivanderos, estableciendo nuevas escalas de capital de operación y categorías de los Regímenes Especiales, bajo el principio de Capacidad Contributiva, previsto en el inciso d) del Art. 8 de la Constitución Política del Estado. Se derogará la devolución del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) a través de un Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) a todas las actividades de explotación y exportaciones de recursos
152
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
naturales no renovables y se creará el Impuesto Especial a los juegos de azar.
4)
Se eliminarán definitivamente, los Gastos Reservados y Subvención a Partidos Políticos.
Por otro lado, se establecerá un nuevo Código Tributario con sus dos componentes: Sustantivo y Adjetivo (procedimiento tributario), que definirá una nueva relación jurídica tributaria, buscando el equilibrio entre el Estado y los Contribuyentes. Esta relación jurídica será efectivamente de derecho y no de poder, para que todos los ciudadanos bolivianos, estantes y habitantes que tengan actividad económica en el país, tengan garantías y cumplan con todas las obligaciones tributarias. Además, el cumplimiento de éstas, serán parte de una cultura tributaria de toda la sociedad boliviana.
5)
Se reducirán drásticamente, los gastos de consultorías, gastos de representación y gastos de servicio exterior.
1.5.4
Política de Gastos
La austeridad en gastos corrientes pasa por la reestructuración del Poder Ejecutivo. Actualmente, el Poder Ejecutivo contempla 16 Ministerios, 40 Viceministerios y 120 Direcciones Generales, en muchos casos existe duplicidad de funciones y competencias. Las políticas de gastos del nuevo gobierno, serán programadas en base a principios de redistribución de recursos (ingresos) y austeridad en gastos corrientes. En este contexto, se propone: 1)
Establecer la nueva estructura del Poder Ejecutivo, reduciendo Ministerios, Viceministerios y Direcciones Generales, a través de la nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). Se suprimen las Superintendencias, para ello se incorporarán sus funciones, atribuciones y competencias a los diferentes ministerios. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras no forma parte de la supresión y tendrá un tratamiento especial.
1.5.5
Medidas o Instrumentos
Se establecerá, para todas las entidades del sector público, un instrumento normativo para la eficaz y eficiente administración de los recursos públicos. Esto pasa por modificar la Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria del 21 de diciembre de 1999 y así establecer las restricciones presupuestarias en diferentes sectores de las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales. Asimismo, las características y condiciones de contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo. La reformulación del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2006, se basará en la Nueva Ley de la Administración Presupuestaria y los recursos provenientes de las reducciones en el gasto corriente. En ningún caso se destinarán a cubrir el déficit fiscal sino serán redistribuidos de la siguiente manera: 1)
En el aparato productivo, donde el Estado ejecute directamente o de manera asociada la actividad productiva, la explotación de recursos naturales y la administración de servicios.
2)
En la creación de nuevos items para el sector de educación y salud, de esta forma, se promoverá la demanda agregada y la reactivación de la economía del país.
1.6
EQUILIBRIO MACROECONÓMICO
2)
Se establecerá una nueva escala salarial para todo el sector público, reduciendo los salarios de cargos electos, jerárquicos y para todas las autoridades del gobierno, como política de austeridad.
La política económica se orientará a mantener y consolidar el equilibrio macroeconómico, evitando provocar desequilibrios económicos y sociales.
3)
Se reducirán los gastos innecesarios de la Administración Central, priorizando la inversión productiva social.
En el marco de la independencia del Banco Central de Bolivia (BCB), el gobierno del MAS garantiza la estabilidad económica, monetaria y financiera, ya que los instrumentos pertinentes son administrados por el BCB y la responsabilidad de la estabilidad recae en el ente emisor.
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El MAS propone un desarrollo productivo con generación de empleos, el mismo mantendrá la estabilidad de la política monetaria y financiera que cuente con bajas tasas de interés; de una política cambiaria que estimule las exportaciones; de una política fiscal que aliente la inversión pública y una política de empleo que genere fuentes de trabajo permanentes.
mayoría del paquete accionario en las diez empresas capitalizadas, se autorizará la adquisición de las acciones en posesión de los trabajadores y otras para alcanzar el 51% del paquete accionario. Esta decisión requiere como requisito básico cambiar los Contratos de Capitalización y de Administración. De ser necesario, se convocará a un Referéndum nacional para el efecto.
1.7
Las utilidades obtenidas de fuente boliviana en todas las empresas capitalizadas, quedarán restringidas a remisiones de capital hasta el 50%, previo pago del 25% de remesa al exterior y las diferencias deben ser reinvertidas en el territorio nacional, conforme a la política fiscal propuesta.
SEGURIDAD SOCIAL A LARGO PLAZO
Se plantea un nuevo sistema de seguridad social a largo plazo, bajo los principios de solidaridad y universalidad, para evitar el creciente déficit fiscal, producto de la reforma de pensiones.
1.9 El gobierno del MAS revertirá las acciones de todas las empresas capitalizadas, para que el Estado boliviano tenga control directo sobre las mismas, este hecho significa modificar el paquete accionario en estas empresas. Asimismo, se garantizará el pago del BONOSOL con los rendimientos del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y con recursos adicionales del TGN.
1.8
EMPRESAS CAPITALIZADAS
El Movimiento al Socialismo promoverá la creación de la Comisión Nacional de Auditoría, elegida por el Congreso, para que ejecute las Auditorías Integrales y Especiales, de todo el proceso de capitalización y privatización de las empresas estatales: 1)
Hidrocarburos: CHACO SA, ANDINA SA y TRANSREDES SA.
2)
Comunicaciones: Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL SA).
3)
Energía Eléctrica: Valle Hermoso SA, Corani SA, Guaracachi SA.
4)
Transporte Ferroviario: Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Ferroviaria ANDINA SA y Ferroviaria ORIENTAL SA.
5)
Transporte Aéreo: Lloyd Aéreo Boliviano (LAB SA).
Las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) serán revertidas al Estado boliviano. Sin embargo, si estas acciones no llegasen a la
155
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
Las relaciones económicas internacionales tendrán la misión de promover políticas de integración regional y mundial, desde América Latina, Estados Unidos, Unión Europea y Asia, bajo los principios de soberanía y respeto mutuo entre Estados. El objetivo será impulsar la apertura de mercados y reducir los grados de dependencia existentes.
a)
En América Latina
En América Latina las relaciones económicas internacionales bilaterales profundizarán: 1)
A partir de los vínculos existentes con Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, la diversificación de la oferta exportable.
2)
Con los otros países se tendrá una actitud proactiva en términos de establecer metas para la venta de productos nacionales. Asimismo, se mantendrán y profundizarán los acuerdos de complementación económica, el ACE 22 con Chile, ACE 31 con México, ACE 6 con MERCOSUR y al ACE 47 con Cuba.
3)
Las relaciones económicas internacionales multilaterales tienen como sus principales contrapartes al MERCOSUR y la Comunidad Andina, se mantendrán estas relaciones y se fortalecerá la aspiración nacional de integración sudamericana.
156
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b)
Con Estados Unidos, Unión Europea y Asia 1)
c)
Con Estados Unidos se negociará un acuerdo comercial que no signifique condicionalidades ni formatos que atenten a la soberanía nacional, propiedad intelectual, compras estatales, inversiones y otros.
2)
Con la Unión Europea, las relaciones económicas internacionales se mantendrán bajo el respeto mutuo y soberanía nacional.
3)
Con Asia, región emergente, se dará especial atención debido a la dinámica de sus mercados y por la posibilidad de contar con capitales estatales o privados que coadyuven a los procesos de industrialización de los recursos naturales y al desarrollo productivo. Por ello, se profundizarán las relaciones con China, India, Japón y los países del sudeste asiático.
Priorizar Relaciones Bilaterales y Multilaterales
Se iniciará un proceso de cambio en el curso y el contenido de las relaciones con organismos financieros multilaterales: FMI, BM, BID y CAF, en el marco del respeto recíproco que apoye a la estrategia de la matriz productiva. Para el financiamiento o deuda externa y donaciones, no se aceptará condicionamiento alguno, que generen obstáculos en la construcción del patrón de desarrollo planteado.
1.10
CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA
Consolidar la condonación anunciada por el G7, para cancelar el 100% del stock adeudado al Banco Mundial (USD 1.676,3 millones) y al Fondo Monetario Internacional (USD 276,1 millones). Se negociará para que esta condonación no esté condicionada a anteriores esquemas y signifique un real alivio fiscal para el Estado. Condonación total de la deuda para apoyar los programas de reducción de la pobreza en el marco de los Objetivos del Milenio, con el Banco Interamericano de Desarrollo (USD 1.589,3 millones) y con la Corporación Andina de Fomento (USD 783,6 millones).
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
1.11
LEY DE MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ CONTRA LA CORRUPCIÓN 1.11.1 Antecedentes, Fines y Objetivos
a) Antecedentes La presente Ley Anticorrupción está orientada a identificar las causas de la corrupción y no sólo los efectos que son los delitos propiamente dichos. En ese sentido, la Ley propuesta contempla una política preventiva y a la vez punitiva. En el marco preventivo, se enfatizará en la creación de estrategias educativas y de promoción de valores y se buscará la rehabilitación y reinserción social de los delincuentes. Además, la Ley investigará y sancionará los delitos con el objeto de evitar su propagación y el mayor daño al Estado y la sociedad. b) Fines Los fines de la presente ley serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción, en el ejercicio de la función pública y privada y promover la ética y la transparencia en la gestión pública. La presente Ley se aplicará a los efectos de hechos anteriores a su vigencia. 1.11.2 CONSEJO NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Se creará el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción (CNLCC) como entidad autárquica e independiente de los tres poderes del Estado, integrado entre cinco a siete miembros. Los miembros serán elegidos de ternas propuestas por organizaciones de la sociedad civil. El Congreso elegirá de las ternas a cinco a siete personas por dos tercios de votos presentes que tendrá una gestión de cinco años. El Consejo designará a un(a) operador(a) nacional y nueve departamentales que se encargarán de ejecutar y llevar a cabo todas las atribuciones del mismo.
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
1.11.3 ATRIBUCIONES, FACULTADES E INMUNIDAD a) 1)
Atribuciones Investigar, estudiar y analizar las causas, magnitud y consecuencia de los delitos para los individuos y para el Estado y proponer una legislación preventiva adecuada.
2)
La investigación de casos de corrupción de los funcionarios de los tres poderes del Estado: presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, directores, diputados, senadores, magistrados de las cortes, jueces, fiscales, embajadores, cónsules, superitendentes, alcaldes, consejeros, concejales, prefectos, integrantes de los comités de vigilancia, Contralor General de la República, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros.
3)
Proseguir los procesos de los casos lesivos al Estado ya denunciados (caso Kukoch, Kieffer, malversación de gastos reservados, contrabando de petróleo Chaco, Carretera Cotapata Santa Bárbara, casos Chito Valle, Marincovic y caso Achacachi-CONSERTAR SRL, etc.).
4)
Investigar a instituciones privadas que administren fondos públicos.
5)
Investigar todos los casos de peculados e enriquecimiento ilícito y acumular pruebas sobre los mismos.
6)
Promover la elaboración de la política nacional de prevención y lucha contra la corrupción.
7)
Una vez realizada la investigación, el CNLCC denunciará los casos ante el ministerio público y la judicatura.
8)
Impulsar los respectivos procesos judiciales hasta su conclusión definitiva y vigilar el castigo o sanción respectiva.
9)
Buscar y asegurar el resarcimiento de daños causados al Estado y la colectividad.
10)
Fomentar una cultura de valores en la sociedad, resaltando las conductas éticas de la ciudadanía.
11)
Revisión de contratos públicos.
159
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
12)
Recibir de cualquier persona natural o jurídica todo tipo de denuncias sobre actos de corrupción.
b) 1)
Facultades Especiales Plena autonomía de gestión y ejercicio de sus funciones.
2)
Tramitar embargos, requisas y confiscación.
3)
Interponer cuanto recurso legal sea necesario.
4)
Promover la realización de auditorías integrales aceleradas: financiera, económicas, jurídicas, sociales, técnicas y ambientales a los procesos administrativos, de gestión, a las licitaciones públicas.
5)
Tramitar arraigos, extradiciones y anotaciones preventivas.
c) Inmunidades Todos los miembros del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción gozarán de inviolabilidad e inmunidad al igual que los diputados y senadores. De igual manera los/as operadores/as. 1.11.4 Creación de la Oficina Técnica Nacional, Delitos y Disposiciones Especiales a)
Creación de la Oficina Técnica Nacional Contra la Corrupción
Se asignarán recursos humanos y financieros para su funcionamiento provenientes del Tesoro General de la Nación. Se contará con recursos humanos especializados y multidisciplinarios y medios necesarios para el cumplimiento de su misión. b) Delitos Serán considerados sujetos de investigación y sanción las personas públicas o privadas que hubieren participado directa e indirectamente de peculado y delito de corrupción. Asimismo, las personas que hubieran actuado como cómplices, encubridoras y/o receptadoras de los siguientes delitos:
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
1)
Enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada
2)
Receptación, legalización o encubrimiento de bienes y legislación o administración en provecho propio
3)
Sobreprecio irregular, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados
4)
Pago irregular de contratos administrativos y tráfico de influencias
5)
Prohibiciones posteriores al servicio del cargo y sobornos internacionales
6)
Apropiación de bienes obsequiados al Estado
7)
Reconocimiento ilegal de beneficios laborales
8)
Influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley en la función administrativa
9)
Inhabilitación y violación de la privacidad de la información de las declaraciones juradas
10)
Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito
11)
Prescripción de la responsabilidad penal
12)
Extracción e internación ilegal de bienes que están prohibidos
13)
Acoso político, secuestro y asesinato
14)
Quiebras fraudulentas
15)
Biopiratería y apropiación indebida de recursos genéticos
16)
Apropiación indebida de patrimonio histórico y cultural
17)
Manejo irregular e ilícito de fondos públicos
18)
Conducta antieconómica lesiva para el Estado
c) Disposiciones Especiales El Código Penal será estudiado y modificado de acuerdo a la filosofía de la presente Ley. El Código Penal especificará cuáles de estos delitos, por su gravedad y daño a la sociedad y al Estado, son imprescriptibles. 161
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
1.11.5 Investigación de Fortunas El Estado tiene derecho a investigar, recuperar y sancionar las fortunas que se hubieran acumulado con violación de disposiciones del Código Penal. Se hará resarcir moral y materialmente los daños infringidos a terceros. En base a la declaración de bienes ante la Contraloría General de la República, denuncias, investigaciones y casos flagrantes, se podrá investigar el origen de la fortuna de los funcionarios públicos, de las personas privadas y de dirigentes de organizaciones sociales. Se podrá investigar grandes fortunas de origen dudoso. Los partidos políticos y/o organizaciones sociales que intervengan en elecciones nacionales, prefecturales o municipales rendirán cuentas sobre la recepción y manejo de fondos para sus campañas y podrán ser investigados y sancionados en caso de que sus informes no sean satisfactorios. 1.11.6 Transparencia en la Gestión Pública Se garantizará el acceso libre e irrestricto a la información y documentación en todas las reparticiones públicas. Toda información que genere y posean las entidades públicas pertenecen a la colectividad. En ningún caso la información y/o documentación, cualquiera sea su naturaleza (documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o cualquier otro formato), podrá ser amparada bajo decreto, reserva o confidencialidad. Toda entidad pública tiene la obligación de entregar información de manera completa, adecuada, oportuna y veraz que solicite cualquier persona sin discriminación alguna. El acceso a la información será gratuito y toda persona natural o jurídica tendrá el derecho de solicitar y de recibir cuanta información sea necesaria. El acceso a la información nunca podrá ser negada. Toda entidad pública publicará y actualizará la información concerniente al ámbito de su desempeño:
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
-
Datos principales de los contratos, bienes, obras y servicios, y convenios celebrados por la institución.
-
Planes Quinquenales y Planes Operativos Anuales.
-
Planes anuales de contratación de bienes y servicios enviados al Sistema de Información de Contrataciones del Estado (SICOES) y reportes actualizados de su ejecución.
-
Los convenios y tratados internacionales vigentes para el país, así como los instrumentos relativos a su celebración y vigencia, serán publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia.
-
La información estratégica de carácter militar que compromete la soberanía nacional no estará sujeta a las prescripciones de la presente Ley.
-
Se podrá acceder a toda información para esclarecer casos de violación a los derechos humanos o daños lesivos al Estado.
-
Los delitos políticos y de corrupción no prescriben. En caso contrario, la autoridad implicada será pasible de responsabilidad penal por delito de incumplimiento de deberes.
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
y Estado constituye la brecha sobre la que actúa el delito. Un rasgo que caracteriza a las autoridades es la permanente promesa de mejorar el rendimiento policial. Para descargarse de esta responsabilidad, el poder político no sólo criminaliza la pobreza sino también estigmatiza a los movimientos sociales a quienes culpa del incremento de la inseguridad. El fenómeno del delito tiene múltiples causas, entre las que destacan la pobreza, debilidad de las instituciones del Estado, inadecuado modelo de seguridad y corrupción pública. De todos ellos, la impunidad, la inequidad y la injusticia incrementan la vulnerabilidad ciudadana y agravan la sensación de inseguridad. Gran parte de los delitos de mayor impacto económico y social son los delitos de “cuello blanco”. En el último quinquenio, las tasas de homicidio se incrementaron en más del 300% a pesar del significativo aumento en el gasto público. Entre 1990 y el año 2004 el incremento en el presupuesto de seguridad aumentó en más del 360%. En 1990, cada ciudadano boliviano pagaba 27 bolivianos por su seguridad, hoy cada boliviano paga 198 bolivianos y la sensación de inseguridad es mucho mayor que hace una década. La seguridad privada no es una solución a la inseguridad pública y tampoco lo es el aumento de policías, cárceles o recursos económicos para esto. El delito prospera con mayor velocidad e impunidad en sociedades pobres, desempleadas y carentes de acceso a servicios públicos.
2.1.2
TÍTULO II ÁREA SOCIAL
Filosofía de la Seguridad Ciudadana
En un enfoque de justicia social. Rechazamos la seguridad como un concepto vinculado al orden público y la represión.
La violencia criminal, el delito y la corrupción están poniendo en riesgo la normalidad, tranquilidad y vida de nuestra comunidad pero además la continuidad democrática. Los costos de la violencia y la inseguridad golpean a los más pobres. La desconfianza entre ciudadanos está minando la solidaridad en la comunidad. Cada día, la ciudadanía desocupa los espacios públicos y sobre este vacío opera la ilegalidad. Al mismo tiempo, la distancia entre ciudadano
El delito como la criminalidad organizada son fenómenos sociales que tienen que ver con las distorsiones y los efectos que generan la inequidad, injusticia social, pobreza y un modelo económico excluyente. En muchos casos, la delincuencia es un reflejo de la injusticia y por ello, el MAS apuesta a cambiar el patrón de desarrollo económico y transformar la gobernabilidad pactada por una democracia participativa y multiétnica. El MAS propone trabajar sobre las causas de la inseguridad, pero también sobre sus consecuencias. Es más justo y adecuado construir una sociedad igualitaria y democrática que tratar de contener represivamente a la sociedad al amparo de supuestos delitos atribuidos a los pobres. La única forma de garantizar la paz y una democracia participativa e incluyente es construyendo una sociedad que acceda a la justicia y practique plenamente sus derechos constitucionales.
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164
2.1.
SEGURIDAD CIUDADANA
2.1.1
Introducción
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multidisciplinario e institucional para encontrar las fórmulas más directas, democráticas y posibles que ayuden a resolver esta problemática.
La seguridad se basará en la necesidad de la gente, no del poder político La seguridad es un bien público y por lo mismo, será un servicio distribuido de manera equitativa, igualitaria y universal. La seguridad es un derecho constitucional y no sólo una mera aspiración para la mayoría. La gente más pobre es la más vulnerable y los barrios urbanos más pobres están huérfanos de protección social.
2)
Restablecerá el principio de liderazgo y gobierno real y efectivo sobre la seguridad ciudadana. Esto implica ejercer plenamente las facultades civiles, políticas e institucionales para conducir, administrar, liderizar y transformar de manera soberana las capacidades estatales para proveer un servicio eficiente de seguridad a la ciudadanía.
3)
Llevará a cabo un intenso proceso de reordenamiento e institucionalización del Ministerio de Gobierno, cuya función esencial estará orientada a forjar una Política de Seguridad Ciudadana con la mayor participación de la ciudadanía.
4)
Institucionalizará el manejo de la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento y desarrollo de capacidades gubernamentales para producir información y conocimiento adecuado y oportuno sobre el fenómeno de la violencia y la criminalidad.
La seguridad ciudadana es una parte intrínseca de la Seguridad Humana
5)
El MAS asume la seguridad ciudadana como una expresión inherente a la Seguridad Humana. Los ciudadanos mejoraremos nuestra seguridad en la medida en que accedamos igualitariamente a los servicios públicos, disminuyamos la pobreza, incluyamos más a los excluidos, reduzcamos la brecha entre pobres y ricos, construyamos espacios deliberativos, ejerzamos mejor nuestra ciudadanía y privilegiemos la tolerancia, el respeto recíproco y practiquemos valores democráticos en una sociedad multicultural.
Promoverá la formación de funcionarios civiles y policiales competentes y especializados en la gestión pública de la seguridad, tanto para el Ministerio de Gobierno como para los gobiernos regionales.
6)
Diseñará estrategias de trabajo planificado, organizado y coordinado con las autoridades prefecturales y municipales, respondiendo a las necesidades específicas de la gente, de las regiones y los problemas que ofrecen los territorios en los que existe vacancia estatal.
7)
Se fortalecerá, equipará e incrementará recursos inmediatos a las unidades operativas vinculadas con la investigación preventiva contra el crimen y el delito.
8)
Se desmilitarizarán las estrategias de seguridad ciudadana que hasta la fecha no han resuelto el problema del delito.
9)
Se promoverá la coordinación entre operadores de justicia y organismos de seguridad; pero al mismo tiempo, se ejercerá el mayor control sobre las empresas de seguridad privadas colocándolas al servicio de la política de seguridad ciudadana.
La seguridad constituye un derecho individual, colectivo e igualitario Todos los bolivianos tienen el derecho de acceder a los bienes públicos, entre ellos la seguridad. La seguridad no está divorciada de la protección de los derechos humanos. Todo lo contrario, sin protección de los derechos humanos no podríamos pensar en la existencia de seguridad. El viejo sistema político ha abusado de la fuerza pública y ha colocado la seguridad por encima de los derechos humanos. Sólo así ha logrado preservar el poder y mantener el sistema político libre de toda perturbación.
2.1.3
Acciones para Revertir la Crisis de Seguridad Ciudadana El gobierno del MAS se compromete a realizar las siguientes acciones: 1)
Asumirá el manejo de la agenda de seguridad ciudadana con la mayor responsabilidad, urgencia y prioridad. Lo hará desde la propia Presidencia de la República y para ello, convocará a los mejores ciudadanos y ciudadanas a formar parte de un equipo
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166
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
2.1.4
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fiscalización estatal y transparencia que fortalezca el desempeño del Ministerio de Gobierno e impulse la aplicación de la política de seguridad ciudadana.
10)
Se creará un Fondo Especial para el diseño y ejecución sostenida de la Política de Seguridad Ciudadana que comprende, además de otras tareas, la modernización de la Policía Nacional.
11)
Se formularán y aprobarán, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, normas, prescripciones, regulaciones y leyes que sean necesarias para otorgar sostenibilidad, transparencia, competencias, eficiencia y recursos a la política de seguridad.
6)
Mejoramiento de la infraestructura, adquisición de equipo y tecnología dirigida a la prevención del delito, pero al mismo tiempo, capacidad para desarrollar mecanismos y estrategias democráticas en la prevención y solución del conflicto social.
12)
Presentará un Proyecto de Reforma de la Seguridad Ciudadana y de sus instituciones a la Asamblea Constituyente preservando principios de unidad nacional, descentralización y competencias subsidiarias.
7)
Creación de un organismo vinculado a la producción de inteligencia preventiva
Propuestas de Seguridad Ciudadana Corto Plazo
El MAS promoverá en el plazo más breve posible la transformación de las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno convirtiéndolo en un organismo eficiente, abierto a la sociedad, transparente, democrático y profesional, pero fundamentalmente se contará con un cuerpo institucional operativo, cuyo objetivo central será la prevención del delito. Para este efecto, se tomará las siguientes decisiones: 1)
2)
Creación de una estructura moderna para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana. Esto implica desarrollar una Dirección Colegiada de Planificación Estratégica que sustente e impulse la Política de Seguridad Ciudadana. Construcción de un sistema de producción especializado y científico de información y conocimiento sobre comportamiento del delito en todo el territorio nacional. El Instituto de Investigación Social sobre Crimen Organizado (IISCO).
3)
Creación de unidades altamente especializadas para la contención, control y represión de delitos complejos y crimen organizado.
4)
Desarrollo de sistemas de georeferenciamiento a nivel regional y local en torno al comportamiento del delito.
5)
Implementación de mecanismos de coordinación, control social,
167
2.1.5
Modernización de la Policía Nacional
Se llevará a cabo un profundo proceso de modernización y democratización concertada entre los poderes públicos, Policía Nacional y sociedad, orientada a su: 1)
Transformación educativa y profesionalización
2)
Desburocratización
3)
Desmilitarización de su matriz operativa
4)
Descentralización y desconcentración territorial (Población/ Terrirorio/Policía)
5)
Especialización y jerarquización de roles y funciones
6)
Mejoramiento de la calidad de vida y dignificación del policía
7)
Desarrollo científico e innovación tecnológica
8)
Transparencia administrativa
9)
Una política nacional plenamente integrada a la sociedad y respetada por los ciudadanos
Se pondrá en marcha un nuevo modelo de gestión policial basado en programas de policía comunitaria, a partir del cual, se devolverá al ciudadano la confianza en la autoridad pública y a su vez, se recuperará el espacio público en coordinación con el municipio y las prefecturas. Se ejecutará un proceso inmediato de desconcentración de responsabilidades policiales a las prefecturas y municipios, sin que ello signifique autonomía de gestión.
168
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2.1.6
Régimen Penitenciario
El gobierno del MAS asumirá con el mayor vigor posible la gestión, administración y liderazgo institucional de las cárceles hasta que éstas sean transferidas al Ministerio de Justicia. Entretanto, se promoverá la formación de una Policía Penitenciaria Especializada. Además de garantizar la seguridad de las cárceles, se aplicará un vigoroso programa de rehabilitación, reinserción y enmienda a favor de los internos. Esto implicará asistencia social, apoyo a la formación laboral, restablecimiento de sus derechos ciudadanos, administración más eficaz, competente y transparente de los recursos y un acceso más expedito a la administración de justicia.
2.1.7
Migración
Se procederá inmediatamente a un proceso de institucionalización y modernización de los sistemas integrados de control migratorio. Se introducirán recursos tecnológicos para contar con una red integrada de control de ingreso y salida de personas. Se pondrá un especial énfasis en el control territorial y vigilancia fronteriza. Además, se trabajará intensamente en la coordinación con organismos similares de la región.
2.1.8
Identificación y Certificación
Una de las prioridades del gobierno del MAS será la expansión de servicios de provisión de documentos de identidad a los ciudadanos, particularmente del campo. Este trabajo será coordinado con las autoridades públicas, entre ellas la Corte Nacional Electoral, Policía Nacional, Migración y otras. Al mismo tiempo se impulsará, en el menor tiempo posible, un proceso de modernización para la digitalización de los servicios de identificación y otorgación de certificaciones.
2.1.9
Fronteras
El control territorial es una forma de ejercicio de la soberanía y presencia efectiva del Estado orientada a preservar la seguridad de los ciudadanos y de sus instituciones. Por ello, el gobierno del MAS, junto a las autoridades regionales
169
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
y locales, llevarán a cabo un ambicioso programa de seguridad fronteriza y transfronteriza enfocada en la instalación de una red informática de control vinculada a migración, identificación, Aduana Nacional, Policía Nacional y otros. Se institucionalizará y profesionalizará esta función estatal pero, al mismo tiempo, se trabajará de manera estrecha y coordinada con las autoridades de los países vecinos.
2.1.10 Prevención Social La política de seguridad no sólo es control, también implica prevención. En este campo, las prioridades del gobierno serán maximizar recursos para mejorar la inclusión social, crear fuentes de empleo, cooperar a los gobiernos regionales y municipales en el desarrollo de capacidades productivas y promover la inversión privada con alto impacto social. En éste contexto, nuestro énfasis será trabajar con los jóvenes, niños y niñas y adolescentes. Recuperaremos los espacios públicos para la participación de la ciudadanía, promoveremos el deporte en sus diversas dimensiones y áreas, articularemos la integración de la población joven de las ciudades al campo y viceversa. Priorizaremos nuestro apoyo en el campo de la rehabilitación social de consumidores de droga, apoyaremos programas a favor de jóvenes en situación de vulnerabilidad y marginalidad y enfocaremos nuestra atención en la educación democrática y preventiva.
2.1.11 Control Social, Participación, Cultura de Seguridad y Financiamiento Ninguna política de seguridad puede ser democrática sin la participación de la gente. Este es un compromiso y un mandato que será ejercido en todos los procesos de modernización e institucionalización. La sociedad no sólo estará informada sino que participará de la toma de decisiones estratégicas. Hombres y mujeres estarán comprometidos con la ejecución de las políticas bajo un criterio de corresponsabilidad. La transparencia será otro recurso esencial para el cambio. Cambio sin transparencia no es democracia. De igual forma, alentaremos la pluralidad de ideas, opciones, valores y conductas. Sólo una sociedad tolerante es menos violenta. Trabajaremos con todos los medios de comunicación de manera abierta, flexible, respetuosa y, fundamentalmente, con enfoque ético en la construcción de bienes públicos vinculados a la información.
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Nuestra meta es promover una cultura democrática de la seguridad sustentada en un mejor conocimiento e información sobre el fenómeno delictivo. Para ello, comprometeremos a las universidades públicas y privadas en programas de investigación social aplicada, abriremos foros para el debate constante y produciremos información confiable, oportuna y útil para la toma de decisiones de Estado. El presupuesto de la seguridad será uno de los aspectos medulares sobre el que trabajaremos para restablecer principios de transparencia, buena asignación y distribución del gasto, redistribución de competencias y funciones y manejo transparente. Asimismo, en el proceso modernizaremos la toma de decisiones y la planificación económica de la seguridad con el objetivo de reducir los costos de la seguridad maximizando los beneficios.
2.1.12 Cooperación Internacional Estamos concientes que la seguridad constituye un bien público no sólo nacional sino también internacional, sometido cada vez más a la influencia perniciosa de organizaciones criminales locales y transnacionales. Por ello, nuestra política será trabajar de manera cooperativa y soberana con organismos, Estados amigos, países aliados e instituciones y organismos. Empero, este trabajo será llevado a cabo privilegiando nuestros intereses, objetivos y políticas. El respeto, consideración, cooperación, coordinación, control y no ingerencia en asuntos internos serán normas de conducta que se aplicarán en nuestro gobierno en materia de seguridad.
2.2
SALUD Y PROTECCIÓN PARA TODOS
2.2.1
Objetivos del Nuevo Sistema de Salud 1)
Mejorar la atención integral en la red de salud y su ampliación particularmente en el área rural.
2)
Conformar los Centros Integrales de promoción, responsables de la prevención de enfermedades, accidentes y de promover la salud.
3)
Crear el Consejo Nacional de Salud intersectorial, con participación de las organizaciones sociales a nivel nacional, departamental y
171
municipal para la elaboración y fiscalización de las políticas, planes y programas de salud. 4)
2.2.2
Promover las políticas deportivas de masificación que coadyuven eficazmente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades relacionadas con el sedentarismo o inactividad física, el estrés, consumo de tabaco, alcoholismo y otras dependencias o adicciones.
Características del Nuevo Sistema de Salud
Para mejorar el actual nivel de salud de la población boliviana, en particular de los grupos socialmente marginados, el Movimiento Al Socialismo plantea el diseño e implementación de un nuevo sistema nacional e integral de salud. El enfoque integral y universal de salud cubrirá desde la atención primaria de salud, hasta patologías de alta complejidad, en los tres niveles: 1) Promoción de la salud 2)
Prevención de las enfermedades
3)
Servicios de rehabilitación y curación en centros de salud, laboratorios, Institutos, Hospitales Generales y Especializados
Características del Nuevo Sistema Nacional e Integral de Salud : 1) Reconoce la esencia social del ser humano 2)
Prioriza al ser humano como ser social y el medio ambiente
3)
Coadyuva a la consecución de un nuevo sistema social
4)
Priorización a las familias con limitaciones económicas, bajo el principio de redistribución de recursos y acceso universal a los servicios de salud
5)
Adopta la atención primaria de la salud, como estrategia para lograr la reducción real y efectiva de las tasas de mortalidad materna e infantil y la salud integral de toda la población
172
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
2.2.3
Estrategias del Nuevo Sistema de Salud 1)
Descentralizar el nuevo sistema nacional e integral de salud, incorporando el control social para la transparencia de la gestión pública del sector.
2)
Incorporar la interculturalidad y articular la medicina tradicional al nuevo sistema de salud.
3)
Reestructurar y fortalecer las Instituciones Públicas del sector de salud, para garantizar mejor servicio y atención a la población, a partir de la definición de roles y competencias que permitan la mejor gestión compartida e integrada de los establecimientos de salud entre el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal.
4)
Seguridad alimentaria para toda la población que lo requiera, con el uso de la producción agrícola local y la organización de ollas comunales, desayuno escolar equilibrado y dotación de alimentos a las mujeres embarazadas y post parto.
5)
La ampliación progresiva de la cobertura de atención médica para toda la población necesitada, con gratuidad en el punto de atención.
2.3
NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
2.3.1
Bases para la Transformación de la Educación Boliviana
El MAS impulsará una educación fiscal, pública, única y gratuita y como derecho de todos los seres humanos. El Estado garantizará la educación pública y fiscal de igual calidad y reconocimiento para todos y todas, además promoverá la participación social en la formulación y seguimiento de políticas públicas en educación. La educación como instrumento de liberación y transformación para la construcción de una nueva sociedad y la eliminación de la colonización.
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Educación bio-cosmocéntrica y educación como parte de la construcción del “vivir bien”, sistema educativo de acuerdo a nuestras cosmovisiones expresadas en la reciprocidad, complementariedad y la interdependencia armónica entre la naturaleza y la sociedad.
2.3.2
Programas y Estrategias
a)
Construyendo pedagogías nacionales y políticas culturales para la revolución del pensamiento y las culturas
Consecuentes con la decisión de abrogar la Ley de Reforma Educativa, el MAS iniciará un nuevo proceso de transformación del conjunto del Sistema Educativo Nacional, a través del diseño y posterior implementación del Plan Nacional de Transformación de la Educación Boliviana. Este Plan se estructurará a partir de: (i) El funcionamiento autónomo, participativo y con capacidad de decisión del Consejo Nacional de Educación y los Consejos Educativos de pueblos originarios, regiones, municipios y centros educativos; (ii) La ejecución de la auditoría técnica y financiera de la ejecución de la reforma educativa; (iii) La realización del Congreso Nacional de Educación, con carácter vinculante y resolutivo; (iv) La promulgación de una nueva Ley de la Educación Boliviana “Elizardo Pérez y Avelino Siñani”; y (v) La incorporación de principios y orientaciones sobre la nueva educación en la Constituyente. Elaboración de propuestas para que la Constituyente y las nuevas políticas de Estado, incorporen los pensamientos, filosofías, espiritualidades, valores y cosmovisiones propias de nuestras culturas. Constitución y funcionamiento del Instituto Boliviano de Investigación y Sistematización Educativas y de Culturas. Institución de carácter público, descentralizada. Sus principales objetivos son: (i) La construcción de pedagogías nacionales y de políticas culturales con base en nuestra identidad, realidad y experiencias; (ii) La formulación de propuestas de transformación del Sistema Educativo Nacional; (iii) La evaluación del Sistema Educativo Nacional; y la (iv) Promoción y realización de investigaciones educativas y culturales.
Educación intracultural, intercultural y bilingüe de doble vía, comunitaria y solidaria, con base en la plurinacionalidad y el plurilingüismo del país, y de aplicación en todo el sistema educativo nacional.
Este Instituto promoverá, entre otras, la realización de las siguientes acciones:
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b)
1)
Recuperación y proyección de la experiencia de la Escuela Ayllu de Warisata y de otras experiencias educativas, sociales y comunitarias relevantes.
2)
Desarrollo y promoción de investigaciones y sistematizaciones de las lógicas de construcción de saber y conocimiento de las culturas andino-amazónicas y de experiencias educativas innovadoras que se implementan en el país.
3)
Realización de procesos que permitan el desarrollo de las “pedagogías o pensamientos educativos” boliviano y latinoamericano. En esta perspectiva, se diversificarán y regionalizarán las propuestas curriculares.
Mejor educación para todos y todas
Diseño y ejecución de planes educativos de igualación de oportunidades orientadas a las poblaciones con mayores niveles de marginación y exclusión: 1)
Plan Nacional de Erradicación del Analfabetismo, cuya base será la formación técnica y ciudadana. Este programa, al cabo de los cinco años, garantizará la erradicación del analfabetismo.
2)
Plan Nacional de Educación para Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NATs). Ofertas educativas pertinentes a la realidad, necesidades e intereses de los NATs; así como a su contexto.
3)
Plan Nacional de Educación para Personas con Capacidades Diferentes (Educación Especial) Programa que de acuerdo a los principios de integración y socialización contribuirá a generar una educación y una sociedad inclusiva.
4)
Plan Nacional para el acceso y permanencia en la educación: Propuesta integral que según las características y necesidades incluye: Desayuno y almuerzo escolar, becas, seguro de salud, internado y transporte escolar. En todo caso estas acciones, especialmente el de las becas, estarán orientadas a promover la continuidad de estudios en el nivel de educación secundaria y superior de poblaciones en situación de exclusión y marginación, en el marco de las propuestas de desarrollo de las comunidades, municipios y regiones. 175
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Plan Nacional de Refundación de la Educación Inicial y Primaria. Ampliación de la cobertura y replanteamiento del proceso de transformación del Nivel de la Educación Inicial, creando distintas ofertas educativas adecuadas a las características culturales y geográficas de las distintas regiones. Replanteamiento del proceso de cambio de la Educación Primaria, especialmente en aquellos aspectos que tienen relación con la calidad, pertinencia y utilidad, la participación social y las mejoras en las tasas de término y de rezago escolar de la educación primaria, principalmente de los y las estudiantes que habitan las poblaciones rurales. Plan Nacional de Transformación de la Educación Secundaria. Se desarrollará una educación secundaria de calidad y mejoras significativas en las tasas de cobertura, de término y rezago escolar, especialmente de los y las estudiantes que habitan en poblaciones rurales. Plan Nacional de Transformación de la Educación Alternativa. Revisión y complementación de la normativa e institucionalidad que orienta y regula el trabajo de las instituciones que desarrollan acciones en el Área; incorporación bajo su dependencia de los programas de Educación Alternativa que actualmente se ejecutan en otros ministerios; constitución del Viceministerio de Educación Alternativa como un paso inicial de su jerarquización institucional; ampliación de la oferta y cobertura en regiones fronterizas y áreas dispersas; revisión y actualización de las propuestas pedagógicas y andragógicas; constitución del sistema de formación docente; mayor vínculo con comunidades educativas y su producción, organización y cultura; e incorporación paulatina y crítica de las tecnologías de información. Plan Nacional de Transformación de la Educación Superior. Promoción de la transformación de las universidades y otros centros de educación superior asumiendo como misión fundamental de sus acciones la generación y adaptación de ciencia, tecnología y metodología según las particularidades económico productivas y culturales de las regiones. El proceso de transformación promoverá: la ampliación del funcionamiento de Unidades Académicas en las regiones ubicadas en el área rural; la recuperación de los saberes y tecnologías de los pueblos originarios y la promoción del diálogo entre estos saberes y otras culturas; la ampliación de la democracia participativa, comunitaria e inclusiva; el fortalecimiento de la articulación del sistema de educación superior y de éste con los demás niveles y áreas del sistema educativo boliviano.
176
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Realización de procesos sostenidos y sistemáticos de formación docente y de directivos, inicial y permanente. Funcionamiento de un Sistema de Formación Docente y de la Universidad Pedagógica Nacional, de carácter público, constituyendo a la formación docente en una de las políticas educativas de Estado de mayor prioridad. Diseño e implementación de políticas y estrategias orientadas a la formación de docentes en ejercicio y a la selección rigurosa de los postulantes a los centros de formación inicial de docentes de acuerdo a las demandas del sistema educativo. Reducción drástica del interinato en la docencia. Constitución de políticas y mecanismos que contribuirán a mejorar las condiciones sociales y económicas de los educadores. Promoción de la participación de los educadores en todo el proceso de transformación del sistema educativo.
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c)
Generación y adaptación de ciencia y tecnología para la producción desde nuestra identidad 1)
Desarrollo de procesos de transformación de la educación vinculada con las vocaciones y característica productiva y cultural de las regiones. Estas acciones se realizarán en el marco de proyectos regionales multisectoriales y vincularán los procesos educativos con el desarrollo de la matriz productiva del país.
2)
Constitución y funcionamiento de Centros de Formación Técnica y Tecnológica. En el marco de los proyectos regionales multisectoriales se constituirán centros de formación técnica y tecnológica que fortalecerán la formación y capacitación de los equipos de trabajo de la micro y pequeña empresa, y la artesanía.
3)
Incorporación adecuada y uso crítico de la tecnología en los centros y procesos educativos para mejorar las posibilidades de acceso, procesamiento, producción de información y conocimiento de la población en situación de aprendizaje.
4)
Transformación de la Educación Superior y Secundaria en centros de generación y adaptación de ciencia, tecnología y metodología según las particularidades económicas, productivas y culturales de las regiones y ecosistemas, y nuestra identidad cultural.
Desarrolo de políticas culturales del Estado boliviano que contribuyan a: 1)
El fortalecimiento de las manifestaciones y expresiones de las diversas culturas del país, así como de la creatividad y la producción de los actores culturales y población estudiantil.
2)
La recuperación y promoción del saber, expresiones artísticas, ciencia y tecnología de las culturas ancestrales, así como al fortalecimiento de la coexistencia de las lenguas vivas existentes en nuestro país, la promoción en todo el sistema educativo y en el conjunto de la sociedad del aprendizaje de por lo menos dos idiomas (castellano e idioma nativo) 1.
3)
1
El reconocimiento de la coexistencia de filosofías y espiritualidades diversas. El desarrollo de las artes y la promoción cultural. La preservación del patrimonio tangible e intangible, tanto del presente como del pasado.
4)
La profundización del conocimiento de las diferentes culturas y el estímulo de la autoestima en todas las áreas y niveles del sistema educativo boliviano.
5)
La creación de la Comunidad Nacional de Culturas y el Fondo Nacional para la Investigación y las Artes.
También se prevé que paulatinamente se promoverá el aprendizaje de un idioma extranjero.
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d)
Transformando la gestión del sector educativo y de culturas
Desarrollo equilibrado e integrado de todas las áreas y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Esta estrategia supone: 1) Coherencia e integración entre las distintas partes del Sistema Educativo Boliviano. 2)
Funcionamiento, dotación de recursos, constitución de equipos de trabajo e institucionalidad equitativa y equilibrada de las siguientes áreas: Educación Escolarizada (Educación Inicial, Primaria y Secundaria; Educación Especial); Educación Alternativa (Educación de Adultos y Jóvenes, Alfabetización y Permanente); Educación Superior (Universitaria y No Universitaria, y Educación Técnica y Tecnológica) y Culturas. 178
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
3)
La organización y funcionamiento de los Viceministerios de: Educación Escolarizada; Educación Alternativa; Educación Superior, Técnica y Tecnología; y Culturas.
4)
La “transitabilidad” entre las distintas áreas y modalidades del sistema educativo, y la acreditación con similares niveles de reconocimiento académico.
Desarrollo de las comunidades educativas y los consejos educativos en todos los niveles y áreas, recuperando las formas de participación social propias de nuestras culturas y organización social. Transformación de la orientación y gestión del Ministerio de Educación e institucionalización de su personal en todos los cargos iguales o inferiores a las direcciones generales. Reducción drástica de la realización de consultorías.
2.4
POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO
La propuesta del MAS, sobre la equidad de género, está basada en la identidad cultural, equidad e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
2.4.1
Superar el Racismo, la Discriminación y el Machismo
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No habrá logros sostenibles de igualdad de género si son buscados sólo en lo cultural y de manera aislada, al margen de los aspectos políticos económicos que discriminan y desvalorizan a las mujeres. Las políticas globales han ocasionado el fenómeno de la feminización de la pobreza y la flexibilización de las condiciones laborales en desmedro de las condiciones laborales dignas de hombres y mujeres en general. Sin embargo, estos efectos son diferenciados en la experiencia y vida de hombres y mujeres a causa de las formas de exclusión y de distribución desigual de los costos y beneficios, por razones basadas en el género.
2.4.2
Políticas con Equidad de Género
El MAS propone el cambio de las políticas macroeconómicas y la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo que sustituya el injusto modelo actual. De esa manera, se fortalecerán y diseñarán políticas públicas globales y sectoriales que incorporen criterios de equidad e indicadores de género en todos los ámbitos, desde un enfoque intercultural y generacional. Se proponen acciones integrales que revaloricen la identidad cultural en el marco de la cosmovisión de igualdad entre hombres y mujeres chacha-warmi/cuimbay-cuña, kari-warmi orientadas a la descolonización social y cultural, reconociendo las diferencias.
Si bien en los últimos años, la situación de la equidad de género en Bolivia ha tenido importantes cambios a nivel legislativo y normativo, su implementación no ha contado con la voluntad política, los recursos humanos y financieros suficientes para que estos avances lleguen a la mayoría de las mujeres, sobre todo a las indígenas, campesinas y originarias. Estos cambios significaron la aprobación de varias leyes a favor de la promoción de los derechos de las mujeres, promoviendo su participación política, la reducción de la violencia intrafamiliar, la igualdad de oportunidades en el trabajo, capacitación y educación, acceso y control de la tierra, y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
En la gestión pública, se garantizará la participación ciudadana, fortaleciendo y legitimizando al Estado en su capacidad de principal articulador de las demandas sociales y potenciador de la equidad e igualdad para hombres y mujeres.
Sin embargo, los avances se han dado en un contexto de profundos cambios económicos y políticos que han provocado una crisis económica y política cuyas características, sumadas a los cambios y políticas de ajuste estructural, han condicionado y debilitado el ejercicio de los derechos conseguidos por las mujeres.
2.4.3
Economía y Pobreza
a)
En la legislación boliviana se plantean las siguientes medidas
179
El MAS ratificará todos los Convenios Internacionales relativos a la equidad y la igualdad de género e implementará el enfoque de género como transversal. Además, el MAS rescata los avances logrados por el movimiento amplio de mujeres bolivianas.
-
Ley de Promoción a las Microempresarias y Productoras
180
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
b)
-
Nueva Ley General del Trabajo, incorporando los derechos económicos y sociales de las mujeres, rechazando la flexibilidad laboral
-
Modificar la Ley del Estatuto del Funcionario Público incorporando la protección de la maternidad
-
Reglamentación de la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar
-
Nuevo Sistema de Pensiones, con enfoque de género
-
Aplicación de los derechos al acceso y administración de la tierra por parte de las mujeres
-
Aprobación e implementación de la Ley del Trabajo Asalariado del Beneficiado/a de la Castaña
-
Implementar el sistema de indicadores de género
2.4.5
Educación y Capacitación
a)
En la legislación boliviana se plantea las siguientes medidas
b)
-
Nueva Ley de Educación, con enfoque de género e interculturalidadbilingüe, garantizando la permanencia de las niñas y adolescentes, especialmente indígenas de áreas rurales
-
Establecimiento de sanciones al incumplimiento de la prohibición de expulsión de adolescentes embarazadas del colegio
Políticas públicas -
Programa de Formación Técnica y Tecnológica con enfoque de género
Políticas públicas -
Programa para la Consolidación del Empleo Femenino
-
Plan de Erradicación de la Violencia en la Escuela
-
Programa Nacional para el Desarrollo Económico y Rural para Mujeres productoras, con acceso al crédito, tecnología y capacitación técnica.
-
Adecuación del calendario escolar a los ciclos agrícolas regionalizados
-
Escuelas itinerantes para migrantes cíclicas
-
Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social para Mujeres Mineras y Trabajadoras Informales
2.4.4
Participación Política y Ciudadana
a)
En la legislación boliviana se plantea las siguientes medidas -
b)
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
2.4.6
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
a)
En la legislación boliviana se plantea las siguientes medidas
Incorporación de los principios de paridad y alternancia en los cargos electos hacia la Asamblea Constituyente
-
Ley contra el Acoso Político
-
Ley de Registro Civil con enfoque de género
b)
Políticas públicas
-
Ley de salud y derechos sexuales y reproductivos ampliando las coberturas del seguro de salud
-
Nuevo Sistema de Salud universal y gratuita para todos y todas
-
Implementación de la Ley VIH/SIDA
-
Ley sobre la Negligencia Médica
Políticas públicas
-
Programa Nacional de documentación y carnetización gratuita
-
Programa Nacional contra la mortalidad materna e infantil
-
Medidas de acción positiva para incrementar la presencia de mujeres en cargos de decisión en todos los poderes del Estado
-
Programa Nacional contra el cáncer uterino
181
182
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
2.4.7
Justicia y Equidad de Género -
Reformulación de la legislación familiar con enfoque de género
-
Ley de Igualdad de Oportunidades
-
Responsabilidad Penal por corrupción en el ejercicio de la función pública
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
-
Implementación de la Ley contra la Trata y Tráfico de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres
-
Programa de Inclusión-Integración Escolar de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, de las áreas urbanas y rurales.
2.4.10 Adultos y Adultas Mayores 2.4.8
Violencia Contra las Mujeres
a)
En la legislación boliviana se plantea las siguientes medidas
b)
-
Reformulación de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y su Reglamento, ampliando sus alcances y ámbitos de acción
2.4.11 Personas con Capacidades Diferentes
-
Ley contra el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo
Se propone la Ley de protección y equidad para las personas con capacidades diferentes, y como política pública, el Programa Nacional para vivir con dignidad inclusiva y respeto para las personas con capacidades diferentes.
Política pública -
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
2.4.9
Niñas y Adolescentes
a)
En la legislación boliviana se plantea las siguientes medidas
b)
Se propone la Ley de protección a la dignidad del adulto y adulta mayor, y como política pública se plantea el Programa Nacional para el Adulto/a Mayor.
-
Ley contra la Violencia Sexual y Comercial contra Niños, Niñas y Adolescentes
-
Ley de Protección para Niñas/os de la calle
-
Ley para la erradicación de las peores formas de explotación infantil en la economía, informal, trabajo en el hogar, la zafra de la castaña, ladrilleras y en la minería
-
Reformulación del Sistema Penitenciario y Justicia Penal para jóvenes hombres y mujeres, en el marco de una política criminal, sin discriminación e injusticia
Política pública -
Programa Nacional de Protección y Erradicación del Trabajo Infantil
183
2.4.12 Transversalización del Género en el Programa del MAS 1)
Se incorporará la perspectiva de género en todas las políticas del nuevo Estado para garantizar que las mujeres se beneficien efectivamente de todas las leyes, programas, planes y proyectos.
2)
Se reglamentará la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los procesos de transformación del nuevo Estado.
3)
Se incorporará a mujeres y hombres de manera alternada en los Consejos de Desarrollo Regional.
4)
Se impulsarán, democráticamente, procesos de desarrollo agropecuario y rural con participación de hombres y mujeres, asignando un porcentaje de beneficio a las mujeres en los proyectos y programas de agricultura, ganadería y otros rubros, sobre todo, en los referidos a la soberanía alimentaria.
5)
Se impulsará el desarrollo productivo y la industrialización de los recursos naturales con programas de apoyo a organizaciones mixtas, organizaciones de mujeres y organizaciones de jóvenes, priorizando los pueblos indígenas, campesinos/as, originarios,
184
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
afrodescendientes y personas con capacidades alternativas o diferentes. 6)
Se establecerá una Unidad de Promoción Productiva Nacional que trabaje con organizaciones productoras lideradas por mujeres.
7)
Se potenciarán los eslabones más débiles de las cadenas productivas que tomen en cuenta de manera equitativa a hombres, mujeres y jóvenes.
8)
Se fortalecerá el servicio de educación técnica rural, articulada con los procesos económicos locales de producción de bienes y servicios, (agropecuaria, turismo, artesanía, comercialización).
9)
Se fomentará la Industria manufacturera para la generación de empleos en el área rural no agrícola, garantizando la participación de hombres y mujeres.
10)
Para la Asamblea Constituyente, mediante mecanismos de participación social serán elegidos por la sociedad civil desde las bases, en ampliados y cabildos, con participación equitativa y paritaria de mujeres y hombres.
11)
Tierra para la vida y la soberanía.
12)
Se impulsará la igualdad de oportunidades para el acceso a la vivienda de hombres y mujeres de bajos recursos.
TÍTULO III ÁREA POLÍTICA 3.1
AUTONOMÍAS
3.1.1
Profundización del Proceso de Descentralización en el camino hacia las Autonomías
Se propone el diseño de una nueva estructura estatal capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la distribución de poderes y normatividad, diversidad étnico cultural, mediante una descentralización basada en modalidades
185
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
flexibles de autonomías departamentales y regionales por comunidad lingüística y cultural. Sólo mediante diferentes formas de autogobierno, las distintas culturas y naciones pueden hallar un espacio de reconocimiento, validación y desarrollo, ya que el gobierno permitirá estructurar un sistema de instituciones políticas capaces de premiar, sancionar positivamente las prácticas culturales de la colectividad (el idioma, la vestimenta, los hábitos, etc.) y crear un campo de competencias administrativas, económicas y culturales, basado en la diversidad lingüística. Y por ello, proponemos que, en el marco de la Asamblea Constituyente, se debatan las formas autonómicas del Estado, regiones y de sus pueblos: 1)
La delimitación constitucional de las competencias nacionales y subnacionales de gobierno, establecidas como derechos a las que las regiones y pueblos pueden acceder cumpliendo requisitos que garanticen la capacidad administrativa, la solidaridad con otras regiones y la unidad del Estado nacional. Las competencias nacionales serán tal que garantizarán la unidad nacional mediante el control directo y la soberanía exclusiva sobre las FFAA, la moneda, el Banco Central, la política fiscal, las relaciones internacionales, el comercio exterior, el código penal, la propiedad sobre los recursos naturales, los energéticos, los minerales y los otros patrimonios de carácter nacional.
2)
El régimen financiero de las autonomías será garantizado, preservando la solidaridad, la cooperación y el equilibrio entre las distintas regiones.
Sobre estos principios básicos, las autonomías regionales se incorporarán en sus componentes normativos de delimitación territorial, los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas históricamente excluidos de manera complementaria a la de los departamentos. Esto supone: 1)
El derecho de las naciones, nacionalidades y comunidades culturales indígenas a la autonomía política como parte del Estado y la nación boliviana. Reconocimiento constitucional de los distintos niveles de gobierno regional indígena con ejercicio de competencias políticoadministrativas en los niveles de autogobierno, pueden ir desde niveles
186
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
comunarios, en el caso de pueblos indígenas demográficamente pequeños, hasta niveles municipales, regionales y supraregionales, en el caso de las naciones indígenas mayoritarias (aymaras y quechuas). 2)
Representación y participación de las naciones indígenas en los entes de gobierno regional como general del Estado, tanto en la cámara alta, cámara baja, como en los ministerios, a fin de darle al Estado un real contenido multicultural y multinacional.
Presencia equilibrada y equitativa de todas las culturas y comunidades lingüísticas en la administración pública de los gobiernos municipales, regionales y el nacional. No sólo se habilitará gradualmente una presencia mayoritaria de funcionarios públicos de procedencia indígena en la administración pública, sino que, se institucionalizará obligatoriamente el bilingüísmo (además del castellano, idioma indígena regionalmente predominante) en la administración pública. Para concretar todo lo anterior, desarrollaremos tres sistemas de políticas. Primero a corto plazo (antes de la Constituyente), el segundo durante la Constituyente y el tercero, luego de que la población apruebe el texto constitucional asumido en la Asamblea Constituyente.
3.1.2
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
reorganización del Estado. En este caso, la identidad cultural es el punto de partida de la constitución del sujeto público de la descentralización política (autonomía cultural) y la dimensión territorial de esta desconcentración dependerá de la ubicación geográfica de este sujeto cultural. La descentralización política con base cultural o compuesta (cultural y territorial), es una ruta más compleja y requiere una ingeniería estatal “nacional y subnacional” mucho más elaborada y urgente. Eso es precisamente lo que se necesita en Bolivia. El proceso se inicia con una Ley de Reconocimiento de Autoridades de todos los Pueblos Originarios de Bolivia, con una nueva ley para la profundización de la Descentralización que permitirá avanzar hacia la Asamblea Constituyente.
3.1.3
Ley de Reconocimiento de Autoridades de todos los Pueblos Originarios
Para ello, el MAS ha decidido avanzar en el reconocimiento –a través de medidas de descentralización política y administrativa- de las autoridades originarias del país, como parte del Estado Nacional. Este reconocimiento tiene el objetivo de terminar con siglos de exclusión racista y de dotar, como a todos los niveles descentralizados del país, de competencias y recursos para cumplir las primeras.
Objetivos del Sistema de Políticas
Profundizar la descentralización política y administrativa para abrir el camino para el éxito de la Asamblea Constituyente. El MAS se propone ampliar la participación democrática de la sociedad para que todos podamos participar en la toma de decisiones en determinadas áreas de la gestión pública. El objetivo es lograr nuevas actitudes ciudadanas de responsabilidad civil y avanzar en normas de eficiencia administrativa y equidad redistributiva de recursos. Se trata de lograr que la población y sus organizaciones sociales regionales puedan ser beneficiadas con recursos, reconocimientos, con prestigio e influencia política. En sociedades complejas, donde se sobreponen distintas culturas o nacionalidades (sociedades multiculturales o multinacionales) la desconcentración del capital burocrático estatal es mucho más compleja porque exige el reconocimiento de una base comunitaria cultural como principio de la
187
El reconocimiento de las autoridades originarias como parte del Estado implica que Autoridades Originarias de Pueblos Originarios del Chaco, Amazonía y del Ande, se conviertan en autoridades públicas y sin perder la denominación de su cargo originario. Pero, en representación del Estado Nacional tendrá la capacidad de administrar y ejecutar la inversión pública nacional. Esta decisión consolidará el camino hacia la Constituyente, iniciando un tercer nivel de descentralización política y administrativa de Bolivia. Esta decisión se traducirá en la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.
3.1.4
Ley de Profundización de la Descentralización
El MAS ha definido que su política se enmarca en la línea de transferencia de competencias y recursos desde el nivel de gobierno central a niveles subnacionales y territoriales. 188
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
El objetivo del MAS es asegurar que las administraciones, departamentales y territoriales de Pueblos Originarios, cuenten con recursos suficientes y de esta manera cuenten con la base económica para alcanzar los objetivos de soberanía, dignidad y desarrollo productivo locales, con los cuales aporten al logro de una Bolivia Digna, Soberana y Productiva.
sectores sociales y minorías, tendrán la posibilidad de participar en una Asamblea que refleje la composición multinacional y pluricultural de toda su territorialidad.
El MAS considera que la diversidad nacional obliga a un profundo proceso de descentralización que alcance efectivamente a niveles territoriales. Sostenemos que es más eficiente que sobre la base de políticas nacionales, los procesos que buscan generar trabajo, nuevos ingresos y mejores servicios, y por lo tanto, mejorar la calidad de vida, se ejecuten desde los niveles locales de gestión pública atendiendo a las diversidades territoriales y regionales existentes en el país. Para ello, junto al reconocimiento de Autoridades de Pueblos Originarios, se incorporará a las Mancomunidades Municipales como un nivel intermedio entre Autoridades de Pueblos y Gobiernos Municipales por un lado y Gobiernos Prefecturales por el otro. Con este reconocimiento, el MAS ha decidido –por la experiencia acumulada- que es preciso fortalecer el nivel de Mancomunidad como parte de procesos de planificación ya acumulados y que como en el caso del Turismo, les asegura éxitos reales.
3.2.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
3.2.1
Fundamento y Justificación de la Convocatoria a la Asamblea Constituyente
El Movimiento Al Socialismo, Instrumento político por la Soberanía de los Pueblos y las naciones originarias, plantea garantizar, como primera medida, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, para refundar un nuevo país con inclusión social.
Nuestra posición política viene de: 1)
Una sublevación colectiva, cansados de más de 500 años del sistema opresivo y excluyente que será erradicado.
2)
Millones de ciudadanos despertamos a la retrospección y recuperación de nuestra herencia milenaria y buscamos el espacio justo para cada uno.
3)
Somos una subversión de la conciencia colectiva que busca promover la revitalización de la identidad, valores y saberes.
4)
Decidimos fundar un nuevo Estado con imagen e identidad moral y ética basada en la interculturalidad, el equilibrio y respeto a la naturaleza, con amor a la vida, la libertad y la sabiduría, para vivir bien.
5)
Un Estado compuesto por naciones originarias y diversidad de culturas, recuperando las raíces milenarias, el legado tecnológico y científico con pensamiento filosófico y espiritualidad de la reproducción vital a partir del análisis multidimensional y la dualidad o encuentro armónico de opuestos, complementariedad de la diversidad, reciprocidad y solidaridad basada en el honor y la transparencia.
El fundamento es la revitalización de la identidad, autodeterminación de los pueblos originarios y sectores sociales mayoritarios y empobrecidos de las ciudades; basada en un modelo de desarrollo comunitario con identidad en lo socio, político. Ambiental con una filosofía y espiritualidad de la comunidad natural, donde todo tiene vida, coexiste en forma armónica por el bienestar de la bio-comunidad, como una coexistencia y convivencia armónica y respeto entre el ser humano y la naturaleza.
Para ello se plantea un nuevo paradigma político filosófico e identidad ideológica, basada en la cosmovisión originaria del modelo comunitario. Después de 180 años de la historia republicana, por primera vez, los pueblos originarios,
Desde la conquista, nuestra soberanía global, nuestro patrimonio histórico cultural, natural, fueron sometidos a una sistemática erosión, degradación y
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190
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
saqueo, cuyo resultado es la insostenible pobreza material y moral, el cáncer de la corrupción con riesgo de generalizarse a toda la sociedad. Esta pobreza desencadenó como consecuencia una rebelión desde los núcleos de la exclusión, hoy determina una profunda crisis de Estado y la urgente necesidad de convocar a la voluntad del pueblo, sus representantes legítimos a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente será el escenario plural, pacífico e incluyente para la construcción de un Estado multinacional y pluricultural, por ello será fiel a los principios de las cosmovisiones originarias y de los sectores sociales urbanos y de las aspiraciones de ambas dimensiones que defienden la vida en armonía, condenan las desigualdades, injusticias y la lacerante corrupción, asumen como convicción implementar un nuevo Estado multinacional y pluricultural. En Bolivia se realizaron varias reformas constitucionales, la mayoría de ellas promulgadas en Congresos Constituyentes, estos jamás han sido equitativos, participativos y de concertación, siempre se conformaron desde el poder oligárquico dominante y nunca desde el pueblo. En base a todos estos fundamentos, el MAS plantea la Ley Especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, acorde con las demandas de sectores sociales y el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado y que se basa en proyectos consensuados con las organizaciones sociales. Por tanto, planteamos constituir la Asamblea Constituyente, basada fundamentalmente en el principio de representación proporcional de cada nación originaria, sector social y minorías para la elección de las y los Asambleístas en base a las circunscripciones uninominales, eligiendo dos asambleístas por mayoría y uno por minoría, en cada una de ellas para garantizar una representación, participación igualitaria de cada parte a través de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y/o pueblos originarios. Al garantizar y llevar adelante la Asamblea Constituyente, el Movimiento al Socialismo, habrá cumplido su reto histórico de crear, construir y fundar un nuevo Estado boliviano multinacional y pluricultural más justo y equitativo para todos.
191
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
3.3
DEFENSA NACIONAL Y FUERZAS ARMADAS
3.3.1
Introducción
La Política de Defensa Nacional y la modernización de las Fuerzas Armadas es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia, que necesita una urgente enmienda. Durante el tiempo que duró la democracia pactada (19852005) los partidos del viejo sistema político – MNR, ADN, MIR y NFR–– cancelaron toda posibilidad de que el Estado pudiera desarrollar un mínimo de capacidad para su defensa externa y fundamentalmente para preservar nuestros recursos naturales. Las Fuerzas Armadas vieron postergados sus derechos legítimos, así como sus aspiraciones de profesionalización, calidad de vida, modernización y convivencia armónica con la sociedad. La institución militar vivió prácticamente capturada por el poder político. Intereses económicos y políticos, domésticos e internacionales, contribuyeron a divorciar a las Fuerzas Armadas de su sociedad y la alejaron de sus misiones constitucionales. Pese a ello, las Fuerzas Armadas mantuvieron una impecable conducta de obediencia al orden constitucional. Para el MAS, las Fuerzas Armadas y sus soldados merecen nuestro mayor aprecio y consideración. Ellas nacieron con la Patria y fueron, en muchas ocasiones, su sustento esencial. Como gobierno, forjaremos unas Fuerzas Armadas dignas, soberanas, profesionales y decorosas al servicio de nuestros ciudadanos y la defensa de nuestra Patria. El fortalecimiento y desarrollo de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas estará inspirado en los valores más nobles y profundos que nos legaron los guerrilleros de la independencia, nuestro Tambor Mayor Vargas, las mayorías indígenas anónimas, presentes en todos los conflictos bélicos, así como los precursores del nacionalismo militar boliviano: Santa Cruz, Belzu, Busch y Villarroel. Trabajaremos para que los bolivianos se sientan orgullosos de nuestro soldados, pero al mismo tiempo, para que los soldados expresen las aspiraciones de los ciudadanos.
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
3.3.2
3.3.3
Nuestras tareas y desafíos en el Campo de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
Aprobar el Libro Blanco de la Defensa De igual manera, el Ministerio de Defensa priorizará la aprobación del Libro Blanco de la Defensa con la mayor participación de instituciones públicas y privadas, sociedad y Fuerzas Armadas para explicitar el contenido y la formulación de su Política de Defensa, conocimiento sobre el sistema, responsabilidad, organización, enfoque doctrinario, recursos y medios con los que cuenta el país para su defensa.
1)
Restablecer, fortalecer y gestionar capacidades de institucionalización sólidas para desarrollar una Política de Defensa Nacional como Política de Estado
2)
Colocar las necesidades de la Defensa Nacional como prioridad de gobierno con una visión de Política Pública sostenible
3)
Imprimir un liderazgo institucional capaz, competente y honesto al servicio de la seguridad del Estado, de la sociedad y las Fuerzas Armadas
4)
Promover y proyectar nacional e internacionalmente los intereses estatales desde el campo de la Defensa Nacional, en coordinación permanente con la Política Exterior
2)
Se desarrollarán modernos procesos de administración, planificación estratégica, coordinación, evaluación, investigación, control y seguimiento en la gestión.
5)
Conducir de manera permanente, coordinada e integral la planificación, ejecución y evaluación de la política, programas y planes de Seguridad y Defensa Nacional
3)
Se promoverá la carrera administrativa, contratación de personal profesional especializado y la creación de incentivos profesionales por rendimiento, tanto para el personal civil como militar.
6)
Promover una mayor integración de las Fuerzas Armadas a la sociedad de la que forman parte
4)
7)
Preservar el respeto a la institucionalidad militar y garantizar condiciones de equidad, justicia y dignidad profesional
Se desarrollarán competencias multidisciplinarias para el análisis, investigación y producción de insumos para la toma de decisiones estratégicas. Dichas capacidades y competencias serán extendidas simultáneamente a las Fuerzas Armadas.
5)
Se promoverá un vínculo institucional, transparente y eficaz con los poderes públicos, en particular con el Parlamento Nacional.
Modernizar la gestión pública de la Defensa Nacional 1) La institucionalización del Ministerio de Defensa así como su liderazgo y conducción civil será una de las prioridades de la gestión gubernamental.
Objetivos de Nuestra Gestión Aprobar y ejecutar la Política de Defensa Nacional 1) El Ministerio de Defensa, en coordinación con los poderes públicos, Fuerzas Armadas y sociedad promoverá, de manera transparente, plural, democrática y participativa, la aprobación de la Política de Defensa Nacional (PDN)
Integrar la política de Defensa a la Política Exterior 1) Se institucionalizará e integrará la política exterior y la política de defensa 2)
Se normalizarán decisiones y consultas conjuntas para proyectar los intereses nacionales en el contexto internacional
2)
La política de defensa ayudará a definir los objetivos estratégicos de la defensa nacional, los medios, recursos y acciones para el cumplimiento de sus metas
3)
Se desarrollará una moderna diplomacia de defensa orientada a mejorar la influencia estratégica del país y su sistema de defensa en la región
3)
Una vez aprobada la PDN se pondrá en inmediata ejecución
193
194
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4)
Se impulsará la construcción de un régimen de seguridad y defensa, transparente y cooperativo en la región
5)
Se promoverán iniciativas de cooperación, paz, estabilidad y resolución pacífica de conflictos vecinales y regionales
6)
Se fomentará e impulsará el establecimiento de medidas de confianza mutua vecinal y regional, así como la transparencia en el gasto y adquisiciones militares
7)
Bolivia continuará contribuyendo a la paz y la seguridad internacionales con sus Fuerzas Armadas en el marco de las Naciones Unidas, inscritas en el ámbito de las Operaciones de Mantenimiento de Paz
Desarrollar una nueva matriz jurídica y normativa para la sostenibilidad de la Defensa Nacional 1) Aprobar la Política de Defensa Nacional bajo un enfoque integral, moderno, democrático y sostenible, sustentado en un acuerdo institucional entre poderes públicos, Fuerzas Armadas y sociedad 2)
Aprobar la Ley de Defensa Nacional
3)
Aprobar la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional
4)
Actualizar y adecuar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas a las necesidades institucionales y objetivos estratégicos de la defensa nacional
5)
Aprobar la ley de administración de personal, ascensos, promociones y beneficios para las Fuerzas Armadas
6)
Aprobar y ejecutar un plan estratégico de modernización de la Defensa Nacional y Fuerzas Armadas (2006-2016)
7)
Aprobar y ejecutar un programa presupuestario plurianual y financiamiento para la modernización de la Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, 2006-2016
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
con el objetivo de disponer de una fuerza armada profesional, interoperativa, móvil y flexible, que en su diseño operativo responda a las necesidades de la defensa externa. En su diseño filosófico se fortalecerá la obediencia constitucional, su conducta no deliberativa, respetuosa de los derechos humanos, amante de valores democráticos e integrados plenamente a la sociedad. Las Fuerzas Armadas reflejarán la diversidad social, étnica y geográfica del país en toda su estructura, jerarquía, doctrina, educación y valores profesionales. Unas Fuerzas Armadas multiculturales se corresponden a una sociedad multicultural. Aplicarán el enfoque de género así como aquellos principios vinculados con los derechos humanos y la promoción de ciudadanía. Programa de modernización de las Fuerzas Armadas El Ministerio de Defensa conjuntamente con el Alto Mando Militar, elaborarán el Programa de Modernización de las Fuerzas Armadas (PMFA), 20062015 orientado a: 1) Fortalecer e integrar el liderazgo institucional 2)
Actualización y desarrollo doctrinario conjunto
3)
Reestructuración del mando y control
4)
Rediseño del sistema de fuerzas
5)
Producción de capacidades interoperativas
6)
Comunidad de Inteligencia estratégica
7)
Establecimiento del sistema logístico y de comunicaciones
8)
Modernización e integración educativa
9)
Innovación y desarrollo tecnológico
10)
Aplicación del plan de carreras
11)
Sistema de reservas
Mediante la reestructuración del sistema de planeamiento y una adecuada conducción del sector, se llevará a cabo un proceso de modernización institucional
Servicio Militar El servicio militar es un deber constitucional que sustenta la organización y funcionamiento del sistema de la Defensa Nacional. Al mismo tiempo, es uno de los espacios públicos más importantes que contribuye a la unidad e integración nacional de decenas de miles de jóvenes periódicamente. En este ámbito, se llevará
195
196
3.3.4
Fuerzas Armadas
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
a cabo un ambicioso proceso de modernización, democratización y universalización del servicio militar con el objetivo de: 1) Desarrollar un sistema integrado de conscripción, destinos, instrucción, entrenamiento y educación ciudadana orientado, prioritariamente, a satisfacer requerimientos que exige el sistema de la Defensa Nacional
El programa de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida comprende: 1)
Mejoramiento de ingresos económicos
2)
Reinserción profesional del personal del servicio pasivo en diversas áreas del Sistema de Defensa Nacional
2)
Crear un régimen permanente de reclutamiento y formación de reservas militares para el nivel de cuadros de mando
3)
Acceso a un plan de vivienda social equitativa, gradual, territorializada y financiada en el largo plazo
3)
Ejecutar un Programa de Servicio Social y Militar (SSM) orientado a proveer servicios sociales a proyectos municipales, regionales y nacionales, previo programa de instrucción y entrenamiento
4)
Institucionalización, fiscalización y transparencia en la administración de COSSMIL
5)
Programa de asistencia social a la familia militar y del soldado
4)
Formar Escuelas para el Desarrollo, la Democracia y Ciudadanía (EDDC) en el marco del servicio militar, cuyo objetivo es el de promover el acceso igualitario y equitativo al sistema formal y alternativo de educación, capacitación técnica y profesionalización de soldados en unidades especializadas
5)
Crear la OFICINA DEL SOLDADO
6)
Crear el Defensor del Pueblo en las Fuerzas Armadas
3.3.5
Cooperación en el Desarrollo Nacional El gobierno del MAS propone llevar a cabo las siguientes políticas: 1) Participación de las Fuerzas Armadas en el sistema nacional de Defensa Civil 2)
Participación de las Fuerzas Armadas en un segmento de la demanda estatal de bienes y servicios. El gobierno incentivará la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de caminos y obras civiles no competitivas con la empresa privada sino más bien subsidiaria a ella. Su aporte tiene un valor estratégico más que un valor económico
3)
Apoyo al desarrollo del mercado interno mediante una Ley Especial para promover el Compro Boliviano
4)
Apoyo institucional, planificado y especializado en la gestión pública del municipio y gobiernos regionales
5)
Participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la educación alternativa y de adultos
El servicio militar no sólo es un deber, es también un factor de ciudadanización que será redefinido bajo fundamentos de multiculturalidad, igualdad, equidad de género, unidad e integración nacional. Bienestar y calidad de vida El gobierno del MAS comprende que la profesión militar no concluye ni se cancela con el tiempo de servicio activo en las Fuerzas Armadas. Los profesionales de las armas, una vez que concluyan su ciclo profesional activo (35 años) tendrán la opción de continuar prestando servicios en diversas áreas de su especialización. Para ello, se dispondrá de un innovador programa de reinserción y promoción de oportunidades profesionales. La Defensa Nacional requiere de sus soldados no sólo como miembros del servicio activo sino también como ciudadanos profesionales plenos, dispuestos a seguir aportando a la Patria, bajo un régimen de incentivos económicos especiales.
197
3.3.6
Comunidad de Defensa
Una Política de Defensa Nacional no podría ejecutarse sin la plena integración y participación democrática de la sociedad. Por ello, el gobierno del MAS plantea llevar a cabo: 198
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Programa de formación de recursos humanos para la Defensa Nacional El Ministerio de Defensa Nacional desarrollará un Programa Permanente de Formación de Recursos Humanos Especializados en Defensa y Seguridad, dirigido a profesionales civiles y personal militar de manera conjunta, con el objetivo de crear la Comunidad de Defensa. Este Programa será llevado a cabo en forma coordinada entre el Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Universidades.
de la República, el Ministerio de Defensa, en una fase transitoria, impulsará un trabajo de reestructuración, modernización y desarrollo institucional del Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA), orientado a poner en funcionamiento el sistema nacional de seguridad. Para ello, las instituciones de seguridad y defensa nacionales harán esfuerzos convergentes, coordinados y planificados estratégicamente. Esta tarea exige jerarquizar la responsabilidad y competencias de COSDENA, pero a su vez, institucionalizar su funcionamiento.
1)
3.3.8 Creación del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa y Seguridad (CEEDS) El Ministerio de Defensa creará el primer Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa y Seguridad del país con el objetivo de formar capacidades multidisciplinarias de investigación, análisis y prospección estratégica que contribuya al conocimiento de la Defensa, producción de información y toma de decisiones. Dicho centro estará integrado a los centros de estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas.
Financiamiento de la Política de Defensa
2)
La Política de Defensa, su administración, así como la modernización de las Fuerzas Armadas serán financiadas con los siguientes recursos por fuente de ingreso: -
Tesoro General de la Nación
-
Ingresos propios sujetos a control fiscal
-
Ingresos IDH
3) Programa Universitario de Defensa (PUD) Se firmarán convenios de cooperación académica para llevar a cabo programas periódicos de estudios superiores en Defensa y Seguridad con universidades públicas y privadas. Se fomentará la educación superior para la Defensa en las universidades con apoyo del Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas contribuirán con el personal de sus centros de estudios estratégicos al programa universitario para un trabajo conjunto con académicos y especialistas de la universidad. 4) Cultura de Defensa: Foro Permanente de Defensa y Seguridad El gobierno impulsará el desarrollo de una cultura nacional de defensa y seguridad mediante debates académicos, mesas redondas, seminarios, talleres y otras metodologías de socialización de la política de seguridad y defensa nacional. De igual manera, se desarrollarán programas educativos para estudiantes del ciclo medio sobre ésta importante área de responsabilidad estatal y ciudadana.
3.3.7
Consejo Supremo de Defensa Nacional
La seguridad nacional, además de constituir un bien público, es una responsabilidad de Estado. Para este efecto y previa delegación del Presidente
199
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"OPINIONES Y ANÁLISIS"
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PROGRAMA DE GOBIERNO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA PACHACUTI – M.I.P.
“PLAN PACHAKUTI” 2006-2010 Felipe Quispe Huanca Camila Choqueticlla Mamani
PRESIDENTE VICEPRESIDENTA
“POR LA RECONSTITUCIÓN DEL QOLLASUYU HISTÓRICO” “Con la Geopolítica Étnica Pachakutista”
ELECCIONES GENERALES DICIEMBRE 2005
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ANTECEDENTES
originarias, con su instrumento político Movimiento Indígena Pachakuti M.I.P., decidieron participar en estas elecciones generales como mecanismo de liberación, asumiendo las normas patronales para causar la contra hegemonía frente al sistema neoliberal; es así que, ratificamos nuestro compromiso ante las naciones originarias e indígenas de continuar la firme y constante lucha POR LA DIGNIDAD Y LIBERACIÓN DE LAS NACIONES ORIGINARIAS ANDINO AMAZÓNICAS (OBREROS, COMERCIANTES, PROFESIONALES, ESTUDIANTES Y TODOS LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS); A PERSEGUIR UN MODELO DE VIDA DE SUMA QAMAÑA – SUMAJ KAYSAY. ESO SE CONSEGUIRÁ DEMOSTRANDO QUE CADA HOMBRE, MUJER, HABITANTE DE ESTE TERRITORIO, DE UN VOTO EN LAS URNAS EL DÍA 4 DE DICIEMBRE, por ello se plantea el siguiente programa de gobierno.
Después de la invasión española de 1492 y 1532 al Tawantinsuyu, los invasores impusieron regímenes económicos, sociales, políticos, religiosos. Su política de colonización y genocidio desarticularon el orden del Tawantinsuyu y a partir de la implantación de tales regímenes se estableció la usurpación territorial, el descabezamiento de nuestro sistema de la nación originaria, con la explotación inhumana de la población y otros, que ocasionaron la miseria, el atraso, el robo, la corrupción, la mentira en desmedro de sus habitantes. La economía minera de la plata motivó el desarrollo mercantil y capitalista en Europa y con los levantamientos de Tupak Amaru y Micaela Bastidas, Tupak Katari y Bartolina Sisa iniciaron el grito libertario por la libertad, justicia y por el Poder Político Originario, se rebelaron contra las reformas Borbónicas de la Corona española, siendo aprovechada por los criollos patriotas que se emanciparon de sus padres chapetones. Fundaron la República de Bolívar sobre los territorios de las naciones originarias y los originarios fueron sometidos a las políticas y leyes agrarias coloniales; ante esta situación se levantaron líderes indígenas como Aphiguaiqui Tumpa, Sarati Willka y otros. A partir de ello, las políticas liberales, demagógicamente, trataron de tomar en cuenta a la población originaria como ciudadanos de segunda, hasta después de la Guerra del Chaco. Con la revolución de 1952, trataron de integrarnos como “campesinos”, pero aún continúan las políticas coloniales que perduran hasta nuestros días. Con los levantamientos de abril, septiembre, octubre de 2000; febrero y octubre de 2003; mayo y junio de 2005, este último por las demandas en defensa de los hidrocarburos, tierra y territorio, etc.; se constató, de esta manera, que las logias masónicas cierran filas para hacer oídos sordos a nuestras demandas que contrariamente fortalecen la ambición del saqueo total de nuestros recursos naturales; de ese modo, resguardan y fortalecen sus apetitos a la par que se inventan nuevas elecciones generales neo colonialistas. En vista de que la política colonial sigue vigente en nuestra nación originaria y que se expresa en la marginación, discriminación histórica a nuestra nación y otros sectores sociales; asimismo, la no atención a nuestras principales demandas, constituyen justificadas razones para que las naciones originarias constituyan una organización política como instrumento de autodefensa y de transformación de la sociedad en general, con visión de reciprocidad, igualdad y equilibrio humano cósmico. Por cuanto las naciones
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PARTE I
embargo, lanzar una política de salud preventiva, según la lógica de nuestros abuelos.
EL PROGRAMA GENERAL DEL MIP, ESTARÁ ESCRITO EN BASE A CUATRO PILARES FUNDAMENTALES:
1.-
PACHAKUTI DEL AJAYU-SAMAY (IDENTIDAD):
1.1
RELIGIÓN Y CULTURA: “IMPLEMENTAR EL PACHAKUTI CULTURAL”
Cultura. Revalorizar y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible, estableciendo leyes de protección cultural, castigando el mal uso de nuestros patrimonios culturales del Estado Originario del Tawantinsuyu, la identidad y los idiomas originarios, usos y costumbres, bajo los preceptos filosóficos de Ama Sua, Ama Llulla, Ama Qhilla. Religión. Reconstruir los templos sagrados y arqueológicos que fueron destruidos por los españoles y gobiernos que saquearon nuestra riqueza. Establecer la reconstrucción inmediata y fomentar el turismo interno y externo. Revalorización de la espiritualidad de las naciones originarias, reafirmando los lugares sagrados ancestrales y fomentando la reproducción de nuestra espiritualidad, considerando la integridad moral, nuestros ideales, la disciplina y los valores ancestrales.
1.2
1.3
SOCIAL:
Establecer el modelo de sociedad comunitarista con el desarrollo integral de “equidad”, reciprocidad, redistribución, respeto; de acuerdo a los derechos humanos, usos y costumbres consuetudinarios originarios, estableciendo el modelo social de ayllu”, sin exclusión alguna, valorizando las culturas de nuestras naciones originarias en relación al entorno cósmico, respetando los valores culturales ideológicos, espirituales y sistemas de organizaciones originarias, tanto en las ciudades como en los campos. 1.3.1
Servicio básico
Para el MIP, es de prioridad que, con los recursos del GAS, se priorice la conexión gratuita de los servicios de agua, luz, sistema de alcantarillado, a cada casa donde no existan estos servicios. 1.3.2
Sistema de jubilación
Sistema de jubilación y renta. Establecer una nueva política de jubilación y renta razonable e igualitaria, abrogando la Ley de Pensiones y sus reglamentos, estableciendo normas consensuadas entre rentistas y el gobierno. Establecer una política de asistencia del Estado originario para todos los mendigos, mancos, huérfanos, viudas y otros desamparados.
SALUD Y MEDICINA:
Seguro social universal obligatorio, sin discriminación alguna y legalizando la medicina tradicional con médicos indígenas. Establecer una Ley de producción alimentaria, natural, biológica, contra la política de alimentos desnaturalizados, transgénicos.
1.3.3
Vivienda
Establecer normas de convivencia armónica y dotación de viviendas bajo un estudio socioeconómico y sin discriminación alguna; creación de albergues, internados educativos para niños y adolescentes de escasos recursos.
Creación del Seguro Médico Nacional, que proveerá los servicios médicos y proveerá de “medicamentos” de alta calidad, sin discriminación racial, sexo, edad o tendencia política a todos los habitantes del territorio nacional. Sin
Impulsaremos la dotación de “viviendas cómodas, decentes y propias” para los nuevos asentamientos humanos, donde se desarrolle de forma plena la mente, la salud, el espíritu y alcance un trabajo productivo que sustente todas las necesidades humanas, según nuestra visión cósmica.
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1.4
POLÍTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA:
Impulsar un plan estratégico de obras públicas en el campo de la salud, educación y escuelas de fútbol y tener actividades deportivas y así cultivar “la mente sana, cuerpo sano”.
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kausay” de reciprocidad, equilibrio, dualismo, igualdad, que postula el sistema de Ayllu Comunitarista bajo el principio del Ama Sua, Ama Llulla, Ama Qhilla. Por tanto, se plantea la Ley del Sistema Comunal eliminando el sistema de explotación del hombre por el hombre, ejerciendo el equilibrio de trabajo y corresponsabilidad en el etnodesarrollo de la nación comunitaria. 2.2.1 Leyes
2.2.1
PACHAKUTI DEL YATI-YACHAY (SABER CONOCIMIENTO CIENTÍFICO): EDUCACIÓN Y SABER: “IMPLEMENTAR EL PACHAKUTI EDUCATIVO”
Establecer un nuevo Sistema de Educación Científica y Técnico Agroindustrial, orientados al etnodesarrollo Productivo sustentable, rescatando el modelo del Ayllu productivo, con identidad cultural, ideológica, política, histórica; haciendo uso de la pedagogía del oprimido como pedagogía de la práctica a la libertad, igualdad comunitaria y desarrollo. Creación de Universidades Indígenas y Públicas en cada Provincia de los Departamentos, abrogando la Ley de la Reforma Educativa y conexas, estableciendo el libre ingreso a las Universidades previa evaluación según la capacidad del estudiante a la carrera correspondiente, siendo la Educación Superior obligatoria para todos los estantes y habitantes de la nación. Creación de complejos educativos técnicos industriales en cada colegio, ejerciendo la gran revolución educativa de etnodesarrollo nacional, según la educación de los abuelos. Mediante Ley de la República, se consolidará y/o impulsará las Universidades Autónomas Indígenas en las diferentes regiones del país, según pisos ecológicos.
2.2
ABROGACIÓN DE TODAS LAS LEYES Y DECRETOS NEOLIBERALES, como el 21060, Ley de Privatizaciones, de Capitalizaciones, de Pensiones, del Estatuto del Funcionario Público, de Participación Popular, de Reforma Educativa, I.N.R.A. y otros.
2.3
POLÍTICA INTERNACIONAL:
Establecer relaciones diplomáticas con países progresistas y democráticos, bajo la lógica de reciprocidad, dualidad, equilibrio y respeto a nuestra nación, y la cooperación mutua para el desarrollo de nuestras naciones originarias; al mismo tiempo, fortalecer la solidaridad política, cultural, económica y social con otras naciones originarias e internacionales, desarrollar políticas de solución frente a los problemas geopolíticos nacionales con los países vecinos. Rechazo total a las políticas neocolonialistas como ser: ALCA, TLC y otros proyectos de invasión como la inmunidad para los soldados norteamericanos. El MIP, seguirá una política internacional que inculque la no ingerencia e imposición entre Estados. Una política internacional que consolide antiguos acuerdos y pacte nuevos acuerdos. Seguirá una política de paz que emane de los pueblos, haciendo énfasis en la independencia y respeto a los movimientos de base de cada Estado.
POLÍTICA: “IMPLEMENTAR PACHAKUTI POLÍTICO”
El Movimiento Indígena Pachakuti no es un partido tradicional como los modelos de la derecha y la izquierda del sistema democrático liberal; mas, al contrario, es un Movimiento de las Naciones Originarias milenarias Andino Amazónicas con visión cósmica, basadas en el modelo “Suma Qamaña –Sumaj
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Revisión, ruptura o retirada de todos los tratados o convenios internacionales bilaterales o multilaterales que impidan el ejercicio pleno del poder originario del Qullasuyu y en particular del programa del Estado Étnico del Qullasuyu.
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El comportamiento del PIB, alcanza a 920 millones de dólares.
2.3.1 Integración El MIP, impulsará una política de integración; primero, con los países vecinos, especialmente con aquellos que nos une un lazo cultural y pasado; y, segundo, con aquellos países que consideren ser nuestros amigos. Esta política constituirá una integración en términos de cooperación económica y del sistema del ayni. Aplicar el plan q’arwa, que significa romper todo tipo de relación económica y comercial con el gobierno capitalista y liberal de Chile, incluidas las sociales y culturales. Cerrar las fronteras, los oleoductos, los accesos camineros o ferroviarios, salidas aéreas, etc, hacia ese país; esto, frente al plan alpaca que aplican.
3.-
El comportamiento en la cotización del dólar desde enero a la actualidad ha sido fluctuante, especialmente, con la rebaja de 8,10 a 8,08. En enero la cifra alcanzó a 8,06, si existen dos puntos más de rebaja, estaría para diciembre como al inicio del año. Obviamente queda una sobre oferta de 850 millones de dólares que llegan de las remesas del exterior, por año. Existe poco valor agregado real en el sector del comercio, básicamente hoy está en manos del transporte. La producción de Bolivia está en tres sectores: el gas, el petróleo y la
PACHAKUTI DEL LURA-RUWAY (HACER ECONOMÍA): “IMPLEMETAR EL SISTEMA ECONÓMICO DEL AYNI”
SISTEMA ECONÓMICO. Implantar el Sistema de Economía de Estado Comunitario de reciprocidad y complementariedad, bajo el principio de que nadie puede ser millonario mientras exista un pobre y mendigo en la nación; para ello, se establecerá la Ley de inversión en el Estado Originario y la negación de la fuga del capital económico, cultural, ideológico y natural.
3.1
La Balanza de pagos está a 205 millones de dólares, con la inyección del IDH.
ECONOMÍA:
Algunos señalan que el modelo no es malo, lo que es malo son los gobernantes. Bueno, eso es un análisis desde el occidente. Un análisis sucinto de la macroeconomía del q’araje boliviano, nos da como resultado, para el momento, las siguientes cifras: Inflación económica: 5.3%, el gobierno espera llegar en diciembre a un 4%. Esta espera, en cierta medida, es superada desde los años anteriores de un 9%. Las exportaciones actuales son de 1.780 millones de dólares y se espera alcanzar para diciembre a 2.300 millones de dólares.
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soya. La política del empleo en Bolivia sigue siendo pobre. Según datos del INE, un promedio de salario es de 1.400 Bs. mes; sin embargo, generalmente los no asalariados tienen un ingreso mes de 400 Bs. Tema de seguros. Hay mucha oferta pero menos que la demanda. Si bien las AFPs se volvieron eficientes al incorporar 40 mil trabajadores independientes, no es suficiente en proporción al crecimiento demográfico, frente a los 800 mil que existen actualmente. En el tema de la captación de servicios, tanto en la educación y la salud, creemos que está pésimo frente al crecimiento de las ciudades. Un ejemplo de eso es Santa Cruz, donde se piensa que Bolivia es de la prosperidad; a partir del tercer anillo no existen los servicios básicos en las casas, eso significa que un 40 % de la población cruceña no cuenta con servicios básicos. Esa cifra es peor en otras ciudades de la troncal, Cochabamba, La Paz, ni qué decir de la Ciudad de El Alto u otras ciudades restantes de Bolivia, como Sucre. El tema de la Migración sigue siendo la debilidad de Bolivia, muchos hermanos siguen buscando trabajo en el exterior, en su totalidad son indígenas. Emigran tanto a Argentina como a España. Por otro lado, existe una migración interna del occidente al oriente, pero en pésimas condiciones humanas.
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En el mismo tema de la migración, bajo ley nacional se debe negar el derecho a la naturalización o nacionalización de súbditos extranjeros y con carácter retroactivo a las personas que se han naturalizado. Negarles cualquier derecho político a ser elegibles o electores de los poderes del estado, de los municipios, de las universidades. Así, también, debe existir la prohibición de ocupar puestos de trabajo en instituciones públicas.
empleos para todos los desocupados, a partir de la creación de asociaciones de productoras, microempresas, industrias de estilo originario e indígena, con la inversión de fondos sociales de producción.
3.1.1 Política económica Se aplicará el sistema político económico del ayni. 3.1.2 Comercio Internacional El comercio internacional estará sujeto de acuerdo a la lógica del sistema económico del ayni.
Se definirá una política de nivelación salarial, que cubra un salario básico y los beneficios, para todos los habitantes. De los trabajadores. El Estado Originario nacional y comunitario no permitirá la explotación y el mal trato con salarios injustos a todo obrero que aporte al etno-desarrollo de la nación, por cuanto se impulsará el “desarrollo” de las empresas comunales -donde el presidente al igual que los obreros debe tener su salario igual de igual trabajo- de acuerdo a la producción, sin que nadie pretenda ser un”“burgués” a espaldas y sacrificio de las grandes mayorías. Que mientras exista pobreza en la nación nadie podrá ser un “burgués” cuando las condiciones del más pobre no estén superadas; que para ello, será designado para la administración de esta entidad alguien de los mismos trabajadores activos.
3.1.3 Cooperación La cooperación se sustentará en función a la implementación del sistema de cooperación del ayni. 3.1.4 Deuda Externa Juicio de responsabilidades y cárcel a quienes se endeudaron, en nombre de la nación, de organismos internacionales y negación total de pago de la deuda externa por ser inmoral, autoritaria, con imposición, sin consulta alguna a las mayorías y por no haber beneficiado a nuestra nación en general. Resarcimiento económico por los organismos internacionales a nuestras naciones originarias, por el saqueo permanente de nuestros recursos naturales tangibles e intangibles, practicados a lo largo del proceso histórico.
3.2
“DESARROLLO” ECONÓMICO: 3.2.1 Política de empleos y tratamiento
Creación de empleos seguros. Con el Plan Pachakuti se creará un Cambio Total, se ejecutará el verdadero Cambio por un Estado Originario, se crearán
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Abrogación del D.S. 21060, Estatuto del Funcionario Público y sus Reglamentos, sustituyendo con la Ley General del Trabajo, modificando de acuerdo a la realidad nacional originaria. Promover programas que desarrollen e incorporen las capacidades innatas a todos los “discapacitados” e incluirlos a la actividad económica nacional, con dignidad humana. 3.2.2 Área productiva ETNO-DESARROLLO PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL SUSTENTABLE a) Agropecuaria biológica.- Apoyar y tecnificar a la agropecuaria biológica por medio de la revolución agraria técnica y científica de equilibrio cósmico. Establecer la Ley de patentamiento andino amazónico de los productos naturales agropecuarios, de semillas, desarrollo ideológico cultural, tangibles e intangibles, en beneficio de las naciones originarias. Asimismo, instaurar juicios de resarcimiento a nivel internacional a los responsables por apropiación indebida, de nuestros productos originarios con patentamientos que no son suyos.
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Creación del banco Agrícola y ganadero originario, que servirá como un instrumento que busque el empoderamiento económico de los quechuas, aymaras y otras nacionalidades del país. b) Agricultura biológica.- Nuestro país, tendrá un crecimiento sano cuando su alimentación sea sana, eso significa PROMOVER la agricultura biológica tanto parcelaria como industrial, donde se utilice una visión de convivir con la naturaleza; por consiguiente, la misma naturaleza dará más productos, sin destruir la tierra. Eso significa no cultivar con sistemas técnicos, químicos, industriales y económicos que sean modificados genéticamente, tanto a los animales como a las plantas, semillas, etc.
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Propuesta:
1.-
La recuperación total de la propiedad de los recursos naturales para el patrimonio nacional indígena.
2.-
Generar excedentes, recursos económicos para su exploración, explotación, industrialización y comercialización, para generar SUMA QAMANA - SUMAJ KAWSAY, para todos los habitantes de este territorio.
3.-
Creación del ministerio de recursos naturales para su planificación, estructuración pedagógica de manejo y control. Impulsar el “etnodesarrollo” económico sostenible en beneficio de las comunidades o pueblos indígenas, dueños de estos recursos.
4.-
Nueva legislación apropiada para la minería, hidrocarburos, forestal e hídrica. “Ley del RECURSO”, de acuerdo al pensamiento ecológico e histórico del indígena. Abrogación de las leyes y decretos supremos respectivos que contradicen a la nueva ley, donde se incorporen para las regiones productoras de recursos naturales el 11% de regalías y el saldo de 89% al etnodesarrollo nacional.
Fomentar una agricultura biológica significa cultivo natural y cosecha abundante. Impulsar el “Plan pachakuti Verde”, su objetivo final será cubrir de agua, reforestación y semillas todos los campos.
3.3
RECURSOS NATURALES: “RECUPERACIÓN TOTAL DE LA PROPIEDAD DE TODOS LOS RECURSOS NATURALES AL DOMINIO DEL ESTADO INDÍGENA ORIGINARIO”
Dentro de la gama de recursos naturales renovables y no renovables, este territorio ha sido dotado de: recursos minerales como el oro, la plata, el estaño, el litio, etc. Explotados sin ser industrializados en nuestro territorio; recursos hidrocarburíferos: petróleo y gas para energía, de demanda mundial y estratégica, que nos está siendo despojada por un grupo del q’araje boliviano; recursos forestales explotados sin ningún plan de repoblamiento forestal, explotados clandestinamente atentando a la biodiversidad regional; recursos hídricos que vienen a ser la segunda reserva mundial de agua dulce, después de Canadá; con leyes de privatización contrarias a la asignatura de la ONU para preservarla como elemento vital no comerciable ni negociable. Estos recursos naturales que constituyen riqueza que brota de las entrañas de nuestro territorio en inmensas cantidades, generan la materia prima básica para la industrialización; pero, paradójicamente con su explotación y su exportación, este territorio se vuelve cada día más pobre de riquezas naturales.
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Algunas consideraciones para la nueva ley: 5.-
La nueva ley de minería definirá los derechos de exploración, explotación, transporte y comercialización de los minerales como propiedad indígena, estatal, “privada”, mixta y cooperativa. En el mismo, revisar la concesiones mineras de San Cristóbal de Potosí, priorizar la incorporación al”“desarrollo” del departamento de Potosí. Y, finalmente, control estatal de la explotación de ulexita en el salar de Uyuni (litio), buscar financiamientos que no tengan ninguna relación con Chile, para su explotación, tratamiento, concentración e industrialización, que ayude en el potenciamiento económico nacional.
6.-
Reversión al Estado de todas las concesiones otorgadas a Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus allegados. 214
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7.-
Implementar una política de exploración de minerales en los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz.
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3.4
HIDROCARBUROS: “RECUPERACIÓN TOTAL DE LOS HIDROCARBUROS SIN INDEMNIZACIÓN”
RECURSOS FORESTALES Explotados mayormente por advenedizos, amasando grandes fortunas de manera que salen clandestinamente, violando convenios internacionales de la ONU, las disposiciones legales no son cumplidas por el Estado, existe corrupción en las esferas gubernamentales; sólo un cambio total de gobierno hará que se cumplan las leyes y convenios internacionales. Impulsar políticas de control y sanción a la contaminación minera y metalúrgica, especialmente con aquellas empresas que utilizan el mercurio en el tratamiento de los minerales, elemento que contamina los ríos, afluentes y comunidades vecinas. E instalar un programa de monitoreo de contaminación ambiental. Crear una nueva política de los parques nacionales, que preserve verdaderamente la biodiversidad vegetal y animal de nuestros bosques. Impulsar un banco nacional de Germoplasma, que preserve las especies vegetales únicas en el mundo. Coordinando con las universidades nacionales.
Promulgar la nueva Ley de Hidrocarburos que recupere la propiedad total de los hidrocarburos: El nuevo Congreso tiene la obligación de abrogar las leyes 1689, 1731-1864, derogar los decretos supremos 24419-24504-24806-26365(6) y elaborar la nueva Ley de Hidrocarburos, que contemple la reestructuración de YPFB (u otra organización) que le permita realizar toda la cadena productiva desde la explotación hasta la industrialización y comercialización; también, que pueda firmar acuerdos y convenios con financiadores acorde a la nueva Ley, respetando nuestra dignidad y poder de la nación indígena. De la producción y las reservas La producción de hidrocarburos antes de la capitalización de YPFB estuvo condicionada al mercado internacional; pero este monopolio de control, por la crisis mundial energética, ha sido roto, por esta razón, prima la recuperación total de los hidrocarburos para el patrimonio nacional indígena. La producción con YPFB estatal se encontraba en incremento continuo; pero, después de la capitalización desciende, veamos el siguiente cuadro:
RECURSOS HÍDRICOS Al igual que la ley de hidrocarburos, se precisa de una ley de recursos hídricos para tener como un elemento vital, no lucrativo ni comercial. En suma, reafirmar la titularidad y supremacía soberana del Estado sobre los recursos naturales, riquezas y empresas estratégicas del país, rechazando cualquier pretensión regional, municipal o universitaria, que afecte la propiedad originaria étnica sobre los mencionados recursos, por considerar la soberanía nacional indivisible, única, imprescriptible e inalienable de todos los recursos. Reversión al Estado Originario de todas riquezas o recursos estratégicos hidrocarburíferos, mineros, acuíferos, fluviales, latifundios, etc.; que se encuentren en manos de personas naturales o jurídicas extranjeras.
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Este descenso continúa hasta el 2004. No hay una información verdadera, se oculta la información, el precio se dispara en el mercado internacional. Se carga esta elevación al pueblo, que tiene que pagar a través de la indemnización. Las reservas del petróleo y gas, se observan en los siguientes cuadros:
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RESERVAS DE PETRÓLEO CONDENSADO (Millones de barriles)
La producción de hidrocarburos en el Departamento de Cochabamba, por ejemplo, es un gran secreto, la misma que no llega a la refinería de Cochabamba. Propuesta: En la política de hidrocarburos, proponemos una GEOPOLÍTICA COMUNITARIA CON EL GAS NATURAL hacia el exterior y otros continentes, a cambio de maquinarias petroquímicas y otros para la industrialización de nuestros Recursos Naturales, prohibiendo el saqueo y explotación ilegal.
RESERVAS DE GAS NATURAL (Trillones de 10.(12) de pies cúbicos)=Tpc
Regalías Con referencia a las regalías de hidrocarburos, bajo los principios ideológicos del Plan Pachakuti: Cambio Total, todos los departamentos recibirán las regalías en igual proporción, de un 25 a 30 por ciento y de acuerdo a la producción de hidrocarburos, conforme a los valores cósmicos ancestrales de reciprocidad e complementariedad.
Datos proporcionados por la CGB por el Ing. Hernán Peredo D. Válidos al 01/01/03
En suma, la nacionalización (en términos de reversión) de los hidrocarburos sin indemnización, así como la recuperación de los recursos naturales estratégicos, especialmente de agua y biodiversidad, entendida como el efectivo dominio y control estratégico del Estado Originario sobre el aprovechamiento, conservación e industrialización de esos recursos. En el caso de los hidrocarburos, la nacionalización o la recuperación (en términos de reversión), debe cumplir el propósito fundamental de concretar la explotación de las reservas por parte del nuevo Yacimientos Pretrolíferos Originarios (Y.P.O.), (no es lo mismo hacer parar un cadáver de organización parasitaria y corrupta que fue Y.P.F.B.).
A partir del año 2000, ¿a cuánto llega la producción diaria del petróleo y gas?, de la información de columnas periodísticas tenemos que se exporta a Brasil 30 millones de metros cúbicos por día; se incrementará a 70 millones de metros cúbicos día. A la Argentina, por acuerdo firmado (Mesa-Evo), se exportan 6 millones de metros cúbicos día, se ampliará a 30 millones metros cúbicos día; operación de Repsol y Transredes y un cuerpo pequeño burocrático designado por el gobierno neoliberal del q’araje boliviano de turno.
El Estado originario, declarará la nulidad de todos los contratos con las petroleras, por no haber sido perfeccionados por el parlamento mediante ley expresa y específica. No admitiremos migración alguna a la ley actual de hidrocarburos, por ser esta ley aprobada a la medida de los contratos e intereses de las petroleras.
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Ejercicio exclusivo y monopolio de la cadena de la actividad hidrocarburífera por parte del Estado Originario, así también sobre las empresas
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capitalizadas. El Estado Originario estatizará las empresas privadas que considere conveniente para los intereses de la Nación Indígena. La política: gas para los bolivianos es un fracaso total, deberían decir gas para el extranjero; por tanto, se plantea GAS PARA EL INDIO, con un proyecto de construir un gasoducto a nivel nacional o sembrar gas hasta el último rincón del país, para cosechar capital, en otras palabras. Preparar una POLÍTICA ENERGÉTICA para el futuro. La política de las petroleras que invierten en Bolivia trayendo capitales frescos no es cierta, las cifras en distintos estudios demuestran lo contrario; por tanto, proponemos la expulsión de las empresas extranjeras. La política de exportación del gas “crudo” a un precio razonable, es completamente falsa, el precio debe ser según el mercado internacional, ya que incluso nuestro gas tiene elementos biológico- orgánicos. Construir una planta de separación del gas en Tarija, otras de refinación en Cochabamba y Santa Cruz, finalmente plantas de industrialización en La Paz y Oruro. Según estudios, sólo cuesta alrededor de 500 millones de dólares de inversión, en un año de venta del gas industrializado se logra una utilidad de 580 millones de dólares; por tanto, en un año de utilidades cumplimos con la deuda. Industrialización del Metano
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3.6
COMERCIO INFORMAL:
El Estado apoyará, mientras se desarrolle el proceso de transformación nacional, a todos los comerciantes pequeños y medianos productores. Garantizará su estabilidad laboral, para luego, entrar al gran proceso industrial en beneficio de la nación.
3.7
ARTE:
Fomentar y apoyar a los artesanos en distintas ramas de la artesanía, mecanizando para su producción en cantidad y su exportación con valor agregado. Se debe fomentar políticas para apoyar al arte en todas sus expresiones. Crear una ley nacional de preservación de objetos, utensilios, símbolos que pertenecen a nuestra identidad nacional. Impulsar una ley específica del turismo étnico, como una base económica del país.
3.8
FÁBRICAS ESTATALES ORIGINARIAS:
Se crearán y se reconstituirán fábricas estatales que, a consecuencia del D. S. 21060, fueron cerradas y otras que se crearán con el etnodesarrollo de la Nación Comunitaria, estableciendo la Ley de Investigación, prohibiendo la acumulación de riquezas por unos cuantos de logias liberales masónicas.
La calidad de nuestro gas, permite aprovechar para producir agricultura biológica; al mismo tiempo, por el poco azufre que contiene el gas “boliviano” tiene un mercado garantizado, según las nuevas exigencias de la industria ecológica.
3.9
3.5
Fomentar la explotación minera reactivando la COMIBOL u otra organización, las cooperativas mineras y los mismos trabajadores activos administrarán dicha institución.
INDUSTRIA:
Desarrollar y fomentar la creación de la industria comunal, evitando el saqueo y explotación de nuestros recursos por pequeños grupos; por tanto, se aplicará una política proteccionista a nuestras industrias, desarrollando la administración autárquica y autosuficiente, incentivando la producción diversificada, las mismas que serán exportadas. Todos nuestros productos serán exportados con valor agregado. 219
MINERÍA:
Reactivar la minería desde una perspectiva anticolonial, eso significa volver a la seguridad orgánica, frente a la inseguridad del trabajo.
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3.10
ECONOMÍA DE LA COCA:
Considerando que la coca es un recurso natural ancestral, cultural, milenario, de desarrollo nacional socio económico, educativo, etc. El gobierno originario impulsará su industrialización con valor agregado, en beneficio de los estantes y habitantes de la nación. Por cuanto, se implantarán industrias comunales en los sectores productivos y la apertura de mercados internacionales. Al mismo tiempo, serán encarcelados aquellos que satanizan nuestra hoja de coca como los narcotraficantes y politiqueros nacionales e internacionales. Ley drástica a quienes prostituyan y mal utilicen la hoja de coca.
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4.
PACHAKUTI DEL QAMA-QOTUCHAY (ORGANIZACIÓN):
4.1
POLÍTICO ORGANIZATIVO: “IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMA Y MODELO ORGANIZATIVO DE LA LÓGICA DEL AYLLU”
4.2
ASAMBLEA CONSTITUYENTE: “ASAMBLEA RECONSTITUYENTE SOBERANA INDÍGENA ORIGINARIA”
Preservar el cultivo de la sagrada hoja de coca de acuerdo a los usos y costumbres culturales. Abrogar la ley 1.008, por ser inconstitucional y por atentar a los cultivadores de coca.
Como conducto institucional con poder originario para determinar de manera integral la transformación del Estado, impulsando el verdadero poder de las mayorías y no derivada ni regulada por las trampas de los detentadores del Poder. Por tanto, se establecerá el Poder Reconstituyente Originario.
Promulgar la ley de DE LA COCA MAMA, donde se preserve lo cultural y elabore la forma de comercialización, la industrialización y el cultivo biológico de la hoja de coca.
4.3
Promover la comercialización libre de la hoja de coca en todo el territorio nacional, directamente desde el productor al consumidor. Crear el Centro Nacional de Investigaciones de la Coca Mama y otros productos nacionales, para viabilizar el desarrollo étnico productivo. Plantear a la ONU, la despenalización de la hoja de coca, bajo un estudio desde los productores, desde la visión cultural y un control multisectorial entre Estados.
3.11
TEMA FISCAL:
Se acortará el gasto interno, principalmente el gasto corriente del Estado y todas sus dependencias de manera efectiva bajo una ley expresa. Eso significa, rebajar los sueldos de los funcionarios de los poderes del Estado. Crear un impuesto específico a todos los credos religiosos. 221
TIERRA Y TERRITORIO: “INDEPENDENCIA ORIGINARIA”
TERRITORIAL
INDÍGENA
A 500 años de la usurpación territorial y poder político de los originarios, por parte de los colonialistas, el Movimiento Indígena Pachakuti M.I.P., mantiene la reivindicación por Tierra, Territorio y Poder Político Originario, de acuerdo a la organización de nuestras naciones originarias, rescatando que la tierra es de quien la produce y no la comercialice. Entrar a la redistribución de la tierra y territorio con las normas originarias de uso de los recursos hídricos, gasíferos, petrolíferos, mineralógicos, forestales, flora, fauna y genéticos, impulsando el etnodesarrollo agropecuario, diversificado con equilibrio cósmico, protegiendo todos los recursos renovables y no renovables. Constituyendo el Ministerio de Tierra y Territorio, administrado por autoridades originarias según sus usos y costumbres. Bajo una nueva ley del territorio se eliminará la ley I.N.R.A. (que malversó millones de dólares, con pretexto de saneamiento de tierras, entregando
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a grandes capitalistas más de 500 mil Has. por persona; por tanto, se creará la Ley de Confiscación de Bienes y Tierras a todos quienes han usurpado abusando el poder político).
La delincuencia juvenil. El gobierno vigilará, bajo una ley expresa, a los medios impresos, radio y televisión que promuevan el sexo, la pornografía, los juegos electrónicos y otras que dañen la moral de las personas. Promoverá una ley contra el acoso sexual, tráfico de niños, prostitución infantil y consumo de drogas.
Se reordenará el territorio de acuerdo al derecho consuetudinario. Nuevo reordenamiento territorial geopolítico del país, mediante la nueva organización indígena, con el objetivo de consolidar el posicionamiento geopolítico del Estado y preservar la unidad nacional. Las personas extranjeras no podrán poseer ni ser propietarios de ningún tipo de propiedad agraria.
4.4
FUERZAS ARMADAS:
Impulsar una ley donde se efectivice toda la cooperación económica para la asistencia y orientación de los niños y adolescentes. Para los jóvenes descarriados, crear centros de reeducación productiva, que tenga una política de reinserción social. Implantar normas penales que castiguen los delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, con las sanciones más severas hasta la pena de muerte. Dicha pena será similar para el o la cónyuge, si se comprueba complicidad o encubrimiento en los mencionados delitos.
Reestructuración, reubicación y fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas para dignificar y proteger las fronteras de nuestra nación, de la misma forma resguardar y proteger del contrabando ilegal.
5.
PROPUESTAS POR EJECUTAR INMEDIATAMENTE:
4.5
5.1
Disponer la ejecución del proyecto de exploración, explotación de los hidrocarburos en el norte del Departamento de La Paz y en otros Departamentos. Disolviendo las Superintendencias, estableciendo la industrialización de todos los hidrocarburos con valor agregado.
5.2
Llevar a cabo, como emergencia, el proyecto de EtnoDesarrollo Productivo Agroindustrial Sustentable, para el consumo de agua potable, ganadería, riego y micro riego para cultivos agrícolas: ejecutar perforación de pozos hidrantes de aguas subterráneas -esto evitará desastres naturales de sequías-, a través de los municipios del país tanto la construcción de atajados o diques como canales de riego.
Establecer políticas de transformación de la justicia liberal, con el modelo de las naciones originarias, bajo los preceptos consuetudinarios: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Qhilla y respeto a los Derechos Humanos.
5.3
Se ejecutarán proyectos de producción energética, hidroeléctrica y fotovoltaica para energizar el norte paceño, valles interandinos, Yungas y para los Centros de Etno-Desarrollo productivo Agroindustrial.
Equidad entre varones y mujeres, se fomentará el acceso equitativo a la escuela y a la formación profesional, bajo una ley expresa se sancionará drásticamente la violencia social, política y económica hacia las mujeres.
5.4
Establecer la Ley de Protección Comunal y su aprovechamiento de Recursos Naturales Hídricos, Fauna, etc. y la REVERSIÓN AL
POLICÍA:
Reestructuración total y formación humanista, con identidad cultural, para resguardar y dar seguridad ciudadana a nuestros conciudadanos, sin que ellos se conviertan en enemigos de sus habitantes y menos tengan la filosofía de resguardar las fronteras económicas de las oligarquías. Por tanto, fortalecer la cultura e idiosincrasia de las naciones originarias y a los postulantes de esta institución.
4.6
JUSTICIA:
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ESTADO ORIGINARIO de todos los hidrocarburos. (Por lo menos en cumplimiento del Art. 8 inc .a, Art. 31 y por incumplimiento al Art. 59 numeral 5,7 de la Constitución Política del Estado). Instaurar juicios de responsabilidades contra ex Presidentes de los anteriores gobiernos, parlamentarios y contra empresas petroleras transnacionales por explotación ilegal, saqueo, estafa y apropiación ilegal de los Bienes del Estado, sin indemnizaciones o en su caso la Nacionalización. 5.5
REVERSIÓN AL ESTADO O NACIONALIZACIÓN. De todas las empresas estatales que fueron privatizadas y capitalizadas.
5.6
JUICIO Y CÁRCEL a los ex gobernantes, ex parlamentarios, militares y otros responsables, que permitieron el desastre nacional y genocidio. Tanto a los jueces como a los magistrados que violaron las Leyes de la Constitución Política del Estado, así como las Leyes de las Naciones Originarias. También a los autores intelectuales que aprobaron la nueva Ley de Hidrocarburos a sabiendas de la ilegalidad de los Contratos de Riesgo Compartido con las transnacionales petroleras, toda vez que el Tribunal Constitucional el 7 de abril 2005 dictaminó el fallo conforme al Art. 31 de la C.P.E. que todos los contratos de riesgo compartido son nulos de hecho. Y el Poder Legislativo, el 17 de mayo, a sabiendas de este fallo, aprobaron la nueva Ley favoreciendo a las transnacionales.
5.7
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FORTUNAS. Se establecerán normas contra el enriquecimiento ilícito de fortunas y acumulación de riquezas.
5.8
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL O ABROGACIÓN. Ante las injusticias, violación a las Leyes y a la propia Constitución Boliviana, se dispondrá primero modificación al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, luego la Constitución en la Gran Asamblea del Poder Reconstituyente Originario.
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PARTE II POSICIONAMIENTO IDEOLÓGICO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA PACHAKUTI M.I.P. INTRODUCCIÓN El 12 de octubre de 1942, pisaron por vez primera nuestra tierra un puñado de ladrones, analfabetos y chancheros españoles sacados de las cárceles. Éstos invadieron nuestro continente del ABYA YALA (América), desde Alaska hasta Tierra de Fuego. A partir de esa funesta fecha, todas las nacionalidades originarias son conocidas por el mundo como los Indios de América. Para sus filósofos, éramos “animales”, una media entre hombre y bestia, la incredulidad les llevó a debatir si el indio era hijo de Dios o era un animal sin alma. El 16 de noviembre de 1532, el k’ara español no pudo entender por qué el Inca Atahuallpa les recibió con regalos en Cajamarka. Sólo pensó en apropiarse del oro y la plata, que según ellos, era la más alta expresión de la riqueza. En su pensamiento, no cabía la idea de considerar riqueza la producción de la tierra, del trabajo productivo. A lo largo de 500 años, el k’ara fiel a su pensamiento europeo, ha denigrado el vocablo Indio, para justificar el más grande genocidio que se haya cometido en la historia de la humanidad. En los trabajos forzados, en la mita del Cerro Rico de Potosí, en la encomienda, el obraje y el repartimiento, donde murieron millones de Indios. Desde entonces, el k’ara no ha cambiado sus supuestos intelectuales, aún afirma que “si alguna utilidad se puede sacar del indio es hacerles servir de bestias, económica y pasivamente” (ARGUEDAS).
CARACTERIZACIÓN DEL CAPITALISMO La sobre acumulación de riquezas y de capital como producto del saqueo y el robo del continente del Abya Yala son el origen de la plusvalía del sistema capitalista. Su característica “acumuladora” fundamental se basa en el egoísmo y el individualismo; siendo su esencia colonialista usurpadora, explotadora y expropiadora de riquezas.
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“Occidente, ahora, en su modernidad, habla de libertad, igualdad y fraternidad, pero en función de la propiedad privada y por tanto defendiendo los intereses de la burguesía de los países desarrollados”.
Tampoco nos identificamos con la Ideología de Izquierda, Marxista, Trotskista, Leninista, del POR, PCB, PS, FRI, quienes pregonan la lucha de clases desde un enfoque meramente económico. Para ellos, no existen las naciones originarias, sólo existimos como obreros y campesinos. Nos identificamos con el Ayllu; por tanto, no creemos en la Democracia Representativa del neoliberalismo actual ni en el Centralismo Democrático o Democracia Participativa del socialismo marxista.
“El neoliberalismo mantiene las bases sustanciales del liberalismo y en países como Bolivia regenera el colonialismo y el racismo. El racismo del neoliberalismo es claro cuando plantea que los hombres no son iguales, y si se quiere llegar a tal igualdad, sólo se lo puede hacer a través del mercado, la ley y la política. Sin embargo, pocas posibilidades existen para los pueblos indígenas de entrar al mercado, a no ser con la condición de perder sus formas comunales de vida e incentivar el espíritu egoísta”1.
NUESTROS OBJETIVOS •
Queremos la autodeterminación política para reconstruir el Qollasuyu.
QUIÉNES SOMOS Llegar a nuestro objetivo mayor significa iniciar el Pachakuti para: “El Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) es un movimiento místico, político, militar, cultural y responde a una alta concepción del pensamiento de las naciones originarias e indígenas en su lucha por su libre determinación; por tanto, expresa esa continuidad histórica de nunca claudicar, resistir hasta triunfar, frente a nuestros opresores coloniales del pasado como del presente” 2. No somos un partido, ni un frente, ni una alianza, somos un Movimiento y como tal somos parte del gran movimiento indígena del Tawantinsuyu. Aglutinamos en nuestro seno a aymaras, quechuas guaraníes, matacos, ayoreos y demás naciones indígenas que habitan el territorio del Qollasuyu. Nuestra gran diferencia entre naciones: habitar en diferentes pisos ecológicos territoriales; nuestra semejanza primordial: ser hijos de la PACHA Tawantinsuyana.
• • • •
Reafirmar y volver a la filosofía del PACHA en términos ideológicos y espirituales. Restaurar la sabiduría y la ciencia del Tawantinsuyu. Recuperar la lógica del Ayni en términos económicos. Reconstituir la lógica del Ayllu en términos organizacionales.
NUESTROS PRINCIPIOS Como base fundamental de nuestro Taypi Qhala, Chaupi Rumi 3 retomamos el símbolo de la Achacana4 y el código del kantataita con los cuatro fundamentos y los cuatro caminos de la existencia del ser Jaq’e, Runa indígena.
El Movimiento Indígena Pachakuti, no pertenece al centro ni a la derecha reformista ni a la izquierda populista. No pertenecemos a la ideología de la Derecha, Neoliberal, Capitalista, cuyo principio social es el individualismo y en Bolivia está representada por partidos políticos como MNR, MIR, ADN, UCS, NFR, FSB y otros, quienes son opresores de todos los quechuas, aymaras, guaraníes y otras nacionalidades, por esta naturaleza son el enemigo fundamental del Qollasuyu Tawantinsuyu. 1 2
3 4
Investigación de amauta indígena. Germán Choque M.
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Piedra fundamental, fundamento filosófico. Representación gráfica de la Constelación de la Cruz del sur o el Crucero.
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TUPAC KATARISMO. Es la corriente histórica y contestaria que sigue las huellas del lider Tupac Katari. Es la lucha revolucionaria anticolonialista y la continuación de la lucha indianista de nuestros abuelos. PACHAKUTISMO. Es el instrumento político que permite la reconstitución del Tawantinsuyu y el Qollasuyu. Es una acción de lucha transformadora5. Es el resultado de la acción política del indianismo. En términos culturales y religiosos, el Movimiento Indígena Pachakuti nuevamente retoma los símbolos fundamentales del taypi qhala o del chaupi rumi fundamental del chaupi yuyal andino. Si ponemos la cruz cuadrada ACHAKANA a nuestro frente, la parte de arriba está ligada al 21 de junio, que marca el inicio del año nuevo, al mismo tiempo, este espacio está identificado con el espacio de la espiritualidad –no debemos olvidar que hacemos esta división para explicar gráficamente el proceso de formación humana y de aprehensión de la realidad, pues este proceso es integrado y único- en aymará AJAYU en quechua NUNA; es el camino del fortalecimiento del alma, es el camino del engrandecimiento del Sonq’o que nos permite mirar y aprehender la realidad con nuestra totalidad y no sólo con la razón.
PACHA. Es el fundamento filosófico que denota a la totalidad del tiempo, el espacio, la vida, el comportamiento y el cosmos en armonía y equilibrio. Donde el Runa o Jak’e es uno con la naturaleza y el cosmos. Es conciencia del cosmos. INDIANISMO. Es el principio ideológico político. Es una doctrina que pelea contra toda forma de colonialismo y dominación. Si con el nombre de indio nos explotaron los k’aras, con el mismo nombre nos liberaremos y destruiremos al k’ara. Es la tendencia más radical del continente del ABYA YALA; de profunda convicción en una lucha sin tregua contra todo tipo de coloniaje y de firme propósito por la Liberación del indio. Su base de sustentación teórica, es eminentemente histórica, cuya cúspide fue el gran Tawantisuyu en lo político, ideológico, filosófico, cultural y religioso.
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En la parte opuesta (solsticio de verano) está identificado con el THAQUI (Camino) (en quechua ÑAN) de la comprensión de la economía y la producción, este espacio recibe el nombre de LURA (aymará) y RUAY (quechua), en castellano “Hacer”, tiempo del fortalecimiento de las capacidades y aptitudes manuales y constructivas. Al oeste de la cruz está ubicado el espacio del YATI o el YACHAY saber o conocimiento, en aymará y quechua respectivamente, es el camino de la comprensión y aprehensión del cosmos haciendo práctica del “cosmocimiento”. Por último, al este se ubica el espacio del camino de la Organización, del descanso y la planificación, es el espacio de la abundancia, de la distribución. Es la época donde el hombre humano, después de haber realizado su proceso productivo se sienta a contemplar sus hechos para reordenar el orden de sus acciones y recomenzar el nuevo ciclo que se inicia con el AJAYU. 5
El significado etimológico de la palabra Pachakuti. Viene de Pacha = Tiempo, Espacio, conducta, cosmos; Kuti = Vuelco
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La filosofía del M.I.P. está compuesta por cuatro fundamentos, que en términos andinos llamamos caminos. Estos cuatro caminos del quehacer político están presentes en cada acción y en todo momento. La naturaleza de nuestro pensar es integral; es decir, cuando pensamos en un camino, siempre estamos pensando en los otros tres. A este tipo de pensamiento llamamos holístico. Por ejemplo, cuando pensamos en la ideología, en términos de práctica política, en la identidad, estamos haciendo referencia al camino del conocimiento, al camino del hacer productivo y al camino de la organización política. Por lo tanto, los cuatro caminos (thakhis) son interdependientes.
por eso, es importante que nosotros trabajemos con el lura o el ruay ligados a la tierra.
En su trabajo político el MIP tiene como objetivo Reafirmar y volver a la filosofía del PACHA en términos ideológicos y espirituales. Esto implica la reconstrucción y la reafirmación de la totalidad del pacha. Hablar de tiempo - espacio en el mundo andino, es hablar de PACHA y hablar de Pacha es referirse a la totalidad del cosmos. La mayoría de los investigadores definen a este concepto como Espacio - Tiempo olvidándose de sus acepciones de “Tierra, universo, suelo, lugar, tierra, luz, sol, tiempo, historia, momento señalado, acontecimiento, número, un todo íntegro, dos en uno, etc. (Medina 2000:448). Pacha viene de pä ch’áma = dos fuerzas o energías (paya = dos; ch’áma = fuerza, energía) (Untoja 1991:2:). El primer paso a realizarse es el de reconstituir la identidad dormida de todos los hermanos indígenas del Qollasuyu. Esto no es otra cosa que volver a darle contenido cultural a nuestro ajayu, a nuestro samay. Es volver a encontrarnos con la energía del cosmos y con las energías de los abuelos y abuelas de nuestro continente.
Por último, para completar el ciclo, todo esto debemos organizarlo con el Q’ama o qotuchay que nos permite articular los cuatro niveles. En términos de objetivos no es más que: •
Reafirmar y volver a la filosofía del PACHA en términos ideológicos y espirituales.
•
Restaurar la sabiduría y la ciencia del Tawantinsuyu.
•
Recuperar la lógica del Ayni en términos económicos.
•
Reconstituir la lógica del Ayllu en términos organizacionales.
Y todo esto hace lo que es la cultura. Así como recuperamos el símbolo de la Achakana, recuperamos también la Wiphala con todo su valor Calendárico, su valor armónico y su valor matemático. El sistema neoliberal capitalista tiene como fundamento económico la lógica del libre mercado que con la oferta y la demanda define el plus valor y los niveles de ganancia en la circulación de las mercancías. Por otro lado, se desarrolla bajo la contradicción del capital privado nacional y la fuerza de trabajo asalariado. El libre mercado, ahora y siempre, potencia a los países desarrollados que cuentan con una alta tecnología que les permite producir las mercancías con bajos costos de producción.
Para realizar este trabajo necesitamos poner en funcionamiento un proceso de formación y educación. Para lograr programar todo un proceso educativo, necesariamente tenemos que recuperar los conocimientos del yati o el yachay nuestro. Esto supone que con la identidad recuperada podamos dialogar con la pacha o con el cosmos o la naturaleza.
La estructura del capital transnacional, por otro lado, no va a generar puestos de trabajo para el ayllu y la marka, obrero campesino nacional originario, ellos vienen con todos sus equipos, insumos y personal, generando así sólo más dependencia y acumulación en sus países de origen. El desempleo masivo, ha generado, producto de la necesidad de trabajo, la proliferación del sub-empleo y la informalidad en todos los sectores.
Educarnos para recuperar nuestra identidad o a la inversa requiere harto trabajo de búsqueda, de producción de conocimientos y recuperación de saberes;
En esta circunstancia Nosotros no podemos... competir con la alta tecnología de punta que tienen las transnacionales. Por eso, entrar en el juego
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del libre mercado supone para nosotros una dependencia permanente. La única manera de plantear una nueva propuesta económica que rompa la hegemonía del imperialismo es instaurar la recuperación de la economía del Ayllu. Esta economía tiene como base la producción colectiva. Esta forma de producción puede permitirnos apoyarnos mutuamente para lograr niveles altos de producción que estén destinados al consumo interno. Velar por la seguridad alimentaria de nuestra población originaria es potenciarla en términos de calidad de vida y significa romper los lazos de dependencia del mercado externo, consumir nuestros productos es dejar de ser consumidores de los productos de las transnacionales.
PARTE III
La economía del ayllu tiene como fundamento el Ayni, que es un sistema complejo de relaciones de convivencia en el Pacha. Las ideas madre, que denota este concepto económico andino es el de compartir, regalar, prestar, complementar y servir. Este circuito de servicios y prestaciones no requieren la presencia del señor dinero, además no implica la idea de acumulación. Por ejemplo, una de las formas del ayni es la mink’a que es una relación de servicio de trabajo por producto; en cambio la Chhala o la turqa es un servicio de producto por producto que elimina la distribución desigual. Otra forma de servicio importante de recuperar es el choqo, como el apoyo voluntario y obligatorio de la comunidad a los desvalidos. Por otro lado, debemos darle su verdadero sentido a la Mit’a, como el servicio comunitario. Debemos romper con las transnacionales, pues la lógica del consumo ligado a la lógica del mercado perpetúa la dependencia económica, además evita el desarrollo tecnológico y productivo. HERMANOS ORIGINARIOS APOYEMOS POR EL CAMBIO DE LO CONTRARIO NO SOBRARÁ NADA PARA NUESTROS HIJOS Y NIETOS QUIENES ESTARÁN EN LA MISERIA Y ESCLAVITUD CON LAS LEYES Y DECRETOS DEL Q’ARAJE BOLIVIANO. PODER O MUERTE JALLALLA MOVIMIENTO INDÍGENA PACHAKUTI
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PROGRAMA DE GOBIERNO RESUMEN DE TEMAS CENTRALES I.
POLÍTICAS SOBRE TIERRA Y TERRITORIO
En 500 años el estado colonial y republicano jamás ha podido garantizar la propiedad de la tierras comunarias. Al contrario, este asunto siempre estuvo expuesto al pillaje y expropiación gamonal, por lo que ninguna ley puede garantizar la seguridad jurídica. Mediante la sustitución de una nueva ley agraria, que no sea una política de usurpación, de expropiación, mercantilización y apropiación colonial como la actual ley vigente, de la que no se puede esperar ninguna seguridad jurídica, el MIP propone: 1.
Abrogar la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria más conocida como LEY INRA por ser una ley tramposa, mercantilista, burocrática y Melgaregista. Suprimir el Instituto Nacional de Reforma Agraria por ser una instancia de corrupción que ha permitido el loteamiento del territorio nacional por parte de los altos funcionarios de los gobiernos de turno y sustituir con la LEY INDIO ( Instituto Nacional de Desarrollo Indígena Originario).
2.
Implantar una política de redistribución justa de tierras para los Ayllus, comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, a partir de la reversión y expropiación de tierras ociosas que no cumplen la función económica social, que se encuentran en manos de los terratenientes principalmente extranjeros.
3.
Crear el MINISTERIO DE TIERRA Y TERRITORIO. Que se encargue de revertir la política de distribución territorial, que reconozca nuestros derechos preexistentes de ejercer dominio pleno y absoluto sobre el suelo, sub-suelo y sobre suelo, los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en los territorios indígenas.
4.
Reversión y expropiación de grandes latifundios concentrados en el oriente boliviano, ya que es una de las principales causas del conflicto 234
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por la tierra, es la distribución asimétrica de la tierra y el procedimiento tortuoso en la titulación de tierras. 5.
6.
7.
Promover políticas de ejecución de programas de asentamientos humanos, porque existen tierras fiscales disponibles, por lo que el MIP hará cumplir y ejecutar el decreto supremo que determina la dotación de 3 millones de hectáreas. Hacer cumplir la ley fundamental que determina que ninguna persona extranjera puede poseer tierras dentro de los 50 kilómetros dentro de las fronteras, porque existen emigrantes extranjeros siempre bajo la tuición del Estado y el aparato represor de éste, siempre encuentran una manera de garantizar la propiedad de sus grandes extensiones de tierras en el pasado como en el presente. En el marco de la nueva política de tierras y territorio (LEY INDIO), suprimir todas las instancias burocráticas empezando por el brazo técnico que es el INRA, la Superintendencia porque se beneficia con el negociado de tierras sin control alguno.
La Superintendencia Forestal por que permite el saqueo de los recursos naturales como la madera, en beneficio de las empresas y genera conflictos con las comunidades indígenas. El Tribunal Agrario, porque al dirimir conflictos sobre la propiedad rural principalmente, desconocen la normativa de usos y costumbres de los pueblos indígenas.
II.
POLÍTICA DE HIDROCARBUROS
1.
Nacionalizar los Recursos Hidrocarburíferos sin indemnización alguna, nacionalización que será impulsada por el nuevo gobierno revolucionario mediante un decreto supremo, puesto que obedece a un mandato político del pueblo movilizado y porque existen argumentos legales como: La Constitución Política del Estado en dos de sus artículos más importantes indica:
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Art. 139.- “Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentra o en la forma en que se presenten son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos”. Art.- 59.- “Son atribuciones del Poder Legislativo: 7ma. Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público”. Bajo los argumentos legales mencionados, nuestro país no sólo ha sufrido un atropello legal, sino que las empresas transnacionales han incumplido los términos de referencia firmados, no han efectuado las inversiones comprometidas, esto sumado a lo anterior automáticamente anula cualquier contrato firmado entre partes. Lo anterior nos muestra que existen suficientes motivos para nacionalizar (revertir las acciones vendidas a las transnacionales) todos los pozos petroleros dados en explotación a las empresas extranjeras. 2. Industrialización de los Hidrocarburos a partir del cambio de la matriz energética, basada en uso de gas natural en industrias y servicio, las cuales contribuyen a evitar el efecto invernadero. Benefician económicamente con aportes liberados de intereses. El proyecto de industrialización de gas natural, estima una inversión total de $us. 2.400 millones, que corresponde a la inversión de la planta de conversión de gas natural a líquidos estables, incluye costos de ingeniería, provisión y construcción. Las inversiones en ductos corresponden a tramos paralelos y ampliación de ductos existentes. Existen informes de que serían financiados mediante el costo de explotación del gas natural en boca de pozo a $us. 0,385 el millar de pies cúbicos o de $us. 1,078 por millar de BTU (Britich Termal Unidad), como valor necesario para la cobertura de la inversión al supuesto caso de un financiamiento a 20 años plazo bajo garantía de la exportación de los recursos gasíferos. 3. Priorizar la explotación e industrialización de estos recursos con el objetivo de maximizar el beneficio social. Creación de puestos de trabajo, nuevas industrias y exportación de otros recursos más el valor agregado industrial.
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4. Construcción de un Gasoducto de alto nivel desde los campos de producción de GAS hacia todos los departamentos, para garantizar el abastecimiento de los productos. Esta construcción será realizada por la nueva estructura que tenga YPFB, la cual ampliará y, paralelamente a los existentes, construirá nuevos ductos, los cuales cubrirán el consumo interno y existirá excedente para la exportación.
las naciones indígenas, usurpado por la oligarquía boliviana que se ha especializado en el saqueo de nuestros recursos naturales.
El control de nuestras fronteras será primordial y deberán ser las Fuerzas Armadas quienes controlen nuestras fronteras para evitar el contrabando, además que es la función elemental que deben cumplir. Con esta política de abastecimiento interno, no tendrá que haber problemas para el abastecimiento al sector productivo, el cual será beneficiado con la baja de los precios.
III.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Consideramos la Asamblea Constituyente como una alternativa política y democrática, pero no como solución definitiva al problema estructural del país.
2. Proponemos realizar la elección de los asambleístas por Provincias y por las Organizaciones Sociales, para priorizar la participación de la población mayoritaria que son los trabajadores de diferentes sectores y las naciones indígenas Aymaras, Quechuas, Guaraníes y garantizaremos la participación de la minoría blanca. 3. Crear un Comité Directivo, encargado de la organización y planificación de la Asamblea Constituyente, conformada por representantes de las organizaciones sociales vivas, quienes elaborarán un proyecto político para transformar y descolonizar el Estado Boliviano y no permitir, por ningún motivo, que los representantes de las transnacionales, partidos políticos tradicionales, tanto de la derecha como de la izquierda, la iglesia católica, ONGs, no manipulen la voluntad y el espíritu revolucionario del pueblo movilizado. 4. Propuesta para la Agenda Básica a debatirse en la Asamblea Constituyente. A). NOMBRE DEL NUEVO ESTADO (RECONSTITUCIÓN DEL QOLLASUYU).
La Asamblea Constituyente puede viabilizar las transformaciones políticas y no así en el campo económico social. Es más un instrumento de legitimación del poder liberal, y construcción de ilusiones colectivas. Para lo cual, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) adopta parámetros para garantizar el espíritu del cambio hacia un nuevo orden ( Pachakuti), que es un mandato emanado de los grandes levantamientos de las Naciones Indígenas del Qullasuyu de 2000 a 2005.
B). ESTRUCTURA DE LOS PODERES DEL ESTADO. C). TIERRA Y TERRITORIO. D). RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES. E). POLÍTICA ECONÓMICA. F). SEGURIDAD SOCIAL.
Por tanto, la Asamblea Constituyente, para transformar la estructura sociopolítica de los actuales gobernantes -que siempre han detentado el poder político y que ahora de gobernantes deben pasar a ser los gobernados- debe ajustarse a la siguiente propuesta: 1. Plantear la participación de un 90 % de representantes de las naciones indígenas del Qollasuyu, en la Asamblea Constituyente, para transformar la estructura sociopolítica del Estado Boliviano, para retomar el poder político de
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G). DERECHO Y JUSTICIA INDÍGENA. H). SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA.
IV.
POLÍTICA ECONÓMICA
1. Proponemos cambiar la matriz de desarrollo, la cual, hasta ahora, es solamente de exportadores de materias primas, por un patrón de desarrollo 238
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productivo comunitario, eficiente, orientado a la exportación de productos con valor agregado.
Asimismo, crear industrias comunales en los sectores productivos y la apertura de los mercados nacional e internacional.
2. Creación de un banco de fomento económico - técnico, para apoyar la modernización de la industria manufacturera, principalmente en el área rural. ¿Cómo? Si aumentamos en los próximos 2-3 años en un 1% lo que significa en moneda aproximadamente 500 millones de dólares, los cuales usamos para desarrollar el campo, esto incentivará a que los campesinos no abandonen sus tierras y los que se encuentran en la ciudad retornen al campo por las mejores condiciones que tendrán. Este hecho significará la reducción del desempleo, si pensamos en reducir a partir de 3 años en 5% habremos solucionado el problema más álgido del país.
POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL
3. Para paliar la pobreza, proponemos negociar con los organismos de Cooperación Internacional y de gobiernos acreedores, para que nos concedan entre 6 y 10 años de gracia, sin pagar intereses. Usar los recursos que no se pagarían para industrializar el gas y crear el banco de fomento económico. 4. Proponemos cambiar la naturaleza y las condiciones actuales en la que se encuentra nuestro país, lo que implica incrementar su productividad en cada sector y de todos los actores de la economía, incorporando sistemáticamente procesos tecnológicos modernos, ampliando la base de la población para que tenga acceso a la información y el conocimiento. 5. Impulsar, promover y facilitar el desarrollo empresarial, en particular el de la pequeña, mediana empresa y la producción agrícola. 6. Apoyar y tecnificar una política agropecuaria – biológica, por medio de la revolución agraria técnico científica, manteniendo el equilibrio natural. 7. Impulsar un cambio en la mentalidad de nuestros exportadores, para empezar a exportar productos con valor agregado y no sólo materias primas; la balanza comercial con el MERCOSUR y con la CAN debe revertirse a nuestro favor; en el plano interno, con la misma lógica, debemos por lo menos alcanzar el objetivo de satisfacer el mercado en un 80% con productos nacionales. 8. Impulsar la industrialización de la hoja de coca con valor agregado en beneficio de las regiones productoras, principalmente de las zonas tradicionales.
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1. Fundación del INSTITUTO ANDINO AMAZÓNICO de la producción AGROPECUARIA, con la finalidad de crear una red de asistencia regional que estudiará la incorporación, al sector agropecuario, de tecnologías mecánicas, industrialización artesanal, genéticas animales y vegetales. Crear estructuras de manejo comercial (internas y externas) hacia el mundo, así como el estudio y redacción de una LEY DE REGISTROS que nos permita registrar nuestros productos originarios exclusivos, patentando sus características específicas y principios activos, y reivindicando la propiedad, en algunos casos ya nos han sido robados por injustas normas del AMC (asociación mundial para el comercio) y leyes imperiales del modelo neoliberal impuesto. Asimismo, debe ser reconocido el patrimonio cultural y científico de los pueblos indígenas a través de una LEY DE DERECHOS INTELECTUALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
V.
POLÍTICA SOCIAL
EDUCACIÓN La educación es lo más importante en un país, de ella depende todo el desarrollo y el bienestar de una nación. Realmente, la fisonomía de un país es consecuencia de su nivel educativo. Sólo un pueblo educado ofrece altos índices de desarrollo humano. En este país se ha pensado que educación es sinónimo de Reforma Educativa y de educación intercultural bilingüe. No hay nada más falso que el postulado señalado, porque la educación es todo, absolutamente todo. 1. Planteamos una educación que pueda distinguir claramente los mecanismos colonizantes para aprender a liberarnos, se debe producir para alimentarnos y participar en toda la cadena productiva. Sólo así, la educación trascenderá el mero marco pedagógico tradicional para mejorar las condiciones económicas, socio-políticas de nuestra nación.
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2. Revalorizar nuestra cultura en general, y no sólo como plantea la Reforma Educativa, aprender idiomas nativos, saber organizarnos comunalmente en sociedad para poder administrar honestamente nuestras instituciones y poder colaborarnos todos, solidariamente, para salir adelante.
educación; pues, hay que cumplir en los hechos que la educación es la más alta función del Estado, no es cuestión de decir eso y asignar a la educación un exiguo presupuesto. La Reforma Educativa ha despilfarrado el dinero destinado a la educación de la manera más vergonzosa. Por eso, el MIP plantea una economía de guerra y sugiere eliminar todos los gastos superfluos, el pago a la burocracia y las direcciones de Educación Intercultural Bilingüe, la Dirección de Educación Técnica Tecnológica, la Dirección de Educación Alternativa y sólo se admitirán tres Direcciones: la Escolar, la Especial y la Superior. Pues así se unifica la política en toda la nación para cada una de ellas, y se diversifica según la edad y el grado de desarrollo educativo.
3. El MIP, siguiendo la nueva misión educativa, plantea el Jardín de Infantes desde los 0 hasta los 6 años. Así la educación inicial empezaría en el vientre de la madre, esto es que desde el embarazo, la madre va a la escuela a recibir la alimentación adecuada, a colaborar con las actividades escolares y las enseñanzas para el cuidado del futuro ciudadano. Sección Pre-vocacional de 6 a 10 años, donde se brinda a los educandos tierras de cultivo, talleres de fabricación de juguetes, enseñanza de idioma nativos, español y uno extranjero. Se preparan pequeñas investigaciones sobre temas de la realidad nacional como la Coca, el gas, el petróleo, etc. De tal manera que ya se pueden preparar tesinas. Se realizan intercambios escolares. La sección Vocacional de 10 a 13 años. Todas las actividades deben desarrollarse con creatividad e innovaciones productivas, talleres de deportes, música, danza, teatro, cine, televisión y periodismo mural. Oficial Técnica Humanística de 13 a 17 años, donde se tecnifican los talleres y las labores agropecuarias, que se transforman en fábricas e industrias y se especializan en un tema de la realidad nacional, fruto de una exhaustiva investigación. Se dominan tres idiomas: nativo, español y extranjero. Los estudiantes son excelentes deportistas y están aptos para desempeñar el cargo de maestros y técnicos medios. La educación Universitaria o Superior, siguiendo la misma misión, implementa toda clase de talleres, laboratorios, salas de informática, etc. Se investiga profundamente los temas de la realidad nacional para elaborar la tesis final. Se organizan comedores e internados y se amplía el radio de acción universitaria hacia el área rural.
5. Planteamos una política educativa intercultural que tendría que tomar en cuenta la explotación, la dominación, en suma la colonización. Este concepto no expresa precisamente eso, intercultural quiere decir entre culturas, y entre culturas ¿cuáles? ¿qué? ¿la igualdad? ¿el respeto? Eso no existe actualmente, el tal concepto sólo sirve para distraer la verdadera realidad de discriminación y explotación de que somos objeto respecto a la cultura occidental. 6. La educación en Bolivia es altamente colonizante y debe acabar con la discriminación (cultural, étnica, condición social, económica, credo, religión y orientación sexual), que es consecuencia de la falta de educación. ¿Qué medidas se puede tomar ante ello? Sólo educar al pueblo, es la única manera de igualarnos, sólo la educación nos hace libres e iguales.
SALUD Los problemas de desnutrición, mortalidad infantil y mortalidad materna no se arreglan con un seguro social, ya que son consecuencia de problemas estructurales y falta de políticas públicas sociales. La educación pública es la encargada de solucionar estos temas, pues deben hacerse políticas preventivas y no precisamente pensar en un seguro social como parche para solucionar la gran crisis estructural neoliberal.
4. Priorizar, sobre todo, a la educación en general, disponer el máximo del presupuesto del Tesoro General de la Nación para el sector de
1. Implementar el seguro social obligatorio y universal, sin discriminación, legalizando la medicina tradicional y el reconocimiento legal de los médicos indígenas conocedores de la medicina natural.
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2. Priorizar la atención al binomio madre/niño en la misma escuela, creando grupos de madres que puedan turnarse para preparar almuerzos supervisados por nutricionistas. Que desde las escuelas se pueda impartir seminarios de cuidados al niño y a las mismas madres. 3. Ampliar la cobertura médica en las comunidades, cantones y pueblos de las provincias, de manera tal que cada escuela cuente con su respectivo centro médico, al que puedan acceder los padres de familia y los comunarios de la zona. Es decir, que el personal de cada escuela debe ser multidisciplinario, para brindar servicios sociales a los niños y a los padres. Entonces, el seguro tendría verdadero sentido social como resultado de políticas públicas. Desde la educación se pueden solucionar muchas cosas. Lo que pasa en nuestro país es que la escuela es una isla que no participa ni aporta en nada a la realidad social.
LABORAL 1. Abrogar el decreto supremo 21060, el estatuto del funcionario público y sus reglamentos, sustituyendo con la Ley General del Trabajo modificada de acuerdo a la realidad nacional. 2. Implementar salarios justos a todos los obreros que aporten al desarrollo de la nación, con los recursos de la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización. 3. Establecer una política de jubilación y renta razonable igualitaria, abrogando la ley de pensiones y sus reglamentos, estableciendo normas consensuadas entre rentistas y gobierno.
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POLÍTICA INTERNACIONAL 1. Establecer relaciones diplomáticas con los países progresistas y democráticos, bajo la lógica de la reciprocidad, dualidad, equilibrio y respeto a nuestras naciones originarias y la cooperación mutuas, para el desarrollo de nuestros estados. 2. Fortalecer la solidaridad política, económica y social entre las nacionalidades indígenas que se encuentran en otros estados, también colonizados. 3. Rechazar de manera total a las políticas neocolonialistas como ser: ALCA, TLC y otros proyectos de invasión como la inmunidad de los soldados norteamericanos.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES A Gonzalo Sánchez de Lozada y a los ex gobernantes, ex parlamentarios, militares y otros responsables, que permitieron el desastre nacional y genocidio producidos en las diferentes movilizaciones sociales. Tanto a los jueces como a los magistrados que violaron las Leyes de la Constitución Política del Estado, así como las Leyes de las Naciones Originarias; igualmente a los autores intelectuales que aprobaron la nueva Ley de Hidrocarburos a sabiendas de la ilegalidad de los Contratos de Riesgo Compartido con las transnacionales petroleras, toda vez que el Tribunal Constitucional el 7 de abril 2005 dictaminó el fallo, conforme al Art. 31 de la C.P.E., en sentido de que todos los contratos de riesgo compartido son nulos de hecho, y el Poder Legislativo el 17 de mayo, a sabiendas de este fallo, aprobaron la nueva Ley favoreciendo a las transnacionales.
ELIMINACIÓN DE LAS SUPERINTENDENCIAS JUSTICIA Y DERECHOS INDÍGENAS 1. Implementar el reconocimiento legal de los derechos emergentes, que están ya reconocidos a nivel internacional como parte del Pluralismo Jurídico, que admiten una visión normativa diferente al derecho occidental; la JUSTICIA COMUNITARIA como una nueva alternativa de Resolución de Conflictos, cuyos fallos son asumidos por toda la comunidad y no están al arbitrio simplemente de una sola persona como en la justicia formal. 243
1. Eliminar todas las Superintendencias y sustituir por los ministerios del ramo, porque a partir de estas instancias burocráticas lo único que generan es corrupción, como el desfalco y saqueo de los recursos naturales renovables y no renovables, y demás bienes económicos del Estado.
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REVERSIÓN AL ESTADO O NACIONALIZACIÓN
PARTE IV
De todas las empresas estatales que fueron privatizadas y capitalizadas.
PROGRAMA DE GOBIERNO CON REFERENCIA A TEMAS COYUNTURALES
ENRIQUECIMIENTO ÍLICITO DE FORTUNAS Se establecerán normas contra el enriquecimiento ilícito de fortunas y acumulación de riquezas.
ÍNDICE TEMÁTICO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL O ABROGACIÓN Ante las injusticias, violación a las Leyes y a la propia Constitución Boliviana, se dispondrá, primero, la modificación al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y luego la Constitución en la Gran Asamblea del Poder Reconstituyente Originario.
JUSTICIA SEGURIDAD CIUDADANA TIERRA-TERRITORIO-DESARROLLO RURAL INSERCIÓN INTERNACIONAL DESARROLLO ECONÓMICO POLÍTICA SOCIAL POLÍTICA DE HIDROCARBUROS ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y AUTONOMÍAS
1.
JUSTICIA
a)
¿Qué políticas impulsará para mejorar la independencia judicial, particularmente en relación con las designaciones de los altos funcionarios del Poder Judicial?.
R. El problema de la justicia en Bolivia es estructural, la independencia de los poderes del Estado es meramente convencional; en los hechos, obedece a influencias y mandato de los partidos políticos. Por lo que el MIP plantea que en el proceso reconstituyente se deben analizar estos temas. b)
¿Qué políticas públicas impulsará para mejorar y ampliar las condiciones de acceso a la justicia, para la gente más pobre y con qué recursos?
R. Hay que descolonizar la sociedad boliviana, pero en la conducta y no solamente en enunciados políticos o jurídicos. Una mayor participación política de los pueblos indígenas puede ayudar y apoyar a la gente más pobre, que en su mayoría son indígenas, a los blancos no les interesa.
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Los recursos tienen provenir, obviamente, del TGN, ya que 500 años nos han robado nuestros recursos.
f)
c)
R. Hay que garantizar mayor protección a la población civil, ya que en muchos casos la Defensoría encubre a los delincuentes, haciéndolos aparecer como víctimas. Debería, la defensa pública, tener facultades coercitivas.
¿Qué mecanismos de coordinación y articulación propondrá para que el tratamiento de la justicia sea una tarea conjunta del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Legislativo, además de la sociedad civil?.
R. Promover y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil para que el mecanismo de la iniciativa ciudadana sea más efectiva y determinante, y no burocrática como es la justicia ordinaria, a fin de procesar con mayor celeridad a los gobernantes que incurran en actos lesivos a los intereses del Estado. d)
¿Qué acciones o medidas promoverá para mejorar la coordinación y compatibilización entre la Justicia Comunitaria y la Justicia Ordinaria?.
g)
¿Qué medidas tomará para ampliar la cobertura del Servicio Nacional de Defensa Pública?
¿Qué políticas promoverá, respecto de las víctimas, principalmente mujeres, niños y jóvenes, para mejorar el ejercicio de sus derechos, evitar la victimización secundaria y otorgarles protección del Estado?.
R. Hay que promover la formación en el área de la educación ciudadana orientadas a eliminar el machismo, el esclavismo de la sociedad blanca y mestiza hacia los niños y niñas indígenas, principalmente en la servidumbre. h)
¿Qué propuestas tiene para fortalecer la seguridad jurídica y el clima legal de negocios en el país?
R. La justicia ordinaria obedece a una conducta y mentalidad altamente colonial. Es una justicia librada al arbitrio de una persona, que es el juez, quien tiene la potestad de condenar o exonerar de culpa a una persona. En cambio, en la justicia indígena es la comunidad o un conjunto de autoridades que asumen la responsabilidad de resolver los conflictos. Por lo que la justicia ordinaria debería incorporar de manera transversal y aplicar, no solamente en materia penal, estas innovaciones y aportes de la justicia comunitaria.
R. El Sistema Jurídico formal que rige en el país no cuadra, no responde a la realidad boliviana, hacia esa otra Bolivia india; la justicia es burocrática, lenta, etc., por lo que planteamos que es necesario una nueva reconstitución del Estado y recambio del poder, el pueblo indio debe gobernar como mayoría en este país.
e)
2.
SEGURIDAD CIUDADANA
I.
GESTIÓN PÚBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, LIDERAZGO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO
a)
¿Cuáles serán los lineamientos y prioridades que sustentará la política de seguridad ciudadana en su programa de gobierno y con qué recursos la financiará?
¿Cómo consolidará el proceso de reforma procesal de la justicia penal, tomando en cuenta que el mayor número de problemas se encuentra en el funcionamiento de las instituciones operadoras de la justicia penal?
R. El problema es estructural, ya que las instituciones vinculadas con la justicia penal, como el sistema penitenciario, la policía y otras entidades, tienen como finalidad el de prevenir los delitos y velar por la seguridad de la ciudadanía; pero, en la realidad no dan suficientes garantías de resolución de conflictos, mas, al contrario, lo complican e inclusive desintegran la familia. Una reforma parcial para mejorar no resuelve el problema; la corrupción es uno de los males que hay que combatir y necesitamos ir hacia un proceso de cambio de la sociedad, que vaya asumiendo los valores originarios.
R. Es imperativo resolver el problema enfocando en principio a niños, niñas y adolescentes, puesto que el índice de criminalidad subió en un 60% desde el año 2000; por ello, planteamos un decreto supremo que pueda, con el concurso de juntas de vecinos y comités de vigilancia, coordinar con los entes
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departamentales y municipales, pues la ley 1551 dispone cierto monto presupuestado.
además, proponer a la ciudadanía, ONGs, organizaciones cívicas, etc., un programa de prevención y rehabilitación, tomando en cuenta que el Estado dispone inmuebles para implementar los mencionados programas, sirviendo éstos de contraparte del Estado.
b)
¿Cómo distribuirá competencias y responsabilidades institucionales para llevar a cabo la política de seguridad ciudadana en los niveles nacional, departamental y municipal, y qué instituciones y/o autoridades deberán asumir el liderazgo, la conducción y responsabilidad principal de la seguridad ciudadana y cómo se gestionará ese proceso?
R. Partiremos de la premisa de que la seguridad ciudadana es tarea de todos; pero, las entidades encargadas de esta prioridad deberán ser las Fuerzas Armadas y la Policía, en coordinación con las juntas de vecinos y comités de vigilancia. Por lo que planteamos la promulgación de una ley especial de SEGURIDAD VECINAL, previo consenso con los sectores sociales.
IV.
TRANSPARENCIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL
c)
¿Qué medidas propone adoptar para transparentar, fiscalizar y controlar el funcionamiento de los organismos de seguridad pública y los recursos económicos que administran?
R. La Ley 1178, es un mecanismo legal de fiscalización y de control gubernamental; pero, sin embargo, tiene lagunas jurídicas en la práctica, puesto que el hecho de que la responsabilidad administrativa prescriba a los diez años hace que incluso los contralores queden fuera de los alcances de la ley.
II.
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD
Otro mecanismo de control que planteamos es hacia los representantes (senadores, diputados, ministros, prefectos, concejales, etc. ) por medio del VOTO REVOCATORIO.
a)
¿Cuáles serán los cambios o reformas que introducirá durante su gobierno en la Policía Nacional y qué rol le asignará a las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad ciudadana?
d)
R. Los cambios sustanciales que se deben operar dentro de la Policía como en las Fuerzas Armadas es un proceso profundo de descolonización mental, para que no haya discriminación de ninguna índole y que nuestros hermanos aymaras, quechuas, guaraníes, puedan también acceder a altos rangos de formación policial o castrense.
¿Cómo va a enfrentar la corrupción y la violación de los derechos humanos en los organismos de seguridad ciudadana, en particular y en el sistema de procuración de justicia, en general?
III.
NORMATIVA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
R. Fortalecer entidades como Derechos Humanos. Si bien es sabido que, incluso en el Ejército, se implementan programas de Capacitación en Derechos Humanos y Derechos Ciudadanos, los mismos son insuficientes para la toma real de conciencia. Desburocratizar las instancias tanto gubernamentales como locales y regionales que cuentan con programas de apoyo a Derechos Humanos, conciliación ciudadana y otros análogos.
b)
¿Qué normas jurídicas prevé adoptar para mejorar u optimizar la respuesta estatal a la inseguridad ciudadana y cómo enfrentará el fenómeno de la criminalidad en su ámbito preventivo y represivo?
Promover la legislación de una normativa jurídica que dote de coercitividad a entidades como la Defensoría del Pueblo y ésta no sea un Elefante Blanco.
R. Coordinar con el Ministerio de Gobierno y/o el ministerio del ramo del cual dependa según la LOPE la Unidad de Prevención y usos de drogas;
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V.
PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Nacional de Desarrollo Indígena Originario) que ha sido consensuado en un congreso de tierra y territorio por las organizaciones sindicales campesinas e indígenas ( SUCRE- 2002).
e)
¿De qué manera se pretende promover la participación de la comunidad y cómo se ejercerá control social institucionalizado en las políticas de seguridad ciudadana?
LA LEY INRA es una ley tramposa, mercantilista, burocrática y Melgaregista.
R. Fortalecer mediante una ley especial o mecanismo de control social. Fortalecer las competencias del Defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura y otros.
-Es tramposa, porque por un lado, la ley establece que la propiedad campesina indígena no paga impuesto, pero en los hechos sí se paga impuesto, por cualquier trámite de registro de propiedad y peor con el saneamiento, se paga impuesto.
Promover campañas para la conformación de una red institucional de seguridad ciudadana. Eliminar la unidad o la Secretaria Anti-Corrupción, por existir duplicidad de funciones con la Contraloría General de la República y en cierta forma con la Defensoría del Pueblo. f)
¿Qué medidas asumirá para impedir la apología del delito y las violaciones al derecho a la privacidad de los ciudadanos en los medios masivos de difusión?
R. Existen ya normativas legales vigentes, lo que hay que hacer es: derogar la Ley 1008 por la cual “se presume la culpabilidad del encausado”, contraviniendo los preceptos de la C.P.E. Art. 16 parágrafo I que indica “Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”. Por otro lado, planteamos como un recurso el Habeas Data, el mismo que protege la correspondencia de los acusados.
3.
TIERRA, TERRITORIO Y DESARROLLO RURAL
I.
SEGURIDAD JURÍDICA
a)
¿Qué fortalecería y qué cambiaría de la ley del INRA y por qué?
-Es mercantilista, porque consolida la propiedad de los grandes terratenientes del occidente, lejos de revertir y expropiar para su redistribución. -Por otro lado, la ley INRA consolida una burocracia innecesaria e irracional. -Es Melgarejista, porque pretende afectar la propiedad campesina indígena si no está saneada en el lapso de diez años; si no está saneada, pasa al dominio del Estado. b)
Identifique las causas que generan inseguridad jurídica en la propiedad de la tierra y especifique qué medidas deberán tomarse para garantizar la seguridad jurídica de predios, comunidades, barracas castañeras y Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) saneados y en proceso de saneamiento.
R. Una de las principales causas es la distribución asimétrica de la tierra, y el procedimiento tortuoso de reversión y expropiación de grandes latifundios concentrados en el oriente boliviano. Por otra parte, hay una falta clara de ejecución de programas de asentamientos humanos, pese a existir tierras fiscales disponibles.
R. El MIP propone abrogar la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, más conocida como LEY INRA y sustituir con la LEY INDIO (Instituto
Hasta que no sea sustituida la ley agraria actual, que obedece a una política de usurpación, de expropiación, mercantilización y apropiación colonial vigente, no se puede esperar ninguna seguridad jurídica.
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En 500 años el estado colonial y republicano jamás ha podido garantizar la propiedad de la tierras comunarias. Al contrario, siempre estuvo expuesta al pillaje y expropiación gamonal, por lo que ninguna ley puede garantizar la seguridad jurídica.
republicanos; c) el minifundio como distribución parcelaria de tierras en comunidades campesinas, que genera conflictos intra-familiares; d) el saneamiento de tierras en sus dos modalidades, simple y la TCOs, generan conflictos de intereses particulares con los de la comunidad.
Finalmente, los emigrantes extranjeros, siempre bajo la tuición del Estado y el aparato represor de éste, encuentran una manera de garantizar la propiedad de sus grandes extensiones de tierras, en el pasado como en el presente.
Los principales actores de estos conflictos son: a) los técnicos del INRA que confunden a la población indígena e inducen a sanear sus propiedades vía saneamiento simple a través de los cursos y seminarios que realizan en el campo; b) las ONGs, porque distorsionan e inducen a los comunarios informando que el saneamiento de las TCOs reconoce el derecho de propiedad sobre el territorio (suelo, subsuelo y sobresuelo), cuando nuestra legislación no reconoce estos atributos a una comunidad indígena; c) los latifundistas, porque en el oriente se aprovechan de la mano de obra barata de nuestros hermanos indígenas y los explotan como pongos, y en el occidente buscan recuperar las propiedades revertidas y dotadas por la Reforma Agraria del 52, aprovechando el saneamiento del tierras.
c)
¿Qué cambiaría en las siguientes instituciones: INRA, Superintendencia Agraria, Superintendencia Forestal, Consejo Agrario Nacional (CAN), Consejos Agrarios Departamentales (CADs) y Tribunal Agrario?
R. Suprimir todas estas instancias burocráticas, empezando por el brazo técnico que es el INRA, la Superintendencia Agraria porque se beneficia con el negociado de tierras sin control alguno; la Superintendencia Forestal porque permite el saqueo de los recursos naturales como la madera en beneficio de las empresas y genera conflictos con las comunidades indígenas. Suprimir el Tribunal Agrario, porque al dirimir conflictos sobre la propiedad rural principalmente, desconocen la normativa de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Por lo que en lugar de todas estas instancias burocráticas planteamos la creación de un MINISTERIO DE TIERRA Y TERRITORIO, que se encargue de revertir la política de distribución territorial, que reconozca nuestros derechos preexistentes de ejercer dominio pleno y absoluto sobre el suelo, sub suelo y sobre suelo, los recursos naturales renovables y no renovables, que se encuentren en los territorios indígenas.
II.
CONFLICTO POR TIERRA
d)
Identifique causas y actores de los conflictos en el área rural y propuestas para solucionarlos.
III.
ACCESO, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y MIGRACIÓN
e)
¿Qué propone para atender ordenadamente las demandas de acceso a tierras productivas de todos los sectores?
R. Con la sustitución de la Ley de INRA con la Ley INDIO, proponemos mejor espacio de equilibrio en cuanto al dominio y ocupación de tierras, mediante la dotación de tierras en los tres pisos ecológicos: altiplano, valle y trópico; de esta forma, estará satisfecho el acceso a tierras productivas que no hay en el altiplano, además con esta política paliaremos el hambre y combatiremos los desastres naturales, por ejemplo, la sequía y las inundaciones.
IV.
POLÍTICA PÚBLICA DE TIERRAS
f)
¿Cuál es su propuesta para concluir el proceso de saneamiento de tierras? Especifique: recursos, plazos, procedimientos.
R. Las principales causas son: a) la desigual distribución de tierras con total desventaja hacia los pueblos indígenas; b) el desconocimiento a la concepción territorial del mundo indígena por parte de los legisladores coloniales y
R. El MIP rechaza el proceso de saneamiento de tierras impulsado desde el Estado como una política colonial. Nuestra demanda es TERRITORIO; es decir, por la posesión y ocupación total del suelo, subsuelo y sobresuelo, de esta forma, recuperamos nuestros derechos preexistentes sobre nuestros territorios ancestrales.
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V.
DESARROLLO PRODUCTIVO
g)
¿Qué aspectos fortalecería y cambiaría de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDAR)? Puntualice lo relacionado con las fortalezas y debilidades del complejo agroindustrial oleaginoso (soya, girasol y otros) en temas como producción, comercialización, uso de transgénicos y sostenibilidad y con el fomento del desarrollo de la pequeña producción agropecuaria en el mercado interno, seguridad alimentaria, tecnología y financiamiento.
R. La Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDAR), no contempla una política seria de desarrollo rural, toda vez que los resultados de la migración del campo a la ciudad persisten, por ausencia de políticas adecuadas. Esto implica, además, que las ciudades no tienen las condiciones para asumir esta migración y los emigrantes del área rural no tienen condiciones para desenvolverse en la ciudad por ausencia de capacitación. Esta es una cadena que se presenta a partir de la reforma agraria, reforma mal planificada y mal ejecutada, y no sólo eso, mientras nuestros países vecinos ingresan a una Revolución Verde, nosotros nos quedamos con la incipiente Reforma Agraria; por ello, podemos aseverar que persiste la pobreza, porque el sector rural que debería ser el motor del desarrollo fue olvidado desde 1825, por este tipo de actitudes este sector se convierte en un sector no productivo en el área urbana. En lo que se refiere al Complejo Agroindustrial oleaginoso, es una política parche que no soluciona el desarrollo de la agricultura en sí. Por el diagnóstico mencionado, es necesario plantear una Política de Estado que ponga fin a esta situación. La Estrategia que planteamos consiste en la aplicación de un Modelo Dual de Desarrollo, con dos sectores importantes: •
Sector Agrícola
•
Sector Industrial
Las bases fundamentales son:
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•
La Revolución Agraria.
•
Articular la agricultura con la Industria.
•
Articular el campo con la ciudad.
•
Establecer la seguridad alimentaria en relación a la conservación de medio ambiente.
•
Redistribución equitativa de tierras.
•
Integrar y Nacionalizar la tecnología externa, en los dos sectores.
La agricultura es la base inicial del proceso y motor inicial del desarrollo, porque constituye el sector que absorberá una mayor cantidad de mano de obra desempleada a la fecha (Uso intensivo de mano de obra). El sector agrícola deberá contar con cambios tecnológicos suficientes para su uso. El excedente de mano de obra que no ingrese al sector agrícola, será empleado en el sector industrial. La productividad del sector agrícola debe ser similar a la productividad del sector industrial, los salarios de ambos sectores deben ser casi similares, con una variación que no supere el 10%, entre ambos sectores. El ahorro del sector agrícola debe ser invertido en ese sector y el saldo en el sector industrial, el ahorro del sector industrial debe ser invertido en el sector y el saldo en el sector agrícola. Lo que planteamos es la fundación del INSTITUTO ANDINO AMAZÓNICO de la producción campesina, con la finalidad de crear una red de asistencia regional que estudiará la incorporación, al sector agropecuario, de tecnologías mecánicas, industrialización artesanal, genéticas animales y vegetales. Crear estructuras de manejo comercial (internas y externas) hacia el mundo, así como el estudio y redacción de una LEY DE REGISTROS que nos permita registrar nuestros productos originarios exclusivos patentando sus características específicas y principios activos, y reivindicando la propiedad, en algunos casos ya nos han sido robados por injustas normas del AMC (asociación mundial para el comercio) y leyes imperiales del modelo neoliberal impuesto. Asimismo, debe ser reconocido el patrimonio cultural y científico de los pueblos indígenas a través
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de una LEY DE DERECHOS INTELECTUALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
VI.
RECURSOS NATURALES Y DERECHOS INDÍGENAS
h)
Identifique los principales aspectos críticos y las propuestas para resolverlos respecto del proceso de titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), tomando en cuenta criterios como la demanda, necesidades espaciales, administración y gestión territorial.
R. Entre los aspectos críticos del proceso de saneamiento de las TCOs es que se ignoran los usos y costumbres de las comunidades indígenas, ya que las instituciones del Estado no toman en cuenta el derecho consuetudinario originario; por ello, históricamente, la propiedad agraria comunaria nunca tuvo garantizada su seguridad jurídica. Esto, porque, el estado colonial y republicano vulneraron los límites simbólicos y rituales de la ocupación del espacio territorial de las comunidades, sobreponiendo e imponiendo límites artificiales; aspecto que trajo como consecuencia los intensos conflictos, confrontaciones y guerras entre ayllus y comunidades.
4.
INSERCIÓN INTERNACIONAL
I.
COMERCIO EXTERIOR
a)
¿Propiciará la negociación y suscripción de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y/o qué otros acuerdos comerciales perfeccionará, anulará o suscribirá para mejorar el comercio exterior boliviano?
R. Las exportaciones hacia Estados Unidos, el año 2003 crecieron en un 1.27 al valor registrado el año 1990, las importaciones de EE.UU. a Bolivia crecieron 1.67 veces más que el año 1990, nuestra balanza comercial es negativa; lo que debemos hacer, es mejorar los actuales acuerdos comerciales, ATPDEA y otros. Los acuerdos deben ser sostenibles, actualmente nos ofrecen con libre exportación 5.000 mil productos, 95% no producimos y los que producimos no cumplen las normas exigidas.
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II.
ASPECTOS POLÍTICOS
b)
¿Está de acuerdo con impulsar desde el Poder Ejecutivo y/o propiciar que su bancada en el Poder Legislativo apoye la aprobación del Tratado bilateral por el cual se concede inmunidad ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya a los ciudadanos estadounidenses que cometan delitos penales dentro del territorio boliviano?.
R. La declaración de los Derechos Humanos es muy clara referente a los derechos que tienen todos los seres humanos; la misma reconoce que estando concientes de que la lucha contra el delito en escala internacional importará el afianzamiento del valor supremo de la justicia en las relaciones jurídico penales. Con estos argumentos, no podemos firmar un documento con ese contenido que mella cualquier tipo de soberanía y nuestra misma condición de seres humanos. c)
¿Mantendrá, profundizará, revisará o eliminará los acuerdos internacionales relativos a la reducción forzosa de los cultivos de hoja de coca excedentaria, cuáles y en qué aspectos?
R. Se revisarán los acuerdos y la misma ley 1008, ya que el control es asimétrico; es decir, que sólo Estados Unidos controla nuestra producción, con un celo que raya en la histeria. Lo que debemos hacer es que los controles existentes los efectúen los mismos campesinos productores de la hoja de coca, a través de sus organizaciones y reporten a las autoridades correspondientes, las cuales, mensualmente, deben efectuar una revisión del informe recibido para certificar la veracidad de los mismos, si en caso de existir falsedad en los informes, se deberá aplicar rigurosamente las penas establecidas. El narcotráfico existe porque existe un mercado creciente en Estados Unidos y otros países occidentales. Los beneficiados de ese mercado ilícito son esos grandes narcotraficantes y no así nuestros campesinos, que apenas si gozan de una pequeña porción de este comercio. Estas grandes mafias están establecidas en las ciudades de Estados Unidos y en Europa; asimismo, gozan de paraísos fiscales y Estados Unidos no hace nada para controlar estos sectores que son los más beneficiados.
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d)
¿Asocia la reintegración marítima de Bolivia con soberanía plena sobre costas en el Océano Pacífico? Sino, ¿cuál es su definición de reintegración marítima y bajo qué condiciones reanudaría relaciones diplomáticas con Chile?.
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V.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
g)
La cooperación internacional pública tiene un importante peso financiero en las finanzas públicas del país. Del mismo modo, se le atribuye a la cooperación internacional privada, canalizada mediante una serie de organismos no gubernamentales no regulados, una creciente injerencia en los debates de política pública del país.
R. Sí, Bolivia debe tener un acceso soberano al Pacífico. Esto le daría a Bolivia la calidad de país ribereño, dándonos plenos derechos internacionales, que el derecho de tener mar nos otorga. Vale decir, soberanía y jurisdicción sobre los espacios marinos bajo jurisdicción nacional, conforme lo señala la convención sobre derechos del mar de 1982. Podría desarrollar la explotación de los recursos naturales ubicados en la zona económica exclusiva y en su respectiva plataforma continental que reconoce 200 millas marinas de su propiedad y soberanía.
III.
INVERSIÓN EXTRANJERA
e)
¿Qué políticas adoptará para atraer y garantizar la inversión extranjera en Bolivia y qué rol jugará en el desarrollo nacional?
R. El año 2000=734, 2001=703, 2002=674, 2003=194 y el 2004=80 millones de dólares. Este cuadro nos muestra como la IED es muy importante, lo malo que es sólo ha servido para enriquecer a sectores no productivos. En la última gestión, resultado de movilizaciones reivindicatorias de la ciudadanía, la IED ha rebajado sustancialmente, ahora representa sólo el 1% del PIB de nuestra economía; pese a tan drástica reducción, nuestro país continua sobreviviendo. La aplicación de una política de reglas claras, es la que debemos aplicar, donde la IED no se lleve la torta y nos deje migajas. A esa inversión todas las garantías y el rol será tan importante que contribuirá al desarrollo de nuestro país, trayendo tecnología y capacitación, para los bolivianos.
IV.
SEGURIDAD CONTINENTAL
f)
Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la lucha contra el narcotráfico desarrollada por los Estados Unidos se ha complementado con la lucha contra el terrorismo a través de una estrategia continental. ¿Cuál es su posición sobre la aplicación de la Iniciativa Regional Andina en el conjunto de los países andinos productores de coca?
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¿Tomará medidas regulatorias en relación con el accionar de las organizaciones no gubernamentales, particularmente respecto de la canalización y empleo de recursos de la cooperación internacional? R. Las ONG’s en el país se han vuelto organizaciones que, por el tipo de financiamiento y del país que provienen, tienen intereses que no están de acuerdo a los intereses nacionales, todas estas organizaciones deben ser fiscalizadas tanto económicamente como técnicamente, creando un organismo que supervise la actividad a realizar, pues hay ONG’s que trabajan cooperando al país y otras que es mejor que estén lejos de nuestro país.
VI.
SUBREGIÓN E INTEGRACIÓN
h)
Más allá de los procesos de integración subregional tradicionales, como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la coyuntura en el tema de integración está dominada por el sector energético, estrechamente relacionado con los debates domésticos sobre el mejor uso para nuestras reservas de gas natural. ¿Qué importancia le asigna a la integración energética en el marco de la inserción internacional de Bolivia, particularmente en el ámbito subregional?
R. La inserción en el ámbito internacional no la lograremos de manera efectiva si continuamos vendiendo materias primas (gas), nuestra inserción internacional con ventajas comparativas y competitivas la lograremos cuando podamos exportar productos con valor agregado. Lo otro nos seguirá manteniendo como país dependiente y neocolonial.
260
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5.
DESARROLLO ECONÓMICO
I.
POBREZA Y EMPLEO
a)
Las tasas de crecimiento de la economía boliviana, en los últimos cincuenta años, en general, han sido bajas para mejorar la situación social de los bolivianos. El crecimiento del PIB per cápita ha estado por debajo de los promedios latinoamericanos y mundiales, como se concluye del siguiente Cuadro.
Crecimiento del PIB per cápita en Bolivia, América Latina y el Mundo, 1960 – 2002 (%)
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
hasta ahora es de exportadores de materias primas, por un patrón de desarrollo productivo comunitario, eficiente, orientado a la exportación de productos con valor agregado. Una economía campesina agraria, creación de un banco de fomento económico, creación de un banco de fomento técnico, modernización de la industria manufacturera. Si aumentamos en los próximos 2-3 años en un 1% lo que significa en moneda aproximadamente 500 millones de dólares, los cuales usamos para desarrollar el campo, esto incentivará a que los campesinos no abandonen sus tierras y los que se encuentran en la ciudad retornen al campo por las mejores condiciones que tendrán. Este hecho, significará la reducción del desempleo, si pensamos en reducir a partir del 3 año en 5% habremos solucionado el problema más álgido del país. Los siguientes años, el 4 y 5, crecer hasta un 5%, con lo que podemos aspirar a tener mejores días. b)
Promedio simple; 2. promedio ponderado, 26 países; 3. Promedio ponderado, 109 países. PIB medido a dólares de 1995 PPP, Purcashing power parity Fuente. Loayza, Fajnzylber y Calderón. Banco Mundial
Los indicadores de empleo se deterioraron significativamente en los últimos años. La tasa de desempleo está alrededor del 11 por ciento. Buena parte del empleo en Bolivia se encuentra en el sector informal. En el año 2003, los trabajadores informales, que incluyen los cuenta propia y aquellos que están ocupados en establecimientos de menos de 5 trabajadores, generaron el 65 por ciento del empleo urbano. La calidad de estos empleos es muy cuestionable. Así mismo, el subempleo visible e invisible se incrementó. ¿Qué metas de crecimiento y empleo propone alcanzar en los próximos cinco años y cuáles sus políticas públicas concretas para lograr ese resultado? R. La economía ha crecido en los últimos 5 años a un promedio de 2 y 3%, para revertir tal situación debemos cambiar la matriz de desarrollo, la cual
261
¿Cuáles serán sus metas de reducción de la pobreza para los próximos cinco años y las políticas públicas para lograrlo?
R. El 60% de la población es pobre. No más préstamos para compensar el déficit fiscal, sólo en términos de intereses pagamos anualmente entre 350 y 400 millones de dólares. Paralelamente, solicitar a los organismos internacionales y gobiernos acreedores para que nos concedan entre 6 y 10 años de gracia. Usar los recursos que no se pagarían para industrializar el gas y crear el banco de fomento económico. Una vez implementada la industrialización del gas, en 3-5 años, los recursos provenientes de la venta de estos productos deberán estar dirigidos a fomentar, solucionar el problema de la pobreza, apoyando a los pequeños y medianos empresarios productores, quienes al emplear a los desocupados, con un empleo estable, reducirán la pobreza.
II.
COMPETITIVIDAD Y POLÍTICAS SECTORIALES
c)
De acuerdo al Reporte Mundial de Competitividad 2004–2005 del World Economic Forum, Bolivia ocupa el puesto 98 del índice de competitividad entre 104 países y en el que mide tecnología, la posición 95. En el parámetro de instituciones públicas ocupa el puesto 87. En el índice de
262
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contexto macroeconómico, nuestra posición es el número 96. En lo que se refiere al índice de competitividad de los negocios, el país está en el puesto 101 de un total de 104 países.
corriente representó el 75 por ciento del total. Los gastos en bienes de capital llegaron al 25 por ciento. Buena parte del gasto corriente es inflexible porque se destina a sueldos y salarios de maestros, médicos, militares, policías y jubilados. Anualmente casi el 5 por ciento del PIB se destina a pagos en pensiones. En el periodo 1997 – 2002, los ingresos crecieron al 0.8 por ciento en términos reales.
¿Qué políticas macroeconómicas y microeconómicas adoptará para aumentar la competitividad del país? R. Cambiar la naturaleza y las condiciones actuales en la que se encuentra nuestro país, implica incrementar su productividad en cada sector y de todos los actores de la economía, incorporando sistemáticamente procesos tecnológicos modernos, ampliando la base de la población para que tenga acceso a la información y el conocimiento. Referente a la microeconomía promover y facilitar el desarrollo empresarial, en particular el de la pequeña, mediana empresa y la producción agrícola. d)
En base a su estrategia de competitividad ¿cuáles serán sus metas de exportación y desarrollo del mercado interno?
R. Bolivia exporta al MERCOSUR: año 1994=185 millones, año 2003= 544 millones de dólares, las importaciones van de 301 millones a 625 millones de dólares, los productos que exportamos son básicamente gas natural, plata en bruto, zinc, bananas y algún otro producto sin valor agregado. Exportamos a la comunidad andina: año 2000=311, año 2004=462 millones de dólares, importamos el año 2004=628 millones de dólares. En ambos casos nuestra balanza comercial es negativa. Si se produce un cambio en la mentalidad de nuestros exportadores y empezamos a exportar productos con valor agregado y no sólo materias primas, la balanza comercial con el MERCOSUR y con la CAN debe revertirse a nuestro favor; en el plano interno con la misma lógica, debemos por lo menos alcanzar el objetivo de satisfacer el mercado en un 80% con productos nacionales.
III. TEMA FISCAL e)
Para el año 2005, el déficit público estará en 4.5 por ciento del PIB y está financiado. En años pasados el déficit fue financiado, sobre todo, con donaciones y deuda externa e interna. En el año 2003, los gastos del Gobierno general alcanzaron el 33 por ciento del PIB. El gasto
263
¿Qué políticas de gastos e ingresos empleará para hacer sostenible el déficit público y, dadas las restricciones presupuestarias, cuáles serán sus prioridades de gasto e inversión, a nivel nacional y regional, y si cambiará la estructura tributaria?. R. Una política fiscal con estricto control del gasto corriente, el cual debe reducirse sustancialmente, empezando del presidente, ministros, parlamentarios, viceministros, directores, gerentes, jefes de departamento, de sección y profesionales que tengan sueldos superiores a 5.000 bolivianos, deberán reducirse en 50, 40, 30, 20 y 10%, respectivamente; con esta medida podremos reducir el déficit fiscal en un 0.5% y se ahorra al Estado aproximadamente 800 millones de bolivianos. Para aumentar las recaudaciones debemos implantar el lema: lucha a muerte contra el contrabando. Anualmente, por esta forma de comercio informal, se estima que se genera una fuga de divisas entre 350 y 400 millones de dólares, si logramos reducir anualmente un 10% esa actividad, evitaríamos la fuga de divisas de 35 millones de dólares. Paralelamente, se debe aplicar medidas de control más estrictas en aduana, para incrementar las recaudaciones. La misma política para la renta, aumentar el grado de eficiencia, tratando de aumentar el universo de contribuyentes. Reducir el grado de corrupción de los funcionarios del Estado, estimativamente por esta actividad ilícita se le roba al Estado entre 200 y 300 millones de dólares año. Cambiar la estructura tributaria en un periodo de transición es muy difícil, sólo lograríamos perder el control de las recaudaciones. Todo este dinero que sería un ahorro para el Estado, debe destinarse a rubros que generen empleo (el banco de fomento económico es una alternativa) y otra parte para reducir el déficit fiscal. f)
¿Qué hará para reducir los costos de la reforma de pensiones, que alcanzan a un 5 por ciento del PIB?
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R. Para reducir esta carga del costo de la reforma de pensiones, lo primero es seleccionar aquellas personas que cobran pensiones de jubilación superiores a 1.500 Bolivianos, los cuales no deben tener derecho a este beneficio; esto reduciría aproximadamente en 100 mil personas que dejarían de percibir ese beneficio, lo que daría un margen de ahorro sustancial, aproximadamente en 1% menos.
R.- El Banco Central deberá continuar con las políticas de control de la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria, acomodándose a la demanda del público, evitando excesos de oferta de dinero. El mayor ahorro interno ampliará nuestra base monetaria, lo que hará que aumente nuestras reservas internacionales. Habrá una mayor oferta de dinero, lo que hará bajar las tasas de interés.
IV.
TEMA FINANCIERO
6.
POLÍTICA SOCIAL
g)
En los últimos cinco años, la cartera total de los bancos bajó de 3.600 millones de dólares en el año 2000, a 2.500 millones de dólares en el 2005.
I.
SERVICIOS BÁSICOS: PROPIEDAD)
Las tasas de interés activas de los bancos se han mantenido altas, en torno del 10 por ciento en dólares y 17 por ciento en Bolivianos. En cuanto a las tasas de interés pasivas, han bajado y se sitúan en torno de 1.77 por ciento en dólares y 5 por ciento en moneda nacional. En los últimos años hubo un crecimiento fuerte del microcrédito, destinado sobre todo al sector comercial. ¿Cómo reactivará el financiamiento para el sector productivo en Bolivia, dinamizará el sector financiero y bajará las tasas de interés activas para fomentar el crecimiento? R. La creación de un Banco de Fomento Económico, debe ser el que reactive el sector productivo, dándoles tasas bajas de interés, de acuerdo a sus posibilidades, durante un periodo prudencial (se deben efectuar estudios individuales). El sector Bancario cobra las tasas de interés activas más altas del continente, esto ha hecho que estén dirigidos a un sólo sector, los préstamos. Si hacemos que rebajen los intereses, reduciendo sus márgenes de ganancia, entonces un mayor conjunto de la población podrá tener acceso a este servicio, se incrementará el micro crédito, será más atractivo prestarse en condiciones más favorables y se sumarán nuevas capas sociales a este beneficio, dándole mayor rotación al dinero. h)
¿Cómo mantendrá la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria, y qué medidas concretas ofrece para dinamizar el sector financiero en Bolivia?
265
(GESTIÓN,
RECURSOS
Y
El tema de los servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas, son temas centrales de muchos países pobres como Bolivia y que se debaten esencialmente en torno al tipo de administración privada, pública, o mixta. a)
¿Los servicios básicos, como agua, luz y gas, deberán tener una administración: (a) privada, (b) estatal o (c) mixta?
R. Debe ser estatal; es decir, todo lo que se ha privatizado debe volver al Estado.
II.
SALUD
Las políticas de salud han tenido un impacto significativo en la década entre los 80 y 90, sin embargo, continúan tasas alarmantes de desnutrición, mortalidad infantil y mortalidad materna, especialmente en el área rural, consideradas entre las más altas en América Latina. Adicionalmente, el seguro social de corto plazo atraviesa una crisis técnico-financiera y pone en riesgo el sistema. b)
¿Cómo debe solucionarse la crisis del seguro de salud para extender su cobertura, mejorar su calidad y cómo va a financiar este programa?
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R. La solución es atender al binomio madre/niño en la misma escuela, creando grupos de madres que puedan turnarse para preparar almuerzos supervisados por nutricionistas. Que desde las escuelas se pueda impartir seminarios de cuidados al niño y a las mismas madres.
El seguro social se brindaría a cada escolar y a sus padres por el sólo hecho de ir a una escuela, que se financiaría con recursos del Tesoro General de la Nación, incrementando el presupuesto para educación. Los Municipios también deben coadyuvar en este tipo de política social educativa.
R. No se trata de buscar presupuesto extra para cada problema. Administrando el presupuesto que disponen tanto los ministerios de salud, educación como los municipios, pues la desnutrición no es un problema en sí. También, esa burocracia del ministerio de asuntos campesinos y Maipos, deben coordinar sus actividades todos ellos juntos. La desnutrición es consecuencia de la política deshumanizadora neoliberal. De décadas de desgobiernos de turno que han ignorado al pueblo y sólo les ha importado saquear el erario nacional y entregar nuestros recursos naturales. Más bien que nuestro pueblo subsiste gracias a los cultivos tradicionales de coca y productos andinos, sino hace rato estaríamos en condiciones más lamentables, pues no hay una política agraria que destine la producción encaminada a solucionar tales problemas. El estudio e investigación de cómo hacían los Incas para dar alimentación, salud y educación al pueblo sería una gran enseñanza para diseñar políticas sociales, pues los Incas no conocían el hambre, las enfermedades o la miseria. Sólo así se podrían diseñar políticas de acuerdo a nuestra realidad y tradición cultural.
c)
III.
Sin embargo, hay que ampliar la cobertura médica en las comunidades, cantones y pueblos, de manera tal que cada escuela cuente con su respectivo centro médico, al que puedan acceder los padres de familia y los comunarios de la zona. Es decir, que el personal de cada escuela debe ser multidisciplinario, para brindar servicios sociales a los niños y a los padres.
Los elevados indicadores morbi-mortalidad materno infantil y el escaso acceso a los servicios de salud se deben a cuatro barreras básicas: económica, geográfica, cultural y calidad de atención. ¿Cómo piensa superar cada una de estas barreras y con qué financiamiento?
R. Es falso que se deba a barreras económicas, geográficas, culturales y calidad de atención. Pues está visto que hay millones de dólares que se destinan a fondos reservados. Hay millones de dólares que no se cobran a las empresas capitalizadas.
EDUCACIÓN
La educación es un medio preferido por muchos para cambiar a mediano y largo término el país, como por ejemplo en su vocación económica productiva. Pero, además, la educación está pasando por momentos difíciles para encarar los desafíos propuestos en la Reforma Educativa, en las diferentes áreas de la educación: primaria, secundaria, alternativa y en la formación de maestros que lleven adelante dichos programas exitosamente. Hasta ahora, la educación bilingüe sólo ha sido aplicada a los niños y adolescentes indígenas, en tal sentido, no ha sido estrictamente intercultural.
El financiamiento sería el mismo con que se cuenta actualmente, pero bien utilizado daría grandes resultados.
¿Qué medidas principales destinará para mejorar la educación según niveles: a) inicial, b) primaria, c) secundaria y d) superior?
d)
Según qué modalidades:
Las verdaderas barreras se deben a un problema estructural, porque los gobiernos disponen de fondos económicos a su gusto y sabor; entonces, no es precisamente porque no los haya sino porque se los mal utiliza.
La desnutrición crónica en Bolivia es una de las más altas de América Latina. ¿Cómo piensa disminuir la desnutrición en el país y qué presupuesto le asignaría a este programa?.
267
e)
a) formal, b) alternativa, y c) técnica. 268
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R. ¿Cómo es eso de mejorar la educación según niveles? Lo que se debe hacer es diseñar la política educativa nacional y bajo ese parámetro coordinar con los ministerios. No se puede considerar los niveles educativos en sí mismos sin previamente esbozar el plan general del cual se desprendan gradualmente los objetivos para cada nivel.
R. Lo intercultural tendría que tomar en cuenta la explotación, la dominación, en suma la colonización y este concepto no expresa precisamente esto, intercultural quiere decir entre culturas, y entre culturas ¿cuáles? ¿qué? ¿la igualdad? ¿el respeto? Eso no existe actualmente, el tal concepto sólo sirve para distraer la verdadera realidad de discriminación y explotación de que somos objeto respecto a la cultura occidental.
En ese sentido, el MIP estudia en nuestra propia historia pedagógica y rescata lo que tiene de más valor para nosotros, cual fue Warisata Escuela Ayllu y se la replantea en el “Pachakuti Educativo”, donde se hallan sistematizados los lineamientos básicos que sirven para elevar el nivel de desarrollo humano integral de la nación. El mismo que emerge de la cosmovisión andina y postula una educación gratuita, cuyos principios ideológicos son la liberación, la organización comunitaria, la revalorización de nuestra identidad cultural, la producción comunal, la solidaridad y la reciprocidad andinas. f)
¿Qué medidas priorizará para vincular la educación con el desarrollo productivo?.
R. La educación productiva es uno de los cinco postulados de la misión educativa que plantea el MIP y para ello, es necesario la implementación de aulas, talleres y labores agro-eco-pecuarias, en todos los ciclos y para todas las Direcciones. De tal manera, que esos talleres y esos cultivos se transformen en fábricas e industrias. Es la única manera de vincular la educación con el desarrollo productivo integral; es decir, desarrollo económico unido al humano. h)
i)
¿Qué normas especificas adoptará contra la discriminación (cultural, étnica, condición social, económica, credo, religión y orientación sexual) y que mecanismos alcanzará su aplicación?
¿Qué presupuesto le asignará a cada programa?
R. ¿Qué es eso de asignar presupuesto a cada programa? Eso no puede ser, puesto que el presupuesto para educación es uno solo. Es necesario dar prioridad sobre todo a la educación en general, disponer el máximo del presupuesto del Tesoro General de la Nación al sector educación, pues hay que cumplir en hechos que la educación es la más alta función del Estado, no es cuestión de decir eso y asignar a la educación un exiguo presupuesto. g)
La participación social se la debe fomentar desde la escuela. Esto no es un concepto bohemio o extravagante, debe ser una práctica diaria, se aprende a ser solidarios. Nuestras naciones originarias tienen una característica comunal donde participar en comunidad es rutinario. Por eso, nuestra misión dice que la solidaridad y reciprocidad es un postulado de la política educativa; es decir, no sólo se recibe sino que es una obligación retribuir tanto como se recibe.
¿Qué medidas tomará para desarrollar la dimensión intercultural y la participación social en la educación.
269
R. La discriminación (cultural, étnica, condición social, económica, credo, religión y orientación sexual) son consecuencias de la falta de educación. ¿Qué medidas se puede tomar ante ello? Sólo educar al pueblo, es la única manera de igualarnos, sólo la educación nos hace libres e iguales. La aplicación de dar educación a todos por igual y con una misma política educativa en toda la nación, utilizará no solamente el Ministerio de Educación sino la coordinación entre varias instituciones gubernamentales, desde las mismas esferas gubernamentales, legislativas, ejecutivas, como: Municipios, Prefecturas y Ministerios.
7.
POLÍTICA DE HIDROCARBUROS
a)
¿Debe nacionalizarse la industria del sector petrolero? En caso de una respuesta afirmativa, ¿cómo llevaría a cabo esta nacionalización?
R. Se ha establecido como inconstitucional el Decreto Supremo 24806, por medio del cual se aprueba el modelo de los contratos de riesgo compartido por áreas de exploración y explotación de los hidrocarburos. No existe Ley de la República que haya autorizado la enajenación (transferencia de propiedad) de
270
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los hidrocarburos, definidos por la Constitución Política del Estado como bienes nacionales. Ninguno de los 84 Contratos de Riesgo Compartido firmados por YPFB al amparo del Decreto Supremo 24806 con las 18 transnacionales han sido autorizados y aprobados por el Parlamento. La Constitución Política del Estado, en dos de sus artículos más importantes indican: Art. 139.- “Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentran o en la forma en que se presenten son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos” Art.- 59.- “Son atribuciones del Poder Legislativo: 7ma Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público”.
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c)
R. YPFB capitalizada, deberá ser quien participe en toda la cadena productiva y comercializadora, con una participación del 80% de las utilidades. Inicialmente, los fondos para comprar las acciones de aquellas empresas que no se adecuen a las políticas del país, saldrán del fondo de capitalización colectiva, teóricamente debemos tener en este fondo mil millones de dólares, los cuales están siendo administrados por la AFP’s, la administración pasará a depender de YPFB. Para la compra total de las acciones que están en manos de las trasnacionales, éstas se estiman en tres mil millones de dólares, con los mil millones de la capitalización colectiva, YPFB pasa a ser el mayor accionista con el 66.6%, tomando inmediatamente las decisiones para negociar los contratos de exploración, explotación y comercialización de nuestros recursos energéticos (hidrocarburos). Asimismo, pasa a tener mayores ingresos.
d) Bajo los argumentos legales mencionados, nuestro país no sólo ha sufrido un atropello legal, sino que las empresas transnacionales han incumplido los términos de referencia firmados, no han efectuado las inversiones comprometidas, esto sumado a lo anterior automáticamente anula cualquier contrato firmado entre partes. Lo anterior, nos muestra que existen suficientes motivos para nacionalizar (revertir las acciones vendidas a las transnacionales) todos los pozos petroleros dados en explotación a las empresas extranjeras. b)
¿Cuáles deberán ser y cómo serán financiadas las funciones de YPFB en todas las etapas de la cadena productiva de la industria petrolera?
¿Cuáles serán los instrumentos concretos para promover la industrialización del gas?
A continuación presentamos un cuadro donde se aprecia el consumo y producción de energía por áreas. en Mtep.
CUADRO 1
¿Cuál será el tratamiento que dará a los actuales Contratos de Riesgo Compartido, concesiones y licencias?
R. Si nacionalizamos el gas, no habría razón de efectuar ningún tratamiento, el caso es que si no nacionalizamos, los contratos de riesgo compartido, concesiones y licencias, deben ser modificados. Pues, tomamos como principio que cualquier contrato firmado entre partes y que no fueron refrendados por el poder Legislativo, son nulos de pleno derecho. Asimismo, la nueva Ley 3058 de hidrocarburos, modifica los impuestos hasta un 32%, por lo que los contratos de riesgo compartido, concesiones y licencias, deben adecuarse a esta nueva ley, variando las condiciones anteriores.
271
Fuente: foro nuclear, energía 1999
Con este cuadro vemos cómo existe un déficit de producción, en el concierto mundial del energético, cuando un bien es escaso, el valor de éste es mayor, razonamiento básico para entender que el negocio del gas es muy rentable, 272
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y si podemos industrializar (darle valor agregado) el precio de esos productos serán mayores e YPFB (Bolivia), será el más beneficiado.
La garantía para el abastecimiento de los productos estará dada por la nueva estructura que tenga YPFB, la cual ampliará y, paralelamente a los existentes, construirá nuevos ductos, los cuales satisfacerán el consumo interno, existirá excedente para la exportación. El control de nuestras fronteras será primordial y deberán ser las Fuerzas Armadas quienes controlen nuestras fronteras para evitar el contrabando, además que es la función elemental que deben cumplir.
e)
¿Cuál es la estructura impositiva que propone en el sector de hidrocarburos?
R. Si logramos revertir las acciones de las transnacionales para el Estado, la política tributaria deberá ser más justa y equitativa; es decir, eliminar el concepto de hidrocarburos nuevos y antiguos, cortamos los créditos contra la regalía Nacional Complementaria por concepto de pago del IUE. Eliminaremos patentes de zonas tradicionales, con esta política cortamos la tenencia de tierras a favor de las empresas, las cuales sólo podrán adjudicarse, si efectúan tareas de exploración e inspección de recursos hidrocarburíferos. Eliminación de impuestos por comercialización del producto en territorio nacional, el cual debe ir en beneficio del consumidor final. Sólo se cobrará un impuesto, el cual será deducido por las ventas efectuadas anuales, 50%, teniendo datos del consumo interno, la fiscalización será más fácil. Aplicación del IEHD, IUE rigurosamente, los cuales deben alcanzar al 80% de las operaciones, no podrán ser compensados ninguno de los dos. f)
Con esta política de abastecimiento interno, no tendrá que haber problemas para el abastecimiento al sector productivo, el cual será beneficiado con la baja de los precios. g)
¿Cuál será su política de exportación de gas natural, petróleo y derivados, en relación con mercados y precios?
Cuadro No 1 ESTRUCTURA INGRESOS Y COSTOS DE BIODIESEL Y DIESEL CRUDO
¿Cuál es la política de precios y subsidios que propondrá en el mercado interno para: Petróleo Gas Natural GLP Diesel oil Otros ¿Y cómo garantizará su abastecimiento, en especial para el sector productivo?
Fuente: Sasol: Información obtenida de los estados financieros de la empresa
R. La política de precios debe estar bajo la dirección del Estado y orientada a favorecer al grueso de la población. El Estado será quien ponga los precios máximos a los cuales deberá comercializarse el producto, previo análisis del costo que tienen para poner en el mercado. Al no cobrar impuestos internos a este producto, este beneficio deberá ser transferido a los consumidores con la rebaja de los mismos.
R. Analizando el cuadro precedente, observamos que la industrialización del GLT, nos proporcionará mayores recursos de los obtenidos sólo por venta de GAS. Los precios del gas natural no tienen un precio internacional de referencia, éstos deben ser competitivos en cada mercado, actualmente en el mercado de los Estados Unidos el precio es de 6-7 dólares el millar de pies cúbicos.
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Con la industrialización, generaremos mayores recursos que permitirán el desarrollo sostenible y equitativo del país: •
Maximizar oportunamente la exportación de gas natural.
•
Incorporar valor agregado en productos para exportación y consumo interno.
•
Intensificar y masificar el consumo de gas natural en el mercado interno.
Los mercados de Japón, Europa y Estados Unidos son los más atrayentes para exportar el producto, con el Brasil se ha comenzado a hablar de una alianza estratégica centrada en la venta de gas natural, la cual se debe extender a productos industrializados. Con Argentina, ya existen las relaciones de compra venta de gas, éstas deben ser revisadas dadas las condiciones actuales, el incremento de precios debe ser una primera medida.
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b)
¿Cuáles son los tres temas centrales que deberán debatirse y por qué? (Mencionar “solamente” tres).
R. Para los pueblos indígenas de Bolivia, la Asamblea Constituyente debe tratar (para la refundación del estado y descolonizar) tres temas importantes: 1.- LA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS. Porque a través de la Asamblea Constituyente, el pueblo tiene que ejercer la soberanía de manera directa, no delegada, por lo que tiene facultades de decidir sobre la nacionalización e industrialización de los recursos hidrocarburíferos.
¿Qué aspectos de la Ley de Hidrocarburos No 3058 buscará modificar?
2.- TIERRA Y TERRITORIO. Porque son derechos preexistentes de los pueblos indígenas y originarios, cuya ocupación del territorio es anterior al estado colonial y republicano. La actual Constitución Política del Estado, de corte liberal, ignora por completo la lógica del control espacial del territorio, ligado al bienestar común en sus tres pisos ecológicos, que tuvieron los pueblos indios y de esta forma aseguraron una economía de abundancia y no de subsistencia como vivimos hoy en día.
R. Si nuestra política está orientada a la nacionalización de las empresas transnacionales que se beneficiaron con la capitalización, la existencia de la Ley 3058 no tiene sentido, pues el escenario es otro, las condiciones son distintas, por consiguiente, debe abrogarse esta Ley. Lo más razonable sería una nueva Ley que defienda los intereses ciudadanos y devuelva a los bolivianos sus recursos naturales, en este caso los hidrocarburos.
3.- DERECHO Y JUSTICIA INDÍGENA.- Porque actualmente estos derechos emergentes están siendo reconocidos a nivel internacional como parte del Pluralismo Jurídico que admite una visión normativa diferente al derecho occidental. La JUSTICIA COMUNITARIA, como una nueva alternativa de Resolución de Conflictos, cuyos fallos son asumidos por toda la comunidad y no está al arbitrio simplemente de una sola persona como en la justicia formal.
8.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y AUTONOMÍA
c)
I.
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
a)
¿Cumplirá con la fecha fijada para la elección de asambleístas el 2 de julio de 2006 o qué cronograma propone?
h)
R. La fecha para la elección de los Asambleístas tiene que cumplirse tal como han determinado las organizaciones indígenas, cívicas, etc., expresadas en las movilizaciones de mayo y junio: el año 2006.
¿Está de acuerdo en mantener en la Constitución Política del Estado la propiedad de los recursos naturales a favor del Estado (Art. 136 CPE) o qué propuesta alternativa plantearía?
R. El Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), como instrumento político de las naciones indígenas, propone que el territorio y recursos naturales renovables y no renovables deben estar bajo el control directo del Estado y en el marco de las Autonomías indígenas, tema que se debe tratar sí o sí en la Asamblea Constituyente. d) ¿Qué criterios de selección considera que se deben utilizar para la elección de los asambleístas: corporativos (delegados con mandato imperativo), un ciudadano un voto (liberal clásico) o mixto?
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R. Los asambleístas deben ser designados por las organizaciones sociales, ya que de esta forma la representación va ser legítima y la elección más democrática. e)
¿Cuál es su posición respecto de la convocatoria a un referéndum ciudadano de aprobación de la nueva Constitución? ¿Por qué?.
R. No hay necesidad de tal referéndum, porque se ha demostrado que es tramposo y, además, es la constituyente quien va aprobar la nueva constitución.
II. AUTONOMÍA f)
¿Qué instancias deberían reconocerse en una reforma constitucional como entidades territoriales autónomas (departamentos, provincias, municipios, regiones, TCO´s o territorios indígenas)?.
R. Actualmente, los municipios son reconocidos de manera formal. Tienen autonomía, pero en los hechos, no gozan de ese estatus político autónomo sino autárquico; es decir, son simplemente administradores de sus recursos que le asigna el Estado. Lo mismo ocurrirá con los prefectos en cada Departamento, dentro del concepto de descentralización. Lo que queremos es que, con la constituyente, se reconozca a los territorios indígenas el estatus político jurídico autónomo, tomando como base la unidad territorial de las provincias. g)
¿Está de acuerdo con un Estado descentralizado autonómico que reconozca la soberanía y contribuya a la unidad, cohesión y solidaridad del Estado-Nación boliviano? R. Sí. La Paz, octubre del 2005.
DIRECCIÓN PACHAKUTI M.I.P.
CENTRAL
DEL
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MOVIMIENTO
INDÍGENA
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Movimiento Nacionalista Revolucionario
UN PROGRAMA PARA EL CAMBIO: PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA
Michiaki Nagatani CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Guillermo Bedregal CANDIDATO A VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Bolivia, octubre de 2005
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I.
BOLIVIA EN LA ENCRUCIJADA
Las tormentas político-sociales que ha soportado nuestro país recientemente, han remezado los cimientos de esta creación histórica siempre difícil, llena de vicisitudes y signada por tantas adversidades, que es Bolivia. A pesar de ello, el ser nacional está demostrando que es capaz de sobreponerse a pruebas tan duras, para la unidad nacional, como las de octubre de 2003 y junio de 2005. Sin embargo, no son pocos los que se preguntan si nuestro país es viable y si la democracia, aún incompleta, como la propia nación boliviana, puede sobrevivir. Hoy nos encontramos ante un gran dilema: o avanzamos hacia una democracia más inclusiva y viable y un modelo de desarrollo que supere las limitaciones del actual o, retrocedemos hacia un populismo conservador y antidemocrático, ya superado por la historia, que no puede sino ofrecer más pobreza, desigualdad y antagonismos. La coyuntura actual es un juego abierto de oportunidades y posibilidades que podemos aprovechar para salir del pozo profundo en que hemos caído. Este debe ser un momento de inflexión para impulsar una nueva etapa de modernización económica, social y política que ponga a Bolivia en el siglo XXI. Los retos que enfrentamos son cruciales:
De la fragmentación a la unidad de la Nación Boliviana Tenemos que volver a creer en Bolivia, redescubrir la nación en sus potencialidades, como el hogar común de todos, capaz de cobijarnos en una visión compartida de futuro y como expresión de las aspiraciones de cambas, collas y chapacos; cholos, indios, mestizos y blancos; empresarios, trabajadores y productores. Sabiendo que ninguna región o grupo social podrá alcanzar el progreso por sí solo, porque la geografía, la historia y la cultura nos han hecho inescindibles. Si no lo hacemos, no habrá forma de sacudirnos del pesimismo, la fatalidad o la indiferencia y, entonces, Bolivia no será viable, pero tampoco habrá futuro para nadie. Redescubrir Bolivia significa afirmar la necesidad de un Estado fuerte y virtuoso, sin el cual no es posible avanzar en el desarrollo y la democracia. Pero un Estado fuerte no puede ser ya sinónimo de centralismo ni de estatismo
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económico. La fortaleza estatal pasa hoy por la descentralización y la constitución de gobiernos departamentales que abran paso al protagonismo de las regiones y municipios en la construcción nacional. El Estado fuerte que necesitamos lo será por su capacidad para garantizar un gobierno de leyes, para estimular la producción nacional y el crecimiento económico, mejorar la competitividad y la inserción en los mercados, promover la solidaridad y la cohesión social, proveer servicios públicos y mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos.
De la Participación Popular a la Participación Productiva Es también imperativo transitar de una economía centrada en la explotación de los recursos naturales, sin mayor efecto multiplicador, hacia una economía diversificada y con capacidad de industrializar esos recursos, en manos de múltiples actores económicos que puedan articular la economía del gas, de la agroindustria y la manufactura de exportación con la Economía Popular del campo y de la ciudad a fin de generar más empleo y mejores ingresos para las mayorías, asegurando una dinámica de crecimiento sostenible y con tasas mayores al 5%, para que ello tenga un impacto positivo en la reducción de la pobreza. La nueva estrategia de desarrollo para Bolivia se llama Participación Productiva, que implica un cambio estructural en la economía porque está orientada a potenciar y modernizar a los cientos de miles de pequeños productores, comerciantes, transportistas y trabajadores por cuenta propia, organizados en cooperativas y asociaciones de producción y de servicios, y trabajando en alianzas empresariales y en acuerdos productivos con los municipios y prefecturas. Apostamos a las Organizaciones Productivas Populares, como los sujetos del cambio y los constructores de la nueva Bolivia.
De la crisis al cambio del régimen político De la crisis del sistema político surge la posibilidad de refundar la política al servicio del bien común, con actores renovados y propuestas de cambio, sabiendo que la política es el medio para forjar el interés general, contener la dominación del poder económico y evitar el autoritarismo. Que lo que hay que desechar es la mala política, la que busca el poder a cualquier precio, la que
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corrompe a la gente y se corrompe a sí misma, para reemplazarla por la buena política, la que es capaz de producir una democracia de calidad y mejorar la vida de los bolivianos.
las minas, la diversificación económica, la marcha hacia Oriente, la reforma educativa, la estabilización económica, la participación popular y otras que cambiaron Bolivia y sentaron las bases para su integración en el mundo moderno, tienen hoy su proyección y desarrollo en la Participación Productiva que este Programa postula como el corazón de una nueva etapa de cambios económicos y democráticos en la sociedad boliviana.
Tenemos el desafío de consolidar un régimen político más democrático, representativo e incluyente, que supere los males del presidencialismo autocrático y acabe con los privilegios corporativos de minorías privilegiadas, para asegurar la igualdad política real y que todos los ciudadanos puedan participar en las decisiones que les incumben, dentro de la ley y el sistema institucional. Es preciso mejorar el sistema de gobierno y avanzar en la democratización del poder y la descentralización de la gestión pública. Reconstruir un sistema político pluralista pero superando la fragmentación que genera ingobernabilidad y obstruye realizar un proyecto nacional de desarrollo.
Del aislamiento a la integración regional y mundial Debemos relanzar el proyecto de convertir a Bolivia en el centro de integración económica y energética en Sudamérica, como la forma mejor de insertarnos activamente en la economía internacional y de vencer el aislamiento geográfico y económico heredado de la historia, una de las causas del atraso nacional. Bolivia tiene que posicionarse y gravitar en el Pacífico sur; asociarse y complementar su economía con la de sus vecinos; aprovechar las ventajas del libre comercio para ampliar mercados para la producción nacional y el desarrollo de sus reservas de gas, mejorando el transporte, las comunicaciones y otros servicios que le permitan ganar en competitividad y hacer de puente entre el Atlántico y el Pacífico en la proyección del continente hacia la región del AsiaPacífico, la más dinámica del comercio mundial.
Es hora de recuperar el tiempo perdido en nueve años de crisis, inestabilidad, confrontación y malos gobiernos; de vencer el derrotismo, el temor y la fatalidad que consume las energías nacionales, para volver a un tiempo fértil de realizaciones y de progreso. Es tiempo de poner a Bolivia en Movimiento. Como partido histórico de las mayorías nacionales, el MNR está decidido a protagonizar un nuevo cambio, en la línea de un Programa que nace del mismo pueblo. Enarbolando un Proyecto Político profundamente renovado que busca constituir una mayoría ciudadana como sustento de un gobierno sólido y fuerte. Una mayoría nacional fruto de la convergencia de actores políticos, económicos, sociales, regionales e institucionales. Un proyecto político que tiene en el binomio Nagatani-Bedregal un liderazgo renovado, portador de valores y visiones modernas. Un liderazgo que es capaz de recuperar la confianza de la gente en el gobierno y en la majestad del Estado, de ejercer la autoridad con estricto apego a la ley y con la capacidad de conducir al país por un rumbo claro y definido. Un liderazgo que ha forjado su integridad moral en la ética del trabajo y que tiene la fuerza necesaria para regenerar la política y las instituciones públicas. Este es un llamamiento a la unidad de los trabajadores, empresarios, profesionales, intelectuales, regiones, provincias, municipios, pueblos indígenas, movimientos organizados y ciudadanos independientes, para construir juntos una gran alianza política y social que exprese la unidad más amplia del pueblo boliviano en torno a los grandes objetivos de este Programa.
De la Revolución Nacional a la Revolución Democrática Los cambios que proponemos se entroncan en la tradición revolucionaria del MNR, el partido fundador de la democracia y de la modernidad en Bolivia. Tienen un sólido anclaje en las grandes realizaciones de la Revolución Nacional, en sus distintas etapas. Medidas como la reforma agraria, la nacionalización de
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II.
PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA
En Bolivia conviven tres sectores económicos y productivos que conforman una pirámide económica y social: la base está compuesta por pequeños
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productores urbanos y rurales, microempresarios, artesanos, cooperativistas, comerciantes, transportistas, comunidades campesinas e indígenas y muchos otros sectores de trabajadores por cuenta propia que se ganan la vida con su esfuerzo personal y familiar. En la cima de la pirámide está un sector de grandes empresas, muchas de las cuales han incursionado con éxito en el mercado internacional y aportan la mayor parte del ingreso nacional, pero generan poco empleo, y en el medio, un segmento de medianas empresas que también tienen capacidad de exportación, pero que dependen fundamentalmente del mercado nacional y su contribución es igualmente importante para el conjunto de la economía nacional.
busca atender las demandas de equidad y de mejores condiciones de vida para todos. Pero esta acción únicamente puede desarrollarse en el marco de una colaboración activa entre el Estado y la sociedad civil y, sobre todo, con la participación directa de los productores y trabajadores, que son los verdaderos protagonistas de la Economía y que deben ser también los principales artífices de su modernización y potenciamiento.
La base de esta pirámide en la que se concentra gran parte de la fuerza laboral del país es la que constituye la Economía Popular, muy diversa y heterogénea en las actividades productivas, comerciales y de servicios. La Economía Popular participa con cerca del 40% del total del valor agregado bruto, mientras que el sector formal privado genera el 46% y el sector público algo más de 14%. En valores absolutos, la población ocupada en la Economía Popular asciende a poco más de 3.8 millones de personas; si a ese total se le resta lo que corresponde al empleo del sector formal (800.000 personas), se tiene que la gran mayoría de la población se concentra en la Economía Popular, prácticamente el 80% de la ocupación laboral.
Por eso hemos llamado a esta propuesta Participación Productiva, porque consiste exactamente en eso: en generar un gran proceso de movilización nacional para el desarrollo productivo, alrededor del fortalecimiento y la transformación de la Economía Popular, sostenido en la participación de los actores y agentes económicos privados y en alianza con el sector público nacional, departamental y local. El objetivo de la Participación Productiva es crear nuevas oportunidades para que los cientos de miles de pequeños productores, microempresarios, campesinos y trabajadores del campo, artesanos, comerciantes, transportistas y otros sectores, puedan modernizar sus unidades productivas y económicas para integrarse en condiciones competitivas al mercado interno y también poder participar de las cadenas de exportación a los mercados externos, a partir de un gran esfuerzo de asociatividad y desarrollo empresarial.
Sin embargo, y a pesar de que los niveles de productividad en la Economía Popular suelen ser generalmente bajos, no hay duda que allí existen actividades y sectores con gran fuerza productiva, experiencias pioneras de innovación y creatividad en el trabajo, numerosos emprendedores en múltiples rubros industriales, agropecuarios y de servicios, así como otras potencialidades económicas que pueden ser aprovechadas si se generan condiciones de apoyo y fomento desde el Estado, revirtiendo el tradicional olvido y postergación de la Economía Popular.
Queremos que los pequeños productores y agentes económicos, nucleados en lo que genéricamente denominamos Organizaciones Productivas Populares (OPP), se conviertan en productores y empresarios capaces de producir y de comercializar con calidad y eficiencia, para tener una mejor retribución de su trabajo en ingresos. Que este importante segmento poblacional pueda insertarse de manera eficiente en cadenas productivas dinámicas formales que les permitan desarrollarse accediendo a mayores mercados, financiamiento, tecnología, capacitación y oportunidades comerciales en general. Para ello, es necesario cambiar el papel del Estado, de manera que responda a las necesidades de la Economía Popular, impulsando y estimulando vinculaciones y tejidos comerciales asociativos entre ella y los sectores empresariales formales y con mayor capacidad económica y exportadora. Este vínculo es el que puede generar mayores mercados y condiciones para la internacionalización de la economía y en particular para los pequeños productores urbanos y rurales.
Nuestro propósito es impulsar el crecimiento económico pero generando oportunidades para beneficiar a los sectores sociales más necesitados. Se trata, por tanto, de un planteamiento económico con profundo contenido social que
El enfoque político y económico propuesto consiste en comenzar desde abajo con programas que apunten a fortalecer la Economía Popular. Las empresas medianas y grandes tienen un papel clave que cumplir: conectarse con la Economía
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En la medida en que la gran mayoría de las familias bolivianas dependen de la Economía Popular, es también allí donde se concentra la pobreza y las necesidades y, en consecuencia, los focos de inestabilidad social que perturban la gobernabilidad.
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Popular y ser capaces de penetrar mayores mercados, articular la producción, internacionalizarse y de esa manera generar un efecto jalón para el resto de los sectores. Tanto en la producción como en el comercio, el rol de la economía formalizada es central, pues genera la demanda interna para la actividad de la Economía Popular a través de la provisión de insumos intermedios y también ofertando los productos nacionales o importados que consume y con los que trabajan los empresarios y productores populares.
de Ley de Participación Productiva que los candidatos Michiaki Nagatani y Guillermo Bedregal, con el respaldo de la bancada del MNR, presentarán al Congreso Nacional al inicio mismo de la próxima legislatura.
El esquema propuesto es integral porque apoya de manera prioritaria a la Economía Popular, pero también desarrolla programas puntuales y focalizados para estimular la economía formal que genera oportunidades para amplios segmentos de la población. Este es un programa que surge del pueblo mismo, porque su esencia consiste en rescatar experiencias de desarrollo productivo y empresarial que han sido capaces de realizar numerosos productores bolivianos en distintas regiones, ciudades y áreas rurales del país, para proyectarlas y transformarlas en políticas públicas de alcance general. Se trata, pues, de despegar una nueva etapa del proceso de Participación Popular que ha inducido al progreso de tantos municipios del país, transfiriendo recursos económicos y democratizando el poder político local. La Participación Productiva es una fase que desarrolla los logros de la Participación Popular, teniendo esta vez como principal destinatario a los productores urbanos y rurales, agrupados en Organizaciones Productivas Populares; es decir, cooperativas, asociaciones de productores y toda forma de emprendimiento colectivo que supere las limitaciones de las unidades económicas pequeñas y aisladas, de baja productividad y sin capacidad competitiva. Si la Participación Popular tuvo un carácter eminentemente territorial, la Participación Productiva que ahora proponemos, es un proceso que estará encaminado a dinamizar la economía local, especialmente la de los sectores de pequeña producción urbana y rural, con objeto de potenciarla e integrarla a los mercados en una dinámica de alianzas con el sector empresarial, así como de acuerdos y pactos con los gobiernos municipales y departamentales y con la participación e impulso del mismo gobierno nacional. La propuesta de la Participación Productiva se concretiza en las políticas de gobierno que se esbozan a continuación y que serán desarrolladas en el Proyecto
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1.
ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS POPULARES: EJE DE LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA
Bolivia se está urbanizando aceleradamente, pues de los 9.327.219 habitantes que tiene en el 2005, solamente el 35% habitan el área rural. Aún así, el conglomerado rural es de 3.300.000 personas, la mayoría de las cuales desarrollan actividades de sobrevivencia o, si son jóvenes, están preparando las condiciones para migrar a las ciudades y engrosar los cinturones de pobreza de las principales capitales del país. Ello ocurre porque luego de 50 años el efecto benéfico de la Reforma Agraria se ha agotado por la sucesión hereditaria, la misma que ha llevado a la parcelación extrema de la propiedad campesina, haciendo que las unidades productivas agropecuarias se hagan inviables, de baja producción y productividad. A su vez, su dispersión dificulta que sean atendidas por los servicios estatales de apoyo a la producción. Incluso gran parte de las cadenas agroexportadoras, que el país está perfilando con tanta dificultad desde hace varios años, tienen hoy dificultades en su competitividad, debido a que en su base productiva tienen a pequeños productores cuyos costos no puede soportar el mercado internacional. Los pequeños productores campesinos y colonizadores no solamente enfrentan aislados el mercado, sino que sus condiciones productivas se han deteriorado enormemente como resultado de la extrema parcelación de su propiedad y el deterioro de los recursos naturales. Las Asociaciones de Productores y las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) son formas de organización económica mediante las cuales los productores campesinos, colonizadores y en general los pequeños productores tratan de enfrentar su debilidad individual para atender los retos del mercado moderno, tanto en la comercialización de su producción cuanto en la compra de semillas, insumos y semovientes.
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Las cooperativas mineras, por su parte continúan dando vida a la tradicional actividad extractiva del país, pero cada día en condiciones más precarias, sin poder aprovechar plenamente las coyunturas de precios favorables como la presente y, en muchos casos, ocasionando daños estructurales a los yacimientos por falta de recursos de inversión y de asistencia técnica.
La cooperativa potenciada en el marco de la Ley de Participación Productiva no será la única forma apoyada por el Estado. Nuestra propuesta considera, también, otras formas de asociación existentes como las OECA o simplemente Asociaciones de Productores, los consorcios microempresariales urbanos e incluso las estructuras productivas comunitarias. Lo importante en estos casos es transformar estas formas de organización de entidades sin fines de lucro a entidades capacitadas para realizar a plenitud actos comerciales, generar utilidades económicas y realizar inversiones de capital.
La situación en el ámbito urbano y en el sector de la manufactura no es diferente. Los microempresarios y artesanos de las ciudades deben asumir por sí solos la compra de insumos y sus actividades de producción y comercialización. Los gremiales luchan por ocupar precarios espacios en las calles de las ciudades, sin poder acceder a sitios comerciales con condiciones adecuadas para su trabajo y para la comodidad y seguridad de los clientes.
En concreto, la Ley de Participación Productiva que proponemos, promoverá a las Organizaciones Productivas Populares (OPP), tales como: a)
Es evidente entonces que el asociativismo tiene que ser más profundo y debe contar con promoción específica del Estado. No basta que el productor comprometa su producción o parte de ella, cuando su parcela misma es demasiado pequeña, su producción reducida, sus costos altos y sus rendimientos bajos. En esas condiciones, la propia cooperativa o asociación perderá competitividad en el mercado y presionará por hacer bajar los precios de sus afiliados a tal punto que éstos preferirán vender a los comerciantes y rescatadores tradicionales. En Bolivia existen interesantes experiencias de cooperativas de producción agropecuaria y agroindustrial y de asociaciones de productores, organizaciones económicas campesinas (OECA) y consorcios de microempresarios urbanos, que se han desarrollado con éxito, tanto en el oriente como el occidente, mostrando un camino para transformar las pequeñas unidades individuales en empresas sociales que pueden trabajar integrando la producción de bienes de consumo o de materias primas, con la comercialización de los productos e incluso la transformación industrial de los mismos. Estos ejemplos vale la pena replicar en gran escala y en diversas regiones. De este modo, la debilidad del pequeño productor para generar valor agregado o, por lo menos, lograr economías de escala será lograda por su integración en Organizaciones Productiva Populares de base local, apoyadas a su vez en asociaciones regionales representativas y en sólidas federaciones departamentales.
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Las cooperativas de producción y comercialización como la principal forma de asociación económica de carácter democrático y participativo de los productores y trabajadores del sector de la Economía Popular, tanto del campo como de las ciudades. Los microempresarios, artesanos y otros trabajadores de cualquier rubro, tendrán incentivos para asociarse tanto para la adquisición de maquinarias, equipos e insumos, como para la comercialización de sus productos. A nivel rural, los productores agropecuarios podrán incluso trabajar la tierra reagrupada y ampliada de los socios. Ya no serán pequeñas unidades inviables, sino extensiones viables sobre las que será posible aplicar maquinaria, contratar asistencia técnica, apalancar crédito e introducir tecnología. El resultado de este proceso será la conversión paulatina del pequeño productor aislado, tanto del que es poseedor en el campo de una pequeña superficie de tierra cada día más degradada por el sobreuso, incapacitado de comprar o siquiera alquilar maquinarias, comprar fertilizantes o introducir ganado mejorado, como de aquel otro que tiene un pequeño taller de manufactura en El Alto o en otras ciudades, que se apoya en el trabajo de los miembros de su familia o de algunos pocos operarios y que carece de capital para agrandar su negocio, adquirir maquinaria y otros insumos. Los productores urbanos y rurales podrán integrarse en vigorosas cooperativas agropecuarias e industriales, con mayor productividad e insertas competitivamente en el mercado nacional y articuladas a las cadenas exportadoras. Esta propuesta de cooperativismo se entronca,
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además, con las tradiciones de colaboración recíproca que tiene el campesinado boliviano, como el ayni y otras. La cooperativa es también una opción para la organización de los comerciantes gremiales que venden en los mercados y que de este modo podrían reunir capital conjunto para realizar inversiones que mejoren la infraestructura y los servicios de los centros de abasto y comercialización. Por supuesto, las cooperativas agropecuarias, mineras y de ahorro y crédito que ya existen serán incentivadas y fortalecidas al ser consideradas también como Organizaciones Productivas Populares y como tales se beneficiarán de incentivos específicos, como la eliminación de la doble tributación, la clausura definitiva de la burocrática y corrupta experiencia del INALCO y su reemplazo por una instancia de coordinación públicoprivada (gobierno-cooperativas) para la adopción de una normativa de promoción, pero también de fiscalización y control. b)
Las asociaciones de productores, como una forma alternativa de organización económica que también permitirá a los productores superar las restricciones legales que actualmente tienen para operar con amplitud en el mercado. Pretendemos transformar a las actuales asociaciones de productores de agrupaciones civiles sin fines de lucro y por tanto inhabilitadas para realizar actividades comerciales formales, en sociedades comerciales parecidas a las cooperativas y, por tanto, habilitadas para terciar en el mercado con plena personería. La Ley de Participación Productiva establecerá una modalidad específica de asociación comercial que sea reconocida por el Código de Comercio, con plena personería y facultades para realizar actividades productivas, de transformación, comercio y otros servicios. El alcance de esta propuesta abarca a las asociaciones de productores agropecuarios y también a las OECA que, gracias a la nueva ley, estarán legalmente habilitadas y podrán reajustar su estructura organizativa a un modelo de gestión empresarial.
c)
Los consorcios empresariales, como otra forma de organización de los microempresarios manufactureros donde cada uno de ellos mantiene la
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propiedad de sus medios de producción, pero se agrupan para la atención de pedidos específicos y adquieren capacidad legal para suscribir contratos accidentales con demandantes de medianas y grandes empresas y de entidades estatales. Estos consorcios podrán presentarse a las licitaciones públicas para proveer todo tipo de bienes y servicios. Estos consorcios serán particularmente incentivados y apoyados en El Alto, que constituye un área crítica conformada en lo fundamental por población que se ha visto obligada a migrar a las ciudades por la inviabilidad de sus unidades económicas rurales. La potencialidad manufacturera de El Alto, será plenamente aprovechada mediante estos consorcios que se convertirán en OPP con capacidad de proveer insumos y partes a las empresas exportadoras y atender las compras estatales y municipales. Por cierto que la conversión de las pequeñas propiedades agrarias y de los talleres artesanales y microempresarios en OPP debe ser un acto voluntario, pero el Estado incentivará esta transformación mediante un conjunto de medidas fiscales, financieras, apertura de mercados, asistencia técnica, capacitación y otras, que serán debidamente reguladas en la Ley de Participación Productiva que proponemos; entre ellas, las siguientes:
Plena facultad para realizar actos comerciales.
Priorización de la inversión pública departamental e inducción de la inversión municipal en apoyo de las demandas y necesidades de infraestructura de las OPPs, principalmente en riego, provisión de gas natural y construcción de centros de almacenamiento.
Asesoramiento gratuito para la tramitación de constitución de OPPs agropecuarias, agroindustriales e incluso industriales, artesanales y de servicios, tanto rurales como urbanas.
Saneamiento inmediato y gratuito por parte del INRA de las tierras reagrupadas en torno a cooperativas u OPPs.
Atención prioritaria de los servicios estatales y para-estatales de apoyo a la producción como el SIBTA, SENASAG, PROSAT y
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SAT, los mismos que de esta manera podrán por fin atender al pequeño productor que antes no atendían debido a su dispersión.
2.
Transferencias directas de recursos para la contratación de servicios de apoyo a la producción, en especial para la contratación de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología. Normativa e incentivos especiales para las OPPs que cuenten con gerencias y órganos cualificados de gestión, de modo que sus órganos de administración y vigilancia se conviertan en verdaderas instancias de gobernancia y no de interferencia. Apoyo de FONDESIF a la cualificación y fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito rurales de base local, para su incorporación a un sistema transitorio de fiscalización y supervisión y facilitar su crecimiento y capacidad de captación de recursos para financiar a las OPPs. Dotación de recursos a FONDESIF con objeto de que intermedie el crédito a las cooperativas abiertas (reguladas por la SBEF) y a las instituciones de microfinanzas con líneas específicas para el financiamiento de las OPPs.
ALIANZAS EMPRESARIALES
El principio de la asociatividad y participación productiva que postulamos como un eje para el fortalecimiento de la Economía Popular tiene un segundo nivel de expresión y realización a través de las Alianzas Empresariales. Esta propuesta se fundamenta en los siguientes conceptos: La economía del país opera en compartimentos estancos lo que no permite un mayor dinamismo de la producción y el intercambio de bienes y servicios. Por una parte, un sector hace uso intensivo de capital, tiene acceso a tecnologías avanzadas y está integrado a los flujos del comercio mundial. Otro, en cambio, hace uso intensivo del factor trabajo y tiene poco acceso a tecnologías modernas. Las actividades de ambos no llegan a complementarse y consecuentemente hay un potencial que se desperdicia y en cambio existe entre ellas un muro de desconfianza.
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Es preciso integrar ambas economías para que se beneficien mutuamente, especialmente el sector de unidades familiares y de pequeña y mediana escala, que conforma la base de la Economía Popular, de manera de sentar las bases de una nueva economía nacional competitiva y a la vez distributiva. Con objeto de facilitar las operaciones de comercio e intercambio, el Estado incentivará las alianzas empresariales de las OPPs (cooperativas, asociaciones y consorcios) con las medianas y grandes empresas del país, en un ambiente de confianza y donde las dos partes se beneficien mutuamente. Mediante estas alianzas empresariales, los pequeños y micro productores asociados podrán convertirse en proveedores de materia prima, insumos y productos intermedios para las empresas de mayor tamaño, garantizando volúmenes, calidad y oportunidad, a cambio de un precio que reconozca esas condiciones de entrega. Esta misma política será aplicada en el sector minero. Si las cadenas industriales, agroexportadoras y mineras, que en sus procesos finales de comercialización y/o transformación cuentan ya con importantes y modernas empresas, se articulan en la base productiva con OPPs de buena productividad y oferta competitiva, entonces aumentará la capacidad exportadora del país, se diversificará la oferta exportable y se generarán divisas, todo lo cual es fundamental para crear empleo productivo y reducir la pobreza. Esta estrategia es una manera de renovar la alianza de clases en la modernidad, mediante la articulación de sectores económicos y sociales que luchan conjuntamente para transformar la economía y resolver los cuellos de botella que impiden el crecimiento económico y el desarrollo social de los bolivianos, base de la estabilidad política y el desarrollo democrático de la sociedad.
3.
PACTOS PRODUCTIVOS PÚBLICO-PRIVADOS
La propuesta de Participación Productiva tiene un tercer nivel de carácter territorial que consiste en crear escenarios de concurrencia y concertación públicoprivados, indispensables para asentar en el territorio las estrategias de desarrollo productivo y potenciamiento de la Economía Popular, así como para generar el
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entorno político, económico e institucional que se requiere para viabilizar tales estrategias. Para ello, promoveremos acuerdos productivos entre los gobiernos municipales y departamentales, por una parte, y las OPPs por otra, para priorizar la atención de las necesidades y proyectos productivos en los municipios y departamentos y adoptar medidas que favorezcan la competitividad territorial y sectorial, incluyendo la dotación de infraestructura y servicios de apoyo a la producción, velando porque los beneficios sean para todos los sectores. En los municipios y departamentos donde se den acuerdos productivos entre el sector público y los productores organizados, además de promoverse la inversión concurrente público-privada, se otorgará financiamiento para todo tipo de servicios de apoyo a la producción (asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología, estudios de mercado, organización de cadenas de mercado interno, desarrollo gerencial y administrativo). Los recursos para la contratación de estos servicios a la producción serán entregados directamente a las OPPs, para que sean esas agrupaciones las que realicen directamente las contrataciones que les resultaren más convenientes, con la única condición de una rendición de cuentas a sus asociados. Se evitará de este modo la costosa y burocrática intermediación de entidades estatales. El Fondo Productivo y Social (FPS) podrá encargarse de operar estos recursos. El esquema de asociación económica y de alianzas empresariales y pactos público-privados que contiene nuestra propuesta de Ley de Participación Productiva se muestra en el gráfico adjunto
4.
FINANCIAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA
El financiamiento es una condición fundamental para el potenciamiento de la Economía Popular y, consiguientemente, para el éxito de la Participación Productiva. Por ello, proponemos un conjunto de políticas de financiación de las actividades que la conforman, priorizando aquellas relacionadas con el impulso a la organización cooperativa y otras iniciativas asociativas en el campo de la producción, el comercio y los servicios.
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La propuesta que hacemos, implica una asignación que asegure que los recursos lleguen a la Economía Popular en el orden de los US$ 1.275 millones, a desembolsarse en el período 2006-2010, financiando los programas y proyectos de la Participación Productiva.
Los departamentos a través del IDH recibirán cerca de US$ 180 millones anuales. La propuesta es que parte de estos recursos se canalicen a este tipo de intermediación financiera en cada región, estimulando de esa manera la producción y la vocación regional.
Tradicionalmente la inversión pública ha estado cerca de los US$ 600 millones anuales. Queremos que 15% de ese monto se destine de manera directa a la Economía Popular haciendo un flujo anual de US$ 90 millones. En cinco años se podrán movilizar US$ 450 millones a este sector.
Asumiendo que las regiones destinen el 25% de este ingreso directamente a la Economía Popular, se tiene que en cinco años se tendrían US$ 225 millones para este propósito.
Los recursos identificados para movilizar ese financiamiento, provienen de las siguientes fuentes:
4.1
Recursos del Gas
La disputa por los recursos de gas ha llegado al punto que se tienen comprometidos casi la totalidad de los ingresos actuales y futuros. Sin embargo, cabe reflexionar que, en todos los casos, estos recursos se destinan a gasto público e inversiones departamentales que si bien pueden contribuir, no tienen un impacto directo e inmediato en la Economía Popular.
4.2
Recursos de la Condonación de la Deuda
Se ha formalizado el anuncio de los países que conforman el grupo de las 7 naciones más desarrolladas del mundo, para promover la condonación del 100% de la deuda que sostienen países como Bolivia con el Banco Mundial, la Asociación Internacional para el Desarrollo y el FMI. En el caso de Bolivia, esto significa una condonación de cerca de US$ 2.000 millones, que podría liberar US$ 50 millones anuales, por concepto de servicio de la deuda. La propuesta es que la totalidad de estos recursos se destinen a la Participación Productiva a través de los intermediarios financieros específicos para el efecto. De manera automática, como sucedió con la distribución de los recursos HIPC, estos recursos deberían fluir a estos intermediarios.
La propuesta es que se redimensione lo anterior y se destine una parte de estos recursos a la Participación Productiva, a través de instancias de intermediación del Estado, con políticas de asignación y manejo de riesgo, más amplias que las que podrían establecer entidades que tienen la responsabilidad de precautelar los recursos de sus ahorristas. Lo anterior significa: i) que el grupo meta son las cooperativas y asociaciones de productores, las alianzas empresariales y los pactos productivos público-privados; y ii) que sin que exista espacio a un manejo irresponsable, el Estado debe asumir riesgos que el sector privado no está en condiciones de asumir. Esta política supone el reconocimiento de organizaciones productivas diversas como sujetos de crédito y la realización de proyectos de impacto productivo que beneficien a grupos específicos de productores. El enfoque es de administración de riesgo con vocación de desarrollo, concepto que no implica regalar estos recursos, sino adecuarse a las realidades de esta economía popular.
Bolivia es un país elegible para acceder a los recursos de la cuenta del Milenio propuesta por los Estados Unidos. Una parte de estos recursos tendrán como destino la Participación Productiva.
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Puesto que estos flujos provienen de la renta nacional y tienen bajo nivel de riesgo (garantía soberana), se podría pensar en traer al presente los flujos mediante procesos de titularización o similares, que permitan generar al menos un impacto anual de U$ 100 millones por este concepto durante los primeros cinco años de funcionamiento, haciendo un total de US$ 500 millones en este rubro. 4.3
Recursos de la cuenta del Milenio
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Considerando una asignación conservadora de US$ 20 millones anuales por este concepto, se podría acumular en cinco años US$ 100 millones adicionales como contribución a la Participación Productiva.
Se debe establecer mecanismos para la sindicación de préstamos, donde el originador y administrador de la cartera es el Fondo Financiero Privado y el financiador adherido será el (los) organismos públicos que gestionan los fondos para la economía popular. Una combinación de los recursos comerciales administrados por estos operadores privados con los recursos más blandos destinados a la economía popular podría generar mejores condiciones de acceso a créditos de parte de muchos clientes que de otra manera no serían elegibles. Así, también ganan los fondos privados que podrían generar más cartera y más clientes con una mezcla de recursos más adecuada a las necesidades de los productores de la economía popular.
4.4
Recursos de crédito
Regularmente el país recibe recursos de crédito que se canalizan hacia infraestructura, salud y educación. La propuesta es que la composición de la inversión pública gradualmente incorpore mayores proyectos para el sector productivo y en particular proyectos enmarcados en los objetivos de la Participación Productiva. Dichos recursos deben servir, asimismo, para incentivar programas de articulación de las Organizaciones Productivas Populares con las medianas y grandes empresas. Proyectos de este tipo son los que aseguran una parte importante de la estrategia que es la ampliación de mercado para la economía popular. Sin mercado, no existe la posibilidad de pensar en producción. Desde un enfoque de negocios, se debe crear las condiciones para financiar proyectos enmarcados en alianzas entre la Economía Popular y eslabones más desarrollados que generen beneficios para ambos. Los intermediarios para canalizar el crédito pueden ser diversos actores públicos y privados. No se descarta a las entidades financieras, pero sobre todo se considera a otras organizaciones de intermediación más cercanas a la Economía Popular. Entre los actores públicos están los Fondos de Desarrollo que tienen experiencia con las regiones, pero que deberán desarrollar experiencia y metodología para aproximarse y servir a las Organizaciones Productivas Populares.
De manera complementaria a los mecanismos de crédito, promoveremos también la creación y el fortalecimiento de instituciones de capital de riesgo que puedan aportar recursos frescos de inversión de capital en OPPs.
5.
LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA
La pérdida de nuestro acceso soberano al mar ha sido no solamente un factor de atraso económico sino también la determinante de un sentido de aislamiento del resto del mundo. Sin variar la prioridad que tiene recuperar nuestra cualidad marítima, debemos aprovechar las potencialidades que aún nos ofrece nuestra ubicación geográfica. Bolivia, más allá de toda retórica, tiene una oportunidad real si sabe aprovechar su concurso en la interconexión de América Latina, pero, sobre todo, en la vinculación del Atlántico con la región del AsiaPacífico, que es el espacio geográfico que moldeará el futuro de la economía mundial en los próximos 15-20 años. Bolivia debe ser un eje de gravitación para el comercio de bienes y servicios en Sudamérica.
Asimismo, es necesario fortalecer a las más de 70 cooperativas de ahorro y crédito no fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos que existen en el área rural y en los centros poblados intermedios del país, con objeto de que se transformen en respaldo seguro y confiable a las operaciones financieras de las OPPs. Una acción similar se debe desarrollar con relación a los fondos financieros privados que operan con la economía popular y otras intermediarias financieras.
Pero, además de poder aprovechar las potencialidades geográficas que nos ofrece la naturaleza, nuestro país, por tener una economía pequeña y un mercado estrecho, debe abrirse al resto del mundo para que el comercio internacional justo permita escalas de producción doméstica capaces de utilizar los avances de la tecnología y niveles adecuados de competitividad. No es posible concebir una revolución productiva sin la posibilidad de encontrar mercados para esa producción. Confinarnos a las dimensiones del mercado interno representaría
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condenarnos a muchos años más de pobreza. Debemos ser capaces de realizar el sueño de un país con la capacidad de generar empleo y un creciente nivel de ingresos. Para alcanzarlo, es necesario que nos demos cuenta que aislados del mundo y del comercio entre las naciones no podremos producir más de lo que seamos capaces de consumir, lo que nos llevaría a perpetuar una economía de subsistencia, que es la negación del bienestar que nos debemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.
los niveles de ahorro interno o atraemos inversión extranjera masivamente. Está claro que es esta última opción la que está más al alcance del país.
Desde la incorporación de Bolivia al MERCOSUR como miembro asociado, nuestro país no ha tenido otra iniciativa importante en materia de comercio internacional. Nuestra participación en calidad de observadores en la conformación de un acuerdo de libre comercio andino-norteamericano y la ambigüedad con la que venimos encarando la conformación de una zona americana de libre comercio no hacen otra cosa que aumentar nuestro aislamiento. Nuestras relaciones económicas bilaterales son cuando menos tensas y de escaso beneficio para nuestro desarrollo. Consecuentemente, debemos terminar un período de poca claridad en nuestras relaciones económicas internacionales para integrar el país al resto del mundo y de esa manera beneficiarnos no solamente del comercio y nuevos mercados, sino también de la incorporación de nuevas tecnologías a nuestra producción. Sabemos que existen corrientes de opinión interesadas en mostrar riesgos y desventajas en nuestra incorporación plena a los flujos de comercio mundial. Es más, venimos importando posturas ideológicas que ven en el comercio internacional una conspiración de las potencias mundiales para someter a las naciones más débiles; y se ha hecho del aislamiento de Bolivia una cuestión de soberanía. El precio de seguir estas consignas es un mayor desempleo y menor bienestar para todos los bolivianos. Unas culturas fuertes y milenarias como las nuestras no pueden sentirse amenazadas por corrientes que pueden amoldarse a nuestras necesidades, en el marco de una política que sea definida con claridad en función del interés nacional y no en función de la satisfacción de grupos de presión.
No podemos desconocer la importancia que tiene la cooperación internacional en nuestras relaciones con el resto del mundo. Somos una nación dependiente de la caridad internacional en un grado insostenible e inaceptable. Hemos desarrollado toda una cultura alrededor de esta dependencia y se han creado círculos de corrupción e ineficiencia alrededor de ella. Paradójicamente, esta dependencia, que efectivamente mella nuestra dignidad y limita nuestra soberanía, no es objeto de ninguna expresión de rebeldía de quienes, en cambio, nutriéndose de ella, combaten las escasas iniciativas que efectivamente pueden ayudarnos a superar nuestra vulnerabilidad externa. Proponemos, en consecuencia, una nueva forma de relacionamiento con la cooperación internacional que posibilite completar la realización de los programas en curso con mayor transparencia y eficiencia, orientando los nuevos programas hacia la consolidación de nuestra propuesta de revolución productiva, que finalmente nos libere de la subordinación a las donaciones.
6.
EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA
La producción de bienes y servicios está determinada por las capacidades de la población. Desarrollar las capacidades de producción que posee la población, equivale a mejorar los niveles de educación y formación de la población. Si bien los niveles de cobertura se han incrementado significativamente, es necesario profundizar la reforma educativa, mediante la mejora de la calidad y la pertinencia de la educación. Es pues necesario complementar la reforma educativa, promoviendo una educación destinada a apoyar a la población en la mejora de sus niveles de competitividad, su capacidad de generar negocios, y de encontrar mercados y socios.
Adicionalmente, Bolivia necesita del ahorro externo para poder financiar niveles de inversión indispensables para crecer más aceleradamente. La inversión promedio en el país ha sido del 15% del PIB, entre 1980 y 2002. Se sabe que países que han sido exitosos en su desarrollo han invertido cifras superiores al 30% del PIB por muchos años. Pero, para invertir, es necesario ahorrar. El ahorro interno entre 1980 y 2002 ha sido, en promedio, el 10% del PIB. En otras palabras, para alcanzar los niveles de inversión necesarios para el crecimiento o triplicamos
Para ello, es necesario dotar a la población de los instrumentos que les permitan aprovechar las oportunidades que puede brindarles el mundo exterior. Hoy día la extensión del Internet y del comercio electrónico abre las puertas para que los pequeños y medianos productores puedan acceder a los mercados internacionales, pudiendo encontrar la demanda a sus productos y mercados donde desarrollar nuevos productos. La educación debe entonces proporcionar las herramientas para crear negocios. Se debe generalizar el uso del comercio
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electrónico, incluida la habilidad de comunicarse en otros idiomas con potenciales compradores o socios. Es necesario, también, introducir en la educación los conocimientos necesarios para desarrollar proyectos, evaluarlos y comprender el funcionamiento de los mercados internacionales.
De manera general, el Fondo priorizará la atención a las mujeres estudiantes, trabajadoras y productoras.
6.1
Fondo de Inserción Laboral
Para quienes no han logrado insertarse en el mercado de trabajo adecuadamente, proponemos un programa de inserción laboral, de manera que puedan adquirir habilidades que les permitan participar en el mercado laboral para aumentar su capacidad de generar ingresos. Debemos desarrollar las capacidades de la gran cantidad de personas que hoy se encuentran subempleadas. No se trata de crear empleos transitorios, u otro sistema asistencial, por el contrario, se trata de generar habilidades en este grupo de personas, para que éstas puedan contribuir a la producción de manera eficiente. Para esto, se plantea la creación de un Fondo de Inserción Laboral, cuyo financiamiento deberá provenir de los recursos provenientes del gas. El financiamiento que brinde este Fondo deberá estar determinado por la demanda. Cualquier boliviano mayor de 18 años y menor de 40 años, que desee mejorar sus habilidades podrá inscribirse en cualquier institución de instrucción técnica superior, y el Fondo cubrirá los gastos de estos estudiantes incluyendo el pago de la matrícula y los materiales que deba utilizar en el transcurso de su aprendizaje. El único compromiso que adquiere quien desee participar de este programa será el de cursar y aprobar el programa de estudios que ha elegido. Posteriormente, el Fondo promoverá asociaciones de productores, en base a los titulados cuyos estudios ha financiando. Asimismo, brindará asesoramiento sobre la creación de empresas, en la búsqueda de mercados y financiamiento a estas asociaciones, de manera que las mismas puedan constituir un negocio. El Fondo está para prestar asistencia técnica para que sean los mismos titulados quienes generen su emprendimiento. El acceso a la asistencia técnica estará abierto a cualquier persona que tenga capital y desee llevar adelante un emprendimiento, siempre y cuando se comprometa a emplear a los titulados que hubiesen participado del programa.
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El Fondo podrá también actuar como una bolsa de trabajo, para lo cual se vinculará con las cooperativas y asociaciones de productores, de quienes obtendrá sus demandas de trabajo, que difundirá entre los egresados que ha logrado formar. El mantenimiento de una red entre sus egresados ayudará a mantener contacto con éstos, de manera de poder brindarles información sobre el mercado de trabajo y conocer de las actividades del egresado para difundir su potencialidad entre los posibles demandantes de sus servicios. Se buscará la coordinación de este Fondo con la cooperación internacional que dispone de recursos de asistencia técnica que en muchos casos se emplean de manera dispersa. El Fondo puede ayudar a que los esfuerzos de los países amigos puedan concentrarse en esta tarea.
7.
UNA NUEVA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS
Los hidrocarburos son los principales energéticos para el consumo mundial. Petróleo 40% y gas 20%. Las tendencias crecientes de utilización muestran claramente que, para mediados de este siglo, se invertirá la proporción, 40% gas y 20% petróleo. Esa tendencia está siendo acelerada por los consumos nuevos y de gran magnitud de China y la India. Adicionalmente, a las ventajas del gas, de ser el combustible fósil menos contaminante, se añade que es la mejor fuente para la generación de hidrógeno que se perfila claramente como el energético del futuro a largo plazo, sustitutivo del petróleo. Soportando esas tendencias, los descubrimientos de reservas de gas cada año son superiores a los de petróleo, que no cubren lo consumido el año anterior. En otras palabras, el mundo consume cada vez más petróleo de un stock que disminuye, con gas se consume más, pero el stock continúa en ascenso. De todo el gas utilizado en el mundo, menos del 2% es industrializado en otros productos. El gas es fundamentalmente energético. Regionalmente el gas boliviano es muy importante, estamos rodeados de países que necesitan gas y Bolivia es su mejor opción para abastecerse.
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La industria petrolera es la más globalizada del planeta. Lo que sucede en los grandes centros de producción y consumo (Medio Oriente, Europa, Asia y EE.UU.) afecta al mismo reducido número de empresas. Siendo así, en todas partes se mantiene una relación de mutua confianza entre ellas y los gobiernos, o empresa estatal del gobierno anfitrión.
Una mezcla de incomprensión de lo que fue la política de hidrocarburos y de sectarismo y mezquindad partidista ha llevado a que en el curso de este año se precipite el cambio de la Ley Nº 1689 de 1996, para reemplazarla con una ley improvisada, conceptual y técnicamente defectuosa, fruto de un referéndum tramposo y de las presiones de grupos radicalizados. La ley Nº 3058 de mayo de 2005 está marcada por una visión ideologizada y su contenido es regresivo y hostil a la inversión privada de la que no puede prescindir Bolivia para desarrollar su industria hidrocarburífera. Esta ley pone en riesgo al sector y puede inviabilizar las posibilidades de aprovechar racionalmente las reservas actuales para desarrollar, a partir del gas, la transformación de la economía boliviana y que sus beneficios puedan llegar efectivamente a la mayoría de los ciudadanos.
7.1
Una ley para avanzar, no para retroceder
En agosto de1993, el gobierno del MNR decidió concretar la exportación de gas al Brasil acordada en febrero del mismo año. Se renegoció el contrato de venta al Brasil, logrando aumentar el volumen de exportación de 16 a 30 millones de metros cúbicos por día, para lo cual se aumentó el diámetro del ducto de 28 a 32 pulgadas. El contrato fue ratificado en agosto de 1996. Sin embargo, los datos oficiales evidenciaban que en 1994 las reservas probadas y probables de gas natural alcanzaban solamente a 6.3 TCF (trillones de pies cúbicos americanos), cifra que no hubiera permitido cumplir con el compromiso de exportación al Brasil por 20 años y que demandaba la cantidad de 7.7 TCF. Si no crecían las reservas la única posibilidad de cumplir con el acuerdo con el Brasil, era transportar el gas peruano desde Camisea, en el Perú, hasta San Pablo. Se desarrolló entonces la estrategia conocida como “El Triángulo Energético”, para aumentar las reservas de gas, que se fundamentaba en: una nueva Ley de Hidrocarburos, la Capitalización social de YPFB y la construcción acelerada del gasoducto al Brasil. Estas medidas impulsaron la realización de fuertes inversiones en el sector petrolero, que de 1997 a 2004 alcanzó a 3.166 millones de dólares, inversión que logró aumentar las reservas de gas natural y de petróleo. Las reservas probadas y probables de gas natural subieron de 5.7 TCF en 1997 a 54.9 TCF en 2003 -sin embargo, la caída de la inversión desde 2003 ha determinado que las reservas disminuyan a 48.7 TCF en 2005-. El efecto de aquella estrategia vital para Bolivia fue el cumplimiento del convenio de exportación al Brasil, el reinicio de las exportaciones de gas natural a la Argentina y las posibilidades de que Bolivia incursione en nuevos proyectos de exportación hacia los países vecinos. Actualmente, gracias a las medidas tomadas en la gestión de gobierno de 1993-1997, la exportación de hidrocarburos de 127 millones de dólares en 1996 subió en 2004 a 839 millones de dólares, representando el 39 por ciento de las exportaciones totales.
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La Ley 1689 de 1996, junto a las otras medidas citadas, cumplió con su objetivo de atraer inversiones e incrementar las reservas de gas natural y de petróleo. Ahora, conseguido ese propósito, necesitamos un nuevo marco legal para una renovada política de hidrocarburos que apunte sobre todo a convertir a Bolivia en potencia energética en la región, con capacidad tanto para cubrir la demanda nacional como la de nuestros vecinos y otros países de ultramar; para generar oportunidades de industrialización y otros proyectos de valor agregado; para aumentar los ingresos del Estado y de las regiones, garantizando la estabilidad fiscal, así como para generar recursos que contribuyan a modernizar y potenciar la Economía Popular y, sobre todo, a financiar el desarrollo de nuestros recursos humanos que es la inversión más estratégica que podemos hacer. Nuestra propuesta es elaborar una nueva Ley que corrija los defectos de la actual ley, proyectando una política nacional hidrocarburífera a la luz de las condiciones y desafíos actuales y sacando provecho de todas las enseñanzas aprendidas en estos años. Las bases de nuestra propuesta son las siguientes: Rol del Estado: Al Estado le corresponde formular las políticas y normas y regular las actividades del sector mediante la Superintendencia de Hidrocarburos. A través de YPFB debe participar como operador en igualdad de condiciones con el sector privado y mediante arreglos modernos de asociación estratégica. Socialización del gas: El Estado debe priorizar la construcción de redes de gas domiciliario, en todas las ciudades del país, incluyendo las intermedias, así como en las áreas más pobladas del altiplano, valles y llanos. Impulsaremos este proceso iniciado en 2003, que no ha marchado como se planificó, debido
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no solamente a la escasez de recursos, sino también al manejo político que se ha hecho de esta aspiración del pueblo. Es preciso subsidiar la construcción del gas domiciliario para movilizar los recursos provenientes de la cooperación internacional con la misma finalidad.
Institucionalidad: Los hidrocarburos son fundamentalmente un energético nacional y de exportación. El petróleo es casi sinónimo de gasolina, diesel, jet fuel, etc. En el caso del gas, su destino mayoritario es la termoelectricidad. Debe haber una estrecha coordinación entre electricidad, termoeléctrica e hidroeléctrica y la explotación, transporte y comercialización del gas. Es necesario reponer en la estructura del Poder Ejecutivo un Ministerio de Energía.
Asimismo, fomentar el consumo de gas natural en las grandes, medianas y pequeñas industrias, así como en las cooperativas de producción. Apoyar la reconversión del parque vehicular del empleo de gasolina a gas natural comprimido, a partir de incentivos fiscales a los propietarios en acuerdo con los municipios. Incentivar la transformación del gas en energía termoeléctrica para consumo doméstico, industrial y agropecuario. Estabilidad jurídica: Los contratos existentes deben ser renegociados por acuerdo de partes, preservando la confianza de los inversionistas en el país. Régimen tributario: Con la subida de los precios internacionales del petróleo y el gas, el incremento en la tributación es irrenunciable. En todo el mundo se reconoce la facultad soberana de modificar los impuestos. Lo fundamental es preservar la industria y su competitividad. Políticas de precios: Se debe seguir las tendencias mundiales de los precios. Una fracción de IDH debe ser destinada a un fondo de estabilización para proteger la economía nacional. Ser el principal exportador del área nos permite una política firme pero prudente para mantener los precios con el Brasil, como indicador para otras exportaciones. Exportación y geopolítica: La necesidad de nuestros vecinos por el gas está envuelta en un juego geopolítico. Debemos lograr una relación madura, de mutuo beneficio y de largo aliento. La exportación debe ser acordada por acuerdos bilaterales con clara conciencia de sus connotaciones geopolíticas. Es también necesario desarrollar proyectos de exportación de energía termoeléctrica a los países vecinos, tomando en cuenta el déficit energético que existe. Al Estado le toca abrir los mercados y establecer los acuerdos pertinentes con los gobiernos de los países que demanden energía eléctrica.
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Como la política energética debe tener una visión a corto, mediano y largo plazo, se debe instituir un Consejo Nacional de la Energía, que tome en cuenta no sólo hidrocarburos, electricidad, sino también las otras energías no convencionales como la solar, eólica, etc. Industrialización: La industrialización del gas atañe fundamentalmente al uso de los licuables en el gas (etano y propano), que son la materia prima para la petroquímica y ésta requiere de grandes volúmenes de estos licuables para ser competitiva. Los volúmenes del consumo interno no son suficientes para la obtención de la cantidad de licuables necesarios para instalar plantas petroquímicas. Por tanto, la comercialización del gas interna y externa debe limitar el contenido de licuables para que se llegue a los volúmenes suficientes para su industrialización. La conversión de gas a líquidos no es todavía una realidad comercial en el mercado mundial. Por tanto, es conveniente dar las medidas generales de promoción y ayuda estatal para impulsar el desarrollo de esta actividad. La producción de fertilizantes debe ser fuertemente apoyada por el Estado para conseguir mercados externos, dado que la factibilidad económica financiera de una planta de fertilizantes requiere de economías de escala y producciones que están muy por encima de los consumos nacionales. Inversión Privada: La industria petrolera es altamente intensiva en inversiones que no están al alcance del ahorro interno. La inversión directa privada es indispensable. Para ello lo fundamental es crear un ambiente de confianza entre Estado, sociedad civil e inversionistas privados.
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III.
RECONSTRUIR Y FORTALECER EL ESTADO
El proceso de Participación Productiva que propugnamos como eje de una nueva política económica y base para transformar el sistema económico en Bolivia, requiere de un papel renovado y fortalecido del Estado. Reconstruir el Estado no significa volver al estatismo asfixiante, ineficiente y de corrupción del pasado. Hoy más que nunca necesitamos un concepto moderno de Estado, fortalecido en sus capacidades institucionales para promover la transformación y la competitividad de la economía boliviana, garantizar la equidad social y la unidad de los bolivianos y completar las tareas de la construcción nacional y el desarrollo democrático.
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la autoridad de un Parlamento respetado; iii) partidos nacionales capaces de articular los intereses regionales, locales y sectoriales. Nuestra propuesta y compromiso es contribuir a crear estas condiciones, para asegurar un proceso autonómico exitoso que permita a Bolivia dar un salto en su desarrollo. b) Un Estado de derecho que asegure el gobierno de las leyes para restablecer un orden democrático con ciudadanía política para todos los bolivianos. El Estado de derecho implica recuperar la autoridad del Estado que se ha perdido y también reconstruir y fortalecer su institucionalidad en el marco de la democracia representativa, restableciendo los mecanismos institucionales de decisiones y procesamiento de conflictos sociales. Todo lo cual supone que el Estado recobra legitimidad, capacidad y eficacia como eje del poder político para la toma de decisiones y el funcionamiento del régimen constitucional.
El Estado que propugnamos, significa: a) Un Estado unitario con departamentos y municipios autónomos. Como se hizo en 1825, hoy queremos refundar la República desde los departamentos que conforman la Nación boliviana, para que las regiones y municipios sean los protagonistas de la construcción nacional y el proceso de desarrollo. Apostamos por la implantación de un régimen de autonomías departamentales, asumiendo el desafío de convertir la reivindicación autonomista en un verdadero proyecto nacional, tanto en sus contenidos como en su planteamiento político, única forma asegurar su viabilidad y éxito, preservando en todo momento la unidad nacional. Asumimos la necesidad de encauzar un proceso avanzado de descentralización política y administrativa dentro de una estrategia flexible, gradual y ordenada, en estricta correspondencia con las posibilidades financieras y fiscales del país, que ahora son muy restrictivas. Una estrategia que además permita resolver las limitaciones institucionales y los problemas políticos y de gobernabilidad, ahora más exacerbados que nunca. Lo fundamental es que sea un cambio bien pensado, técnicamente factible y con una adecuada ingeniería política, administrativa y financiera, evitando un salto al vacío. Para asumir estos desafíos son necesarias ciertas condiciones políticas esenciales como: i) el liderazgo de un gobierno capaz de orientar y monitorear el proceso como una tarea primordial del próximo período gubernamental; ii)
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c) Un Estado Nacional que es capaz nuevamente de dar a los bolivianos un proyecto de país y de futuro compartido en el que se concilian las diferencias y se antepone el interés nacional por sobre los intereses regionales, sectoriales o corporativos. Un Estado que construye y promueve la identidad de la Nación Mestiza que esencialmente es Bolivia y que debemos rescatar como el mejor patrimonio étnico, cultural e histórico que tenemos los bolivianos, fruto de siglos de convivencia, integración y sincretismo permanente, para afianzar la unidad de la sociedad boliviana, combatiendo aquellas tendencias disgregadoras que, enarbolando falazmente la primacía de las diversidades culturales y territoriales, siembran enconos y rivalidades que sólo pueden conducir a la confrontación fratricida y la destrucción de la República. d) Un Estado promotor de desarrollo económico, cuya principal preocupación es generar las condiciones necesarias para que las actividades productivas y de servicios puedan desenvolverse con seguridad jurídica y en un clima propicio para los negocios, las inversiones y el despliegue de las iniciativas privadas; que fomenta prioritamente la atención de las necesidades de la Economía Popular, que alienta y participa en alianzas público-privadas y en inversiones concurrentes, que regula eficazmente los servicios públicos y que interviene en proyectos económicos estratégicos para el país, como en el sector hidrocarburífero donde debe cumplir un papel clave para impulsar las exportaciones de gas y desarrollar proyectos de industrialización de este recurso.
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e) Un Estado garante de equidad social, que cumple activa y eficazmente el papel de integrador social para la cohesión de la sociedad y el mantenimiento de los necesarios equilibrios internos, base de la estabilidad política y el desarrollo democrático. Un Estado que defiende los derechos económicos y sociales de las mayorías nacionales y que asume el desafío de universalizar los servicios sociales, avanzando lo más rápidamente posible a través del Bonosol, un SUMI mejorado, una reforma educativa de mayor alcance, un sistema de pensiones eficiente, agua y alcantarillado para los centros poblados y otros servicios esenciales articulados a una red de protección social para los sectores más necesitados y vulnerables.
garante de equidad social que hemos descrito antes como uno de los roles característicos del Estado Nacional apunta a recrear una capacidad estatal para impulsar una nueva etapa de reformas sociales en Bolivia, adecuada a las necesidades y posibilidades actuales.
INTEGRACION SOCIAL Detrás de la dualidad económica que existe en Bolivia existe una brecha de desigualdad, discriminación e injusticia que impide la construcción de una democracia con equidad y justicia social que es la base para mantener a la sociedad sólidamente cohesionada. Sin embargo, la integración social en Bolivia sigue siendo una tarea pendiente que hace que los lazos entre las distintas clases y capas sociales, regiones, culturas y generaciones sean también frágiles y vulnerables. A pesar de los esfuerzos realizados para acompañar las reformas económicas con innovadoras y profundas reformas políticas y sociales como la Participación Popular, la Reforma Educativa, una nueva política de salud expresada en el SUMI, la capitalización social que ha producido el Bonosol y otras medidas más, ejecutadas principalmente en el gobierno del MNR (1993-1997), los resultados alcanzados en la lucha por abatir las desigualdades sociales son claramente insuficientes. La recesión económica de los últimos años y su corolario en la inestabilidad política del país, han deteriorado los mecanismos cooperativos de la estructura social y es cada vez mayor la distancia entre las demandas y la capacidad de satisfacerlas. El panorama actual no puede ser más crítico.
Como ya se dijo, la base económica para sustentar esta nueva etapa de reformas sociales es el proceso de Participación Productiva que propone este programa como el corazón de una transformación estructural que pretende construir una nueva economía con capacidad competitiva y a la vez distributiva. Es decir, una economía capaz de generar excedentes y de crear empleo, que son las únicas bases posibles para derrotar la pobreza. Pero esta nueva estrategia de desarrollo económico y social tiene que ser complementada con políticas sociales que contribuyan sobre todo a desarrollar el capital humano del país, pero también a fortalecer los procesos de ciudadanía e integración. Afortunadamente, para ello, no partimos de cero. El MNR, como ningún otro partido en la historia boliviana, ha realizado los cambios sociales fundamentales de la Nación boliviana. En su patrimonio político están medidas sociales tan importantes como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa y la Participación Popular. Es de allí de donde arranca su experiencia, su calificación y credibilidad para encarar los nuevos retos de la integración social, en interacción con los cambios en la economía y en la política. Es bajo estos fundamentos que esbozamos, a continuación, nuestra propuesta de Integración Social que comprende un conjunto de políticas públicas prioritarias con efectos en la economía y en la calidad de vida.
1.
COMPLETAR EL CICLO DE LA REFORMA AGRARIA: DEL REPARTO A LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DEL AGRO
Por ello, un desafío fundamental de este momento es dar un renovado impulso al combate contra la exclusión y por la integración social de los bolivianos. Este cometido justifica y hace imperativo reconstruir y fortalecer el Estado para que pueda precisamente asumir eficazmente el reto de la integración social, en un momento de honda desagregación de la sociedad boliviana. La función de
La Reforma Agraria en Bolivia ha transitado por varios momentos. Una etapa inicial, cargada de contenidos y símbolos revolucionarios, que acabó con las estructuras semifeudales en el campo y repartió masivamente la tierra, dio lugar a una estructura de tenencia completamente diferente, así como a la formación de nuevos actores económicos, sociales y políticos, que hoy son protagonistas de la Bolivia democrática. A esa etapa, le siguió un largo período donde el proceso
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de distribución y adjudicación se precipitó en el desorden jurídico, la corrupción institucional, la discrecionalidad política y el acaparamiento de tierras, hasta casi agotar sus posibilidades. Con la Ley INRA se ha abierto un nuevo capítulo para relanzar el proceso agrario con un nuevo sistema de administración de tierras y buscando resolver problemas esenciales como la seguridad jurídica, un nuevo régimen de distribución de tierras rurales, el deterioro de los recursos naturales renovables y el reconocimiento de los derechos indígenas. Esta fase, con sus éxitos y fracasos, nos transporta ahora hacia nuevos desafíos. El reto principal es consolidar y completar la obra resultante del reparto de tierras, enfrentando los problemas pendientes y otros que han surgido en el curso del proceso.
1.1
Derechos agrarios seguros
La inseguridad jurídica que persiste en la tenencia de la tierra sigue siendo un gran problema agrario y un poderoso obstáculo para el desarrollo agropecuario y rural. La mayor parte de los productores del campo siguen siendo simples poseedores y carecen de títulos de propiedad. Sin derechos propietarios perfectos, debidamente reconocidos por la ley, no cuentan con la herramienta básica para crear capital. La Ley INRA es el intento más serio que se ha hecho para poner orden en el caos en que derivó el reparto de tierras y para dar seguridad jurídica. Lamentablemente, el saneamiento de la propiedad agraria ha derivado en un proceso engorroso, lento, prolongado y caro para el Estado. -
-
Proponemos simplificar los procedimientos técnicos y jurídicos del saneamiento para acelerar este proceso, en los primeros seis meses de gobierno, a fin de optimizar los resultados y poder concluir con la regularización del derecho propietario en todas las tierras agrarias antes de la finalización del próximo período constitucional. Revisaremos los procedimientos de verificación de la Función Económica Social para asegurar el empleo sostenible de la tierra y evitar que éste siga siendo un cuello de botella en el saneamiento. Aplicaremos la titulación sin más trámite que prevé la ley, para el saneamiento expedito y ágil de las pequeñas propiedades y comunidades campesinas.
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-
1.2
Agilizaremos la ejecución del saneamiento, fortaleciendo las oficinas departamentales del INRA para desconcentrar en ellas todas las etapas del proceso e involucrar más decididamente la participación de los municipios y gobiernos departamentales, vinculando los proyectos de saneamiento a los planes municipales y regionales de desarrollo productivo. Acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales
Es necesario generar nuevas y mayores oportunidades de acceso a la tierra y al aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente forestales, para beneficiar a campesinos y trabajadores del campo, y corregir, a la vez, distorsiones en la estructura de la propiedad agraria, como la concentración improductiva y la especulación en el mercado, tendiendo a lograr un uso más eficiente y equitativo de la tierra y sus recursos, que garantice la paz y estabilidad social en el campo, indispensable para el progreso económico. Las acciones que desarrollaremos como soporte y complemento a las políticas de fomento a la Participación Productiva son: -
Generar una oferta de tierras que permita el acceso ordenado y pacífico a la tierra, mediante: i) la dinamización del mercado de tierras; ii) la recuperación de más tierras fiscales en el saneamiento agrario; iii) la compra de tierras productivas para cooperativas y otras asociaciones de producción con financiamiento del Estado; iv) la creación de un banco de tierras. Estos dos últimos programas serán financiados con recursos de cooperación internacional.
-
Impulsar el reagrupamiento de parcelas y pequeñas propiedades a través de la formación de cooperativas agropecuarias que permitan constituir unidades agrarias viables para la actividad productiva.
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Descentralizar a los departamentos los programas de distribución de tierras, para lograr resultados más eficientes y favorecer la concertación con los actores productivos, los municipios y los campesinos e indígenas demandantes de tierras.
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Promover la titulación de mujeres propietarias de tierras y la aplicación de normas que procuren la equidad de género en la política agraria.
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1.3
Incrementar sustancialmente las concesiones forestales con preferencia a los usuarios tradicionales, comunidades campesinas, recolectores y agrupaciones sociales del lugar, involucrando en esta política a los municipios y departamentos. Vincular los proyectos de distribución de tierras y las concesiones forestales con otros proyectos y programas de apoyo y desarrollo productivo que buscan mejorar el acceso a los mercados de la economía campesina, para generar efectos simultáneos de acceso a la tierra, seguridad agraria y transformación productiva. Convertir la tierra en capital
Existe la imperiosa necesidad de eliminar los obstáculos legales que impiden a los campesinos e indígenas poder ejercitar sus derechos plenamente sobre la tierra. Debemos superar una situación de injusticia por la cual existen propietarios de primera –los empresarios y medianos agropecuarios- que pueden acceder fácilmente al crédito con la garantía de sus propiedades que no tienen restricción legal para ser transferidas o hipotecadas; y propietarios de segunda –los campesinos y comunidades agrarias- cuyas tierras no pueden ser libremente vendidas o usadas como garantía hipotecaria. Para corregir este anacronismo que frena el desarrollo de la economía campesina, proponemos: -
Llevar el tema de la inembargabilidad y las restricciones legales sobre la propiedad campesina a la discusión de la Asamblea Constituyente, para introducir los cambios que son necesarios en la CPE.
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En lo inmediato, aprobar un Decreto Supremo que facilite a los campesinos agrarios acceder al crédito con garantía de sus predios para financiar sus actividades productivas dentro de los programas de Participación Productiva que proponemos.
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La formación de cooperativas agropecuarias es otro de los mecanismos que permitirá superar los impedimentos al ejercicio pleno del derecho de propiedad.
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1.4
Política Nacional de Tierras
Cuestiones como la superposición o conflictos de derechos agrarios y forestales, el tratamiento legal al derecho de propiedad en tierras de protección y de producción forestal permanente, la verificación de la función económicosocial en predios con actividad forestal, la afectación de las áreas de concesión en la dotación de tierras a las TCOs y comunidades campesinas, la inmovilización de demandas de adjudicación de tierras en áreas sujetas a trámite de reconocimiento de TCOs, la situación de los usuarios tradicionales del bosque, etc., están desnudando problemas legales, inconsistencias en las decisiones gubernamentales, del INRA y de las superintendencias y otros problemas de gestión institucional, que hacen vulnerables los derechos agrarios y forestales. El Estado debe recuperar la capacidad de formular una política nacional de tierras que conjugue los objetivos de la política agraria de acceso y consolidación del derecho propietario sobre la tierra con los objetivos de la política forestal, desde una perspectiva sistémica en el manejo de los recursos naturales renovables. En ese sentido, y considerando el objetivo de avanzar hacia un régimen de autonomías departamentales, proponemos: -
Transferir al ámbito departamental la competencia relativa a la definición de normas y políticas de ordenamiento territorial en cada uno de los departamentos del país, para la aprobación de planes de uso del suelo y de ocupación del territorio, de manera que sea en el marco de estos planes departamentales –y con el dictamen técnico de la Superintendencia Agraria como órgano regulador del uso y gestión del recurso tierra- que la administración departamental decida y resuelva cuestiones tales como: la clasificación de tierras; la conversión de tierras boscosas aptas para diversos usos; la afectación de tierras de inmovilización y de rehabilitación.
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Transferir al ámbito departamental la determinación y aprobación del destino que se debe dar a las tierras fiscales, conforme a su capacidad de uso mayor, sea para su distribución, preferentemente mediante adjudicación, o bien para concesiones forestales, y necesariamente en el marco de los planes departamentales de uso del suelo y de ocupación del territorio; además de los procesos de concertación social que deben darse en el territorio.
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Un requisito para alcanzar los objetivos anteriores es que mejore substancialmente la calidad de los procesos de formulación y aprobación de planes de uso del suelo y de los otros instrumentos técnico-administrativos de ordenamiento territorial, tanto en los departamentos como en los municipios, así como la capacidad de los órganos gubernamentales para exigir el cumplimiento de sus normas.
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Crear, ampliar y fortalecer los mecanismos institucionales en cada departamento y sus municipios, encargados de diseñar y ejecutar políticas, planes y programas en materia agraria y forestal así como otras instancias de deliberación, concertación y control social en el campo de la gestión de tierras.
-
Institucionalizar el INRA y adecuar sus funciones a un modelo descentralizado de gestión, reorientando sus competencias y atribuciones a la ejecución de las políticas y programas de saneamiento y distribución de tierras, los cuales deben ser definidos con un mayor grado de incidencia de los organismos y actores departamentales y municipales, pero siempre contando con el dictamen técnico del INRA.
-
1.5
Reforzar la capacidad política y técnica del Ministerio de Desarrollo Sostenible para formular políticas y normas generales, en materia agraria y forestal, que enmarquen adecuadamente el rol fortalecido de los departamentos, así como para supervisar la legalidad y calidad de las decisiones de las instancias departamentales en este campo, velando permanentemente porque en ellas se contemplen objetivos de integración social, regional y cultural; y también para estimular el logro de metas nacionales participando en el financiamiento de programas agrarios y forestales prioritarios y creando otros incentivos que orienten e impulsen la acción de los departamentos. Protección al derecho forestal
No es posible impulsar el desarrollo del sector forestal si no se resuelve la inseguridad jurídica que afecta a este sector, protegiendo debidamente las
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concesiones forestales. Debemos fortalecer el ejercicio del derecho forestal para que sea reconocido como un derecho de valor jurídico equivalente al derecho agrario o minero, aunque diferente a éstos por su distinta índole y ámbito de acción, dotado de la garantía y la protección suficiente del Estado. Esta cuestión puede ser superada en el marco de la propia Ley INRA que prevé la figura de “terceros” en el proceso de saneamiento. Aplicando esta disposición, proponemos dictar una norma reglamentaria para el reconocimiento formal de los concesionarios forestales como “terceros”, dentro del proceso de saneamiento, tal cual se lo hace con otros propietarios o poseedores con trámite agrario. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación del derecho agrario preferente sobre las concesiones, contratos o autorizaciones de aprovechamiento forestal, señalado por la Ley INRA, en casos de superposición o conflictos de derechos.
2.
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 2.1 Educación
Continuar apoyando el desarrollo del capital humano, mediante la consolidación de las mejoras en la extensión y cobertura en la educación, además de trabajar en programas de tecnología de información y comunicación, y como explicamos en otra parte del programa, darle a la reforma educativa énfasis en la educación para la producción. Con ese propósito se plantea: •
Universalización de la educación primaria
•
Apoyar, mediante programas especiales, el acceso a la educación secundaria para todos los niño@s que completen la educación primaria
•
Diseñar y aplicar programas de educación técnica
•
En asociación con los municipios, proporcionar desayuno escolar para todos los niño@s
•
Financiar, con los impuestos sobre el gas natural, 10 computadoras conectadas a Internet en cada una de las escuelas del país
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a)
La clave de la reforma: educadores de calidad
La reforma requiere no sólo cambiar el plan de estudios, sino sobre todo generar una masa crítica de educadores que pueda diseminar este cambio en el futuro. Por ello, el énfasis deberá estar en la formación de los educadores. Debemos ser capaces de atraer a los mejores estudiantes a la profesión de maestros. Parte de los recursos del gas se deben utilizar para mejorar los niveles de educación. Cualquier esfuerzo serio en esta materia no puede limitarse a mejorar la remuneración de los maestros. Debemos formar una generación de profesores bien calificados, que puedan elevar significativamente los niveles educativos de la población.
b)
Formación ciudadana
Pondremos en primer lugar la defensa de los derechos sociales de los grupos más vulnerables, como las personas de la tercera edad, los niños y las mujeres y los campesinos, mediante una adecuada promoción de los derechos y diseñando y aplicando programas especiales para cada grupo social. Diseñaremos un plan de construcción ciudadana dentro de la reforma educativa, que incluya a los niño@s y a los jóvenes que cursan el ciclo secundario. El eje inicial de este programa deberá ser el conocimiento de los derechos y obligaciones que los ciudadanos tenemos en Bolivia.
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b)
La gestión de los programas de salud
Nos proponemos ordenar el sistema de seguro social con el propósito de alcanzar mayores economías de escala y fortaleza administrativa. Se creará una Superintendencia de Salud, con jurisdicción sobre autoridades, funcionarios, trabajadores y usuarios públicos, privados y de la seguridad social. Dentro de sus funciones estará el normar la apertura y funcionamiento de los centros de atención de salud, certificar el personal profesional y acreditar a los diferentes servicios de salud. También se ocupará de la resolución de los reclamos por mala calidad en la atención, de la alteración de tarifas y de otros problemas que requieran arbitraje. En suma, actuará como una defensoría del pueblo en materia de salud. La base institucional y financiera de esta entidad es el actual INASES.
c)
Política de nutrición
La desnutrición es una de las principales causas de las elevadas tasas de mortalidad infantil y de mortalidad de la niñez. El 30% de la población padece de desnutrición crónica y de retardo en el crecimiento; si a esto le añadimos las pérdidas de productividad por deficiencia de yodo y las agudas deficiencias de hierro, el cuadro nutricional es dramático. Aumentaremos la tasa de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, eliminaremos la mitad de los casos de desnutrición crónica y de anemia ferropénica y erradicaremos las deficiencias de yodo y vitamina A, mediante un programa de nutrición de alcance nacional en el que participarán el gobierno y los municipios.
2.2 Salud a)
SUMI mejorado y eficiente
d)
Política nacional del medicamento
La creación del Seguro Universal de Maternidad y Niñez (SUMI), ha sido un gigantesco paso para reducir la mortalidad infantil y materna en Bolivia y para iniciar la reforma de los servicios públicos de salud. El reto ahora es asegurar su funcionamiento eficiente así como su sostenibilidad financiera, para que los servicios que presta sean los adecuados y lleguen a todas las personas que necesitan de ellos, especialmente en el campo.
Se regulará el mercado de medicamentos, privilegiando el acceso de la población de menores recursos a un paquete científica y racionalmente apropiado de medicamentos esenciales. Se estimulará a la industria nacional para que lo produzca.
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garantía estatal, mediante el FONDESIF, para acceder a préstamos del sistema financiero no bancario
2.3 BONOSOL Indudablemente el otorgamiento del Bonosol a la población mayor de 65 años, como parte de la política de protección a este grupo vulnerable, gracias a las utilidades generadas por la capitalización, ha significado un apoyo importante e irrenunciable al grupo de la tercera edad. El gobierno del MNR garantizará la continuidad en el pago de este beneficio, mediante la modificación de la última Ley de Hidrocarburos de mayo de 2005, para que las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas Chaco, Andina y Transredes, sean respetadas y prosigan generando utilidades al Fondo de Capitalización Colectiva para el pago del Bonosol.
2.5 Turismo Tomando en cuenta que el turismo constituye una actividad con fuerte efecto multiplicador sobre el resto de la economía, debido a que genera empleo e ingresos directos e indirectos, y que no existió hasta el momento una política seria de apoyo al sector, es necesario impulsar el desarrollo de esta actividad, mediante: •
El desarrollo de una infraestructura turística básica en las regiones con mayor potencial, incorporado a las comunidades locales en el diseño y ejecución de los proyectos
•
El diseño y la implementación de un plan nacional para el aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos
•
La promoción en el exterior, por parte del Estado, de los centros turísticos y de las actividades turísticas importantes que tiene el país
2.4 Vivienda El acelerado proceso de urbanización del país ha determinado que el 65% de la población del país viva en las ciudades. Lamentablemente, los centros urbanos no tienen los recursos necesarios para satisfacer las demandas de servicios públicos básicos de la población recientemente asentada. Por una parte, la población rural recientemente asentada en las ciudades no dispone de las viviendas adecuadas donde vivan dignadamente; por otra, existe una alta demanda de viviendas que no puede satisfacerse debido a los costos de construcción que no permiten que la población de bajos recursos acceda a una vivienda. En ese sentido, proponemos: • Reponer los programas de reordenamiento territorial en las ciudades que permita disponer de los servicios públicos básicos •
Implementación de un agresivo programa de saneamiento básico en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, con la finalidad de aumentar la cobertura urbana por lo menos en 90% en el agua potable y el 65% en alcantarillado
•
En el área rural, también, se impulsará la cobertura de agua potable y de alcantarillado
•
Construcción y refacción de 100.000 viviendas que costarán aproximadamente 500 millones de dólares, financiadas con una participación estatal en un 20%, y otorgamiento de créditos en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) y el otorgamiento de una
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2.6 Género Comprendiendo que, en Bolivia, la mujer históricamente sufre de discriminación, abuso y exclusión económica, social y cultural, el gobierno del MNR de 1993 a 1997, desplegó una serie de políticas para iniciar un proceso de reversión de esta situación. Se creó la Subsecretaría de Asuntos de Género, se diseñó e implementó la Ley de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa. La Subsecretaría de Asuntos de Género tenía por finalidad diseñar y aplicar políticas de apoyo a la mujer, la Ley de Participación Popular estableció como uno de sus fundamentos la igualdad de oportunidades y la Ley de Reforma Educativa adoptó la equidad como uno de sus principios. Asimismo, promulgó la Ley contra la Violencia en la Familia; en otras palabras, se inició claramente un proceso de empoderamiento para las mujeres. Lamentablemente, los gobiernos posteriores no dieron continuidad a estas políticas e hicieron una gestión demagógica en los entes creados para ejecutar las políticas de género. En consecuencia, para retomar las políticas anteriormente citadas, planteamos:
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IV.
•
Crear el Ministerio de la Mujer, para diseñar y aplicar las políticas a favor de la mujer
•
Entrega gratuita de las cédulas de identidad a todas las mujeres que carezcan de este documento
•
Creación de una red nacional de casas de refugio y de apoyo en servicios legales. Las casas de refugio, a cargo de organizaciones no gubernamentales y religiosas, tienen la finalidad de brindar abrigo temporal a las víctimas de agresión, y el apoyo en servicios legales tendría como finalidad proporcionar apoyo legal, médico y psicológico a las mujeres
REFORMA POLÍTICA PARA EL BUEN GOBIERNO
Para reconstruir y fortalecer el Estado necesitamos recomponer y renovar el sistema político. La oportunidad para ello es el actual proceso eleccionario. Esto requiere de un nuevo proyecto político que llene el vacío de conducción en el Estado y la sociedad, y enrumbe la democracia hacia una era de estabilidad y prosperidad económica y social, con visión nacional y capacidad para lograr la convergencia de intereses entre el Estado y la sociedad civil, entre el sector público y el sector privado, entre la Nación y sus regiones. La propuesta que hace el MNR al pueblo boliviano busca llenar ese vacío. Dada la crisis estructural del Estado y del régimen político es necesario un cambio de fondo en el sistema de gobierno y el funcionamiento de las instituciones de la democracia representativa. El camino que proponemos es transitar del régimen presidencial hacia el régimen parlamentario, para establecer una nueva forma de gobierno de la República que supere los males de la concentración excesiva de poder que supone el presidencialismo y su consecuencia inevitable que es la supeditación política del Parlamento al Poder Ejecutivo, tanto como el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial, con su secuela de falta de fiscalización y de contrapeso a la autoridad gubernamental. No hay duda que el presidencialismo ha debilitado el sistema de partidos y es uno de los obstáculos para la institucionalización y el funcionamiento democrático de los partidos. El presidencialismo exacerba los peores vicios de la política boliviana como el patrimonialismo, el prebendalismo y el clientelismo, que desnaturalizan la democracia y desprestigian la práctica política.
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Pensamos que el régimen parlamentario puede contribuir en gran medida a superar esos problemas y también a mejorar las condiciones de la gestión de gobierno para que los resultados sean mejores y los beneficios mayores para el pueblo boliviano. Sin embargo, somos conscientes de que la implantación de este nuevo sistema de gobierno requiere de un gran consenso en la sociedad boliviana. Sin este requisito, sería imposible avanzar hacia ese cambio. Por ello, y de cara a la Asamblea Constituyente, ponemos este tema sobre el tapete y sugerimos a todos los otros candidatos y partidos políticos abrir el debate en procura de lograr un gran entendimiento político entre las principales fuerzas nacionales. En caso de que este consenso nacional no sea posible de alcanzar, pensamos que una reforma del sistema político es de todos modos ineludible e indispensable. Esta reforma política, no menos profunda, debe perseguir dos objetivos esenciales: i) restablecer la gobernabilidad democrática; ii) institucionalizar un renovado sistema político, verazmente pluralista y representativo que revierta la actual fragmentación política y sus efectos de inestabilidad y vacío de poder. Los ejes de nuestro planteamiento de reforma política son los siguientes: a)
Incorporar el sistema de doble vuelta en las urnas para la elección directa del Presidente y Vicepresidente de la República. Esta reforma es necesaria para reforzar la legitimidad del mandato presidencial y propiciar la formación de un gobierno de mayoría con plena capacidad de gobernar.
b)
Al mismo tiempo, crear la figura de un Primer Ministro, como jefe de gabinete encargado de coordinar las labores ministeriales y de llevar la relación con el Parlamento. El Primer Ministro será designado por el Presidente de la República con el voto de confianza de la mayoría absoluta del Congreso Nacional y tendrá responsabilidad política ante éste. De este modo se pretende mejorar la gestión administrativa del Estado, la coordinación y el equilibrio de poderes.
c)
Elegir diputados plurinominales en circunscripción nacional, manteniendo la elección de diputados uninominales en circunscripciones locales. Los diputados plurinominales serán elegidos en lista completa y por el sistema de representación proporcional. Para la elección de los
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Las propuestas de reforma política que aquí se adelantan, serán la base del proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado que el MNR propondrá a la Nación con motivo de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
diputados uninominales se requerirá mayoría absoluta de votos; cuando no se obtenga esta mayoría se procederá a una segunda vuelta, simultáneamente a la segunda vuelta presidencial. Así pues, la composición parlamentaria revestirá una triple representación: la representación nacional en los diputados plurinominales; la representación local-provincial en los diputados uninominales y la representación departamental en los senadores. d)
e)
Dentro del régimen departamental autónomo a ser incorporado en la CPE, constituir gobiernos departamentales con un Gobernador como autoridad ejecutiva y una Asamblea Departamental como órgano legislativo, compuesta por representantes departamentales plurinominales y representantes uninominales en circunscripciones locales. El Gobernador será elegido por mayoría absoluta de votos. Cuando eso no ocurra se procederá a una segunda vuelta, lo mismo que para los representantes uninominales. La segunda vuelta será también aplicada en la elección de los gobiernos municipales, estableciéndose simetría en la forma de elección de los tres niveles de gobierno. Constituir un sistema de partidos en tres niveles: i) el nivel nacional con la participación de partidos nacionales que, para su registro en la CNE, deberán acreditar el respaldo del 2% del padrón electoral nacional y con la obligación a presentar candidatos a presidente y vicepresidente, senadores y diputados y la opción de postular candidatos en elecciones departamentales y municipales; ii) el nivel intermedio con partidos departamentales que, para su registro en la CDE deberán acreditar el respaldo del 2% del padrón electoral departamental. Estos partidos, además de competir por los cargos del gobierno departamental, podrán postular candidatos al gobierno municipal; iii) el nivel municipal con partidos locales que para su reconocimiento legal deberán acreditar las firmas del 2% del padrón electoral municipal. Con esta reforma se crearán tres espacios diferenciados de competencia política, correspondientes a los tres niveles de gobierno, propiciándose la participación de partidos con características también diferenciadas para responder a las exigencias distintas de la democracia y el poder político territorial.
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2.
COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La hipercorrupción que se ha dado en los últimos años en Bolivia plantea una cuestión de extrema gravedad y, por lo mismo, de urgente e insoslayable tratamiento. En ello, está en juego el futuro del país y de la democracia. Sabemos que la corrupción es un fenómeno complejo, con raíces estructurales y que está presente en muy diversas esferas de la sociedad nacional. Es como un monstruo de tres cabezas, que nos amenaza e intimida. Enfrentar al monstruo es una labor difícil y titánica, pero no imposible si hay voluntad política de hacerlo. Nuestra decisión es concentrar las energías en la lucha contra las expresiones más peligrosas de la corrupción; aquellas que producen los efectos más perniciosos en el sistema democrático y en la sociedad. Son las tres cabezas del monstruo: la corrupción política, la corrupción policial y la corrupción judicial.
2.1
Transparencia e integridad en la gestión pública
La corrupción del poder político encuentra su caldo de cultivo en los abusos y en el manejo discrecional del poder, la falta de controles efectivos, la ausencia o debilitamiento de la ética pública y, sobre todo, la impunidad. Con demasiada frecuencia los privilegios y prerrogativas del poder han servido para proteger y encubrir a personas comprometidas en actos de corrupción. Son excepcionales los casos de parlamentarios que han perdido su fuero para ser sometidos a la justicia. Los corruptos siempre tienen la habilidad y el poder necesario para eludir la ley, y hasta para torcer la justicia a su favor, quedando sus delitos sin castigo.
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La corrupción se manifiesta también en el tráfico de influencias, la distribución de prebendas y el usufructo del patrimonio y los dineros públicos para el enriquecimiento personal o de grupo. La falta de transparencia y de participación ciudadana en el control de los actos de gobierno contribuye, sin duda, a crear un ambiente favorable a la corrupción. La solución a la corrupción en el sistema político pasa por poner un freno definitivo a la impunidad. Esta es la primera prioridad y la condición necesaria para generar un proceso de inmunización social y estatal frente a la corrupción sistémica. Nuestro plan apunta, asimismo, a cerrar las oportunidades de corrupción que se dan en el sector público por la fragilidad de sus instituciones, por la ausencia de reglas claras, por la mala fiscalización, por la inexistencia de control social, por la falta de información sobre los actos de gobierno, por el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, por los procedimientos engorrosos y burocráticos que se prestan a la coima y la chicana, por la ausencia de recursos humanos apropiados, por las interferencias políticas desmedidas y, en fin, por la grave falta de transparencia que caracteriza al sector público y a las relaciones entre éste y los agentes privados.
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•
•
•
•
Para resolver éstos y otros problemas, es preciso modernizar nuestras instituciones, cambiar el estilo de gestión pública y avanzar hacia una nueva manera de ejercer el poder político y de administrar los asuntos públicos, con transparencia, utilizando tecnología de punta en la información y las comunicaciones y obteniendo resultados claros que justifiquen y hagan legítimas las decisiones políticas. Las acciones que nos proponemos llevar a cabo son: •
•
Aprobar una ley que defina una política de gastos reservados, fijando un límite máximo a los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a este fin. Asimismo, reforzar la fiscalización de su uso, para garantizar que éste sea legítimo. Transparentar los procesos de contratación de bienes y servicios del sector público, estableciendo la publicidad de todos los actos (convocatoria, proceso y adjudicación) a través de Internet. Aplicar sanciones enérgicas a las empresas que cometan actos de corrupción en contratos con el Estado, incluyendo la prohibición de participar en nuevas licitaciones. Crear una base de datos pública y en línea de los proveedores,
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•
•
productos y servicios, que registre precios, condiciones, experiencias pasadas y sanciones a empresas. Tipificar penalmente prácticas de corrupción como el enriquecimiento ilícito; crear un procedimiento para investigar las fortunas de origen dudoso y el uso indebido de información clasificada. Perfeccionar el régimen de incompatibilidades entre la función pública y la actividad privada, y regular los traspasos de funcionarios del sector público al sector privado, a fin de prevenir los conflictos de interés. Concretar la profesionalización de la función pública, implantando la carrera administrativa que prescribe el Estatuto del Funcionario Público en los tres niveles de la administración pública (nacional, departamental y municipal), sobre la base del mérito y el desempeño funcionario. Garantizar que las contrataciones de personal de las entidades estatales se den por convocatoria pública creíble y sean accesibles por Internet. Desburocratizar y simplificar los trámites administrativos, procurando reducir al máximo las oportunidades e incentivos a la corrupción. Eliminar todo cobro innecesario e injustificado por trámites administrativos y judiciales. Implantar un sistema de información pública en línea de todos los actos y decisiones de los órganos políticos y administrativos del Estado, estableciendo la obligatoriedad de presentar informes periódicos de ejecución presupuestaria (por institución), de hacer conocer los resultados de gestión, de organizar audiencias públicas para responder consultas, de establecer procedimientos de peticiones y reclamaciones, de permitir un acceso regulado a la documentación que obra en poder del Estado. Para ello, se aprobará la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos. Implementar un sistema de “gobierno electrónico” con información y servicios en línea, para facilitar el acceso a través de Internet a la información de las actividades oficiales (compras y contrataciones del Estado, finanzas públicas, servicios públicos, ejecución de proyectos), reduciendo el contacto directo entre funcionarios y usuarios y, consiguientemente, las oportunidades de corrupción. El sistema también debe estar compuesto por portales anti-corrupción. Fortalecer la función rectora de la Contraloría General de la República sobre los sistemas de administración y control gubernamentales. La Contraloría debe promover el establecimiento y efectivo funcionamiento
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• •
de los sistemas de formulación de políticas públicas, gestión, regulación, información y control, e impulsar que los funcionarios cumplan su deber de responder pública y oportunamente por los resultados de su labor. Formación de Comités de Ética en todas las entidades públicas, los cuales deben aplicar normas o códigos de probidad para sus miembros. Creación de ventanillas de atención al ciudadano en todo el sector público, para brindar información, recibir quejas y denuncias, orientar a los usuarios y funcionarios acerca de los procedimientos y las prohibiciones administrativas.
2.2
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sincero propósito de recuperar a la Policía para el país y para sus miembros, de capacitarla y potenciarla a fin de que pueda cumplir mejor sus tareas constitucionales, de dotarle de los instrumentos y medios técnicos necesarios. Lo haremos, además, creando las condiciones para que sean los propios policías los que se alisten en la lucha contra la corrupción que mancha a su institución. Nuestras acciones serán las siguientes: •
Reforma de la Policía y Seguridad Ciudadana •
La Policía Nacional no ha superado la crisis institucional y moral que le afecta. Los problemas de corrupción que tan a menudo se presentan en la institución policial han generado un estado de descomposición interna que pone en riesgo su integridad y que causa efectos nocivos sobre la gobernabilidad, la seguridad y el Estado de derecho. Debilitada la policía, el Estado pierde su capacidad para garantizar el orden público y la seguridad de las personas. Por otra parte, el alarmante incremento del crimen y la violencia contrasta dramáticamente con la inoperancia policial, dado que la institución está desprovista de la preparación técnica, la motivación y los medios adecuados para realizar su tarea. Una muestra de la limitación policial para controlar el delito es la proliferación de servicios privados de seguridad, la mayoría de ellos improvisados y sin control ni regulación alguna. Poner freno a la descomposición policial y evitar el descalabro institucional de la fuerza pública es hoy una de las tareas más importantes del Estado boliviano. El MNR tiene un compromiso histórico con la Policía Nacional: juntos combatieron en las jornadas heroicas de 1952 y se unieron para construir el Estado Nacional. Justamente por eso es que ahora el MNR siente que es su obligación y responsabilidad patriótica ejecutar un proceso de cambio institucional y de renovación moral en la institución verde olivo. Buscamos la reorganización de la policía sobre nuevas bases, bajo un enfoque moderno de la seguridad pública y de la protección ciudadana, con el
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•
•
•
•
•
Restablecer la plena institucionalidad de la Policía Nacional, eliminando la intromisión político-partidista y prohibiendo toda actividad política interna. Despolitizar la designación de los mandos policiales y el sistema de ascensos, implantando la carrera policial basada únicamente en el mérito profesional y la calificación de servicios. Modernizar la Policía Nacional mediante un proceso de reestructuración institucional, el cual estará orientado hacia la profesionalización y la especialización en los campos de la seguridad pública, la investigación de los crímenes y delitos, la lucha anti-drogas, la seguridad del Estado, el control aduanero, el tránsito vehicular y la seguridad en las carreteras. Rediseñar la carrera policial y organizarla por servicios especializados, de manera que los oficiales y miembros de la institución desarrollen su actividad profesional en alguno de tales servicios, adquiriendo la estabilidad laboral y el conocimiento especializado necesarios. Reformar la Academia Nacional de Policías, para adecuar el sistema de formación y capacitación policial a los requerimientos de una profesión crecientemente especializada, y para garantizar la preparación de recursos humanos calificados y respetuosos de los derechos humanos. Ejecutar una política que reordene administrativamente, controle y haga transparentes las recaudaciones de fondos propios y los gastos de la Policía. Se busca que haya más policías con mayor capacidad operativa en las calles y menos burocracia en las oficinas. Reorganizar la policía judicial, función que debe ser realizada por personal técnico especializado y respetuoso de los derechos humanos. Poner en funcionamiento el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente del Ministerio Público, como órgano encargado de los estudios científicotécnicos requeridos para la investigación de delitos, tal como establece el Código de Procedimiento Penal. Promover una política de derechos humanos en la Policía Nacional. Para ello, se impulsará la designación de un defensor del pueblo adjunto para
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•
•
asuntos policiales, que vele por el respeto de los derechos de los ciudadanos y de los propios policías, y por la eliminación de los abusos y las extorsiones. Profesionalizar e institucionalizar los servicios de inteligencia policial y de seguridad del Estado, para la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas graves contra la sociedad boliviana. Mejorar el régimen salarial y de seguridad social de los policías. Lograr que el Estado otorgue becas de estudio a los hijos de los policías de baja graduación. Centralizar las distintas entidades sociales de la Policía Nacional para no duplicar costos administrativos y garantizar al servicio pasivo una remuneración justa.
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se elimina la corrupción de la administración de justicia. Por más voluntad que exista en los niveles políticos, ésta será insuficiente y probablemente inútil, si acaso no se mejora el funcionamiento de los órganos judiciales que tienen la función de hacer cumplir la ley y de poner a los corruptos en la cárcel. Partiendo de esta premisa, asumimos que la lucha contra la corrupción en los estrados judiciales es también una oportunidad para dar un nuevo y decisivo impulso a la reforma del sistema judicial boliviano y, consiguientemente, para mejorar los servicios judiciales en el país. Para ello, tomaremos las siguientes acciones: •
2.3
Justicia confiable y eficiente
En los últimos años, Bolivia ha sostenido con gran esfuerzo una reforma para cambiar la administración de justicia. Los resultados son, empero, insuficientes y en muchos sentidos desalentadores. Aunque se han producido ciertos cambios institucionales, el funcionamiento de la justicia no ha cambiado y continúa arrastrando una serie de vicios y graves deficiencias. Persiste la noción generalizada de que la justicia es prisionera del poder político y de los poderosos, de que los jueces prevaricadores y los abogados corruptos son impunes y de que los fiscales designados por padrinos políticos son absolutamente incompetentes. Un sistema de justicia tan permeable como el que tenemos, ofrece todas las posibilidades para que las debilidades se transformen en incentivos a la corrupción. Y la corrupción judicial tiene consecuencias graves no sólo para la propia administración de justicia, sino para el crecimiento económico. Un país con un Poder Judicial venal e ineficiente no puede garantizar la seguridad jurídica o económica. La pérdida de confianza y credibilidad en la administración de justicia es un impedimento para la vigencia del Estado de derecho. La vulneración de los principios de legalidad (sujeción a la ley), igualdad ante la ley (entre gobernados y gobernantes), independencia (de los órganos del Poder Público), debilita las estructuras del sistema democrático. No es posible combatir la corrupción en el gobierno o en las actividades privadas relacionadas con el sector público, si no
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Asegurar la plena independencia del Poder Judicial, eliminando toda forma de intromisión política en la administración de justicia y en la designación de autoridades judiciales.
Recomposición del Consejo de la Judicatura, a fin de garantizar su total idoneidad y eficiencia como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial. Restitución de su facultad de suspender a las autoridades judiciales en casos de faltas disciplinarias. Esta acción, de carácter urgente e indispensable, permitirá la pronta implantación de la carrera judicial y la aplicación del régimen disciplinario sobre vocales, jueces, personal de apoyo y funcionarios administrativos.
Profesionalización del Ministerio Público.
•
Crear la Procuraduría General de la República, órgano independiente exclusivamente dedicado a la defensa de los intereses del Estado.
•
Proponer e impulsar la aprobación de una ley especial contra la “chicana”, con el objetivo de lograr una pronta, ágil y eficaz administración de justicia, con menos costos para los litigantes y menos retardación. Esta ley debe asegurar la continuidad de los procesos hasta que lleguen al fin al que estaban destinados, permitiendo al juzgador fallar sobre el fondo de la causa aunque existan inconsistencias procedimentales, sin afectar, sin embargo, el orden público ni el derecho de defensa de las personas.
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•
3.
Crear un Observatorio Judicial, el cual se encargará de: i) evaluar y auditar la calidad de la administración de justicia, en especial la celeridad y el contenido de los fallos judiciales; ii) crear el Registro Nacional de Sentencias y Resoluciones Judiciales, medio de control y análisis de la aplicación de normas jurídicas en los fallos judiciales; iii) recoger quejas y denuncias de los usuarios y operadores de justicia, y levantar y procesar información sobre la calidad del servicio de justicia; iv) comunicar al Consejo de la Judicatura de las irregularidades que hubiere detectado, a fin de que este organismo adopte las medidas disciplinarias y correctivas del caso. Toda la información pública de este Observatorio será colocada en Internet.
POLÍTICA INTERNACIONAL
“Defender y promover los intereses de Bolivia” es el principio fundamental para ordenar la política boliviana, participando activamente dentro del sistema de relaciones internacionales y encarando los complejos desafíos de nuestro relacionamiento internacional en el mundo globalizado e interdependiente que vivimos. Los lineamientos generales de política exterior que proponemos son: a)
Política con países vecinos
Bolivia llevará una política activa de relacionamiento con los países vecinos (Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile), como mercados naturales y preferenciales de aprovisionamiento y consumo, así como lugar de trabajo permanente y temporal de miles de compatriotas bolivianos. b)
Acción multilateral
Los países pequeños como Bolivia tienen muy poca gravitación en las decisiones internacionales, por lo tanto, su participación deberá estar orientada hacia la búsqueda de acciones conjuntas a través de la conformación de bloques de naciones en desarrollo que, ante los resultados de un proceso de globalización mal encaminado, sacude iniciativas para sentar las bases de una necesaria revisión de sus objetivos, alcances y mecanismos operativos.
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c)
Participación en los procesos de integración
Como país casi marginal en el concierto de naciones de menor desarrollo económico relativo, según la jerga técnica de las Naciones Unidas y de menor importancia en las decisiones regionales, el papel de la diplomacia económica boliviana deberá sustentarse en la necesidad de participar activamente en los procesos de integración. Si tomamos en cuenta que la diplomacia se sustenta en la negociación, no podemos desconocer que un país pequeño, con población concentrada de un eje troncal y zonas deshabitadas casi impenetrables, producto interno bruto e ingreso per-capita de los más bajos de América Latina y lo que es peor, vulnerable por su falta de comunicaciones, cuando se trata de temas económicos, la bilateralidad lo convierte en vulnerable, razón por la cual es importante que en temas de significación, como el del enclaustramiento marítimo, los proyectos de infraestructura interoceánica, electrificación, acuerdos comerciales de alcance regional, la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, sean materia de una hábil y cuidadosa negociación colectiva dentro de los procesos de integración con los que Bolivia se halla comprometida. d)
Mayor relacionamiento con Unión Europea, Japón y China
Tomando en cuenta que Estados Unidos, en su condición de primera potencia y su incuestionable gravitación en América Latina, por la importancia de su mercado, su significativa presencia y participación en los organismos multilaterales de acción política y financiamiento, se halla en una inmejorable situación de imponer condiciones y restringir los temas de la agenda bilateral a problemas de su exclusivo interés, es prioritario el desarrollo de una política nacional compatible con una política regional, conducente a neutralizar los efectos de una hegemonía verdaderamente nociva, cada vez más absorbente, a través de un mayor relacionamiento con países de la Unión Europea, Japón y China. e)
Corredores interoceánicos
Bolivia es un territorio puente, que por su posición geográfica puede contribuir a intensificar el intercambio entre los países del Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, al no disponer de vías adecuadas de transporte, deberá priorizarse el desarrollo de una política sobre todo regional, más que nacional, sustentada
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en la necesidad de que se ejecuten a corto plazo, los proyectos de Corredores Interoceánicos de Integración, complementarios de la carretera de Integración Nacional “Víctor Paz Estenssoro”. Si se tiene en cuenta que la construcción de corredores y su mantenimiento representan inversiones significativas que no podrán ser financiadas con los limitados recursos del Estado boliviano, a menos que se continúe recurriendo al uso tradicional de recursos externos a través del endeudamiento, será necesario ensamblar y compatibilizar una política de cooperación bilateral, principalmente con Brasil y Argentina, con una política de integración física regional. Bolivia puede servir de puente de relacionamiento entre los países sudamericanos del Atlántico y los países del Asia, lo que justifica que las negociaciones no desestimen la posibilidad de un financiamiento adicional de Corea, Japón y la República Popular China. f)
Multilateralizar el problema marítimo
Como resultado de este nuevo enfoque regional, la mediterraneidad boliviana tiene que dejar de ser materia de relacionamiento bilateral exclusivo entre Bolivia y Chile, para alcanzar una verdadera connotación regional, sino hemisférica. Esta será la única vía para poder precautelar los intereses de todos los países miembros, en condiciones de equidad, y así contrarrestar los efectos nocivos y desequilibrantes de las asimetrías que nos afectan, las mismas que, de no ser oportunamente encaradas, inevitablemente han de alterar el cumplimiento de los objetivos de la integración. Las posibles alternativas planteadas, para poner fin al enclaustramiento marítimo de Bolivia, constituyen iniciativas que deben conducir a una pronta negociación, en el marco de la integración ya que de no ser así, ninguno de los esquemas planteados para una definición hasta el 2007, alcanzará sus objetivos si se continúa arrastrando problemas pendientes que ponen en peligro la estabilidad y el futuro del desarrollo sudamericano.
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PLAN GENERAL DE GOBIERNO Bolivia un país para todos
NUEVA FUERZA REPUBLICANA N.F.R. 2005-2010
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1
La Patria que queremos: Nuestra visión de país
Bolivia enfrenta el inicio de una nueva era, en un nuevo milenio; con responsabilidades y deberes que se deben afrontar con una visión de cambio, democrática e incluyente. Se debe lograr elevar la nación boliviana al panorama mundial, en democracia, libertad y con justicia y equidad social. Asumimos el compromiso de consolidar nuestra nacionalidad y soberanía, fortaleciendo el orgullo de ser bolivianos, donde se valore nuestra dignidad como ciudadanos; con un gobierno democrático que desarrolle su acción armónica y eficiente, con un permanente desarrollo humano sostenible, aliviando la pobreza, promoviendo el diálogo y el consenso para lograr el cambio de la sociedad. Queremos una Bolivia que sea de todos los Bolivianos, que descanse en una democracia participativa con un modelo de economía mixta, que signifique la presencia del Estado en las áreas económica, política y social, que conduzca al mejoramiento permanente y sostenido de la calidad de vida de la población, tendiendo a una inserción nacional ventajosa en los proceso de globalización en condiciones de competitividad.
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productiva en empresas de carácter estratégico, de un Estado Facilitador, Contralor, Regulador de las actividades de las empresas del sector privado tanto de capital nacional, privado y/o extranjero, de manera tal que se haga realidad un modelo de economía mixta que abra y desarrolle las potencialidades productivas de todo los bolivianos.
2.1
PRIMER PRINCIPIO: PRESENCIA ACTIVA DEL ESTADO EN LAS ÁREAS ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA
El Estado estará presente en las áreas económicas, sociales y políticas. Entendemos esta presencia como una necesidad de activar el desarrollo de áreas que por su condición estratégica, como los hidrocarburos y otras que requieren desarrollarse como el sector agrario y minero necesitan de un Estado que planifique, desarrolle y asegure el bienestar social en el marco de una economía mixta donde la participación privada sea tan importante como la estatal.
2.2
SEGUNDO PRINCIPIO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
Mejoraremos los índices de Desarrollo Humano orientados al logro de una educación universal y liberadora, una salud preventiva y empleo con estabilidad laboral.
Nuestros Principios Rectores
El Estado estará presente en las áreas económicas, sociales y políticas. Entendemos esta presencia activa como un ente que participa en la actividad 339
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2.3
TERCER PRINCIPIO: INSERCIÓN NACIONAL EN LOS PROCESOS GLOBALES EN CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD
Impulsaremos estrategias basadas en la Diplomacia del Desarrollo que permita una inserción positiva del país en los procesos de integración y globalización a partir de la competitividad de nuestras empresas, usaremos para ello las potencialidades que Bolivia dispone en relación con el uso de sus fuentes de energía como el gas y otros factores, fortaleciendo el aparato productivo nacional y los proceso de integración.
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Nuestras bases programáticas Los ejes centrales del programa general de gobierno son los siguientes:
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en el PIB a partir del primer semestre del 2001 para terminar en valores cercanos al 0%. (0.098% durante el gobierno de Jorge Quiroga). Los principales problemas estructurales de la economía boliviana pueden resumirse en aspectos de una fragilidad fiscal que resulta de una base de ingresos inestables de la población; un persistente nivel de ahorro interno bajo, la falta de políticas específicas que permitan incrementar los recursos de inversión; las características oligopólicas del sistema financiero; la inexistente provisión de infraestructura que dificulta el logro de una capacidad competitiva e incrementos en la productividad nacional, así como también un creciente déficit de la balanza comercial. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos desarrollados en la década del 90 con el fin de consolidar la disciplina fiscal, sostener una política cambiaria real, lograr un control de la inflación hasta llegar a un dígito, incrementar de las reservas bancarias y las Reservas Internacionales superando los 1000 millones de dólares, equivalentes a 7 meses de importación, los resultados de este esfuerzo no se han traducido en un mayor bienestar social y no han logrado evitar un desempleo creciente, un debilitamiento gradual y forzado del aparato productivo nacional, al igual que un debilitamiento del Estado Nacional. Después de cinco años de diferentes Gobiernos, Bolivia posee una economía en virtual colapso: • • •
4
BOLIVIA PRODUCTIVA: Generemos riqueza para eliminar la pobreza
• •
Un déficit público semi controlado, una deuda pública alta en especial la interna. Una contracción persistente, degenerando en una depresión económica. Desconfianza general en el pueblo en la búsqueda y aplicación de medidas políticas, sociales y económicas que afectan la estabilidad de Bolivia, acentuando la pobreza y descontento. Un índice de desempleo real que bordea el 50%. Atonía económica, desconfianza y corrupción.
El promedio de crecimiento anual del Producto Interno Bruto PIB en la última década fue de 3.86% para luego ingresar a una sostenida disminución
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Agropecuaria: Nuestra fortaleza y potencial dormido Impulsaremos su crecimiento económico, para combatir la pobreza, tenderemos a lograr la seguridad alimentaria, se mitigará la migración a través de un PROGRAMA AGRARIO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, para fortalecer y mejorar las condiciones de vida incrementando las oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Banco de Fomento al Desarrollo Nacional (BFDN) Incentivaremos la actividad productiva de empresarios medianos, pequeños y microempresarios mediante un programa financiero de fomento a la producción.
La BOLIVIA PRODUCTIVA se debe entender como el desarrollo del aparato productivo nacional en el ámbito de una economía de mercado y de capacidad competitiva con economías externas, es decir un planteamiento de TANTO ESTADO COMO SEA NECESARIO y TANTO MERCADO COMO SEA POSIBLE, de manera de establecer áreas donde la presencia del Estado sea necesaria y otras que sean de responsabilidad del sector privado, cooperativo y mixto. El EJE PRODUCTIVO se implantará a través del desarrollo de las áreas de mayor importancia en Bolivia:
Planteamos la conformación de una entidad financiera de segundo piso denominada Banco de Fomento al Desarrollo Nacional (BFDN). En su concepción fundamental el BFDN se convierte en socio de emprendimientos con aporte estatal en capital, de tal manera que esta especie de almácigo productivo avance hacia empresas plenamente rentables, protagonistas válidos del mercado, el cual será gestionado por el Estado para asegurar una oferta competitiva al mercado externo. El método de desenvolvimiento consistirá en asignar una suma de capital a pequeñas y micro empresas que demuestren solvencia técnica y de operación tal que sea posible un acompañamiento. La amortización del capital será sin intereses, permitiendo en su devolución un nuevo ciclo con otros actores productivos.
Hidrocarburos: esperanza para el futuro El Estado participará directa y efectivamente en la actividad del sector considerando la importancia que tiene para el país como fuente de energía, de recursos para la inversión futura y de negociación internacional.
Minería: El sustento de ayer, la propuesta de mañana
4.1
Hidrocarburos: nuestro pan del mañana
En el curso de su historia Bolivia sustentó su expansión económica en los excedentes obtenidos en actividades primarias como la minería, la agricultura y el excedente hidrocarburífero.
Bolivia es un país históricamente minero, el Estado participará efectivamente en la normativa, el control, la regulación y en establecimiento de empresas de economía mixta.
A partir de 1993, las políticas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, enajenan el principal componente de la economía nacional constituido por las importantes empresas estatales, perdiendo su administración y control; en especial de YPFB, que podían obtener un crecimiento sostenido.
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El proceso de capitalización del sector de Hidrocarburos se caracterizó por: •
•
•
•
La conversión de YPFB en una sociedad anónima mixta, mediante la emisión de acciones que pueden ser adquiridas por los trabajadores de la institución hasta un monto total que alcance sus beneficios sociales. La valoración del patrimonio de YPFB con el fin de emitir acciones por su valor que fueron adquiridas por socios capitalizadotes en un monto del 50 %, no pagando dinero sino estableciendo un compromiso de inversión en la empresa. La capitalización significó el 50% de compromisos, con una captación de recursos de US$ 835 millones. En este marco, las inversiones de construcción del gasoducto al Brasil significaron una inversión de US$ 435 millones y permitieron comprometer inversiones de las empresas capitalizadas por un monto aproximado de US$ 1,911 millones. Los resultados de la capitalización no se han dejado esperar, Bolivia vive una crisis económica, social y moral desde 1985, una crisis que no es pasajera, menos coyuntural, cuyo origen es sin lugar a dudas el resultado de la implantación de las Reformas Estructurales al Estado sustentadas por un cuestionado modelo de Economía Neoliberal.
En la actualidad, el patrimonio de los bolivianos pasa por un proceso de transformación que pretende ser regulado a través de la nueva Ley de Hidrocarburos; pero ello no asegura que la explotación de hidrocarburos se convierta en una de las industrias de mayor rentabilidad, no obstante requerir grandes inversiones, los actuales buenos yacimientos pueden permitir una rápida recuperación de lo invertido y rentabilidad. A pesar de ello, Bolivia ha adoptado a través de la nueva Ley de Hidrocarburos, un nuevo régimen basado en el cobro de regalías impuestos y participaciones para la actividad hidrocarburífera, un sistema difícil de fiscalizar considerando que somos un país con escaso desarrollo institucional pero que limita la PROPIEDAD DEL ESTADO SOBRE SUS HIDROCARBUROS. Debemos entonces entender que el sector de hidrocarburos es con toda seguridad uno de los más importantes en la economía boliviana, en términos de exportaciones y de potencial de crecimiento futuro del sector.
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Revisar y buscar caminos de mejora para la capitalización y sus consecuencias, significa dignificar la relación Estado/Empresas y hacer que la sociedad sea más equitativa y justa. Los sistemas que rigen la actividad petrolera mundial son el CONCESIONAL que desafortunadamente rige en Bolivia y el CONTRACTUAL en la mayoría de los países que son propietarios de sus recursos. Este último, se aplica mediante CONTRATOS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA que viene siendo adoptado por muchos países petroleros con excelentes resultados, sobre todo en países en vías de desarrollo y con escaso poder fiscalizador e institucional. Bolivia, ha adoptado el Sistema de Renta Petrolera basado en el cobro de regalías impuestos y participaciones para la actividad petrolera. Bolivia debe mantener la propiedad de los recursos sea cual fuese la empresa petrolera que obtenga la producción. El inversionista petrolero debe entregar el TOTAL DE LA PRODUCCIÓN a la empresa Estatal (YPFB) y es ésta la que hace la PARTICIÓN de lo que le corresponde a la contratista y al propio Estado. Los porcentajes de esta partición deben estar pactados en los contratos. Este sistema convierte a Bolivia en SOCIO ACCIONARIO del negocio con los hidrocarburos y en país que produce y vende. La propuesta al país también consiste en convertir a la Estatal Petrolera (YPFB) en ejecutora de la Política petrolera, que: Defina y decida la utilización de sus reservas de hidrocarburos. Defina y decida cómo y quiénes controlarán la exploración, la producción, la industrialización, la comercialización y la exportación. Defina qué sectores productivos se beneficiarán de la energía producida y norme las modalidades de utilización por parte de los consumidores. Controle y regule los precios del gas y el petróleo y los derivados de estos para los mercados internos y externos, y cumpla un ROL SOCIAL de incentivos a la industria, el transporte y otras actividades.
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A través de todas las definiciones contenidas en la POLITICA PETROLERA, el Estado Boliviano podrá tener la capacidad para determinar y decidir cómo ACUMULAR, DISTRIBUIR Y UTILIZAR, los excedentes económicos generados por la venta de hidrocarburos.
6.
En resumen, YPFB, con el excedente hidrocarburífico, debe volver a ser el actor tutelar de la explotación hidrocarburífera para restituir la AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA y constituirse en EXPORTADOR DE GAS Y PETROLEO.
8.
El excedente hidrocarburífero debe ser el nervio motor que sustente el desarrollo nacional. Debe ser el sector clave en capacidad de consolidar un nuevo patrón de acumulación nacional. Debe convertirse en el factor estabilizador de la economía nacional y sustentador del presupuesto público. Para lograr estos objetivos de interés nacional, es necesario la SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA de contratos en arreglo y sometimiento a la Constitución Política del Estado en estricta observancia al mandato de cumplimiento obligatorio del REFERÉNDUM (Julio/2004) y a la precisión hecha por el Tribunal constitucional en abril de 2005 sobre la INCONSTITUCIONALIDAD de los CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO aprobados ilegalmente por varios gobiernos. Nuestra propuesta: 1. 2. 3. 4.
5.
Haremos de Bolivia el centro de integración energética del continente. Retomaremos el control del sector de los Hidrocarburos por parte del Estado. Revisaremos y perfeccionaremos la nueva Ley de Hidrocarburos. Revisaremos los contratos de explotación hidrocarburífera, caso por caso, y en el marco del Derecho Internacional, la Constitución y las leyes vigentes. Estableceremos el marco legal necesario para la recuperación de las acciones correspondientes del 50% de las acciones de las empresas capitalizadas pertenecientes a los bolivianos.
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7.
Fortaleceremos la empresa estatal YPFB revalorizando su patrimonio y el valor real de las acciones en el mercado internacional. Impulsaremos nuevas alianzas estratégicas y contratos de riesgo, producción compartida como de operación en los procesos de exploración, producción y transporte. Desarrollaremos Proyectos con Valor Agregado para los productos hidrocarburíferos de mayor potencial en el mercado interno y externo que permitan convertir el sector en el factor estabilizador de la economía nacional y sustentador del presupuesto público.
4.2
Minería: Nuestra actividad milenaria
En el sector minero, una de las variables más representativas es el valor de las exportaciones, en la medida que aproximadamente el 97% de la producción minera tiene destino de exportación. El valor de las exportaciones mineras en valores de mercado refleja, por un lado, una situación significativa lograda a principios de la década del ochenta, cuando en 1980 se alcanza a exportar por un valor de 641 millones de dólares y en 1981, 556 millones, debido esto a una coyuntura excepcional de precios altos para varios metales como el estaño, la plata y el oro; por el otro, una tendencia decreciente hasta el año 1986 en que se produce el nivel más bajo de exportaciones mineras 196.8 millones de dólares como consecuencia de la crisis internacional del estaño (1985) y la aplicación de medidas de ajuste estructural adoptadas por el Gobierno de entonces. Después de la crisis de 1985, comenzó un período de lenta recuperación de los minerales, que no incluye no obstante a la minería del estaño, la cual permanece hasta el momento fuertemente deprimida. A partir de entonces la exportación de minerales ha crecido nuevamente llegando a representar en el año 1992 más de la mitad de las exportaciones del país, mostrando un crecimiento que asciende a un porcentaje de 25% anual entre 1987 y 1990. Esta recuperación desde 1987 ocurrió principalmente como resultado del incremento en la producción de oro, plata y zinc por parte de pequeñas y medianas empresas mineras privadas, las cuales no obstante debido a la recesión económica mundial en ciernes han mostrado caídas
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Bolivia es históricamente un país minero, a pesar de su concepción geográfica y de enclaustramiento, las exportaciones del sector alcanzaron en 2004 US$ 456 millones, participando en un 20.2 % del total de las exportaciones del país. A partir del Modelo Neoliberal implantado en 1985 y la crisis presentada en 1986 por razones políticas, se han hecho innumerables esfuerzos para demostrar que Bolivia no es un país minero. A lo anterior se contrasta: •
• •
•
•
•
•
•
•
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En conclusión: Bolivia ha sido, es y será un país minero con una alta capacidad de explotación y de generación de recursos para el país y permitiendo la reactivación de sectores importantes y alta capacidad social. Nueva Fuerza Republicana para el logro de lo anterior propone: 9.
La capacidad de Bolivia como país minero no ha disminuido en ningún momento, puesto que sólo el 3% del territorio minero nacional se encuentra concesionado y explotado, mientras que el 97% restante se encuentra aún sin prospectar, concesionar o sin explotar. Se estiman aproximadamente un total de 40 mil familias que poseen una actividad minera asociada en cooperativas. La Minería actual se encuentra reducida a una mínima expresión por aspectos de orden legal y de aplicación del código minero, ejecutados durante el mandato de los gobiernos anteriores. La gran mayoría de las propiedades mineras pertenecientes a COMIBOL se encuentran bajo la modalidad de alquiler al sector cooperativizado, similar situación ocurre con los equipos. Bolivia ha pasado por un proceso continuo en su historia de altas y bajas en las cotizaciones de los precios de sus minerales que ha afectado su economía. En la actualidad los precios han tenido una recuperación en su cotización internacional producto de presencia de nuevos actores económicos como China. Bolivia posee una posibilidad de apertura de potencialidades mineras mayor que las previstas en los estudios que hasta la fecha se han realizado en forma sesgada. A pesar de todo Bolivia tiene como segundo renglón exportador el minero, que representó US$. 428 Millones en 2004, suma que puede ser ampliada en gran medida con una política moderna hacia la Minería Sustentable, aprovechando el actual momento de alza en las cotizaciones internacionales. Países vecinos con similares características poseen una exportación minera mayor (aprox. US$. 8.000 millones).
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10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.
17.
18.
Reformaremos el Código Minero para devolver al Estado el control del sector y el desarrollo de una Minería Sustentable tomando en cuenta el respeto al Medio Ambiente y la preparación de Recursos Humanos en actividades económicas complementarias para cuando la actividad minera en las zonas pobladas se agote. Incentivaremos las inversiones productivas mediante préstamos de fomento para la micro, pequeña y mediana minería, a través del Banco de Fomento al Desarrollo Nacional (BFDN). Reestructuraremos la Superintendencia de Minería implantando nuevas áreas de control técnico especializado. Reforzaremos el Ministerio de Minería como órgano rector. Desarrollaremos la infraestructura de acceso a las áreas mineras, para incentivar la actividad productiva. Desarrollaremos empresas de economía mixta para la producción y comercialización. Las cooperativas mineras merecerán el reconocimiento y la atención necesaria para el desarrollo de sus actividades. Mediante la Diplomacia del Desarrollo, al igual que otros productos, dispondremos de contactos de alto nivel para la generación de contactos con las entidades comerciales internacionales, relaciones con países que posean ingerencia en el mercado de los minerales de tal forma que permita mejorar la condición de precios internacionales. Crearemos la academia de la minería con especialidades tales como comercialización de los minerales y otras ramas técnicas para formar expertos en la negociación y ventajas productivas y comerciales. Revertiremos la disminución en los usos de los minerales tradicionales, se reestablecerá el Instituto Minero Metalúrgico que será el encargado de efectuar la investigación y desarrollo de usos alternativos para dichos minerales y de nuevas tecnologías que se requieran en diversos campos económicos.
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19.
20.
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Desarrollaremos las bases para que Bolivia aproveche las potencialidades de contar con mano de obra talentosa y barata para producir artículos artesanales de valor agregado de primera calidad con base en los diversos minerales que Bolivia produce tanto para el mercado interno como para el externo. (Vajilla supuestamente de Potosí se vende en el extranjero a altos precios). Se desarrollarán en forma constante planes de reestructuración tecnológica sectorial que provean las bases para apoyar a la mediana, pequeña y micro minería con nueva tecnología acorde a las áreas de explotación, capacidad de producción y sectores geográficos.
4.3
Agropecuario: Nuestra seguridad alimentaria
El sector agropecuario participa en un promedio de 16% en el PIB, sin embargo se encuentra en un franco proceso de depresión con una baja productividad en las actividades, y una sub-utilización de mano de obra e inversión tecnológica. Hoy en día la gran mayoría de la población marginada se encuentra en el campo, donde requiere urgentemente del apoyo estatal con medidas dirigidas al desarrollo y la reconversión de la producción agropecuaria. Esta enorme población campesina e indígena, pobre o indigente, subsiste al margen de los beneficios de la ciudadanía y el desarrollo humano sostenible. Se ha presentado un olvido sistemático en el sector desde la década del 70, por parte del Estado, cuyos esfuerzos de lograr una amplia y mejor producción en algodón y soya, afectó y endeudó al Estado boliviano produciendo una desviación de la cartera en mora del Banco del Estado al Banco Agrícola, para luego proceder a su liquidación afectando la credibilidad del sistema bancario nacional. La relativa deficiencia del sector argumentada por los emisarios de las políticas neoliberales (globalización) sin detenerse a reflexionar y analizar a profundidad la diversidad de factores socioeconómicos que inciden en el proceso productor, han llevado a los gobiernos precedentes a ejecutar, inexplicablemente, una política apresurada y traumática de reducción de aranceles, desprotegiendo la producción agropecuaria nacional, e ignorando los rangos de gradualidad sensata definidas por los organismos que rigen el comercio mundial.
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Como resultado de ésta política es evidente un grave daño al sector productor rural que se manifiesta fehacientemente en: • • •
• •
Reducción de la producción agropecuaria; Caída de los precios al productor; Saturación del mercado con productos importados directa e indirectamente subsidiados, sin la augurada reducción del costo de la canasta básica familiar; Disminución e incertidumbre en la oferta financiera al sector; y Reducción del empleo en el campo, promoviendo así la migración rural con su secuela de patología social urbana.
La inexorable inserción de nuestro país en el marco de la economía de mercado abierto y de libre y amplia competencia incide directa y pragmáticamente en el sector agropecuario que hace obligatoria la ejecución de un programa de mejoramiento efectivo, que eleve la productividad de las explotaciones agropecuarias y promueva la reconversión de los productores no aptos para el sistema por diversas causas de manera que, paulatinamente, a corto, mediano y largo plazo, puedan enfrentar con eficiencia la competencia interna y externa. Especial atención se tiene que brindar a un segmento de la población rural, que difícilmente ha superado los niveles críticos de pobreza y subsistencia rural, como parte importante que es en la economía familiar y comunitaria.
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La importancia del sector hace imperativa la responsabilidad gubernamental de preservar y mejorar su viabilidad, insertando los planes y medidas a tomar, dentro del proyecto económico del gobierno, sin subordinarse por ninguna consideración distinta del desarrollo sostenible de los bolivianos, que es inalcanzable sin un sector rural fuerte y sano, capaz de asegurar básicamente, los medios de subsistencia y crecimiento económico de los bolivianos que viven directa o indirectamente del sector primario. Para tal efecto, se tomarán medidas rectificadoras y efectivas para adecuar la estructura de la producción agropecuaria y agroindustrial a las exigencias modernas del mercado, en beneficio directo de nuestros productores e indirectamente, por el bien de toda nuestra población.
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28.
29. 30.
31. Habida cuenta de las experiencias de los últimos treinta años, y como medida para integrar al campesinado y a las comunidades indígenas -sumidas en la pobreza y en la pobreza crítica- a los procesos de desarrollo humano sostenible, Nueva Fuerza Republicana diseñará y aplicará un PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL AGRO, con la finalidad de fomentar el desarrollo equilibrado y perdurable de las diferentes regiones rurales del país. A través de este programa, se buscará el logro de los siguientes objetivos: 21. 22. 23. 24.
25.
26. 27.
Formularemos la Ley del Desarrollo Agrario Nacional. Crearemos el instrumento financiero para el fomento y desarrollo del sector a través del Banco de Fomento al Desarrollo Nacional (BFDN). Priorizaremos el abastecimiento del mercado nacional con productos agropecuarios del país. Incrementaremos sustancialmente el valor y la calidad de las exportaciones agropecuarias, incluyendo el acceso al mercado potencial de las regiones más cercanas. Daremos especial atención al trato que reciban nuestros productos en los mercados externos, actuando en reciprocidad con las normas y condiciones que se nos apliquen. Promoveremos la capacitación de los productores grandes medianos y pequeños con participación de la empresa privada en el mejoramiento de cultivos y la productividad; en la administración agropecuaria; en el mercadeo y comercialización; y en la organización gremial y cooperativa. Buscaremos el aumento sustancial de las exportaciones agropecuarias, incluyendo el acceso al mercado potencial de las regiones más cercanas. Promoveremos la distribución y titulación de tierras productivas, entre los campesinos y comunidades indígenas sin tierra o con tierras insuficientes.
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32.
Propiciaremos la formación y el desarrollo de cooperativas de producción y comercialización, para lo que se ofrecerán servicios de capacitación, adiestramiento, asistencia técnica, transferencia tecnológica, crédito y micro-crédito y apoyo en la comercialización de productos agropecuarios y artesanales. Fomentaremos la creatividad, la autogestión, la cooperación, la solidaridad y el ahorro entre los productores agrícolas pobres y marginados. Apoyaremos y orientaremos al campesinado y las comunidades indígenas para que participen en la generación y comercialización de productos no tradicionales, para la exportación. Gestionaremos el apoyo de instituciones internacionales de fomento, con experiencia en proyectos de transformación agraria, e invitaremos a la empresa privada, asociaciones cívicas y organizaciones no gubernamentales a participar en el desarrollo de proyectos específicos de este programa de hondo contenido social y económico. Subsidio directo a productos que interesan por ser peculiares, hacia la exportación.
Teniendo en cuenta las propuestas que anteceden, Nueva Fuerza Republicana desarrollará una política agropecuaria orientada hacia los siguientes objetivos: •
•
•
•
Negociar acuerdos comerciales internacionales para que la comercialización de productos agropecuarios tengan un proceso gradual y paulatino de apertura y de reducción arancelaria; Tecnificar, mediante la capacitación efectiva y constante, nuestra agricultura y la comercialización de sus productos, logrando costos de producción competitivos; Reestructurar y fortalecer los servicios estatales de apoyo al sector como son: la investigación, transferencia tecnológica, crédito agropecuario, mercadeo e información comercial, seguro agropecuario, e iniciar la transferencia gradual de gran parte o la totalidad de tales servicios a la empresa privada, bajo la supervisión del Estado; Lograr el aumento sustancial de las exportaciones agropecuarias, incluyendo el acceso al mercado potencial de las regiones más cercanas. Especial atención se le dará al trato que reciban nuestros productos en los mercados externos, actuando en reciprocidad con las normas y condiciones que se nos apliquen; y 354
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•
Reajustar la legislación agropecuaria y fiscal además de simplificar los procesos burocráticos, en consulta con las asociaciones de productores, para generar en ellos un ambiente de optimismo y de confianza en el gobierno que los fortalezca en sus deseos de continuar sus inversiones, generar más riqueza y empleos, y a contribuir positivamente al desarrollo económico, social y político de Bolivia.
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•
Nueva Fuerza Republicana protegerá al sector agropecuario mediante el desarrollo y ejecución de los siguientes programas y actividades concretas: •
Promover e invertir en fomento de la producción con especial énfasis en: • o o o o o o
•
Infraestructura caminera vecinal; Zonificación de cultivos; Programas masivos de titulación rural; Sistemas de riego; Centros de acopio y manejo de post cosechas; y Sistemas de refrigeración y conservación de la producción.
•
Promover la capacitación de los productores con participación de la empresa privada en:
•
o o o o
Mejoramientos de cultivos y productividad; Administración agropecuaria; Mercadeo y comercialización; y Organización gremial y cooperativa. •
•
Se fortalecerán y reestructurarán las instituciones de apoyo al sector como lo son: o o
Investigación agropecuaria, crédito agropecuario; Información y mercadeo agropecuario a través de los Centros de Información Productiva Agropecuaria (CIPA’s).
Se implantará el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL AGRO para: •
•
Se gestionará mayor apoyo financiero y tecnológico de los organismos internacionales y países amigos, para los proyectos de investigación, reconversión agropecuaria e incorporación de la mujer rural al proceso productivo;
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El gobierno participará activamente en el apoyo a los productores, en sus esfuerzos por abrir nuevos mercados y operará un eficiente y oportuno servicio de información sobre tales mercados, recurriendo a todos los recursos de que disponemos. Se harán gestiones a través de nuestras representaciones diplomáticas y consulares y misiones especiales, en países con perspectivas de ser mercados adecuados para nuestros productos del campo. También protegerá a los productores más débiles de las prácticas monopólicas y de especulación de la excesiva intermediación y manipulación de los operadores económicos, creando mecanismos que le aseguren al exportador la debida cobranza del precio de los productos exportados; Se asumirá, con firmeza, la responsabilidad de proteger y mejorar la sanidad agropecuaria, mediante acciones de control y erradicación de plagas y enfermedades, además de fortalecer e instalar los laboratorios sanitarios y de análisis toxicológicos que nos permitan competir en el mercado interno y externo ceñidos estrictamente a las normas que lo rigen; Aplicaremos los mecanismos necesarios para reducir el costo de los insumos al productor agropecuario, aspecto en el cual nos encontramos hoy en desventaja competitiva con otros países de la región; Promoveremos la unidad de producción familiar, desarrollando la agricultura sostenible a través de la agroforestería, cría de peces y huertos caseros o comunitarios, incentivando a su vez el consumo de productos locales o regionales a través de la manufactura y conservación de productos caseros, fomentando la agroindustria rural y la biocultura orgánica; Fomentaremos, en coordinación con otras instituciones como educación y salud, el consumo de productos agropecuarios autóctonos que amplíen el mercado interno y aseguren una dieta balanceada y sana.
•
Impulsar el crecimiento económico, combatir la pobreza, reducir la inseguridad alimentaria, mitigar la migración a fin de alcanzar la estabilidad social y política del país. Fortalecer el crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida e incrementar las oportunidades de desarrollo.
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• •
Potenciar estrategias de recuperación y manejo sostenible de los recursos e impulsar procesos de micro – industrialización rural descentralizada. Definir un perfil objetivo de economía exportadora con crecimiento y diversificación del comercio externo, que amplíe la oferta interna de bienes y servicios, generar empleos y el aumento de la capacidad productiva del país.
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4.4
compraría (a precios fijos establecidos en el Convenio) la producción que no encuentre mercado. Por su parte, los productores cumplirían la meta de erradicación establecida en el Convenio absteniéndose de cualquier medida de fuerza, paro o bloqueo. Establecimiento de infraestructura necesaria para industrializar, transportar y comercializar los productos alternativos. Administración de recursos de la ayuda externa a través de sindicatos y federaciones de productores.
Sector Chapare: Una especial e inmediata atención
La ausencia de una política de Estado que busque no sólo la erradicación, sino la satisfacción de las necesidades de la población rural del trópico de Cochabamba, agrava las tensiones existentes por el componente altamente represivo que implica.
4.5
La situación actual es el resultado de más de 15 años de dudosos esfuerzos para erradicar la hoja de coca del Chapare, sin que se logre atender las demandas v reivindicaciones a largo plazo de los pobladores afectados. Para salir de este callejón sin salida y de la espiral ascendente de bloqueos, pérdidas económicas y muertes, se requiere adoptar una serie de medidas creativas, consensuadas y de tal modo sostenibles.
•
•
Sector Telecomunicaciones Existen catorce cooperativas telefónicas que prestan el servicio local, y ENTEL S.A. es el operador de larga distancia nacional e internacional, satélite, télex, telegrafía y el servicio local. Operadores como ENTEL Móvil, Telecel S.A. y VIVA prestan el servicio móvil celular dando lugar a una competencia limitada de precios. La cantidad de líneas en servicio en Bolivia muestra una tendencia creciente entre líneas fijas y móviles, en especial en las áreas urbanas y no en las áreas rurales dada la baja rentabilidad que este último caso se posee.
Se debe incorporar una metodología de aplicación que incluya: • • •
Un Convenio entre productores y gobierno acompañado por una Ley de Desarrollo Social del Chapare. Medios económicos que hagan viable el proyecto. Mecanismos e instrumentos objetivos de verificación. Las acciones a seguir se resumen así:
33.
34.
Firma del Convenio de Pacificación estableciéndose una Comisión Nacional Tripartita (compuesta por un número igual de representantes de los productores del trópico, del gobierno y de la Iglesia Católica) la cual se hará cargo del seguimiento y fiscalización de los acuerdos específicos incluidos en el Convenio. Paulatina v garantizada expansión de los mercados para productos alternativos. Si fuera necesario para cumplir esta meta el gobierno
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Bolivia posee una de las Densidades Telefónicas más bajas de Latinoamérica (cantidad de teléfonos por cada 100 habitantes), con una cifra del 6 % en la telefonía fija y de aproximadamente 4.6 % en telefonía celular, a pesar del fuerte incremento registrado en los últimos cinco años. Esta densidad sólo se ve concentrada en casi un 98 % en el eje troncal, sin mostrar crecimientos de importancia en las áreas rurales.
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37.
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Nuestra Propuesta:
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Establecer una política nacional para regular, controlar y supervisar las actividades del sector de telecomunicaciones, asegurando y promoviendo:
•
•
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• • • • • 38.
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40.
41.
eficiencia. desarrollo económico. acceso universal a los servicios. efectividad en la protección legal de los intereses de las partes. más y mejores comunicaciones a menor costo.
Formular planes de desarrollo de la red básica de telecomunicaciones, los avances tecnológicos del sector, las necesidades sociales y económicas del país, sus regiones particulares y el nivel de interés de las empresas privadas que se interesen en realizar inversiones adicionales. El modelo nacional de apertura actual debe permitir desarrollar, por un lado, el segmento subdesarrollado local y rural, que aún posee una evolución dispar respecto del de larga distancia, y evitar que la competencia se plasme exclusivamente en este último servicio. Fomentar el uso de los Servicios de Valor Agregado (Internet, Correo Electrónico) como la plataforma básica de fomento para la tecnología de información, apoyo a la educación pública en especial en los niveles primarios e intermedios, salud y desarrollo regional. Fomentar facetas mercantiles innovadoras en un entorno liberalizado a través de:
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Empresas mixtas entre los nuevos operadores titulares de licencias y los propietarios de telecentros para proporcionar infraestructuras y servicios mejorados. Definir nuevas obligaciones de servicio/acceso universal para los solicitantes de licencias, con inclusión de la conexión en banda ancha de los puntos de acceso público (por ejemplo, telecentros, escuelas, bibliotecas, etc.) con redes y servicios de gran capacidad. Fomentar facetas mercantiles innovadoras.
El desarrollo sostenible
Las únicas tendencias viables en el mundo actual incitan a modificar nuestros patrones de desarrollo, de modo que las políticas dirigidas a articular crecimiento económico, equidad social y uso racional de los recursos naturales forman parte integral del concepto de desarrollo sostenible y, este a su vez, de toda estrategia de desarrollo. Al considerarse la sostenibilidad ambiental como un elemento fundamental del desarrollo económico, la posición competitiva de los países en el mercado internacional se ve afectada considerablemente. La institucionalización del concepto de Desarrollo Sostenible en el país, debe constituir un gran avance para enfrentar los desafíos que Bolivia, incorporando la responsabilidad gubernamental directa en la erradicación de la pobreza, en la preservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente y en el fortalecimiento de sus instituciones políticas y la democracia. En este marco, Bolivia se encuentra ante el desafío de imponer estándares más rigurosos de control ambiental en los diversos procesos de producción y explotación de sus recursos naturales y, a la vez, esta emplazada a cambiar su estructura exportadora, en la cual predominan recursos naturales no renovables con escaso valor agregado. Nuestra Propuesta considera el desarrollo sostenible de macro-regiones económicas: Macro-región Altiplano (sub-regiones norte y sur) Se planificará la distribución espacial de entidades que apoyen a la
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producción tanto a nivel financiero como técnico productivo y de comercialización, reforzando las ya existentes y creándolas en las comunidades en las que no existen.
las condiciones adversas especialmente climáticas que restringen las actividades económicas primarias, otorgándole valor adicional a los productos y ofreciéndoles posibilidades e ingresos de trabajo a la población.
Se establecerá la capacidad de carga animal para cada una de las zonas para regular la actividad que garantice su sostenibilidad. Se desarrollarán programas de extensión rural con énfasis en cultivos extensivos andinos e introducidos, que incluyan capacitación y asistencia técnica, asimismo, se fortalecerán las prácticas de trabajo colectivo y la vigilancia de la producción de los cultivos frente a eventos climáticos. Se brindará apoyo crediticio, basado en experiencias difundidas en el Altiplano, procurando establecer fondos que permitan el desarrollo de actividades productivas con carácter sostenido. Se diseñaran canales de acceso al mercado de productos de la zona, así como también de abastecimiento de insumos. Se difundirán las ventajas del consumo de carne de llama al interior del país, se promocionará su exportación. En igual medida, se promocionarán actividades no tradicionales para la zona como ser: turismo, pequeña industria y artesanía, nuevas técnicas en minería, entre otros. Se rescatarán o desarrollarán técnicas agropecuarias adecuadas al medio, que a su vez permitan mejorar el rendimiento de la producción agropecuaria. (Ej: sukakollos) Se apoyarán las actividades relacionadas a la producción tradicional de la región como: camélidos, quinua, y otros. Se promoverá la instalación de reservorios de agua y pozos; donde sea factible, canales o sistemas riego y micro-riego. Se prestará apoyo en capacitación, asistencia técnica y financiera en la agropecuaria del área. Se promoverá la formación de centros de acopio y comercialización de productos y derivados que incentiven la producción sostenible. Se evitará la fragmentación de la tierra promoviendo las agrupaciones para la producción de manera que se pueda obtener algún tipo de economía de escala en los cultivos. Se promoverá la centralización de fondos de inversión que apoyen a proyectos productivos en los diferentes sectores de manera de hacerlo más operativo y menos burocrático. Así, se promoverá la transformación productiva a diferentes niveles y con diversos sectores, de manera de atenuar
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Se promoverá la creación de micro empresas productivas que complementen la actividad primaria y se tornen en incentivo para su producción. Se organizarán programas de reforestación, de preferencia con especies nativas que atenúen las adversidades climáticas y permitan una mejora general del clima. Se promoverán programas de descontaminación de aguas y monitoreo, de manera de evitar los daños que ocasionan la explotación del subsuelo Macro-región: Yungas y Chapare Se realizarán programas de reconversión productiva donde se incorporen de preferencia plantas perennes o arbustos con valor económico, cuya producción permita una industrialización complementaria que mejore la situación económica de la zona. Se incentivará la formación de microempresas productivas de preferencia de tipo artesanal que genere empleo y añada valor a la materia prima de la zona, se dará apoyo en la capacitación, asistencia técnica y financiera en los rubros recomendados por el plan de uso del suelo para la zona de manera que garantice una producción sostenible. En igual medida, se capacitará a la población a cerca del manejo de los diferentes pisos ecológicos para evitar problemas futuros. Macro-región Valles Se propiciará una transformación productiva que considere cultivos relacionados con la horticultura, floricultura, industria vitivinícola, no sólo con miras al mercado nacional sino también al internacional, se apoyará programas y acciones orientadas a elevar los niveles de capital invertido en los predios agrícolas y mejorar significativamente el manejo de las tierras y los rendimientos agrícolas. Asimismo, se promoverá mayores medios de capacitación, asistencia técnica y crediticia para la agricultura, fruticultura y el manejo del ganado y la introducción de especies mejoradas, de manera que se pueda constituir en una actividad sostenida y rentable. Se promoverá que las organizaciones locales
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orienten sus acciones a la provisión de insumos, especies y semillas mejoradas, así como la difusión de nuevas tecnologías y comercialización.
agrosilvopastoriles en la región, se apoyará a las organizaciones del lugar para la formación de beneficiadoras de castaña y la creación de minilaminadoras de goma y otros que permitan generar valor agregado. Asimismo, se promoverá en toda la región la cría de animales menores, de manejo doméstico, para paulatinamente reconvertir la costumbre de la población de la caza indiscriminada. Identificar sitios apropiados y promoverlos para fomentar el ecoturismo.
Se crearán líneas de crédito para financiar la implementación de infraestructura productiva y la adquisición de animales mejorados para desarrollar el hato ganadero, se apoyará para que el manejo del ganado se realice con pastoreo rotativo para evitar la sobrecarga. Se aprovechará integralmente los productos de la zona por medio de su procesamiento y comercialización. Se capacitarán a los usuarios de la tierra en el manejo y conservación del suelo, evitando su fragmentación, procurando acceder a mayores superficies de terreno para elevar el tamaño de las unidades de producción. Se fortalecerá a los centros poblados calificados dentro el rango de los secundarios para que impulsen un desarrollo armónico de la región y desconcentren ciertas áreas excesivamente congestionadas. Se diseñarán políticas a ser aplicadas al crédito y micro-crédito rural considerando las condiciones socioeconómicas del área. Se incentivará la promoción de la actividad turística, tanto interna como externa. Se promoverá la explotación de los importantes recursos de hidrocarburos en las serranías sub-andinas y de los minerales metálicos y no metálicos, evitando o mitigando impactos ambientales negativos. Se estudiará la factibilidad de aprovechar las aguas subterráneas para usarlas principalmente con fines de riego. Macro-región Amazonía Se agilizará el saneamiento y la titulación de tierras con el fin de dar seguridad a los productores y habitantes de la zona, se promoverá la creación de centros de apoyo a la producción especialmente a nivel del pequeño productor, que abarque aspectos de capacitación, asistencia técnica y crédito. Se capacitará a la población económicamente activa en técnicas de manejo sostenible del bosque y alertarlos sobre sus peligros de no ejecutarse éstas. Se formarán centros de capacitación, asistencia técnica y provisión de herramientas e insumos a los productores, que permitan las prácticas
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Se promoverá la construcción de caminos que permitan integrar a la región y a ésta con el resto del país, a fin de acabar con el aislamiento permanente en el que se ha tenido que desenvolver la amazonía boliviana. Macro-región: Llanuras del Beni y Norte de La Paz Se buscarán las condiciones para mejorar la baja producción y productividad en las diferentes ramas de las actividades productivas, se facilitará, incentivará y fomentará la intermediación financiera (créditos) a cargo de operadores privados, sociedades, cooperativas de ahorro y préstamo con destino a actividades productivas rentables que garanticen el reembolso de los préstamos. Se mejorarán las condiciones actuales de deficiencia e insuficiencia de las vías camineras, de la red fundamental, departamental y vecinal; de infraestructura portuaria mediante el mantenimiento y construcción de nuevos puertos fluviales y aeroportuaria según prioridades y medios de vinculación utilizados por las poblaciones afectadas por estos servicios. En función de la demanda se desarrollarán soluciones prácticas y económicas para la dotación de energía eléctrica (alternativas baratas y permanentes) a las poblaciones de la macro-región. La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el área rural y urbana será solucionada con el trabajo de catastro rural que efectúa el INRA y el catastro en centros urbanos que deben efectuar los municipios. Macro-región: Del Escudo Precámbrico Se complementarán estudios sobre Inventarios y Planes de Manejo Forestal y estandarización de las normas técnicas, asimismo se promoverá la
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ejecución de un estudio, sobre los recursos no maderables provenientes del bosque (palmito, goma, frutos silvestres, potencial mielífero, y otras especies vegetales de gran interés para la farmacología). Se dará fuerte apoyo a los esfuerzos en la búsqueda de mercados, para las especies maderables, aún no utilizadas por la industria maderera nacional. Se otorgará apoyo para el mejoramiento del manejo de pastos naturales y cultivados de manera que puedan soportar mayor carga de hatos ganaderos y se brindarán facilidades para las inversiones en las diferentes etapas del desarrollo minero (exploración, desarrollo y explotación), cuidando siempre el medio ambiente y evitando los impactos negativos. Macro-región: Llanura de Santa Cruz Se agilizará el saneamiento y la titulación de tierras con el fin de solucionar problemas existentes, dar seguridad a los productores e incentivar las inversiones en la zona. De esa manera, se promocionarán las actividades productivas para atraer inversiones y fomentar los diferentes tipos de organizaciones para formar industrias complementarias a las actividades agropecuarias del lugar. Se apoyará la comercialización de productos de la zona, identificando diferentes mercados con la elección de opciones favorables a los productores, así como la formación de empresas familiares o microempresas de tipo artesanal que con un costo relativamente bajo, en función al costo fijo mínimo, ofrezcan productos competitivos que hagan frente a los productos importados. Macro-región: El Chaco Se promoverá el saneamiento jurídico y la titulación de tierras para evitar conflictos y brindar seguridad a los inversores. En materia productiva, se promocionará y fomentará la agroindustria aprovechando las considerables extensiones de terrenos, las condiciones climáticas y predisposición a invertir en el lugar. Se brindará capacitación, asistencia técnica y financiera a los productores de acuerdo a sus necesidades, considerando su heterogeneidad, se estudiará la reconversión productiva de comerciantes coyunturales a productores de actividades secundarias y se buscarán las mejores alternativas para solucionar el problema del agua a todo nivel.
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4.7
Gestión socio ambiental
Pocos problemas son tan comunes a todas las naciones, cualesquiera sea su sistema económico y su nivel de desarrollo, como la degradación de su medio ambiente. Esto viene siendo más frecuente en los países en vías de desarrollo que la inflación, la deuda externa excesiva o el estancamiento de la economía. Así, la veloz deforestación, degradación de cuencas, pérdida de diversidad biológica, escasez y contaminación de agua, la excesiva erosión del suelo, degradación de la tierra, el sobrepastoreo y la pesca abusiva, la contaminación del aire y el congestionamiento urbano son comunes en el país y en nuestras áreas urbanas como rurales. Bolivia con cerca de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y más de ocho millones de habitantes, cuenta con abundantes reservas de recursos naturales y una apreciable superficie de tierras aptas para la agricultura y ganadería, reconocida internacionalmente por alrededor del 43% de cobertura boscosa en su territorio y su rica diversidad biológica. Si bien una gran parte de la población vive dispersa en áreas rurales, la población urbana en el eje troncal del país exhibe altos índices de crecimiento, cuya concentración de población en condiciones de extrema pobreza; pone en evidencia intensivas migraciones hacia las ciudades capitales y refleja una innegable vinculación entre las actividades económicas, pobreza y deterioro del ambiente. Complementariamente, la problemática socioambiental del país es múltiple y ha tendido a agravarse en forma acelerada en la última década, particularmente porque en la coyuntura actual Bolivia vive una de sus peores crisis, que consecuentemente refleja patrones de extrema pobreza, confrontación social e inestabilidad política. La implementación de modelos de gestión, tanto económico cuanto de desarrollo en las últimas dos décadas, han confrontado doctrinaria como empíricamente una fuerte contraposición, debido principalmente al arraigo de una economía tradicional que no genera un valor agregado, acompañada de profundas limitaciones en el fomento e incentivos competitivos de producción y una limitada visión para acceder a los mercados externos, como requisito imperdonable del contexto neoliberal y de la economía de mercado global.
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De hecho, la contraposición entre el modelo económico y los paradigmas de sostenibilidad en el país, ha venido propiciando un círculo vicioso, entre el estancamiento económico, pobreza y degradación ambiental, debido principalmente al antagonismo temporal (entre el cortoplacismo de interés del mercado frente al largoplacismo del proceso de conservación), así como el intensivísmo en el uso de los recursos naturales.
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Nuestra Propuesta: 42.
43. En éste ámbito, instrumentalizar estas deficiencias, parece ser la oferta más prometedora para compatibilizar la dimensión económica con la ambiental, persiguiendo en primera instancia un modelo económico de carácter mixto, propiciando en éstos términos el fortalecimiento del Estado como protector de los derechos ciudadanos en su economía sostenible como el fomento a la diversificada producción privada de la empresa nacional. Para este efecto otros instrumentos deben ser considerados: -
-
Valorización de los Recursos Naturales locales, a cargo del Fondo Nacional de Registro en Diversidad Biológica. Valorización de los servicios ambientales (como recursos biológicos estratégicos en su producción y comercialización, ecoturismo, etc.) Introducción de métodos de conservación de recursos naturales estratégicos. Desarrollo de métodos orgánicos de cultivo y producción, evaluando seriamente la introducción de transgénicos, propiciando no sólo la seguridad alimentaria sino la soberanía alimentaria. Consolidar la práctica de certificación ambiental como potencial en la exportación de recursos locales con valor agregado. Creación del Instituto Nacional de Investigaciones Ambientales, única instancia certificada para procesos de inversión nacional como internacional.
Finalmente, la capacidad de los sectores de punta de absorber mano de obra de sectores de baja productividad y ambientalmente vulnerables puede determinar si se rompe o no el círculo vicioso de pobreza y destrucción de recursos naturales en sectores alejados de los mercados o poco sensibles a otras señales económicas, como actualmente constituyen la frontera agrícola o los sectores informales y marginales de la economía.
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45.
46.
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48.
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Eliminar o por lo menos reducir las distorsiones de políticas que favorecen a las prácticas inadecuadas en el uso de los recursos, que discriminan a los pobres, merman la eficiencia de la economía y desperdician los recursos de inversión. Corregir las fallas del mercado, tales como las externalidades, la inseguridad jurídica en torno a la propiedad, la imperfección de mercados, que da lugar a excesos en la explotación de los recursos, usando para ello un sistema de instituciones, incentivos, regulación y medidas fiscales. Invertir en el desarrollo de los recursos humanos y su valorización agregada, como sería el caso de la industria rural, a fin de promover el retorno demográfico rural, promoviendo empleos para los grupos menos favorecidos, que actualmente se hallan hacinados en áreas periurbanas y que son trabajadores transitorios del mercado informal, campesinos sin tierra y obreros subempleados. Someter a todos los programas y proyectos públicos y privados a un amplio análisis de costos y beneficios sociales, ya sea mediatos o inmediatos, de orden económico, social o ambiental, rechazando aquellos que puedan causar cambios irreversibles al entorno, sus recursos o que impliquen la renuncia a otras opciones. Suprimiremos todos los subsidios directos e indirectos y los proyectos públicos que propician la degradación socioambiental y el agotamiento de los recursos, ofertando diversificación de recursos temportales (estacionales) como espaciales (de diversos ecosistemas). Fortaleceremos las instituciones necesarias para el surgimiento y la operación eficiente de mercados ambientales y de los recursos naturales (nos referimos a las instituciones que representan los derechos de propiedad, seguros, efectivos y transferibles y la fiabilidad en cuanto al cumplimiento de los contratos). La participación del sector primario debe implicar una menor presión ambiental, reduciendo la ampliación de la frontera agrícola e implantando sistemas productivos más limpios. Propiciar el sector secundario de la economía, operando un cambio estructural con implicaciones ambientales positivas, que mejoren la calidad productiva.
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Mejoramiento de procesos de calidad, de sistemas de administración ambiental, de mecanismos de certificación, de capacidad de personal y otros rasgos asociados al cambio técnico y sinérgico en favor de minimizar el impacto ambiental del sector secundario. Formular esquemas operativos de valuación económica de los recursos naturales y de los servicios ambientales, desarrollo de sistemas integrados de cuentas económicas y ambientales y mejoramiento de cuentas de fomento e incentivos, como base de integración de políticas de relacionamiento global. Para reforzar el impacto del crecimiento sobre el empleo, fortaleceremos los enlaces entre la valorización de los recursos naturales de diversidad biológica con el resto de los sectores productivos, de manera de acrecentar valor agregado. Promoveremos los estándares de calidad, creando el Instituto Nacional de Investigaciones Ambientales, que a tiempo de certificar los productos, facilitará servicios modernos para orientar la actividad productiva, con provisión de asistencia técnica y organizacional a medianas, pequeñas y microempresas. Reformularemos las políticas ambientales, otorgando especial importancia a la gestión más eficiente de los recursos, acompañadas de modificaciones a la institucionalidad que apunte a una adecuada focalización y valorización de los recursos, especialmente a los de carácter estratégico, que se orienten a una descentralización más eficiente, a una vinculación efectiva de los recursos con el desempeño y la calidad de sus servicios. Invertiremos en la capacitación de recursos humanos, privilegiando el fomento productivo limpio y susceptible de generar valor agregado. Combatiremos la pobreza rural, ejerciendo políticas públicas de acceso a la tierra y saneamiento de títulos, mejorando la infraestructura productiva primaria (agroindustria medicinal y/o cosmeátrica) como secundaria (Ecoetnoturismo), potenciando en particular las áreas de uso múltiple de áreas protegidas.
Al estar Bolivia representada entre los 10 países con mayor diversidad biológica a nivel global y el cuarto a nivel regional, ésta riqueza constituye un gran potencial para nuestro desarrollo. Prioritariamente, se integrarán políticas intersectoriales de coordinación interinstitucional y de participación social, para
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el planeamiento, ordenamiento y gestión en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. 57.
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Reorientaremos la reestructuración productiva en base a recursos de biodiversidad claves y estratégicos, adecuando su valorización a cambios en los patrones de inversión tanto pública como privada y social, priorizando los proyectos de alta rentabilidad social y de signo sostenible en las áreas que pertenecen a las comunidades indígenas autóctonas. Compatibilizaremos a nivel nacional y regional los marcos regulatorios relativos a la bioseguridad, impulsando la transferencia de tecnologías, mejoramiento de nuestras capacidades y precautoria contra la contaminación transgénica; y en particular difundiendo los conocimientos, innovaciones y prácticas como saberes tradicionales de las comunidades indígenas.
En relación a la Gestión Urbana/Rural Local o Municipal: 59.
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Estableceremos los mecanismos para mejorar la productividad urbana/ rural, mediante el refuerzo a la prevención de la salud humana, como alto recurso productivo con vínculos con un medio ambiente adecuado. Instalaremos como indicadores la medición de la productividad por medio de las interacciones de contaminación-salud-economía, reconociendo el costo económico de las pérdidas de días trabajados o no por problemas de salud. Propiciaremos y facilitaremos el manejo mancomunado de los residuos sólidos, orientado a la reducción de la generación de residuos y emisiones por unidad de producto urbano/rural, tanto doméstico, industrial, y hospitalario. Impulsaremos la aplicación de indicadores de salud con clara vinculación ambiental, priorizando las referidas a la morbilidad y mortalidad en poblaciones especialmente vulnerables a contaminantes biológicos como artificiales, mediante la creación de una Unidad de salud ambiental a nivel del Ministerio de Salud y sus reparticiones a nivel departamental y municipal. Consolidaremos el proceso de ordenamiento territorial y predial a nivel nacional, priorizando la atención a reducir la vulnerabilidad urbana y social de asentamientos humanos.
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Propiciaremos el mejoramiento en la diversificación de la oferta energética, evaluando el potencial de fuentes convencionales y nuevas fuentes renovables de energía, como la geotermia, la biomasa, energía solar, eólica y particularmente la del gas que debe garantizar un mercado interno seguro, económicamente viable y ambientalmente limpio y sostenible. Estableceremos una estrategia de eficiencia energética para el aparato productivo nacional, a través del uso intensivo del gas, propiciando la reducción de costos, de la contaminación y de mitigación a los procesos del cambio climático.
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La Red Vial Nacional se encuentra prácticamente colapsada mientras la flota vehicular crece cada día. El aumento en el número de transporte pesado con materias primas y productos, tanto hacia el interior del país como hacia el exterior genera un grave deterioro de los caminos y carreteras. Por ello, el Estado tiene la obligación de realizar las inversiones que son necesarias con el único fin de mantener operando la red vial con una proyección de largo plazo. Nuestra Propuesta: 65.
4.8
Integración Vial y Ferroviaria 66.
La infraestructura y el transporte son elementos fundamentales para las necesidades de movilización de los bolivianos y el acarreo de las mercancías, como también resulta clave para el turismo y el comercio, lo mismo que para el bienestar general de la población. Sin embargo, a pesar del avance de los últimos años, la construcción, reconstrucción y mantenimiento de la red vial no presenta avances significativos, al contrario, se debe superar el rezago en la infraestructura de transportes.
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Concluiremos, rehabilitaremos y concesionaremos los tramos carreteros en todos los departamentos del país. Se iniciarán las obras y estudios de preinversión que permitan generar las bases para la construcción de tramos viales en el corto y mediano plazo. Se iniciarán estudios de preinversión para 2000 Km. de carreteras que serán ejecutados en el periodo de gobierno mediante la participación de la empresa privada y la asistencia de organismos internacionales realizando una inversión de 50 millones de dólares en cinco años. Se construirán 2000 Km. de carreteras creando la infraestructura necesaria para el fortalecimiento productivo nacional y en especial de los corredores bioceánicos, lo que demandará una inversión de 2000 millones de dólares. Se mantendrán planes periódicos de mantenimiento de las vías nacionales en una longitud 1500 Km. lo que representará una inversión de 500 millones de dólares.
En el caso de nuestros ferrocarriles nuestra realidad muestra que ya no hay mejoras en su infraestructura y material rodante, por el contrario, todo está abandonado, no hay estaciones de parada, la vía en pésimas condiciones y material rodante obsoleto. Nuestra Propuesta: 70.
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Revisaremos técnica y jurídicamente el contrato de capitalización para reactivar la infraestructura ferrocarrilera del país.
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72. 73.
Estableceremos inversiones estatales que reactiven los ferrocarriles en Bolivia, con criterios empresariales ágiles y eficientes para una administración eficiente. Rehabilitaremos íntegramente el ramal Oruro – Cochabamba – Aiquile. Construiremos el ferrocarril Aiquile – Santa Cruz, de aproximadamente 320 Km., como un elemento de integración bioceánico Atlántico – Pacífico.
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77.
78. 79.
4.9
Diplomacia del Desarrollo
Nuestra política exterior debe adelantarse en el contexto de un mundo globalizado. Esta condición puede producir muchos beneficios pero también generar grandes dificultades.
80.
81. Nuestra inserción en la economía mundial se fundamentará en los principios de un regionalismo abierto, donde el instrumento principal será el constante intercambio más que el asistencialismo, y en donde se encuentren fundadas las bases de un desarrollo social, cultural, de promoción de inversiones y de innovación tecnológica. Para ello, se pondrá en marcha la Diplomacia del Desarrollo de modo que nuestra acción internacional esté al servicio de los bolivianos, de una manera dinámica y comprometida.
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83. 84.
Para ello proponemos:
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Dinamizaremos y transformaremos a nuestras embajadas y a nuestros embajadores, para que sean nuestros promotores de las exportaciones del país en todo el mundo. Constituiremos a nuestras embajadas como las promotoras reales del turismo hacia nuestro país, contando para el efecto con el material informativo y los recursos que sean necesarios. Prepararemos a nuestras embajadas y a nuestros embajadores para promover las inversiones hacia nuestro país, principalmente en materia industrial, agroindustrial, minería y energética.
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Desarrollaremos políticas para que nuestras embajadas y nuestros embajadores, especialmente aquellos destinados en los países desarrollados y ante organismos internacionales, promuevan eficazmente la cooperación financiera y la asistencia, para apoyar los esfuerzos de la lucha contra la pobreza. Esto constituye la dimensión social de nuestra política exterior. Enfatizaremos el desarrollo fronterizo como un tema vinculado a nuestra integridad territorial pero también a nuestra vocación integracionista. Desarrollaremos el Plan de Desarrollo Fronterizo que contemple las áreas más dinámicas de nuestras fronteras en especial con Argentina, Paraguay y Perú. Favoreceremos a las poblaciones más importantes de nuestras fronteras apoyando la vinculación con el resto de nuestro país a través del desarrollo de una infraestructura vial con los citados países. Vincularemos el desarrollo fronterizo a los corredores de exportación o ejes de comercio y transporte regional. Defenderemos internacionalmente el patrimonio cultural del país estableciendo los acuerdos que sean necesarios con otros países y redes de cooperación. Daremos un tratamiento racional al tema de nuestra reintegración marítima. Avanzaremos en una urgente posición nacional de consenso frente a Chile y en un planteo contemporáneo viable para resolver nuestra mediterraneidad, sin renunciar a nuestra demanda de un acceso soberano al Pacífico. Promoveremos la vocación integracionista de nuestro país como una confluencia geográfica y de procesos económicos. Apoyaremos las negociaciones por mercados para nuestras exportaciones y la posibilidad de mejorar la competitividad de nuestros productos en un mercado más justo y abierto. Propiciaremos acuerdos de asociación entre el Estado boliviano y empresas extranjeras para el desarrollo de la utilización de nuestros recursos naturales. Profundizaremos nuestras relaciones con la Unión Europea, apoyando los procesos comerciales iniciados por la Comunidad Andina y el MERCOSUR, fortaleciendo nuestro comercio y gestando políticas conjuntas de apoyo a nuestros esfuerzos para combatir la pobreza.
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4.10
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Los objetivos principales buscan:
Política económica e inversión pública
-
La política económica que propugnamos procura y distribuye sus beneficios a toda la sociedad. Toda nuestra política económica es política social. La estabilidad económica es ya, en sí misma, el beneficio social más considerable, porque modera los precios, incluido el del dinero, genera confianza, induce a la sana expansión económica y, sobre todo, procura la generación de empleo. No hay ningún beneficio social más eficaz, más digno y más humano que ofrecer a una persona la oportunidad de ser útil y ganarse la vida. Además, el crecimiento permite sanear los instrumentos y aumentar los medios para mejorar la redistribución de la renta y completar la solidaridad con quienes lo necesitan. La política de estabilidad y estímulo de la competencia buscará fomentar la expansión y el éxito exterior de las empresas de Bolivia, en especial las PYMES. La política de estabilidad, enmarcada en una ECONOMÍA NACIONAL MIXTA PARTICIPATIVA, buscará: • • • •
Mercados internacionales más accesibles; Mejores condiciones financieras; Ahorro de costos fiscales y de producción; Desarrollo productivo y competitivo en base a las características propias de cada región.
-
-
Nuestra propuesta: 89.
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91. Se requiere una reorientación de los patrones de desarrollo del país en torno a un eje principal: LA EQUIDAD. Para lograr la reducción de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones, el desarrollo con Equidad considera la vigencia de: -
De los derechos económicos, sociales y culturales. Valores de igualdad, solidaridad y no discriminación. La universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia.
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Para extender el horizonte temporal de la política macroeconómica en dos sentidos: -
Desarrollo de políticas anticíclicas activas. Crecimiento de largo plazo
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Generar más y mejores empleos mediante la reactivación económica, acciones que mejoren el capital humano, el desarrollo del comercio internacional, la competitividad y la atracción de inversión extranjera. Estabilidad económica, por medio de la aplicación de políticas fiscales que propicien la eficiencia y la parsimonia, austeridad y honestidad en el gasto público, y de un manejo prudente de la política cambiaria y monetaria. Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en especial en las zonas de menor desarrollo relativo.
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Proponemos un diálogo franco, abierto y constructivo con los diversos sectores sociales, con el fin de lograr, por medio del esfuerzo conjunto, una tasa de crecimiento del PIB mínima del 5%, siempre que existan las condiciones internacionales favorables. Proponemos la generación de medidas para lograr la atracción de inversiones, lo cual se traducirá en la creación de nuevos empleos, transferencia tecnológica y desarrollo productivo. Fomentaremos una política monetaria destinada a producir un incremento en los niveles de la actividad económica (demanda agregada), manteniendo un control de la inflación que coadyuve a un crecimiento del PIB real. Para mantener el nivel de competitividad externo e interno, la política cambiaria de Bolivia considerará la depreciación de la moneda que deberá mantener niveles que protejan la excesiva importación de bienes y servicios, manteniendo los niveles de competitividad de las exportaciones, en observancia a reacciones internacionales de países vecinos. Se seguirá utilizando el sistema actual (flotación sucia, BOLSÍN), agregando bandas cambiarias que sean activadas, para el logro de los objetivos de competitividad, cuando sean necesarias, manteniendo una estrecha relación con las políticas arancelarias y con el control inflacionario. En conjunto, con la política cambiaria, política arancelaria y monetaria, se manejarán niveles máximos de inflación de alrededor del 3% anual,
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5
manteniendo el poder adquisitivo de la población, pero permitiendo márgenes razonables de movimiento en los precios de los bienes y servicios producidos. La política fiscal en conjunción a las políticas cambiarias buscará que se proteja la industria nacional, sobre todo la producción de bienes; para ello, se crearán bandas arancelarias selectivas, focalizadas y temporales. Se buscará una política fiscal agresiva, para coadyuvar la política monetaria. Profundizaremos la simplificación tributaria, concentrándonos en pocos impuestos recaudados muy eficientemente y con la mayor cobertura. Ampliaremos la base impositiva mediante la eliminación de exenciones indebidas, y en otros casos, eliminaremos los escudos fiscales para dar una mayor equidad tributaria. Incorporaremos a la estructura impositiva nacional el Impuesto de Incentivo a las Inversiones (I. I. I.), con el fin de establecer una alícuota de retorno impositivo a las empresas que hayan realizado inversiones productivas.
BOLIVIA SOCIAL: Por una justa distribución del ingreso nacional
El EJE SOCIAL, sustentado en el principio de “devolver el poder al pueblo”, se orienta hacia el objetivo de alcanzar un país en el que ningún hombre ni mujer bolivianos quede sin trabajo, que ningún niño deje de asistir a la escuela y que ninguna familia quede sin techo ni salud. Bajo este enfoque, se manifiesta que la principal preocupación del Estado debe ser su gente: el pueblo boliviano. Esto lo lograremos a través de:
5.1
Empleo: La dignidad humana y equidad del salario
El trabajo es un elemento esencial para que el ser humano se realice como tal y contribuya al desarrollo del país; por ende, el Estado debe incentivar e impulsar la generación de empleo para todos sus habitantes, por los medios técnicamente más eficientes y socialmente más adecuados. Ello supone enfocar el empleo no sólo como fuente de ingreso económico para el que lo realiza, sino
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también desde una perspectiva ética que valore el trabajo útil y elimine la angustia del desempleo. El incremento de la población de Bolivia en los últimos 5 años ha sido del 2.85 %; sin embargo, esta nueva población no posee en la actualidad una esperanza real de trabajo en el país, donde los índices de desempleo se encuentran cercanos al 50 %. Cabe agregar que, además de preocuparnos por aumentar el empleo, procuraremos que, a mediano plazo, las nuevas plazas de trabajo se creen en actividades que aparejen una mejor remuneración. El desarrollo del país jamás se logrará mediante la explotación de mano de obra barata, ni mucho menos arriesgando la dignidad de los ciudadanos. El progreso de una nación se fundamenta en el esfuerzo de su pueblo, Nueva Fuerza Republicana resalta como función primordial del Estado: Garantizar condiciones dignas para el trabajo y alentar a los empresarios creadores, a fin de que incrementen la actividad económica a través de nuevas iniciativas que aumenten la producción y el empleo. Dicha Generación de Empleo se logrará siguiendo las pautas de una ECONOMÍA NACIONAL MIXTA PARTICIPATIVA, en las siguientes áreas: Construcción de la Vivienda Social: Se buscará la generación de empleo a través de la construcción de la vivienda social que buscará, además, reducir el déficit habitacional existente en el país que se estima en 200.000 viviendas. Esto permitirá la generación, en el lapso de 5 años, de miles de empleos directos e indirectos, además de contribuir a un impulso en la demanda agregada con un efecto multiplicador de 100 millones de dólares. Vertebración Nacional: Por las razones de orden geográfico y geopolítico, Bolivia no puede seguir encontrándose aislada, debe buscar una absoluta integración nacional e internacional, para lo cual, se realizarán inversiones que permitan la construcción y mejoramiento de la red vial nacional de 10.477 Km. de carreteras y caminos.
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Esta medida producirá un efecto multiplicador de generación de empleo directo e indirecto, además del desarrollo económico, comercial y de servicios que permitan la integración nacional e internacional del país.
El entorno económico está cada vez más marcado por la internacionalización de los mercados mundiales, que amplían el campo de oportunidades de inversión y expansión de las empresas. Las actividades exportadoras y las iniciativas inversoras deben constituir una tarea habitual y creciente. El sector exterior de Bolivia debe saber adaptarse con éxito a los cambios del entorno internacional, evitando ser dependiente de las condiciones cíclicas de la economía exterior.
Este desarrollo vial permitirá, además, interconectar los centros de consumo con los de producción, eliminar el aislamiento de los cantones, provincias y departamentos y ampliar el mercado de consumo interno.
Nuestra Propuesta:
La construcción de nuevas vías generará empleo directo a más de 50.000 personas contribuyendo a la demanda agregada en 70 millones de dólares. Fortalecimiento del aparato productivo nacional: La estabilidad económica es ya, en sí misma, el beneficio social más considerable, porque modera los precios, incluido el del dinero, genera confianza, induce a la sana expansión económica y, sobre todo, procura la generación de empleo. No hay ningún beneficio social más eficaz, más digno y más humano que ofrecer a una persona la oportunidad de ser útil y ganarse la vida. Además, el crecimiento permite sanear los instrumentos y aumentar los medios para mejorar la redistribución de la renta y completar la solidaridad con quienes lo necesitan.
Se requiere una reorientación de los patrones de desarrollo del país en torno a un eje principal: LA EQUIDAD, que conlleva a la definición de un conjunto de políticas para el fortalecimiento de la estructura productiva: 100.
101.
102.
Se definirán políticas de resguardo a la competencia y al desarrollo de mecanismos de regulación pública de estructuras de mercado no competitivas o con fuertes externalidades. Políticas de corrección de las fallas de los mercados de factores, además del desarrollo de mercados financieros de largo plazo y el acceso a éstos por parte de la pequeña empresa, tanto en las zonas urbanas como rurales. Políticas destinadas al desarrollo de estructuras más dinámicas en especial la formación de conglomerados productivos, que consideren las características propias de cada región del país, permitiendo el desarrollo de autonomías o macro - regiones de desarrollo productivo y competitivo. De manera que se consiga en el menor plazo posible:
La política de estabilidad y estímulo de la competencia buscará fomentar la expansión y el éxito exterior de las empresas de Bolivia, en especial las PYMES. La política de estabilidad buscará: • • •
Mercados internacionales más accesibles; Mejores condiciones financieras; Ahorro de costos fiscales y de producción,
El equilibrio presupuestario que Nueva Fuerza Republicana se propone es la mejor expresión de nuestro modelo económico. Es la invitación desde el sector público a la iniciativa económica de los ciudadanos. Pero es más que un gesto, porque aporta también estímulos financieros que movilizan la economía.
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• • • • • •
Empleo Pleno. Incentivo al sector productivo para lograr incrementos en los niveles de empleo. Disminución de la Población en edad de trabajar que está inactiva, en especial en el sector agropecuario. Re-direccionamiento de los fondos comprometidos en los programas de absorción temporal de empleo a programas sostenibles de empleo. Incentivo a los planes de capacitación y de desarrollo empresarial y micro-empresarial. Establecer una relación de pacto social y económico con el país,
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•
• • • • •
aplicando medidas extraordinarias en forma temporal (aranceles, política monetaria, política cambiaria). Considerar aspectos de competitividad en la producción desde el punto de vista de la reducción de los costos de operación e incentivo al uso de las capacidades ociosas. Establecer medidas de política cambiaria y de bandas arancelarias que permitan el crecimiento del comercio exterior. Lograr transferencias activas de manera de crear condiciones de empleo real de los sectores activos. Integración de los aspectos de inversión con el sector privado. Generación de programas de incentivo industrial dirigidos a los sectores de mediana, pequeña y microempresa. Crear la infraestructura para el desarrollo de los Mercados de Capitales, a través de la implantación de reformas de segunda generación que permitan el fomento de inversiones en valores.
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Nuestra propuesta: En política de vivienda, Nueva Fuerza Republicana realizará las siguientes actuaciones: 103. 104.
105. 106.
107. 5.2
Vivienda y calidad de vida
Para Nueva Fuerza Republicana los principios que deben regir la política de vivienda son: • •
• •
•
La vivienda es un bien necesario, lo que exige que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias para facilitar su acceso. El sector vivienda y construcción, por su importancia económica, es un factor esencial del desarrollo, de la competitividad y de la lucha contra el desempleo. La política de suelo es una parte esencial de la política de vivienda. La política de vivienda, dada su consideración de bien necesario, es un factor básico para lograr la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. La coordinación de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, debe realizarse de acuerdo con el principio de subsidiariedad y deben orientar sus actuaciones al fomento de las iniciativas públicas y privadas dirigidas a satisfacer las necesidades de vivienda de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes y de los sectores de la población más desfavorecidos, así como a la promoción de las viviendas en alquiler.
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108. 109.
110.
Reducir el déficit habitacional en 200.000 unidades durante los cinco años de gobierno Establecer un nuevo sistema que favorezca el acceso de los jóvenes a la vivienda, promoviendo las políticas necesarias que permitan el acceso a los medios de financiamiento y al préstamo hipotecario. Potenciar las ayudas a la rehabilitación de viviendas, incidiendo en la revitalización de los cascos antiguos de las ciudades. Propiciar la actuación coordinada de los distintos Gobiernos Municipales y las administraciones Centrales que deben intervenir en la política de vivienda, mediante la elaboración y puesta en práctica de Planes conjuntos o Convenios Inter-administrativos. Impulsar un Programa de suelo para 200.000 viviendas con el apoyo Estatal, en 5 años, en convenio con los Gobiernos Municipales; buscando financiamiento y la dotación del suelo y su urbanización para la construcción de Viviendas Sociales. Proveer el financiamiento del costo básico de la vivienda por parte del Gobierno Central. Inclusión de la Ley para la captación de fondos permitiendo la presencia de nuevos agentes y participación en el mercado de valores por parte de las AFP’s. Mejorar la calidad de las viviendas mediante la elaboración y aprobación del Código Técnico de la Edificación que fije los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
5.3
Educación: Un pueblo que se educa… se libera
La educación es, junto con la salud, uno de los dos pilares fundamentales del desarrollo, por su efecto decisivo para la superación de las desigualdades económicas.
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En consecuencia, Nueva Fuerza Republicana, que se propone dedicar sus principales esfuerzos a combatir la pobreza y la desigualdad, dará la más alta prioridad al mejoramiento de la calidad de la educación boliviana. En Bolivia, al igual que en muchos otros países de la región, el sistema y el contenido tradicional de la enseñanza han hecho crisis. Los resultados del proceso educativo, acumulados a través de varias décadas, demuestran que se requiere la adopción y ejecución urgente de profundas reformas, para asegurar al hombre y mujer bolivianos los niveles de formación que le permitan competir con éxito frente a los retos que imponen los rápidos cambios que experimenta la sociedad, como producto de la inevitable globalización.
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•
• •
• Hoy, es criterio compartido que el producto final del sistema educativo no llena a cabalidad las expectativas de los educandos, de sus padres ni del mercado laboral y que, por tanto, su contribución al desarrollo nacional es limitada.
•
Ello obedece a factores de índole diversa que deben ser examinados en profundidad para identificar sus principales causas y poder aplicar los remedios.
• •
El control político centralizado de los fondos presupuestarios y de las decisiones administrativas se ha traducido en el desmejoramiento de las instalaciones escolares, en la carencia de insumos elementales y en la respuesta represiva ante las justas reclamaciones de los educandos, los educadores, los padres de familia y las dirigencias populares que los han apoyado: •
• • •
Falta de planificación adecuada para la reestructuración del currículo, como también para la redacción de planes pilotos, el entrenamiento y la actualización de maestros y profesores; Concentración de las acciones en la capital y los principales centros urbanos, con olvido de los sectores y comunidades apartadas; Falta de adecuación a los cambios tecnológicos del presente. Los planes de estudio van muy a la zaga de las necesidades del país; Falta de atención, dentro del proceso educativo, a las condiciones socioeconómicas y psicológicas de las familias por región, afectadas por la desnutrición, la falta de higiene, problemas de salud, de explotación, de falta de trabajo, lo que al final limita las posibilidades de aprendizaje y ocasionan la deserción escolar;
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•
•
La improvisación acelerada, la creación de pseudo reformas, agregados y acomodos legales, hechos con el propósito de acceder a créditos internacionales, no han logrado, en el fondo, transformar los moldes de la educación del pasado siglo y sus efectos negativos ya se han puesto de manifiesto; Pésimas condiciones físicas de los centros de enseñanza y falta de los recursos necesarios para impartir una buena educación; Los niveles de la educación intermedia no le brindan al estudiante una base sólida de preparación cultural y tampoco le ofrecen las alternativas para escoger otras vías para desarrollar su interés personal o acceder al mercado laboral; Los centros universitarios, por falta de recursos, planificación adecuada, actualización e investigación, retrasan la modernización que les permitiría ofrecer las carreras y producir los profesionales que el país requiere; Falta de bibliotecas y centros audiovisuales que completen la transmisión efectiva de los conocimientos; No existe un uso eficiente de los recursos destinados a la educación; Tradicionalmente la educación ha sido ejecutada de acuerdo con intereses partidistas que trastocan el eficiente desarrollo del sistema educativo; Nada se ha hecho para mejorar la educación de los discapacitados, pese a que grandes sectores de la población se ven afectados con esta dificultad; y Ausencia de la enseñanza efectiva de idiomas, con técnicas apropiadas para asegurar su aprendizaje.
Una educación moderna debe basarse en el raciocinio y la investigación, en el acceso a la información actualizada y en el fomento de los hábitos de estudio y la lectura sana e instructiva, de manera que el resultado sea un estudiante capaz de desarrollar autonomía para el estudio, que tenga creatividad e iniciativa e independencia de criterio. El Estado puede y debe asumir la mayor responsabilidad como proveedor de los recursos necesarios para mejorar y modernizar el sistema educativo, pero debe abrirlo a la participación de todos los sectores que son sus protagonistas naturales, para que la generación de las propuestas de reforma y su ejecución
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sea una tarea compartida y producto del más amplio consenso posible y acorde con las realidades de cada región del país. 121. El Estado también debe implantar los programas de asistencia que sean necesarios para garantizar que los sectores que tienen poco o ningún acceso al sistema educativo puedan concurrir a la escuela y completar los niveles de educación que les aseguren la superación de la marginalidad económica. Para dar cumplimiento a estos enunciados, Nueva Fuerza Republicana propone las siguientes medidas: 111.
112.
113. 114. 115. 116.
117. 118. 119. 120.
Reduciremos el centralismo hasta ahora practicado por el Ministerio de Educación y propiciaremos la incorporación efectiva de todos los sectores que deben participar en el diseño y la ejecución de las políticas educativas, propiciando, además, una mayor participación de los Gobiernos Municipales quienes son los mejores conocedores de la realidad de cada área o región. Ejecutaremos una verdadera política de regionalización y descentralización de las estructuras educativas, de acuerdo a la normativa legal vigente. Estimularemos e involucraremos a la comunidad en las actividades escolares y en la solución de los problemas educativos. Duplicaremos la asignación presupuestaria a la Educación. Garantizaremos el pago pronto, expedito y mejorado de los salarios de los nuevos educadores y funcionarios administrativos y de mantenimiento. Crearemos, con la participación efectiva de los gremios docentes, una LEY DE CARRERA DOCENTE consensuada con la realidad educativa nacional, y sin menoscabo del derecho del educador y el fortalecimiento de la educación. Con la participación de los municipios, reorganizar y modernizar el sistema de bibliotecas a nivel nacional y asignarles lo necesario. Reorganizaremos y dotaremos de tecnología apropiada a los laboratorios de ciencias experimentales de las escuelas. Daremos cumplimiento a las disposiciones sobre Igualdad de Oportunidades para la Mujer; en especial, para la mujer campesina. Promoveremos la aplicación de los criterios educativos modernos en el funcionamiento de las escuelas privadas, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de que éstas asuman, a la par de las escuelas
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
públicas, un compromiso con el país en el desarrollo de una educación adecuada y moderna. Garantizaremos, mediante la revisión de los programas de becas que se conceden, la asistencia educativa oportuna a los sectores de menores ingresos, tanto en las áreas urbanas, periurbanas y rurales. Crearemos programas de formación, actualización y perfeccionamiento de los docentes, con los estímulos que aseguren su aprovechamiento y resultados. Estableceremos mecanismos tendientes a fortalecer los vínculos entre el Ministerio de Educación y las universidades del país, respecto a los planes, programas de estudio y centros de investigación, consecuentes con la realidad nacional. Garantizaremos la existencia y mantenimiento de centros educativos, debidamente equipados, en todas las comunidades del país, formulando y definiendo políticas de distribución más equitativas de los recursos a los Gobiernos Municipales y redefiniendo la responsabilidades de éstos en materia de administración educativa. Fortaleceremos, en el aspecto administrativo y financiero, los centros de formación profesional técnica, de manera que se incremente significativamente su labor de promoción y desarrollo de las tareas de capacitación y formación profesional de la fuerza laboral. En este sentido,se impulsará la concertación de acuerdos de asistencia técnica internacional con miras a apoyar programas especiales de capacitación y autogestión empresarial de hombres y mujeres desocupados, residentes en áreas que concentran marginalidad y pobreza, en actividades técnicas como electromecánica, gastronomía, mecánica automotriz, reparación de aparatos electrodomésticos, etc. Impulsaremos y fortaleceremos un proyecto denominado SISTEMA DE ENTRENAMIENTO Y EMPLEO ORIENTADO A LA DEMANDA que se desarrolla con la asistencia técnica y financiera de la Comunidad Internacional y de la entidades Multilaterales. Promoveremos el establecimiento de centros de formación empresarial en áreas de alta marginalidad y desempleo; y al mismo tiempo fortaleceremos los programas de higiene y seguridad industrial y ocupacional. Integraremos la enseñanza universitaria a las necesidades del desarrollo nacional.
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129.
Promoveremos la formación técnica intermedia para el desarrollo integral de la juventud de Bolivia.
5.4
Salud: La Salud no es un asunto de libre mercado, es una tarea de estrategia nacional.
Nueva Fuerza Republicana reconoce que la salud, definida como el goce del completo bienestar físico, mental y social; y considerada como un componente básico para lograr la convivencia, el progreso y la equidad, con buena calidad de vida para un ser humano provisto de valores y principios, debe ser asunto de interés prioritario para la sociedad y el Estado. La Salud no es un asunto de libre mercado, es una tarea de estrategia nacional. Bolivia es, ante todo, un país de retos, desafíos y cambios. El desafío de nacer y crecer en condiciones apropiadas. Que todos los bolivianos y bolivianas tengan igualdad de oportunidades, es un requisito fundamental para que la democracia se consolide y el sueño del desarrollo se vuelva una realidad. Por ello, el eje de nuestra propuesta es la democratización de la salud. Esto significa contar con un sistema de salud de la gente, por la gente y para la gente. La educación y la salud, son las llaves que abren la puerta de los retos y desafíos, para permitir contar con una población con un alto grado de escolaridad y un grado elevado de salud, principalmente de las poblaciones más vulnerables; así no ser testigos de un bajo grado de nutrición, que la maternidad siga siendo un riesgo, que las enfermedades que para unos ya desaparecieron sigan matando a otros, mientras esto sea así, no podremos hablar de auténticas oportunidades para todos. En Bolivia hay poblaciones que siguen enfermando y muriendo de padecimientos para los cuales la medicina y la salud pública tienen remedios sencillos y de poco costo. Esto es algo que simplemente no podemos permitir.
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El camino estratégico para el cambio se define en este programa de salud, a través de líneas estratégicas de acción específica, sobre la base del análisis profundo de nuestra realidad actual, para que alcance a todos sin excepción y con absoluto respeto de sus derechos humanos. Bolivia, con todas sus limitaciones, ha logrado avances en salud. Pero, debemos reconocer que aún existen desafíos y retos que emergen de la pobreza y sub desarrollo. Sin duda que la falta de equidad es el primer reto para el sistema de salud, ya que en la actualidad, en nuestro país, persiste la desigualdad social y regional. Otro de los rezagos que tenemos es la calidad de servicios en los diferentes establecimientos de salud. Entendiendo como calidad al grado en que los servicios mejoran los niveles de salud, de manera congruente con las normas profesionales y con los valores de los usuarios. La calidad debe estar en cada rincón del territorio boliviano, con atención pronta y trato digno. El tercer reto consiste en la falta de protección financiera para una gran parte de la población, ya que prácticamente por falta de una seguridad social el gasto en salud proviene directamente del bolsillo de las personas, caso contrario ven a sus seres queridos sufrir de enfermedad o muerte por falta de dinero. Un sistema moderno de salud debe garantizar la provisión de servicios efectivos, que respondan con calidad y calidez a las necesidades de la gente, y que promuevan la justicia. Del lado de la población, debe existir la participación activa ante los procedimientos de la institución médica y constituirse en un actor en la toma de decisiones. Cada año en el mundo ocurren casi 8 millones de muertes, entre nacidos muertos y muertes neonatales tempranas. Estas muertes se producen, principalmente, a causa de los mismos factores que ocasionan la mortalidad materna, la salud precaria de la mujer durante el embarazo, la atención inadecuada del parto y la carencia de atención al recién nacido. Situación que se presenta con mucha frecuencia en nuestro país. La mortalidad materna representa un problema de salud pública relacionado con la cobertura y calidad de los servicios de salud.
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La mortalidad materna sigue siendo uno de los grandes problemas de salud en muchos países del mundo y un indicador de desigualdad social.
el alcoholismo, el consumo de drogas, los accidentes, el sobrepeso, los homicidios, los suicidios y las enfermedades de transmisión sexual.
En muchos países en desarrollo, al igual que el nuestro, las complicaciones del embarazo, parto y puerperio se constituyen en la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. Más de una mujer muere cada minuto debido a esta causas y un total de 585.000 mueren cada año. Menos del 1 por ciento de estas muertes ocurren en los países desarrollados, lo que demuestra que esto pudiera evitarse si hubiesen recursos y servicios disponibles. Entre las acciones que será necesario desarrollar, para disminuir las muertes maternas en nuestro país, destacan las siguientes:
Garantizar el acceso de las poblaciones rurales y urbanas marginadas a servicios pre natal, parto y puerperio. Dotar de infraestructura para maternidades, de bajo y mediano riesgo zonales, de esta manera superar la barrera geográfica. Capacitar al personal que vigila los embarazos y atiende los partos en las áreas marginadas.
La mala salud profundiza y ayuda a perpetuar la pobreza. Los gastos no planeados en materia de salud, de hecho, pueden ser lo suficientemente importantes como para generar pobreza incluso en hogares de ingresos medios. Los pobres son una población delimitada a la que se puede proporcionar servicios o subsidios de salud en forma concreta, debido a que sus ingresos no superan un umbral denominado línea de pobreza. Por lo tanto, es necesario identificar a las personas pobres para que sean los destinatarios de los beneficios de las políticas de salud. En todo el mundo los adolescentes y los adultos jóvenes son el grupo etáreo más sano. En este grupo ocurren relativamente pocas muertes y pocos casos de enfermedad, por lo que en la actualidad están completamente desprotegidos; pero es en estas edades, que se consolidan hábitos de vida que conducen a enfermedades degenerativas posteriormente. La población adolescente, en nuestro país al igual que en otros países, está en aumento continuo. Los adolescentes y los adultos jóvenes son poblaciones vulnerables a las conductas de alto riesgo. Las principales causas de daños a la salud en estos grupos son el tabaquismo,
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EL RETO DE LA EQUIDAD Partiendo de estudios e investigaciones, demuestran que aún en condiciones de pobreza es posible reducir el peso de los padecimientos del rezago; es decir, del conjunto de padecimientos evitables con intervenciones efectivas y de bajo costo, como la desnutrición, enfermedades infecciosas y problemas de la reproducción, a través de intervenciones efectivas y accesibles desde el punto de vista financiero.
ENVEJECIMIENTO Y SALUD La atención a las personas de la tercera edad representará uno de los mayores retos para los servicios de salud, la población mayor de 50 años está creciendo paulatinamente. Este grupo utiliza servicios de salud con más frecuencia que el resto de la población y los servicios que requiere son muy costosos. Las principales causas de ingreso hospitalario en los adultos de más edad son actualmente las neumonías y las complicaciones de la arteriosclerosis, en particular las cardiopatías y las enfermedades cerebro vasculares. Los objetivos de estas intervenciones son los siguientes: • • • •
Minimizar la incidencia de las enfermedades crónicas y discapacitantes. Conservar altos grados de funcionalidad física y mental. Mantener una buena interacción social y familiar. Propiciar una cultura de la vejez activa y sana.
LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA RURAL La tasa de mortalidad de los niños del área rural es más alta que la de la infancia del resto del país. De la misma manera el riesgo de morir de una mujer
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indígena durante el embarazo, parto o puerperio es mayor que el de una mujer del área urbana
El abuso en el consumo de alcohol es responsable de la pérdida de vidas, inclusive ajenas al uso del alcohol.
Dentro de las acciones que proponemos tenemos las siguientes:
TABAQUISMO Campañas masivas de comunicación educativa en salud de acuerdo con las características socioculturales de cada grupo étnico. Capacitación de los prestadores de servicios de salud con una perspectiva inter-cultural. Acciones de saneamiento ambiental y fortalecimiento de cobertura de los servicios básicos a escala familiar y comunitaria. Integración de la medicina tradicional con la medicina occidental. Dotación de maternidades de bajo riesgo en lugares estratégicos para vencer la barrera geográfica.
LA ATENCIÓN DE LA SALUD DE LOS MIGRANTES RURALES Y DE SUS FAMILIAS A pesar de la enorme importancia económica de los migrantes, las necesidades de salud de estos trabajadores y de sus familias han sido poco atendidas. Dentro de las actividades prioritarias, en este sentido, destacan las siguientes:
Diagnóstico integral de las necesidades de salud de la población rural que migra a las ciudades. Diseño de alternativas de seguros de salud con la participación tanto de las instituciones públicas como privadas.
El tabaquismo se ha convertido en una verdadera pandemia. En nuestro país ya constituye uno de los principales problemas de salud pública. La tendencia al alza de esta adicción y de los daños a la salud a ella asociados, obligan a la implantación de acciones multisectoriales dirigidas a modificar los hábitos de consumo de este producto. El gasto en publicidad a favor del consumo de tabaco es más de mil veces superior al gasto del sector público en actividades de combate al tabaquismo.
VIH-SIDA El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un problema de salud pública con enormes impactos biológicos y psicológicos, y repercusiones sociales, éticas, económicas y políticas de gran alcance. La pobreza y la vulnerabilidad están íntimamente relacionadas con el avance de esta epidemia, por lo que todas las acciones en este campo deberán vincularse al desarrollo social y económico del país, e implantarse atendiendo a la equidad, calidad de vida y protección financiera en materia de salud de las personas y comunidades afectadas por el VIH.
PROBLEMÁTICA DE TRÁNSITO Y CAMINOS EL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES El consumo de cocaína en la población joven y adulta está en constante aumento. La oferta y el consumo de drogas ilegales en el país han crecido y los grupos de población principalmente jóvenes, se han diversificado. La cocaína y la marihuana son las sustancias preferidas de los consumidores.
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Diariamente mueren en el país personas por accidentes automovilísticos. A las muertes por accidentes de tránsito habría que agregar otros daños a la salud como las paraplejías, lesiones cerebrales, laceraciones faciales y fracturas, así como los costos económicos y sociales. Dentro de los costos económicos cabe destacar los costos indirectos generados por la pérdida de productividad, sobre
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enfermedades cardiovasculares, renales y la hipertensión y problemas renales
todo tomando en consideración que la población más afectada por los accidentes de vehículo de motor es la población joven. Líneas estratégicas de acción Vinculación de la salud con el desarrollo económico y social
Fortalecer la acción comunitaria en favor de la salud Promover la educación saludable Promover la perspectiva de género en el sector salud Fortalecer la salud ambiental
Innovación para la protección financiera en materia de salud a toda la población
Consolidar la protección básica y promover un seguro de salud popular Promover y ampliar la afiliación al seguro social Ordenar y regular el prepago privado
Construcción de un cooperativismo en materia de salud Reducción de los rezagos en salud que afectan a los pobres
Mejorar la salud y la nutrición de los miembros de los pueblos indígenas Controlar la tuberculosis Fortalecer las actividades de vacunación contra las enfermedades inmunoprevenibles Implementación de acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud
Implementar en la Constituyente los códigos de ética para los profesionales de la salud, los derechos de los usuarios de los servicios de salud y de los prestadores de servicios médicos Implementar un sistema de seguimiento y respuesta a quejas y sugerencias Fortalecer el sistema de información por productos hospitalarios y redes de servicio Certificación de los profesionales y establecimientos de salud
Fortalecimiento del papel normador Ministerial
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Fortalecer la coordinación intra e intersectorial Promover la cooperación internacional Reforzar la política de acceso y consumo razonado de medicamentos Fortalecer el Sistema Nacional de Información en Salud Fortalecer la capacidad de evaluación del Sistema Nacional de Salud
Activación y fomento a la participación ciudadana
Enfrentamiento a los problemas que aquejan al mundo global Disminuir la adicción al tabaco, alcohol y drogas Prevenir y controlar las ITS y el VIH-SIDA Garantizar la disponibilidad de sangre humana segura Disminuir, controlar y prevenir la prevalencia de diabetes, las
Establecer nuevos mecanismos para la asignación equitativa de recursos Culminar la descentralización del Sistema de Salud Fortalecer la cooperación interdepartamental en servicios de salud pública y servicios de especialidad Municipalizar los servicios de salud
Ampliar la participación de los ciudadanos en los órganos de decisión Ampliar la libertad de elección en el primer nivel de atención Garantizar la atención a los grupos de autoayuda y grupos representantes de la sociedad civil
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Fortalecimiento de la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en salud
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130. 131.
Fortalecer la calidad de la educación de los profesionales de la salud Fortalecer la capacitación de los recursos humanos para la salud Diseñar y promover un servicio civil de carrera en el sector salud Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en salud
Nuestra propuesta específica tiene como objetivo el lograr un ciudadano con salud y con la energía, capacidad y equilibrio necesarios para poder insertarse con éxito en un mundo complejo y competitivo, dentro del cual ineludiblemente tendrá que interactuar. La cobertura de salud alcanzará a toda la población, dando prioridad a la que se encuentra en extrema pobreza dentro de las áreas urbanas y rurales, incluyendo al sector indígena y campesino. Teniendo en mente lo anterior, llevaremos a cabo las actividades de salud lo más cerca de donde se vive, se estudia o se trabaja. Prestaremos los servicios de salud en forma integral, para lo cual se pondrá en práctica un nuevo modelo de atención, descentralizado, con énfasis en atención primaria a través del fortalecimiento de los sistemas locales de salud, mediante los cuales se realizará la coordinación de todas las acciones de promoción, prevención y control.
132.
133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.
Fundamentamos nuestras necesidades de salud en la aplicación de políticas claras que consideran: -
El acceso universal a los servicios de salud con equidad y calidad La Protección del medio ambiente y saneamiento básico El fomento de la cultura de la salud Prevención y control de enfermedades y accidentes Consolidación y fortalecimiento de aspectos de Género – Generacional El impulso a la asistencia social La Consolidación del Sistema Nacional de Salud
Por lo tanto Nueva Fuerza Republicana se propone, por Bolivia, lo siguiente:
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141. 142. 143. 144.
Establecer las condiciones necesarias para entregar a la población de Bolivia la atención primaria de la salud. Llevar a cabo una articulación inter e intrasectorial, realizada de manera multidisciplinaria y multiparticipativa, mediante la inclusión de los grupos cívicos y demás agrupaciones organizadas, con el propósito de lograr un sistema más eficiente y efectivo. Revisar la estructura de organización y funcionamiento para fortalecer los sectores que conforman el sistema, mediante el desarrollo de la capacidad gerencial de sus directivos, de manera que se pueda alcanzar una mayor eficiencia y costo-efectividad en los resultados de su toma de decisiones. Fortalecer los puestos, subcentros y centros de salud. Reevaluar los mecanismos de financiamiento de la acciones en salud. Establecer medidas que aumenten la accesibilidad y disponibilidad en los servicios de atención de la salud. Aumentar los controles prenatales para disminuir las tasas de morbimortalidad materno infantil. Promover y actualizar las normas de inmunizaciones para enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunación, tanto en niños como adultos. Disminuir la frecuencia de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH y SIDA. Disminuir el número de adolescentes embarazadas, a través del fortalecimiento de los programas de planificación familiar. Diseñar programas específicos para los adultos mayores, con énfasis en la prevención de enfermedades degenerativas y crónicas. Priorizar el problema de la desnutrición, a efectos de lograr la reducción de sus índices. Promover campañas efectivas para la prevención y detección temprana del cáncer. Disminuir la contaminación ambiental. Fortalecer un Programa de Salud Mental, de manera que se desarrolle armónicamente con la participación del Ministerio de Educación, en conjunto con las entidades de desarrollo y protección de la Mujer, la Familia y el Menor, a efectos de poder ejecutar programas específicos sobre el control de la violencia intra y extra -familiar, sobre el no al consumo de drogas y alcohol, y sobre la educación sexual, dirigidos dichos programas a los menores, adolescentes, padres y madres de familia, educadores y, particularmente, a los comunicadores sociales.
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145. 146.
147. 148.
149. 150. 151. 152. 153.
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156. 157.
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159.
Dotar a la mayor parte de la población de saneamiento básico y agua segura para consumo y sistemas de alcantarillado. Promover la utilización de los medios de comunicación social, a efectos de organizar a la población en la conservación de la salud en las diferentes etapas de la vida. Promover la participación activa de la población en los programas de prevención y atención primaria de la salud. Disminuir la vulnerabilidad de las comunidades rurales e indígenas del país, a través de la mejora del acceso a los servicios de salud, dotación de agua potable y desarrollo de las capacidades de sus habitantes. Mejorar el presupuesto de salud y asignar debidamente las partidas para los diferentes programas, teniendo en cuenta las limitaciones existentes. Distribuir recursos y asignar personal de salud para la atención de la población del interior del país. Incrementar mayor servicio en los puestos de salud, en lo que respecta a personal necesario para una atención eficaz y eficiente. Incrementar los programas de letrinas en áreas rurales e indígenas. Reorganizar la red hospitalaria, en forma tal que el paciente pueda ser atendido de inmediato y, de ser necesario, referido y trasladado oportunamente de un sistema local de salud a otro de mayor complejidad asistencial. Disminuir el tiempo de espera para la atención en las consultas especializadas. El sistema de médico de cabecera asegurará mayor control y agilidad a la cita con los especialistas. Reactivar los programas de cirugía ambulatoria, de manera que estos pacientes no necesiten ser hospitalizados para operarlos, racionalizando así el presupuesto y el costo global de atención. Ofrecer programas dinámicos de prevención y rehabilitación en la salud. Ofrecer incentivos de becas para la formación de especialistas, incluyendo médicos de medicina familiar, y para programas de actualización para los funcionarios que trabajen en el interior del país y en los lugares de difícil acceso. Desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país. Implementar programas de mantenimiento preventivo del equipo biomédico y de la capacidad instalada.
397
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160.
Instituir programas de educación continuada para la formación de personal donde fuere necesario y promover la actualización permanente de los servidores del sector.
La salud es responsabilidad del Estado, incluyendo su aspecto financiero; la participación comunitaria de los empleadores o de cualquier otro método como seguro de prepago, sistemas de cuotas, de capitalización, etc., podrá aplicarse a la población que voluntariamente lo acepte, pero no será aplicable a los servicios estatales. El Ministerio de Salud, como organismo rector y conductor del sector, promoverá y facilitará la interrelación con todas las instituciones dentro y fuera del sector que desarrollen actividades relacionadas con la salud, incluyendo la participación coordinada y reglamentada del sector privado (clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias, servicios de mantenimiento, etc.), y la cooperación internacional que fomentaremos coordinando los proyectos internacionales con todas las agencias de ayuda técnica y económica, para lo cual tenemos definidas las prioridades nacionales; fortaleceremos, asimismo, los mecanismos de gestión, supervisión y evaluación de los proyectos. Nueva Fuerza Republicana se compromete a mantener la responsabilidad de conducción normativa de todos los componentes del sector salud en el Ministerio de Salud, pero el nivel operativo tendrá la capacidad de programar, ejecutar y evaluar sus propias actividades sin privatizar ni dar en concesión administrativa programas ni actividades que tengan que ver con la atención de la población.
5.5
Una política de plena integración para las personas discapacitadas
La sociedad de oportunidades que postulamos tiene que llegar en primer lugar a los más vulnerables, a las personas discapacitadas, a quienes encuentran grandes obstáculos para encontrar un trabajo, a los que están en situación de desventaja. Todos ellos son personas que no pueden quedar fuera de la sociedad de bienestar.
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Las meras políticas asistenciales inexistentes en la actualidad deben conducir a la aplicación de nuevas políticas de participación y generación de empleo establecidas en las regulaciones y acuerdos en materia laboral. También se debe realizar la modificación de la regulación de la relación especial de personas con minusvalías que trabajan, de manera de fomentar su integración a la economía del país. Nueva Fuerza Republicana busca lograr la integración de los discapacitados a través de la implantación de las siguientes directrices: • Formación profesional ocupacional adaptada a las necesidades específicas de las personas con discapacidades. • Fomento de la participación de las entidades representativas de las personas discapacitadas. • Impulso de las iniciativas de inserción y prácticas laborales en colaboración con las empresas y entidades públicas y privadas. • Apoyo para la creación y mantenimiento de contratos estables formativos en el mercado de trabajo ordinario y contratos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, creados especialmente para el logro de la inserción a la sociedad. Nuestras propuestas: 161.
162.
163.
164.
Elaboraremos una nueva Ley de Integración Social de Minusválidos, orientada a mejorar la integración de las personas discapacitadas en la sociedad y potenciar los programas que faculten la prevención, detección precoz, rehabilitación, formación y desarrollo de la autonomía personal, profesional y laboral. Estableceremos, a todos los efectos, la ventanilla única para facilitar a las personas discapacitadas sus relaciones con las distintas oficinas tanto públicas como privadas, introduciendo progresivamente el lenguaje de los signos. Mejoraremos el tratamiento fiscal de las familias con personas discapacitadas a su cargo, especialmente de las que, por su elevado grado de minusvalía, necesitan cuidados permanentes. Promoveremos la exoneración fiscal de la transmisión de patrimonio que realicen los padres en favor de sus hijos discapacitados.
399
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
165.
Nueva Fuerza Republicana se compromete a promover políticas integrales de prevención, rehabilitación, formación, empleo e integración social.
5.6
Respuestas eficaces contra las drogas
El Plan para luchar contra las drogas debe ser impulsado fortaleciendo las estrategias de prevención, ampliando las respuestas asistenciales para drogodependencias y desarrollando las alternativas de reinserción social incidiendo en sus posibilidades de integración laboral. En materia de prevención se deben centrar los esfuerzos en el ámbito escolar, actuando, especialmente, contra «la demanda» desarrollando una «cultura del rechazo», fundamentalmente dirigida a los jóvenes mediante campañas de información, cursos formativos y programas escolares. Se incrementarán las medidas de tipo asistencial y se promoverá la inserción laboral de drogodependientes, a través del Plan Nacional de Inserción Profesional. Pero no debemos desconocer que, a pesar de los esfuerzos que Bolivia ha realizado hasta el momento, la realidad de la droga sigue presente en nuestro país. Nuestra Sociedad ahora se encuentra con el desafío de nuevas drogas, muy peligrosas por la potencial expansión de su consumo entre los más jóvenes. Nuestras propuestas: 166.
El nuevo Plan establecerá sus líneas principales de actuación en torno a tres áreas: • •
167.
Prevención, asistencia e integración social y reducción de la oferta. Desarrollaremos hábitos de prevención especiales en el terreno laboral, que hasta ahora apenas habían recibido la suficiente atención. Para ello, se buscará contar con la colaboración de empresarios, representantes sindicales y servicios médicos.
La política de prevención se proyectará en:
400
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•
•
•
168.
169. 170.
171.
172.
El ámbito escolar, implicando a la comunidad escolar en su conjunto, profesores, alumnos y padres. Se desarrollará principalmente a través de la «educación para la salud». El ámbito de la comunicación social, promoviendo tanto las campañas de sensibilización e información a la sociedad, como las acciones que los medios de comunicación social realizan en esta materia. En el ámbito laboral, con la colaboración de empresarios, sindicatos y servicios médicos.
Promoveremos un sistema de Asistencia e Integración concebido como una red asistencial de utilización pública. En él se integrarán los servicios generales, especiales y específicos que estarán en coordinación con los centros de tratamiento. Con ello, proponemos una asistencia que se ajuste a las necesidades, características y demandas de cada paciente y que sean de fácil acceso. Incrementaremos los diferentes programas terapéuticos en los Centros Penitenciarios. Procuraremos la integración social de los drogodependientes al facilitarles instrumentos eficaces para su desarrollo personal y el aprendizaje de un mínimo de destrezas y habilidades. Impulsaremos todas aquellas medidas que sean necesarias para limitar la disponibilidad y accesibilidad a las diferentes sustancias, no sólo en relación con la producción y el tráfico ilícito de drogas a gran escala, sino también con aquellas medidas tendentes a reducir la venta menor de sustancias ilícitas y el acceso a aquéllas que, pese a su legalidad, se consideran perjudiciales para su consumo. Reforzaremos las unidades de investigación de los cuerpos y fuerzas de Seguridad y Orden del Estado, intensificando el uso de las nuevas técnicas de lucha contra el tráfico organizado y el blanqueo de capitales.
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
La respuesta de la sociedad no puede ser únicamente la de las políticas pasivas, haciendo envejecer a quienes todavía están en muchas ocasiones en plenas facultades. Una política de atención a las personas mayores adaptada a los nuevos tiempos debe eliminar los obstáculos para que puedan seguir plenamente activos en la sociedad. Desaprovechar las capacidades de todas esas personas, arrinconarlas, es una injusticia con quienes todavía pueden y quieren aportar mucho a la sociedad. Es necesario, pues, que la sociedad abra espacios para reconocer esa realidad. Tenemos la obligación de hacer más. Debemos, entre otras iniciativas, impulsar servicios de asesoramiento y asistencia a las familias que cuidan personas con carencias acusadas, promover nuevas fórmulas de atención médica y un mayor desarrollo de los cuidados paliativos. Porque el valor de una sociedad tiene mucha relación con la dignidad que otorga a la vida de sus mayores. Por ello, queremos impulsar una política integral en favor de las personas mayores que les proporcione un marco social, cultural y humano favorable, sustentado en el valor de la solidaridad, en la dignidad de la persona, en la defensa de sus derechos y en el respeto que se merecen. Los objetivos de esa política integral son: •
• •
• 5.7
Más atención a las personas mayores
El aumento de la esperanza de vida ha hecho que felizmente se haya ampliado, en las personas, la última etapa de la vida. Es ésta una nueva realidad que hay que afrontar con enfoques nuevos e innovadores. Porque hay que empezar por reconocer que no son iguales las situaciones de todas las personas mayores.
401
•
La consolidación del sistema de seguridad social mediante la formulación de nuevas propuestas y alternativas para hacer frente, con su renovación, a nuevas necesidades de los pensionistas. Incrementar los niveles de atención social a las personas mayores hasta equipararlos a los vigentes en los países más avanzados de la región. Configurar un modelo de eficacia de gestión de los servicios de atención a las personas mayores. Para ello, Nueva Fuerza Republicana impulsará políticas solidarias y de igualdad de oportunidades para todos, intensificando las vías de colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas y de éstas con la iniciativa social. Desarrollar el positivo efecto que sobre el empleo tiene la creciente demanda de servicios sociales, en particular los relacionados con la atención personalizada a personas mayores dependientes, incentivando por ejemplo el contrato a tiempo parcial de carácter indefinido o estable y elaborando planes específicos de formación profesional al respecto. Seguiremos mejorando, desde todas las administraciones y con el concierto de la iniciativa social, la mejora de la oferta de fórmulas
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alternativas a la residencia de las personas dependientes, con especial incidencia en la atención domiciliaria. Nueva Fuerza Republicana buscará incrementar los niveles de atención social a las personas mayores. Para ello nos comprometemos a: 173.
174.
175.
176. 177.
178.
179.
Estableceremos el Seguro Social de la Dignidad, que involucre renta de jubilación mejorada, seguro de desempleo, subsidio materno infantil, subsidio de lactancia, etc. Incrementar los planes de atención a la tercera edad, con el objetivo de atender toda la demanda motivada en situaciones de dependencia, con ausencia de alternativas económicas o de apoyo familiar. Mejorar la atención al anciano con la promoción de programas específicos de prevención y detección de los problemas sanitarios de las personas mayores. Desarrollar el Servicio de Estancia Temporal en Residencias de personas mayores dependientes para facilitar el trabajo de familias. Impulsar, con carácter prioritario, el esfuerzo en atención a los enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles en estrecha colaboración y coordinación con los servicios de atención sanitaria. Elaborar un marco jurídico favorable para la iniciativa social de atención a las personas mayores dependientes, en el que se contemple la posición de los diferentes agentes que intervienen: voluntariado social, entidades sin ánimo de lucro, empresas privadas y Administraciones. En dicha elaboración participarán todos los agentes implicados. Fomentar y apoyar el asociacionismo a través del cual se mejore la participación de las personas mayores en la vida social.
5.8
Seguridad ciudadana
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
En esta legislatura, Nueva Fuerza Republicana impulsará una política orientada a aumentar el nivel de seguridad de los bolivianos. Para ello, se desarrollará un programa de prevención de la delincuencia, basado en una presencia policial más eficaz en nuestras calles y en una mayor cercanía del servicio policial al ciudadano. Se iniciará una planificación eficaz de la reestructuración de la Policía Nacional impulsando programas especiales tales como el Programa Policía Siglo XXI para mejorar la calidad del servicio, aumentar la satisfacción de los ciudadanos y reducir las tasas de delincuencia. Para aumentar la eficacia de la acción policial contra determinados tipos de delincuencia se crearán unidades especiales, entre las que cabe destacar: • • •
Nueva Fuerza Republicana se propone desarrollar una política integral de seguridad ciudadana con los siguientes ejes fundamentales: •
•
•
El ejercicio de la libertad de los ciudadanos exige seguridad en sus ámbitos de convivencia. • La Seguridad es, en definitiva, libertad, tranquilidad, confianza y protección.
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Lucha contra la droga y el crimen organizado. Plan contra la violencia doméstica. Protección de menores.
La seguridad ciudadana, concebida en términos de anticipación y prevención del pequeño delito, tanto en el ámbito urbano como en el rural. La lucha contra toda forma de violencia contra las personas, incluido el ámbito doméstico, con la adopción de medidas preventivas hacia personas y grupos de riesgo (mujeres, menores, mayores y marginados), en el tráfico de la inmigración ilegal y en las diversas manifestaciones de la explotación sexual. La lucha contra el crimen organizado, la gran delincuencia transnacional, el terrorismo, el narcotráfico y las nuevas formas de delito: los cibernéticos, los económicos, el tráfico de seres humanos, los delitos ecológicos, el blanqueo de capitales. La acción preventiva de riesgos, como los relacionados con el medio ambiente, las catástrofes naturales y todas aquellas que requieran asistencia a la población.
404
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189.
Nuestras propuestas: Desarrollar intensamente el modelo de una nueva Policía, complementado con el Programa Policía Siglo XXI, sobre el que se fundamenta todo el programa de seguridad ciudadana.
190. 191.
La Policía actuará en la resolución de los problemas para los que la sociedad requiere una respuesta adecuada e inmediata. La implantación de este modelo comprenderá medidas tales como:
192. 193.
180. 181. 182.
183. 184.
185.
186.
187.
188.
Implantar el sistema de servicio de Denuncias Telefónicas a todas los sectores de la población y el servicio de Denuncias por Internet. Mejorar las dependencias policiales de atención al ciudadano: Servicio 110, PTJ, etc. Extender los Servicios de Proximidad: de atención a la familia, de atención a la mujer, a los menores, a la tercera edad y a las víctimas, en especial a la prevención de la violencia doméstica. Se realizarán planes preventivos, se mejorará la formación de los policías en este tipo de delitos, subrayando la especificidad de los grupos de riesgo y se fomentará la cooperación con otros agentes sociales. Fomentar programas juveniles de educación para la seguridad. Nueva Fuerza Republicana impulsará el mantenimiento del despliegue territorial de la Fuerzas Armadas, por entender que responde al perfil esencial del servicio de cercanía y asistencia a las poblaciones de ámbito rural. Atención preferente a la víctima del delito, a la que debe ofrecerse la máxima protección y ayuda, con el compromiso de mantenerla informada de las diligencias y los avances de las investigaciones. Protección especial a los sectores sociales más vulnerables a determinados delitos, como los malos tratos y abusos sexuales a la infancia, el abandono y el abuso de los ancianos, la explotación y el tráfico de inmigrantes irregulares, o las agresiones y violaciones a las mujeres. Para ello, se fortalecerán las unidades especializadas en este tipo de delitos. Potenciar los órganos de investigación, especialmente en los campos de la delincuencia organizada transnacional, los delitos de alta tecnología y los delitos económicos y fiscales. Modernización de las infraestructuras de las Fuerzas Armadas e impulso de las nuevas tecnologías.
405
194.
195.
Se profundizará la formación respecto a nuevas tecnologías con el fin de optimizar los esfuerzos operativos y propiciar una investigación destinada a fenómenos complejos como los de blanqueo de dinero. Se dará prioridad a las actuaciones relativas a luchar contra los grupos terroristas, los racistas y xenófobos y las sectas destructivas. Reforzar las Unidades de Droga y Crimen Organizado y ampliar su número y sus ámbitos de actuación. Potenciar la presencia boliviana en los órganos y grupos de trabajo de INTERPOL Fomentar e impulsar la aplicación de sistemas de gestión que mejoren los diferentes procesos, como la renovación del parque de vehículos, la renovación constante de material informático y alta cualificación tecnológica, y la desburocratización de los agentes, con el fin de disponer del mayor número posible de efectivos para las tareas policiales propiamente dichas. Se fomentará la participación ciudadana a todos los niveles, como asociaciones de vecinos y organismos sociales, con el fin de aumentar su colaboración en tareas preventivas y de seguridad. La preocupación por el entorno implica, cada vez más, una atención por el medio ambiente, para lo que se desarrollarán programas de colaboración que promuevan la defensa de los valores ecológicos, en especial con los jóvenes.
5.9
Turismo: La opción de hoy y mañana
El turismo es una actividad económica y socialmente importante para el desarrollo del país y su capacidad generadora de divisas es fundamental para la economía nacional, es un importante polo de atracción de inversiones extranjeras y contribuye de forma significativa a la redistribución espacial de la renta. La planificación del desarrollo turístico debe ser planteada a través de un Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Bolivia, tomando en consideración las comunidades (municipios), que es la fuerza social de la producción en la que se apoya la actividad turística para su funcionamiento. Es deber del Estado apoyar y facilitar la promoción y regular la prestación y utilización de los servicios turísticos. La función regulatoria y de control
406
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5.10
comprende: establecer políticas, dictar normas, vigilar su cumplimiento, sancionar su incumplimiento, evitar los monopolios, otorgar seguridad y protección al turista, y garantizar el acceso no discriminatorio de los usuarios a los servicios. Para ello nuestra propuesta considera: 196.
197.
198. 199. 200. 201.
202.
203. 204.
205. 206. 207. 208.
Reconocemos que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y que el Estado debe potenciar las actividades mediante el fomento de la preparación de un producto turístico competitivo. Fomentaremos la iniciativa privada como pilar fundamental del sector, con su contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional. Garantizaremos el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la nación. Definiremos los marcos legales necesarios para la conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. Protegeremos al turista y fomentaremos la conciencia turística. Fomentaremos la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos, para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. Fomentaremos la participación de las etnias con su cultura y tradiciones, preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos. Incentivaremos la participación de las comunidades y gobiernos locales para apoyar el turismo. Propiciaremos la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno central y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos. Promoveremos la capacitación técnica y profesional. Promoveremos internacionalmente el país y sus atractivos, en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector privado. Fomentaremos e incentivaremos el turismo interno y social. Impulsaremos la Ley de Desarrollo Turístico, que refleje y satisfaga las necesidades del sector.
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Género, Generacional: Democratización del acceso a las oportunidades
Bolivia tiene una deuda social alta en los aspectos de democratización de diversos grupos que históricamente han sido marginados. En la actualidad, las mujeres se han incorporado al mundo laboral de manera creciente y decidida, pero enfrentando tensiones y discriminaciones constantes, debiendo vencer mayores obstáculos tanto en el ámbito laboral, en el ámbito de estudio como en las oportunidades salariales. Deben cumplir jornadas de trabajo como esposas y madres y son las principales víctimas del deterioro de vida de la familia. 209. 210.
211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.
218.
Desarrollaremos la integración, participación efectiva y comprometida de la mujer en todos los ámbitos del quehacer nacional. Desarrollaremos la lucha contra toda forma de violencia, incluido el ámbito doméstico, con la adopción de medidas preventivas hacia personas y grupos de riesgo (mujeres, menores, mayores y marginados). Desarrollaremos una política de igual salario por igual trabajo sin discriminación de género. Crearemos o ampliaremos la cobertura y el acceso a los establecimientos de cuidado infantil. Perfeccionaremos la legislación y fiscalización de la protección de la mujer y de las condiciones laborales con igualdad de género. Protegeremos a la niñez, al adolescente y a las personas de la tercera edad de Bolivia a través de un desarrollo integral. Se fortalecerán las acciones que fortalezcan el desarrollo de las personas de la tercera edad promoviendo los deberes y derechos que les asiste. Se combatirá la explotación sexual de menores y la drogadicción por medio de programas integrales, de prevención y rehabilitación. Se abordará el tema de la sexualidad humana desde una perspectiva familiar, de una forma integral y por grupo de edad, dentro de programas que busquen el fortalecimiento de valores. Impulsaremos la aprobación de la ley de la Juventud y un marco institucional para la aplicación de políticas públicas específicas para ese segmento social.
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219.
220.
221.
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estrategias que permitan redefinir procesos y establecer sistemas de control y seguimiento que coadyuven a incrementar su eficiencia y respuesta a las necesidades de la población.
Dotaremos a niños y jóvenes de un ambiente propicio para el desarrollo artístico, fomento del ocio creador, actividades participativas, como una manera de alejarlos del vicio, la indiferencia, mediante la introducción en los goces de la cultura. Formularemos políticas que promuevan el desarrollo armónico de los jóvenes mediante programas de lectura, la recreación, las manifestaciones artísticas, la capacitación para el trabajo, el deporte, entre muchas otras. La persona joven en riesgo social, recibirá una especial atención y protección permitiendo así un desarrollo promoviendo deberes y derechos fundamentales.
5.11
El Gobierno Electrónico: Tecnología al servicio de la democracia
En general, un sector público eficiente debería poder alcanzar los objetivos del Estado con la menor distorsión posible, con la carga tributaria más baja posible sobre los contribuyentes, con el menor número posible de empleados y con la menor absorción posible de recursos económicos por el aparato público. Los procesos y resultados del sector deben ser transparentes y deberían dedicarse a usos que maximicen su rentabilidad social. La calidad del sector público también es importante para alcanzar el objetivo de equidad que hoy se percibe como una de las metas fundamentales del Estado. Un sector público de alta calidad permitiría ir tras la equidad con costos menores en términos de eficiencia. Lo anterior obliga a una doble estrategia para lograr que el Estado participe en forma más creíble y eficaz: DESCENTRALIZACIÓN
a) Acomodando la función del Estado a su capacidad, decidiendo no sólo lo que se debe y lo que no se debe hacer, sino también el cómo hacerlo y b) Revitalizando las instituciones públicas, comprendiendo el desarrollo de
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Impondremos mecanismos para esta revitalización, tales como: -
Normas y controles eficaces. Mayores competencias en sus Recursos Humanos. Efectivos canales de consulta y participación de la sociedad civil.
Que están basadas en sistemas específicos, tales como el Sistema de normas, políticas, control y seguimiento; el sistema de opinión y participación ciudadana y el sistema de Índices de eficiencia en la prestación de los servicios. El pilar base y fundamental de estos sistemas genéricos, son la constitución, las leyes y reglamentos que deben definir en sus grandes lineamientos las atribuciones legales del sector público o, dicho de otra manera, deben establecer las reglas del juego que han de determinar la conducta del sector público y su regulación en el ámbito de su acción. Por ello, proponemos: 222.
223.
224.
225.
226.
Formularemos un programa nacional de informática, se buscará promover el uso de Internet y el correo electrónico, sus diversas aplicaciones y el fomento de la producción de software y servicios. Democratizaremos el acceso a Internet, buscando lograr que toda la comunidad del país tenga acceso efectivo, por esfuerzo público y privado para contribuir a cerrar la brecha digital. Elaboraremos el Programa Nacional de Informática que integre a las instituciones públicas y privadas, con miras a promover la cultura informática y sus diversas aplicaciones para impulsar una sociedad digital. Fomentaremos el espíritu empresarial entre los jóvenes bolivianos a través de la participación de los centros tecnológicos de formación y la búsqueda de inversiones externas privadas y de cooperación internacional. Promoveremos el desarrollo de sistemas integrales de servicios tecnológicos a favor de los sectores productivos de bienes y servicios.
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227.
Promoveremos el conglomerado de empresas para la provisión de alta calidad de bienes y servicios tecnológicos. 5.12
Fuerzas Armadas productivas en acción
Considerando el desequilibrio de fuerzas militares a nivel subregional, Bolivia no se constituye en motivo de desconfianza ni de temor posible para sus vecinos, por el contrario, las magnitudes y diferencias de poder militar son motivo de preocupación para la seguridad del país. En ese marco, para garantizar su seguridad, Bolivia privilegiará el uso de los medios diplomáticos orientados a la solución de controversias por sobre los de carácter militar, desarrollando para el efecto capacidades de negociación que permitan el establecimiento de acuerdos, sustentado en el diálogo entre partes y sentando las bases para la construcción de intereses comunes con los vecinos. La política vecinal será, por tanto, un instrumento que desactive conflictos reales o potenciales con el entorno externo, y la política de defensa el marco de acción estratégico que acompañe la acción y proyección internacional de Bolivia, dentro de un clima cooperativo regional. Esta convergencia de políticas permitirá prevenir los conflictos antes de que estalle la violencia, coadyuvando, de esa manera, a la preservación de la paz en la región. Tal orientación, no obstante, a pesar del énfasis otorgado a las labores político diplomáticas, no descuida la construcción de un perfil estratégico militar realista del país, orientado a la reducción de las asimetrías existentes con los vecinos y a la prevención de conflictos. Debido a la particular situación de Bolivia en materia estratégica, a nivel regional se apoyará la aplicación de las medidas destinadas a evitar que surjan controversias entre dos o más países, a evitar que las controversias existentes se transformen en conflictos y evitar que éstos, si ocurren se extiendan. Una de las medidas más importantes al respecto se refiere al fortalecimiento de la confianza mutua entre los países de la región. Ello contribuirá a la integración económica y social de los pueblos, lo cual incidirá en una mejora en los términos de inserción internacional de Bolivia, a través de la reducción de los riesgos de confrontación, la modificación de las percepciones de hostilidad y el incremento de los vínculos de amistad con sus vecinos.
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De ahí que por la naturaleza de la institución, con presencia efectiva en todo el territorio nacional, su cercanía a la población y las capacidades técnicas y profesionales que puede desplegar a partir de su extenso contingente humano, se constituye en una institución idónea para coadyuvar a la implementación de las estrategias de desarrollo locales, regionales y nacionales. Las Fuerzas Armadas no pueden mantenerse aisladas del cumplimiento de los objetivos estratégicos del país y de las principales políticas nacionales, constituyéndose en un medio fundamental para obtener la seguridad que necesita Bolivia para su desarrollo. Para el cumplimiento de esta misión, se partirá de comprender a la defensa nacional como un bien público que requiere su adecuada financiación, así como su potenciación y fortalecimiento económico. En esa medida, para la explotación efectiva de sus potencialidades se buscará la generación de recursos propios que impulsen su desarrollo institucional, mediante la ejecución de agresivos programas de fortalecimiento económico institucional, bajo una lógica flexible y abierta que incluya formar cooperativas de trabajo con las comunidades, municipios y el sector privado, de acuerdo a la viabilidad de programas y proyectos productivos y de capacitación –a través de Centros de Capacitación Agrícola- y de mantenimiento del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.
6
BOLIVIA MORAL: Honestidad y transparencia en el manejo de la gestión pública 6.1
Justicia: un poder independiente y una administración eficaz
Bolivia en los últimos años ha realizado un gran esfuerzo y ha dado importantes pasos para el desarrollo de un nuevo marco de administración y aplicación de la Justicia que modernice nuestro sistema procesal, para el logro de una mejor protección jurisdiccional de los derechos de la persona y de una tutela judicial efectiva de los intereses legítimos, así como para una mayor rapidez de los procesos. Sin embargo, las reformas establecidas deben ser complementadas con importantes reformas parciales en materia de terrorismo, delitos contra la libertad sexual, protección de las víctimas de malos tratos y lucha contra la corrupción. 412
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Se debe adoptar medidas más efectivas para descongestionar los Juzgados y Tribunales con mayor carga de trabajo, reformando la demarcación y planta judicial; incrementado la plantilla de jueces y creando los Juzgados específicos de lo contencioso-administrativo. Asimismo, se debe impulsar el desarrollo de la modernización del Sector Judicial mediante la implantación de las nuevas tecnologías de la información. Debe considerarse también que sigue existiendo una notoria insatisfacción en la sociedad boliviana respecto al funcionamiento de la Justicia. La lentitud de los procesos, los fenómenos de politización, las deficiencias de la legislación substantiva penal obligan a un decidido programa de reformas y mejoras en el ámbito de la Justicia. Nuestras propuestas: 228. 229.
230. 231.
Otorgaremos seguridad jurídica al país. Propenderemos a buscar la elección de los Ministros de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura por sufragio directo y universal. Defenderemos firmemente el respeto a la independencia y coordinación de los órganos de poder del Estado. Reconoceremos los ámbitos de la justicia local incorporándola a la doctrina y la administración de la justicia respetando los derechos consuetudinarios.
6.2 232. 233. 234. 235.
236.
Lucha contra la corrupción: “Fin a la impunidad”
Sancionaremos la Ley contra el enriquecimiento ilícito. Desarrollaremos políticas eficaces de control de la corrupción mejorando la integridad institucional. Obligaremos a la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos por parte de las entidades centrales, descentralizadas y autárquicas. Instruiremos a todos los Ministros de Estado y las instituciones públicas a su cargo a publicar por los medios de comunicación necesarios las licitaciones efectuadas, los montos asignados y los resultados logrados. Revisaremos y actualizaremos la Ley SAFCO.
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237. 238.
7
Incorporaremos en los niveles educativos materias de desarrollo ético, moral y cívico. Desarrollaremos el Código de Derecho Administrativo y su Procedimiento Administrativo.
BOLIVIA DEMOCRÁTICA
En 1825, tras 15 años de guerra contra el colonialismo español, se expulsa a éste del Alto Perú y se funda la República de Bolívar. Paradójicamente, esta república no nace bajo el signo de los principios republicanos clásicos de libertad, igualdad y fraternidad, sino que nace legitimando los valores esenciales del colonialismo: racismo, exclusión y explotación en contra de las mayorías indígenas, quienes quedan sojuzgados ante una clase dominante que asume el control de la naciente república, consagrando un colonialismo interno que empeora las condiciones de vida de las mayorías indígenas. Bolivia se fundó sobre la convicción de que no todos podían ser ciudadanos y no todos podían tener derecho a la representación política. La legislación que emergió de la Asamblea Constituyente de 1825 es un mecanismo que excluyó de participar en las decisiones a la gran mayoría de los bolivianos. Aún hoy vivimos bajo las cláusulas de un contrato social que fue suscrito por unos pocos y que le otorga derechos y privilegios a unos cuantos mientras impone deberes y obligaciones a todos los demás. Un Estado estructurado para marginar, humillar y explotar a la mayoría de su población para beneficio de una casta minoritaria está condenado a la permanente confrontación, inestabilidad e ingobernabilidad interna y a ser víctima de la voracidad externa, tal cual lo demuestran los dos siglos que los bolivianos hemos sufrido tanto interna como externamente. De ahí que un Estado así, sólo tiene dos caminos: o se transforma revolucionariamente superando el lastre colonialista o se extingue como un accidente histórico sin mayor trascendencia. Hoy Bolivia está viviendo una crisis estructural fruto de la agudización de las contradicciones heredadas de la República y el Estado surgido en 1825. La crisis es histórica, es estructural y es irreversible, por eso, mientras el marco jurídico que fomenta las desigualdades y la exclusión esté vigente, resolver la
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crisis no dependerá de presidente o Parlamento alguno, sino que pasa por la elaboración y suscripción colectiva de un nuevo contrato social.
Posteriormente la lucha contra el centralismo tomó el rumbo de lucha por la descentralización habiendo logrado importantes niveles de descentralización, a través de la consagración de la autonomía municipal y la descentralización administrativa departamental.
7.1
La Asamblea Constituyente
El escenario para la suscripción del nuevo pacto social, que equivale a una nueva fundación de la República, o a la fundación de una Nueva República no puede ser otro que la Asamblea Constituyente, a la cual deben concurrir, a diferencia de 1825, la representación de todos los sectores sociales, movimientos regionales, etnias y nacionalidades indígenas que componen la abigarrada diversidad que habita el territorio boliviano. Las condiciones de participación en la próxima Asamblea Constituyente deben ser diametralmente opuestas a las de 1825, debiendo garantizarse la oportunidad democrática de participación, principalmente para quienes hasta hoy han sido marginados. Quizás, al margen de los aspectos técnicos, económicos y de ingeniería constitucional, este es el signo fundamental, porque hace al simbolismo que significa ser y sentirse parte constitutiva en igualdad de condiciones de una empresa política grandiosa cual es la construcción de una nueva república, recogiendo fecundamente las luces y sombras de nuestro primer ciclo republicano que comenzó en 1825 y que aún se resiste a culminar.
7.2
El Régimen Autonómico
Uno de los temas centrales que la Asamblea Constituyente tiene que discutir y definir es el régimen autonómico, demanda legítima de las regiones que han encontrado en el secante centralismo del Estado Boliviano un freno a su desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El planteamiento no es nuevo ni es cruceño solamente o de una maligna oligarquía, recordemos que en 1899 se produjo en Bolivia una guerra civil conocida como “Revolución federal” bajo el argumento de la federalización del país, la misma que triunfante vio por conveniente sólo proceder al cambio de la sede de gobierno de Sucre a La Paz y archivar la bandera federalista.
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Hoy, el proceso de descentralización bajo el estandarte autonómico importa una descentralización política además de la vigente administrativa actual, dotándoles a los Departamentos de las funciones legislativas regionales de las cuales hoy carecen y de la elección de sus autoridades por sufragio universal, creando un nivel intermedio con autonomía administrativa y política entre el nivel central del gobierno nacional y el nivel municipal. El régimen de autonomías departamentales es, además de un desemboque natural al proceso de descentralización, una necesidad para superar la crónica mentalidad de que “el Estado o el gobierno central es el todopoderoso que debe solucionar absolutamente todos los problemas, grandes y pequeños y no sólo en el ámbito público sino en todos los ámbitos, liberando de responsabilidad a la sociedad y a las autoridades intermedias”. Es hora que las regiones vistan pantalones largos y asuman su destino en sus manos, generando un nuevo escenario de regiones pujantes y competitivas que, en el esfuerzo de su desarrollo, contribuyan al desarrollo global del país, en lugar de regiones con necesidades siempre insatisfechas y en permanente actitud de protesta, medidas de presión y bloqueos contra la desatención del gobierno central. Nueva Fuerza Republicana expone un nuevo planteamiento en la relación de la institución con los diferentes ámbitos que permiten el establecer los procesos de desarrollo y crecimiento económico local, procurando un mayor enfoque en los resultados, generados por la expectativa de obtener productos, servicios, beneficios o resultados concretos. Tiene la ventaja de permitir un fuerte intercambio entre los diversos ámbitos de acción en el marco de una excelencia del servicio y de la satisfacción concreta de las necesidades de las comunidades. Por ello, en el aspecto de las autonomías se implantará el Modelo Integrado de Desarrollo conformado por las siguientes estructuras de base: •
Dimensión Política y Administrativa (DPA): Es el elemento base en donde se identificarán y se considerarán los responsables de las acciones
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de inversión y de control de los procesos teniendo en cuenta a los actores locales, públicos y privados. Posee dos ángulos:
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Dimensión Socio-Cultural (DSC): Establecerá una estructura directa y constante como un elemento transversal, teniendo en consideración:
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La relación directa o indirecta de los actores y su accionar con el sistema productivo y de comercialización. La definición de las responsabilidades de acuerdo a las acciones claves del accionar productivo y su interrelación con el sistema que opera detrás del mostrador o “ventanilla” que permite el soporte a la operación clave de la institución.
Dimensión Económica Productiva (DEP): El énfasis está basado en la introducción de un sistema integral de acuerdo con estándares y procedimientos cuyo objetivo permite asegurar una eficacia y eficiencia de los sistemas productivos y competitivos.
La definición de una visión territorial, que permita el desarrollo de políticas específicas dirigidas a lograr la equidad y a contribuir en la inclusión de los espacios de desarrollo productivo destinados a la formación de capital humano y social, la valoración de los espacios territoriales con sus recursos físicos, humanos, socioambientales y la participación en encadenamiento a todos los niveles y sectores. La formación de agentes de transformación social como el elemento principal del proceso de cambio de la economía y la sociedad locales, orientando a superar las dificultades a través de una acción permanente y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes.
La organización sistémica de unidades de producción caracterizadas por un amplio aprovechamiento de la apertura e integración
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económica tanto en el país como en la región; como también, en la incidencia y responsabilidad de éstas en los procesos de transformación y manejo sostenible de los recursos, el mejoramiento de los servicios, la participación democrática de las comunidades y de Desarrollo Humano. Conglomerados Productivos a través de la formulación de estructuras más dinámicas que consideren las características propias de cada región del país, vinculadas por condiciones comunes y complementarias, permitiendo el desarrollo productivo y competitivo autónomo y sostenible. Competitividad en los niveles locales, nacionales e internacionales, teniendo en cuenta las capacidades empresariales y organizativas, fuertemente articuladas a las tradiciones productivas de cada territorio, de manera de propiciar en forma determinante la competitividad interna y externa. Generación de economías de escala, a través de la formación y preparación de redes de empresas que favorezcan y propicien la reducción de los costos de producción y de transacción y, por lo tanto, la obtención de Rendimientos crecientes y de crecimiento económico. El Control Social definidos como las instancias que representan a la sociedad civil organizada ante los gobiernos locales. Se considera el instrumento responsable de la participación, supervisión y control ciudadano, apoyando la planificación participativa y el desarrollo de los elementos productivos y competitivos del área local.
En el marco de los cuatro principios directrices: • Bolivia Productiva • Bolivia Social • Bolivia Moral • Bolivia Democrática Los tres primeros principios se ejecutan a partir del cuarto para ello se propone: 239.
La Ley de Participación Popular ha cumplido el papel para el que fue creada, es necesario avanzar de la participación popular a la participación
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ciudadana, que incluye no sólo a los vecinos sino a los actores más representativos partiendo de lo local, como los actores económico productivos, los actores sociales y culturales y los actores institucionales. Se planteará el ajuste estructural orientado a redimensionar el tamaño del Estado, evitando la ausencia estatal y la desprotección de la sociedad frente a las empresas prestadoras de los servicios. Se establecerá una reconfiguración de lo estatal que persigue el reposicionamiento del Estado en la nación para una mayor acción en las áreas estratégicas de la economía (hidrocarburos, agropecuaria) de lo social (salud, educación, vivienda, empleo y seguridad ciudadana) y de lo político (democracia participativa). Se buscará una mejor y mayor articulación entre el nivel nacional, departamental (Prefecturas y Consejos Departamentales) y municipal (Alcaldías y Concejos Municipales). Se incentivará el papel del nivel intermedio como la clave para esta reconfiguración, buscando fortalecer el papel de las prefecturas como elementos planificadores del desarrollo regional en el marco de las autonomías. De la misma manera, el nuevo Prefecto, cabeza del nuevo Gobierno Departamental Autónomo se fortalecerá como el fruto de la voluntad popular elegido por voto universal, logrando de esta manera un nivel con legitimidad y la representatividad necesaria para cumplir el papel de articulación entre el nivel nacional con el nivel municipal. Su papel estará centrado en la planificación de lo regional y la asignación de inversiones vía mancomunidades o proyectos concurrentes, sin descuidar su responsabilidad de la seguridad interna y el orden. Tanto las funciones como las atribuciones del Prefecto y del Consejo Departamental serán establecidos dentro el marco de la Nueva Constitución Política del Estado a elaborarse en la Constituyente y a la Ley de Autonomías Departamentales. Se propone que las Municipalidades modifiquen su papel tradicional de ejecutores de obras y prestadores de servicios para que los recursos de la Participación Popular no se diluyan en acciones sin mayor trascendencia sino que mejoren efectivamente la calidad de vida de la población en micro-territorios y macro-regiones. Se reconoce la demanda de asignación de mayores recursos desde el Estado hacia las municipalidades y a los nuevos gobiernos
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departamentales autónomos. Una posibilidad se buscará a partir de los ingresos que se perciba por la venta de los hidrocarburos, en especial del Gas. El gobierno nacional, a través del nivel Prefectural, asignará prioridad a la dimensión local para realizar acciones concretas sobre poblaciones concretas proponiendo un desarrollo a escala humana, buscando el mayor acercamiento posible al mundo real de la población y ése es el de los municipios dejando de lado las abstracciones totalizadoras. El gobierno nacional actuará desde lo global-nacional y la municipalidad en lo local-municipal, articulados por el nivel regional departamental, buscando despertar las iniciativas locales en base a la participación de sus actores económicos, sociales y políticos. El desarrollo local será posible a partir de un nuevo accionar de las municipalidades, coordinadas y articuladas por la Prefectura al nivel nacional, dentro de una nueva concepción de tipo de Estado con capacidad de concertación que logre de su sociedad centrar su accionar en torno a propuestas concretas y una mejor utilización de los recursos propios para no depender necesariamente de los recursos externos. Se buscará el desarrollo integral, referido al Desarrollo Humano Sostenible e Integral, un desarrollo centrado en las personas y capaz de reproducirse en el tiempo, dirigido a la formación de capital social.
LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Nueva Fuerza Republicana considera que ha llegado el momento de fundar la NUEVA REPÚBLICA DE BOLIVIA. La actual Constitución Política del Estado ha quedado históricamente insuficiente para resolver los grandes temas nacionales. La crisis que vivimos los bolivianos es una crisis de Estado, que se refleja en una aguda confrontación social, una pobreza extrema y una inestabilidad política, que tienden a desembocar en un afianzamiento insoportable de la dependencia y una limitación muy seria de nuestra soberanía. Por otra parte el proceso de mundialización que vivimos, exige que la inserción boliviana al mismo, tenga las condiciones comparativas suficientes, para ser parte activa y no pasiva. Bolivia no podrá competir en el ámbito internacional si no supera sus trabas estructurales económicas, sociales y políticas. Es por tanto
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un asunto de sobrevivencia y seguridad nacional, definir con prontitud la BOLIVIA QUE QUEREMOS: BOLIVIA Un país para todos. Por ello, la Nueva Fuerza Republicana reitera la necesidad de una pronta convocatoria a la Asamblea Constituyente la que, evaluando objetivamente la experiencia de estos dos siglos de existencia, pueda dotarnos de un futuro como el que soñaron quienes nos legaron esta Patria y podamos al fin hacer de Bolivia un país respetado, cuyos hijos se sientan con razón orgullosos de ser bolivianos, como hijos de Dios, iguales sin discriminación, ni de raza, credo, color o género; pudiendo con fe y esperanza construir un futuro venturoso para nuestras futuras generaciones, donde el país no sea sólo para unos pocos o para unos cuantos, sino que sea…
BOLIVIA UN PAÍS PARA TODOS.
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PODEMOS ÍNDICE
Programa de Gobierno 2006 – 2010
1. Lineamientos generales de nuestra propuesta ..................................... 425 2. Qué pasó en Bolivia. ¿Por qué llegamos a la crisis actual? ....................................................................................... 428 3. La necesidad de liderazgo ........................................................................ 433
UNA NUEVA BOLIVIA CON PROGRESO Y PAZ
4. La Propuesta: Una Nueva Bolivia con Progreso y Paz .................... 438 1) Nuevo Modelo Económico ................................................................... 439 2) Integridad y Seguridad ........................................................................ 464 3) Bolivia Corazón de Sudamérica ........................................................ 472
Con Tuto Quiroga y María René Duchén
4) Respeto y protección Social ................................................................ 480 5) Nuevo Estado con Constituyente y Autonomía .............................. 494 5. Financiamiento y resultados esperados de nuestra propuesta ................................................................................. 499 6. Conclusiones: ¿Qué pedimos? .................................................................. 507
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1.
LINEAMIENTOS GENERALES DE NUESTRA PROPUESTA
Nuestra propuesta está dirigida a los bolivianos que sufren día a día las consecuencias de la pobreza, el desempleo, la exclusión y la discriminación. Es para las ciudadanas y ciudadanos que buscan la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos y activos económicos, para aquellos hombres y mujeres que en un marco de libertad económica buscan desarrollar su creatividad en emprendimientos productivos. En resumen, para todos los bolivianos y bolivianas que necesitamos trabajar para mantener y asegurar un futuro mejor para nuestros hijos. Para asegurar que estas aspiraciones se conviertan en realidad cotidiana, nuestra propuesta programática busca profundizar el proceso democrático e implantar un nuevo modelo económico para dirigirlo de manera prioritaria a la atención de las necesidades de toda la población y, de manera particular, de los más pobres. Creemos firmemente que el Estado debe dar prioridad a la gestión de las políticas sociales y de inclusión, que permitan superar los altos niveles de pobreza y desempleo que continúan afectando a la mayor parte de los bolivianos. Para ello, nuestra propuesta prioriza la implementación de programas destinados a dotar de servicios básicos, educación, salud y protección; crear oportunidades iguales para todos y atacar las causas de la discriminación y la exclusión social. Entendemos que para lograr una efectiva aplicación de las políticas destinadas a la reducción de la pobreza, es necesario superar los problemas de desconfianza y confrontación que se han generado en los últimos años, así como fortalecer las instituciones del Estado para que éstas recuperen la credibilidad de la población. Finalmente, estamos convencidos que el Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para promover un crecimiento económico equitativo que le dé sustento material a nuestra visión y genere las fuentes de riqueza necesarias para beneficiar equitativamente a toda la población. Sólo así se lograrán mayores niveles de inversión, que es uno de los factores determinantes para asegurar el crecimiento económico y generar empleo estable con salarios justos y dignos
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Cambios destinados a promover un Nuevo Modelo Económico; cuyo objetivo es lograr una Bolivia productiva con empleo, mayor crecimiento, vivienda, servicios básicos, a todo gas y sin deuda externa. Sin ortodoxia ni demagogia, buscamos cambiar el manejo de la política económica con el propósito de asegurar oportunidades para toda la población, en especial para los más pobres y cerrar así la “era gonista” que dominó el país los últimos 15 años. Cambios destinados a promover la Integridad y Seguridad, para lograr que Bolivia sea un país seguro, con instituciones limpias y donde se respete el Estado de Derecho, sin narcotráfico ni bloqueos y sin corrupción ni delincuencia. Cambios destinados a promover que Bolivia se convierta en el Corazón Integrador del Continente, para que Bolivia orgullosa, sea el centro físico, energético y comercial de Sudamérica y logre una presencia soberana sobre el Pacífico. Así, acabaremos con los anillos con los que quieren encerrarnos y con el enclaustramiento marítimo. Cambios destinados a garantizar el Respeto y la Protección Social, la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los bolivianos; cuyo objetivo es la reducción de la pobreza, la inclusión sin discriminación de mujeres, indígenas y jóvenes y protección efectiva para los bolivianos en el exterior. Promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los bolivianos y la atención especial de aquellos grupos que no cuenten con las condiciones suficientes para competir y beneficiarse del desarrollo económico y social del país. Así, acabaremos con los muros de exclusión que han prevalecido en nuestro país por 180 años. Cambios destinados a crear un nuevo Estado con Constituyente y Autonomía; para lograr Autonomías Solidarias con una Constituyente para la gente, donde el ciudadano es quien decide. Así acabaremos con la politiquería y el centralismo.
Para lograr estos objetivos promovemos la ejecución de cinco grandes cambios en las políticas públicas, que se describen en nuestro programa:
Después de un período de crisis económica y política, creemos que el país necesita una reconducción y nuevos liderazgos para enfrentar los desafíos del nuevo siglo. Esta reconducción implica una revisión de las estructuras políticas e institucionales del Estado y una revisión y reorientación de las políticas económicas y sociales bajo el principio central que el desarrollo y el crecimiento son sólo medios destinados a promover el bienestar equitativo de todos los ciudadanos.
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En nuestro país se observan grandes diferencias sociales, pobreza y exclusión social, pero aún se prefiere la democracia como sistema político. Por eso, promovemos la libertad y la equidad como principios rectores de nuestra visión política. Promovemos la libertad individual en un marco de equidad y respeto a las leyes. Consideramos este valor no sólo en su dimensión ética sino como instrumento para ejercer nuestra ciudadanía plena y como fuente creativa para nuestro desarrollo económico y social. Buscamos un país que profundice la democracia a través de un sistema político renovado y más representativo que responda a las expectativas de los ciudadanos, en particular de aquellos grupos que hasta hoy han sido excluidos o discriminados. Buscamos una sociedad más segura, que confíe en sus instituciones y en sus autoridades, que se sienta representada y protegida en un Estado de Derecho, que otorgue certidumbre jurídica y garantice los derechos propietarios y el ejercicio pleno de la independencia de Poderes. Queremos un Estado fortalecido que asegure la igualdad de oportunidades para todos los actores sociales, proteja efectivamente a la población más vulnerable y garantice el acceso a mínimas condiciones de vida a todos los ciudadanos. Para ello, buscamos que el Estado promueva y garantice la estabilidad macroeconómica y el funcionamiento de un mercado transparente y competitivo y que, a la vez, incentive la actividad productiva. Queremos un país que se beneficie de sus recursos naturales de una manera sostenible, preservando las riquezas para próximas generaciones y respetando el medio ambiente. Creemos en un Estado que, siendo unitario, reconoce la diversidad regional y se administra y gobierna en forma descentralizada y autonómica. Un Estado en el que los recursos públicos y el poder de decisión estén más cerca de los ciudadanos en las nueve regiones, los municipios y las comunidades. Queremos un país abierto al mundo, que participe y se beneficie de la economía internacional, que compita y que exporte utilizando sus recursos humanos como el bien más valioso para su desarrollo.
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2.
¿QUÉ PASÓ EN BOLIVIA Y POR QUÉ LLEGAMOS A LA CRISIS ACTUAL?
La situación que vive Bolivia hoy es el resultado de la combinación de la crisis económica que afectó al país en la segunda mitad de los ‘90s y que se agudizó con una profunda crisis del sistema político, que nos llevó a una situación de emergencia. Lo que ahora vivimos es resultado de la confluencia de cinco procesos que afectaron al país casi de manera simultánea: 1) FALTA DE AUDACIA EN REFORMAS POLÍTICAS: Si bien el modelo de democracia pactada fue útil para salir de la crisis de la década de los ‘80s, era claro que el sistema político y las instituciones bolivianas necesitaban de reformas profundas que mejoren su representatividad y efectividad, para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos. Lamentablemente, los esfuerzos en este sentido fueron insuficientes y los cálculos políticos prevalecieron sobre las necesidades del país. La Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución Política del Estado, aprobada a finales de 2002, fue insuficiente para introducir cambios de fondo en el sistema político, debido a que los partidos supusieron que las reglas de juego de los pactos parlamentarios eran suficientes para lograr gobernabilidad. Los hechos demostraron lo contrario. Pero los problemas se originaron varios años atrás. En 1994-1995 se aprobó la Ley de Descentralización Administrativa y se negó la posibilidad de elegir Prefectos por voto directo. Muy tímidamente se delegaron algunas competencias a las Prefecturas, sin entregarles el poder político. Desde entonces, la demanda por autonomía regional fue más evidente y el sistema institucional no respondió a las necesidades regionales. Asimismo, el cambio estructural al Poder Judicial aprobado con la reforma constitucional de 1994, no fue aplicado por el gobierno de entonces, y no fue hasta 1998, cuando por primera vez se inició una designación no politizada de autoridades judiciales. Lamentablemente este proceso no tuvo continuidad.
Proponemos una reconducción estructural, pacífica y concertada del país: Proponemos una Nueva Bolivia con Progreso y Paz.
El deterioro de la democracia pactada y la falta de representatividad del sistema político se exacerbaron en los últimos años provocando el descrédito del sistema. Excesivo centralismo en el manejo del poder, monopolio de los partidos
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políticos y abuso del sistema de representación proporcional, donde los candidatos eran nombrados a dedo por los dirigentes políticos, son algunos de los aspectos que requieren de urgente revisión y reforma, para dar paso a mecanismos más efectivos de representación política que permitan una mayor participación ciudadana, mayor rendición de cuentas de los actores políticos y mayor representatividad de los diversos sectores de la población.
costos que no estaba en capacidad de cubrir. La crisis fiscal que empezaba a controlarse después del período de estabilización económica se volvió a descontrolar como resultado de esta reforma. Existía la necesidad de transitar de un sistema casi quebrado a uno nuevo y moderno, pero dadas las capacidades fiscales, este proceso debió ser gradual, ordenado y debió haber contado con alguna fuente de financiamiento extraordinaria. Sin embargo, la reforma emprendida por Sánchez de Lozada no contempló estos elementos esenciales y, como en ningún país en el mundo, se decidió un cambio radical, que implicaba delegar al Estado la responsabilidad de pagar las rentas de los jubilados, sin recibir como contraparte los aportes de los trabajadores activos o algún financiamiento extraordinario para pagar la transición de un sistema a otro.
2) EXCESIVA ORTODOXIA EN EL MANEJO ECONÓMICO “GONISTA”: Las reformas económicas iniciadas en 1985 fueron ciertamente beneficiosas para detener la crisis que vivió el país en la década de los 80. Estas reformas tuvieron continuidad durante los siguientes años buscando un equilibrio respecto a la realidad del país y la tendencia internacional de apertura y competencia económica. Bolivia necesita participar del mercado internacional para dinamizar su crecimiento, pero debe hacerlo de forma que la actividad económica beneficie a la población boliviana y promueva la competitividad en nuestra economía. Los dos grandes errores históricos, en materia de reforma económica, provienen del modelo de privatización a través de la capitalización de las empresas públicas y de la reforma del sistema de pensiones. En el primer caso, la forma excesivamente ortodoxa de manejar el proceso y la falta de transparencia, hicieron que una política de atracción de inversiones se convirtiera en una forma de entrega de las empresas estratégicas del Estado, sin ningún beneficio tangible para los bolivianos en el corto o mediano plazo. La política de capitalizar “a cualquier precio” provocó que se firmaran contratos sin licitación, como el de la ENRON, y la reducción de la participación estatal en las regalías petroleras del 50% al 18%, restando más de 100 millones de dólares de ingresos anuales al Tesoro General de la Nación (TGN). Por otro lado, no es cierto que la capitalización permitiera la expansión del sector y el descubrimiento de las reservas de gas. La verdad es que las inversiones en hidrocarburos obedecen a la apertura del mercado brasilero y a la construcción del gasoducto al Brasil. Todo el desarrollo sectorial alcanzado a finales de la década de los 90, se hubiera dado, aún en mejores condiciones para Bolivia, si la reforma de YPFB y la atracción de capitales externos se hubieran realizado con políticas distintas a la capitalización.
3) CINCO AÑOS DE CONTEXTO INTERNACIONAL D E S F A V O R A B L E : Adicionalmente a la difícil situación interna del país, Bolivia tuvo que enfrentar un período particularmente duro en el contexto internacional entre 1998 y 2003, período que CEPAL denominó como “la media década perdida”. La caída de los precios internacionales de materia prima, como el estaño, el zinc, la plata y el oro, y productos agrícolas como la soya y la castaña, afectaron dramáticamente nuestras exportaciones y golpearon duramente a sectores altamente intensivos en mano de obra como la minería y la agricultura. Las dos crisis que Brasil enfrentó en 1999 y en 2002, con dramáticas devaluaciones de su moneda, tuvieron un alto impacto en nuestra economía y provocaron un incremento abrupto de nuestras importaciones y una reducción dramática de la producción de textiles del sector microempresarial del país, afectando la producción boliviana y reduciendo las fuentes de empleo. Algo similar ocurrió con la crisis Argentina a fines de 2001, que no sólo provocó una disminución de la actividad económica con ese país, sino también el retorno de muchos compatriotas que incrementaron las cifras de desempleo y subempleo. Otros fenómenos similares en Uruguay y Venezuela tuvieron efectos negativos en nuestro país provocando un escenario muy difícil y completamente fuera de nuestro control.
Respecto del cambio del sistema de pensiones, claramente la ortodoxia desmedida para llevar adelante esta reforma determinó que el Estado asumiera
4) SOBREDOSIS DE MACRO-REFORMAS: La última década en Bolivia se caracterizó por el desarrollo simultáneo de fenómenos macroeconómicos con alto impacto en la estructura económica y social del país. Si bien varias de las reformas y políticas implementadas son de beneficio en el largo plazo, la mayoría ha tenido un efecto contractivo, a corto plazo, que no ha permitido a Bolivia superar la crisis y retomar un ritmo adecuado de crecimiento y desarrollo.
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La erradicación de los cultivos excedentarios de coca entre 1998 y 2002 fue un proceso altamente exitoso para sacar a Bolivia del circuito del narcotráfico y para dejar de ser uno de los principales productores de cultivos ilegales de este producto. Sin embargo, este proceso tuvo un costo equivalente a por lo menos un 3% del PIB, que tuvo que asumirse con los consecuentes efectos sociales y políticos.
5) DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA DEL INGRESO Y TENSIÓN SOCIAL: Las reformas estructurales llevadas adelante desde 1985 permitieron la estabilización de la economía y una reactivación económica modesta. Entre 1985 y 2004, la economía registró una tasa anual de crecimiento compuesta de 2.6%. Sin embargo, estas reformas no contemplaron medidas agresivas de redistribución del ingreso de manera de facilitar que los beneficios del crecimiento lleguen más equitativamente a toda la población. Por el contrario, tendieron a concentrar la riqueza en los sectores intensivos en capital. A dos décadas de estas reformas, la población no siente en sus bolsillos los beneficios de los cambios macroeconómicos. Esto genera sentimientos de desesperanza que se traducen en la falta de confianza en las instituciones del Estado y en situaciones de polarización con gran potencial de conflicto que afectan fatalmente el crecimiento económico.
La reforma de pensiones, como ya se comentó, implicó un costo fiscal anual equivalente al 4% del PIB que el Estado tuvo que asumir, y continúa asumiendo, sin contar con una fuente de financiamiento suficiente que compense los gastos extraordinarios asumidos por este concepto. Los supuestos beneficios de la capitalización de las empresas públicas, depositados en el Fondo de Capitalización Colectiva, se destinaron sólo a pagar parcialmente el costo del Bonosol, generando un retorno económico mínimo. Se trata de cerca del 20% del PIB en recursos que están congelados y que no se los ha utilizado para promover el desarrollo y salir de la crisis. Los recursos del Gas, que han generado una alta expectativa económica al país, continúan enterrados y no podrán ser explotados mientras no se resuelvan los aspectos de seguridad jurídica necesarios para activar inversiones masivas en campos, gasoductos, termoeléctricas y petroquímicas y para acceder a mercados competitivos en la región y el mundo. Ingresos equivalentes entre el 8% y el 10% del PIB se han ido postergando por la falta de decisiones y políticas claras para el uso de estos recursos. El único proceso efectivo de beneficio para el país, el alivio de la deuda externa en el marco de la iniciativa HIPC II, genera cerca del 1.3% del PIB cada año en recursos públicos que se canalizan a los municipios para inversiones destinadas a la reducción de la pobreza. Así sea en forma gradual y por “goteo” estos recursos han permitido compensar en parte los altos costos macroeconómicos antes descritos. En resumen, la secuencia en el tiempo de estas reformas fue mal diseñada, pues aquellas que representaban costos para el TGN, se las hizo de golpe, con efectos en el corto plazo para las arcas del Estado (pensiones, coca), mientras quedaban diferidos los beneficios de otras reformas (alivio de la deuda y recursos del gas) y congelados los recursos del Fondo de Capitalización Colectiva.
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De esta manera, la confluencia de todos estos fenómenos, agravados por un período de alta confrontación social y de un severo debilitamiento de las instituciones gubernamentales en un período de administración ambivalente entre el 2003 y el 2005, han provocado la exacerbación de sentimientos regionalistas y de racismo que no son propios de la sociedad boliviana, sino que reflejan un período de desesperación fruto de la falta de liderazgo y la necesidad urgente de reconducción del país. Los costos económicos de este período son sumamente elevados, al punto que Bolivia no ha podido tomar ventaja del nuevo contexto económico internacional altamente favorable. El crecimiento económico sigue siendo modesto y sirve apenas para compensar parcialmente los altos costos asumidos durante los últimos años. Ante la falta de desarrollo de la actividad económica y el empleo, se han incrementado los índices de actividad informal, de migración de bolivianos a otros países y de criminalidad en las calles. Bolivia necesita una reconducción urgente que fije su atención en la población más afectada por la crisis, que genere expectativas serias de desarrollo, que movilice los recursos existentes y que promueva una reforma política y social profunda que refleje nuestra diversidad cultural, étnica y social.
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3.
LA NECESIDAD DE LIDERAZGO
La solución institucional y democrática que el país logró adoptar para adelantar las elecciones generales de Presidente, Vicepresidente, Congreso y Prefectos en diciembre de 2005, es una oportunidad excepcional para reconducir el país y renovar su liderazgo. La renovación del Poder Ejecutivo no sólo implica un cambio de gobernantes, sino la necesidad de una renovación institucional y la recuperación de la autoridad estatal para atender las necesidades de la población y resolver conflictos. La renovación alcanzará también al Congreso, que deberá profundizar su capacidad de representar, agregar y disciplinar los intereses de todos los sectores y sobre todo, debe desarrollar nuevos mecanismos de construcción de acuerdos y promover una gobernabilidad sobre la base de programas y propuestas. Alcanza también a los futuros Gobiernos Departamentales, que se constituirán como autonomías con capacidad de elegir a sus propias autoridades, normar en el marco de las competencias que les sean delegadas por el Congreso de la Nación, a través de un Estatuto Autonómico, y ejecutar políticas públicas y promover su propio desarrollo regional. Permitirá además la renovación de la Constitución Política del Estado, a través de la Asamblea Constituyente. Se trata de una oportunidad histórica para revisar las bases institucionales del Estado y consolidar nuevas reglas de juego de nuestro contrato social. Este proceso de renovación y transición tendrá una alta visibilidad externa en el continente y en el mundo. Tenemos una oportunidad para demostrar la capacidad democrática que tiene nuestro país para alcanzar acuerdos y salir de la crisis. El entorno internacional es inmejorable. Las oportunidades externas en materia económica y de ayuda al desarrollo le ofrecen al país una situación privilegiada, que requiere de un liderazgo claro, para poder aprovecharlas en beneficio de todos.
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crisis y beneficiarnos de las pocas oportunidades que se tenían del exterior como fue el proceso de alivio de deuda. Desde el 2003 hasta la fecha, las condiciones externas son excelentes y vemos cómo los países del continente se están beneficiando de este escenario. Por el contrario, en Bolivia, debido a problemas internos, dejamos pasar las oportunidades de consolidar y abrir mercados, y captar más ayuda internacional. Las elecciones de diciembre de 2005 son una oportunidad para renovar Bolivia, para recuperar el tiempo perdido y para enfrentar con optimismo el desarrollo del país en el siglo XXI. El binomio “Tuto – María René” lidera el frente político Poder Democrático Social (PODEMOS), una alianza con amplia participación de agrupaciones ciudadanas y organizaciones políticas de carácter nacional, regional y local. Reúne a personas de todas las regiones del país, de diversos sectores económicos y de todas las clases sociales. Nuestra alianza comparte una visión de país moderno, que respeta nuestras tradiciones y todas las manifestaciones culturales que existen, además de apoyar un proyecto de unidad para recuperar la confianza, la solidaridad, integrar los intereses de todos los sectores y fortalecer la institucionalidad del Estado. Nuestro candidato, Tuto Quiroga, tiene la experiencia necesaria para conducir el Estado. Para respaldar su gestión, logró conformar un equipo que combina adecuadamente juventud y experiencia, así como profesionales con probada eficiencia en la administración del Estado y la conducción del país. Durante la primera administración de Sánchez de Lozada (1993 – 1997), Tuto encabezó una dura oposición a las políticas que, hoy confirmamos, fueron equivocadas. Resistió y denunció la capitalización de las empresas públicas; se opuso abiertamente a la rebaja de regalías de Hidrocarburos del 50% al 18%; criticó severamente la irresponsabilidad fiscal de la reforma de pensiones; exigió la aplicación de las reformas al sistema judicial; y criticó la timidez de las reformas políticas y de descentralización administrativa. Como consecuencia, se tuvo que resistir un intento de enjuiciamiento injustificado en el Congreso Nacional en 1996, por instrucciones del gobierno de entonces.
En el período 1998 – 2003, la situación externa fue de crisis internacional, que afectó a toda la región. Sin embargo, internamente supimos administrar la
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Entre 1997 y 2001, Tuto acompañó el manejo económico del país, la implantación de una exitosa política de lucha contra el narcotráfico y el inicio de reformas institucionales clave para fortalecer el Estado y la gestión pública. Conocidos delincuentes y estafadores, y gente procesada, fueron encarcelados y/o separados del Parlamento. Fue un período particularmente difícil en vista del contexto internacional desfavorable, pero se logró que, a diferencia de la mayoría de los países de la región, Bolivia no llegara a marcar cifras negativas de crecimiento y se evitó una fuerte recesión económica, garantizando un manejo financiero y fiscal responsable.
precios de los minerales (Estaño de más de US$ 2.51 la libra fina a US$ 1.84 y Zinc de US$ 0.51 a US$ 0.25) y de la castaña (de US$ 1.55 a US$ 1.2 la libra) se habían reducido dramáticamente, poniendo en riesgo el empleo de 25 mil cooperativistas mineros y 6 mil zafreros. Ante esa situación, el Estado otorgó cupones de empleo, de Bs. 450.- por cada 100 kgr. de estaño fino, Bs. 350.- por tonelada de Zinc y Bs. 30.- por 28 cajas de castaña. Se invirtieron más de 6 millones de dólares en estos cupones y se salvó el trabajo de más de 30 mil personas, que hoy, cuando los precios se han recuperado, pueden seguir trabajando, gracias a que en tiempos de crisis el Estado, con Tuto, los apoyó.
Entre 2001 y 2002, Tuto asumió la Presidencia de la República y logró una corta pero efectiva gestión en materia económica, social e institucional.
También se aseguró el financiamiento para importantes tramos carreteros como: Camiri-Abapó, Ventilla-Tarapaya, Pailón-Roboré, Yacuiba-Boyuibe y Km 19- La Mamora. En el mismo período se concluyeron tramos como Santa CruzTrinidad y Oruro-Toledo y se iniciaron exitosos programas de mantenimiento a través de microempresas.
Durante esos años se realizaron 120 designaciones, con más del 80% del voto congresal, para que bolivianos capaces, honestos e independientes asuman la conducción de las principales Instituciones del país, tales como el Servicio Nacional de Impuestos Internos, la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Caminos, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Electorales. Hoy muchas de esas autoridades designadas siguen ejerciendo como servidores públicos, incluyendo al actual Presidente de la República. En el año 2001, la inversión pública llegó a 638 millones de dólares, la cifra más alta que hemos tenido. Se puso en marcha el plan de Empleo de Emergencia PLANE, que en el corto período de Tuto pagó más de 300 mil salarios, sólo en el mes de julio de 2002 pagó más de 63 mil salarios, un plan que hasta ahora sigue funcionando, aunque en menor escala. En el plano financiero, Tuto reprogramó deudas del sector productivo por más de 700 millones de dólares y deudas de los municipios por más de 50 millones de dólares. A estos recursos deben sumarse los destinados directamente a la gente: 33 millones de devolución de Provivienda a casi 400 mil personas y, a partir del segundo semestre de 2002, más de 20 millones de dólares a los aportantes del FONVIS. En total se inyectaron casi 1.200 millones de dólares a nuestra economía.
Tuto lideró y completó el proceso del Diálogo 2000, para obtener la condonación de recursos de la deuda externa que en forma descentralizada, participativa y progresiva, transfirió a los municipios, por criterios de pobreza, más de 100 millones de dólares cada año, garantizando que esto se mantenga por un período de 15 años, es decir, alrededor de 2.000 millones de dólares. Con estos recursos los municipios pobres duplicaron la cantidad anual de ingresos para poder otorgar mejores servicios a sus habitantes. Gracias a este mismo Diálogo 2000, entre los años 2001 y 2002, Tuto contrató más de 10 mil maestros que ahora trabajan y enseñan a nuestros niños y, en salud, más de 2 mil médicos y personal auxiliar que atienden y curan en lugares donde antes no había atención. Tuto puso en marcha el programa de Jóvenes Contra la Pobreza (JCP), con 420 egresados de diferentes carreras universitarias que se fueron a los municipios más pobres, jóvenes que al culminar su carrera universitaria, con este trabajo consiguieron titularse y obtuvieron el mayor halago que se puede ostentar, el haber servido a nuestro país y su gente.
En tiempos de crisis, el Estado es más necesario que el mercado. Así se lo demostró en la corta gestión de Tuto, a raíz de la crisis internacional, los
La educación también siguió evolucionando, cada vez más niños asistieron a la escuela, existieron menos deserciones, se redujo de 11 a 7 el número de años que tarda en llegar un niño al quinto grado, contábamos con 5.300 maestros
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bilingües y, lo más importante, se cumplieron los 200 días de clases para los niños. Se impulsó el proceso de institucionalización del Estado mediante la aplicación del Estatuto del Funcionario. También se completó la negociación del acuerdo comercial con los Estados Unidos conocido como ATPDEA, a través del cual se apoyó el desarrollo de la industria manufacturera de exportación que hoy sostiene a miles de familias bolivianas. Estas y otras acciones se realizaron en un marco de respeto a las leyes y bajo un principio de servicio público y una nueva forma de hacer política. Nuestra Candidata a la Vicepresidencia, María René Duchén, es una reconocida profesional de los medios de comunicación que ha demostrado idoneidad y profesionalidad en su trabajo. Se ha ganado la confianza de la mayor parte de los bolivianos mediante una conducta siempre responsable en el manejo de la información y un comportamiento ético incuestionable, reconocido por su teleaudiencia y el conjunto de su gremio profesional. Pero sobre todo, María René es una mujer profesional exitosa que ha sabido combinar las responsabilidades de madre y esposa con un desarrollo profesional competitivo en una sociedad que se caracteriza por el machismo y la discriminación por ser mujer en el ámbito laboral. María René es un ejemplo de perseverancia y un modelo de lo que PODEMOS quiere promover entre todas las mujeres bolivianas. Estamos seguros que María René, como primera Vicepresidenta mujer del país, sabrá demostrar las cualidades de las mujeres trabajadoras bolivianas y hará de la Vicepresidencia un espacio de promoción de la inclusión, y el reconocimiento de los sectores que en Bolivia no han tenido la oportunidad de participar más activamente en la vida pública del país.
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4.
LA PROPUESTA: UNA NUEVA BOLIVIA CON PROGRESO Y PAZ UNA NUEVA BOLIVIA CON PROGRESO Y PAZ
1) NUEVO MODELO ECONÓMICO: Bolivia Productiva, con empleo, mayor crecimiento, vivienda, servicios básicos. A todo gas y sin deuda externa, para cambiar el modelo “gonista”. 1.1 Apoyo al sector productivo para crecer, aumentar exportaciones y generar empleo 1.2 Nacionalización de los beneficios del Gas 1.3 Recuperación de las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas 1.4 Mayor bienestar en zonas peri urbanas marginales 1.5 Plan de desarrollo de la ciudad de El Alto 1.6 Desarrollo Estratégico del Turismo 1.7 Acceso al crédito para los más pobres 1.8 Acceso a vivienda digna con seguridad jurídica 1.9 Profundización del Mercado de Valores 1.10 Distribución equitativa y uso productivo de la Tierra 2) INTEGRIDAD y SEGURIDAD: Bolivia segura, con instituciones limpias y Estado de Derecho, sin narcotráfico ni bloqueos, y sin corrupción ni delincuencia. 2.1 Plan Nacional de Integridad para combatir la corrupción 2.2 Cero tolerancia al delito: movilización ciudadana contra la delincuencia 3) BOLIVIA CORAZÓN DE SUDAMÉRICA: Bolivia orgullosa, corazón integrador físico, energético y comercial de Sudamérica y presente en el Pacífico. Para acabar con anillos y enclaustramiento. 3.1 Bolivia, Corazón de Sudamérica 3.2 Infraestructura vial y corredores de exportación 4) RESPETO Y PROTECCIÓN SOCIAL: Inclusión sin discriminación para Mujeres, Indígenas, Jóvenes y Bolivianos en el exterior. Para reducir la pobreza y acabar con la discriminación. 4.1 Más y mejor educación y salud, con deporte 4.2 Igualdad de oportunidades para las mujeres 4.3 Inclusión y empoderamiento de comunidades y pueblos indígenas 4.4 Bolivianos en el exterior 4.5 Protección Social a grupos vulnerables 5) NUEVO ESTADO CON CONSTITUYENTE Y AUTONOMÍA: Autonomías solidarias con Constituyente para la gente: El ciudadano decide. Para acabar con la politiquería y el centralismo. 5.1 Nueva Constitución Política del Estado con un Sistema Político renovado 5.2 Autonomías Regionales con unidad y solidaridad
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1)
NUEVO MODELO ECONÓMICO: Bolivia Productiva, con empleo, vivienda, servicios básicos. A todo gas y sin deuda externa. Para cambiar el modelo “gonista”. 1.1
APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CRECER, AUMENTAR EXPORTACIONES Y GENERAR EMPLEO
Las políticas públicas predominantes durante los últimos veinte años se han centrado en: la estabilidad y el control fiscal, la magnificación del rol del mercado, la desatención de los sectores productivos nacionales, la sobrepolitización de la Inversión Extranjera Directa y de los sectores económicos monopólicos y de fuerte concentración de capital, y la multiplicación del gasto e inversión social sin una visión de desarrollo humano y de apoyo a la producción. Bolivia presenta un débil desempeño productivo, baja competitividad y poca capacidad de atracción de inversiones, inclusive respecto de los países de la región, ya que registra los más bajos niveles per-cápita en exportaciones, PIB e inversión extranjera directa. Nuestra falta de competitividad está relacionada con problemas que van desde el ambiente macroeconómico hasta la calidad de las instituciones públicas y la gestión empresarial. Según el Índice de Competitividad para el Crecimiento (ICC), Bolivia se ubicó en el año 2004 en el puesto 98 entre 104 países. En términos de los tres factores considerados, Bolivia se ubicó en el puesto 95 en tecnología, en el puesto 87 en instituciones públicas y en el puesto 96 en ambiente macroeconómico. El sistema financiero acusa una constante caída de la cartera de préstamos. Los depósitos del público se redujeron notablemente. La concentración del portafolio de créditos, en la banca comercial, es alta, 82,0 % de los préstamos están colocados en el 9,5% de los prestatarios. Además, el porcentaje de la población que no tiene acceso a servicios financieros en Bolivia es muy alto, lo que limita su capacidad para incrementar su productividad y mejorar sus ingresos y calidad de vida. En ese contexto, se debe superar: el difícil acceso al financiamiento, la inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, la escasa generación y uso productivo del ahorro interno, el bajo coeficiente de inversión bruta, las barreras que impiden una mayor asociatividad y un adecuado tamaño económico de las
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unidades productivas, la insuficiente calificación de la mano de obra y una tecnología rezagada, entre otros factores. Para ello, además del fortalecimiento de NAFIBO y FONDESIF como bancos de desarrollo de segundo piso, proponemos: •
La creación del Sistema de Fomento Productivo, FOPRO, sobre la base de una alianza entre productores, entidades de servicios (no financieros y financieros) y el Estado y que trabaje en estrecha relación con los Consejos departamentales de competitividad. Este Sistema apoyará integralmente a los sectores productivos nacionales, contribuirá a superar las barreras que limitan la productividad sectorial y a mejorar la competitividad en los ámbitos nacional, departamental y local, con proyección a los escenarios internacionales. El FOPRO permitirá: a) Captar recursos de fomento para financiar la demanda no cubierta de crédito para el sector productivo; b) canalizar líneas de financiamiento en función de las prioridades que respondan a los requisitos de las instituciones financieras con enfoque de desarrollo y estrecha vinculación a los agentes económicos productivos; c) impulsar la creación y consolidación de soluciones empresariales de productores para la atención de los problemas de transformación primaria, procesamiento y comercialización; d) promover procesos de desarrollo local que permitan generar oportunidades de negocio; e) facilitar la articulación de programas públicos y privados de desarrollo de empresas rurales y de negocios, a fin de crear oportunidades de colocaciones para las entidades de financiamiento en áreas de interés nacional y aumentar las posibilidades de desarrollo, fortalecimiento y expansión de los potenciales demandantes de recursos de préstamo; f) identificar soluciones a los problemas que enfrentan las cadenas productivas; g) generar condiciones favorables para la atracción de inversiones; h) apoyo con tecnología e investigación al empresariado en general y al sector exportador en particular; i) reducir los costos, plazos y trámites para la creación de empresas, importación legal de mercaderías, exportaciones y devolución impositiva. El sistema de Fomento Productivo (FOPRO), trabajará con todos los sectores de la economía sin exclusión de ninguna clase, incorporará a
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asignado a este rubro, prohibiéndose el recorte de esta partida por ser las exportaciones una prioridad nacional; b) la ampliación del concepto de devolución impositiva para incluir de forma más adecuada los gastos relacionados a toda la actividad exportadora; y c) el establecimiento de una lista de materias primas agrícolas y agropecuarias, para personas naturales, que permita la compra/venta de estos artículos sin ningún obstáculo ni pago tributario.
todos los sectores de la industria y el comercio, la microempresa y artesanía, transportes y comunicaciones, turismo, desarrollo forestal, agricultura y agropecuaria, etc. Una de las prioridades será hacer que los Bolivianos consumamos nuestros productos. Esta política que empezó en el gobierno del presidente Tuto Quiroga con el plan “Consuma lo Nuestro”, será revitalizada y ampliada no sólo a las compras estatales, sino también hacia las compras del ciudadano. •
La participación de los jóvenes en las tareas de promoción económica a través de la ampliación del Programa de Jóvenes Contra la Pobreza y la creación del Programa de Jóvenes Emprendedores. Asimismo, a través de diferentes mecanismos como el de trabajo por tiempo horario, se posibilitará que jóvenes que se encuentran estudiando o capacitándose, puedan acceder a un ingreso económico a través de un empleo horario.
•
Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. La población boliviana tiene una vocación productiva que no está adecuadamente organizada y fomentada. Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ser el verdadero sostén del crecimiento sostenible y generación de empleo de nuestra economía. Buscaremos diversificar nuestra estructura productiva y lograr que las exportaciones provenientes de los pequeños productores sean equivalentes a las exportaciones de materias primas.
•
•
Promover una alianza estratégica con empresas productivas intensivas en fuentes de trabajo para facilitar y promover las exportaciones no tradicionales. El desafío histórico recaerá en los empresarios privados y su imaginación innata para competir en el mercado internacional, en clara sociedad con un Estado comprometido en coadyuvar al proceso de inserción internacional de la economía boliviana. El objetivo es lograr 5.000 millones de dólares de exportación sostenible de productos no tradicionales durante los próximos cinco años. Se mejorará el sistema del certificado de origen, para evitar que otros se aprovechen de las ventajas de Bolivia y exporten sus productos como bolivianos. Asegurar la neutralidad impositiva mediante: a) la aprobación de una Ley que garantice la neutralidad impositiva y asegure el presupuesto
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•
Crear una institución de desarrollo de servicios a los exportadores y de ventas internacionales, financiado con un fideicomiso administrado por el sector privado. Este servicio contará con un Directorio mixto con mayoría privada, coordinará las actividades de la cooperación internacional, coadyuvará en el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos e incubadora de empresas exportadoras (PyMEs), ayudará a la administración de la Cuenta del Milenio, propiciará la capacitación profesional de los trabajadores bolivianos y gestionará ventas internacionales efectivas. Este servicio tendrá fines de lucro como fundamento de existencia y eficiencia de sus servicios.
•
Definir políticas nacionales de acceso a mercados a fin de precautelar los intereses de todos los sectores productivos nacionales en la globalización económica. Se priorizará la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Perú, y la ampliación temporal de la Ley de Presencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, mediante el establecimiento de un equipo profesional de negociación, con apoyo financiero y supervisión directa del Presidente de la República.
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Reformar el Sistema de Regulación Sectorial mediante la creación de Consejos de Regulación (en lugar de las Superintendencias Generales) y la creación del Defensor del Consumidor. Asimismo, se dará un mandato claro a las Superintendencias sobre el cumplimiento de la Ley, defensa del consumidor y seguridad jurídica.
En otro frente, se apoyará el desarrollo de la actividad minera en los departamentos de Oruro y Potosí, particularmente en el sector de las cooperativas, que absorben un mayor número de fuentes de trabajo. Reconocemos a la minería como una actividad estratégica de nuestra economía. Este sector ha sobrevivido
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un largo periodo de precios internacionales deprimidos. La coyuntura internacional actual es favorable en términos de precios y por lo tanto, nuestro reto es la optimización y aprovechamiento de este entorno en beneficio de miles de familias del occidente y en especial en los departamentos de Oruro y Potosí. Por ello, el gobierno reorientará la política minera para asegurar una industria competitiva, comprometida con el desarrollo sostenible, generadora de valor agregado y que garantice una contribución efectiva al desarrollo económico-social del país por su gran efecto multiplicador. Para ello, aplicaremos políticas destinadas a: a) la creación de un ambiente competitivo en términos de estabilidad jurídica para atraer inversión privada en el sector; b) garantizar un régimen tributario competitivo y equitativo; c) el fortalecimiento de la COMIBOL, como empresa prestadora de servicios, sin perder su rol de administrar contratos y propiedades con independencia económica; d) la provisión de servicios para la elaboración de proyectos, evaluación de reservas, diseño de plantas y minimización de impactos ambientales y transferencia tecnológica; e) El FOMIN y FAREMIN, en función descentralizada, financiarán la ejecución de los proyectos.
El valor de nuestro gas es efectivo, únicamente, cuando se han identificado los mercados donde comercializarlo y se han logrado mecanismos para garantizar los recursos de inversión necesarios para su explotación. De lo contrario, el gas, bajo tierra, no tiene ningún valor y no beneficia a ningún sector de nuestra población.
Al garantizar la seguridad jurídica, se propiciará un clima favorable para la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros. Se otorgará apoyo a las fundiciones nuevas y ya existentes, facilitando la alimentación de concentrados. Se apoyará la formación de entidades departamentales para el manejo de recursos mineros. Se facilitará, en las universidades, la formación de recursos humanos en ramas mineras. Todos los proyectos mineros, nuevos y en curso, se adecuarán a la política de practicar una minería ambiental y socialmente responsable. Se ejecutarán proyectos de remediación ambiental con financiamiento propio y externo.
1.2
NACIONALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL GAS – FONGAS
El desarrollo de los recursos gasíferos de Bolivia ofrece al país una perspectiva de desarrollo extraordinario y grandes oportunidades para dar un salto sustancial en el desarrollo económico y social del país. Para lograr un correcto aprovechamiento de estos recursos es necesario tomar conciencia de la necesidad de explotar racionalmente los mismos y orientarlos en forma equilibrada al uso doméstico, a la industrialización y a la exportación.
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Por otro lado, como dice nuestra Constitución, el gas, como recurso natural, es de pertenencia exclusiva del Estado boliviano y no puede ser enajenado o transferido a dominio privado, sea nacional o transnacional. Por tanto, creemos que el debate de la nacionalización del gas es un debate falso y demagógico. Quienes reclaman la nacionalización del gas no están pidiendo la recuperación del recurso natural como tal, que siempre le perteneció al Estado; sino la expropiación de inversiones externas desarrolladas en campos y facilidades de explotación atentando contra principios de seguridad jurídica y desincentivando la inversión. Por ello, somos concientes que la riqueza proveniente de la explotación del gas debe beneficiar primordialmente a los bolivianos y que las empresas que lo explotan, nacionales o extranjeras, deben someterse a reglas de juego claras y obtener un beneficio razonable de sus actividades, de manera que cuenten con los incentivos necesarios para continuar realizando sus inversiones, pero, a la vez, compartiendo los beneficios con el Estado, que es en definitiva el propietario de los recursos naturales. En este sentido, consideramos que la actual Ley de Hidrocarburos tiene muchas falencias para el desarrollo de la actividad gasífera y para promover una explotación beneficiosa de este recurso para el país. Esta Ley adolece de varias deficiencias y ha incrementado la incertidumbre y el riesgo del país a nivel internacional. En el intento de refundar YPFB, ha creado una institución completamente desarticulada y sin posibilidades de cumplir con su rol estratégico de desarrollo del sector. La distribución de los recursos del IDH no obedece a ningún criterio equitativo y está provocando confrontaciones, antes que beneficiar a las regiones e instituciones del país, pero sobre todo a su población. La ley tampoco establece mecanismos transparentes y no discrecionales para la fijación de precios en el mercado interno. Bolivia debe administrar adecuada e inteligentemente su riqueza natural, en particular los recursos del gas, y debe, por sobre todo, asegurar que los ingresos
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fiscales provenientes de esta explotación beneficien a la población y se administren en forma transparente, de manera que no ocurra como en el pasado, que los recursos naturales se explotan y se agotan y no tienen un impacto sobre el desarrollo nacional. Por ello, proponemos: •
La aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que esté dirigida a asegurar que los ingresos públicos del gas se queden en Bolivia, se distribuyan en forma adecuada y equitativa y se administren en forma transparente. Proponemos la nacionalización de los beneficios del gas.
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• • • • • •
La nueva Ley asegurará que el 50% de los ingresos del gas se transfieran al Estado en forma de regalías e impuestos, tal como ya se ha logrado después de un largo debate nacional (Campos Grandes, permiten cobrar incluso más del 50%, pero Campos Pequeños, requerirán de una tasa menor para poder seguir produciendo) y asegurar el abastecimiento interno de Diesel y GLP. Estos recursos serán administrados en cuentas especiales y transparentes, de manera que la población conozca cuánto se genera de ingresos, quién los percibe y en qué los invierte o gasta. Sin embargo, esta nueva Ley revisará los incentivos y las condiciones bajo las cuales las inversiones privadas podrán participar en la explotación de estos recursos mediante contratos justos y concertados. YPFB será una empresa pública que cumplirá el rol de administrar los contratos, asegurar que se cumpla y controle adecuadamente la explotación y comercialización del recurso y liderará toda negociación internacional de los contratos de compraventa de gas natural. La nueva ley se orientará a: • • • • • •
Lograr la seguridad energética en el mercado interno. Lograr solucionar los problemas de desabastecimiento (no más colas por GLP). Asegurar la valorización de nuestras exportaciones de gas. Convertir a los hidrocarburos en un dinamizador del desarrollo. Asegurar una gestión eficiente en el sector energético. Fomentar la industrialización del gas y la fabricación de diesel a partir del gas natural.
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•
Incentivar la apertura de nuevos mercados y la ampliación de los que actualmente se tiene. Cambiar la matriz energética del país. Conversión de todo el parque automotor público a gas natural. Ampliación de las redes domiciliarias de gas natural. Garantizar que los precios internos del gas sean menores a los de exportación, como un incentivo hacia la industrialización. Asegurar que los precios del gas natural sean competitivos en cada mercado. Para ello, YPFB, en coordinación con los productores, definirá una estrategia de precios de exportación de gas natural, que refleje precios similares para cada mercado o mercados similares, evitándose toda posibilidad de transferencia de precios en beneficio de terceros y en perjuicio del Estado. Para ello, también se evitará la multiplicación indiscriminada de intermediarios de comercialización, que disminuye el precio del gas natural en boca de pozo en desmedro de los ingresos por regalías e impuestos. Revisar los criterios de distribución de los ingresos provenientes del gas y transferirlos en función de los criterios a definirse en el marco del “Pacto Fiscal”. Estos recursos se utilizarán para cubrir gastos del Gobierno Central y de instituciones estratégicas del Estado; de las Autonomías Departamentales a través de las Prefecturas; de los Gobiernos Municipales y de las Comunidades a través de la Regalía Indígena. La ley fijará los criterios de distribución en forma transparente y establecerá la creación, a nivel de cada uno de sus beneficiarios, de cuentas especiales para el control del uso de los recursos y de mecanismos de control social.
Se espera que, en un inicio se obtengan 400 millones de dólares anuales. Estos se generarán como producto de los beneficios del gas y los mismos serán distribuidos para cumplir con las competencias que a nivel nacional, departamental y municipal se fijen en el marco de la nueva política de descentralización fiscal. Esta cifra se incrementará en la medida en que consigamos más mercados y logremos mayores inversiones.
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1.3
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ACCIONES DE LOS BOLIVIANOS EN LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS PARA GARANTIZAR SERVICIOS BÁSICOS
Como resultado del desafortunado proceso de capitalización de las empresas públicas conducido entre 1995 y 1997, se creó el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) que, de acuerdo a la Ley de Capitalización, consiste en un patrimonio autónomo compuesto por las acciones de las empresas capitalizadas que son propiedad de los bolivianos mayores de 21 años en el año 1995. Estos recursos, cuyo valor nominal alcanza a $US 1,500 millones, son actualmente administrados por las AFPs y sus rendimientos financieros se utilizan para pagar el beneficio del BONOSOL a personas mayores de 65 años. Recientemente, la Ley de Hidrocarburos transfirió parte de estos recursos a dominio de YPFB, en un proceso de expropiación de la propiedad de estas acciones. Desde 1995, cuando se creó el FCC y desde la capitalización de la primera empresa pública, estos fondos estratégicos se encuentran, en la práctica, congelados y sin ningún uso productivo, en una economía que requiere urgentemente de la inyección de capitales frescos para su crecimiento y desarrollo. Por otra parte, los beneficiarios de estos recursos, es decir la población boliviana, no ha logrado ejercer en ningún momento su derecho propietario sobre estos recursos, siendo los mismos totalmente ajenos e inalcanzables, pues se encuentran prácticamente embargados por un esquema de administración que no les permite gozar de sus beneficios. Por el contrario, la población boliviana sufre de problemas crónicos de falta de empleo y falta de acceso a servicios básicos. Muchos de los cuales, como la electricidad y las telecomunicaciones, eran antes proporcionados mediante las empresas públicas que fueron capitalizadas. Hoy en día, debido a la necesidad de generar mercados competitivos y asegurar la sostenibilidad de estas empresas de servicios, el acceso a las necesidades básicas se ha hecho más restringido y ha afectado más a la población más pobre, que no tiene la capacidad de pagar las tarifas exigidas por los operadores de estos servicios. Por tanto, proponemos:
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•
Recuperar y movilizar los recursos congelados en el Fondo de Capitalización Colectiva y utilizarlos para garantizar el acceso a servicios básicos para la población más pobre. Crearemos el Fondo del Patrimonio de los Bolivianos (FONPATRIA), con los recursos del FCC y otros fondos provenientes de la cuentas del Programa de Telecomunicación Rural (PRONTER) y Programa de Electrificación Rural (PRONER). Como ya se mencionó, el Estado garantizará el pago del BONOSOL, manteniendo el monto actual, de manera que este beneficio no sea eliminado.
•
Con los recursos del FONPATRIA se financiarán subsidios para un paquete de servicios básicos con un consumo mínimo por familia. Este paquete incluirá los servicios de: agua potable y alcantarillado; luz eléctrica; telefonía; acceso a INTERNET en escuelas, barrios y comunidades rurales; gas natural domiciliario y gas natural vehicular.
•
Para esto, se trabajará con las diferentes entidades que operan en Bolivia, desde Cooperativas hasta Empresas (ya sean públicas, privadas o mixtas). En las ciudades grandes e intermedias, donde ya existen operadores que ofrecen estos servicios, el FONPATRIA diseñará mecanismos (desde subsidios hasta inversión pública) para lograr tener tarifas sociales para las familias más pobres, de manera que todos tengan acceso a un consumo mínimo familiar en cada servicio. En el caso de localidades y comunidades rurales donde no existan operadores de los servicios, el FONPATRIA, creará los incentivos y condiciones para que existan los respectivos operadores, de manera de lograr una verdadera política de universalización de los servicios básicos en Bolivia. Se adoptarán soluciones específicas para cada situación, sin dogmas ni ortodoxias. Como resultado de este programa, se espera que un total de 1 millón de familias se beneficien de tarifas subsidiadas. Asimismo, se espera que el acceso a servicios de INTERNET se incremente a poblaciones mayores de mil habitantes, para lograr que más del 75% de la población tenga acceso al servicio de internet. Las telecomunicaciones y el acceso a la red de información global deben dejar de ser un privilegio de un número reducido de personas de ingresos medios y altos y convertirse en un medio democrático de comunicación, aprendizaje y acceso a la información y el comercio electrónico.
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1.4
MAYOR BIENESTAR EN ZONAS PERI-URBANAS MARGINALES
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• •
La pobreza urbana en Bolivia tiene su correlato espacial en las crecientes áreas peri-urbanas pobres de las principales ciudades del país, donde se destacan por el tamaño de habitantes que albergan el Plan 3000 y Villa 1º de Mayo en Santa Cruz, Zona Sur en Cochabamba, las laderas de La Paz, la ciudad de El Alto, así como zonas marginales en Cobija, Trinidad, Sucre, Oruro, Potosí y Tarija. Los bolsones de pobreza de áreas peri urbanas en Bolivia, albergan al 52,6% de la población urbana y representan al 33,6 % de la población del país. En otras palabras un tercio de la población boliviana vive en zonas urbanas marginales sin seguridad ciudadana, precarios servicios básicos, sin seguridad sobre sus derechos propietarios; es decir, con ausencia y desprotección del Estado. Los pobladores de estas zonas urbanas cuentan con escasos y deficientes servicios de salud y educación, lo que a su vez los introduce en círculos viciosos de pobreza y les impone barreras de acceso a oportunidades laborales.
•
•
• •
Desarrollar programas de mejoramiento de Barrios (Lotes con servicios, parques, etc). Desarrollar programas de capacitación y formación de la población joven de estas zonas. Desarrollar un programa agresivo de provisión de servicios públicos y subsidios de tarifas sociales en agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, telefonía e internet, gas domiciliario y gas vehicular. Construcción y mejoramiento de mercados vecinales, para tener mercados limpios, higiénicos y agradables, que mejoren el bienestar de compradores y vendedores, pero además que incida en la salud y evite enfermedades e infecciones. Creación de centros de maquila en las ciudades de El Alto, Cochabamba, así como en las zonas peri-urbanas fronterizas. Esta clase de programas son los que califican para obtener financiamiento de la Cuenta del Milenio, que actualmente Bolivia no está aprovechando y aprovechará desde enero de 2006.
1.5 Estos bolsones urbanos de pobreza se generan a partir de migraciones del campo hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades económicas y sociales y dan como resultado un proceso de urbanización de la pobreza rural que genera un alto nivel de exclusión social y económica, fruto de un conflictivo proceso de integración. En la ciudad de Santa Cruz por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano es tan dispar que en el distrito municipal 11 el IDH es 0,889 (comparable al IDH argentino) frente a un 0,737 del Distrito 8 (Plan 3000), comparable a un IDH del área rural boliviana. Terciarización de la economía urbana, aumento sostenido de la informalidad laboral, feminización de la pobreza urbana, alta concentración de los ingresos, son fenómenos que acrecientan esta imagen dual de nuestras ciudades. Con el objeto de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo en estas áreas de todo el país, no sólo en ciudades capitales, sino también en ciudades intermedias y pequeñas, donde existen barrios pobres, proponemos en coordinación con las prefecturas y municipios correspondientes: •
PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE EL ALTO
En los últimos años se ha producido un crecimiento desigual entre las regiones occidental y oriental del país, que se tradujo en una fuerte migración del sector rural a los centros urbanos, agudizando los problemas de empleo y pobreza. La migración que deriva del empobrecimiento del área rural es una expresión del estancamiento económico del altiplano norte y sur. Una de las ciudades más afectadas con este proceso es la ciudad de El Alto, donde el 78% de la población es aymara. La elevada tasa de crecimiento poblacional contrasta con los bajos índices de desarrollo humano lo que se refleja, principalmente, en la escasa dotación de servicios básicos. Por este motivo es necesario impulsar la integración económica del altiplano con el norte de Chile y el sur del Perú, para hacer de la ciudad de La Paz el centro político de la región y asegurar las condiciones para un crecimiento económico más equilibrado y armónico.
Apoyar la regularización de los títulos de propiedad de los bienes inmuebles marginales en estas zonas.
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En este contexto, proponemos el adecuado aprovechamiento de la riqueza y diversidad del norte de La Paz, para alcanzar niveles adecuados de desarrollo y, al mismo tiempo, promover su integración vial con Beni y Pando, con carreteras al Norte como eje central.
El Alto es una ciudad pionera en esta clase de iniciativas, por ejemplo ahí se iniciaron los programas de empleo (PIE y PLANE) y luego se ampliaron al resto del país, lo mismo ocurre con el Bono Esperanza que lo ampliaremos a todo el país.
Por otro lado, la ciudad de El Alto se ha convertido en uno de los centros urbanos más importantes del país y uno de los de más alto nivel de crecimiento demográfico, al ser el punto de ingreso de la población emigrante del altiplano. Sin embargo, El Alto ha tenido y tiene dificultades en brindar los servicios y condiciones necesarias a esta población, de manera que pueda asentarse adecuadamente e ingresar en el mercado de trabajo urbano. Por el contrario, esta ciudad ha ido concentrando población que subsiste en condiciones de desempleo y subempleo y no cuenta con los servicios básicos para su desarrollo.
Se desarrollará un amplio programa de mejoramiento de barrios, con asfaltado y empedrado de calles, con iluminación, con mejora de mercados, con parques y con una amplia atención de salud y educación.
Al mismo tiempo, El Alto es una ciudad de grandes potencialidades de desarrollo y crecimiento. Su vocación desarrollista llevó a sus vecinos a liderar el primer movimiento autonómico local para obtener su condición de municipio autónomo y fijar sus propios programas y políticas de desarrollo. Además, el hecho de concentrar una importante cantidad de población joven dispuesta a ingresar al mercado laboral, convierte a El Alto en una ciudad de vocación industrial y productiva. Una evidencia de esta realidad es el hecho que El Alto ya se ha convertido en la primera potencia de exportación manufacturera del país. Por eso, proponemos: •
•
La ejecución de un programa especial de capacitación y formación de la población joven de El Alto. Este programa contemplará becas e incentivos a institutos técnicos y a la Universidad Pública de El Alto, para ofrecer programas de formación en temas como administración de empresas, computación, mercadeo, idioma inglés y ramas técnicas especializadas. Este programa se desarrollará en coordinación con las diversas empresas, grandes y medianas, ya asentadas en la ciudad, para orientar la formación a las demandas de empleo calificado y semicalificado.
•
El apoyo a la creación de una oficina de promoción de inversiones de El Alto, dependiente de la prefectura con sede en la ciudad de El Alto, que se encargará de la identificación, apertura y promoción de mercados para productos de manufactura que se produzcan o se puedan producir en El Alto. Esta oficina identificará oportunidades de negocio y exportación y promoverá inversiones, tanto locales como nacionales y externas. La oficina de promoción de inversiones de El Alto proporcionará también asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas o grupos de productores, para la creación de centros de maquila y centros de organización de la producción de manera que se pueda responder a las demandas de productos de manufactura en las condiciones de cantidad, calidad y precio exigidas por los mercados de exportación.
•
Acelerar la suscripción del Tratado de Libre Comercio con países andinos y Estados Unidos, mercado que hoy absorbe 2 de cada 3 dólares que exporta El Alto y que está en riesgo.
Desarrollar, en coordinación con la prefectura del departamento de La Paz, una política especial de atención a El Alto desde el Gobierno Central, en apoyo a las gestiones que se realicen desde el nivel municipal y departamental. El programa especial de El Alto priorizará la implementación de los programas sectoriales en esta ciudad e incluirá varias iniciativas específicas orientadas a promover las potencialidades productivas y la generación de empleo en esta ciudad. El programa de provisión de servicios públicos y subsidios de tarifas sociales en agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, telefonía, INTERNET, gas domiciliario y gas vehicular, se aplicará prioritariamente en esta ciudad y se expandirá después al resto del país. De esta manera, se apoyará a la solución de los problemas de gestión de estos servicios.
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1.6
DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL TURISMO
El turismo será una de las herramientas de lucha contra la pobreza, porque genera empleo descentralizado, ayuda a la conservación del patrimonio natural y cultural y ayuda a fortalecer las medianas y pequeñas empresas. Por tanto, se implementará una política de Estado para el turismo.
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Para lograr un adecuado aprovechamiento de estas potencialidades proponemos que la política de Estado incluya lo siguiente: •
El fortalecimiento de la gestión pública del turismo mediante una adecuada relación entre Gobierno Central, prefecturas y municipios, compartiendo una visión común y recogiendo sus inquietudes.
Proponemos una estrategia nacional con medidas concretas que incentiven el crecimiento del sector, enmarcada en el respeto a nuestras tradiciones culturales y al medio ambiente, para que nos permita un desarrollo sostenible, generando empleo digno y productivo. Esta estrategia será parte de las políticas de Estado y resultará de un permanente diálogo con todos los sectores involucrados, las comunidades nativas y la sociedad en su conjunto.
•
Fortalecimiento de la relación Gobierno – Empresa Privada.
•
No debe perderse de vista que en el año 2004, se alcanzaron los 760 millones de visitantes de los cuales las Américas recibieron el 16.3 %, es decir 124 millones y Sudamérica el 12.9%, equivalentes a 16 millones de personas. Durante ese mismo año, Bolivia recibió 404.000 visitantes, que generaron un ingreso en divisas de 187 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer rubro de exportación del país, después del gas y las oleaginosas, generando 60.000 empleos.
•
Dentro del Presupuesto General de la Nación, se reforzará el financiamiento destinado al turismo, para que este sector pueda contar con los recursos necesarios para cumplir a cabalidad sus responsabilidades y pueda financiar la contraparte de créditos internacionales destinados a este sector. Propiciar un entorno competitivo, mediante la certificación y calidad de los servicios turísticos y su difusión a nivel internacional.
A pesar de la importancia estratégica de esta industria para el desarrollo del país, el sector presenta serias debilidades que deben ser encaradas en el más corto plazo, para poder optimizar la exportación del producto turístico nacional emergente de nuestras extraordinarias fortalezas, entre las que se encuentran: a) nuestros grandes recursos culturales, humanos y naturales, compatibles con la tendencia mundial; b) 8 patrimonios intangibles de la humanidad reconocidos por la UNESCO; c) el creciente interés del mercado internacional por culturas vivas (rurales y comunitarias) y naturaleza, nuevos destinos relacionados con el medio ambiente; d) los recursos naturales únicos y reconocidos internacionalmente como el Salar de Uyuni y el parque nacional Madidi y e) el extraordinario crecimiento de los flujos turísticos a sitios no tradicionales como Uyuni, Rurrenabaque y las Misiones, y la vocación turística de regiones como la Chiquitanía en Santa Cruz, el valle tarijeño con su producción de vinos de altura, el Chapare en Cochabamba y muchos otros.
•
•
Se definirá una clara estrategia de promoción del país en coordinación con la empresa privada. Reposicionar nuestra imagen turística en el exterior. Se dará prioridad a los principales destinos turísticos del país. Definir una clara política de concesiones turísticas en los parques nacionales, para operar facilidades turísticas de manera conjunta con las comunidades de la región.
Nuestra meta es superar los 800.000 visitantes anuales, 400 millones de dólares por concepto de ingresos de divisas y la generación de 120.000 puestos de trabajo directo e indirecto.
1.7
ACCESO AL CRÉDITO PARA LOS MÁS POBRES
Una de las condiciones necesarias, aunque no suficiente, para lograr mayores tasas de crecimiento económico y empleo es la de garantizar el acceso al mercado del crédito, para las PYMES en general y a la microempresa en particular. Bolivia ha logrado desarrollar una sólida industria de microfinanzas, como lo demuestra el hecho que entre las instituciones de Fomento al Desarrollo
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(ONG´s no reguladas) y los miembros de ASOFIN, conformada por los bancos y Fondos Financieros Privados, especializados en microcrédito, atienden aproximadamente 491.000 prestatarios (datos a agosto de 2005) con un crédito promedio de 2.000 dólares por prestatario. Por eso el gobierno continuará apoyando el desarrollo de las microfinanzas en Bolivia para lo que proponemos: •
Mejorar los plazos y condiciones de las líneas de crédito para el microcrédito que se canaliza a través de la banca de segundo piso (FONDESIF y NAFIBO).
•
Convertir a moneda nacional las anteriores líneas de crédito para evitar descalces de moneda y riesgos cambiarios.
•
Introducir mecanismos de seguro agrícola contra desastres climatológicos con el propósito de asegurar la calidad de sujeto de crédito al campesino y, de esta manera, contribuir a que las tasas de interés continúen reduciéndose en este sector. Asegurar una adecuada legislación para facilitar las transferencias de recursos provenientes de ahorros de bolivianos en el exterior, especialmente en España, Estados Unidos y Argentina.
•
•
Promover la aprobación de la Ley de Garantías Muebles para permitir un registro de garantías para que artesanos y pequeños productores accedan al crédito en mejores condiciones.
•
Profundizar el Programa de Mantenimiento de carreteras con microempresarios que hoy generan centenares de empleos.
•
Simplificar la normativa para la apertura de cuentas corrientes y cajas de ahorro en las instituciones reguladas de microcrédito.
•
Coordinar con los municipios rurales la liberalización de impuestos a los bienes inmuebles de las instituciones de microfinanzas que se establezcan en municipios rurales alejados.
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•
Liberar los recursos de las AFPs, que hoy financian el déficit fiscal, para que se destinen al mercado de valores, en general y al de las microfinanzas, en particular.
•
Negociar líneas de crédito y asistencia técnica ante organismos internacionales para aumentar la oferta de microcrédito en el país.
1.8
ACCESO A VIVIENDA DIGNA CON SEGURIDAD JURÍDICA
El déficit cuantitativo acumulado total de vivienda en el año 2002 alcanzaba a alrededor de 112 mil viviendas. Actualmente, si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional anual de 4% en las ciudades, este déficit se ha incrementado en alrededor de 44.200 unidades habitacionales adicionales. El déficit cualitativo, caracterizado por viviendas que presentan inadecuados materiales de construcción, insuficientes espacios e inadecuados servicios básicos, alcanza en el área urbana a más de 200 mil viviendas y en el área rural a más de 500 mil viviendas. Asimismo, alrededor de 400.000 predios urbanos son informales, ya que a pesar de estar habitados hace más de 10 años por familias, éstas no cuentan con títulos y planos de propiedad, ni con inscripción en los registros de Derechos Reales. A la fecha, se ha regularizado poco más de 70.000 predios en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, pero la informalidad en la tenencia de la vivienda continúa siendo un factor crítico. Para las familias bolivianas, el contar con una vivienda propia, digna y con derechos propietarios claros resulta un elemento esencial para su seguridad, su estabilidad y bienestar mínimo. La falta de vivienda introduce un factor de alta vulnerabilidad en las familias más pobres y constituye uno de los rubros de gasto doméstico más importantes de su supervivencia. Es por ello que buscamos darle una atención y prioridad especial a la dotación de viviendas propias a los bolivianos, buscando formas creativas de movilizar recursos y financiar proyectos. El impulso al sector de la construcción, resultante de este esfuerzo, redundará también en un importante impacto en la economía en su conjunto.
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Los pilares de la política de vivienda que proponemos incluyen: a) la disminución gradual y rápida del déficit cuantitativo y cualitativo habitacional, asegurando que la población tenga acceso a una vivienda digna y b) la seguridad jurídica del bien inmueble de los grupos de estratos de menores ingresos, con el fin de consolidar los derechos propietarios y facilitar la movilización de recursos. Para ello, nuestras principales acciones estarán destinadas a:
la existencia de un mercado de valores (capitales) que cuente con una diversidad de instrumentos es fundamental. En ese marco, proponemos una serie de iniciativas orientadas a generar un mayor número de alternativas para la intermediación financiera tales como: •
Fondos de Garantía y Sociedades de Garantías Recíprocas, para que quienes no tienen garantías pero tienen buenos proyectos puedan acceder a créditos.
•
Aval Bursátil, para aquellas empresas que requieren acudir a la emisión de bonos, pero requieren de un respaldo. De esta manera, medianas y pequeñas empresas podrán acceder a financiamiento a largo plazo y bajas tasas de interés.
Ejecutar programas masivos para el desarrollo de planes habitacionales y de vivienda destinados al financiamiento de viviendas para los trabajadores.
•
•
Ejecutar programas de mejoramiento de viviendas, mediante instituciones calificadas con experiencia en el manejo de fondos solidarios e incentivos públicos.
•
Fondos de Garantía para créditos, de tal manera que actividades que enfrentan riesgos importantes (climáticos, de precios, etc.) puedan tener un seguro para su actividad y puedan acceder a créditos a tasas de interés adecuadas. Fondos y Sociedades de Capital de riesgo, de tal manera que quienes necesitan capital y no deuda, puedan tener un socio adecuado y así hacer crecer su empresa.
•
Liberar los ahorros de los trabajadores bolivianos, que administran las AFPs para que una buena parte de ellos se destine a financiar viviendas.
•
Factores y Titularización de Contratos, para permitir que quien tiene cuentas por cobrar o tiene un contrato, pueda volverlos dinero y así mejorar su situación.
•
Aceleración y ampliación del proceso de regularización del Derecho Propietario Urbano mediante la ejecución de un programa de saneamiento y regularización de derechos propietarios a nivel urbano y peri-urbano.
•
Arrendamiento Financiero y Operativo, para que quien no puede comprar una maquinaria u otro activo de trabajo pueda alquilarlo a precios adecuados.
1.9
•
Utilización de NAFIBO y FONDESIF, como verdaderos instrumentos de desarrollo de segundo piso, incorporando actividades de comercio exterior.
•
Titularización de Vivienda, Utilización de Cédulas Hipotecarias, para lograr que se dé el crédito a la vivienda a largo plazo.
•
Desarrollar nuevos mecanismos financieros para la dinamización del sector vivienda y para facilitar el acceso a financiamientos de largo plazo para viviendas populares y medias.
•
Promover sistemas de autoconstrucción con incentivos públicos, mediante la dotación de materiales y asistencia técnica en barrios de menores ingresos.
•
PROFUNDIZACIÓN DEL MERCADO DE VALORES
Una de las condiciones más importantes para promover un crecimiento económico sostenido es la existencia de inversión. Para ello, es de suma importancia contar con mecanismos eficientes de intermediación financiera que permitan canalizar el ahorro privado hacia proyectos productivos. En este marco,
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• •
Aprobación de la Ley de Garantías Muebles, para que los equipos de trabajo y otros muebles puedan servir de garantía para obtener créditos. Creación de la Bolsa de Productos, para que los precios sean más transparentes y facilitar el comercio agrícola.
Bolivia ha realizado una costosa reforma de pensiones, que entre sus objetivos principales estaba el de desarrollar el financiamiento a largo plazo a través del mercado de valores, esto no se ha dado pues el Tesoro General de la Nación se ha prestado la mayoría de los recursos de las AFPs (que son los ahorros de los trabajadores bolivianos), por eso la importancia de la reducción del déficit fiscal para liberar estos ahorros de los trabajadores y hacer que los mismos se destinen al financiamiento a través del mercado de valores, con instrumentos como los arriba consignados.
1.10
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA Y USO PRODUCTIVO DE LA TIERRA
Uno de los problemas que mayores conflictos y confrontaciones ha provocado en los últimos años es el relativo a la tenencia y uso de la tierra productiva. Bolivia es uno de los países con mayor extensión territorial en el continente y definitivamente uno de los de menor densidad poblacional a nivel mundial. Sin embargo, un manejo inapropiado de los mecanismos de distribución y uso de las tierras productivas, ha provocado un desarrollo desigual de las regiones y una explotación también desigual de los recursos agrícolas. Mientras en el occidente se dio un fenómeno de atomización de la tenencia de la tierra en pequeñas parcelas, bajo los parámetros establecidos desde la reforma agraria que determinan que la propiedad de la tierra es inembargable, en el oriente se dio, más bien, un fenómeno de incremento de la frontera agrícola mediante grandes extensiones territoriales y desarrollo de una agricultura y ganadería exitosas. Sin embargo, mientras existen tierras a las que se les da un excelente uso y han permitido que el país incremente las exportaciones no tradicionales, genere empleo y aproveche adecuadamente este recurso tan importante, también
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es cierto que existe tierra que no es utilizada adecuadamente. Esto último, genera fenómenos de migración de la población rural y disputas sobre el territorio, que afectan directamente un uso adecuado y productivo de la tierra agrícola. Probablemente, dos de los factores más críticos que afectan al desarrollo del sector agropecuario y que se relacionan directamente con la problemática de la tierra son los que se refieren a la seguridad jurídica y el ejercicio del derecho propietario en las grandes propiedades agrícolas; y a la limitada posibilidad de acceso al crédito productivo, debido a las restricciones legales para un ejercicio pleno de los derechos propietarios en las pequeñas parcelas o en el llamado solar campesino. Mientras no se encuentren soluciones estructurales a ambos problemas, la lógica perversa de confrontación, mala distribución del territorio y limitada posibilidad de explotación productiva de la tierra persistirá tanto en oriente como en occidente. Adicionalmente, las condiciones de aislamiento y alta vulnerabilidad de las áreas rurales del país, hacen que la situación de los campesinos más pobres sea aún más crítica y de muy alto riesgo. Fenómenos naturales como sequías e inundaciones pueden generar estragos económicos que el Estado es incapaz de compensar y que cada año empobrecen más y generan mayor migración. En este marco, reconocemos como factor estratégico del desarrollo nacional, al desarrollo integral rural, forestal y agropecuario. Sobre esta base, proponemos iniciar un cambio que transforme las estructuras agrarias, sociales, políticas, económicas y productivas, en estricto respeto del medio ambiente. En este sentido, postulamos: • • • •
En lo económico, seguridad jurídica plena para quienes producen y exportan en zonas orientales. En lo político, el empoderamiento de los campesinos e indígenas originarios. En lo social, el reconocimiento de las culturas y la forma de organización de las mujeres y hombres del campo. En lo productivo, la incorporación del poblador rural en la economía nacional.
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En lo económico, la consolidación de las iniciativas dirigidas hacia el desarrollo competitivo del sector. • En lo agrario, un proceso que asegure con justicia, equidad y seguridad, la tenencia de la tierra. • En lo ambiental, el establecimiento de acciones que permitan alcanzar un óptimo y sostenible aprovechamiento de los recursos naturales renovables del país. Asimismo, para enfrentar esta problemática, proponemos realizar una revisión de las políticas, normas e instituciones que regulan la temática de la tierra, a partir de un proceso participativo que genere conciencia de los problemas y que permita la aplicación de políticas destinadas a mejorar las condiciones de distribución y uso productivo de la tierra. Para ello, proponemos:
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•
•
Dotar a los campesinos más pobres de recursos financieros mediante transferencias directas de recursos, estos recursos podrán ser en especie o en dinero. El objetivo de fondo es proporcionar recursos a las comunidades indígenas y campesinas, para que puedan mejorar su capacidad productiva y así tener mejores ingresos.
•
El programa de transferencias directas a las comunidades campesinas e indígenas será acompañado de apoyo tecnológico, asistencia técnica, formación humana, para que los servicios de apoyo productivo alcancen a la mayoría de los actores del medio rural.
•
Existen experiencias muy exitosas tanto a nivel internacional como nacional, de realizar estas transferencias directas a las comunidades campesinas. A nivel nacional, podemos citar el caso de la compensación (por el derrame de petróleo) a las comunidades cercanas al Río Desaguadero, también tenemos el caso de la dotación de carpas solares a las comunidades cercanas al Lago Titicaca.
•
Al mismo tiempo, se promoverá y fomentará el reagrupamiento del minifundio en unidades económicas productivas y competitivas.
•
Garantizar la seguridad jurídica y proteger el derecho propietario de quienes legítimamente tengan adjudicadas tierras para uso productivo
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y cumplan con la función económica social establecida en la Ley. Concertaremos con todos los actores sobre los parámetros técnicos que efectivamente definan el alcance del concepto de función económico social y revertiremos al Estado las tierras que efectivamente no cumplan con esta función. •
•
Promover la distribución y adjudicación de tierras revertidas y otras tierras fiscales dando preferencia a la población desplazada por causa de fenómenos climáticos o situación de extrema pobreza, de manera que puedan constituirse en nuevas comunidades campesinas productivas. Acompañaremos los programas de dotación de tierras con la provisión de servicios básicos que permitan asentamientos y procesos de colonización en condiciones aceptables para las familias campesinas. Se fomentará la investigación agrícola y pecuaria, en función de las características particulares de las diferentes regiones del país, buscando elevar los niveles de productividad, diversificación y valor agregado de pequeños, medianos y grandes productores, preservando la seguridad alimentaria del país y la orientación hacia las exportaciones de la producción agropecuaria.
•
Se priorizará la erradicación de la Fiebre Aftosa para viabilizar el crecimiento y la exportación de nuestra producción pecuaria, así como el apoyo para el fortalecimiento de otros sectores productivos con gran potencial como el avícola.
•
Se promoverá el aprovechamiento sostenible y productivo de la riqueza forestal, impulsando una política integral de desarrollo forestal que permita atraer inversiones hacia el sector, para aumentar las áreas certificadas con manejo sostenible, el incremento del valor agregado, así como la diversificación de nuestra producción y su orientación hacia las exportaciones.
•
Se incrementará el área bajo manejo forestal sostenible y se respetará el uso de las tierras destinadas a la producción forestal permanente. Promover la reforestación con fines comerciales, de protección, de recuperación de tierras erosionadas y captura de carbono.
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•
Acelerar el saneamiento de los títulos de propiedad con reglas claras y procedimientos transparentes que ofrezcan seguridad jurídica y garanticen la propiedad privada. Para ello, promoveremos la institucionalización y efectiva independencia de todos los órganos públicos involucrados, incluyendo las Prefecturas y Autonomías.
•
Promover un proceso gradual de concertación con las comunidades campesinas del occidente para crear procedimientos participativos que les permitan hacer uso efectivo del derecho propietario del pequeño solar campesino y las tierras comunitarias. Las comunidades y los campesinos, a través de sus usos y costumbres, podrán aceptar esquemas voluntarios de embargabilidad y hacer uso de la tierra para otorgarla en alquiler o presentarla como garantía para el crédito productivo. Con el objeto de reducir la vulnerabilidad de la producción agrícola respecto de los riesgos naturales a que están expuestos los pequeños productores campesinos, proponemos la creación de un Seguro de Protección de la producción agrícola contra fenómenos climáticos como sequías, inundaciones, heladas y otros. Este seguro se otorgará en forma subsidiada a las familias y comunidades de pequeña producción agrícola y permitirá que las mismas no se hallen completamente desamparadas, como ya se ha observado repetidamente todos los años.
•
•
•
La creación de “Cajas Comunales” en las localidades rurales para ofrecer servicios financieros a las familias y a los productores campesinos. Las cajas comunales se organizarán en forma de cooperativas con el apoyo de ONG´s y Fondos Financieros Privados que ya existen en el área rural. Estas comunidades rurales se capitalizarán con fondos comunales, aportes municipales y recursos provenientes de las regalías indígenas cuando las comunidades así lo decidan. Las cajas comunales ofrecerán servicios de transacciones financieras, ahorro y crédito para la actividad productiva. Al ser la propiedad de las Cajas Comunales parcialmente comunitaria, serán las mismas comunidades las que promuevan la otorgación y recuperación de los créditos. El acceso al crédito está restringido principalmente por la dificultad de otorgar garantías confiables y de fácil ejecución a cargo de las entidades financieras. Proponemos reglamentar el uso de garantías especiales para
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los productores rurales. Estas garantías podrán incluir alternativamente: a) la pignoración de las regalías indígenas; b) la producción agrícola debidamente asegurada y c) la propiedad de la tierra cuando las comunidades así lo decidan. Con estas iniciativas, se promoverá un flujo financiero mayor hacia la actividad agrícola y se generarán mejores condiciones a los productores, tanto individuales como comunitarios. El mejoramiento de las condiciones productivas y la provisión de servicios básicos para la población, reducirán los flujos migratorios hacia las ciudades y mejorarán las condiciones de vida en el campo.
2)
INTEGRIDAD Y SEGURIDAD: Bolivia segura, con instituciones limpias y Estado de Derecho, sin narcotráfico ni bloqueos y sin corrupción ni delincuencia. Para acabar con la corrupción, bloqueos, delincuencia y narcotráfico. 2.1
PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La corrupción en la administración pública continúa siendo en Bolivia un problema que afecta a las instituciones, les resta credibilidad y disminuye la posibilidad de brindar servicios adecuados a la población. Como resultado de la corrupción y la falta de transparencia, los servicios públicos se hacen más costosos, tanto para el Estado como para los ciudadanos. La corrupción se manifiesta en diferentes niveles de la vida social. Si bien los escándalos vinculados con grandes fraudes y abusos en los altos niveles de la administración pública y de la vida política acaparan la atención de los medios de comunicación; la corrupción también se encuentra en la vida cotidiana afectando a los ciudadanos que intentan acceder a los servicios y trámites públicos. Es también, en estos niveles, donde se practican abusos por parte de funcionarios de bajo nivel promoviendo una cultura de informalidad y afectando más a la población más pobre. Combatir la corrupción requiere de la adopción de medidas estructurales que corrijan las deficiencias de las instituciones de control del sector público
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y promuevan mayor transparencia y rendición de cuentas. Bolivia ha dado pasos significativos en el mejoramiento de sus instituciones. Los cambios introducidos en algunos niveles del Poder Judicial o los procesos de institucionalización de la Aduana, el Servicio de Impuestos y el Servicio de Caminos son una muestra de que es posible corregir problemas endémicos de corrupción con la adopción de políticas correctas.
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•
La creación de una Fiscalía especializada Anti-corrupción. Esta oficina estará a cargo de un Fiscal especializado (designado por el Presidente de una terna propuesta por mayoría calificada del Congreso), por un período de al menos 8 años. El Fiscal anti-corrupción tendrá toda la autoridad y capacidad legal para investigar y perseguir los delitos de corrupción en la administración pública. Para fortalecer su capacidad de control y de investigación, la Ley le otorgará privilegios para aplicar técnicas modernas de combate al crimen como el uso de agentes encubiertos, entregas vigiladas y la protección de denunciantes y testigos. Para evitar la creación de un poder descontrolado y el abuso de la función de esta nueva institución, se creará también un Consejo Ciudadano, con capacidad de supervisar el trabajo del Fiscal y denunciar abusos o negligencias en el ejercicio de sus funciones.
•
La creación de una Comisión Especial de Recuperación de Activos del Estado. Esta Comisión, que se creará por Ley de la República, estará integrada por: un Delegado Especial del Gobierno, el Contralor General, el Fiscal Anti-corrupción y el Director de la Unidad de Investigación Financiera de la Superintendencia de Bancos. El objetivo de la Comisión será identificar los casos de corrupción detectados por la Contraloría o mediante otras denuncias y enfocar su trabajo en la recuperación de los dineros y bienes públicos perdidos por actos de corrupción. En apego a los procedimientos judiciales, la Comisión tendrá la facultad de incautar bienes, repatriarlos y monetizarlos cuando se ha demostrado su origen ilícito. La Comisión acelerará también los procesos judiciales correspondientes de manera que los funcionarios y personas corruptas no gocen de los bienes mal habidos amparados en la retardación de los procesos judiciales.
•
La creación de Centros de Atención al ciudadano para la realización de trámites públicos. Estos centros se ubicarán en distintas zonas y barrios de las ciudades y centros urbanos y en localidades rurales, de manera que los ciudadanos ya no tengan que trasladarse a las oficinas públicas o realizar largos viajes para efectuar sus trámites. Los centros contarán con medios tecnológicos computarizados que les permitirán procesar diversos trámites, los cuales se identificarán conjuntamente con instituciones públicas, prefecturas y municipios. Estos servicios incluirán desde la expedición de documentos de identificación, pasaportes, registros
Sin embargo, estos esfuerzos son aislados, insuficientes e insostenibles, si no se continúa atacando el problema y sobre todo si no se combate la impunidad. De nada servirá promover instituciones más transparentes si, en última instancia, quienes cometen delitos de corrupción no son castigados y si el dinero, bienes o privilegios que se obtienen a través de la corrupción no son finalmente devueltos al Estado. Por ello, proponemos: •
Relanzar y fortalecer el Plan Nacional de Integridad, que como política estructural se lanzó en el año 1998 y que logró dar algunos pasos importantes en la lucha contra la corrupción y la construcción de la integridad pública. Este Plan continuará con los procesos de mejora de las instituciones, pero enfatizará especialmente la persecución y castigo a los corruptos y la atención prioritaria de los ciudadanos, para evitar que sean abusados y extorsionados en sus relaciones con las instituciones públicas.
•
La aprobación de la Ley de Investigación de Fortunas. La Ley abrirá un período de investigación de fortunas existentes y un mecanismo permanente de control del enriquecimiento ilícito, de funcionarios públicos y sus allegados. Para ello, se crearán instrumentos modernos que permitan controlar los flujos monetarios y patrimoniales de estos funcionarios públicos y sus allegados, los mismos que estarán vinculados con el sistema de declaración de bienes y rentas de funcionarios públicos implementado en el año 2001. Los registros de cuentas bancarias, valores, acciones en empresas, remesas al exterior, propiedad de bienes inmuebles y vehículos se verificarán con los registros tributarios y otros registros públicos, para determinar movimientos extraordinarios de patrimonio y casos de enriquecimiento abrupto. De esa manera, se limitará significativamente la posibilidad de acumular riqueza no justificada o utilizar “palos blancos” en el registro de bienes y dinero mal habido.
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de propiedad, transacciones, autorizaciones municipales, certificados educativos y otros. Los centros de atención al ciudadano serán otorgados, en concesión, para que sean administrados por pequeñas empresas barriales o locales, ONG´s, juntas vecinales o comunidades campesinas. Estas organizaciones podrán retener parte del costo de los trámites para cubrir sus costos de operación. Será como formalizar el trabajo de los tramitadores pero con una orientación de atención al ciudadano. De esta manera, se eliminarán las posibilidades de corrupción y las formas de extorsión con que los funcionarios públicos agreden a los ciudadanos. Se eliminarán las coimas, las colas y los malos tratos en la mayor parte de los trámites públicos. •
Mejorar la capacidad de gestión del sector público para hacerla más transparente, eficiente y orientada a resultados. En este marco, profundizaremos la implementación de la carrera administrativa incluyendo el nivel prefectural y municipal, ampliando los niveles de acceso a la carrera administrativa hasta el nivel de Directores Generales. Adicionalmente, se trabajará en la modernización de sistemas de gestión y de información, para lograr obtener las ventajas que la tecnología pueda brindar a la administración del sector público.
•
El desarrollo del gobierno electrónico para asegurar apertura y el acceso ciudadano a la información estatal. En este marco, se diseñará un sistema para hacer más transparentes las compras y contrataciones del sector público modernizando la norma básica de contrataciones e implementando modernos sistemas de información que transparenten la información y eviten corrupción en este campo.
•
Continuar con la Institucionalización de instancias gubernamentales, aplicando el Estatuto del Funcionario Público, para profesionalizar funcionarios, ampliando su alcance a todas las entidades descentralizadas y autónomas.
•
Modernizar los sistemas de control interno de la gestión gubernamental así como fortalecer la función fiscalizadora de la Contraloría de la República, de manera de lograr un monitoreo efectivo de la gestión estatal.
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CERO TOLERANCIA AL DELITO: MOVILIZACIÓN CIUDADANA CONTRA LA DELINCUENCIA
Una de las mayores preocupaciones ciudadanas, en nuestro país, es el tema de la seguridad. Los bolivianos nos sentimos vulnerables ante el crimen y percibimos que nuestra integridad física y patrimonial se encuentra constantemente amenazada. Este sentimiento de inseguridad proviene, por una parte, de la percepción de que la delincuencia se ha incrementado y, por otra, de la idea compartida de que las autoridades y el Estado no tienen la capacidad de respuesta adecuada para enfrentar, prevenir y castigar a los delincuentes. Ante estos temores, se han incrementado los casos en que los vecinos se han organizado para defenderse por sí mismos de los delincuentes y, en muchos casos, han decidido tomar la justicia en sus manos a través de linchamientos y otras situaciones de descontrol. La ola delictiva y de violencia afecta más a las poblaciones más pobres y se hace presente en las zonas de concentración urbana que cuentan con menos servicios y con menor capacidad de control y vigilancia de los organismos de orden público. Más aún, ya se han presentado en el país varios casos vinculados con bandas criminales organizadas, que incluso involucran a los propios organismos de seguridad pública. Las estadísticas oficiales muestran, que después de una débil disminución, la criminalidad se incrementó a partir del año 2004: alrededor de 2.000 atracos anuales se reportaron los años 2003 y 2004; más de 3.700 homicidios fueron perpetrados en la gestión 2004. Aumentó el número de pandillas juveniles. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro se han convertido en las ciudades con mayor presencia de esos grupos juveniles violentos. El año 2003 se identificaron un total de casi 990 pandillas en todo el territorio nacional, sobresaliendo los casos de Oruro y La Paz, donde entre 2002 y 2003 se incrementaron en 44% y 25%, respectivamente. Entre 2001 y 2004 se cometieron cerca de 8.000 violaciones, estupros y abusos deshonestos. El nuevo Código de Procedimiento Penal, a pesar de ser un avance importante en la modernización de nuestro sistema de justicia, ha demostrado una excesiva permisividad a favor de los delincuentes. Debido a una aplicación poco comprensible de las “medidas cautelares”, a ojos de la población, las nuevas
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reglas del proceso criminal permiten que los delincuentes permanezcan en libertad, para continuar actuando en medio de una impunidad casi total. Peor aún, las mismas cárceles se han convertido en centros de operaciones de los delincuentes. Nuestras cárceles resultan ser un castigo inhumano para personas pobres que han cometido delitos menores que, muchas veces, no cuentan ni con sentencia, mientras no representan ningún castigo para criminales adinerados y poderosos a quienes no se les priva de ningún tipo de privilegio, aún cuando han sido condenados por delitos graves. Por eso, proponemos: •
Una política de “cero tolerancia” al delito mediante una movilización social y ciudadana contra la delincuencia. Para ello, fortaleceremos a los órganos de seguridad ciudadana y promoveremos la creación de unidades especializadas de lucha contra el crimen. Estas unidades recibirán una atención especial y recursos para profesionalizar agentes públicos, que se especialicen en actividades de investigación y persecución del crimen.
•
En materia de prevención, proponemos la creación de Brigadas Vecinales de Vigilancia, las mismas que recibirán el apoyo del Estado mediante capacitación, equipamiento y apoyo logístico, de manera que los vecinos puedan, en forma ordenada y conforme a la Ley, contar con mecanismos efectivos de control en sus barrios, articulados a redes policiales de atención inmediata que puedan atender casos delictivos en forma más oportuna y efectiva.
•
El castigo justo y efectivo para los delincuentes es la mejor política preventiva del delito. Se introducirán reformas en el Código Penal y en el régimen penitenciario destinadas a la acumulación de penas y al cumplimiento de la condena, en delitos graves, bajo un sistema cerrado y absolutamente carente de privilegio alguno. Proponemos un régimen penitenciario severo de reclusión para los asesinos, violadores, asaltantes violentos y miembros de “organizaciones criminales”. Naturalmente, los delitos menores serán beneficiarios de políticas destinadas a la reinserción social de los condenados. Aquellos presos que muestren buen comportamiento, que estudien o trabajen podrán reducir sus penas.
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•
Se desarrollará una agresiva política de combate al contrabando, fortaleciendo la capacidad fiscalizadora y de control de la Aduana Nacional.
•
La protesta social es un derecho democrático que se debe preservar y ejercer en el marco de las leyes. Lamentablemente, en los últimos años grupos radicales y de diversos intereses políticos han abusado de estos recursos hasta convertirlos en formas de violencia y agresión a los ciudadanos. El bloqueo es una forma de violencia que debe ser regulada, sobre todo en aquellos casos en los que los abusos alcanzan a agredir a quienes intentan distribuir alimentos y medicamentos entre la población afectada. Proponemos emitir y aplicar severamente regulaciones para penalizar con reclusión el bloqueo de alimentos, medicinas, ambulancias, combustibles, y el corte de servicios básicos como agua, energía eléctrica y distribución de gas. Asimismo, se penalizará a quienes utilicen explosivos u otro tipo de armas durante las protestas sociales.
•
La continuación de una lucha efectiva contra el narcotráfico. Reconocemos que el narcotráfico es un delito que afecta directamente a las familias bolivianas. Los índices de consumo de drogas, en nuestro país, se han incrementado dramáticamente, por ejemplo el consumo de clorhidrato de cocaína en los últimos 5 años se ha incrementado en un 12% y el de pasta base en 89%. Por tanto, este problema ha dejado de ser algo ajeno a nuestra sociedad. Continuaremos aplicando una política de interdicción y control de la actividad del narcotráfico en todas sus etapas.
•
También priorizaremos los planes de rehabilitación y de reinserción para quienes han tenido la mala fortuna de caer en el consumo de la droga.
•
Mantenemos el concepto central de que el Desarrollo Alternativo es para reemplazar la economía ilícita que genera la coca. Para esto proponemos tres estrategias: i)
Estrategia Exportadora, donde se definen tres rubros fundamentales: Banano (Incremento de Superficie de 6.107 hectáreas, con valor
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de ventas de 41 millones de U$, beneficiando a 2.400 familias); Piña (Incremento de Superficie de 2.500 hectáreas, con valor de ventas de 3.200.000 U$, beneficiando a 1.820 familias) y Palmito (Incremento de 10.000 hectáreas de cultivo, con valor de ventas de 9.600.000 U$, beneficiando a 6.862 familias).
•
ii)
Estrategia de mercado interno, generalizar el consumo del banano, naranja-mandarina en hospitales públicos, cuarteles y cárceles; así como en el desayuno y merienda escolar.
iii)
Estrategia de Industrialización, que implica: Red de gas para el Chapare, para reducir los costos de producción. Promulgación de la Ley de Zona Económica Especial para el Chapare. Uso del Ritex, para las asociaciones de productores campesinos exportadores. Norma para el uso de fruta natural, que mejore e incentive la demanda por fruta natural, como materia prima de productos elaborados (jugos, jaleas, golosinas y otros). Industrias claves, fomentando e incentivando a las industrias en el Chapare (Planta procesadora de concentrados de cítricos). Industria de fertilizantes, que a partir de los insumos con los que cuenta Bolivia para producirlos, se permita un acceso competitivo para los productores, incrementando el rendimiento de los cultivos.
La reestructuración y modernización de la Policía Boliviana, que incluya: a) la profesionalización especializada del personal en las actividades de orden y seguridad pública, investigación criminal, control y seguridad vial; b) la redistribución geográfica del personal policial tomando en cuenta indicadores de población y criminalidad; c) la incorporación de más efectivos policiales y d) la dotación de equipo y tecnología para el desarrollo de sus operaciones.
•
Complementariamente, para fortalecer la capacidad administrativa y logística de los servicios de seguridad pública, se delegará la autoridad del manejo y administración de los servicios de seguridad a los órganos autónomos del nivel departamental.
•
En el caso de las Fuerzas Armadas, debemos proyectar un cambio trascendental para poder entregar a la patria una institución moderna, con una renovada concepción desde su personal, su material, pasando por su doctrina y preparación; tratándola con la mayor transparencia. 471
Nuestras Fuerzas Armadas se modernizarán con el más alto nivel de credibilidad, compuesta por un personal ético y moralmente calificado, capaz de enfrentar los cambios sociales en los nuevos escenarios para garantizar la paz, la seguridad y el bienestar de la Nación, en sujeción al poder político legalmente constituido, respetando las libertades y los derechos fundamentales de las personas. En el país, hace falta incentivar una atmósfera democrática de relación civil-militar, como marco apropiado para legitimar permanente y sosteniblemente el papel de las FF.AA. logrando una cultura estratégica y pluralista que contribuya al desarrollo del país. •
Bolivia no puede sucumbir frente al crimen y los ciudadanos no podemos sentirnos inseguros y atemorizados. La seguridad de nuestras familias es el bien público más valioso que el Estado debe garantizar. Nuestra sociedad ha sido siempre y debe seguir siendo una sociedad pacífica y segura. Recuperaremos la libertad de transitar por las calles sin temor a ser asaltados o atacados y la tranquilidad de vivir en nuestros hogares sin sentirnos amenazados.
3)
BOLIVIA CORAZÓN DE SUDAMÉRICA: Bolivia orgullosa, corazón integrador físico, energético y comercial de Sudamérica y presente en el Pacífico. Para acabar con anillos y enclaustramiento. 3.1
BOLIVIA CORAZÓN DE SUDAMÉRICA
La política exterior boliviana obedece a criterios de una política de Estado y por tanto de consenso. Responde a los intereses nacionales permanentes y tiene la obligación de interpretar la realidad nacional. Por tanto, nuestra política exterior debe estar íntimamente referida a la realidad nacional con sus diversas particularidades y con su especial ubicación geográfica. Es obligación de nuestra diplomacia el identificar esas oportunidades y aprovecharlas para atender de mejor manera las acuciantes necesidades bolivianas. La ubicación privilegiada de Bolivia, como centro del continente sudamericano, no ha sido aprovechada en nuestro beneficio, ni el uso de nuestros recursos naturales nos ha servido como ventaja para mejorar nuestra posición 472
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en el contexto internacional. En los últimos años, la errática política internacional que Bolivia condujo a indefiniciones respecto del tema de exportación del gas, nos han conducido a un proceso progresivo de aislamiento y desintegración en relación a los países vecinos.
Bolivia es el corazón geográfico del continente sudamericano y debe convertirse en el corazón económico. Proponemos hacer de Bolivia el corazón de integración de energía: •
Haciendo que el Estado recupere la facultad de liderar y dirigir la negociación de mercados y precios del gas y garantizado las condiciones de seguridad jurídica para atraer inversiones en el campo energético. Proponemos una política agresiva para exportar gas y energía termoeléctrica a todos los países vecinos. Mejoraremos los precios de nuestro gas para acercarlo a los niveles internacionales. Cuantos más compradores del gas tengamos mayores serán nuestras posibilidades de fijar precios mejores para nuestro beneficio.
•
Retomaremos el diálogo con Chile para negociar nuestro acceso al mar y recuperar nuestra cualidad marítima con soberanía. El diálogo con Chile deberá ser sin exclusiones, con una agenda de intereses económicos mutuos, amplia y sin restricciones. Estamos convencidos que ambos países ganan de un acuerdo estructural que tenga una visión de integración y pase por la solución del problema marítimo. Más que una política de “gas por mar”, estamos convencidos que es posible obtener “gas con mar”, en la medida que Bolivia se posicione en forma más efectiva como una nación abierta al comercio y a la integración regional.
•
Completaremos las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los países andinos. Este Tratado es fundamental para Bolivia, por una parte las ventajas comerciales que conseguimos en el Gobierno de Tuto, para los productos andinos, denominado ATPDEA concluye el 2006, por otra parte las exportaciones de textiles, joyería y otros que se efectúan desde La Paz y El Alto hacia Estados Unidos, no podrían mantenerse si Bolivia queda al margen de este acuerdo. Asimismo, las exportaciones de soya hacia los países andinos también tendrían dificultad en mantenerse, en caso de quedar marginados del acuerdo. En ambos casos las caídas en generación de divisas y en empleo serían nefastos para el país. Bolivia es una de las economías más abiertas del mundo, con aranceles bajos (entre 0 y 5% para bienes de capital y 10% para bienes de consumo). Por tanto, los acuerdos de libre comercio sólo pueden beneficiarnos al abrirnos nuevos mercados, que repercutirán
El tema marítimo es, por supuesto, una prioridad para el país, pero su solución no pasa por el discurso demagógico ni por las declaraciones en foros internacionales. El acceso de Bolivia al mar pasa por una política proactiva de largo plazo, con continuidad entre gobiernos bolivianos y sin el abuso político del tema. En los últimos dos meses el precio del gas natural en Estados Unidos (Henry Hub) ha llegado a US$ 13.9 por millar de BTU (el costo de llevar el gas hasta allá es de máximo US$ 3), mientras que Bolivia vende en la actualidad a la Argentina y al Brasil a un precio de US$ 2,30. Esto nos muestra los perjuicios que ha sufrido Bolivia por las indecisiones y por el enclaustramiento en que se encuentra. Mientras vendemos gas a precio “solidario” a la Argentina, importamos de Argentina diesel caro. Es necesario revertir esas asimetrías. Mientras tanto, nuestros vecinos vienen alcanzando logros a costa de Bolivia. Así tenemos que Chile consiguió la Secretaría General de la OEA, Argentina nos compra gas y lo revende a Chile más caro, Perú está avanzando en llegar al Pacífico con el proyecto de gas de Camisea. Pero lo más preocupante para Bolivia, es la posibilidad de que Perú construya un gasoducto hacia Chile, lo cual puede inviabilizar cualquier exportación de Bolivia al Pacífico y cualquier posibilidad de tener un acceso soberano al mar, en la franja entre Perú y Chile, a través de la cual pasaría este ducto. La aparición de la propuesta del “anillo” energético impulsado desde países como Venezuela, Argentina, Brasil y Chile, es la muestra más preocupante del descuido de nuestra política exterior. Se trata del aislamiento geográfico de nuestro país y materialmente de la construcción de un cerco que impedirá a Bolivia acceder a un territorio que nos facilite el acceso soberano al mar. Además, eliminará nuestra enorme ventaja comparativa de ser una de las fuentes energéticas estratégicas de la región y nos someterá a un manejo multilateralizado de las políticas de comercialización del gas.
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en mayor empleo y crecimiento. Por estas razones, es que perfeccionaremos los acuerdos de complementación existentes e impulsaremos acuerdos de Libre Comercio con Europa y Asia y otros países de nuestro continente. Estos tratados son fundamentales para mantener los mercados que ya tenemos y nos darán la oportunidad de promover un crecimiento constante de nuestras exportaciones, contribuyendo a la sostenibilidad del aparato productivo, promoviendo la inversión privada y proyectando una diversificación industrial. •
•
Una de las funciones prioritarias del Servicio Exterior será promover nuestras exportaciones, defender los mercados existentes y las ventajas arancelarias conseguidas. Nuestro patrimonio cultural es fuente de nuestra identidad y manifestación de nuestra historia como país y por ello, daremos suma importancia a fomentar una cultura de preservación y uso del patrimonio de la Nación. Además, se afirmará nuestra identidad cultural en todas sus dimensiones, otorgando amplio reconocimiento a las manifestaciones culturales y tradiciones de nuestros pueblos indígenas. Se apoyarán todas las manifestaciones culturales y se fomentará el desarrollo de artistas y artesanos para que puedan difundir sus creaciones más allá de nuestras fronteras. Como una manera de fomentar la cultura y el desarrollo artístico, en nuestro país, se creará un Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes (FONART) cuya finalidad será el financiamiento de proyectos artísticos y culturales.
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necesarios de inversión pública para concluir los principales corredores de exportación, que a su vez son una condición necesaria para consolidar el Estado nacional. Adicionalmente, la inversión pública en el sector de infraestructura tiene un importante efecto multiplicador en la economía y en la generación de empleos. Esto último, no sólo durante el periodo de construcción, sino posteriormente en la fase de mantenimiento de caminos, especialmente si esa tarea se encarga a micro y pequeñas empresas. La experiencia del pasado así lo confirma. El programa de gobierno prioriza en el área de infraestructura la conclusión, en unos casos, y el inicio, en otros, de los siguientes corredores de exportación: Corredor Este – Oeste, Corredor Oeste – Norte, Corredor Oeste – Sur, Corredor Central – Sur, Corredor Norte – Sur, además de otros proyectos complementarios para un total de 4,704 Km. y con un costo aproximado de 1,600 millones de dólares, para lo cual se incrementará el presupuesto actual del sector en 100 millones de dólares anuales. •
Corredor Este – Oeste (Brasil – Bolivia – Chile – Perú): Este corredor comienza en Puerto Suárez y vincula las poblaciones de Roboré, San José de Chiquitos, Paraíso, Cochabamba, Caracollo, Patacamaya hasta llegar a Tambo Quemado. Tiene tres ramales, dos en el oriente: San Matías-San Ignacio-San Javier-Puente Banegas y Roboré-Puerto Suárez, y uno en el occidente desde Caracollo-Oruro-Toledo-AncaraviHuachacalla hasta llegar a Pisiga. Vincula las ciudades de La Paz, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, se constituye en el eje troncal del país porque aglutina aproximadamente el 70% de la población y en su trayecto se encuentran el 90% de las empresas más importantes y permite la vinculación de los Océanos Pacífico y Atlántico con puertos en Perú, Chile y Brasil.
•
Corredor Oeste – Norte (Perú – Bolivia - Brasil): El Corredor Norte está conformado por la zona amazónica, con inmenso potencial en productos como madera, castaña, frutas y ganadería. Actualmente, los caminos de la Red Fundamental de la zona son en su mayoría de tierra y ripio, no existen puentes que permitan la vinculación con Perú y Brasil. Este Corredor se inicia en la población de Río Desaguadero del
Promoveremos una nueva imagen internacional de Bolivia como el corazón energético del continente y como el reservorio natural de una riqueza y diversidad cultural, biológica y geográfica que está al alcance del mundo y que le ofrece hospitalidad. 3.2
INFRAESTRUCTURA VIAL Y CORREDORES DE EXPORTACIÓN
Uno de los factores que más afecta la competitividad del país, son los altos costos de transporte para acercar la producción a los mercados tanto nacionales como externos. Por ello, es imprescindible asegurar los recursos
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74 Km.; Zudañez – Ipati entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz con un costo de 99,96 millones de dólares para 335 Km.; Puente Arce-La Palizada entre los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz con una inversión de 44,5 millones de dólares para 181 Km.; Paracaya-Aiquile en el departamento de Cochabamba con una inversión de 24 millones de dólares para 148 Km.; Nareuda-Extrema en el departamento de Pando con un monto de 23 millones de dólares para 76 Km.; Trinidad-Puerto Ustárez en el departamento del Beni con un monto de 77,1 millones de dólares para 210 Km.; Isiri Villamontes en el departamento de Tarija con un monto de 30 millones de dólares para 70 Km.; Huanuni-Bombo Llallagua entre los departamentos de Oruro y Potosí, Villa Tunari – San Ignacio de Moxos entre los departamentos de Cochabamba y Beni con un costo de 56 millones de dólares para 140 Km.; y Porvenir-El Choro en el departamento de Pando con una inversión de 57,88 millones de dólares para 142 Km.
departamento de La Paz y termina en Guayaramerín del departamento del Beni, cuenta con tres ramales; el primero a partir de QuiquibeyYucumo- Rurrenabaque-El Choro-Riberalta-Guayaramerín. El segundo, comienza en Rurrenabaque-San Buenaventura, Ixiamas-Puerto HeathPorvenir-Cobija (Pando). Finalmente, el tercero se bifurca desde El Choro-Peña Amarilla-Puerto Rico-Porvenir (Pando). •
•
•
•
Corredor Oeste – Sur (Chile – Perú – Bolivia – Argentina): El Corredor Oeste – Sur, tiene su importancia por vincular los países del Pacto Andino con los del MERCOSUR, potenciará la ruta turística y comercial al Salar de Uyuni, se espera una fuerte absorción de mano de obra debido a que la zona es una de las más deprimidas del país. La ejecución de estas obras está orientada a incrementar el ingreso de los habitantes del lugar. Este Corredor se inicia en la población de Río Desaguadero y termina en Bermejo, Tarija. Permite la vinculación caminera con puertos del Perú, Chile y el norte de la Argentina. En el país vincula las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija. Corredor Central – Sur: Este Corredor supone un enlace del sur del país a los puertos del Pacífico (Chile), conectándolos con el Paraguay. La carretera en su mayor parte es de tierra, conecta zonas turísticas, mineras y la principal reserva hidrocarburífera del país. Este corredor no cuenta con estudios de preinversión que permitan avanzar con la ejecución de los proyectos. Por esta razón, se deben financiar los estudios de preinversión y posteriormente, la ejecución de los tramos. Corredor Norte – Sur (Argentina – Bolivia – Paraguay): Este Corredor cuenta con todos sus caminos pavimentados, simplemente falta el tramo Boyuibe - Fortín Villazón con un costo de 17,5 millones de US$ para 70 Km. Proyectos complementarios a los Corredores: Dentro de la Red Vial Fundamental de Bolivia existen carreteras que no pertenecen a los Corredores de Integración, el costo de inversión de estos caminos asciende a 479 millones de dólares para 1,414 Km. Su importancia radica en la vertebración caminera dentro del país por zonas, con potencialidades económicas importantes, los tramos son: Palos Blancos – Caraparí en el departamento de Tarija con un costo de 30 millones de dólares para
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•
Priorizaremos la construcción del ramal ferroviario Motacusito-Puerto Busch y la construcción de Puerto Busch, para consolidar una salida soberana a aguas internacionales, que nos permita mejorar la competitividad de nuestro comercio exterior y la disminución de los costos de acceso de la producción a los mercados internacionales.
•
Finalmente, como un compromiso especial en respuesta a una necesidad tanto económica como de seguridad en nuestras carreteras, como de mejoramiento de los estándares de servicio de nuestras rutas principales, promoveremos la construcción de la doble vía de la carretera La Paz – Oruro, para su posterior extensión hacia todo el corredor Este – Oeste que concentra el mayor tráfico vehicular de nuestras carreteras.
En el caso de estos proyectos, muchas de las obras no se terminarán en nuestra gestión. Sin embargo, estarán iniciadas y con financiamiento comprometido. Priorizaremos el mantenimiento adecuado de carreteras, porque sale más barato que reconstruirlas y también ahorra recursos a los usuarios de las mismas. Para ello, así como se lo hizo el 2001 en la gestión de Tuto, asignaremos este mantenimiento a microempresas, para apoyar a estas empresas y generar más empleo.
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4)
RESPETO Y PROTECCIÓN SOCIAL: Educación, salud y deporte. Inclusión sin discriminación para mujeres, indígenas, jóvenes y bolivianos en el exterior. Para reducir la pobreza y acabar con la discriminación. 4.1
MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN Y SALUD, CON DEPORTE
Bolivia ha logrado avances muy importantes en el mejoramiento y cobertura de los servicios de educación y salud en la última década. Los programas de reforma de los sistemas educativos y de salud han permitido expandir estos servicios para atender cada vez a una mayor cantidad de población. A pesar de ello, los niveles de cobertura no son todavía los más adecuados y la calidad de los servicios necesita de urgentes mejoras. En materia educativa, gracias a la reforma educativa se ha logrado incrementar la cobertura de educación primaria a un 97%, entre otras acciones debido a la educación bilingüe. No obstante estos logros, aún se tiene mucho por hacer. Por un lado, la cobertura de educación inicial es muy baja y la de secundaria apenas llega al 47% de los niños y jóvenes en edad escolar. Además de este problema de acceso, existen también problemas relacionados con un alto índice de deserción y abandono escolar. Actualmente, sólo el 75% de los alumnos inscritos llega a completar el octavo de primaria y sólo el 43% de quienes iniciaron su educación llegan a completar el cuarto de secundaria. Existe todavía necesidad de mejorar la calidad de la educación que se imparte y mejorar la atención de los niños en clases. Finalmente, debemos destacar el logro que significó el haber asegurado los 200 días de clases anuales, así como dotar a maestros y alumnos de los materiales e infraestructura necesarios para desarrollar la actividad educativa. Sin embargo, es necesario garantizar los 200 días de clases cada año e incrementar la dotación de materiales y mejorar la infraestructura escolar. En materia de salud, a pesar de los avances logrados en la creación de redes de servicios y programas que aseguran prestaciones básicas para la población más pobre, todavía el sistema de salud no ha podido llegar al total de la población y sigue adoleciendo de problemas de calidad y de financiamiento sostenible. A ello se suma que el 85% de la población económicamente activa desarrolla sus actividades en la economía informal, lo que le impide realizar aportes a sistemas de seguridad social y se encuentra en estado de desprotección.
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Como resultado, Bolivia continúa siendo el segundo país con mortalidad más alta en América Latina. Estos índices son aún peores en algunas regiones rurales del país, en Potosí y Oruro, donde los indicadores de mortalidad son incluso mayores a los que se encuentran en países pobres del África. El problema no parece estar vinculado sólo a la falta de recursos, pues actualmente Bolivia invierte en promedio 67 dólares por habitante al año, cifra que aunque está por debajo del promedio latinoamericano podría ser utilizada de forma más eficiente.
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•
La creación de un sistema de ahorro e inversión para el fomento de la educación superior con emisión de Bonos emitidos por el TGN que se ofrecerán a los padres de familia como planes de financiamiento a mediano plazo. Cuando los hijos alcancen la edad universitaria, los Bonos podrán ser redimidos para cubrir los costos de su educación superior.
•
La adopción de un nuevo modelo sanitario autonómico departamental. Este nuevo modelo enfatizará la calidad de la atención y la ampliación de la cobertura geográfica, con énfasis en las zonas rurales. En este esquema, se ejecutará el nuevo modelo de atención con salud familiar, comunitaria y nutricional de competencia municipal. Las prestaciones podrán ofrecerse a cargo de centros públicos y privados y contarán con sistemas de control social a cargo de los usuarios.
•
La creación del Seguro Solidario de Salud, que ofrezca paquetes de acceso universal en función del perfil epidemiológico nacional. Este Seguro Universal no sólo dará cobertura a las principales enfermedades como las urgencias domésticas, los problemas gastrointestinales, respiratorios, bronquiales, de hipertensión, diabetes y otros, sino que incluso otorgará insumos y medicamentos según se requiera. De esta manera se podrá incorporar a todos los sectores de la población boliviana, como empleadas domésticas, transportistas y campesinos que no tenían acceso a un seguro básico de salud.
Los niños de familias pobres, en especial en el área rural, han dejado de asistir a las escuelas para trabajar en las calles y ayudar a sus familias. Los jóvenes en barrios populares han ingresado en el mercado laboral sin oportunidades de empleo y sin ningún tipo de capacitación que les permita ser más competitivos. Para mejorar la situación descrita, proponemos: •
Ejecutar un programa masivo de bonos de atención escolar y nutrición dirigido a niños de familias pobres en las ciudades y en el campo a través de la expansión del Bono Esperanza. Las familias más necesitadas que tengan niños en edad escolar podrán inscribirse en el programa y recibir una subvención directa del Estado. Las madres recibirán un pago de Bs 50 trimestral por cada niño que asista al colegio, siempre que demuestren que sus hijos asisten a sus controles médicos y continúan asistiendo regularmente a la escuela.
•
Ampliar la cobertura del Desayuno Escolar a todas las escuelas del país y adicionar una merienda escolar. Esto tiene un doble propósito, el de incentivar la asistencia escolar y el de mejorar la atención y aprendizaje de los alumnos, con el insumo de alimentos.
•
Nutrición para el desarrollo. Se buscará la disminución de la desnutrición crónica de los menores de cinco años con la distribución de micronutrientes a toda la población infantil, comprendida entre los seis meses y tres años.
•
Implementar premios e incentivos para los alumnos que demuestren disciplina e interés en su formación educativa. Se entregará un premio especial de Bs 800 cada año, al mejor alumno de cada curso en todo el país. Se instaurará una Beca de Estudios Superiores de Bs. 9,600 (Bs. 800 mensuales) para el mejor bachiller de cada escuela pública, de manera de garantizar la continuación de sus estudios superiores.
•
Asignar mayores recursos para cubrir nuevos ítems de Salud y Educación, para atender la necesidad de más maestros y médicos. Así como se hizo con el alivio de deuda conocido como HIPC, ahora se volverá a asignar recursos adicionales para incrementar 10 mil ítems de maestros y 2 mil de médicos y enfermeras.
• •
Se impulsará la creación de programas especiales para el apoyo educativo, extracurricular, de niños que así lo requieran.
Crear el Bono de salud para incentivar el parto seguro y la atención de los recién nacidos. Toda madre del área rural que tenga su parto en un centro de salud, recibirá un bono de 80 bolivianos. Todo niño y niña
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que cumpla su esquema completo de vacunación en el área rural recibirá un bono de vacuna de 80 bolivianos. El deporte como factor de desarrollo La práctica del deporte promueve el desarrollo integral de las personas, independientemente de la edad y condición socioeconómica, porque desarrolla valores humanos, promueve la salud forjando niños, niñas, jóvenes y adultos vigorosos y equilibrados; para que aprendan que su cuerpo es un material valioso que debe ser modelado, trabajado para hacerlo instrumento óptimo para lo que se propongan. A través del deporte y la educación física podemos reconocer el valor del esfuerzo y del logro, aprender a trabajar en equipo y ser cada vez más competentes y competitivos en todas las actividades de la vida cotidiana. La práctica del deporte es un factor clave para elevar el nivel de bienestar social, la integración social y comunitaria; por ello, consideramos que el deporte es prioritario en la formación de las personas ayudando a los niños, niñas y jóvenes a alejarse de la violencia y del pandillaje, del alcoholismo y la drogadicción, permitiéndoles adquirir conciencia del valor y respeto que merece su cuerpo, del valioso tesoro que es la salud.
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•
Excesiva concentración del deporte en los municipios capitales de departamento.
•
Insuficiente normativa legal para el deporte.
Necesidades •
Considerar al deporte como elemento de inversión social y no de gasto.
•
Mayor reconocimiento y atención del Estado al deporte.
•
Mejoramiento de la legislación en el ámbito del deporte.
Acciones específicas •
Promover el desarrollo del deporte competitivo a través del fortalecimiento de las federaciones deportivas.
•
Implementar un programa de fomento a deportistas destacados.
•
Fortalecer la educación física y el deporte escolar.
•
Capacitar y actualizar a los recursos humanos del deporte y la educación física de manera sistemática.
Diagnóstico •
Poca utilización del deporte como vehículo para promover valores humanos y modelos sociales.
•
Implementar un programa de mejoramiento de la gestión técnica y administrativa de los entes gubernamentales del deporte.
•
Escasa utilización del deporte para la sana ocupación del tiempo libre y como medio de prevención de males sociales.
•
Promover la incorporación de los municipios en el quehacer deportivo del país.
•
Poco empleo del deporte como mecanismo de promoción, protección, prevención y rehabilitación.
•
Revisar y proponer mejoras a la normativa legal vigente.
•
Escasa importancia de educación física en el ámbito escolar. Las desfavorables condiciones ligadas a males sociales, debido al poco empleo de la actividad física como mecanismo de promoción, protección, prevención y rehabilitación.
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•
Incipiente capacitación y actualización de entrenadores y profesores de educación física.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
Bolivia es un país machista. A lo largo de los años, la división de labores y el acceso a las oportunidades ha favorecido siempre a los hombres por su sola condición de género. Si bien existen antecedentes socio-culturales que explican algunos rasgos patriarcales de nuestra sociedad, las prácticas y conductas de exclusión y discriminación de la mujer han tomado dimensiones preocupantes.
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El problema de discriminación de género ha asumido características mucho más complejas en nuestra sociedad. Las diferencias socio-económicas han agudizado los fenómenos de discriminación y de exclusión de la mujer provocando la existencia de grupos poblacionales doblemente marginados y discriminados. Se trata de las mujeres indígenas en el campo y en las ciudades que no sólo son explotadas por su condición de género, sino también por su condición étnica y su situación de pobreza.
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60 por cada niña de familia pobre que asista regularmente a la escuela. Asimismo, los premios a los mejores alumnos se incrementarán a Bs. 1,000 para las niñas (en vez de Bs. 800) y la Beca para educación superior se incrementará a Bs. 10,400 (en vez de 9.600) para las jóvenes mujeres que egresen como mejores alumnas de las escuelas públicas. •
Ampliar los programas de salud reproductiva y sexual, con énfasis en la prevención del embarazo adolescente. Para ello, se establecerán redes de cooperación con organizaciones y programas que ya trabajan sobre este tema y se fomentarán transferencias de recursos específicas hacia los Gobiernos Municipales y Prefecturas que prioricen estos programas en sus planes de inversión pública.
•
Crear una oficina especial en el Ministerio de Trabajo encargada de promover el trabajo de mujeres y supervisar que no se practiquen tratos discriminatorios contra la mujer en materia laboral. Para ello, se fijarán multas significativas a los empleadores que discriminen a las empleadas mujeres, así como procedimientos efectivos de denuncia e investigación de estos casos.
•
Complementariamente, crear mecanismos que faciliten la aplicación de las normas laborales en beneficio de las mujeres. Con los recursos del Seguro de Riesgo Común, se financiará el costo de los beneficios laborales de pre y post natal, para ayudar a que los empleadores cumplan con esta obligación y que la misma no sea motivo de discriminación de las madres en los centros laborales. Asimismo, se emitirán las normas necesarias para permitir la contratación por horas de madres con hijos menores, para que ellas también puedan trabajar y apoyar a sus familias. Implementar una política de discriminación positiva en el acceso al empleo público. Como parte de la aplicación de las políticas de institucionalización de las entidades públicas, se fomentará la contratación de mujeres para que cumplan funciones profesionales y jerárquicas en la administración pública. Nuestro objetivo hasta el final de la administración es alcanzar a que un 25% de las posiciones profesionales y de dirección de la administración pública esté a cargo de mujeres. Esta política tendrá, además, un énfasis particular en promover el acceso de mujeres indígenas.
En materia laboral, por ejemplo, se ha verificado que ante un mismo tipo de trabajo, las mujeres en el área urbana reciben sólo el 54% y, en el área rural, un 43% de remuneración respecto a un varón. En materia de servicios públicos, la incidencia de indicadores de inasistencia y deserción escolar afecta más a las niñas y de manera aún más dramática a las niñas indígenas. El acceso a los servicios de salud pública ha mejorado en los últimos años, pero todavía permanece muy por debajo de los promedios internacionales afectando más, nuevamente, a las madres de origen indígena. Finalmente, un importante porcentaje de la población femenina indígena está empleada en trabajos domésticos en condiciones muy poco aceptables, sin normas laborales claras y sin mecanismos de seguridad social. Todo este cuadro de evidente discriminación del 50.7% de la población boliviana, se ve agravado por el problema de la violencia doméstica. Este fenómeno afecta a las mujeres de todos los estratos socio-económicos de nuestra sociedad. En muchas familias, las mujeres son maltratadas, golpeadas y extorsionadas por sus propias parejas y son víctimas que se someten a esta situación ante la inexistencia de oportunidades y alternativas de tipo laboral y de subsistencia. Hasta hoy el Estado poco ha podido hacer para corregir este problema. • Por ello, nuestra propuesta busca promover una política explícita y proactiva que promueva los derechos y las oportunidades de las mujeres. Estas políticas tendrán un patrocinio especial desde la Vicepresidencia de la República. Para ello, proponemos: •
Introducir un sesgo explícito pro-mujer en los programas sociales y de acceso a la educación y salud ya descritos. Específicamente, el Bono Esperanza que beneficiará a familias de niños pobres en edad escolar con Bs. 50 mensuales por asistencia a la escuela, se incrementará a Bs.
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•
Promover el control social y mecanismos de denuncia contra la violencia doméstica y crear una red de protección con refugios, albergues y apoyo económico para que las mujeres maltratadas puedan independizarse. Estos mecanismos se crearán mediante una alianza pública y privada entre entidades del Estado, ONG´s y otros organismos ocupados de este tema. Se buscará trabajar con Iglesias y Clubes de Madres, para crear condiciones que permitan una atención inmediata de mujeres y niños que sean maltratados, proporcionándoles condiciones básicas de subsistencia temporal y mecanismos de reinserción social permanentes.
•
Se aumentará el número de refugios temporales destinados a mujeres maltratadas y niños desamparados.
•
También se incrementará el número de hogares permanentes para grupos vulnerables de la sociedad (niños huérfanos, abandonados o maltratados y adultos mayores). Asimismo, se mejorarán las políticas de adopción para posibilitar que más niños puedan encontrar un hogar estable.
•
El seguro subsidiado de salud y protección para las empleadas domésticas. Este seguro no tendrá costo para las empleadas y recibirá un subsidio del Estado. Sólo se exigirá el cumplimiento de requisitos mínimos de atención y la seguridad de un trato laboral justo a las mujeres que desempeñen servicios domésticos en los hogares bolivianos.
La mujer es la base y sostén de nuestras familias. No debemos, como sociedad, descuidar el trato justo y la protección de la mujer. Una participación activa y no discriminada de la mujer en la actividad económica y productiva permitirá mejorar los niveles de vida de toda la población y hará más efectivas las políticas públicas de desarrollo económico y social.
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a la cultura, a la región y a la raza. La división de los estratos sociales, el establecimiento de las relaciones sociales, la asignación de las relaciones de mercado y empleo, y la distribución del poder político están étnica y racialmente diferenciados. El 60% de la población boliviana se considera de origen indígena y de pertenencia a alguna de las naciones y etnias que conforman la diversidad cultural boliviana. Buena parte de esta población pertenece y conserva prácticas y costumbres comunitarias de convivencia, de actividad económica y de protección social. El Estado nacional ha establecido categorizaciones sociales y políticas que han excluido a estas comunidades y pueblos indígenas y las han limitado en su acceso al poder político y a una participación más activa en la economía. El 74% de la población originaria vive en condiciones de pobreza y el 51% de esa población vive en condiciones de extrema pobreza. La discriminación y exclusión de la población de origen indígena se ha convertido en una práctica habitual en nuestro medio. Sus posibilidades de progreso y movilidad social son excesivamente limitadas y los indicadores de desigualdad son particularmente desfavorables. Entre la población que tiene empleo, un empleado indígena recibe en promedio un 50% menos de retribución que un empleado no indígena, en la mayoría de los casos por causas únicamente de discriminación. Adicionalmente, las comunidades originarias y los campesinos en Bolivia mantienen un rezago estructural para competir con la población urbana mestiza. Los años de escolaridad promedio de la población originaria alcanzan a sólo 5.9, mientras el resto alcanza a 9.6 años. Actualmente, cerca del 31% de los niños de origen indígena entre 9 y 11 años trabajan para ayudar a sus familias, comparado con sólo el 8% de los niños no indígenas.
El período colonial culminó con una propuesta de Estado-Nación inconcluso debido a diferentes aspectos. Bolivia tiene una división altamente diferenciada del trabajo. Esto establece una fragmentación creciente de la sociedad con estratificaciones no sólo vinculadas a las de la clase social, sino también
Claramente, la sociedad boliviana no ha sabido integrar y ofrecer las oportunidades de desarrollo con equidad y ello ha llevado a incrementar la brecha de diferencias que se refleja en todos los aspectos de la vida social. Más aún, el Estado nacional no ha logrado eliminar elementos de su legislatura que establecen que los derechos civiles estén diferenciados étnica y racialmente. Recientemente, con la emergencia de los movimientos sociales vinculados a reivindicaciones de los pueblos originarios, muchas de estas falencias se han empezado a corregir. Hoy en día la representación política se ha ido haciendo
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4.3
INCLUSIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS CULTURAS INDÍGENAS
"OPINIONES Y ANÁLISIS"
más equitativa, tanto a nivel de los Gobiernos locales como del Parlamento Nacional. Sin embargo, si se quiere corregir el problema en forma estructural, es necesario aplicar políticas mucho más agresivas y explícitas para beneficiar y privilegiar a las poblaciones despojadas que son la mayoría. Para ello, proponemos la construcción de un Estado multicultural solidario que resuelva desde lo estructural las dos aspiraciones que demandan los pueblos originarios en Bolivia: la inclusión social y económica y la autodeterminación política. En este sentido, proponemos: •
•
•
Otorgar el derecho propietario jurídico de la tierra de forma “comunitaria” para permitirle a las comunidades originarias acceder al crédito bancario. La colectividad decidirá según sus formas de ordenamiento social, el destino de su tierra y sus recursos. Además, se promoverá la dotación y saneamiento de tierras a las comunidades indígenas. El reconocimiento de las formas de organización originarias (Ayllus, Markas, Capitanías y Centrales Agrarias) como parte de la estructura política del Estado mediante la creación de los Municipios Indígenas y/ o el fortalecimiento de las TCOs, en el marco de las autonomías departamentales. Esto significa que los Mallkus, Jilakatas y Capitanes pasarán a ser sujetos de la Gestión Pública y serán electos mediante los mecanismos tradicionales y consuetudinarios. En las secciones municipales y mancomunidades, cuya población así lo decida mediante referéndum democrático, los municipios indígenas podrán nombrar a sus autoridades municipales en aplicación de sus usos y costumbres y recibirán los recursos de coparticipación y las transferencias del Diálogo 2000, así como sus propias contribuciones tributarias. Se administrarán en forma autónoma y podrán realizar inversiones en las actividades comunitarias según sus propias prácticas y costumbres. Se gestionará la transferencia directa de recursos a esas comunidades para su uso en actividades productivas, mediante la creación de la Regalía indígena proveniente de los recursos de la explotación del Gas. Un monto aproximado de 50 millones de dólares anuales se transferirá directamente a las comunidades debidamente registradas y podrá utilizarse en el apoyo a sus actividades de producción y de desarrollo comunitario.
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•
La penalización de los actos de discriminación por razones de orden étnico como una política explícita para limitar los abusos y las prácticas racistas todavía existentes en nuestra sociedad.
•
La aplicación de una política de discriminación positiva para el acceso al empleo público, así como incentivos tributarios a las empresas que apliquen estos criterios de discriminación positiva en la contratación de empleados de origen indígena. Nuestro objetivo será que al final de la administración se logre que un 25% de los empleados públicos sean de origen quechua, aymara o tupi-guaraní y que los niveles de retribución de este segmento de ciudadanos sean equivalentes a los del resto de la población. La ejecución de un programa de incentivos para incrementar la escolaridad y promover la educación técnica y superior de la población campesina. Se ofrecerán becas especiales para estudiantes campesinos y se exigirá a las universidades públicas y privadas, dotar de las facilidades necesarias para promover los estudios de jóvenes que llegan del campo.
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Incorporar las prácticas consuetudinarias a la legislatura según pertenencia étnica. Reconocimiento y promoción de las costumbres sociales originarias en la legislatura diferenciada según el origen cultural e institucionalización de la justicia comunitaria, facilitando su ensamblaje con la justicia ordinaria y con los “mecanismos alternativos de resolución de conflictos”.
Creemos que la diversidad es una riqueza de la sociedad boliviana y que la integración y la convivencia con respeto y tolerancia son requisitos para nuestro desarrollo equilibrado. Ejecutaremos una política explícita de promoción de los derechos de la población indígena y buscaremos su inclusión equitativa en la vida nacional.
4.4
BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR
Desarrollaremos una política de activa promoción y protección de los bolivianos en el exterior. Esta será una estrategia de Gobierno coordinada e
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integral, una acción responsable y urgente a este olvido del Estado. Pretendemos crear una estrategia de Gobierno mediante la constitución de un Viceministerio en la Cancillería que funcionará como “Ventanilla Única”, para la atención del ciudadano boliviano en el exterior. Los servicios consulares deben asignar una alta prioridad en este tema, a fin de que nuestros compatriotas gocen de una atención eficaz, oportuna, transparente y de calidad utilizando una red virtual consular y la puesta en marcha del consulado móvil. Promoveremos la aprobación de un Estatuto de los ciudadanos bolivianos en el mundo que sistematice los derechos y garantías aplicables a los emigrantes y establezca las obligaciones que corresponden a la administración pública. Asimismo, facilitaremos la documentación de identidad a todo boliviano, permitiéndole ejercer plenamente su nacionalidad. Dicho esfuerzo se completará con la atención y facilitación de trámites a jubilados y rentistas que viven en el extranjero en la cobertura de sus pensiones y un ambicioso proyecto para precautelar a los estudiantes y universitarios que residen en otros países. Asimismo, se crearán mecanismos financieros ágiles y baratos que permitan que las remesas de dinero de y hacia los bolivianos en el exterior se faciliten, con acuerdos interbancarios y tarjetas de débito prepagadas.
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4.5
Debido a la desatención de los programas sociales y de protección, en éste último período la población más pobre se ha hecho cada vez más vulnerable y no ha contado con una atención suficiente de parte del Estado. Los trabajadores en edades cerca de la jubilación han perdido sus fuentes de trabajo y han quedado desprotegidos, sin empleo ni acceso a una jubilación temprana. Por ello, proponemos: •
Mejorar y ampliar el Plan de Empleo de Emergencia PLANE; dirigido a jóvenes y mujeres desempleados. El PLANE continuará ofreciendo oportunidades temporales de trabajo en varias actividades, vinculadas cada vez más al sector productivo. Adicionalmente, como parte del PLANE se ofrecerán becas de capacitación a los jóvenes y mujeres desempleados, de manera que mientras participan del programa mejoren sus posibilidades de encontrar empleo permanente contando con mayor calificación. Esperamos ofrecer al menos 50,000 puestos temporales de trabajo por año durante los próximos 5 años.
•
Reactivar y ampliar el programa de Jóvenes Contra la Pobreza, a través del cual, los graduados de carreras técnicas y profesionales de nuestras Universidades públicas y privadas, podrán brindar servicios en los municipios alejados y obtener así sus grados académicos. Este programa tuvo un gran impacto cuando se aplicó en 2001 y será ampliamente replicado para fortalecer la capacidad de gestión de nuestros municipios.
•
Consolidar el pago de una pensión mínima nacional para toda la población boliviana mediante el Bonosol. Para pagar este beneficio, se requieren decenas de millones de dólares al año, que los ingresos del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) no están en capacidad de cubrir (en los últimos años se ha generado menos de 50 millones en este Fondo). Por tanto, y reconociendo que este es un derecho ya consolidado a favor de nuestros mayores, el TGN garantizará la totalidad del pago del Bonosol, manteniendo el monto actual, como una pensión mínima nacional.
•
Protección a adultos mayores que no tienen un envejecimiento saludable y digno. Existe un alto grado de maltrato, marginamiento y exclusión sin respetar sus derechos fundamentales a acceder a vivienda,
Promoveremos la aprobación de la legislación necesaria para garantizar el ejercicio del voto boliviano en el mundo. Nos comprometemos a realizar todas las acciones necesarias para que en la próxima elección, los bolivianos que residen en el extranjero puedan emitir su voto según establece la Constitución. Pondremos en marcha el programa “Navidad en familia”, facilitando el retorno temporal de los bolivianos residentes en el exterior durante las fiestas de fin de año. Crearemos el Viceministerio de Asuntos de Bolivianos en el Exterior e instalaremos oficinas consulares en barrios del extranjero donde exista concentración importante de nuestros compatriotas. Gobernaremos para todos los bolivianos, dentro y fuera de nuestras fronteras.
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PROTECCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES
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alimentación, trabajo, seguridad social, salud y educación. Por eso, proponemos mejorar la calidad de vida del adulto mayor, con programas como la defensa jurídica del anciano maltratado, capacitación, liderazgo y recuperación de su autoestima, velar por una atención en salud oportuna, precisa y un trato digno, y crear albergues para ancianos abandonados. •
•
“Generación Sándwich”. Una de las consecuencias negativas de la Ley de Pensiones ha sido el surgimiento de la denominada “Generación Sándwich”, que son personas no tan mayores como para tener acceso a la jubilación, pero tampoco tan jóvenes como para tener tiempo de poder ahorrar hacia una jubilación digna. Son personas que aportaron al sistema antiguo de pensiones, pero que la Ley no les reconoce adecuadamente sus aportes. Los problemas que enfrentan son diversos y dependiendo el grupo se pueden encontrar soluciones diferentes, en ese sentido se trabajarán e implementarán diferentes propuestas para solucionar este problema social ocasionado por la Ley de Pensiones. PODEMOS implementará todas las tareas necesarias para que el SENASIR cambie su pesada estructura burocrática y pueda cumplir con la entrega de la compensación de cotizaciones, en tiempo más eficiente respecto de su trabajo actual. Crear oportunidades para la población indigente. Alrededor de 10.000 indigentes que viven en las calles de las principales ciudades de nuestro país están expuestos al hambre, miseria, alcoholismo, drogadicción y un alarmante nivel de maltrato social, psicológico y físico. Para sacarlos de la pobreza y darles oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, se crearán incentivos económicos y de capacitación que promuevan procesos de reinserción social y laboral mediante su incorporación activa en la vida laboral.
•
Protección y ayuda a las personas con capacidades especiales, mediante una política agresiva para atender a este sector. Trabajaremos para lograr insertarlos en el campo laboral, realizando aquellas actividades en las que puedan desempeñarse adecuadamente.
•
Se realizará un control adecuado del pre natal, durante el parto y postnatal para disminuir la incidencia de las discapacidades relacionadas con el sistema neurológico, evitándose parálisis cerebrales infantiles.
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•
Se realizará una transferencia gradual de la administración de la Lotería Nacional a las personas con capacidades especiales.
•
Emprender jornadas de registro civil gratuito para que todas las personas indocumentadas reciban certificados de nacimiento y cédulas de identidad en forma gratuita, de manera que todos los bolivianos tengan su documento de identidad.
El Estado debe ser garante de un bienestar mínimo para toda la población y debe proporcionar protección a los más vulnerables. Hasta ahora, Bolivia no ha podido desarrollar este tipo de programas debido a su alto costo fiscal y las dificultades de su implementación. Creemos que es tiempo de cambiar las políticas sociales y cumplir con esta responsabilidad social. El mundo y los organismos acreedores deben comprender la situación social en Bolivia y darnos un respiro para atender a nuestra población pobre, permitiendo que recursos hoy utilizados para pagar la deuda externa, se usen dentro del país. El uso de estos recursos, que actualmente salen de nuestra economía, tendrá a su vez un alto impacto económico, pues incrementará la capacidad adquisitiva de la población y la demanda interna. Todos nos beneficiaremos a través de estos programas.
5)
NUEVO ESTADO CON CONSTITUYENTE Y AUTONOMÍA: Autonomías solidarias con Constituyente para la gente: El ciudadano decide. Para acabar con la politiquería y el centralismo. 5.1
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO CON UN SISTEMA POLÍTICO RENOVADO
El sistema político y la democracia pactada que prevalecieron en Bolivia durante los últimos 20 años han cumplido su ciclo y han colapsado. Bolivia necesita un nuevo pacto de convivencia entre las diferentes clases y grupos sociales; entre regiones y personas de diferentes orígenes étnico-culturales. El nuevo pacto social debe reconocer y respetar los derechos de mujeres y hombres; de los jóvenes, adultos y de la tercera edad, así como de los grupos especiales. La Constitución Política del Estado (CPE) debe expresar todos esos derechos, intereses y obligaciones. Y al mismo tiempo, renovar los mecanismos
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de representación política, de participación social y de resolución de conflictos, de manera que, en todo momento, se preserve la unidad territorial y política de la Nación. El país debe replantear sus instituciones, ponerlas al servicio de la gente y, por esa vía, recuperar la autoridad del Estado.
en el desarrollo entre el campo y las ciudades, así como entre las regiones fuera del eje central, se han acentuado y continúan acentuándose con el paso de los años. La pobreza urbana, por ejemplo, se redujo de 53% a 39% entre 1992 y 2001, mientras la pobreza rural se redujo apenas del 95% al 91%.
Garantizamos la instalación de la Asamblea Constituyente dentro del primer semestre de 2006 y el apoyo total para su desarrollo durante un período de 12 meses. En el marco de ese escenario de debate nacional, proponemos incluir una serie de cambios, que se detallan en el proyecto de Constitución de PODEMOS, que será presentado separadamente, aquí sólo rescatamos los cambios principales para lograr un profunda reforma del sistema político:
Actualmente, el Gobierno Central administra cerca del 73% del total de presupuesto nacional, mientras las prefecturas manejan el 11% y los municipios el 16%. Con la Participación Popular y la Ley del Diálogo 2000 se dieron pasos significativos en pro de la descentralización por la vía municipal, pero estos avances no han alcanzado al nivel intermedio de Gobierno, las Prefecturas, donde no existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas y se reproducen los males del cuoteo y la prebenda a cargo de los gobernantes de turno.
•
La segunda vuelta electoral directa entre los dos candidatos, con mayor número de votos, a Presidente, Prefecto y Alcalde, para que sea la ciudadanía la que con su voto elija a sus autoridades. Así se renueva el sistema político y se tiene mayor legitimidad en la representación ciudadana y mayor gobernabilidad para los poderes del Estado. De esa manera, se acaba el cuoteo y el contubernio, otorgando el poder de decidir a la gente.
•
Elegir a la totalidad de los diputados, asambleístas departamentales y concejales municipales en circunscripciones uninominales. Sólo así se elegirá a representantes genuinos, se desecharán las componendas y las designaciones a dedo de las cúpulas políticas y se garantizará que cada uno de estos representantes rinda cuentas a sus electores.
•
Eliminar la intervención de los partidos políticos en la designación de los miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y demás magistrados y jueces del país, introduciendo control y participación social en los procesos nominativos.
5.2
AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES CON UNIDAD POLÍTICA, SOLIDARIDAD ECONÓMICA E INCLUSIÓN SOCIAL
El centralismo es uno de los males del sistema institucional boliviano que ha impedido un desarrollo regional ordenado y equitativo. Las diferencias
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El nivel intermedio está llamado a ser responsable por la planificación y ordenamiento territorial, por el desarrollo económico y social de los departamentos; a velar por la seguridad y protección de las personas y bienes, a encarar obras de infraestructura de carácter regional, a fomentar la extensión agrícola y el fortalecimiento de sus municipios. A diferencia de otros países, Bolivia sólo ha dado pasos en la descentralización de los gastos, mediante transferencias fiscales a los Gobiernos locales y administraciones departamentales. Por el lado de los ingresos, sólo descentralizó a favor de los municipios el cobro del impuesto a las propiedades inmuebles y de vehículos; las Prefecturas sólo tienen ingresos por regalías y ningún ingreso propio que dependa de su gestión, provocando una excesiva dependencia de las transferencias del gobierno central y una completa disociación entre sus contribuciones tributarias y los servicios públicos de su competencia. Para corregir estos problemas estructurales, entendemos que las Autonomías Departamentales son el mejor medio para acercar las decisiones públicas hacia los ciudadanos y complementar la descentralización municipal que debe también fortalecerse. Para ello, proponemos: •
Que el proceso autonómico se inicie inmediatamente después de la elección de prefectos de diciembre de 2005, cuando cada una de las regiones cuente con un interlocutor válido y legítimo para acordar los términos en los cuales se profundizará la descentralización.
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•
Conformar Gobiernos Autonómicos empoderados con autoridad y responsabilidades claras así como con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Los alcances de la autonomía se reflejarán en Estatutos Autonómicos formulados a nivel departamental y convalidados por el Congreso Nacional. Cada departamento podrá emitir sus propias normativas en el marco de estas competencias y contará con los mecanismos necesarios para su aplicación y administración.
•
Constituir Asambleas Departamentales, que tendrán funciones normativas y de supervisión de la gestión Prefectural. Las Asambleas se conformarán con representantes electos a nivel de las provincias y se encargarán de darle la visión de largo plazo al desarrollo regional, así como vigilar la correcta administración de recursos y bienes públicos por parte del Gobierno Departamental.
•
Concertar un “Pacto Fiscal” a través de una revisión global de la estructura de ingresos y gastos del país. Con este acuerdo, se identificarán las competencias y responsabilidades que se transferirán a los Departamentos Autónomos, así como los recursos necesarios para el cumplimiento de dichas competencias. No se transferirán competencias sin recursos, ni recursos sin competencias, en una estricta aplicación del principio de neutralidad fiscal.
•
Establecer una sola regla de distribución y coparticipación tributaria, transparente y no discrecional para todos los impuestos nacionales, de manera que todos los impuestos sigan un criterio uniforme de distribución entre los tres niveles de gobierno y que no existan impuestos que beneficien a un solo actor. Cada región será co-responsable, con el gobierno central, de la recaudación de impuestos nacionales y un porcentaje de estos impuestos se quedará directamente en la región que recauda, de esta manera, las regiones que contribuyan más, gozarán de los beneficios de sus recaudaciones de manera directa. Adicionalmente se aprobará y otorgará autonomía para el cobro de otros impuestos de alcance departamental. Del total de las rentas nacionales (descontado lo que se quede en cada región), una parte servirá para sostener los gastos y competencias del Gobierno Central y el resto se distribuirá entre las regiones mediante un criterio de distribución que tome en consideración
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cuatro variables: a) población; b) pobreza; c) extensión territorial y d) un porcentaje fijo departamental. •
Un sistema de compensación e incentivos, financiado con recursos nacionales y recursos provenientes de cooperación internacional. Este fondo se utilizará con tres objetivos: a) equilibrar los presupuestos departamentales en aquellas regiones que no tengan acceso a recursos de regalías e impuestos departamentales; b) compensar a las regiones de menor desarrollo económico, mediante la transferencia de recursos adicionales condicionados a la expansión de su infraestructura económica y social y c) otorgar transferencias adicionales como incentivo a la regiones que mejor desempeño tengan en el ejercicio de sus competencias y que cumplan con las metas de desarrollo económico y social. El principio rector que proponemos para el mecanismo de compensación, es que ninguno de los Departamentos reciba menos recursos de los que actualmente recibe una vez se complete la transferencia.
•
Un proceso modular y diferencia de aplicación de las Autonomías Departamentales. Las regiones, a través de sus autoridades electas, podrán establecer y acordar con el Gobierno Nacional, una vez aprobado su Estatuto Autonómico, el ritmo en el cuál están dispuestas a recibir las nuevas competencias. Aquellas regiones que así lo decidan, podrán asumir sus nuevas responsabilidades y recibir los recursos en forma inmediata; mientras las regiones que así lo soliciten, podrán beneficiarse de programas de asistencia técnica y fortalecimiento antes de asumir las nuevas responsabilidades.
Como resultado de la aplicación de esta política, esperamos que el 60% del Presupuesto Total Nacional sea de dominio departamental y municipal. El Gobierno Central, por su parte, se reducirá drásticamente y se convertirá en una instancia eminentemente normativa; de diseño de políticas y de control de la calidad de los servicios públicos; así como en la instancia que asegurará el desarrollo armónico de todas las regiones, compensará a aquellas que más lo necesiten y garantizará el desarrollo equilibrado del país.
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5.
FINANCIAMIENTO Y RESULTADOS ESPERADOS DE NUESTRA PROPUESTA
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segundo en hacerlo. Eso demuestra que cuando se hicieron las cosas de forma adecuada, con la dirección de Tuto, nuestro país se pudo beneficiar de esta clase de programas.
Financiamiento de la propuesta Durante los últimos años, Bolivia ha incrementado significativamente sus niveles de endeudamiento externo. A causa, o bajo el justificativo, de la crisis fiscal y la insuficiencia de los ingresos tributarios, se ha recurrido a la contratación de préstamos millonarios con organismos internacionales, deteriorando el perfil de endeudamiento público que se había logrado mejorar hasta mediados de 2002. Así tenemos que, de 4.226 millones de dólares de deuda externa se ha incrementado a 4.829 millones de dólares; es decir, un incremento de 603 millones de dólares. A diferencia del pasado, sin embargo, una parte muy importante se ha destinado a cubrir gastos corrientes y pagar salarios a la burocracia del Estado, mientras entre el 2000 y el 2002, en medio de una profunda crisis externa que tuvo que afrontar el gobierno de Tuto, sólo se recibió apoyo presupuestario (gasto corriente) por menos de 80 millones, entre el 2003 y 2004, en medio de una bonanza externa, el apoyo presupuestario alcanzó a US$ 568 millones. Adicionalmente, buena parte de estos nuevos préstamos, fueron contratados en condiciones particularmente onerosas para el país. Uno de nuestros principales acreedores es la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyas condiciones crediticias significan que los costos de servicio de este endeudamiento se encuentran muy por encima del que Bolivia pueda acceder a través de otros organismos como el BID y el Banco Mundial.
Esta nueva iniciativa tiene un impacto limitado para el país, porque la deuda con estos dos organismos (FMI y BM) es a largo plazo y con tasas de interés bajas. Por tanto, el servicio de deuda (pago de intereses y de capital) anual es de 94 millones de dólares año, de manera que la condonación de esta deuda significaría en los próximos 5 años un monto de US$ 470 millones. Países Africanos, que no han sido tan exitosos como Bolivia, se beneficiarán de una condonación de sus bancos regionales, mientras que en el caso de Bolivia no se incluye la deuda de los bancos regionales. Cuando se consiguieron los anteriores alivios de deuda, Tuto encabezó las gestiones internacionales para que todos los acreedores alivien la deuda de nuestro país. Con Tuto como presidente, garantizamos que los bancos regionales participen de esta iniciativa de condonación de deuda. Para Bolivia resultará de mucho mayor impacto alcanzar un acuerdo similar con organismos como el BID, la CAF, FONPLATA y el resto de acreedores, pues el impacto de esa condonación alcanzaría a US$ 1.435 millones en los cinco años. Proponemos desarrollar una agresiva política de negociación de nuestro endeudamiento para lograr la condonación total de la deuda externa, esto significaría tener un alivio financiero para Bolivia de US$ 1.905 millones en los próximos 5 años, lo que significa un alivio promedio anual de US$ 381 millones, según se demuestra en el siguiente cuadro:
Afortunadamente, una reciente decisión del grupo de países más desarrollados del Mundo, ha aprobado una iniciativa para la eliminación de la deuda de países pobres con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Bolivia puede acceder a esta iniciativa en la medida que se cumpla como ya se hizo en el pasado – con HIPC I de 1998 y el HIPC II de 2001 con Tuto Quiroga - con ciertas condiciones de elegibilidad y un adecuado desempeño de la política económica y social. Es necesario recordar que de 38 países que podían acceder al Alivio de Deuda (HIPC), sólo 18 alcanzaron a beneficiarse. De estos 18, Bolivia fue el
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Este alivio, no será sólo por cinco años, sino que se extenderá por más de 20 años, disminuyendo paulatinamente su monto después del décimo año.
En el ámbito del sector privado, se cuentan con recursos de liquidez en el sistema financiero, de alrededor de US$ 1,000 millones a la espera de ser destinados a inversiones productivas, además que con la reducción del déficit fiscal se liberarán como US$ 100 millones anuales de recursos que el Tesoro General de la Nación (TGN) dejará de prestarse de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Bancos y demás intermediarios financieros.
Una segunda fuente de financiamiento de nuestra propuesta es la Cuenta del Milenio, iniciativa de Estados Unidos para los países pobres, que a pesar de ser Bolivia elegible, hasta ahora no se ha avanzado en concretar proyectos, con una adecuada negociación, y presentando un programa serio como el que proponemos y con el liderazgo de Tuto, podemos llegar a beneficiarnos con unos 400 millones de dólares en los cinco años de gestión; es decir, un promedio de 80 millones al año. Mientras en los anteriores alivios de deuda, bajo la conducción de Tuto, Bolivia fue el segundo país en beneficiarse, en el caso de la cuenta del Milenio, mientras otros países ya concretaron proyectos el 2004, Bolivia se encuentra muy rezagada, corriendo el riesgo de perder esta oportunidad. Para garantizar la sostenibilidad financiera de las políticas propuestas, hemos identificado y estimado responsablemente los recursos adicionales, tanto en el ámbito público como en el privado, con los que el país contará para asegurar la ejecución exitosa de nuestro programa. En el ámbito del sector público, las fuentes de recursos adicionales con las que contaremos en los próximos cinco años incluyen: a) los beneficios de la explotación y exportación del gas, US$ 400 millones por año; b) el incremento en los ingresos fiscales mediante una mayor transparencia e institucionalización de las entidades de recaudación (Impuestos y Aduana) que permitirá reducir la evasión y el contrabando, US$ 50 millones por año; c) el acceso a los recursos de la Cuenta del Milenio, US$ 80 millones por año; d) la negociación para alivios adicionales de deuda externa, tanto en el ámbito de la iniciativa impulsada por los países desarrollados de condonación de la deuda contraída con el Banco Mundial, como la realización de una agresiva negociación para ampliar la condonación a los otros acreedores del país como BID, CAF, FONPLATA y otros bilaterales, US$ 381 millones por año. Todo ello implica una expectativa realista de acceder a un total de US$ 4,500 millones en 5 años, adicionales a los recursos que habitualmente dispone el sector público. El uso de estos recursos estará cuidadosamente asignado a través de los programas descritos y vigilado en forma transparente para asegurar que no se utilice en gastos corrientes de la burocracia ni se maneje discrecionalmente por los funcionarios públicos.
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Con la implementación del Plan se logrará recuperar las inversiones productivas no sólo en sectores tradicionales como la minería (San Cristóbal, San Bartolomé y El Mutún), en hidrocarburos (para exploración, explotación), agropecuarias e industriales (soya, madera, textiles, soyero, maderero, etc.), en energía (para generación y transmisión) y en telecomunicaciones, sino que se crearán las condiciones para las inversiones de micro y pequeñas empresas, con elevado potencial de creación de empleos, para abastecer tanto al mercado doméstico como a los mercados externos, mediante la implantación del Sistema de Fomento Productivo. Del lado del sector público se fortalecerán las inversiones en infraestructura carretera, integrando las empresas y personas con los mercados nacionales e internacionales, a costos más bajos y las inversiones de apoyo a la producción, principalmente en áreas de desarrollo rural (como riego, tecnología de producción, desarrollo de semillas, sanidad, etc.). El incremento de las inversiones productivas y de apoyo a la producción permitirá retomar mayores tasas de crecimiento económico, de una forma más sostenible y que incorporen mayor valor agregado. De esta manera, lograremos romper el círculo vicioso creado por la desafortunada reforma del sistema de pensiones y la capitalización. Los dos grandes fondos de ahorro disponibles en nuestra economía, el Fondo de Capitalización Individual (FCI) y el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), ambos administrados por las AFPs, podrán finalmente movilizarse para usos productivos y de beneficio para toda la economía. Con la condonación de la deuda externa, el TGN podrá liberar y dejar de utilizar los recursos del FCI para financiar su déficit, liberando esos recursos para financiar iniciativas productivas privadas. Al mismo tiempo, con la garantía del pago del Bonosol, por parte del TGN, se liberarán los recursos del FCC que se los destinará al desarrollo de servicios públicos. Se trata de una movilización simultánea de recursos en inversiones del sector público y privado que tendrá un impacto inmediato en crecimiento y generación de empleo.
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económico no superará el aumento de la población boliviana, con el consecuente deterioro de los ingresos y condiciones de vida de la población boliviana. No se crearán condiciones para promover las inversiones privadas necesarias para impulsar el crecimiento económico y el incremento del déficit fiscal presionará a la reducción de las inversiones públicas en los sectores sociales, de infraestructura y de apoyo a la producción. Además, la necesidad de financiar el creciente déficit fiscal, con recursos domésticos, reducirá la disponibilidad de los mismos para utilización en inversiones productivas de grandes, medias, pequeñas y microempresas nacionales. La inflación se mantendrá en niveles del 5%. Este escenario, con la tendencia actual y sin el Programa de PODEMOS, evitará acelerar la reducción de la pobreza y por tanto, no se podrá avanzar en los diferentes indicadores sociales con los que el país se ha comprometido con el mundo, a través de las metas del Milenio. Este escenario se presenta en los siguientes cuadros:
Resultados esperados En los últimos años, el crecimiento de la economía se ha estancado en niveles de 3%, muy similares al crecimiento de la población (2.7%), que son insuficientes para mejorar los ingresos, crear empleos, reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. El clima de incertidumbre y falta de seguridad jurídica no permite que se realicen inversiones productivas, fundamentales para promover un crecimiento sostenible, que promueva la inclusión social.
Escenario de continuidad sin el Programa de PODEMOS De mantenerse la tendencia de políticas gubernamentales actuales, en un escenario moderado y en un marco rutinario de continuidad, el crecimiento
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A su vez, las finanzas públicas serán más sostenibles, permitiendo reducir paulatinamente el déficit fiscal y liberar recursos para inversiones productivas. Además, la asignación y ejecución del gasto público será más eficiente, eficaz y transparente, en un marco de coordinación entre los gobiernos central, departamental y municipal, permitiendo que, en un marco de disciplina fiscal, se puedan ejecutar sosteniblemente las transferencias de recursos a la población pobre. El impulso a las inversiones sociales en escuelas, hospitales y centros de salud, saneamiento básico, así como las conexiones domiciliarias de gas, asociadas a los programas de transferencias directas permitirán mejorar las condiciones de vida de la población y la distribución del ingreso, reducir la pobreza y la discriminación, promover una mayor inclusión y empoderamiento de las comunidades y pueblos indígenas, y un crecimiento que beneficie finalmente a todos los bolivianos, como se presenta a continuación:
Escenario con el Programa de PODEMOS: Las propuestas para Una Nueva Bolivia con Progreso y Paz, se constituyen en un punto de inflexión para cambiar las tendencias de desarrollo del país. Como resultado de estas propuestas, esperamos que Bolivia logre tomar ventaja del contexto internacional favorable y logre despegar un proceso sostenido de crecimiento, desarrollo y reducción de la pobreza. Los programas económicos, sociales y de desarrollo institucional, así como el nuevo ordenamiento político y de amplia participación ciudadana permitirán mejorar nuestros indicadores económicos y sociales y ofrecerán beneficios tangibles a toda la población. De esta manera, en un escenario también moderado, con la implementación de nuestro Programa se podrán finalmente alcanzar tasas de crecimiento superiores al 6% llegando al 8% en el año 2010, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de la población y acelerar las tasas de reducción de la pobreza.
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Respecto a la reducción de la pobreza y los indicadores sociales, con nuestro programa se cumplirán con las metas del Milenio.
Pedimos tolerancia y unidad. Somos un país diverso con múltiples facetas e intereses de tipo corporativo, regional, étnico y social. No podemos satisfacer las expectativas de todos y seguramente intereses de algunos grupos serán afectados por las nuevas políticas y el nuevo modelo de país que proponemos. Debemos tolerarnos, respetarnos y trabajar unidos por el beneficio del país.
Todo ello redundará en mayor bienestar, menor pobreza y más empleos. Buscamos crear empleos en todas las regiones y para todos los grupos sociales del país. Más empleos para reducir la informalidad; más empleos para reducir la migración de los bolivianos al exterior; más empleos para reducir la delincuencia y la criminalidad; más empleos para recuperar la confianza y la esperanza en el futuro de Bolivia.
6.
CONCLUSIONES: ¿QUÉ PEDIMOS?
Bolivia se encuentra en un período de transición complejo y con muchos riesgos para su desarrollo. Las elecciones de diciembre de 2005 son una oportunidad extraordinaria para lograr una efectiva reconducción del país y promover los nuevos liderazgos que necesitamos para enfrentar el nuevo siglo.
PEDIMOS UNA OPORTUNIDAD PARA TRABAJAR POR UNA NUEVA BOLIVIA CON PROGRESO Y PAZ Tuto Quiroga y María René Duchén
Existe un claro riesgo de que la dispersión electoral nos conduzca a reproducir prácticas pasadas en busca de mecanismos de gobernabilidad que ya demostraron su ineficacia. La ausencia del mecanismo de la segunda vuelta electoral obliga a que los electores resuelvan la elección del próximo gobierno mediante su ejercicio democrático en las urnas. Pedimos un mandato claro y contundente. Que los electores decidan y otorguen su voluntad entre las opciones que claramente ofrecen modelos alternativos de desarrollo para el país. No dispersemos el voto, no cedamos nuestro derecho a elegir. Pedimos una participación social efectiva. El próximo gobierno no podrá gobernar solo y separado de la sociedad. Las organizaciones sociales deben participar democráticamente mediante mecanismos legítimos. El país adoptará decisiones estructurales y cambios que afectarán a todos los sectores de la sociedad. La participación es un elemento esencial para asegurar que las decisiones y la conducción del nuevo gobierno sean las más favorables para la mayoría de los bolivianos.
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un Unidad Nacional
DAR LA CARA POR BOLIVIA
SOLUCIONES Acciones de Gobierno 2006-2010 Propuestas para abrir el diálogo
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Damos la cara por Bolivia
será beneficio para el futuro de los bolivianos. No hay ninguna garantía de que eso suceda si no están quienes puedan dar la cara por la Patria y defenderla con fuerza.
Queremos compartir las razones por las que decidimos posturlarnos para ser elegidos democráticamente Presidente y Vicepresidente de la República. Lo hacemos ante la ausencia de alguien que dé la cara por Bolivia, que la defienda y le asegure un futuro de esperanza. Para cambiar Bolivia, para hacer un país fuerte, unido y estable. Para que la gente pobre deje de serlo, para que deje de sentir el abandono de quienes no dan la cara por ellos. Pasaron 180 años de historia y la mayoría sigue siendo pobre. 180 años, somos el país menos desarrollado de Sudamérica. 180 años y no tenemos un objetivo común. En los últimos cinco años tuvimos cinco presidentes, gobiernos sin estabilidad, sin sensibilidad por los problemas de los pobres, sin nadie que dé la cara por Bolivia, por la gente. Esto debe cambiar. Miles de bolivianos tienen que partir para buscar una esperanza fuera del país. Muchos hermanos, hijos y amigos se van de Bolivia porque no encuentran un empleo, porque ven con tristeza que nadie está para dar la cara por ellos, para atreverse a construir un futuro de estabilidad, de seguridad y esperanza. La causa de estos problemas es la lacerante falta de gobernantes que den la cara por nosotros, capaces y patriotas, para decirle al mundo que los bolivianos queremos construir un futuro mejor con su ayuda, a condición de que se acaben los días en que los negocios sólo benefician a los extranjeros. Les diremos a las trasnacionales, que ganan mucho y nos dejan migajas. Que se acabó la era del saqueo y la mamada. Que acabó el tiempo de los gobernantes que no dan la cara. Que pasó la historia donde la economía era el enriquecimiento de unos cuantos. Las petroleras y las empresas mineras tendrán que compartir sus beneficios con los bolivianos. Sean brasileños, gringos, venezolanos o españoles, la regla
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Por su parte, los políticos tradicionales se dedicaron a debilitar la democracia, a repartir pegas. No construyeron, destruyeron; no compartieron, saquearon; no gobernaron, dilapidaron. Esto debe cambiar. El cuatro de diciembre, elegiremos entre tener más de lo mismo o cambiar. Cambiar juntos para terminar con la exclusión, para crear una nueva Bolivia y un nuevo Estado solidario, próspero, autonómico, productivo y sin exclusiones. Tenemos la decisión de cambiar Bolivia. Juntos vamos a construir un país fuerte, unido y estable. Necesitamos un gobierno sensible, patriota y capaz de cambiar el país. En los últimos 20 años hemos aumentado la cantidad de pobres en vez de disminuirla. Nos dijeron que con el crecimiento de unos pocos iba a gotear y hacer prosperar a la mayoría. Esas políticas no funcionaron, nos empobrecieron. Esto debe cambiar. Ahora el crecimiento será desde abajo, desde la microempresa, la artesanía, el pequeño productor, cooperativista, pequeño industrial del campo y las ciudades. En una generación podemos reducir la pobreza a la mitad con el apoyo decidido a la empresa popular. El Estado boliviano se encargará de que todos los bolivianos tengan gas, electricidad y agua para vivir y producir en mejores condiciones y para bajar el costo del consumo en sus hogares. El Estado boliviano se encargará de que todos los bolivianos tengan acceso a una educación técnica que les permita obtener un empleo. El Estado boliviano se encargará de que todos los bolivianos y bolivianas tengan acceso a la salud asegurando que haya una enfermera en cada población rural, y dos en las más pobres.
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Pero ahora también el Estado boliviano se ocupará, en los próximos 5 años, de conseguir mil millones de dólares para las empresas populares.
I. Por una Bolivia fuerte, un país de productores
Para abrir el diálogo, ponemos en sus manos Soluciones para hacer una Bolivia Fuerte, Unida y Estable.
I.1 – El Gran Cambio Económico Hacia una economía del trabajo Samuel Doria Medina
Carlos Dabdoub
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Crecimiento desde abajo – Empleo y mercado para las mayorías. • Trabajaremos por el 70 por ciento más pobre de la población. • Aumentaremos sustancialmente los empleos, ingresos, productividad y exportaciones de empresas familiares, cooperativistas, trabajador@s por cuenta propia, asociaciones de productor@s, pequeñ@s productor@s y artesan@s de las ciudades y del campo.
Hasta ahora el Estado se ha ocupado de unos pocos creyendo que la mayoría iba a vivir del goteo
• •
Incorporaremos a bolivianas y bolivianos desemplead@s y marginad@s como productor@s activ@s y exitos@s. Fomentaremos la asociación empresarial entre pequeñ@s productor@s en torno a redes y cadenas productivas orientadas a la exportación.
El Gran Cambio Económico hará que el Estado se ocupe de la mayoría olvidada logrando el crecimiento desde abajo
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Vincularemos comercialmente a todas las regiones del país, donde l@s productor@s bolivian@s conformarán redes de intercambios comerciales, intraregionales de bienes y servicios. • Priorizaremos nuestro trabajo con: - Cooperativistas mineros y agropecuari@s. - Los 140 mil jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. - Productor@s originari@s, recuperando prácticas de reciprocidad tradicionales en las comunidades originarias para la producción y el comercio: Ayni, pasanaku, etc. - Productor@s de cultivos diferentes a la coca. Neutralidad para las grandes empresas, que sólo son el 30 por ciento. • Demandaremos más Responsabilidad Social • Seguridad jurídica • No subsidios, ni trato privilegiado Integración Productiva: Primero lo nuestro. • Lucharemos contra la economía dividida y postergada, hacia una sola Bolivia que articule productiva y comercialmente el 70 por ciento más pobre con el 30 por ciento más rico de la población. • Integraremos la actividad económica de pequeñ@s, median@s y grandes productor@s mediante financiamientos, contrataciones y compras. • Apoyaremos la creación de sociedades entre pequeñ@s, median@s y grandes productor@s.
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Es una asociación entre artesan@s, pequeñ@s productor@s, cooperativistas o microempresari@s que se juntan para producir y comercializar dentro y fuera del país
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I.2 – Empresas Populares Más empleo, mayores ingresos 1.
Combatiremos la pobreza de raíz, con un gran cambio: • Asociaremos a 600 mil productor@s nuevos y existentes, en 5 mil empresas populares en los próximos 5 años, en todas las regiones del país. Tendrán trabajo y estabilidad. • Cada productor(a) llevará alimento y bienestar a su hogar, por tanto aumentarán los ingresos de más de 2 millones de bolivian@s en los 325 municipios del país.
Tod@s l@s bolivian@s tendrán la oportunidad de dedicarse a la producción sin sobre-endeudarse
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Se invertirán 1.000 millones de dólares en proyectos productivos: • Estos recursos provendrán principalmente del mercado nacional de valores. • No aumentará la deuda externa ni nos obligará a pedir más ayuda internacional, la misma será bienvenida, complementaria y no sustituirá nuestro propio esfuerzo. Dinero accesible: Los 1.000 millones de dólares llegarán a l@s productor@s mediante: • Financiamiento con una tasa de interés menor al 10 por ciento. • Microcapital: Fondo de capital semilla o inicial, para arrancar nuevas empresas populares. • Microcrédito: Fondo de financiamiento para capital de trabajo o inversión en maquinaria, herramientas y todo lo necesario para producir y crecer. • Sistema de microcrédito orientado a l@s productor@s. • Apoyo especial a jefas de hogar.
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Duplicaremos la cantidad de bolivian@s productor@s que accederán al financiamiento: • Hoy: 500 mil microempresari@s con microcrédito, de los cuales el 80 por ciento se dedican al comercio y los servicios, y el 20 por ciento a la producción. • Mañana: 1 millón de unidades económicas, de las cuales 50 por ciento se dedicará a la producción y 50 por ciento al turismo, comercio y servicios. Corporación Regional de Fomento al Productor: • Apoyará la asociación de productor@s para la conformación de Empresas Populares. • Garantizará la inclusión de desemplead@s, madres de familia y otros sectores marginados en las nuevas empresas populares. • Trabajará para la reconversión de comerciantes minoristas y gremiales hacia actividades ligadas al turismo y la producción con mejores ingresos. • Fomentará las asociaciones entre productor@s y gremiales. • Dará capacitación, asistencia técnica, innovación e inteligencia de mercados. • Asegurará mercados externos e internos para la buena comercialización de la producción de las Empresas Populares. • Simplificará todos los trámites de constitución de Empresas Populares, trámites de exportación y gestión de financiamiento. L@s productor@s no perderán el tiempo haciendo trámites. • Dará asistencia técnica en línea, vía Internet, para orientar cómo hacer una empresa y ayudar a resolver problemas cotidianos de l@s productor@s. Todo para el éxito de las 5 mil Empresas Populares conformadas por la asociación de: • • • • • • •
Microempresas familiares. • • Pequeñ@s industriales. • Artesan@s. Cooperativas. • Productor@s de cultivos diferentes a la coca. Productor@s originari@s. Trabajador@s por cuenta propia.
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Pequeñ@s productor@s Desemplead@s con nuevas iniciativas. Amas de casa que decidan dedicarse a la producción. 140 mil jóvenes que anualmente ingresan al mercado laboral.
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+ Empresa popular = empleo sostenible y digno + Empresa popular = encadenamiento productivo + Empresa popular = competitividad en mercados externos + Empresa popular = alianza social – productiva
I.3 – Competitividad Ambiente para el éxito de las Empresas Populares 1.
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Aumentaremos sustancialmente los ingresos para la inversión pública, provenientes principalmente de la producción, comercialización y exportación de hidrocarburos. Destinaremos la inversión pública para crear un ambiente de competitividad que viabilice el éxito de las empresas populares y todo tipo de iniciativas. Con la inversión pública priorizaremos la construcción de infraestructura para la producción que será ejecutada por los tres niveles de gobierno. Plan UN-dos-tres: Reducción del costo de transporte: • UN kilómetro de pavimento al día. • Dos kilómetros de caminos estratégicos al día. • Tres kilómetros de caminos vecinales al día. • Construiremos carreteras pavimentadas que unan todas las capitales de departamento, las principales ciudades intermedias, 10 corredores de exportación adicionales, acceso a los principales centros de producción y de turismo. • Convertiremos los camiones de transporte pesado de diesel o gasolina a gas natural. • Instalaremos estaciones de provisión de gas natural comprimido al menos cada 200 km. Sobre carreteras principales. • Implementaremos un sistema de financiamiento mixto de la conversión como se hizo con los vehículos del transporte urbano en Santa Cruz, devolviendo la inversión en cupones de consumo de gas.
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I.4 – Articulación Económica Basta de exclusión, trabajemos unidos 1. 2. 5.
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Impulso al transporte fluvial: • Ley de promoción del transporte fluvial. • Construiremos puertos en ríos principales. • Invertiremos en infraestructura para el desarrollo de hidrovías. • Promocionaremos las inversiones privadas en barcazas fluviales y servicios de transporte por agua. • Incentivaremos el transporte multimodal: camión, tren y barcazas. Reducción del costo de la energía rural: • Cambiaremos las fuentes de energía tradicionales por gas natural comprimido. • Garantizaremos la provisión de gas natural en todas las capitales de departamento, principales ciudades intermedias y zonas importantes de producción. • Instalaremos gasoductos virtuales a través de cisternas en poblaciones rurales, bajando el costo kw/hora, en beneficio de productores que podrán desarrollar industrias rurales. Por ejemplo: aserraderos, secado de madera, procesamiento de cereales, industrialización de frutas, leche, etc. Duplicar el área con riego: • Habilitaremos 300 mil hectáreas de tierra con riego. • Duplicaremos la producción agropecuaria, mejorará la calidad y habrá mayor diversidad de productos. Con la inversión pública ahora bajarán los costos de transporte y energía para la producción, y llevaré mis productos por buenos caminos...
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Para lograr el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas, promoveremos alianzas entre estas y las grandes empresas. Financiamiento para medianas y pequeñas empresas mediante alianzas con las grandes empresas: • Tasa de interés menor al 10 por ciento. • El dinero vendrá a través de la Bolsa de Valores. • No se necesitará garantía hipotecaria ni personal. • La garantía será el propio contrato entre las empresas. • Cada empresa mantendrá su independencia.
Compro y vendo boliviano: • • • • •
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Incentivos para hacer del compro-vendo boliviano, un buen negocio. Gestión para la contratación de bienes y servicios nacionales mediante: Ferias a la inversa entre grandes empresas privadas con pequeñ@s productor@s y proveedor@s nacionales. Ferias a la inversa entre instituciones de la administración pública y pequeñ@s, median@s productor@s y proveedor@s nacionales. Sistemas transparentes y justos de subcontratación.
Desarrollo de la Cultura empresarial • • •
Difundiremos una cultura empresarial que valore la calidad, la excelencia, el cumplimiento de compromisos y contratos. Introduciremos en el sistema educativo formal y alternativo, la educación financiera y empresarial. Implementaremos instrumentos de buena gerencia en todos los campos de la actividad económica y social.
L@s proveedor@s y vendedor@s de las empresas grandes podemos usar nuestros contratos para conseguir financiamiento
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I.5 – Corporaciones Originarias Para integrar a los pequeños y grandes productores
I.6 – Turismo Motor del desarrollo y bienestar de la comunidad
Lucharemos contra la exclusión económica de los pueblos originarios e indígenas para una Bolivia fuerte, unida y estable. Priorizaremos la participación de mujeres indígenas. Fomentaremos la creación de Corporaciones Originarias constituidas por bolivian@s originari@s asociad@s con grandes empresas nacionales o extranjeras, para crear fuentes de trabajo dignas y permanentes. L@s originari@s serán dueñ@s de la mayoría de las acciones de estas Corporaciones. • Priorizaremos las Corporaciones en sectores extractivos: hidrocarburos, minería y en el sector agro-forestal. • Velaremos por la correcta aplicación de la Ley del Medio Ambiente. Por cada Bs.- 1 que aporte la empresa nacional o extranjera, el Estado aportará también Bs.- 1. La responsabilidad de la administración y del éxito empresarial de las Corporaciones Originarias será de la empresa nacional o extranjera. Para garantizar ingresos a favor de l@s originari@s, la Corporación Originaria se administrará con un enfoque empresarial. Tod@s l@s propietari@s recibirán ingresos por participación de utilidades. Además, l@s originari@s podrán beneficiarse con trabajos bien remunerados. Así, la responsabilidad social de la gran empresa será: • Generar trabajos permanentes y bien remunerados. • Desarrollar el potencial productivo de cada región. Con la plata que tengo de las utilidades de la Corporación Originaria voy a poner a mis hijos al colegio, voy a hacerme curar y me voy a comprar mi camión
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Las políticas de turismo tendrán como objetivos: • Beneficios económicos para la comunidad, l@s empresari@s y el municipio. • Revalorización de patrimonio natural y cultural. • Cohesión y desarrollo del capital social. • Oportunidad para todos los municipios. Daremos un gran impulso al turismo para que tengamos: • 200 mil familias que vivan de la actividad turística de manera permanente, con mayores ingresos. • 500 millones de dólares de ingresos SANTA CRUZ provenientes del turismo por año. El Gobierno Nacional apostará al turismo: • Con una agresiva inversión pública en: - Saneamiento básico. - Pavimentación de carreteras de acceso a centros turísticos. • Con el Plan Fronteras, lograremos que las principales ciudades fronterizas cuenten con todos los servicios básicos. • Promocionaremos los centros turísticos nacionales. Fomentaremos el turismo • Desarrollando de la oferta turística con altos niveles de calidad. • Promocionando una cultura de hospitalidad con el compatriota visitante y el turista extranjero. • Promoviendo el crecimiento del turismo comunitario. • Capacitando de manera focalizada a los principales servicios turísticos. • Apoyando las inversiones privadas en turismo.
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I.7 – Un país de exportadores Multiplicar empleos e ingresos
I.8 – País de Propietarios Despertar del capital dormido
Aumentaremos las exportaciones para combatir la pobreza. Multiplicaremos las exportaciones con valor agregado para incrementar las fuentes de trabajo y así, los ingresos de las bolivianas y bolivianos. Por tanto exportaremos más productos finales y menos materias primas. Cambiaremos radicalmente a la Cancillería. Su prioridad será la apertura y ampliación de mercados de exportación para bienes y servicios bolivianos: • La remuneración de los funcionarios de las embajadas estará en función a los mercados que consigan para las exportaciones bolivianas. • Aprovecharemos eficientemente todos los acuerdos de comercio internacional. Para garantizar la seguridad jurídica tendremos una Nueva Ley de Exportaciones y una Ley de Promoción Económica que otorgue verdaderos incentivos a l@s productor@s que exportan. La Corporación Regional de Fomento al Productor(a), priorizará el apoyo integral a l@s exportador@s. Gestionaremos la reducción drástica de la deuda externa: • Aseguraremos que se cumpla el ofrecimiento de los 8 países más poderosos del mundo (G8). • Haremos todos los esfuerzos para que la reducción sea del 100 por ciento y no parcial. • Negociaremos para que la reducción sea inmediata, de una sola vez, el año 2006, y no gradualmente.
Ya tengo mi camión, ahora soy exportadora, tengo más plata, produzco el triple y tengo muchos ayudantes
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Lograremos que la propiedad saneada de viviendas o terrenos permita a sus dueñ@s el acceso al financiamiento de iniciativas empresariales de las familias. Sanearemos de manera gratuita las propiedades urbanas y rurales, en el menor tiempo posible. Otorgaremos Títulos de Propiedad sin costo de tramitación. Propiedad Urbana: • Catastro de todas las capitales y ciudades intermedias de más de 5 mil habitantes. • Modernizaremos Derechos Reales y articularemos su trabajo cotidiano con cada Gobierno Municipal. Propiedad Rural: • Sanearemos el 100 por ciento de las tierras. • Tendremos una nueva reglamentación de la Ley INRA. • En el menor tiempo posible tendremos un Catastro Rural digitalizado. • Revertiremos al Estado las tierras que no cumplan una función económica y social. • El Estado comprará tierras mejoradas para la creación de un Fondo de Tierras. • Dotaremos o venderemos tierras fiscales a favor de empresas populares, empresas familiares y asociaciones de productor@s.
Mi título de propiedad no me ha costado nada, ahora tengo garantía para sacar un crédito barato y comprar mi tractor
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I.9 – Nacionalización progresiva Aumentar los Ingresos provenientes de hidrocarburos y minería
I.10 – Nuevo YPFB Por la dignidad y la eficiencia 1.
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Consolidaremos a Bolivia como centro de integración energética de América Latina. Promocionaremos la compra progresiva de acciones de las empresas capitalizadas, sea por inversionistas nacionales o por el Estado. Promoveremos mayor competencia en el sector, orientándonos hacia una gran economía mixta, con la participación de empresas nacionales, extranjeras públicas y privadas. Cambiaremos la Ley de Hidrocarburos para: • Asegurar que sea efectivo el 50 por ciento de los ingresos por hidrocarburos. • Otorgar seguridad jurídica a las empresas nacionales y extranjeras que inviertan en el país. • Destinar todos estos recursos sólo a inversión pública. • Asegurar inversión en exploración, explotación e industrialización. • Asegurar un crecimiento de las exportaciones, de preferencia con valor agregado. Incrementaremos las regalías e impuestos para la explotación minera, al nivel del promedio de América Latina. Daremos un trato especial a l@s pequeñ@s productor@s en el pago de regalías. Se generarán incentivos fiscales para aquellos productores mineros que fundan sus minerales, aumentando el valor agregado, y para aquell@s que exporten metales. Salto en Inversión Pública: Haremos cumplir la Ley de Hidrocarburos de tal manera que aumentemos sustancialmente los ingresos para la inversión pública. Samuel y Carlos defenderán los intereses de Bolivia, para que nadie nos engañe
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Proponemos un nuevo YPFB que sea una empresa mixta de características similares a Petrobras, es decir: • Representará a los bolivianos en los directorios de las empresas capitalizadas del sector. • Será una contraparte capaz e inteligente que controle las acciones y operaciones de las empresas extranjeras y nacionales del sector hidrocarburos. L@s bolivian@s y l@s extranjer@s de igual a igual, no más atropellos ni engaños. Samuel y Carlos dan la cara por Bolivia.
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Definirá las grandes políticas a cargo del Estado. Tendrá la “acción de oro” o voto decisivo para las decisiones importantes. • Su administración será realizada con estándares internaciones que garanticen eficiencia y cumplimiento de metas. • Tendrá absoluta transparencia, siendo una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores, donde registra regularmente todos sus estados financieros para que cualquier ciudadano pueda verificar su administración financiera. • Realizará inversiones y operaciones directas con eficiencia, garantizando resultados y minimizando riesgos. • Erradicará toda intromisión político-partidaria. Crearemos un mecanismo transparente y efectivo para la inversión de los recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos y minerales.
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I.11 – Economía Legal Ni drogas, ni contrabando 1.
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Desarrollo Alternativo: • Para crear empresas populares y generar empleo en zonas cocaleras y zonas muy pobres que expulsan trabajador@s. • Para crear empresas populares y generar empleo en regiones fronterizas, promoviendo industrias en frontera. Actualizaremos la Ley 1008, porque: • Después de 17 años muchas cosas han cambiado. • En los últimos años el consumo de drogas en el país aumentó en más del 500 por ciento. • Los narcotraficantes que operan en el país son los principales proveedores de drogas para el consumo interno. • Con la Ley Blattman y el Nuevo Código de Procedimiento Penal se está permitiendo la libertad de narcotraficantes. • No se ha garantizado que la producción, bajo el nombre de “cultivos legales”, sea para el consumo tradicional. Plan Fronteras: • Desarrollo urbano y mayor institucionalidad en las poblaciones fronterizas. • Promoción de iniciativas económicas para conformar empresas populares productivas: industrialización de materias primas de la región. • Creación de mejores condiciones de competitividad con caminos más accesibles y menor costo de energía. Unidad Nacional es la expresión política de l@s productor@s nacionales: • Realizará todos los esfuerzos necesarios para garantizar su éxito frente a las amenazas del contrabando. • Defenderá los derechos de l@s productor@s de productos alternativos a la coca, frente a la dictadura sindical.
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II. Por una Bolivia unida, autonómica y solidaria 1.
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Bolivia Unida: • Frente al centralismo que generó tensiones entre las regiones, proponemos la unidad de Bolivia desde las autonomías departamentales y municipales, reconociendo nuestras diferencias y valorándolas para complementarnos. • Impulsaremos el reconocimiento a la diversidad política, étnica y cultural sobre la base de la inclusión y el fortalecimiento de la democracia. • Sancionaremos toda acción racista y/o discriminatoria que afecte a la convivencia de las diversas culturas en Bolivia. • Armonizaremos la normativa vigente del Estado boliviano con los usos y costumbres de los pueblos indígenas y originarios. Bolivia Autonómica: • En el marco de la Asamblea Constituyente, lucharemos por un nuevo Estado conformado por tres niveles de gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Autonómicos Departamentales y Gobiernos Autonómicos Municipales. • Respetaremos y fortaleceremos las prácticas de democracia participativa y de gestión pública solidaria, propias de las culturas indígenas y originarias. Bolivia Solidaria: • Las Autonomías Departamentales se conformarán en un marco de solidaridad entre regiones y al interior de cada una de ellas. • Crearemos mecanismos de compensación para apoyar el desarrollo de todos los departamentos en su conjunto. • Garantizaremos que las provincias se beneficien al igual que las capitales de departamento.
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II.1 – Asamblea Constituyente Hacia el nuevo Estado Nacional
II.2 – Reingeniería del Estado Administración pública simple y eficiente
Unidad Nacional fue la primera agrupación política en señalar de manera clara su decisión de hacer la Constituyente. El nuevo Congreso Nacional que surja de las urnas el próximo 4 de diciembre deberá definir una nueva convocatoria a la Asamblea Constituyente y trabajar en la agenda de la misma. Proponemos que los constituyentes sean elegidos por voto directo: • Dos por cada circunscripción y tres por cada departamento: Una mujer y un hombre propuestos por la comunidad. • Postulados por diversos tipos de organizaciones que cumplan un mínimo de representación legítima. • Que representen a la cultura, economía y grupos sociales de cada localidad. • Que sean personas con visión de país, más allá de las presiones de la coyuntura. Tod@s l@s bolivian@s debemos tener los mismos derechos a ser elegid@s como constituyentes, no debe haber ningún privilegio de raza, color, región, corporación, sindicato o grupo étnico. En el período pre-constituyente la agenda de trabajo debe ser amplia, pero debe asegurarse llegar a los temas centrales que priorice la Asamblea Constituyente. Unidad Nacional propone las siguiente agenda Preconstituyente: • Reglas de la Democracia • La Inclusión Social • Rol del Estado • Régimen Autonómico • Recursos Naturales • Desarrollo Económico • Relación SociedadEstado Unidad Nacional emplaza a todas las candidaturas presidenciales a dar su posición sobre la Asamblea Constituyente.
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Democratización y modernización del Estado boliviano: • Para consolidar la democracia con mayor eficiencia y transparencia. • Promoviendo la corresponsabilidad pública y privada. • Asegurando la incorporación al nuevo sistema político de mujeres y de sectores sociales tradicionalmente excluidos. Competencias y niveles de gobierno:
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Mejor Decisión Ciudadana. • Con las lecciones de la Participación Popular, mejoraremos los mecanismos de decisión en la gestión pública con la participación de la población, en los tres niveles de gobierno. • Reglamentaremos e implementaremos el mecanismo del Referéndum para las autonomías departamentales y municipales.
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Empresas Mixtas para Servicios Públicos: Síntesis de solidaridad y eficiencia. • Proponemos construir empresas mixtas o cooperativas con control social para la prestación de servicios públicos como agua, energía, alcantarillado, manejo de deshechos sólidos y otros. • Garantizaremos buena calidad y continuidad en la prestación de estos servicios. • En las áreas pobres desarrollaremos políticas de subsidios cruzados
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y sostenibles para asegurar la cobertura de servicios y tarifas accesibles.
II.3 – Autonomía Productiva Unidad nacional y progreso desde las regiones
Con el Plan de Samuel y Carlos, cada uno tiene sus tareas y competencias definidas
1. Ahora sí sabremos a quien pedirle rendición de cuentas y resultados de gestión
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Desarrollo Institucional: • Implementaremos una Estrategia de Desarrollo Institucional que dé lugar a la configuración de un Estado democrático de derecho. • Consolidaremos la efectiva independencia y equilibrio entre los poderes del Estado para garantizar los derechos humanos y el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución. • Lograremos la independencia del Poder Judicial, su transparencia y accesibilidad al conjunto de la ciudadanía, sin ningún tipo de privilegios. • Estableceremos una administración pública con servidores seleccionados en base a méritos profesionales e integridad moral.
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8. ¡Por fín! habrá una administración descentralizada, simple y ágil. Ya no tendré que ir a la capital para hacer mis trámites
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Profundizaremos la democracia, para que se gobierne y se legisle en el marco de las necesidades reales de la población de cada región. Las competencias del Gobierno Autonómico Departamental serán principalmente de desarrollo económico y se estructurarán de acuerdo al perfil productivo de cada región. Mayor eficiencia administrativa: las estructuras serán simples, los procedimientos ágiles y se evitará que se conforme la burocracia centralista en las capitales de departamento. La mitad de la inversión pública será administrada por los Gobiernos Autonómicos Departamentales. Revalorizaremos la planificación departamental. Tendremos un Gobierno Autonómico Departamental más cercano a la gente. Promoveremos la integración: • Entre regiones de Bolivia. • Entre regiones y municipios. • Entre regiones bolivianas y de otros países. Revalorizaremos los mecanismos de participación política de las comunidades originarias. Crearemos un Fondo de Compensación de las Autonomías Departamentales promoviendo la solidaridad interregional. Conduciremos el proceso autonómico bajo los principios de voluntariedad, igualdad, unidad en el orden económico, subsidiaridad y solidaridad regional.
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II.4 – Seguridad jurídica
II.5 – Transparencia Cuentas claras en la administración pública
Respetaremos y haremos respetar la Ley. Brindaremos protección a la propiedad individual y colectiva. Aseguraremos la independencia del poder judicial y la erradicación de todo tipo de privilegios frente a la Ley. Eficiencia en la justicia: • Ajustar las atribuciones y alcances del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Constitucional. • Transparencia en la selección y designación de fiscales y jueces. Reconocimiento de las instituciones de justicia local, incorporándolas a la institucionalidad jurídica y respetando y adecuando los derechos consuetudinarios.
Samuel y Carlos harán respetar las leyes y la justicia será independiente y realmente justa
Samuel da la cara por Bolivia y no permitirá más corrupción
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Respetaremos y haremos respetar la Ley para todos
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Leyes para la transparencia de la Administración Pública: • Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. • Ley de Gerencia Pública: reingeniería y simplificación de trámites. Rendición de Cuentas y Resultados: • Serán presentados a los entes fiscalizadores respectivos y a la población. • Los estados financieros de los gobiernos nacional, departamental y municipal, estarán, de manera permanente, actualizados en el Internet, para que cualquier ciudadan@ pueda tener acceso a ellos sin necesidad de hacer trámites. Actualización y nueva visión descentralizada de la Ley Safco.
Se impondrá un sistema de rendición de cuentas y resultados, nadie se llevará la plata del Estado
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III. Por una Bolivia estable, un país seguro y con desarrollo humano
III.2 – País Saludable Alianza por la vida 1.
Todas las bolivianas y bolivianos tendremos acceso a la salud, nos aseguraremos que exista al menos una enfermera en cada población rural y dos en las poblaciones más pobres, debidamente equipadas, para: • La asistencia rápida y oportuna de mujeres embarazadas, niños y ancianos. • Trabajo eficiente en la prevención de enfermedades. • Organizar la demanda de servicios de salud de la población en cada localidad.
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Aumentaremos la inversión en salud: • Un centro de salud cada veinte mil personas y por lo menos tres camas para cada mil habitantes. • Hospitales de segundo nivel, en aquellos distritos con población mayor a 50 mil habitantes o en redes de salud provinciales que alcancen esa población. • Hospitales de tercer nivel, al menos uno por cada millón de habitantes.
III.1 – Seguridad Ciudadana Para vivir tranquilos y en libertad 1.
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Participación de la sociedad en su propia seguridad: • Programas de vecinos vigilantes, escogidos por la comunidad. • Capacitación masiva y concientización en hábitos seguros. Alianza entre el Estado y las familias para: • Luchar contra el abuso del consumo de bebidas alcohólicas. • Erradicar el consumo de drogas en la juventud. Más presupuesto para la seguridad: • Equipamiento de las unidades policiales y radiopatrullas. • Dotación de sistemas de control modernos. • Más efectivos policiales, mejores salarios. • Reglamentación de las empresas de seguridad. Funcionamiento de la justicia contra el crimen: • Sanciones ejemplares para los delincuentes. • Mejoras en el Código de Procedimiento Penal. Reorganización de cárceles: • Construcción de cárceles en lugares aislados. • Cumplimiento de la Ley al interior de las cárceles. • Rehabilitación con actividades productivas. Casas Refugio: • Para víctimas de la violencia intrafamiliar o doméstica. • Al menos una casa por departamento. Habrán más policías, bien equipados y mejor pagados para que hagan respetar la Ley
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Regionalizaremos y Municipalizaremos la Salud, integraremos la responsabilidad de recursos humanos, infraestructura, equipamiento e insumos de la siguiente manera: • Gobiernos Autónomos Municipales: 1er y 2do nivel. • Gobiernos Autónomos Departamentales: 3er nivel. Funcionamiento de redes de salud con: • Una eficiente articulación entre los tres niveles del sistema. • Integración y fusión de los entes gestores de la Seguridad Social y de Salud Pública en un sistema único de salud. • Incorporaremos a los programas de salud los usos y costumbres de las comunidades campesinas y pueblos indígenas originarios. • Promoveremos una mayor participación comunitaria en la gestión de la salud. Más y mejores Recursos Humanos: • Suficientes según estándares internacionales, tomando en cuenta la capacidad de cada gobierno autonómico. • Vigencia de la carrera administrativa en el área de la salud pública. Institucionalización de cargos directivos y administrativos. En áreas profesionales, técnicas y no profesionales. Salud gratuita para los grupos más vulnerables: • Mejora del SUMI, por ejemplo, introduciendo de manera explícita la atención de hemorragias y fortaleciendo el enfoque intercultural. • Seguro Estudiantil implementado en alianza con los Gobiernos Municipales. • Prestación de servicios de salud para pueblos indígenas y originarios. • Fortalecimiento del Seguro de Vejez. • Atención especial a víctimas de la violencia intrafamiliar. Creación de una Escuela de Salud Pública Regional, conforme al perfil epidemiológico de cada departamento.
Para prever enfermedades cada pueblito va a tener una enfermera y los más pobres dos
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III.3 – Educación para el Desarrollo Hacia la economía del conocimiento con empleo 1.
Aumentar el presupuesto de educación: • Más maestros a tiempo completo y dedicación exclusiva en cada establecimiento educativo. • Mejores salarios en relación a rendimiento y tiempo de trabajo mensual.
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Fortalecimiento de la Educación Técnica: • Institutos de educación para la producción en cada región de acuerdo al perfil productivo, en alianza con los Gobiernos Autonómicos Regionales. • Centros de capacitación local con internado, en alianza con los Gobiernos Autonómicos Municipales. • Titulación técnica dentro del bachillerato. • Reorientación hacia la producción y fortalecimiento de la educación alternativa y de adultos. • Educación financiera dentro el currículo de la educación secundaria, técnica y alternativa. • Romperemos los estereotipos de las ocupaciones tradicionales para mujeres, promoviendo su capacitación en áreas no tradicionales.
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Relanzaremos la reforma educativa con la participación directa y efectiva de los maestros: • Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad en las Normales. • Capacitación docente. • Desarrollo de la lectura crítica. • Estímulos a los docentes que mejoren su calidad de enseñanza. • Fomento y financiamiento a la producción escrita de docentes. • Eliminación de consultorías caras. • Eliminación de corrupción, burocracia, amiguismo y compadrerío en la administración de la educación. • Priorizaremos una educación nacional y regionalizada para el desarrollo multicultural e intercultural. Concesiones sociales para la administración de infraestructura educativa, manteniendo el carácter público y gratuito de la educación, a cargo de entidades o proyectos sin fines de lucro. Ligar educación con empleo, evitando el salto al vacío: • Bachilleres con títulos de técnicos medios o superiores y conectados a fuentes de trabajo. • Profesionales que reciban junto a su título, su plan de negocios, microempresa constituida y financiamiento asegurado. Ingreso masivo a la economía del conocimiento: • Dotación de computadoras en todos los colegios fiscales. • Conexión a Internet para la educación y el trabajo administrativo. Nuestr@s docentes serán más capaces, mejor pagad@s y comprometid@s con nuestra educación
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III.4 – Vivienda Productiva Uniendo familia y empleo
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Integraremos programas de construcción de urbanizaciones y planes de viviendas sociales con proyectos económicos, dirigidos a la producción y exportación de bienes y servicios. Desbloquearemos el acceso a financiamiento para las familias con el saneamiento de la propiedad de viviendas y lotes, para que sirva como garantía y les permita acceder a créditos con tasas de interés menores al 10 por ciento. Incentivaremos el financiamiento inmobiliario para viviendas productivas propias, de bolivian@s con bajos ingresos. Promoveremos una legislación que proteja el trabajo en la casa y a tiempo parcial. Promoveremos redes locales y regionales de integración virtual para la producción y subcontratación de servicios. Aseguraremos el acceso de las mujeres, jefas de hogar, a la propiedad de las viviendas productivas.
Con la propiedad saneada, l@s productor@s del campo y las ciudades, tendremos acceso al crédito barato para trabajar
Tendremos institutos técnicos y centros de capacitación de acuerdo a lo que más y mejor podemos producir en nuestra región
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III.5 – Jóvenes con esperanza
III.6 – Seguro Social Empleo seguro, pensión segura
Trabajaremos por una juventud con valores sólidos, educada, sana, optimista y con empleos dignos. Uniremos el trabajo y el estudio, impulsando: • Contratos a tiempo parcial. • Financiamiento de ideas y proyectos juveniles para la generación de autoempleo. • Pasantías y elaboración de tesis financiadas, locales, rurales e internacionales. • Financiamiento de tesis aplicables a decisiones y políticas públicas. • Educación productiva y técnica. • Becas de estudio focalizadas en las áreas de mayor potencialidad de trabajo en el país. • Orientación vocacional en función del desarrollo. Promocionaremos la cultura en todas sus disciplinas en base a programas transversales entre los tres niveles de gobierno. Apoyaremos el deporte como fuente de formación, salud y desarrollo de la voluntad: • Más y mejor infraestructura deportiva. • Administración descentralizada de los centros deportivos, con participación de la comunidad. • Fomento al deporte competitivo, apoyo a escuelas deportivas, participación de atletas nacionales en competencias internacionales. • Financiamiento seguro para grandes eventos deportivos a nivel nacional y regional.
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Exigiremos una administración más transparente y eficiente de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Erradicaremos la corrupción en la administración de pensiones. Promoveremos la incorporación del seguro social de empresas populares, microempresarios, trabajadores a cuenta propia, artesanos, empresas familiares y otras iniciativas económicas, mediante el siguiente mecanismo: • Por cada Bs.- 1 de aporte del nuevo beneficiario, el Estado aportará también Bs.- 1 • Promocionaremos la incorporación de productores rurales. Introduciremos criterios de solidaridad en el sistema de capitalización individual para solucionar estructuralmente el problema de la “generación sándwich”. Renegociaremos con los organismos internacionales, para que el costo de las pensiones no sea considerado déficit fiscal y permita obtener mayores recursos.
Ahora, podré trabajar, estudiar y conseguir financiamiento para mis proyectos
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Ahora, con Samuel, l@s pequeñ@s productor@s tendremos pensión segura.
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INDICE
I. Por una Bolivia fuerte, un país de productores ................................. 514 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11
El Gran Cambio Económico: Hacia una economía del trabajo .... 514 Empresas Populares: Más empleo, mayores ingresos ..................... 516 Competitividad: Ambiente para el éxito de las Empresas Populares .................................................................. 518 Articulación Económica: Basta de exclusión, trabajemos unidos ................................................................................. 520 Corporaciones Originarias: Para integrar a los pequeños y grandes productores .............................................. 521 Turismo: Motor del desarrollo y bienestar de la comunidad ....... 522 Un país de exportadores: Multiplicar empleos e ingresos ............................................................................... 523 País de Propietarios: Despertar del capital dormido ...................... 524 Nacionalización Progresiva: Aumentar los ingresos provenientes de hidrocarburos y minería .......................................... 525 Nuevo YPFB: Por la dignidad y la eficiencia ................................. 526 Economía Legal: Ni drogas, ni contrabando .................................... 527 ¿Dónde estarán las empresas populares? ................................... 528-529
II.
Por una Bolivia unida, autonómica y solidaria .......................... 531
II.1 II.2
Asamblea Constituyente: Hacia el nuevo Estado Nacional ........... Reingeniería del Estado: Administración pública simple y eficiente ................................................................... Autonomía Productiva: Unidad nacional y progreso desde las regiones ................................................................................ Seguridad jurídica ................................................................................ Transparencia: Cuentas claras en la administración pública .........
II.3 II.4 II.5
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III.
Por una Bolivia estable, un país seguro y con desarrollo humano .................................................................. 538
III.1 III.2 III.3
Seguridad Ciudadana: Para vivir tranquilos y en libertad ............. País Saludable: Alianza por la vida .................................................. Educación para el Desarrollo: Hacia la economía del conocimiento con empleo ............................................................. Vivienda Productiva: Uniendo familia y empleo ............................ Jóvenes con esperanza ......................................................................... Seguro Social: Empleo seguro, pensión segura ...............................
III.4 III.5 III.6
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