Ernesto Zedillo enjuiciado por la Economía Social de Mercado Por Bernardo López Ríos Investigador de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. Tels. 5536 24 48 5536 19 23 5536 15 44 FAX 5543 95 88 E-Mail [email protected] Para superar la crisis financiera de 1982, el gobierno mexicano pactó con Estados Unidos y con organismos internacionales, cambios radicales de la política económica hacia la apertura y la privatización, cambios que no habían tenido oposición interna gracias al fuerte control social ejercido por el gobierno a través de su partido de Estado (PRI). Afortunadamente, hoy en día contamos con mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, augurando avances que contribuyan a terminar con el abuso del poder, y continuar con el tránsito de un régimen autoritario a un régimen democrático. Salario Un indicador clave para evaluar el bienestar familiar prometido y difundido mediante propaganda intensiva por Zedillo, es el salario. Durante la década de los pactos económicos 1 (1987-1997) entre trabajadores, gobierno y empresarios, el costo de la Canasta Obrera Indispensable (35 artículos de consumo básico) aumentó 1,435 %, mientras que el salario mínimo sólo aumentó en 308 %, y hoy en día es necesario ganar alrededor de cinco salarios mínimos para tener el poder de compra que tuvo el salario mínimo en 1976. En diciembre de 1987, con un salario mínimo podía comprarse el 94 % de la mencionada canasta; diez años después, en diciembre de 1997, el salario mínimo (26.4 pesos) podía adquirir solamente el 25 % de la misma canasta.2 El Artículo 123 Constitucional señala expresamente: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Así lo reitera también el Artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Desde 1983 el salario mínimo impuesto y decretado por el gobierno no cumple con el precepto constitucional. Al firmarse el pacto económico denominado “Alianza para el Crecimiento” en 1996, volvió a violarse la Constitución al fijarse un monto del salario mínimo insuficiente para una familia promedio de cinco personas. Además, los pactos económicos tampoco tienen autoridad legal para fijar los montos del salario mínimo.3 1

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Cf. López Ríos, Bernardo. El Corporativismo y la Concertación Social en México, en Fundación Konrad Adenauer (Edit.). México en el Cambio, Cooperación Internacional, México 1992, pp. 80-96 Centro Tata Vasco, A.C. (Edit.). Análisis de la Realidad Nacional, Dolorosa transición a la democracia, Año 12, No. 2, 2º Semestre/1997, México 1998, pp. 19-20 Cf. Velasco, Edur. El salario mínimo fijado por el pacto no es constitucional, en Revista Trabajo y Democracia Hoy, Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS), Año 6, No. 34, noviembre/diciembre, México 1996, pp. 19-21

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Se estima que la mayoría de los trabajadores y empleados (88.5 %) percibe apenas hasta cinco salarios mínimos. Un dato todavía más patético nos indica que “la mayor parte de la población trabajadora, 47.20 %, percibe desde menos de un salario mínimo hasta dos salarios mínimos”.4 A partir de enero de 1998 se aprobó un ridículo aumento de tan sólo 14 % a los salarios mínimos. Carlos Wagner recuerda que para “combatir la inflación inducida por el propio gobierno populista, no se disminuyó el gasto público ni la burocracia reinante, sino se contrajo el salario para reducir el consumo. Así, bajando la demanda, se buscó abatir la inflación aunque se provocaran recesión y desempleo. Esa política de abatir salarios es congruente con el neoliberalismo, ya que considera el trabajo como mercancía y antepone la productividad lucrativa a la realización profesional y humana del trabajador. Resulta grata al empresario, por aumentar la mano de obra barata disponible, maximizar las utilidades y minimizar las prestaciones sociales. También satisface al gobierno por ser el empleador mayor del país (más de cuatro millones de asalariados) y reducir el gasto público, conforme los dictados del FMI. Además, permite a los líderes sindicales corruptos obtener jugosas prebendas personales a costa del empobrecimiento de sus agremiados… COPARMEX, que proclama como ideología la ‘economía de mercado con sentido social’, renuncia al humanismo al llegar a los salarios, pues afirma que pasarán diez años más hasta que se recuperen y sean justos. Razona que sólo pueden aumentarse sueldos conforme crezca la productividad; empero, olvida que en los últimos veinte años los salarios se contrajeron a pesar de aumentar la productividad… prostituir el salario mínimo, como se ha hecho en los últimos 15 años, es crimen de lesa humanidad; alegar razones económicas por encima de consideraciones éticas es injusto”.5 En efecto, en 1996, mientras la productividad media por trabajador se elevó 8.5 %, su remuneración media cayó 10.9 %. Además, según el Banco de México, entre 1994 y 1996, los salarios en el sector manufacturero, por ejemplo, sufrieron un deterioro del 25 %, mientras la productividad aumentó en 15 %.6 Empleo En 1998 se generarán alrededor de 536 mil puestos de trabajo, cantidad equivalente a poco más de la mitad de los empleos que debe crear el sector formal de la economía para responder al crecimiento natural de la población en edad de trabajar. Los 463 mil jóvenes restantes, en edad de trabajar, quedarán en el desempleo, en el autoempleo, en el subempleo 4

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Liceaga Z., María Sofía. Empleo y desempleo en México, en Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. Revista Bien Común y Gobierno, Año 4, No. 38, enero, México 1998, p. 93 Wagner, Carlos. Y los salarios ¿cuándo?, en Palabra, Revista doctrinal e ideológica del Partido Acción Nacional, Año 9, No. 37, julio/septiembre, México 1996, pp. 25-27-29 Cf. Moreno Wonche, Raúl. Los trabajadores y la política económica de Estado, en Revista Trabajo y Democracia Hoy, Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS), Año 8, No. 43, marzo/abril, México 1998, pp. 4-8

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o en el sector informal de la economía. El déficit laboral sigue creciendo y sus manifestaciones sociales son cada vez mayores. Así, en 1998 no se solucionará el rezago acumulado en los tres años anteriores (1994-1997), el cual supera los 2 millones 224 mil personas.7 Con la crisis económica de fines de 1994 (el error de diciembre), se impidió cumplir con el objetivo de generar un millón de empleos en 1995, año en que resultó negativo el saldo neto en materia de empleo. En 1996 se amplió en poco más de 313 mil personas el total de trabajadores registrados en el IMSS, sin embargo, sólo pudo recuperarse lo perdido en 1995. En 1997 se generaron más de 763 mil puestos de trabajo; sin embargo, alrededor de 264 mil jóvenes no lograron incorporarse al sector formal de la economía. Cabe recordar que entre 1991 y 1994, antes de la devaluación, hubo una disminución de empresas manufactureras en un promedio de 4 diarias. Y durante el primer semestre de 1995, después de la devaluación, las altas tasas activas de interés y la cartera vencida causaron el cierre masivo de empresas en un promedio de 48 empresas diarias. De enero de 1995 a junio de 1996, el promedio de cierre fue de 30 empresas diarias. Economía informal Mientras el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estima que la producción informal de bienes equivale al 8 % del PIB, y el comercio informal al 20 % del comercio formal, organismos privados estiman que la economía subterránea llega a ser entre 40 % y 60 % del PIB. El comercio es la principal actividad informal, y dentro de éste el ambulantaje alcanza un elevado nivel (1.5 millones de personas, equivalente al 37 % de las personas ocupadas en el comercio formal). “El empleo informal refleja el desempleo formal, que ha sido históricamente elevado y sigue en aumento: no inferior el primero a 40 % de la población económicamente activa entre 1970 y 1995, pasó de 55.5 % en 1990 a 59.4 % en 1996. Este porcentaje supera el promedio para América Latina, de 56 % y 57 % de Brasil. Entre las más acres críticas a la economía informal está la de la evasión fiscal, considerada por los empresarios que sí pagan impuestos como una competencia desleal, ya que los informales tienen también acceso a servicios públicos para su actividad.

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Cf. Tello Villagrán, Pedro. 1998: otro año deficitario en la generación de empleos, en Periódico El Economista, 3/junio, México 1998, p. 35

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Hay parte de razón en estos argumentos, pero también es cierto que la economía informal surge principalmente como una solución - en muchos casos forma de sobrevivencia - a la falta de espacios en la actividad formal”.8 Por tanto, es necesario transformar el empleo informal en empleo formal, exentando de impuestos a las microempresas y a las pequeñas empresas con pocas o nulas utilidades. Es urgente elevar la productividad de la economía, misma que más bien es baja en la actividad informal. Al respecto, el Dr. Juan Auping en su análisis de 1996, explica: “La inflación, las altas tasas activas de interés y la reducción de los montos reales de dinero en la economía generan una fuerte depresión. Los hechos hablan. El desempleo y el subempleo ha aumentado tanto, que durante 1995 cuatro de cada diez mexicanos que buscaban trabajo, no lo encontraban en el sector formal de la economía. Desde 1981 hasta la fecha no se ha creado un solo empleo en el sector formal de la economía: estamos en el mismo nivel de hace 15 años de poco menos de 22 millones de personas ocupadas en el sector formal de la economía. Las cifras que INEGI publica sobre el desempleo no reflejan esta realidad”.9 El Instituto de Proposiciones Estratégicas ha criticado las definiciones sobre empleo y desempleo del INEGI, como alejadas de las normas internacionales. “Hay gente que dice que el problema no es grave, porque casi todos los desempleados van al sector informal. Pienso que el sector informal ciertamente es una válvula de escape, pero tiene dos inconvenientes: significa una merma de los ingresos fiscales del gobierno y significa una competencia deshonesta para el sector formal de la economía. No es que los informales no paguen impuestos. Pagan cuotas muy fuertes a sus líderes que controlan el comercio de la calle y, generalmente, estos ‘impuestos’ rebasan la cuota que pagarían a Hacienda. Tanto Hacienda como los comerciantes informales tendrían ventaja en legalizar su situación. Parece que existen razones políticas para no hacerlo. A cambio de votos para el PRI estos líderes reciben luz verde del gobierno para mantener y controlar el sector informal”.10 Tasas de interés Antes de la estatización de la banca, en 1981 el diferencial entre intereses pagados (tasa pasiva) y cobrados (tasa activa), era del 4 %. Después da la privatización de la banca (1992), se establecieron excesivas altas tasas activas de interés: en 1993 hasta 36 %, cuando la inflación era del 8 %. En 1994 el margen de intermediación en México era de 14.2 % en promedio, mientras en los Estados Unidos era el 2.7 %. Las tasas pasivas reales eran del

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Centra Tata Vasco, (2º semestre 1997), op. cit., p. 22 Auping Birch, Dr. Juan. Las Crisis Sexenales Recurrentes de México, un análisis crítico con una propuesta, 2ª edición actualizada, julio, México 1996, p. 11 10 Ibid., p. 12

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orden del 7.8 % en México y de 2 % en los EUA, y las tasas activas reales de 22 % en México y de 4.7 % en los EUA. Estos márgenes de intermediación tan excesivos en el sistema bancario mexicano se debieron a que “el gobierno vendió la banca al sector privado, a tres veces su valor de libros y los nuevos propietarios cobraban a los ahorradores y deudores mexicanos el costo tan alto de esta inversión, por medio de altos márgenes de intermediación… La facilidad con que los bancos otorgaban créditos y las empresas y familias se endeudaban creó lo que se ha llegado a llamar ‘el hoyo macro’, es decir, una sociedad endeudada por encima de su capacidad de pago”.11 Después de la devaluación de diciembre de 1994, los diferenciales para créditos de menor monto llegaron al 45 % en mayo de 1995. Las tasas de las tarjetas de crédito tuvieron diferenciales que variaban del 40 % al 97 % en marzo de 1995. Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) “Para el presidente de la República es urgente que el Congreso le apruebe el absorber en la Deuda Pública Federal el quebranto del Fobaproa. Un buen número de diputados y senadores no tienen, empero, intención alguna de darle gusto. La propuesta del Ejecutivo implicaría aumentar la deuda de su actual 28 por ciento del PIB al 41 por ciento. Será muy difícil justificar el incluir en el recortado Presupuesto que ya prescindió de importantes gastos sociales una carga adicional de 560 mil millones de pesos; es decir, unos 65 mil millones de dólares. En todo caso, semejante paso requeriría contar con el apoyo de los contribuyentes, que soportarían tal incremento… Antes que nada habrá que hacer auditorías, no sólo sobre Fobaproa, sino para cada uno de los casos de endeudamiento tal y como lo demandan el PAN y el PRD, para así identificar cuáles son las responsabilidades y en quiénes recaen”,12 afirma el diputado panista Julio Faesler. Afortunadamente, por acuerdo unánime en la Cámara de Diputados, un auditor extranjero coordinará las auditorías al Fobaproa, y después se discutirá la iniciativa presidencial. Los más de 500 mil millones de pesos del Fobaproa equivalen a 1.4 veces el total de los ingresos tributarios para el presente año, a 4.9 veces las participaciones para los estados y municipios del país previstos en el actual Presupuesto de Egresos de la Federación,13 a dos terceras partes del presupuesto de egresos federal de este año, a siete veces el monto de la recaudación del IVA y a cuatro veces la actual deuda pública interna. Con relación al presupuesto para educación, Pablo Latapí señala que el mencionado monto del Fobaproa equivale a “más de tres veces el presupuesto total de educación del gobierno federal de este año, y representan el 14.4 % del PIB, en tanto que el gasto federal en 11

Ibid., p. 15 Faesler, Julio. La extranjerización bancaria, en Periódico Reforma, 2/junio, México 1997, p. 24A 13 Cf. Meneses Cázares, Julio. Algunas Notas sobre el Fobaproa, en Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. Revista Bien Común y Gobierno, Año 4, No. 43, junio, México 1998, pp. 85-87 12

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educación suele representar 4.5 % del PIB… Sorprende entonces la facilidad con que el presidente decidió aprobar el inmenso gasto para rescatar a los bancos, sin mayor discusión pública y con la menor difusión posible. No se cuestiona la necesidad de contar con una banca sana… En otras palabras, año con año el gobierno aplicó al rescate bancario nuevas erogaciones que equivalían casi a otro presupuesto entero de la SEP… ¿Tendremos alguna vez un presidente que ‘rescate’ la educación nacional de su mediocridad?… Nadie se preocupa por cuantificar el costo que tendrá para el país el rescate bancario en términos de adultos no alfabetizados, estudios básicos no continuados, o carreras universitarias truncadas por la falta de oportunidades que el país podía ofrecer a sus habitantes dentro de su pobreza y que en adelante no les ofrecerá”.14 Por otra parte, ya en 1996, los bancos mexicanos se encontraban en una situación de virtual quiebra, pero el gobierno los había venido rescatando “por medio de una inyección de más de 100 mil millones de pesos, vía Procapte (Programa de Capitalización Temporal), vía Fobaproa, comprando cartera crediticia, sobre todo de Probursa y Serfín y pagando a la banca la diferencia de las tasas de mercado y la tasa preferencial de programas de ayuda a deudores como el ADE”,15 un programa de apoyo a deudores que ayudó a contener el problema de la cartera vencida, pero no a resolverlo. Después del estallido de la crisis financiera de diciembre de 1994, Zedillo impulsó el Fobaproa, semejante al Ficorca (Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Bancarios), programa diseñado por Zedillo y aplicado por el gobierno a través del Banco de México en 1983 para salvar empresas en quiebra. En el nuevo programa de “rescate“ (Fobaproa) “de la élite de negocios del país… aparecen como banqueros prácticamente los mismos que en los años ochenta fueron rescatados como industriales”.16 A lo anterior hay que agregar que “se ha detectado que una gran parte de los pasivos de Fobaproa se debe a autopréstamos, créditos entre banqueros, créditos irregulares a subsidiarias de grupos a los que pertenecen los bancos; también créditos a empresas fantasmas o propiedad de los mismos accionistas, préstamos sin garantía, o para proyectos inviables, y todo tipo de operaciones irregulares”.17 Entre las soluciones que se han propuesto para salvar al pueblo de una carga tan pesada como el Fobaproa, está la del diputado Julio Faesler: “No es éticamente justo ni democráticamente tolerable que el mexicano acabe pagando con sus impuestos los préstamos que se extendieron con ligereza o con dolo. El camino menos 14

Latapí, Pablo. Finanzas bancarias y educativas, en Revista Proceso, No. 1127, 7/junio, México 1998, pp. 40-41 15 Auping (1996), op. cit., p. 27 16 Con los mismos rescatados y los mismos rescatistas, Ficorca y Fobaproa formaron el “hoyo negro de la economía” en favor de los oligopolios triunfantes, en Revista Proceso, No. 1127, 7/junio, México 1998, p. 26 17 La mitad del Fobaproa en el 0.13 % de los créditos de banqueros a parientes, amigos, socios y ellos mismos, en Revista Proceso, No. 1125, 24/mayo, México 1998, p. 6

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dañino para el rescate bancario es mediante préstamos extendidos por el gobierno o inversionistas avalados por la Secretaría de Hacienda con la debida autorización de la Cámara de Diputados, que los banqueros tendrán que cubrir puntualmente. En el caso de que los bancos no pagaran el financiamiento recibido en el plazo convenido, 15 o 20 años, por ejemplo, los acreedores tomarían posesión de los bancos deudores”.18 Esta es una posibilidad viable dado que existe “la presunción, fundada en datos que se han filtrado a la prensa, de que los deudores más grandes de Fobaproa sí tienen capacidad de pago… Hay que investigar cuidadosamente quién debe y cuál es su solvencia real, para saber si tiene con qué responder; y, por lo tanto, se podría desinflar Fobaproa si se comprueba que deudores que dicen que son insolventes, son solventes. Si esto funciona seriamente, da la impresión, por las cifras que se están manejando, de que podría bajarse la importancia del Fobaproa”,19 afirma el investigador Celso Garrido. En este sentido se ha pronunciado Felipe Calderón Hinojosa, dirigente nacional del PAN, en el caso de el banquero conocido como “El Divino”. Calderón ha señalado que las fracciones parlamentarias de Acción Nacional en el Congreso de la Unión no admitirán que el quebranto provocado por el banquero Ángel Rodríguez “El Divino”, lo pague el pueblo: “Ese dinero lo tiene que pagar él con su patrimonio… estaremos atentos a cobrarles la responsabilidad política y económica a quien la tenga; este gobierno y su partido, el PRI, tienen esa responsabilidad política por haber cometido ese terrible daño patrimonial a México”.20 El pasado 19 de noviembre, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de “Ley para la Protección al Ahorro Bancario”, mediante la cual se crea el Instituto para el Seguro de Depósito Bancario, para dar una solución integral al problema bancario. (Periódico Reforma, 24/noviembre, México 1998, p. 25A). He aquí sus principales puntos: La iniciativa de los diputados panistas apoya a los deudores, fortalece el sistema financiero, rechaza la propuesta del Ejecutivo de convertir a deuda pública los pasivos del Fobaproa y es una alternativa viable y diferente a la del Presidente de la República. La propuesta pretende dar las condiciones necesarias para que se llegue a soluciones justas, equitativas y viables que brinden a los mexicanos, mayor certidumbre, seguridad y oportunidades de desarrollo. Asimismo, persigue sacar adelante al país del quebranto financiero; sepultar y liquidar por completo el Fobaproa y poner las bases de un sistema financiero más sólido. En ese sentido la propuesta: rechaza la validez de las operaciones con las que el gobierno asumió pasivos y violó la Constitución Mexicana y a la ley que regula al Fobaproa; 18

Faesler, op. cit., p. 24A Cf. Proceso, No. 1127, op. cit., p. 27 20 Calderón no descarta presionar para que renuncie Ortiz al Banxico. Anticipa que no se conformará con las auditorías al Fobaproa, en Periódico El Financiero, 5/junio, México 1998, p. 51 19

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incorpora las inquietudes que se dieron a lo largo de amplias discusiones, con los grupos parlamentarios, partidos políticos, deudores y banqueros, así como con el gobierno; no está comprometida con ningún otro grupo parlamentario, ni con el gobierno; refrenda su rechazo al Fobaproa, a la deuda pública directa y a la impunidad; establece el marco legal, para que el Estado Mexicano pueda enfrentar la crisis de alguna institución bancaria, pero con limitaciones estrictas y no como las aplicadas en 1994. El Instituto de Protección del Ahorro tendrá como propósito repartir los costos de manera justa y equitativa provocados por la mala utilización del Fobaproa y, entre otras cosas, contribuirá a: minimizar el costo fiscal de la crisis bancaria; que los bancos asuman su responsabilidad en los créditos cedidos al Fobaproa; dotar al país de un sistema financiero capitalizado, más eficiente y competitivo; detectar las operaciones irregulares para castigar a los culpables. En su conformación y operación el Instituto tendrá las siguientes características: será técnica y presupuestariamente autónomo del Ejecutivo; estará controlado por el Congreso de la Unión; las decisiones recaerán en los cuatro ciudadanos que conformarán la Junta de Gobierno, integrada en su totalidad por siete miembros, quienes tendrán experiencia y solvencia moral; su esquema operativo de salvamento de emergencia será limitado y no sistémico; previo a su conformación, todos los activos del Fobaproa serán auditados, sin que ello implique convalidar ninguna operación ilegal, ni perdonar o eximir a los responsables; posibilita rechazar los créditos vendidos al Fobaproa que hubieran sido absorbidos ilegalmente. Afores (Administradoras del Fondo para el Retiro) El ahorro interno es la prioridad económica del gobierno federal, pues según su diagnóstico, sólo con una elevada tasa de ahorro interno podría evitarse la recurrencia de las crisis cambiarias; por ello elevó impuestos, como el IVA (mecanismo de ahorro forzoso) y “modificó la estructura y operación del sistema de retiro, cesantía y vejez que antes administraba el IMSS. Las llamadas Afores son empresas privadas que el lo sucesivo van a administrar los fondos para el retiro… junto con el resto de la población actualmente afiliada al IMSS estamos en peligro de ser esquilmados una vez más como ha sucedido con el fondo de pensiones del IMSS y con el despojo vía Infonavit”,21 señala Luis Rubio (Premio Nacional de Periodismo e Información 1997-1998). El manejo de las Afores, además, implícitamente está incurriendo en prácticas monopólicas. Dado este equivocado diagnóstico de la Presidencia de la República, que no considera a la corrupción, ni el despilfarro público ni su errónea política cambiaria, se está forzando el ahorro interno para evitar recurrir al endeudamiento externo. “Tal política es insostenible a la larga. Sin embargo, las Afores le permitirán al sexenio seguir con programa económico y dejará al sucesor encarar los problemas”.22 21 22

Rubio, Luis. Las Afores, ¿ahorro o expoliación?, en Periódico Reforma, 6/abril, México 1997 Wagner, Carlos. Importancia de las Afores, en Palabra, Revista doctrinal e ideológica del Partido Acción Nacional, Año 10, Nos. 39-40, enero-marzo, abril-junio, México 1997, p. 35

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Otro motivo para implementar las Afores es la quiebra técnica de la Banca mexicana, pues la crisis financiera de 1995 provocó que los deudores no pudieran pagar los leoninos y usureros intereses de la Banca, que llegaron hasta el 110 % anual. Por ello, señala Gabriel Zaíd, las “afores no están pensadas para el bienestar familiar, sino para el rescate del gobierno y la Banca. El gobierno abusó de los fondos de pensiones del Seguro Social y del Infonavit y le pasa el costo a los trabajadores, y la Banca fue imprudente en su entusiasmo salinista, y ahora está en el hospital del Banco de México”.23 Gabriel Zaíd también señala que se impide una libertad fundamental: que el empleador entregue el dinero correspondiente a los trabajadores que prefieran ser sus propios administradores de fondos de retiro, recordando la ventaja sobre los cuentahabientes, de los métodos de ahorro casero de muchas señoras que desconfían de los bancos, así como del éxito de las cajas populares. El PAN votó en contra de las Afores porque al final del proceso legislativo, a través de la presión que ejerció el Sindicato del IMSS y la fracción obrera del PRI, representada por la CTM, incluyeron un artículo 8º transitorio, el cual hacía referencia a la posibilidad de creación de una Afore por parte del IMSS. “Este artículo 8º contraviene dos artículos de la Ley del IMSS y cuatro de la Ley de las Afores, en los que se establece claramente que no puede tener el IMSS su Afore. Lo incluyen, no solamente engañando al Legislativo, sino a todo el pueblo de México”.24 Además, dentro de la representación de gobierno existe una Junta de Gobierno, integrada por representación gubernamental (constituida por el director del IMSS), en la que se incluyeron dos representantes obreros y uno empresarial. Ahí “se manejará información privilegiada con la que se podrán tomar decisiones referentes a sanciones y lineamientos a las Afores… no se puede ser juez y parte, como es el caso del titular del IMSS. Por otra parte, el IMSS tendrá la función recaudatoria, inclusive todas las Afores le pagarán una comisión por hacer la cobranza de todas las aportaciones obreropatronales y enterarlas a las Afores. Eso significa que van a tener manejo de información privilegiada en cuanto a las aportaciones de los trabajadores de todo el país y, de alguna manera, pudieran hacer manejo discrecional de la información y hacerse de un mercado. Igualmente, dentro de la misma ley se contempla la existencia de una cuenta concentradora para todos los trabajadores que no decidan a qué Afore dirigirse, quienes estarán, hasta por un máximo de cuatro años, dentro del IMSS, y manejará los rendimientos de los trabajadores sujetándolos a lo que la Secretaría de Hacienda determine. Esto significa que el IMSS tendrá un mercado cautivo de trabajadores sin mayor inversión de publicidad, lo que representa una posición desleal en cuanto a la competencia con otras Afores. Esto contradice lo manifestado dentro de la exposición de motivos de la ley misma, en cuanto a manejarlas con espíritu de competencia leal y, sobre todo, equitativa”.25 23

Zaíd, Gabriel. Afores a fuerza, en Periódico Reforma, 28/julio, México 1997, p. 24A Urdapilleta, Jorge. Las Afore… ¿Serán respuesta a pensiones dignas?, en La Nación, Órgano Oficial del Partido Acción Nacional, Año LIV, No. 1954, 26/abril, México 1996, p. 30 25 Ibid., p. 30 24

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El Senador José Ángel Conchello ha denunciado que el contrato con Afores es ilegal porque viola la Ley de Sistemas de Ahorro para el retiro: “… en las afores no sólo permiten que haya pérdidas sino que obligan al obrero a que, de antemano, las acepte”,26 y ha objetado el cobro de comisiones por considerarlo violatorio de la ley. Mientras tanto, la “propaganda de las Afores arrecia y cada banco proclama su superioridad sobre sus competidores. ¿Qué está en juego? Capitales astronómicos que se acumularán hasta que los trabajadores asegurados cumplan 25 años de cotizaciones y puedan disfrutar de sus pensiones. ¿De cuánto estamos hablando?… al cabo de 15 años se habrá acumulado (en las Afores) el equivalente de toda la deuda externa. Pero esta fortuna se acumulará, siempre y cuando no se desvanezca, como las reservas del IMSS y el capital del Infonavit”.27 Las Afores son 17, de las cuales, 16 son privadas y una es del Seguro Social. En su sofisticada propaganda no se explica al público que las Afores cobran elevadas comisiones (26.15 % de los ahorros que reciben). Los trabajadores que no elijan Afore pueden quedarse en una cuenta concentradora del Banco de México, que no cobraría comisión, ni por entrar, ni por estancia ni por rendimiento, y pagaría un rendimiento del 2 % por lo menos, en 1997. Sin embargo, en septiembre del mismo año, el Senador del PAN, José Ángel Conchello, solicitó al Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, detener la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Consar, que señala el cobro a los trabajadores que opten por la cuenta concentradora del Banco de México. “Esta medida, que tiene al parecer el carácter de castigo y represalia contra los asegurados que valientemente se han negado a someterse a las Afores, resulta abiertamente ilegal”,28 porque viola disposiciones de la Ley del SAR y de su reglamento; así se lo hizo ver el Senador Conchello a Guillermo Ortiz en una carta que le envió directamente. Con las Afores los bancos pretenden lucrar en seis frentes: cobrando una comisión a los depositantes, proporcional a su sueldo integrado; cobrando otra comisión sobre el saldo acumulado anual del depositante; enajenando parte de los intereses ganados por el depositante; cobrando pagos adicionales por cualquier servicio extra solicitado; cobrando comisiones anuales sobre cuentas inactivas y ordeñando a los deudores con intereses leoninos… Claramente se manipula la ignorancia del trabajador. Pero aún hay más: cada Afore crearía una SIEFORE (Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro) en 1997, para invertir los fondos recaudados y un mínimo de tres SIEFORES en los próximos años. “Tras la elección de la respectiva Afore, el trabajador deberá tomar otro riesgo, que es de elegir el tipo de SIEFORE, al que se habrá de canalizar su dinero. Este nuevo concepto, requiere de conocimientos o asesoría financiera, puesto que involucra riesgos propios del mercado de dinero, aquel en el que se manejan CETES, pagarés bancarios, acciones, etc. 26

Cf. Conchello, José Ángel. Afores: mejor no entres, en Periódico El Financiero, 19/febrero, México 1997 Wagner, Carlos. Importancia de las Afores, op. cit., p. 34 28 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Senado de la República). Demanda Conchello suspender cobro en Cuenta Concentradora. Boletín No. 265, 9/septiembre/1997, en La Nación, Órgano Oficial del Partido Acción Nacional, Año LVI, No. 2003, 12/septiembre, México 1997, 2ª . de Forros

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Aunque suene ridículo e inverosímil, el trabajador tendrá oportunidad de incurrir hasta en el mercado de valores. Habrá hasta donde se sabe, tres tipos de SIEFORES (encargados de colocar el dinero a donde le dé mejores rendimientos o intereses)”.29 La primera invertiría en documentos financieros; la segunda invertiría en el mercado de dinero con tasas y riesgos mínimas, y la tercera (que se iría al mayor riesgo pero con mayores rendimientos) es el mercado accionario o de valores, pero esto requiere de mayores reflexiones. “Imaginemos a un pobre trabajador, apenas con primaria completa y que jamás ha tenido una cuenta de cheques o de inversión bancaria. Es obvio que sabrá muy poco de abonos y cargos, de comisiones y garantías, de rendimientos e inversiones. Visto desde su perspectiva, las Afores son un complicado mecanismo infernal para engañarlo e impedirle decisiones sólidas. Es decir, las Afores en realidad impiden el involucramiento del trabajador”.30 Dado que “no se ha visto que los bancos sean tan maravillosos para dar servicio a sus clientes. Ni siquiera para administrar su propia cartera. Si el país entero ha tenido que subsidiar sus errores, para salvarlos de la bancarrota, ¿cómo pagarles por adelantado 20 años de servicios? Sería como contratar mariachis, pagarles de antemano la música de los próximos 20 años y confiar en que canten maravillosamente las rancheras… Hay que estar en contra de esto, y pedir que el… Congreso intervenga en favor del ahorro verdaderamente libre, tanto en las Afores como en el Infonavit. ¿Cómo sería una Afore ideal? Una que garantizara el 2 por ciento anual, neto de inflación y comisiones; que recibiera también los fondos para el Infonavit, y los canalizara, no sólo a vivienda, sino a proyectos productivos (con mucho menos de lo que cuesta un departamento, se puede comprar un taxi, poner una taquería, producir ropa, abrir una tienda, instalar un taller de automóviles, plomería, carpintería, montar un despacho o consultorio); que permitiera la incorporación de las cajas populares, y que no cobrara por entrar”.31 El Senador José Ángel Conchello ha propuesto la creación de un Banco Nacional de Previsión Social que maneje las cuentas, porque bajo el esquema actual, los beneficiarios del sistema de ahorro serán los bancos. La Economía Social de Mercado “La Economía Social de Mercado (ESM) es un orden social, económico y político integrado, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y centrado en el hombre, en el que, a diferencia del neoliberalismo, la política económica y la política social son simultáneas”.32 29

Matus, Jesús. Las Afores: No son almas de la caridad, en Cambio Político, Órgano Informativo del Partido Acción Nacional en el D.F., No. 35, marzo, México 1997 30 Wagner, Carlos. Importancia de las Afores, op. cit., p. 37 31 Zaíd, op. cit., p. 24A 32 La Economía Social de Mercado y América Latina, en Palabra, Revista doctrinal e ideológica del Partido Acción Nacional, Año 5, No. 20, abril/junio, EPESSA, México 1992, p. 23

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La ESM ha sido aplicada con éxito en varios países de la Europa Continental y se contrapone a las economías socialistas de planeación y a las formas de economía de tendencia liberal. Dentro de los sistemas de mercado, la ESM tiene mejores calificaciones que el sistema Anglosajón.33 El respeto a los Principios Éticos de Dignidad de la Persona Humana, Solidaridad, Subsidiariedad y Bien Común, constituyen el fundamento de la ESM, para lograr una auténtica economía al servicio del hombre.34 Principios constitutivos Sistema de precios de “competencia perfecta”. Esta debe ser la tendencia del sistema de precios, lo cual sólo es posible si en todo mercado hay muchos oferentes y muchos demandantes. Estabilidad de la moneda. El valor del dinero tiene que permanecer estable. El afianzamiento del valor del dinero no debe estar en manos de instancias políticas. La estabilidad de la moneda debe estar garantizada por un banco central independiente del gobierno. Libre acceso a los mercados. Los mercados deben ser abiertos. No debe haber barreras para entrar a ellos, ni acuerdos para la formación de trusts, de cárteles o de monopolios. Libertad contractual. El libre contrato es un requisito indispensable para la competencia, sin embargo, el Estado puede intervenir para evitar abusos en la libre contratación, y garantizar la justicia social. Propiedad privada con función social (hipoteca social). La base de la ESM es la propiedad privada de los medios de producción subordinada al Principio del Destino Universal de los Bienes (Cogestión).

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Cf. Albert, Michel. Capitalismo contra Capitalismo, Editorial Paidós, México 1992 Cf. Höffner, Card. Joseph. Sistemas Económicos y Ética Económica, Normas de Doctrina Social Católica, IMDOSOC, México 1987

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ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

FUENTES

ESCUELA DE FRIBURGO

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Principios constituyentes 1. Sistema de precios de “competencia perfecta” 2. Estabilidad de la moneda 3. Libre acceso a los mercados 4. Propiedad privada (Hipoteca social) 5. Libertad contractual 6. Plena responsabilidad 7. Constancia de la política económica

- Principio de Dignidad de la Persona Humana - Principio de Solidaridad - Principio de Subsidiariedad - Principio del Bien Común - Destino universal de los bienes - Humanización del trabajo - Transferencias sociales

Principios reguladores 1. Control del Estado sobre monopolios 2. Política para corregir distribución del ingreso 3. Reglamentación del trabajo 4. Salario mínimo remunerador 5. Cogestión

Plena responsabilidad. Los actores económicos pueden y deben buscar su legítimo beneficio económico, con moderación y subordinado al Bien Común, lo cual incluye el cuidado del medio ambiente (ecología). Los sindicatos, tanto los de trabajadores como los de empleadores, al igual que los demás organismos intermedios, son libres, e independientes tanto del gobierno como de partidos políticos. Constancia de la política económica. Debe ser una política económica que garantice el bienestar para todos. Las reglas en constante variación, por ejemplo en materia de impuestos, de contribuciones o de cálculos de contabilidad, etc., disminuyen la capacidad y la disposición de las empresas para invertir y para competir con el extranjero. Principios reguladores Intervención del Estado para evitar monopolios. El Estado debe impedir la formación de monopolios por medio de una política de competencia. El Estado previene o desmantela monopolios estatales y privados; puede hacerlo mediante la apertura comercial, la legislación anti-cártel y anti-monopolio, o mediante una política activa de promoción y de protección a la micro, pequeña y mediana empresa, para que no estén expuestas a las decisiones de las grandes empresas. Si por razones técnicas un monopolio llegara a ser inevitable, entonces deberá ser controlado por un organismo inspector independiente. Política de corrección en la distribución del ingreso. Los dos instrumentos más poderosos para llevarla a cabo son: impuestos progresivos sobre la renta de personas y de empresas, y un sistema de seguridad social. En el caso del primer instrumento, el porcentaje

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del impuesto sobre la renta aumenta con los ingresos. En cuanto al segundo instrumento, el seguro social es financiado en su mayor parte por los empleadores y por los trabajadores, y en menor proporción por el Estado, a fin de que no signifique un peso excesivo sobre el gasto público. “Estos sistemas de seguridad social son, desde un punto de vista de justicia distributiva, una expresión de solidaridad de los que tienen empleo, con los que no lo tienen (por vejez, desempleo, enfermedad o invalidez) y desde el punto de vista macroeconómico, un ‘estabilizador automático’ de la demanda interna, al conservar el poder adquisitivo de los que perdieron su empleo”.35 Reglamentación del trabajo. En la ESM existen leyes que limitan el día y la semana de trabajo, que prohíben el trabajo de menores de edad, que protegen a la mujer embarazada en el trabajo, y que previenen la contaminación del ambiente, entre otras cosas. Las empresas, con base en el Principio de la Dignidad de la Persona Humana, están obligadas a contratar un cierto porcentaje de discapacitados, los cuales llegan a desempeñar su trabajo con mayor eficiencia en ciertas áreas. Salario mínimo remunerador. La ESM garantiza un ingreso mínimo acorde a la dignidad humana y familiar, mediante el salario mínimo constitucional (efectivo en la realidad) o mediante ayudas sociales a quienes no devenguen dicho mínimo. Rebasado el mínimo, los salarios remuneradores se negocian libremente entre sindicatos de trabajadores y de empleadores (gremios), sin la intervención gubernamental. En caso de huelga, tribunales laborales (autonomía del poder judicial) resuelven el conflicto. La participación en la empresa. La ESM busca la participación de los trabajadores y de los empleados en la empresa. Al referirse a las exitosas experiencias de cogestión en Alemania Occidental y en otros países de Europa Libre en la década de los sesenta, el Dr. Manuel Loza Macías distingue los grados de participación activa del obrero en la empresa: 1) información; 2) derecho de discusión; 3) derecho de deliberación; 4) derecho de colaboración; 5) derecho de decisión.36 Con estos presupuestos, la ESM logra hacer efectiva la participación en la empresa por medio de tres instrumentos: a) la participación en la producción, por medio del trabajo responsable en circunstancias adecuadas; b) la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, haciendo co-accionistas a los propios trabajadores, es decir copropietarios; la participación en la gestión de la empresa, por medio de diferentes canales de co-gestión.

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Auping Birch, Dr. Juan. Entre Socialismo y Neoliberalismo, Una alternativa para América Latina, Fundación Konrad Adenauer (Edit.). Instituto de Proposiciones Estratégicas, IMDOSOC, México 1992, p. 61 Loza Macías, Dr. Manuel. A Propósito de la Mater et Magistra, Colección Panorama No. 9, Editorial JUS, México 1963, pp. 141-145

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En cuanto al aspecto económico-social de la cogestión, se nota la ventaja de la realización de un importante aspecto de una economía al servicio del hombre, ya que se reconoce tanto al asalariado, como al empresario, su dignidad de personas humanas, base de la justicia social. Además, aumenta la productividad al haber una mayor motivación para el trabajo. En Alemania Occidental, la ley sobre cogestión en el sector de la industria del carbón y del acero, fue promulgada en 1951.37 A partir de 1972 la cogestión 38 en varias formas obliga por ley en países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Austria y Luxemburgo.39 Así, hablar de la ESM implica hablar de un orden económico libre con un orden político democrático, con un Estado de Derecho sólido y fuerte que garantice y promueva la libertad económica y la justicia social simultáneamente, con base en los Principios Éticos de la Doctrina Social Cristiana. Otras propuestas de solución para México Para lograr la estabilidad monetaria Manuel Gómez Morín (el primer economista moderno mexicano, de acuerdo con el historiador Enrique Krauze 40) contribuyó con la creación del Banco de México, concebido por Don Manuel como un auténtico Banco Central, autónomo del gobierno; pero a partir de Lázaro Cárdenas el Banco de México fue intervenido para financiar todas las aventuras del gobierno, provocando inflación y graves daños para el país.41 Con Salinas de Gortari se lograron avances formales en la autonomía del Banco de México, sin embargo, hubo incongruencia al mantener la fijación de la paridad en la Secretaría de Hacienda, por lo que, con la tan celebrada autonomía no se evitó la grave crisis financiera desatada a fines de 1994. En la línea de Gómez Morín (quien previó la globalización), 42 el Dr. Auping, tomando en consideración que México tiene una economía abierta, ha propuesto una unión monetaria formal o informal, respecto al dólar estadunidense: “En este sistema el Banco Central pierde su poder de política monetaria discrecional. Precisamente de esto se trata: atarle las manos por la ley, para proteger el poder adquisitivo de la moneda. El desempeño de nuestro Banco Central no ha sido ejemplar y se requiere un mayor control. En el nuevo sistema la cuestión monetaria queda sujeta al control de la ley y de un Consejo de Vigilancia Monetaria y Cambiaria que vigila al Banco Central en el cumplimiento de la ley”.43 Uniones monetarias 37

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Cf. Lampert, Heinz. El orden económico y social de la República Federal de Alemania, Unión Editorial, S.A., Konrad Adenauer Stiftung, Madrid 1990 Cf. Utz, Arthur F. La empresa como dimensión del mundo del trabajo: ¿ el trabajador como socio ?, Colección Humanum, Editorial Herder, Barcelona 1986 Cf. Loza Macías, S.J., Manuel. Mensajes Sociales para el Mundo de Hoy, Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), IMDOSOC, México 1992, p. 183 Cf. Los valores de Manuel Gómez Morín, en el centro de lo que los mexicanos queremos ahora para salir del pantano, en Revista Proceso, No. 1060, 23/febrero, México 1997, p. 28 Cf. Wilkie, James W. Y Monzón de Wilkie, Edna. México visto en el Siglo XX: entrevistas con Manuel Gómez Morín, Editorial JUS, México 1989, pp. 112, 36 y 39 Cf. Wilkie, op. cit., p. 104 Auping (1996), op. cit., p. 26

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informales han existido en Holanda (respecto al marco alemán); en Panamá (respecto al dólar estadunidense) y en Luxemburgo (respecto al franco belga). Además, se ha estimado el ahorro mexicano total en el extranjero en más de 100 mil millones de dólares, cantidad equivalente a la deuda pública externa de México que ascendía a 98.3 mil millones de dólares en 1996. Para resolver el problema del ahorro interno en México, se debe resolver el problema de la fuga de capitales. La única manera realista para atraer el ahorro de la clase alta consiste en permitir que sus capitales se depositen en México como dólares y con garantías constitucionales para que no puedan ser confiscados. “Al permitir que en nuestra economía circulen dólares, esta oferta de dólares neutralizaría la presión de la demanda de dólares sobre el tipo de cambio, fenómeno recurrente a finales de cada sexenio”.44 Contribuyendo de esta manera a resolver el problema del ahorro interno, se procedería a resolver el problema de la inestabilidad cambiaria sexenal recurrente, como se ha expuesto más arriba. Para resolver el problema de la cartera vencida, en 1996 el PAN propuso la creación de un Fideicomiso de Apoyo a Deudores (FAD), es decir, un programa para hacer un fideicomiso con la finalidad de comprar el 30 % del total de la cartera de los bancos (que según cifras de marzo de 1996, era de 738 mil millones), es decir, 221 mil millones y cancelar a los deudores cumplidos y morosos, particulares y empresas en cualquier tipo de crédito, ese 30 por ciento de adeudo.45 El diputado Julio Faesler ha señalado que al “fallar la semana pasada la Suprema Corte a favor de los bancos, perdimos otra oportunidad. En efecto, apegándose a la interpretación estrictamente literal de los códigos vigentes, la Corte sentenció que el anatocismo no existe en los contratos que los bancos imponen a sus clientes… No se consideraron otros principios de justicia superiores como el rebus sic stántibus, que se invocaría frente a cambios en la situación económica que prevalecía en el momento de contraer sus obligaciones originando la insolvencia en que han caído los deudores. Se olvidaron también los ministros que a lo imposible nadie está obligado… Hay que emprender de inmediato desde el Legislativo, la tarea de preparar los textos legales necesarios para incorporar a los Códigos de Comercio y Civil, a la Ley de Instituciones y Operaciones de Crédito y a las Circulares de la Comisión Nacional Bancaria, los criterios de equidad que guíen las decisiones de los jueces al terreno de la justicia. Ello incluye, desde luego, prohibir el anatocismo e instituir lo antes posible la Procuraduría para la Defensa del Usuario Bancario”.46 Francisco J. Peniche Bolio afirma directo: “Son a nuestro juicio válidas y correctas las críticas que, provenientes de destacados juristas de todas las ideologías, se han hecho a la conflictiva tesis sentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, en resumen, 44

Auping Birch, Juan. Balanza de Pagos: Estabilidad Monetaria y Cambiaria, en Revista Ejecutivos de Finanzas, Año XXVI, No. 7, julio, México 1997, p. 21 45 Cf. El FAD, mecanismo para reactivar la economía: Ocejo Moreno, en Revista La Nación, Órgano Oficial del Partido Acción Nacional, Año LIV, No. 1955, 10/mayo, México 1996, pp. 3-5 46 Faesler, Julio. Los tiempos perdidos, en Periódico Reforma, 13/octubre, México 1998, p. 10A

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consideró constitucional el ANATOCISMO (el cobro de intereses sobre intereses en los créditos bancarios), sin distinguir si tales créditos eran préstamos civiles o préstamos mercantiles… La omisión de la Suprema Corte, al no hacer la distinción entre préstamos civiles y préstamos mercantiles, indica lo que el doctor Ignacio Burgoa Orihuela califica de grave falta de sindéresis jurídica, o sea, de recto juicio”.47 “A su vez, el Obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso, dijo que el problema del Fobaproa se ha agudizado porque la legislación del código de Comercio es obsoleta, y porque hay muchas deficiencias en las leyes que sirven para que los defraudadores no sean castigados. ‘Lo primero que deberían hacer los legisladores es dedicarse a cambiar las leyes que son obsoletas, tanto comerciales como las penales, en las cuales no debe dejarse ningún resquicio para que se aprovechen los leguleyos y defiendan a los criminales’, expresó. Sobre el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia en el sentido de legalizar la capitalización de intereses en cualquier contrato bancario, Reynoso dijo que en este caso es una injusticia aplicar el derecho con todo su rigor, por lo que dijo que las autoridades deberían de tratar de solucionar equitativamente este problema”.48 Vale la pena recordar una importante lección del Maestro Rafael Preciado Hernández, destacadísimo diputado panista, Maestro Emérito por la UNAM que durante décadas impartió la materia de Filosofía del Derecho: “el derecho positivo sólo se justifica en la medida en que se funda en la justicia. No se puede prescindir de esta idea. El legislador no se limita a elevar a la categoría de ley los usos y costumbres que observa en el pueblo para el que legisla, sino que los valora y elige solamente aquellos que están de acuerdo con un criterio que no puede ser otro que el de la justicia; pues persigue el bien de la comunidad, o únicamente se preocupa por asegurar intereses particulares (personales, de un sector de la sociedad, o de un partido). En el primer caso la ley será justa si es adecuada al fin propuesto y en el segundo se reducirá a ser expresión, en último análisis, de la fuerza, fuerza que explica la existencia y observancia de una regla de conducta social, pero que nunca la justifica ni la funda. El jurista frecuentemente encuentra la solución justa de un problema jurídico antes que la legal, y desde ese momento sus esfuerzos tienden a que ésta última coincida con aquélla”.49 En este sentido, los criterios éticos y de combate a la corrupción, deberán prevalecer en la solución que se dé al problema del Fobaproa. Respecto a la justicia en el salario, debe reivindicarse el derecho constitucional conforme al Artículo 123, con un ajuste gradual hasta devolverle su valor real. Esto puede lograrse teniendo realmente en cuenta el costo de la canasta básica para satisfacer las necesidades reales de una familia de cinco personas, como indicativo para la negociación salarial. 47

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Peniche Bolio, Francisco J. El supremo fallo: La tesis de la Corte sobre el Anatocismo, en Revista La Nación, Órgano Oficial del Partido Acción Nacional, 19/octubre, México 1998, p. 19 Urge Conferencia del Episcopado Mexicano solucionar Fobaproa, en Periódico Reforma, 11/noviembre, México 1998, p. 11A Preciado Hernández, Rafael. Ensayos Filosófico-Jurídicos y Políticos, editorial JUS, México 1977, pp. 14-15

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Rechazando el corporativismo y siguiendo a la Economía Social de Mercado, podría lograrse una negociación descentralizada por empresa, tomando en cuenta las necesidades de cada una de estas, y considerando el aumento de la productividad en la misma empresa. Esto es perfectamente posible y justo, dado que, como hemos dicho, en 1996 por ejemplo, mientras la productividad media por trabajador se elevó 8.5 %, su remuneración media cayó 10.9 %. “Finalmente, un salario remunerador justo debe reflejar los incrementos de productividad; en los últimos diez años, la productividad manufacturera aumentó 60 %, y los salarios medios continúan estancados”.50 Cabe recordar que Manuel Gómez Morín considera que el Artículo 123 es de lo más valioso: “creo que será permanente en la vida de México”.51 Igualmente Efraín González Luna (co-fundador del PAN y de quien celebramos en este año el centenario de su natalicio) afirma que el salario familiar 52 es fundamental para garantizar la justicia social. Ambos destacados intelectuales rechazan, tanto al colectivismo marxista como al liberalismo económico, 53 y son precursores de una Economía Social de Mercado para México.54 Con motivo de la reunificación alemana, que implica la transición del fracasado modelo socialista de planificación centralizada (Alemania Oriental) a la Economía Social de Mercado (Alemania Occidental), en 1992 Ronald Clapham escribía que “el gobierno de Alemania Occidental, es decir los contribuyentes, tendrá que subsidiar los salarios de Alemania Oriental (solidaridad) y permitir que los desempleados tengan acceso al sistema de seguridad social en un nivel elevado”.55 Como señalaba Patricio Aylwin: “Los problemas, vicisitudes y dificultades de su proceso de unificación, que todos sus amigos seguimos con tanto interés, también entrañan la necesidad de un esfuerzo de justicia y solidaridad. Es lo que con coraje y sabiduría ha encarado el Canciller Kohl, procurando reducir en lo posible el inevitable costo social de ese proceso y recurriendo con valentía a los principios humanistas cristianos,

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Wagner, Carlos. ¿Vamos bien o vamos mal?, en Palabra, Revista doctrinal e ideológica del Partido Acción Nacional, Año 11, No. 44, abril-junio, México 1998, p. 60 Wilkie, op. cit., p. 20 González Luna, Efraín. La Dignidad del Trabajo (1944), en Humanismo Político, EPESSA, México 1991, p. 253 Cf. Gómez Morín, Manuel. Conferencia pronunciada en la reunión de grupos en el local de “Acción Nacional”, 30/junio/1939, en La Nación y el Régimen, Biblioteca de “Acción Nacional”, (s.f.), México, p. 72 - Cf. Krauze, Enrique. Caudillos culturales en la Revolución mexicana, Siglo XXI Editores, México 1994, pp. 93-94 - Cf. González Luna, op. cit., p. 258 Cf. López Ríos, Bernardo. Gómez Morín: Precursor de la economía con justicia social en México, en La Nación, Órgano Oficial del Partido Acción Nacional, Año LVI, No. 2003, 12/septiembre, México 1997, 15-17 - Don Efraín González Luna y los Trabajadores, en La Nación, Órgano Oficial del Partido Acción Nacional, Año LVI, No. 2036, 25/mayo, México 1998, 2ª y 3ª de Forros Clapham, Dr. Ronald. El Sistema Económico de Alemania y sus Problemas Actuales, en Revista Cooperación, Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, Año XVIII, No. 142, México 1992, p. 30

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para reclamar a quienes tienen más, un mínimo de sacrificio para compartir el destino común de la nación alemana con sus hermanos que tienen menos”.56 Mientras se piensa en la manera de aplicar en México (en donde tenemos el problema de la gran corrupción gubernamental) la estrategia mencionada por Clapham, para lograr una equitativa distribución del ingreso y volver a contar con una gran clase media en nuestro país, podrían reducirse en 40 % por ejemplo, las percepciones de los altos funcionarios, seguido por las dietas de los miembros del Congreso. Por otra parte, en “nuestra realidad laboral se ocultan salarios, utilidades y patrimonio a los trabajadores, quizá por la injusta remuneración del personal. Rara vez se consultan las decisiones con los subalternos afectados. Menos aún se delegan decisiones al personal de la base. Hay empresas que escamotean el reparto legal de utilidades y son excepcionales aquellas que comparten la propiedad de los socios con los obreros… ¿Cómo competir en una economía global con personal desmotivado y antagónico, mercantilizado por el neoliberalismo? La Economía Social de Mercado responde con la cogestión.57 En la Economía Social de Mercado, la iniciativa privada es el primer derecho habiente para fundar escuelas, con la orientación moral y religiosa que los padres de familia determinen (este derecho humano fundamental todavía no está reconocido en el artículo 3º constitucional),58 pero cumpliendo con las normas de excelencia académica requerida por el Estado. En México hacen falta trabajadores con secundaria técnica y preparatoria o vocacional, por lo que es necesaria una mayor inversión en este rubro. Para ello podría evaluarse la proporción del gasto público destinado por ejemplo, al sector militar, en comparación con el gasto público destinado al sector educativo. Es indispensable renegociar la deuda externa, que ya rebasa los 100 mil millones de dólares. Se deberá renegociar el financiamiento de los vencimientos, de lo contrario, se desplomará la paridad. Para ello se ha propuesto recurrir a los “swaps”.59 También es necesario que el Congreso ponga límites al endeudamiento público externo. Además, deberán tomarse en cuenta los señalamientos éticos de la Comisión “Justicia y Paz”.60 Por ejemplo, cuando afirma que en algunos casos los Estados acreedores podrán convertir los préstamos en donaciones, eliminar intereses, etc. También es necesario 56

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Aylwin, Patricio. Justicia y solidaridad: un desafío para el mundo, en Thesing, Josef. Para la Democracia y la Justicia Social, Documentos y recomendaciones de la Fundación Konrad Adenauer para la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en Copenhague en 1995, CIEDLA, Buenos Aires 1995, p. 27 Wagner, Carlos. Economía Social de Mercado: Tercera Opción, en Palabra, Revista doctrinal e ideológica del Partido Acción Nacional, Año 8, No. 30, octubre-diciembre, México 1994, p. 40 Cf. Latapí, Pablo. El artículo 3º, todavía incompatible con el Derecho Internacional, en Revista Proceso, No. 818, 6/julio, México 1992, pp. 36-37 Auping (1996), op. cit., p. 27 Cf. Comisión Pontificia “Iustitia et Pax”. Al servicio de la comunidad humana: una consideración ética de la deuda internacional, en Revista Interacción, No. 113, Editorial Buena Prensa, 31/mayo, México 1987

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compartir, por parte de todos los sectores sociales, incluyendo a los responsables políticos y económicos, los sacrificios necesarios, teniendo en cuenta la prioridad de las necesidades de las poblaciones más indefensas. En este año en que celebramos el cincuentenario de la muerte de Gandhi, se puede imitar el ejemplo, por lo menos tendencialmente, de la austeridad de este gran líder político, así como la generosidad de quien recibiera en nombre de los pobres, el Premio Nobel de la Paz en 1979: la Madre Teresa de Calcuta.61 Es importante que se avance hacia un auténtico federalismo. En Alemania, con la Economía Social de Mercado, la federación dispone del 24 % del gasto público, los estados de otro 24 %, los municipios del 18 % y la seguridad social autónoma del 34 %. En México, a pesar de la última y reciente reforma impulsada por el PAN y de su gran lucha por el Municipio Libre realizada a lo largo de décadas por este partido, los municipios apenas reciben el 8.5 % (antes era el 4 %). En plena crisis financiera, en 1995 el gobierno de Zedillo recibió un paquete de ayuda que dejaba pequeño al Plan Marshall 62 y aumentó los impuestos. En Alemania Occidental, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, en pleno proceso de reconstrucción en 1948, Ludwig Erhard (Ministro de Economía) y Konrad Adenauer (Canciller), procedieron a instaurar la Economía Social de Mercado en su país y lograron el llamado “milagro alemán”. Para ello, Erhard impulsó el consumo personal y, al contrario de Zedillo, redujo impuestos (así lo proponía el PAN en México en 1995, pues pedía la reducción del IVA) e incentivó a las empresas para producir satisfactores populares, usando el superávit acumulado.63 Toda una lección del exitoso economista y estadista Ludwig Erhard, quien buscaba el bienestar para todos.64 No cabe duda de que “México necesita desarrollar una Economía Social de Mercado”.65

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Cf. González Morfín, Efraín. Cuestiones Económicas Fundamentales, Noriega-Limusa Editores, México 1989, pp. 64-65 62 Cf. Oppenheimer, Andrés. México en la frontera del caos, La crisis de los noventa y la esperanza del nuevo milenio, Javier Vergara Editor, México 1996, p. 19 63 Cf. Wagner, Carlos. Un discurso memorable, en Periódico El Financiero, 19/septiembre, México 1995 64 González Navarro, Pedro. Hacia una economía para todos, Editorial JUS, México 1994 65 Partido Acción Nacional. La Fuerza de la Democracia, Plataforma Política 1994-2000, México, p. 30 y Plataforma Legislativa 1997-2000, Por el México que todos queremos ver, México, pp. 43-44