Gestión municipal de la seguridad ciudadana en Nicaragua Dr. Braulio Espinoza Mondragon. PhD y Dr. Andrés Herrera Rodríguez Ph.D. Profesores Titulares de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León)

Introducción Con la implementación del Estado Social de Derecho consignado en la Constitución Política en su art. 130, el poder político se erige en garante del desarrollo de las libertades ciudadanas y del orden público. Instaurado este modelo las funciones de seguridad del Estado, precisamente conferidas al Poder Ejecutivo, tal como lo concebía el Estado Liberal Burgués, para el que la seguridad pública era el aseguramiento de la tranquilidad en la calle y el establecimiento de la seguridad jurídica para el ejercicio de las actividades, queda modificada (Espinoza, 2008, p. 153), ya que el Estado Social de Derecho crea las llamadas funciones de policía especiales para inspeccionar y limitar las actividades de los particulares en las diferentes esferas, en las que tiene que intervenir el Estado, tales como: policía fiscal, aduanera, de tránsito, de seguridad pública, etc. La tradicional función de la Policía de salvaguardar el orden público, queda entonces convertida en una función más de las policías especiales: la de policía de seguridad (Espinoza, 2008, p. 154); así el deber de mantenimiento del orden público por parte del Ejecutivo, no sólo se entiende como un aseguramiento del libre ejercicio de los derechos ciudadanos, sino, también, como la preservación del funcionamiento de los servicios públicos esenciales y el de las instituciones democráticas, de sus transgresiones por parte de los ciudadanos y de los propios poderes públicos. La seguridad es la base principal para el desarrollo de los pueblos, sociedades y naciones; la nueva concepción del neoliberalismo con su teoría estrella, la globalización, ha sido acompañado con un crecimiento de una cultura del delito. En la actual situación en la que vive el mundo y en cualquier otra por presentarse, dice Pozzo Medina (2000, pp. 33 y 34) no puede haber civilización sin seguridad, así como no puede existir Estado-Nación sin seguridad y eso vale para todos los pueblos de la Tierra y, sobre todo, en aquellos que tienen ecuaciones mínimas de poder, en un mundo cada vez más globalizado, complejo, mercantilizado y técnico; por tanto, no puede existir desarrollo sin seguridad y seguridad sin desarrollo; lo importante es definir cuál es primero, la seguridad o el desarrollo, concluye Pozzo. En la sociedad siempre se han buscado las causas que provocan el delito y las personas que lo cometen, estudio que le concierne a la Criminología, hasta llegar a la teoría de que las interrelaciones de las personas, grupos y la sociedad en la cual viven y funcionan, son las principales causas de que se cometa un delito. En Nicaragua, las instituciones responsables de la seguridad y del control social, no cuentan con información confiable sobre la actividad delictiva, sus causas y características, lo que implica que se tomen decisiones con poco fundamento, sin análisis objetivos del problema y del seguimiento necesario permanente, por lo que no se realizan medidas de prevención y control adecuadas, lo cual influye en el nivel de seguridad percibido por la población (Espinoza, 2008, p. 14).

La prevención del delito y la implementación de políticas públicas, en beneficio de la sociedad, son las dos grandes vertientes de la seguridad ciudadana. En cuanto a la idea de prevención del delito, podemos afirmar que, en un sentido muy amplio, consiste en preparar o disponer lo necesario anticipadamente, para evitar un riesgo o la materialización de un determinado evento en el futuro; en nuestro caso, la prevención del delito sería la suma de políticas tendientes a impedir el surgimiento o avance de la criminalidad. No se debe confundir la prevención con el control del delito, ya que la prevención se dirige, fundamentalmente, al origen de la criminalidad, por lo que tiene un alcance general, mientras que el control del delito no estudia las raíces del problema, sino que opera en el caso concreto ya surgido, a fin de dominarlo, por lo que solamente le interesa el mantenimiento del orden, no pretende extinguir el delito sino solo dominarlo; es decir, que el control del delito es la intervención que se hace después que el delito se ha producido. La violencia y el delito en la ciudad y el campo han sido siempre, en la historia de la humanidad, problemas y contradicciones que se encuentran en la base de la estructura social. Frente a esta situación, el debate sobre el mejor modelo posible de prevención del delito para garantizar la seguridad ciudadana, se traslada hoy, más que a posiciones ideológicas, al ámbito de lo que es posible, en el marco de las realidades socioeconómicas, sin menoscabar, en un futuro, los fundamentos de base del Estado Social de Derecho, la democracia, y el respeto por las libertades individuales. De ahí que una política criminal propositiva deberá estar vinculada a aspectos bastantes controvertidos de las relaciones sociales, como son las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el individuo y la sociedad y las relaciones entre sociedad y Derecho. En Nicaragua, la competencia de garantizar la seguridad ciudadana corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Policía Nacional. Este país se ha caracterizado por tener una legislación altamente participativa, lo que se traduce en la práctica en un fuerte involucramiento de su población en la gestión de los asuntos públicos. Con el Decreto 110-2007 los actores principales de la seguridad ciudadana, ya no sólo es la Policía Nacional, sino, también, las instituciones estatales, las alcaldías municipales, la empresa privada, los organismos no gubernamentales, la sociedad civil, los Comités de Prevención Social del Delito, la comunidad y los consejos del poder ciudadano. Es en este ámbito en el que se desarrolla el proyecto de gestión municipal de la seguridad ciudadana que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Costa Rica está impulsando a escala de Centroamérica y República Dominicana, con el objeto de analizar, en cada país, dos gobiernos municipales que hayan introducido el tema de la seguridad ciudadana como una de sus áreas de trabajo permanente, a fin de extraer lecciones aprendidas y contar con la base necesaria para el diseño de planes que contribuyan a impulsar una gestión democrática, sostenible y efectiva de la seguridad ciudadana en el ámbito local. Para Nicaragua, hemos seleccionado los municipios de León y Jinotepe, tomando como criterio su ubicación geográfica, políticas locales sobre seguridad ciudadana, articulación, Policía departamental y alcaldías y la estructura municipal comunitaria. Jinotepe se encuentra a 46 km, de Managua al sur de Nicaragua sobre la carretera Panamericana que se conecta con Costa Rica, la que de acuerdo con el índice delictivo demográfico (IDD) ha tenido un porcentaje muy alto de la incidencia delictiva y es el

municipio con mayor experiencia en la implementación de la policía municipal o policía voluntaria. León, a 90 km, de la ciudad de Managua, considerada la ciudad más segura de Nicaragua, situada al occidente del país próxima a la frontera con Honduras, en la cual se ha implementado un modelo de prevención del delito basado en la participación ciudadana, a partir de una investigación realizada en enero de 2006, año en el que también se puso en práctica el modelo, creándose para ello la Junta Departamental de Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud Leonés (JDANJUL), la que está constituida por los delegados de las instituciones del Estado, Policía, Universidad Nacional, alcaldía, entre otros. Para llevar a cabo esta investigación, se desarrollaron una serie de actividades de acuerdo con un cronograma de visitas para realizar entrevistas a las autoridades principales para luego desarrollar grupos focales. La investigación dio inicio en el mes julio en el municipio de Jinotepe, con una reunión de trabajo para explicar los objetivos de la investigación, a esta reunión asistieron: el Alcalde, el Jefe departamental de la Policía Nacional, los jefes de sectores de la Policía, el responsable de Asuntos juveniles de la Policía, el responsable de los Comités de Prevención Social del Delito, el coordinador de los Consejos del Poder Ciudadano y los miembros de la Comisión Técnica del Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana, participaron 25 personas. En el mes de septiembre se repitió esta misma actividad en León, pero a esta asistieron, además de los miembros indicados en la reunión de Jinotepe, el delegado de Gobernación, representantes de la Cámara de Comercio y de la empresa privada, para un total de 35 personas. La segunda actividad fue entrevistas a los alcaldes de ambos municipios, jefes de la Policía, a miembros de la Junta Departamental de Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud leonés y líderes comunales. Con estos insumos se redactó el primer borrador que luego se le presentó un grupo mayor de participantes tanto en León como en Jinotepe para mejorarlo con una participación de unas 60 personas. Estos resultados les fueron presentados nuevamente a los alcaldes y jefes de la Policía, con la finalidad de que lo analizaran y dieran nuevos aportes. El 30 de octubre se realizó el taller de divulgación del último documento elaborado, aquí tuvimos la participación de los alcalde de León, Jinotepe, Juigalpa y Chinandega y los Comisionados Mayores de León y Jinotepe, delegados de la Academia Nacional de Policía así como un delegado de AMUNIC, el coordinador regional de la investigación, Dr. Rodolfo Calderón, para un total de 80 participantes. Se expuso el informe y luego en su orden hicieron los comentarios el Alcalde de León y el Jefe de la Policía, el Alcalde de Jinotepe y el Jefe de Policía, el delegado de AMUNIC y cerró la actividad la Alcaldesa de Juigalpa. Con todos estos comentarios, se redactó el informe final.

La Seguridad Ciudadana La definición de un marco conceptual, dice Lucía Dammert (2004, p. 16), que nos permita analizar y proponer políticas en seguridad ciudadana es un desafío aún pendiente. Si bien es cierto que a partir de los años noventa aparece la temática de la seguridad priorizada por la opinión pública, y por ende por los Gobiernos, la definición misma de los elementos que conforman esta agenda no ha sido realizada; de hecho, la utilización misma que se hace del término como seguridad pública, seguridad humana, seguridad democrática, seguridad de los habitantes y seguridad ciudadana, demuestran la carencia de claridad conceptual. Históricamente, uno de los fundamentos de legitimidad del poder establecido ha sido el de otorgar seguridad a los ciudadanos para el ejercicio de sus actividades; esto es, la paz social. Así mismo, estas funciones de seguridad, propias del poder público han constituido la principal forma de expresión de su autoridad, pues como lo establece el art. 24 de la Constitución Política de Nicaragua, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, y el art. 97 establece que la Policía Nacional tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito; de acuerdo con estas normas, la seguridad ciudadana es, en términos generales, la certeza y el sentimiento de las personas de que sus derechos son garantizados y que no serán transgredidos por terceros o por la acción del Estado. La seguridad ciudadana, a partir de las últimas décadas del siglo XX, ha efectuado su proceso de transformación a escala mundial, cuyo eje central ha sido el posicionamiento de los habitantes como centro de la seguridad y no como fue hasta el final de la Guerra Fría. Este escenario ha sido muy complejo ya que es producto de la lucha entre diversas fuerzas políticas, económicas, sociales y militares que tratan de legitimar, en las sociedades, la seguridad ciudadana que tenga como centro al ser humano. Durante el periodo de la Guerra Fría, el concepto de seguridad, fundamento del accionar de los Gobiernos, era seguridad nacional, tanto en el campo socialista como el capitalista. La seguridad nacional predicaba la defensa de la nación frente a los enemigos internos y externos; es decir, la defensa del territorio y los intereses nacionales ante cualquier amenaza que surgiera. En la doctrina de la seguridad nacional, el sujeto amenazado no es el habitante o ciudadano, lo que ha ocasionado que sus derechos a desenvolverse libre de amenazas a su vida, a su salud física, psíquica, cultural, moral y a sus bienes fuesen relegados a un segundo plano, por lo que la seguridad ciudadana como derecho humano estaba devaluada y todo dependía de las demandas de seguridad de la patria; por esta razón, los valores, la libertad, la justicia, la participación ciudadana, la equidad, los proyectos de desarrollo, el libre sindicalismo y los partidos políticos eran vigilados, de manera permanente, con la justificación de la seguridad nacional. Era la época de la amenaza nuclear, de la bipolaridad mundial, de la lucha entre el socialismo y capitalismo teniendo como una de sus consecuencias principales, absorber el concepto de seguridad a la defensa del Estado y no a la defensa de los habitantes o ciudadanos. Mientras esto sucede a escala mundial, en América Latina y especialmente en los países subdesarrollados, se implementan mucho más que en el pasado, los modelos de

desarrollo, la deuda externa, la integración regional, el creciente aumento de la pobreza, la brecha social, las causas de la violencia política y social; con ello, se comienza a virar hacia los ciudadanos y sus derechos; pero es con el final de la Guerra Fría que se permite que los derechos de los habitantes sean temas de agenda nacional. En Centroamérica los cambios se expresan en las cumbres de presidentes desde la de Montelimar en 1990 hasta hoy. Durante el año 2007 la agenda presidencial nicaragüense se desenvuelve en un apoyo a la paz regional, a la unidad y reconciliación nacional; pero, además, se incluyen los temas relacionados con la narcoactividad, lavado de dinero, tráfico de menores, corrupción y se llama a crear un modelo de prevención del delito y de políticas públicas, con el fin de aminorar la inseguridad ciudadana, combatir la impunidad y el abuso de poder. La OEA, en su declaración de Montrouis 1995 indica que por seguridad ciudadana debe entenderse la seguridad de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado. Considera, además, que la seguridad ciudadana involucra elementos esenciales para el desarrollo de la sociedad, y que la criminalidad, la impunidad y la deficiencia de los sistemas judiciales y policiales afectan el normal desenvolvimiento de la vida de las sociedades, amenazan la consolidación de la democracia, deterioran los niveles de vida de la población e impiden la vigencia plena de los derechos humanos y garantías de las personas. De todo lo anterior se desprende que el concepto de seguridad ciudadana no ha existido siempre porque no se ha brindado seguridad a la población. Dentro de este ambiente, el Informe de Desarrollo Humano 1993, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual está dirigido hacia la participación de las personas en las actividades y procesos que tienen influencia sobre sus vidas, formula la adopción de nuevos conceptos de seguridad, como es la seguridad humana, que enfatiza en la seguridad de las personas y no de las naciones. Luego el informe de 1994 precisa el concepto de seguridad humana que comprende la seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política; como se observa, la seguridad personal forma parte de la seguridad humana; es decir, que la seguridad ciudadana tiene un término más restringido en tanto la seguridad humana es más general. En esa dirección se percibe que la seguridad humana y el desarrollo humano son dos caras de la misma moneda y la seguridad ciudadana está en la base de ambos; esto significa que para alcanzar niveles de seguridad y desarrollo humano, es indispensable mejorar el nivel de seguridad ciudadana ya que esta se refiere a la necesidad de estar libre de temor, sentirse sin amenazas en contra de la seguridad personal, como son la violencia, robos, homicidios, violencia intrafamiliar o cualquier otro hecho que vaya en contra de los derechos humanos relacionados con la vida e integridad física y moral de las personas. En el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004, el PNUD define la seguridad humana como la condición de encontrarse libre de temor y de amenaza. Asimismo, la seguridad ciudadana se define como la condición personal, real e imaginaria, de encontrarse libre de amenaza, de violencia o despojo por parte de otros. En esta línea, la inseguridad ciudadana es el fenómeno social que resulta del acaecimiento de actos de violencia y despojo patrimonial, sumado a la percepción subjetiva de las personas respecto a su vulnerabilidad frente a tales situaciones. En la actualidad, la seguridad es vista por el PNUD (2007) como un asunto relacionado directamente con el respeto por la vida y la dignidad, que incluye la seguridad económica, alimentaria, sanitaria,

medio ambiental, personal, comunitaria y política, relacionadas con los objetivos de desarrollo del milenio. En Nicaragua, el Gobierno considera que la seguridad ciudadana está vinculada a la libertad e integridad física, psíquica, económica y cultural de la ciudadanía y sus interacciones. Su aporte a la gobernabilidad se expresa en la prevención y control de la violencia en sus diferentes manifestaciones, individual, familiar social, de género y ambiental, a fin de incidir en el clima propicio para el desarrollo tanto humano como económico y social. En el Plan de Desarrollo 2002-2007, el Gobierno asume el compromiso de garantizar el Estado Social de Derecho y la seguridad de las personas, la familia y sus bienes, promoviendo la cultura de la legalidad por medio del ejercicio integral de las vertientes de la seguridad pública, la prevención del delito, la Administración de Justicia y la readaptación social, con la participación armónica de las instituciones del Estado y la sociedad organizada y el Plan de Desarrollo Humano 20082012 del gobierno de unidad y reconciliación nacional, señala que la seguridad ciudadana es entendida como el derecho que asiste a toda persona nacional y/o extranjera que se encuentra en alguna parte del territorio nacional, de desarrollar su vida cotidiana con el menor nivel posible de amenaza a su integridad personal, a sus bienes y a sus derechos cívicos, está condicionada por múltiples factores internos y externos que están vinculados a los niveles de pobreza, desempleo y educación, que a su vez responde, a los grados de desarrollo y crecimiento económico existente en el país. En síntesis, podríamos decir que la seguridad ciudadana es la facultad que tiene toda persona, ya sea natural o jurídica, a desenvolverse cotidianamente libre de amenazas a su vida, libertad, integridad física, síquica y cultural y el goce de todos sus bienes; lo que constituye derechos fundamentales consignados en la Constitución Política, las leyes e instrumentos internacionales, por lo que la seguridad ciudadana es la base del desarrollo de la sociedad y tiene como punto de partida y de llegada la seguridad de las personas y de sus bienes. La seguridad humana se desarrolla como un concepto integral y se centra en el usuario final de la seguridad; es decir, el ser humano; por lo tanto, en el concepto de seguridad humana no basta con proteger al Estado para proteger al ser humano, sino que es necesario, también, resguardos que protejan al ser humano de los abusos por parte del Estado. También se define como la facultad que tienen las personas para tener un buen estándar en su calidad de vida, así como estar en condiciones de cuidarse a sí misma, tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas y llevar a cabo su vida en forma segura. Sus componentes son la seguridad económica, alimentaria, personal, en salud, comunitaria, ambiental y política. El debate sobre la seguridad ciudadana, en nuestro país, se ve limitado por tres elementos relevantes: el primero, es el bajo conocimiento de la problemática de parte de los principales actores políticos sociales que desconocen los factores ligados a la violencia y a la sensación de inseguridad. El segundo, la persistencia de una visión dicotómica entre política de control y de prevención, por lo que muchos actores locales y nacionales reiteran el tradicional debate sobre la efectividad y pertinencias de las mismas estrategias, como son: mayor punición, cero tolerancia, mano dura contra la delincuencia; y el tercero, una localización excesiva de las iniciativas desarrolladas y, por ende, una pérdida de las lecciones aprendidas en contextos similares en América Latina, donde se han aplicado estrategias sin una planificación adecuada, por lo que los resultdos no son medibles.

Esta situación les presenta un desafío importante a los gobiernos locales, los que, por su relación directa con la población y su problemática, son los más idóneos para implementar políticas sociales de prevención y control de la violencia y la criminalidad, de acuerdo con el art. 8, inciso 5 del Decreto N.° 110-2007. Con la formación de los Comités de Prevención Social del Delito, los gobiernos locales se insertan en el programa de seguridad ciudadana, pues estos comités junto con los gabinetes del poder ciudadano proponen políticas sociales al gobierno local, donde se incluyen programas de prevención social y situacional del delito como son la limpieza de espacios baldíos, mejoramiento de canchas deportivas, recolección de la basura, mejoramiento del alumbrado público, entre otras. La Policía Nacional ha conceptualizado que la prevención del delito no se puede efectuar de manera adecuada sin la participación de la ciudadanía (2009, p. 31). Dado que Nicaragua es el país de Centroamérica con mayores espacios de participación ciudadana en la gestión pública, garantizados por ley, la intervención comunitaria en la prevención del delito es un elemento esencial. Basados en el principio constitucional de que la participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho fundamental del pueblo nicaragüense, en la Ley de Participación Ciudadana, en la Ley de la Policía Nacional y en la Ley de Municipios, se conciben que son responsables de la seguridad ciudadana en Nicaragua: la comunidad, la familia, la Policía Nacional y los gobiernos municipales.

Marco Jurídico de la Seguridad Ciudadana en Nicaragua La seguridad ciudadana en Nicaragua está a cargo de la Policía Nacional, de acuerdo con lo establecido en arto 97 de la Constitución Política. El art. 1 de la Ley N.° 228, Ley de la Policía Nacional, amplía este artículo, al señalar que la Policía Nacional tiene por misión proteger la vida, la integridad, las seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos; asimismo, es responsable de la prevención y persecución del delito, la preservación del orden público y social interno, velar por el respeto y preservación de los bienes del Estado y de los particulares, y luego el art. 3 le asigna la función de organizar, dirigir y controlar la policía voluntaria. La policía voluntaria, según el art. 43 de dicha Ley, es un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, con estructura orgánica adscrita y subordinada a las delegaciones de policía, la integran ciudadanos nicaragüenses, que, previo proceso de selección, preparación y juramentación aceptan las condiciones de forma voluntaria, temporal y gratuita; pero, a la vez, le otorga los derechos contemplados en el art. 64, incisos 4, 5, 6 y 14 de la Ley N.° 228. Sin embargo, los gobiernos locales, en alianza con la empresa privada y los comerciantes, apoyan económicamente a la Policía Nacional, a fin de que esta policía voluntaria perciba beneficios pecuniarios para su sostenibilidad y permanencia en el cargo y puedan cumplir, eficientemente, las tareas que se le asignan en el art. 45, como son las de apoyo, prevención, vigilancia, seguridad pública y de tránsito. De estas normas se desprenden las diferentes áreas en que se desenvuelve la función policial: así tenemos que la seguridad pública es el área responsable de las funciones fundamentales de prevención o auxilio por medio del servicio, vigilancia y patrullaje. La seguridad de tránsito es la encargada de regular, controlar o contribuir a la solución de los problemas viales, el registro de propiedad vehicular, investigar accidentes de

tránsito y normar la circulación vial. Las investigaciones criminales están orientadas a la investigación de las faltas o delitos y bajo su dependencia está la Comisaría de la Mujer y la Niñez y la Seguridad personal, que es la responsable de la protección del Presidente de la República, el Vicepresidente y demás Poderes del Estado. La Policía Judicial, que brinda auxilio al Poder Judicial, tiene por objeto averiguar los delitos de toda clase, realizar las investigaciones policial-judicial requeridas para la comprobación y determinación del delito; determinación de la víctima y del posible victimario, requiriendo al efecto la cooperación del área de la criminalística para reunir los elementos de prueba, tanto de cargo como de descargo necesario para los efectos judiciales, procederá a la detención del delincuente cuando sea necesario, de acuerdo con lo establecido por la ley o por mandato judicial. La Policía, por otra parte, una vez realizadas las pesquisas pertinentes deberá entregar al juez competente, el expediente investigativo, el cual deberá ser lo más completo posible para facilitar la decisión judicial y deberá contener las diligencias practicadas, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Funciones de la Policía Nacional en materia de auxilio judicial. Asimismo, remitirá a la orden del juez competente los detenidos, si los hubiese, las pruebas y objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución. Aquí, surge la interrogante sobre la efectividad de la Policía en la prevención del delito, ya que la Policía tiene que luchar con infracciones de toda índole, desde las pequeñas violaciones a las señales de tránsito y las ordenanzas municipales sobre pagos de rodamiento, hasta delitos graves. Esta amplitud de sus tareas, unida a las restricciones presupuestarias, constituye el óbice para el cumplimiento eficaz en el desarrollo de estas actividades. Otro obstáculo para esta eficacia es la falta de organización de la población, pues como señala Rotman (1998, p. 115) la prevención comunitaria del delito se basa en el hecho de que la interacción social y la promoción de relaciones entre los vecinos puede desempeñar un rol importante en la investigación y la denuncia de conductas delictivas. La nueva policía nicaragüense se forma a raíz del triunfo de la Revolución el 19 de julio de 1979, con el nombre de Policía Sandinista subordinada al Ministerio del Interior, pero adquiere su estatus de Policía Nacional con la Ley N.° 228, Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, diario oficial N.° 162, del 28 de agosto de 1996, la que según el art. 97 de la Constitución, estará sometida a la autoridad civil, que será ejercida por el Presidente de la República, por medio de ministerio correspondiente. Después de la caída del dictador Somoza, se cambian todas las estructuras sociales incluidas la de la policía y el ejército. Cada periodo en la vida de la Policía ha tenido una propia dinámica. Así, en el primer periodo 1982-1989, lo principal fue la guerra civil entre los nicaragüenses apoyada por el Gobierno de Estados Unidos de América. Mientras, en el segundo periodo 1990-2006, se destaca la desmovilización de la resistencia, gente del Ejército y la Policía con la reducción de su cuerpo policial; pero, además, se destaca la corrupción. Mientras que a partir del 2007 se hace énfasis en las políticas sociales, mayor articulación con la población, gobiernos municipales y empresas privadas (ver cuadro 1).

Cuadro 1 Nicaragua: Transición policial. 1979 - 2009 Revolución

Gobierno de derecha

Gobierno revolucionario

1979-1990

1991-2006 Privatización de los recursos del estado Aumenta el analfabetismo hasta más del 30% Disminución de los beneficios sociales Aumento de ONG (boom y aparecen más 2 000 a escala nacional) Movimiento comunal Desmovilización de la guerra de 10 años. Algunas propiedades entregadas en reforma agraria son devueltas de nuevo Privatización de la educación y salud Aumento de la corrupción Políticas con alto énfasis en macroestructuras El deporte como el béisbol se privatiza. Desaparece la seguridad del Estado. Da inicio el tema de convivencia y seguridad ciudadana Da inicio la profesionalización de la policía y la carrera policial y del Ejército. Se da un incremento de las tasas de desempleo hasta el 70%. Aumento de la migración hacia Costa Rica y EE. UU. Reorganización de las Fuerzas Armadas y reducción del tamaño del

2007-2009

Se forma un nuevo ejército Se forma una nueva policía Campaña de educación masiva se reduce analfabetismo 12% Guerra por 10 años Reforma agraria (se hace una re-distribución de la tierra) Comité de Defensa Sandinistas (CDS), eran estructura comunitaria que vigilaban a nivel comunitario para evitar el avance de la contra revolución. Dan inicio los comité comarcal Formación de Cooperativas Salud y educación son gratuitos Políticas sociales énfasis en lo social. Gran promoción del deporte. Presencia de la seguridad del estado Aumenta la migración de nicaragüenses para Estados Unidos y algunos países de Centroamérica.

Educación gratuita Salud gratuita Prioridad la seguridad ciudadana Una mujer al mando de la Policía Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Se establecen por ley y su quehacer se radica a nivel comunitario. Políticas sociales con énfasis en lo social Gran énfasis del deporte de barrio. Aparecen los Comités de Prevención Social del Delito. Tomar mayor fuerza el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana Continúa la profesionalización de la Policía nacional y del Ejército. Sigue la migración de nicaragüenses hacia Costa Rica y Estados Unidos.

Ejército y la Policía y subordinación a las autoridades civiles Privatización y liberación del mercado:

• • •

En el primer periodo el mayor problema fue la guerra financiada por Estados Unidos por medio de la contrarrevolución por 10 años. En el segundo periodo la mayor problemática fue la corrupción y la reversión de muchas políticas sociales, tales como salud, educación y reforma agraria. En el tercer periodo, la mayor problemática ha sido la crisis económica mundial que afecta de alguna manera a Nicaragua.

Fuente: Elaboración propia.

Una de las principales prioridades del Gobierno actual es promover la seguridad ciudadana en el país, para lograrlo se han realizado iniciativas de carácter legal como el Decreto N.° 110 – 2007 que reforma el Decreto N.° 83 – 2004 en su art. 8 que le otorga al Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana la atribución de promover la participación de la ciudadanía nicaragüense en los Comités de Prevención Social del Delito que organiza la Policía Nacional, así como en los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana y en otras instancias de participación comunitaria en los distintos municipios en coordinación con las alcaldías respectivas, para la identificación de los problemas que ocasionan inseguridad y su correspondiente solución. Con base en este decreto, la Policía Nacional orienta a la población que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado, los gobiernos municipales, las Iglesias, la sociedad civil y la población en general, los medios de comunicación, destacándose el enfoque de mejorar la calidad de vida por medio de la seguridad ciudadana, tanto en la ciudad como en el campo. La Policía Nacional, consciente de que el fenómeno de la violencia y de la delincuencia tiene múltiples causas, propone, entre otras respuestas, un modelo de Policía Comunitaria Proactiva, cercana a la comunidad y al servicio de esta, modelo que es parte integrante de la política y doctrina institucional. Las coordinaciones interinstitucionales con amplios sectores del gobierno, de la sociedad civil, de la comunidad y de la institución policial, permitirá la integralidad de las respuestas ante la violencia y la delincuencia. Esta respuesta integral requiere amplia coordinación de las instituciones involucradas y la puesta en práctica de complejos procesos de planificación, complejidad que radica, precisamente en la amplia gama de instituciones y organismos participantes, de sus recursos disponibles, de sus propios intereses, de los tiempos, cobertura geográfica y capacidades técnicas, entre otros. En el segundo encuentro nacional de los Comités de Prevención Social del Delito, celebrado, en Managua, el 23 de agosto de 2008, se analizó la necesidad de una política comunitaria para el financiamiento de las acciones preventivas e involucrar a las instituciones del Estado que son los elementos claves para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en los barrios y comarcas, en coordinación con las alcaldías, movimiento comunal, consejos del poder ciudadano y la comunidad en general.

En Nicaragua existe una ventaja en este sentido, ya que la seguridad ciudadana es reconocida como un derecho constitucional inherente a todos los nicaragüenses, además es una voluntad gubernamental la que se expresa en la creación del Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana mediante el Decreto 110 – 2007, es una instancia del más alto nivel, cuyos fines y objetivos son analizar la problemática de la seguridad ciudadana, definir políticas, estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana en el país. Integran este Consejo: el Presidente de la República o su representante, los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, el Director de la Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Paz, Reconciliación y Justicia, el Instituto Nicaragüense de la Mujer, el Instituto Nicaragüense de la Juventud, el Instituto Nicaragüense de Deportes, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, el Instituto Nicaragüense de Información y Desarrollo, la Dirección General de Bomberos, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua y tres representantes de la sociedad civil. En el marco de la implementación del programa de seguridad ciudadana que la Policía Nacional ejecuta por medio de la dirección de convivencia y seguridad ciudadana, existen otras estructuras de coordinación interinstitucional, tales como el Comité Técnico de Coordinación Interinstitucional, conformado por las instituciones del Estado que ejecutan directamente el programa, entre estas están: el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Instituto Nicaragüense de la Mujer, el Instituto Nicaragüense de la Juventud, el Instituto Nicaragüense de Deportes, el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional, y los Comités Técnicos de Coordinación Interinstitucional Territorial, el cual está conformado por los delegados o representantes de las instituciones del Estado a nivel municipal. En estas comisiones técnicas territoriales es donde se articulan los gobiernos municipales, por medio de la Comisión de Gobernabilidad, que atiende la participación ciudadana ( art. 65 del Reglamento a la Ley de Municipios), organismos no gubernamentales, organizaciones comunitarias, consejos del poder ciudadano y los Comités de Prevención Social del Delito; cuya responsabilidad es la coordinación de las acciones del programa de seguridad ciudadana, la realización de los procesos de planificación, el seguimiento a los indicadores de seguridad ciudadana y la articulación de las intervenciones en cada territorio. Si tiene confianza, dice Bautista Lara (2005, p. 9) en las instituciones públicas y privadas, en la Administración Pública, en las organizaciones de la sociedad, en la representatividad de los electos, en los sindicatos, en los empresarios, en las reglas de juego, entonces, se tiene mayor nivel de seguridad ciudadana.

El delito en Nicaragua La seguridad ciudadana se auxilia de la información estadística de los hechos violentos, particularmente los homicidios, por la gravedad de los actos y porque sus registros son más acuciosos y confiables que permiten hacer comparaciones temporales tanto a escala local como internacional. En los primeros nueve años del siglo XXI, en Centroamérica se experimenta un grave problema de seguridad ciudadana. A pesar de que ya no existen guerras, la democratización no ha dado pasos firmes a sociedades más pacíficas. La violencia social y delictiva en algunos países del istmo se encuentran entre las más alta del continente. Aunque la violencia en Nicaragua y la criminalidad son bajas, comparada con otros países, está en ascenso y cunde la sensación de inseguridad. Los graves problemas de la seguridad ciudadana plantean un complejo desafío para las democracias en Centroamérica, siendo el golpe militar de Honduras, el 28 de junio del 2009 el más claro ejemplo de la fragilidad de la gobernabilidad y la seguridad. La inseguridad ciudadana desde el punto de vista social constituye un factor de desarticulación, pues afecta las relaciones de confianza y reciprocidad dentro de las comunidades. Se considera que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, siendo en la actualidad la tasa promedio mundial de doce homicidios por cada 100 000 habitantes, este indicador nos demuestra claramente que Nicaragua con 13 homicidios por 100 000 habitantes, tiene unas de las tasas más bajas de la región comparada con El Salvador que tiene 100 homicidios por 100 000 habitantes, Honduras 48 homicidios por 100 000 habitantes, Colombia 30 homicidios por 100 000 habitantes y ligeramente superior a las tasas de Costa Rica y Chile, que son unas de las más bajas del área. Otro indicativo de que Nicaragua es uno de los países más seguros de la región, es el hecho de que, a diferencia de países vecinos, como Guatemala, El Salvador y Honduras, hasta el momento no se registran actividad delictiva de pandillas, caracterizadas por su alta peligrosidad, por sus niveles de organización y preparación de los hechos delictivos en los que participan; por las conexiones con el crimen organizado y por la brutalidad de sus actos. Estas características hacen una diferencia importante con los grupos juveniles y grupos en alto riesgo social que inciden en la generación de violencia juvenil e intrafamiliar en Nicaragua, más relacionada con el consumo de drogas y el consumo excesivo de alcohol. Estos indicadores demuestran que en los últimos 14 años en Nicaragua, se ha observado que la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, ha venido en una constante disminución desde el año 1990 hasta el año 2000, de 9 homicidios por 100 000 habitantes y luego, se produce incremento hasta 14 homicidios por 100 000 habitantes, en el año 2006 y 13 homicidios por 100 000 habitantes en el año 2007. En los últimos 8 años, las tasas de homicidios se ha incrementado de forma permanente, por otro lado, el total de delitos contra las personas (asesinatos, homicidios, lesiones, violaciones y otros contra las personas) y los delitos contra la propiedad (robo con fuerza, robo con violencia, robo con intimidación, hurtos, estafas, abigeatos y otros contra la propiedad) han sufrido un incremento anual promedio de 15,6% en los últimos 10 años; pasando de 66 040 delitos en 1998 a 93 497 delitos en el año 2002 y hasta 139 318 en el año 2007. De estos delitos, los robos en sus diferentes modalidades (con fuerza, con violencia y con intimidación), se ha incrementado en un promedio anual de 12,0%; pasando de 15

652 robos en el año 1998; a 21 056 robos en el año 2002 y luego a 27 840 robos en el año 2007 (ver gráfico 1). En el gráfico siguiente se observa un incremento de las tasas de delitos contra la propiedad, pasando en 1998 de 345 a 491 delitos contra la propiedad por 100 000 habitantes en 2007. Gráfico 1 Nicaragua: Tasas de delitos contra la propiedad. 1998 - 2007

Fuente: Policía Nacional 2009.

Índice Delictivo Demográfico (IDD) El IDD viene marcando un ritmo de crecimiento vertiginoso y progresivo. En el año 1990 era de 732 delitos por cada 100 000 habitantes y en 2007 fue de 2 458; es decir 3,4 veces mayor. En el 2007, el país registró un IDD de 2 458 delitos por cada 100 000 habitantes, cifra rebasada por el Departamento de Managua en 1,6 veces, al marcar 3 964 delitos por cada 100 000 habitantes, mientras Carazo, Granada y la Región Autónoma del Atlántico Sur se ubicaban en el segundo, tercero y cuarto lugar en IDD más altos del país, con 3 937, 3 201 y 2 538, respectivamente (ver Tabla 1).

Tabla 1 Nicaragua: Índice delictivo demográfico. 1990 - 2007 Años

Total de delitos

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

28 005 30 896 35 924 42 394 47 173 48 737 54 983 62 628 66 040 72 908 75 741 90 145 93 497 97 500 108 983 104 103 120 462 139 318

Población del país* 3 823 730 3 823 367 4 054 375 4 174 860 4 298 926 4 426 677 4 548 755 4 674 199 4 803 102 4 935 559 5 113 444 5 205 023 5 341 883 5 491 459 5 512 544 5 484 879 5 142 098 5 668 880

Delitos por c/100 000 habitantes 732 808 886 1 015 1 097 1 101 1 209 1 340 1 375 1 477 1 481 1 732 1 750 1 778 1 977 1 898 2 343 2 458

Fuente: Policía Nacional (2009).

Gráfico 2 Nicaragua: Índice delictivo demográfico. 1990 - 2007

Fuente: Policía Nacional 2009.

Si se partiera de la proporcionalidad entre delitos y población como el único criterio de la peligrosidad de un departamento, se podría decir que Carazo, Managua, Granada y de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) son las de mayor peligrosidad.

Capacidad de respuesta de la Policía Nacional Dar respuestas inmediatas a las demandas que hace la población, es también una forma de fortalecer y mejorar la seguridad ciudadana, la cual debe ser una meta principal de la Policía Nacional, afirma la primera comisionada, Aminta Granera S. (Visión Policial); esta tarea se precisa en cada uno de los escenarios donde la población desarrolla sus actividades: el hogar, la escuela, los barrios, las comarcas, departamentos; es decir, en toda Nicaragua. Los lineamientos del trabajo establecidos y liderados desde la jefatura nacional, están vistos fundamentalmente a mejorar la seguridad en la capital, la seguridad en el campo, en las vías y fortalecer las actuaciones en caso de violencia intrafamiliar. La ampliación en la brecha entre la actividad delictiva y la capacidad de respuesta de la policía es una alerta que los obliga a tomar medidas urgentes, de cara a mejorar la seguridad ciudadana (ver tabla 2). Tabla 2 Nicaragua: Actividad delictiva versus capacidad de respuesta de la Policía Nacional. 2000 - 2008 Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ocurridos Esclarecidos 75 741 90 145 93 497 97 500 108 983 104 103 120 462 139 318 154 771

55 741 66 790 70 065 70 153 82 212 54 015 57 670 63 730 50 964

Sin % No esclarecer esclarecido 20 000 23 355 23 432 27 347 26 771 50 088 62 792 75 588 103 807

26,4 25,9 25,1 28 24,6 48,1 52,2 54,3 67,1

Fuente: Visión Policial, Revista de la Policía Nacional, Año X, N.° 80, marzo-mayo 2009, p. 6.

Seguridad ciudadana y sistema penal El sistema penal constituye el ente encargado de aplicar la sanción privativa de libertad; es decir, tiene la función de imponer un castigo justo al delincuente; de garantizar la separación de este individuo del cuerpo social, logrando su incapacitación para cometer nuevos ilícitos, lo cual se relaciona estrechamente con la demanda de protección o defensa de la sociedad, lo que garantiza en opinión generalizada de la población mayor seguridad. La sanción de un número razonable de disposiciones legales, dice Rotman (1998, p. 84), organizada con la mayor seguridad posible constituye un requisito esencial para que el efecto preventivo general del derecho penal sea efectivo, pues las normas penales en cantidades efectivas se vuelven ineficientes; pero la sanción penal debe constituir la última ratio. En este sentido, la sanción penal, en nuestro país, se considera bajo en algunos actos delictivos tal como se puede observar en el Cuadro 2.

Cuadro 2 Nicaragua: Indicadores sobre la seguridad ciudadana y el sistema penal. 2006 Tema

Situación entre 2002 y 2006

Indicadores de inseguridad objetiva Tasa de homicidio por 100 000 1,3 incremento (30%): 1:0 en habitantes 2002 Homicidios con arma de fuego 56% (2005) Tasa de violencia por 100 000 2,8 incremento (8%): 2,6 en habitantes (2006) 2002 Tasa de robos por 100 000 44,7 incremento (28%): 35 en habitantes en 2006 2002 Narcotráfico Presencia en algunas zonas Secuestro extorsivo y sicariato Muy baja incidencia Pandillas juveniles y maras Baja presencia Violencia extralegal Muy bajo nivel Indicadores de inseguridad subjetiva Percepción de amenaza difusa 57% de personas en muestra (2006): delincuencia es amenaza nacional para el futuro Percepción de amenaza al entorno 39% de las personas en muestra inmediato (2006) nacional. Baja desde 2004 (44%) 4% de las personas en muestra Crimen-inseguridad, principal nacional. Leve aumento desde problema (2006) 2004 (3%) Confianza en el sistema penal 44% de las personas en muestra (2006) nacional. Baja desde 2004 (48%) 46% de las personas en muestra Confianza en juicio justo (2006) nacional. Estable desde 2004 52% de personas en muestra Confianza en la Policía Nacional nacional. Ligera baja desde 2004 de Nicaragua (2006) (54%) Situación del sistema de justicia penal Presupuesto per cápita (2006) 9,2 dólares Cambio entre 2002-2006 Fuerte incremento: 70% Policías por 100 000 habitantes 143 la segunda tasa más baja de (2006) la región Jueces por 100 000 habitantes 7,1 Una de las tasas mas bajas de (2006) la región Fiscales por 100 000 habitantes 4,7 una de las tasas mas baja de (2006) la región Defensores públicos por 100 000 1,7 la tasa mas baja de la región habitantes (2006) Población penitenciaria por 100 110. La segunda tasa más baja de 000 habitantes (2006) la región Sobrepoblación penitenciaria 112%. El segundo porcentaje

Comparación internacional

Bajo Incremento

Muy alto

Intermedio Alta Muy bajo Intermedio Bajo

Muy bajo

Baja Muy bajo Intermedio Baja Bajo

(2006) Presos sin condenas (2006)

mas baja de la región El porcentaje mas bajo de la Bajo región. 19% Presupuesto institucional

Suspensión de garantías fundamentales Leyes especiales Políticas gubernamentales Operaciones conjuntas Policía y Ejército Participación Policía en operativos de “limpieza social” Tribunales especiales Jueces “sin rostro” Amenazas a los operadores del sistema

No el periodo 1995-2008 No Énfasis en prevención Ocasionalmente No No No No se reportan caso

Fuente: Estado de la región. En Desarrollo Humano Sostenible, 2008, p. 483.

Nicaragua, según los datos anteriores, es considerada, uno de los países más seguros de Centroamérica. Sin embargo, las tasas de robo por 100 000 habitantes en el 2006 se destacan como muy altas, pero el secuestro, el sicariato, las pandillas y las maras tienen muy baja presencia en el territorio nacional. Entre los años 2002-2004, como parte del programa de modernización y desarrollo institucional, la Policía Nacional nicaragüense, con el apoyo del Gobierno de Suecia, ha llevado a cabo tres sondeos de opinión sobre la percepción de los diferentes sectores de la población sobre el quehacer policial y la percepción de seguridad ciudadana a escala nacional. Dentro de los principales hallazgos se encontró que solo el 46% de la población se siente segura en el sector donde vive, siendo los principales problemas de seguridad identificados a escala nacional la ausencia de vigilancia policial (17%), asaltos/ robos (14%) y pandillas juveniles (13%). Entre los principales factores identificados por la población para mejorar la seguridad se encuentran la instalación de alumbrado público (23%) y el control de pandillas (7%), entre otros. I.

Municipio de León, Departamento de León

1.1. Caracterización de la población Santiago de los Caballeros de León es la primera ciudad de Nicaragua construida por los españoles en junio de 1524, destruida por una erupción volcánica del Momotombo en 1610 y trasladada ese mismo año al sitio donde se encuentra actualmente, a 92 kilómetros de Managua, en el occidente del país, conservando únicamente el nombre de León. Es cuna de valores intelectuales, culturales y artísticos que enriquecen su historia, como Rubén Darío, Salomón de la Selva Sugerencias para mejorar el desempeño policial, Alfonso Cortés, para citar algunos ejemplos. Es sede del Archivo Histórico Diocesano, en el cual se encuentra una abundante información genealógica de la época colonial. El

Archivo alberga documentos de tres tipos: Archivo de la Curia Diocesana, Archivo de la Municipalidad y Archivo de Gobernación e Intendencia de León. Este Archivo se encuentra en el Colegio San Ramón, frente al costado sur de la Catedral de León, para algunos es, sin duda, el principal acervo documental de la colonia que se conserva en Nicaragua. En León nació la Universidad de Nicaragua por decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz del 10 de enero de 1812, que señalaba que el Seminario Conciliar de León de Nicaragua se erigiría Universidad con las mismas facultades de las demás de América, convirtiéndose así en la segunda Universidad en Centroamérica y en una de las más antiguas de América Latina. Fue la primera capital de la Revolución Popular Sandinista y tiene 30 años de tener un gobierno local del mismo partido (FSLN). Esta ciudad se ha caracterizado por una fuerte participación social. La ciudad se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del país por su riqueza histórica, cultural y arquitectónica. La época colonial se palpa en sus calles, edificios e iglesias, como la imponente Catedral Metropolitana, considerada la más grande de Centroamérica, cuyo atrio está decorado con impresionantes leones, situados también alrededor de la fuente de la plaza central. El templo, construido entre 1747 y 1860, y restaurado en 1992, alberga los restos de Rubén Darío y cuenta con bellos decorados de estilo barroco al igual que muchas de las iglesias existentes en la ciudad. La ciudad mantiene vigente su hegemonía como centro cultural y como eje de diversas actividades. El 1,999, en conmemoración del 475 aniversario de su fundación, León fue erigida Ciudad Universitaria por decreto legislativo del 8 de noviembre de ese mismo año, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N.° 217, del 12 de noviembre. El municipio cuenta con una extensión territorial de 820,19 km2 y una altura de 109,21 m.s.n.m.; un clima tropical de sabana y una temperatura media de 27 a 29 ºC. Su población total es de aproximadamente 181 941 habitantes, de los cuales el 67% es urbano y el 33% es rural. Actualmente, se identifican como problemas principales del municipio: la falta de espacio físico para la población urbana creciente, ya que la tasa anual de crecimiento de la población es de 4,3%, la que se considera muy alta, causada por la inmigración de la población rural hacia la ciudad y el crecimiento natural de esta; altas tasas de desempleo rural y urbano y los problemas de pobreza (en 1998, el 32,7% de la población urbana fue identificada como pobre y el 26,7% como extremadamente pobre). Quizás por estas razones, a pesar de que tradicionalmente se ha considerado a León como la ciudad más segura de Nicaragua, en los últimos años se ha venido observando un ascenso en la actividad delictiva, razón por la cual se aplicó una encuesta en el mes de enero del 2006 para conocer la percepción de la actividad delictiva y la seguridad ciudadana que existe en el municipio tanto en la zona urbana como rural. La encuesta se aplicó a 1 553 personas en edades de 15 a 35,7% eran hombres y el 64,3% mujeres en los territorios Norori y Sutiaba del municipio de León, tanto urbano como análisis 1 485 encuestas, ya que 68 fueron desechadas

65 años, de las cuales el del Mántica, Perla María rural, utilizándose para el por no tener los datos

incompletos, o porque las personas se negaron a responderlas, o porque las casas eran alquiladas para negocio y de lo que se trataba era de encuestar a personas que viviesen en ese lugar. El porcentaje mayoritario de mujeres, quizás se deba a la emigración de los hombres hacia otros países, en busca de trabajo remunerado. La edad promedio de la población estudiada fue de 34 años, distribuidos así: de 15 a 19 años 17,1%; de 20 a 29 años 26,2%; de 30 a 39 años 20,5%; de 40 a 49 años 15,8%; de 50 a 59 años 12,7% y de 60 a 65 años 7,7% se nota claramente que la población del municipio de León se concentra en adolescentes y jóvenes (63,8%). En relación con el nivel escolar, el 31,9% ha completado la primaria, el 35,8% la formación secundaria; y un 14,9% han alcanzado el nivel universitario. El 21 de junio del 2009, el municipio de León fue declarado territorio libre de analfabetismo, por haberse reducido 2,5% la tasa de analfabetismo. En relación con el estado laboral de los encuestados, encontramos que el 16% trabaja para un empleador; el 25,6% trabaja por cuenta propia; el 28,5% son desempleados; el 28% son amas de casa y el 1,9% son jubilados o incapacitados. Las principales causas de delincuencia identificadas por la población fueron droga (74%), desempleo (62,5%) e irresponsabilidad de padres de familia (35%). El 15,8 % de la muestra reportó haber sido víctimas de un delito. Los delitos más graves fueron: violaciones (89%), robo (68%), asesinato (50%). Por otro lado, el 46,9% de las personas que sufrieron delito señalaron no haberlo reportado a la Policía Nacional, principalmente porque: la “policía no haría nada” (61,3%) y por “no tener confianza en la policía” (44,5%). Los lugares más inseguros identificados fueron: la ciudad (32,2 %) y los centros de recreación (19%). En el municipio de León, en cuanto a la percepción de seguridad en el sector donde vive, el 53,1% de la población encuestada contestó que se sienten seguros, el 27,6% respondió que se siente poco seguro y el 12,2% nada seguro. Al comparar la percepción de seguridad entre los años 2003 y 2004, el 78,6% refiere que no ha habido ningún cambio, el 10,2% se siente más seguro y el resto se siente menos seguro. Los delitos más frecuentes identificados por la población en el 2004 son el asalto/ robo con el 56,6%, seguido de lesiones con el 17,7% y abigeato con el 11,5%. En este municipio, el 36% de la población encuestada refiere sentirse poco satisfecha de la actividad policial en el sector donde vive, el 31,6% está satisfecha y el 27,6% responde que nada satisfecho. Esta falta de organización comunitaria es percibida por la población, pues el 52,2% de la población encuestada señala que para mejorar la seguridad en los barrios y comarcas, la comunidad debe organizarse y apoyarse mutuamente para la prevención del delito y formar comités de vigilancia en conjunto con la Policía; esto lo plantea el 22,1% de esa población. El aspecto positivo de esta organización comunitaria es que la intervención directa del ciudadano común en la solución de los problemas comunitarios tales como la criminalidad incrementa la participación democrática y refuerza la autonomía del individuo con respecto al Estado, pues así lo considera el 94% de la población encuestada al expresar que la participación de la población en la prevención del delito es importante; sin embargo el 68,3% opinan que la responsable de la prevención del delito es la policía y el 37,5% opinan que la responsable de la prevención del delito es la comunidad. En Nicaragua la prevención comunitaria, apenas se ha desarrollado como correlato de la prevención policial. Consideramos que los objetivos perseguidos para prevenir la

delincuencia, podrían variar significativamente si se involucra a la comunidad en su deseo de eliminar la inseguridad y el miedo generalizado por la delincuencia. Sin embargo, la comunidad, mediante una estrecha colaboración con la Policía debe aprender y poner en práctica por sí misma, técnicas y habilidades que vendrían a incrementar la eficacia para prevenir el delito, pero, también, desarrollar programas de control vecinal que capaciten a los residentes de una barrio para informar de cualquier ciudadano desconocido y de aspectos inusuales que transiten por sus calles. Por otra parte, la directa implicación de la comunidad en la prevención del delito no debe quedar limitada a tareas de colaboración con la Policía, sino que los poderes públicos deben fomentar el desempeño, por la propia comunidad, de funciones propias de los órganos formales de control social y de las políticas públicas. Sin necesidad de entrar en consideraciones sobre la legitimidad o eficacia de todas estas actuaciones comunitarias, lo decisivo a nuestros esfuerzos argumentales es la contrastación de que el 52,2% de la población encuestada plantea la necesidad de su organización para la prevención del delito en armonía con las instituciones del Estado; además, ellos habrían de ser los encargados de suministrar los datos y argumentos imprescindibles para que las concesiones sociales y las políticas públicas evolucionen hacia un modelo más razonable de intervención penal. Hay que abandonar visiones ingenuas, muy presentes en los grupos de expertos jurídicos según los cuales la racionalidad prima, imponiéndose por sí sola, ya que la participación comunitaria se ha presentado como un importante elemento preventivo de la comunidad. En el enfoque de la prevención del delito se busca principalmente ayudar a reducir la violencia social, con especial atención en la familia, los niños y la juventud que es donde se encuentra el mayor número de víctimas y victimarios, por medio de una organización eficiente de la población en cada barrio y sector, pues la población encuestada señala que las acciones que podría hacer la gente para mejorar su seguridad ciudadana se encuentran entre otras la organización de la comunidad y el apoyo mutuo para la prevención del delito con un 52,2% y formar comités de vigilancia en conjunto con la policía, 22,1%. En la tabla 6 se muestra que el 52% de la población que el mayor patrullaje puede mejorar el desempeño policial. Tabla 3 Municipio de León: Sugerencias para mejorar el desempeño policial. 2008 Sugerencias Mayor patrullaje Vigilancia continua Tener mayor presencia en la comunidad Acudir con mayor rapidez al llamado Mayor coordinación con la comunidad Aumentar las delegaciones policiales Control de expendio de drogas Promover deportes Aumentar el número de policías Mayor presupuesto Fuente: Espinoza (2008, p. 224).

% 51 50 43,2 15,2 9,9 8,4 5,1 3,2 3,6 3,1

1.2. Participación de la población en la prevención del delito La seguridad ciudadana se destaca dentro de los derechos sociales fundamentales, porque está vinculada a la libertad e integridad física, psíquica, económica y cultural de la ciudadanía y de sus interacciones. La gobernabilidad del país expresa su aporte a la seguridad ciudadana en la prevención y control de la violencia en sus diferentes manifestaciones, individual, familiar, social, institucional y ambiental, a fin de incidir en un clima propicio para el desarrollo tanto humano como económico y social. Aunque la seguridad ciudadana en Nicaragua es una de las más aceptables en América Latina, ha venido deteriorándose como resultado de condiciones estructurales, de marginalidad socioeconómica y cultural, por lo que se hace necesario realizar acciones conjuntas entre el Estado, los órganos de control social, como la Policía y el Poder Judicial, mediante la prevención y persecución del delito y la sociedad civil como instancia coadyuvante para la consolidación de las políticas públicas y la prevención del delito en sus barrios y comarcas. Esto implica arraigar en la ciudadanía la cultura de paz y la cultura de la legalidad como estilo de vida en democracia, respetando la diversidad social, étnica y cultural. Los principales responsables de la prevención del delito son la Policía y la comunidad, así lo expresa el 68,3% y 37,5% respectivamente, de la población encuestada. Sin embargo, el 94% refiere que la participación de la población es muy importante, ya que para la consolidación de la seguridad ciudadana se debe partir del reconocimiento y garantías de una serie de bienes y servicios de indeclinables responsabilidad pública, reconocida en la Constitución Política del país, como son la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la protección social. Las principales acciones que la población encuestada plantea son, entre otras, que la comunidad debe organizarse y apoyarse mutuamente para la prevención del delito (52,2%), la población debe apoyar y colaborar con la Policía (29,9%); formar comités de vigilancia en conjunto con la Policía (22,1%) y mayor coordinación entre la Policía y la comunidad para la prevención del delito (13,6%). Es por ello que la seguridad ciudadana implica una coordinación por medio del gobierno local y del Gobierno Central, con una visión que sobrepase el enfoque de seguridad nacional y que permita identificar las causas de la violencia que involucre tanto a las autoridades judiciales, y a la Policía como a los sectores gubernamentales especializados por materia; es decir, a los alcaldes, a los organismos no gubernamentales, a las empresas de seguridad privada y a la población en general, por medio de los Comités de Prevención Social del Delito. Es importante tomar en cuenta que la participación ciudadana no es más que un aspecto de la necesaria concepción global de la prevención, vinculada a la satisfacción de las necesidades de supervivencia, nutrición, libertad y crecimiento espiritual y corporal, por lo que los vínculos comunitarios son de especial atención para la prevención del delito, pues, como decía Zaffaroni (1993, p. 244), la destrucción de estos vínculos se presentaría como un genocidio llevado a cabo por el sistema penal.

La prevención del delito en la comunidad se basa en el hecho de que la interacción social y la promoción de relaciones entre los vecinos, de una misma cuadra o de un mismo barrio, desempeña un rol importante en la investigación y denuncia de cualquier actividad delictiva que se pueda realizar en ese vecindario. Si bien es cierto que la comunidad ha intentado controlar el delito, se hace necesario una adecuada organización y vinculación con las estructuras del control social, además de las realizaciones de actividades que puedan organizarse en los grupos comunitarios, actividades que pueden ser tanto deportivas como recreativas, ya que el principal problema que presenta la prevención del delito en la comunidad es la dificultad de organizar vecindarios de ingresos bajos con los de ingresos altos. Para resolver este problema, se está llevando a cabo la capacitación de familias que tienen alguna popularidad en el barrio, para que puedan mejorar el liderazgo que ellas tienen y lograr una adecuada organización comunitaria. El programa de prevención del delito en la comunidad involucra a todos los ciudadanos comunes del barrio, que han logrado comprender que la policía por sí misma, no puede crear comunidades libres de amenaza delictiva. Este programa está basado en la premisa de que los ciudadanos comunes, que son los más afectados por la actividad delictiva, son, por lo tanto, los más interesados en asumir con mayor responsabilidad una tarea preventiva. En este sentido, se ha organizado a los jóvenes en riesgo en siete sectores del municipio de León, especialmente en aquellos sectores donde la encuesta aplicada reflejaba que un poco más del 50% de los actos delictivos eran cometidos por jóvenes y adolescentes menores de 29 años. A estos grupos se les da orientación psicológica, social y educativa con el fin de reinsertar a aquellos que ya delinquieron en la vida social, y los que no, que se involucren en estas actividades de interacción social. Ahora bien, con la Ley de participación ciudadana, Ley N.° 475, los ciudadanos participan en la construcción de un marco jurídico normativo que rige al Estado Social de Derecho y de esta manera podrán tener una participación real y efectiva dentro del sistema penal, cuya misión es el control de la comunidad ante los grupos que conforman las distintas agencias estatales, encargadas de ejercer el control social. Asimismo, la comunidad organizada, bajo parámetros de seguridad comunitaria, también desempeña un papel principal, en la detección temprana de desviaciones de los miembros de la Policía, que en muchos casos sus mandos no están en capacidad de identificar. Por otra parte, la comunidad también constituye una reserva moral para efectos de hacer cumplir una serie de principios políticos criminales que sirven de fundamento regulador del poder punitivo del Estado. El tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones es la esencia de una democracia y sin el ánimo de realizar una análisis profundo sobre el tema, hay que resaltar que, es a finales de las últimas décadas del siglo pasado y especialmente, en estos últimos años del siglo XXI, que este tema ha estado en boga, especialmente en América Latina, a raíz de la crisis de los sistemas políticos. En Nicaragua, a partir del gobierno sandinista, cualquier discusión política pasa por tomar en cuenta la participación ciudadana. Esto puede ser motivado por varias circunstancias, entre ellas: el tema es una necesidad y convicción de política real y la Constitución Política de Nicaragua lo establece en sus artículos 50 y 52; asimismo, se ha promulgado la Ley de participación ciudadana, Ley N.° 475, la que en sus artículos 5 y 6 señala los mecanismos y procedimientos para su participación tanto en las políticas públicas como en la prevención y combate a la delincuencia.

Más allá del marco constitucional y legal del tema de la participación ciudadana, es importante advertir a qué corriente del pensamiento político concierne esta línea de acción política. Para Lola Aniyar de Castro (1999, p. 53), el tema de participación ciudadana pertenece por igual a dos corrientes muy disímiles del pensamiento político, situación que para Aniyar constituye una ventaja para su aceptación (Ávila, 2006, p. 36) ya que la corriente democrática puede considerarse parte de una concepción avanzada de la democracia social, en la que los ciudadanos tienen algo propio que decir, y un espacio para actuar directamente de acuerdo con su concepción del mundo y sus intereses específicos, los cuales son generalmente locales. Esta concepción es profundamente humanista y busca desplegar la energía social para perfeccionar la democracia. Por otro lado, está la corriente tecnocrática, que es precisamente menos humanista, pues el llamado a la participación se inscribe dentro de la actual tendencia política, denominada por el binomio globalización-descentralización, que tiene que ver con el debilitamiento del Estado nación, en beneficio de la desregulación y de la libertad en las relaciones sociales y económicas, el cual culmina con políticas de privatización. Este modelo busca la minimización del Estado para permitir el crecimiento del mercado (Aniyar, 2003, p. 89). Por supuesto que nuestra tendencia se identifica con la búsqueda de la democracia participativa, ya que este modelo, además de estar en consonancia con el ejercicio de la democracia participativa, socializa al Estado y estatiza a la sociedad, difuminándose los límites entre estas esferas, lo que constituye una de las características más resaltantes de un verdadero Estado Social de Derecho. Es este Estado Social de Derecho en donde la población debe tomar una participación activa para la prevención del delito y elevar los niveles de seguridad ciudadana, cuyos componentes serían: la comunidad, la familia, la Policía, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la educación.

Percepción El 66% de las personas en el año 2009 consideran que la inseguridad ha aumentado en el área urbana de León, mientras que un 41,5% considera que ha aumentado en su barrio y un 70% considera que ha aumentado tanto en la ciudad como en los barrios; en el estudio del 2006, la percepción era menor significativamente en los tres casos (Tabla 4). Tabla 4 Municipio de León: Percepción de inseguridad. 2009 (2006) n = 1060 Usted considera que en la ciudad la delincuencia: Aumentó 584 (55,1)* Se Mantuvo 370 (34,9) Disminuyó 79 (7,5) No sabe / No Responde 27 (2,5) Usted considera que en su barrio la delincuencia: Aumentó 328 (30,9) En los últimos doce meses

(2009) n = 1705

P

1 126 (66,0) 444 (26,0) 87 (5,2) 48 (2,8)

0.00

708 (41,5)

0.0

Se mantuvo 480 (45,3) 686 (40,2) Disminuyó 206 (19,4) 196 (11,5) No sabe / No responde 46 (4,4) 115 (6,8) ¿Considera qué el nivel de delincuencia aumentó en la ciudad o su barrio? Sí 650 (61,3) 1 206 (70,7) 0.00 No 410 (38,7) 499 (29,3) *Porcentaje Fuente: Espinoza y Herrera (2009, p.56).

Paralelamente a las actividades propias del quehacer policial, la Policía de cada sector se entrevista con las autoridades locales y con los líderes comunales, con el fin de organizar y desarrollar programas de recreación y deporte, tendientes a la prevención social del delito, lo que ha permitido neutralizar o disminuir las condiciones que facilitan el desarrollo de la criminalidad en el barrio o comarca donde se viene trabajando, sin descuidar el tema de la seguridad ciudadana. La educación –hemos dicho– es la principal manera de alcanzar mayores niveles de cohesión social. Así, el aspecto de la educación está siendo abordado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, especialmente las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social, Educación y el Área de la Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, conforme al plan de trabajo que se ha elaborado, de manera conjunta, con estas instituciones. Para comprender mejor y poder determinar cuáles son las posibles causas del aumento en el porcentaje de personas que consideran que la delincuencia ha aumentado se construyó un modelo explicativo “Percepción de Seguridad”, el cual indica que las personas que han sido víctima (ORaj=1.61)* o conocen a alguien que ha sido víctima de algún delito (ORaj=1.11)* y que en su barrio o cuadra existe algún expendio de drogas (ORaj=1.72)* tiene más riesgo de pensar que el nivel de delincuencia ha aumentado en su barrio o la ciudad; por el contrario, si existen actividades policiales (ORaj=0.67), jefes de sectores (ORaj=0.74) y comités preventivos (ORaj=0.22) hace que la persona tenga una buena percepción de la seguridad ciudadana (Diagrama 1). Diagrama 1 Modelo de Regresión Logístico de Multinivel “Percepción de inseguridad”

*

Encuesta 2009

Figura 6. Modelo de Regresión Logístico de Multinivel “Percepción de Seguridad” Variables a Nivel Individual

Edad 1 (>=30) 0 (,=29)

Sexo 1 = Femenino 0 = Masculino

ORaj =1.51 IC95%(1.22 , 1.88)* ORaj=1.73 IC95%(1.32 , 2.14)**

ORaj=1.35 IC95%(1.06 , 1.68)* ORaj=1.39 IC95%(1.06 , 1.72)**

Victima 1 = Sí 0 = No

ORaj=1.21 IC95%(0.85 , 1.49)**

Victima (Familiar) 1 = Sí 0 = No

ORaj=1.02 IC95%(0.74 , 1.26)**

ORaj=1.61 IC95%(1.19 , 2.00)*

ORaj=1.11 IC95%(0.83 , 1.38)*

Percepción de Seguridad 1 = Aumentado el Nivel de Delincuencia 00== No el Nivel Nivel de deDelincuencia Delincuencia No ahaAumentado aumentado el

Variables a Nivel Comunitario

Expendio de Droga 1 = Sí 0 = No

ORaj=1.72 IC95%(1.34 , 2.13)*

Actividad Policial 1 = Sí 0 = No

ORaj=0.67 IC95%(0.52 , 0.83)*

Jefe de Sector 1 = Sí 0 = No

Comité Preventivo 1 = Sí 0 = No

ORaj=1.72 IC95%(1.29 , 2.13)**

ORaj=0.64 IC95%(0.47 , 0.79)**

ORaj=0.74 IC95%(0.57 , 0.93)* ORaj=0.89 IC95%(0.65 , 1.10)**

ORaj=0.22 IC95%(0.59 , 1.14)* ORaj=0.95 IC95%(0.71 , 1.18)**

ORaj=ODD RATIO Ajustado por edad y Sexo * Encuesta 2009 ** Encuesta 2006

Para la aplicación del modelo se ha organizado una comisión interinstitucional, en la que participan delegados de Gobernación, Policía, Universidad, Educación, el Instituto de Deporte, el Ministerio de la Familia, el Instituto de Turismo, la Alcaldía Municipal, Ministerio de Salud y líderes comunales, bajo la dirección de la Vicerrectora General de la Universidad y del Jefe departamental de la Policía. El gobierno municipal ha publicado una ordenanza en la que se crea la Mesa de Concertación y Gobernabilidad, en la cual entre sus funciones se establece la de reunir las principales instituciones públicas y privadas, así como a todos los actores locales del municipio de León para impulsar el diálogo, la reflexión, el intercambio y la planificación conjunta, con el fin de promover políticas concertadas a favor de la seguridad ciudadana, equidad de género, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, así como una efectiva participación ciudadana en todo el territorio. Asimismo el art. 19 de dicha ordenanza establece la promoción y el fomento de la convivencia y la seguridad ciudadana, entendida como un bien público, mediante el fortalecimiento de los gabinetes sectoriales de seguridad ciudadana, la Junta Departamental de apoyo a la niñez, adolescencia y juventud leonés, la Policía, así como otras instituciones que permitan a nuestros ciudadanos su desarrollo personal, familiar y social. La creación de esta Mesa es el primer paso normativo que tiene el Gobierno Municipal para lograr una mejor gestión de la seguridad ciudadana, ya que los miembros que integran la mesa adquieren el compromiso de detectar los sectores vulnerables de la inseguridad ciudadana, con la finalidad de buscar alternativas mediante la gestión de recursos económicos para asegurar una efectiva seguridad ciudadana. Este modelo fue parte de la tesis doctoral en Derecho que elaboré a partir del año 2005, y su aplicación, en el municipio de León dio inicio en el año 2006. Una vez que se tuvieron los resultados del estudio que se hizo sobre “Percepción de la actividad delictiva y la seguridad ciudadana de las personas de 15 a 65 años de edad del municipio de León urbano y rural”, se inició con la desconcentración de la Policía a los sectores de mayor índice delictivo demostrado en la investigación y con la participación de la instituciones del Estado señaladas anteriormente. El modelo fue impulsado desde la Universidad, con la participación de la escuela de Derecho, Trabajo Social, Medicina y Psicología. Lo primero que se hizo fue sensibilizar a la población sobre la necesidad de involucrarse en la prevención del delito; para ello, realizamos, durante dos meses, asambleas nocturnas en todos los barrios, donde concentrábamos a los adolescentes y jóvenes en las canchas deportivas, lo que dio como resultado el desarrollo de ligas barriales en las 18 canchas que para estos efectos fueron rehabilitadas.

1.3. Aplicación del modelo en la ciudad de León Antecedentes Del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995), se puede deducir que la seguridad ciudadana es un agregado de hechos, circunstancias y percepciones, inseparablemente mixta: subjetiva y objetiva; es una construcción social individual y colectiva que se manifiesta en diferentes grados entre las personas en dependencia de sus condiciones socioeconómicas. Se siente mejor seguridad cuando se cree que el riesgo de ser víctima de un delito cualquiera, es menor y cuando se percibe que las instituciones encargadas de proteger, atender o dar respuesta ante un eventual hecho delictivo que le afecte, actuarán con prontitud, eficacia, transparencia y profesionalismo. Por consiguiente, la seguridad entre las personas se construye no solo a partir de la ausencia de hechos o la disminución de riesgos, sino, también, ante la capacidad y competencia que se percibe de las instituciones encargadas del asunto. La encuesta realizada en enero del 2006 revela que un 66% de la población encuestada considera que la inseguridad se ha incrementado. Los eventos delictivos inciden sobre los problemas de salud de otros que necesitan atención. Decimos estos, porque los hospitales y servicios de salud deben destinar recursos económicos para atender las emergencias causadas por la inseguridad ciudadana, por ejemplo, alguien puede morir de un infarto si el personal médico está apurado atendiendo a un herido sangrante y agónico producto de la violencia en las calles. La iniciativa de un observatorio de delitos juveniles en el Departamento de León, Nicaragua, surge a raíz de la observación del incremento en el número de delitos entre el año 2005 y el 2006 cometidos por adolescentes y jóvenes en León; pues la encuesta concerniente a la percepción sobre la actividad delictiva revela que más del 50% de los delitos fueron cometidos por personas menores de 29 años. La Policía menciona que en relación con el año 2005 los delitos en adolescentes se han incrementado pasando en la misma fecha, de 50 por mes a 70 por mes. Para dar salida a este problema se ha conformado un equipo de trabajo compuesto por el Consejo Departamental de la Juventud, que dio inicio con el II Encuentro de Departamental de Jóvenes, realizado el viernes 30 de junio del 2006, donde participaron cerca de 3 000 jóvenes del Departamento de León. Así mismo, se elaboró un diagnóstico sobre el perfil de los jóvenes detenidos por la Policía del municipio de León, en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2005, de lo que se obtuvo que en el municipio de León, en el año 2005 se entrevistaron 38 casos, encontrando grupo de edad, el 38,2% estaban en el rango de 17-21 años; en relación con el sexo se encontró que el 91,2 % eran del sexo masculino, y el 97,0 % no eran líder de pandillas. Según el riesgo de los grupos juveniles, el 59,1% estaba en el grupo de delincuentes juvenil; con relación al nivel de peligrosidad que expresaban los detenidos, encontramos que el 82,8% fue clasificada como pasiva, por su parte según los antecedentes delictivos, un 55,9% si tenía antecedentes delictivos; además, se pudo observar que el

52,0% de los detenidos sí eran expresidiarios y al menos un 28,6% de los detenidos ya habían sido detenidos en cuatro ocasiones previas. En cuanto a si han pertenecido a programa de No a la violencia, que es desarrollado por la Policía, encontramos que el 96,8% de los detenidos no han pertenecidos al programa de la no violencia y el 84,4% de los detenidos no han pertenecidos a otras pandillas.

Justificación para la aplicación del modelo Partimos del pretexto social que la seguridad ciudadana no es exclusiva de la Policía, sino de una serie de sectores que se ven beneficiado cuando esta se practica. La ciudad de León se ha caracterizado por una sostenida seguridad ciudadana en los últimos 20 años. Sin embargo, de acuerdo a datos de la policía, este derecho ciudadano está a punto de perderse, por el constante incremento de delitos cometidos por adolescentes y jóvenes. De acuerdo con nuestras observaciones y evidencias en León, o se toman acciones ahora o se lamenta después. Solo en un círculo de apenas cuatro manzanas, en el centro de León, se habían registrado en los últimos dos años tres muertos por acciones violentas. Y como se menciona, en la literatura moderna, la seguridad ciudadana es un trofeo que les corresponde a los ciudadanos defenderlo y en León por ser una ciudad colonial y universitaria, no podemos permitir que esto se nos caiga. Además, hay que recordar que una ciudad insegura trae consigo, un deterioro de la capacidad económica y social, así, por ejemplo, a los turistas no les gusta visitar lugares inseguros. Por tal motivo, hacemos un llamado a la voluntad política y social para aunar esfuerzo a favor del trofeo para León de ser la ciudad más segura del país. Las personas se sienten más inseguras hoy que hace cinco años, porque están ocurriendo más hechos violentos y porque sienten menos confianza en las instituciones encargadas (Bautista Lara). La última encuesta de M y R (junio, 2006) permitió conocer que cuatro de cada diez nicaragüenses consideran que la seguridad ciudadana es buena o muy buena; sin embargo, al referirse al grado de confianza que los ciudadanos tienen en la institución, solamente dos de cada diez revelan un alto nivel de confianza, tres de cada diez un bajo nivel de confianza y un poco más de cuatro de cada diez la califican de regular. De acuerdo con el estudio de percepción sobre seguridad ciudadana realizado en el municipio de León en enero del 2006, se encontró que cerca del 60% de la población de León en el campo y la ciudad, expresó que la inseguridad había aumentado. Además, ese mismo estudio reportó que la inseguridad, en las calles es, principalmente, durante los fines de semana. De igual manera, expresó que la inseguridad es sentida en los medios de transporte público y alrededor de los mercados y en el centro de León. De forma similar, este mismo estudio registra que las razones de esta inseguridad está dada por el desempleo 53%, por falta de educación y/o negligencia de los padres de los jóvenes o falta de unión familiar 27%, por consumo de droga 18% y por el consumo de alcohol 14% y por la pobreza un 17%.

Objetivo Aglutinar a diferentes profesionales de las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social, Biología, Medicina y Ciencias de la Educación de la UNAN-LEÓN para que, en coordinación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el ministerio de la salud, el Instituto Nicaragüense de Deportes, la alcaldía municipal de León, Policía, líderes comunales y pobladores de barrios y comarcas del municipio de León, organizados en los consejos de participación ciudadana (Ley N.° 475) y consejos del poder popular (Ley N.° 290), se procure dar respuesta al problema de inseguridad ciudadana provocada por la actividad delictiva, realizando actividades de manera conjunta, tendientes a la prevención del delito, en el periodo de enero, 2007 a enero 2010.

Metodología Para la aplicación del modelo, se ha organizado una comisión interinstitucional, en la que participan delegados de Gobernación, Policía, Universidad, Educación, el Instituto de Deporte, el Ministerio de la Familia, el Instituto de Turismo, la Alcaldía Municipal, Ministerio de Salud y líderes comunales, bajo la dirección de la Vicerrectora General de la Universidad y el Jefe de la Policía del Departamento de León. Las escuelas participantes serán, Trabajo Social, Psicología, Medicina, por medio del Centro de Investigación en Demografía y Salud (CIDS), Derecho, Psicopedagogía. Primeramente, el plan, a mediano plazo sobre el tema de seguridad ciudadana para el departamento de León, estará dirigido a adolescentes, jóvenes y población en general, a fin de realizar acciones que permitan la prevención delictiva por medio de líneas de trabajo de mutuo interés. Este planteamiento sigue la metodología de “promoción de espacio seguros y saludables”. Para ello, se trabajará en capacitación a líderes comunales, atención psicológica a jóvenes y adolescentes en riesgo, trabajo comunitario, asesoría jurídica y mediación para la resolución de conflictos comunitarios.

Diagrama 2

Instituciones participantes en la aplicación del modelo

Para este proceso, se han definido una serie de acciones encaminadas a organizar un equipo de profesionales de cara al trabajo comunitario con jóvenes que han cometido algún delito o no. Por tanto, la propuesta concentra, además, momentos de reflexión entre los profesionales participantes y los causantes de los delitos para determinar las verdaderas razones sociales detrás de estas conductas delincuenciales. Por consiguiente, para estas acciones se impulsará una agenda de trabajo común que facilite el proceso de medición de los indicadores de seguridad propuestos por el equipo de trabajo departamental. Otra forma de trabajo será la intervención socio-educativa por medio de trabajo social.

Líneas de Trabajo  Análisis rápido de expedientes de adolescentes que han cometido algún delitos entre el 2005 y el 2006.  Reuniones multisectoriales de trabajo para abogacía y construcción de consenso alrededor de la problemática de los jóvenes.  Implementación de un sistema de vigilancia de delitos juveniles en el Departamento de León.  Elaboración de un mapa de seguimiento de los delitos juveniles.

 Implementación de acciones socio-educativas por la Escuela de Trabajo Social, Escuela de Psicología, Escuela de Derecho y la Escuela de Medicina.  Apoyo técnico en la implementación, diseño y análisis de los datos por parte del equipo técnico del Centro de Investigación en Demografía y Salud.  Implementación de un observatorio de delitos juveniles en León, entre el 2007 al 2010.  Elaboración de una línea de base para el observatorio de delitos juveniles que servirá como punto de partida a este plan.  Aumentar la presencia policial en puntos críticos.  Promover la unidad y organización comunal para la vigilancia de delitos juveniles.  Impulsar actividades deportivas en conjunto con los jóvenes en la comunidad (MINED alcaldía, UNAN León, IND).  Atención psico-social a los jóvenes que tiene medidas no privativas de libertad.  Implementar estrategia para la prevención del consumo del alcohol y prevención de accidentes de tránsito.  Capacitación a familias fuertes para la realización de actividades preventivas La familia constituye la base fundamental de toda sociedad. En ese sentido, el programa está orientado básicamente a la capacitación de lo que hemos llamado familias muy populares; es decir, aquellas familias que, de manera indirecta o espontánea, ejercen cierto liderazgo en su comunidad. El objeto es mejorar la salud o el desarrollo cognoscitivo del núcleo familiar, procurando la disminución de los maltratos y abusos en su perjuicio, hacer esfuerzos tendientes al mejoramiento del funcionamiento familiar y la atención al desarrollo social y emocional de los menores de edad. El rol de la familia será, entonces, la prevención de la actividad delictiva dentro de la familia y la disuasión de las conductas antisociales durante la niñez y la adolescencia. El control de la violencia y los maltratos en el núcleo familiar, para educar por medio del ejemplo a sus hijos, procurando ejercer un control estricto sobre las actividades que estos realizan y la consecución de medios materiales que puedan llevar al hogar. El modelo de la policía comunitaria es otra una herramienta pedagógica, que colabora en sustraer a las personas de los mitos y estereotipos con el que perciben el fenómeno delincuencial (Zamora Cordero, 2005, p. 26). Este modelo, al otorgar conocimientos criminológicos a la población de León, posibilitará una aproximación real de los delitos y los delincuentes en sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, así como el estudio etiológico de los diversos factores que explican el incremento, mantenimiento o disminución de los diversos tipos de delincuencia.

Diagrama 3 Municipio de León: Modelo policial comunitario. 2009

Fuente: Espinoza y Herrera (2009, p.64).

Como se puede ver el papel de la comunidad en el modelo es clave no solo por la vigilancia, sino que fortalece los mecanismos por medio de los cuales la Policía rinde cuenta respecto de sus actuaciones; por otra parte, la policía mide la participación social en función de la seguridad ciudadana, como son los Comités de Prevención Social de Delito, que aunado con los esfuerzos del enfoque ecológico permitirá tener una participación que va del individuo, su familia y la comunidad siendo la mejor expresión de participación popular de los líderes comunitarios preocupados por la seguridad ciudadana en su sector y la expresión organizada de los Consejos del Poder Ciudadano. En resumen, el modelo comunitario policial de León está poniendo énfasis como estrategia el buen trato al público mediante medidas proactivas y trata de reducir el aspecto represivo policial. Quizás por esto León se considera la ciudad más segura de Nicaragua, donde aún la gente defiende a otro cuando le roban en la calle o es agredida por alguien. Es decir, hay más conciencia de ciudadanía, de civismo y más sentido de pertenencia y amor hacia el prójimo y la misma ciudad. Esto es un verdadero “programa amor”. Para la aplicación de este plan de prevención del delito, la jefatura departamental de la Policía Nacional de León desconcentró a sus miembros en siete sectores del municipio; ya en el 2009 se amplió a 26, cuyo número de efectivos policiales varía de acuerdo con el número de habitantes del sector y la actividad delictiva detectada en la encuesta. Esto ha permitido una mayor identificación de la Policía con la comunidad y la credibilidad

de los habitantes de los barrios o comarcas se ha visto incrementada sustancialmente; de esta manera, la Policía acude de inmediato al llamado que la población requiere.

1.4. Presentación del Segundo jefe de la Policía del Departamento de León Policías Voluntarios El gobierno local, en coordinación con la empresa privada y los comerciantes, apoya económicamente la Policía departamental para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el municipio. La gestión para el apoyo económico por parte de los empresarios y comerciantes la ha realizado la alcaldía municipal, teniendo en la actualidad 147, distribuidos en la parte urbana y rural y en todo el departamento se cuenta con 188 policías voluntarios y dos policías municipales que se encuentran ubicados en el municipio de Quezalguaque (ver tabla 5). Tabla 5 Departamento de León: Policías voluntarios. 2009 Unidades policiales

Municipios León La Paz Centro Malpaisillo Telica Santa Rosa del Peñón El Sauce Achuapa El Jicaral Nagarote Quezalguaque TOTAL

6 (sectoriales) 1 1 1

Policías Policías voluntarios voluntarios urbanos rurales 123 24 4 4 3 4 6

Total General 147 4 7 10

1

-

6

6

1 1 1 1 1 15

4 2 4 2 147

2 41

4 2 4 2 2 188

Fuente: Policía de León, 2009.

Comités de Prevención Social del Delito En el Departamento de León existen 114 Comités de Prevención Social del Delito, 49 en la ciudad y 665 en la zona rural, con 1 312 ciudadanos integrados (ver tabla 6).

Tabla 6 Departamento de León: Municipios y número de Comités de Prevención Social del Delito urbano/ rural e integrantes. 2009 MUNICIPIOS León La Paz Centro Malpaisillo El Jicaral Achuapa Telica El Sauce Nagarote Quezalguaque Santa Rosa del Peñón TOTAL

Comités de Prevención Social del Delito 43 4 10 2 16 5 14 10 8

Urbano

Rural

N°. de integrantes

35 1 2 9 1

8 4 9 2 16 5 12 1 7

871 20 64 7 72 40 87 68 70

2

1

1

13

114

49

665

1312

Fuente: Policía de León, 2009.

En el municipio de León existen 65 Comités de Prevención Social del Delito, 57 en la ciudad y 8 en la zona rural, integrados por 1 189 ciudadanos Los Comités de Prevención Social del Delito vienen a ser la forma como la población interviene en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, pero estos comités no solo se dedican a la prevención del delito sino que también es un modo de articularse con el gobierno local para la formulación de política públicas y establecer los mecanismos para llevar a cabo la prevención situacional y social del delito. Con base en ello, la Alcaldía municipal tiene previsto para el presupuesto del 2010 asignar la una determinada cantidad de dinero para la señalización vial, según lo plantearon en el taller de discusión del informe preliminar celebrado el día martes 13 de octubre. En la tabla 7 se observa la distribución de dichos comités, el número de personas que lo integran así como el número de policías voluntarios de cada sector.

Tabla 7 Municipio de León: Comités de Prevención Social del Delito y policías voluntarios. 2009 Delegación Gobernación Terminal de buses Guadalupe Sutiaba Los poetas Poneloya TOTAL

Comités de Prevención Social del Delito Total Urbano Rural Miembros 22 22 0 318

Policías voluntarios 44

8

8

0

173

16

20 7 6 2 65

16 7 3 1 57

4 0 3 1 8

378 158 126 36 1 189

40 14 12 4 130

Fuente: Policía de León, 2009.

II.

Municipio de Jinotepe. Departamento de Carazo

El Departamento de Carazo fue fundado en 1891. Su nombre es en honor del presidente Evaristo Carazo (1821-1889). Es una meseta de suelos volcánicos, que declina suavemente hasta el litoral del pacífico; en las zonas más elevadas se cultiva extensamente café y cítricos; hacia la costa predomina una variada agricultura, así como la ganadería. La actividad minera se reduce a la explotación de canteras de piedra caliza. Las actividades turísticas en los balnearios costeros y la pesca, complementan las principales actividades económicas de este departamento. La región de Carazo es bastante uniforme; se trata de un alto altiplano, la meseta de los pueblos o de Carazo está situada a 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Cabe anotar que el departamento de Carazo tiene una extensión territorial de 1 050 km2, y geográficamente está ubicado entre los 11º, 44' y 11º 56' latitud norte y los 86º14' longitud, con una población urbana de 96,535 habitantes y una población rural de 83 589, con un total de 180 124 habitantes en el departamento; asimismo, también está conformado por 180 barrios y 171 comarcas. Tabla 8 Caracterización comparativa del departamento de Carazo, extensión, urbano, rural con sus barrios y comarcas. 2009

Municipio

Ext. Territorial (km2)

P/Urbana

P/Rural

P/Total

Barrios

Comarcas

Jinotepe Diriamba San Marcos Dolores Rosario Santa Teresa La Paz Conquista TOTAL

267 352 120 3 14 215 16 89 1 050

26 311 30 000 18 503 6 053 2 666 6 000 3 000 4 000 96 535

8 994 38 000 11 339 2 066 1 898 13 392 3 300 4 600 83 589

35 305 68 000 29 842 8 119 4 566 19 392 6 300 8 600 180 124

52 50 40 13 8 12 4 1 180

48 49 14 6 22 8 24 171

Fuente: Policía de Carazo, 2009.

La ciudad de Jinotepe es la cabecera departamental; tiene una población urbana de 26 311 habitantes y una población rural de 8 994 habitantes, para un total de 35 305 habitantes; cuenta con un total de 52 barrios y 48 comunidades. La población predominante oscila entre las edades de 16 a 40 años de edad. Así, tenemos de 0-5 años 5 282; de 6-10 años 5741; de 11-14 años 5 123, y de 15 a más años 29 176 personas, con mayor predominio del sexo femenino.

2.1. Niveles de empleo En la ciudad y en el campo predominan las formas de empleos temporales, fundamentalmente, en el comercio informal, jornaleros temporales del campo y de la construcción, domésticas y otros, los cuales residen en las zonas semiurbanas y rurales. Cabe destacar que la mayoría de los empleos permanentes están concentrados en las fábricas de las zonas francas, el comercio formal, en las instituciones y empresas privadas del departamento; existe un bajo porcentaje que labora fuera del departamento, específicamente en la ciudad capital. También, hay una minoría dedicada a actividades para el autoconsumo, la crianza de animales domésticas y a la microempresa de servicios y de comercio (panadería, dulcerías, carpintería, etc.) La población económicamente activa ronda el 58%. Hay un predominio de la actividad agrícola con un 46%, la industria con un 21,65% y la ganadería con un 15%; otras actividades representan un 17,35%; no se tienen datos sobre el porcentaje de desempleados en el municipio. Los impuestos municipales dependen más de pequeños negocios que de grandes empresas, lo que hace que la municipalidad tenga alguna dificultad para la inversión en obras sociales. A esto se le agrega la crisis económica mundial que ha agravado la situación de los gobiernos municipales en Nicaragua. La producción agrícola descansa en el cultivo de los granos básico, como maíz , sorgo, frijoles, café los cuales son comercializados a escala nacional, quedando una porción en los mercados y pulperías del municipio. La crianza de ganado y cerdo es otro rubro utilizado para el consumo o comercio. A pesar de esta crisis, el gobierno municipal asignará para el presupuesto 2010 una partida destinada a la seguridad ciudadana, de acuerdo con las demandas que presenten los Comités de Prevención Social del Delito y los gabinetes del poder ciudadano, según informe suministrado por el Alcalde el día jueves 8 de octubre de 2009 en el taller de análisis y discusión del informe preliminar.

2.2. Educación En Jinotepe tienen presencia cinco universidades con 2136 estudiantes aproximadamente, y con una planilla docente de 115 maestros que ofertan diferentes carreras, entre ellas: comercio, turismo, contabilidad, etc., para el departamento. Cuenta además, con cuatro centros de estudios secundarios y 57 de educación primaria, en los que se atiende a un total de 13 357 estudiantes, con una planta de 293 docentes y con un porcentaje de analfabetismo del 3,5%.

2.3. Cultural La primera obra literaria nicaragüense de autor anónimo y con 300 años de existencia es El Guegüense, llamado también Macho Ratón es una obra perteneciente al teatro náhualt del siglo XVII, nacida en la ciudad de Diriamba, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. La Asamblea Nacional de Nicaragua

acordó darle, en noviembre de 2005, un tratamiento similar a escala de nación. Es una obra en la que existe teatro, música y baile y ha sido objeto de diferentes calificativos por personalidades de la literatura y el arte. Los instrumentos de El Güegüense son: pito, violín, tambor y guitarra. La obra fue creada y representada en los poblados indígenas de Masaya, Carazo y Granada; en 1942, se traduce y edita en español. Su vestuario al estilo español, con máscaras, ojos azules y rizos de oro, usan máscaras, para no ser identificados por los españoles, porque es una obra de denuncia social por las medidas del dominio español; en 1950, la música de la obra es grabada y es parte de las 43 nuevas obras maestras del patrimonio mundial declarado por la UNESCO. El Güegüense es producto de la mezcla cultural indígena y española; su música consta de 14 sones. En los diálogos de la obra hay frases de doble sentido. La primera noticia escrita sobre El Güegüense fue en el año de 1883 y es una obra plena de valores literarios y lingüísticos. Obra antigua del continente americano en el contexto del mestizaje. Su origen es del siglo XVII, pertenece al teatro y su personaje principal es el huehue, que significa viejo, picaresco, burlón, bufón y astuto. El huehue se considera el prototipo de la persona nicaragüense y su protesta a la realidad colonial. Es importante conocer, conservar, promover y proteger nuestro tesoro vivo, para así fortalecer nuestra identidad cultural, nuestras tradiciones, nuestra cultura, que nos hace un destino turístico único y genera riquezas para todos los nicaragüenses. Jinotepe cuenta con los servicios básicos de primera necesidad, como agua, energía eléctrica y teléfono; sin embargo, en algunas ocasiones hay escasez de agua, tanto en el casco urbano de la ciudad como en el área rural; esto ha sido un problema de los pozos de ENACAL o daños en algunas tuberías.

2.4. Presentación del Jefe de la Policía del Departamento de Carazo En el gráfico siguiente se observa los principales problemas de inseguridad ciudadana del Departamento de Carazo y el Municipio de Jinotepe.

Diagrama 4 Departamento de Carazo: Principales problemas de seguridad identificados. 2009

Fuente: Policía Nacional, 2009.

A continuación se observa el comportamiento comparativo del número de denuncias del 2008 y las proyectadas para el año 2009. En el año 2008 se dieron 2 745 denuncias de ciudadanos y en el año 2009 se espera se den unas 2 863 denuncias y tan solo a julio fecha de la visita del equipo ya se registraban 1 193 denuncias. Tabla 9 Comportamiento de las denuncias en la IV región y en los municipios del programa de DCSC. 2008 - 2009 2009 Departamento 2008 Granada Masaya Jinotepe Rivas

Denuncias hechas hasta junio proyectado

5 503 3 831 2 745 2 295

1 435 1 193 1 058

3 444 2 863 2 539

Fuente: Policía de Carazo, 2009.

A continuación se muestra el comportamiento del número de casos denunciados entre 2008 y 2009 comparativo con otros departamentos y municipios de Nicaragua. En el caso de León, se observa que para el 2008 tuvo 6 616 denuncias y para el 2009 se esperan 5 098 denuncias y para junio ya se registraban 2 124. Mientras en Jinotepe se dieron 2 745(2008) denuncias y para el 2009 se esperan 2 863 (Tabla 10).

Tabla 10 Comportamiento de las denuncias en la IV región y en los municipios del programa de Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 2008 - 2009 Departamento León Matagalpa Granada Masaya Chinandega Estela Jinotepe Diriamba

2008 6 616 5 592 5 503 3 831 3 763 3652 2 745 2 474

2009 5 098 5 066 3 444 3 886 4 829 2 863 2 681

Fuente: Policía Nacional, 2008-2009.

También, se conoció sobre los accidentes de tránsito, lesiones y homicidios ocurridos hasta junio, 2009, en Jinotepe: lesiones 11, homicidios 2 y accidentes de tránsito 46. En el municipio de Jinotepe se da la participación de 29 policías voluntarios, quienes son pagados con fondos de la municipalidad en apoyo a la gestión municipal de la seguridad ciudadana. Para el año 2009, el número de policías voluntarios se amplió a 47. La Policía de Jinotepe tiene proyecciones de hacer convenios de colaboración para mejorar la seguridad ciudadana con instituciones educativas. El modelo comunitario de la seguridad ciudadana se auxilia de la cooperación de instituciones como el Ministerio de Educación y las universidades existentes en el municipio tal como se observa en la Tabla 11 la colaboración con recursos humanos; es decir, estudiantes.

Tabla 11 Tabla de proyecciones de convenios de la colaboración con la Policía y otras instituciones. 2009 Especialidades Auxilio Judicial

Áreas Atención Público

Tránsito- Jinotepe Atención Público

Estudiante Mañana Tarde 2 2

Carrera Mercadeo Turismo, Mercadeo

2

2

Actualización del MINISAIP

2

2

Computación

Actualización del MINISAIP

2

2

Computación

Auxilio Judicial (Jinotepe)

Medicación Previa (Faltas penales) y Cierre (Administrativo. (NCD, AD )

3

2

Abogado, Psicóloga

ComisaríaJinotepe

Medicación Previa (Faltas Penales) y Cierre (Administrativo. (NCD, AD )

2

2

Abogado, Psicóloga

Recepción Denuncia

2

2

Recepción Denuncia

2

2

Divulgación y Prensa

2

2

Periodismo

Psicología

1

1

Psicología

Trabajo Social

1

1

Psicología

23

20

-

Auxilio Judicial (Jinotepe) Secretaría Ejecutiva

Auxilio Judicial (Jinotepe) ComisaríaJinotepe Secretaría Ejecutiva Comisaría – Jinotepe Comisaría Jinotepe TOTAL

-

Abogado, Computación Abogado, Computación

Fuente: Policía de Carazo, 2009.

La seguridad ciudadana de Nicaragua descansa sobre la figura del jefe de sector. Para esto, la Directora actual hace grandes esfuerzos para mejorar el entrenamiento y la distribución del jefe de sector para acercar más la policía a la comunidad, en coordinación con los gobiernos locales y el Gobierno Nacional. La sectorización de la policía es uno de los pilares fundamentes de la estrategia para promover la seguridad ciudadana. En todo Nicaragua se ha iniciado una cruzada de seguridad ciudadana por medio de la visita de la Primera Comisionada a los diferentes departamentos, con la intención de monitorear más de cerca el quehacer de los delegados departamentales y, sobre todo, orientar los mandos locales respecto de la reestructuración, a partir del 2009 de la Unidad Policial.

La iniciativa es apoyada por los gobiernos municipales. Se espera que al final del proceso un jefe de sector tenga asignada 1052 familias para garantizar su seguridad ciudadana. Se toma como indicador la atención de un Jefe de Sector por cada 6 000 habitantes en el caso de Jinotepe atendería 5 262,2 habitantes por Jefe de sector, tomando en cuenta que es la cabecera departamental y aquí radican las principales delegaciones institucionales del Gobierno. Tabla 12 Jinotepe, Diriamba y San Marcos: Distribución según población de los jefes de sectores. 2009 Municipio

Población

Jefes Sectores A P T

Hab. x Jefe Sector Población Familia

Atención

Jinotepe

26 311

4

1

5

5 262

1 052

J`PN Carazo

Diriamba

30 000

4

1

5

6 000

1 000

II J`PN Carazo

San Marcos

18 503

2

1

3

6 167

1 233

II J`PN Carazo

TOTAL

74 814

10

3

13

5 755

1 151

Jefatura Dptal.

Fuente: Policía de Carazo, 2009.

Índice delictivo demográfico (delitos por cada 100 000 habitantes) El departamento de Carazo se encuentra en sexto lugar de ocurrencia delictiva a nivel Nacional. Al finalizar el primer semestre de 2009, se tiene reportado la cantidad de 4 224 denuncias, lo que representa un total de 234,50 denuncias por cada 100 000 habitantes. Al comparar con el periodo 2008, que registró un total de 181,15 denuncias por cada 100 000 habitantes, demuestra un incremento de 47,52 denuncias. De las denuncias registrada 96 hechos no constituyeron delito. De 2 734 delitos que al comparar con el 2008 que registró un total de 2 182 delitos, demuestra un incremento de 552 delitos.

Gráfico 3 Jinotepe: Número de delitos según años. 2005 - 2008

Fuente: Policía de Carazo, 2009.

Por otro lado, se registró un total de 1 394 faltas penales. Comparado con el 2008, que registró un total de 1 009 faltas penales, se demuestra un incremento de 385 faltas penales.

Tabla 13 Departamento de Carazo: Tipología de la actividad delictiva. 2006-2008 Tipología

2006 (I Semestre)

2007 (I Semestre)

2008 (I Semestre)

868

752

495

723

268

316

145

484

59

1 026

1 218

1 928

339

372

504

96

122

134

63

103

170

393 135

466 155

664 204

262

176

202

262 4 312

176 4 292

154 4 830

Delitos contra las personas Lesiones Faltas contra las personas Contra la propiedad Robo con fuerza (RCF) Robo con violencia (RCV) Robo con intimidación (RCI) Hurto Daño Contra la libertad individual Amenaza TOTAL Fuente: Policía de Carazo, 2009.

En la tabla, se muestra la tipología con mayor frecuencia como son las lesiones; que refleja la cantidad 316 lo que representa el 6,54% de ocurrencia, aumentando considerablemente con respecto al semestre anterior que registra un total de 268 lesiones, equivalente al 6,24%. Por otra parte, el incremento de las faltas penales ha estado enmarcado en la tendencia de que en el año 2006, las lesiones de diez días las acusaba el Ministerio Público, en coordinación con la Policía. En la actualidad con el nuevo Código Penal se consideran como faltas penales contra las personas lo que ha venido a disminuir la ocurrencia de lesiones.

Comité de Prevención Social del Delito en Jinotepe En el municipio de Jinotepe existen 13 Comités de Prevención Social del Delito: uno municipal, integrado por 7 miembros, cuatro en área urbana integrado por 29 miembros y trece en la zona rural integrados por 93 miembros, lo que suman un total de 18 comités con un total de 129 miembros. Asimismo, existen 24 comités comunitarios integrados por 162 miembros.

Tabla 14 Jinotepe: Comités Comunitarios. 2009

1 2 3 4 5

Cantidad de Comité 7 1 7 7 2

Cant. de Integrantes 49 07 49 46 11

TOTAL

24

162

Sector

Fuente: Policía de Carazo, 2009.

En Jinotepe se ha venido implementando un modelo de prevención comunitaria del delito a partir de la aplicación de la Ley N.° 228. En lo relacionado con la policía voluntaria, cabe destacar que fue el primer municipio en seleccionar policías voluntarios de la comunidad, con el apoyo económico de la Alcaldía municipal; esto permitía entregar a cada policía un incentivo económico por el trabajo desarrollado. Este método no trata de erradicar el delito, sino de tornarlo más difícil y disminuir simultáneamente la vulnerabilidad de la comunidad frente a la amenaza delictiva. Esta nueva corriente de prevención del delito no se contrapone desde ningún punto de vista a los métodos profesionales utilizados por la Policía Nacional para combatir el delito. (Espinoza, 2008, p. 154).

III.

Conclusiones

Las nuevas propuestas sobre prevención del delito se basan, principalmente, en la prevención comunitaria del delito y en varias técnicas destinadas a disminuir las oportunidades en la comisión de estos delitos. Estos nuevos métodos no tratan de erradicar el delito, sino de tornarlos más difíciles y disminuir simultáneamente la vulnerabilidad de la comunidad frente a la amenaza delictiva. Estas nuevas corrientes de prevención del delito no se contraponen desde ningún punto de vista a los métodos profesionales utilizados por la Policía Nacional para combatir el delito, sino que son un medio para coadyuvar con la Policía Nacional para hacer frente al flagelo de la delincuencia, por lo que todos ellos deben aplicarse de manera paralela, planificada y monitoreada en cuanto a sus resultados, con base en indicativos y cumplimiento de objetivos. Para lograr la prevención del delito, con métodos no represivos, donde se involucra la familia, la escuela y la comunidad, es indispensable consolidar un diagnóstico compartido sobre el problema, identificar los objetivos comunes, establecer las metas para cada uno de los actores y asignar claramente las responsabilidades. Así, la familia como agente primario del control social, desempeña un papel decisivo en la prevención del delito, el que estaría relacionado de dos maneras. La primera sería la evitación del delito dentro de la familia, cuya acción preventiva debe dirigirse a las crisis familiares y las situaciones patológicas que generan el delito dentro de la misma familia, incluyendo homicidios, agresiones físicas y mentales y crímenes pasionales; por ello, la violencia familiar constituye una preocupación muy importante para la Criminología y las intervenciones en las crisis familiares se han transformado en una de las áreas principales de la prevención del delito. La segunda estaría orientada hacia el ejercicio de la autoridad de los padres para prevenir conductas delictivas en los hijos, esto ha suscitado un amplio interés en todo el mundo donde los Estados han aprobado leyes que someten a los progenitores a sanciones al no controlar la conducta delictiva de sus hijos menores. La educación es la principal manera de alcanzar un nivel aceptable de cohesión social (Rotman, 1998, p. 108) por medio de la autorregulación del sistema social, que no involucra la imposición de dicha cohesión desde arriba mediante las autoridades de control social. De ahí que las escuelas asumen frecuentemente la responsabilidad de la tarea preventiva, cuando el resto de la comunidad no contribuye a tal función, ya sea por desconocimiento o por carecer de suficiente liderazgo. Cuanto mayor es la incapacidad de los padres para controlar a sus hijos, más importantes es el rol de la escuela en el proceso de socialización. Además, la escuela puede crear oportunidades educacionales y laborales y guiar a los estudiantes en la manera de evitar que emprendan carreras criminales. La comunidad es otro factor fundamental para la prevención no represiva del delito, la que se basa en el hecho que la interacción social y la promoción de relaciones entre los vecinos puede ejercer un rol muy importante en la investigación y la denuncia de la conducta delictiva. Las organizaciones comunitarias han intentado controlar el delito por medio de actividades que estimulan la participación de los ciudadanos en grupos comunitarios, subrayando la significación de los esfuerzos individuales en la lucha

contra el delito, promoviendo sentimientos de territorialidad y la propensión a intervenir frente a circunstancias sospechosas y tratando de prevenir la victimización por medio de esfuerzos preventivos en el plano individual y familiar. En Nicaragua la seguridad ciudadana, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, le corresponde a la Policía Nacional, pero existe una coordinación con los gobiernos locales en el apoyo económico para el pago de los policías voluntarios. A la vez, la Policía se apoya en los Comités de Prevención Social del Delito que se han conformado en diferentes barrios y comarcas de los municipios, tal como se refleja en este informe en los que participa la comunidad de manera organizada. Mediante el Decreto 83-2004, reformado por el Decreto 110-2007, se creó el Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que tiene como atribución principal: promover la participación de los ciudadanos nicaragüenses en los Comités de Prevención Social del Delito que organiza la Policía Nacional, así como en los consejos locales de seguridad ciudadana y en otras instancias de participación comunitaria en los distintos municipios en coordinación con la alcaldías respectivas, para la identificación de los problemas que ocasionan inseguridad y su correspondiente solución. Si partimos de que la seguridad ciudadana incluye la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria, etc., los gobiernos locales realizan una verdadera gestión municipal de la seguridad, porque las leyes municipales y los Planes de Arbitrio de los Municipios, les establece como competencias, la prestación de servicios básicos, como agua potable, alcantarillado sanitario, recolección de basura, lo que constituye la seguridad ambiental y el alumbrado público como parte de la prevención situacional. Asimismo, la gestión ambiental y la gestión de reducción de riesgos de desastres, son temas que trabajan con prioridad los municipios (Informe DEMUCA 2009), lo que de acuerdo con la definición del PNUD sobre seguridad ciudadana, son acciones que contribuyen al mejoramiento de dicha seguridad En síntesis, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que la seguridad ciudadana en León ha mejorado sustancialmente con la aplicación del modelo de prevención del delito, basado en la participación ciudadana, tal como lo hemos demostrado con el estudio realizado en el 2009, en el cual se observa que en tres años la delincuencia mantiene el mismo porcentaje del 2006 y el número de delitos ha disminuido, según estadísticas policiales. De igual forma, en Jinotepe con la aplicación del modelo de policía comunitario y el apoyo de las instituciones del Estado ha logrado mejorar la seguridad ciudadana y disminuir el índice delictivo.

IV.

Referencias bibliográficas

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V.- Siglas y acrónimos AMUNIC. Asociación de municipios de Nicaragua JDANJUL: Junta departamental de apoyo a la niñez, adolescencia y juventud leonés. IDD: Índice delictivo demográfico OEA: Organización de Estados Americanos PNUD: Programa de la Naciones Unidas para de Desarrollo RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional UNAN: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua CIDS: Centro de Investigación en Demografía y Salud MINSA: Ministerio de Salud Mi familia: Ministerio de la familia IND: Instituto Nicaragüense de Deportes MINED: Ministerio de Educación ONG: Organismos no gubernamentales DCSC. Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana MINISAIP: Sistema automatizado de información policial NCD: No constituye delito AD: Autor desconocido RCF: Robo con fuerza RCV: Robo con violencia RCI: Robo con intimidación GRUN Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. CSC Convivencia y Seguridad Ciudadana.