Foro de Urbanismo E Infraestructuras (FUI)

GESTIÓN URBANÍSTICA: ¿INSTRUMENTO RÍGIDO O TRAJE A MEDIDA? Documento de conclusiones

Mesa redonda celebrada el 18 de septiembre de 2012, Con la participación de -María Carneiro López, gerente de urbanismo del Concello de Vigo -Xosé Manuel Tato Camino, director xeral da área de urbanismo e servicios centrais do Concello de Pontevedra -Juan Arnaiz Ramos, delegado de Arnaiz & Partners en Galicia Moderada por - Martín de Cominges, presidente de la Delegación en Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

La hiperregulación del urbanismo Un mínimo de 27 informes sectoriales preceptivos para la redacción de un Plan General. Una tramitación media de siete años para este tipo de planeamiento. Desesperantes procedimientos para la obtención de una licencia. Seis reformas de la normativa estatal desde 1992 (más dos sentencias negativas); ocho variantes normativas en Galicia desde 1985. Legislaciones básicas estatales que se suman a legislaciones básicas autonómicas, a planeamientos territoriales y municipales, a normas supramunicipales, a instrucciones técnicas de servicios… El urbanismo español en general, y el gallego en particular, adolece de un problema de burocratización e hiperregulación que, amparadas ambas en un mal entendido principio de seguridad jurídica, supone un freno evidente a la actividad económica. El problema no es nuevo, pero tiende a agudizarse, con la elaboración de nuevas normas que, lejos de aclarar la situación, provocan nuevas incertidumbres a los agentes públicos y privados directamente implicados en los procedimientos urbanísticos. La prolífica y garantista voluntad de los legisladores redunda en la complicación de los procedimientos, hasta el punto de que sector y técnicos de la administración llegan a señalar que cada vez que se promueve una nueva norma se incrementa la complejidad del proceso; o, dicho de manera más clara: llega a identificarse la promulgación normativa con nuevas exigencias, que perturban aún más la ya enrevesada de por sí tramitación burocrática. Curiosamente, llevamos veinticinco años con reformas que buscan simplificar los procedimientos, al tiempo que se concatenan leyes supramunicipales, que incrementan el número de agentes intervinientes o informantes. Conflicto de competencias, politización y judicialización Ese ánimo de atar fino y no dejar cabos sueltos deja en el aire varios problemas. Aparte de un desafortunado barroquismo que no pocas veces dificulta la interpretación de la normativa- cuando no exige instrucciones para entenderla-, ahonda en ocasiones en conflicto de competencias y a menudo minimiza la mayoría de edad que han alcanzado los

ayuntamientos, poco cómodos en un sometimiento generalmente férreo que los lleva a discutir y defender ante organismos que intervienen en fases intermedias (carreteras, aguas, medio ambiente) cuestiones a veces baladí; ese ‘vicio de tutela’ suele interferir en asuntos menores, que, si no obstaculizan, al menos sí incrementan la demora de los procesos administrativos, ya sea un Plan General o un plan parcial, ya sea una licencia de actividad, con razones que a veces no corresponden al momento procesal, y en ocasiones exceden sus competencias. Esa superposición de competencias, evidenciada en un ejercicio tutelante que puede llegar a ser excesivo, ha derivado en un colapso administrativo que, finalmente, afecta de forma directa al sector. Añadido a todo ello, y aunque resulte una obviedad, cada día es más palpable que el urbanismo se ha politizado y judicializado. Por una parte, pese a que el planeamiento debería ser un instrumento para la organización del territorio, y como tal, irlo adecuando a las necesidades de la población a medida que estas van surgiendo (flexibilidad), la visión política apunta hacia la dirección de convertirlo en un objetivo, cuyas reformas o modificaciones son interpretadas como un fracaso; lo importante es que los planes cumplan las exigencias informativas (rigidez). Por otra parte, no inferior es el problema de las denuncias: los técnicos advierten que se denuncia “todo, incluso lo que creo que se va a hacer”; en ocasiones, el oportunismo es evidente; en otras, los recursos se ven sometidos a largos contenciosos judiciales, con veredictos finales- años después- que sorprenden a técnicos, sector y ciudadanía, y cuyas consecuencias- debido a la demora- son fatales, sobre todo en el caso de las grandes ciudades (sin ir más lejos, una sentencia judicial ha retrotraído el urbanismo de Ourense a la década de los ochenta, al anular el Plan General de 2003). El futuro En tanto, la crisis se ha cebado especialmente con este sector en todos sus ámbitos, desde la elaboración de proyectos hasta la venta inmobiliaria, pasando por la propia construcción y la fabricación de materiales. Además, las antedichas peculiaridades de nuestro urbanismo ahuyentan cualquier inversión, por mínima que sea. A pesar de ello, las

escasas licencias urbanísticas que se tramitan mantienen el lento ritmo de siempre. En breve, habrá un nuevo agente en el mercado inmobiliario: el llamado ‘banco malo’, que acaparará un significativo número de activos inmobiliarios, algunos de ellos paralizados administrativamente, que podría forzar modificaciones administrativas (regularizaciones) para sacar adelante dichos activos e iniciar la búsqueda de inversores profesionales, que procedan a su liquidación. También va a introducir cambios en las tramitaciones municipales la transposición de la directiva europea sobre servicios, ya que desaparecerá el control previo sobre los proyectos, una cuestión esta que implica una ventaja para el emprendedor de actividad, pero que, como contrapartida, supone una mayor responsabilidad para el técnico (arquitecto, aparejador, promotor), hasta ahora acostumbrado a la tutela de la administración. Ante esta situación, el Foro de Urbanismo e Infraestructuras formula las siguientes PROPUESTAS:  Promover un gran acuerdo político para las próximas décadas que permita establecer un marco estable en el que repensar el reparto de las competencias urbanísticas, rompiendo con el ejercicio defensivo y tutelante de la competencia autonómica.  Dado que el urbanismo es una responsabilidad de todos, de la que ninguna de las partes está eximida, es deseable la formación de un órgano multidisciplinar e independiente que, a modo de equipo de I+D+i, se ocupe de analizar cuáles son las causas del fracaso del actual modelo urbanístico, busque y proponga soluciones concretas. Dicho equipo debería estar constituido por técnicos de la administración autonómica y de la FEGAMP, colegios profesionales, empresarios del sector…

 Cabría incluso la posibilidad de analizar la asunción de la competencia urbanística por la Xunta de Galicia, para el caso de los ayuntamientos más pequeños, en materia de iniciativa y tramitación del planeamiento general. Esa competencia, sin embargo, no cercenaría la autonomía municipal, por lo que sería exigible establecer un marco de plena colaboración entre las dos administraciones. 

La simplificación de la normativa aplicable al urbanismo. El impulso de la redacción de los planeamientos ha de partir de la administración autonómica, que debería facilitar a los ayuntamientos una herramienta simple y unas pautas de actuación referidas a criterios de localización y dimensionamiento de crecimientos, tipologías, usos, densidades y limitaciones de afecciones. Un marco tipo, elaborado por la propia administración, debería servir de soporte base para la redacción del planeamiento encomendado por los ayuntamientos, que facilite la coordinación así como la elaboración de los informes preceptivos.

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La concentración de la información sobre la tramitación, tanto de planeamiento como de licencias, en una única oficina autonómica en el primer caso, municipal en el segundo. Se trata de saber exactamente en dónde y en qué trámite se encuentra el planeamiento (y sus informes) o la licencia, en cualquier momento, evitando así el peregrinaje de instancia en instancia. En la medida de lo posible, sería exigible además una mayor coordinación interadministrativa que, al igual que se hace en los estudios y talleres de profesionales privados del urbanismo, posibilite un trabajo conjunto, armónico y ágil.

 Analizar la posibilidad de crear un órgano de arbitraje para la solución de conflictos urbanísticos, al menos para las partes que buscan un acuerdo, sin necesidad de iniciar un procedimiento contencioso.