Procesos de articulación de vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles

1

Procesos de articulación de vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles: El caso de la asistencia social en el Estado de México Gloria Guadarrama* 50

2000

La colección Documentos de Investigación difunde los avances de trabajo realizados por investigadores de El Colegio Mexiquense, A.C., con la idea de que los autores reciban comentarios antes de la publicación definitiva de sus textos. Se agradecerá que los comentarios se hagan llegar directamente al (los) autor(es). Los editores han mantenido fielmente el texto original del presente documento, por lo que tanto el contenido como el estilo y la redacción son responsabilidad exclusiva del(de los) autor(es). D.R. c El Colegio Mexiquense, A.C., Ex hacienda Santa Cruz de los Patos, Zinacantepec, México. Teléfonos: (72) 18-01-00 y 18-00-56; fax: 18-03-58; E-mail: [email protected] Correspondencia: Apartado postal 48D, Toluca 50120, México.

*Investigadora de El Colegio Mexiquense, A.C. E-mail: [email protected]

Gloria Guadarrama

2

Procesos de articulación de vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles

E

n las últimas dos décadas se ha manejado con insistencia la idea de un renacimiento de la sociedad civil en México, que se identifica con el incremento de las organizaciones civiles y su mayor participación en las políticas y los asuntos públicos. Este texto se propone indagar sobre la naturaleza de algunas de las fuerzas que se mueven en la mayor participación de la sociedad civil y aproximarse a las formas como se han articulado los vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles. Para ello se toma el caso de las organizaciones que participan en la asistencia social en las últimas tres décadas en el Estado de México. El análisis se sustenta en un seguimiento de la participación de los particulares que prestan servicios asistenciales; así como en los planteamientos documentados de la política pública en relación con las organizaciones civiles, expresados en documentos oficiales: planes de desarrollo, programas, informes y discursos, relacionados con dicha participación y en el examen del marco jurídico institucional. La intención es aclarar el esquema que traza las relaciones entre el Estado y algunos segmentos de la sociedad civil, que se estima marcan la asistencia en una dirección hacia la mayor participación de individuos y de grupos en las responsabilidades de la asistencia. Se trata de aprehender dos componentes de la integración conceptual de la noción de sociedad civil: el componente activo a través de los agen-

3

tes sociales; y el componente institucional a través de la legislación. (Olvera, 1999:20-21)1 El análisis se organiza en cuatro apartados: (I) La perspectiva histórica, (II) La incorporación de nuevos agentes sociales de la participación, (III) El examen del orden jurídico institucional, y (IV) Conclusiones. El hilo conductor de estas reflexiones son los cambios manifiestos en las relaciones entre el Estado y las organizaciones civiles, expresados como continuidades o discontinuidades en los patrones establecidos.

I. LA

PERSPECTIVA HISTÓRICA

La determinación de incluir una perspectiva histórica en el trazo de la red de vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles, tiene la intención de destacar la relevancia del papel que juega la conformación de los regímenes políticos, como modeladores de las políticas sociales y; responde al propósito de situar esas relaciones en contextos sociopolíticos, que se considera han sido determinantes en la construcción de los vínculos que se establecen entre el Estado y las organizaciones civiles. 1 Para Olvera el concepto de sociedad civil contendría un componente institucional definido básicamente por la estructura de derechos de los estados de bienestar contemporáneos; y un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales. (Olvera, 1999)

Gloria Guadarrama El modelo asistencial liberal2 En México, el surgimiento de la asistencia como una responsabilidad pública estatal, se asocia con la consolidación del proyecto de Estado y de nación que inicia a conformarse en la segunda mitad del siglo XIX. La formación del Estado liberal mexicano y el reconocimiento de su papel como garante del bienestar de la población, estuvo indisolublemente ligado a la separación entre la iglesia y el Estado y a las expectativas de progreso que guiaron las acciones gubernamentales durante la Reforma y el Porfiriato. Este universo conformó un modelo asistencial caracterizado por el desplazamiento de la asistencia, entonces percibida como virtud asociada a la caridad religiosa y a la filantropía, en una dirección que la encaminaba paulatinamente a ser considerada una responsabilidad de todos, una tarea del Estado y de las instituciones públicas. La visión individualista del pensamiento liberal consideraba una intervención muy restringida del Estado ante la pobreza; sobre la idea generalizada en ese momento de que cada individuo era responsable de su situación personal. El papel del Estado se limitó a hacerse cargo de algunas de las tareas de caridad antes desempeñadas por la iglesia. La asistencia consistía entonces en socorrer y auxiliar a algunos desamparados, particularmente: huérfanos, enfermos, ancianos, viudas y también, esporádicamente, a algunos de los muchos pobres. Esta perspectiva organizaba la asistencia en torno a una clasificación rigurosa de los pobres que merecían ser ayudados, quienes tenían a su vez el imperativo de demostrar sus necesidades y de retribuir con su conducta y agradecimiento la ayuda recibida. La asistencia se brindaba con prestaciones mínimas, en el marco de una sociedad benevolente y fuertemente estratificada. 2 La organización de la perspectiva histórica en estos modelos sigue parcialmente los estudios de Esping-Andersen, quien identifica tres tipos de regímenes en la condición del Estado de bienestar, que tienen sus origenes en fuerzas históricas diferentes: liberal, conservador, social-demócrata. La caracterización de la asistencia mexicana es una construcción propia que toma algunos rasgos identificados por este autor. (Esping-Andersen,1990)

4 Este modelo se corresponde con el de la participación de las organizaciones civiles en torno a la Iglesia como fuerza predominante y sus acciones están orientadas por los deberes religiosos. Es decir que si bien, formalmente, con la separación de la Iglesia y el Estado, la participación privada quedaba asimilada mayormente del lado de la Iglesia. Realmente, la separación de los ámbitos civil y religioso de la esfera estatal, fue gradual. Las acciones públicas y privadas de beneficencia se encomendaban a la tutela de grupos de personas honorables que ejercían la asistencia con fondos muy limitados, procedentes de la caridad de patronos y con algunos fondos públicos. En 1899 Porfirio Díaz decretó que se constituyera la Junta de Beneficencia Privada, entre cuyas atribuciones se encontraba la promoción y vigilancia de los establecimientos fundados por particulares. Las posiciones de los grupos sociales sobre la pobreza y la asistencia resultan más claras si se considera que el liberalismo mexicano pugnaba por las libertades individuales en su sentido absoluto y no por un orden de gobierno controlador de la riqueza. La pobreza era vista como una situación natural y no se pensaba que “el gobierno debiera intervenir entre ésta y la riqueza”. (Zea:1943) En ese contexto, la responsabilidad de los ricos ante la pobreza y su participación en organizaciones de ayuda, era considerada solamente una responsabilidad moral, en uso de la cual ellos podían ayudar a los pobres. El modelo asistencial social-cardenista Un modelo asistencial diferente toma forma con el impulso igualitario de la revolución que enarbola los derechos sociales. Las políticas asistenciales se perfilan como responsabilidades colectivas y derechos que deben ser garantizados por el Estado y alcanzar a toda la población. La ampliación de la acción estatal en los rubros de educación, salud, alimentación y vivienda se encaminó entonces hacia asegurar beneficios irrenunciables para todos; confirmando la obligación del Estado de atender a los extremadamente

Procesos de articulación de vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles pobres en la medida que sus recursos lo permitieran. Con la creación de la Secretaría de Asistencia Pública en 1937, el Estado mexicano reconoció que debía substituirse el concepto de beneficencia por el de asistencia pública. A partir de este momento la asistencia pública se estableció como una obligación política, la cual comprendía la subsistencia y el tratamiento de los socialmente débiles, esta asistencia se esforzaría por hacer útiles a estas personas para la colectividad y buscaría extender sus labores a todo el país, lo que significó el inicio de una red de servicios que alcanzó a llegar a algunos de los municipios en el territorio de la nación. En ese contexto, la asistencia se encaminó gradualmente hacia una dimensión en que llegó a concebirse como un derecho y como la expectativa de formar un sistema de seguridad social para los desposeídos. Este movimiento fue de corta vigencia e inicia a debilitarse a partir de los años cuarenta con el modelo de desarrollo económico centrado en la industrialización. Este segundo periodo esta marcado por una presencia débil de la sociedad civil y por un Estado controlador e interventor ante las organizaciones civiles. Algunos autores, como Carlos Sirvent, explican esta dinámica planteando que el Estado mexicano se constituyó como un “Estado ampliado”; que se hizo cargo, simultáneamente, de instrumentar políticas sociales que hacían suyas las demandas y la representación de la sociedad; y paralelamente podía apoyar el desarrollo y la acumulación de capital. (Sirvent, 1984:392) Estas características se proyectan en la imagen de un Estado tutelar y corporativo y en una apropiación de la esfera pública, correlativa con el empobrecimiento de la vida pública, que fue limitando la participación de otros actores sociales en la determinación de las formas de satisfacer las necesidades. (Gurza Lavalle, 2000:68) El Estado era el principal responsable del bienestar de la población, estableciendo vínculos con los grupos más fuertes; restringiendo las posibilidades de las organizaciones al margen de los grupos corporativizados para participar en la protección social.

5

El modelo de la vulnerabilidad El ciclo del desarrollo industrial se corresponde con el modelo de asistencia que restringe nuevamente las responsabilidades estatales ante la pobreza, bajo el supuesto de que los frutos del crecimiento económico se extenderían paulatinamente resolviendo las necesidades de los pobres. Este modelo de asistencia, más profesional y organizada administrativamente, se caracteriza por circunscribir su atención a la población vulnerable3. En el marco de este paradigma, que se fortalece en la segunda mitad del siglo XX, se enmarca el surgimiento y consolidación de las instituciones asistenciales tal como las conocemos actualmente. En lo que corresponde a las organizaciones civiles, este tercer periodo se caracteriza por una mayor presencia de los ciudadanos en las tareas sociales; así como por un cambio en la posición del gobierno, que desde los años cuarenta, propició una mayor participación del sector privado mediante la exención de impuestos sobre herencias, legados y donaciones; y posteriormente abrió la posibilidad de acceder a estímulos fiscales para los particulares que destinen recursos a organizaciones que apoyen tareas de beneficio social. Estas medidas incidieron en el incremento del número de organizaciones civiles, particularmente hacia el final de este periodo en los años 80, cuando inician a surgir organizaciones civiles de todo tipo. Crecimiento que se explica también por el agravamiento de los problemas sociales. (Villalobos, 1997)

3 Los criterios para seleccionar a la población vulnerable suman a la condición de pobreza, condicones de desventaja física, fragilidad, enfermedad, edad, desprotección y abandono.

Gloria Guadarrama

6

@bUcU^SYQTU\Qc_bWQ^YjQSY_^UcSYfY\UcU^\Q QcYcdU^SYQc_SYQ\]UhYSQ^Q

34;> ;814A0;

>aVP]XiPRX^]Tb RPaXcPcXePbeX]Rd[PSPb R^][P8V[TbXPh`dT X]XRXP]PeX]Rd[PabTR^] T[4bcPS^

34;> B>280; 20A34=8BC0

>aVP]XiPRX^]TbS|QX[TbT[ 4bcPS^Pbd\T[P aTb_^]bPQX[XSPS_^aT[ QXT]TbcPa.

34;> >34;0 ED;=4A018;8303

Política asistencial y organizaciones civiles en el Estado de México En el caso del Estado de México, históricamente se registra la presencia de organizaciones de particulares que se ocupan de tareas de beneficencia desde mediados del siglo XIX. En esa etapa la ayuda a los pobres estaba vinculada a concepciones de caridad y religiosidad. El 6 de Octubre de 1861 se expide en esta entidad federativa, un decreto para reglamentar la beneficencia pública. La beneficencia pública estaba integrada por personas honorables de cada uno de los distritos que formaban la entidad y su misión que cumplían, según el informe oficial, fielmente, era procurar por cuantos medios estuviesen a su alcance, “que los desgraciados a quienes impartían sus auxilios, fuesen atendidos como correspondía a una corporación progresista y humanitaria”4. 4 Memoria del Gobierno del General José Vicente Villada, 18891893. Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios. Toluca, México.

BTU^acP[TRT[P _PacXRX_PRX…]ST[Pb ^aVP]XiPRX^]TbR^] \Ph^aX]cTaeT]RX…]ST X]SXeXSd^bhVad_^b

De los testimonios de la época se puede inferir que no existía una separación tajante entre particulares y gobierno. El gobierno entregaba alguna ayuda a los particulares y ellos realizaban la tarea humanitaria. Había algunas asociaciones que solicitaban donativos a los funcionarios para propósitos filantrópicos; como es el caso de la Sociedad Católica de Tenango, fundada en 1872, que acudía al gobierno para que le ayudara a solventar los gastos de sus tareas de caridad. En forma similar funcionaba la sociedad Artístico Regeneradora de Toluca, que en 1885 fundó en esta capital una Casa Asilo Para Niños Expósitos, con el propósito de evitar: “los crímenes de infanticidio que con frecuencia se cometen por los padres que tratan de ocultar sus alumbramientos”. Se puede decir que en la etapa del modelo asistencial liberal en el Estado de México, la beneficiencia pública era en realidad privada y que las asociaciones y fundaciones que la conformaron fueron pocas y trabajaron en estrecha relación con el Estado y con la Iglesia.

Procesos de articulación de vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles A partir de 1912, con la expedición de la Ley de Beneficencia Privada para el Estado de México, que tenía entre sus propósitos vigilar los actos de beneficencia ejercidos por los particulares, se establecieron algunas normas sobre la forma en que deberían constituirse fundaciones y asociaciones; pero la Junta de Beneficencia Privada a quien se encomendaba su vigilancia, estaba integrada por personas acreditadas por su honorabilidad y sentimientos filantrópicos. Es decir, el Estado encomendaba a los particulares la vigilancia de las asociaciones privadas que ejercían la caridad5. De este modo, el conjunto de relaciones entre el Estado y las organizaciones de beneficencia privada que caracterizan el modelo asistencial liberal, no establece distinciones tajantes entre beneficencia privada y pública; la preocupación fundamental era asegurar que los recursos que algunos benefactores destinaban a la caridad pública llegaran efectivamente a los pobres. Entre las fundaciones de mayor relevancia se contaron la Fundación Joaquín Rodríguez, las que llevaron los nombres de Ignacio Torres y Adalid, María Ana Mier de Escandón y Rafaél Dondé, que funcionaban todavía después de la revolución. Un panorama distinto se presenta con el modelo asistencial de la revolución. En 1936 el Gobernador Eucario López dictó leyes sobre la beneficencia pública y privada. La Ley de Beneficencia Privada establecía la vigilancia del Estado en las instituciones de asistencia privada bajo los aspectos: legal y de inspección del orden y la buena prestación de los servicios; así como la supervisión de la contabilidad y el manejo de sus fondos y capitales. Haciendo visible, si bien sólo en la letra, el poder de intervención del Estado. Este tipo de relación se mantuvo hasta la década de los sesentas, los gobiernos realmente no vigilaban a las organizaciones civiles que participaban en la asistencia; las organizaciones eran pocas y trabajaban con un esquema mixto de escaso apoyo gubernamental y fondos privados. La res-

5 Decreto No. 43. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, Junio 5, de 1912.

7

tringida presencia de las organizaciones se atribuía, en parte, al control y vigilancia del Estado. Posteriormente, a principios de los 70, las presiones derivadas del crecimiento demográfico en los cinturones de miseria de la zonas metropolitanas y la pauperización de los recién llegados, generaba acciones de solidaridad comunitaria, que en medio de la pobreza masiva, nada tenían que ver con la filantropía que había caracterizado antes las acciones privadas. Era una solidaridad de clase para la atención de las necesidades más urgentes, ante todo de vivienda. La participación privada se volvió así pública y demandante de servicios, mediante movilizaciones de colonos a los cuales el gobierno otorgaba efímeras prestaciones asistenciales. Este tipo de participación se enfiló hacia la formación de grupos de presión político-partidista, más que hacia la formación de asociaciones promotoras de mayor bienestar; pero tuvo sus repercusiones en el cambio de posición del gobierno y de los particulares sobre la forma de abordar los problemas, abriendo nuevas vías por las que podían transitar los recursos destinados a la asistencia. Con un sentido diferente, en otras partes del territorio, que tenían mejores niveles del desarrollo, continuaron trabajando algunas asociaciones de particulares que tenían propósitos altruistas y filantrópicos, atendiendo grupos de pobres entre los que se privilegiaba a los niños y ancianos menesterosos. Pero se puede decir que el gran sector de pobres generado por el rezago rural, la migración y la marginalidad urbana, no fue preocupación relevante de los particulares de las clases medias y altas. Al respecto se narra que el Gobernador Hank González, quien había encontrado más de un millón y cuarto de personas carentes de todo tipo de servicios en los municipios metropolitanos, llevó a los directivos de las florecientes industrias que operaban en el Estado a constatar la miseria de Ciudad Nezahualcóyótl, con el propósito de convencerlos de que tal situación requería de acciones urgentes. A pesar de la enorme miseria que observaron, no hubo lugar a movilizaciones de auxilio, aceptándose con reticencia que era tiempo de concluir con las exenciones de impuestos para los establecimientos

Gloria Guadarrama industriales.6 La pobreza aparecía como erradicable en el contexto de las expectativas que ofrecía el continuar con el crecimiento de la industria.

II. LA

INCORPORACIÓN DE NUEVOS AGENTES

SOCIALES DE LA PARTICIPACIÓN

La conformación de una corriente de cambio en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en la asistencia, se fortalece desde principios de la década de los setenta con la incorporación de nuevos agentes sociales. Esta progresión, se expresó tanto en la apertura del Estado hacia los particulares, de quienes se esperaba compartieran con el gobierno las responsabilidades de ayuda a los pobres, como en la emergencia de grupos y asociaciones que desde distintos ámbitos de la sociedad civil, reclaman participar en los asuntos públicos. La incorporación de agentes que concretan un nuevo papel para la sociedad civil en la asistencia asume varias formas: a).- la participación a través de agrupaciones estrechamente vinculadas y a veces imbricadas con el propio Estado y/o, promovidas desde la administración gubernamental; b).- la formación de organizaciones y redes ciudadanas, como resultado de acciones de grupos que promueven la satisfacción de sus demandas sociales y que se mueven un tanto en el esquema del activismo político; c)- la participación de grupos y organizaciones filantrópicas con interés por el bienestar.7 a). La promoción desde el Estado El cambio en la concepción del Estado tutelar, junto con los procesos de ajuste de la economía y la reducción del gasto social en las últimas 6 Del mensaje del Gobernador Hank a los industriales puede inferirse que existía resistencia a establecer obligaciones fiscales e incluso de solidaridad con los problemas de la pobreza. Hank González, Naucalpan, 3 de marzo de 1972. 7 La separación de la participación de agentes civiles privados en estos rubros es arbitraria, obedeciendo únicamente a la intención de mostrar la diversidad de puntos desde los cuales fluyen los movimientos de incorporación de nuevos agentes sociales.

8 décadas de fin de siglo, son algunos de los elementos activos que incentivan el interés del gobierno por promover y acrecentar la participación de los particulares en responsabilidades antes asumidas por el Estado. En el terreno asistencial este interés se instrumentó a través de acciones dirigidas tanto a sectores específicos de la sociedad civil, como en programas de vinculación y en nuevas formas de organizar la administración de algunos programas. De ese modo, atendiendo a la exhortación de la Señora Carmen Romano para crear en las entidades federativas los patronatos de promotores voluntarios, el Ejecutivo Estatal estableció en 1978, el Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de México; organismo que integró a las esposas de los funcionarios a las tareas asistenciales, sumando la capacidad de la administración pública, a un cierto sentido asistencial que recuperaba la orientación filantrópica y se organizaba un tanto al margen del poder coercitivo del Estado.8 Este organismo asumió funciones paralelas a la nueva organización administrativa de la asistencia pública, recuperando parte de las tareas que anteriormente realizaban los comités de damas, manteniendo su presencia e influencia en el esquema asistencial, ahora con el espíritu de ser centros promotores de la participación comunitaria. El acuerdo para la creación del Patronato de Promotores Voluntarios, se sustentó en: “la necesidad de crear un organismo que organice, regule y controle la participación activa y responsable de la comunidad, mediante la práctica de actividades y servicios que observen la ayuda mutua y la unión de esfuerzos”.9 Se trataba en 8 El acuerdo del Ejecutivo para el establecimiento del Patronato se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 27 de Mayo de 1978. La recuperación de la orientación filantrópica se expresa, por ejemplo, en los términos en los que la misión de este organismo es entendida: dar, ayudar, servir y compartir, con desprendimiento y generosidad; así como en su identificación con la voluntad como fuerza interna, ejercida con plena libertad, sin que exista ningún tipo de obligación expresa. DIFEM , 6º. Informe de Actividades. 1981. Patronato Nacional de Promotores Voluntarios.1994. 9 Se esperaba que el Patronato actuara como ejemplo en la formación de una mística de servicio social y que fomentara acciones de auto-ayuda, obteniendo recursos a partir de la organización de eventos y de la solicitud de donativos.

Procesos de articulación de vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles suma, de encauzar convenientemente las tareas que en forma voluntaria venía realizando el sector privado para el bienestar y progreso de la entidad, evitando duplicidad de esfuerzos y mejorando sus rendimientos.10 Es decir, de establecer nuevas vías para el origen y flujo de los recursos destinados a la asistencia y menor dependencia del Estado. La corriente hacia el fortalecimiento de las responsabilidades individuales y de grupos y su carácter intermedio entre lo estatal y lo privado se expresa en la forma en la que se plantea la integración del patronato: “con personas representativas de los distintos sectores de la población y la participación de las dependencias y entidades públicas”, con el propósito expreso de “promover y estimular las actividades de los particulares que persigan el beneficio social”.11 De hecho la promoción era asumida por los funcionarios de los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, los que proporcionaban recursos e infraestructura para la operación de los voluntariados. Los grupos voluntarios realizaban su labor altruista con la expectativa de que a estos esfuerzos se sumaran integrantes de las comunidades. La forma de promover y legitimar desde el gobierno la participación de los particulares tenía la intención –mediante el ejemplo y la convocatoria altruista de los voluntariados– de inducir la concurrencia de las clases marginadas en la solución de sus problemas. Este esquema de participación estuvo en operación en el País con algunas variantes hasta 1995, cuando se adujo que era más oneroso para el gobierno, que benéfico para la asistencia, descubriéndose además la poca cohesión y limitada permanencia de las organizaciones que eran constituidas con este tipo de programas. A pesar del acuerdo presidencial para su extinción se mantuvo en operación en algunas entidades federativas, entre ellas el Estado de México, donde continúa en operación en la for-

10 Periódico Oficial “Gaceta del Estado de México”, 27 de Mayo de 1978. 11 DIFEM , 6º. Informe de Actividades. 1981. Patronato Nacional de Promotores Voluntarios.1994.

9

ma de unidades de promoción para la asistencia social.12 La forma en que se buscaba incorporar a los particulares a la asistencia, ayuda aclarar algunos de los mecanismos mediante los cuales se propiciaba crear canales alternativos, que desde sectores intermedios entre el gobierno y las comunidades aligeraran, mediante acciones de alivio, la creciente presión social de la pobreza. b). La corriente de las organizaciones de la sociedad civil Otra corriente para el fortalecimiento de la participación de las organizaciones civiles en el terreno asistencial, fluye a partir del activismo social y político, que se traduce en conformar grupos de presión por servicios y también organizaciones y asociaciones a través de las cuales se canalizan recursos públicos y prestaciones asistenciales. Este tipo de participación se inscribe, para el Estado de México, en el marco del desarrollo de los años ochenta y noventa, cuando se apreciaba que el crecimiento económico no había traído necesariamente el bienestar para la población y que el gobierno no tenía la capacidad de dar respuesta satisfactoria a los problemas sociales; emergiendo diversos grupos y asociaciones ciudadanas con mayor presencia pública y ejecutiva, que se convierten en gestores de las demandas sociales. Como lo precisan algunos estudios, entre 1980 y 1990, la crisis del Estado Mexicano y la disolución de sus canales corporativos, incrementaron la apertura de espacios en la escena social y política para la acción de organizaciones fuera del marco gubernamental. Este tipo de grupos con frecuencia se encuentra asociado a la gestión social de los partidos políticos y /o al ejercicio de cargos públicos de representación popular, foros públicos y agrupaciones de apoyo político electoral.13 Algunas de estas asociaciones se fueron separando de los movimientos populares e interesándose en promover proyectos para el mejoramiento de las condiciones de 12 13

Diario Oficial de la Federación,2 de Julio de 1995. Tinoco, Rogelio, 1999.

Gloria Guadarrama vida de los pobres; otras, más ligadas a los partidos políticos, se constituyeron en canales de flujo de servicios y prestaciones asistenciales.14 Como parte de estos movimientos, agrupaciones con fuerte presencia en el Estado de México, como el Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), la Coordinadora de Escuelas Demócráticas, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), y Antorcha Campesina, así como grupos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, se constituyeron en canales de flujo de apoyos asistenciales, particularmente los de tipo alimentario. c) Las organizaciones filantrópicas La ampliación de la contribución de los particulares tuvo otra vertiente en el fomento a las organizaciones filantrópicas para desarrollar tareas asistenciales. En el Estado de México venían funcionando desde el siglo XIX, algunas asociaciones filantrópicas, pero es hasta mediados de los ochenta que inicia a notarse el desarrollo de este sector, sobre todo porque surgen algunas que reciben fondos nacionales e internacionales. En este contexto se puede mencionar por ejemplo: a la Asociación Gilberto, Cáritas, Villa de los Niños A. C., Hogares Providencia y la Universidad Anáhuac, que son instituciones que prestan servicio asistencial con patrocinio de redes de cooperación muy extendidas. Sin embargo la mayor parte de las asociaciones de particulares con orientación asistencial que se constituyen en las últimas tres décadas en el Estado, son pequeñas y con escasa infraestructura y organización administrativa, con presencia en la zona urbana de los Valles de México y Toluca y, están insertas en el marco de acentuación de la pobreza que caracteriza al Estado de México. En ese contexto, el restablecimiento por el Gobierno del Estado de la Junta de Asistencia Privada en 1993, se conci-

10 bió como un medio de estimular y ordenar la participación de los particulares. Todavía, al final de los años noventa, existían discrepancias sobre el número de organizaciones asistenciales que operaban en el Estado. En 1997 funcionaban bajo el régimen de instituciones de asistencia privada 100 instituciones que beneficiaban a 22 000 personas. En 1999, la Secretaría de Gobernación registró 220 organizaciones civiles de diversos tipos. Por su parte el Centro Mexicano para la Filantropía tenía en sus registros a 219 organizaciones. Entre éstas, el 42% (91) son identificadas como organizaciones de asistencia social.15 Es pertinente la aclaración de que no obstante su clasificación en estos rubros, no todas ellas prestan servicios asistenciales. Asimismo debe tomarse en cuenta que existe un subregistro de las organizaciones civiles, particularmente las que se vinculan con organizaciones políticas; algunas fuentes mencionan la presencia de 2525 organizaciones sociales en el Estado de México.16 Es de notar la limitada cobertura de la asistencia privada en el mapa de la pobreza mexiquense, pero sobre todo, la heterogeneidad en los tipos y concepciones de lo asistencial en los servicios que proporcionan este tipo de organizaciones. En síntesis, la incorporación de nuevos agentes que transforma el marco de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en la asistencia, corre tanto a través de agrupaciones y acciones de promoción estrechamente vinculadas con el propio Estado, como a partir del impulso que le brindan las redes ciudadanas y las organizaciones filantrópicas. Resulta importante destacar que las fuerzas que se mueven en estos tres movimientos, confluyen en una corriente mayor de desplazamiento de las responsabilidades estatales y fortalecimiento de la participación de los particulares en la asistencia social; asimismo es CEMEFI, 2000. El estudio de campo de la Dirección de Desarrollo Político del Gobierno del Estado realizado por Rogelio Tinoco, considera un universo de organizaciones sociales, subdividido en organizaciones de la sociedad civil (con fines altruístas) y organizaciones políticas y económicas. El 48.6% de las organizaciones de la sociedad civil tendrían una orientación filántrópica. (Tinoco, Rogelio, 1999: 38). 15 16

14 Estas agrupaciones son muy numerosas y cubren un amplio espectro de demandas sociales, aquí se hace una distinción arbitraria entre las demandas de apoyos asistenciales (planteadas en términos de satisfacer las necesidades esenciales de la familia) y demandas por servicios, aún cuando estas últimas también tienen una estrecha relación con el bienestar.

11

Procesos de articulación de vínculos entre el Estado y las organizaciones civiles

?bWQ^YjQSY_^Uc3YfY\UcU^=}hYS_Q…_" Organizaciones Civiles en México, año 200035=569 (CEMEFI)

%##&

& % $ #

!"

" !

! (

 

3XbcaXc^ 5TSTaP[

aVP]XiPRX^]Tb

Fuente: CEMEFI, 2000.

Organizaciones Civiles Mexicanas por tipo de organización, año 2000 (Clasificación CEMEFI)

?bWQ^YjQSY_^Uc3YfY\Uc=UhYSQ^Qc`_bdY`_TU_bWQ^YjQSY†^Q…_"

3\QcYVYSQSY†^35=569

!$

!

$



$ 3XbcaXc^5TSTaP[