Marcelo Fabián Vitarelli*

GOBERNANZA, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA. EL DESAFÍO LATINOAMERICANO GOVERNANCE, CITIZENSHIP AND DEMOCRACY. THE LATIN-AMERICAN CHALLENGE Resumen El artículo presenta el complejo cuadro de situación que se construye en América Latina desde las últimas décadas del pasado siglo XX con el auge y sostenimiento de las nuevas democracias que hacen coincidir sus plataformas políticas con las reconocidas para los mercados financieros globales emergentes. De esta manera se pasa revisión al componente socio-político de comportamiento de los gobiernos locales y sus medidas de fuerza que dibujan situaciones geopolíticas de identidades encontradas. En segundo lugar se hace referencia a la capacidad de gobernabilidad ligada al comportamiento de la economía como factor clave del desarrollo local y/o regional, para finalmente plantear la gobernanza en el centro del cambio por un compromiso ciudadano en donde el Estado latinoamericano debe asumir y aprender a trabajar como actor en el interjuego de acciones de la sociedad. Esto último aparece como el desafío a cumplir en la vida política de nuestro continente y la base para un replanteo del papel del sujeto y los valores que se adoptan. Palabras clave: Gobernanza, democracia, ciudadanía, valores, Latinoamérica.

Abstract This paper presents the complex picture of situation that is constructed in Latin America from the last decades of last XXth century with the heyday and support of the new democracies that make his political platforms coincide with recognized for the financial global emergent markets. This way review spends to itself to the component social-political of behavior of the local governments and his measurements of force that draw geopolitical situations of opposing identities. Secondly one alludes to the capacity of governability tied to the behavior of the economy as key factor of the local and/ or regional development, finally to raise the gobernanza in the center of the change of a civil commitment where the Latin-American State must take up office and learn to be employed as actor at the intergame of actions of the society. The above mentioned appears as the challenge to expire in the political life of our continent and the base for one restated of the role of the subject and the values that are adopted. Keywords: Governance, democracy, citizenship, values, Latin America. *

Docente-Investigador en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Profesor Responsable de los cursos de “Economía y Educación” y “Organización Social del Trabajo y Educación” y Coordinador del Area de la Praxis Nivel V: Prácticas Profesionales en la Licenciatura en Ciencias de la Educación del Departamento de Educación y Formación Docente. Director de la Línea de Investigación “Teorías y prácticas en Pedagogía” del Proyecto SECyT-UNSL 4-1-9301 “Tendencias epistemológicas y teorías de la subjetividad. Su impacto en las ciencias humanas”, dirigido por la Prof. Violeta Guyot en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. E-mail: [email protected]

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1. Situación socio-política de las democracias latinoamericanas

F

ujimori, Cardoso, Menem, Salinas de Gortari, Pinochet, etc., quién no conoce estos actores de la vida política de Latinoamérica de nuestro tiempo. Populismos, dictaduras, guerrillas, dependencia, formas todas ellas de acción o de organización del poder político y/o económico del continente americano. Teología de la Liberación, tráfico de drogas, carteles reivindicatorios, luchas indígenas, efecto Tequila, relaciones de poder con el FMI, alianzas estratégicas regionales… América latina ocupa un lugar privilegiado en las preguntas fundamentales, en el universo de los saberes, en la cultura misma que ha sido galardonada con dos premios Nobel de Literatura: Gabriel García Marquez (1982) y Octavio Paz (1990). En el cambio de siglo América aparece como un laboratorio gigante de la modernidad, lugar en donde algunos fantasmas del pasado ya forman solo parte de su historia e identidad ciudadana. Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y los regímenes militares de ayer… ¿Cuál es la fuerza política, en qué parte del territorio se aventura a proponer un retorno a la economía de carácter dirigida o a las políticas proteccionistas de otro tiempo? América Latina, la tierra en donde los nuevos dogmas de la economía mundial aparecen claramente mostrando límites y consecuencias sociales propias de la desregulación financiera del mercado neoliberal. Los latinoamericanos estamos hoy en día en una situación de ambivalencia respecto de nuestras realidades democráticas. Persistiendo los problemas de índole social; consolidar las democracias supone la conciliación entre la lógica del mercado y la lógica ciudadana de las necesidades locales. Entre 1979 y 1990, trece países salieron de las dictaduras en América Latina, sin que esta parte del mundo conociera grandes conflictos como los que vivieron otras regiones del planeta, caso de la Europa del Este, entre otros. La transición hacia la separación de poderes y la designación de gobernantes por elecciones libres y competitivas han sido todas diferentes: pérdidas electorales de plebiscitos convocados por los dictadores (Uruguay, Chile); retiradas voluntarias de los dictadores del poder (Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil); pérdida de conflictos armados (Argentina); golpes de estado (Paraguay); intervenciones militares norte-americanas (Panamá); presión de los EE.UU. (El Salvador, Guatemala, Honduras) y estabilización de un proceso revolucionario (Nicaragua). A pesar de la gran diversidad, estas situaciones presentan dos elementos en común. El primero de ellos, a excepción de Chile, es que todos los regímenes militares se rindieron ante los planes económicos. En segundo lugar, todos estos procesos de transición tuvieron lugar con la aprobación de ayuda proveniente de los Estados Unidos. Ellos querían demostrar que apoyaban la democracia para hacer retroceder el comunismo. De modo que América Latina en su conjunto, que había conocido las formas más variadas de las dictaduras, de los populismos, de los regímenes oligárquicos, entraba probablemente y de manera durable ahora en democracia. Al mismo tiempo, los gobernantes electos tenían como misión gestar un cambio radical en el modelo de desarrollo de la región. Nacido en los años 30 en Brasil o en México, se daba capital importancia al rol esencial del Estado. Este era un actor directo de la economía a partir de una infinidad de empresas públicas (minería, petróleo y productos derivados entre otros) y por el otro lado era el sólo regulador Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 8, otoño 2008

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del mercado. El definía las reglas de funcionamiento en los más mínimos detalles. Este modelo llamado de substitución de importaciones, nació en América latina luego de la segunda guerra mundial y fue teorizado en los años 50 por Raúl Presbich, secretario general de la CEPAL. El mercado interior estaba protegido por importantes barreras aduaneras y una infinidad de controles. Las importaciones no estaban autorizadas, solamente cuando la iniciativa privada o el estado no podían hacerse cargo de las necesidades. Para desarrollar este mercado era indispensable que el máximo de personas tengan acceso a el. Políticas educativas, sostenimiento de productos de primera calidad, políticas sociales, de salud, de vivienda, derecho al trabajo… nada quedaba librado al azar para integrar las clases más pobres y desarrollar las clases medias. A partir de los años 70 este modelo entra en crisis y no alcanza a integrar los excluidos. En general las clases media sostuvieron las dictaduras esperando continuar a asegurar su propio desarrollo, sin embargo esto significó una caída brutal. El Estado incapaz de promover el desarrollo económico y no pudiendo proteger más los más desprotegidos, pierde toda legitimidad. Es por ello que durante los 80 y los 90 se transforma radicalmente acompañando el cambio de modelo de desarrollo. El modelo se orienta hacia el exterior bajo el impulso del Fondo Monetario Internacional y de los banqueros internacionales. El Estado hasta ahora omnipresente en la economía tuvo que operar las reformas necesarias a la integración de un mercado mundial: equilibrio financiero, abandono directo del sostenimiento de ciertos productos, privatizaciones, supresión de controles, apertura de fronteras de bienes y capitales. Todas estas reformas fueron puestas en marcha con el alto costo de un crecimiento desmedido y considerable de la pobreza. Durante la década del 80 democracia y pobreza van de la mano. Las diferencias sociales se acentúan en una región en donde las ilegalidades eran ya considerables. Los años 90 en un primer tiempo invirtieron la tendencia. La crisis mexicana de 1995 interrumpió este mejoramiento que de una manera u otra no era profunda ni rápida para permitir a América latina de saldar la deuda social heredada de la década perdida. Más aún, los estados latinoamericanos en su gran mayoría abandonaron sus capacidades de intervención y regulación; en consecuencia el tejido social se debilitó y los gobernantes parecían atender la salida hacia un regreso al crecimiento económico. Los síntomas del debilitamiento del tejido social son numerosos: uno de los más fuertes es el aumento de la delincuencia y de la criminalidad. El tráfico de drogas aprovecha la situación que encuentra en espacios sociales vacíos, mientras la respuesta de los gobiernos es la de un mayor endurecimiento o mejor de una degradación de las democracias. En realidad, luego de la caída de los planes de ajustes heterodoxos en Argentina, Brasil o Perú, la hiperinflación fue vencida. La democracia aparece como un régimen que no es ineficaz financieramente. Paralelamente las perspectivas de progreso económico continuaron a alimentar el espíritu de las poblaciones, y todos los latinoamericanos contaban a término sacar sus beneficios del crecimiento encontrado. Este efecto túnel descrito por numerosos estudiosos, contribuía fuertemente a soportar las ilegalidades. Si bien los problemas sociales no parecían afectar directamente la existencia de las democracias, si lo hacían en revancha en su naturaleza. América Latina ha conocido una suba espectacular de la violencia de origen delictiva. Si bien los discursos sobre la seguridad son antiguos, un cierto número de indicadores convergen hacia un estado de inseguridad bien real. La violencia ya Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 8, otoño 2008

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no es de naturaleza revolucionaria, la mayor parte de las guerrillas se han incorporado a la arena de la lucha política. La delincuencia resulta de la degradación del tejido social. Las explosiones sociales que conocieron Venezuela o la Argentina en 1989, en el curso de las cuales muchas ciudades fueron expuestas al robo o al saqueo, ilustran las consecuencias fatales de las políticas de ajuste. América latina es bien en el cambio de siglo, uno de los continentes más violentos del mundo, con una media de 19,8% de asesinatos por 100000 habitantes en 1992. Cualquiera sea la naturaleza de la delincuencia, los latinoamericanos colocan hoy en día la seguridad como el centro de las preocupaciones. Las respuestas al crecimiento de la violencia son variadas, pero en todos los casos, la autenticidad de la democracia sufre especialmente. El peso de la droga ha ocupado en América Latina una importancia que vemos cada vez más creciente. Los planes económicos y sociales de numerosas regiones andinas, centroamericanas, caribeñas o mexicanas llegaron a depender de la cultura, de la producción y de la venta de los productos prohibidos. Ello presenta un problema mayor a los gobiernos democráticos tanto en el plano externo como interno. En el plano externo, el peso de los países consumidores, entre los cuales en primer lugar figura los EEUU son muy fuertes. La represión militar-policial y la tendencia a las culturas alternativas han producido a veces buenos resultados, sin embargo la erradicación completa del tráfico es imposible, excepto en el caso de militarizar a toda la sociedad. Inclusive, el tráfico es generador de entradas de divisas. En el plano interior los narcotraficantes ocupan un lugar importante en el escenario político. El poder financiero de los carteles puede tener fuerte peso a la hora de las votaciones democráticas; también tienen una fuerte influencia directa sobre la economía a través del lavado de dinero (a través de privatizaciones, compra de bienes raíces, etc.). Este poderío económico y político desarrolla también el clientelismo que ha caracterizado siempre la vida política de América Latina. En el plano macroeconómico, los resultados logrados están lejos de ser desechados. La hiperinflación fue controlada y el peso de la deuda externa renegociado en el contexto del Plan Brady. Los capitales externos vinieron en más para invertir en las numerosas empresas privatizadas; algunas de ellas de manera volátil pero en su mayoría de manera durable. Los gobiernos se comprometieron desde los inicios de los 90 en procesos muy rápidos a constituir grupos económicos regionales. El MERCOSUR, mercado común del sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) quien entra en vigor en enero de 1995, asociando Chile y Bolivia en 1996. Los países de América Central se agrupan también defendiendo intereses comunes. México se une con EE.UU. y Canadá conformando el ALENA, acuerdo de libre cambio norte-americano, pero se acerca además a otros países latinoamericanos, en particular al grupo de Río. El crecimiento regresó, los bienes y capitales circulan, la voluntad de mejorar se percibe pero la miseria perdura. En virtud de los agrupamientos regionales, América Latina se ha lanzado a la creación de mercados más bastos y con ello hacia la consolidación de condiciones favorables de una economía de gran escala y de rebaja en los costos de la producción. Para que esta etapa de crecimiento comenzada sea efectiva, durable y fuerte, necesita reorganizar la distribución de las riquezas nacionales de una manera más igualitaria; ello se trata tanto de un problema económico como de un problema de índole política que las nuevas élites de la región deberían afrontar. La modernización del Estado comenzó con la adopción de las nuevas reglas constitucionales. Seis países: Nicaragua, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, cambiaron o revisaron profundamente sus constituciones. Los Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 8, otoño 2008

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sistemas electorales fueron transformados a partir de 1990. En el conjunto de países las elecciones se desarrollan en buenas condiciones, aunque las prácticas “clientelísticas” no desaparecieran aún. Modernización del estado y reforma en su modo de funcionamiento fueron componentes claves de acciones a desarrollar. Numerosas leyes de descentralización (México, Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasil, Chile) tuvieron por objeto hacer de la administración un espacio más eficaz y cercano al ciudadano. Por ejemplo en 1997, Buenos Aires y México dispusieron por primera vez de un Intendente-Alcalde de ciudad elegido por un sufragio universal. La reforma de la fiscalidad es para todos los países un enorme campo de trabajo. Esto constituye una necesidad para los estados, quienes antiguamente vivían casi exclusivamente de sus ingresos (empresas públicas y recursos mineros), y ahora que habían privatizado todo y perdido sus recursos regulares. El impuesto directo sobre los ingresos, hasta ayer casi inexistente, es hoy percibido y el IVA se ha generalizado. Sin embargo el nuevo estado no debería especializarse solamente en las solas funciones regulatorias (policía, justicia, armada) sino que se espera de el que encuentre bajo otras formas una capacidad para regular lo social y atemperar los efectos de una lógica que nadie puede cuestionar. No hay un solo país en donde los partidos políticos no estén en una crisis profunda: crisis del partido dominante (México), del bipartidismo (Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina), del multipartidismo (Brasil, Chile), o la casi desaparición de los partidos (Perú). Nuevas fuerzas políticas aparecen: partido de los trabajadores PT en Brasil, Partido Revolucionario Democrático PRD en México, M19 en Colombia, Frente Amplio en Uruguay, Frente Grande en Argentina. El tema del reconocimiento de los grupos indígenas ha pasado a ser prioritario en los países andinos y centroamericanos. Por otra parte, los temas de igualdad de condición entre el hombre y la mujer, el derecho al aborto y el reconocimiento de las minorías sexuales han ingresado en el debate social en pleno. Muchas de estas demandas eligen el camino asociativo para exprimirse y desarrollarse. Sobre ese terreno las sociedades civiles dan testimonio de un dinamismo sorprendente; el funcionamiento de las ONGs. y su diversidad son impresionantes. En primer lugar entre ellas se encuentran las cuestiones ligadas a la pobreza, bien que sean en gran parte insolubles por ellas mismas. Históricamente vulnerables, las democracias latinoamericanas continúan fundamentándose sobre principios contradictorios. La consolidación de la democracia supone una reconciliación entre la lógica del mercado y la lógica ciudadana. La lógica de mercado tiende a excluir una gran parte de la población y enviarla a la pobreza extrema; la lógica ciudadana tiende a integrar cada vez más a las personas en las formas de autoorganización en el espacio privado o en la voluntad de actuar en el espacio público.

2. Economía y gobernabilidad en Latinoamérica. Las reformas estructurales a las cuales dieron su compromiso, permitieron el surgimiento de un nuevo régimen de crecimiento más abierto e integrado al mercado mundial. ¿Podemos hablar entonces para América Latina de una zona de economías emergentes? El redireccionamiento económico que caracterizó a los países latinoamericanos ente 1991 y 1995 dio lugar a una oleada de optimismo en los mercados financieros internacionales. Relativamente equilibrados en las prácticas macroeconómicas y embarcados en las grandes reformas estructurales inspiradas en el liberalismo, muchos de los países de la región parecían

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sobrellevar ampliamente la década perdida de los años 80. Ciertos analistas no cesan de colocar a América en las economías emergentes, al costado de Asia oriental. En el origen de esto se encuentra la noción de mercados emergentes nacida en el transcurso de los años 80 en el medio de políticas comerciales y de marketing de los bancos de desarrollo norteamericanos. El dinamismo de las plazas asiáticas y latinoamericanas, que sostuvieron sus promesas llevó a comprender en ellos que la noción de economías emergentes estaba fundada estrictamente sobre criterios financieros. Una economía emergente se encuentra caracterizada por una parte por el crecimiento significativo por habitante y en consecuencia su efecto sobre el capital mundial en progresión; por la otra parte ellos se integran rápidamente a la economía mundial tanto desde el punto de vista financiero como del productivo. Desde este último punto de vista la situación de los países latinoamericanos aparece como relativamente ambigua. Para poder caracterizar a las economías emergentes es necesario recordar el sentido de las transformaciones estructurales ocurridas entre 1980 y 1995. El comportamiento económico de estos países se puede tener en cuenta a partir del comportamiento de un número de datos que reagrupamos en tres criterios principales: 1) la diversificación de base productiva; 2) el dinamismo en la inserción comercial externa y 3) el sobrante o excedente, que hace referencia a la capacidad de movilizar los recursos en vista a financiar el desarrollo. Ahora bien, el movimiento en más o en menos de los países de la región ha sido de la sustitución de importaciones a las reformas estructurales. Los principales países de la región se encontraron con la incapacidad de sostener la situación financiera: se acentuó la tendencia a un clima recesivo, una profundización del sobre endeudamiento público y el marasmo inflacionario que no solo jugaron en contra de las políticas de estabilidad que se pusieron en marcha a partir de 1982 sino que también hicieron desaparecer por completo el antiguo modelo de desarrollo. En este contexto de costos financieros elevados y de bruscas modificaciones de precios relativos, la inversión decayó fuertemente mientras que la evolución desfavorable del reparto de ingresos clausuraba el mercado interno, el que estaba basado en pilares construidos sobre el régimen de crecimiento de la posguerra. En consecuencia el estado debilitado, cesó de aportar su contribución a la acumulación y redujo su aporte al financiamiento de los gastos sociales. La fractura abierta con el modelo de sustitución de importaciones y de crecimiento invertido se hizo explícita durante la segunda mitad de la década del 80. El retroceso en los gastos sociales fue el resultado de un repliegue brutal del estado sobre las consecuencias negativas, no sólo en términos de equidad y cohesión social, sino sobre todo sobre el plan de productividad y crecimiento. Esto se hace particularmente evidente en el nivel de formación de recursos humanos, componente clave de todo el proceso de desarrollo. El número de excluidos se ha acrecentado muy a pesar del mejoramiento en las tazas de inscripción a la educación secundaria y superior. En cuanto a los reagrupamientos regionales diremos que gracias a ellos América latina se propuso crear mercados con condiciones más favorables para la economía de escala, es decir la reducción de costos de producción. Para que esta etapa de crecimiento se mantuviera, necesitaba organizar un reparto menos desigual de las riquezas nacionales. Más que un problema de orden económico, se trata de un problema político que las nuevas élites de la región deben afrontar. Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 8, otoño 2008

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Los pobres son en medida más pobres que en el pasado y las desigualdades entre los pobres han aumentado. Las políticas sociales orientadas a la puesta en marcha de una lógica marcada por el neo liberalismo aportaron solamente una débil asistencia. La pobreza no es un fenómeno reciente en América Latina, aún siendo verdadero, las políticas de ajuste impuestas por el FMI desde los años 90 han agravado la situación. El retorno hacia el crecimiento moderado en ciertos países (México, Brasil) más que en otros (Argentina, Chile) y sobre todo el fin de los procesos inflacionarios a veces ha permitido un retorno a la pobreza. Las políticas de liberalización económicas aplicadas en más o en menos de una manera brutal al conjunto de los mercados legitimaron los sacrificios demandados gracias a las perspectivas más favorables del empleo y el fin del ahorro forzoso. El nuevo régimen de acumulación, caracterizado por una inserción (comercial y sobre todo financiera) diferente en la economía mundial y un rol diferente atribuido al estado, debió encontrar sus límites muy rápidamente. Por una parte el crecimiento no crea empleos, al contrario destruye; por la otra el peso de los problemas externos es tal que engendra recesión, aumenta el desempleo y multiplica los empleos precarios. La o las políticas de ajuste estructural llevadas adelante en los años 80 permitieron un regreso al crecimiento (México, 19881994; Argentina, 1991-1994), la pobreza absoluta fue en ese período reducida notablemente pero sobre una línea de corta duración. En otros términos lo social no fue pensado en tanto que derivado de la economía. La reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales, fue concebida como un simple subproducto de equilibrios y del crecimiento recobrado gracias al libre funcionamiento de la economía de mercado. Este razonamiento aparece como extremamente azaroso. Tres tipos de políticas sociales específicas fueron destinadas, entre ellas a) las políticas orientadas hacia los extremamente pobres (también llamados indigentes en Argentina); se trata entonces de asegurar el mínimo de los servicios de primera necesidad y de infraestructura social; b) las políticas de asistencia-beneficencia y de privatización: las políticas sociales orientadas son políticas de asistencia social. Paralelamente las clases media y rica que constituían los principales beneficiarios del estado providencia, van a abandonar cada vez más el sector público particularmente degradado (hospitales, enseñanza, sistema de jubilaciones) para hacer su apoyo al sector privado. La privatización constituye así la otra cara de las políticas orientadas, Argentina, Colombia, Chile y México son ejemplo de ellos, allí vemos debilitarse los sistemas de salud y de jubilación por ejemplo, se desarrollan en este momento clínicas privadas modernas y ricas en donde se dispensan cuidados especiales a los más ricos mientras los servicios de salud públicos se sumergen en profundas crisis. El sistema de jubilación por capitalización se desarrolla en detrimento del sistema de reparto y c) las políticas de descentralización que llaman a la participación popular: las políticas sociales orientadas son en gran medida aplicadas en las fases de descentralización. Ella responde no solamente a los programas sociales para sectores específicos sino también a una voluntad de reducir el déficit financiero: las políticas sociales clásicas del estado en materia de salud, educación, servicios urbanos y vivienda.

3.

Gobernanza

y

ciudadanía:

desafíos

pendientes

para

Latinoamérica En un mundo que reasigna un papel al sujeto en el juego de tensiones que dibujan las regulaciones mercantilistas, la educación también debe ser objeto de Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 8, otoño 2008

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reflexión, puesto que actualmente lo están haciendo aisladamente el pensamiento económico y el pensamiento social cada uno por su lado. Las explicaciones programáticas de los enfoques del capital humano, la inversión educativa y el gasto asignado ya no alcanzan para dar cuenta de las mutaciones explicadas, ni tampoco las teorías de las credenciales educativas, del desarrollo de los mercados institucionales o la de los economistas radicales. Capital, desarrollo, inversión, crecimiento ya no pueden dar cuenta de las necesidades de un mundo del trabajo fragmentado y con dinámicas altamente excluyentes. La explicación de la economía social como principio rector de la sociedad actual se encuadra entonces en lo que podemos caracterizar como una transición epocal en la que valores, normas, economía, instituciones sociales, estado, educación, se encuentran todos implicados. Un profundo cambio en la lectura de lo social nos enfrenta a un momento de una gran incertidumbre (Wallerstein, I: 2004) en donde el sistema-mundo capitalista atraviesa su crisis más profunda y nos posiciona frente a aceptar la interdependencia del pensar y el actuar local y globalmente. Nuevos términos nos ubican en el pensamiento de la cuestión social, de la mano de: a) la liberación y desregulación de los mercados de trabajo que pasan del estado de bienestar al estado capitalista y eficientista; b) el fin del trabajo asalariado como centro de integración social y resquebrajamiento de los beneficios asociados a esta posición, en donde el modelo keynesiano y fordista ya no explican el valor trabajo; c) los acelerados cambios en las modernas tecnologías que influyen en la liberación de los mercados y su entornos globales de funcionamiento y d) los movimientos cada vez más marcados de clientelismo político, políticas de asistencia por sectores y la focalización de indicadores de rendimiento y eficiencia en el gasto público. El cuadro de situación planteado nos conduce a pensar el presente en torno a la construcción colectiva de las políticas sociales desde un modelo de articulación de los actores dando cuenta de los cambios producidos en el mundo del trabajo, la redefinición de los espacios sindicales y el nuevo pacto social por una ciudadanía que prefiere apoyarse en la gobernanza en lugar de la gobernabilidad. Mientras los 60 se vivían como la época de una ciudadanía social asociada a las formas políticas del estado de bienestar en donde el trabajo era tomado como un valor de integración, podríamos decir que los 90 fragmentaron esta situación, empobrecieron el diálogo social y fortalecieron criterios de supervivencia individual generadores de competitividad entre las personas, logrando un mayor empobrecimiento, una inseguridad generalizada y una exclusión cada vez mayor (Coraggio, J.: 1999). De tal modo que en un primer momento asistimos a un mundo keynesiano laboralmente ordenado en donde se consagraba una filosofía de la intervención del Estado en la economía, la planificación social y su equilibración parcial. Este mundo decidido se caracterizaba por circuitos generales de acumulación económica en una faceta sustantiva de la ciudadanía de una situación de posguerra que busca la normalización y la integración social incluyendo códigos de desarrollo orgánico (Alonso, L: 1999). Una cultura del compromiso caracterizaba las relaciones sociales entre el desarrollo del mundo keynesiano hacia el bienestar de masas del fordismo. Sin embargo el compromiso es desplazado por la satisfacción de una sociedad en la que la ciudadanía comienza a deconstruirse, fragmentarse y cuestionarse como cohesión social y en donde se va a producir una atomización del mundo del trabajo produciendo como efecto una desocialización del modelo estabilizado y normalizado. La fragmentación de lo social trae consigo mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo generalizado en donde se tiene hacia una generalización Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 8, otoño 2008

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del empleo atípico y en donde se produce una precarización del empleo típico (D ´Amours, M.: 2006). El sentido de la intervención estatal cambia dejando de lado las políticas públicas de regulación y negociación, en su lugar el “analista simbólico” irrumpe como el arquetipo del reconocimiento y consagración de los derechos individuales sobre los colectivos como nuevas formas políticas en donde el trabajo se rige por las dinámicas de orden estrictamente mercantil. El analista simbólico encarna pues en la sociedad de los 90 el pasaje de la cultura de la satisfacción al de la cultura individualista, y el trabajo ya no cumple el rol de unificador universal y básico del concepto de ciudadanía. Como efecto de ello en el horizonte de la mercantilización social y del estado las políticas de ciudadanía total corren su mirada de bien universal hacia políticas asistenciales focalizadas de carácter paliativo; son las políticas para los más débiles y fragilizados del sistema. Frente al fenómeno de la individualización, la flexibilización y de una ciudadanía fragmentada se torna complejo concertar, de allí el verdadero desafío para la formulación de las políticas públicas a favor de la economía social en nuestro tiempo. Ellas llevan la impronta de una acción colectiva ciudadana en una iniciativa independiente de las políticas de estado, en donde cada nueva iniciativa estratégica se inspira en propuestas formuladas por quienes participan en la sociedad civil. Allí el Estado debe prestar su apoyo a los participantes de la economía social brindando medidas favorables y negociando su lugar en tal dominio; se trata de un verdadero desafío, cuyo proceso se denomina “coproducción” de políticas públicas (Mendell, M., Neamtam, N.: 2006). La economía social hace nacer la necesidad de definir una nueva manera de desarrollo económico y social apoyado sobre la participación de la sociedad civil, los representantes de estado, el sector privado, en donde todos deben aceptar un proceso de participación y de construcción colectiva e intersectorial. Se hace necesario trabajar en red, desplegar herramientas útiles al desarrollo, establecer nexos directos con la investigación aplicada en el contexto de las propias necesidades de las prácticas, y también avocarse a poblaciones específicas con necesidades particulares (los jóvenes, la tercera edad, las discapacidades, etc.). El surgimiento de espacios públicos múltiples que coordinen una auténtica economía política de la ciudadanía nos lleva a pensar en la gobernanza como concepto propio de nuestro tiempo, que representa las alianzas entre movimientos sociales, sectores laborales, mundo cooperativo y sector comunitario, entre otros, que favorezca una “gobernancia distributiva” (Mendell, M.: 2006). Un caso ejemplificador de esta situación es el diálogo solidario que ocurre entre lo público, lo privado y lo comunitario en la conformación de proyectos pilotos integrados basados en una cultura de la concertación de actores como se da en Canadá desde hace al menos dos décadas. La gobernanza hoy mas que nunca se constituye en el desafío político-social que envuelve al sujeto latinoamericano en búsqueda de respuestas a su situacionalidad geo-económica, como otrora lo encontrara en la “teoría de la dependencia”. El afán por explicar la realidad, indagar la viabilidad de las acciones y poner en marcha una concertación de relaciones entre actores, intereses y formas de convivencia, convoca al sujeto histórico, su compromiso ético y su responsabilidad ciudadana desde un punto de vista renovado a la luz de las necesidades actuales. El presente de la ciudadanía demanda por un futuro en el que puedan inscribirse con pleno sentido y acción eficaz materializando experiencias y formas de vida que mejoren nuestro ser en el mundo de la mano de una resignificación de los valores. Entelequia. Revista Interdisciplinar, nº 8, otoño 2008

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