ANÁLISIS CARMELO PÉREZ BELTRÁN

Democracia, sociedad civil y derechos humanos en el Magreb ace un par de décadas los países del Magreb inauguraban un proceso de liberalización política que parecía augurar un futuro no muy lejano de mayores cuotas democráticas, de libertades individuales más dilatadas y de mayor anclaje de los derechos humanos. Dicho proceso evolucionará de forma diferente según los países que tratemos: en el caso de Argelia y de Túnez, será abortado por las propias elites en el poder y reconducido al status quo anterior; en el caso de Marruecos, aunque con una acusada flema, podemos considerar que aún se encuentra en desarrollo.

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■ Transiciones democráticas frustradas: Argelia y Túnez En el caso de Argelia, es exactamente a finales de la década de 1980 cuando se clausuraba un largo periodo de monismo ideológico, iniciándose una importante transición desde el partido único del Frente de Liberación Nacional (FLN) hacia el multipartidismo, lo que, sin duda, supuso una etapa, corta pero muy rica, de libertades democráticas, casi sin parangón en el mundo árabe y que, desgraciadamente, degenerará en una espiral de violencia irracional y desmedida que, de nuevo, reconducirá a los resortes del poder a los mismos actores de antaño, a saber, los altos cargos militares. Porque, posiblemente, lo más característico del sistema político argelino sea el lugar preponderante que, desde la época de Bumedien (1965-1978), ocupa el Ejército, el cual, a través de una compleja red de características neopatrimoniales, extiende su radio de influencia a lo largo de todo el sistema político, económico y social, derivándose a partir de él las elites en el poder. Lo cierto es que las revolucionarias reformas introducidas a finales de los años 80 serán suprimidas bruscamente con el golpe de Estado de 1992 que, protagonizado por el Ejército y refrendado por ciertos sectores laicos de la sociedad civil que sirvieron de plataforma legitimadora, tenía por finalidad inmediata evitar una segura victoria del Frente Islámico de Salvación (FIS) en la segunda vuelta de las elecciones legislativas y, a más largo plazo, reubicar al Ejército y a sus redes clientelares Carmelo Pérez Beltrán, Universidad de Granada.

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en los resortes del poder político y económico. El balance posterior es aterrador: más de 150.000 muertos en una guerra sucia en la que el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado han desempeñado un papel más que dudoso y cuyas consecuencias más violentas aún sigue sufriendo el país hoy en día, como bien apunta Mohammed Harbi 1 cuando afirma que durante la primera mitad del año 2002 han muerto más de 700 argelinos, bien a manos de grupos islamistas radicales, o bien a manos de los militares. Aunque con una experiencia mucho menos sangrienta, la evolución de Túnez ha sido muy similar a la de Argelia, puesto que durante esa misma década se producía el relevo del régimen de Burguiba por el de Ben Ali (1987), que inicialmente también exploraba nuevas vías de libertades democráticas, de heterogeneidad política y de un consenso nacional que pretendía implicar a las principales fuerzas políticas del país, incluyendo a un sector suficientemente representativo como era el islamista Movimiento de la Tendencia Islámica/An-Nahda, lo que provocó la oposición de algunos sectores laicos de la sociedad, entre ellos, de las asociaciones feministas, 2 que con este acercamiento, junto al proceso de islamización de la sociedad impulsado desde el propio Estado, intuían un peligro para los logros socio-jurídicos que les había otorgado el anterior presidente. Pero el éxito logrado por An-Nahda durante las elecciones locales de 1990 y el poder de movilización social demostrado durante la guerra del Golfo, alertaron al régimen de Ben Ali del riesgo que entrañaba para su hegemonía política la existencia de este partido islamista y más aún teniendo en cuenta los avatares del país vecino. Por este motivo, en 1992, el partido An-Nahda fue ilegalizado y sus dirigentes, perseguidos, forzados al exilio o encarcelados. A partir de este momento, cualquier voz disidente será duramente reprimida y, de hecho, las cárceles tunecinas cuentan con más de 2.000 3 prisioneros políticos, la mayoría islamistas pero también de otros partidos o movimientos sociales, como bien ejemplifica 4 la condena a 23 años de prisión de Mohamed Msedi por pertenecer al movimiento «subversivo» al-Nahda o la condena a 3 años de Hamma Hammami, del Partido Comunista de los Obreros Tunecinos. Sin embargo, esto no es óbice para que Túnez siga conservando esa imagen de país idílico para reclamo de los turistas. En definitiva, el régimen de Ben Ali sufre un fenómeno de corrección ideológica a fin de retomar el camino del autoritarismo y de la represión, en aras, al igual que había sucedido en el país vecino, de una supuesta agresión o complot del islamismo radical, al que siempre se le achaca de carecer de los principios de los que, en definitiva, carecen (y esto no es un futurible sino una realidad cotidiana) ambos regímenes: los valores democráticos y la consideración de las libertades individuales y grupales. En este sentido, son significativas las palabras de Mohamed Talbi, cuando afirma: «En Túnez hay libertad para decir que todo va bien y que es una demo-

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cracia en toda regla... En Túnez no hay televisión, ni radio ni periódicos libres, la policía está en la Universidad y controla las bibliotecas; nos dan una lista de libros que podemos comprar, por eso, (Túnez) es un gulag intelectual muy conseguido, muy bien cerrado». 5 Una vez reconducida la situación, suele ser usual que estos regímenes de corte autoritario recurran a los rudimentos democráticos para consolidar y afianzar aún más sus posiciones y, simultáneamente, hacerse con una legitimidad interna e internacional de la que realmente carecen. En este sentido, destaca el referéndum constitucional de mayo del 2002, que permitía a Ben Ali prolongar el número de mandatos presidenciales y adquirir inmunidad penal, y, todo ello, con unos resultados favorables del 99,52%, lo que le permite a Talbi ironizar: «Cuando Ben Ali mejore la democracia, le votará el 110% de la gente». Tampoco es ninguna novedad, ya que todas las elecciones presidenciales le habían reportado victorias superiores al 99% de los votos. Por otro lado, los procesos de transición política que se iniciaban en el Magreb en los años 80 iban acompañados de una serie de indicadores, reformas y gestos, altamente esperanzadores, que parecían entrever un mayor compromiso con la justicia social y los derechos humanos, de tal forma que no sólo los discursos políticos de los dirigentes magrebíes incluían constantes referencias a los valores de los derechos humanos universalmente reconocidos y a las libertades democráticas, sino que los regímenes magrebíes también pasaron a la acción, amnistiando a un buen número de prisioneros políticos, ratificando no pocos instrumentos internacionales, 6 modificando leyes (constituciones, código penal, leyes electorales, etc.), reconociendo la existencia de prácticas de tortura, y distendiendo las relaciones internacionales. Por poner algún ejemplo, en Túnez los «principios de noviembre» no sólo se sustentaban en las ideas de democracia y derechos humanos, sino que la liberación de centenares de prisioneros políticos (la mayoría islamistas) corrobora la buena voluntad en este sentido. En Argelia, tras las revueltas populares de 1988, se adoptaba una nueva constitución que abría las puertas al pluripartidismo (1989), se ratificaban algunos convenios internacionales, se modificaba la ley electoral (1991) con el fin de reducir la práctica del voto delegado 7 y se reconocía la existencia de prácticas de tortura, entre otras novedades. En Libia, igualmente, eran liberados centenares de prisioneros políticos, se adoptaba la Carta Verde de Derechos Humanos en 1988 y se establecían unas relaciones internacionales más fluidas. También es la década en la que se dinamizan las asociaciones de derechos humanos, tanto en Túnez, en donde ya existía desde 1977 la Liga Tunecina de Derechos Humanos, como en Argelia, en donde este movimiento surge escindido, debido a discrepancias de percepción y a divergencias culturalistas, la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (1985), que promovía un grupo de inte-

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lectuales comprometidos con la causa beréber encabezado por Ali Yahya, y la Liga Argelina de Derechos Humanos que, presidida por Milud Brahimi, se creaba en 1987 en medio urbano y arabófono. Tanto la una como las otras alcanzaron gradualmente una importante autonomía respecto a las instituciones del Estado, desempeñaron una indiscutible función de contestación política e impulsaron un meritorio debate sobre los derechos humanos, la pluralidad política, las libertades y la democracia que, en gran medida, están contemplados en diferentes cartas o declaraciones que ha publicado, entre las que cabe destacar la Carta de la Liga Tunecina de Derechos Humanos 8 (1985), que aborda cuestiones conflictivas en el contexto árabe-islámico relacionadas con la igualdad de la mujer, la interpretación de principios islámicos, la libertad religiosa, etc. Pero la situación de los derechos humanos camina siempre paralela a la evolución política y, por lo tanto, a partir de mediados de los años 90, este panorama altamente esperanzador sufre un nuevo e importante deterioro, de tal forma que las promesas de reformas liberalizadoras de los años 80 se ven irremediablemente bloqueadas por las elites en el poder ante el temor de perder el control político y su posición hegemónica en el interior del sistema. Y, como es usual en estos casos, los grupos más sometidos a la represión de las fuerzas de seguridad del Estado serán los que jueguen el papel de oposición y los que tengan mayor capacidad de contestación política, sólo que en la década de los años 60 y 70 estos grupos pertenecían a la izquierda radical y ahora son los islamistas los que asumen esta función. Igualmente, el movimiento de derechos humanos sufre un importante impasse o retroceso, debido a los avatares de la guerra civil en el caso de Argelia o a la lógica de control de los espacios desplegada por el régimen de Ben Ali, quien, al tiempo que instrumentalizaba toda la cuestión de los derechos humanos, recurría a diversas estratagemas, entre ellas una nueva ley de asociaciones más restrictiva (1992), con el fin de neutralizar este dinámico movimiento. Para concluir con los procesos de transición democrática de Argelia y de Túnez, podríamos mencionar tres características fundamentales que han condicionado su evolución, señaladas muy adecuadamente por Gema Martín Muñoz: 9 a) Las transiciones o, más bien, las liberalizaciones políticas del Magreb tienen un carácter «otorgado», según el cual el partido hegemónico-gubernamental (Reagrupamiento Constitucional Democrático de Túnez, el FLN de Argelia), liderado por un líder carismático que concentra el poder político (Zin el Abidin Ben ‘Ali / Shadli Ben Yedid), accede condescendientemente o tolera la existencia de cierto número de partidos de la oposición. Sin embargo, el objetivo principal de estos procesos no es tanto el convencimiento de la necesidad de instaurar la alternancia política y la democracia plena, sino más bien el intento de explorar nuevas formas de supervivencia de las elites gubernamentales, amenazadas por la oposición política y las presiones de una po-

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blación desesperada, a fin de seguir controlando las riendas el poder y los resortes de la economía. Por esto, cuando los regímenes intuyen que el islamismo puede ser un peligro para su propia estabilidad, se creen en el derecho de corregir la estrategia y «enmendar» el error con el objetivo de restablecer el status quo. b) Los comicios celebrados durante los años de liberalización política contemplaron la participación del movimiento islamista en el sistema, a veces institucionalizado en un partido político, 10 como fue el caso del FIS en Argelia, y otras veces por medio de candidaturas independientes, como ocurrió en Túnez en las elecciones legislativas de 1989 con el grupo An-Nahda. Los resultados, tanto de los comicios municipales (Argelia 1990) como de las legislativas (Túnez 1989; Argelia 1991), demostraban que, a pesar de unas leyes electorales ideadas para favorecer a los partidos hegemónicos, el islamismo tenía un importantísimo anclaje en toda la estructura social, pero principalmente en medio urbano y entre los sectores más desfavorecidos. c) Los índices de participación ciudadana en los comicios siempre se han caracterizado por su extrema debilidad, lo que nos indica que los ciudadanos no se involucran realmente en el proceso democrático, debido posiblemente a la falta de confianza hacia el sistema, la escasa educación democrática, la apatía y el desencanto generalizado. Esta tendencia se mantiene e incluso agudiza cuando las transiciones democráticas se descabezan en los años 90. Sirvan de ejemplo las elecciones legislativas de Argelia del 31 de mayo de 2002, con una abstención superior al 50%, o las municipales del 10 de octubre del mismo año, con un porcentaje muy similar y con un boicot generalizado en la región berberófona de Kabilia.

■ La dilatada transición política de Marruecos El modelo político marroquí se ha caracterizado, prácticamente, desde la independencia de este país, por una relación altamente conflictiva entre los partidos de la oposición y la monarquía, la cual ha desplegado un buen número de estrategias de diversa índole (simbólico-religiosas y político-legales) con el fin de concentrar el poder en torno a la figura carismática del rey. Rodeado de una estrecha red de vínculos familiares, interpersonales o intergrupales, el rey ha logrado establecer un sólido sistema de corte neopatrimonial, caracterizado por el control del Estado sobre cualquier manifestación social, las relaciones clientelares y la apelación a una imagen paternalista de la relación política, según la cual el país es identificado con una amplia familia patriarcal y agnaticia, encabezada por un jefe (en este caso jefe político) que se convierte en su tutor y guía. En lo referente a la evolución política, el sistema marroquí se ha distinguido por periodos intermitentes de cierta normalización política, en los que se establece un

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acercamiento entre el majzen y los partidos de la oposición, junto a otros de mayor crispación en los que la monarquía acapara la escena política con exclusión del resto de actores. Este fenómeno camina paralelo a las numerosas reformas constitucionales, siempre otorgadas por el rey, que ha conocido este país y que traducen, en gran medida, las conflictivas relaciones que surgen del excesivo protagonismo del monarca en los poderes ejecutivo y legislativo y de la preeminencia de aquel sobre éstos. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos afirmar que la vida política marroquí inicia un proceso de apertura desde mediados de los años 70, especialmente a partir de que las elecciones legislativas de 1977 permitieran cierta renovación de las elites 11 políticas en el Parlamento, que convivieron con un núcleo duro que permanecía inalterable. Atrás quedaba al menos década y media, marcada por un endurecimiento de la represión del régimen que, decidido a acaparar la escena política, desplegará todo un aparato represivo y autoritario que hará uso de las arbitrariedades, los abusos y la violencia directa contra cualquier manifestación que intente perturbar el sistema. Los años 70 se inauguraban en un contexto histórico 12 de extrema agitación social y política, resuelta, la mayoría de las veces, de forma autoritaria y violenta. Marruecos acababa de salir de cinco largos años de estado de excepción (19651970), caracterizados por la exclusión de los partidos políticos del Gobierno y del Parlamento, el acaparamiento de la escena pública por parte del majzen, la adopción en 1970 de una Constitución que acentuaba aún más el corporativismo del régimen, la represión de los sindicatos, las huelgas de obreros y estudiantes, la censura de la prensa; a lo que hay que añadir los intentos de golpe de Estado de 1971 y 1972. Especialmente, en esta época, los grupos más perseguidos, al igual que sucedía en otros países árabes, pertenecían al movimiento de izquierdas, sobre todo a sus manifestaciones más radicales como era el caso de Ilà l-Amân (Hacia adelante), liderado por Abraham Serfaty y el poeta ‘Abdellatif Laâbi, que siempre habían defendido el derecho a la autodeterminación de los saharauis y mantenido posturas críticas hacia el autoritarismo del régimen. Esta situación justifica, por un lado, el desarrollo de un buen número de asociaciones islámicas 13 que tenían por finalidad la predicación religiosa (al-da‘wa) y que inicialmente fueron alentadas por el propio poder con el objetivo de contrarrestar la influencia de la izquierda en el movimiento estudiantil y sindical, y, por el otro, el surgimiento del movimiento de derechos humanos, 14 cuyos objetivos principales son la difusión de la cultura de la paz, la defensa de la justicia y la consecución progresiva de cotas democráticas y de libertades cada vez más dilatadas. Así surgía en 1972 la Liga Marroquí de Derechos Humanos (LMDH), en estrecha relación con el Partido Istiqlâl, y en 1979 la Asociación Marroquí de Derechos Humanos

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(AMDH), en esta ocasión a iniciativa de un grupo de izquierdas próximo a la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y al Partido del Progreso y del Socialismo (PPS). Resulta significativo, no obstante, que entre el nacimiento de una y otra asociación haya sido promulgada una nueva ley sobre el ejercicio de la libertad de asociación (1973) y que venía a modificar un «permisivo» Código de las Libertades Públicas que había sido promulgado en noviembre de 1958. En definitiva, la nueva ley, determinada por la lógica de control que despliega el régimen tras los intentos fallidos de golpes de Estado, tenía por objetivo limitar el ejercicio de la libertad de asociación y otorgar al Estado una mayor capacidad de supervisión y de control. A partir de la Marcha Verde (1975), la cuestión del Sahara determina la vida interna de Marruecos y sus relaciones internacionales. Inicialmente, esta nueva situación crea en Marruecos un clima de euforia nacionalista y de distensión política entre el rey y los partidos de la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, que permitió la convocatoria de elecciones municipales en 1976 y legislativas en 1977, facultando, como se dijo anteriormente, la reactivación de una vida política aletargada y entumecida. La misma cuestión del Sahara fue la objetada en 1980 cuando se celebraba un referéndum que tenía por finalidad legitimar la ampliación de la legislatura de cuatro a seis años y que contaba con el boicot inicial de la USFP, que amenazaba con abandonar la Cámara en 1981, una vez concluido su mandato oficial, aunque, finalmente, las presiones desde palacio y la apelación a la causa nacional y la disciplina unitaria harán que los socialistas decidan reintegrarse en el parlamento. Los años 80 se caracterizarán, desde el punto de vista socio-económico, por la asfixia de una deuda externa galopante y las graves convulsiones sociales que alcanzaron su cenit en junio de 1981 y enero de 1984, debido, en ambos casos, a la crisis económica y a la carestía de la vida y, desde el punto de vista político, por la aceptación del Plan de Paz en el Sahara propuesto por el secretario general de las Naciones Unidas con el fin de dinamizar este conflicto. Esta cuestión, junto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Argelia en mayo de ese mismo año, permitirán el relanzamiento de la cuestión de la unidad magrebí que finalmente cristalizará en la creación de la Unión del Magreb Árabe (UMA) en 1989, que establece la elaboración de políticas comunes y el establecimiento de una libre circulación entre los estados, aunque en la práctica haya sido más una declaración de intenciones que una política establecida. Pero, sin lugar a dudas, la nueva reforma constitucional de 1992 inauguraba, de una forma mucho más decidida, un proceso de transición democrática y unas relaciones mucho más fluidas entre la monarquía y los partidos de la oposición, que se prolongará hasta el actual reinado de Muhammad VI, no sin importantes titubeos, vacilaciones y perplejidades que parecen poner en peligro este dilatado proceso.

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Sin embargo, y a pesar de ciertas limitaciones, Marruecos ha logrado impulsar últimamente una serie de reformas éticas, jurídicas e institucionales de gran importancia que, junto a las no menos importantes presiones internacionales, ha conseguido dinamizar enormemente el debate sobre la democracia, los derechos humanos, la justicia social y las libertades en este país, en el que cabe destacar dos cuestiones principales: Mayores cuotas de democracia. Las principales reivindicaciones de los agentes políticos y sociales incidían en la necesidad de introducir una serie de reformas que garantizaran un estado de derecho basado en principios verdaderamente democráticos, principalmente: la necesidad de que el Parlamento fuera elegido en su totalidad por sufragio universal, que el primer ministro saliera de la formación ganadora, que se estableciera la edad de voto en 18 años y que se acortara la legislatura a cuatro años. Estas medidas fueron contempladas, al menos parcialmente, en la reforma constitucional de 1996, que estipula: una legislatura de 5 años, la edad de voto en 20 y la elección de la Cámara de Representantes por sufragio universal directo. Sin embargo, el nuevo texto constitucional introducía una nueva institución legislativa, una Cámara de Consejeros, elegida por sufragio indirecto (asambleas regionales, asociaciones patronales y sindicales), que podía servir de instrumento neutralizador de la asamblea, ya que puede proponer leyes, constituir comisiones de investigación y cesar al gobierno por mayoría cualificada de 3/4 partes. Cuando en noviembre-diciembre de 1997 fueron convocadas las elecciones legislativas, y a pesar de que el poder siguió recurriendo a ciertas estratagemas para debilitar a la oposición, lo cierto fue que el rey optó por respetar lo estipulado y convocó al dirigente de la formación política con mayor número de votos, ‘Abdelrrahman Yusufi de la USFP para formar Gobierno, quien aceptará a pesar de contar con unos márgenes de maniobra muy limitados. El gobierno de Yusufi se convertirá en el Gobierno de la transición política, de la alternancia, del consenso, de la institucionalización del islamismo moderado, 15 y, por supuesto, del cambio (¿continuidad, regresión, inmovilismo?) de rey, puesto que su administración continuará con Muhammad VI hasta las recientes elecciones legislativas de septiembre de 2002, que nos han vuelto a dar una de cal y otra de arena. No podemos dudar que, a pesar de ciertas sospechas derivadas de la tardanza del anuncio de los resultados, estas elecciones han sido las más transparentes y, por la tanto, las que mejor han retratado el espectro político de Marruecos que queda configurado por la triada, USFP, Istiqlâl y Partido de la Justicia y el Desarrollo, aunque realmente sólo es este último, de ideología islamista moderada, 16 el que ha experimentado un avance significativo, a pesar de haber presentado candidatos solamente en 56 de las 91 circunscripciones. Paralelamente a este proceso, era muy significativo el debate preelectoral sobre la reforma de la ley electoral que garantizara, entre otras cuestiones, una mayor parti-

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cipación de los ciudadanos en los escrutinios y un porcentaje concreto de mujeres en la instancias representativas del país, al igual que la emergencia de asociaciones como el Centro Marroquí de las Elecciones Democráticas, creado en enero de 2002 con el fin de que el régimen electoral marroquí se ajustara más a los criterios internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, junto a estos avances democráticos coexisten otros indicadores que ponen en tela de juicio dichos progresos, entre ellos: la no inclusión de cerca de 2 millones de electores en el censo electoral, la no contemplación en el escrutinio de los residentes en el extranjero, los elevadísimos porcentajes de abstención que rondan el 50%, lo que nos informa de una población políticamente escéptica y apática y, lo que parece ser más significativo, la elección por parte del rey de un primer ministro muy próximo a palacio, Driss Yettu, que no responde a la correlación de fuerzas surgida tras las elecciones y que supone un nuevo recurso a la autoridad no consensuada por parte del joven monarca. Mayor sensibilidad, respeto y acatamiento de los derechos humanos. La primera iniciativa del régimen a este respecto fue la inclusión en la enmienda constitucional de 1992 de alusiones claras y explícitas a la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo preámbulo sostiene que «el Reino de Marruecos reafirma su adhesión a los Derechos Humanos tal y como son reconocidos universalmente». Pero ya un año antes se habían promulgado importantes reformas en el código penal (Dhahîr nº 1-91-110 del 30 de diciembre de 1991), que tenían por objetivo regular y limitar la detención preventiva, que en el sistema penal marroquí se había convertido en un instrumento legal mediante el cual cualquier persona podía ser detenida indefinidamente en régimen de total incomunicación, y contra la cual habían reaccionado diversos organismos internacionales y todas las asociaciones de derechos humanos de Marruecos, que insistían en los abusos y arbitrariedades que conllevaba esta práctica. Esta tendencia se mantendrá posteriormente con Muhammad VI, puesto que, además de velar por el cumplimiento de esta norma, se promulgarán otras, como la Ley relativa a la organización de las cárceles (25 de agosto de 1999), que refuerza la garantía de los derechos humanos de los prisioneros. Junto a estas reformas internas, Marruecos se implica también a nivel internacional firmando o/y ratificando en 1993 un buen número de convenciones internacionales y demás instrumentos de derechos humanos como: la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Mujeres, en este último caso con una serie de reservas justificadas en función de la Ley de la Nacionalidad o del Código de Estatuto Personal. Esta tendencia se sigue manteniendo tras el acceso al trono de Muhammad VI, de tal forma que en septiembre de 2000, Marruecos firmó el

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Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación en los conflictos armados, y en octubre de 2001 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Las reformas legales en favor de los derechos humanos caminan paralelas a la praxis política, como bien demuestra la liberación gradual, pero sistemática, de centenares de prisioneros de opinión, políticos, sindicalistas e islamistas que son indultados, generalmente por gracia real con motivo de alguna fiesta nacional. A modo de ejemplo, podríamos señalar la liberación en 1991 de la familia Ufkir tras casi 20 años de un penoso cautiverio por el intento de golpe de Estado perpetrado por el general Ufkir en 1972, o la liberación en 1993 de Nubir Amawi, secretario general del sindicato Confederación Democrática del Trabajo y actualmente líder del recientemente creado Partido del Congreso Ittihadi, que había sido condenado a dos años de prisión por sus declaraciones al diario El País, en las que mantenía posturas críticas hacia el Gobierno y defendía una monarquía menos implicada en política. Con la llegada de Muhammad VI se va producir, además, el retorno de exiliados que, debido a la trascendencia internacional de sus casos, adquiere una importante dimensión simbólica de mayores índices de libertad y democracia. Así, en septiembre de 1999 regresa a Marruecos Abraham Serfaty y en noviembre de ese mismo año, retorna la familia de Ben Barka, el líder de la Unión Nacional de Fuerzas Populares que fue acusado de traición nacional y posteriormente asesinado en París en 1965. En este clima de mayor respeto de las libertades individuales hay que situar también el levantamiento en mayo de 2000 del régimen de prisión domiciliaria al que estaba sometido el líder islamista ‘Abd al-Salâm Yâsîm desde 1989 y las últimas excarcelaciones de presos políticos del 7 de noviembre de 2001, entre ellos, según la revista de Amnistía Internacional (diciembre 2001-enero 2002), del preso de conciencia que llevaba más años encarcelado en Marruecos: el saharaui Mohamed Daddach. Tampoco es que la sociedad marroquí haya alcanzado el grado de libertades individuales y colectivas que reclama y se merece, y aún hoy cuestiones como la libertad de expresión o de manifestación no siempre son bien aceptadas ni adecuadamente reguladas. Sirva de ejemplo, el cierre temporal de tres periódicos (Le Journal, Al-Sahifa, Demain), en diciembre de 2000, por implicar al primer ministro en el histórico intento de golpe de Estado de 1972, la represión de militantes islamistas o la condena a 3 meses de prisión de 36 militantes de derechos humanos (mayo 2001) por exigir que se investiguen las responsabilidades de altos cargos políticos y militares en las torturas y desapariciones perpetradas en las décadas anteriores. Además de otra serie de indicadores, como el mayor dinamismo del movimiento de derechos humanos (en 1988 surgía la tercera asociación importante, la Organi-

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zación Marroquí de Derechos Humanos, con un pretendido carácter neutral e independiente de los partidos políticos y de las instituciones oficiales), o la proclamación en diciembre de 1990 de una Carta Nacional Marroquí de Derechos Humanos, cuyo principal logro consiste en haber aunado armoniosamente al movimiento marroquí de derechos humanos en torno a los principios de justicia, democracia y libertades por encima de intereses políticos y partidistas, posiblemente la institución oficial más ambiciosa y polémica haya sido el Consejo Consultivo de Derechos Humanos (CCDH), creado en 1990 (Zhahir nº 1-90-12) y formado por representantes del Gobierno (ministros del Interior, de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Cooperación y de Asuntos Islámicos), representantes de los principales partidos políticos y representantes de la sociedad civil (asociaciones de derechos humanos, colegio de abogados, de médicos y de universitarios). No se puede negar que la creación de este Consejo presupone, de partida, una importante preocupación por los derechos humanos desde instancias estatales, que hubiera sido impensable en la década de 1960 o 1970, pero tampoco podemos obviar, como insisten algunos investigadores, que el CCDH es también una respuesta institucional que tiene por objetivo el control y la neutralización del movimiento de derechos humanos, puesto que, creado a instancias del rey y puesto bajo su autoridad, pretende implicar a la sociedad civil en la solución de una serie de problemas importantes, pero también delicados desde el punto de vista político. En palabras de J. C. Santucci, 17 el CCDH es un «organismo cuya composición y misión parten de la más pura estrategia neo-majzení de control social y de integración política» que tiene una doble finalidad: «descentralizar las presiones interna e internacional provocadas por el tratamiento heterodoxo de los derechos humanos en Marruecos y servir al rey de pantalla institucional para evitarle los riesgos de asumir él solo los reajustes necesarios en un terreno tan sensible y conflictivo». En el mismo sentido podría interpretarse la creación en noviembre de 1993 del Ministerio de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que, a pesar de sus innegables limitaciones, el CCDH ha retomado muchos temas conflictivos, como la reforma del Código Penal, la mejora de las condiciones de los prisioneros, la liberación de los detenidos políticos y, últimamente, el controvertido asunto de las indemnizaciones a las víctimas de detenciones arbitrarias y abusivas y a los familiares de desaparecidos durante las décadas anteriores. También en este asunto encontramos voces críticas, como la del abogado Abderrahim Berrada, 18 que sostiene que el compromiso de indemnización del Estado está viciado en su base, ya que, entre otras cuestiones, la comisión ha sido asignada por el propio Estado, con participación de representantes del Estado y sólo se centra en aspectos económicos, evitando las responsabilidades penales de los que, según él, cometieron crímenes de Estado.

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■ Emergencia de la sociedad civil Las transiciones democráticas magrebíes han caminado paralelamente a la puesta en marcha de planes de ajuste estructural para hacer frente a una galopante deuda externa, fruto del fracaso de la política económica de las décadas anteriores. Durante los años 60 y 70, la política económica de los países magrebíes se caracterizaba, entre otras cuestiones, por un excesivo protagonismo del Estado, las nacionalizaciones masivas (principalmente en Argelia), la enorme inversión en gastos militares y los grandes desequilibrios entre ciertos sectores económicos considerados como preferentes (industria y sector servicios) y otros, que a pesar de su relevancia, quedaron relegados, como la agricultura, aunque se hubiesen puesto en marcha ambiciosos planes de desarrollo agrario. Lo cierto es que los países magrebíes se han visto obligados a importar gran parte de los productos básicos para su alimentación, siendo Argelia 19 el ejemplo extremo, ya que en los años 90 el país sólo producía el 1% de su consumo alimentario. Los graves desajustes económicos, unido a otros factores, como las elevadas tasas de crecimiento demográfico o la corrupción, tienen como consecuencia el que los gobiernos magrebíes se vean obligados a recurrir a préstamos extranjeros, acumulando enormes deudas externas, a las que deben hacer frente a través de planes de ajuste estructural supervisados de cerca por el FMI y el Banco Mundial. Marruecos es el primer país magrebí que iniciaba un Plan de Ajuste Estructural en 1983 (teóricamente hasta el 1993) bajo la égida del FMI y del Banco Mundial con la finalidad de hacer frente a una deuda externa insoportable, que entre 1974 y 1983 se había multiplicado por 7, alcanzando los 20.000 millones de dólares en 1989. 20 Muy similares fueron los casos, dos o tres años después, de Argelia (1986-1991) y de Túnez (1987-1991), que igualmente se vieron obligados a recurrir al FMI en busca de crédito a cambio de la aplicación de un programa de ajuste estructural de características muy similares. Estos programas que impone el FMI son en realidad arquetipos que ignoran las características socioculturales de los países en los que se aplican, marcándose como principal objetivo la reorganización del sistema económico del país, basado ahora en un mayor protagonismo del sector privado y en la reorientación del papel económico que debe desempeñar el Estado. En la práctica, la reducción del déficit público pasa por la creación de nuevos impuestos o la ampliación de los ya existentes, el aumento de los precios de productos básicos (pan, harina, aceite, azúcar, leche, mantequilla), la reducción de puestos de trabajo, la disminución de subvenciones con fondos públicos, más despidos en la administración y un drástico recorte de los presupuestos destinados a cuatro sectores claves de la sociedad: la salud, la educación, la vivienda y el empleo.

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En este sentido, resulta muy significativo contemplar la prioridad del gasto público de los países magrebíes que, en el caso de la educación, aparece en la Tabla 1, la cual nos informa, por ejemplo, de que el porcentaje del PNB de Argelia destinado a la educación sufre un acusadísimo descenso de 4,7 puntos en una sola década, entre 1985/87 y 1995/97 y, aunque de una forma más moderada, la tendencia de Marruecos ha sido bastante similar, bajando del 6,2 al 5,3% del PNB en el mismo intervalo de tiempo, siendo Túnez el único país magrebí que se sale de esta tónica. País (Clasificación según el Índice de Desarrollo Humano)

Gasto público en educación (% del PNB) 1985-87

1995-97

Tasa de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayores) Año 2000 general

hombres

mujeres

Libia (64)

9,6

-----

80

90,8

68,2

Túnez (97)

6,2

7,7

71

81,4

60,6

Argelia (106)

9,8

5,1

66,7

76,2

57,1

Marruecos (123)

6,2

5,3

48,9

61,8

36,1

Mauritania (152)

----

5,1

40,2

50,7

30,1

TABLA 1: Gasto público en educación. FUENTE: Informe sobre desarrollo humano 2002. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Y lo más grave de esta situación es que la reducción de los fondos destinados a la promoción de la educación se produce a pesar de que estos países cuentan con índices excesivamente elevados de población analfabeta. Por poner un ejemplo, Argelia, según datos deducidos de la Tabla 1, cuenta en la actualidad con un índice de población analfabeta superior al 33% (66,7% de alfabetizados), aunque, sin lugar a dudas, el país que contaba en el año 2000 con el mayor porcentaje de analfabetos de todo el Magreb y con uno de los más elevados de todo el mundo árabe, es Marruecos, que rondaba el 51% (48,9% de alfabetizados), aunque existen otras fuentes bastante más pesimistas. Esta situación se vuelve a agravar si consideramos otros factores como el género, de tal forma que los porcentajes de alfabetización de los hombres superan en unos 20 puntos a su favor al de las mujeres en el caso de Túnez, Argelia, Libia y Mauritania, siendo de nuevo Marruecos el país en el que se produce un mayor desequilibrio entre la población masculina alfabetizada (61,8%) y la femenina (36,1%). Ni que decir tiene que la convergencia de los factores mujer/medio rural dan como resultado una población mayoritariamente analfabeta.

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análisis

La graves crisis económica, unida a la pauperización insostenible de la población y a esa política de ajuste estructural que descuida la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, provocarán graves revueltas populares que serán duramente reprimidas, muchas veces con intervención del Ejército, y que son sintomáticas de una nueva movilidad social. Son las denominadas «revueltas del pan» o «revueltas del cuscus» o «revueltas del hambre» que, aunque alcanzaron proporciones inauditas en los años 80, son fenómenos sociales que han seguido reproduciéndose en el Magreb hasta la actualidad, como bien demuestran los levantamientos de Kabilia de la primavera-verano de 2001. En Marruecos, las principales revueltas sociales ocurrieron en junio de 1981 y enero de 1984, cuando los medios de comunicación informaban de nuevas subidas de precios, despidos laborales y cierres de fábricas. Estallaron revueltas en diferentes puntos del país, pero, lógicamente, fue en los áreas más deprimidas, es decir, el Rif y Yebala, en el norte, en donde alcanzaron una incidencia mayor. Idéntica situación ocurría en Túnez en 1984 y en Argelia en 1988, cuando los respectivos gobiernos anunciaban la subida de precio de los cereales y sus derivados que son la base de la alimentación de los magrebíes, como consecuencia de la retirada de las subvenciones estatales. En los tres casos, el Ejército será el encargado de controlar y reprimir estos graves incidentes que se saldaron con centenares de víctimas, detenciones y condenas y en donde el movimiento islamista empezaba a dar muestras de una gran capacidad de organización y de movilización de la población. La grave situación económica y social explica en gran medida el dinamismo del que goza actualmente la sociedad civil 21 en el Magreb y, especialmente, las asociaciones de carácter socioeconómico, que tienen por objetivo intervenir en diferentes dominios técnicos en los que el Estado interviene de forma muy deficitaria. Debido a la falta de cobertura social por parte del Estado en sectores claves, como el empleo, la salud, la educación, etc., será la propia sociedad civil la que intentará suplantar esta función contando, la mayoría de las veces, con el beneplácito de las instituciones gubernamentales que, no sólo la aceptan, sino que la animan a desempeñar un papel más activo en el desarrollo económico y social del país, con vistas también a evitar una mayor implantación del islamismo que actúa también en los entornos más deprimidos. Posiblemente, el sector de la salud es uno de los que más se ha beneficiado de esta nueva movilidad social, puesto que se han desarrollado un importante número de organizaciones, de gran aceptación social, que se ocupan de cubrir el vacío sanitario que existe en diferentes dominios relacionados con la salud, a los que el Estado no concede los recursos ni la importancia que precisan.

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Clasificación según el Índice de Desarrollo Humano

Gasto público en salud (% del PIB) País

1990

1998

Gasto militar (% del PIB) 1990

1999

64

Libia

-----

-----

-----

-----

97

Túnez

3

2,2

2

1,7

106

Argelia

3

2,6

1,5

3,8

123

Marruecos

0,9

1,2

4,1

-----

152

Mauritania

-----

1,4

3,8

2,3

TABLA 2: Prioridad del gasto público: sector salud y militar FUENTE: Informe sobre desarrollo humano 2002. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

La Tabla 2 nos corrobora, en primer lugar, el descuido de que es objeto el sector salud por parte de los estados magrebíes, al que, en el mejor de los casos, nunca se le ha dedicado más del 3% del PIB (Túnez y Argelia 1990). Pero, desgraciadamente, la tendencia parece ir a la baja ya que, excepción hecha de Marruecos (también de Mauritania) que dedica a salud un porcentaje de su PIB tan raquítico que difícilmente se podría reducir, el resto de los países han disminuido los presupuestos dedicados a este importante sector social entre 1990 y 1998. Pero el Informe sobre desarrollo humano publicado por Naciones Unidas en el año 2002, nos proporciona nuevas pistas sobre la prioridad del gasto público y comprobamos cómo los recortes que anteriormente señalábamos en educación y ahora en sector salud se reconducen hacia el gasto militar, que parece ser un sector prioritario para el estado, sobre todo en el caso de Argelia (en plena guerra civil durante los años señalados) y Marruecos (en conflicto no resuelto con el Sahara); país éste último que aunque no se señale el porcentaje del año 98 no será muy inferior al de 1990 (como es la tónica general del resto de países) y en dicho año era el país magrebí que mayor porcentaje de PIB consagraba al gasto militar: el 4,1% del PIB, seguido muy de cerca por el único país magrebí considerado por el PNUD de «desarrollo humano bajo», Mauritania, con el 3,8%. No es de extrañar, por tanto, el gran auge de este tipo de asociaciones que responden a una demanda social cada vez mayor y que intervienen principalmente en los dominios más discriminados del sistema sanitario, que no tienen una gestión adecuada dentro de la administración, como es el caso de las asociaciones de ayu-

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da a los disminuidos psíquicos, físicos o sensoriales, las asociaciones de ayuda a los tuberculosos, los diabéticos, los hemofílicos, etc. Especialmente dinámicas son las asociaciones que se dedican sobre todo a la población infantil con diferentes problemas de salud, ocupándose especialmente de su escolarización y posterior integración social. Últimamente empiezan a surgir también en los países magrebíes las asociaciones de lucha contra el sida que intentan cumplir una labor informativa y preventiva de una enfermedad de la que no resulta fácil hablar en sociedades altamente confesionales. Otro sector socio-económico que ha conocido una importante proliferación de asociaciones es el que tiene por objetivo la promoción de la vida profesional y muy especialmente, las asociaciones profesionales de mujeres, debido posiblemente a la mayor discriminación que sufre el colectivo femenino dentro del ámbito laboral y a la necesidad de organizarse para suplir esta deficiencia.

Año 1997

Argelia

Libia

Marruecos

Mauritania

Túnez

Hombres (%)

46,9

43

51

52,1

52,1

Mujeres (%)

16,7

12,9

27,1

39,9

23,9

TABLA 3. Población magrebí económicamente activa. FUENTE: OIT. Informe sobre el empleo en el mundo, 1998.

A este respecto, hay que tener en cuenta que la población femenina magrebí económicamente activa 22 oscilaba en 1997 entre el 12,9% de Libia y el 39,9% de Mauritania. La mayor parte de esta población activa es joven y más de la mitad está concentrada en la agricultura y en la industria de manufacturas, en puestos que requieren escasa o nula formación. El resto de las trabajadoras ejercen su profesión en el sector terciario, principalmente en las ramas relacionadas con el sector de servicios (bancos, seguros, agencias) y la administración pública (educación y salud), pero, como señala Amina Lemrini, 23 no tienen acceso generalmente a los puestos de responsabilidad y ocupan, en su mayoría, empleos subalternos. Además, otros problemas como el paro, la falta de infraestructuras, la exclusión de los sectores técnicos y científicos, la concepción negativa del trabajo femenino, etc., le afectan directamente. Es, principalmente, el sector compuesto por mujeres de profesiones liberales y con una sólida formación académica, el que cuenta con mayor número de asociaciones. Así, por ejemplo, encontramos en el Magreb un buen número de asociaciones de mujeres universitarias, empresarias, funcionarias, abogadas, periodistas, artistas, por citar algún ejemplo.

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También en relación con el colectivo femenino, habría que incluir un nuevo tipo de asociaciones que se preocupa de organizar a las mujeres, en esta ocasión marginadas y con escasos recursos económicos, con el fin de insertarlas en la población activa. Una de las experiencias más significativas a este respecto es la Asociación Solidaridad Femenina de Casablanca que desde 1985 lidera la carismática enfermera Aisha el-Shanna con el objetivo de acoger principalmente a madres solteras, a las que se intenta introducir en el mercado de trabajo, generalmente en puestos de escasa o nula especialización, para que puedan cubrir sus necesidades básicas, o la asociación argelina SOS Mujeres Desamparadas que desempeña una labor similar entre el colectivo femenino más pobre y desarraigado. Muy interesantes también son otra tipología de asociaciones socioeconómicas destinadas a estimular la creación y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa privada, promover el espíritu empresarial entre individuos o sociedades, formar empresarios mediante la realización de cursos y seminarios, asistir económica o técnicamente a las empresas y asesorar en el acceso a los créditos. Como en el caso de las organizaciones de mujeres, también encontramos en esta ocasión una serie de asociaciones a caballo entre la promoción de la pequeña empresa y las obras de caridad. Son aquellas que promueven la creación de microempresas en los barrios populares mediante la concesión de microcréditos, a la manera del Banco de los Pobres (Gramenn Bank) de Bangladesh, especialmente empresas relacionadas con el comercio, la artesanía o el sector servicios. Algunos ejemplos son: Zakura y AlAmâna (Fidelidad/ confianza) en Marruecos. Pero, sin lugar a dudas, la asistencia caritativa o la acción humanitaria están actualmente acaparadas en el Magreb por el movimiento islamista, que emerge de esta forma en la sociedad civil, demostrando en no pocas ocasiones su estructura organizada autónomamente al ejercicio arbitrario del estado. Aunque es un tema altamente complejo, podríamos afirmar que el islamismo está desempeñando actualmente un doble papel. En primer lugar, cumple una función de contestación política; como afirma Nazih Ayubi, 24 el islamismo constituye en la actualidad el principal grupo de oposición en la mayoría de las sociedades árabes y en la mayor parte de los Parlamentos que admitan una representación política de la oposición y dado que la democracia, además de la representación y la participación, presupone la oposición y la controversia, se podría afirmar, como dice Ayubi, que el islamismo forma parte del proceso democratizador de los países árabes. En segundo lugar, el islamismo está desempeñando una importante labor de promoción social y asistencial, principalmente entre la población excluida del sistema productivo y deficientemente escolarizada, que roza los límites de la pobreza cuando no de la miseria y la marginalidad. Y es que el islamismo, además de expresar un anhelo de descolonización cultural respecto a Occidente (teoría culturalista), es

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una respuesta, cuestionable si se quiere, a las necesidades reales que son consecuencia de un desarrollo muy desigual que ha provocado unos gruesos márgenes de pobreza y marginalidad. País

Indice de pobreza humana. Valor (%)

Población bajo el límite de la pobreza de ingreso 1984-1999 (%)

Túnez

----

14,1

Argelia

23,5

22,6

Marruecos

36,4

19

Mauritania

47,2

57

TABLA 4. Índice de pobreza humana y pobreza de ingreso FUENTE: Informe sobre desarrollo humano 2002. PNUD

Como bien queda reflejado en la Tabla 4, basada en los datos suministrados por el PNUD, los países del Magreb cuentan con valores muy altos de pobreza humana y con índices de población bajo el límite de la pobreza de ingreso de gran preocupación, puesto que llega a alcanzar el 57% en el caso de Mauritania, el 22,6% en Argelia, el 19% en Marruecos y el 14,1% en Túnez. En el mismo sentido incide el Informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano en el Mundo árabe, publicado también por el PNUD, en el que se vuelve a insistir que uno de cada cinco árabes subsiste con menos de 2 dólares al día. Por otro lado, los movimientos islamistas vehiculan frecuentemente las demandas de una población joven de dar respuestas contundentes a una existencia desprovista de perspectivas. Hay que tener en cuenta que entre el 44,1% (Mauritania) y el 29,7% (Túnez) de la población magrebí tiene actualmente (año 2000) menos de 15 años, 25 aunque los demógrafos apuntan que esta tendencia cambiará en las próximas décadas debido al descenso de la fecundidad, como consecuencia del aumento de la edad media de matrimonio, la promoción de programas de planificación familiar emprendidos por estos países y, por supuesto, a las graves dificultades económicas de las familias. Y de esta falta de expectativas ni siquiera pueden escapar los bachilleres ni los titulados universitarios, ya que más de la mitad de la población en paro tenía un nivel de educación secundaria o superior. Teniendo en cuenta esta grave situación socioeconómica, el movimiento islamista ha organizado, en la medida en que los regímenes lo han permitido, importantes redes de solidaridad y de ayuda humanitaria con el fin de intervenir tanto en los barrios populares y suburbios más deprimidos, como en los ámbitos universitario, sindical y profesional. Así, por ejemplo, este movimiento ha puesto en marcha un buen número de colegios privados, ha establecido grupos de visitas a hospitales y

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cárceles, ha organizado una asistencia constante a los necesitados, viudas y huérfanos y ha concedido ciertas ayudas a los estudiantes más necesitados, especialmente relacionadas con el alojamiento, el transporte, la manutención, la preparación de exámenes, etc. Y todo ello acompañado de una inseparable función de adoctrinamiento y concienciación socio-religiosa. Para concluir, y a modo de recapitulación, quisiera señalar que este trabajo ha intentado señalar la distinta evolución que han experimentado los regímenes magrebíes en las dos últimas décadas, precisando deficiencias y reconociendo logros. Pero lo realmente interesante son las prospectivas o las terapias de futuro y, en este sentido, cabe señalar que la construcción democrática debe pasar irremediablemente por una gestión adecuada de las libertades individuales, la promoción de una cultura de paz y la apuesta decidida por valores liberalizadores y justos que inciten el aprendizaje y la práctica del diálogo, la tolerancia, el respeto de los derechos humanos, la solidaridad y, en fin, todos aquellos recursos que facilitan la resolución pacífica de los conflictos o su transformación más creativa y constructiva. En este sentido, la existencia de movimientos sociales autónomos y activos que propongan objetivos pacíficos y alternativas no violentos es de gran importancia para el desarrollo de la democracia y de los derechos humanos, porque en todo proceso de transición hacia la democracia tan importantes son los cambios institucionales que parten del Estado como las transformaciones promovidas por la propia base de la sociedad.

1. Mohammed Harbi: «Et la violence vint à l’Algérie», Le Monde Diplomatique, (julio 2002), pp. 1, 14-15. 2. Véase Sophie Bessis: «El gobierno tunecino y la mujer. Una lectura política del discurso del presidente Ben Ali del 13 de agosto de 1993», en Mujeres, democracia y desarrollo en el Magreb, Gema Martín Muñoz (ed.), Madrid: Pablo Iglesias, 1995, pp. 51-59; Zakya Daoud: Féminisme et politique au Maghreb. Soixante ans de lutte, Paris: Maisonneuve et Larose, 1993, pp. 104-130. 3. Véase Laura Feliu: «Los derechos humanos en las países de la cuenca meridional», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 37 (1997) y en http://www.cidob.es/Castellano/Publicaciones/Afers/feliu.html (16-X-2002). 4. Véase «Pour Mohamed Msedi», Le Monde Diplomatique (octubre 2001), p. 7 y «La firme protesta de una abogada. Radhia Nasraoui lleva a París su huelga de hambre por la represión en Túnez», El País (31 julio 2002), última p. 5. El País, (27 de julio de 2002), p. 6. 6. Entre otros: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Argelia: 1989); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Argelia: 1989); La Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (Túnez: 1988; Argelia: 1989; Libia: 1989;

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Marruecos: 1993); La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (Túnez: 1985; Libia: 1989; Marruecos: 1993; Argelia: 1996); Convención sobre los Derechos del Niño (Mauritania: 1991; Túnez: 1992; Argelia: 1993; Libia: 1993; Marruecos: 1993). 7. Tanto la Ley 89-13 del 7 de agosto de 1989 como la Ley 90-06 del 27 de marzo de 1990 otorgaban a los hombres la facultad de ejercer el voto en nombre de su esposa, sólo mediante la presentación del libro de familia, y les permitían además disponer de hasta tres votos delegados, lo cual se traducía en la confiscación del derecho al voto de las mujeres, principalmente. Estas disposiciones fueron modificadas en abril de 1991 gracias a la importante campaña llevada a cabo por las asociaciones de mujeres y demás actores sociales. Véase Carmelo Pérez Beltrán: Mujeres argelinas en lucha por las libertades democráticas, Granada: Universidad (Col. Feminae), 1997, pp. 322-324, 330-331. 8. Véase Gema Martín Muñoz (ed.): Democracia y derechos humanos en el mundo árabe, Madrid: ICMA, 1993, pp. 345-349. 9. Gema Martín Muñoz: El estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista, Barcelona: Bellaterra, 1999, pp. 108-120. 10. Esta forma de participación del islamismo era un caso excepcional, ya que lo más usual en el mundo árabe era recurrir a otras formas indirectas, como fue el caso de Egipto, en donde los Hermanos Musulmanes pudieron participar en las elecciones de 1984 en coalición con un partido legalmente constituido, el Neo-Wafd, o el caso de Marruecos, donde el grupo islamista al-Islah wa-l-Tawhid participó en las elecciones de 1997, en este caso aliados con otro partido legal denominado Movimiento Popular Democrático y Constitucional. 11. Véase principalmente María Angustias Parejo Fernández: Las élites políticas marroquíes: los parlamentarios (1977-1993), Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999. 12. Véase especialmente Bernabé López García: El Mundo arabo-islámico contemporáneo. Una historia política, Madrid, 1997, pp. 233-261 y Marruecos en trance. Nuevo rey, nuevo siglo, ¿nuevo régimen?, Madrid, 2000, pp. 31-49; Gema Martín Muñoz: El estado árabe, pp. 168-183; Domingo del Pino: Marruecos entre la tradición y el modernismo, Granada, 1990, pp. 49-68; Antoni Segura y Mas: Más allá del islam, Madrid: Alianza, 2001, pp. 91-121. 13. Véase Gema Martín Muñoz: El estado árabe, 346. Realmente la primera asociación que puede ser considerada islamista por su carácter de contestación política fue al-abîba al-Islâmiyya (La Juventud Islámica) creada en 1972 con el objetivo, como era prioritario en esta década, de luchar contra los movimientos de izquierda y su influencia en el ámbito educativo. A principios de los 80 esta asociación se dispersará y desaparecerá como tal de la escena pública debido a su implicación en el asesinato del dirigente socialista ‘Omar ben Ïelûn. 14. Véase Mohamed Karem: «La question des droits de l’homme au Maghreb», en Gema Martín Muñoz (ed.): Democracia y derechos humanos..., pp. 137-139; Khalil Naciri: «Les organisations marocaines de défense des droits de l’homme», en Le Maroc et les droits de l’homme, Paris: L’Harmattan, 1994, pp. 449-472. 15. Estas elecciones legislativas contemplaron la participación de forma indirecta del grupo islamista al-Islâh wa-l-Tawhîd, en este caso en alianza con otro partido legalmente reconocido como era el Movimiento Popular Democrático y Constitucional (MPDC), obteniendo 9 escaños. 16. Resulta llamativa la arbitrariedad de la prensa escrita española cuando en varios de los artículos aparecidos a finales de septiembre y principios de octubre ponen en duda el carácter moderado del grupo is-

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lamista y hace constantes referencias a la experiencia argelina. Por ejemplo, se califica a este partido de «descrito como moderado» (El País, 30 septiembre 2002, p. 2) o «supuestamente moderado» (El País, 6 octubre 2002), mientras no se pone en duda, por ejemplo, el carácter socialista o nacionalista u oficialista de otros partidos. Como contraste son significativas las palabras de Gema Martín Muñoz cuando en este mismo medio afirma que «el islamismo en Marruecos es históricamente reformista o moderado y no existe una verdadera implantación del islamismo violento en este país» (El País, 1 octubre 2002, p. 6). 17. Santucci, J. C. (1995): «État de droit et droit de l’État au Maroc. Réflexions à propos du Conseil consultatif des droits de l’homme», en Annuaire de l’Afrique du Nord, XXXIV, 291 y 292. 18. Berrada, Abderrahim (2001): «La defensa de la impunidad. Crímenes de Estado y derechos humanos en Marruecos», en Nación Árabe, 45, 33-45. 19. Gema Martín Muñoz: El estado árabe, p. 207. 20. Datos tomados de Rajaa Mejjati Alami: «Modelos de desarrollo, crisis y mutaciones socioeconómicas en Marruecos: el caso del sector informal», Revista Internacional de Sociología, 14 (mayo-agosto 1996), pp. 71-72. 21. Resultados parciales del proyecto de investigación «Sociedad civil, derechos humanos y democracia en Marruecos» (SEC2001-3100), subvencionado por el MCYT y los fondos FEDER. Véase unos primeros resultados en Carmelo Pérez Beltrán: «Una aproximación a la sociedad civil de Marruecos», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 50 (2001), pp. 231-252. 22. Según la OIT, por población económicamente activa se entiende a todas las personas de 10 años o más que aportan su trabajo para la producción de bienes y servicios durante un determinado periodo de tiempo de referencia. Véase Informe sobre el empleo en el mundo, 1998. 23. Amina Lemrini. «L’exclusion des femmes marocaines», en Femmes de Méditerranée. Politique, religion, travail, Andrée Dore-Audivert et Sophie Besis (eds.), Paris: Karthala, 1995, pp. 21-32. 24. Nizah Ayubi: Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del estado árabe, Barcelona: Bellaterra, 1998, p. 639. 25. Informe sobre desarrollo humano 2002, PNUD.

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