HACIA UN PROTOCOLO DE MENEJO DE CONFLICTOS INTERCULTURALES Documento de Trabajo

Elaboración por Carlos Duarte, Tania Rodríguez, Manuel Ramiro Muñoz, Adelina Peña, Israel Biel y Leonardo Salcedo Grupo de Investigación Interculturalidad, Estado y sociedad Agosto 2014

Introducción Este documento tiene como objeto recoger los elementos conceptuales y metodológicos de cómo el Centro de Estudios Interculturales entiende y trabaja los conflictos que se vienen presentando a lo largo del país y que involucran al Estado, a las empresas y a las comunidades rurales. Este documento parte de las reflexiones surgidas a partir de años de experiencia en el diálogo intercultural entre las comunidades y entre estas con el Estado y las empresas, experiencia que ha permitido lograr dilucidar las causas de muchos de estos conflictos y proponer, junto a los implicados, procesos de acercamiento que permitan la gestión de los mismos. El Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali existe desde 2008 y ha trabajado a partir de la implementación de metodologías de acercamiento y diálogo, que permitan gestionar los conflictos que involucran a las comunidades rurales, principalmente en el suroccidente colombiano. El Centro funciona a partir de tres áreas de trabajo que permiten focalizar con más claridad los procesos de gestión de los conflictos, las áreas son: ComunidadComunidad, Comunidad-Estado y Comunidad-Empresa, de tal manera que cada área maneja los diferentes tipos de conflictos y desarrolla metodologías adecuadas para trabajar cada situación. Entendemos que los conflictos que se presentan tienen sus propios contextos y no se pueden pensar fuera de éstos, sin embargo se pueden entrever causas comunes y factores que inciden en los diferentes tipos de conflictos. La primera parte de este documento abordará sobre estos factores y matices comunes, enfocándose en cómo la aplicación del modelo multicultural en Colombia, que a pesar de reconocer sujetos invisibilizados históricamente, tras 20 años de aplicación, ha fragmentado y dividido los derechos de las comunidades rurales, sumado a un modelo productivo de desarrollo rural que profundiza la inequidad en el acceso a la tierra, y un aumento paulatino del

hacinamiento de las comunidades en sus territorios, estos acaban siendo ingredientes en un caldo de cultivo que genera y agudiza conflictividades entre los proyectos colectivos e intereses de empresas, comunidades y el Estado. La segunda parte del documento tratará con más claridad cómo entendemos los actores involucrados en los conflictos que trabajamos: comunidad, Estado y empresa, y cómo vemos las relaciones entre estos, develando con esto, las características de los tres tipos de conflictos y sus diferentes matices. La tercera parte del documento explicará las herramientas que hemos venido construyendo y aplicando para la gestión de los conflictos, y cómo el papel de facilitadores, interpretes interculturales y la incidencia de la investigación aplicada acaban siendo determinantes en los procesos de diálogo y construcción de acuerdos entre las partes para gestionar los conflictos. Explicaremos a groso modo las herramientas más importantes y con ellas avanzaremos en la construcción de un modelo de intervención que deje los pasos hacia la consolidación de un protocolo de gestión de conflictos. Finalizaremos con la exposición de varias experiencias de cómo el Centro de Estudios Interculturales junto con comunidades, Estado y empresas, ha generado metodologías de acercamiento y diálogo para el tratamiento de los conflictos, de esta manera podremos ver cómo las herramientas planteadas han arrojado resultados y aprendizajes, y cómo es desde allí como se ha venido consolidando un protocolo para la gestión de dichos conflictos.

1. Factores y matices de los conflictos interculturales. La Constitución Política de 1991, significó un cambio histórico de un Estado confesional, centralizado y monocultural, a un Estado laico, descentralizado y multicultural. No haremos referencia al proceso histórico de transición entre ambos modelos de Estado y las diversas luchas que se dieron en los 105 años en que imperó la constitución política de 1886. Dentro de los diversos cambios que generó la constitución de 1991, haremos referencia para empezar a lo que implicó el establecimiento del modelo de reconocimiento multicultural en el país y cómo éste a la postre, en lugar de significar un avance hacia la convivencia de los diversos actores que concurren en la ruralidad colombiana, ha significado una de las causas para la emergencia de conflictos y tensiones entre dichas comunidades y de estas con el Estado y las empresas. Luego de que durante siglos de colonia y décadas de república los indígenas y afrodescendientes fueran invisibilizados por el poder estatal1, y los niveles de explotación llegaran al extremo de que hasta la década de 1970 permaneciera la práctica de terraje, las comunidades indígenas entraban a la sociedad colombiana por primera vez como ciudadanos, reconocidos como sujeto colectivo y con derechos diferenciales que les permitían el acceso a la tierra, la titulación colectiva de resguardos, el establecimiento de autoridades propias mediante los cabildos, y la posibilidad de administrar dineros que llegan a los cabildos por vía de Sobre cómo los indígenas fueron excluidos de las decisiones políticas de la sociedad neogranadina y colombiana se recomiendan entre otros “El Indio en la lucha por la tierra” de Juan Fiede, 1

transferencias a través de las alcaldías municipales. Así mismo las comunidades afrodescendientes recibieron un reconocimiento diferencial de sus particularidades étnicas en la constitución, pero fue la ley 70 de 1994 la que consolidó dicho reconocimiento al estipular las figuras de los Consejos Comunitarios como autoridades locales de las comunidades afro, así como la posibilidad de que éstos tuvieran tierra titulada de forma colectiva. Es importante aclarar que el reconocimiento de las comunidades y autoridades indígenas y afros no fue un asunto sencillo, ni dependió meramente del beneplácito de los gobernantes de turno, sino que fue producto de dos factores fundamentales. Por un lado las luchas que ambas comunidades dieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero que recogían procesos históricos de resistencia desde el momento mismo de la conquista y todos los vericuetos que durante la colonia dieron a la creación de los resguardos y la emergencia de comunidades autónomas de afros como el caso de los palenques o rochelas. Estas luchas, y las organizaciones indígenas y afrocolombianas que las condujeron, abrieron el panorama del Estado colombiano para su propio reconocimiento. El segundo factor a tener en cuenta, es un debate de orden internacional sobre el reconocimiento de las minorías étnicas en los estados nacionales, el cual tuvo su punto de llegada con el firma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los debates que a partir de éste llegaron al Estado colombiano para que fuera firmante de dicho convenio. Así pues, la declaratoria de Colombia como una nación “pluriétnica y multicultural” está enraizada tanto en las luchas de indígenas y afros, como en el debate internacional que termina en la firma del convenio 169 de la OIT. Si bien este reconocimiento y los mecanismos estipulados para el cumplimiento de los derechos diferenciales de indígenas y afros significan un gran avance en la política rural colombiana, dicho reconocimiento se da sobre una omisión muy importante del estado colombiano, la de los derechos de quienes en el campo no se reconocen ni como indígenas ni como afros: los campesinos. Durante muchos años las comunidades indígenas, campesinas y afros convivieron en muchos territorios, y durante el siglo XX las luchas de estos tres actores estuvieron entretejidas a tal punto, que es al interior de la ANUC, a finales de la década de 1960, donde nace lo que después se convertirá en una de las organizaciones indígenas de orden regional más fuertes del país: el Consejo Regional Indígena del Cauca. Si bien hubo debates durante los años de la lucha por el reconocimiento y el territorio, sobre todo entre las organizaciones campesinas e indígenas, las relaciones entre estas la mayoría de las veces fue de colaboración, tanto en la cotidianidad a nivel local, como a nivel de movilización y lucha política – las tomas de tierras fueron la herramienta de lucha que ambos usaron para garantizar el acceso a la tierra -. Sin embargo, luego de la constitución de 1991, las diferencias entre ambos empezaron a centrarse en una suerte de jerarquía frente al acceso a los derechos y las garantías que el Estado daba; así pues, mientras las comunidades indígenas han tenido la posibilidad de acceder a tierra titulada colectivamente mediante resguardos, y acceder a una política diferencial para el cumplimiento de los derechos a la educación, la salud, entre otros, las comunidades campesinas no tienen

dichas garantías, y acaban quedando en muchos casos rezagados frente al derecho a la tierra, al trabajo, a la salud y la educación2. Cabe aclarar que esta situación no se convirtió inmediatamente en tensiones entre las comunidades, sino que fue luego de una década de aplicación del modelo multicultural, cuando en varios territorios de la geografía nacional, empiezan a emerger conflictividades comúnmente enraizadas a pretensiones territoriales, las cuales no se pueden entender solo desde las consecuencias del modelo multicultural que encarna la constitución de 1991, sino mirando otros factores. La inequidad en la tenencia de la tierra en el campo colombiano es una de las problemáticas más caracterizadas y más urgentes del país, tiene raíces tan profundas que llegan hasta la construcción de las jerarquías sociales en la época colonial, y llegan hasta nuestros días como una de las causas principales del actual conflicto armado, así como también es el escollo que pretenden resolver tanto los políticos mediante sus programas electorales, como las organizaciones sociales por medio de la movilización. Esta problemática es sin lugar a dudas una de las causas principales de los conflictos que han emergido y siguen emergiendo entre las comunidades y entre estas con el Estado y las empresas. Según datos de la Revista Semana3, el índice de gini que mide la equidad frente al acceso a la tierra, asciende en Colombia a 0.88 siendo uno de los más altos, es decir, desiguales del mundo. La inequidad frente al acceso a la tierra está íntimamente relacionada con un modelo productivo y de ordenamiento del campo colombiano en el cual se privilegia el latifundio, es decir las grandes propiedades como las mejores unidades productivas, acompañado con una lógica de monocultivos en grandes extensiones de tierra. Aparte de las implicaciones ambientales que tiene el modelo de monocultivos en grandes extensiones de tierra, esto implica también una reducción de las zonas posibles del minifundio, es decir de las pequeñas unidades de economía familiar. Este modelo productivo basado en el monocultivo y en el latifundio también está íntimamente relacionado con el extractivismo como patrón de relacionamiento comercial del país con sus vecinos y socios a nivel internacional. Así es, como productos como la palma de cera, el pino el eucalipto y la teca, o la caña de azúcar y el banano, lejos de estar pensados para el consumo interno de la población colombiana, son la carta de presentación de Colombia en el mercado internacional, dedicando millones de hectáreas a estas actividades, en detrimento de la producción de alimentos y de las economías de pequeña escala y minifundio4.

Mediante la ley 21 de 1991, Colombia suscribe el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas. 3 Consultado el 15 de junio de 2014 en: http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombiarural.html 4 Según datos de la SAC en los últimos años la producción de cereales y hortalizas ha disminuido de 2,3 millones hectáreas a 1,4 millones. El cultivo de maíz para alimentos ha disminuido en 245 mil hectáreas. 2

La inequidad en la tenencia de la tierra tiene una consecuencia que ubicamos como la tercera causa principal de la emergencia de tensiones y conflictividades entre las comunidades y de estas con las empresas y el Estado. Mientras las mejores tierras son concentradas por grandes poseedores para la producción a gran escala de monocultivos, las comunidades indígenas, afro y campesinas se ven presionadas en las zonas de ladera debido al crecimiento poblacional y al aumento de las necesidades de consumo. Así pues la imposibilidad de que las comunidades rurales aumenten significativamente sus territorialidades, debido a que las mejores tierras están bajo el modelo de gran propiedad y monocultivo, hace que entre éstas se acaben presionando por la necesidad de tierra, generando así tensiones entre indígenas, afros y campesinos en las localidades donde estos conviven. Así mismo las demandas hacia el Estado aumentan con motivo del aumento del hacinamiento y de la falta de garantías para la pequeña producción en el marco de los acuerdos comerciales firmados con otros países 5 (los anteriores paros agrarios son clara muestra de ello) y por supuesto, en las zonas donde las comunidades son vecinas de las grandes propiedades, entran en una clara tensión, tanto por evitar que el latifundio siga avanzando sobre el territorio de las comunidades, así como también se han generado exigencias de las comunidades reclamando las tierras que están en manos de terratenientes y empresas. Así pues, tenemos tres causas comunes de la emergencia de tensiones y conflictividades interculturales a nivel rural: (1) la fragmentación de las comunidades por la política de derechos diferenciales generada por la constitución de 1991, que da un alto reconocimiento a algunas comunidades pero desconocen otras, jerarquizándolas6; (2) el mantenimiento de un modelo de gran propiedad y monocultivo en clave extractiva, que profundiza la inequidad en la tenencia de la tierra; y (3) el aumento del hacinamiento en las áreas de minifundio y el aumento de las necesidades de tierra de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Sobre estos tres factores comunes, se erigen toda serie de contingencias, causalidades, y en general una compleja serie de acontecimientos que generan conflictividades entre las comunidades, y de estas con el aparato estatal y con los ejercicios empresariales vecinos. Veamos entonces las características de estos actores que entran en conflictos, y veamos así mismo cómo son estos conflictos, qué posibles tipologías podemos encontrar entre éstos.

2. Los actores y los conflictos a. Los Actores Es importante entender que las tipificaciones que hacemos sobre el Estado, la comunidad y las empresas están inacabadas, y parten de una lectura de varios marcos analíticos, pero también de la experiencia de trabajo del Centro de Estudios Intercutlruales. Los tres actores están muy lejos de ser homogéneos o fáciles de caracterizar, las comunidades rurales por ejemplo, son Según Luis Garay, Fernando Barberi e Iván Cardona (BIBLIOGRAFÍA), el TLC con Estados Unidos está afectando al 70% de los campesinos y pequeños productores que han perdido el 16% de sus ganancias sin recibir apoyos del estado mediante subsidios a la producción, o privilegiando la compra de sus productos. 6 Aclarar la jerarquía entre los 3 5

mucho más diversas que la distinción entre indígenas, afros y campesinos, ya que al interior de cada comunidad hay diferencias dependiendo de la organización a la que pertenecen, el municipio o veredas, la actividad económica o si es o no la agricultura la base de su producción. Algo muy parecido ocurre con el Estado, donde aparte de existir innumerables definiciones que lo ubican tanto como un aparato de dominación de clase, así como la objetivación máxima de la sociedad occidental, se puede también abordar de manera etnográfica desde sus funcionarios, o analizando sociológicamente la construcción de la burocracia, etc. Las empresas también pueden ser caracterizadas desde varios marcos analíticos, pero sobre todo requieren ser entendidas en su diversidad, en las apuestas de quienes las dirigen, y en las complejidades de las tendencias económicas que hoy imperan.

i. Comunidad Comunidad es hoy por hoy uno de los conceptos más utilizados tanto en el mundo académico de la sociología, la antropología y otras disciplinas, así como también en el mundo de la política pública y al interior mismo de las organizaciones sociales y políticas de escalas local, regional o nacional. Pablo de Marinis7 realiza un rastreo del concepto comunidad en la teoría sociológica, partiendo de clásicos como Max Weber o Ferdinand Tönnies, hasta teóricos más recientes como Niklas Luhmann o Zygmunt Bauman. Encuentra que un rasgo para hablar de comunidad es que siempre está íntimamente relacionada con el concepto de sociedad, y las definiciones de estos dos términos van cambiando dependiendo del momento y del teórico que los defina. Sin embargo, la mayoría de acepciones de “comunidad” está relacionadas con quienes tienen algo en común, quienes comparten en la cotidianidad rasgos en común que los hace identificarse como grupo y diferenciarse del resto. Maurice Godelier8, aclara la distinción entre sociedad y comunidad de una manera muy sencilla, haciendo énfasis en los rasgos comunes de vida colectiva que hacen a una comunidad, afirma que por ejemplo la “sociedad” de Nueva York acoge un sinnúmero de “comunidades” judías, chinas, turcas, latinas, etc. Así pues, los chinos que viven en el barrio chino comparten la lengua, las costumbres, el vestuario, etc., pero hacen parte de la sociedad más compleja de la metrópolis. La inclusión total de las diversas “comunidades”, en las “sociedades” de los estados nacionales es un asunto inacabado y un generador permanente de tensiones y conflictos. Así pues, indígenas, campesinos y afros constituyen diversas comunidades que habitan y comparten el territorio dentro sociedades más complejas en cada región y en el país en general. Ahora bien, cuando nos referimos al actor “comunidad” nos referimos a las organizaciones, procesos colectivos, y comunidades en general de indígenas, campesinos y afros. Es importante tener en cuenta que al hablar de comunidades en general, hacemos referencia a la “Comunidad: derivas de un concepto a través de la historia de la teoría sociológica” Pablo de Marinis, en Papeles del CEIC, marzo de 2010, Buenos Aires. 8 “Comunidad, sociedad, cultura. Tres claves para comprender las identidades en conflicto”. Maurice Godelier, en Cuadernos de Antropología Social. Diciembre 2010, Buenos Aires . 7

totalidad de comuneros indígenas que habitan los resguardos, parcialidades y asentamientos indígenas, a la totalidad de afrodescendientes que se auto-reconocen como tal y viven en las tierras colectivas o hacen parte de la base de los numerosos Consejos Comunitarios, y la totalidad de campesinos y campesinas que viven en sus parcelas, que trabajan la tierra y se sustentan en la economía familiar. Es importante tener en cuenta que los procesos de conflictividad, y en general de construcción social de las comunidades, se da a través de la cotidianidad local, de base, entre indígenas, campesinos y afros de a pie, pero también desde las organizaciones que los representan o pretenden hacerlo. Así pues cuando nos referimos al actor “Comunidad”, hacemos referencia tanto a los procesos y comunidades base - los indígenas, afros y campesinos de a pie- como a las organizaciones que los representan, a sus líderes y a sus apuestas programáticas, ideológicas y las procedencias históricas que les dan sentido político en los procesos de relacionamiento con otras comunidades, así como con el Estado y las empresas.

ii. El Estado El Estado es una de las entidades o instituciones sociales que más ha sido definida y sobre el cual hay más debate acerca de sus definiciones. Tanto las sociología, las ciencias políticas y el derecho, así como la antropología y la economía, entre otras disciplinas, se han enfocado en muchos momentos por definir al Estado, por definirlo en su papel frente a la sociedad, en identificar los mecanismos como éste opera, al identificar las clases, las culturas, las políticas que entran en tensión al interior de los Estados, y cómo éstos están estrechamente ligados, en la modernidad, a la configuración de los Estados-nacionales, tanto que casi podríamos aventurarnos a afirmar que cada Estado-nacional está en permanente debate sobre qué modelo de estado quiere para sí. Carlos Duarte (2013) hace un barrido por las formas como la antropología ha abordado el Estado en general y hace un énfasis al Estado colombiano y la antropología colombiana. Afirma que este abordaje del Estado puede hacerse desde el foco simbólico, viendo cómo el poder que se teje desde el mismo acaba investido de magia y fetichizado su poder, así como también se puede abordar desde la perspectiva clásica al entenderlo como el aparato de dominación de una clase explotadora y una cultura colonial. Finalmente propone, a partir de la lectura de Ángela Rivas, avanzar hacia una antropología del Estado desde cuatro (Duarte propone el cuarto) enfoques: i) analizar los efectos del Estado; ii) observar las maneras de ver del Estado; y iii) recoger las narrativas sobre el Estado y iv) escuchar la voz del Estado, Logrando de esta manera leer al Estado en sus propias relaciones y acciones. El Estado como tal no se puede entender como un sujeto de la relación intercultural, ya que sus funcionarios expresan una enorme diversidad interna, sin embargo sí es cierto que el Estado colombiano representa los intereses de un grupo cultural que, sin decir que es mayoritario, sí es hegemónico. Este bloque cultural hegemónico expresa esa cultura que bebiendo de fuentes norteamericanas y europeas, caracteriza la supuesta mayoría cultural colombiana, la cual es católica, mestiza, urbana, entre otros elementos. Esta cultura es tal vez la

que más entra en choque con las particularidades étnicas y culturales del campo colombiano y en particular de la ruralidad caucana. A partir de conversaciones con el equipo del área Comunidad-Estado del Centro de Estudios Interculturales, hemos identificado dos enfoques fundamentales para entender al Estado en clave de su relacionamiento con las comunidades: (1) El Estado en su visión más liberal, es decir, la institución que emerge de la sociedad misma para regular su funcionamiento, que existe gracias al tributo público y entre cuyas funciones está ser el garante de los derechos de todos los ciudadanos; y (2) el Estado entendido desde sus funcionarios, es decir desde la complejidad de sujetos que lo componen, sus trayectorias y culturas particulares9, así como también los diferentes intereses políticos que están en juego10. Estos dos elementos hacen que muchas veces existan conflictos entre las comunidades y el Estado en su institucionalidad (cuando las comunidades exigen algo que se sale de las normas vigentes, y que implicaría reformas a la legislación) y conflictos que tienen que ver con malos manejos de los funcionarios o cortos circuitos en la comunicación entre éstos con las comunidades.

iii. Las Empresas Las empresas son iniciativas privadas cuyo principal fin es de carácter económico, ya que son creadas para generar riqueza que beneficie a sus propietarios. Su historia se remonta a los inicios de la era industrial y actualmente está guiada por un modelo fundamentado en la competitividad y la calidad en un contexto económico caracterizado por la creciente apertura de los mercados y las diversas formas de flexibilización laboral como parte de la estrategia para la minimización de costos. Es así como durante largo tiempo se ha privilegiado el progreso, entendido como crecimiento sin límites; este modelo ha demostrado claramente sus limitaciones con amplias evidencias que precarizan y afectan negativamente lo ambiental y lo social. Dado lo anterior, y ante el cuestionamiento de diversos organismos y organizaciones internacionales, las empresas empiezan a ver reguladas sus actividades y desempeño, tanto en instancias nacionales e internacionales. Destaca, por ejemplo, el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la protección y promoción de los derechos humanos laborales, que incluyen los derechos a la libre asociación y a la negociación colectiva, que buscan garantizar las condiciones para el trabajo digno. Igualmente, se alinea la responsabilidad social empresarial y la regulación sobre los impactos ambientales como procesos clave en la operación de la empresa.

En el INCODER por ejemplo trabajan funcionarios afros, indígenas y de origen campesino, aun cuando estos no orientan necesariamente las políticas regionales o nacionales del instituto, sí inciden en la relación concreta con las comunidades y acaban siendo muchas veces puente entre estos. 10 La mayoría de cargos directivos de las instituciones estatales son de “libre remoción y nombramiento”, lo que implica que dependiendo de la marea coyuntural de la política, los funcionarios cambian y con esto vira ligera o profundamente la orientación de las instituciones 9

Es en estos escenarios donde se integran los derechos humanos y laborales como mecanismos para la construcción de sostenibilidad económica, social, ambiental y política, tanto en el interior de la empresa como en su exterior, en la región y en el entorno concreto donde opera. Por su capacidad de incidencia, las grandes empresas son fundamentales a la hora de pensar la sostenibilidad en el territorio y la región, ya que el reto permanente debe ser alcanzar una responsabilidad social y ambiental en sus actividades, coherente con la normativa nacional e internacional, que lleve a una política laboral justa y acorde con los derechos de los trabajadores, así como una explotación responsable de los recursos naturales que no signifique el agotamiento de los mismos. Al igual que las iniciativas empresariales han excluido de forma tradicional a las comunidades de su entorno, también las mismas comunidades y sus organizaciones han manifestado una clara contradicción histórica con el modelo empresarial, en especial las de vocación agroindustrial, agroforestal y minera, argumentando que éstas fomentan la desigualdad en el acceso a la tierra, así como las condiciones de miseria y pobreza rural, que se fundamentan en la concentración de la tierra y la baja distribución de las ganancias entre la comunidad. Finalmente, una empresa que apuesta por la sostenibilidad y los derechos humanos de sus trabajadores y los miembros de las comunidades afectadas por sus actividades productivas o comerciales acaba obteniendo mayores beneficios, que se materializan en ventajas comparativas en el ámbito de su liderazgo, productividad y estabilidad, así como en la potenciación de su licencia social. Pero a su vez también generan beneficios para las personas y comunidades de su entorno, que no solo ven reducidos los riesgos y los impactos sociales y ambientales, sino que además se ven favorecidas por los enfoques basados en la sostenibilidad de la región, lo que puede incluir su participación en los procesos productivos, por ejemplo, a través de los modelos de valor compartido.

b. Los conflictos Partimos de dos certezas: la primera que los conflictos son inherentes a la vida social, son una fuerza que permite la transformación de las condiciones sociales, o como decía Estanislao Zuleta “una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos.”11. La segunda certeza es que cada conflicto es contextual, es decir, único, que depende de causas estructurales, pero también de situaciones concretas, de historias de relacionamiento entre los sujetos involucrados, de intereses particulares, de deseos, de contradicciones múltiples “todo conflicto social se mueve y se expresa dentro de las limitaciones de su propio contexto ideológico” (Colmenares. 282, 1992). Es decir, es imposible construir una receta para gestionar o superar los conflictos.

Zuleta Estanislao, Sobre la guerra, http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=217 11

en

Aun cuando cada conflicto tiene su contexto, sí es posible identificar un patrón o tipología que nos permita entrever los tipos de conflictos según su causa, así como también se pueden tipificar según su intensidad y cuán agudos son los antagonismos que involucra. Estas reflexiones se han realizado en el Centro de Estudios Interculturales sobre todo a partir de la experiencia desarrollada en el suroccidente colombiano (que se expondrá más adelante). Para Odile Hoffmann, los conflictos étnicos se pueden entender según la siguiente tipología: 1. Conflictos internos al interior de un mismo sector étnico: que suelen nacer de las nuevas jerarquías que se dan entre habitantes que aspiran a un mismo territorio colectivo y que participan en la movilización étnico-territorial. 2. Conflictos territoriales con los vecinos que, en ciertos casos, pueden adquirir el matiz de "conflicto interétnico" entre indios y negros, o blancos y negros, cuando en el fondo se trata de luchas por el territorio. 3. Conflictos territoriales relacionados con el conflicto armado y el control de recursos: en diversas regiones del país, el conflicto armado reviste una dimensión geopolítica evidente. Los actores de la guerra necesitan el territorio, de manera continua o temporal, sea para cultivar coca, transitar o residir una temporada con cierta seguridad. 4. Conflictos entre grupos definidos étnica o culturalmente y grandes sectores económicos: estos conflictos nacen de las ambiciones territoriales de los grandes agentes económicos. En estos casos, la concepción utilitarista y mercantil del espacio se impone en los lugares donde existen proyectos de explotación “capitalista”, y las teorías económicas elaboradas alrededor de la renta o de los derechos de propiedad son las más adecuadas para entender las dinámicas actuales.12 Esta tipología se ajusta de forma adecuada a la experiencia de hemos adquirido en campo, máxime cuando logra hacer una distinción de cada tipo de conflicto según los actores involucrados. Algo que es importante agregar es que en los cuatro tipos de conflictos que la profesora Hoffmann identifica, el Estado juega un papel protagónico, en algunos casos como generador o propiciador de las condiciones que posibilitan los conflictos, o bien como mediador o garante en los ejercicios de diálogo que se generen para gestionarlos. También podemos ver, a partir del trabajo en el suroccidente colombiano, el área ComunidadEstado del CEI ha identificado dos tipos de conflictos según su intensidad: Situaciones de Conflicto Urgente o Manifiesta Para dicha valoración se tuvo en cuenta: i) la degradación de los mecanismos institucionales y de negociación entre las partes, la posibilidad de recurrir a repertorios de violencia física y enfrentamientos colectivos entre los actores en disputa; ii) así como la existencia de disputas y tensiones históricas entre los procesos organizativos comunitarios y territoriales; y iii) la ausencia de

12

Citado por Carlos Duarte en “…” 2014 inédito.

procesos organizativos consolidados en alguna de las partes que permita organizar mejor las demandas y las negociaciones desde un punto de vista colectivo. Las Situaciones de Conflicto Potencial o Latente: i) la totalidad de estos conflictos tienen como común denominador un agente estructurante del conflicto que tiene la capacidad de emerger en diferentes lugares, es decir el conflicto potencial no es un solo caso de conflicto predial sino que su influencia se extiende municipal o regionalmente; y ii) la existencia de procesos organizativos consolidados que permiten mantener instancias de negociación abiertas y frenar los repertorios de violencia física colectiva. Tenemos entonces una tipología general de las clases de conflictos que existen en la ruralidad colombiana, y una distinción según la intensidad que involucra diferentes elementos constitutivos de las situaciones de conflictos. Veamos entonces las diferentes formas del conflicto según los actores involucrados, siguiendo tanto los tipos del conflicto identificados por la profesora Hoffmann como la caracterización según la intensidad identificada por el Centro de Estudios Interculturales.

i. Conflictos entre comunidades Debido al indudable hacinamiento al que se ven sujetas las comunidades afro, campesinas e indígenas, es común que en los territorios donde hay comunidades vecinas, éstas riñan debido a las pretensiones territoriales de cada una. Es común ver que incluso entre comunidades campesinas existen estas tensiones, así como entre diferentes cabildos indígenas e incluso entre diferentes consejos comunitarios de afros. Tal como lo expresa la profesora Hoffmann en el tipo de conflictos (1). Cuando las tensiones surgen entre diferentes grupos étnicos o culturales – tipo (2) de la tipología de Hoffmann – aparte del hacinamiento, vemos cómo incide la aplicación del modelo de reconocimiento multicultural al que ya se hizo referencia, ya que, por ejemplo, si bien indígenas y campesinos tienen necesidades de tierra evidentes, los primeros tienen más ventajas en la posibilidad de acceder a la tierra, ya sea por vida de gestión institucional, por presión al Estado por vía de movilizaciones y por compra directa de predios con los recursos que los cabildos adquieren por vía de transferencias. Esta ventaja de las comunidades indígenas ha generado que, sobre todo en el suroccidente del país, prolifere lo que los campesinos suelen llamar “pepeo”, que significa que los indígenas van comprando predios separados entre sí, aumentando su presencia territorial sobre territorios donde predomina la presencia campesina o afro. Frente a esta inequidad en las posibilidades del acceso al derecho a la tierra, últimamente se han fortalecido dentro de las organizaciones afro, campesinas e indígenas el reclamo ante el Estado por sus figuras territoriales autónomas, los primeros exigen la titulación colectiva para sus Consejos Comunitarios, los segundos exigen la constitución de Zonas de Reserva Campesina y los últimos lo hacen con la ampliación y constitución de resguardos. En los territorios donde existen conflictos latentes es común ver que cuando una comunidad exige o solicita la constitución de una figura territorial, la otra

comunidad se oponga, bloqueando así la realización de dicha aspiración territorial, agudizando así, cada vez más, los antagonismos. Otro elemento de la política de derechos diferenciales del multiculturalismo colombiano, implica que los indígenas tienen derecho a administrar su salud y su educación13, lo cual ha generado serias tensiones entre éstos con los campesinos, que se niegan a que sus hijos sean educados bajo el modelo de educación propia indígena, o que sean tratados bajos los parámetros de la medicina propia indígena. A este fenómeno los campesinos han denominado “privatización” de la salud y la educación por parte de las organizaciones indígenas. Estos conflictos territoriales, políticos y culturales que emergen entre las comunidades rurales, se van volviendo complejos en su cotidianidad, ya que cuando hay choques verbales o físicos, o acusaciones de una comunidad a otra, se van enquistando los antagonismos y las razones originales del conflicto se van mezclando con rencores y resentimientos los cuales hacen que, de no iniciar un proceso dialogado de gestión de conflicto, estos degeneren en situaciones violentas, totalmente lamentables entre comunidades que comparten muchos elementos de su historia, pero también comparten las mismas necesidades.

ii. Conflictos entre las comunidades y el Estado: Cómo vimos más arriba, el Estado actúa fundamentalmente como institución garante de los derechos de los ciudadanos, pero existe a través de sus funcionarios y los diversos sesgos o virtudes que éstos tienen, en el marco de diferencias culturales, políticas, intereses económicos y de formación académica que se tensionan al interior del Estado se generan relaciones de conflicto pero también, a veces, de apoyos entre el Estado y las comunidades y sus organizaciones. Las exigencias de las comunidades campesinas, indígenas y afro frente al Estado están en un binomio paradójico entre la autonomía y la intervención. En un debate con un reconocido antropólogo solidario y militante de la causa de los afrodescendientes, Carlos Duarte argumenta que esta relación está lejos de la reivindicación meramente por lo propio, por su autonomía y por la “esencia” que los hace étnicamente particulares; Duarte afirma que “en la política real de las comunidades la demanda no es por retirarse del desarrollo y del estado para adherir a un modelo ancestral. Al contrario la demanda es por ser incluidos y dejar de ser rezagados de los programas estatales, pero en condiciones de autonomía en las que las comunidades puedan decidir qué quieren hacer en sus territorios”. Otra tensión evidente entre las comunidades y el Estado, está en el modelo de desarrollo económico que impone sobre los territorios actividades que van en contradicción con las cosmovisiones, o intereses ambientales, culturales y económicos de las comunidades. Así es como son comunes las movilizaciones de las comunidades y sus organizaciones contra la minería a gran escala, contra política para el agro que o los perjudican o no los benefician, 13

DECRETOS

reclamando incentivos a las economías de pequeña escala, etc., así mismo se reclama por mejor acceso a los derechos y políticas que fortalezcan la calidad de vida o las necesidades básicas de las poblaciones. Es importante notar la relevancia del Estado en el tratamiento de los conflictos entre las comunidades y de estas con las empresas. Muchas veces el Estado debe jugar un papel de árbitro en dichas tensiones haciendo aún más importante su rol y sus acciones y omisiones. En algunos casos, las comunidades indígenas, afro y campesinas han denunciado que una mala política por parte del Estado ha generado conflictos entre éstas; estas situaciones suelen presentarse por falta de conocimiento o falta de planeación en la ejecución de políticas públicas. Finalmente, siguiendo a Duarte, debemos preguntarnos a propósito del papel del Estado en la relación con las comunidades y la relación entre éstas “¿qué tipo de sujetos sociales produce el Estado a partir de las relaciones que genera” la política pública y la aplicación de la jurisprudencia? Sólo así podemos ver en cada situación, las consecuencias del modelo económico, del modelo de Estado y de la aplicación de las políticas de reconocimiento como las que emergen de multiculturalismo.

iii. Conflictos entre las comunidades y las empresas privadas Los conflictos que aparecen entre las comunidades y las empresas están enraizados a muchos de los elementos mencionados sobre el Estado. Por un lado el modelo de desarrollo suele estar o en contradicción o por lo menos en debate con las comunidades y sus organizaciones, así pues, las empresas, que están en el marco del modelo de desarrollo económico, y cuyas actividades muchas veces están vinculadas con las políticas Estatales para el fortalecimiento de dicho modelo (lo que han significado las llamadas “locomotoras” del gobierno de Juan Manuel Santos), entran en el conflicto con las comunidades en materia cultural, ambiental y económica, cómo se explicó más arriba. Estos conflictos están relacionados claramente con el tipo de conflictos (4) expuesto por Hoffmann. El relacionamiento dado entre empresa y comunidad gesta escenarios donde surgen y se transforman los conflictos; es posible comprender dicha lógica a partir de una doble perspectiva: macro -contexto- y micro -estructura de la organización-. De esta forma, en una perspectiva macro se da un primer nivel de relacionamiento, puesto que la empresa se inscribe en una comunidad internacional, nacional y local; donde se hallan presentes dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales que tanto regulan como restringen las formas de operar de las empresas, ya que se hallan sujetas de múltiples factores que inciden sea positiva o negativamente en el logro de su finalidad principal, la generación de rentabilidad. De otra parte, desde una perspectiva micro se encuentra un segundo nivel de relacionamiento entre la empresa y sus integrantes, es decir, los representantes de la comunidad local que la conforman, en este orden de ideas la empresa es aquí entendida como una forma de organización que representa una construcción social que es realizada desde sus integrantes.

La empresa, la estructura económica y social que consiste en recursos humanos, materiales, financieros e intangibles, no es ajena al concepto de “cultura”. Todo lo contrario, los términos ‘cultura’ y ‘negocios’ se entrelazan creando el concepto de "cultura empresarial". El concepto de ‘cultura’ ha suscitado un amplio debate en diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Una de las aproximaciones conceptuales más importantes ha sido desarrollada por el antropólogo Geert Hofstede (1991, 2001), la cual ha tenido un gran impacto a nivel mundial. Su estudio sostiene que las personas de una determinada nacionalidad comparten una cultura nacional colectiva, una clase de ‘programación mental’ que forma sus valores, actitudes, percepciones, comportamientos y competencias. Este autor desarrolla un número de dimensiones de la cultura nacional, las cuales se reflejan al interior de organizaciones como las empresas. Es por ello que resulta fundamental tener en cuenta la cultura nacional -y las múltiples culturas dentro de un mismo país– a la hora de gestionar una empresa con el objetivo de evitar conflictos en un contexto de diversidad cultural. En efecto, uno de los principales desafíos que tienen las empresas hoy en día es el relativo a la gestión de la diversidad cultural, y por ende, su relación con la cultura corporativa. En consonancia con ello, varias propuestas de gestión empresarial han ido encaminadas hacia la idea de abandonar la práctica de gestión de equipos diversos culturalmente basada en la “organización multicultural” (Cox,1994, 2001). Dicho tipo de gestión de la diversidad recae en la idea de la simple coexistencia de las diferencias: la organización las promueve, respeta el marco normativo sobre igualdad y lucha contra cualquier tipo de discriminación pero todo queda en un esfuerzo formal. Asimismo, en dicho modelo organizativo se espera que las minorías culturales se asimilen a la cultura empresarial promulgada por la organización. En contrapartida, la propuesta analítica de varios expertos (Pierre, 2012) apunta hacia una gestión intercultural, la cual subraya el paso del registro de la coexistencia (que remite al enfoque multicultural) al del compartir y el reconocimiento. Esto plantea un desafío fundamental: el de generar cohesión en un contexto de diversidad y abandonar el enfoque de la simple coexistencia de las diferencias culturales (Broussillon et al., 2007). De tal manera, los conflictos emergen en dos niveles del relacionamiento empresa-comunidad. Los conflictos dados en el orden de lo macro llevan a la empresa a inscribirse en las lógicas globales mercantiles, en el cumplimiento de las regulaciones a nivel ambiental y social, y especialmente al máximo logro de su rentabilidad de la mano de la reducción de sus costos de operación. Este panorama representa un primer campo de tensión en el relacionamiento empresa-comunidad, y que a su vez incide directamente en la emergencia de conflictos en el orden de lo micro, es decir, a nivel del relacionamiento entre los integrantes de la misma organización, que representan la comunidad inmediata; pues generar condiciones que garanticen los derechos humanos y laborales en las empresas se traduce en ampliación de costos, que por demás en la lógica competitiva las empresas están siempre en pro de su reducción para ampliar su rentabilidad, surgiendo en ello un conflicto de intereses.

En lo que se refiere al nivel micro, uno de los productos de la experiencia del Centro de Estudios Interculturales en el área empresa-comunidad es el manejo de conflictos laborales en el marco de los derechos a la libre asociación y negociación colectiva. En el Valle Geográfico del río Cauca, la producción de caña de azúcar y sus derivados son la actividad económica predominante de la región. Las comunidades afro del Valle del Cauca y del norte del Cauca son las que mayoritariamente trabajan en las plantaciones de caña y quienes han emprendido en los últimos años acciones de movilización para exigir mejores condiciones laborales. Este conflicto laboral involucra un componente intercultural debido a los choques de las diferentes cosmovisiones entre la lógica empresarial y la cultura de la comunidad afro que integra gran parte de los ingenios azucareros. Así mismo se han generado conflictos ambientales, sociales y económicos en el relacionamiento empresa-comunidad, sobre todo cuando las empresas emprenden actividades extractivas que tienen impactos socio-ambientales negativos inmediatos y futuros sobre los territorios, sus recursos y las comunidades. Es por ello que resulta vital el uso de los diferentes mecanismos existentes para acordar el desarrollo de los territorios con las comunidades que lo habitan con el objetivo de no poner en riesgo la sostenibilidad de las mismas. Sea cual sea la causa de los conflictos que se generen en el relacionamiento empresacomunidad, la apuesta del CEI ha sido “tender puentes y unir orillas” en pro del cumplimiento de los derechos humanos y los derechos laborales, especialmente el derecho a la libre asociación y la negociación colectiva, que contribuya a la construcción de condiciones para el acceso a un trabajo digno, así como a la sostenibilidad de la región, en donde sea posible la generación de riqueza por parte de las empresas, que vaya de la mano del uso responsable y eficiente de los recursos de la región y en pro del bienestar de sus habitantes.

3. Herramientas e instrumentos para la gestión de conflictos Como hemos mencionado, nuestra apuesta al abordar los conflictos interculturales no es “resolverlos” o “solucionarlos” ni mucho menos lograr que no existan. Consideramos como se ha dicho que los conflictos son inherentes a la vida social y siempre son susceptibles de emerger, transformarse, agudizarse o atenuarse. Cuando hablamos de “gestión de conflictos” estamos hablando de abordarlos con claridad, como dicen las comunidades “tomando el toro por los cuernos” es decir, sin intención de olvidar ninguno de sus elementos, sino que al entender los móviles de cada actor en conflicto, podemos entrar a gestionarlos por vía del diálogo, en donde cada actor haga evidentes sus intereses y se puede buscar un “gana-gana” es decir, un camino que transforme las condiciones del conflicto para liberar la tensión a partir de un acuerdo en el que ambas partes vean realizados, así sea parcialmente, sus pretensiones o intereses. Así pues, se requieren dos ejercicios que de cualquier forma son complementarios, una caracterización del conflicto y un tratamiento concertado para llegar a acuerdos entre las partes, a eso le llamamos la “gestión del conflicto”.

La adecuada gestión de cada conflicto involucra necesariamente una rigurosa caracterización que permita dar cuenta de los pormenores y complejidades del mismo, esto significa dilucidar qué está en conflicto, cuáles son sus actores, qué historia de relacionamiento previo hay entre ellos, qué necesidades e intereses están en juego, cuáles intereses o necesidades se niegan antagónicamente entre sí y cuáles se complementas, cuál es la territorialidad y/o geografía del conflictos, qué intentos previos de gestionar el conflicto ha habido y qué resultados y aprendizajes han arrojado. Para despejar todas estas variables, desde el Centro de Estudios Interculturales hemos construido un repertorio de instrumentos y herramientas que nos permitan recoger las visiones de los líderes y principales voceros del conflicto, como de las comunidades de base, funcionarios estatales y empresariales. Algunas de las herramientas más importantes son: cartografía social, elaboración de cartografía sobre temas clave en el conflicto, coaching y colaboración en los procesos de formación de los actores, talleres de memoria histórica, así como la construcción de espacios de interlocución para la gestión del conflicto. La elaboración cartográfica se ha convertido en un común denominador de las diversas labores que ha hecho en CEI sobre todo en las áreas de Comunidad-Estado y ComunidadComunidad. Este ejercicio consiste en la generación de mapas que expresen la complejidad de los territorios en donde emergen conflictos interculturales, a partir de la información geográfica del Estado en sus diversas instituciones y la información que han generado algunos académicos, es común ver que la información del Estado sobre los territorios –no solo la geográfica – en muchos casos carece de exactitud o profundidad, por lo que también se debe jugar con esos vacíos o informaciones dudosas que suelen aparecer. La información oficial se contrasta con la información no oficial producto de cartografía social, en donde líderes y comunidades de base de las comunidades, o funcionarios del Estado o las empresas expresan su propio conocimiento del territorio. De cruzar ambas fuentes se obtienen mapas que expresan la enorme complejidad del territorio y sus conflictos, y con lo cual podemos ver cómo el ordenamiento de los territorios y las diversas causalidades que en éste concurren, dan cuanta de los contextos particulares en los cuales surgen los conflictos. El coaching y en general los procesos de formación y capacitación de los actores del conflicto es otro paso fundamental para la gestión del mismo. Desde el CEI se han realizado proceso de intercambio con funcionarios Estatales y empresariales que muchas veces, a pesar de su formación académica y sus buenas intenciones, no logran entablar diálogos productivos con las comunidades y sus particularidades culturales. Así como también se han hecho procesos de formación o fortalecimiento organizativo para que las comunidades cuenten con más herramientas para hacer valer sus derechos. Consideramos que para que los conflictos, como dicen Zuleta, sean mejores conflictos, requerimos de funcionarios capacitados para dialogar con las comunidades, y comunidades y organizaciones fortalecidas para dialogar entre sí, y con el Estado y las empresas.

Como se dijo, la gestión del conflicto implica una rigurosa caracterización del contexto y sus actores y un proceso concertado de diálogo entre las partes que permita la transformación del mismo. La construcción de procesos de diálogo es tal vez el paso más delicado en la gestión del conflicto, ya que un mal manejo puede significar la ruptura de los acercamientos y la agudización del conflicto, por lo que es tarea de los intérpretes o facilitadores interculturales diseñar dichos espacios de manera que cada actor pueda aportar a su diseño e implementación y ambos sientan que hay garantías para que sus voces sean escuchadas y sus intereses satisfechos. Para el diseño de estos procesos de diálogo no hay recetas, por lo que la formación y creatividad del facilitador es fundamental para ellos, así mismo la concertación de una agenda que permita en el tiempo abordar los elementos que están en conflicto y los temas propuestos por las partes. Un paso clave en cualquier metodología de superación de los conflictos, es una constante evaluación de los avances del proceso. Hay que tener en cuenta, que cuando el proceso de gestión del conflicto da inicio, sobre todo en el punto en que se llega a un momento de diálogo y concertación, el conflicto no se detiene, lo cual puede implicar que el proceso se afecte o que las voluntades de las partes con respecto al proceso de gestión aumenten o disminuyan. Es por esto que un seguimiento riguroso y permanente es fundamental para la construcción de espacio de concertación y diálogo que conduzcan a buen término y que fundamentalmente, logran generar acuerdos para transformar las condiciones sociales que agudizan los conflictos. Normalmente las agendas de los procesos de diálogo y gestión del conflicto se construyen de forma consensuada, y responden a los ejes fundamentales sobre los que los actores del conflicto deciden trabajar conjuntamente. Estas agendas deben tener pasos claros y etapas que permitan evaluar avances, limitantes y errores en el proceso, esto para que en la siguiente etapa o paso, se pueda avanzar cualitativamente en las condiciones y metodología del diálogo. Sumado a la necesidad de un seguimiento permanente y una evaluación de cada etapa o parte del proceso, está capacidad, por parte del intérprete intercultural, de fomentar la capacidad de escucha, paciencia, respeto mutuo, y voluntad para poner el proceso por encima de los intereses particulares y las contingencias que puedan afectar el proceso. Miremos entonces como el Centro de Estudios Interculturales ha caracterizado esta labor, que es en últimas su propia labor, su aporte a la gestión de los conflictos entre las comunidades y de éstas con el Estado y las empresas.

a. El intérprete intercultural Los espacios de diálogo intercultural muchas veces se encuentran con impases propios de lenguajes diferentes y de cosmovisiones que lejos de encontrarse se distancian en su entendimiento de los conflictos y las realidades sociales. Es en este punto donde un facilitador o un intérprete que facilite este diálogo son fundamentales, ya que es necesario construir un puente entre dos orillas que de otra forma difícilmente avanzarían.

En el caso de las relaciones entre comunidad y comunidad, hemos participado en los espacios de concertación para la gestión de conflictos entre las comunidades rurales ya nombradas: campesinos, indígenas y afrodescendientes; dando cuenta tanto de las condiciones estructurales que generan el conflicto, como de los diversos intereses ya puestas políticas y territoriales que allí surgen. En estos espacios de diálogo, el reto mayor es lograr la construcción de una propuesta en donde ambas parten ganen parte de sus intereses, así implique ceder en algún punto. Es fundamental persuadir a cada actor del hecho de que si ambos no ganan algo es imposible llegar a salidas concertadas, hecho esto queda a la creatividad tanto de los líderes de las comunidades como del facilitador la construcción y diseño de la propuesta que logra darle salida a los impases producto del conflicto. En el caso de las relaciones Comunidad-Estado, es fundamental entender desde el inicio que ninguna de las dos partes es homogénea, y que tanto los líderes como los funcionarios involucran en los debates sus propias personalidades, intereses y deseos. Pero aparte de esto, es fundamental también entender que las procedencias históricas y culturales de ambas partes son bien diferentes, ya que muchos de los funcionarios estatales vienen de universidades públicas y privadas y los de más alto nivel muchas veces han tenido formación en universidades del exterior. Así pues, cuando estos funcionarios, sobre todo los de entidades de nivel nacional (la mayoría de ellos criados y formados en Bogotá o ciudades centrales), entran en diálogo con líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, los cuales a su interior también tienen profesionales pero así mismo comunidades formadas en las organizaciones mas no en la academia, muchas veces este debate tiende a entorpecerse. Hay impases por falta de entendimiento en el diálogo, así como hay otro producto de falta de voluntad para llegar a acuerdos; el papel del facilitador es fundamental cuando los impases del diálogo son por falta de entendimiento, pero no queda más que la persuasión mutua cuando la voluntad política de concertación es limitada. Así pues se requiere un sistema o método abierto de diálogo, ya que de la creatividad de las partes depende el surgimiento de salidas concertadas y propuestas que gestionen los conflictos. “los traductores culturales y epistemológicos tienen la gran tarea de deconstruir y transformar desde el interior de las mismas cultural e identidades, esas dimensiones culturales que se han configurado como meros contenidos formales extraídos de lo que han llegado a ser y se han petrificado” (Muñoz, …), entonces la creatividad y capacidad de inventiva del traductor o facilitador intercultural no es otra cosa que poner las culturas en movimiento, darle dinámica a lo anquilosado y permitir el entendimiento pleno entre quienes ven el mundo con ópticas distintas. Presentamos entonces siete criterios que más que un manual, pretenden aproximar algunas de las características que debe tener un traductor o facilitador intercultural en los procesos de gestión del conflicto: Pasos a seguir para desempeñar el rol de traductor epistemológico intercultural:

1. Caracterización de contextos: descifrar el código de las trayectorias de vida y culturales de los actores sociales presentes en el conflicto: trabajadores, sindicalistas, líderes comunitarios, directivos, presidentes, comunidades, etc. Lee cada una de las orillas desde sus propias particularidades, se localiza en una zona liminal entre partes que no comparten una misma cultura, sino que por el contrario presentan cosmovisiones diversas14 y en las más de las veces encontradas, así reconociendo la cosmovisión de las partes para encontrar puntos en común, objetivos conjuntos y generar acercamientos desde el horizonte común para entrar al valorar la riqueza de los aportes diversos a la resolución del conflicto. Esta es una perspectiva básica en lo que denominamos intercultural. 2. Constructor de vínculos a partir de emergencia de la confianza, que viene de una comunicación clara, precisa, desprovista de parcializaciones, centrada en una escucha activa y un relacionamiento empático. 3. Abordar las percepciones de los actores implicados en el conflicto que se hacen presentes gracias a dichas a las representaciones que tienen de la situación en conflicto. Aspecto indispensable en la medida que las representaciones subyacen a la construcción de la realidad por ende componen los conocimientos sociales que se construyen de las relaciones, y por ende subyacen a los comportamientos que se adoptan ante los mismos, siendo criterio en la toma de decisiones para actuar ante los mismos. Para esto la elaboración de matrices del conflicto relacionando estos elementos es una herramienta siempre útil. 4. Identificar que las representaciones no solamente tienen un componente cognitivo sino que también poseen un elemento afectivo15. Todo comportamiento asumido ante el conflicto implica la articulación de estos dos elementos, de allí la importancia de descifrar su presencia y su relación. 5. Fortalecer cada una de las partes, de tal manera que puedan entrar en contacto, crear escenarios dialógicos desde las representaciones que tienen unos de los otros. 6. Desarrollar la capacidad creativa de construir y crear condiciones para el dialogo y el encuentro desde lo emergente en el relacionamiento. 7. La solución del conflicto tiene que ver con asumir una perspectiva corresponsal en la garantía de los derechos, es decir, reconocer que cada uno aporta a la situación conflictiva tanto en sus orígenes como en su transformación resolutiva.

Ejemplo: Los directivos tienen una cosmovisión muy permeada por la cultura europea y norteamericana (modelo dominante, capitalista), muchos de ellos formados en escenarios culturales internacionales, ellos son los tomadores de decisión que imparten políticas y estrategias que impactan no solo su organización, sino otras organizaciones y la sociedad en general. Son ellos quienes vuelven a su lugar de origen a dirigir o gerenciar las empresas colombianas en las cuales su gente de base que mueve la producción de la compañía, quienes son mayoría, tienen una cosmovisión muy distinta y heredera de una historia de discriminación y rechazo en su mayoría. 15 Referentes: Mafessoli, la razón sensible; Panikkar; Maturana, Arbol del conocimiento; Garavito, categoría tanscurso discursivo. 14

4. Ejemplos de la gestión de conflictos Exponemos a continuación un ejemplo de tratamiento y gestión de conflictos interculturales, el cual se lleva ejecutando en el departamento del Cauca desde hace ya dos años y medio y tiene como eje conflictos entre las comunidades indígenas, afro y campesinas y de estas con el Estado a nivel departamental y nacional.

a. Conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca16 Como se ha dicho, tres factores son causas en un caldo de cultivo de conflictos interculturales: (1) las políticas de reconocimiento multicultural que fragmenta jerárquicamente a las comunidades, (2) una profunda inequidad en la tenencia de la tierra y (3) un creciente hacinamiento en las áreas del minifundio y la pequeña propiedad agrícola. Estas tres condiciones han propiciado que el departamento del Cauca, de vocación eminentemente rural, se convierta en el escenario de diversas tensiones y conflictividades entre las comunidades y de estas con el Estado. Así pues, vemos municipios como Cajibío, Inzá Piendamó, El Tambo o Popayán, donde cada vez más parecen agudizarse conflictos entre las comunidades que allí habitan, emergiendo detonantes tan cotidianos como el hecho de que alguien corre una cerca hacia el predio de otro, o pone sus animales a pastar en los pastos de otro, hasta razones más estructurales como el hecho de que la escuela donde van hijos de cientos de campesinos queden a disposición del cabildo indígena y eso agudice la desconfianza de unos con otros. Estas situaciones han aparecido en muchos municipios del departamento y han traído consecuencias como la fragmentación social, envidias y rumores de unos contra otros, hasta choques físicos como el que ocurrió en la finca San Rafael entre 2007 y 2012, que enfrentó a indígenas con afros y que trajo como consecuencia la muerte de dos indígenas. El Cauca es tal vez el departamento donde las organizaciones rurales han sido más fuertes durante los últimos 20 años. Por el lado de los indígenas, tenemos al Consejo Regional Indígena del Cauca, que agrupa a cientos de cabildos indígenas y a once asociaciones de cabildos zonales, y a Nunachak, agrupa a las comunidades Misak que hace ya más de 30 años se separaron del CRIC y agrupa tanto al cabildo de Guambía en Silvia como a numerosos cabildos, asentamientos y parcialidades indígenas en otros municipios. Por el lado de los campesinos tenemos a la coordinación agraria del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, que agrupa principalmente campesinos pero también e indígenas de la gran mayoría de municipios del departamento, al Coordinador Nacional Agrario cuya mayor organización en el departamento es el Comité de Integración del Macizo Colombiano, aunque también sobre sale el Movimiento Campesino de Cajibío. Hay que sumarle la reciente resturcturación de la ANUC en el departamento como una tercera plataforma que lidera las reivindicaciones campesinas. Los afros por su parte cuentan con numerosos Consejos Comunitarios en el litoral del pacífico, en el norte del Cauca y el sur del departamento, aunque Estos conflictos se encuentra ampliamente descritos, analizados y caracterizados en el tomo I del libro DesencuentrosTerritoriales elaborado por el área Comunidad-Estado del Centro de Estudios Interculturales 16

también sobresalen las comunidades que se agrupan alrededor de las capitanías de Itaibe y Río Chiquito en el municipio de Páez en el oriente caucano. Estos concejos comunitarios de agrupan alrededor de numerosas organizaciones regionales y locales dentro de las que sobresalen Aconc, Corpoafro, entre otras. Esta fortaleza organizativa ha permitido a las comunidades avanzar en el reclamo y reivindicación de sus derechos a la tierra, al trabajo y en general a la vida digna. Las diversas organizaciones tienen múltiples intereses y se diferencian además por sus formas de organizarse. Así mismo, les ha permitido unir fuerzas en varias ocasiones para apuntalar luchas conjuntas por reivindicaciones políticas, económicas y territoriales. Veamos la presencia de estos procesos organizativos, a partir de una elaboración cartográfica realizada por el CEI

Es precisamente esta enorme capacidad organizativa la base para iniciar una gestión conjunta del conflicto, ya que en la mayoría de los casos, las comunidades de base involucradas en las tensiones y los choques hacían parte de alguna organización, o consecuencia del conflicto buscaba cómo hacer parte de las mismas. Así pues, por llamado del INCODER, empezamos un proceso de diálogo con las organizaciones y las comunidades de los municipios más conflictivos, hicimos genealogías de los conflictos y de los diversos procesos de diálogo

intercultural que ha habido en el departamento, y definimos junto a las organizaciones sociales la siguiente metodología. Se establecieron tres tipos de mesas de diálogo, cada mesa tiene dos escenarios, uno autónomo en donde participan solamente las organizaciones sociales, y otra abierta con presencia de organismos estatales y del CEI como facilitador. Hay mesas locales a nivel municipal o corregimental, donde llegan los involucrados directamente en el conflicto; mesas sectoriales o poblacionales donde se reúnen los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, y donde se llegan a acuerdos a nivel departamental y se proponen acciones y debates frente al Estado; y finalmente existe una mesa interétnica e intercultural de nivel departamental, en la cual se refrendan los acuerdos logrados en las mesas locales y los disensos, así como las discusiones y propuestas que emerjan de las mesas sectoriales. Este espacio cuanta con presencia de autoridades estatales tanto de nivel nacional como departamental. En el 2012, mientras se avanzaba en la construcción de las mesas de diálogo intercultural, el INCODER aprobó 60 mil millones de pesos para compra de tierras para resolver conflictividades, por lo que este fue un tema a discutir darle operatividad en las mesas sectoriales y la mesa interétnica e intercultural. Luego de 2 años de implementación de esta metodología, el balance es muy positivo aunque hay muchos retos que asumir en el futuro. Las organizaciones sociales han aumentado su capacidad de diálogo y construcción de acuerdos, así como también se han puesto de relieve hacia las comunidades las causas de fondo de las tensiones y conflictos. Allí el papel que juega el CEI es múltiple y por lo mismo ha sido claramente reconocido tanto por el Estado como por las comunidades, convirtiéndose así en un actor permanente en los espacios de generación de acuerdos y trasformación de conflictos. Si bien las causas de fondo de los conflictos permanecen, y por lo tanto siguen emergiendo los mismos, varios se han transformado al punto de que las tensiones y los choques se han erradicado (caso la Arauca en Páez o San Rafael en Santander de Quilichao), lo que ha generado que las mesas de diálogo se hayan convertido en prioridad para las comunidades a la hora de encarar estas situaciones.