INFORME GESTION PARLAMENTARIA Región de Antofagasta 2006 - 2013 Senador José Antonio Gómez

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INDICE

Prólogo

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Presentación

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Capitulo 1: más recursos para chile, para el norte

y para las comunas de la región de antofagasta 24

FIRR (impuesto específico)

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FONDENOR

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Royalty

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FONDENOR: la primera piedra para el desarrollo y la diversificación económica de la Región de Antofagasta

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Elección presidencial y compromiso del candidato Piñera

31

Capitulo 2: Recursos naturales

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Consumo humano

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Litio

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Ley de pesca

40

Que las aguas vuelvan a ser de todos los chilenos

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Capitulo 3: medio ambiente 44 20/20: 20% De energías renovables no convencionales en la matriz al 2020

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El episodio del Tatio

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Institucionalidad ambiental

52

Tribunal ambiental en Antofagasta

56

Conservación y ordenamiento territorial

58

Ley de cierre de faenas mineras para una minería sustentable

59

Transgénicos y convenio UPOV 91

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Capitulo 4: reformas políticas 66 Participación juvenil: posibilidad de votar y de ser elegido

68

Más decisión de la gente: plebiscitos, facilidades votación, binominal.

73

Participación local (+ democracia)

79

Transparencia, dinero y política

83

Reformas al funcionamiento del congreso

86

Funciones de los parlamentarios

87

Regionalizar parlamento

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Capitulo 5: educación

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El rol del estado

92

Financiamiento para la educación pública

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El problema del lucro

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Las universidades del estado

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Educación intercultural

103

Otros temas en educación

108

Reconocimiento de obra de Hernán Rivera Letelier

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Capitulo 6: seguridad pública

111

Tolerancia cero al alcohol (“programa aun te espero”)

111

Campaña aun te espero cruza fronteras y expone experiencia en el senado

113

Cárcel de Calama

114

Capitulo 7: salud

117

Hospital regional de Antofagasta

117

Crisis sanitaria de Antofagasta: el problema de la basura

118

Crisis sanitaria en Antofagasta

122

Capitulo 8: protección social

124

Acciones frente al postnatal

124

AFP estatal: la reforma previsional que chile necesita

127

Inscripción nacimientos

129

Asegurando el pago de pensiones alimenticias

132

Seguro flotante en el código aeronáutico

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Dirección general del trabajo como órgano constitucional

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Porcentaje de gratificación para los trabajadores de chile

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Licencias médicas como derecho constitucional

136

Programa del hogar de cristo en puntos críticos de Antofagasta 137 Rebaja de impuestos a la clase media

137

Oficina de trabajo para Mejillones

138

Capitulo 9: derechos humanos

139

Inprescriptibilidad de crímenes que violen derechos humanos

139

Capitulo 10: otras importantes gestiones para nuestra región 142 Vías aluvionales para Taltal y Tocopilla

142

Estadio regional Antofagasta: presiones por recortes para su construcción

143

Peajes y rutas concesionadas

144

Acciones por venta de EDELNOR

146

Complejos fronterizos: pasos Sico y Jama

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PRÓLOGO

Queridas vecinas y vecinos: Llegué a Antofagasta por vez primera siendo un adolescente, en el año 1969 y decidido a conocer Chile a dedo y mochila al hombro junto a un primo. Para nosotros el desierto era una novedad y quedamos sorprendidos de la belleza de sus colores y los matices que se daban en su textura. Nuestra primera parada fue Tal Tal, donde fuimos recibidos con mucho cariño, para luego partir a Antofagasta arribando al sindicato de suplementeros quienes, nos acogieron fraternal y solidariamente. Para ganar unos pesos trabajé vendiendo diarios por las calles, frente al Mercurio de Antofagasta. Nuestro siguiente destino era Calama, pero hicimos una parada en Baquedano. Recuerdo que nos cayó la noche y tuvimos que dormir en la calle. Fue entonces cuando conocí lo que era el frío y la conocida camanchaca del desierto. Ya en Calama vi por primera vez la gran mina de Chuquicamata. Me sorprendió las diferencias abismantes que representaba el lugar, una experiencia viva de segregación entre trabajadores y ejecutivos. Luego partimos a Tocopilla, pero el destino nos llevó hasta una oficina salitrera que quedaba de camino. Su realidad social, sumado a la estructura de la ciudad nos marcó de por vida. En el sindicato

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fui recibido con el afecto propio de los trabajadores salitreros. Me instalaron en uno de sus dormitorios donde, en camarotes de tres camas, muchos dormíamos. Ellos mismos me dieron trabajo. Nuestro viaje era un sinfín de experiencias que impactaban nuestra vida y el afecto y solidaridad que encontrábamos hacía difícil cada despedida, pero teníamos que seguir nuestro camino. Recuerdo que en nuestro periplo le hice dedo al tren como un gesto de humor y cual seria mi sorpresa el tren detuvo en su viaje y nos recogió, al punto que me fui en la locomotora con el maquinista, esa era una demostración más de la calidad humana de los nortinos. Para llegar por fin a Tocopilla no quedaba más que hacer dedo en la carretera, la tarea no era fácil dado que en esa época los vehículos que circulaban lo hacían de tarde en tarde, luego de algunas horas un camión pequeño se detuvo y nos llevó. El chofer nos indicó tirar la mochila atrás y que nos subiéramos. Lo que no supe hasta llegar a la ciudad es que la carga del camión era harina de pescado. Hasta el día de hoy reconozco ese olor que impregnó nuestras ropas. Luego de unos días seguimos nuestro rumbo por el norte de Chile, tierra de hombres y mujeres esforzadas, fraternas y solidarias, de otra estirpe. Mis vínculos con Antofagasta siguieron firmes y afectivos durante todos estos años. Volví a la ciudad en muchas oportunidades de visita y por trabajo. Cuando fui nombrado Subsecretario de Justicia y luego Ministro, tuve una especial preocupación por la zona y también la oportunidad de devolver el afecto recibido. Como autoridad de Gobierno me la jugué por hacer realidad la materialización de obras necesarias para el desarrollo de la actividad cívica de la Región como el Edificio Justicia-MOP, la Construcción del Centro de Menores, el Registro Civil y otras inversiones en la Región. Mi vocación de servicio, sin haberlo pensado, menos premeditado, me llevó a tener la oportunidad de ser Senador por la Región. Fui elegido con una alta votación, la que agradezco enormemente.

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Sin embargo, soy consciente de que existe una percepción, quizás por desconocimiento o por falsas expectativas, que un Senador de la República debe cumplir funciones que no son propias de las que la Constitución le asigna. Los parlamentarios no podemos suplir a Alcaldes, Intendentes u otras autoridades que pertenecen a poderes del Estado distintos que el Legislativo. Como Senador de la República por 7 años he sido un riguroso parlamentario que se ha entregado con tenacidad y convicción a su labor. He promovido legislación para cambiar las cosas en el país y especialmente aportar al desarrollo de la Región. He luchado por años para obtener mayores recursos y mejores condiciones de vida para Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones, María Elena, Ollague, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda y Tal Tal. He sido un incansable promotor de crear el Fondo de Desarrollo del Norte, FONDENOR, como punto inicial de entregar poder y recursos para que las regiones puedan decidir con autonomía sobre su futuro y sacudirse del centralismo que hace daño al país. El proyecto fue presentado en el Gobierno anterior y no se materializó, luego el actual Gobierno lo transformó en un “fondito” insuficiente para las necesidades de la Región. En el año 2007 gestionamos, en concordancia con el Gobierno, la construcción de los hospitales de Tocopilla, Calama y Antofagasta que se anunciaron el 21 de mayo de ese año por la Presidenta Bachelet, llevamos casi 6 años y solo se ha entregado uno, el de Calama esta paralizado y el de Antofagasta no se ha iniciado aún. Soy un Senador que tiene 100% de asistencia en el Congreso. No he usado nunca los pasajes que permiten viajar al extranjero donde he sido invitado en múltiples oportunidades. Tengo la convicción de que la labor de un Senador es legislar para el país y su Región con austeridad y responsabilidad. He presentado casi 200 leyes que han encontrado dificultades en su trámite debido a que es el Ejecutivo quien decide las urgencias donde siempre se ha negado lesionar los intereses de los poderosos. Ahí se encuentran detenidas las compensaciones por cortes de

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agua, la obligación de la concesionarias para hacer caleteras y muchas otras que buscan detener los abusos y luchar por superar las desigualdades vergonzosas en nuestra sociedad. En más de alguna batalla librada hemos vencido. Obligamos por primera vez a establecer un recurso especial de la minería para las regiones mineras (FIRR). Logramos que los niños sean inscritos como oriundos de la ciudad en que viven permitiendo que los niños de Mejillones ya no sean antofagastinos y, con orgullo, celebramos también la ley de tolerancia cero alcohol que surge del trabajo Regional. He realizado mi labor con dedicación exclusiva, en forma consecuente y con la convicción que no he faltado a mis deberes. He cometido errores, los asumo, no he estado presente como muchos de mis electores lo hubieran preferido, pido disculpas por ello, sin embargo la Región y su gente que me acogió con cariño estará siempre en mi corazón y será parte del trabajo que desempeñe en el lugar en que este en el futuro. Muchas muestras hay de las dificultades por sacar adelante un trabajo donde el centralismo se impone por sobre los intereses regionales. No es fácil el trabajo parlamentario porque esta Constitución le entrega poderes excesivos al Ejecutivo en desmedro del Legislativo. El Presidente en este país concentra muchas decisiones que impiden resultados en el plano legislativo desprestigiándolo ante la ciudadanía que le exige más allá de sus atribuciones. Esta es una de las razones por la cual hoy he decido no postularme a un próximo período como Senador, no tengo ninguna duda que un antofagastino continuará el legado de un trabajo comprometido con la Región y su gente. José Antonio Gómez Senador de la República

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PRESENTACIÓN

El presente informe de gestión parlamentaria ha sido elaborado para dar cuenta a la ciudadanía de la región de Antofagasta de mi período de gestión que finaliza su ciclo; y además para mencionar los alcances, metas y contenidos de las iniciativas que he promovido en mi actividad parlamentaria orientado fundamentalmente a partir del mandato ciudadano conferido por la ciudadanía de la Segunda Región de Chile. El 11 de diciembre del año 2005, los ciudadanos de la Región de Antofagasta me eligieron Senador de la República, luego de ser candidato del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), como uno de sus dos senadores en la Cámara Alta con la función de legislar y representar a la segunda circunscripción; con el mandato de incidir en el debate político nacional sobre las leyes que nos rigen y norman,  y también para expresar con fuerza aquellos puntos de vista que proclaman el desarrollo de una sociedad igualitaria, democrática y más justa. Fui elegido para representar los intereses de la Región de Antofagasta en las instancias de decisión nacional; entregar una mayoría en el Senado que permitiera reunir las fuerzas para implementar el programa de gobierno del cuarto período presidencial de la Concertación, y llevar las banderas del Partido Radical y su particular visión histórica sobre los cambios profundos y estructurales que debían impulsarse a la brevedad en nuestra sociedad.

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Por lo tanto asumí férreamente la visión donde el trabajo de un parlamentario se expresa en la capacidad de traducir la confianza de los ciudadanos que me eligieron, en resultados legislativos pertinentes, expeditos y orientados a la problemática del contexto de la región de Antofagasta. Sin embargo, sacar iniciativas legislativas adelante es una tarea titánica, de largo aliento y llena de complicaciones en el terreno político, administrativo y coyuntural, en un país en que existe un sistema presidencial exacerbado, donde las facultades parlamentarias son mínimas.Si bien los Senadores contamos con algunas herramientas tales como tener iniciativa para ingresar proyectos de ley a trámite e indicaciones a otros Proyectos de Ley, tenemos a la vez tres importantes limitaciones que hacen que esta iniciativa disminuya: • Los parlamentarios no tenemos facultades para ingresar proyectos que requieran gasto fiscal que modifiquen la estructura tributaria, o que modifiquen la estructura administrativa del Estado. • Además es el poder ejecutivo, el Presidente y los ministros de estado, quienes manejan las urgencias legislativas que marcan el ritmo de lo que se discute o no se discute en el Congreso. • No siempre contamos con las mayorías y las voluntades necesarias para concretar nuestras iniciativas, particularidad propia de una cámara donde conviven visiones diversas sobre la realidad país, donde existe la mirada de que el Norte tiene los mayores recursos y los mejores ingresos. Desconociendo que eso sólo tiene relación con quienes trabajan en la minería. De esta forma el trabajo parlamentario consiste en adecuar, con la fuerza y la oportunidad necesaria, los temas regionales a la agenda legislativa y política nacional y convertirlos en hechos concretos, en nuestro caso en leyes, que ayuden a defender a los ciudadanos y obligar a la administración central a tomar decisiones en consideración de los intereses de la Región y las ideas que defendemos.

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Nuestro activo compromiso por los intereses de las personas del país y de la región, está íntegramente registrado en los informes legislativos respectivos de cada comisión, en los 180 proyectos de Ley presentados, y en las varias decenas de indicaciones presentadas a diversos proyectos de Ley tanto del ejecutivo como de otros parlamentarios asociados a este esfuerzo colectivo. De todas formas el compromiso y trabajo con, por y para la Región de Antofagasta queda de manifiesto con las acciones parlamentarias y legislativas en las siguientes materias presentadas a continuación, y que intentamos den cuenta de la complejidad de un trabajo que las mas de las veces se desarrolla en silencio, en base a mucho estudio y preparación, y que responde más a la voluntad de hacer política para la ciudadanía, que a los factores mediáticos o presenciales que determinan o conforman la contingencia política de nuestro país. Mi trabajo ha sido arduo en las tareas que tiene un legislador, por años mi asistencia al Senado ha sido del 100% en el trabajo parlamentario. De todos es conocido las diversas tareas que me ha tocado enfrentar como Presidente de Partido, vocero de la Concertación, presidente de la Comisión de Constitución, parte de la Comisión de Minería y Energía y durante el anterior gobierno, parte del Comité Político. Esto trajo como consecuencia el que mi presencia física en la Región se viera mermada. Es una de las falencias que tuve en mi mandato por lo cual pido las excusas del caso. Sin embargo, nunca estuve ajeno a los grandes problemas de la ciudadanía y sus esperanzas. Es por eso que el 21 de mayo del año 2009 -en el discurso a la Nación-, la ex Presidenta mencionó el compromiso de construir tres hospitales: el de Tocopilla, Antofagasta y Calama en un hecho inédito. Asimismo, en la discusión presupuestaria del año 2010 paré el proyecto de ley a las cinco de la mañana porque no querían poner explícitamente los recursos para el Estadio de Antofagasta (inaugurado a esta fecha). Especial preocupación tuve por la construcción de las vías aluvionales de Tocopilla y Taltal atendida la

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catástrofe que había sufrido Antofagasta. Luego, se afectó a la población por cortes de agua y presentamos un proyecto de ley que aún está en el Parlamento para obligar a las empresas a compensar a los usuarios. En relación a las vías concesionadas hemos señalado que es impropio que en Antofagasta no existan vías alternativas, presentamos proyecto de ley comprometido por el Ministro de Obras Públicas de aquel entonces, Laurence Golborne, en la Región y ha sido incumplido. Aún tenemos el proyecto en la Comisión de Obras Públicas. Con el Senador Cantero presentamos un recurso de protección que fue rechazado en la Corte de Antofagasta y actualmente está en la Corte Suprema. Nos preocupamos de sacar adelante una ley que permita mantener el origen de los niños para que quienes nacen fueran de su comuna, mantengan como lugar de nacimiento el lugar de residencia de su madre. Otra tarea importante que hemos cumplido desde la región al país, fue la Ley de Tolerancia Cero al conducir con alcohol, surgida del programa Aún te espero. Una tarea a la que me aboqué desde un comienzo fue a cumplir ese anhelo que tiene la Región de ser considerada por los grandes aportes que instruyan al País. Para eso el primer logro fue el FIRR (Fondo de Inversión y Reconversión Regional) que aporta US$ 50 Millones a la Región gracias a mi decisión de no aceptar acuerdos nacionales sino se consideraba a la Región que represento. Otro proyecto fue el FONDENOR trabajado y elaborado en la Región, que perseguía la idea que un 10% de la tributación de la región, quede en ésta para que sea utilizada por la región en su propio desarrollo.

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Hemos planteado una regionalización de verdad con autoridades elegidas y con recursos propios que permitan desarrollar autónomamente sus necesidades.

Las principales acciones que he realizado las resumo a continuación:

MÁS RECURSOS PARA CHILE, EL NORTE Y LAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA Nuestro principal  compromiso con la Región de Antofagasta fue luchar incasablemente por un trato justo y digno en materia presupuestaria. Conseguimos el Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR) y presionamos incansablemente para que el Gobierno actual enviara el proyecto que crea el FONDENOR, que la presidenta Bachelet prometió sin cumplir, que es visto como la primera piedra para el desarrollo y la diversificación económica de nuestra región. Esta iniciativa busca redistribuir recursos debidos a la región, especialmente a las comunas que por sus bajas cifras, quedan fuera de la repartición de recursos estatales de manera apropiada. En cuanto al Royalty se logró aumentar la recaudación a las empresas mineras y logramos que el Ejecutivo distribuyese US$400M para las Regiones Mineras con un ingreso para Antofagasta de $US 12,5 millones, a pesar de la letra chica que el presente Gobierno incluyó en la propuesta. Lo relevante es que es el inicio para romper la norma constitucional que obliga a que todos los impuestos deben ir a cuentas generales centralizadas. Sabido es que es esta región la que mayores recursos aporta al presupuesto nacional y no es compensada como se merece, ni por lejos.

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RECURSOS NATURALES: QUE LAS AGUAS  Y MINERALES VUELVAN A SER DE TODOS LOS CHILENOS En cuanto al recurso natural más importante para la vida humana,  el agua, promovimos fuertemente el cambio de consideración hacia el vital elemento, mediante un Proyecto de Reforma Constitucional, desde una mirada actual economicista, que lo ve como una mercancía bajo las leyes del mercado y sus criterios de rentabilidad y propiedad privada, hacia la perspectiva donde este recurso es de importancia estratégica global, de todos los chilenos y bajo la relevancia cultural, ecológica, social y política que merece; prioritario es recuperarlas y exigir que la industria invierta en desalar para que las aguas arriba puedan ser parte de un plan de desarrollo agrícola que nos permita pensar que el desierto puede transformarse en una potencia. Respecto al consumo humano propusimos un proyecto de ley que asegure a todos los chilenos una compensación obligada por cortes de agua no programados, debido a lo ocurrido el 2010 en Antofagasta mas adelante explicado. En relación al litio defendimos los derechos no sólo del país de explotar un recurso natural, sino también los derechos de la Región donde se encuentran las mayores reservas mundiales de este mineral y que el Gobierno intentó ceder, sin éxito, tras la bullada y fallida licitación que se logró detener el 2012. Nuevamente la Región recibiría los efectos de la explotación y venta, y migajas por los impuestos. Para nosotros es necesario que se establezca un Royalty por la explotación de recursos naturales en el caso del Litio, el oro blanco del futuro, otorgándole el valor agregado y no sólo exportar material. Otro frente de batalla política y legislativa fue la Ley de Pesca también conocida como la Ley Longueira, considerando nuestra  costa privilegiada, pero sobreexplotada y contaminada. Es necesario proteger la actividad pesquera artesanal y hacerla convivir con la industrial, atentos en la defensa de un mar que debe permitir el desarrollo de la diversidad marina. Todos nuestros dados están puestos en la minería y debemos potenciar otras áreas y sin duda la pesca lo es. Ésta que fue y será una lucha nacional afecta indudablemente a la Región. El Estado ha demostrado su capacidad para producir y exportar exitosamente en

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base a los recursos naturales,  cuyo ejemplo mayor se encuentra en nuestra región, Codelco.

MEDIO AMBIENTE He actuado consistentemente a favor de la legislación y gestión en defensa y protección del medio ambiente, trabajando en la presentación de 4 Proyectos de Ley para la implementación, fomento, investigación y desarrollo de energías renovables no convencionales (ERNC). Señalé que el Gobierno debe implementar un gran desarrollo de la energía solar en la Región, invirtiendo recursos necesarios para un gran parque solar, además de energías geotérmica, eólica y mareomotriz; gastamos enormes recursos en energías fósiles siendo millonarios en energías limpias que nos podrían poner a la vanguardia del mundo, siendo un tremendo impulso al empleo y a la instalación de emprendimientos e industrias vinculadas, junto medidas para descontaminar y reducir la huella de carbono. Una de las iniciativas denominada  20/20 (20% de la matriz energética en ERNC al 2020) fuerza a las compañías eléctricas a inyectar esta cantidad de ERNC a los sistemas de transmisión eléctrica. Lo ocurrido en el Tatio, donde una empresa de sondaje amenazó recursos naturales y culturales en sus géiseres, refleja la falta de protección de nuestro patrimonio cultural y ecológico; mi acción en conjunto con el Senador Cantero fue expedita y fuerte para promover la protección del medio ambiente, así como la promoción y cuidado de la industria turística y la identidad étnica de la zona. Esto en parte debido a la poca injerencia de la observación y participación ciudadana en estos grandes proyectos de inversión.  En cuanto a la institucionalidad ambiental presentamos un acucioso diagnóstico para asegurar que nuestras indicaciones, entrasen a la llamada “Reforma Ambiental”, tanto para la fiscalización técnica y científica, como ciudadana, en los criterios de evaluación ambiental y la prevención de malas prácticas con la comunidad por parte de las empresas en instalación. Aquí es donde la ubicación de un Tribunal Ambiental en Antofagasta, gestión compleja y ardua,

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debido a que todo Senador lo quería en su región respectiva, resultó satisfactoria. También presentamos Proyectos de Ley e indicaciones para la conservación, resguardo de la biodiversidad y ordenamiento territorial, y de este modo impedir la explotación minera o industrial en zonas  protegidas, además de participación en mejorar la Ley de Cierre de Faenas Mineras para una minería sustentable, con el objetivo de impedir la acumulación de relaves, contaminación y deterioro de nuestro medioambiente.

REFORMAS POLÍTICAS Ingresamos, junto con organizaciones sociales, un proyecto de reforma constitucional para introducir una cuarta urna en las elecciones de este año, con el objetivo de preguntarle a la ciudadanía si estarían dispuestos a cambiar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente. Considero que este es el primer paso útil hacia una reforma real que resulte en una democracia participativa, inclusiva y vinculante. Poner fin al sistema binominal, el sistema quórums y todas las ataduras constitucionales para contar con una democracia real, justa y proporcional. También presentamos dos Proyectos de Ley tendientes a aumentar la participación juvenil, así como de modificar las normas para fomentar el voto, por un lado, y la inclusión y renovación del espectro político a través de modificaciones a las exigencias para ser elegido, rotación más rápida de mandatos en las cámaras, así como impedir periodos demasiado extensos en el congreso. Más decisión de la gente: a través de plebiscitos comunales en participación local, y facilidades  de votación para aumentar la participación de la juventud y los descolgados. Todas las medidas propuestas tienen como fin evitar que las decisiones políticas se tomen en el centralismo, con respeto a la diversidad del País. La instalación de una termoeléctrica o la contaminación que producen los barriles de petróleo en la costa son temas que podrían ser abordados por los ciudadanos locales actuando y obteniendo resultados al verse afectada por proyectos, pudiendo organizarse y manifestarse ante su autoridad para que los represente en las instancias pertinentes. 

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EDUCACIÓN Y EL ROL DEL ESTADO La educación

pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. Fue una dura discusión presupuestaria el acuerdo en el congreso respecto al Financiamiento para la educación pública, donde nuevamente solo se lograron cambios cosméticos, no de fondo. Aumentar la beca de alimentos de 1300 a 1600 pesos fue un avance demasiado superficial, y que realmente poco puede aportar al problema de fondo que es la desigualdad. Con esto llegamos a un asunto medular en la educación, esto es el Problema del Lucro. Presentamos el Proyecto de Ley del 2011, “Relativo a Transparencia de establecimientos educacionales que reciben aportes estatales”. Este mecanismo establecía que la rendición de cuentas abarca de forma genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: “obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones”. En este sentido presentamos una Moción para poner en el centro del debate la construcción de un Nuevo Trato del País con el Sistema Estatal de Educación Superior, que surgió a partir del convencimiento respecto a la relevancia social de la Educación Pública. Presentamos un proyecto de ley tendiente a solucionar la problemática donde financiar el espectro privado desde el estado o los recursos públicos es parte de una de las practicas con las que queremos acabar en la educación, y esencialmente en la dimensión de Las Universidades del Estado. Otro proyecto de acuerdo presentado fue el que exigía un nuevo y respetuoso trato con los pueblos originarios, especialmente en el tema de Educación Intercultural. Propusimos el respeto absoluto por el convenio 169 OIT, próximo a entrar en vigencia, y medidas que involucren la participación, financiamiento, desarrollo y preservación cultural total de los pueblos originarios, enfocado a la educación superior, tanto en la creación de universidades interculturales, como en la enseñanza transversal de su cultura y significados. En otras áreas educación en junio del 2007 introduje un seguro de garantía obligatorio, al decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, que creaba un programa especial de becas, así como también participamos de un proyecto de ley que buscaba saldar la histórica

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deuda de la educación pública chilena, al devolver su control y financiamiento al Ministerio de Educación, des municipalizándola. En las postrimerías del 2009, enviamos un Proyecto de Ley que buscó incorporar en los programas de Educación Parvularia las normas de seguridad del tránsito. En aras del reconocimiento de Obra de Hernán Rivera Letelier, solicité que las obras del afamado escritor nortino fueran insertadas dentro de los planes educacionales de enseñanza media, esto tras el galardón XIII Premio Alfaguara de Novela, con su obra “El arte de la resurrección”, y la importancia y trayectoria de este grande de la literatura nacional.

SEGURIDAD PÚBLICA Preocupados por los accidentes,

muertes y lesiones graves producto de malas prácticas de conductores en las vías públicas, implementamos la propuesta de Conducción sin alcohol: Ley de Tolerancia Cero y Programa Aún te Espero. Los gravísimos accidentes de tránsito y sus trágicas consecuencias por irresponsables que manejan en Estado de Ebriedad no pueden dejar a nadie indiferente. En cuanto a la rehabilitación efectiva a través del trabajo en las cárceles, la iniciativa legal que presentamos respecto de la rehabilitación en las cárceles se fundamentó en la necesidad de entregar a la población penal herramientas que facilitarían su verdadera resocialización y consecuente reinserción en la comunidad al momento de recuperar la libertad, incorporándose en nuestra carta fundamental el principio que el trabajo penitenciario es un derechodeber y no un castigo. Especial preocupación y dedicación tuvimos en la gestión para la construcción de las vías aluvionales de Tocopilla y Taltal que el año 2010 solicite a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y que ya fueron inauguradas. En otras áreas regionales, además de la presión para asegurar los recursos para el Estadio Regional de Antofagasta “Estadio Calvo y Bascuñán” como fue finalmente bautizado e inaugurado recientemente, presenté un Proyecto de Ley respecto a los peajes para establecer la obligación de que al no tener las concesionarias viales rutas alternativas existan alternativas para los residentes o trabajadores de y en las comunas para el no-pago. Referidos al ítem infraestructura y pasos

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fronterizos en nuestra región, gestionamos una serie de medidas tendientes a fortalecer, asegurar, operacionalizar e implementar la profesionalización y facilitación de estos pasos fronterizos. Se podrá contar con el Paso de Jama a primer nivel y con el de Socaire incluyendo al SAG. Iniciamos también una serie de acciones por venta de EDELNOR, dirigidas a debatir e imposibilitar la venta de esta importante empresa estatal de generación de energía en el norte del país, para la reconstrucción. Propusimos estudiar la medida y critiqué al gobierno de Piñera por anunciar esta venta a ciegas sin un plan de trabajo técnico y comercial suficiente.

SALUD En cuanto a las acciones que emprendimos respecto a

este importante y necesario proyecto para la región, he intentado a través de oficios y gestiones a nivel central acelerar el proceso de construcción del nuevo Hospital Regional de Antofagasta, detenido luego del 27/F producto del desvío de los recursos ya aprobados para el hospital hacia la reconstrucción. El proyecto se encuentra en etapa de adjudicación, y espero que el gobierno vigente cumpla su palabra de concretar este anhelo. Respecto a la Crisis Sanitaria de Antofagasta acontecida el año 2010, producto de un brote epidémico de Norovirus que afectó a más de 20 mil personas, además de un brote de Cólera, en el contexto de una paralización de la recolección de basura, así como de graves faltas de una empresa sanitaria en el tratamiento de agua potable, inicie una serie de acciones urgentes para contener el brote, castigar a los culpables, atosigar la pasividad ministerial y finalmente implementar medidas para que no se vuelva a repetir. En Salud y Transgénicos el 2011 se aprobó, con solo 5 senadores en contra, un lamentable convenio internacional llamado convenio UPOV 91, estableciendo la propiedad intelectual de material genético o semillas bajo patentes y permisos tendientes a la Transgénica. Establecimos, junto con otros senadores, una moción de Bioseguridad, y tras gestiones con el mundo campesino e indígena pudimos obtener una sentencia del tribunal constitucional en defensa de los derechos de todos los chilenos en cuanto a los transgénicos y los químicos tóxicos para la salud humana.

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PROTECCIÓN SOCIAL Realizamos una serie de acciones frentes al Post-natal que nos pareció sumamente deficiente, al discutir e implementar este proyecto. Logramos una serie de mejoras en cuanto a los derechos, plazo, cobertura, fuero y subsidio de la madre, que era concebida como una figura cinematográfica que no corresponde con la realidad chilena. También en cuanto a la Reforma Previsional presentamos un Proyecto de Ley para la creación de una AFP Asociación de Fondos de Pensiones) Estatal chilena que nos otorgue seguridad y beneficios reales. Estar presos en esta concentración de mercado, en un plan determinado, así como sujetos a la obligatoriedad de este sistema, nos parece debe cambiar de raíz. Se debe favorecer el bienestar de la ciudadanía antes que al lucro desmedido de un ramo de empresas del sector. Se presentaron mociones para adecuar la legislación penal chilena a los tratados internacionales suscritos por el estado en torno a Derechos Humanos, específicamente el Artículo 93 del código Penal, referido a la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. Propusimos la modificación del código aeronáutico, para implementar el seguro flotante colectivo para asegurar el servicio a los pasajeros. Así también propusimos la inclusión de la Dirección General del Trabajo como Órgano Constitucional aumentando sus atributos fiscalizadores y su caudal de recursos. Envié un Proyecto de Ley para incrementar el Porcentaje de gratificación para los trabajadores de Chile, y enviamos el 2007 un Proyecto de Ley para asegurar los subsidios y las Licencias médicas como derecho inalienable. Mención aparte merece el Programa del Hogar de Cristo en puntos críticos de Antofagasta, que acompañamos con diversas autoridades y que me afecto profundamente por la situación de nuestros compatriotas, lo que me llevo a redoblar los esfuerzos en cuanto a la protección social, y en las gestiones locales en Antofagasta para ayudar a los mas desprotegidos. El año 2008 ingresamos un Proyecto de Ley destinado a reforzar las medidas tributarias y los beneficios estatales mediante una rebaja de impuestos a la clase media, siempre dejada de lado por parte de las autoridades a pesar de representar la mayoría absoluta de nuestros compatriotas. Aquel mismo año y en conjunto

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con organizaciones sindicales y ciudadanas gestionamos la apertura de la Oficina del Trabajo para Mejillones, producto de las dificultades de los trabajadores de esa área para realizar trámites sobre normas laborales. Siguiendo el reforzamiento de protección social para las comunas aisladas de nuestra región, el año 2007 presentamos un Proyecto de Ley sobre la inscripción de nacimientos, relativo a inscribir a los recién nacidos en la ciudad de origen y residencia de la madre, buscando preservar su identidad local, así como detener la fuga de recursos estatales de las localidades en cuestión, producto de su adjudicación burocrática a la ciudad donde fue el alumbramiento. Para finalizar este ítem de trabajo el año 2011 presentamos una modificación a la Ley sobre Abandono Familiar y el Pago de Pensiones alimenticias. Esto consistió en una serie de medidas y penalizaciones a la irresponsabilidad parental, dotando a los jueces de herramientas eficaces para cumplir esta labor. Amigas y amigos de la Región de Antofagasta, este informe es una parte de las acciones más relevantes en el trabajo parlamentario desarrollado. A continuación podrán encontrar el detalle de mis principales acciones legislativas, los más importantes proyectos de ley presentados, las discusiones de los grandes temas que se han dado en el Congreso, las negociaciones y gestiones realizadas, que a veces han sido exitosas y otras no tanto, producto de las complejidades propias de la actividad parlamentaria y política. Hoy he decidido no re-postularme al Senado para participar en las Primarias Presidenciales de la oposición con la voluntad de poder llegar al lugar donde efectivamente se pueden hacer los cambios que Chile requiere. Es, desde ahí donde se pueden cumplir los sueños de las regiones, de tener poder y autonomía y lograr que Chile tenga mayor justicia.

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Agradezco a todos los vecinos de Antofagasta, Calama, Taltal, Tocopilla, Mejillones, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, María Elena y Ollagüe que confiaron en mi persona para representarlos en el Parlamento. Hice mis mayores esfuerzos por lograr que la región y sus comunas crecieran. Todo lo hecho fue de buena fe y con la mayor voluntad. Por los errores cometidos, pido excusas pero agradezco el apoyo. Termino este año mi función como Senador por la Región de Antofagasta. Continuará esta tarea, si así lo determinan los ciudadanos, Alejandro Guillier, un antofagastino de corazón. Yo, seguiré trabajando por la región en el lugar en que esté instando para que cada día sea mayor y más grande. Un abrazo.

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CAPÍTULO 1: MÁS RECURSOS PARA CHILE, PARA EL NORTE Y PARA LAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Mi principal compromiso con la Región de Antofagasta fue luchar por un trato justo y digno en materia presupuestaria y a eso nos dedicamos incansablemente. Conseguimos el Fondo de Inversión y Reconversión Regional o FIRR (Artículo 3° de la Ley 20.469 del 2010) y presioné incansablemente para que el Gobierno enviara el proyecto que crea el FONDENOR (Boletín N°8272-08). Sabido es que es esta región la que mayores recursos aporta al presupuesto nacional y no es compensada como se merece, ni por lejos. Nuestras autoridades regionales tienen que mendigar año a año en el Ministerio de Hacienda, en Santiago, los recursos para hospitales, escuelas, carreteras y distintas obras y programas tan necesarios para nuestro desarrollo y calidad de vida. Es por esto que mi principal esfuerzo consistió en diseñar y establecer distintos mecanismos y ocupar todas las herramientas legislativas de las que disponía para que nuestra Región pueda contar con los recursos financieros que le corresponden para emprender acciones estratégicas y a largo plazo para el desarrollo sustentable, eficiente y pertinente. No ha sido fácil, ha costado mucho romper con la mentalidad fuertemente centralista de los gobiernos y el parlamento, incrustada desde siempre para nuestro desmedro y progreso. El regionalismo y la descentralización es sin duda la piedra angular de un trabajo

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serio y con visión de futuro para solucionar efectivamente la mayoría de las demandas y deficiencias, que dado el aporte de la Región, deberían estar visualizadas por la autoridad central como un avance que beneficiaría a toda la nación. Es lógico pensar que si el sustento fiscal proviene de un territorio dado, las medidas para su mejoramiento deberían incrementar este aporte, dinamizando y entregando beneficios a la sociedad en general. Es en este contexto, que desarrollé una estrategia general para conseguir este objeto, la que es expuesta a lo largo de este documento. A continuación detallo importantes logros que incrementan de forma concreta el presupuesto de nuestra región, lo que va en directo beneficio de su ciudadanía mediante la inyección de recursos y la implementación de medidas por parte de las autoridades locales y regionales. Pero lo más importante es que estas acciones han contribuido a cambiar la mirada que la Capital tiene sobre las regiones y las comunas, mediante la imposición de las distintas temáticas planteadas para legislar, así como por la fuerza de estas ideas sobre todas las regiones de nuestro territorio nacional.

FIRR (IMPUESTO ESPECÍFICO) El año 2010 se discutió y aprobó el cambio en el sistema de aplicación del Royalty o Impuesto Específico a la Actividad Minera. En esa oportunidad exigimos en el Senado que un porcentaje significativo de la tributación de la minería quedara directamente a disposición de nuestra Región. El ejecutivo, presionado por la fuerza misma de la iniciativa y el impacto mediático suscitado, no pudo desatender esta medida, lo que derivo en la creación del FIRR o Fondo de Inversión y Reconversión Regional (Artículo 3° de la Ley 20.469 del 2010), que entrega 400 millones de dólares a los Gobiernos Regionales para obras de inversión o desarrollo, tales como hospitales, carreteras, escuelas, estadios, viviendas, por 4 años a razón de US$100 millones al año para todas las regiones (Artículos Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley 20.469 de 2010).

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Esto aún dista mucho de nuestro planteamiento, el cual apunta a establecer de forma directa la asignación para la Región de Antofagasta de un porcentaje de la recaudación que el Estado recibe de la Minería, y que esta asignación se pueda destinar a financiar obras y programas para el desarrollo de las comunas, provincias y la región, con una mirada a largo plazo donde esta asignación de recursos aumente en forma gradual y correspondiente con el aporte que la Región de Antofagasta realiza al país.

FONDENOR El Fondenor (Fondo para el Desarrollo del Norte) que hemos impulsado junto con los Alcaldes de la Región, durante toda mi gestión senatorial, y que ha sido una de las iniciativas más difíciles de generar, establece que de forma permanente el 10% de los impuestos que aporta la minería en nuestra Región efectivamente queden aquí para sustentar y ejecutar obras de desarrollo en las nueve comunas, y en la Región completa. El sentido final es la distribución de estos recursos de manera equitativa, entre el Gobierno Regional y las comunas integrantes, con el objetivo de priorizar el destino de estos fondos de una forma participativa, democrática, con una mirada colectiva y estratégica del desarrollo real de la Región. Ese es y siempre ha sido nuestro planteamiento en cuanto a cómo debe ser el trato en materia presupuestaria, y es el eje central de todas las propuestas que hemos desarrollado, la equidad y participación de la ciudadanía en todo mejoramiento, obra o desarrollo en las regiones, especialmente en la nuestra.

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ROYALTY El año 2010, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso una importante modificación a la ley que establece el Impuesto Específico a la Minería establecido el año 2006, también llamado Royalty (del inglés “regalías”). La intención de aumentar la recaudación fiscal los años 2011-2013 tenía por objetivo central y político disponer de mayores recursos para la reconstrucción del país luego del terremoto de febrero del 2010. Anteriormente, cuando el entonces Presidente Lagos intentó establecer un Royalty, en el año 2004, la derecha votó en contra sistemáticamente, bloqueando incluso mediante instrumentos administrativos esta gestión. Luego, y a través de beligerantes negociaciones, se estableció un Impuesto Específico a la Minería -Royalty- del 4 % de las utilidades de las grandes empresas mineras que operan en el país. Estas mineras obtuvieron el compromiso del Estado de respetar este impuesto hasta el año 2017. Es decir, al momento de iniciada la discusión del proyecto del Presidente Piñera, las mineras no iban a pagar ni un solo peso más que esta cantidad hasta esa fecha. Un antecedente importante es que las grandes mineras operan declarándose a perdida, con un par de excepciones. Por otra parte, en nuestro sistema político el que tiene la iniciativa de ley sobre estas materias, es decir el que puede presentar proyectos de ley que afecte a los tributos, es exclusivamente el Presidente de la República. El Presidente Piñera, en un acto apresurado dijo que él les subiría los impuestos a las mineras para recaudar parte de los fondos para la reconstrucción y envió un proyecto de ley que modificaba la tributación estableciendo una tasa que iba desde el 3,5% al 8% y les entregaba invariabilidad hasta el año 2025. En esa oportunidad lideré el rechazo de esta propuesta por considerarla perjudicial para el país, debido a que la recaudación fiscal real no se incrementaba en nada y además no se consideraban recursos especiales para las regiones mineras como la nuestra.

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El Gobierno volvió a la carga y mejoró un poco la propuesta estableciendo una tabla de recaudación del 4% al 9% según fuera el margen de utilidades de las mineras, propuesta que aprobó en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tiene mayoría. Al llegar al Senado esta iniciativa, se dio cuenta que la oposición le rechazaría la propuesta. A raíz de esto inició un diálogo con nosotros, el que fue muy duro y complejo, pues sobre la mesa de negociación se conjugaban los intereses de miles de ciudadanos afectados por la catástrofe natural del 2010, las arcas estatales y los intereses de grandes corporaciones de la minería. La oposición le hizo una propuesta al Gobierno que se resume en los siguientes puntos: 1.- Establecer una tabla de impuestos del 5% al 18%. 2.- Instalar una comisión que estudie una nueva ley de inversión extranjera (DL 600) que incluye la revisión de esta invariabilidad en el tiempo y una serie de beneficios que permiten a las transnacionales evadir impuestos. 3.- Subir el pago de impuestos por tres años 2010-2011-2012. 4.- Establecer un fondo para las regiones y que se establezcan recursos directos para las regiones y comunas mineras.

El resultado final de esta negociación fue: 1.- El régimen de tributación que se aplicará a partir de la promulgación de la ley se establece en una tabla del 5% al 14%, dependiendo del margen operacional. Si hoy se aplica esta la tabla, las mineras estarían pagando entre un 9 y 10 % versus el 4% que pagaban antes, que traducido en recursos representa millones de dólares de aumento.

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2.- Las mineras que tienen invariabilidad hasta el 2017 pagarían un mayor impuesto por tres años que va del 5 al 9%. Luego al término del 2017 se integran al sistema normal del pago de la tabla del 5 al 14 %. La invariabilidad propuesta asegura que esta tabla no se les cambiará por 6 años. Hay que resaltar que no hay diferencias con el sistema normal del 4%. 3.- Se crea un fondo FIRR de 400 millones de dólares, vía ley de presupuesto, que será distribuido en 4 años derivado hacia las regiones; un tercio se distribuye en su aplicación a las mineras de baja intensidad, con un aumento en la carga al interior de las mineras intensivas, que reciben más. Respecto de los otros dos tercios la Región recibe recursos también. Creemos que lo acordado fue lo mejor posible en un escenario tremendamente adverso donde confluyeron grandes poderes y presiones, considerando que tenemos un gobierno de derecha que puso en debate el tema de los impuestos a la minería en el contexto de la necesidad de paliar una crisis como la producida por el terremoto. El otro camino, que prolongaría en años la efectividad de la medida, hubiese sido rechazar esta propuesta de parte del Gobierno y seguir pidiendo más impuestos o renacionalizar el cobre cuyo resultado al final hubiese sido que las mineras hubieran seguido pagando un Royalty de un 4% hasta el 2017, y un aumento mínimo para el 2018 de un 5 %. Las nuevas mineras ingresarían pagando solo el 5% con un período de invariabilidad de 15 años. Creo que esa era la peor solución, puesto que inmovilizaba firmemente, debido en parte al manejo de la situación por parte de las transnacionales así como a la estructura política propia del quehacer parlamentario. No es de ninguna manera todo lo que quisiéramos, pero es sustancialmente mejor que lo que teníamos. Cabe resaltar que estos nuevos aportes de recursos y fondos para la región, no representan tributariamente para el Estado la solución optima construida en base a un Royalty, que en el primer mundo es visto como una regalía básica considerando que la extracción de recursos naturales no renovables por parte de privados tiene en el medio

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ambiente y en el medio humano efectos irreversibles, que se podrían amortiguar mínimamente al ser el Estado un garante de estos bienes pertenecientes a todos los chilenos y chilenas, ubicados en su gran mayoría en nuestra Región de Antofagasta. Finalmente, se logró aumentar la recaudación a las empresas mineras y, a la vez, logramos que el Ejecutivo estableciera la distribución de US$ 400 millones para las regiones mineras con un ingreso para Antofagasta de US$ 50 millones. Lo relevante es que logramos romper la norma constitucional que obliga a que todos los impuestos deban ir a rentas generales y por primera vez se logra que se reconozca que las regiones mineras aportan muchos recursos al país y deben recibir una suma adicional para su desarrollo.

FONDENOR: LA PRIMERA PIEDRA PARA EL DESARROLLO Y LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. A mediados del siglo pasado la zona norte, y especialmente nuestra región, contaba con ingresos extraordinarios entregados por el Estado, producto de la extracción de los recursos minerales, lo que le llevó a solucionar numerosas problemáticas que afectaban a las distintas ciudades y comunas del Norte. Sin embargo, este beneficio asociado a la ley 11.828 promulgada el año 1955, fue suspendido, los años 1974 y 1976 mediante decretos durante el régimen militar, y posteriormente refrendado bajo la Constitución del 80; A la fecha jamás ha sido devuelto, lo que en forma justificada genera la molestia y desazón de los habitantes del Norte, mirando el pasado como una época dorada, de la cual solo quedan historias en la memoria y vestigios arquitectónicos en sus ciudades y pueblos. Por ello, a mediados del 2009 y con el respaldo de las más importantes universidades locales y de la gran mayoría de los Alcaldes, además

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de representantes de diferentes organizaciones sindicales, sociales y culturales, presentamos en La Moneda ante la Presidenta de la República Michelle Bachelet el denominado proyecto de Fondo de Desarrollo para el Norte (FONDENOR), propuesta que de ser aprobada, devolvería con justicia los recursos que son necesarios para mejorar innumerables situaciones que impiden una mejor calidad de vida para la gente de esta zona en áreas críticas para el desarrollo de la región como lo son educación, salud, infraestructura urbana, cultura, entre otros. De esta forma, los recursos que recaude Fondenor deben estar dirigidos a financiar obras, programas y proyectos de fomento y desarrollo, tales como una infraestructura que permita la consolidación de otros sectores económicos como el turismo, la pequeña minería y la pesca artesanal; la diversificación de la matriz energética en base a generación de energías renovables no convencionales y limpias; iniciativas vinculadas al uso eficiente de los recursos hídricos y formación de capital humano que facilite la innovación de la industria minera, entre otras.

ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y COMPROMISO DEL CANDIDATO PIÑERA El Gobierno pasado nunca nos respondió, a pesar del compromiso público, las fotografías para la prensa y la presencia e influencia de autoridades locales y una serie de agrupaciones y actores presentes en la firma del mismo. Debido a, como he mencionado anteriormente, que solamente desde la Presidencia de la República se pueden levantar proyectos de ley que modifiquen el sistema tributario. No pudimos más que esperar la ocasión para seguir insistiendo mientras fortalecíamos otras iniciativas en paralelo en la Cámara Alta. Sin embargo por esos meses finales de la campaña presidencial del 2009, el candidato Sebastián Piñera, de visita en la Región de Antofagasta, hizo el siguiente compromiso:

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“…Esta es una región que le ha aportado a Chile desde hace mucho tiempo y sin embargo no ha recibido en justicia lo que le corresponde. Ese fue el sentido del Royalty, que parte de la riqueza minera quede en la Región de Antofagasta, que nunca más nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó con el salitre… el proyecto del FONDENOR lo he conversado hace meses con el senador Carlos Cantero y es parte de nuestro programa de Gobierno, porque quiero terminar con el absurdo de que las regiones sean el patio trasero… conversé esta mañana con el senador Cantero, porque ha sido uno de los impulsores de la iniciativa y uno se entusiasma cuando hay fuerzas y ganas, pretendo ser el Presidente de las regiones. El FONDENOR es una vieja aspiración, es algo que está en nuestro programa de Gobierno, es un compromiso que tenemos con la gente del Norte…y si no cumpliera con esto el senador Cantero no me perdonaría…” Sebastián Piñera Echeñique, XX diciembre del 2009

Finalmente Sebastián Piñera fue electo Presidente de la República. Le cobraríamos la palabra aunque ese improvisado compromiso no haya estado reflejado en su programa de gobierno como lo mencionó en esta promesa de campaña hacia nuestra región. Quisimos corroborar la verdadera voluntad y accionar del Presidente e insistimos presentando la propuesta que habíamos ido a dejar a La Moneda en un proyecto de Reforma Constitucional que “Entrega a cada Región la administración de hasta el 10% de la recaudación tributaria regional”. (Boletín 7043-05) y luego un Proyecto de Ley en el año 2010 que “Crea el Fondo Regional de Desarrollo Regional para la Región de Antofagasta”. La primera nunca fue considerada en el Congreso, el segundo no contó con el patrocinio del ejecutivo. Fue así como avanzado el año 2011, al no recibir ninguna señal del Presidente establecimos en la ley de presupuestos, a través de una indicación, que a más tardar el 31 de marzo del 2012 el gobierno debía informar cómo pensaba concretar aquel compromiso de

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campaña. O sea, establecimos por ley una fecha definitiva en que el Gobierno debería decir si cumpliría o no lo comprometido en el 2009 (Glosa 06, Programa 01, Capítulo 01, Partida 08 de la Ley N° 20.557 de Presupuestos del Sector Público Año 2012). De esta forma, muy encima del 31 de marzo del 2012 y apremiado por la inminente movilización social anunciada por Calama que reclamaban aquel trato justo, y presionado por la paralela movilización de Aysén, el Gobierno anunció a través de tres de los más importantes ministros de los gabinetes políticos, encabezados por el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, que reconocen que efectivamente hay un compromiso del Presidente Piñera con la Región de Antofagasta, particularmente con Calama, y que enviarán un proyecto de ley al Congreso para crear nada más y nada menos que el “Fondenor”. Era sin duda, un triunfo de nuestra lucha persistente iniciada el año 2007, de los movimientos sociales y de la gestión conjunta de autoridades de diversa índole. Esta expresión pública del Gobierno parecía ser una nueva forma de enfrentar los distintos y graves problemas que aquejaban al territorio, así como también al mismo Gobierno. Además, dejaba la puerta abierta a que dicha solución fuera la esperada largamente por las comunas mineras. Sin embargo, aunque pereciese un día histórico para el Norte, muchos sabíamos, y temíamos, que hay un largo trecho y contraste entre lo que anuncia el Gobierno y lo que finalmente envía a trámite al Congreso, conocido vulgarmente como la “letra chica”. Por lo que luego de agradecerles el reconocimiento a la deuda histórica que tenía el país con el norte, decidimos esperar a leer el proyecto de ley que ingresarían para su discusión y tramitación. A principios de mayo del 2012 el Gobierno ingresó finalmente el proyecto de ley anunciado, al que denominó “Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras” (Boletín N° 8272-08), que contemplaba la creación de un fondo que se distribuiría entre todas las comunas mineras del país, de norte a sur. Desde un primer momento valoramos y agradecimos la iniciativa, pero también

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señalé que lo que el Gobierno envió al Congreso es un “fondito”, que no tiene nada que ver con la idea matriz del Fondenor que habíamos propuesto originalmente. Son recursos muy pequeños que muy poco ayudan a compensar el tremendo aporte que hace nuestra región al país. No solucionaban el problema y al mismo tiempo desacreditaban públicamente la iniciativa, puesto que los recursos resultantes eran muy bajos en relación al aporte de nuestra región al desarrollo de todo un país. El Fondenor enviado por el ejecutivo no recoge el criterio de destinación directa de fondos a las regiones y comunas mineras. En este sentido no cumple con la idea matriz del Fondenor, es algo completamente distinto, tanto en su magnitud como en su naturaleza jurídica. Los recursos destinados son muy inferiores a los propuestos en el Fondenor original, lo que se puede apreciar en forma general y resumida en los siguientes 6 puntos: • El proyecto del ejecutivo destina 16,7 millones de dólares (cerca de 7.800 millones de pesos actuales) anuales a repartir entre las sesenta comunas mineras que pertenezcan a alguna de las 9 regiones contempladas. • El Fondenor original contempla recursos por una suma equivalente al 10% de la tributación regional por concepto de minería, no siendo menor a los US$150 millones (cerca de 71.000 millones de pesos) en este concepto sólo para la Región de Antofagasta. • El proyecto del ejecutivo destina los recursos exclusivamente a las comunas, lo que nos pareció un mecanismo adecuado para inyectar estos recursos. • El Fondenor original lo hacía tanto a la Región en su conjunto, como a sus municipios. • La propuesta del ejecutivo no contempla mecanismos de participación ciudadana en la decisión de los proyectos a financiar.

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• La propuesta original proponía la creación de una “junta de adelanto”, compuesta por autoridades y organizaciones de la sociedad civil que decidirían las obras comunales, provinciales y regionales que se ejecutarían con el Fondo.

El proyecto aún se tramita en el Senado y pese a que ha contado con la participación y presión activa de los alcaldes de municipios mineros, el ejecutivo no se ha allanado a incrementar los recursos de forma sustantiva. Nosotros seguiremos abogando por que la Región reciba el 5% o 10% de lo que el fisco recauda por concepto de la gran minería regional. Es lo que la Región merece, históricamente, y en vistas de un futuro próximo de equidad y progreso. Además entre el año 2006 2010 como parte del Comité Político en la Presidencia, mediante intensas gestiones hacia el gobierno, logramos influir en el aumento sustancial de recursos para el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), que es el fondo regular que entrega recursos a los gobiernos regionales, aumentándose el presupuesto de 22 mil a 42 mil millones de pesos, desde el periodo 2007-2010. Dicho incremento alcanzó cerca de un 90% de los recursos para la región. Estos recursos significan una inyección importante para el Gobierno Regional y para las iniciativas de carácter municipal. Implica además la extensión de los criterios de postulación, así como la plasticidad de estos recursos para su uso en las materias y perspectivas propias del contexto regional.

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CAPÍTULO 2: RECURSOS NATURALES

QUE LAS AGUAS VUELVAN A SER DE TODOS LOS CHILENOS La Región de Antofagasta, conocida ampliamente por su constitución desértica desde la costa hasta la pre-cordillera, depende primordialmente del agua como otras regiones del calor para su subsistencia básica. El recurso hídrico es fundamental para la existencia humana en todas sus dimensiones, especialmente en zonas de precariedad y dependencia absoluta de un escaso recurso. Al interior de la Segunda Región, comunidades milenarias, así como asentamientos humanos más próximos en términos históricos, han florecido al lado de cauces de agua, incluso considerándolos una manifestación de sus divinidades. El agua lo es todo en el Norte, y desde el punto de vista ecológico es el recurso más importante que puede tener el ser humano a su disposición. Sin embargo, desde el punto de vista económico, el bloque regulatorio dado por la Constitución Política y el Código de Aguas vigente, considera al elemento hídrico como un bien de consumo de similar tratamiento a cualquier recurso económico, donde el mercado es el único actor legítimo en la asignación de las cantidades, modalidades y los plazos asociados a estos derechos. Nos hemos ocupado hasta el momento de la función productiva del agua (muy importante para las diversas actividades productivas del país) pero minimizando las funciones ecológicas, sociales y culturales del recurso.

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Consideramos que es hora de adecuar los términos de la Carta Fundamental no sólo a la regla general de derecho privado que considera que las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que el dominio de ellas pertenece a la Nación toda y su uso a todos los habitantes de aquélla (el artículo 595 del Código Civil y en el artículo 5° del Código de Aguas), sino que también a los instrumentos internacionales vigentes y ratificados por Chile y que, por ende, se encuentran incorporados a su derecho interno, que deberían obligar al Estado a repensar al agua como un bien mercantilizado. Por eso ingresamos un proyecto de Reforma Constitucional que “Declara a las aguas bienes nacionales de uso público y reserva a la ley la constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de los particulares sobre aquéllas, así como la determinación de los caudales que aseguren su disponibilidad para el consumo humano” (Boletín N° 8355-07) Por otra parte, hoy vemos como el gobierno anuncia la construcción de embalses en todo Chile, excepto en el Norte Grande, siendo una de las zonas más afectadas por la falta de agua. La propiedad de las mismas está en las sanitarias y las mineras, es necesario recuperarlas y exigir que la industria invierta en desalar para que las aguas arriba puedan ser parte de un plan de desarrollo agrícola que nos permita pensar que en el norte el desierto puede transformarse en una potencia alimentaria que permita el abastecimiento de su población. ¿Por qué no? Claro que se puede, pero necesitamos visión de país, necesitamos inversión e interés del país por el norte, no sólo por sus riquezas mineras.

CONSUMO HUMANO Por otra parte y en un tema muy relacionado, en lo que refiere exclusivamente al consumo humano de agua, presentamos y promovimos fuertemente el proyecto de ley de Compensación por cortes de Agua no programados (Boletín N° 7636-09), a raíz del corte de agua prolongado que afectó a gran parte de la ciudad de

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Antofagasta por varios días durante el primer semestre del 2011, para asegurar a los afectados una compensación e indemnización justa y expedita, además con el objetivo de obligar a las empresas a implementar y certificar ante la autoridad planes de contingencia ante crisis o emergencias como aquella, y también para priorizar el destino del agua a la población y no a los grandes clientes de las sanitarias en situaciones de emergencias. Este proyecto dio un importante paso, al ser aprobado en general en la Sala del Senado. Sin embargo su tramitación ha sido detenida al no ser priorizado por el ejecutivo. Con el reciente corte prolongado de agua que afectó a la ciudad de Santiago en el verano del 2013 este proyecto nuevamente ha cobrado importancia y estamos haciendo las gestiones para en este año, convertirlo definitivamente en Ley, y que los abusos de las empresas sanitarias con la ciudadanía, auténticas dueñas de este fundamental recurso, se terminen de una buena vez por todas,. Esta ley que asegurará a todos los chilenos de ser compensados por los cortes de agua, obliga a las empresas a velar por los ciudadanos, será aprobada gracias a la acción decidida por las graves dificultades vividas por la ciudad de Antofagasta. El País una vez más podrá agradecer una ley de protección.

LITIO En julio de 2012, el Gobierno decidió unilateralmente licitar más de 500 mil toneladas de carbonato de litio a empresas privadas, restando de esta manera la legítima participación directa del Estado en su explotación. Era una medida insólita que atentaba contra las mismas directrices propuestas y utilizadas por el sector gobernante de derecha, esto es libre mercado, competencia, rentabilidad máxima. De esta forma se intentó impedir la entrada de enormes beneficios para el país.

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Junto con los dirigentes de FENTRAPECH (Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile) y su presidente, Pedro Fierro, las Senadoras Rincón y Allende presentamos una acción de nulidad de derecho público para invalidar dicho llamado a licitación, en una acción rápida y determinada. Consideramos que las mencionadas normas utilizadas en las bases de licitación son nulas por haberse dictado contra el texto de la Constitución, en lo referente al estatus estratégico que se le asigna al litio como sustancia no concesible o no susceptible de concesión. Es nuestro deber, velar por el orden institucional de la República y el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales, como el derecho de propiedad del Estado sobre sus salares. Por lo tanto, le solicitamos a un juez de la República que, conociendo este tema, anulara estas normas y acogiera una medida cautelar que prohíba finalmente la adjudicación de la licitación. Los representantes de los trabajadores a quienes acompañamos, consideraron también que el litio es un recurso estratégico para la economía nacional y que así lo estableció el propio legislador de la época durante la dictadura militar, cuando lo declaró no sujeto a concesión. El Estado ha demostrado sobradamente su eficiencia en Codelco para la explotación de sus recursos naturales, y es en este marco de discusión que alcanzamos a detener este intento de apropiación. Resurge también, la posibilidad de conseguir mayores aportes de un mineral que en el presente y a futuro, es el oro blanco del cual no podemos desatendernos, ni menos hipotecar más cuando es un recurso estratégico, y puede llegar a tener un rol fundamental respecto a la posición de Chile en cuanto a la tecnología y al desarrollo de las energías renovables no convencionales. Las bases de licitación planteaban un royalty ridículo respecto a una evaluación de retorno mínima para el Estado, que hace parecer que este es un negocio redondo para cualquier inversionista privado,

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excepto para el Estado de Chile, quien solamente se quedaría con un 7% de las ganancias brutas. Este recurso buscó detener aquella licitación que no ha sido discutida a nivel país, que ha evitado la necesaria discusión entre todos los actores presentes y que daña los intereses de todos los chilenos. Afortunadamente la licitación que impulsó el Gobierno quedó sin efecto debido al incumplimiento de las bases del concurso en que uno de los oferentes incurriera, para nuestra tranquilidad momentánea. Esta acción que efectuamos perseguía defender los derechos no sólo de el país de explotar un recurso natural, sino también los derechos de la Región de Antofagasta donde se encuentran las mayores reservas mundiales de litio y que en la modalidad establecida por el Gobierno en la licitación nuevamente recibiríamos los efectos adversos de la explotación y venta, y migajas por los impuestos. Para nosotros es necesario que en este caso se establezca un Royalty, no un impuesto específico, que quede en la Región, como una compensación por la explotación de recursos naturales. Además, es necesario darle valor agregado y no exportar sólo materias primas.

LEY DE PESCA El año pasado se tramitó en el Congreso la Ley de Pesca que estableció las bases del negocio de la pesca para los próximos 20 años, por lo menos, en el sector de explotación industrial. A nuestro juicio la legislación propuesta por el Gobierno, respaldada por sus bancadas y por alrededor de la mitad de los parlamentarios de la oposición, lo único que hace es prorrogar un modelo pesquero que ha producido una explotación de tal envergadura que ha puesto en peligro la sustentabilidad de numerosas especies, o pesquerías, y el equilibrio eco sistémico del mar chileno, además de producir pobreza y carencia de oportunidades reales de desarrollo en el sector artesanal, y finalmente precios altos para los consumidores finales,

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que ven cada vez más lejano de sus hogares el recurso que por geografía, tradición y salud alimenticia debería estar presente en la mesa de todas las chilenas y chilenos. Propusimos en ese momento, que la discusión de una nueva ley de pesca, podría corregir el rumbo que ha tomado esta actividad en Chile los últimos 20 años y construir un modelo sustentable, justo y eficiente, dando mayor protección a nuestro patrimonio natural y alimenticio terminando así con la nefasta pesca de arrastre, dando acceso a todos los actores y desconcentrando la actividad de las manos de mega conglomerados industriales que utilizan este valioso recurso, en el cual invierten muy poco, y que se utiliza mayormente para producir harina de pescado para hacer engordar pollos, cerdos y salmones. En ese sentido presentamos indicaciones legislativas claras y precisas, y pujamos por someterla a la consideración de todos los senadores durante su discusión en el Senado exhortando a sus bancadas a discutir en profundidad, a conciencia y sin apuros, un tema tan delicado como este. Lo que pedíamos era lo siguiente: •En relación a la propiedad de los recursos pesqueros, defendimos la idea de que debía quedar establecido explícitamente en dicha Ley, que el Estado ejercería esta propiedad plenamente sobre la fauna oceánica y específicamente sobre los peces existentes en los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacional. •Del mismo modo expresamos que el establecimiento de los permisos o autorizaciones de explotación a privados industriales les otorgaría la facultad de extraer sólo mientras se encuentren vigentes, sin generar derecho alguno respecto de su continuidad o permanencia en el tiempo, y finalmente que la extinción de estos derechos no ocasionaría responsabilidad patrimonial alguna para el Estado. O sea, que quedara claramente establecido en la ley que los recursos pesqueros son de propiedad del Estado, de todos los

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habitantes del país, y que la regulación de esta actividad tiene por sentido primordial la preservación del recurso alimenticio y la protección medioambiental. •En esta línea de acción propusimos también que la distribución entre el sector artesanal e industrial, el volumen de peces que puede extraer cada uno de estos sectores al año en el marco de la cuota global, para cada especie, pudiera ser más favorable a los pescadores artesanales. De esta forma planteamos con fuerza incrementar gradualmente algunas pesquerías, como el jurel, a favor de los artesanales. •Consecuentemente ciertas pesquerías deberían establecerse como exclusivamente artesanales, apuntando al caso específico de la reineta y la jibia. Asimismo, propusimos la reducción del plazo de vigencia del fraccionamiento resultante entre los sectores artesanal e industrial a 10 años, y no en 20 como finalmente quedó establecido. •Y también, que la extracción resultante en las 5 millas marinas quedase de uso exclusivo para los artesanales. En el caso de las embarcaciones industriales el acceso a esta zona, en las regiones XV, I, II y IV, se autorizaría sólo con el acuerdo de la pesca artesanal de la región y pesquería respectiva. Cuestión que finalmente quedó así establecida. •Además, para lograr un acceso justo de otros actores y desconcentrar la industria defendimos la licitación efectiva del 50% de la fracción que le corresponde a este sector, aumentado de manera gradual en paquetes de 5% anuales. Por otra parte, las licencias de la fracción industrial deberían tener, a nuestro juicio, carácter temporal con una duración máxima de 10 años, no renovables y no transables financieramente. Del mismo modo, deberían tener causales más estrictas de caducidad por incumplimiento hacia normas ambientales, laborales y de la propia normativa pesquera. •Adicionalmente, con el objeto de fomentar el consumo de alimentos sanos, la generación de empleo y de valor agregado propusimos

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destinar un porcentaje de la fracción industrial de la cuota de las distintas pesquerías a la elaboración de productos de consumo humano directo para el mercado interno. Nosotros respaldando las solicitud de las pymes pesqueras, pedíamos que esta cuota fuera de al menos el 2%, un mínimo básico en relación a la proporción enorme de la extracción industrial. Finalmente, luego de las negociaciones quedo sólo el 1%. •Para los efectos de mejorar la recaudación que el Estado obtiene por la explotación de un recurso natural tan importante como la pesca, impulsamos que sobre la fracción no licitada se pague un impuesto específico en relación al volumen de peces que se les haya autorizado extraer. •También defendimos con fuerza la constitución de un fondo destinado a los trabajadores y ex trabajadores de la industria pesquera y plantas de procesamiento, financiado con cargo a un porcentaje de los recursos que se originen en las licitaciones de las distintas pesquerías de la fracción industrial, los cuales se destinarán a financiar acciones de fomento productivo, emprendimiento, capacitación y educación de los hijos de las familias de pescadores artesanales e industriales, a través de los programas que dispone el Estado, y que se podrían fortalecer y ampliar mediante esta iniciativa. La Región de Antofagasta cuenta con una costa privilegiada, sin embargo sus especies marinas han sido sobreexplotadas y contaminadas. Es necesario proteger la actividad pesquera artesanal y hacerla convivir con la industrial. Nuestra lucha en la ley de pesca estuvo motivada por la defensa de un mar que debe permitir el desarrollo de la diversidad de la Región, todos nuestros dados están puestos en la minería y debemos potenciar otras áreas y sin duda la pesca lo es. Recuerdo cuando los artesanales nos relataban que ya no hay peces, que tienen deformaciones, lo mismo los buzos. Esta que fue y será una lucha nacional afecta también a la Región.

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CAPÍTULO 3: MEDIO AMBIENTE

Nuestro país está expuesto a múltiples presiones ambientales debido a que basamos nuestra economía en un modelo de explotación principalmente extractivo. La Región de Antofagasta, en particular, es un claro ejemplo de esto al concentrar la mayor actividad minera del país con el consiguiente impacto ambiental y humano que genera esta actividad en sí misma, sumado a la presión y utilización que ejerce sobre el agua y a la gran demanda de energía. Nuestra posición en el Senado siempre ha sido decididamente en defensa del medio ambiente. Lo que se ha expresado en los proyectos de ley que hemos presentado, en la forma en que hemos enfrentado los principales debates políticos sobre este tema a lo largo de estos 7 años y en el estudio de importantes proyectos en la Comisión de Minería y Energía del Senado, de la cual soy parte desde el inicio de mi gestión el año 2006. He señalado que el Gobierno debe implementar un gran desarrollo de la energía solar en la Región, invirtiendo los recursos necesarios para un gran parque solar, energía geotérmica, eólica y mareomotriz; gastamos enormes recursos en energías fósiles siendo millonarios en energía que nos pondrían a la vanguardia del mundo, sería un tremendo impulso al empleo, a la instalación de industria vinculada a este desarrollo, particularmente en la Región de Antofagasta. Por fin se tomarían medidas para descontaminar.

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20/20: 20% DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN LA MATRIZ AL 2020 Desde el principio de mi gestión parlamentaria me formé la convicción de que es posible avanzar de forma decidida hacia la generación de energías limpias, eficientes y baratas. Ahora son cada vez más fuertes las voces, así como los respaldos técnicos, ejemplos de usos y experiencias exitosas a lo largo del mundo, que avalan esta posibilidad real, estableciéndose que son formas de generación competitivas, y que junto con liberar considerablemente la presión sobre el medio ambiente, ayuda a bajar los costos de producción, el impacto irreversible en el medio ambiente y el precio final de la energía. Es así como hemos propuesto 4 proyectos de ley, mencionados a continuación, con distintas fórmulas para poder contar, al corto y mediano plazo, con una matriz energética que implique una participación creciente en los mercados emergentes, usos eficientes y respetuosos del medioambiente, y particularmente en el cambio de perspectiva que provocan las energías renovables no convencionales. Debido a la proliferación de plantas termoeléctricas en muchas comunas del país, principalmente aquellos proyectos ejecutados o en ejecución en nuestra Región, y al aumento progresivo de la demanda de la actividad minera, presentamos una serie de Proyectos de Ley donde buscamos establecer: • Fondos de Fomento de las Fuentes de Energías Renovables y No Contaminantes (Boletín N° 4312-08). • La creación del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo de Energías Renovables Limpias y No Convencionales (Boletín N°4636-08). • El Proyecto de Ley sobre Fomento de las Energías Renovables y Combustibles Líquidos (Boletín N° 4873-08).

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Pero no fue hasta el año 2009 que esta idea alcanzó el impulso legislativo necesario al presentar, en conjunto con los senadores de la Comisión de Minería y Energía del Senado, el Proyecto llamado 20-20 que establece que al menos el 20% de la matriz energética del año 2020 debe ser proveniente de fuentes Renovables y No Convencionales (Boletín N° 7201-08). Este proyecto fue despachado desde el Senado el año 2011, luego de un intenso estudio y participación de expertos, a su vez también de muchas organizaciones y empresas interesadas en el desarrollo de este tipo de energías limpias y su uso en sus áreas de trabajo. Este Proyecto de Ley, el llamado 20-20, fomenta de manera eficaz la ampliación de la oferta eléctrica mediante Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Esto se hace incorporando una meta obligatoria, que al año 2020 el 20% de los retiros de energía eléctrica de los sistemas interconectados, en el caso de nuestra Región el Sistema Interconectado del Norte Grande o SING, por parte de las empresas generadoras, debe provenir de fuentes de generación Renovables y No Convencionales. Este cambio legislativo propuesto es de vital importancia para aprovechar el enorme potencial que nuestro país tiene en estas energías, respecto a la disponibilidad y características naturales de nuestro territorio en relación a la radiación solar (que incide tanto en la acumulación fotoeléctrica, así como en la generación de electricidad mediante la variable termo-solar), los fuertes vientos del sistema costa-cordillera, las fuerzas mareomotrices de las extensas costas del norte, las energías geotérmicas de los geiseres -caso que más adelante abordaré en referencia a los geiseres del Tatio-, ya que representan, sin duda, una gran ventaja comparativa en materia energética que debe ser incentivado, creando el mejor escenario legal posible para su desarrollo al menor plazo disponible. Sabemos que es una meta ambiciosa, 20% de la energía eléctrica total resultante de la matriz energética nacional proveniente de energías alternativas al año 2020, pero no la estaríamos planteando si no fuera por el enorme potencial natural que tenemos en una amplia

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gama de fuentes de energía como la solar, eólica, geotérmica, la hidroeléctrica de paso y de pequeña escala, mareomotriz, etc. Los principales beneficios serían, en primer lugar, el bajo impacto sobre el medio ambiente, disminuyendo emisiones de gases o reduciendo las extensas zonas de inundación por parte de las grandes hidroeléctricas. En segundo lugar, contribuye certeramente a bajar nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, ya que gran parte de estos combustibles tienen que ser importados, y tienen las conocidas consecuencias en cuanto a la presión ejercida en el medio ambiente. Tan importante como los puntos anteriores, es que el desarrollo de las ERNC (Energías Renovables No Convencionales) contribuye en el mediano y largo plazo a reducir los costos en electricidad para las familias y la industria chilena, ya que como su nombre lo indica, son fuentes renovables que no requieren insumos combustibles para generar energía eléctrica. Dentro de la visión de país que adscribo, y de la realidad del país y de la región, que considero como un futuro prometedor, estos elementos son la base del desarrollo sustentable en cuanto a la protección del medioambiente, así como el pilar fundamental de un verdadero desarrollo económico para nuestros compatriotas. Durante la tramitación de esta iniciativa defendimos y propusimos especialmente la obligación de efectuar las inyecciones de ERNC en a los menos un 50% dentro del sistema eléctrico respectivo, lo que es de principal importancia para el norte de Chile. Se debe garantizar que el sentido de esta ley sea aplicable a todos los sistemas del país, no solamente al Sistema Interconectado Central (SIC, que va desde Taltal hasta Calbuco en la X Región). El norte de Chile, y particularmente la Región de Antofagasta, es rico en energía solar y geotérmica, por lo que se debe garantizar que se cumpla en este lugar al menos la mitad de la obligación del 20% de ERNC al 2020. Por otra parte es fundamental para las empresas mineras, que consumen gran parte de la electricidad del SING, acreditar que sus insumos energéticos provienen de fuentes con

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bajas emisiones de carbono, puesto que al vender en los mercados internacionales su producción es una exigencia que se les requiere.

EL EPISODIO DEL TATIO Quiero detenerme en un incidente ocurrido en nuestra Región, específicamente en los Géiseres del Tatio, y que da cuenta de la necesidad de proteger el ambiente, por un lado, y de actuar con urgencia respecto, no sólo a la protección sino también al desarrollo de la producción de ERNC, tomando las riquezas, que al igual que el Litio, el Cobre o los productos del mar entre otros, representarían beneficios para nuestra región de diversa índole. Fue de público conocimiento, que una columna de vapor de entre treinta y sesenta metros emanó desde el antiguo pozo 10 de CORFO, cercano a menos de tres kilómetros del campo de los Géiseres del Tatio, producto del proyecto de exploración geotérmica para el estudio de factibilidad de producción de energía eléctrica a partir de dichas reservas geotérmicas. Se autorizó a la Empresa Geotérmica del Norte S.A. a realizar la perforación profunda correspondiente. La zona del Tatio ofrece una inigualable belleza geológica y escénica, constituyendo uno de los tres destinos turísticos más visitados en el país; declarado como Zona de Interés Turístico el año 2002, además reviste un atractivo científico de nivel internacional por reproducir las condiciones originales de la formación de la vida en el planeta. Y más importante aún, es considerado un sitio sagrado por el pueblo Lican Antay siendo sindicado como un lugar cargado de significados ancestrales donde se desarrollan antiguas prácticas rituales, ceremonias y rogativas entre los pueblos indígenas que habitan la zona, y es considerado dentro de su cosmovisión como el lugar donde la tierra respira, donde la vida nace, donde habita el Tata Lu: “El abuelo que llora”.

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En vista de estos antecedentes, la importancia como fuente de energía, su posición dentro del espectro internacional y local del turismo especifico, y más aún su estrecha relación con los pueblos originarios de nuestra región, nos decidimos a iniciar una serie de acciones tendientes en primer lugar a controlar el daño ambiental producido, a establecer las responsabilidades del incidente y a tomar medidas para dar una protección especial a la zona de los Géiseres. Llegamos hasta el edificio del Consejo de Defensa del Estado (CDE), junto al diputado Marcos Espinosa, para reunirnos con el entonces presidente del Consejo, Carlos Mackenney, y exigirle que se actuara con prontitud en la zona del Tatio, debido al grave daño ambiental producido por las exploraciones geotérmicas y las implicancias que esto podía traer consigo. Le pedimos en esa oportunidad que estableciese las acciones que correspondieran para que las empresas responsables se hicieran cargo y para exigir que se actuara con la mayor prisa posible y así evitar que se siguiera produciendo daño ambiental. Con respecto a las comunidades aledañas al Tatio, planteamos que tenían que recibir necesariamente una indemnización, y que las acciones a emprender sentarían precedentes a las empresas, y las obligarían a respetar la legislación existente por medio de fuertes sanciones al provocar daño al medio humano, ambiental y económico, en el caso del turismo de clase mundial de la zona. Además presentamos y logramos aprobar por la unanimidad del Senado un Proyecto de Acuerdo (Boletín N° 1202-12) para solicitar a la entonces Presidenta de la República que decretase, por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales y de Agricultura, a los Géiseres del Tatio y su zona aledaña, como “Monumento Natural” de acuerdo a la Ley 18.362 de 1984, y a la vez, “Santuario de la Naturaleza” a través del Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de Educación en conformidad al Artículo 31º de la Ley 17.288 de 1970. Ambas medidas en consideración del Convenio 169 de la OIT (referido a los pueblos originarios) que expresa el consentimiento libre, previo e informado que deben dar las comunidades indígenas afectadas para este tipo de actividades empresariales en su entorno.

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En aquella oportunidad también sostuvimos que la decisión de inversión en base a la posible incertidumbre científica provocada por la ausencia de una línea base exhaustiva de la zona, constituida en un espacio de alta sensibilidad local, nacional e internacional, indicaba la debilidad de la institucionalidad ambiental vigente a la hora de evaluar proyectos de esta magnitud, debido a que los organismos especializados del Estado, que actúan como contraparte fiscalizadora, no cuentan con las herramientas necesarias para ponderar en su justa medida la veracidad de los antecedentes y de las Líneas Bases aportadas por las empresas solicitantes a través del Estudio de Impacto Ambiental respectivo solicitado por la autoridad. Estos factores deficientes que se conjugan a la hora de aprobar proyectos de esta magnitud, se suman a la escasa influencia de la Participación Ciudadana, la mínima relevancia de las personas afectadas en la decisión final, así como también a la deficiente ponderación y respuesta a las Observaciones Ciudadanas formuladas por la comunidad, y a la falta de un ordenamiento territorial previo y participativo. Esto sumado a la falta de regulación y vigilancia sobre las negociaciones paralelas destinadas a establecer medidas de compensación y mitigación, por parte de los privados con los afectados, y finalmente a la poca consideración de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre medidas que los afecten, configura una institucionalidad ambiental en crisis, que aunque es modificada favorablemente por la reforma ambiental del año 2009, aún no da garantías de que no vuelvan a ocurrir amenazas como la que vivió el Tatio y la comuna de Calama en aquella oportunidad. La realización de dicho proyecto de exploración se decidió en base a un cúmulo de imprecisiones, y deficientes certezas técnicocientíficas en relación al verdadero impacto que provocarían nuevas perforaciones en el lugar. El daño ambiental consistió en que producto de aquella fumarola artificial se puso en peligro el funcionamiento mismo de los Géiseres, así como la perdida de grandes reservas de agua y energía, ambas tan escasas en la Región de Antofagasta.

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Es completamente pertinente la idea de diversificar nuestra matriz energética a partir de energías limpias y renovables como la geotérmica, somos activos promotores de aquello. Pero esto no debe ir jamás en detrimento del patrimonio natural del país, menos provocado sobre la marcha y por presiones económicas y empresariales accionadas en base a vacíos e imperfecciones legales o malas prácticas en el campo de la gestión de su implementación. Sin duda algo que me conmovió profundamente durante este llamado “episodio del Tatio” fue la caminata de nueve días desde la Región de Antofagasta hasta el Palacio de La Moneda en Santiago, realizada por las dirigentes sociales Amelia Mamani y Sonia Ramos. Estas nobles mujeres querían manifestar su deseo de terminar definitivamente los trabajos de exploración geotérmica en la zona de El Tatio a la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Inolvidable es la frase de una de ellas cuando dijo: “La satisfacción más grande del largo viaje que realizamos fue el compartir con cientos de dirigentes sociales de todas las regiones que tienen los mismos problemas que nosotras, que estamos luchando por nuestros derechos sociales y humanos, como son la defensa del patrimonio y el agua de nuestros ancestros”. No puedo dejar de homenajear a aquellas mujeres que con el gran esfuerzo y sacrificio que representa viajar a píe desde Calama a Santiago por una causa tan sentida en el norte y por algo que fue fundamental para la región de Antofagasta, como la defensa del Tatio. Esto no es un hecho aislado en relación a la falta de protección de nuestro patrimonio cultural, pasa en el norte con oficinas salitreras que están abandonadas, edificios que deben ser resguardados. Se refleja en la distancia que hay entre la cultura del norte y el resto del País, sin ir más lejos, no hay duda que nuestro escritor contemporáneo Hernán Rivera Letelier es uno de los tantos que relata con viveza la vida del norte de Chile; sus éxitos y sus premios.

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Intentamos que Chile lo reconociera a él con el Premio Nacional, porque se lo merece, pero también porque es el relato de la vida de quienes viven en medio del desierto.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL Entre los años 2008 y 2009 se discutió un importante Proyecto de Ley en el Congreso, el que creó el Ministerio del Medio Ambiente y que modificó sustancialmente el Sistema de Evaluación Ambiental, al que todo proyecto de inversión susceptible de generar algún tipo de impacto sobre el entorno natural debía ingresar obligatoriamente. Esta iniciativa legislativa tuvo entre sus principales impulsores a los movimientos ciudadanos locales a lo largo de todo el país, en respuesta a impactos sobre el medioambiente de proyectos sometidos a evaluación. Por otra parte, nosotros sosteníamos que era una excelente oportunidad para canalizar el conocimiento de la gente afectada hacia la esfera parlamentaria e institucional, y de esta manera poder corregir los defectos que tenía aquella institucionalidad ambiental. La importancia del impulso ciudadano a la llamada Reforma Ambiental ha sido reconocida tanto por las autoridades como por expertos. No obstante, ciudadanos y comunidades locales fueron excluidos en los hechos de su debate legislativo, puesto que su participación requería de mecanismos administrativos apropiados que la promuevan de forma expresa, los que no existían. Es así como realizamos un intenso trabajo para reunir y sistematizar un diagnóstico construido desde la perspectiva de las propias comunidades afectadas por proyectos con impacto ambiental, de ciudadanos interesados, y de expertos de varias universidades y convertirlos en “indicaciones” al Proyecto de Ley, y forzar así la discusión de estas ideas en el debate político y legislativo, ideas que

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habían sido simplemente omitidas. Las recomendaciones presentadas expresaron, por tanto, de forma directa las experiencias de los principales afectados por las deficiencias de la institucionalidad ambiental para prevenir, mitigar y reparar impactos ambientales de los proyectos de inversión. El propósito original de Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994 era la participación ciudadana como un contrapeso hacia los intereses de las empresas que desarrollaban proyectos, con el fin de asegurar que los objetivos de prevención de impactos ambientales pudieran ser garantizados. Sin embargo, en la práctica, la participación ciudadana fue despojada de su sentido original y reducida a un mero procedimiento formal, con nulo poder de incidir en la decisión de los evaluadores públicos, a priori inclinada hacia el interés de los proponentes de proyectos como efecto de la política compensatoria de impactos ambientales consumados, y por tanto, con una tendencia a privilegiar la desregulación. Otras de las principales críticas al desempeño de la institucionalidad ambiental previa al 2008 eran la intervención política de los entes evaluadores, que no contemplaba instancias donde los evaluadores técnicos y funcionarios responsables de la decisión debían argumentar públicamente su opinión técnica sobre los proyectos y responder a críticas de ciudadanos y afectados.

Pero sin duda, lo que merecía atención aparte, es que muchas empresas han implementado agresivas estrategias de intervención social en comunidades que se oponen a sus inversiones, incluyendo compensaciones económicas veladas, al margen del sistema hacia individuos específicos, que cuentan con el respaldo tácito -y a veces explícito- de las autoridades. Con ello las empresas presionan, extorsionan y hostigan a los afectados hasta que aceptan acuerdos de compensación, que a su vez generan conflictos y divisiones irreparables al interior de las comunidades.

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Personalmente, una situación que encuentro indignante es la siguiente. Uno de estos ejemplos sin duda es lo ocurrido en las comunidades indígenas en torno al Tatio que estuvieron divididas porque la empresa a cargo de los trabajos de exploración ofreció “compensaciones”, en desmedro de las otras que habitan la zona; entonces se produce el desgobierno en situaciones de conflicto agudo. Algunos de estos acuerdos han consistido en contratos legales en que los afectados renuncian a su derecho de defenderse frente a riesgos ecológicos o daño sobre su salud que los pudieran afectar en el futuro (proyectos mineros en el norte e inversiones forestales, y de generación eléctrica en el sur) y que podrían derivar en demandas o juicios en contra de estas mismas empresas. Las autoridades han descrito estos contratos como “acuerdos entre privados”, y no es más que la renuncia al derecho de defensa previo pago de una minucia económica por parte de la empresa en entredicho. Por otra parte, uno de los principales vacíos de la Reforma Ambiental fue la ausencia de Ordenamiento Territorial: se trata de una omisión de fondo que condiciona la efectividad de muchas otras medidas positivas, y que de ser subsanada además permitiría la comprensión estratégica de los recursos, zonas y riquezas presentes a lo largo del territorio, y que en el caso de nuestra región permitirían obtener una cartografía medioambiental y socioeconómica indispensable para construir propuestas con una mirada a futuro, basándonos en el desarrollo presente de cualquier actividad. En definitiva y ante la luz de la Ley Medioambiental que regía al país en ese entonces, quedaba en evidencia la urgente necesidad de introducir indicaciones a la normativa propuesta por el gobierno con el fin de presionar mediante una participación ciudadana real y concreta, para contar con herramientas eficaces de protección, sumado a la identificación de responsabilidades que los organismos y funcionarios, quienes tienen la obligación de anteponer los intereses del país y sus recursos por sobre las empresas, lo realizasen efectivamente. Estas indicaciones, buscaban prevenir catástrofes medioambientales y no superarlas después de ocurridas. Por lo tanto se incluyeron los siguientes elementos dentro del proyecto de

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ley, con el fin de darle coherencia a la propuesta y contundencia en su implementación: • Considerando la importancia que en materias respecto a la definición de la participación ciudadana los alcances de esta interacción podrían tener, realzamos la necesidad de integrar un carácter resolutivo en cuanto a la evaluación ambiental estratégica. • Así también se consideró modificar la reglamentación de criterios y procedimientos de ponderación y respuesta pública a las observaciones ciudadanas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluyendo la creación de instancias consultivas asociadas a este procedimiento. • La creación de un fondo de apoyo a la participación ciudadana ambiental. • Destacamos la relevancia del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, agregando la pertinencia de la participación de los pueblos o comunidades indígenas, en el marco del derecho internacional y la imagen país asociado al Convenio 169 de la OIT, mencionada anteriormente. • Ordenamiento territorial participativo y vinculante. • Regulación objetiva de la calidad técnica de los Estudios de Impacto Ambiental que presentan las empresas y de todo el proceso de evaluación en torno a criterios reales, actualizados y comprobados en el plano científico-técnico. • La implementación de un registro de consultores de evaluación ambiental, así como sus actividades, asociaciones y operaciones. Estimamos que estos puntos deberían haber ser considerados en la Ley Medioambiental, la cual demostraba, a la luz de los hechos, que no contaba con la solidez para evitar acontecimientos tan nefastos como lo ocurrido en los Géiseres del Tatio, Freirina, Ventanas, en

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un largo etcétera, que me indigna a la vez que me empuja a seguir insistiendo en la solución de esta temática. Otra modificación que nos ocupó fue incluir en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente una norma que establezca una evaluación única para aquellos emprendimientos que impliquen la realización de dos o más actividades, o proyectos simultáneos, progresivos que deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de manera tal de simplificar los trámites para quienes deseen desarrollar tales actividades económicas, permitiéndole a la autoridad contar con todos los antecedentes necesarios para evaluar de manera más eficiente el impacto ambiental asociado al emprendimiento en su conjunto. En este mismo sentido se introdujo una indicación en el Proyecto de la Reforma Ambiental. Finalmente el proyecto se aprobó en el 2009 creando un Ministerio de Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia del Medio Ambiente. También quedó comprometida la creación de Tribunales Ambientales. Si bien fue una muy buena noticia el que se haya fortalecido la institucionalidad medio ambiental, hubiese sido mucho mejor establecer normas más precisas y estrictas con el fin de proteger la naturaleza, entregándole más protección a las personas y mayor participación en la toma de decisiones sobre lo que pueda afectar gravemente su persona y entorno. Si hubiésemos tomado, como parlamento, la decisión correcta en aquella ocasión no lamentaríamos tristemente hoy tantos desastres y conflictos medio ambientales consumados, en proceso y por generarse.

TRIBUNAL AMBIENTAL EN ANTOFAGASTA La discusión sobre justicia ambiental surge a raíz del Informe Jadresic (Informe de la “Comisión Presidencial de Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado” de 1998, que el entonces Ministro de Energía Alejandro Jadresic presidió y que establece la

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necesidad de regulación ambiental) donde se reconoce la necesidad de un tribunal que se haga cargo de los vacíos en la administración de justicia ambiental. Posteriormente, el tema resurge como propuesta de organizaciones ciudadanas. Finalmente, durante el segundo trámite legislativo del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, y durante las audiencias públicas, tanto la Fiscalía del Medioambiente como los gremios de la producción plantearon la necesidad de un tribunal especial para mejorar el acceso a la justicia ambiental en nuestro país. Así fue como un año después de aprobada la reforma ambiental el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso. Sin embargo el proyecto original sólo contemplaba la existencia de un único tribunal nacional con asiento en Santiago. Introdujimos una indicación durante la tramitación de este proyecto de ley en el Senado y logramos que finalmente se aprobaran otros dos, uno en Antofagasta para toda la Zona Norte del país y otro en Valdivia para la Zona Sur. Para de este modo contribuir a descentralizar, en este caso, la justicia ambiental, al tiempo de mejorar la amplitud y gestión fiscalizadora del organismo. Este tribunal especializado en materia medioambiental cuya instalación se está produciendo, contribuirá a especializar y acelerar la justicia ambiental, con el objetivo de garantizar para los ciudadanos habitar lugares limpios, no contaminados, con el debido cuidado y respeto por el medio ambiente. La instalación de este tribunal en Antofagasta es una muestra de descentralización mediante la aplicación de criterios y la unión de fuerzas por el bien común, enfocando la mirada sobre nuestra zona, que redunda con la mayor cantidad de proyectos que impactan y presionan el medioambiente, ya sea en ejecución, como tanto en la futura implementación en nuestra región y a lo largo y ancho de toda la zona norte de Chile. El instalar el tribunal en Antofagasta no fue fácil, todos los Senadores lo querían en su Región, sin embargo defendimos nuestro derecho

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de ser la base para la Zona Norte en esta materia. Luego de una larga y dura discusión logramos que nuestra Región contara con este importante Tribunal.

CONSERVACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL En congruencia con lo anteriormente expuesto, y atentos a las zonas grises de la institucionalidad ambiental mencionada, así como también a la urgente necesidad de preservar por siempre los hitos eco sistémicos, presentamos un Proyecto de Ley que prohíbe el desarrollo de actividades, obras o programas susceptibles de generar impacto ambiental, a instalarse en o próximos a parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados por proyectos de explotación de sus recursos, o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial por los organismos del Estado encargados de la protección y preservación de zonas o áreas de valor ambiental. Tales áreas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Asimismo, siguiendo esta misma línea de trabajo, se planteó la necesidad de un plan de re-localización de aquellos proyectos ubicados en tales zonas, que contaran con una resolución de calificación ambiental positiva a la fecha de entrada en vigencia de la norma propuesta, lo que debería hacerse en un plazo máximo de diez años. Además los proyectos que se encuentren con calificación de impacto ambiental positiva y que aún no se encuentren instalados ni operando se les revocará dicha resolución debiendo someterse a una nueva evaluación ambiental fuera de las áreas protegidas según la reciente institucionalidad ambiental. Se propone, igualmente, que los demás proyectos ubicados en las zonas antes mencionadas, que se encontrasen en etapa de evaluación en el sistema de evaluación

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de impacto ambiental, o pendientes de calificación al momento de entrar en vigor la norma, se entiendan rechazados ipso facto y de pleno derecho, sin ninguna posibilidad de ejecutarse. También nos preocupamos por la protección de ecosistemas marinos. Chile cuenta con algunos de los más importantes ecosistemas marinos del mundo. Ello está suficientemente demostrado debido a la gran diversidad oceánica que se ha detectado en zonas como el Bajo O’Higgins, Monte O’Higgins, Cordón de Juan Fernández y Cordilleras de Nazca, Salas y Gómez e Isla de Pascua, y al noroeste de las Islas Desventuradas. Estas zonas poseen más de un 40% de endemismos (áreas de reproducción y poblamiento exclusivo) para algunos grupos de especies, siendo el nivel más alto encontrado para montes submarinos en todo el globo. Estos mismos lugares poseen corales de aguas frías que forman bancos o arrecifes tanto o más complejos y longevos como los de sus parientes tropicales. El proyecto de ley que propusimos busca proteger los ecosistemas marinos vulnerables de las actividades pesqueras que pueden tener impactos de largo plazo o irreversibles en ellos. Final, y felizmente esta propuesta quedó así establecida en la Ley de Pesca.

LEY DE CIERRE DE FAENAS MINERAS PARA UNA MINERÍA SUSTENTABLE Durante el año 2010 se aprobó en el Congreso el Proyecto de Ley sobre el “Cierre de Faenas Mineras”. Este proyecto establece la obligación a toda nueva faena minera que proyecte instalarse, de presentar previamente ante la autoridad un plan de cierre para cuando finalice su actividad, o ciclo productivo. Mediante intensas negociaciones logramos reactivar y finalmente convertir en Ley esta iniciativa siendo nuestra gestión resguardar que la Salud

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de las personas, el cuidado del Medio ambiente y el patrimonio natural, sean el objeto principal del proyecto en vistas de que no sea considerado letra muerta. En esta materia insistimos férreamente ante el ex-ministro Laurence Golborne y los sucesivos ministros de minería para un importante desafío, que es remediar los relaves y otros pasivos mineros de faenas ya abandonadas, debido a que ofrecen un tremendo peligro de contaminación y accidentes. Hemos solicitado insistentemente al Gobierno para que envié un Proyecto de Ley sobre la materia, incluso le enviamos una propuesta ya desarrollada. Nuestra región contiene innumerables ejemplos de esta situación, y existen ejemplos preocupantes, como lo ocurrido en la comuna de Taltal, donde en el borde costero conviven relaves abandonados junto con otros en crecimiento y acumulación. La península de Santo Domingo y los relaves de ENAMI sobre la Poza de la Tortuga, lugar habitualmente concurrido numerosamente por familias y turistas de la comuna y desde otras partes del país, representa un peligro observable a plena vista. Las especies marinas tradicionales de este balneario familiar han prácticamente desaparecido. El gran peligro y daño ecológico reside en las filtraciones hacia napas subterráneas, su decantamiento hacia el lecho marino, y particularmente en la contaminación aérea en los entornos donde puedan afectar la calidad de vida de las personas y otras especies animales. Considero de suma importancia y urgencia regular esta materia a la brevedad. Esperamos respuesta.

TRANSGÉNICOS Y CONVENIO UPOV 91 El año 2011 se aprobó un lamentable Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales que establece el funcionamiento de la Organización denominada Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y protege la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales o nuevas variedades

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de semillas que se crean mediante modificaciones genéticas, lo cual es muy perjudicial para muchos pequeños campesinos e indígenas del país que perderían los derechos sobre las semillas que han usado y mejorado históricamente. Fuimos solamente cinco senadores quienes nos opusimos y votamos en contra. Chile, es Miembro de la Organización y Parte Contratante del Acta de 1978. Su proceso de adhesión se inició en mayo de 1995, el Congreso Nacional ratificó el tratado en octubre de ese año. La adhesión se produjo el 5 de diciembre de 1995, y un mes después, el 5 de enero de 1996, el tratado entró en vigor para nuestro país. La norma que incorporó este Convenio a nuestra legislación fue el Decreto N° 18 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 23 de marzo de 1996. La ley N°19.342 que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, de 1994, permitió a Chile contemplar en su ordenamiento jurídico interno normas compatibles con las del texto del Convenio. La Ley N°19.342 posee un Reglamento, establecido por Decreto N° 373 del Ministerio de Agricultura, del 28 de diciembre de 1996. Ambas normativas constituyen el marco jurídico nacional vigente presentado a la Secretaría de la Organización. El Mensaje con que el Ejecutivo da inicio a la ley 19.342 señala explícitamente que esta ley, presentada el año 1994, fue precursora en acoger parte importante de los planteamientos del UPOV de 1991. En la actualidad, el Estado adhirió, con la lamentable aprobación del Senado, al Acta de 1991 del Convenio UPOV. Su tramitación fue presentada para su ratificación en el Congreso Nacional el 31 de marzo de 2009. La normativa que permite adecuarse a los estándares del Acta de 1991, fue presentada en forma complementaria a través del Proyecto de Ley que Regula los derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la Ley N° 19.342, ingresado al Congreso el 13 de enero de 2009, es decir antes del envío del proyecto de acuerdo. El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, a diferencia de la anterior de 1978, determina explícitamente que al momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión se notifique a la Secretaría de

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UPOV la legislación que regula los derechos del obtentor, y la lista de géneros y especies a los que se aplicará el Convenio. ¿Qué sentido tenía discutir un convenio internacional si todavía no tomamos la decisión de legislar para modificar la actual ley 19.342 que es al que regula este tema? El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV entró en vigor de forma general el 24 de abril de 1998. Su texto establece en el artículo 30° párrafo 2) que cada Estado u organización intergubernamental deberá estar en condiciones de dar efecto a las disposiciones del Convenio, de conformidad con su legislación, en el momento de presentar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Asimismo, el artículo 36° párrafo 1) establece que cada Estado u organización intergubernamental deberá notificar al Secretario General en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a este Convenio, lo siguiente: i)

la legislación que regule los derechos de obtentor, y

ii) la lista de los géneros y especies vegetales a los que aplicará las disposiciones de este Convenio en la fecha en la que quede obligado por el mismo. De esta forma, según interpreta la “Orientación para los miembros de la UPOV sobre cómo ratificar el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV o adherirse a ella”, la notificación de la legislación que regula los derechos del obtentor es uno de los elementos exigidos para depositar la ratificación o adhesión. En total, el Convenio de la UPOV posee según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 68 Partes Contratantes, entre Estados y Organizaciones Miembro. Al Acta de 1991 han adherido 45 de ellos. En América Latina, sólo Costa Rica y República Dominicana, y ahora también Chile, se encuentran entre los países nuevos Miembros que han ratificado la revisión de 1991.

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Entre los 45 países que han ratificado o adherido al Acta de 1991 se encuentran España, Estados Unidos y Reino Unido, Estados Miembro que han sido suscriptores de algunas de las Actas de revisión del Convenio UPOV, y que han ratificado el Acta de 1991. Hasta el momento de la aprobación del Convenio UPOV-91 en Chile sólo estaban permitidos los cultivos transgénicos para la producción de semillas de exportación. Las propuestas legislativas en cuestión son la Moción de Bioseguridad sobre Vegetales Genéticamente Modificados o “ley de transgénicos” (Boletín Nº 4690-01), a la cual el Gobierno del Presidente Piñera envió indicaciones sustitutivas con urgencia, y el proyecto sobre Derechos de Obtentores Vegetales, o “ley de patente de la semilla nativa” (Boletín Nº 6355-01). Ambas iniciativas se contraponen con el deber del Gobierno chileno de proteger a la población de riesgos y daños, de acuerdo con el principio de precaución. Las indicaciones sustitutivas a la Moción de Bioseguridad enviadas al Senado en marzo de 2011 fueron elaboradas con el propósito de acelerar el trámite que permita la introducción definitiva de transgénicos, y no recogen ninguna de las objeciones fundadas presentadas por organizaciones campesinas, de productores, sociales y ambientales. Están hechas a la medida de las corporaciones transnacionales agroquímicas y de la biotecnología. Al contrario de lo que afirma el Gobierno respecto de la supuesta inocuidad de los transgénicos y la inexistencia de investigaciones sobre sus impactos negativos, actualmente se dispone de reputados estudios científicos y de suficiente documentación sobre experiencias realizadas en otros países, que demuestran en forma creciente que los cultivos transgénicos no sólo implican riesgos para la salud humana y el medio ambiente, sino que también profundizan problemas socioeconómicos, como el desempleo, la expulsión de pequeños y medianos campesinos de sus tierras.

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Desde el punto de vista sanitario, está comprobado que todos los cultivos transgénicos producen nuevas sustancias que en los seres humanos pueden causar alergias, toxicidad, alteraciones de las funciones celulares, y daños en la salud de las comunidades vecinas a los cultivos, debido a las fumigaciones aéreas. Los daños al ambiente son graves y muchos de ellos irreversibles, como la contaminación genética -prácticamente incontrolable- de los cultivos naturales, sean convencionales u orgánicos, provocando la pérdida de cultivos tradicionales y especies autóctonas, y el cierre de mercados que priorizan por alimentos libres de transgénicos y plaguicidas. Este atentado contra la biodiversidad comprende, además, la desaparición de plantas e insectos benéficos, como las abejas. La contaminación genética se extiende al agua, a los suelos, a los alimentos y a las personas. Además, los cultivos transgénicos con plaguicidas incorporados en sus genes para hacerlos resistentes a determinadas plagas contribuyen al desarrollo de súper malezas y súper insectos que obligan a usar mayor cantidad de plaguicidas. Esas intensivas fumigaciones han generado poderosos movimientos de defensa de las comunidades en Argentina y Paraguay. Ante la inminente puesta en vigencia del Convenio, acudí junto a otros nueve senadores y representantes de distintos pueblos indígenas del país al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de dicho Convenio, pues a nuestro juicio atentaba contra los derechos de los agricultores y campesinos indígenas. La sentencia marcó claramente que el Estado debe proteger las semillas de los Pueblos Indígenas. El Consejo Nacional Aymara de Mallkus y Tallas y dirigentes indígenas quedaron satisfechos por el fallo de Tribunal Constitucional respecto de UPOV-91, que rechazó el requerimiento por inconstitucionalidad pero sentencia la protección para las semillas indígenas. La sentencia señaló “que los derechos del obtentor establecidos por el Convenio UPOV 91 no son absolutos; admiten, además de regulaciones y limitaciones, excepciones con miras a proteger a los agricultores nacionales, incluidos los

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productores indígenas, en virtud de la excepción facultativa prevista en el artículo 15 N° 2 y la excepción en razón del interés público contemplada en el artículo 17 del mismo Convenio”. Además señaló “que el Estado debería igualmente facilitar los recursos necesarios para que las comunidades u organizaciones indígenas pudieran registrar las obtenciones vegetales nuevas surgidas de sus prácticas tradicionales a fin de garantizar en forma más cabal la protección de su propiedad intelectual;” Este fue un gran triunfo que no solamente era un tema de semillas sino que también con salvaguardar los derechos de los obtentores naturales como lo son los Pueblos Indígenas y campesinos y que atañe a la soberanía alimentaria de la comunidad en general.

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CAPÍTULO 4: REFORMAS POLÍTICAS

Como una forma de dar solución a la crisis de representatividad del sistema político, y debido a la mala evaluación sostenida a lo largo de los últimos años de sus principales instituciones, como de ambas cámaras del Congreso y de los partidos políticos en su conjunto, el gobierno ha impulsado una agenda de Reformas Políticas en aras de mejorar su calidad, desempeño e imagen. Es así como se ha logrado implementar la Inscripción Automática y el Voto Voluntario, entre otras medidas, como una forma de aumentar la participación en los procesos electorales sobretodo focalizando estas iniciativas sobre los ciudadanos más jóvenes, insistiendo si también en el énfasis sobre quienes no participan de la primordial actividad cívica de votar, pertenecientes a cualquier grupo en general. También se aprobó recientemente la Ley de Primarias, que busca asegurar mayores niveles de democracia al interior de los partidos y las coaliciones. Del mismo modo, el Congreso está a punto de aprobar definitivamente el proyecto que modifica parcialmente el mecanismo de los Plebiscitos Comunales, con el objetivo de obtener mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en el ámbito local, y finalmente también se presenta como una medida, dentro de esta agenda de Gobierno, el cambio en las fechas de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

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Otras iniciativas que se desenvuelven en el ámbito de aumentar la participación ciudadana son: el Voto de los Chilenos en el Extranjero, la Iniciativa Popular de Ley y las Elecciones Populares de los Consejeros Regionales. A su vez, en el ámbito de mejorar la valoración de la política se agendaron iniciativas como el Fideicomiso Ciego, Declaración de Patrimonio de todas las autoridades electas por votación popular, la Ley que regularía el Lobby y una Reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos. No se trata de reaccionar ni de hacer un cambio cosmético. Está claro que el sistema representativo que hoy tenemos no da el ancho y se encuentra deslegitimado, cuestionado y sin el prestigio que debiese tener el ámbito político. Podemos tener divergencias sobre qué hacer al respecto, algunos optan por mejorar la democracia representativa; nosotros por avanzar hacia una democracia más participativa. Pero lo que no podemos hacer es rehuir al debate. Se necesitan, sin duda, cambios institucionales a la estructura, para lo cual necesitamos mayorías para gestionar resultados en el parlamento, que seguramente no tendremos, pero el debate debe hacerse. No podemos cargar con nuestra inoperancia y además evitar la confrontación de ideas. Es por ello que debemos convocar a la discusión de una nueva Constitución Democrática redactada desde abajo hacia arriba, lo que constituye una parte fundamental de nuestra ineludible tarea institucional y política. Es en este marco donde hemos buscado imponer la descentralización como un paso ineludible para mejorar las dinámicas de participación y desarrollo cívico, y queremos firmemente que esto se incluya en la conformación de una Asamblea Constituyente que represente especialmente a la ciudadanía de las regiones, y ha sido dentro de nuestro plan de acción a largo plazo, consistente en desarrollar estratégicamente puntos mencionados con anterioridad, así como detallados más adelante. Esta orientación a nuestro trabajo apunta a consolidar una visión regionalista donde la Región de Antofagasta no sólo debe funcionar como un proveedor de recursos, sino también de ideas, proyectos y visiones de país.

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Impulsar el cambio del sistema binominal, es el primer paso que debiera dar la clase política para permitir una mejor representación de los ciudadanos en el Congreso. Avanzar en una ley que permita la iniciativa popular de ley, el plebiscito vinculante, el voto programático y el referéndum revocatorio de todas las autoridades. Estos pasos implican el involucramiento de la ciudadanía en la política, más allá de su instrumentalización desde la clase política a través de promesas de campaña oportunistas que invitan a participar sólo a través del voto, que finalmente se encuentra secuestrado por el sistema binominal. Entonces, decididos desde el comienzo a democratizar realmente los mecanismos de participación en la política, consideramos fundamental limitar las reelecciones perpetuas, elaborar una nueva Ley de Partidos Políticos para democratizarlos internamente y aumentar su transparencia, implementar Educación Cívica obligatoria en los establecimientos educacionales. Creo que estos cambios necesarios, son parte de un verdadero ejercicio de transformación institucional de la política.

PARTICIPACIÓN JUVENIL: POSIBILIDAD DE VOTAR Y DE SER ELEGIDO Si se permite que a los 18 años una persona pueda ser alcalde, administrar el presupuesto municipal y tomar importantes decisiones en materia comunal; o que a los 21 años se pueda ejercer como ministro de Estado y gestionar una cartera en todo el territorio nacional; o también a los mismos 21, que cualquier persona pueda resultar electa para desempeñarse como diputado de la República y contar con iniciativa para ingresar proyectos de ley al Congreso, y hasta tener la facultad para pronunciarse sobre reformas constitucionales ¿Por qué para poder ser candidato a senador se requieren 35 años cumplidos?, ¿Cuál es el requerimiento especial que se necesita para desarrollar este cargo, a diferencia del de diputado, para que se aplique este requisito etario?

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A nuestro parecer, en dos cámaras que tienen casi idénticas funciones, no debería establecerse como requisito para desempeñarse como uno de sus miembros, un criterio tan arbitrario como este. Aún más, considerando que si una persona menor de 35 años, ya sea por la fuerza de sus ideas, por el liderazgo que ejerce o por el respaldo político que tiene, puede ser democráticamente electa por los ciudadanos para representarlos en el Senado. Creemos que no debe imponerse una dificultad como ésta a priori. Si los electores estiman que una persona no tiene la madurez personal o las capacidades suficientes para el cargo no votarán por él y no lo elegirán como su representante. Pero lo que no tiene explicación razonable es que se niegue anticipadamente la posibilidad siquiera de ser candidato. Como medida para combatir la baja participación de los jóvenes en la política y para contener la baja representatividad creciente del sistema político chileno, este mismo parlamento aprobó hace pocos meses la inscripción automática, dando la posibilidad a millones de jóvenes, que no estaban inscritos en los registros electorales, de poder sufragar en las elecciones de forma voluntaria. Sin embargo, esto no garantiza por sí mismo que esos 4 millones y medio de nuevos votantes participen de un proceso eleccionario. Esto sólo se puede lograr si se incentiva efectivamente la participación política y esto adquiere más sentido cuando existen candidatos en quienes los ciudadanos puedan confiar y se sientan representados. Sin duda que la edad de un candidato es un factor importante a la hora de que los jóvenes definan una opción electoral, en base a su experiencia en la lides políticas, pero también el desgaste natural de los desempeños en el cargo requieren un recambio constante, y la inclusión de la juventud es una inyección de aire fresco que el sistema político no debiese tratar de contener. Mucho se habla, y con bastante razón, que en el Senado son los mismos de siempre desde hace muchos años. Una reforma como la que hemos propuesto con la senadora Ximena Rincón y el senador Fulvio Rossi, de bajar el requisito de edad para ser candidato a senador a 25 años, junto con otra reforma que presenté el año 2009 para poner límite a la reelección de los parlamentarios, tanto a

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senadores como a diputados, contribuirían fuertemente a incentivar la nominación de nuevos candidatos al Congreso por parte de los partidos políticos. El proyecto de Reforma Constitucional que limita la reelección parlamentaria, a su vez, daría mayor rotación y posibilidad de recambio en la política chilena, permitiendo la participación de nuevas caras y gente más joven. A través de este proyecto, que presentamos junto a los senadores Guillermo Vásquez, Soledad Alvear, Camilo Escalona y Carlos Bianchi, pretendemos limitar la permanencia de los parlamentarios en el Congreso a 2 períodos para los Senadores (4 años) y 3 para los diputados (12 años). Esto permitiría que exista mayor recambio en el Congreso, que los parlamentarios se dediquen a legislar como corresponde y no a preocuparse exclusivamente de su reelección haciendo funciones que no son propias de un parlamentario, proyectando la política como un arte de la permanencia más que como una labor de estado en beneficio de toda la ciudadanía, quien finalmente les confiere su mandato mediante el voto. Esperamos que esto se debata alguna vez en el Senado y que se apruebe, porque sería una señal muy importante para el país que aquellos que estamos en política no estamos apernados en el cargo, sino que estamos convencidos de que tiene que haber renovación, aire fresco, nuevas ideas y la inclusión de temáticas emergentes que muchas veces se le escapan del horizonte a quienes viven una realidad paralela dentro de las esfera legislativa. Mucho se habla de la renovación generacional en la política, pero poco se hace. Es necesario comprender que la conformación del Congreso, y particularmente el Senado, no sólo debe obedecer a criterios de representatividad política, social y territorial. La variable generacional es prioritaria. Los jóvenes deben tener voz y voto en todas las máximas instancias de decisión política del país.

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El argumento de que a los 25 años no se tiene la madurez política ni intelectual suficiente no se sustenta, pues si lo hiciera, lo que veríamos en la próxima elección senatorial, a la luz del rejuvenecimiento del padrón electoral, sería que los candidatos “maduros” hacen todo lo posible para convencer, obtener el voto y poder representar a 4 millones y medio de supuestos ciudadanos “inmaduros”. Si este criterio hubiera estado vigente en el período de la Independencia de Chile, la incipiente República no podría haber contado con los liderazgos de O´Higgins y Carrera que en 1810 tenían 32 y 25 años de edad respectivamente. Otra discusión importante en materia de participación electoral de los jóvenes fue el proyecto sobre inscripción electoral automática y voto voluntario. En el 2010 se aprobó la reforma constitucional y en el 2012 la ley que la implementaba. En el 2012 se inauguró en las elecciones municipales de octubre y no se lograron los objetivos buscados de tener mayor participación de los jóvenes en estos procesos. En esta discusión planteamos e llevamos a que se votara una indicación para que el proyecto tuviera necesariamente un componente de educación y que los estudiantes en las escuelas y en los colegios tengan Educación Cívica como asignatura obligatoria. Ello permitiría que los cinco millones de votantes nuevos manifiesten su opinión de forma informada, comprendiendo la importancia del voto, la participación política y la acción ciudadana, además de sus deberes y derechos clarificados desde su infancia. Creo que el establecimiento del ramo de Educación Cívica como asignatura obligatoria dentro del plan de estudios, se presenta como una herramienta fundamental para recuperar y promover el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social, la formación de valores y aptitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento. Lo que propusimos concretamente fue incorporar la asignatura de educación cívica con carácter de obligatoria en los niveles de

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enseñanza básica y media para todos los establecimientos escolares del país, la que deberá impartir, al menos, contenidos relativos a educación cívica propiamente tales, como el valor de la democracia, la relevancia de la diversidad, la tolerancia y la no discriminación, los derechos humanos, derechos del consumidor, normas del tránsito y cuidado del medio ambiente. En la tramitación de la Inscripción Automática y el Voto Voluntario, se presentó una indicación con el objeto de modificar el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del Ministerio de Educación del año 2009, agregando a las mallas curriculares la asignatura de educación cívica en cada nivel de enseñanza, por la necesidad imperiosa de promover la educación en este ámbito a objeto de facilitar la participación informada de la ciudadanía en el ámbito electoral. Sin embargo esta idea no prosperó al interior de la tramitación legislativa, por no lograr el quórum de aprobación necesario para una ley orgánica constitucional (22 votos a favor), sin perjuicio de que buena parte de los senadores que votaron en la sala la norma se manifestaron a favor de ella (20 votos a favor, 10 en contra, 2 abstenciones). Cabe destacar que incluso durante la discusión, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristian Larroulet señaló: “…Por eso, debo puntualizar expresamente que acogemos los planteamientos expresados en el Senado, en especial una indicación presentada en su momento por los Senadores señores Gómez, Walker (don Patricio) y Quintana, y las observaciones de otros miembros de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en orden a introducir un cambio a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Si se lee el artículo 29 de dicho cuerpo legal, podremos concordar en que claramente resulta insuficiente desde el punto de vista de lo que necesitamos en materia de educación cívica. Por eso, el Ejecutivo se compromete a enviar a más tardar en el mes de enero del próximo año [2012] -ya estamos ad portas de él- una indicación a ese proyecto, que nos permita avanzar en materia de educación cívica.”

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Compromiso que hasta la fecha no se ha cumplido por parte del Ejecutivo. De todas formas ingresamos un proyecto de ley que recoge esta iniciativa y que se está tramitando en la Comisión de Educación. En consecuencia. Creemos que se requiere de un proceso de educación, de integración, de que los jóvenes sepan que la política, aunque la vean a distancia, es tan importante desde el punto de vista del futuro del país, que requiere la participación de ellos y de una votación que determine quiénes son los legisladores y quiénes son los gobernantes que van a llevar adelante los proyectos que ellos esperan que el país desarrolle. Debido a eso no votar, no participar, permite que existan instituciones que se mantienen pétreas con el tiempo y no logran la renovación o la participación de otras instancias que no sean necesariamente aquellas que se organizan a través de los partidos políticos.

MÁS DECISIÓN DE LA GENTE: PLEBISCITOS, FACILIDADES VOTACIÓN, BINOMINAL. En los capítulos anteriores he narrado hechos contingentes a la realidad de la región, introduciendo y señalando las gestiones parlamentarias realizadas con el fin de impactar al plano político respeto de la región de Antofagasta, remarcando lo positivo y enfatizando los aspectos administrativos perjudiciales al momento de intentar legislar para el beneficio de su ciudadanía, a quien represento. Estas señas respecto de las trabas al momento de legislar, generaron un camino paralelo a mi gestión representativa, y aprendí a sopesar los factores que impiden una dinámica fluida y expedita. Es por esto que dentro de mi actividad parlamentaria he dispuesto medidas para el ámbito regional, enmarcadas en la realidad nacional, y procedimientos para despejar la ruta hacia la realización de estas iniciativas en el contexto parlamentario. Reformas útiles y necesarias para poder sortear las

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dificultades propias de un diseño político orientado a la fosilización de ciertas prácticas, la inmovilidad de muchas, y el detenimiento de otras. Es en este sentido que comprendimos los mecanismos que necesariamente debían ser modificados en una estrategia a largo plazo. Las siguientes iniciativas están moldeadas por ese afán de movilizar la estructura parlamentaria desde adentro, abriendo espacio para ideas frescas y para anhelos antiguos por realizar. FONDENOR, en este caso ha buscado reivindicar el papel de proveedor de recursos de la zona minera y su soñada vuelta de mano en la medida justa. La protección medioambiental, la intervención en la Ley de Pesca, entre otras, han buscado asegurar recursos que harían posible la concretización de estos anhelos, esperados largamente. Es en este sentido que hemos invertido tiempo y aliento en la visualización de medidas e iniciativas para incluir a la ciudadanía de manera real en la política, así como desgastar los mecanismos que inmovilizan las vías hacia esta participación. Es un viaje de la realidad local hacia la realidad centralizada, pero con una hoja de ruta que inevitablemente vuelve hacia nuestra región, y a todas las demás, al ir al centro del corazón de la pétrea institucionalidad anteriormente señala como inconveniente para los fines de una democracia realmente participativa e incluyente. De lo regional a lo nacional, y de ahí de vuelta a la ciudadanía postergada de las regiones. Por lo tanto, sin perjuicio de compartir el diagnóstico sobre la necesidad de introducir reformas al sistema político, es evidente que la agenda que impulsa el gobierno de turno es a todo evento insuficiente, ya que aporta muy poco a solucionar la principal causa de la crisis de representación que existe en nuestro modelo político, que es la falta de legitimidad de toda la institucionalidad política producto de la Constitución vigente y muy particularmente sobre el sistema electoral binominal ahí establecido. En primer lugar, creemos que una reforma política seria y profunda comienza por preguntar a los ciudadanos si desean cambiar la Carta Fundamental a través de una Asamblea Constituyente donde se

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pueda discutir participativa, representativa y proporcionalmente, acerca del diseño político en su conjunto. De esta forma se daría un paso definitivo para romper la crisis de representatividad existente, a nuestro juicio el único paso posible, que es permitir que se ejerza la voluntad soberana de la ciudadanía siendo el deber de las autoridades el crear el marco institucional más apropiado. La actual Constitución Política de la República nos lleva por mal camino. Nuestro sistema político responde muy lentamente a los cambios que exige la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el Estado se haga de verdad cargo de la protección y seguridad de las personas, para que solucionemos definitivamente el problema con los pueblos indígenas, para que se ponga fin a los abusos al consumidor y el lucro desmedido en la salud, la educación, los servicios básicos, etcétera? ¿Tendrán que pasar 100 años para poner fin a la centralización que asfixia a Calama, Aysén o Magallanes, o para garantizar que la explotación de nuestros recursos naturales como la Pesca o el Litio sea en beneficio de todos los chilenos y no de unos cuantos grupos económicos? Nosotros creemos que el momento para cambiar esta realidad no es otro que ahora. Las fuertes señales que ha dado la ciudadanía, que manifiesta su descontento e indignación con el modo en que las instituciones responden a sus demandas, debería hacernos tomar conciencia de que esto no resiste más. No se trata sólo de cambiarla porque sea espuria y tenga su origen en la dictadura. Hay que hacerlo simplemente porque es mala y no sirve, porque no es un instrumento eficaz para garantizar justicia social, igualdad y democracia plena, máximas a las que se supone está llamada cualquier constitución política de cualquier Estado del mundo. Por eso nuestra propuesta es clara. Queremos que este mismo Congreso apruebe una reforma constitucional para que durante las próximas elecciones de presidente, senadores y diputados de noviembre del 2013, se consulte además al país, a través de un plebiscito, en una cuarta urna adicional, donde todas y todos los chilenos puedan votar si quieren o no cambiar la actual constitución

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política por una nueva, redactada en una Asamblea Constituyente que esté conformada por miembros elegidos democrática y proporcionalmente, donde todos los sectores y territorios del país estén debidamente representados. La propuesta que emane de esta instancia deberá ser ratificada a través de un segundo plebiscito nacional. No se trata de imponer una nueva constitución, se trata de construirla entre todos y que sea ratificada por todos. Aquí no caben exclusiones de ningún tipo, vengan de donde vengan. La Asamblea Constituyente no es un invento ni de esta época ni de esta región. Por mucho que esté ganando terreno como un método de eficaz democracia directa en varios puntos del planeta, la idea de que el pueblo ha tenido y tiene el derecho anterior y superior al Estado de estar reunido dictando -de una vez por todas- sus propias normas superiores, que plasmen y garanticen en un texto cosas de importancia superlativa; como los derechos inherentes a los seres humanos, la justa administración de los bienes y la regulación del Estado. Es una idea que está en el centro de la existencia de la relación entre gobernantes y gobernados; es allí donde se entiende que existe la clase política como portador de un mandato hecho para ejercer el poder a nombre del verdadero soberano mandante, que es el pueblo. Sus primeras expresiones, no se dieron ni en Egipto ni en Islandia ni en Colombia; ni tampoco en Venezuela, ni en Bolivia: fue en los albores de la concepción actual y dominante de democracia moderna, por allá en 1789, en aquella Francia emancipadora y humanizante, que conformada en Asamblea Constituyente, eliminó a la Monarquía y se instauró como República. Hay consenso en gran parte de la ciudadanía y el mundo político sobre la urgencia para el país del cambio a la constitución. La pregunta es cuál mecanismo y qué profundidad consideran estos actores los apropiados para esta “reforma”. Nosotros creemos que para solucionar de raíz y definitivamente la constante y ya bien antigua “baja evaluación” y la “crisis de representatividad” que enfrenta todo el sistema político, debe ser la propia ciudadanía la que establezca las bases de una profunda modernización, democratización y humanización del país, redactando entre todos

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una nueva constitución. Actualizada, incluyente y esencialmente orientada hacia la ciudadanía y no a unos pocos ciudadanos que se creen dueños de todo y de todos. Nadie podría entender que seamos los mismos políticos los que encontremos y propongamos la solución a los problemas que hemos creado o permitido que se generen. Si esta nueva constitución, en la que muchos estamos de acuerdo en que se debe hacer, es redactada por nosotros, los mismos de siempre, no solucionamos nada. El problema de la desconfianza de la gente con sus representantes queda intacto, y en aumento. Por eso es imperativo preguntar a través de un plebiscito si se quiere cambiar la constitución. ¿Quién podría negarse a que el país decida su propio futuro? ¿Qué otra cosa si no un plebiscito es lo que ha determinado al pueblo y su imaginario de soberanía en nuestra existencia política en los últimos 25 años? También me parece indispensable que existan los incentivos necesarios para que la gente vaya a votar, porque necesitamos que la gente tenga la decisión de participar. Si al final de la historia, la votación del ciudadano determina quién está sentado en el Congreso, cómo se hacen las leyes, quién está sentado en La Moneda y cómo se gobierna. Por eso que es tan importante que este proceso tenga la suficiente fuerza y participación de los ciudadanos para se produzca un remezón en el sistema político. La siguiente es una lista de 11 medidas propuestas para fomentar el sufragio: 1.-Preferencia en acceso a becas del Estado. En caso que exista posibilidad de empate entre postulantes, se prefiere el que ha ejercido el derecho a voto (Viene del caso colombiano. Foco: jóvenes) 2.-Preferencia en acceso a empleos del Estado (viene del caso colombiano). Se hizo presente la posibilidad de establecerlo

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como requisito de entrada, sin embargo, el equipo técnico considera que entonces su constitucionalidad es cuestionable, toda vez que se exige el ejercicio de un derecho que es voluntario. 3.-Apertura de guarderías para niños durante el día de elecciones (por parte del Estado o financiadas por éste) 4.-Provisión de medios de movilización en zonas extremas proporcionados por el Estado, bajo la administración del Servicio Electoral (SERVEL). Y prohibición en paralelo a contratación de dichos medios por parte de los candidatos, aún a título gratuito. 5.-Definir el día de las elecciones como feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio, en la línea de las últimas leyes que se han aprobado sobre la materia respecto. 6.-Establecer en el Código del Trabajo que el ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para ejercer su derecho como elector. Este se ejercerá dentro de un lapso de tiempo a acordar con el empleador. (Viene del caso colombiano) 7.-Obligar al SERVEL (con los recursos correspondientes) a desarrollar campañas masivas a través de los medios de comunicación que den cuenta de las distintas etapas del proceso eleccionario (cierre del padrón para cambio domicilio por ejemplo), la importancia de los actos eleccionarios y del fortalecimiento del sistema democrático, en forma previa a cada acto eleccionario. 8.-Incorporar 2 horas de educación cívica semanales a la malla curricular, desde el segundo ciclo básico. 9.-Facultar al SERVEL para certificar votación de los electores para hacer efectivos los incentivos señalados más arriba. 10.-Prohibir el acarreo en las elecciones: Lo hemos propuesto en el proyecto de inscripción automática y en el de

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primarias. Penalizar a los candidatos que acarreen gente a votar, sobre todo ahora que el voto es voluntario. 11.-Transporte Público gratuito en las elecciones: Durante el día de las elecciones el transporte público debiera funcionar de forma gratuita en todo el país. Esto facilitaría la participación de todas las personas especialmente las de bajos recursos. Todas las medidas propuestas tienen como fin evitar que las decisiones políticas se tomen en el centralismo, darle poder a las regiones es fundamental, pero esto no será posible mientras no se tenga respeto a la diversidad del País, es por eso que cambios de esta magnitud son tan relevantes.

PARTICIPACIÓN LOCAL (+ DEMOCRACIA) Siguiendo esta línea de acción tendiente a profundizar la participación ciudadana mediante el involucramiento en el acto cívico eleccionario, nos propusimos bajar el porcentaje de firmas para la realización de plebiscitos comunales. Sin embargo el ejecutivo envío un proyecto que sube del 5% al 10% el porcentaje de firmas requeridas para que los ciudadanos puedan exigir la realización de un plebiscito sobre materias propias de su municipio. Nosotros hemos abogado por mantener el requisito en 5%, y que los notarios que las certifiquen lo hagan de forma gratuita. El valor que hay que cancelar por firma es la principal dificultad de la sociedad civil a la hora de impulsar este tipo de iniciativas. Los siguientes puntos señalan mecanismos para poder llamar a plebiscitos comunales municipales: • Los plebiscitos comunales pueden ser requeridos por el alcalde con acuerdo del concejo municipal. • A requerimiento de los 2/3 del concejo municipal. • A solicitud de 2/3 de los integrantes en ejercicio del concejo comunal.

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• A solicitud de organizaciones de la sociedad civil y ratificada por lo 2/3 de los concejales. • A requerimiento de una cifra similar al 10% de la cantidad ciudadanos que hayan sufragado en la última elección de alcalde. Para este último caso, la gran traba reside en el hecho que las firmas de los ciudadanos deben ser certificadas por Notario Público, con su respectivo costo en dinero, o por un oficial del Registro Civil, teniendo los interesados que solventar los costos de este requisito. Las materias que pueden someterse a plebiscito son las Inversiones específicas de desarrollo comunal, aprobación o modificación del Plan de Desarrollo Comunal, modificación del plan regulador y otras de interés para la comunidad propias de la esfera de competencia municipal. Estos plebiscitos serán vinculantes sólo si vota en él más de la mitad del electorado de la respectiva comuna. La cantidad de firmas requeridas fue modificada durante la tramitación de ley de Inscripción automática y Voto Voluntario, al aumentar la cantidad de firmas necesarias que la ciudadanía debía juntar para pedir un plebiscito comunal al alcalde desde el 5% de los ciudadanos inscritos al 10% de los que hayan votado en la última elección de alcalde en una comuna en particular El 10 de noviembre del año 2010 el ejecutivo envía a tramitación el proyecto de ley “Sobre plebiscito y consultas de carácter comunal”, el que hoy se encuentra en una etapa final y decisiva en el congreso, cuyos objetivos, según el mensaje del Presidente de la República, son: Primero, “facilitar la realización de plebiscitos comunales y consultas no vinculantes a nivel local”, y, segundo, “reducir los costos que estos mecanismos de participación significan para los municipios del país”. Entre las facilidades propuestas por el ejecutivo en el proyecto de

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ley sobre plebiscitos comunales que se tramita actualmente en el Senado, figuran: 1) Incorporar, aparte de los notarios y los funcionarios del Registro Civil, a un funcionario del Servicio Electoral como agente autorizado para validar las firmas de los ciudadanos que eventualmente soliciten un plebiscito al alcalde, al que estos tendrían que pagar las horas extras y el viático. 2) Permitir que el plebiscito comunal se realice el mismo día de una elección parlamentaria y presidencial en caso de ser convocado. 3) Reducir el período de prohibición para celebrar plebiscitos, limitando el período comprendido entre 90 días antes y 60 días después de una elección municipal (actualmente es de 240 días antes y 60 días después). 4) Agregar entre las materias que pueden ser consultadas la “denominación, uso y conservación de bienes nacionales de uso público” y las ordenanzas municipales. 5) Rebajar de 50% a 40% del electorado de la comuna el requisito de participación para que dicha consulta sea vinculante para la autoridad. 6) Establecer la posibilidad de levantar un procedimiento de reclamo ante el Tribunal Electoral Regional para impugnar el proceso de forma previa a la celebración del plebiscito en caso de eventuales irregularidades o parcialidades en la formulación y definición de la o las consultas. Si bien el proyecto de ley, al introducir estas modificaciones en la Ley vigente, facilita de forma parcial y completamente insuficiente la posibilidad de acceder a plebiscitos sobre materias relevantes del ámbito comunal a los ciudadanos, la principal modificación que hace va en el sentido contrario: No corrige el aumento de 5% a 10% de la cantidad de firmas que requiere juntar y certificar la ciudadanía

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para requerir al Alcalde la celebración de una consulta vinculante, estableciendo de esta forma una limitación insalvable para aquellos ciudadanos que quieran someter determinada materia a consulta y dejando sin efecto, o como letra muerta, las pequeñas facilitaciones que el proyecto propone. El requisito anterior, para esta solicitud, de 5% de los ciudadanos inscritos y regía apenas desde julio de 2012, cuando entró en vigencia la ley 20.500 sobre “Participación Ciudadana en la Gestión Pública” que lo rebajó del 10% que estaba vigente desde 1997. No pasaron ni 5 meses de vigencia de la ley que permite pedir plebiscitos con un porcentaje de firmas razonables para la ciudadanía, para que el Gobierno y la Comisión de Gobierno del Senado repusieron el antiguo guarismo del 10%. Nosotros creemos que el proyecto debe establecer otras importantes y necesarias modificaciones si lo que se quiere, tal como lo ha dicho en tantas oportunidades el ministro Larroulet, es realmente facilitar la celebración de plebiscitos comunales y ampliar los espacios de democracia y participación ciudadana en el ámbito, por lo menos, comunal. Se debe eximir del elevado costo que significa validar cada una de las firmas ante notario o de dar gratuidad para efectuar este trámite ante el funcionario del registro civil o del servicio electoral propuesto por el proyecto, no puede imponerse una dificultad económica al ejercicio de un derecho de manifestación democrática. Debe, además, bajar el quórum de 2/3 del concejo municipal con el que los concejales pueden pedir un plebiscito al alcalde, siendo inaplicable en la realidad ya que es muy difícil que un gobierno comunal cuente con dicha proporción de concejales que no sean del sector político del alcalde, y tampoco baja la prohibición de que las distintas posturas que se sometan a plebiscitos puedan gozar de propaganda a través de una “franja política” en la televisión como lo vemos en las elecciones de cualquier tipo y otorgando posibilidades concretas a los interesados de difundir su posición con respecto a una determinada materia.

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Esta forma de actuar en las comunas es importante, esto facilitaría que la ciudadanía que se ve afectada por proyectos pueda organizarse y manifestarse ante su autoridad para que los represente en las instancias pertinentes. La instalación de una termoeléctrica, la contaminación que producen los barriles de petróleo en la costa son temas que podrían ser abordados por los ciudadanos de la Región.

TRANSPARENCIA, DINERO Y POLÍTICA Creemos que hay que romper la vinculación que existe entre el dinero y la política. Estoy convencido que esta es una de las reformas más importantes al sistema político, y podría ayudar decididamente a mejorar la calidad de la política. Propusimos eliminar todo tipo de aportes privados a las campañas políticas. La publicidad debiera ser a través de las franjas en la TV y la Radio, con aportes limitados y parejos que haga el Estado, para garantizar igualdad en la participación política. La primera dificultad que existe es la vinculación entre el dinero y la política, generando una intervención a través de esta mala practica en las elecciones. Sostenemos esto debido a que la existencia de recursos privados que se entregan a las campañas y a los partidos políticos a través de la reserva o el anonimato permite una injerencia indebida entre el poder del dinero y el poder de la política. Esto era un secreto a voces, que sectores con capacidad económica podían intervenir en la elegibilidad de los candidatos, sin que existieran antecedentes para ello. Sin embargo, el programa de televisión Informe Especial, del 2 de julio de 2012, mostró de manera explícita cómo el poder económico financiaba candidaturas políticas. Entonces, el periodista Santiago Pavlovic, se preguntaba por la influencia del dinero en el debate democrático. Como ejemplo, en la campaña presidencial del 2009 se utilizaron, en todas las candidaturas de la primera vuelta, nueve mil novecientos

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millones de pesos, de los cuales tres mil quinientos se obtuvieron a través de aportes reservados, lo que equivale al 35,4%. Por su parte, en la campaña senatorial del mismo año, en la que se eligieron sólo 18 senadores de los 38, se gastaron en todas las candidaturas, cinco mil setecientos millones de pesos, de los cuales tres mil quinientos se recaudaron por aportes reservados, lo que equivale al 61,9% de los recursos gastados. Y, en la campaña para la elección de diputados correspondiente se gastaron, en total, catorce mil millones de pesos entre todos los aspirantes a la cámara baja, de los cuales cinco mil ochocientos ingresaron a través de aportes reservados, lo que equivale 41,1% del total ocupado . La modificación electoral instaurada con la ley de Inscripción Automática elevó considerablemente el límite del gasto electoral permitido en proporción directa al aumento del padrón que la automatización de la inscripción acarreó. Este incremento no tiene un fundamento posible ya que deja en desigualdad de condiciones a partidos y candidaturas que no cuentan con la gran cantidad de recursos permitidos, lo que es un atentado grave a la igualdad de oportunidades que todos los actores políticos que participan de una elección deberían tener. Creemos, que todos los chilenos y chilenas pueden entregar donaciones, pero creemos que debemos reforzar que la política tenga reglas objetivas para el financiamiento electoral, con límites de gastos sensatos y ajustados a la realidad de todos los sectores políticos, a efecto de evitar que el dinero intervenga indebidamente en las elecciones inclinando la balanza a favor de sus elegidos. De lo contrario, el principio de igualdad ante la ley se vería frustrado, y la representación política podría distorsionarse gravemente. Es por ello que el proyecto de ley que presentamos establece la reducción del límite de gasto que se puede efectuar en una campaña electoral calculándose la cifra en relación a la cantidad de personas que efectivamente sufragaron en la elección anterior respectiva y no en función del padrón. Esto amarra el gasto posible a la participación real, poniendo el acento en que los candidatos incentiven a sus

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potenciales electores con ideas y no con propaganda excesiva y sin contenido. Además, proponemos la eliminación de las donaciones secretas y reservadas, enfatizando que todos los aportes sean públicos. Asimismo, se sancione con la imposibilidad de asumir el cargo al candidato que haya aceptado donaciones con infracción al límite establecido por la ley, a cada donación en la misma elección, que acepte donaciones no públicas, o que acepte donaciones de personas naturales o jurídicas que la ley prohíbe. Finalmente, se establezcan sanciones penales de 61 días a 3 años, a las personas naturales que realicen donaciones más allá del límite legal, que realicen donaciones secretas y a aquellas que donen contra la prohibición legal que los afecte. Para las personas jurídicas, se les sancionará con el quíntuplo de su aporte. Esperamos que las disposiciones que propusimos puedan ser ley y regir para el proceso eleccionario del presente año en el país, para así poder dar condiciones de mayor igualdad a los distintos actores políticos, además de desvincular las decisiones públicas de intereses particulares y en definitiva fortalecer efectivamente nuestra democracia en uno de sus puntos más álgidos, de mayor sospecha y discusión desde la ciudadanía. Por ello, solicitamos al Congreso y al Ejecutivo darle la urgencia legislativa que requiere un proyecto de ley que persigue la mayor transparencia en la influencia del dinero en la política. No hay razón alguna para que exista el anonimato para entregar dinero en una actividad tan relevante para la sociedad y que tiene un alto grado de decisiones y mantener este sistema de reserva abra la sospecha que las acciones de la actividad política puedan estar influidas por el dinero. Si queremos una democracia sana se debe permitir el escrutinio público en cada una de las actuaciones de los políticos al momento de tomar decisiones que afecten el futuro de Chile.

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REFORMAS AL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO Existen pocas voces en la ciudadanía que valoren al Parlamento, lo hagan público y entiendan cuál es su funcionamiento. Para muchos chilenos es un lugar en donde no se trabaja y que sólo significa costos, en progresivo aumento. Esa es la realidad y no nos hemos hecho cargo de este tremendo deterioro que hoy se percibe desde la ciudadanía ¿Podemos seguir haciendo oídos sordos? Estoy convencido que no. Es nuestra responsabilidad buscar las formas de fortalecer el sistema democrático mediante cursos de acciones que primero develen las falencias a fortalecer, para luego implementar tentativas de mejoras en su orgánica interna. ¿Qué hay detrás de la idea de disminuir al Parlamento? ¿Por qué las principales noticias del Congreso son los escándalos y no los logros? Respecto a estos puntos debemos reflexionar. Pero antes de culpar a otros, tenemos que hacernos cargo de nuestras propias falencias. Chile no es ajeno al deterioro mundial que vive la actividad política. Hemos vivido sus consecuencias, por eso no podemos ser espectadores y no recordar nuestra propia y reciente historia. Una historia que no se puede repetir, ni pueden haber situaciones que lleven a pensar a los ciudadanos y ciudadanas que un sistema autoritario es mejor que uno democrático. Como sabemos, esta crisis no está sólo en el Parlamento, vemos los grados de deterioro que tiene el Ejecutivo y particularmente la figura del Presidente de la República. Entonces creo que no es posible hacer oídos sordos a esta situación y tenemos que tomar medidas drásticas, que son difíciles, este es un deber ético político para que las instituciones democráticas recuperen credibilidad política. La situación que hoy vivimos no da para más. Es por esto que propusimos, a la Presidencia del Senado algunos cambios inmediatos respecto a nuestras prácticas de trabajo y al uso de recursos. Esta debe ser una tarea prioritaria porque hoy nos compete a nosotros resolverlo. Estos son temas que no pueden

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quedar en palabras, es indispensable que la ciudadanía vea que estamos aquí por ideas y no por los buenos sueldos o por el poder.

FUNCIONES DE LOS PARLAMENTARIOS Soy de la idea que debemos avanzar hacia un sistema unicameral, sin embargo mientras mantengamos la actual institucionalidad debe hacerse una clara especificación respecto de las dos funciones parlamentarias: 1) La función de legislar, presentar proyectos de ley, participar en otros proyectos mediante indicaciones, asistir a sesiones de sala y comisiones, etc. Esto es similar en ambas Cámaras. 2) La función de representar. Es aquí donde debe delimitarse el trabajo y precisarse lo que tiene directa relación con las asignaciones territoriales que se reciben. ¿En qué consiste la función de representar? Los textos lo señalan claramente y es la obligación de llevar al parlamento las aspiraciones, necesidades y soluciones de la comunidad que lo eligió. ¿Cómo se ha entendido esta función en la práctica? Se entiende como que el parlamentario recorre su circunscripción o distrito y que se reúne con sus representados, reparte recursos para bingos, soluciona problemas locales de trabajo, salud, justicia, etc. ¿Es esa la labor del Parlamentario, de los Senadores en nuestro caso? Creemos que no, esta forma de hacer política es lo que ha desinformado a la opinión pública y confunde al ciudadano. Hay que delimitar de manera estricta para qué son esos recursos y evitar que finalmente los parlamentarios en ejercicio reciban durante años asignaciones, cuyo objetivo sea el clientelismo enfocado solamente en la reelección y no en mejorar la dignidad de las personas haciendo políticas públicas de calidad.

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Sedes Institucionales: Para evitar esta situación de uso de recursos, en funciones que no son de representación, el Senado (el Parlamento) debiera instalar sedes en todos los Distritos y Circunscripciones del País donde se habiliten oficinas de propiedad pública a cada Senador. Esto sería un ahorro importante para el Estado, porque eliminarían el gasto en arriendos particulares y en la mantención de oficinas para senadores y senadoras. Del mismo modo el Congreso daría un paso importante para acercarse a cada localidad de Chile institucionalmente. Trabajo Legislativo: Una de las reclamaciones más fuertes y recurrentes de la opinión pública es señalar que las leyes se demoran una enormidad y que nuestro trabajo es prácticamente inútil. Nunca hemos revisado el accionar del Congreso, simplemente hemos dejado que la inercia nos lleve a funcionar como ha sido histórico en el tiempo. Pero está claro que ello no es posible de mantener hoy. Los grandes debates sobre discriminación, aborto, educación pública, ley de pesca quedan en la nada. ¿Qué ve la gente? Que ganamos enormes sueldos, que tenemos grandes asignaciones y que el trabajo Parlamentario no avanza. Cada cierto tiempo se nos responsabiliza porque los Proyectos de Ley están estancados en el Congreso. Cuando salen las leyes es un éxito del ejecutivo (como el Post natal), los Parlamentarios no tenemos ninguna función ni somos parte del éxito. ¿Qué podemos hacer entonces? En mi opinión no hay otra manera que romper la tradición de raíz y establecer nuevas formas de trabajo y de acciones parlamentarias que nos lleven a recuperar la credibilidad de nuestros compatriotas. Por eso deben aumentarse los días de sesiones legislativas, tanto de sala como de las comisiones; en mi opinión de lunes a viernes, con horarios y sanciones económicas para aquéllos que no asistan. Es el único trabajo en que el desempeño no tiene control y sólo después de 4 u 8 años, el ciudadano en la elección determinará si se hizo bien o mal el trabajo parlamentario. Algunos señalarán que esto es una exageración y que eso atentaría contra la función representativa. En las actuales circunstancias no tengo dudas que ante situaciones

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extremas de desprestigio debemos hacer los esfuerzos que sean necesarios para recuperar la credibilidad pública. Esta propuesta va unida a la necesidad que el parlamento asuma su rol y no esté supeditado a las necesidades y urgencias del ejecutivo. Entre los años 1990 y 2009 se han ingresado un promedio de 335 proyectos de ley anuales, de los cuales el 63% son mociones parlamentarias y el 37% mensajes del Ejecutivo. Sin embargo, estos valores se invierten al corroborar la proporción de proyectos de ley despachados por el Congreso. Del promedio de 99 proyectos de ley anuales aprobados para dicho período, el 78% corresponde a mensajes y sólo el 22% restante a mociones parlamentarias. En 20 años de funcionamiento el Congreso Nacional ha aprobado 1540 mensajes presidenciales y solamente 440 mociones parlamentarias (el 9,5%), de las 4600 presentadas por diputados y senadores. La implementación de una iniciativa de este tipo debería considerar días exclusivos de trabajo parlamentario, ya sea en sala o en comisiones, para proyectos de ley de iniciativa parlamentaria o mociones. En la medida en que podamos exhibir resultados concretos a la gente, en nuestro caso leyes, vamos a poder legitimar nuestra función y recobrar la confianza de la ciudadanía en nuestro trabajo. Es por ello necesario visibilizar lo que realizamos, así como también lo que no se hace.

REGIONALIZAR PARLAMENTO 1. El senado debe tener medios de expresión abierta a la comunidad, a través de la radio y un canal de televisión para que la ciudadanía se informe del trabajo parlamentario. Es impresentable que no exista una señal abierta y que esto este entregado a cable operadores

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pagados, sólo para quienes puedan costearlo. Es necesario que el Senado tenga comunicaciones abiertas y directas la ciudadanía. 2. Es un imperativo, para lograr la transparencia de nuestros actos por medio de la difusión, la publicación de ellos. Debemos establecer la norma que el Senado (el Parlamento en su conjunto), cada seis meses, a través de la página web institucional informe los proyectos de ley presentados, indicaciones, comisiones, sesiones de salas y descuentos de dieta por no asistencia. A la vez los proyectos que no se han tramitado, han sido rechazados, archivados o retirados y sus razones. Estos dos mecanismos son una forma de revelar el trabajo parlamentario en su real dimensión, generar información clara y precisa para que el ciudadano pueda informarse y evaluar el trabajo realizado y el que no. Además debemos permitir que el Congreso sesione en un lugar distinto a su sede legal en Valparaíso, es el propósito de la moción que presentamos con Jorge Pizarro el año 2010. La iniciativa, busca modificar la Constitución Política para que considere como materia de ley la que permite al Senado y a la Cámara de Diputados sesionar en distintas ciudades. La iniciativa, que deberá ser estudiada por la Comisión de Constitución señala que sólo son materias de ley “las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Asimismo, la que señale las ciudades en que celebrarán sus sesiones ambas ramas del Congreso Nacional, sus comisiones y demás órganos, la cual podrá iniciarse por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros”. Cabe precisar que una ley dictada en 1987 fijó la sede del Parlamento en Valparaíso y desde esa fecha, parlamentarios de distintos sectores han intentando modificarla con el objeto de trasladarla a Santiago.

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Un fallo del Tribunal Constitucional determinó que dado que tiene impacto presupuestario definir donde funciona el Congreso, su traslado es atribución exclusiva del Presidente de la República. De ahí que la reforma constitucional apunte a establecer que también puede ser atribución parlamentaria. El funcionamiento esporádico de algunas comisiones en distintas zonas del país, ha permitido tomar contacto directo con sus habitantes y recabar antecedentes de primera mano para pronunciarse sobre determinados temas. Creemos que la verdadera participación del Congreso Nacional en la promoción del fortalecimiento de la regionalización se producirá cuando, en forma coherente, la misma Constitución Política reivindique su derecho a determinar los lugares donde celebrará sus sesiones. Ello permitirá a la ley establecer la periodicidad con que las salas, las comisiones y los demás órganos parlamentarios, incluidos los comités, podrán sesionar en distintas regiones e, incluso, disponer que lo harán de manera regular en cuatro o cinco ciudades, que representen agrupaciones de regiones. Esta forma permitiría acercar la función legislativa a las Regiones. Significaría que un Poder del Estado considera y respeta a todas las Regiones del País. Nuestra propuesta se basó en la discusión respecto al impuesto específico de la minería, sostuvimos que la Regiones del Norte se verían afectadas y era necesario que este debate se diera en la Región, lo que facilitaría la concurrencia de la comunidad. Ahí está la Reforma Constitucional.

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CAPÍTULO 5: EDUCACIÓN

EL ROL DEL ESTADO

En el documento Bases Para Un Acuerdo Social Por La Educación Chilena que nos entregaron al parlamento los estudiantes universitarios (CONFECH), los secundarios(ACES), los profesores (Colegio De Profesores), y autoridades universitarias, se propone como un eje fundamental de la reforma a la educación chilena, la Reforma Constitucional, donde se consagre la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado asuma la responsabilidad de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación preescolar, básica y media. En el mismo documento, se establece que “La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. Se sostiene que la educación debe ser capaz de formar sujetos, profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social. La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica.

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En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.”

FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA Quiero dejar de manifiesto –brevemente- que en materia de educación a mí me parece que los acuerdos que se toman en el Congreso, por los parlamentarios que representamos una visión de la enseñanza pública en su conjunto, deben ser suficientemente sólidos como para avanzar en un cambio educacional en serio, en un cambio de estructura que permita que la educación sea responsabilidad total del Estado. Los sistemas de financiamiento que se han elaborado e instalado durante los últimos tiempos, originaron finalmente, un modelo de subsidio, un procedimiento de entrega de recursos en función de la asistencia de los alumnos y no de alcanzar una educación de calidad que el Estado debe garantizar para tener profesores bien remunerados y colegios con una infraestructura y tecnología adecuadas que desarrollen un plan educativo con la fuerza que el país necesita. Nosotros tenemos un sistema educativo segregado que ha producido y seguirá produciendo desigualdades tremendas en Chile, porque la

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enseñanza pública o municipal es de mala calidad y los indicadores de la OCDE demuestran que esta obtiene alrededor de 410 puntos -la línea media son 510 puntos- y la educación privada logra 520 puntos. Los estudios que se han hecho para analizar la baja de la matrícula en educación pública -que hoy día llega a 35 por ciento- indican que se requieren mínimo 300 millones de dólares de inversión para evitar la fuga de alumnos desde la enseñanza municipal. Sin duda, con todas estas ideas y con la gama enorme de capacidades o posibilidades de los ciento y tantos millones de dólares, no se logrará progresar en el fortalecimiento de una educación pública gratuita, de calidad y que sea de responsabilidad del Estado. En esa materia, nosotros no tenemos una opinión favorable a este tipo de acuerdos y creo que debiéramos haber ejercido una presión mayor para los efectos de avanzar en el camino que creemos correcto. Nosotros no estamos por que la educación privada desaparezca, ni siquiera la subvencionada. Sin embargo, nos parece que, en una discusión política profunda sobre la materia, el Estado debe asumir su responsabilidad de invertir los recursos necesarios para que en cada comuna del país exista educación de calidad, a fin de que los ciudadanos -las mamás, los papás y la familia- puedan tomar la decisión de llevar a sus hijos a un colegio público o privado no por su costo ni por lo que les implica pagar esos recursos, sino por lo que significa elegir un establecimiento educativo por su calidad. Otro punto del acuerdo que se consideró relevante fue sin duda, el aumento de las becas de alimentación desde los 1.300 pesos a los 1.600 pesos. Sin embargo, la verdad es que un estudiante con una beca de ese monto es muy poco lo que puede desarrollarse, alimentarse. En esta materia no debieran escatimarse esfuerzos por lograr contar con recursos suficientes para que los niños que van a estudiar y que

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vienen de Regiones tengan una alimentación decente y suficiente para poder vivir -o sobrevivir- en ciudades que a veces son muy distintas a sus lugares de origen. Estas constituyeron pequeñas mejoras, que no pusieron en la línea de la discusión política del país en su momento, en el proyecto de ley más importante, que fue el de Presupuestos el tema de la educación pública, en su calidad y en su gratuidad. Se trata, simplemente, de recursitos pequeños que fueron a fondos negros, que no se resuelven de buena manera porque los controles que existen son mínimos, y así nos ha pasado con otra cantidad de recursos. Yo no participe del acuerdo, vote consecuentemente con lo antes expuesto, en contra.

EL PROBLEMA DEL LUCRO Que mejor para definir esta conflictiva temática que la propia definición que presentamos en el Proyecto de Ley del 2011, “Relativo a Transparencia de establecimientos educacionales que reciben aportes estatales”. Este mecanismo establecía que la rendición de cuentas abarca de forma genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: “obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones”. De esta manera, el texto se desarrolla a través de las siguientes definiciones que buscan cautelar ante el lucro a la educación chilena: 1. Los establecimientos e instituciones educacionales gozan de gran autonomía para operar una vez que han conseguido el Reconocimiento Oficial del Estado. Sin embargo, esta libertad para funcionar no puede significar irresponsabilidad de sus directivos, ni la imposibilidad de los contribuyentes de contar con mecanismos institucionales para evaluar la conducción de estos establecimientos e instituciones que, finalmente, son financiadas, en todo o parte, por

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todos los chilenos a través de los aportes fiscales y por cada familia en el caso de los establecimientos e instituciones que operan con financiamiento mixto. 2. En este entendido es necesario plantear la posibilidad de extender el deber de transparencia en los establecimientos e instituciones educacionales que reciban financiamiento estatal por cualquier mecanismo, cuya trascendencia para el devenir cultural y social del país, en algunos casos, puede llegar a equipararse con todas las instituciones públicas que están sometidas a la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. 3. Por otra parte, tenemos que el principio de transparencia activa en el ejercicio de la función pública se encuentra establecido de manera general para todos los órganos del Estado, sin distinguir el tipo de actividad que realizan. En este sentido, los establecimientos e instituciones educacionales, sean de carácter estatal o privados, por el solo hecho de recibir aportes fiscales, también deberían ser alcanzadas por dicho principio. 4. Esta propuesta busca someter a los establecimientos e instituciones educacionales a la transparencia activa, de modo de obligarlos a poner a disposición de cualquier persona principalmente la información relativa al origen y destino de los aportes públicos que reciben del Estado, entre otras obligaciones de acceso a información relevante. De esta forma, ante la luz de los hecho recientes y las multitudinarias y multisectoriales movilizaciones donde han confluido estudiantes, profesores, trabajadores, así como toda una gama de indignados y reclamantes en torno a esta realidad determinante del panorama nacional, como lo es el lucro y el abuso a las familias de miles de chilenas y chilenos, figurando como un evento que transgrede la propia institucionalidad establecida, al estar prohibido en la ley, pero desplegado ampliamente sobre las practicas cuestionadas.

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Recibir fondos del estado en conjunto con fondo privados, utilizando estos recursos mediante la imposición de económicos criterios particulares sobre normativas ministeriales, resulta claramente una acción en detrimento de la educación pública, puesto que regula la dinámica de la educación en torno a un ranquismo y variables cuantitativas donde la competencia entre un establecimiento y otro depende de factores socioeconómicos mas que educacionales, lo que sitúa la distribución de recursos hacia sectores favorecidos en detrimento de las escuelas con bajos resultados que predominantemente prestan cobertura en zonas y realidades de bajo nivel socioeconómico, empobreciendo aun mas al humilde, endeudando por largos años al esforzado, y asegurando en su situación de privilegios a quien ya los goza.

LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO El Presidente de la República Sebastián Pinera, señaló en su discurso a la Nación, el 21 de mayo de 2011, que ese año sería el de la reforma a la educación superior, sin embargo, hasta el último minuto, no se envío ni discutió ningún Proyecto del Ejecutivo que fuese en pos de ese objetivo. Los Proyectos de Ley sobre reprogramación del Crédito Universitario (Boletín Nº 7.874) y beneficios para los deudores del Crédito con Garantía Estatal (Boletín Nº 7.898), son insuficientes y no dan hablar de una reforma estructural a la Educación Superior. Por el contrario, las señales del ejecutivo han sido en pos de fortalecer el modelo y mantener una política decreciente entorno a las universidades estatales. Se ha sostenido que no importa si las instituciones se encuentran bajo la tenencia pública o privada. Lo que importa es la calidad del sistema. Calidad, que en el sistema superior, estaría garantizada por

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el sistema de acreditación. Este tipo de argumentos no pueden quedar sin responderse. Es cierto que existen Universidades Privadas de excelencia académica, que promueven la extensión cultural y el debate libre, sin embargo, las Universidades Estatales son fundamentales en la construcción de bienes públicos, que representen el tipo de desarrollo que todos los chilenos desean, y establecer estándares de calidad que sean seguidos por el resto de las instituciones del sistema. En este contexto, tal como lo venimos planteando desde hace varios años, presentamos un Proyecto de Ley, Boletín N° 7937-04 del año 2011 para poner en el centro del debate la construcción de un Nuevo Trato del País con el Sistema Estatal de Educación Superior. Esta propuesta surgió a partir del convencimiento respecto a la relevancia social de la Educación Pública, sustentada también en el documento que en enero del año 2009 publicara el actual ex Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, denominada “Nuevo Trato con el Estado. Hacia una Política para las Universidades Estatales”, y del documento “Nuevo Trato con el Estado. Fortaleciendo la política de Educación Superior Estatal”, aprobado por los Rectores del Consorcio de Universidades Estatales en Marzo de 2009, los que tras una razonable fundamentación llegan a dos conclusiones, que a nuestro parecer son las más relevantes: 1. “La misión de la universidad es ser conciencia crítica de la sociedad a la que pertenece, así como su tarea es producir y transmitir el conocimiento preparando nuevas generaciones para el desarrollo del país. Las universidades estatales están llamadas a contribuir sustancialmente a dichos fines, con especial orientación hacia la creación y promoción de bienes públicos como el pluralismo, la libertad y la tolerancia, elementos fundamentales en la construcción de la sociedad”. 2. “Chile carece de un modelo sustentable de universidad pública en un mundo en que el conocimiento será la gran herramienta

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para asegurar un acceso a iguales oportunidades, a los frutos del progreso, a una mejor calidad de vida de las chilenas y chilenos en el siglo XXI”. En efecto, la política implementada bajo el gobierno de facto y que se fortaleció bajo los gobiernos democráticos, no definió una misión clara de las universidades estatales ni tampoco relevo su carácter público, disminuyendo su peso e importancia social en el desarrollo del país. Por el contrario, se les ha hecho competir de igual a igual por el financiamiento público con instituciones de carácter privado; se les disminuyeron los recursos directos (hoy no superan el 15% de sus presupuestos anuales), teniendo que aumentar sus aranceles para ser competitivas; se separaron las sedes regionales, se les redujo el número de académicos, y pusieron trabas burocráticas que no tienen el resto de las instituciones de educación superior, como el límite del 6%. En suma, las universidades estatales quedaron enmarcadas bajo un actor más del “mercado educacional”, rompiendo con la tradición histórica de Chile. Como señala el mismo rector Pérez: “Esto nos lleva a plantear el asunto principal: Las universidades estatales requieren una institucionalidad que establezca y preserve su carácter de universidad pública y de calidad, dejando muy claro que ambos aspectos son sustanciales e irrenunciables, ninguno de ellos subordinado al otro, para poder así contribuir específicamente con: calidad, diversidad y equidad en educación; investigación libre y del más alto nivel; transparencia y cumplimiento de objetivos; discusión abierta sobre nuestra sociedad y la construcción de la democracia; formulación de políticas públicas en temas fundamentales del país”. Estas palabras son el espíritu que inspira la Moción que venimos a presentar. No se trata de afectar las relaciones del Estado con el resto de las instituciones tradicionales o privadas de Educación Superior.

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Es, por el contrario, crear una nueva relación de Estado con las universidades de su propiedad, donde el País reconoce su relevancia social en áreas vitales como la docencia y la investigación y, por su parte, estas se comprometen a cumplir con las necesidades que la Sociedad demanda, transformándose en un pilar del desarrollo nacional y regional. Es de carácter especial la relación de la segunda región con esta temática, puesto que la enorme actividad económica, asociado a la falta de recursos que debiesen retornar como una medida de justicia social y económica respecto a lo anteriormente expuesto en los capítulos del Royalty o Fondenor. Esta relación se establece en cuanto a las Universidades que están presentes en la región de Antofagasta y como estas necesariamente deben vincularse con la empresa privada para desarrollar proyectos específicos, incluso de categoría mundial; pero enmarcados en las directrices y necesidades de la misma empresa privada en cuanto a sus lineamientos de investigación, orientaciones ideológicas desde la academia y especialmente el control de la tecnologías y laboratorios, que en el caso de las Universidades deberían ser con la tutela y patrocinio sustentable para ampliar estos mismos limites de investigación, así como para asegurar que los recursos inyectados en las mismas universidades no terminen sirviendo intereses privados en vez de los correspondientes intereses públicos. Financiar el espectro privado desde el estado o los recursos públicos es parte de una de las prácticas con las que queremos acabar en la educación, y esencialmente en las universidades del estado. Por todo lo anterior, en conjunto con un grupo de parlamentarios que firmamos y patrocinamos el siguiente proyecto de ley, que define lo siguiente, y que me tomo la molestia de citar íntegramente, pues representa lo que a nuestro juicio debiese fijarse dentro de la ley como el espíritu de una educación, que a través de la educación privadas y sus universidades públicas como una cima, establece que:



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PROYECTO DE LEY ARTICULO ÚNICO: Agréguese un nuevo párrafo 5° al Título III del DFL 2, que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.

“Párrafo 5°. Sobre la relación del Estado con las Universidades Estatales. Artículo 1.- Las universidades estatales, constituyen un sistema universitario que, en su conjunto, tendrán, entre otros, los siguientes objetivos: a) Ejercitar, con el rigor propio de este nivel educacional, la amplia gama y contenidos de la docencia universitaria; b) Formar integralmente profesionales y técnicos universitarios, así como procurar su perfeccionamiento y especialización, en concordancia a las necesidades del sistema social y productivo del país, con especial preocupación de los temas regionales en aquellas instituciones de regiones; c) Formar académicos y profesores para el ejercicio de la docencia, investigación y extensión universitarias en los distintos niveles y modalidades del sistema; d) Desarrollar la investigación científica, tecnológica y social, contribuyendo a la creación y difusión del conocimiento en todas sus formas y expresiones, y su utilización para solucionar las necesidades del país y de sus regiones; e) Propender al cultivo de las humanidades y las artes y promover la conservación y fomento del patrimonio cultural de la Nación; f) Contribuir a una adecuada y racional diversificación de los estudios de nivel universitario, garantizando crecientes niveles de excelencia y equidad;

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g) Admitir a los estudiantes de acuerdo al mérito académico, velando por la igualdad de oportunidades en el acceso a sus aulas y posterior permanencia en ellas; h) Propender al establecimiento de un sistema de universidades estatales, procurando relaciones armónicas y entre ellas, propender a la interacción y cooperación académica, favorecer la movilidad estudiantil y la cooperación dentro del sistema, la vinculación con las demás estructuras educativas y, la participación e inserción en la comunidad universitaria internacional; i) Propender a la creación de sedes regionales para estimular un proceso de desconcentración y descentralización de la educación superior. j) Vincularse con la comunidad donde se ubica, desarrollando proyectos y actividades en beneficio de esta última, promoviendo el debate público en materias de interés nacional, regional o local, y k) Transferir conocimientos, tecnología a la comunidad nacional y constituir un polo de fomento para el desarrollo regional, y en particular al sector productivo de bienes y servicios, facilitando la innovación y el desarrollo en este ámbito. Artículo 2.- Corresponde al Estado garantizar el aporte financiero para el sostenimiento del sistema estatal de educación superior, asegurando su normal funcionamiento, desarrollo y el cumplimiento de sus fines. Para la distribución de este financiamiento, se tendrá consideración indicadores de eficiencia y equidad”. En este Proyecto de Ley reafirmamos nuestra idea de que la Educación Universitaria es relevante para el desarrollo nacional, pero aún más importante es la fuerza y el sentido de desarrollo regional que deben tener las universidades. No hay duda y, todo el mundo lo señala, la región de Antofagasta debiera ser la líder



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en desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en la minería, debiera ser un referente mundial. A pesar de los miles de millones de dólares que en esta región se producen, esto no es posible porque los recursos que entregan los privados son limitados y se utilizan sólo con sus necesidades. Es por eso, que el rol del Estado en el desarrollo educacional y en el desarrollo estratégico es insustituible. Para que esta aspiración se concrete, se necesita decisión política del Ejecutivo, decisión de respeto a las diferencias en el desarrollo regional. Dentro de nuestras posibilidades y a través de los mecanismos. que la actual Constitución nos permite presentamos Proyectos de Ley y Reformas Constitucionales que no se tramitan porque no tienen el interés de otros parlamentarios y tampoco del Ejecutivo que es quien tiene el poder para avanzar.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL El Convenio 169 de la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el estado Chileno en septiembre del 2008, y muy importante por su proximidad, entra en vigencia el 15 de septiembre de este 2013, establece que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. En el caso de nuestra región las medidas y gestiones realizadas en torno a lo sucedido al Tatio, relatado anteriormente, así como a aquellos puntos tratados en la minería y medioambiente, este punto

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es fundamental en lo que respecta a ciudadanos y ciudadanas con derechos de pueblos indígenas que son vulnerados, agredidos y permeados por intereses, algunas veces, demasiado ciegos de las consecuencias de sus actos, al tratarse de millones de dólares versus pueblos originarios, sus ríos, sus fuentes de recursos, su aire, y esencialmente sus aguas, son tratados bajo la lógica afuerina del mercado, sin respeto a sus creencias y cultos, pasando a llevar otra ley de la que fuimos parte en algún momento, la Ley de Culto. Es importante entonces visibilizar esta problemática en nuestra región, con diversidad y presencia ancestral, y conseguir formular medidas o programas de desarrollo equitativo, enfocado a la recuperación de este patrimonio sociocultural viviente. “El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento (Art. 7, N°s 1 y 2). Los pueblos originarios son una fuente de riqueza histórica, socioeconómica, cultural y política. Han sobrevivido imperios, conquistas, colonización y ahí están. En el caso de los Mapuches al sur de nuestro Chile, enfrentamos una situación insostenible por donde se le mire. Por un lado existe una falta de comprensión y de comunicación entre las partes. El Estado es utilizado para reprimir y desterritorializar a los pueblos indígenas cuando su tierra y entorno contiene recursos naturales explotables, y en su relación primordial entre el estados y los mapuches, existe una función de abuso y otra de resistencia. Sin embargo, persisten y su cultura sobrevive y lucha contra el olvido, la usurpación y la violencia política e su propio espacio. Por otro lado, estos son conocidos globalmente, y además no se limitan a resistir sociopolíticamente, sino también a través de la expansión de sus tradiciones, productos, memorias, y significados. El norte,, en cambio, esta integración o convivencia representa otros factores que hacen que la coexistencia entre los grupos humanos



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de etnias o culturas diferentes, en base a otros tipos de relaciones, siempre en el contexto de la explotación afuerina, pero también señalando la diferencia en el dialogo entre las partes. Nuestra región y sus conocimientos, flora, fauna, paisajes, mar y un innumerable etcétera de recursos, posee las características suficientes para desarrollar fuertemente, y con énfasis regional el turismo étnico, llamado también especifico, y enfocarlo en programas de desarrollo para los pueblos en su propia formula e intentando proteger su identidad a través de este proceso de participación y asociatividad, correspondido en el siguiente inciso: “Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación (Art. 22). Asimismo, se buscó establecer que las autoridades competentes deben asegurar la formación de los miembros de los pueblos indígenas, y que los programas y los servicios de educación destinados a éstos deben desarrollarse y aplicarse con su cooperación, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deben abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. También, que los gobiernos deben reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, y facilitar recursos apropiados con tal fin. Del mismo modo deberían, según el proyecto de acuerdo propuesto, adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas (señalado en el Art. 28). También los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos del citado Convenio.

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Por último, se establecía que deberían adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. La ley indígena N° 19.253 establece que el Estado reconoce el derecho de las poblaciones indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales . Este reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas contemplará: a) El uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al español en las áreas de alta densidad indígena; b) El establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad programática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para valorarlas positivamente (Art. 28, a y b). Además, la Corporación (CONADI), en las áreas de alta densidad indígena y en coordinación con los servicios u organismos del Estado que correspondan, desarrollará un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global. Al efecto podrá financiar o convenir, con los Gobiernos Regionales, Municipalidades u organismos privados, programas permanentes o experimentales. Además, la Constitución Política de Chile establece entre los deberes y derechos constitucionales la libertad de enseñanza (Art. 19 N° 11), y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Una de las mayores aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de educación es la enseñanza, transmisión y preservación de sus idiomas, cultura, y de sus historia en las universidades, y la creación de universidades interculturales, que combinen saberes ancestrales y científicos, posibilitando su complementación en distintos ámbitos, en busca del desarrollo de sus pueblos indígenas. Ellos sostienen



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que en la actualidad se encuentran sin mecanismos concretos para decidir e influir en su propio desarrollo, a partir de los saberes y conocimientos de su cultura. En particular, la propuesta de crear una Universidad Mapuche financiada por el Estado, que plantea desarrollarse en un contexto curricular mapuche y abierta a toda la sociedad. Este sería un proyecto muy antiguo de la sociedad mapuche, que nace en 1910, con la Sociedad Caupolicán y se retoma en los 40’ con la Corporación Araucana; posteriormente en los años 70’ con la Federación de Estudiantes Indígenas y en los 90’ con los Hogares Indígenas y ahora con la Federación Mapuche de Estudiantes. Por lo anterior, y en mérito de lo expuesto, el Senado acordó solicitar al Presidente Piñera, que tuviese a bien realizar las gestiones necesarias para incluir dentro de las propuestas de mejoramiento del sistema de Educación Superior en Chile, los siguientes aspectos: 1. El establecimiento de universidades interculturales. Supone que los programas de formación universitaria contemplen la enseñanza de los idiomas indígenas, y cátedras que aborden su historia, y la realidad en que estos pueblos se encuentran, incorporando soluciones acorde a sus necesidades, y sus propios saberes, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y también en la Ley indígena. 2. El Establecimiento de mecanismos adecuados y recursos adicionales para financiar instituciones y medios de educación indígenas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Convenio 169 de la OIT. 3. El Reconocimiento Jurídico de los Hogares indígenas e implementación de una Política pública que garantice la estadía de los estudiantes indígenas durante todo el año académico de educación superior.

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4. La reestructuración del sistema de Beca Indígena, considerando el aumento en calidad y en cobertura de beneficios, para todos los niveles de enseñanza, especialmente el de postgrado. Los pueblos originarios estaban en esta tierra cientos de años antes, en nuestra región. Los Lican Antay son un pueblo con historia y la región como el país debe reconocerlos y debe cumplirse con todos el sueño de un país multicultural.

OTROS TEMAS EN EDUCACIÓN En el plano legislativo en junio del 2007 Introduje un seguro de garantía obligatorio, al decreto con fuerza de ley N° 22, de 1981, que creaba un programa especial de becas. Contratar un seguro de garantía que cubriría íntegramente la suspensión, interrupción y/o incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en el presente decreto, rigiendo durante todo el período académico, incluyendo la obtención del grado al que estuviese postulando, y durante todos los años de trabajo exigidos por esta ley en el sector público, académico, universitario o docente al cual está obligado el becario a entregar como retribución al país por la beca obtenida. El sentido es que la retribución sea en las regiones y comunas del país, en los lugares en que es difícil tener especialistas de calidad. Si el Estado da oportunidades, éstas deben ser devueltas a la ciudadanía. En el mismo periodo del 2006, también participamos en el Proyecto de Ley que modificaba Diversos Cuerpos Legales para restituir al Ministerio de Educación y sus unidades desconcentradas la planificación, gestión y administración de los establecimientos educacionales municipalizados, conocida como la histórica deuda de la des municipalización de la educación, medida tomada en la época del régimen dictatorial, y que ha generado, según un diagnostico compartido por muchos, fuente de la mayoría de los males en la educación chilena.



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Transferir la responsabilidad desde el actual nivel municipal a un sistema donde se congregue la obligación del Estado en garantizar una educación de calidad en los niveles básico y medio, como asimismo introducir un componente regionalizador en la gestión, planificación y administración operativa y curricular de los establecimientos públicos educacionales, actividad que será realizada por las unidades territorialmente desconcentradas del Ministerio de Educación. Otro Proyecto de Ley gestionado en ese entonces especificaba el traspaso de establecimientos y servicios educacionales públicos municipalizados al ministerio de educación. Se buscó establecer el procedimiento por el que operara el traspaso de la educación pública municipalizada hacia un nuevo sistema que asegurase la calidad, equidad y regionalización de la educación pública. En enero del 2007 se establece que el cierre o fusión de Establecimientos Educacionales por parte de los Alcaldes debe contar con un informe previo favorable de la SEREMI de Educación respectiva. Actualmente, en zonas rurales y por falta de matrícula, diversos alcaldes han cerrado establecimientos educacionales, sin que exista coincidencia entre el criterio de las autoridades comunales y las de las respectiva Seremi de Educación. El proyecto de Ley buscó unificar estos criterios a la hora de decretar el cierre o fusión de un establecimiento, reduciendo la discrecionalidad de los alcaldes sobre la materia. Dos años después, en las postrimerías del 2009, enviamos un Proyecto de Ley que buscó incorporar en los programas de educación parvularia las normas de seguridad del tránsito. Aquel proyecto pretendía implementar la educación en materias de seguridad transito para los programas de la educación parvularia, afín de reforzar el contenido valórico y de respeto a la vida que consagra nuestra Carta Fundamental precisamente en aquella etapa de formación y aprendizaje como es el nivel preescolar. La discusión en torno a la educación está lejana a terminar, y los esfuerzos por conectar estas medidas con la labor legislativa que se

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me ha conferido, no han cesado y se buscaran nuevos caminos para acompañar esta gran lucha de todos los estudiantes de Chile.

RECONOCIMIENTO DE OBRA DE HERNÁN RIVERA LETELIER Solicité que las obras del afamado escritor nortino, Hernán Rivera Letelier, fueran insertados dentro de los planes educacionales de enseñanza media, esto tras el galardón XIII Premio Alfaguara de Novela, con su obra “El arte de la resurrección”. El norte grande y todo el país debe sentirse orgulloso de contar con uno de los más importantes escritores de la literatura nacional y que hoy goza del reconocimiento internacional. Por ello es importante que su propio país sea el que le reconozca incorporando su obra al plan educacional de Chile. Mi propuesta se efectuó en la denominada Hora de Incidentes del Senado, además de enviar un oficio al Ministro de Educación, Joaquín Lavín (de la época). Además propuse distribuir ejemplares de la obra del escritor en las bibliotecas de los establecimientos escolares, como en aquellas dependientes de la Dirección Literaria. Creo que Chile desconoce lo que es el norte y creo que la historia contada de la manera poética como lo hace Hernán Rivera Letelier es muy valioso. También en mi afán de reconocer la obra de Hernán Rivera Letelier, postulé al Ministerio de Educación del escritor nortino al Premio Nacional de Literatura, hecho que para los habitantes de Antofagasta, y todas las ciudades del Norte Grande y, sin duda todas las provincias del país, sería un justo reconocimiento a la trayectoria y calidad narrativa del este escritor, que inclusive ya se ganó el respeto de la comunidad literaria internacional. Yo creo que Hernán representa al pampino, encarnando al norte, las vivencias y la propia historia de lo que ha sido esta gran tierra para Chile.



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CAPÍTULO 6: SEGURIDAD PÚBLICA

TOLERANCIA CERO AL ALCOHOL (“PROGRAMA AUN TE ESPERO”) Preocupados por los accidentes, muertes y lesiones graves producto de malas prácticas de conductores en las vías públicas, implementamos la propuesta de Conducción sin alcohol: Ley de Tolerancia Cero, basado en el Programa Aún te Espero, de la región de Antofagasta. Los gravísimos accidentes de tránsito y sus trágicas consecuencias por irresponsables que manejan en Estado de Ebriedad no pueden dejar a nadie indiferente. Es por eso que en colaboración del equipo de la Campaña Aún te Espero, iniciamos en octubre del 2010 una fuerte ofensiva legislativa y comunicacional, ingresando un completísimo proyecto de ley para aumentar las sanciones a quienes comentan este tipo de actos y hacer las modificaciones procesales necesarias para asegurar la justicia y no la impunidad en este tipo de situaciones. Finalmente con poco respeto por el trabajo realizado desde la región, el gobierno envió su propio proyecto, que era bastante más acotado en sus artículos y no solucionaba en su totalidad la problemática del manejo en estado de ebriedad. Sin embargo, en este régimen presidencialista ellos tienen el poder, así es que finalmente contribuimos a mejorar sustancialmente en la comisión de Transportes del Senado en

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reiteradas sesiones donde incluso expusieron su experiencia y planteamientos los representantes de la Campaña Aún Te Espero, se aprobó un proyecto que endurece las penas y sanciones, pero aún faltan modificaciones sustantivas para asegurar que incida efectivamente en la baja de accidentes de tránsito por conducción en Estado de Ebriedad o bajo los efectos del alcohol. Ahí sigue pendiente en el Senado, el Proyecto de Ley que presentamos para que se den clases de educación de tránsito desde la educación parvularia. Las conductas señaladas constituyen situaciones irresponsables por parte de quienes las ejecutan, y son de suyo prevenibles, que ponen peligrosamente en riesgo la vida, la salud, la propiedad y la seguridad de la propia persona que realiza tal transgresión o de terceras inocentes. En este entendido, debe quedar claramente establecido en la legislación pertinente el primerísimo valor que el Estado otorga a estos bienes jurídicos, y a su vez, la alta condena que la sociedad da a quienes manifiesten estos comportamientos, lo que debería expresar como consecuencia la aplicación de un sistema menos permisivo y a su vez más moderno, tanto en su aspecto penal, procesal y administrativo, que apunte a internalizar en la población la gran responsabilidad que significa conducir un vehículo y de esta manera contribuir a mitigar y disminuir la accidentabilidad de tránsito producto de estas causas. Entonces presenté un proyecto de ley que endurecía las  sanciones contra quienes conduzcan bajo la influencia del  alcohol, en estado de ebriedad y a exceso de velocidad,   aumentando los castigos relativos a la suspensión de licencia  y multa, y haciéndose cargo, diferenciadamente, de los  distintos tipos de daños que tengan sobre las personas y la propiedad.



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CAMPAÑA AUN TE ESPERO CRUZA FRONTERAS Y EXPONE EXPERIENCIA EN EL SENADO Invitamos al Senado a los integrantes del programa de prevención de accidentes de tránsito, “Aun te Espero” de Antofagasta, a participar la sesión que realizó la Comisión de Transportes y Obras Públicas del Senado, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley de mi autoría, que buscó disminuir el nivel de ingesta de alcohol permitida a la hora de la conducción y aumentar sus penas. En la oportunidad, los representantes de la región expusieron ante la sala su experiencia de prevención en el manejo bajo la influencia del alcohol. Expusieron estos integrantes del programa como han logrado éxito en la baja de las cifras de accidentabilidad en la región, pero señalando sin embargo que aun no se logra cambiar completamente las conductas. En tanto Mauro Robles, uno de los principales agentes de la campaña, se refirió en aquella oportunidad a como desde el año 2006 se estaba buscando la posibilidad de exponer la experiencia en el Congreso, y ahora se dio al alero del Proyecto de Ley de los senadores de la región. Robles agregó que Aun te Espero quedó con una larga lista de tareas que realizar en el corto plazo, a fin de llevar a la Comisión de Transporte del Senado a la región para mostrarles en terreno, tanto en las empresas mineras como en las intervenciones urbanas, el trabajo que se desarrollaba para evitar accidentes. Finalmente, se informó que la campaña Aun te Espero cruzó las fronteras del país, ya que ahora es reconocida en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), según detalló la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Nos alegramos que el Proyecto de Ley logró ser publicado y ha sido importante en bajar los niveles de accidentes por ingesta de alcohol. Lo único que lamento es que una vez más el centralismo y el poder del Ejecutivo no haya reconocido que la matriz y la idea de la ley

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viene de un trabajo de la región de Antofagasta que por más de 6 años ha puesto el esfuerzo en la prevención.

CÁRCEL DE CALAMA Trabajé como Ministro de Justicia del Presidente Frei y Lagos por sacar las cárceles del centro de la ciudad. El mismo espíritu me llevó en el año 2008 pedir al Ministro de Justicia de la época que buscara un terreno en Calama para construir una cárcel y que se destinarían recursos para su desarrollo. Esto se logró en el presupuesto, pero luego sin explicación se ha postergado esta solución hasta hoy. Preocupados por la temática de las cárceles, cada vez mas abarrotadas y con problemas en aumento respecto a su infraestructura, y esencialmente reflexionando en torno a los problemas ocurridos por la dificultad suscitada a partir de las cárceles y su rol prolongador del delito, en lo que se menciona a veces como la “universidad del crimen”. Rehabilitación real que no se cumple, oportunidades laborales huidizas, familias descompuestas, prolongación del ciclo delictual a través de su integración permanente en la infancia. Y el alarmante aumento de presos en un sistema penitenciario que no da abasto para la reforma ocurrida en el sistema judicial, y que debiese poder contener el avance de tal implementación en pos del progreso de la sociedad en su conjunto. Respecto del manejo de la problemática de las cárceles y posibles soluciones para su regulación efectiva, encontramos que las tendencias internacionales apuntan en la actualidad hacia una efectiva integración social de la población reclusa mediante la implementación de sistemas de rehabilitación. Por ello se ha dado especial importancia al trabajo y capacitación de reclusos dentro de las cárceles, lo que se ha establecido en la experiencia internacional como un mecanismo eficaz para dotar a los infractores de conocimientos y habilidades aprovechables al momento de salir



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en libertad, permitiéndoles acceder a trabajos remunerados que los alejen de una posible reincidencia o nueva vinculación con el mundo delictivo, permitiendo con ello una verdadera capacidad de reinserción. La iniciativa legal que presentamos en su oportunidad al respecto de la rehabilitación en las cárceles, encuentra su fundamento en la necesidad de entregar a la población penal herramientas que facilitarían su verdadera resocialización y consecuente reinserción en la comunidad al momento de recuperar la libertad, incorporándose en nuestra carta fundamental el principio que el trabajo penitenciario es un derecho - deber y no un castigo. Por otra parte, es también sustentable que los reclusos contribuyan en términos económicos a su propia manutención y posterior rehabilitación en las cárceles, pues atenta contra el ánimo colectivo que quien ha infringido la ley deba, además, ser mantenido por quienes no lo han hecho. Es altamente valorable, asimismo, que quien se encuentre privado de libertad, contribuya al sustento de su propia familia, que, de otro modo, podría verse impedida de recibir este aporte económico. En cárceles europeas junto con permitir el trabajo de reclusos, existen altos estándares de calidad laboral, asociados a la implementación de normas de resguardo de sus derechos, tales como indemnizaciones por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, remuneración de acuerdo a normas de mercado, vale decir, condiciones similares a los que la ley dispone para los trabajadores libres. El Servicio de Gendarmería de Chile, ha demostrado que se produce una convivencia mucho más pacífica y ordenada en los recintos carcelarios donde operan talleres laborales, por lo que se requiere destinar menos esfuerzos a las tareas de control y vigilancia, y se puede desarrollar una acción rehabilitadora más efectiva. Al mismo tiempo se ha constatado un positivo efecto psicológico sobre el recluso por el desarrollo de un trabajo. Ello responde a la adquisición

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de una nueva calidad o identidad como trabajador, que se traduce en la posibilidad, como ya se señaló, de colaborar monetariamente en los gastos de mantenimiento del hogar. Si bien es cierto que actualmente el sistema carcelario ofrece la posibilidad de que parte de los reclusos interesados y autorizados por la autoridad carcelaria puedan desarrollar actividades laborales remuneradas, los beneficios que este tipo de actividades representan en el proceso de rehabilitación y reinserción social hacen recomendable su extensión al resto de la población penal, incluida aquella que voluntariamente no opta por ejercer este tipo de oficios. Es precisamente entre la población penal con mayores problemas de socialización que el trabajo puede significar cambios más gravitantes, pues normalmente se trata de individuos que jamás han recibido capacitación laboral, que se encuentran inmersos en la cultura del delito y que normalmente no optan voluntariamente por este tipo de beneficios, simplemente porque no se representan ni han tenido la posibilidad de vislumbrar una vida distinta. Así las cosas, el interno contribuirá de manera cabal, con el producto de su trabajo, los gastos que ocasione al recinto carcelario. De igual forma, mediante aquella iniciativa legal que se levantó, se podrá hacer efectiva, en un tiempo breve y acotado la responsabilidad civil que le correspondiere, podría crear su fondo de reserva para ser retirado una vez que egrese. En suma, el trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable -junto con el estudio y la enseñanza- para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo esencial del derecho a la libertad, pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de su rebaja o redención. La decisión que determina la clase de trabajo asignado a cada condenado o detenido es reglada y no discrecional. Los criterios objetivos para la determinación de las labores individuales impiden un trato discriminatorio o arbitrario aplicable al recluso. Los mismos, de otra parte, garantizan el principio de igualdad de oportunidades en la distribución de puestos de trabajo a los internos en las cárceles.



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CAPÍTULO 7: SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA Una de las obras de mayor relevancia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Antofagasta, es sin dudas la construcción de lo que será el nuevo Hospital Regional, proyecto que hasta antes del terremoto del 27F que azotó a la zona sur en febrero pasado, marchaba con los plazos acordados y con financiamiento público en su totalidad. Sin embargo, el plan de reconstrucción aplicado por el Gobierno de Sebastián Piñera, que buscando recursos para la reconstrucción de emergencia recortó numerosos fondos ya aprobados y destinados a obras de mega infraestructura en el país, hizo que las nuevas autoridades dieran luz verde para aplicar un sistema de concesión con privados, lo que fue para mí motivo de intranquilidad y preocupación porque una obra tan importante se retrasaba. Por eso oficié al ministerio de salud solicitando información detallada y precisa sobre la programación y plazos de todas las etapas de la construcción del Hospital Regional de Antofagasta. Se cambió el sistema para la construcción del recinto asistencial, las bases de licitación, adjudicación, como también el inicio y la entrega de las obras, a pesar de la crisis por la que pasaba el actual hospital.

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Hoy la obra sigue sin plazo de construcción, sólo está en etapa de adjudicación, ya que nunca hubo voluntad de construirla durante el gobierno de Sebastián Piñera.

CRISIS SANITARIA DE ANTOFAGASTA: EL PROBLEMA DE LA BASURA En el contexto de la crisis sanitaria de Antofagasta el año 2010, provocada por la propagación vertiginosa del Norovirus que podía llegar a provocar graves efectos gastrointestinales, en conjunto con la aparición de casos de Cólera, todo esto sumado a una crisis paralela respecto a la basura acumulada por problemas con el la empresa encargada de remover estos residuos, iniciamos una serie de acciones que tuvo como primera una declaración de emergencia en conjunto con los senadores Cantero y Girardi, realizada durante los incidentes en la cámara, desde el turno del comité radical, y que llevamos adelante en forma de presentación de un oficio urgente a la comisión de salud del Senado. En aquel oficio nos referimos a la grave situación de Antofagasta en ese momento, de alta exposición en los medios nacionales, y que requería la atención de todas las autoridades competentes, en vistas de una probable epidemia en la población de nuestra capital regional, debido al carácter múltiple de sus causas y las medidas urgentes que debían adoptarse para detener esta posibilidad de expansión territorial, configuraron lo que creímos podía transformarse en una crisis sanitaria que podía escalar a nivel regional, e incluso nacional. Casos de Cólera, en conjunto con miles de casos de infección gastrointestinal provocado por el Norovirus, basuras acumuladas en las esquinas de las calles por problemas entre la municipalidad y la empresa contratista de residuos sólidos, no daban una buena imagen del panorama que estaban atravesando los antofagastinos. Se requería con urgencia entonces evitar la escalada en esta crisis.



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Asimismo, se presentan problemas con la recolección de basura, puesto que se suscitó una dificultad respecto del contrato entre el municipio y la empresa que la recogía. En lugares de la zona norte de la ciudad, que es el área más populosa, los desperdicios se encontraban en las calles. Se registró, entonces, un cuadro bastante difícil, desde el punto de vista sanitario. Junto con el Oficio a la cámara, enviamos con el senador Cantero una petición al ministro de Salud para que tomase las medidas correspondientes en el menor plazo posible, apuntando al dictamen de un decreto de emergencia sanitaria para la ciudad. Las circunstancias configuraron un escenario que se complejizaba en aumento a medida que pasaba el tiempo, debido por un lado a la oposición de la Subsecretaría de Salud Pública de la época a dictar una medida de esta naturaleza, realizada luego de un examen en terreno, pensando en la realidad país azotada por la naturaleza el 27/F y la carencia incluso de agua en algunas localidades, acumulación de escombros, o que podía generar un asunto nacional fitosanitario. Esta decisión fue rebatida por nuestra parte, e insistimos con la comisión de salud junto a su presidente el senador Girardi, para potenciar esta petición al ministerio de salud de actuar de manera urgente. Apelamos a un error técnico de diagnostico de la situación por parte de la subsecretaria, y recogimos las preocupaciones e indicaciones por parte del colegio médico para aumentar la presión requerida en aquel entonces, para lograr un curso de acción oportuno y responsable frente a esta situación. No se trató de generar alarma pública ni menos notoriedad política, sino de considerar elementos técnicos y médicos contextuales que respaldaban una verdad que saltaba a la vista; esto era la posibilidad de pasar de una crisis sanitaria local, a un escenario totalmente evitable de plagas con mayor cobertura. Nos sostenían argumentos técnicos e históricos para justificar tal acción, como las epidemias ocurridas luego de las catástrofes en Valparaíso y Valdivia luego de los mega sismos sufridos por su población en el siglo XX. Además de las medidas administrativas necesarias y apremiantes, solicitamos en aquel oficio a la Comisión de Salud, la inyección

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inmediata de recursos extraordinarios para abordar de la mejor manera esta situación. En el análisis realizado por la Comisión se expusieron los factores que fundamentaban un curso de acción rápido y coherente con el escenario, donde ya en ese entonces habían más de 20 mil personas afectadas. En la reunión, calificada de satisfactoria por quienes acudimos, con el ministro pudimos avanzar en una propuesta de solución rápida, primero identificando los factores apremiantes de la crisis sanitaria, así como logramos adelantar los recursos y flexibilizar las medidas. Esto derivó en la rápida implementación adelantada de campañas de vacunación infantil contra la Hepatitis A, a modo de ejemplo, o también el arreglo prioritario del problema con la basura. Se anunciaron también querellas civiles y criminales contra las empresas y actores relacionados con este brote epidémico. Por un lado la conducta irresponsable de empresa de la basura, que representó un escándalo posterior y un tema en si mismo, y por otro la demanda contra una empresa de tratamiento de aguas que incumplió normas sanitarias en sus procesos, y que podría haber incidido en la propagación de la infección puesto que sus aguas fueron utilizadas para el riego de hortalizas y alimentos que la ciudadanía de Antofagasta consumió, vegetales que crecieron sin la protección de cloración exigida por el MINSAL. Calificamos esta acción como criminal. En el transcurso de estas gestiones, declaré que el gobierno tenía clara nuestra preocupación, junto con senador Cantero ,y a pesar de la dureza con que actuamos, el propio ministro planteó que esto ayudó a establecer criterios de emergencia adecuados, significando un avance en la implementación de medidas urgentes de este tipo. Asimismo, nos informó la máxima autoridad de Salud la confirmación que no existirían atrasos ni recortes presupuestarios para los hospitales de Calama y de Antofagasta. En este sentido, el compromiso por parte del ministro para entregar más recursos a la región para enfrentar estas emergencias, fue también fue relevante.



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Cuando le planteamos al ministro un tema muy importante, que tiene que ver con cómo resolvemos el tema del vertedero que tenemos en Antofagasta, que es un lugar de mucha insalubridad y también el de los emisores que van a dejar todas las aguas servidas al mar. A este respecto el Ministro ha confirmó la entrega de mayores recursos económicos para poder fiscalizar adecuadamente y una dotación de personal para enfrentar estas emergencias. Y lo más importante es que el Ministro de Salud ratificó que “sigue con normalidad el proceso de licitación del hospital regional que es muy importante porque es el hospital base de la primera, segunda y tercera región”. Otros acuerdos tienen que ver con la agenda legislativa de su cartera, en ese entonces que incluía el impulso de ocho proyectos de ley asociados a esta rama de gobierno. Especial énfasis puse en el tratamiento de estos temas respecto al centralismo que me parece literalmente enfermizo ejercido por Santiago sobre el resto del territorio, en cuanto a los criterios y parámetros ejercidos para la distribución de los recursos y en la implementación de los programas preventivos de salud. Al finalizar esta crisis sanitaria, en el contexto de soluciones propias del sistema de salud público y de las medidas adoptadas para la prevención de este tipo de brotes epidémicos, como campañas de vacunación, mayor inyección de recursos, medidas y fiscalización de las empresas relacionadas con el rubro, entre otras, sentimos que a pesar de la negativa causa de estas acciones, pudimos avanzar hacia un mejor modelo de solución de este tipo de conflictos, y de manera sincronizada pudimos poner en el tapete la importancia de buenas políticas públicas, y en especial la preocupación por la implementación urgente del Hospital Regional de Antofagasta y el de Calama.

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CRISIS SANITARIA EN ANTOFAGASTA Luego del contagio de 20 mil antofagastinos con Norovirus el año 2010, a raíz del mal tratamiento de aguas servidas (Empresa BAYESA S.A.) que pudo contaminar las verduras y hortalizas de las quintas de Antofagasta, pedí al Consejo de Defensa del Estado presentar una demanda contra esta compañía por los gastos ocasionados al fisco por la emergencia de salud, petición cursada por el Ministerio del ramo. Esta demanda por parte del CDE fue presentada por indemnización de perjuicio, dado que el Estado fue el que tuvo que colocar recursos con el fin de otorgar los medios necesarios para erradicar la propagación del virus y otras infecciones, derivados del acto irresponsable de reducir la cloración del agua utilizada para el cultivo en el sector de La Chimba. En este caso la empresa también fue responsable de los daños y perjuicios en contra de los parceleros, por lo que les recomendó una querella en forma particular y, por medio de una vía judicial, ofrecer una compensación. Además instó a todos aquellos que estuvieron contagiados y tuvieron que pagar consulta médica, a comprar remedios o perder días de trabajo, a presentar en contra de la empresa una demanda colectiva. También luché contra la pasividad del Ministro de Salud, Jaime Mañalich y la Subsecretaria de Salud de la época, Liliana Jadue, solicitándole que decretara Emergencia Sanitaria en la comuna por los casos de cólera y brotes diarreicos luego de que la basura inundara las calles de Antofagasta ante el término abrupto de contrato de recolección de los desperdicios domiciliarios en Antofagasta. Era todo un escándalo y la ciudadanía estaba indignada. Recuerdo que en Antofagasta el año 2010 emergió una plaga de moscas como nunca se había visto en la ciudad, acompañada además de baratas, roedores y perros vagos. Motivados por esta emergencia sanitaria llevamos junto al Senador Carlos Cantero a



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éstas autoridades al congreso para que nos explicaran las medidas tomadas y las razones técnicas por las que no asumieron con mayor fuerza el decretar la emergencia. Finalmente, y ante la solicitud de fondos extraordinarios para enfrentar la emergencia en la región, el ministerio aprobó los recursos y al cabo de los meses se dio por superada la emergencia. Se estableció que las medidas de fuerza debían de ser expeditas y que este tipo de emergencias sanitarias no podía mal diagnosticarse o tratarse a medias, sin el respaldo técnico adecuado.

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CAPÍTULO 8: PROTECCIÓN SOCIAL

ACCIONES FRENTE AL POSTNATAL El año 2011 el gobierno del Presidente Sebastián Piñera definió los meses de marzo y abril del como los del lanzamiento de su llamada “Agenda Social”, que incluía la extensión del postnatal a seis meses, la eliminación del 7% de cotización para salud de los pensionados y a creación del ingreso ético familiar. En ese momento planteamos propuestas orientadas a resolver las múltiples falencias, omisiones y afectación de derechos adquiridos que contenían los proyectos presentados por el ejecutivo. Se trataba de una iniciativa pequeña, cuyo contenido no era suficiente como para aprobar una oferta de campaña que prometía mayor cobertura de posnatal a las mujeres trabajadoras. Originalmente partió con 20 por ciento de cobertura; un costo mínimo; restricciones al amamantamiento por parte de las mujeres trabajadoras; disminución del fuero maternal a 3 meses; limitaciones a la entrega de licencias médicas al imponer ciertas restricciones en el caso de enfermedades graves y gravísimas, lo cual significaba facultar a la autoridad política para decidir qué niño padecía o no una enfermedad grave. Por ejemplo, el reflujo para un menor puede ser grave; para otro, muy grave, y para un tercero, no revestir, a lo mejor, amenaza alguna. Además, establecía una diferencia entre la relación de la madre y del padre con sus hijos.



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Por lo tanto, el proyecto presentaba muchas situaciones que a nosotros nos parecían incorrectas como para darle el carácter de histórico, como se ha dicho hoy día. Y todavía no es histórico, porque si bien logramos finalmente que se aumentara la cobertura del 20 al 60 por ciento, aún quedan fuera del beneficio muchas mujeres. Nosotros planteamos la necesidad de una cobertura total, lo cual implicaba invertir única y exclusivamente 200 millones de dólares, cifra bastante inferior -porque aquí uno escucha que los Gobiernos anteriores nada hicieron- a los 2 mil 500 millones de dólares gastados por la Administración de la Presidenta Bachelet y la Concertación en la reforma previsional. En efecto, el proyecto de ley sobre la extensión del postnatal ingresado por el gobierno elimina una serie de derechos, entre los que destaca la disminución del fueron en al menos 3 meses para la mujer embarazada, lo que era un evidente retroceso en materia de derechos laborales. En la propuesta original, el ejecutivo extendía el post-natal de 3 a 6 meses, manteniendo el tope de pago del subsidio de 66 UF mensuales (1,4 millones) en los primeros 3 meses, pero disminuyendoa30 UF mensuales ($651.000) para los 3 meses adicionales. A las mujeres con rentas superiores a 30 UF se les daba la posibilidad de volver a su trabajo en jornada parcial en los 3 meses adicionales de post-natal, lo que se prohibía para las mujeres de rentas inferiores a dicho monto. Esto implicaba que para las mujeres cuyo ingreso está por encima de 30 UF la extensión del post-natal será parcialmente ”renunciable”, no obstante la norma general en materia de derechos laborales es que estos sean irrenunciables. Además, el proyecto suponía un avance en materia de aumento de cobertura del post-natal, al que actualmente sólo tienen acceso las trabajadoras con contrato indefinido, o las independientes que cotizan en el sistema. Pero dicho aumento era muy insuficiente pues sólo abarcaba a mujeres con contrasto a plazo fijo o por obra o faena

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pertenecientes al 20% más pobre de la población, estableciendo una serie de restricciones que hacen casi imposible acceder a él. En aquella oportunidad manifestamos junto a otros senadores de la oposición que no estábamos disponibles para que se eliminen derechos de las mujeres trabajadoras y enviamos al gobierno una contrapropuesta en la que comunicábamos nuestros planteamientos sobre esta importante política pública: 1.- En primer lugar solicitamos mantener el derecho a fuero maternal hasta por quince meses después del nacimiento del hijo. No se puede decir que se puede avanzar a costa del recorte de derechos como ocurría con la iniciativa del ejecutivo. 2.- En segundo lugar planteamos que no era conveniente rebajar el tope del subsidio por descanso maternal como se establecía en el proyecto de ley del gobierno. Además propusimos realizar un esfuerzo sustantivo en aumentar la cobertura tanto del pre-natal como del post-natal a fin de reducir la discriminación respecto del tema de contrato y la regresividad del beneficio, que destinaba el 52%de sus recursos a mujeres del quintil más rico y sólo el 5% al quintil más pobre. Estimamos que era indispensable extender la cobertura del pre y post-natal a todas las mujeres trabajadoras con independencia de la modalidad contractual, tales como trabajadoras a plazo fijo, por obra o faena, que trabajan en servicios transitorios o temporales, o por servicios determinados, que cuenten con tres cotizaciones previas al momento del embarazo. Con esta medida queríamos favorecer potencialmente a 344 mil mujeres que hoy no se desempeñan con contrato indefinido, lo que costaba solamente US$ 67 millones.



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AFP ESTATAL: LA REFORMA PREVISIONAL QUE CHILE NECESITA La dictación de una ley que autorice la creación de una empresa del Estado destinada al giro de A.F.P. es trascendental para la generación de igualdad en nuestro país, porque las actuales administradoras desarrollan su actividad en condiciones poco competitivas, con un mercado concentrado y, aparentemente, con falta de real competencia, carencias que impiden a los chilenos optar a un nivel de beneficios dignos. Es cierto que la Reforma Previsional estableció algunos mecanismos paliativos, pero una importante masa de afectados entiende que sólo una A.F.P. que persiga el beneficio de los afiliados y no el fin de lucro propio, podrá permitirles mejores pensiones y condiciones más equitativas para su vejez. En función del enunciado anterior, el proyecto de ley presentado se encuentra motivado por las siguientes razones: 1.- En primer lugar, es importante considerar que el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones es de aplicación obligatoria, no existiendo para la gran mayoría de la población un sistema alternativo real que garantice su sustento durante su vejez. Partiendo de esta base, la creación de una A.F.P. pública ampliará el número de oferentes en el mercado de Administración de los Fondos de Pensiones, mejorando la competencia y permitiendo, por las razones ya enunciadas, una mejor rentabilidad de sus afiliados. De no ocurrir ello así, como la afiliación a la A.F.P. estatal es voluntaria, ésta no podrá subsistir por falta de eficiencia en un campo en que fundamentalmente dominan las mega empresas financieras. Por el contrario, es dable concluir que la alta rentabilidad obtenida por las empresas de este rubro en particular, muy superior al promedio de las sociedades anónimas abiertas chilenas, demuestra que una buena gestión de la participación del Estado en esta área, obligaría a las A.F.P. privadas a ofrecer mejores condiciones para

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mantener su mercado abierto y con participación real en la oferta de sus servicios. 2.- En segundo lugar, uno de los vicios principales que detenta el sistema, es que sus usuarios se ven imposibilitados para optar por un producto distinto entre aquellos existentes en el mercado, que efectivamente les aseguren una vejez digna. Se trata de un mercado cautivo, bastante inmóvil e imperturbable a los resultados cambiantes de los fondos administrados por las A.F.P., entre otras razones, porque los afiliados carecen de la capacidad predictiva para, con ciertos elementos de certeza, avizorar lo que podría ocurrir en el ejercicio de la inversión de su dineros. 3.- En tercer lugar, todos los sistemas anexos al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones son complementarios, es decir, no compiten con el sistema principal, el cual es regulado por el D.L 3.500. Por el contrario, son dependientes de éste pues, por ejemplo, para acceder a sistemas tales como el Ahorro Previsional Voluntario con una entidad distinta, es requisito indispensable estar cotizando en el Sistema de Fondos de Pensiones. 4.- En cuarto lugar, es trascendente considerar la alta concentración de mercado que presenta el giro de las A.F.P. De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Superintendencia respectiva, en marzo del 2012 la administradora Provida concentraba al 41,8% del mercado, mientras Habitat concentraba un 24,2%, es decir, un 66% del mercado de las Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentra en manos de sólo dos empresas. Finalmente, debemos considerar las necesidades y preferencias de todos nuestros habitantes. Resulta evidente, por ejemplo, que entre los funcionarios públicos existe un gran porcentaje que preferirían que sus fondos previsionales fueran administrados por una entidad pública, dados los costos inferiores de administración y la garantía que significa el respaldo del Fisco en la gestión del giro.



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Reconociendo que no es posible, dado el marco legal imperante, solucionar directamente el problema que nos ocupa, hemos optado por proponer la creación de una empresa pública, que asegure de manera efectiva y real el bien común de nuestros habitantes, una AFP estatal, de tal manera que ésta sea su única finalidad, evitando el lucro a costa de todos los habitantes de Chile, perseguido, y obtenido momentáneamente, por los particulares en este mercado.

INSCRIPCIÓN NACIMIENTOS El año 2007 presentamos un proyecto de ley para permitir la inscripción de nacimientos en el lugar de residencia de la madre, con el objetivo de devolverle la inscripción de origen ante el registro civil, lo que frente a una descendencia de habitantes nacidos en las comunas significó una disminución en la asignación de recursos y una merma en la visión territorial al momento de construir políticas públicas adecuadas para localidades alejadas de los centros urbanos. Devolverle los nacidos a los pueblos que carecían de instalaciones de salud adecuadas y optimas para el alumbramiento, producto de su carencia o la reconversión en la asignación de recursos hacia los centros de atención de salud debido a la disminución de sus cifras frente a la problemática centralizada de los requerimientos país, fue la intención de este proyecto de ley, que termino transformándose en una indicación que fue aprobada y que falta solo promulgar por parte de la Presidencia de la República. Este proyecto de ley contemplaba también la posibilidad de adscribirse o rechazar conscientemente tratamientos médicos considerados obligatorios por parte de la salud pública. Esto fue rechazado y no prosiguió, pero la indicación respecto de las inscripciones siguió adelante y logro sortear con éxito las vías administrativas, con el objetivo de permitir realizar la inscripción de nacimientos en el lugar donde viva la madre y no necesariamente en el lugar donde se produjo el alumbramiento, sea Ley, y que implique la captación de

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recursos por parte del hospital urbano en cifras demográficas para sí, en desmedro de la asignación de estos recursos en la localidad donde realmente crece el niño. Mi intención con este proyecto fue la de permitir consumar un sentido anhelo de los habitantes de las localidades pequeñas y/o aisladas del país, que no tienen hospitales donde se puedan atender partos y que cada año ven disminuir la población de niños nacidos en la zona. Actualmente el Registro Civil establece que se inscriban los nacimientos que ocurran en el territorio de cada comuna, impidiendo la libertad de disponer del domicilio de la madre como opción para asegurar la pertinencia territorial del recién nacido, evitando que por ejemplo localidades como Taltal, Ollagüe, María Elena, Mejillones o San Pedro de Atacama, puedan exhibir en el futuro a jóvenes ciudadanos que incrementen la población, evitando el descenso en el número de habitantes de estas comunas pequeñas, situación que hoy afecta la distribución de recursos vía subsidios y otros beneficios, especialmente aquellos dirigidos a los más necesitados que proviene del nivel central en base a la cantidad de personas radicadas en la localidad. El asunto en Taltal es apremiante. Ya no nacen hace una década taltalinos, y de contar con un hospital completo que atendía a la ciudad y sus alrededores, ahora deben derivar a Antofagasta (con un viaje de casi 3 horas en ambulancia) cualquier urgencia o parto, lo que se ha traducido en una baja en la calidad de vida de su población, y en el aumento de la sensación de abandono por parte de las autoridades a sus ciudadanos. En la moción presentada en el 2007 aludimos al desarrollo de hospitales de alta complejidad principalmente en las grandes ciudades, provocando que los registros de nacimientos consideren como comuna de origen del recién nacido la localidad donde está ubicado el hospital y no necesariamente la comuna donde residen sus padres, su familia y posteriormente aquel por el resto de su vida. Lo anterior, está generando que en muchas comunas del país no estén consignándose el nacimiento de nuevos niños aún cuando las madres que viven en ellas han dado a luz a sus respectivos hijos. Actualmente, el Registro Civil e Identificación establece que



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se inscribirán los nacimientos que ocurran en el territorio de cada comuna, impidiendo la libertad de disponer del domicilio materno como opción para asegurar la pertinencia territorial del recién nacido evitando que, por ejemplo, muchas localidades aisladas y extremas del país, puedan exhibir en el futuro a jóvenes ciudadanos que incrementen la población de las localidades en comento, evitando el descenso en el número de sus habitantes situación que afecta hoy la distribución de recursos vía subsidios y otros beneficios, especialmente, aquellos dirigidos a los más necesitados provistos por el nivel central en base a la cantidad de personas radicadas en el respectivo territorio comunal. Lo que esta moción busca es que el Registro Civil e Identificación permita adicionar, especialmente en zonas rurales y aisladas del país –carentes de infraestructura hospitalaria para atender de manera adecuada los nacimientos el número de recién nacidos- dándole la posibilidad a que la madre inscriba al hijo en la comuna donde normalmente éste ha vivido o vive. Nos encontramos a la espera de la promulgación e implementación de esta indicación, que puede retornarle a los pueblos pequeños o aislados del norte, la dignidad de sus hijos nacidos en su tierra, así como llamar la atención sobre la problemática centralista en la asignación de recursos basándose en categorías cuantitativas, en cifras, que poco o nada representan la realidad a escala de estos parajes, evocando el norte de Chile y el abandono de sus ciudades lejanas por parte de sus hijos, primero por el registro de sus nacimientos y población, y luego por el desarrollo de políticas públicas realistas ,en todo sentido y ámbito del acontecer relacionado con la autoridad, no basadas en modelos o interpretaciones foráneas, sino en su realidad de otro ritmo y tiempo.

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ASEGURANDO ALIMENTICIAS

EL

PAGO

DE

PENSIONES

El año 2011 propusimos una modificación a la Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. En el contexto de las iniciativas correspondientes a la Protección Social, y especialmente en el caso de los mas indefensos quienes además encarnan el futuro de nuestra nación, esto es los niños y niñas de Chile. A raíz de las alarmantes cifras de irresponsabilidad, abandono y fuga de padres respecto a la responsabilidad parental, así como a la emergencia de casos donde esta irresponsabilidad incide directamente en el desarrollo infantil en términos psicológicos, afectivos, sociales, el enfrentamiento con la carencia material o económica me motivaron a tratar de regularizar y asegurar el pago de las pensiones alimenticias en nuestro país, como primera medida en este camino. El objetivo de esta iniciativa está inscrito en la necesidad de regularizar, ordenar y solidificar el parentalismo responsable, la crianza responsable, y el crecimiento y desarrollo personal de los niños y niñas de este país, en un sistema ordenado y claro de obligaciones y deberes de los padres en cuanto a sus hijos, esencialmente en el pago de las pensiones de alimentos por parte. Los mecanismos destinados a poner fin a la evasión de estas responsabilidades, así como el resguardo para asegurar un mínimo de parámetros materiales y económicos para que finalmente, en caso de ruptura, desconocimiento, abandono o malas prácticas por parte de uno de los padres, de hijos reconocidos o no, tienen la siguiente estructura, que considero de suma importancia explicitar específicamente lo siguiente. El objetivo estratégico de este recurso legislativo busca poner herramientas el poder judicial en orden de disponer la facultad del juez de asegurar el pago de las pensiones de alimentos ordenando el traspaso de fondos de la retención de la devolución de impuestos o de la cuenta de capitalización individual del alimentante a la cuenta del tribunal para proceder al pago de las pensiones insolutas, en caso



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de incumplimiento de las obligaciones alimentarias del primero, y decretadas que hayan sido, al menos en dos oportunidades, los apremios que al efecto dispone la ley. Para ello, se propuso incorporar un nuevo número tres al artículo 16 y un nuevo número cuatro al artículo 19 de dicha ley de dicha ley. La legislación nacional sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, Ley Nº 14.908[1], dispone de diversos mecanismos destinados a asegurar el pago de las pensiones por parte de los alimentantes. En efecto, los artículo 14 y siguientes de la citada ley disponen de medidas de apremio frente al incumplimiento del alimentante de su obligación decretada por una resolución que cause ejecutoria, dictada en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado. De conformidad con el artículo 14 de la citada ley, tales medidas son procedentes cuando el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la “forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las pensiones”. Las medidas de apremio que actualmente contempla la ley son: a) Arresto nocturno hasta por quince días (artículo 14) b) Retención de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias; y suspensión de la licencia de conducir (artículo 16). Estas medidas, sin embargo, al constituir apremios, no aseguran el cumplimiento, pues este estará necesariamente supeditado a que pueda ubicarse al infractor, en caso de arresto; a que sus declaraciones de renta, de haberlas, supongan una devolución de impuesto; y que el alimentante posea licencia de conducir. Todos los casos sujetos, también, a que el infractor disponga de las prestaciones necesarias para cumplir su obligación. La obvia exigencia de las condiciones concurrentes hace que las medidas dispuestas por la legislación nacional para asegurar el cumplimiento de obligaciones alimentarias sean insuficientes en su objetivo, provocando perjuicios en los alimentarios, los que ven disminuidas la satisfacción de sus necesidades básicas.

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Otros mecanismos previstos en la ley Nº 14.908, como la retención de la remuneración del obligado por parte de su empleador y la responsabilidad solidaria del que perturba el pago, tampoco han sido suficientes para evitar variadas formas de evasión de obligaciones alimentarias. Superar tales deficiencias supone introducir modificaciones legales que permitan satisfacer las obligaciones alimentarias impagas de manera directa en el patrimonio del alimentante, prescindiendo de la voluntad de pago de este último. Ello, sólo puede alcanzarse si se afecta parte del patrimonio del alimentante infractor, como son la devolución del impuesto a la renta y las cuentas de capitalización individual de los seguros o de los fondos de pensiones. Nuestra legislación ha recurrido a estos fondos para la satisfacción de obligaciones de similar naturaleza que las alimentarias. En efecto, la Ley Nº 20.255[2] dispuso la facultad del juez que conoce un juicio de nulidad de matrimonio o divorcio, luego de constatar un menoscabo económico del que resulte una compensación a favor de un cónyuge, para ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge compensado. Una medida como la descrita permitiría el retiro de parte de los fondos del infractor para satisfacer las prestaciones impagas, y afectaría a los alimentantes que se encuentren en el supuesto del artículo 19 de la citada ley, que corresponde a aquellos en contra de los cuales se hubieren decretado dos veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, ya descritos. Creemos firmemente que la adopción de estas medidas puede ayudar en el proceso de crecimiento y crianza de los niños de Chile, en el sentido de asegurar basalmente su desarrollo material y físico, en primer lugar, para luego en otros ámbitos y dimensiones de la realidad , como la educación pública de calidad y gratuita a modo de ejemplo, para así tratar de seguir aportando para construir futuro y horizontes para nuestra juventud.



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SEGURO FLOTANTE EN EL CÓDIGO AERONÁUTICO Relativo a otras medidas en la protección social, se propuso en el 2006 Modificar el Código Aeronáutico, estableciendo un seguro flotante colectivo que en caso de suspensión de operaciones de líneas aéreas, todo transportador que preste servicios aéreos regulares de pasajeros, sean de cabotaje o internacionales cuyo punto de inicio, tránsito o destino esté ubicado en el territorio nacional, debería contratar un seguro flotante colectivo de responsabilidad civil que cubrirá íntegramente el siniestro de suspensión transitoria o permanente de sus operaciones relativas a los pasajeros que tengan embarque o desembarque en el país.

DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL En el 2009 propusimos el otorgamiento de carácter de órgano constitucional a la Dirección General del Trabajo. Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Dirección General del Trabajo, sería el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y de higiene y seguridad en el trabajo, tanto aquellas que sean regidas por el Código del Trabajo así como también para las que se rijan por las leyes o estatutos que regulan las relaciones y contratos del personal de todos los órganos del Estado. En el caso de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública ejercerá sus competencias sólo respecto de los empleados civiles que no formen escalafón.

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PORCENTAJE DE GRATIFICACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE CHILE Enviamos un Proyecto de Ley que aumenta el Porcentaje de Gratificación que debe recibir cada trabajador. Tiene por objeto aumentar el porcentaje de gratificación de cuatro y tres cuartos ingresos mínimos mensuales a seis ingresos mínimos mensuales, lo que significa un incremento obligatorio de las remuneraciones de los trabajadores.

LICENCIAS MÉDICAS COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Propusimos el 2007 un Proyecto de Ley que garantizaba el efectivo cumplimiento de los Derechos Constitucionales en la seguridad social, en lo relativo a las licencias médicas otorgadas por la COMPIN e instituciones de salud previsional. Las licencias medicas son instrumentos creados no solamente para justificar la ausencia al trabajo, sino también para documentar el derecho a subsidio por el vacío en la recepción de remuneraciones para el trabajador y sus familias. Esto se cumple, pero con muchas excepciones por parte de la COMPIN y las Isapres. Por lo que esta moción buscó garantizar en todos los casos este derecho de las y los trabajadores de Chile. En una región como la de Antofagasta nuestra, con una gran minería con un nivel de producción mundial, se producen muchas consultas y petición de licencias médicas, producto de estrés laboral o de trastorno del sueño. Por eso consideramos importante en esa oportunidad regular bien en este punto, tratando de validar un proceso que es tanto un derecho como un mecanismo ejecutivo dentro de la misma industria, que debe ser expedito y pertinente.



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PROGRAMA DEL HOGAR DE CRISTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE ANTOFAGASTA Acompañando al intendente de Antofagasta, Cristian Rodríguez, y voluntarios y consejeros del Hogar de Cristo realizamos un recorrido nocturno por diversos puntos de Antofagasta para visitar a personas que se encuentran viviendo en situación de calle. El recorrido abarcó la quebrada Baquedano, Terminal Pesquero y el área cercana a la Feria “Pantaleón Cortés”. Esto como parte del programa de Integración de las personas en situación de calle, inserto en el sistema de protección social. En aquella oportunidad declare que este es un programa que lanzó la Intendencia con el efecto de atender a las personas que están en la calle y lo ejecutan con la vinculación del Hogar de Cristo. Debo reconocer que en esta iniciativa hay un gran trabajo que está realizando el intendente, y que por supuesto podríamos aportar desde el trabajo legislativo en un trabajo en conjunto, y enfocado realmente a los más necesitados.

REBAJA DE IMPUESTOS A LA CLASE MEDIA A mediados del año 2008 propusimos la rebaja temporal de impuestos y medidas para favorecer a la clase media. La necesidad de adoptar medidas urgentes para favorecer a la clase media y no sólo al 40% más pobre de la población al ministro de Hacienda, en ese entonces bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet , Andrés Velasco, en el marco de las reuniones que la máxima autoridad mantuvo con los partidos políticos, en vistas del próximo envío al Congreso de la Ley de Presupuestos del siguiente año. Propusimos reducir en un punto el impuesto al valor agregado (IVA), por un año y revisar el impuesto específico a los combustibles. Precisamos mediáticamente que le solicitamos al ministro Velasco que abordase de una manera distinta y con más audacia el difícil

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escenario económico por el que atravesaba el país, al tiempo que respaldó la idea de rebajar temporalmente una serie de impuestos. En nuestra opinión el impuesto específico a los combustibles debería ser bajado a cero, por un plazo de dos años, y a la vez crear un sistema de operación del impuesto que haga bajar el precio del petróleo dependiendo del valor que este tenga, como también crear una canasta familiar que se le quite el IVA y que sería una ayuda transversal a toda la población y no a un sector específico.

OFICINA DE TRABAJO PARA MEJILLONES A finales del 2008 exigimos a la Oficina de Trabajo para Mejillones. A raíz de la gran cantidad de reclamos por parte de sindicatos de empresas de Mejillones para realizar trámites laborales, solicite personalmente mediante un oficio al ministro del Trabajo de aquel entonces, Osvaldo Andrade, la apertura definitiva de una oficina de la Inspección del Trabajo en esa ciudad. En nuestra oficina distrital, así como a través de correos electrónicos e informaciones que podíamos recabar sobre el malestar ciudadano en la comuna, pudimos constatar que numerosos trabajadores se han quejado permanentemente, en cuanto a que en dicha comuna no existen los debidos cumplimientos por parte de algunos empleadores de las normas laborales. Denunciamos que sólo los lunes de cada semana un funcionario de la dirección regional del Trabajo visita la comuna, lo que a su juicio no garantiza los derechos de los trabajadores, ni menos puede cubrir la demanda de toda una ciudad bullente de actividad económica.



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CAPÍTULO 9: DERECHOS HUMANOS

INPRESCRIPTIBILIDAD DE CRÍMENES QUE VIOLEN DERECHOS HUMANOS En materia de derechos humanos fui un activo promotor de establecer una norma sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. El pasado sin justicia, formador de un presente en conflicto, es una traba para el desarrollo unificado de nuestra realidad histórica, cultural y política como una nación que busca el desarrollo económico tan fervientemente como debería buscar la justicia social, la educación de calidad o el rescate de nuestra identidad y memoria, particularismos que nos definen como sociedad y que pasan a la historia como los verdaderos protagonistas de nuestro desarrollo país. Esto, considerando la necesidad de poner al día nuestro ordenamiento jurídico penal, recogiendo los avances del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos en cuanto a la inamnistiabilidad e imprescriptibilidad de los ilícitos que constituyen genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad; Teniendo presente, además, la conveniencia de resolver las disputas jurisprudenciales que reiteradamente se presentan en nuestro medio al juzgarse atropellos a los derechos fundamentales de la persona, y recogiendo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contenido en la sentencia recaída en el caso Almonacid, en orden a marginar de nuestro sistema el Decreto Ley de 1978, sobre Amnistía.

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La tramitación de esta norma ha tenido importantes tropiezos en el congreso. Se presentó un Proyecto de Ley que “Establece ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos” presente en el Boletín 6422-07, de Autoría del fallecido diputado Bustos. El Proyecto de Ley fue aprobado en la Cámara de Diputados, cumpliendo con su primer Trámite Constitucional, el 6 de mayo del 2009 y remitido, con la misma fecha al Senado donde se dio cuenta con 2 años de retraso (recién el 15 de junio de 2011) por solicitud mía y pasó a la Comisión de Constitución donde no se ha tramitado en lo absoluto. El Proyecto de Ley, de artículo único, dice lo siguiente: “Art. único.- Fíjase el verdadero sentido y alcance de las causales de extinción de la responsabilidad penal que se establecen en el artículo 93 del Código Penal, en orden a que deberá entenderse que la amnistía, el indulto y la prescripción de la acción penal y de la pena no serán aplicables a los crímenes y simples delitos que, en conformidad al Derecho Internacional, constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra.”. Asimismo, deberá entenderse que la norma del art. 103 del Código Penal, no será aplicable a los crímenes y simples delitos que, en conformidad al Derecho Internacional, constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, perpetrados por agentes del Estado o particulares actuando al servicio de éste”. Además se presentó otro proyecto de Ley en el mismo sentido (“Interpreta y adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. Boletín 334507), también aprobado por la Cámara de Diputados (14 de diciembre del 2006) e incluso evacuado su primer informe de la Comisión de Constitución del Senado (11 de enero del 2008), fue DECLARADO INADMISIBLE en la sala (11 de junio del 2008), en su discusión en general debido a que los proyectos de ley relativos a indultos deben iniciarse en el Senado.



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El mismo día que se declaro dicha inadmisibilidad, presenté junto a los senadores Escalona, Alvear y Girardi una nueva moción en el mismo sentido, la cual fue RECHAZADA por la sala por 9 votos en contra y 2 a favor de los senadores Ominami y Navarro (18 de marzo del 2009).

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CAPÍTULO 10: OTRAS IMORTANTES GESTIONES PARA NUESTRA REGIÓN

VÍAS ALUVIONALES PARA TALTAL Y TOCOPILLA Una temática que nos preocupaba, y en vistas de lo ocurrido estos últimos tiempos en cuanto al impacto que puede tener la naturaleza al bienestar ciudadano, y teniendo los antecedentes de los desastres naturales del que han sido testigo las comunas de la Región de Antofagasta producto de las pocos habituales lluvias en invierno, así como a petición de algunas autoridades y ciudadanos de estas comunas, es que el año 2010 pedí que a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de vías aluvionales para las comunas de Taltal y Tocopilla. La solicitud fue acompañada por un oficio al ministro MOP de ese entonces, Hernán de Solminihac, para prevenir nuevos desastres en comunas que están rodeadas de quebradas por estar emplazadas en los faldeos de la cordillera de la costa, para así lograr un Convenio de Programación que permitió abordar las obras descritas, necesarias para el desarrollo de estas localidades. En la oportunidad referencie que en 1991 Antofagasta vivió un desastre natural con un aluvión que dejó como resultado más de un centenar de víctimas fatales, lo que llevó al Ministerio de Obras Públicas a construir Obras de Control Aluvional en cuatro quebradas, con una inversión que superó los 14 mil millones de pesos, iniciativa que ha permitido a la ciudad desarrollándose sin estar enfrentando el temor de una nueva tragedia.



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Pero no sólo bastaba con construir en Antofagasta, sino que insté a los organismos pertinentes para que se comenzaran a efectuar los Diseños de las Obras de Control Aluvional en favor de las ciudades de Taltal y Tocopilla. Esta referencia se cruzaba también con lo ocurrido en Taltal el año 1992, antecedente que en nuestros equipos de estudio fue corroborado y que motivo esta acción urgente de gestión ante la autoridad central. Estos diseños elaborados durante el 2009, contaron con una amplia participación ciudadana en ambas ciudades. Más aún, con ocasión del terremoto del año 2007 en Tocopilla, se realizaron obras de emergencia en Taltal y en Tocopilla a fin de aminorar el riesgo en espera de la construcción de obras definitivas, por eso señale que se estaba en un muy buen momento para poder abordar las obras señaladas, ya que contaban con diseño actualizado y además participativo. Con alegría debo decir que durante el primer trimestre del 2013 las autoridades comunales y regionales inauguraron las obras aluvionales en Tocopilla y Taltal. Esta última cuenta con seis obras en total, las cuales en conjunto tendrán una capacidad de retención de 115 mil metros cúbicos de materiales, mientras que en Tocopilla las obras de control aluvionales consisten en 15 muros de tierra compactada con su coronamiento y vertederos de hormigón armado, para retener un volumen de 35.000 m3 de material Aluvional.

ESTADIO REGIONAL ANTOFAGASTA: PRESIONES POR RECORTES PARA SU CONSTRUCCIÓN El mismo día que el Presidente Sebastián Piñera inspeccionaba el grado de avance de las obras del Estadio Nacional y aseguraba su entrega anticipada, al despacho de la alcaldesa de Antofagasta Marcela Hernando, llegaba un oficio del subsecretario de Deportes, Gabriel Ruíz-Tagle, quien confirmaba que los recursos

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comprometidos para las obra de mejoramiento del principal reducto deportivo de la segunda región ya no se entregarían. Fue una gran sorpresa, y nos encontró desprevenidos en vista de lo que estaba sucediendo ese mismo día a propósito del estadio. La suma total que había sido comprometida para dichas obras alcanzaba los 4 mil millones de pesos, sin embargo, dicho presupuesto ya no estaba disponible por la reasignación presupuestaria decretada por el gobierno a raíz del terremoto del 27 de febrero, y se anunció que las obras quedaban postergadas indefinidamente. Por eso manifesté mi rechazo al recorte presupuestario, señalando que estaban perjudicando el desarrollo de la región, ya que no se trababa de una obra menor, sino que un proyecto en el que se había trabajado durante mucho tiempo y que va en directo beneficio de la ciudad. No sólo por el mejoramiento de su infraestructura, sino que también hoy es una importantísima fuente de empleo para cientos de personas y el desarrollo del deporte en la lucha contra la droga. Por ello que insistí ante el Presidente para que oficializara su patrocinio al proyecto, lo que al final ocurrió mediante intensas gestiones a nivel central, y sumado a otros factores además de autoridades que remamos en la misma dirección, y hoy la región cuenta con el hermoso “Estadio Calvo y Bascuñán”, como fue finalmente bautizado, e inaugurado.

PEAJES Y RUTAS CONCESIONADAS En enero de 2011, y en medio de la polémica generada por la licitación de la ruta que une Antofagasta con Mejillones presente un Proyecto de Ley para establecer la obligación de que, en el caso de obras públicas de carácter vial concesionadas a particulares , en los casos en que no se cuente con una vía alternativa, existan excepciones al cobro de peajes para quienes residan en las comunas



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por las que atraviesa dicha ruta o bien que tengan que viajar a alguna de estas comunas con fines laborales. La iniciativa se formuló tomando en consideración que la legislación vigente no establece tal obligación, razón por la que se pueden concesionar obras públicas sin que exista una alternativa gratuita a dicha concesión. Era indispensable contar con una legislación que amparara a las personas y asegurará su libre circulación por las carreteras y caminos del país, sin tener la obligación de pagar por desplazarse. El proyecto estableció también que en el caso de las empresas de transporte público interurbano de pasajeros, éstas deberán acreditar que tienen su casa matriz dentro de alguna de las comunas por las que pasa dicha ruta y que el pago del permiso de circulación de los vehículos que utiliza para prestar el servicio son pagados en alguna de dichas comunas. Con este proyecto llegué a buscar el apoyo de mis colegas en el congreso, conversé con alcaldes, la comunidad y ministro de obras públicas de aquel entonces, Laurence Golborne, quien se comprometió a buscar una solución. Cuando requerimos el apoyo del Gobierno no encontramos eco, por lo que pedí al Senado que se oficiara a la repartición para que cumpliera el compromiso. Laurence Golborne se había comprometido ante la Comisión de Transportes y Obras Públicas del Senado, a presentar a más tardar la segunda semana de octubre de 2012 una propuesta de modificación legal para resolver la falta de compensaciones en lugares donde se construyen carreteras concesionadas, sin la existencia de vías alternativas y el costo de peajes, en este caso la implementación de un subsidio. Lo que quería es que en aquellos casos donde no existen caleteras, no se obligase a quienes viven en comunas aledañas a pagar el valor del peaje, a consecuencia que son valores muy altos y hay una diferenciación con el resto del país, como el caso de las vías concesionadas entre Antofagasta y Mejillones, donde hay personas

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que viven en una comuna y trabajan en la otra y que producto del peaje verán incrementado a diario sus pasajes. Con el portazo del gobierno, me reuní con Carlos Cantero, el abogado y ex Intendente Jorge Molina, el concejal por Antofagasta Patricio Reyes y el dirigente de Mejillones, José Canelo, para presentar en la Corte de Apelaciones de Antofagasta un recurso de protección contra el subsecretario del MOP, ya que la autoridad hasta la fecha no ha entregado el anunciado subsidio a la tarifa del peaje, que actualmente los habitantes de la región deben pagar desde el mes diciembre de 2012, esto debido a la puesta en marcha de la nueva autopista concesionada entre ambas comunas. Además exigíamos a la autoridad habilitar una vía alternativa entre Mejillones y Antofagasta, la que actualmente no existe, afectando según el recurso el derecho a la igualdad y el libre tránsito. El recurso fue rechazado en la corte y está en etapa de apelación. El recurso fue rechazado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y recurrimos a la Corte Suprema, el que desgraciadamente confirmó lo resuelto. Lo curioso es que la región es la única del país en que se construyen carreteras concesionadas y obliga a sus ciudadanos a pagar. Se limita su derecho a movilización y desplazamiento por el territorio. Lamentamos esta decisión que afecta a miles de ciudadanos de la Región.

ACCIONES POR VENTA DE EDELNOR Mencione en su momento, que “la desarticulación de Codelco, iba a minimizar a la empresa que ha dado tanto al país”, esto en relación a la venta de las acciones de EDELNOR, la empresa generadora eléctrica, cuyo 40 por ciento pertenecía a CODELCO, y del cual la administración de la cuprífera se desprendió para obtener recursos de los activos dependientes, a favor de la reconstrucción del país,



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según la planificación del gobierno en este confuso proceso de reconstrucción producto del terremoto del 27/Febrero del 2010. También puntualizamos lo que significa Codelco, los recursos que esta empresa genera a favor del país. Nos referimos al desconocimiento respecto a que la crisis económica global de los Bonos de hipoteca tóxicos Norteamericanos que tuvimos que enfrentar, fue bastante menor en Chile que en otras partes del mundo, gracias a los recursos que generó la Corporación del Cobre. Enfatice también el hecho de que si no fuese por Codelco, no tendríamos los miles de millones de dólares que hoy día el país tiene, para resolver temas como la reconstrucción, etc. Manifesté entonces que la preocupación compartida de que tenemos que discutir esto, no se debe realizar exclusivamente desde la trinchera política, sino que desde la mirada desde un ahora para el futuro en Chile”. Pienso que Chile tiene una vida republicana desde hace doscientos años y hay que pensar hacia el futuro, no en la mirada cortoplacista de hoy, donde se dice, necesito tal cantidad de millones para tal proyecto, otra cantidad para este otro, pensando en qué significa Codelco para Chile. Y yo creo que significa mucho no sólo Codelco, sino que todas sus pertenencias colaterales. Hay dos cosas que el gobierno, al menos desde nuestra perspectiva de oposición debiera de tomar en cuenta. Primero, la opinión que da el Presidente de la República, de manera pública, es muy compleja, porque EDELNOR es una Sociedad Anónima, que cuando una persona, como el Presidente, dice la voy a vender, produce una distorsión en el mercado de inmediato. A favor o en contra, la produce de inmediato, por tanto, debiera de tener la prudencia de no hacer anuncios públicos de esa magnitud sin evidenciar un plan general de trabajo. Agregamos que lo segundo, la discusión o la aprobación de una decisión de esta naturaleza, la venta de EDELNOR, debiera reposar mínimamente sobre un debate un poquito más amplio que el del Presidente de la República o de su equipo más cercano.

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Desgraciadamente entiendo, no lo he estudiado en profundidad pero lo estoy haciendo, que en este caso siendo una filial de Codelco o teniendo acciones en Codelco, el parlamento no tiene participación, nosotros sólo podríamos participar a través de las facultades fiscalizadoras que tienen los diputados, o a través de la opinión política que pudiéramos originar en el parlamento. Pero creo yo que en este caso, si eventualmente pretendieran vender EDELNOR, debiéramos tener informes de lo que significa para Codelco perder esta propiedad, sobre un área energética que es fundamental para su desarrollo y nosotros, en todo caso, utilizaremos los mecanismos legales para que la Contraloría intervenga, para que el Congreso, si es que se pudiera intervenga. Pero entiendo que en este caso el Presidente puede hacerlo por una vía fuera del parlamento, lo que nos va a generar una dificultad a la hora de validar o rechazar una decisión de este tipo. Sin dudas, cometimos grandes errores durante la época de gobierno de la concertación, errores políticos, porque no fuimos capaces de realmente dar a entender a la opinión pública, de que en un tema estatista, concerniente a toda la República no puede ser operado entre cuatro paredes ni menos respondiendo a criterios antojadizos respecto a lo que se está poniendo en juego a nivel país. No es que nosotros estemos contra la empresa privada, sino que nuestra línea de camino es que el Estado tiene ciertas obligaciones y hay ciertas empresas, ciertas áreas de la economía, que el Estado tiene necesariamente que tener bajo su custodia.

COMPLEJOS FRONTERIZOS: PASOS SICO Y JAMA En junio del 2010 manifestamos nuestra preocupación al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter por la infraestructura fronteriza existente en la región de Antofagasta. Nuestra región tiene particularidades importantes que implican buscar formas de fortalecer el comercio internacional, las relaciones de mercado y los contactos de fomento



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económico. A modo de ejemplo, limitamos con dos países, Bolivia y Argentina, y estamos ubicados estratégicamente en una zona que permite dar conexión a toda la zona de integración brasileña, paraguaya, boliviana y argentina, lo que se conoce como “Franja Tropicana” por su relación con el Trópico de Capricornio. Además, la actividad portuaria de la región es intensa y puede ser utilizada como la ventana de salida hacia el Asia Pacífico. Tal es así que existen puertos importantes en magnitud y tránsito en Mejillones y Antofagasta. Este importante eslabón es estratégicamente utilizable sólo es posible si contamos con complejos fronterizos modernos y expeditos que faciliten las acciones de transporte de carga entre países y territorios. Sin embargo, en el caso particular de nuestra conexión con Argentina nos encontrábamos con que el Paso Jama está consolidado desde el punto de vista vial, sin embargo el complejo, ubicado en San Pedro de Atacama a 150 kilómetros de la frontera, da origen a una alta vulnerabilidad limítrofe, en cuanto al tráfico de drogas, vehículos y al comercio pirata, y además, afecta sustancialmente el accionar turístico de dicha localidad de intenso volumen y desarrollo., Este paso fronterizo cuenta con edificaciones patrimoniales que son afectadas por el paso de camiones de alto tonelaje, y por la presencia cada vez mayor de factores industriales asociados a la minería, la construcción y la exploración para el desarrollo energético. Debido a esto, el MOP construyó un by-pass a dicho poblado, el cual no cumple con el objeto porque el complejo fronterizo seguía en el interior del pueblo. Pedí al gobierno que hiciera las gestiones para habilitar a la brevedad la instalación del complejo fronterizo de este paso según un adecuado diseño previamente establecido, a 10 kilómetros de la frontera. Esto permitiría resolver temas de seguridad, así como fortalecer el intercambio con la Franja Tropicana. El resultado de esta gestión es que en el Paso Jama, está construido el control fronterizo integrado, binacional, y en los próximos meses comenzará funcionar.

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Por su parte, el Paso Sico, se encontraba pavimentado hasta Socaire, distante a 120 kilómetros de la frontera. Este punto limítrofe mantenido por la Dirección Regional de Vialidad, y a través de compromisos de entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se han firmado convenios de programación que permiten avanzar en dicha pavimentación; sin embargo un tema de preocupación fue que tampoco existía un complejo fronterizo adecuado que permitiera realizar el debido control de personas y cargas. Solicitamos al gobierno habilitar un control fitosanitario, mediante la presencia del SAG, dado que a través de este paso se conecta todo el noroeste argentino con el norte chileno permitiendo el ingreso de productos diversos como cítricos y otros, los cuales pueden abastecer al norte de Chile a un precio menor al que implica trasladar productos de la zona central del país. A su vez, dichos productos pueden exportarse a través de los puertos de nuestra región hacia el resto del mundo.