Informe sobre

Colombia

Informe sobre Colombia

Realizado por: Centro de Información, Recursos y Documentación de Asilo y Migraciones de la Asociación Comisión Católica de Migración (Accem), Pza. de Santa María Soledad Torres Acosta, 2. 2º Madrid 28004. Tfno: 91 532 74 78/9. Para cualquier información relativa a este informe contactar con [email protected]

Motivo para el que solicita el informe: Aportar informe junto a demanda en proceso contencioso – administrativo contra denegación de asilo. Fecha emisión informe: 14 de noviembre de 2007 Datos emitidos por letrada y tenidos en cuenta para la elaboración del informe: “El solicitante y su familia eran comerciantes en Colombia, soportaron extorsión económica durante el año 2004, procedente de grupos paramilitares y de las FARC. La zona es Medellín, Antioquía. Cada mes la cantidad requerida era mayor, y al no poder hacer frente a la misma abandonaron la zona, y aún así les localizaron, dándoles datos exactos de sus horarios, de su hijos, con amenazas de muerte. No pudieron denunciar a la Policía colombiana, estos hechos, puesto que desconocía la identidad concreta de las personas que le amenazaban.”

INFORME SOBRE COLOMBIA

Datos Oficiales1 Nombre Oficial: Capital: Sistema político: Presidente: Población: Provincias:

Idiomas: Religión: Grupos étnicos: Partidos políticos2:

República de Colombia Santa Fé de Bogotá República presidencialista Alvaro URIBE Velez (desde el 7 de agosto del 2002), que es a la vez Primer Ministro. 44,379,598 (datos julio 2007) 32 departmentos y 1 capital de distrito; Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Distrito Capital de Bogota*, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada. Español (oficial) Católicos 90%, otros 10. mestizos 58%, blancos 20%, mulatos 14%, negros 4%, mezcla negrosAmerindios 3%, Amerindios 1% Partido Social de Unidad Nacional Partido Conservador Colombiano Partido Liberal Colombiano Partido Cambio Radical Polo Democrático Alternativo Partido Convergencia Ciudadana Partido Alas Equipo Colombia Partido Colombia Democrática Movimiento Independiente de Renovación Absoluta "MIRA" Movimiento Colombia Viva Movimiento Alianza Social Indígena Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) Movimiento Apertura Liberal Partido Verde Opción Centro Movimiento Alianza Social Afrocolombiana (ASA) Movimiento Político "AFROUNINCCA"

Antecedentes Históricos: La situación de crisis que atraviesa actualmente Colombia hunde sus raíces en el inicio mismo de la vida de este país como república independiente. En efecto desde que obtuvo su independencia definitiva del reino de España en 1819 se ha visto enfrascada en una serie de guerras y conflictos civiles prácticamente sin solución de continuidad hasta el presente. Es muy conocida la llamada "Guerra de los 1000 días" en la que se enfrentaron los dos partidos tradicionales (el Liberal y el 1 2

CIA World Factbook: Colombia, last updated: 1 November 2007 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html Wikipedia:La enciclopedia libre. Versión española http://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_de_Colombia

Conservador) en el período comprendido entre 1899 y 1903. Sin embargo esta sólo fue una mas de las guerras civiles que enfrentaron a estas dos facciones políticas a lo largo del siglo XIX. Al iniciarse el siglo XX la mayoría de su población se concentraba en la cordillera andina. La distribución de la propiedad de la tierra era profundamente inequitativa ya que, una mínima parte de la población poseía la gran mayoría de las tierras cultivables. Este rasgo se ha perpetuado hasta nuestros días, pues nunca se ha llevado a cabo una reforma agraria, que reparta la tierra entre la población campesina. Con excepción de algunas regiones la población campesina (la más numerosa hasta la década de los setenta) ha debido trabajar la tierra de sus patrones y obtener el sustento a partir de una parcela concedida por el sistema de aparcería. Esta inequitativa distribución, empujó a esta población desposeída hacia los valles interandinos y hacia la Orinoquía, en busca de nuevas tierras cultivables. Sin embargo esto no mejoró la repartición de la propiedad raíz, pues la ausencia de un adecuado sistema de titulación de tierras permitió que estos primeros colonizadores fueran desposeídos más adelante (mediante la compra o la violencia). Así al terminar la Segunda Guerra Mundial sólo el 3% de la población poseía mas del 50% de las tierras cultivables3. La desigual distribución de la tierra, en una economía básicamente agraria, fue el caldo de cultivo que permitió que se diera el fenómeno conocido como "La Violencia". Durante este periodo se enfrentaron, en una verdadera guerra civil no declarada, los partidos Liberal y Conservador. Tradicionalmente los miembros de los dos partidos habían luchado por el control del estado, pero el 9 de abril de 1948, al ser asesinado el líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, el pueblo (en su mayoría perteneciente a este partido) se lanzó enfurecido a las calles desencadenándose una ola de violencia que duró varios años. El enfrentamiento causó el desplazamiento interno de mas de dos millones de campesinos, que se vieron obligados a huir de sus tierras. Esta migración forzosa desembocó en la colonización de zonas, del país hasta el momento inexploradas, como el Magdalena Medio y el Meta. La "Violencia" llegó a su fin en 1958 , año en el que se firmó un acuerdo entre los dirigentes de los partidos enfrentados. Por este acuerdo se creó el "Frente Nacional", sistema por medio del cual los dos partidos de alternarían en el poder, excluyendo la posibilidad de que cualquier otro partido o movimiento político se presentara en las elecciones. Si bien la intensidad de los enfrentamientos disminuyó considerablemente lo cierto es que la violencia real nunca cesó, pues aunque la mayoría de los grupos alzados en armas se desmovilizaron, algunos continuaron en pie de lucha (en particular algunas de las llamadas "guerrillas liberales"). De estos grupos surgió uno de los principales grupos guerrilleros que operan en la actualidad: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia F.A.R.C4. El sistema del Frente Nacional condujo a la exclusión, en el campo de la contienda electoral, de cualquier corriente de pensamiento diferente a las tradicionales. Al mismo tiempo el país, junto al resto de América Latina recibía la poderosa influencia de la Revolución Cubana. La unión de estos dos factores explica el nacimiento de varios movimientos insurgentes, motivados por una ideología marxista o maoista. Se trababa de grupos que surgieron en las ciudades, pero que se trasladaron al campo para combatir al ejército, conformados en sus inicios por jóvenes estudiantes, que se desplazaron a las áreas rurales, para combatir al estado. Uno de estos movimientos fue la Unión Camilista- Ejército de Liberación Nacional E.L.N., cuya existencia perdura hasta hoy5.

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Documento de la O.N.U. E/CN.4/1995/50/Add.1 Informe del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas. Sr. Francis M. Deng presentado a la Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento de la resolución 1993/95. Párrafo 19. 4 De acuerdo con el documento “Conflicto Armado y paramilitarismo en Colombia” Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 10 mil combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. 5 De acuerdo al mismo documento La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso de radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- que lideró Alfonso López Michelsen a finales de la década de los cincuenta, planteándose la toma del poder por las armas. Se calcula que cuenta con unos mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción

En la década de los setenta la insurgencia continuo creciendo. En 1970 llegaba a su fin el sistema bipartidista del Frente Nacional y al proceso de elecciones se presentó un candidato que no pertenecía a ninguno de los dos partidos tradicionales: el general Gustavo Rojas Pinilla. Resultó vencedor de los comicios el candidato por el partido conservador, Misael Pastrana Borrero, sin embargo su triunfo quedó empañado por las dudas y un grupo de sus adeptos se alzó en armas, conformando el Movimiento 19 de abril (M-19). La respuesta oficial a estos movimientos fue recurrir al estado de sitio, que permitía un recorte drástico de las libertades ciudadanas, a la vez que se concedían amplias facultades al poder ejecutivo, en detrimento de las del Parlamento. Las medidas aplicadas no surtieron el efecto deseado, pues no fue posible controlar la insurgencia, de manera que lo que fue concebido como un estado excepcional, se convirtió, en la práctica, en el estado permanente. El país permaneció bajo el estado de excepción desde la instauración del frente Nacional hasta la década de los noventa. En virtud de esta situación las fuerzas armadas adquirieron un papel protagonista en la lucha contra los movimientos guerrilleros y en el control del orden público. De esta manera la policía dejó de ser un cuerpo civil, independiente del ejército, para pasar a depender del Ministerio de la Defensa (en manos de un general militar desde su creación, esta situación no cambió hasta la década de los noventa cuando el ministerio pasó a manos de un civil). Cabe preguntarse cómo es posible que en un país el enfrentamiento entre el ejército y los grupos guerrilleros se haya extendido lo largo del tiempo por más de cuatro décadas. La respuesta, en parte se encuentra en la debilidad del estado colombiano. Este ha sido incapaz de ejercer un verdadero control sobre la totalidad del territorio nacional de modo que ha dejado abandonadas amplias áreas del mismo. Áreas que fueron fácilmente controladas por la guerrilla. Ante la incapacidad del Estado por hacer presencia en determinadas zonas, empezaron a formarse grupos de autodefensa para combatir a la guerrilla; algunas veces por iniciativa de los terratenientes ganaderos, y otras por iniciativa de traficantes de drogas o de los mismos militares. Estos grupos evolucionaron de manera que algunos devinieron en ejércitos privados y otros en organizaciones político militares de carácter ofensivo, conocidas como los "paramilitares". Estas fuerzas actualmente actúan al margen de la ley, pero durante mucho tiempo estuvieron cobijadas por la legislación6. En el decenio de 1980 surgió un nuevo elemento que complicaría aun más la situación colombiana. Se traba de los carteles de la cocaína. Ya en la década anterior el tráfico de la marihuana había permitido la formación de grupos de traficantes en la costa Atlántica del país, pero estos no llegaron a poseer la organización, ni el poder de los que se formarían más tarde alrededor del tráfico de la cocaína. En un principio estros grupos se limitaban a su transporte, aprovechando la privilegiada posición geográfica del país. Mas adelante iniciaron el cultivo de la hoja de coca, empleando para ello grandes extensiones de tierra en diferentes regiones del país. Cultivo para el que emplearon gran cantidad de mano de obra, y cuya seguridad aseguran bien mediante ejércitos privados, bien pagando a determinados grupos guerrilleros por custodiar el cultivo (hasta el momento es mucho lo que se ha especulado sobre la relación entre narcotraficantes y guerrilleros. Las fuerzas militares no dudan en asegurar la existencia de una alianza mientras que otros estudiosos del tema sostienen que la guerrilla cobra a los cultivadores de coca un impuesto proporcional a la extensión del cultivo y a las ganancias obtenidas. Impuesto que exigen a todo agricultor que se haya dentro de los terrenos que dominan). El surgimiento de estos cárteles agravó la situación del país. Los narcotraficantes empezaron a de la UC-ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de desmovilización con el gobierno de César Gaviria. 6 El decreto de estado de sitio 3398 de 1968, convertido en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, dio el fundamento legal para la organización de la "defensa nacional", la "defensa civil" y la promoción en la organización de las "'autodefensas". Esta legislación se mantuvo en vigor hasta 1989.

adquirir tierra, incluso amenazando y expulsando a los campesinos que antes las ocupaban. Con ello se acrecentó el problema de acumulación de la tierra en manos de unos pocos. Así mismo la corrupción de los sistemas judicial y de policía se generalizó, pues era evidente que los narcotraficantes compraban el silencio de las autoridades. Finalmente, en los inicios de la década de los noventa el estado, presionado por el gobierno de Estados Unidos, inició una fuerte ofensiva en contra de los carteles que derivó en una guerra abierta contra algunos de los principales capos. Guerra que costó la vida de cientos de colombianos7. Los primeros diálogos de paz (1982- 1990) Con la llegada al poder de Belisario Betancur (1982-1986) las esperanzas en una solución concertada al problema de la guerrilla se vieron reavivadas. Se concertó una tregua, y se dio inicio al diálogo con los principales grupos guerrilleros. De este proceso surgieron nuevos partidos políticos. El más relevante fue la Unión Patriótica (U.P.), conformado por antiguos miembros de las F.A.R.C. Así mismo se inició un proceso de desmovilización de algunas células guerrilleras, en el que se procuró insertar a los antiguos rebeldes en la estructura socioeconómica colombiana. Sin embargo este intento fracasó en 1985, cuando el alto al fuego fue interrumpido por actos provenientes tanto de la guerrilla como de las fuerzas del estado. Finalmente a finales de ese año cualquier posibilidad de reanudar el diálogo se vio frustrada con la toma, por parte del M-19 del Palacio de Justicia. Lo que pretendía ser el juicio simbólico al presidente culminó en una masacre en la que perdieron la vida 12 de los 25 miembros de la Corte Suprema de Justicia, junto a 100 personas mas, entre las que se contaba magistrados del Consejo de Estado, la totalidad de los guerrilleros que participaron en la toma, y personal administrativo de las corporaciones judiciales. El fracaso de las negociaciones entre el estado y las fuerzas insurgentes se vio agudizado por el surgimiento de una nueva forma de violencia, la llamada "guerra sucia", fenómeno por el cual fueron exterminados los principales miembros de la recién creada Unión Patriótica, así como de numerosos miembros de grupos de izquierda, líderes de organizaciones populares y activistas de los derechos humanos. Este fenómeno aún se continúa presentando, sin que el Estado haya reaccionado de manera decidida para hallar y castigar a los culpables8. La escalada de la violencia continuó en aumento durante los siguientes años, cobrando la vida de cientos de personas, entre las que se contaban importantes políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos, y en general cualquiera que fuera señalado como subversivo. Entre 1988 y 1990 el Estado colombiano participó en la muerte de 107 personas según se informó en el documento publicado en 1995 de la Comisión de la Verdad, comisión compuesta por portavoces del Gobierno, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y Organizaciones No Gubernamentales. La asamblea constitucional. (1991- 1998) En 1991 en un nuevo intento por lograr un proceso de paz, fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente, que tenía como objetivo la reforma de la Constitución (vigente desde 1886) a fin de ampliar el espacio de participación política y establecer las bases de una sociedad realmente democrática. Para su realización se pactó una tregua con algunos grupos guerrilleros como el M-19, el Quintín Lame (de origen indígena) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Grupos que terminaron 7

Nuevamente, no es este el espacio adecuado para hacer un análisis sobre la incidencia del narcotráfico en la actual situación colombiana. Es importante, sin embargo destacar el nexo existente entre los carteles y los ejércitos privados. 8 Documento de la O.N.U. E/CN.4/1995/50/Add.1 Informe del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas. Sr. Francis M. Deng presentado a la Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento de la resolución 1993/95. Párrafo 25

desmovilizándose y transformándose en partidos políticos que participaron con voz y voto en la Asamblea. La Constitución fue concebida como una “Carta de Navegación” hacia un nuevo país. De esta manera contiene toda suerte de previsiones tendientes a ampliar los espacios de participación política, proteger los derechos fundamentales y otorgar especiales garantías a los grupos más vulnerables de la población. Pese a la profunda reforma de las instituciones estatales, y la consagración constitucional de las intenciones de paz el proceso de dialogo fracasó en 1992. Son múltiples las razones para ello, pero sin duda tuvieron mucho peso las presiones de los sectores más extremistas de los bandos enfrentados. Así mismo aunque era propósito consagrado por la Constitución, establecer las condiciones para el desarrollo de un ambiente de paz, limitando al máximo los estados de excepción, estos fueron nuevamente declarados, con la consecuente restricción de las libertades ciudadanas. En noviembre de 1992 el presidente declaró el estado de sitio durante 90 días, ante la ofensiva de la Coordinadora Guerrillera formada por tres grupos radicales. Posteriormente el Gobierno adoptó una estrategia militar y económica contra la guerrilla. Las Fuerzas de Seguridad pasaron a la acción ofensiva, produciéndose combates en diversas localidades. El paramilitarismo fue en aumento hasta el punto de que se discutía si era preciso considerarlos una fuerza beligerante para darle cabida en los procesos de diálogo. En mayo de 1994 se celebraron las elecciones presidenciales en las que el gran vencedor fue Ernesto Samper. El 7 de agosto, éste tomó el relevo de César Gaviria como presidente de Colombia. Las elecciones presidenciales se vieron mancilladas cuando en septiembre el ex director de la DEA (Agencia Antidroga de Estados Unidos) trasmitió un informe al Congreso de Washington sobre las relaciones entre los cárteles de la droga y la clase política. Se sospechaba de la presencia de “narcodinero” en la campaña vencedora. Para investigar todo ello nació el “proceso 8000” que trataría de aclarar la corrupción política por parte del narcotráfico. El Parlamento colombiano comenzó en agosto la investigación en torno a la posible relación del presidente Samper con la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral por el cártel de Cali. En septiembre, prácticamente todo el equipo financiero que estuvo al frente del Partido Liberal durante los meses previos a las elecciones se encontraba en prisión. El presidente Ernesto Samper compareció ante la Comisión de acusaciones del Congreso para explicar su conducta sobre la denuncia de infiltración del dinero del narcotráfico en su campaña electoral. Aunque la Comisión de Acusaciones de la Cámara exoneró de toda culpa al presidente continuaron apareciendo documentos y testigos que lo inculpaban. A través del Decreto 356 de 1994 nacieron las CONVIVIR, cooperativas o asociaciones de seguridad privada en el medio rural, y desde entonces han sido definidas como "Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada''. Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos a los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada. Desde un comienzo las Convivir han estado autorizadas para el uso de armas ofensivas, no sólo defensivas. Estos grupos podían estar fuertemente armados, como lo indican los datos que se tienen, de que por ejemplo, tan solo de enero a diciembre de 1996 se aprobó para las Convivir la compra de 422 subametralladoras, 373 pistolas 9 mm, 217 escopetas de repetición, 17 ametralladoras Mini-uzi, 70 fusiles, 109 revólveres 38 largo y 41 armas de uso restringido que pueden ir desde fusiles hasta ametralladoras, lanzacohetes, granadas de fragmentación, rockets y morteros, cifras más que apreciables para las entonces 60 Convivir. Desde sus inicios, las CONVIVIR fueron motivo de controversia incluso con el gobierno. Se ganaron el apoyo inmediato de los grupos influyentes, entre ellos los rancheros, los empresarios, algunos funcionarios municipales y las fuerzas de seguridad, en especial el Ejército. Otros, como el entonces Ministro del Interior, Horacio Serpa, dijeron que temían la vuelta de la actividad paramilitar al estilo de los ochentas, un preocupación de la que se hicieron eco algunas organizaciones de derechos humanos.

El nuevo proceso de dialogo: la zona de despeje. (1998 – 2001) El proceso de búsqueda de la paz se reinició en 1998, al asumir la presidencia de la república Andrés Pastrana Arango. En relación al proceso anterior la situación se había agudizado, la actividad paramilitar se había incrementado, y el desplazamiento interno había sido reconocido como un asunto grave9. Uno de los aspectos más inquietantes el conflicto constituía el hecho de que los civiles empezaban a ser considerados “objetivos militares” de los bandos enfrentados, pese a la cara contravención que de ello se deriva del Derecho Internacional Humanitario. En particular los grupos paramilitares no dudaban en cometer masacres o en promover éxodos forzados, como estrategia de enfrentamiento. La nueva administración optó por efectuar un nuevo intento de acercamiento e inició conversaciones con las FARC. Como parte de dicho proceso se pacto la retirada de las fuerzas estatales – por un periodo inicial de tres meses – de cinco municipios ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare, como precondición para el inició de las discusiones sobre los puntos centrales para un eventual acuerdo de paz. Este territorio se conoció como zona de despeje. Esta decisión fue mal recibida por la cúpula militar, y generó amenazas por parte de los grupos paramilitares. En enero de 1999 se iniciaron las negociaciones oficiales entre el Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. Los paramilitares desarrollaron una ofensiva en varios departamentos del país de forma simultánea, asesinando cientos de campesinos por su supuesta colaboración con la guerrilla. La violencia de los escuadrones de la muerte provocó el éxodo de la población del sur de Colombia. Las FARC decidieron suspender los diálogos de paz con el Gobierno, al que le daban un plazo de tres meses para mostrar su voluntad de combatir a los paramilitares y exigieron que se mantuviera desmilitarizada la zona neutral. Continuaron los secuestros y asesinatos por parte de las FARC y el ELN hasta el 6 de mayo fecha de apertura oficial de las negociaciones. El gobierno anunció el acuerdo con las FARC para crear una Comisión de acompañamiento del proceso de paz. El 6 de mayo de 1999 las partes en el proceso de paz publicaron un “Programa común para el cambio hacia una nueva Colombia”. Plan de 12 puntos para la búsqueda de una solución negociada. Las negociaciones se volvieron a romper debido a la continuación de los secuestros y asesinatos. A primeros de noviembre el Gobierno colombiano y las FARC reanudaron las negociaciones de paz. Desgraciadamente las conversaciones se alargaron sin que disminuyeran los enfrentamientos entre los actores. El año cerró con un balance trágico, según la Defensoría del Pueblo reportó 402 masacres. Aunque todos los actores del conflicto fueron responsables de serias violaciones a los derechos humanos, el mayor número fue imputable a los grupos paramilitares. Estos justificaron sus ataques a la población civil sosteniendo que se trata de guerrilleros con trajes de civil. En este año los ataques se extendieron a los departamentos del Valle del Cauca, Casanare y Santander. En el año 2000 la Secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, viajó a la ciudad de Cartagena de Indias, a fin de estudiar junto al presidente Pastrana el llamado “Plan Colombia” para la paz y contra el narcotráfico. El Plan pretende reestructurar Colombia tanto social como económicamente partiendo desde la base del entendimiento y el fortalecimiento de las relaciones con las FARC. España y Noruega fueron nombrados países “facilitadores” del proceso de paz en Colombia. El Plan Colombia recibió en la Conferencia de Donantes que se celebró el 7 de julio en Madrid una “contribución financiera inicial” de 871 millones de dólares. Por otra parte, la UE y EEUU decidieron ayudar económicamente a Colombia para que pudiera llevar a cabo su Plan de paz. En 9

En 1995 la Conferencia Episcopal de Colombia publicó el primer estudio sobre el problema de los desplazados internos basándose en una encuesta efectuada a 1.170 personas desplazadas en todos los municipios del país. En este trabajo se calculaba 586.261 personas habían sido desplazadas entre enero de 1985 y agosto de 1994. Este estudio fue seguido por la Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento (CODHES), que creó un sistema de información sobre los desplazamientos. Según este sistema, conocido como SISDES, en el periodo comprendido entre 1996 y 1998 746.000 personas se convirtieron en desplazados internos, lo cual demuestra la agudización del problema.

julio, representantes de la guerrilla del ELN y del Gobierno de Pastrana se reunieron en Suiza en un encuentro por un consenso nacional por la paz de Colombia. Después de algunas interrupciones, los negociadores acordaron reanudar el proceso de paz en base a un temario concreto, con una perspectiva de alto el fuego. No obstante, a lo largo de los meses siguientes continuaría la escalada bélica en varios puntos del país, protagonizada por diferentes grupos armados. En noviembre, las FARC decidieron congelar el proceso de paz con el gobierno colombiano, argumentando que el Ejecutivo otorgaba un carácter político a los paramilitares. En el 2001 el Parlamento Europeo adoptó en Bruselas una resolución en la que rechazaba el Plan Colombia como método para poner fin al conflicto colombiano y exigía a la UE que desarrollara una estrategia “autónoma y no militarista” para apoyar el proceso de paz. La UE exhortó al Gobierno colombiano y a las FARC a que reanudaran de inmediato las negociaciones. El presidente Pastrana y el líder de las FARC, Manuel Marulanda, reactivaron el 9 de febrero del 2001 el diálogo de paz con la firma del “Acuerdo de los Pozos” que sacaba del escenario principal de la negociación los asuntos candentes: paramilitares y actos de guerra. En abril, el Ejército de Liberación Nacional(ELN), segundo grupo guerrillero de Colombia, anunció la suspensión del diálogo de paz con el Gobierno. El motivo de la decisión fue la “falta de voluntad del Gobierno para luchar contra los paramilitares de ultraderecha” según un comunicado del ELN. A principios de junio el Gobierno de Pastrana y las FARC firmaron un acuerdo humanitario que permitiría liberar a 142 de los casi 500 soldados y policías en poder de las FARC y a 15 guerrilleros presos. A primeros de agosto, miles de campesinos colombianos bloquearon las carreteras como protesta contra las fumigaciones de las plantaciones de coca dentro del Plan Colombia, que también afectaban a cultivos lícitos y que podían perjudicar a los seres humanos. El presidente Andrés Pastrana, firmó la Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Esta ley concedía a las Fuerzas Armadas supremacía sobre el poder civil en los llamados “teatros de operaciones” creados por el presidente y al mando jefes militares cuya autoridad ejercería controles sobre la población civil y se impondría a la de gobernadores o alcaldes. También concedía a miembros de las fuerzas militares facultades de policía judicial, limitando la capacidad de investigación de los grupos civiles sobre las actividades militares. Coincidiendo con la promulgación de la ley, el Ejército colombiano lanzó una ofensiva contra las FARC en los departamentos de Arauca, Guanía, Víchada y Huila, donde más de 100 guerrilleros resultaron muertos. En septiembre la ex ministra de cultura, Consuelo Araujo Noguera, que se encontraba secuestrada por las FARC fue hallada muerta en el norte de Colombia. Los líderes políticos y sociales, exigieron al presidente Andrés Pastrana, un giro en las negociaciones con la guerrilla. El 5 de octubre, Pastrana anunció que su gobierno había alcanzado un acuerdo con las FARC que incluía una tregua bilateral, por seis meses, y en el que ambas partes asumían compromisos: la guerrilla, de acabar con el secuestro, la extorsión, los ataques a pequeñas poblaciones y a la infraestructura económica: y el Gobierno, llevará a cabo acciones para acabar con el paramilitarismo. El proceso de paz no llegó a concretarse debido a la exigencia de las FARC para que el Gobierno hubiera combatido a los paramilitares antes de hablar del cese del fuego y las hostilidades.

Situación a partir del: año 2002: El Gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC lograron el 14 de enero del 2002 un acuerdo para reanudar las conversaciones de paz. Las FARC aceptaron finalmente el mantenimiento de los controles militares, en el perímetro de la zona de distensión. Las dos partes se comprometían a llegar en “breve plazo” a acuerdos que significaran una disminución de la intensidad del conflicto. Se comprometieron a elaborar un pacto firme, una tregua con cese el fuego y hostilidades, para el 7 de abril. Sin embargo, al día siguiente la guerrilla llevó a cabo un nuevo ataque esta vez sobre la población de Aguas Blancas (en el departamento del César) y sobre el departamento de Meta. Además las FARC insistieron en que estudiarían suprimir los secuestros si el Gobierno legalizaba la llamada Ley 002, emitida por la guerrilla el 25 de abril de 2000, que ligaba el pago de “impuestos” a las fortunas superiores al millón de dólares. Tal planteamiento significaría, según los comentaristas políticos, legalizar el “impuesto revolucionario”. El 20 de febrero de 2002, el presidente Andrés Pastrana, suspendió el proceso de paz con las FARC, después de que la guerrilla secuestrara un avión comercial de la aerolínea “Aires” con 37 personas a bordo, que viajaban de Neiva a Bogotá, y se llevaran consigo al senador colombiano Jorge Eduardo Gechem Turbay (el quinto congresista secuestrado por las FARC). Además de anunciar el fin del proceso de paz, Pastrana retiró el carácter político a las FARC. Poco después, la Fuerza Aérea comenzó la llamada Operación Tánatos: el bombardeo de la antigua zona de despeje, situada en el sur del país. Inmediatamente la comunidad internacional lamentó la ruptura del proceso de paz en Colombia y expresó su apoyo al presidente Andrés Pastrana. El 22 de febrero de 2002 el Gobierno de Pastrana inició la recuperación de la llamada zona de despeje o distensión: área de 43.000 kilómetros cuadrados cedidos a las FARC en 1998. La candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero por rebeldes de las FARC en la zona de distensión controlada unos días antes por esa organización guerrillera, recuperada por el Ejército. Fuentes oficiales confirmaron que la aspirante independiente, que lideraba el movimiento Colombia Nueva, fue retenida, junto con dos asesores de su campaña, en el departamento del Caquetá a 350 kilómetros al sureste de Bogotá. A una semana de las elecciones presidenciales colombianas, la senadora Martha Catalina Daniels y dos de sus acompañantes aparecieron el 3 de marzo asesinados por las FARC durante una campaña humanitaria que realizaban en el municipio de Zipacón, a pocos kilómetros de Bogotá. En las elecciones del 10 de marzo de 2002, con una abstención del 56% y más de un millón de votos en blanco o nulos, los partidos tradicionales de Colombia, el Liberal, en la oposición, y el Conservador, en el Gobierno, perdieron escaños, en las elecciones al Congreso. En el Senado, cuya votación para los 102 escaños era de circunscripción nacional, el gran vencedor fue el ex guerrillero del M-19, Antonio Navarro, obteniendo su lista dos escaños. Le siguieron en la votación Germán Vargas Lleras y Luis Alfredo Ramos, que respaldaban la candidatura a la presidencia del liberal independiente Alvaro Uribe Vélez, y sus listas lograron cada una dos escaños. El Partido Liberal, que obtuvo 48 de los 102 escaños en 1998, perdió 19 en estas elecciones de 2002, aunque continuaba siendo la minoría mayoritaria. El Partido Conservador, por su parte, redujo su participación en la Cámara Alta de 15 a 13 puestos. Los demás movimientos y colectividades políticas obtuvieron los restantes 60 escaños, 21 más que en los comicios de cuatro años atrás. En la Cámara de Representantes (cámara baja), que se elige por circunscripción para cada uno de los 32 departamentos, el partido Conservador, en el Gobierno, pasó de tener 28 representantes en 1998 a 21, mientras que el Liberal, que dirigía el candidato oficial de esa colectividad a la presidencia, Horacio Serpa, bajo de 84 a 53 escaños. El resto de los escaños quedaron en poder de movimientos y partidos políticos minoritarios. El 12 de marzo, el candidato a la Presidencia por el Partido Conservador, Juan Camilo Restrepo, presentó su renuncia a presentarse a los comicios del 26 de mayo, en los que habría de elegirse

mandatario para el período 2002-2006. Los conservadores perdieron varios escaños en las elecciones del día 10 y su presidente, el senador Carlos Holguín Sardi, si bien resultó reelegido, dimitió ese mismo día de la jefatura del partido. El 16 de marzo fue asesinado el arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cansino. El presidente Pastrana aseguró que el crimen no quedaría impune. En las elecciones últimas, Duarte había denunciado la financiación con dinero de narcotráfico de ciertos candidatos. La policía colombiana detuvo el 23 de marzo cerca de Bogotá a un jefe de la guerrilla de las FARC responsable de negociar secuestros y extorsiones. EE.UU. anunció, durante la cumbre de países andinos celebrada en Lima el 24 de marzo, un aumento de fondos y una mayor asistencia técnica durante 2003 para la lucha antidroga en Colombia y otros países andinos. El Gobierno venezolano rechazó un informe elaborado por militares colombianos donde se afirmaba que los miembros de la guerrilla de las FARC se escondían en el territorio de su país. El 28 de marzo se reveló la existencia de un complejo subterráneo de las FARC en la zona de distensión que el presidente Pastrana cedió a la guerrilla para posibilitar las negociaciones de paz, comunicado por túneles para esconderse del ejército y esconder a los secuestrados. El municipio de Bojayá fue escena de un cruento ataque de las FARC el 3 de mayo cuando un comando de la guerrilla lanzara un artefacto explosivo en la iglesia del pueblo, donde se habían refugiado cientos de personas huyendo de los combates entre las FARC y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el atentado murieron un centenar de personas, muchos de ellos niños, más de cien resultaron heridas y hubo un alto número de personas desaparecidas. El presidente de Colombia anunció el 6 de mayo que pediría una misión de la ONU para verificar los hechos de la matanza de Bojayá. El 22 de mayo la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia difundió un informe donde culpaba de la matanza de Bojayá tanto a la guerrilla, como a los paramilitares y al Estado colombiano. El informe consideró que las autoridades colombianas incumplieron su compromiso de proteger a la población civil y acusó al Ejército colombiano de colaborar con los grupos paramilitares que trabajaban en la zona de la masacre. El 26 de mayo de 2002 el candidato liberal disidente Alvaro Uribe Vélez ganó con un 53% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Por primera vez en la historia reciente de la democracia colombiana un candidato lograba la mayoría absoluta que hacía innecesaria una segunda vuelta. El candidato del Partido Liberal Horacio Serpa logró el 31% de los votos. El presidente electo sería proclamado el 7 de agosto. El 17 de junio la Unión Europea incluyó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su lista de organizaciones, grupos e individuos terroristas. Los alcaldes de 23 municipios del departamento de Antioquía dimitieron de sus cargos el 23 de junio tras recibir amenazas de muerte procedentes del terrorismo de las FARC. En los días anteriores habían dimitido o avisado de su dimisión alcaldes de otros 14 departamentos colombianos, presionados igualmente por la amenaza de muerte de las FARC. Los gobernadores no aceptaron las dimisiones. Más de 110 alcaldes estaban amenazados y las FARC, en un comunicado, anunciaron que su consigna era no dejar funcionar a ningún alcalde. El 7 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de investidura del presidente Álvaro Uribe. Al mismo tiempo el terrorismo guerrillero provocó atentados que se cobraron 13 vidas en Bogotá. En su discurso, Uribe propuso reanudar las conversaciones de paz con la mediación del secretario general de la ONU. El día 8 de agosto de 2002 Uribe inaugura "red de informantes". La idea es conformar una red nacional de civiles que informe a las autoridades sobre posibles ataques o del accionar de la

insurgencia en el país. De esta forma, Uribe cumple con una de sus promesas de la campaña electoral. El anuncio de tales medidas ya había sido motivo de críticas y controversias. El 12 de agosto de 2002 el presidente Uribe aprobó el “estado de conmoción interior”, mediante el que se buscaba controlar la seguridad y frenar la violencia. A través de este estado de excepción el Gobierno podía tomar medidas especiales para conjurar la grave crisis de orden público, además permitía al presidente, por un periodo de tres meses, prorrogables otras dos veces, asumir funciones legislativas y adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la situación. Con motivo del “estado de conmoción interior” el Gobierno tomó enérgicas medidas para el control del orden público, y el 11 de septiembre emitió el Decreto Nº 2002. Dicho decreto definió las nuevas figuras de "zonas de rehabilitación y consolidación" (en los departamentos de Arauca, Sucre y Bolívar), estableció la manera de delimitarlas, fijó los términos de su control operacional y estableció que en sus territorios podrían restringirse los derechos de circulación y residencia, limitarse el tránsito y la permanencia de extranjeros, utilizarse bienes de origen particular e imponer a los ciudadanos la prestación de servicios técnicos y profesionales. En sentencia emitida por la Corte Constitucional el 25 de noviembre fueron declaradas contrarias a la Constitución varias de las disposiciones del Decreto Nº 2002, entre ellas, las que autorizaban a la fuerza pública, incluidos los militares, a practicar capturas, allanamientos e interceptaciones con o sin orden judicial. La incapacidad gubernamental de obtener la aprobación de la Corte para implantar medidas de emergencia llevaría al ejecutivo a intentar reformar la Constitución para legalizar varias medidas de seguridad, entre ellas la que otorgan poderes de policía judicial a las fuerzas armadas. El gobierno de Uribe pretendía recobrar el completo control del territorio por parte del Estado, derrotar al terrorismo, así como involucrar a la población civil en el proceso de seguridad, especialmente prestando colaboración y apoyo a las autoridades y fuerzas militares. El Gobierno ya en el 2003 conseguiría extender la presencia de la Fuerza Pública a casi todos los municipios del país. El presidente Uribe el 14 de diciembre de 2002 acusó a las FARC de los atentados terroristas perpetrados contra un senador y un hotel de Bogotá, en el que hubo 30 heridos, y aseguró que la guerrilla colombiana estaba asesorada por terroristas del IRA y de ETA. El día 15 el Gobierno colombiano anunció la creación de una fuerza de tarea policial permanente para combatir a las FARC. Este mismo mes de diciembre de 2002 se declaró unilateralmente el cese de las hostilidades por parte de los paramilitares, comenzando un proceso de diálogo entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Gobierno. El 22 de enero de 2003 el Decreto Nº 128 reglamenta, prorroga y modifica las leyes relativas a la reincorporación a la sociedad civil de miembros desmovilizados de organizaciones al margen de la ley (guerrilla y paramilitares), que prevé beneficios jurídicos, pero cuyo ámbito no alcanza a quienes hubieran cometido delitos atroces. El 6 de febrero de 2003 el Gobierno colombiano de Álvaro Uribe prorrogó, por segunda vez y hasta el 8 de mayo, el Estado de Excepción que regía desde el 11 de agosto de 2002, argumentando que en el país persistía un clima de “grave perturbación” del orden público. La Corte Constitucional puso fin al estado de excepción el 29 de abril de 2003, al declarar su segunda prórroga incompatible con la Constitución. Para el Gobierno, esta medida era necesaria para que el Ejército pudiera combatir con eficacia las crecientes acciones de violencia de los grupos armados ilegales en áreas anteriormente bajo su influencia y en las que tenía por objetivo las fuerzas de seguridad.

El 8 de febrero de 2003, al menos 32 personas murieron y unas 200 resultaron heridas en un atentado perpetrado en el llamado club “El Nogal” de Bogotá y atribuido a las FARC “con ayuda internacional”, continuando así la ola de violencia terrorista en Colombia. Al día siguiente miles de colombianos se echaron a la calle para protestar contra el atentado en una manifestación convocada por el alcalde de la capital colombiana. El 10 de febrero el presidente Uribe inició un viaje a Panamá para reunirse el día 11 con los presidentes de Centroamerica. El objetivo del encuentro era buscar medidas que permitieran contrarrestar las acciones terroristas y formar un frente común contra los grupos ilegales que operan en Colombia y que afectan a los países vecinos. El 23 de abril de 2003, los presidentes de Colombia y Venezuela mantuvieron una reunión a fin de rebajar la tensión transfronteriza de sus países después de las denuncias públicas de funcionarios de ambos países por los problemas de seguridad en la frontera común, de 2.219 kilómetros. También el 23 de abril fue detenido en Colombia uno de los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, José Alberto Durán, alias “Tyson”. A primeros de mayo, Guillermo Gaviria, gobernador del departamento de Antioquía, y Gilberto Echeverry, consejero regional y ex ministro de Defensa de Colombia, fueron asesinados por guerrilleros de las FARC que los mantenían en su poder desde hacía más de un año. Según la versión de la guerrilla los rehenes fueron ejecutados, junto con otros ocho compañeros de cautiverio, en respuesta a un intento de rescate por parte de las fuerzas de seguridad. El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, señaló que el Gobierno no cedería en su política de mano firme contra la guerrilla y aseguró que a pesar del fracaso del operativo de rescate, era un éxito que el Ejército hubiera podido llegar a la “guarida” donde las FARC tenían secuestrados al gobernador de Antioquía y a un ex ministro, así como a un grupo de militares. El 15 de julio de 2003 las AUC y el Gobierno nacional firmaron el Acuerdo de Santa de Fe de Ralito, por el cual las partes convinieron la desmovilización total de las fuerzas de los paramilitares hasta el año 2005. El 21 de agosto el Gobierno presentó un proyecto de ley estatutaria (Nº 85 de 2003) que proponía otorgar beneficios jurídicos a aquellos grupos armados ilegales que no podían beneficiarse del Decreto Nº128 de enero de 2003 por su responsabilidad en delitos graves, entre ellos crímenes de guerra y contra la humanidad, a través del establecimiento de “penas alternativas”. Este proyecto de ley originó muchas críticas, debido al momento elegido para su proposición, si bien no se circunscribía únicamente a las fuerzas que habían firmado acuerdos de paz (AUC), sino que alcanzaba a toda persona que abandonara las armas de forma individual y voluntaria, así como también recibió críticas porque las penas alternativas no se consideraban proporcionales con los delitos cometidos. En el mes de agosto de 2003 las FARC y ELN realizaron un comunicado conjunto rechazando cualquier “proceso de acercamiento político y de diálogo nacional” con el Gobierno. A pesar de lo cual, las FARC continuaron negociando acuerdos para la liberación de guerrilleros presos a cambio de soltar por su parte a las personas que las FARC tenían en su poder. El 25 de octubre de 2003 se celebró un referendum para someter a la voluntad popular 15 propuestas de reforma de la Constitución. Si bien el escrutinio se complicó y en diciembre aún no se sabían los resultados, los datos previos apuntaban que ninguna de las medidas sería aprobada. El 26 de octubre de 2003 se llevaron a cabo elecciones populares para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. El resultado de las elecciones mostró la pluralidad política del país, al ser vencedores varios candidatos independientes y de centro-izquierda. Especialmente significativa resulta la victoria del candidato socialdemócrata a la alcaldía de Bogotá. Estas

elecciones estuvieron precedidas de amenazas y atentados de los grupos armados, pese a lo cual se desarrollaron sin mayores dificultades. El 10 de diciembre de 2003 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de acto legislativo Nº 223, conocido “Estatuto Antiterrorista”, que reforma los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución. Mediante esta normativa se prevé dotar de facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, así como dispone restricciones al derecho a la intimidad y a interponer recursos, y posibilita las detenciones administrativas y otras diligencias como interceptar y registrar la correspondencia y demás comunicaciones sin previa orden judicial. Las críticas han llovido desde su presentación como proyecto, y más aun tras su aprobación, entre otros motivos por romper los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia al otorgar funciones de policía judicial a personal militar. En 200410, mientras emprendía una ofensiva militar agresiva contra los grupos guerrilleros, el gobierno continuó negociaciones de paz con los grupos paramilitares. Las negociaciones podrían resultar en la desmovilización de miles de personas que afirman haber pertenecido a grupos paramilitares. Al mismo tiempo, sin embargo, los paramilitares han incumplido el cese al fuego vigilado por la OEA que acordaron al inicio de las negociaciones, mientras consolidan su control de vastas extensiones del país. Y el proceso de desmovilización sigue careciendo de salvaguardias suficientes para garantizar que se lleve ante la justicia a los paramilitares responsables de la comisión de atrocidades. Durante el 2005 a pesar de las negociaciones en curso con el gobierno, los grupos paramilitares cometieron reiterados abusos violando su declaración de alto el fuego11. El año 2005 estuvo marcado por la aprobación de la Ley 975, un controvertido paquete legislativo para la desmovilización de grupos armados que el gobierno denominó “Ley de Justicia y Paz”. La ley ofrece reducción de condenas a los miembros de estos grupos responsables de crímenes graves, si participan en un proceso de desmovilización. La ley, redactada en el contexto de las prolongadas negociaciones con los paramilitares, no incluye mecanismos efectivos para desmantelar los grupos armados de tipo mafioso del país, que se financian sobre todo mediante el tráfico de drogas. También incumple estrepitosamente las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas Incluso antes de la aprobación de la ley sobre desmovilización, el gobierno promovió ceremonias de desmovilización a gran escala en las que miles de paramilitares entregaron sus armas. El gobierno presentó estas desmovilizaciones como avances importantes hacia la paz, pero hubo denuncias generalizadas de la continuación de los abusos y las actividades ilegales de los paramilitares en todo el país, lo que incluyó el reclutamiento de nuevas tropas. Se han hecho escasos esfuerzos por investigar los crímenes cometidos en el pasado por los paramilitares desmovilizados o reunir información de inteligencia que podría emplearse para desmantelar las estructuras de estos grupos o identificar a sus patrocinadores y sus bienes. El cotejo de nombres individuales con la documentación de los fiscales se saldó tan sólo con una docena de enjuiciamientos de paramilitares implicados en investigaciones en curso, ya que en la mayoría de las investigaciones no se identifica al responsable por su nombre, sino por su apodo y otros factores. Ultimas noticias sobre Colombia: Según HRW durante el 2006 tanto los grupos paramilitares como las guerrillas continúan financiándose con recursos provenientes del narcotráfico. Los paramilitares también participan en actividades de corrupción a gran escala, infiltrando instituciones gubernamentales nacionales, 10 11

Informe de enero del 2005 de Human Rights Watch sobre Colombia. http://hrw.org/spanish/inf_anual/2005/colombia.html Informe de enero del 2006 de Human Rights Watch sobre Colombia: http://hrw.org/spanish/docs/2006/01/18/colomb12443.htm

controlando a políticos locales y desviando fondos de organismos estatales. En el año 2006, el gobierno colombiano afirmó que había completado exitosamente la desmovilización de más de 30,000 presuntos paramilitares, pero persisten serias dudas en cuanto a la eficacia del proceso de desmovilización para lograr un genuino desmantelamiento de las complejas estructuras criminales y financieras de los paramilitares, y asegurar la verdad, la justicia y una debida reparación. Los comandantes paramilitares aun no han dado pasos significativos para entregar su enorme riqueza ilícita, devolver las tierras tomadas por la fuerza o demostrar que han dejado de realizar sus lucrativas actividades criminales. Hubo varios indicadores preocupantes de su persistente influencia en el 2006, incluyendo: informes sobre la supuesta infiltración de los paramilitares en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un organismo de inteligencia nacional; un gran numero de amenazas contra miembros del mundo académico, lideres sindicales, defensores de los derechos humanos y periodistas; y la formación de nuevos grupos paramilitares, según informó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/ OEA). En mayo del 2006, la Corte Constitucional de Colombia emitió su resolución sobre la constitucionalidad de la controvertida “Ley de Justicia y Paz” del gobierno, ley que ofrece penas dramáticamente reducidas a paramilitares responsables de haber cometido atrocidades y otros delitos graves. La corte aprobó la rebaja de penas, pero, por vía de la interpretación, realizó varias importantes mejoras a la ley, ordenando que los paramilitares deberían confesar plenamente sus crímenes y pagar reparaciones con sus bienes lícitos e ilícitos, y que si mentían o cometían nuevos delitos, se arriesgaban a perder el beneficio de la rebaja de penas. También sostuvo que los fiscales tendrían que investigar completamente todos los delitos confesados. En septiembre, el gobierno emitió un decreto que implementaba parcialmente la resolución de la corte, pero que también confería a los líderes paramilitares aún mayores beneficios, otorgándoles rebajas de pena adicionales y permitiéndoles evitar totalmente la prisión, cumpliendo sus penas rebajadas en granjas o en sus hogares. Un grupo de comandantes se entregó para su confinamiento voluntario en una casa de refugio en el estado de Antioquia, pero muchos otros continúan en libertad. Durante todo el año siguieron surgiendo informes de nuevos abusos de parte de los paramilitares, incluyendo asesinatos y desapariciones forzadas. En octubre, la Fiscalía Nacional reveló que una computadora confiscada a un socio del líder paramilitar conocido como “Jorge 40” contenía pruebas de más de 500 asesinatos cometidos en tan sólo un estado colombiano entre el 2003 y el 2005. La computadora también contenía información sobre supuestos planes de los paramilitares del Bloque Norte de expandir su poder político y su control territorial. En el 2006, el gobierno colombiano participó en conversaciones preliminares con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), para determinar las condiciones para eventuales negociaciones de paz. El Presidente Álvaro Uribe anunció que buscaría obtener recursos para apoyar al ELN durante las conversaciones de paz y reemplazar los ingresos que este grupo obtiene mediante secuestros y extorsiones. Mientras tanto, el mayor grupo guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), expresó su interés en discutir un intercambio de sus rehenes por guerrilleros encarcelados. Las discusiones entre el gobierno y las FARC en torno a este tema fueron canceladas luego de un atentado con bomba en octubre del 2006 por el cual el gobierno consideró responsable a las FARC. El gobierno insistió en su decisión de ofrecer beneficios de desmovilización a miembros de las FARC que ya hubieran sido condenados y que estuvieran en prisión por graves violaciones del derecho internacional humanitario, tales como secuestros y asesinatos.

Tanto las FARC como el ELN continuaron cometiendo abusos contra los civiles, los que en el año 2006 incluyeron secuestros, ejecuciones y ataques indiscriminados con bombas de cilindros de gas. Los grupos guerrilleros son responsables de la mayoría de casos conocidos del uso de minas antipersonales, que cada año producen centenares de civiles heridos y muertos. Las guerrillas también son las principales responsables del reclutamiento de niños combatientes en Colombia. Al menos el 80 por ciento de los niños armados combatientes en Colombia pertenece a las FARC o al ELN. Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares en Colombia es menor de 18 años. De estos, varios miles tienen menos de 15 años, la edad mínima de reclutamiento permitida de conformidad con las Convenciones de Ginebra. La ineficacia de Colombia en la investigación, enjuiciamiento y sanción de abusos de los derechos humanos es de larga data y ha creado un ambiente en el que los autores de abusos presumen, en forma correcta, que nunca rendirán cuentas por sus delitos. El problema es particularmente agudo en los casos de abusos militares, incluyendo aquellos que involucran denuncias creíbles de nexos entre los militares y los paramilitares. Oficiales de bajo rango son a veces sancionados en casos como estos, pero rara vez es procesado un comandante. A principios del 2006, se hicieron públicas decenas de acusaciones de que unidades del ejército habían ejecutado a civiles y habían vestido sus cadáveres con ropa de guerrilleros para que así pudieran ser considerados como muertos en combate. En otro caso, 21 reclutas militares fueron presuntamente torturados por sus supervisores durante su entrenamiento, siendo sometidos a golpizas, quemaduras y abuso sexual. En mayo del 2006, una unidad del ejército disparó y mató a 10 policías antidrogas de elite que habían sido entrenados por la Administración Antidrogas de los Estados Unidos. La Fiscalía consideró que la masacre fue intencional, no accidental. Sin embargo, la investigación del caso fue inicialmente atrasada por el hecho de que el juez civil encargado del caso se negó a revisarlo. En el momento de la elaboración de este informe, los procesos penales estaban en curso. Con un total acumulado de más de 3.7 millones de desplazados, Colombia continúa teniendo la más grande crisis de desplazados internos del mundo después de Sudán, y los casos de desplazamientos forzados aumentaron entre el 2003 y el 2005, de acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Si bien las cifras del gobierno para esos años son menores, reflejan la misma tendencia. (Al momento de redactar este informe, no se disponía de datos para el 2006.) Aquellos que son desplazados internamente están generalmente en peores circunstancias que los miembros más pobres de las comunidades que los reciben. Dos tercios viven en viviendas inadecuadas sin acceso a servicios higiénicos básicos, de acuerdo a estudios del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Universidad de los Andes. Sólo uno de cada cinco desplazados recibe atención médica y unos 300,000 niños desplazados no tienen acceso a la educación, señaló el Centro de Supervisión de Desplazamientos Internos, basado en Ginebra, en un informe en junio de 2006. Discretamente, el gobierno colombiano se ha distanciado de su política anterior, ampliamente criticada por observadores locales e internacionales, que había promovido el retorno de los desplazados a las comunidades de origen como su principal respuesta al desplazamiento. Pero el gobierno central se ha negado en algunos casos a otorgar reconocimiento a grupos que considera que están adoptando una “postura política” contra el gobierno. Como un asunto práctico, la negación de reconocimiento significa que la mayoría de desplazados retorna a sus hogares aún cuando la situación de seguridad no les permite un retorno seguro y digno. En respuesta a una resolución de la Corte Constitucional del 2004 que señalaba que el sistema

gubernamental para asistir a los desplazados era inconstitucional, el gobierno colombiano aumentó sustancialmente su presupuesto para la protección y ayuda humanitaria de los desplazados. Los defensores de derechos humanos, así como líderes sindicales, periodistas y otros grupos vulnerables continúan siendo objeto de amenazas frecuentes, acoso y ataques por su trabajo legítimo. Las investigaciones de estos casos rara vez culminan en procesos penales o condenas. El Presidente Uribe una vez más hizo declaraciones atacando a los medios de comunicación por su legítima cobertura de temas públicos, señalando directamente a periodistas y publicaciones individuales, y acusándolos de ser deshonestos, maliciosos y peligrosos para las instituciones democráticas. El Ministerio del Interior tiene un programa de protección, establecido con financiamiento de los Estados Unidos, para resguardar a personas amenazadas. Sin embargo, algunas personas que han recibido protección se han quejado de sentirse intimidadas por los escoltas armados – que con frecuencia han sido agentes del DAS – asignados para acompañarlas12. Constitución y gobierno: La Constitución de la República de Colombia es del 5 de julio de 1991, habiendo sufrido reformas en 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 200513. El Presidente de la República es elegido por sufragio universal directo para un período de cuatro años14. Las últimas elecciones presidenciales tuvieron lugar el 28 de mayo del 2006. El Presidente es a la vez Primer Ministro15. Congreso: Ejerce el poder legislativo. Compuesto por el Senado (102 escaños) y la Cámara de Representantes (162 escaños); los miembros de ambas cámaras son elegidos por 4 años mediante sufragio popular directo. Las últimas elecciones parlamentarias tuvieron lugar el 12 de marzo del 200616. Poder judicial: El poder judicial es ejercido es ejercido por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Menores y los tribunales17. Situación de derechos humanos en la actualidad: La abrumadora mayoría de las investigaciones relacionadas con abusos contra los derechos humanos nunca se resolvió. El problema de la impunidad afecta a los crímenes cometidos por todos los grupos armados, además de las fuerzas armadas. Unidades de las fuerzas armadas colombianas continúan tolerando, apoyando y cometiendo abusos en colaboración con miembros de grupos paramilitares. Durante la etapa en que Luis Camilo Osorio ocupó la Fiscalía General, desde 2001, importantes investigaciones sobre abusos cometidos por oficiales de alto rango se vieron seriamente debilitadas. Esta tendencia inquietante se mantuvo en 2005. El mandato de Osorio concluyó a mediados de 2005. El nuevo Fiscal General, Mario Iguarán, ha expresado su interés en colaborar más estrechamente con los grupos de derechos humanos. Los Observadores de derechos humanos, así como los líderes laborales, los periodistas y otros grupos vulnerables son amenazados y atacados con frecuencia por su trabajo en Colombia. Las investigaciones de dichas amenazas y ataques avanzan generalmente despacio y rara vez se 12 13 14 15 16 17

Informe de enero del 2006 de Human Rights Watch sobre Colombia http://hrw.org/spanish/docs/2007/01/11/colomb14999.htm Constitution finder. University of Richmond: http://confinder.richmond.edu/country.php Wikipedia en español: http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia Wikipedia in English: http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Colombia Wikipedia in English: http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Colombia Observatorio andino: http://www.observatorioandino.org.co/colombia.htm

resuelven. El problema se ha visto agravado a veces por altos funcionarios del gobierno, quienes en 2005 volvieron a realizar declaraciones públicas sugiriendo que la legítima defensa de los derechos humanos tenía como objetivo la promoción de los intereses de los grupos armados. Después de una prolongada ralentización de sus actividades armadas, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) volvieron a incrementar su nivel de violencia en 2005. Los ataques de las FARC contra fuerzas gubernamentales estuvieron acompañados de numerosos y graves abusos, entre ellos masacres de civiles y asesinatos premeditados. Tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como las FARC continúan secuestrando a civiles a los que toman como rehenes a cambio de rescates o beneficios políticos. Colombia padece la peor crisis de desplazamiento interno del mundo después de Sudán. Tan sólo en los últimos tres años, más de tres millones de personas, alrededor del 5 por ciento de la población colombiana, han sido forzosamente desplazadas como consecuencia del conflicto armado que azota al país. Más de la mitad de las personas desplazadas son menores de 18 años. Aunque Colombia forma parte de los pocos países que han promulgado leyes para proteger a los desplazados internos, se niega con frecuencia el acceso a la educación, la atención médica de emergencia y la ayuda humanitaria a las familias desplazadas. Pena de muerte : La pena de muerte se abolió en Colombia en 1910. El artículo 11 de la Constitución colombiana establece que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Independencia del poder judicial: Aunque la ley prevé la independencia del poder judicial , el sistema judicial estaba sobrecargado, era ineficiente y estaba entorpecido pro el soborno e intimidación de jueces, fiscales y testigos18. Impunidad: Sigue siendo el mayor desafío para la credibilidad del gobierno en su compromiso por los derechos humanos. Detenciones arbitrarias: La ley la prohíbe, sin embargo existen acusaciones de que las autoridades arrestan ciudadanos arbitrariamente19. Libertad de asociación: La Constitución establece la libertad de asociación. Sin embargo la libertad de asociación estuvo limitada en la práctica a causa de las amenazas y actos de violencia cometidas por grupos armadas ilegales contre sindicatos, comunidades indígenas y ONGs20. Libertad de prensa: La ley garantiza la libertad de prensa y de expresión, y el gobierno generalmente respeta estos derechos en la práctica. Las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos sometieron de forma ocasional a periodistas a actos de amenaza, intimidación o violencia. ONGs nacionales e internacionales informaron que los representantes de medios locales practicaron la auto-censura para evitar las represalias y hostigamientos llevados a cabo por criminales, miembros de grupos armados ilegales, y oficiales locales corruptos21. Según el informe sobre libertad de prensa del FLIP, el primer semestre del año presenta tendencias similares al mismo periodo de 2006: un alto número de amenazas - con una ligera disminución -, casos de obstrucciones al trabajo periodístico y tratos inhumanos contra periodistas. Más allá de las cifras, de los seis meses pasados es importante destacar tres hechos en materia de libertad de prensa: las constantes agresiones de la Fuerza 18

Country Reports on Human Rights Practices 2006.Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78885.htm 19 Country Reports on Human Rights Practices 2006.Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78885.htm 20 Country Reports on Human Rights Practices 2006.Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78885.htm 21 Country Reports on Human Rights Practices 2006.Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78885.htm

Pública y de particulares contra periodistas en medio de manifestaciones o actos públicos; las intimidaciones contra los comunicadores que cubren las audiencias judiciales de los paramilitares, y las confesiones de asesinatos de periodistas por parte de desmovilizados de estos grupos armados.22 Libertad religiosa: La Constitución garantiza la libertad religiosa y el gobierno respeta este derecho en la práctica. Organizaciones terroristas, especialmente las FARC, asesinaron, secuestraron y extorsionaron a líderes y activistas religiosos, aunque las razones fueron más políticas que religiosas. Organizaciones paramilitares, incluidas las AUC, también amenazaron representantes y miembros de organizaciones religiosas23. Libertad de movimiento: La ley garantiza la libertad de movimiento, y el gobierno generalmente respeta este derecho en la práctica. Sin embargo hubo excepciones: las ONGs criticaron operaciones militares y ocupación de ciertas áreas rurales que restringieron la libertad de movimiento. Los paramilitares y la guerrilla continuaron estableciendo controles en carreteras rurales, aunque una mayor y más visible presencia de las fuerzas de seguridad en las principales vías redujo los secuestros. La ley prohíbe le exilio forzoso, y el gobierno no lo emplea. Sin embargo, muchas personas se lo auto impusieron como consecuencia de las amenazas de paramilitares, guerrilla o criminales comunes24. Es difícil obtener cifras precisas de desplazados ya que tanto el Gobierno como las ONGs manifiestan que algunas personas son desplazadas en más de una ocasión y muchas no se registraron. Las FARC y el ELN desaniman a los desplazados a registrarse utilizando la fuerza, la intimidación y la desinformación y agentes de la guerrilla a veces se hacen pasar por desplazados para mostrar duda y descontento entre la población despIazada. Servicio militar: El Art. 216 de la Constitución establece el servicio militar obligatorio. Todo los hombres entre 16 y 28 años pueden ser llamados a cumplirlo. El servicio militar para aquellos que han completado la educación secundaria dura 1 año, y para el resto 2 años. Aunque la objeción de conciencia está reconocida por la Constitución (en el artículo 18),ello a creado una contradicción que hasta ahora no ha sido resuelta con el artículo 216. Esta ambigüedad ha hecho que diferentes jóvenes hayan sido condenados por la jurisdicción penal militar después de negarse a cumplir con la prestación del servicio militar. No existe el servicio militar sustitutorio. La deserción está castigada con arresto de 6 meses a 2 años. Dicha pena se puede aumentar hasta en la mitad cuando el hecho se cometa en tiempo de guerra, o ante la proximidad de rebeldes, y hasta el doble en tiempo de guerra exterior25.

Discriminación étnica: Aproximadamente el 11 % de la población es de origen africano. Los afrocolombianos tienen todas las protecciones y derechos constitucionales, sin embargo sufren una importante discriminación social y económica. El 74% de los afro-colombianos ganan menos del salario mínimo. Choco, el departamento con el más alto porcentaje de residentes afro-colombianos, cuenta con el nivel per cápita más bajo de inversión social y se sitúa en último lugar en términos de educación, salud e infraestructura. También continuó experimentando la peor violencia del país, ya que tanto los paramilitares y la guerrilla luchan por el control de los corredores es clave en el contrabando de droga y armas del departamento. La Constitución da un especial reconocimiento a los derechos fundamentales de los indígenas, que comprenden aproximadamente un 2% de la población. A pesar de la existencia de protecciones legales especiales y programa de asistencia gubernamentales, los indígenas continuaron sufriendo 22

FLIP. Fundación para la Libertad de Prensa http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=220 International Religious Freedom Report 2007. Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90247.htm 24 Country Reports on Human Rights Practices 2006.Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78885.htm 25 http://www.wri-irg.org/co/rtba/colombia-es.htm 23

discriminación y a menudo viven al margen de la sociedad. Miembros de las comunidades indígenas continuaron siendo víctimas del conflicto interno. Según la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) durante el mes de julio del 2006, la violencia provocó la muerte de 32 indígenas y el desplazamiento de 5731. Solo las FARC secuestraron en julio a 12 indígenas.En enero del 2006, la comunidad indígena Paez se vio sometida a un fuego cruzado entre las FARC y el ejército, provocando la huída de mas de 3000 indígenas. El ACNUR criticó fuertemente las amenazas y la violencia ejercidas contra las comunidades indígenas y calificó de inadecuadas las investigaciones gubernamentales sobre violaciones de los derechos humanos de los indígenas. La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) informó sobre múltiples incidentes en los que grupos ilegales armadas reclutaron a la fuerza a indígenas o les obligaron a colaborar, restringieron su libertad de movimiento, bloquearon comunidades indígenas o los acusaron de simpatizar con los adversarios. 26 Referencia a la situación durante el 2004. Especial énfasis a actuaciones de las FARC y grupos paramilitares en la zona de Antioquia – Medellín. Consideraciones sobre alternativas de huida interna 

Informe de HRW sobre Colombia en el año 200427: Negociaciones con grupos paramilitares: El gobierno colombiano ha estado negociando la desmovilización de grupos paramilitares desde principios de 2003. Las negociaciones han estado envueltas en la controversia: una desmovilización inicial de varios centenares de personas a finales de 2003 se considera ampliamente ahora un fracaso porque muchos de los que se desmovilizaron eran realmente criminales que se hicieron pasar por paramilitares, y por las informaciones que indican que, entre los que no eran impostores, muchos han continuado participando en actividades paramilitares. Además, los paramilitares no han acatado el acuerdo de cese al fuego que anunciaron inicialmente en noviembre de 2002. En un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia publicado en septiembre de 2004 se señala que, en los primeros ocho meses del año, la institución había recibido denuncias relacionadas con 342 presuntas violaciones del alto el fuego por parte de los paramilitares, entre ellas casos de secuestro, desplazamiento forzado, extorsión, homicidio premeditado y masacres. Un obstáculo significativo para una completa y efectiva desmovilización paramilitar es la falta de un marco legal que rija el proceso y los beneficios que se ofrecerían a los que se desmovilicen. Un proyecto de ley propuesto inicialmente por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe en 2003 habría permitido que los líderes paramilitares responsables de atrocidades que se mostraran cooperantes quedaran virtualmente sin castigo. Tras las airadas protestas internacionales y nacionales, se modificó la propuesta legislativa. Sin embargo, una nueva versión del proyecto de ley divulgada en abril de 2004 sigue conteniendo serias deficiencias—no dispone la investigación exhaustiva de los crímenes y los bienes obtenidos ilegalmente por los paramilitares, y contiene un vacío legal que podría permitir a los condenados por atrocidades evitar totalmente el ingreso en prisión—que hacen improbable la desmovilización y desarticulación efectivas de las estructuras paramilitares. En noviembre de 2004, el gobierno anunció un calendario para la desmovilización de tres a cuatro mil efectivos paramilitares antes de final de año, aplicando procedimientos similares a los que se usaron en la desmovilización del bloque Cacique Nutibara. Lazos militares-paramilitares: Los grupos paramilitares mantienen estrechos lazos con una serie de unidades militares colombianas. El gobierno de Uribe aún no ha adoptado medidas efectivas para romper estos lazos mediante la investigación y el enjuiciamiento de altos oficiales de las fuerzas armadas acusados fundadamente de haber colaborado con los grupos paramilitares. Existen informes fiables que indican que algunos de los territorios de los que las fuerzas armadas han expulsado a las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) están ahora bajo el control de grupos paramilitares, que continúan realizando ataques indiscriminados contra la población civil. Impunidad: La Fiscalía General continúa avanzando muy poco en el enjuiciamiento de mandos militares sobre los que pesan acusaciones fundadas de violaciones de los derechos humanos. Parece que los fiscales carecen de la voluntad política necesaria para encargarse de sospechosos de tan alto rango y tan bien conectados.

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Country Reports on Human Rights Practices 2006.Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78885.htm 27 Informe de enero del 2005 de Human Rights Watch sobre Colombia. http://hrw.org/spanish/inf_anual/2005/colombia.html

El gobierno continúa practicando detenciones masivas de personas sospechosas de colaborar con grupos guerrilleros, una táctica que ha conducido a abusos por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. Las autoridades han basado frecuentemente los arrestos tanto individuales como en masa en información inadecuada o no fiable, obtenida en ciertos casos exclusivamente de informantes secretos o personas desmovilizadas en situaciones en las que las autoridades saben o deberían saber que la información no es fiable. Por ejemplo, el profesor universitario Alfredo Correa de Andreis fue asesinado por atacantes desconocidos poco después de que se retiraran los cargos contra él, basados en las acusaciones de un informante secreto, de que era un ideólogo de las FARC. Defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables: Colombia es un lugar sumamente peligroso para los defensores de derechos humanos, quienes han sido amenazados y atacados durante años por su trabajo. El problema se ha visto recientemente agravado por las declaraciones de funcionarios del gobierno, quienes en 2003 y de nuevo en 2004 acusaron públicamente a las organizaciones de derechos humanos, así como a defensores individuales de derechos humanos, de colaborar con la guerrilla y hacer apología del terrorismo. Tras las constantes críticas internacionales, el Presidente Uribe y otros funcionarios gubernamentales han empezado a celebrar reuniones con representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Otros grupos particularmente vulnerables incluyen a los periodistas, los académicos, los líderes sindicales y los miembros de grupos indígenas. En agosto de 2004, por ejemplo, tres líderes sindicales de Arauca fueron aparentemente asesinados por miembros de las fuerzas armadas. Los kankuamo, al igual que muchas otras comunidades indígenas, han sido atacados repetidamente por la guerrilla y los grupos paramilitares que luchan por el control de las tierras tradicionales kankuamo de las montañas de Sierra Nevada en Colombia. Los asesinatos y las masacres se han saldado con la muerte de cientos de kankuamo y la destrucción de pueblos enteros. En julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Colombia que adoptara medidas para proteger a la comunidad. Pero la continuidad de los asesinatos de líderes kankuamo plantea dudas sobre la voluntad del gobierno de acatar esta decisión. Violaciones por parte de grupos guerrilleros: Aunque se ha retirado de algunas partes del país, la guerrilla continúa cometiendo frecuentes y graves violaciones del derecho internacional humanitario. Los abusos incluyen masacres, ejecuciones extrajudiciales y secuestros para obtener un beneficio económico o político. En 2004, el gobierno de Uribe expresó su disposición a negociar la puesta en libertad de miembros de las FARC que no estuvieran condenados por atrocidades, a cambio de la liberación de rehenes en manos de las FARC. Sin embargo, las FARC han rechazado esta propuesta y declarado que el gobierno debería establecer primero una zona de despeje donde pudiera realizarse el intercambio. 

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el 200428 Durante el año 2004 la atención pública se concentró, principalmente, en el debate por la reelección presidencial, en las negociaciones con grupos paramilitares, y en los intentos para lograr un intercambio humanitario entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) [.....] El Gobierno dio prioridad a la desmovilización de los miembros de grupos armados al margen de la ley, y a las negociaciones con los grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aun sin contar con un marco jurídico adecuado que garantizara, en concordancia con las normas internacionales, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. A finales de 2004 se inició la desmovilización de alrededor de 3.000 integrantes de las AUC. No hubo avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y, respectivamente, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Secretario General de las Naciones Unidas continuó con sus buenos oficios. Otros países ofrecieron también sus servicios. Fue evidente como los grupos paramilitares continuaron, a pesar del cese de hostilidades declarado por ellos y la desaparición de su tradicional líder, Carlos Castaño, su expansión y consolidación, incluyendo su inserción social e institucional a nivel local y regional, así como con su estrecha vinculación con el narcotráfico. La evolución del conflicto armado interno se caracterizó por la consolidación de la presencia de la fuerza pública en las cabeceras municipales, y por el repliegue de las FARC-EP y el ELN. A partir de abril de 2004 se puso en marcha el llamado Plan Patriota en el sur del país, la más grande operación militar en la historia moderna colombiana, cuyos objetivos declarados fueron golpear a las FARC-EP en su retaguardia y capturar a sus principales jefes. La fuerza pública golpeó a grupos paramilitares, pero en proporciones menores en comparación con las acciones dirigidas contra las FARC-EP. Las FARC-EP y el ELN llevaron a cabo una serie de ataques contra la población civil durante 2004, incluyendo, por parte del primer grupo, varias masacres de civiles y

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Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. E/CN.4/2005/10 28 de febrero de 2005 http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2004_esp.doc

secuestros. En ocasiones se notaron actuaciones conjuntas entre las FARC-EP y el ELN. Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana. El Gobierno y la Fiscalía General continuaron utilizando procedimientos masivos y sistemáticos de allanamientos y detenciones sin los fundamentos probatorios adecuados, muchas veces basados en informes de desmovilizados o reinsertados y en los archivos de inteligencia militar . Durante 2004 siguieron bajando, a nivel nacional y en comparación con el año 2003, algunos indicadores importantes de violencia, como homicidios en general, masacres y secuestros. A pesar de esta disminución, siguen siendo altas las cifras. Con referencia a la población desplazada por la violencia se pudo observar que, aunque el número de nuevos desplazados durante 2004 disminuyó en 29 comparación con el año 2003, aumentó el número total de personas desplazadas en el país . [.....] La situación de derechos humanos siguió siendo crítica. Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo altos los de torturas y desapariciones forzadas. Fueron notables las denuncias de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos adecuados, por parte de miembros del Ejército y de la Fiscalía. También hubo casos de manipulación de pruebas y de testigos. La continuidad de los nexos entre servidores públicos y grupos armados ilegales, en particular paramilitares, se puso de manifiesto en varias denuncias en las que se atribuyó responsabilidad estatal por acción directa u omisión Continuó la tendencia de disminución respecto de varios índices de infracciones al derecho internacional humanitario, en especial, de homicidio colectivo y la toma de rehenes, aunque los mismos siguen siendo altos. Los grupos paramilitares no respetaron el cese de hostilidades. Los grupos armados al margen de la ley, particularmente las FARC-EP y los paramilitares, siguieron cometiendo graves y numerosas infracciones como ataques a la población civil, ataques indiscriminados, homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de menores, y esclavitud y atentados contra la dignidad personal de las mujeres y niñas, como los actos de violencia sexual. Hubo denuncias de infracciones que se atribuyeron a miembros de la fuerza pública, en particular a miembros del Ejército, por homicidios, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, y ataques a la integridad y dignidad personales de las mujeres [.....] Varias medidas positivas en materia de protección y prevención se vieron debilitadas por las declaraciones públicas de altas autoridades de Gobierno, que en ocasiones públicamente cuestionaron la legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos y el trabajo de sus organizaciones. Continuó la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, incluyendo a sindicalistas, organizaciones de mujeres y otros líderes sociales, por las amenazas y acciones de los grupos armados al margen de la ley, en particular de los paramilitares. Continuó registrándose una tendencia a la baja del número de nuevos desplazados, pero el número total de personas desplazadas aumentó. Las comunidades indígenas y afrocolombianas continuaron estando amenazadas por la acción de los grupos armados al margen de la ley. Otros grupos vulnerables fueron las mujeres, los niños, los periodistas y formadores de opinión, los funcionarios públicos como los operadores judiciales, alcaldes, ex alcaldes y concejales, así como los miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, y las personas discriminadas por su orientación sexual como gays, lesbianas, 30 bisexuales y transexuales [.....] Guerrillas: Estos grupos armados ilegales continuaron infringiendo el derecho internacional humanitario y sus principios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil. Las FARC-EP siguieron cometiendo graves infracciones, tales como homicidios de personas protegidas, masacres, torturas y toma de rehenes que afectaron a muchos civiles, entre ellos, mujeres, población retornada, niños y niñas, y grupos étnicos. [.....] En otras ocasiones, las víctimas fueron personas desplazadas que habían retornado a sus lugares de origen, supuestamente sin contar con la "autorización" del grupo guerrillero, como sucedió en Antioquia. Igualmente, a los grupos guerrilleros se les atribuyó la responsabilidad de homicidios selectivos y amenazas de muerte que afectaron a servidores públicos, maestros e indígenas, entre otros. [.....] Además de no liberar sin condiciones a las personas tomadas como rehenes y no respetar las normas internacionales que protegen a las que han depuesto las armas o quedado fuera de combate, las FARC-EP, y en menor medida el ELN, continuaron con la práctica de toma de rehenes, con propósitos de extorsión económica y presión política. Se denunciaron torturas y homicidios de rehenes [.....] Se atribuyó a las FARC-EP la comisión de ataques contra la población civil y ataques indiscriminados, como el sucedido en el municipio de Anza (Antioquia), donde miembros de las FARC-EP dispararon contra civiles y lanzaron una granada contra un establecimiento público, con el resultado de 2 civiles muertos y 7 heridos. Asimismo, se registraron actos de terrorismo, como la explosión de un carro bomba en Tame (Arauca), ocurrida en mayo, en la que murieron 4 civiles, entre ellos un niño, y 25 resultaron heridos, así como el atentado en una discoteca de Apartadó (Antioquia) que dejó 6 civiles muertos, entre ellos una niña de 4 años, y 22 heridos. También se atribuye a las FARC-EP la responsabilidad por desplazamientos forzados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó y Nariño. Se continuaron presentando restricciones al libre tránsito de personas y bienes por medio de retenes ilegales y amenazas de muerte generalizadas, como por ejemplo en el Río Carare (Santander) en abril, perjudicando especialmente a los habitantes de las áreas rurales. Se denunció, igualmente, la utilización de armas prohibidas y ataques contra bienes civiles, como la utilización de cilindros de gas en San Miguel (Putumayo), que causó heridas a dos personas protegidas y numerosos daños a bienes civiles, en septiembre. [.....] A las FARC-EP se les atribuye la responsabilidad de reclutamiento de niñas, forzando el uso de anticonceptivos y la práctica compulsiva de pruebas masivas de VIH, y esclavitud sexual de mujeres y niñas. También se atribuye a este grupo armado ilegal ataques contra mujeres que por tener relaciones con miembros de la fuerza pública o de grupos paramilitares son víctimas 29

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de homicidios y amenazas [.....]. Paramilitares: Los paramilitares continuaron cometiendo infracciones e infringiendo el cese de hostilidades. Se registraron graves acciones que incluyen masacres, homicidios, toma de rehenes y desplazamientos forzados. Llamó la atención el alto número de infracciones, su gravedad y la impunidad con la que se ejecutan tomando en cuenta el declarado cese de hostilidades. Se reportaron masacres atribuidas a paramilitares en Antioquia, Arauca, Bogotá, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Risaralda. Algunas de ellas afectaron a comunidades indígenas; otras estuvieron acompañadas de tomas de rehenes, desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios con sevicia -como el de una persona muerta a golpes de mortero en Risaralda- y violaciones sexuales de mujeres y niñas. Adicionalmente, continuaron reportándose casos de homicidios, individuales y colectivos, así como de amenazas en los cuales se denunciaron nexos entre miembros del Ejército u otros funcionarios públicos y grupos paramilitares, sea por la omisión de las autoridades, o bien por la actuación conjunta o la realización de operaciones coordinadas, en las que personas ejecutadas por los paramilitares aparecían reportadas como muertas en combate por el Ejército. La desaparición forzada continuó siendo una estrategia utilizada por los grupos paramilitares. Varias desapariciones estarían asociadas al reclutamiento forzado, incluso de menores, como el realizado por los grupos paramilitares en barrios pobres de ciudades como Bogotá, Medellín y Sincelejo. [.....] Los fuertes enfrentamientos entre el Bloque Centauros de las AUC y las Autodefensas Campesinas de Casanare, el primero presente en la mesa de negociaciones, han provocado cientos de desplazados y numerosos homicidios y desapariciones forzadas, sin que los llamados del Gobierno para el inmediato cese de los combates y la desmovilización de ambos grupos hayan surtido efecto. También continuaron registrándose denuncias de infracciones contra mujeres y niñas, en particular violaciones sexuales, amenazas, torturas, homicidios selectivos, imposición de códigos de conducta y 31 esclavitud sexual, atribuidas a grupos paramilitares 

Informe de Amnistía Internacional: “Colombia. Los ¿desmovilización o legalización?” de Septiembre de 200532:

paramilitares

en

Medellín:

“En noviembre de 2003 quedó oficialmente desmovilizado el Bloque Cacique Nutibara (BCN), el principal grupo paramilitar que actuaba en la segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín. Entre los numerosos grupos paramilitares respaldados por el ejército y vinculados a la agrupación paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el BCN fue el primero en desmovilizarse. Desde esa fecha, y según los informes, cerca de 8.000 paramilitares relacionados con grupos vinculados a las AUC han sido desmovilizados en distintos lugares del país en el marco de las "negociaciones de paz" con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Si bien todas las partes del conflicto armado que desde hace 40 años azota Colombia –es decir, las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros– han vulnerado reiteradamente las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los últimos años, la mayoría de los homicidios, las masacres, las "desapariciones" y los casos de desplazamiento forzado y tortura se han atribuido a los paramilitares. El "proceso de paz" no impide que estos sigan matando: más de 2.300 homicidios y "desapariciones" se han atribuido a los paramilitares desde que las AUC declararan el cese de hostilidades en diciembre de 2002. [.....] En la década de 1980, Medellín se convirtió en sinónimo del comercio de cocaína. La ciudad tiene también un largo historial de intentos de paramilitares y narcotraficantes de captar y asimilar bandas criminales que actúan en los barrios pobres. Esto, unido a la presencia de las milicias guerrilleras hizo que Medellín se convirtiera en la ciudad con el índice de asesinatos per cápita más alto del mundo. Los paramilitares han tenido una fuerte presencia en Medellín desde finales de los años 1990; primero, con el Bloque Metro y, después, con el BCN. En colaboración con las fuerzas de seguridad, sustituyeron a la guerrilla como grupo armado dominante en la ciudad. El éxito de la consolidación del paramilitarismo en muchos de los barrios más pobres de Medellín –y la neutralización de la guerrilla– convirtió a la ciudad en el escenario ideal para la primera desmovilización en gran escala de los paramilitares, ya que ayudaba a dar credibilidad al proceso nacional de desmovilización. Y, sin embargo, Medellín es el doloroso ejemplo del fracaso de la estrategia de desmovilización del gobierno. A la mayoría de los paramilitares se les ha concedido una amnistía de facto, mientras siguen activos y ejerciendo un control férreo sobre muchas áreas de la ciudad. Los civiles –y, especialmente los defensores de los derechos humanos y los activistas comunitarios– siguen recibiendo amenazas y siendo objeto de agresiones. La tasa de homicidios ha descendido, pero el Estado de derecho no puede garantizarse en una ciudad en la que cualquier intento de cuestionar o desafiar el control de las fuerzas paramilitares puede tener y, tiene, como respuesta la violencia política.

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Informe de Amnistía Internacional: “Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?” de Septiembre de 2005. Índice AI: AMR 23/019/2005 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230192005

El paramilitarismo, tanto en Medellín como en otros lugares de Colombia, no se ha desmantelado; simplemente se ha "reinventado". Puesto que ya se ha arrebatado a las guerrillas el control de muchas zonas de Colombia, y en muchas de ellas se ha establecido un control paramilitar, ya no hay necesidad de contar con grandes contingentes de paramilitares uniformados y fuertemente armados. En lugar de eso, los paramilitares están empezando a contribuir como "civiles" a la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad en estructuras legales, como empresas privadas de seguridad y "redes de informantes", que sean más aceptables para la opinión pública nacional e internacional [.....] La "paramilitarización" de Colombia: La estrategia paramilitar respaldada por el ejército –basada en la violación sistemática de los derechos humanos y la imposición de un dominio político, económico y social sobre las zonas controladas– ha consistido en un proceso de tres fases, que son las siguientes: · Incursión: Su finalidad es "liberar" zonas de la influencia de la guerrilla mediante el uso de la violencia sistemática. Esta fase se caracteriza por los elevados niveles de violaciones de derechos humanos contra civiles, especialmente desplazamientos forzosos, tortura, homicidios y "desapariciones". La consolidación del paramilitarismo en zonas de influencia de la guerrilla o de interés estratégico o económico suele venir precedida por operaciones de inteligencia del ejército. Los paramilitares llegan a una zona equipados con "listas negras" de personas a las que los servicios militares de inteligencia han calificado de subversivas. Las incursiones paramilitares de este tipo suelen tener lugar tras operaciones en gran escala de las fuerzas de seguridad –como las operaciones Mariscal y Orión en Medellín en 2002– o se llevan a cabo junto con las propias fuerzas armadas. · Consolidación: Durante esta fase, se capta y se aterroriza a la población local para que se someta, mediante el homicidio de aquellos a quienes se considera una amenaza, como los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas y los activistas sociales. Se cobran "impuestos" a las empresas y se "invita" a los funcionarios locales a que proporcionen apoyo económico y político. Los paramilitares compran a precio de saldo las tierras que dejan vacías las comunidades desplazadas o, simplemente, se apropian de ellas. · Legitimación: Esta fase entraña la generación de ingresos mediante la compra de empresas legales. Los paramilitares crean fundaciones y cooperativas para promover proyectos de producción, participan en el trabajo comunitario, especialmente en los barrios pobres, y tratan de controlar los procesos electorales y políticos regionales y nacionales. Las violaciones de derechos humanos disminuyen a medida que se neutraliza la oposición a la estrategia paramilitar. En esta última fase, los paramilitares ya no necesitan mantener una presencia militar abierta y a gran escala en las zonas controladas por ellos y por las fuerzas de seguridad. En lugar de eso, permanecen "en la sombra", por si se producen nuevos ataques de las fuerzas guerrilleras, aunque sí continúan las amenazas, los homicidios y las "desapariciones" contra "opositores" civiles. Se alientan, para sustituir las estructuras paramilitares "tradicionales", la creación de empresas de seguridad legalizadas y la colaboración en materia de inteligencia con las fuerzas de seguridad. En Medellín, Amnistía Internacional ha observado un proceso que refleja claramente esta estrategia de tres fases. Como muestra este informe, el proyecto paramilitar ha entrado en una "fase de legitimación" que incluye la transformación de las fuerzas paramilitares en cuerpos de seguridad privados o estructuras civiles de informantes similares a los grupos CONVIVIR que surgieron en la década de 1990. Para 2003 había grupos paramilitares vinculados a las AUC en más de 25 de los 32 departamentos del país, y en más de 380 de sus 1.098 municipios, y su número de combatientes había aumentado espectacularmente desde la cifra de 3.000 facilitada en 1995. El avance de los paramilitares obligó a las FARC y al ELN a retirarse de muchas zonas que habían dominado durante décadas. En muchas regiones del país, los paramilitares pueden afirmar que controlan, ya sea mediante la captación o mediante las amenazas de violencia, un número considerable de alcaldías, gobernadurías, el aparato judicial, el sistema de salud y educación, los contratos públicos, las cooperativas empresariales y otros medios económicos, las empresas de seguridad privadas y la economía derivada de actividades delictivas, como el narcotráfico, la extorsión, el comercio ilegal de gasolina, la prostitución y el juego[.....]. EL CONFLICTO ARMADO EN MEDELLÍN Medellín, la capital del departamento de Antioquia, está situada en el noroeste de Colombia. Es la segunda ciudad más grande del país, con una población de más de dos millones de habitantes, y es un importante centro comercial e industrial. Es una ciudad de fuertes contrastes. En ella, y en los municipios que la rodean, viven algunos de los terratenientes e industriales más ricos de Colombia, que comparten la ciudad con los niños de la calle y los indigentes que no tienen donde vivir. Está rodeada de barrios pobres, situados en las laderas de la periferia, muchos de los cuales carecen de servicios públicos básicos, como agua, electricidad y alcantarillado. En la década de 1980, Medellín se convirtió en sinónimo del comercio de cocaína, y la violencia que se derivó de

ello la convirtió en la ciudad con el índice de asesinatos per cápita más alto del mundo. La presencia de bandas criminales armadas, muchas de ellas organizadas por narcotraficantes y grupos paramilitares respaldados por el ejército que actuaban en la ciudad, y de grupos guerrilleros ha dado lugar a que, aunque los homicidios han disminuido desde los años ochenta, la violencia siga siendo un grave problema en Medellín. Comunas y barrios de Medellín Medellín se divide administrativamente en 16 Comunas, subdivididas en 249 barrios oficiales. También hay 5 corregimientos (barrios rurales). Este informe se centra principalmente en algunos de los barrios más pobres de las Comunas I y III, en el nordeste, y las VII y XIII, en el oeste, donde la violencia política ha sido especialmente aguda en los últimos años. Estos barrios pobres se sitúan en su mayoría en la periferia de Medellín. En el informe se mencionan los siguientes: Comuna I (Popular): Santo Domingo Sabio, Popular, Granizal, Villa de Guadalupe, San Pablo, La Esperanza. Comuna III (Manrique): La Cruz, La Honda. Comuna VII (Robledo): López de Mesa, Robledo, Olaya Herrera. Comuna XIII (San Javier): El Pesebre, Blanquizal, Juan XXIII-La Quiebra, San Javier, Veinte de Julio, Belencito, El Corazón, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Salado, Eduardo Santos, Antonio Nariño. Los grupos armados ilegales tienen un largo historial de intentos de organizar y reclutar bandas criminales que actúan en los barrios pobres de Medellín, y que han sido de gran utilidad a esos grupos armados ilegales: conocen la zona, saben quién vive en el barrio, están en una situación ideal para atacar y eliminar a los civiles que puedan oponerse a la presencia de un grupo armado concreto, y pueden impedir la infiltración del "enemigo" en la zona bajo su control interceptando a los forasteros que entren en el barrio. Además, los miembros de bandas criminales son frecuentemente considerados prescindibles: muchos de ellos viven una vida de delincuencia violenta en la que la muerte es habitual. En 2000 se calculaba que había en Medellín unos 8.000 jóvenes vinculados a bandas criminales. Las milicias guerrilleras Las primeras milicias guerrilleras surgieron en Medellín en la década de 1980. Entre ellas se encontraba la M-19, seguida en los años posteriores por otras como las Milicias Populares del Pueblo para el Pueblo, las Milicias Independientes del Valle del Aburrá y las Milicias Metropolitanas. Por su parte, las milicias de las FARC – conocidas como Milicias Bolivarianas– establecieron su presencia principalmente en el oeste de la ciudad, mientras las del ELN lo hacían en el nordeste. A mediados de la década de 1990 surgió otro grupo de milicia, inicialmente en el barrio de Veinte de Julio: los Comandos Armados Populares (CAP). En él había miembros disidentes del ELN y ex miembros de las Milicias Populares del Pueblo para el Pueblo. En 1994, una alianza entre las FARC, el ELN y varios grupos de milicia independientes dio lugar a la creación del Bloque Popular Miliciano, lo que ayudó a consolidar aún más la presencia de las fuerzas guerrilleras en distintas partes de Medellín. [.....] El gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994) inició negociaciones con varios de los grupos de milicia de Medellín, incluidas las Milicias Populares del Pueblo para el Pueblo, las Milicias Independientes del Valle del Aburrá y las Milicias Metropolitanas. El 26 de mayo de 1994 se firmó un acuerdo de paz, a consecuencia del cual se desmovilizaron unos 800 milicianos. Muchos milicianos desmovilizados se incorporaron a una nueva estructura de seguridad, la Cooperativa de Seguridad y Servicios a la Comunidad (COOSERCOM), gestionada por Metroseguridad, empresa estatal relacionada con la seguridad y con sede en Medellín. COOSERCOM proporcionaba seguridad armada a los barrios en los actuaba, y cooperaba con las fuerzas de seguridad para combatir a las milicias que no se habían desmovilizado. Esta estructura actuaba en varios barrios de la Comuna I. La desmovilización permitió a las fuerzas de milicia directamente relacionadas con las FARC y el ELN consolidar su presencia en los barrios pobres de Medellín. Estas milicias atacaron a COOSERCOM y empezaron a hacerse con el control de las zonas previamente controladas por las Milicias Populares del Pueblo para el Pueblo. Unos 280 miembros de COOSERCOM fueron asesinados a consecuencia de estos ataques y conflictos internos. A algunos los mataron las fuerzas de seguridad como represalia. El gobierno desmanteló COOSERCOM en 1996 después de recibir denuncias en las que se implicaba a miembros de esta estructura en abusos de los derechos humanos [.....]

El Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara El Bloque Metro (BM) surgió como una fuerte presencia militar en Medellín a partir de 1998, aunque ya habían aparecido pintadas suyas en partes de la ciudad en 1995, después de que Carlos Castaño anunció la intención de

las AUC de hacerse con el control de la ciudad. [.....] Para el año 2000, el Bloque había captado a muchas de las bandas criminales de Medellín. Para 2001 era el grupo paramilitar dominante de la ciudad. [.....] El BCN [.....] surgió poco después, tras una lucha por el poder en el seno del BM. [.....] El violento enfrentamiento entre el BCN y el BM se saldó con numerosas bajas. La información recibida por Amnistía Internacional sugiere que a los miembros de las bandas que actuaban para el BM se les dijo que se unieran al BCN o que los matarían. Muchos optaron por trasladar su lealtad al BCN. [.....] El BCN, con el apoyo directo o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad, continuó con sus esfuerzos por erradicar las milicias de los barrios. Al contrario que las unidades paramilitares de las zonas rurales que, a finales de la década de 1990, dependían de grandes contingentes adiestrados y fuertemente armados, el BCN de Medellín operaba a través de bandas criminales que actuaban a instancias del Bloque como franquicias suyas. A cambio continuaban con su actividad delictiva en las zonas que controlaban. Esta estructura ha resultado muy valiosa para el BCN, ya que con ella sólo ha tenido que mantener un número limitado de cuadros militares en la ciudad al tiempo que mantenía una estructura militar más formal en las zonas rurales. Al presentar los homicidios de motivación política como actos criminales cometidos por delincuentes, las autoridades podían negar la presencia de paramilitares en la ciudad. Sin embargo, para los habitantes de los barrios generalmente estaba claro que esos homicidios habían sido obra de paramilitares. LA CONSOLIDACIÓN DEL PARAMILITARISMO EN MEDELLÍN Para finales de 2001, los paramilitares habían consolidado su presencia en varias partes de Medellín. Sin embargo, una fuerte presencia de las milicias en el oeste de la ciudad, especialmente en los barrios pobres de las Comunas VII y XIII, y en el nordeste, principalmente en las Comunas I y III, impedía a los paramilitares hacerse con el control de esas zonas. Se trataba de zonas de importancia militar estratégica para la guerrilla. Las milicias del ELN en el nordeste daban acceso a la ciudad a las guerrillas del ELN en el Oriente Antioqueño, la zona este del departamento de Antioquia, mientras que las milicias de las FARC en el oeste daban acceso a la ciudad a las guerrillas de las FARC del noroeste del país. Para los paramilitares, el control de estas zonas era fundamental, no sólo para expulsar a las guerrillas de los baluartes que aún tenían en la ciudad sino también para controlar rutas importantes de acceso a Medellín. [.....] Así, las fuerzas de seguridad y los paramilitares han tratado de arrancar a las milicias el control de estas zonas estratégicas y establecer sobre ellas un control militar y sociopolítico, teóricamente para hacer la ciudad más atractiva a los inversores de fuera de ella. En un comunicado emitido en junio de 2003, el BCN declaró que él había sido en parte responsable de la disminución de los homicidios en Medellín, y que eso aseguraba "el clima necesario para que las inversiones, particularmente las extranjeras, fundamentales si queremos que no nos deje el tren de la globalización, regresen, se incentiven, y se pueda generar empleo productivo y de largo plazo". Mariscal y Orión: operaciones de las fuerzas de seguridad que preparan el camino a los paramilitares Las operaciones lanzadas en 2002 por las fuerzas de seguridad en las Comunas VII y XIII, en el centro-oeste de Medellín, pusieron fin al control de la guerrilla sobre estas zonas y permitieron a los paramilitares llenar el vacío dejado.

La Operación Mariscal se lanzó el 21 de mayo de 2002. El ejército, la policía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Policía Judicial, la fuerza aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) participaron en el asalto militar contra unidades de las FARC, el ELN y los CAP en la Comuna XIII, principalmente en los barrios pobres de Veinte de Julio, El Salado, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, San Javier y El Corazón. Las fuerzas de seguridad emplearon en el ataque helicópteros artillados, tanques y artillería pesada, con los que causaron la muerte de nueve civiles. Varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos o heridos durante el ataque, en combates con la milicia guerrillera. La Operación Mariscal se suspendió hacia las tres de la tarde de ese mismo día. La Operación Orión se lanzó la medianoche del 16 de octubre de 2002, poco después de que el presidente Álvaro Uribe ocupara su cargo el 7 de agosto de 2002. En ella participaron más de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos el ejército, la policía y el CTI. Afectó a los barrios pobres de Belencito, El Corazón, Veinte de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores, en la Comuna XIII, y a partes de la Comuna VII. Según los informes, las fuerzas de seguridad bombardearon la zona desde un helicóptero artillado y emplearon vehículos blindados. Durante la Operación Orión, que continuó hasta entrado diciembre de 2002, se detuvo a más de 350 personas. En el momento de redactar este informe, sólo 54 seguían enfrentándose a cargos de rebelión; las demás, o no fueron procesadas o fueron absueltas. A muchas las detuvieron sin orden judicial. [.....]Las fuerzas de seguridad, según indican los informes, al penetrar en la Comuna XIII iban a menudo acompañadas o seguidas de cerca por paramilitares. Cuando ellas se hacían con la zona, los paramilitares entraban a continuación. El 13 de noviembre,

los paramilitares convocaron a los habitantes de Las Independencias a una reunión en la que, según los informes, hicieron referencia a sus vínculos con la policía y advirtieron de que las personas que tuvieran lazos con la guerrilla debían abandonar la zona. En otra reunión celebrada ese mismo día en otro punto de Las Independencias, los paramilitares de las AUC, según los informes, dijeron que estaban allí para controlar la zona e impedir la entrada de la guerrilla. Antes de la reunión, las unidades militares que estaban actuando en la zona se retiraron, para regresar posteriormente.[.....] Los paramilitares consolidan su presencia Para consolidar su posición en la Comuna XIII, los paramilitares, en coordinación con las fuerzas de seguridad, trataron de silenciar a las posibles voces disidentes. Pese al cese de las hostilidades anunciado por las AUC en diciembre de 2002, Amnistía Internacional sigue teniendo constancia de casos de violaciones de derechos humanos atribuidas a los paramilitares en Medellín. En particular, los paramilitares han amenazado, desplazado por la fuerza y matado a dirigentes comunitarios locales o a otras personas a las que han acusado de tener vínculos con grupos de milicia. Muchos de los que han sido blanco de estos ataques habían sido detenidos brevemente durante la Operación Orión u otras operaciones de las fuerzas de seguridad, y habían sido puestos en libertad por falta de pruebas. También se dirigieron ataques contra testigos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, así como contra familiares de víctimas de estas violaciones. Los que se negaban a colaborar con los paramilitares también fueron blanco de amenazas y ataques de los paramilitares [.....] A mediados de 2003, los paramilitares tenían el control de grandes áreas de la Comuna XIII. La CIDH publicó un comunicado de prensa el 27 de junio de 2003, tras la visita de su relator a Colombia ese mismo mes. En él se decía que la Comisión había expresado su preocupación por la posible "consolidación de la presencia de grupos paramilitares que continuarían involucrados en la comisión de graves crimines en la Comuna XIII [.....] Habiéndose hecho con el control de las Comunas XIII y VII –en el oeste de la ciudad– antes de la desmovilización del BCN, los paramilitares trataron de penetrar en los distritos nororientales de Medellín. A consecuencia de ello, en 2003 se iniciaron en la zona nororiental de la ciudad una serie de operaciones de las fuerzas de seguridad en coordinación con los paramilitares.[.....] La actividad paramilitar y la estrecha y repetida coordinación entre la policía de la comisaría de San Blas –que da servicio a La Honda y La Cruz– y los paramilitares ha aumentado, según los informes, desde la desmovilización del BCN. El 27 de mayo de 2004, miembros del Comando Élite Antiterrorista (CEAT) de la policía entraron en los dos barrios acompañados de dos informantes, uno de ellos encapuchado. Irrumpieron en una reunión que celebraban en La Honda el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL) y otras organizaciones de derechos humanos. Los informantes señalaron a varias personas que, a continuación, fueron detenidas sin orden judicial. Según los testigos, los informantes que acompañan a la policía son ex guerrilleros de las FARC que han dicho a algunos testigos que ahora trabajan para las AUC. Desde mayo de 2004, estos ex guerrilleros han estado patrullando la zona junto con miembros de "La 30", una banda criminal vinculada a los paramilitares. Los miembros de estas patrullas van armados y se identifican como paramilitares. También se ha visto a estos paramilitares actuando conjuntamente con la policía. A finales de mayo de 2004, estos paramilitares declararon que tenían una lista de 20 mujeres que tenían que abandonar La Cruz y La Honda porque eran "colaboradoras de la milicia". Para principios de 2005, los paramilitares ya habían podido establecer una presencia permanente en La Honda y La Cruz. Según la información recibida por Amnistía Internacional, en febrero de 2005 la policía mantenía una presencia diaria en las dos zonas, junto con un grupo de unos 30 hombres armados sin identificar, aunque no todos estaban presentes en un momento dado. Estos hombres armados patrullan la zona de noche y, según los informes, se presentan como miembros de una operación de seguridad privada local. La consolidación de una presencia paramilitar en las zonas de La Cruz y La Honda se ha visto obstaculizada por la presencia en estas comunidades de diversas ONG locales e internacionales de derechos humanos. Por este motivo, los activistas de derechos humanos tanto colombianos como extranjeros que acompañan a estas comunidades han sufrido repetidas amenazas e intentos de iniciar procedimientos legales contra ellos basándose en información falsa procedente de los servicios de inteligencia militar[.....]”. 

Informe de Human Rights Watch. Agosto 2005 : Las apariencias engañan. La desmovilización de grupos paramilitares en Colombia33 “[.....] Pero en Colombia no existe simplemente el riesgo de que el conflicto se reencienda; el conflicto no ha cesado. Y los paramilitares y guerrillas del país son más que una colección de individuos armados luchando por

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Human Rights Watch. Agosto 2005 Vol. 17, No. 3 (B): Las apariencias engañan. La desmovilización de grupos paramilitares en Colombia http://hrw.org/reports/2005/colombia0805/ColombiaResumenyRecs.pdf

una causa política. Son organizaciones mafiosas extremadamente sofisticadas y poderosas, motivados en gran medida por los ingresos financieros que su actividad les genera. Los paramilitares tienen amplias redes bien atrincheradas que, cada vez más, ejercen control político a nivel local por medio de amenazas y extorsión y continúan teniendo vínculos cercanos con unidades de las fuerzas de seguridad colombianas, que el gobierno colombiano sigue sin romper.[.....] Asimismo, los grupos paramilitares continúan ejerciendo una enorme influencia en las áreas donde se han realizado desmovilizaciones. En Medellín, por ejemplo, es evidente que miembros del desmovilizado Bloque Cacique Nutibara siguen ejerciendo control sobre gran parte de la ciudad. Este grupo no está actualmente cometiendo atrocidades a un nivel generalizado, en parte porque ya han derrotado a los otros grupos armados de la ciudad. Sin embargo, sus comandantes siguen ejerciendo autoridad en muchos vecindarios. Recibimos informes del continuo uso de amenazas y extorsiones por parte de paramilitares en la ciudad, hecho que es alarmante dado el creciente involucramiento de los paramilitares desmovilizados en la política local. Comandantes paramilitares de rangos medios en Medellín están en libertad, recibiendo beneficios y, en un caso, postulándose a un cargo político nacional. En otros sitios, hay señales de que la desmovilización de los bloques se ha dado de forma parcial, o de que nuevos grupos paramilitares están llenando el vacío dejado por los anteriores”. 

Immigration and Refugee Board of Canada: Colombia: "State Protection (March 2004 - Feburary 2005)"34: En este informe se indica que la incidencia de la extorsión está creciendo en Colombia, y el aumento de las medidas de seguridad provocan que los grupos insurgentes y criminales se dirijan hacia actividades con menos riesgo. Según el Miami Herald, las víctimas típicas son granjeros y trabajadores de clase media tales como comerciantes o conductores que no tienen otro lugar a donde ir, mientras que los autores son a menudo criminales, seguidos por grupos paramilitares y guerrillas. La policía anti secuestros y extorsiones (GAULA) respondió al aumento de la extorsión con el lanzamiento de una campaña para convencer a las víctimas de no pagar y buscar asistencia policial. Sin embargo el GAULA carece de medios para ocuparse de todos los casos. “[.....]The incidence of extortion is also reportedly growing in Colombia, as heightened security measures prompt insurgent groups and criminals to turn to lower risk activities (Miami Herald 17 Jan. 2005). According to the Miami Herald, typical victims are "farmers and middle-class workers such as shopkeepers or drivers who have nowhere to flee," while perpetrators are most often common criminals, "followed by right-wing paramilitary groups" and guerrillas (ibid.). The police anti-kidnapping and extortion unit known as the Unified Action Group for Personal Freedom (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA) (La Patria 6 Apr. 2005) reportedly responded to the increase in extortion by launching a public relations campaign to convince victims to refuse to pay and instead seek police assistance (ibid.). However, the unit's deputy director "conceded that GAULA officers lack the funds to handle every case. He said a lack of tough laws against extortion makes prosecution difficult, and that most victims are afraid to entrap the extortionists for fear of reprisals" (ibid.)[.....]”

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Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos (ACNUR) Ginebra, marzo 200535 “[.....] V. ALTERNATIVA DE HUIDA INTERNA O REUBICACIÓN 174. El asunto de si un solicitante de asilo que teme a la persecución en una zona del país tiene posibilidades de estar seguro en otro lugar dentro del mismo país, debe ser considerado caso por caso, tomando en cuenta todas las circunstancias de cada caso individual y la situación en el país de origen. 175. La Convención de 1951 no requiere, ni siquiera sugiere, que el miedo a ser perseguido se extiende siempre a todo el territorio del país de origen del refugiado. El concepto de la alternativa de huida interna o reubicación se refiere entonces a un área específica del país en la cual no hay un temor fundado de persecución y en la cual, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, haya expectativas razonables de que el individuo pueda establecerse y vivir una vida normal. En consecuencia, si se llega a considerar la huida interna o la reubicación en el contexto de la determinación de la condición de refugiado, se debe identificar un área particular y dársele la oportunidad adecuada al solicitante para que decida. 176. En el contexto de la evaluación completa de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en la cual se haya establecido para alguna parte localizada del país de origen un temor fundado de persecución con base en uno de los motivos contemplados en la Convención, la evaluación de si hay una posibilidad de reubicación o no, requiere que haya dos vertientes principales de análisis, basadas en las respuestas a las siguientes preguntas: I. Análisis de Relevancia a) ¿Es el área de reubicación accesible para el individuo de manera práctica, legal y segura?

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Immigration and Refugee Board of Canada: Colombia: "State Protection (March 2004 - Feburary 2005)" http://www.irb-cisr.gc.ca/en/research/publications/index_e.htm?docid=285&cid=145 35 Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos (ACNUR) Ginebra, marzo 2005 http://www.acnur.org/pais/docs/964.pdf

Si no se cumple alguna de estas condiciones, no sería relevante considerar una ubicación alternativa dentro del país. b) ¿El Estado es el agente de persecución? Se supone que las autoridades nacionales actúan en todo el país. Si ellas son el agente de persecución al cual se teme, existe la presunción inicial de que la alternativa de huida interna o reubicación no está disponible. c) ¿Es el agente perseguidor un ente no estatal? Cuando exista el riesgo de que un actor no perteneciente al Estado persiga al solicitante en el área propuesta, ésa no será considerada como opción para la huida interna o reubicación. Esta decisión dependerá de que se determine si el perseguidor puede atacar al solicitante en el área y de si el Estado puede darle protección en la zona determinada. d) ¿Estará el solicitante expuesto al peligro de ser perseguido o de sufrir cualquier otro daño grave si es reubicado? Esto incluirá la forma original de persecución o cualquier daño serio que le sea ocasionado en el área de reubicación. II. Análisis de Racionalidad ¿Podrá el peticionario, en el contexto del país en cuestión, llevar una vida relativamente normal, sin tener que enfrentarse a penurias innecesarias? Si no es así, no es razonable esperar que la persona se mude hacia ese lugar. 177. La situación actual de Colombia está marcada por la violencia y la inseguridad generalizada. Deben considerarse las siguientes características: (a) un conflicto continuado, muy cambiante y volátil que afecta áreas urbanas y rurales; (b) falta de capacidad por parte de las autoridades colombianas para extender por completo su poder y autoridad a extensas áreas del país, en términos de seguridad y del imperio de la ley; (c) existencia de grupos armados irregulares que han establecido redes efectivas de comunicación y son capaces de localizar y atacar blancos en todo Colombia; (d) carencia de un sistema civil administrativo y judicial funcional y confiable; (e) violaciones generalizadas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y, (f) destrucción de la infraestructura socio económica y la magnitud del fenómeno del desplazamiento interno. 178. Tomando en consideración lo anterior, es extremadamente difícil para un individuo que huye de agentes no estatales de persecución encontrar un área alternativa de reubicación que pueda considerarse segura. En lo que respecta a las áreas bajo control de las autoridades, los individuos afectados encaran una amenaza continua dada la red de grupos armados irregulares, su capacidad para perseguir a sus blancos, y las limitaciones de las autoridades para protegerles. Como resultado de lo anterior, hay muchos casos en que los desplazados internos tienen que movilizarse en varias ocasiones debido a las amenazas recurrentes a sus vidas y seguridad. Hay muchas razones para que los desplazados internos no se acerquen a las autoridades, ya que éstas pueden considerarles como miembros de los grupos armados, lo cual puede exponerles al riesgo de convertirse en blanco de grupos armados irregulares. Cabe resaltar que la Comisión de Derechos Humanos ha expresado su preocupación no sólo por la participación de agentes estatales en actos tales como detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, sino por la relación entre elementos de las fuerzas armadas y la seguridad del Estado (por un lado) y grupos paramilitares ilegales (por el otro), en referencia a extensas violaciones al derecho a la vida, a la prohibición a la tortura y otros malos tratos, así como al derecho personal a la libertad y seguridad. 179. Se debe evaluar cuidadosamente la posibilidad de reubicación a otras áreas controladas por grupos armados adversarios. La reubicación en áreas controladas por otro grupo armado puede exponer al individuo en cuestión a las represalias de éste, ya que se les puede estigmatizar por su lugar de origen o por ser percibidos como simpatizantes o miembros de grupos armados rivales. 180. Es probable que el acceso a las áreas alternativas de reubicación no sea seguro debido a los numerosos puntos de control en las rutas de viaje a través del país, en los cuales estas personas corren el riesgo de sufrir violencia indiscriminada o de ser reconocidos y convertidos en blanco. Dado lo extendido de la red de grupos armados irregulares, el riesgo de ser identificado existe tanto en las áreas rurales como en las grandes ciudades. 181. En relación con aquellos individuos que huyen de agentes estatales de persecución, se debe evaluar cuidadosamente la posibilidad de reubicarlos en áreas controladas por agentes no estatales. Aparte de la dificultad de tener acceso a estas áreas desde las zonas controladas por el gobierno –en virtud de la profusa inseguridad–, la reubicación puede exponer a esas personas a nuevos riesgos de persecución por parte de los grupos armados que controlan las áreas. Además, la naturaleza cambiante del conflicto armado conlleva alteraciones rápidas del poder controlador, por lo que cualquier alternativa de reubicación puede resultar inútil. 182. Aún cuando se considere adecuada un área alternativa de reubicación, puede ser en extremo difícil para los individuos afectados llevar en ella una vida razonablemente normal sin tener que enfrentar penurias innecesarias. Es relevante, a la luz de este análisis, una evaluación del perfil del solicitante (situación familiar, edad, salud, si es miembro de una minoría indígena u otra categoría étnica) y su posible vulnerabilidad, en particular por la existencia de persecuciones anteriores, desplazamientos previos, la posibilidad de supervivencia económica, así como las condiciones de seguridad y de respeto a los derechos humanos en las áreas potenciales de reubicación. En tales casos, el análisis de racionalidad debe tomar en consideración la posibilidad real de supervivencia del solicitante, en el contexto de la frecuentemente inadecuada ayuda socioeconómica proporcionada por el Estado a los desplazados internos. 183. En términos de procedimientos, debido a la complejidad y naturaleza sustantiva de la investigación para el reconocimiento de la condición de refugiado, el examen de la alternativa de huida interna o reubicación no es apropiado en procesos acelerados o para decidir si se debe admitir o no a un individuo en un procedimiento completo de determinación de admisibilidad. Por esta misma razón, no puede recaer sobre el solicitante la obligación de proporcionar pruebas adicionales es el Estado el que debe demostrar si hay alguna alternativa de

huida interna en relación al solicitante de asilo, identificando las posibles áreas de reubicación y proporcionando evidencia de que hay una alternativa razonable para el individuo en cuestión. 184. La evaluación objetiva y adecuada del contexto colombiano y el análisis eventual de la alternativa de huida interna siempre dependerán de una buena investigación, de información actualizada y exacta del país de origen referida a la situación general de los derechos humanos, así como de la situación particular del área en cuestión (departamento, municipalidad y vereda o pueblo). Sin embargo, la utilidad de esta información es limitada, por la naturaleza dinámica del conflicto armado en Colombia. 185. En conclusión, al considerar si los colombianos pueden evitar de manera razonable y exitosa el temor a la persecución u otras amenazas a su vida, seguridad o libertades si se trasladan a otras partes del país, quienes toman las decisiones deben ser muy cuidadosos de evaluar todas las circunstancias del caso en relación al contexto dado. Sin embargo, como consecuencia de la situación del país, generalmente es irrelevante la aplicación del concepto de reubicación interna, excepto casos en extremos bien definidos.” 

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Immigration and Refugee Board of Canada: Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Ottawa. Responses to information requests: Colombia: Whether individuals threatened by the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional, ELN) or United Self-Defence Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) can avoid such threats by relocating to Bogotá or another region of the country (May 2002-July 2003)36: En este informe respuesta del IRBC, en el que se responde a la pregunta de si individuos amenazados por las FARC, el ELN o las AUC pueden evitar tales amenazas reasentándose en Bogotá u otra región del país, se indica lo siguiente - el CIRDAM procede ha realizar un resumen traducido de únicamente aquellas partes relevantes al caso - : Un número de expertos de Colombia consultados por el Research Directorate calificaron a las FARC y a las AUC como grupos capaces de llevar a cabo operaciones a lo largo de todo el país (AI USA 30 June 2003; United States 30 June 2003; Georgetown University 30 June 2003; Stetson University College of Law 7 July 2003). La Refugee Unit de la Embajada Canadiense en Bogotá considera igualmente que las FARC y las AUC tienen un sorprendente poder nacional, al mismo tiempo que refiere que la supremacía de las FARC en algunas áreas rurales ha sido cuestionada con éxito por incursiones del ejército y paramilitares (Canada 29 Apr. 2003a)....según varias fuentes (AI y la Universidad de Georgetown), las FARC, el ELN y las AUC tienen una importante presencia en los centros urbanos, incluida Bogotá. Según un profesor de la Universidad de Georgetown cada uno de estos grupos tiene una estrategia consistente en crear milicias urbanas conectadas con los combatientes. De hecho las FARC tienen hasta 12.000 milicias urbanas concentradas principalmente en Bogotá y Medellín, aunque también en ciudades de tamaño medio como Bucaramanga y Villavicencio. Las AUC tienen asimismo fuertes lazos con milicias urbanas y pandillas. Las milicias tanto de derechas como de izquierdas no están muy controladas por lo que degeneran a menudo en criminales armados y sicarios. Según un consultor del Resource Information Center (RIC) del United States Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS), grupos paramilitares que tienen como prioridad seguir a las FARC donde quiera que estas operen, son activos en Bogotá, construyendo estructuras de pandillas con el objetivo de llevar a cabo actividades delictivas tales como la extorsión. Según un profesor asociado al Stetson University College of Law miembros de las FARC, ELN y de las AUC están presentes en casi todos los centros urbanos de toda Colombia..los paras o guerrillas están organizados en frentes que operan en barrios pobres, y en el caso de Medellín, en las llamadas comunas...las fuentes consultadas difieren en su valoración sobre si los individuos amenazados por las FARC, AUC o ELN podrían evitar con éxito tales amenazas si se trasladaran a otras región del país. Tanto el consultor del RIC como el especialista de la sección estadounidense de AI indicaron que la capacidad de los grupos armados de localizar a individuos amenazados continua sin cambios desde que Uribe tomó la presidencia. Según el profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, tanto las guerrillas como los paramilitares a menudo emplean bases de datos

Immigration and Refugee Board of Canada : Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Ottawa. RESPONSES TO INFORMATION REQUESTS: Colombia: Whether individuals threatened by the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional, ELN) or United Self-Defence Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) can avoid such threats by relocating to Bogotá or another region of the country (May 2002-July 2003) http://www.irb-cisr.gc.ca/en/research/rir/?action=record.viewrec&gotorec=417950

altamente sofisticadas y redes informáticas. Un individuo que es amenazado en un área del país no estará particularmente a salvo si se traslada a otra región. Dependiendo de la naturaleza y de las razones para la amenaza, las víctimas pueden ser perseguidas sin tregua. Existen innumerables relatos de hombres y mujeres que recibieron amenazas en Bogotá o Medellín tras haberse reasentado desde otras áreas y tratando de vivir de forma anónima en las grandes ciudades. Existen igualmente casos de personas que abandonaron el país durante meses o años y que fueron asesinados tras haber regresado. De forma similar, el profesor asociado al Stetson University College of Law indica que en los últimos años es cada vez más difícil escapar a las redes de la guerrilla y los paramilitares, quienes cuentan con una red de contactos por todo el país. En Colombia es casi imposible trasladarse de un lugar a otro del país sin que nadie lo note. La identidad regional es muy importante. El color de la piel, las costumbres y peculiaridades coloquiales, la forma de hablar y la orientación social hacen difícil a un colombiano esconder sus raízes u orígenes sociales..muchos de los campesinos pobres no tienen más lugares a donde huir que a las comunas de las grandes ciudades. Allí piensan que están seguros, sin comprender hasta que punto la guerrilla y los paras se han infiltrado y controlan las comunidades campesinas de las ciudades. Los vecinos informan acerca de ellos y su ubicación es expuesta. Los miembros de la familia dejados atrás son amenazados, intimidados, torturados y asesinados en un esfuerzo de revelar la ubicación de aquellos que son buscados. Para los individuos pertenecientes a la clases media y alta que han sido víctimas de extorsión e intimidación en manos de la guerrilla, es incluso más difícil escapar. La guerrilla tiene sofisticadas capacidades de inteligencia: pueden seguir el rastro de alguien a través de conductores de taxi, empleadas domésticas, agencias de viaje. Tienen acceso a registros bancarios privados y actividades de tarjetas de crédito, y pueden seguir la pista a alguien a través de sus documentos. Pueden hasta espiar a familiares para determinar donde está ubicada la víctima, o sobornar a cambio de información (es fácil debido a la amplia corrupción, que permite comprar a funcionarios para que informen sobre el paradero de alguien). .... En contraste con los testimonios anteriores, un miembro del Washington-based Center for International Policy (CIP) informa que la reubicación en Colombia puede ser relativamente seguro, a no ser que el indivíduo sea una celebridad nacional, ya que la guerrilla y los paramilitares no tienen una gran coordinación. Sin embargo, un recién llegado a un pueblo o barrio es normalmente visto con sospecha, por lo que desplazarse no es tan fácil. Según la Refugee Unit de la Embajada de Canadá, la huida interna es posible para individuos que son amenazados por grupos armados que no sean las FARC o las AUC, ya que no tienen tanto poder. ..para que un solicitante de asilo justifique la imposibilidad de alternativa de huida interna, deben demostrar que tienen un papel en el conflicto que justifique la motivación suficiente para que las FARC o las AUC les sigan a lo largo y ancho del país....las AUC en particular tienen excelentes capacidades de inteligencia, y tanto si este grupo o las FARC realmente quieren localizar a un individuo, ambos grupos tienen la capacidad de hacerlo....teniendo en cuenta la experiencia del presidente de la Free Country Foundation en el trabajo con las víctimas de secuestro, mientras que sería difícil localizar individuos en Bogotá, Medellín o Cali, en otras ciudades o regiones no sería tan difícil hacerlo...una vez que alguien es localizado sería relativamente simple organizar un asesinato, incluso en lugares donde la víctima está siendo protegida por altas medidas de seguridad. “ A number of Colombia experts consulted by the Research Directorate characterized the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) and United Self-Defence Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) as groups that are capable of carrying out operations throughout the country (AI USA 30 June 2003; United States 30 June 2003; Georgetown University 30 June 2003; Stetson University College of Law 7 July 2003). The Refugee Unit of the Canadian Embassy in Bogotá similarly considers the FARC and AUC to have national striking power, while noting that the FARC's supremacy in some rural areas has been "successfully challenged by paramilitary and army incursions" (Canada 29 Apr. 2003a). An adjunct professor in the Department of Government at Georgetown University, who has written extensively on Colombian politics and is a specialist on drug-trafficking, political violence and negotiations with armed insurgent movements, indicated that the National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional, ELN) also has the capacity to undertake activities throughout Colombia (30 June 2003). This information was corroborated by Amnesty International (AI) USA's country specialist on Colombia, who added that while the threat posed by the ELN, FARC and AUC is much greater in their respective "areas of control," all three are able to "mount attacks in major cities" (9 July 2003). However, the president of the Free Country Foundation (Fundación País Libre), a

Bogotá-based non-governmental organization that assists victims of abduction and their families, claimed that although the ELN has a "scant" (escaza ) capacity to conduct operations in Bogotá, it has a "high" (alta ) capacity to engage in intelligence gathering along the Caribbean coast and in Santander, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, northern Boyacá and eastern Antioquia (11 July 2003). In an April 2003 report, the Refugee Unit of the Canadian Embassy in Bogotá stated that the ELN "cannot credibly claim to have national striking power given the number of places where they have no presence" (Canada 29 Apr. 2003a). In a telephone interview, a consultant who advises the United States Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS) Resource Information Center (RIC) on Colombian matters indicated that there has been an apparent increase in the level of cooperation between the FARC and ELN over the past 12 to 15 months (United States 30 June 2003). A Stetson University College of Law associate professor, who served as a district judge in Medellín between 1983 and 1986 and currently specializes in the legal dimensions of narcotics trafficking and guerrilla insurgency, also addressed the issue of cooperation among armed groups in the following terms: The FARC and ELN have a vast network of intelligence that they have been known to share when it is expedient to do so, particularly in areas of the country where they are aligned en masse against government entities, as is the case, for instance, in the oil production regions of northeastern Colombia, such as in Arauca department (7 July 2003). Furthermore, according to a number of sources, the FARC, ELN and AUC have a significant presence in Colombia's urban centres, including Bogotá (ibid.; Georgetown University 30 June 2003; AI USA 9 July 2003). For example, in the view of the Georgetown University adjunct professor, Each [of these groups] has instituted a strategy of creating urban militias connected to their regular armed fighters. Indeed the FARC may have as many as 12,000 urban militias, highly concentrated in Bogotá and Medellín but also in many of the medium sized urban centers such as Bucaramanga and Villavicencio. The AUC also has close ties with urban militias and youth gangs. The militias from both the left and the right are not as closely scrutinized or controlled and often degenerate into armed criminals and sicarios [hired killers] (30 June 2003). According to the RIC consultant, paramilitary groups, which have made it a priority to follow the FARC wherever it is operating, are active in Bogotá, building on existing gang structures in order to undertake criminal activities such as extortion (United States 30 June 2003). The associate professor at Stetson University College of Law indicated that members of the FARC, ELN and AUC are present in "nearly all the urban centers of any note in Colombia" (7 July 2003). In addition to Bogotá, Cali, and Medellín, these include Cúcuta, the capital of Norte de Santander Department in northeastern Colombia (where the ELN have been very active), Bucaramanga, the capital of Santander Department, and Buenaventura, the port city of the Department of Valle del Cauca, which is an important port of origin for illegal drugs and weapons trafficking conducted by FARC guerrillas and organized drug trafficking groups. They are also established in Barrancabermeja, Cartagena, Santa Marta, Cartago, and Villavicencio. The paras [paramilitary groups] and guerrillas are organized into urban fronts (frentes ), working out of the poor neighborhoods (called urbanizaciones ), often on the outskirts of the cities and in the case of some cities like Medellín, in the hillside slums known as comunas (Stetson University College of Law 7 July 2003). In the view of the Canadian Embassy's Refugee Unit, the poorer districts of Colombian cities, particularly those inhabited by internally displaced people, can be "considered to be porous and accessible to FARC agents" (Canada 29 Apr. 2003a). While the ELN "show[s] strength" in Cali as well as operating a small, primarily intelligence gathering unit "out of southern Bogotá and Soacha [Cundinamarca]," the Refugee Unit noted that the group has suffered heavy losses in the past two years, both in its combatant ranks and funding base (ibid.). The sources consulted by the Research Directorate differed in their assessment as to whether individuals threatened by the FARC, AUC or ELN could successfully avoid such threats by relocating to another region of the country. Both the RIC consultant and the AI USA Colombia country specialist indicated that the armed groups' capacity to locate and target threatened individuals remains unchanged since Alvaro Uribe Vélez assumed the office of president in August 2002 (United States 30 June 2003; AI USA 9 July 2003). According to the Georgetown University adjunct professor, both the guerrillas and paramilitary groups

often employ highly sophisticated data bases and computer networks. An individual who is threatened in one area of the country will not be notably safer by relocating to another. Depending on the nature and reasons for the threat, the victims can be pursued relentlessly. There are countless stories of men and women receiving threats in Bogotá or Medellín after relocating from another area and attempting to live anonymously in the big city. Many have been killed after seeking refuge in another part of the country. There are also cases of people leaving the country for a period of months or years, and then being killed after returning. Memories are long and data is systematically recorded and analysed (30 June 2003). Similarly, the associate professor at Stetson University College of Law indicated that: In the last several years it has become increasingly difficult for an individual to escape the long arm of the guerrilla and para [paramilitary] groups. ... They are mobilized and enjoy a network of contacts throughout the country. ... Remember, too, that Colombia is one of the most classconscious and rigidly stratified countries in the western world. It is virtually impossible to relocate from one part of the country to another without someone taking note. Regional identity is very important. Skin color, colloquial mannerisms and customs, speech inflections and social orientation to the external environment all work to make it difficult for a Colombian individual to hide his or her roots or social origins. ... Many of the rural poor have nowhere to go to flee the war than to the comunas of the major cities. There they think they are safe, not understanding the extent to which the guerrillas and paras have infiltrated and controlled the urban peasant communities. Neighbors inform on them and their locations are exposed. Family members left behind are harassed, intimidated, tortured, and killed in an effort to reveal the location of those being sought. For the middle and upper classes of individuals who have been victimized by extortion and intimidation at the hands of the guerrillas, it is even more difficult to escape. The guerrillas have sophisticated intelligencegathering capabilities. They can track one's physical whereabouts through the use of taxi drivers, domestic servants, airlines and travel agencies. They have access to private bank records and credit card activities, and they can track someone down based on their paper trail. They can eavesdrop on family members to determine where a target is located, or bribe acquaintances for information. ... Rural peasants stick out in a crowd, as do any individuals who are not native to an area. ... Moreover, the system is so rife with corruption that it is not difficult to buy information and bribe government officials to inform on someone's whereabouts. ... .The bottom line is that if the guerrillas and paras [want] to find you, chances are very good that they can do so. Moreover, there is strong evidence that the FARC and ELN, and paras are operating on foreign soil, in neighboring countries to Colombia, in Costa Rica, and overseas destinations of Colombian [expatriates] such as Miami, Madrid, Atlanta, and Los Angeles. This situation abroad expands their reach. The FBI, for example, is acutely aware that the guerrillas have fronts operating in Miami and South Florida conducting operations such as money laundering, trafficking of humans, illegal document smuggling, weapons smuggling, drug trafficking, and intelligence gathering and recruitment. Many Colombians who thought they had fled the dangers in Colombia have settled in Miami only to have someone from the FARC contact them to let them know that they are still being watched (7 July 2003). In contrast to the above statements, a senior associate at the Washington-based Center for International Policy (CIP) who has coordinated the organization's Colombia program since 1997 stated that, in his opinion, relocating elsewhere in Colombia can usually bring some increased safety, unless one is a national figure, because guerrilla and paramilitary fronts don't usually have such great coordination. However, a recent arrival to a village or neighborhood is usually viewed with suspicion, so displacing oneself is not that easy either (9 July 2003). According to the Canadian Embassy's Refugee Unit, internal flight is possible for individuals who are threatened by armed groups other than the FARC or AUC, since these groups do not have "national striking power" (Canada 29 Apr. 2003b). The Refugee Unit added that the ELN is the "largest of these non-national groups" (ibid.). While both the FARC and AUC do have the capacity to act throughout Colombia, the "overwhelming majority of threatened and displaced persons are of limited interest to [these groups] once they stop their community/political activities and leave" their region (ibid. 29 Apr. 2003a). The Refugee Unit further stated that For [refugee] applicant[s] to use the claim that they cannot flee internally, [they] must satisfy the interviewing officer that they have a stature and role in the conflict that would justify a high level of motivation in FARC or the AUC to follow them across a large country (ibid. 29 Apr. 2003b).

As well, the Refugee Unit claimed that the AUC in particular has excellent intelligence gathering capacities, and that if either this group or the FARC really want to locate an individual, both groups have the resources to do so (ibid. 29 Apr. 2003a). In correspondence sent to the Research Directorate, a senior refugee officer at the Canadian Embassy in Bogotá indicated that he has not observed "any changes in internal flight alternatives linked causally to the Uribe presidency" (ibid. 14 July 2003). Drawing upon his experience in working with abduction victims, the president of the Free Country Foundation indicated that while it would be difficult to locate individuals in Bogotá, Medellín or Cali, making enquiries would probably be sufficient to do so in other cities and regions, provided that the targeted individual has not changed his or her identity (Fundación País Libre 11 July 2003). The president was of the opinion that, once an individual has been located, it would "relatively simple" (relativamente sencillo ) to arrange an assassination, even in instances where the victim is protected by "hard security measures" (esquemas de seguridad dura ) (ibid.). The president also noted that the likelihood of relocation ending the threat posed by an armed group is dependent on two principal factors (ibid.). First, one must consider the reach of the armed group in question, with the FARC for example having a significantly higher capacity to act throughout the country than the ELN (ibid.). Second, one must assess the reasons why an individual is being sought (ibid.). If, for example, the targeted individual is a witness in a court case and can identify an important member of an armed group, every effort will be made to locate and kill this person, regardless of where he or she may be hiding (ibid.). However, even in instances where there is less motivation to track down threatened individuals, the president stated that they would still have to relocate to a new residence if they live in Bogotá, or leave their hometown if they reside elsewhere (ibid.). Furthermore, depending on the reason for the threat, such individuals may also be advised to avoid all contact with people and places that an armed group could exploit to learn their present whereabouts (ibid.). This Response was prepared after researching publicly accessible information currently available to the Research Directorate within time constraints. This Response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. Please find below the list of additional sources consulted in researching this Information Request”.

Mapa sobre los grupos armados en Colombia y situación de los desplazados

Mapa de Colombia

Este informe ha sido preparado por el CIRDAM (ACCEM) tras la búsqueda de información accesible al público a través de internet. El contenido del informe no es, ni pretende serlo, una conclusión a favor o en contra de la demanda de asilo del solicitante. La bibliografía utilizada para la elaboración de este informe (acceso a la información entre el 23 de octubre y el 14 de noviembre de 2007) está recogida en las notas al pié a lo largo de todo el informe.